El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, con oficio Nº 8562-DE-2004 del 4 de noviembre en curso, remite la nota Nº 1464-SC-2004/1008-JP-2004 de 3 de los corrientes, suscrito por los master Wálter Jiménez Sorio y Francisco Arroyo Meléndez, Jefes de los Departamentos Financiero Contable y de Personal, respectivamente, que literalmente dice:

“Para dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Superior en sesiones Nos. 27-02 y 18-03 celebradas el 23 de abril de 2002 y 13 de marzo de 2003, en sus artículos XXIX y XXXVII, respectivamente, nos permitimos rendir en forma conjunta un informe sobre las inconsistencias encontradas en las planillas de pensionados de este Poder de la República al ser conciliadas al 31 de diciembre de 2003, tanto la emitida por el Departamento de Personal como la que confecciona el Departamento Financiero Contable; con este fin se adjunta impresión de hoja de cálculo que contiene las diferencias encontradas, así como la explicación de cada una de ellas y el paso a seguir para corregirlas.

Dicha conciliación determinó que existen 116 inconsistencias entre ambas planillas: 24 inconsistencias a favor del pensionado, 75 a favor del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y 17 modificaciones de los sistemas.

Se considera necesario mencionar que estas diferencias tiene su origen en que cuando el Departamento de Personal detecta alguna diferencia en la generación de planilla, se corrige directamente en la base de datos, sin embargo por una de deficiencia en el proceso, al Departamento Financiero Contable lo que llega es un archivo con las diferencias entre el monto de pensión actual y el monto de pensión anterior; esto debido a que el informático asignado al Departamento Financiero Contable tomaba el archivo que se generaba para establecer las diferencias entre los salarios bases de un semestre a otro y lo cargaba así al sistema, lo que dejaba sin contemplar cada corrección realizada.

Otra situación que influenció fue la aplicación de las clases anchas en el mes de enero de 2002. Esto provocó variaciones a la base de datos que tuvieron que realizarse en forma enteramente manual y como lo hemos mencionado, quedaban fuera de la información con que se cargaba el sistema de pagos.

Considerando necesario que el Consejo Superior comunique a cada afectado, ya sea con sumas a cobrar como con sumas a girar y se le dé la audiencia respectiva a fin de cumplir con el debido proceso.

Es importante señalar que este trabajo se realizó con el esfuerzo conjunto de los Departamentos involucrados en la función de pago de jubilaciones y pensiones”.

—o0o—

A la gestión anterior, se agregan los siguientes tres anexos: Nº 1, Inconsistencias a favor del pensionado, Nº 2, Inconsistencias a favor del Fondo de Jubilaciones y Nº 3, Modificación de datos en los sistemas.

ANEXO I

INCONSISTENCIAS A FAVOR DEL PENSIONADO

Nombre Cédula Monto FJP Monto personal Diferencia Corrección a aplicar

Antillón Pérez Lilia 1-180-225 524.410,65 551.210,65 26.800,00 Se debe de incrementar la pensión en esta suma desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado.

Calvo de la O Juan Rafael 5-365-028 47.913,70 67.713,70 19.800,00 Se debe de modificar la pensión de la siguiente manera: 1) Aumentar: a partir del 1-1-97 ¢.3.200,00; a partir del 1-7-97 ¢.3.000,00; a partir del 1-1-98 ¢.3.000,00; a partir del 1-7-98 ¢.3.800,00; a partir del 1-1-99 ¢.3.600,00; a partir del 1-7-99 ¢.3.800,00 y a partir del 1-1-00 ¢.3.600,00. Además se debe de rebajar la suma de ¢.4.200,00 desde del 1-7-2000 por ajuste mal aplicado.

Cascante Orozco Nancy 1-1086-392 119.854,70 130.454,70 10.600,00 Se debe ajustar la pensión de la siguiente manera: 1) Rebajar la suma de ¢.280,70 a partir de julio 2000 por error en ajuste de costo de vida. 2) Aumentar la pensión desde julio 2002 en la suma de ¢.3.534,05 y aumentar a partir del 19/03/02, en la suma de ¢.7.346,65.

Chinchilla Fallas Luz 1-184-971 1.328.143 ,40 1.364.700,90 36.557,50 Se debe de modificar la pensión de la siguiente manera: 1) Corregir los datos en el SIP a partir del 1-1-2000 en el monto actual (+ 1.360,70), ya que el monto actual de pensión debe indicar ¢.776.709,00 y no ¢.775.348,30. 2) Modificar en el SIP el segundo ajuste del 1-1-2000, ya que el monto correcto de dicho ajuste debe ser de ¢.14.481,80 y no ¢.39.200,00 como se indica. 3) Aumentar la pensión en la suma de ¢.13.200,00 a partir del 1-1-2000, por ajuste pendiente por diferencias en las bases salariales.

Cubillo Ramírez Zenaida 9-053-351 436.711,35 463.911,35 27.200,00 Se debe de incrementar la pensión en esta suma desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado.

Garita Matamoros Dora 2-081-9312 342.566,60 389.366,50 46.799,90 Se debe de incrementar la pensión en la suma de ¢.26.800 desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado. Además se debe de modificar los datos en el SIP, por ¢.20.000,00 de menos, por un error en la suma de los datos.

Guzmán Mora Leda Ma. 1-344-276 525.455,80 551.455,80 26.000,00 Se debe de incrementar la pensión en esta suma desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado.

Jugo Arce Jorge Armando 1-1541-578 637.412,90 650.612,90 13.200,00 Se debe de ajustar la pensión en esta suma a partir del 1-1-2000, ya que en planilla se pagó un ajuste de ¢.26.000,00 y el correcto es de ¢.39.200,00, por aumento en las bases salariales.

Martínez Madrigal María 1-405-921 474.972,40 501.372,40 26.400,00 Se debe incrementar la pensión en la suma de ¢.26.800,00 a partir de enero 2002, por ajuste de clases anchas no aplicado. Además, se debe de reducir la pensión en la suma de ¢.400 a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Montero Masís María Flora 3-132-929 437.829,05 465.029,05 27.200,00 Se debe de incrementar la pensión en esta suma desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado.

Morales Aguilar Gretel 1-947-110 68.583,60 68.860,35 276,75 Se debe de incrementar la pensión en la suma de ¢.958,55 a partir del 1-11-97, por error en el aumento. Se debe de modificar los datos en el SIP en enero 2001 por error en la suma (¢.3,00). Además, se debe de reducir la pensión en la suma de ¢.684,70 a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Murillo Campos Eugenio 2-197-656 145.265,05 154.465,05 9.200,00 Se debe de aumentar esta suma en la pensión desde el 1-7-2002, por ajuste de costo de vida no aplicado.

Orozco Rivera Julieta 3-273-290 119.854,70 130.454,70 10.600,00 Se debe ajustar la pensión de la siguiente manera: 1) Rebajar la suma de ¢.280,70 a partir de julio 2000 por error en ajuste de costo de vida. 2) Aumentar la pensión desde julio 2002 en la suma de ¢.3.534,05 y aumentar a partir del 19/03/02, en la suma de ¢.7.346,65.

Ramírez Barboza Noemí 1-140-207 465.491,95 489.891,95 24.400,00 Se debe de incrementar la pensión en esta suma desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado.

Romano Navarro Candi 7-177-223 15.764,40 16.937,75 1.173,35 Ajustar la pensión a partir del 1-1-2002 por ajuste de clases anchas que no fue comunicado al Consejo Superior para su aprobación.

Romano Navarro María 7-170-581 15.764,40 16.937,75 1.173,35 Ajustar la pensión a partir del 1-1-2002 por ajuste de clases anchas que no fue comunicado al Consejo Superior para su aprobación.

Romano Navarro Sergio 7-203-303 15.764,40 16.937,75 1.173,35 Ajustar la pensión a partir del 1-1-2002 por ajuste de clases anchas que no fue comunicado al Consejo Superior para su aprobación.

Rosales Alvarado Alicia 5-061-400 400.118,45 425.318,45 25.200,00 Se debe de ajustar la pensión en la suma de ¢.27,200,00 de más, por ajuste de clases anchas no aplicado. Además, se debe de rebajar la suma de ¢.2.000,00 desde el mes de enero del 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Segura Jiménez Alicia 1-316-159 331.315,55 356.848,85 25.533,30 Se debe de incrementar la pensión de la siguiente manera: a partir del 01-02-2002 en la suma de ¢.14.933,35 y a partir del 01-07-2002 en la suma de ¢.10.600,00, por ajustes de costo de vida correspondientes a la pensionada Salas Segura Juliana, que debían ser aplicados a Alicia, ya que la primera renunció a partir del 1-2-2002 a la pensión por laborar para la CCSS.

Solano Rojas Miriam 6-068-755 419.841,35 445.041,35 25.200,00 Se debe de modificar el monto de la pensión de la siguiente manera: 1) Rebajar la suma de ¢.800,00 a partir del 1-7-2000 por ajuste mal aplicado. 2) Modificar el monto de pensión en el SIP en ¢.800,00 a partir 1-1-2001 por error en la suma de los montos. 3) Aumentar la pensión en la suma de ¢.26.800,00 a partir del 1-1-2002 por ajuste de clases anchas que no se aplicó.

Soto Araya Eloisa 2-281-191 692.863,95 706.063,95 13.200,00 Se debe de ajustar la pensión en esta suma a partir del 1-1-2000, ya que en planilla se pagó un ajuste de ¢.26.000,00 y el correcto es de ¢.39.200,00, por aumento en las bases salariales.

Soto Baltodano Aurora 2-068-2040 324.655,05 371.455,05 46.800,00 Se debe de incrementar la pensión en la suma de ¢.26.800,00 a partir del 1-1-2002 por ajuste de clases anchas que no fue aplicado. Y se debe de corregir los datos en el SIP a partir de 1-1-2002 en ¢.20.000,00 de menos por error en la suma de los datos.

Vargas Roldán Vera V. 1-462-4661 543.249,50 543.250,40 0,90 Se debe de aumentar esta suma en la pensión desde el 26-5-2002, por ajuste mal aplicado.

Venegas Rodríguez María R. 4-056-870 381.204,50 408.004,50 26.800,00 Se debe de incrementar la pensión en esta suma desde enero 2002, por ajuste de Clases Anchas no aplicado.

ANEXO 2

INCONSISTENCIAS A FAVOR DEL FONDO DE JUBILACIONES

Nombre Cédula Monto FJP Monto personal Diferencia Corrección a aplicar

Aguilar Fonseca Elvira 5-042-640 279.766,55 289.666,30 -1.269,20 Se debe de reducir la pensión en la suma de ¢.1.269,20, a partir del mes de enero del 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Alpízar Aguilar

María de los A. 1-289-129 231.662,95 231.488,45 -174,50 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Ortega Vincenzi

Roxana Militza 1-490-135 271.006,00 270.797,80 -208,20 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Jiménez Chamorro Elsa 8-035-401 328.936,30 328.690,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Carvajal Vargas María Z. 6-018-8326 78.133,45 77.866,80 -266,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Castro Truque Hilda 1-124-486 354.556,65 354.290,00 -266,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Medrano Vargas Amanda 8-023-147 360.481,15 360.214,50 -266,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Cortés Salazar Carmen 1-206-006 145.180,15 144.913,45 -266,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Quesada Cordero Raquel 2-145-444 144.494,45 144.227,75 -266,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Jiménez Muñoz Carmen 2-523-019 102.577,25 102.243,90 -333,35 Se debe de cobrar la suma de ¢.666,65 desde el 1-1-2001 hasta el 19-11-2003, y rebajar la pensión a partir de diciembre 2003, en la suma de ¢.333,35.

Jiménez Rojas José

Alexander 3-184-332 102.577,25 102.243,90 -333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir del 20-11-2003, por error en el ajuste de julio 2000, ya que la pensión se le otorgó hasta el 20-11-03.

Esquivel Selva Gabriela 1-1231-256 102.534,55 102.167,30 -367,25 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Campos Chavarría Deyanira 2-157-881 210.379,35 210.004,60 -374,75 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Campos Vargas Flor Emilia 5-252-143 209.497,40 209.098,90 -398,50 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Marín Obando María Cecilia 3-078-605 229.640,05 229.203,00 -437,05 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

García López Lilliam 9-008-265 255.514,65 255.045,20 -469,45 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

González Mora Ma. Teresa 1-191-322 276.429,65 275.953,80 -475,85 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Flores Castro María C. 1-179-818 256.483,95 255.995,20 -488,75 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Castellón Castellón Noelia 9-020-042 254.918,80 254.425,70 -493,10 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Flores Calero Nelly 2-109-914 264.492,00 263.971,35 -520,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Alfaro Alfaro María Luisa 4-060-907 270.706,55 270.173,25 -533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Barquero Jiménez

María Olivia 2-201-817 279.645,00 279.111,70 -533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Castro Araya Alda 7-009-8706 286.234,00 285.700,70 -533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Murillo Murillo Celina 2-133-153 266.666,60 266.133,30 -533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Ávalos Alfaro Mariana 6-037-281 268.586,40 268.053,10 -533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Briceño Carrillo

María Rolanda 5-043-554 296.524,65 295.991,35 -533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Salas Solano Ofelia <julio de ajuste el en error por 2001, enero partir a suma esta pensión la reducir>

Arroyo García Emilce 2-149-590 158.871,10 158.204,45 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Esquivel Ávila Jeannette 6-076-519 166.661,30 165.994,65 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Picado Trejos Margarita 1-164-887 164.218,55 163.551,90 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rosales Arroyo Nubia 1-1256-728 158.871,10 158.204,45 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Vargas Cerdas María E. 3-177-680 164.218,55 163.551,90 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Vindas Abarca María E. 1-189-234 166.010,85 165.344,20 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Chaverri Briceño Carmen 6-025-332 171.685,20 171.018,55 -666,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Medina Ordóñez

María del C. 8-031-396 66.880,05 66.213,35 -666,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Picado Arguedas Helgoland 2-145-206 65.410,60 64.743,90 -666,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Solano Fallas Nancy V. 1-951-281 67.064,75 66.398,05 -666,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Ugalde Trigueros Ana Ligia 1-951-220 69.159,95 68.493,25 -666,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Oviedo Elizondo Silvia Inés 1-1135-022 37.596,50 36.796,50 -800,00 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rojas Aguilar Vilma Marieta 1-399-887 224.961,75 224.016,55 -945,20 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Murillo Chaves Heriberta 5-093-433 237.448,55 236.455,60 -992,95 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Fajardo Jiménez Ana María 6-035-431 283.332,55 282.311,20 -1.021,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Montoya Araya Hilda Gema 1-228-108 105.507,15 104.416,45 -1.090,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Hidalgo Brenes María E. 1-129-068 290.743,75 289.562,25 -1.181,50 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

López Calleja María C. 9-024-559 281.336,30 280.050,55 -1.285,75 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Vargas Navarro Rafaela 2-049-7319 299.336,70 298.031,60 -1.305,10 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Fernández Zúñiga Vida 1-500-964 118.810,05 117.500,90 -1.309,15 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Esquivel Cabezas Emilce 2-080-8228 310.080,40 308.761,75 -1.318,65 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Mora Quirós Yenory 1-327-538 313.998,40 312.677,30 -1.321,10 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Boza Pineda Gloria 6-008-7934 285.574,75 284.241,40 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Duarte Duarte Ildefonsa 5-049-163 286.144,60 284.811,25 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Madriz Jiménez Nelly 1-134-950 313.943,60 312.610,25 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Pérez Granado Rita 1-177-732 287.905,60 286.572,25 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rocha Ramírez Juana Betty 5-061-722 285.574,75 284.241,40 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rogers Murray Cristina 1-162-840 312.803,60 311.470,25 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rojas Céspedes Esperanza 3-079-192 286.144,60 284.811,25 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Morales Vega Elsie 4-094-425 313.313,45 311.980,10 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Pardo Castro Eneida 7-018-622 312.813,45 311.480,10 -1.333,35 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Baudrit Solera Eugenia 1-527-401 190.846,95 189.158,05 -1.688,90 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Castillo Montoya

Norma Lucía 5-057-984 309.800,30 307.267,00 -2.533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rodríguez Andrade Lucila 1-107-5528 301.096,95 298.563,65 -2.533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rodríguez Rey Mayra 1-287-664 307.026,95 304.493,65 -2.533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Sanabria Sanabria Virginia 1-403-668 273.910,30 271.377,00 -2.533,30 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Vargas Solera María E. 1-147-124 524.760,52 521.374,75 -3.385,77 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Martén Valverde Mireya 1-094-1745 774.894,60 770.417,90 -4.476,70 Se debe de reducir la pensión en la suma de ¢.5,066,70 a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000. Además, se debe de modificar los datos en el SIP a partir de 1-7-99, en la suma de menos ¢.590,00, por error en el cálculo.

Miranda Monge Mélida 2-101-994 702.111,70 697.177,25 -4.934,45 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Vargas Marín Lilliam 1-297-823 795.772,10 790.726,20 -5.045,90 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Coghi Guevara Virginia 3-074-815 799.458,35 794.391,65 -5.066,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Rojas Arce Odilie 4-103-573 790.430,00 785.363,30 -5.066,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Bagnarello Mora Idaly 1-410-833 790.169,15 785.102,45 -5.066,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Coto Umaña Virginia 3-053-6082 567.681,90 562.615,20 -5.066,70 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de enero 2001, por error en el ajuste de julio 2000.

Alvarado Valverde Francisca 3-143-383 90.421,60 83.621,60 -6.800,00 Se debe de reducir la pensión en esta suma a partir de julio 2000, ya que se aplicó dos veces el ajuste por costo de vida.

Quesada Castro Miriam 1-316-975 111.033,10 104.233,10 -6.800,00 Se debe de reducir la pensión en esta suma partir del 1-1-2003, ya que se aplicó dos veces el ajuste por costo de vida.

Moya Gómez Livia 3-098-366 523.136,40 513.536,40 -9.600,00 Se debe de rebajar esta suma de la pensión, ya que el ajuste por costo de vida de enero 2002, se aplicó dos veces, por un error en el sistema de pago.

ANEXO 3

MODIFICACIÓN DE DATOS EN LOS SISTEMAS

Nombre Cédula Monto FJP Monto personal Diferencia Corrección a aplicar

Aguilar Fonseca Elvira 5-042-640 279.766,55 289.666,30 -11.168,95 Se debe de modificar los datos en el SIP por esta suma en el mes de enero del 2002, ya que se aplicó mal el ajuste.

Arias Brenes José Mauricio 1-1334-432 107.148,16 102.548,16 -4.600,00 Modificar los datos en el SIP, ya que a partir del 1-1-2003, se eliminó el ajuste por costo de vida del primer semestre del 2003.

Arias Brenes Katia V. 1-856-145 107.148,16 102.548,16 -4.600,00 Modificar los datos en el SIP, ya que a partir del 1-1-2003, se eliminó el ajuste por costo de vida del primer semestre del 2003.

Artavia Sánchez

María Fernanda 5-388-434 87.986,95 87.986,90 -0,05 Modificar la pensión en el Fondo de Jubilaciones, con el fin de conciliar los datos.

Artavia Sánchez Steven 3-427-401 87.986,95 87.986,90 -0,05 Modificar la pensión en el Fondo de Jubilaciones, con el fin de conciliar los datos.

Brenes Aguilar Betty 2-110-053 300.648,80 300.648,75 -0,05 Modificar la pensión en el Fondo de Jubilaciones, con el fin de conciliar los datos.

Brenes Navarro

María del C. 2-299-765 107.148,16 102.548,16 -4.600,00 Modificar los datos en el SIP, ya que a partir del 1-1-2003, se eliminó el ajuste por costo de vida del primer semestre del 2003.

Golcher Avendaño

Ana Victoria 1-1344-934 46.510,53 53.710,55 7.200,02 Se debe de modificar los datos en el SIP a partir del 1-10-2001, por un error en los datos.

Gómez Mesén Flora 1-110-8529 67.437,15 67.286,60 -150,55 Se debe de modificar los datos en el SIP a partir del 1-7-2001, por un error en los datos.

Mayorga Nipote Kevin 5-365-569 57.971,95 57.971,45 -0,50 Modificar la pensión en el Fondo de Jubilaciones, con el fin de conciliar los datos.

Mayorga Nipote Olman 5-365-568 46.510,53 53.710,55 7.200,02 Se debe de modificar los datos en el SIP a

1-1244-491 partir del 1-10-2001, por un error en los datos.

Molina Golcher Carlos A. 1-1145-821 46.510,55 53.710,55 7.200,00 Se debe de modificar los datos en el SIP a partir del 1-10-2001, por un error en los datos.

Piedra Jiménez Flor Ma. 3-155-115 196.245,20 196.241,20 -4,00 Modificar los datos en el SIP a partir del 1-7-1999, por error en la suma de los montos.

Ramírez González Jeannette 1-1173-658 125.242,50 125.242,45 -0,05 Modificar la pensión en el Fondo de Jubilaciones, con el fin de conciliar los datos.

Salas Barrientos Flora 1-252-987 87.986,95 87.986,90 -0,05 Modificar la pensión en el Fondo de Jubilaciones, con el fin de conciliar los datos.

Villalobos González Miriam 9-029-407 154.400,65 153.600,65 -800,00 Modificar los datos en el SIP a partir del 1-7-1996, en 800,00 por ajuste del 1% que no se ha registrado.

Se acordó: Acoger el informe anterior. En consecuencia: 1) Se autoriza al Departamento Financiero Contable, para que reajuste a favor de los veinticuatro pensionados incluidos en el anexo 1, los montos de sus pensiones en la forma que se indica. 2) Previamente a resolver lo que corresponda con respecto a las inconsistencias que se reportan en el anexo Nº 2 a favor del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se concede audiencia a las setenta y cinco personas citadas en ese documento, para que en el plazo de 8 días contados a partir de la comunicación de este acuerdo, manifiesten lo que a bien tengan en relación con la reducción del monto de sus pensiones y la devolución de lo recibido de más. La Secretaría General de la Corte remitirá al Departamento de Personal las respuestas presentadas, para que este prepare un informe tabulado de todas ellas y el procedimiento a seguir en cada caso. 3) En cuanto a las modificaciones de datos que se indica en el anexo Nº 3, deben aplicarse en el Sistema Integrado de Personal, se autoriza al Departamento de Personal para que las realice, pues estas no afectan los montos que correctamente están recibiendo los pensionados mencionados en ese documento”.

San José, 28 de marzo del 2006.

Silvia Navarrio Romanini

(30464) Secretaria General

DIRECCIÓN EJECUTIVA

AVISO

PRIMERA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en sesión 01-2006, de 15 de febrero de 2006, artículo XI, y el acuerdo del Consejo Superior en sesión de 21 de febrero de 2006, artículo XLIX, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la destrucción de expedientes civiles (procesos ejecutivos, monitorios, hipotecarios y prendarios), que tengan cumplidos 10 años contados atrás de la última resolución emitida, pertenecientes a los despachos que a continuación se citan, y que se encuentran remesados en el Archivo Judicial:

Remesa Despacho Asunto Periodo Paquetes Expedientes

2893 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS 1974-1981 4 265

2910 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1960-1982 3 135

2949 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1970-1980 4 214

3010 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1982 2 192

3135 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1984 2 184

3274 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1970 1 1

3275 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1987 3 115

3298 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1985 2 50

3369 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1987 5 169

3427 ALCALDIA 3° CIVIL DE SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1984 1 60

3513 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1988 7 317

3516 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1989 7 295

3517 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1989 5 274

3673 ALCALDIA 3° CIVIL DE SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1984 1 70

6125 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1983 1 8

6143 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1984 1 8

6155 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS 1985 2 105

6159 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS PRENDARIOS 1985 2 67

6165 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1986 1 22

6181 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS SIMPLES 1987 1 27

6185 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS PRENDARIOS 1987 1 16

6205 JUZGADO MIXTO DE POCOCI EJECUTIVOS 1989 1 8

6273 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1980 1 9

6274 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1981 1 15

6950 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1989 1 104

6959 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1984 1 57

6999 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS 1972 1 66

7004 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1973 1 62

7005 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1973 1 31

7010 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1974 1 16

7015 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1975 1 9

7020 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1976 1 55

7030 ALCALDIA 2° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1978 1 76

7060 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1979 1 51

7175 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1985 1 74

7183 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1987 1 107

7186 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1987 1 10

7190 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS PRENDARIOS 1988 1 79

7198 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1989 2 140

8994 ALCALDIA CIVIL DE NANDAYURE EJECUTIVOS 1989 1 12

10253 ALCALDIA CIVIL DE GOLFITO EJECUTIVOS 1984 3 159

10328 ALCALDIA CIVIL DE GOLFITO EJECUTIVOS 1981 2 98

10748 ALCALDIA CIVIL DE BUENOS AIRES EJECUTIVOS PRENDARIOS 1980 1 57

12448 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS SIMPLES 1987 2 126

12466 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS 1989 1 115

12481 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS 1985 1 58

12494 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS SIMPLES 1984 1 50

12500 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS SIMPLES 1983 1 108

12506 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS 1982 1 71

12511 ALCALDIA CIVIL DE AGUIRRE Y PARRITA EJECUTIVOS SIMPLES 1980 1 62

15734 JUZGADO CIVIL DE SAN RAMON EJECUTIVOS SIMPLES 1984 1 81

15740 JUZGADO CIVIL DE SAN RAMON EJECUTIVOS SIMPLES 1985 2 96

15761 JUZGADO CIVIL DE SAN RAMON EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1988 2 63

15763 JUZGADO CIVIL DE SAN RAMON EJECUTIVOS PRENDARIOS 1989 1 62

15772 JUZGADO CIVIL DE SAN RAMON EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1989 1 45

16048 ALCALDIA DE OROTINA EJECUTIVOS 1987 1 65

16054 ALCALDIA DE OROTINA EJECUTIVOS 1988 1 52

16060 ALCALDIA DE OROTINA EJECUTIVOS SIMPLES 1989 1 114

16161 ALCALDIA CIVIL DE ATENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1988 1 41

18639 ALCALDIA 3° CIVIL DE SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1989 1 39

18642 ALCALDIA 3° CIVIL DE SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1989 6 345

18686 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1984 6 296

18688 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1985 4 95

18694 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1985 7 383

19000 JUZGADO 3° CIVIL DE ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1989 1 40

C101S90 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 15 983

C102S90 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 214

C102S92 ALCALDIA 1° CIVIL DE PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 157

C103S91 JUZGADO CONT CIVIL MENOR PEREZ ZELED EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 78

C104S92 JUZGADO CONTR. CIVIL MENOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 134

C105S91 JUZGADO CONT. CIVIL MENOR PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 86

C106S90 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO MAYOR C. P.Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 50

C106S93 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 25

C107S93 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 3 147

C108S90 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO MAYOR C. P.Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 27

C109S93 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 12

C10A91 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 18

C10H90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 47

C10S90 ALCALDIA MIXTA DE TIBAS EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 66

C10S92 JUZGADO MIXTO DE GOICOECHEA EJECUTIVOS 1992 2 65

C10S93 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1993 4 244

C111S90 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO MAYOR C. P.Z. EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 58

C113S90 JUZGADO CONTR. CIVIL MENOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1990 3 219

C113S92 JUZGADO MENOR C. DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 3 254

C114S91 JUZGADO MENOR C. DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 3 202

C116S90 JUZGADO CONTR. CIVIL MENOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1990 3 227

C116S92 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 33

C117S92 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 4 162

C118S91 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 38

C119S91 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 5 196

C119S92 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 10

C11A90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 35

C11C90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 3 120

C11L90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. LIMON EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 20

C11P90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 33

C11S92 JUZGADO MIXTO DE GOICOECHEA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 5 172

C11S93 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 3 158

C121S91 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 8

C124S92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 66

C129S90 JUZGADO MENOR C. DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 111

C12A90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 19

C12A91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 43

C12C90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 74

C12C92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 90

C12G90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 42

C12G91 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 44

C12G92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 24

C12L90 JUZGADO CIVIL MENOR C. LIMON EJECUTIVOS SIMPLES 1990 4 399

C12P91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 41

C12P93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 39

C12S92 JUZGADO MIXTO DE GOICOECHEA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 10

C12S93 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 71

C133S90 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 18

C134S90 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 3 81

C136S90 JUZGADO CIVIL DESAMPARADOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 10

C13A90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 42

C13A91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 44

C13A92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 38

C13A93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 50

C13C91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 42

C13C92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 4 171

C13C93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 32

C13G91 JUZGADO MIXTO DE LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 25

C13G92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 27

C13H91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 81

C13P92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 22

C14C90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 40

C14C93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 3 130

C14G90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 40

C14G93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 45

C14H91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 35

C14L90 JUZGADO CIVIL MENOR C. LIMON EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 15

C14S90 JUZGADO MIXTO GOICOECHEA EJECUTIVOS 1990 3 123

C14S91 JUZGADO MIXTO GOICOECHEA EJECUTIVOS 1991 4 219

C15C91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 134

C15H90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 2 50

C15H92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 60

C16C91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1991 2 100

C16G93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. LIBERIA VARIOS 1993 2 35

C16H90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 81

C16H92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 4 150

C16H93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 103

C16P90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 13

C16P93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 37

C17A91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 14

C17A92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 12

C17A93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 10

C17C93 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1993 7 894

C17H93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 121

C17P91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 24

C17S91 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1991 5 247

C17S93 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1993 5 258

C18C91 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1991 8 839

C18C93 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 63

C18P92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 2 47

C18S91 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 71

C18S92 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1992 4 244

C18S93 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 3 55

C19A92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 39

C19A93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 32

C19C90 JUZGADO CONTR. DE TURRIALBA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 3 183

C19C91 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 87

C19C92 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1992 8 891

C19L92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 45

C19L93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 67

C19P90 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO CORREDORES EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 42

C19S90 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 3 84

C19S91 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 2 158

C19S92 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 3 135

C19S93 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 6 175

C1A90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS 1990 1 113

C1A91 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 3 131

C1C90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1990 3 91

C1C91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1991 2 103

C1C92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1992 2 100

C1C93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 108

C1G90 JUZGADO CONTR. DE LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 250

C1G91 JUZGADO CONTR. DE LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 3 279

C1G92 JUZGADO CONTR. DE LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 154

C1G93 JUZGADO CONTR. DE LIBERIA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 111

C1H90 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 7 737

C1H91 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 4 464

C1H92 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 5 551

C1H93 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 5 619

C1S90 ALCALDIA MIXTA DE CURRIDABAT EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 156

C20C90 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1990 10 991

C20C92 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 2 100

C20H90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 5 134

C20L91 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 35

C20L93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 86

C20P90 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO CORREDORES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 30

C20P91 JUZGADO CIVIL DE CORREDORES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 36

C20P92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. CORREDORES EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 39

C20S90 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 5 260

C21A90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 60

C21A91 JUZGADO MIXTO DE GRECIA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 2 62

C21A92 JUZGADO CIVIL MAYOR GRECIA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 2 48

C21H91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 7 238

C21L90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 16

C21L91 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 33

C21P91 JUZGADO CIVIL DE CORREDORES EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 44

C21P93 JUZGADO CIVIL DE CORREDORES EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 49

C21S92 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 3 76

C22C93 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 57

C22H91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 25

C22L90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GUAPILES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 35

C22P92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. CORREDORES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 30

C22P93 JUZGADO CIVIL DE CORREDORES EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 28

C23A90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GRECIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 53

C23A91 JUZGADO MIXTO DE GRECIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 79

C23A92 JUZGADO CIVIL MAYOR GRECIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 44

C23C90 JUZGADO CONTR. DE TURRIALBA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 19

C23C91 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 2 135

C24C92 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 69

C24C93 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 36

C24H91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 71

C24S93 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1993 5 259

C25A90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. GRECIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 49

C25A91 JUZGADO MIXTO DE GRECIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 15

C25A92 JUZGADO CIVIL MAYOR GRECIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 12

C25A93 JUZGADO MIXTO DE GRECIA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 44

C25C91 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 2 121

C25C93 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 33

C25L93 JUZGADO CONTR. MENOR C. GUAPILES EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 195

C25S93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 3 144

C26A93 JUZGADO MIXTO DE GRECIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 61

C26C91 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 34

C26C92 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 26

C26P90 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 53

C26S93 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 3 68

C27A93 JUZGADO MIXTO DE GRECIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 16

C27C90 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 90

C27C92 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 42

C27P90 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 8

C27P91 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 21

C27S90 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 3 216

C27S91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1991 4 253

C27S92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1992 3 229

C28C90 JUZGADO CIVIL MENOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 3 167

C28C93 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 8

C28P91 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 21

C28P92 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 14

C28P93 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 7

C28S90 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 3 151

C29C91 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 38

C29P92 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 29

C29P93 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 8

C29S90 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 75

C2A90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 80

C2A91 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 84

C2C90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 3 118

C2C91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 130

C2C92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 4 174

C2L90 JUZGADO CONTR. MENOR C. SIQUIRRES EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 69

C2L91 JUZGADO CONTR. MENOR C. SIQUIRRES EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 75

C2L92 JUZGADO CONTR. MENOR C. SIQUIRRES EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 56

C2L93 JUZGADO CONTR. MENOR C. SIQUIRRES EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 48

C2P90 ALCALDIA CIVIL DE PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1990 5 525

C2P92 ALCALDIA DE OSA EJECUTIVOS 1992 1 57

C2P93 ALCALDIA DE OSA EJECUTIVOS 1993 1 53

C2S91 ALCALDIA MIXTA DE CURRIDABAT EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 67

C2S92 ALCALDIA MIXTA DE CURRIDABAT EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 74

C30C92 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 9

C30S91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 4 177

C30S92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 4 193

C31S91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 74

C31S92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 3 80

C31S93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1993 4 238

C32S93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 4 294

C33C90 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 34

C33S91 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1991 4 217

C33S93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 51

C34C90 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 36

C34S91 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 4 86

C35A90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 32

C35A93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 39

C35S92 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1992 5 222

C36A90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 16

C36A91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 41

C36A92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 40

C36A93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 40

C36S92 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 4 196

C37A90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 45

C37A91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 11

C37A92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 15

C37C90 JUZGADO CIVIL DE TURRIALBA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 46

C37S91 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 173

C37S92 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 3 110

C38A91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 52

C38A92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 41

C38S90 JUZGADO 6° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 136

C39S90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1990 4 246

C3A92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 2 74

C3A93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 111

C3C90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 44

C3C91 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 46

C3C92 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 34

C3H90 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 58

C3H93 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 17

C3P92 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 3 331

C3P93 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 184

C3S93 ALCALDIA MIXTA DE CURRIDABAT EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 37

C41S90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 143

C41S92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE SUCESIONES 1992 5 261

C42A93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 14

C42S92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 3 133

C42S93 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 3 76

C43S90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE CIVIL 1990 3 99

C43S91 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 82

C43S92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 2 77

C43S93 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 5 152

C44S93 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1993 5 229

C45A93 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 42

C45S90 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 148

C45S91 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 13 922

C45S93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1993 6 216

C46S90 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1990 4 211

C46S93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 3 167

C47S92 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1992 5 239

C47S93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 73

C48A92 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 32

C48S91 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 4 146

C48S92 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 3 134

C49A91 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 35

C49A93 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 10

C49S91 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 5 232

C49S92 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 3 66

C4A92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 2 50

C4A93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 67

C4H90 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 42

C4H91 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 37

C4P91 JUZGADO CIVIL MENOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 3 351

C50A91 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 30

C51S91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 147

C52A93 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 36

C52S91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1991 6 270

C52S93 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1993 6 601

C53A91 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 18

C53A92 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 8

C53S91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 90

C53S93 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 2 58

C54A92 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 2 49

C54S90 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 3 87

C54S92 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 4 108

C56A90 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 46

C56S90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1990 4 225

C56S93 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 2 73

C57S90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 153

C57S93 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1993 3 494

C58S90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 4 115

C59S91 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1991 3 184

C59S92 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 3 77

C5A90 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1990 7 631

C5G93 JUZGADO MIXTO DE CAÑAS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 33

C5H91 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 36

C5S90 ALCALDIA MIXTA DE SAN PEDRO EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 151

C5S93 ALCALDIA MIXTA DE SAN PEDRO EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 163

C60S91 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 4 158

C60S92 JUZGADO 5° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1992 2 255

C60S93 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 58

C61A90 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 36

C61S91 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 3 101

C62A90 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 17

C62S92 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1992 9 794

C63A90 JUZGADO CONTR. DE LOS CHILES EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 69

C63A93 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 5 562

C63S92 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 93

C64A91 JUZGADO MENOR CUTIA ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 6 694

C64S90 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1990 3 210

C64S93 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1993 6 531

C65A91 JUZGADO MENOR CUTIA ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 31

C65S90 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 3 127

C65S92 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1992 13 728

C65S93 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1993 4 532

C66A90 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 5 433

C66A91 JUZGADO MENOR CUTIA ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 12

C66A92 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 4 351

C66S90 JUZGADO 3° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 4 97

C66S91 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 141

C66S92 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 78

C67A90 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 62

C67S93 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 48

C68A90 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 22

C68A93 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 2 196

C68S91 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 12 853

C69A92 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 15

C69A93 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 9

C69S91 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 1 133

C6A91 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 8 867

C6A92 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 3 338

C6A93 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 3 336

C6G90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. CAÑAS EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 30

C6G91 JUZGADO MIXTO DE CAÑAS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 34

C6G92 JUZGADO MIXTO DE CAÑAS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 35

C6G93 JUZGADO MIXTO DE CAÑAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 62

C6H92 JUZGADO CIVIL MENOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 33

C6L90 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. LIMON EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 26

C6P91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 31

C6P92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 36

C6P93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. PUNTARENAS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 32

C6S91 ALCALDIA MIXTA DE SAN PEDRO EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 41

C6S92 ALCALDIA MIXTA DE SAN PEDRO EJECUTIVOS SIMPLES 1992 2 219

C70A92 JUZGADO CIVIL MENOR C. ALAJUELA EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 73

C70S92 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1992 9 732

C70S93 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1993 5 546

C71S90 JUZGADO 4° CIVIL MAYOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS 1990 14 985

C71S91 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 13 918

C71S92 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 71

C72S90 JUZGADO 4° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 3 171

C72S93 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 65

C74S91 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 125

C74S93 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1993 6 555

C75S90 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 14 901

C75S92 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1992 7 721

C75S93 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 2 61

C76S90 JUZGADO 3° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 194

C77S92 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 80

C79S91 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 14 963

C79S93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 52

C7A90 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 1 42

C7A91 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 22

C7C93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 34

C7G90 JUZGADO CIVIL MAYOR C. CAÑAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 76

C7G91 JUZGADO MIXTO DE CAÑAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 67

C7G92 JUZGADO MIXTO DE CAÑAS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 2 53

C7H90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 2 84

C7H91 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 6 224

C7H93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 3 122

C7P93 JUZGADO CONTR. MENOR C. ESPARZA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 29

C80S91 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 143

C80S92 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1992 10 810

C80S93 JUZGADO CIVIL MAYOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 56

C81S90 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 16 948

C82S90 JUZGADO 6° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 189

C84S91 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 14 994

C84S92 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 81

C85S92 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1992 10 834

C85S93 JUZGADO CONT. CIVIL MENOR PEREZ ZELED. EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 53

C86S90 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 14 990

C86S92 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 2 88

C87S90 JUZGADO 2° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 12 187

C87S91 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 140

C87S93 JUZGADO CONT. CIVIL MENOR PEREZ ZELED. EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 77

C88S93 JUZGADO CONT. CIVIL MENOR PEREZ ZELED. EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 42

C89S91 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1991 11 907

C8A90 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 23

C8A92 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 1 17

C8A93 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1993 1 10

C8C93 JUZGADO 2° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 2 128

C8H92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 50

C8P90 JUZGADO CONTR. MENOR C. ESPARZA EJECUTIVOS SIMPLES 1990 1 59

C8P91 JUZGADO CONTR. CIVIL MENOR C. ESPARZA EJECUTIVOS SIMPLES 1991 1 45

C8S92 ALCALDIA MIXTA DE TIBAS EJECUTIVOS SIMPLES 1992 2 175

C8S93 ALCALDIA MIXTA DE TIBAS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 69

C90S91 JUZGADO 5° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1991 3 111

C90S93 JUZGADO MIXTO DE HATILLO EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 12

C92S90 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS PRENDARIOS 1990 4 180

C92S93 JUZGADO MIXTO DE HATILLO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1993 1 63

C95S91 JUZGADO MIXTO DE HATILLO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 2 49

C95S92 JUZGADO CIVIL MAYOR C. PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 59

C96S92 JUZGADO MIXTO DE HATILLO EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 13

C97S90 JUZGADO 1° CIVIL MENOR C. SAN JOSE EJECUTIVOS SIMPLES 1990 15 1017

C98S91 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO PEREZ Z. EJECUTIVOS SIMPLES 1991 2 47

C98S92 JUZGADO MIXTO DE HATILLO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 3 80

C99S90 JUZGADO MIXTO DE HATILLO EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 1 30

C99S91 JUZGADO CIVIL Y TRABAJO PEREZ Z. EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1991 1 49

C99S93 JUZGADO MENOR C. DESAMPARADOS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 2 83

C9A92 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS PRENDARIOS 1992 1 13

C9A93 JUZGADO CIVIL MENOR C. SAN CARLOS EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 9

C9C93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. CARTAGO EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 133

C9H90 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1990 2 108

C9H92 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS HIPOTECARIOS 1992 4 152

C9H93 JUZGADO 1° CIVIL MAYOR C. HEREDIA EJECUTIVOS SIMPLES 1993 1 101

C9P92 JUZGADO CONTR. MENOR C. ESPARZA EJECUTIVOS SIMPLES 1992 1 31

TOTAL 1225 68981

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso.

San José, 24 de marzo del 2006.

Alfredo Jones León,

(30467) Director Ejecutivo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en sesión 03-05, de 22 de noviembre de 2005, artículo XI, y el acuerdo del Consejo Superior en sesión de 6 de diciembre de 2005, artículo XXXVI, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la destrucción de expedientes médico legales del periodo 1990 al 2000, de la Unidad Médico Legal de San Carlos, que se encuentran remesados en esa Unidad, y que a continuación se detallan:

Remesa: O 10 A 90

Año: 1990

Expedientes: 925

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 11 A 91

Año: 1991

Expedientes: 940

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 12 A 92

Año: 1992

Expedientes: 965

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 13 A 93

Año: 1993

Expedientes: 1010

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 13 A 94

Año: 1994

Expedientes: 1035

Paquetes: 2

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 14 A 95

Año: 1995

Expedientes: 1057

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 15 A 96

Año: 1996

Expedientes: 1062

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 18 A 97

Año: 1997

Expedientes: 796

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 15 A 98

Año: 1998

Expedientes: 834

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 15 A 99

Año: 1999

Expedientes: 824

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

Remesa: O 17 A 00

Año: 2000

Expedientes: 871

Paquetes: 1

Asunto: Expedientes médico legales.

San José, 23 de marzo del 2006.

Alfredo Jones León

(30468) Director Ejecutivo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Sesión 02-2005, de 31 de mayo de 2005, artículo VII, y el acuerdo del Consejo Superior en sesión de 3 de agosto del 2005, artículo XXXIX, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la destrucción de expedientes de denuncias y otros documentos del periodo 1991-2001 de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Aguirre y Parrita, que a continuación se citan. Asimismo, tal destrucción se llevará a cabo es ese Subdelegación Regional.

Remesa: O 4 P 91

Expedientes: 743

Paquetes: 8

Año: 1991

Asunto: Expedientes de denuncias.

Original de la denuncia, dictamen

criminalístico cuando lo amerite, inspecciones

oculares, entrevistas a testigos, entre otra

documentación.

Remesa: O 4 P 92

Expedientes: 874

Paquetes: 10

Año: 1992

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 4 P 93

Expedientes: 1076

Paquetes: 12

Año: 1993

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 4 P 94

Expedientes: 995

Paquetes: 11

Año: 1994

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 4 P 95

Expedientes: 827

Paquetes: 9

Año: 1995

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 4 P 96

Expedientes: 838

Paquetes: 9

Año: 1996

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 4 P 97

Expedientes: 804

Paquetes: 9

Año: 1997

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 3 P 98

Expedientes: 992

Paquetes: 11

Año: 1998

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 1 P 99

Expedientes: 950

Paquetes: 11

Año: 1999

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 1 P 00

Expedientes: 891

Paquetes: 10

Año: 2000

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 1 P 01

Expedientes: 916

Paquetes: 10

Año: 2001

Asunto: Expedientes de denuncias.

Remesa: O 5 P 91

Solicitudes: 78

Ampos: 1

Año: 1991

Asunto: Solicitudes de presentación. Ordenes giradas

por la Fiscalía, Tribunal de juicio, Juzgado Penal

Juvenil y Juzgado Penal, tanto de Aguirre y Parrita

como de otras oficinas del país.

Remesa: O 5 P 92

Solicitudes: 96

Ampos: 1

Año: 1992

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 5 P 93

Solicitudes: 125

Ampos: 1

Año: 1993

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 5 P 94

Solicitudes: 371

Ampos: 1

Año: 1994

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 5 P 95

Solicitudes: 183

Ampos: 1

Año: 1995

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 5 P 96

Solicitudes: 175

Ampos: 1

Año: 1996

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 5 P 97

Solicitudes: 359

Ampos: 1

Año: 1997

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 4 P 98

Solicitudes: 96

Ampos: 1

Año: 1998

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 2 P 99

Solicitudes: 34

Ampos: 1

Año: 1999

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 2 P 00

Solicitudes: 14

Ampos: 1

Año: 2000

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 2 P 01

Solicitudes: 4

Ampos: 1

Año: 2001

Asunto: Solicitudes de presentación.

Remesa: O 6 P 91

capturas: 14

Ampos: 1

Año: 1991

Asunto: Capturas. Solicitudes de presentación.

Ordenes giradas por Tribunal de juicio, Juzgado

Penal Juvenil y Juzgado Penal, tanto de Aguirre

y Parrita como de otras oficinas del país.

Remesa: O 6 P 92

capturas: 15

Ampos: 1

Año: 1992

Asunto: Capturas.

Remesa: O 6 P 93

capturas: 5

Ampos: 1

Año: 1993

Asunto: Capturas.

Remesa: O 6 P 94

Capturas: 128

Ampos: 1

Año: 1994

Asunto: Capturas.

Remesa: O 6 P 95

capturas: 233

Ampos: 1

Año: 1995

Asunto: Capturas.

Remesa: O 6 P 96

capturas: 213

Ampos: 1

Año: 1996

Asunto: Capturas.

Remesa: O 7 P 97

capturas: 332

Ampos: 1

Año: 1997

Asunto: Capturas.

Remesa: O 5 P 98

capturas: 80

Ampos: 1

Año: 1998

Asunto: Capturas.

Remesa: O 3 P 99

capturas: 69

Ampos: 1

Año: 1999

Asunto: Capturas.

Remesa: O 3 P 00

capturas: 80

Ampos: 1

Año: 2000

Asunto: Capturas.

Remesa: O 3 P 01

capturas: 57

Ampos: 1

Año: 2001

Asunto: Capturas.

Remesa: O 7 P 91

Solicitudes: 46

Ampos: 2

Año: 1991

Asunto: Solicitudes de laboratorio. Solicitudes de dictamen

criminalístico dirigidas a los diferentes

laboratorios, entre ellos pericias físicas, balística,

archivo criminal, toxicología, biología forense,

troquelados, etc.

Remesa: O 7 P 92

Solicitudes: 62

Ampos: 2

Año: 1992

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 7 P 93

Solicitudes: 78

Ampos: 2

Año: 1993

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 7 P 94

Solicitudes: 73

Ampos: 2

Año: 1994

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 7 P 95

Solicitudes: 82

Ampos: 2

Año: 1995

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 7 P 96

Solicitudes: 65

Ampos: 2

Año: 1996

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 8 P 97

Solicitudes: 69

Ampos: 2

Año: 1997

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 6 P 98

Solicitudes: 76

Ampos: 2

Año: 1998

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 4 P 99

Solicitudes: 72

Ampos: 2

Año: 1999

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 4 P 00

Solicitudes: 88

Ampos: 2

Año: 2000

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 4 P 01

Solicitudes: 94

Ampos: 2

Año: 2001

Asunto: Solicitudes de laboratorio.

Remesa: O 8 P 91

Oficios: 59

Ampos: 2

Año: 1991

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 8 P 92

Oficios: 68

Ampos: 2

Año: 1992

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 8 P 93

Oficios: 86

Ampos: 2

Año: 1993

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 8 P 94

Oficios: 88

Ampos: 2

Año: 1994

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 8 P 95

Oficios: 98

Ampos: 2

Año: 1995

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 8 P 96

Oficios: 102

Ampos: 2

Año: 1996

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 9 P 97

Oficios: 98

Ampos: 2

Año: 1997

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 7 P 98

Oficios: 102

Ampos: 2

Año: 1998

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 5 P 99

Oficios: 109

Ampos: 2

Año: 1999

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 5 P 00

Oficios: 124

Ampos: 2

Año: 2000

Asunto: Correspondencia.

Remesa: O 5 P 01

Oficios: 145

Ampos: 2

Año: 2001

Asunto: Correspondencia.

San José, 29 de marzo del 2006.

Alfredo Jones León

(31976) Director Ejecutivo

SECCIÓN DE ASESORIA LEGAL

UNA PUBLICACIÓN

CIRCULAR 16-2006

De: Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo

Para: Todas las oficinas judiciales del país y peritos designados.

Asunto: Ampliación de la lista oficial de peritos del Poder Judicial

Fecha: 27 de marzo del 2006.

La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, comunica a todas las oficinas oficiales del país y peritos designados, la ampliación de la Lista Oficial de Auxiliares Peritos, al servicio de las autoridades judiciales, publicada en el Boletín Judicial N° 5 de 6 de enero del 2006, en los términos que se dirá. Asimismo, se hacen algunas exclusiones y correcciones de números telefónicos de la lista general.

Actuarios Matemáticos

De conformidad con el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica en sesión ordinario N° 1076-2004, del 1ª de diciembre de 2004, se dispuso lo siguiente:

Considerando:

a) “Que la Corte Suprema de Justicia, debe nombrar peritos actuariados matemáticos para las distintas regiones del país, por lo que regularmente solicita listas de colegiados registrados en esa especialidad.

b) Que de conformidad con el artículo 17, inciso ch) de nuestra Ley Orgánica y el artículo 11, inciso ch) del Reglamento General, el actuariado es un área regulada por este Colegio.

c) Que existen presentadas en este Colegio varias solicitudes de colegiados con formación distinta a la de seguros y actuariado para que se les autorice a realizar peritajes actuariales matemáticos para la Corte Suprema de Justicia, función que ya han desempeñado por varios años.

d) Que el Colegio se encuentra actualmente elaborando el Reglamento para la declaratoria de inopia, tal y como se indica en el inciso d) del acuerdo veinte de la sesión extraordinaria 1069-2004, del miércoles 6 de octubre del 2004.

Como medida excepcional y mientras no entre a regir el Reglamento de Inopias que emitirá este Colegio, se acuerda:

1. El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica podrá registrar y autorizar para realizar peritajes actuariales matemáticos, únicamente para la Corte Suprema de Justicia a todos aquellos profesionales en Ciencias Económicas con grado de Licenciatura o Superior y que además tengan aprobados estudios a nivel universitario en Matemática actuarial o seguros y actuariado.

2. De igual forma, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica podrá registrar y autorizar a realizar peritajes actuariales matemáticos a todos aquellos profesionales en Ciencias Económicas con grado de licenciatura o superior, que demuestren poseer al menos cinco años de experiencia en la realización de dichos trabajos y que además presenten una constancia de que algunos de los trabajos realizados fueron recibidos satisfactoriamente.

3. La Comisión de Seguros y Actuariado será la encargada de estudiar las solicitudes presentadas y recomendar con base en los atestados del Colegio, la autorización o denegación de su solicitud a la Junta Directiva, de conformidad con las disposiciones anteriores.

4. Las autorizaciones de inscripciones a que se refieren los apartados anteriores, tendrán una vigencia transitoria máxima de un año”.

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Circuito Judicial de Guanacaste

Herrera Flores Mario Telfax 441-4849

Cel 382-5802 Ciencias Económicas

(Estadística)

Circuito Judicial de Puntarenas

Herrera Flores Mario Telfax 441-4849

Cel 382-5802 Ciencias Económicas

(Estadística)

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Administración de Empresas

Los cargos que podrá desempeñar el profesional en administración de empresas son los de dirección que identifiquen funciones administrativas de gerencia general, gerencia funcional y gerencia media; finanzas, mercadotecnia, recursos humanos; como académico, investigador, asesor empresarial, consultor, empresario, análisis administrativo, contabilidad, planificación estratégica, entre otros.

Le corresponde planificar, organizar, coordinar, controlar y supervisar los diferentes procesos y operaciones de la empresa. Elabora presupuestos, flujo gramas, diagramas de recorrido, también elabora proyectos y los ejecuta.

Primer Circuito Judicial de San José

Aguilar Solano Sergio Tel 591-3597,

597-3597

Cel 355-6104 Master en Administración

de Negocios en Finanzas

Segundo Circuito Judicial de San José

Aguilar Solano Sergio Tel 591-3597,

597-3597

Cel 355-6104 Master en Administración

de Negocios en Finanzas

Circuito Judicial de Cartago

Aguilar Solano Sergio Tel 591-3597,

597-3597

Cel 355-6104 Master en Administración

de Negocios en Finanzas

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Circuito Judicial de Puntarenas

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Agrimensura

Medición de la superficie de la tierra. Arte de medir tierras.

Primer Circuito Judicial de San José

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Segundo Circuito Judicial de San José

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Circuito Judicial de Cartago

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Circuito Judicial de Heredia

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Circuito Judicial de Puntarenas

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Circuito Judicial de la Zona Sur

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Auditoría

La palabra auditoría viene del latín auditorius y de esta proviene auditor, que tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo específico que es el de evaluar la eficiencia y eficacia con que se está operando para que, por medio del señalamiento de cursos alternativos de acción, se tomen decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan, o bien mejorar la forma de actuación. Algunos autores proporcionan otros conceptos pero todos coinciden en hacer énfasis en la revisión, evaluación y elaboración de un informe.

Primer Circuito Judicial de San José

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

4488-4488 Licenciado en

Contaduría Pública

Segundo Circuito Judicial de San José

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel. 391-7059,

4488-4488 Licenciado en

Contaduría Pública

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

4488-4488 Licenciado en

Contaduría Pública

Circuito Judicial de Cartago

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

4488-4488 Licenciado en

Contaduría Pública

Circuito Judicial de Heredia

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

4488-4488 Licenciado en

Contaduría Pública

Contadores Públicos

Funciones propias según oficio N° 240-02 del colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

De conformidad con la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos, Ley N° 1038 del 19 de agosto de 1947, regula la profesión en el artículo 7 en los siguientes términos:

• Certificar toda clase de estados financieros, ganancias y pérdidas, estados patrimoniales, distribuciones de fondos, cálculos de dividendos o de beneficio y otros similares, sea que conciernan a personas físicas o morales.

• Intervenir para dar fe de los asuntos concernientes a los ramos de su competencia, en la constitución, liquidación, disolución, fusión, quiebra y otros actos similares de toda clase de sociedades, participaciones u otra semejantes, en la rendición de cuentas de administración de bienes, en la exhibición de libros, documentos o piezas de otro género relacionados con la dilucidación de cuestiones contabilísticas, y en la emisión por personas de derecho privado de toda clase de bonos, cédulas y otros títulos similares.

Primer Circuito Judicial de San José

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

395-4488 Licenciado en Contaduría

Pública

Segundo Circuito Judicial de San José

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

395-4488 Licenciado en Contaduría

Pública

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

395-4488 Licenciado en Contaduría

Pública

Circuito Judicial de Cartago

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

395-4488 Licenciado en Contaduría

Pública

Circuito Judicial de Heredia

Monge Sanabria Eduardo Tel 552-4952

Telefax 552-2202

Cel 391-7059,

395-4488 Licenciado en Contaduría

Pública

Correduría y valuación de bienes raíces

Correduría: La función del corredor es poner en contacto al cliente comprador con uno propietario. Es conocedor del valor de mercado de la propiedad, dicho valor se obtiene sumando el valor de la construcción, el del terreno, más una serie de circunstancias externas que inciden en el precio final de la propiedad.

Avalúo: Consiste en la determinación del valor de reposición, el cual debe de entenderse como el valor de la construcción más el valor del terreno.

En el caso de que los inmuebles a valorar estén en explotación agropecuaria, o más ampliamente, donde estén de por medio tópicos de las Ciencias Agropecuarias o asuntos relacionados con este tipo de actividades, las designaciones como peritos deberán recaer en profesionales de ingeniería agronómica, lo anterior, según Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agronómicos de Costa Rica, número 7221.

Primer Circuito Judicial de San José

España Mora Miguel Ángel Tel. 225-6595

Cel. 385-5134,

6542-6542 Magíster en Administrac

y Dirección de Empresas

con énfasis en Finanzas,

Contador Público y

Corredor de Bienes

Raíces.

Herra Ávila Allan Tel 223-0296,

223-0128

Cel 384-8058

Fax 222-0350 Ing. Construcción Civil

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho y Valuadora de

Bienes Inmuebles

Segundo Circuito Judicial de San José

España Mora Miguel Ángel Tel. 225-6595

Cel. 385-5134,

6542-6543 Magíster en Administrac

y Dirección de Empresas

con énfasis en Finanzas,

Contador Público y

Corredor de Bienes

Raíces.

Herra Ávila Allan Tel 223-0296,

223-0128

Cel 384-8058

Fax 222-0350 Ing. Construcción Civil

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho y Valuadora de

Bienes Inmuebles

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Guillén Ruíz Carlos Tel 239-3459

Cel 377-8294 Ingeniero Civil

Herra Ávila Allan Tel 223-0296,

223-0128

Cel 384-8058

Fax 222-0350 Ing. Construcción Civil

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Matamoros Ramírez Fco. Telefax 447-9038 Ingeniero Agrónomo

(Solamente San Ramón,

Palmares, Naranjo,

Valverde Vega y

Zarcero).

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho y Valuadora de

Bienes Inmuebles

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho y Valuadora de

Bienes Inmuebles

Circuito Judicial de Heredia

Guillén Ruíz Carlos Tel 239-3459

Cel 377-8294 Ingeniero Civil

Herra Ávila Allan Tel 223-0296,

223-0128

Cel 384-8058

Fax 222-0350 Ing. Construcción Civil

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Circuito Judicial de Cartago

Herra Ávila Allan Tel 223-0296,

223-0128

Cel 384-8058

Fax 222-0350 Ing. Construcción Civil

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho y Valuadora de

Bienes Inmuebles

Circuito Judicial de la Zona Sur

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Circuito Judicial de Puntarenas

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Reyna Rodríguez Narciso Telfax 237-2704

Cel 846-2234 Ing. Agrónomo (Forestal)

Sólo Cantón Central de

Puntarenas, Aguirre,

Parrita y Esparza.

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Circuito Judicial de Guanacaste

Reyna Rodríguez Narciso Telfax 237-2704

Cel 846-2234 Ing. Agrónomo (Forestal)

Sólo Liberia, Cañas,

Bagaces, Abangares y

Tilarán.

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho y Valuadora de

Bienes Inmuebles

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Fuentes Rodríguez Randall Telefax: 716-5014

Cel: 356-9404 Ingeniero Topógrafo

(Solamente Pococí,

Siquirres y Guácimo).

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Rodríguez Astúa Luis Alberto Tel 231-6283

Cel 386-3962

Fax 296-6924 Adm. de Empresas

Geografía

La palabra geografía proviene del término griego gé, tierra y gnosis, conocimiento. El diccionario Larousse define geografía como descripción de la tierra desde el punto de vista del suelo, el clima, etc.; de las producciones del suelo; de las razas, las lenguas, los límites de los pueblos, las instituciones; con relación a la historia; a la forma del globo y a su posición en el sistema planetario.

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Cordero Pérez Pedro Telefax: 256-1915

Cel: 812-1279 Licenciado en Geografía

Segundo Circuito Judicial de Alajuela

Cordero Pérez Pedro Telefax: 256-1915

Cel: 812-1279 Licenciado en Geografía

Circuito Judicial de Heredia

Cordero Pérez Pedro Telefax: 256-1915

Cel: 812-1279 Licenciado en Geografía

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Cordero Pérez Pedro Telefax: 256-1915

Cel: 812-1279 Licenciado en Geografía

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Cordero Pérez Pedro Telefax: 256-1915

Cel: 812-1279 Licenciado en Geografía

Ingenieros Agrónomos

Dentro de las funciones de los miembros agremiados se establecen que pueden desempeñar valoraciones, evaluaciones, estimaciones, peritajes, arbitrajes e inventarios relativos a:

- Predios, en conjunto o en sus partes, dedicados a la conservación y a la explotación agropecuaria, forestal o la acuacultura, en lo concerniente a la tierra, a las mejoras agropecuarias y forestales y a todos los elementos relativos a su manejo.

- Plantaciones, explotaciones, productos, subproductos y residuos agropecuarios y forestales en pie, almacenados o conservados.

- Productos y subproductos del bosque, tanto natural, como artificial, así como ornamentales y zonas verdes con fines arquitectónicos.

- Transacciones en fincas agrícolas, pecuarias, forestales y de acuicultura y determinación de la capacidad económica de las mismas y de sus alcances como garantía a los efectos del criterio.

- Todo tipo de empresa agropecuaria, forestal y de acuicultura constituida de hecho o derecho.

- Semovientes y sus productos.

- Daños bióticos y abióticos y otras causas de desvaloración o perjuicios que afecten a las explotaciones agropecuarias, forestales y de acuicultura.

Fitotecnia: Profesionales con una formación general en agronomía, pero con énfasis en todo los cultivos y su medio ambiente.

Zootecnia: Profesionales con una formación general en agronomía, pero con énfasis en producción animal y su medio ambiente.

Ingeniero agrícola: Tienen formación en diferentes ingenierías que pueden aplicar en obras relacionadas con las actividades agroforestales como son edificaciones, nivelaciones, diseños de sistemas de riego, drenaje, flujos de materias, controles de calidad, manejo de suelo, maquinaria agrícola, manejo poscosecha, infraestructura rural.

Economista agrícola: Es un profesional con formación en agronomía con énfasis en microeconomía e instrumentos de análisis económico, enfocado a las actividades agropecuarias. Están capacitados para trabajar en crédito, mercadeo, comercialización, estadísticas, administración de empresas agropecuarias, estudios de costos, estudios de factibilidad, crédito, gestión de financiamiento, planeación, etc.

Administrador de Empresa Agropecuaria: Es un profesional con una formación concentrada en la administración de las empresas agropecuarias. Mejor preparado para enfrentar los problemas de una empresa agropecuaria que un profesional en administración pura.

Administrador de Empresa Agroindustriales: Esta carrera es similar a la anterior con la diferencia de que el profesional adquiere mayores conocimientos en empresas agroindustriales. Es un complemento del tecnólogo de alimentos quienes desarrollan y aplican las tecnologías de acondicionamiento y transformación de las materias primas agropecuarias para convertilas en alimentos y materias primas intermedias.

Agrónomos: Profesionales con formación generalista enfocada al trabajo de campo de las ciencias agropecuarias. Cursa materias y realizan prácticas en el área de fitotecnia (plantas), de zootecnia (ganadería), administración de fincas.

Primer Circuito Judicial de San José

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Segundo Circuito Judicial de San José

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Circuito Judicial de Heredia

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Matamoros Ramírez Francisco Telefax 447-9038 Ingeniero Agrónomo

(Solamente San Ramón,

Palmares, Naranjo,

Valverde Vega y

Zarcero).

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Circuito Judicial de Cartago

Garita Vargas Hans Dael Telefax:261-1097

Cel: 377-2112 Bachiller en Agronomía

(tasador Agropecuario)

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Mora Naranjo Jorge Luis Telefax 552-6021

Cel 393-0920 Ingeniero Agrónomo

Serrano Ramírez Rafael Tel 556-9320

Cel 365-7236 Ing. Agrónomo

Circuito Judicial de Puntarenas

Reyna Rodríguez Narciso Telfax 237-2704

Cel 846-2234 Ing. Agrónomo (Forestal)

Sólo Cantón Central de

Puntarenas, Aguirre,

Parrita y Esparza.

Circuito Judicial de Guanacaste

Reyna Rodríguez Narciso Telfax 237-2704

Cel 846-2234 Ing. Agrónomo (Forestal)

Sólo Liberia, Cañas,

Bagaces, Abangares y

Tilarán.

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Johnson Rosales Eduardo Tel 279-9398

Cel 830-2151 Ingeniero Agrónomo

Serrano Ramírez Rafael Tel 556-9320

Cel 365-7236 Ing. Agrónomo

Ingeniería Forestal

Profesionales cuya formación comprende el estudio de los principios de la ciencias biológicas y de las diferentes ingenierías aplicadas a la preservación y explotación sostenible del recurso forestal.

Circuito Judicial de Puntarenas

Reyna Rodríguez Narciso Telfax 237-2704

Cel 846-2234 Ing. Agrónomo (Forestal)

Sólo Cantón Central de

Puntarenas, Aguirre,

Parrita y Esparza.

Circuito Judicial de Guanacaste

Reyna Rodríguez Narciso Telfax 237-2704

Cel 846-2234 Ing. Agrónomo (Forestal)

Sólo Liberia, Cañas,

Bagaces, Abangares y

Tilarán.

Ingeniería Civil

El Ingeniero Civil se desempeña en la gestión, diseño, construcción y operación de proyectos de obras de infraestructura del sector urbano, agrícola, forestal e industrial, específicamente en el análisis y diseño estructural, construcción diseño de carretera y gestión de tráfico, tratamiento y distribución del agua para la población, tratamiento y disposición de aguas servidas, obras hidráulicas de regadío y generación hidroeléctrica, y los problemas geotécnicos relacionados con todas las obras anteriores.

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Guillén Ruíz Carlos Tel 239-3459

Cel 377-8294 Ingeniero Civil

Circuito Judicial de Heredia

Guillén Ruíz Carlos Tel 239-3459

Cel 377-8294 Ingeniero Civil

Intérpretes en Inglés

Primer Circuito Judicial de San José

Azuola Valls Hannia Tel 273-3376

Cel 364-5722

Fax 221-1441 Traductora

Chacón Castro María Marcela Tel hab: 225-3495

Tel. trab: 519-2479

(8 3:30pm)

Oficina personal:

234-3636

(después 4pm)

Fax: 231-7094

Cel: 381-1211 Traductora (solamente

traducción escrita)

Segundo Circuito Judicial de San José

Azuola Valls Hannia Tel 273-3376

Cel 364-5722

Fax 221-1441 Traductora

Chacón Castro María Marcela Tel hab: 225-3495

Tel. trab: 519-2479

(8 3:30pm)

Oficina personal:

234-3636

(después 4pm)

Fax: 231-7094

Cel: 381-1211 Traductora (solamente

traducción escrita)

Circuito Judicial de Cartago

Azuola Valls Hannia Tel 273-3376

Cel 364-5722

Fax 221-1441 Traductora

Chacón Castro María Marcela Tel hab: 225-3495

Tel. trab: 519-2479

(8 3:30pm)

Oficina personal:

234-3636

(después 4pm)

Fax: 231-7094

Cel: 381-1211 Traductora (solamente

traducción escrita)

Circuito Judicial de Heredia

Azuola Valls Hannia Tel 273-3376

Cel 364-5722

Fax 221-1441 Traductora

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Azuola Valls Hannia Tel 273-3376

Cel 364-5722

Fax 221-1441 Traductora

Circuito Judicial de Puntarenas

Mussio Arcelio Tel 218-0829

Cel 365-3088

Fax 259-7197 Traductor (Inglés)

Solamente Jacó

Psicólogos

Realizan funciones de Dirección, Administración y Gestión en los campos de Psicología en las siguientes áreas: salud Pública o Privada, Clínica, Educación, Deporte, Intervención Social y/o comunitaria, Laboral, Mercadotecnia, Investigación Psicológica, Criminológicas y Forenses, Neuropsicología, Experimental, Pruebas Psicológicas. Tener bajo su responsabilidad el diseño y la ejecución Psicodiagnósticas, tratamiento Psdicoterapéutico, evaluación e intervención en las áreas citadas.

El bachiller en psicología, no esta facultado para realizar las siguientes funciones: Psicoterapia, en sus diferentes modalidades, Psocodiagnósticos e Intervenciones y/o Evaluaciones Clínicas.

Primer Circuito Judicial de San José

Garbanzo Garita Mynor Tel: 221-2483

Cel: 827-8619 Licenciado en Psicología

Segundo Circuito Judicial de San José

Garbanzo Garita Mynor Tel: 221-2483

Cel: 827-8619

Licenciado en Psicología

Circuito Judicial de Cartago

Garbanzo Garita Mynor Tel: 221-2483

Cel: 827-8619 Licenciado en Psicología

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Garbanzo Garita Mynor Tel: 221-2483

Cel: 827-8619 Licenciado en Psicología

Circuito Judicial de Heredia

Garbanzo Garita Mynor Tel: 221-2483

Cel: 827-8619 Licenciado en Psicología

Topógrafo

La topografía se ocupa, principalmente, de la representación de una porción de la tierra. Es un arte de representar gráficamente un lugar sobre el papel, con todos los accidentes de la superficie. Topografiar es, por tanto, diseñar un modelo semejante al terreno, con unas deformaciones y parámetros de transformación perfectamente acotados.

Circuito Judicial de Puntarenas

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Circuito Judicial de la Zona Sur

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica

Fuentes Rodríguez Randall Telefax: 716-5014

Cel: 356-9404 Ingeniero Topógrafo

(Solamente Pococí,

Siquirres y Guácimo)

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Curador Procesal

Respecto a los profesionales en Derecho, se advierte que éstos no son peritos, que se han introducido en este listado debido a la necesidad mostrada por algunas autoridades judiciales en tener profesionales en dicha materia, para aquellos casos en que se necesite curador procesal, de conformidad con lo regulado por los artículos 260 y siguientes del Código Procesal Civil, los cuales se encuentran dentro del Capítulo IV, “Representación”, Sección Primera “Curador Procesal”.

También denominado “Curador ad litem”, quien es la persona designada por el juez para seguir los pleitos y defender los derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción civil o a otra incapacidad.

Primer Circuito Judicial de San José

Alfaro Portuguez María Isabel Tel 263-4242

Cel 836-4255

Fax 260-9875 Derecho (Civil, Familia y

Penal)

Segundo Circuito Judicial de San José

Alfaro Portuguez María Isabel Tel 263-4242

Cel 836-4255

Fax 260-9875 Derecho (Civil, Familia y

Penal)

Circuito Judicial de Cartago

Herrera Muñoz Roy de Jesús Tel 204-7575

Cel 823-1525

Fax 204-7580 Derecho

Circuito Judicial de Heredia

Alfaro Portuguez María Isabel Tel 263-4242

Cel 836-4255

Fax 260-9875 Derecho (Civil, Familia y

Penal)

Herrera Muñoz Roy de Jesús Tel 204-7575

Cel 823-1525

Fax 204-7580 Derecho

Primer Circuito Judicial de Alajuela

Alfaro Portuguez María Isabel Tel 263-4242

Cel 836-4255

Fax 260-9875 Derecho (Civil, Familia y

Penal)

Corregir Teléfonos:

Adamo Marcello Cel 390-8123

Fax 257-0524 Técnico Mecánica

Arias Córdoba Fabio Alberto Tel 524-0478

Cel 381-6714

Fax 224-1500 Derecho

Chinchilla Guillén José R. Telfax 222-1359

Cel 873-0235 Ing. Civil

Díaz Sanabria José Ángel Tel 588-0344

Fax 588-0345

Cel 384-8527 Ing. Civil

Esquivel Rodríguez Marta Tel 225-6883,

225-6887

Cel 821-9852

Fax: 225-6951 Derecho

Fallas Gaspar Oscar Mario Telefax 278-6962

Cel 391-7970 Ing. Civil

Fernández Barquero Marvin Tel 259-6466

Cel 822-0521

Fax 223-7240 Práctico

Garita Vargas Hans Dael Telefax:261-1097

Cel: 377-2112 Bachiller en Agronomía

(tasador Agropecuario)

Herra Ávila Allan Tel 223-0296,

223-0128

Cel 384-8058

Fax 222-0350 Ing. Construcción Civil

Herrera Muñoz Roy de Jesús Tel 204-7575

Cel 823-1525

Fax 204-7580 Derecho

Laurent Sanabria Robert Tel 285-0010

Cel 382-1523

Fax 285-0009 Ing. Civil

Lobo Vásquez William Tel: 591-0405

Cel: 865-5216

Fax 591-0406 Topógrafo Asociado

Mata Mena Olman Telefax 552-3949

Cel 876-8521,

390-5833 Contador Público,

Diplomado Adm. de

empresas

Moreno Navarro Ricardo Tel 270-1713,

270-2658

Cel 887-4696 Derecho

Salas Fallas Marisol de Jesús Fax 257-0524

Cel 898-2666 Derecho

Salazar Perera Allan Telefax 235-9540

Cel 372-1604 Topografía (Geodesia)

Torres Rojas Erick F. Tel. 231-5346

Cel 301-8787

Fax. 226-4302 Práctico

Exclusiones parciales

Se excluye como perito para la zona del Segundo Circuito Judicial de Alajuela a:

Garita Vargas Hans Dael Telefax: 261-1097

Cel: 377-2112 Bachiller en Agronomía

(tasador Agropecuario)

Exclusiones

Se excluye como perito del Poder Judicial a:

Acevedo Silesky Alejandro Tel 771-7759

Bip 296-2626

Cel 382-5877

Fax 771-2181 Ing. Agrónomo

Barboza Elizondo Mariela Tel 234-6643

Cel 357-9719 Contador Privado

Castro García José J. Tel 260-7428

Cel 391-1884 Ing. en Geodesia y

Topografía

Johanning Morales Adolfo Telfax 272-2957

272-0382 Ing. Agrónomo

Martínez Granados José P. Tel 223-2657

Cel 833-1535 Derecho

Montero de Miguel María Ileana Tel 226-5187

Cel 371-1490 Estadística

Master en Ciencias

Actuariales

Valverde Monge Felicia Tel: 227-1048

259-4027

Cel: 846-9139 Trabajadora Social

San José, 27 de marzo del 2006.

Alfredo Jones León,

1 vez.—(29834) Director Ejecutivo

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASUETO: Concedido a los servidores judiciales del cantón de La Cruz, de la provincia de Guanacaste

SE HACE SABER:

Que las oficinas judiciales del cantón de La Cruz, de la provincia de Guanacaste, permanecerán cerradas durante el cinco de mayo del dos mil seis, con las salvedades de costumbre, por motivo de la celebración de festejos cívicos en esa ciudad.

San José, 4 de abril del 2006.

Luis A. Barahona Cortés,

(32628) Subdirector Ejecutivo

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº 40-2006

ASUNTO: Aclaración a la Circular N° 170-05, publicada en el Boletín Judicial N° 6 del 19 de enero del 2006.

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en Sesión Nº 11-06, celebrada el 21 de febrero de dos seis, artículo LVIII, dispuso aclarar la circular N° 170-05 sobre “Procedimiento para el trámite de los asuntos listos para dictado de sentencia”, publicada en el Boletín Judicial N° 6, de 19 de enero del 2006, en el sentido de que lo ahí dispuesto es para aquellos despachos que laboran con el Sistema de Gestión, en virtud de que este sistema es el que produce esos datos. En los que no se cuente con este sistema deberá hacerse en forma manual.

San José, 27 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32619) Secretaria General

CIRCULAR Nº 42-2006

ASUNTO: Sobre Ejecuciones de Sentencias.

A TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en Sesión Nº 12-06, celebrada el 23 de febrero de dos mil seis, artículo LII, dispuso comunicarles que en adelante, deben indicar claramente en las ejecuciones de sentencia en que una de las partes es el Estado, si el dinero correspondiente a los daños y perjuicios e intereses, debe ser depositado en la cuenta corriente del despacho o cancelado directamente a los interesados por parte de la administración de la institución de que se trate. En este último supuesto, en el caso de la Administración del Poder Judicial, deberá informar al Despacho Judicial que corresponda, del detalle del pago realizado. En cualquiera de los dos casos, el dinero que corresponda a las costas necesariamente deberá ser depositado en la cuenta corriente del despacho.

Los dineros de costas a favor del Estado, sólo se depositarán en la Cuenta Corriente Nº 27497-6 del Banco de Costa Rica, denominada “Fondo de Costas a favor del Estado” y cuando se condene al Estado al pago de costas con cargo al “Fondo de Costas a favor del Estado”, su pago será tramitado por el Departamento Financiero Contable siempre y cuando se adjunte la orden de giro debidamente cumplimentada y el documento que demuestre que la Procuraduría General de la República fue notificada de este giro de recursos contra la cuenta corriente citada.

San José, 27 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32620) Secretaria General

SE REPRODUCE POR ERROR

CIRCULAR Nº 45-2006

ASUNTO: Modificación al artículo 3°, del Reglamento General sobre Licencias con y sin goce de sueldo publicado mediante circular N° 77-00, en el Boletín Judicial N° 163 del 25 de agosto del 2000.

A TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena, en Sesión Nº 03-06, celebrada el 27 de febrero de dos mil seis, artículo XII, dispuso modificar el artículo 3° del Reglamento General sobre Licencias con y sin goce de sueldo publicado mediante circular N° 77-00, en el Boletín Judicial N° 163 del 25 de agosto del 2000, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“Art. 3º—Actividades Académicas y docentes en vacaciones. Durante las vacaciones los servidores judiciales no podrán ejercer actividades remuneradas, salvo las académico docentes o académicas para instituciones de enseñanza, científicas o culturales de prestigio e independencia, organismos internacionales, o gobiernos extranjeros, autorizadas por la Corte Plena o el Consejo Superior, según los casos, o de su Presidente en los de urgencia, siempre que no se afecte el necesario descanso del servidor.

Estas mismas reglas se aplicarán a las licencias sin goce de salario.

En ambos casos siempre que las labores no entren en contradicción con el artículo 14 ó 17 párrafo tercero de la Ley Nº 8422, contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.”.

San José, 16 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32621) Secretaria General

CIRCULAR Nº 46-2006

ASUNTO: Servidores que deseen jubilarse, no están obligados a dar preaviso.

A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES

JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en Sesión Nº 14-06, celebrada el 2 de marzo de dos mil seis, artículo XXIV, dispuso comunicarles que el trabajador que se acoge a una jubilación, se encuentra excento de la obligación de dar preaviso al patrono, en este caso al Poder Judicial.

San José, 27 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32622) Secretaria General

SE REPRODUCE POR ERROR

CIRCULAR Nº 48-2006

ASUNTO: Reglamento para la Administración y Uso de los Recursos Informáticos del Poder Judicial.

A TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena, en Sesión Nº 02-06, celebrada el 16 de febrero de dos mil seis, artículo LI, aprobó el “Reglamento para la Administración y Uso de los Recursos Informáticos”, cuyo texto literalmente dice:

“REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO

DE LOS RECURSOS INFORMATICOS DEL PODER JUDICIAL

CONTENIDO

I. DISPOSICIONES GENERALES

II. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO DE EQUIPO (HARDWARE).

III. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO DE PROGRAMAS (SOFTWARE)

IV. DEBERES DE LOS USUARIOS

V. DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Propósito del Reglamento. El presente Reglamento busca armonizar la administración y uso de los recursos informáticos del Poder Judicial, con un adecuado respeto por los derechos constitucionales: a la libertad de expresión, privacidad de las comunicaciones y propiedad intelectual y un uso eficiente que garantice el máximo aprovechamiento de dichos recursos.

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos de esta normativa se entenderá por:

Administración Superior: Corte Plena y Consejo Superior del Poder Judicial.

Identidad del Usuario: Es el nombre con el que el sistema identifica a una persona, mediante el cual se perfilan los derechos del usuario dentro del sistema.

Componentes internos del computador: Se entiende por componentes internos, dispositivos tales como: tarjetas de red, tarjetas de fax, unidad central de proceso (C.P.U.), tarjeta madre, tarjetas de memoria, disco duro, fuente de poder, unidad de diskette, unidad de disco compacto (compaq disk), unidad de DVD (digital versatile disk), teclado, mouse u otros de similar naturaleza.

Contraseña (Clave): Junto con la identidad del usuario, permite tener acceso a los diferentes servicios informáticos; es la parte secreta que sólo el dueño de la identidad del usuario debe conocer. Puede conformarse mediante el empleo de combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas y números. También se le llama “palabra de paso” o “clave”. (password).

Equipo electrónico: Son los circuitos electrónicos y componentes que pueden verse y tocarse. Es propiamente la parte tangible del computador y demás dispositivos periféricos, como impresora, teclado, enrutadores, switches, etcétera.

Red Internacional (Internet): Red informática para negocios y entretenimiento. También se le llama “ciberespacio”. Es la red de comunicación mediante redes a nivel mundial (W.W.W.). Conjunto de servidores interconectados electrónicamente, distribuidos en todo el mundo de manera que permiten compartir información y recursos.

Red Interna (Intranet): Red privada que se basa en las mismas tecnologías que Internet, pero restringida para el uso de un grupo de usuarios específico; por ejemplo, usuarios de una organización, de un edificio o de un conjunto de oficinas.

Red Interna del Poder Judicial: Se refiere a la red privada que permite el acceso de los servidores del Poder Judicial únicamente, salvo que exista una autorización expresa por parte de la Dirección Ejecutiva para que ingresen terceros ajenos a la Institución, con fines de interés para ésta.

Perfil de Usuario: Son las características personales de un usuario, incluyendo los derechos y permisos atribuidos a él; a través del perfil del usuario se indica al sistema los permisos para acceder, ejecutar, modificar, ver, imprimir, borrar, copiar y cualquier otra función respecto a los programas, archivos y directorios de un ambiente computacional.

Recurso informático: Son los componentes o dispositivos tanto de equipo electrónico (hardware), como de programas (software) que permiten a una persona interactuar directa o indirectamente con la información; ya sea leerla, copiarla, moverla, transmitirla, escucharla o visualizarla.

Reglamento: Para el caso de esta normativa, se entenderá como el presente “Reglamento para la administración y uso de los recursos informáticos del Poder Judicial”.

Espacio Electrónico del Poder Judicial: se refiere al equipo servidor del Poder Judicial, donde se localiza información y demás servicios tecnológicos que están a disposición de los usuarios internos y externos, con facilidades de búsqueda mediante tecnología de Internet.

Programas (software): Son las instrucciones que hacen que el computador sea útil para el usuario. Es el componente intangible, pero necesario para que todo el equipo funcione.

Virus: Secuencia de código que se inserta en un archivo, sin consentimiento del dueño de la computadora, denominado “huésped”, de forma que cuando el archivo se ejecuta, el “virus” también lo hace y se duplica a sí mismo en otros programas. Los “virus” informáticos generalmente tienen como objetivo afectar el correcto funcionamiento de los recursos computacionales.

Gran Red Mundial (World Wide Web (WWW)): Es el área de Internet a la que se puede acceder mediante un navegador web. Esa red no es toda la red Internet, sino un subconjunto de ella.

Artículo 3º—Competencia del Departamento de Tecnología de Información en la administración de recursos informáticos. Corresponde al Departamento de Tecnología de Información del Poder Judicial:

a)- Proponer las políticas, estándares y procedimientos que en materia de tecnología de información regirán en la Institución. La Administración Superior autorizará o improbará dichas propuestas y las modificará cuando lo considere conveniente. En situaciones calificadas relativas al funcionamiento operativo de la tecnología, el Departamento de Tecnología decidirá los lineamientos que permitan solventar la problemática de manera oportuna.

b)- Establecer los mecanismos necesarios para implementar un control de las licencias de uso de los programas (software) adquiridos por el Poder Judicial. Paralelamente, se instaurará control para las garantías de todos los recursos informáticos adquiridos por la Institución.

c)- Realizar, en coordinación con el Departamento de Proveeduría, una revisión técnica de todos los equipos de cómputo en servicio en el Poder Judicial; tanto del equipo nuevo que ingresa, como el de redistribución y el arrendado.

d)- Mantener un programa de investigación y divulgación sobre: nuevos productos de programación (software) que pudieran ser de interés para la institución; características adicionales, usos avanzados, formas más eficientes de realizar las tareas con la programación (software) existente en la institución y de esta forma obtener un mejor provecho de los recursos y una mejor capacitación del personal.

Artículo 4º—Acceso a Internet. Corresponde a la Dirección Ejecutiva aprobar o improbar las solicitudes de los servidores judiciales para acceder al servicio de Internet. En el caso de resolver afirmativamente cada solicitud, la Dirección Ejecutiva la trasladará al Departamento de Tecnología de Información para que valore las posibilidades y repercusiones técnicas y en caso de obtener un criterio positivo, llevar a cabo los procedimientos necesarios para implementar dicho acceso.

Los usuarios autorizados a utilizar este servicio, no almacenarán información en sus equipos, ni harán uso de ellos, en actividades contrarias a la moral y las buenas costumbres, excepto que esa información se requiera para el desempeño de labores propias del cargo. El uso indebido de este servicio se comunicará al Tribunal de Inspección Judicial, para la eventual aplicación del régimen disciplinario, si fuere del caso.

Artículo 5º—Cuentas de Correo Electrónico. Corresponde al Departamento de Tecnología de la Información aprobar o improbar las solicitudes de los servidores judiciales para abrir cuentas de correo electrónico. El Departamento de Tecnología valorará las posibilidades técnicas y de licenciamiento, que la solicitud se resuelva y en caso afirmativo, llevará a cabo los procedimientos necesarios para implementar dicho ingreso.

Los usuarios autorizados deberán solicitar – de previo - a la Dirección Ejecutiva, la autorización necesaria para enviar correos masivos o “en cadena”, que no sean de interés para la institución.

Artículo 6º—Contraseña o clave (password). La contraseña, “palabra de paso” o clave (password) para acceder a los distintos servicios informáticos, es estrictamente personal y por tanto confidencial. En ningún caso se permitirá compartir, prestar la contraseña o ingresar con ella a diferentes máquinas simultáneamente. En razón de lo anterior, cada usuario responderá por las acciones que se reporten ejecutadas utilizando esa contraseña o clave (password).

Artículo 7º—Pertenencia del equipo informático. Queda entendido que los recursos informáticos asignados a cada usuario lo serán en calidad de herramienta de trabajo; como tal se encuentran permanentemente bajo dominio y control del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho a la privacidad de la información almacenada y demás derechos fundamentales establecidos por la Constitución Política.

Artículo 8º—Programa antivirus. El Departamento de tecnología de información velará porque todo recurso computacional asignado, cuente con el programa antivirus en funcionamiento. Al efecto, el Departamento citado coordinará la instalación correspondiente.

Artículo 9º—Deber de respaldar información. Corresponde a los Jefes de Oficina y encargados de la administración de recursos informáticos instalados en cada Despacho, mantener debidamente respaldada la información contenida en los equipos informáticos. Lo anterior, de conformidad con las políticas y procedimientos que al respecto dicte el Departamento de Tecnología de Información.

CAPÍTULO II

De la administración de los recursos informáticos (hardware)

Artículo 10.—Control de Inventarios. Es responsabilidad del Departamento de Proveeduría velar por que todos los recursos informáticos se encuentren debidamente identificados e inventariados, siguiendo los lineamientos generales sobre control de bienes del Poder Judicial.

Artículo 11.—Responsabilidad de los Jefes de Oficina. Corresponde a los Jefes de Oficina velar por que se de un uso racional a los recursos informáticos, acorde con lo que se define en el presente Reglamento.

Lo anterior, sin perjuicio de otras políticas dictadas por las Autoridades Superiores o lineamientos técnicos emitidos por el Departamento de Tecnología de Información.

Artículo 12.—Manipulación del recurso informático. Corresponde únicamente al personal del Departamento de Tecnología de Información u otros funcionarios autorizados por ese Departamento: abrir, configurar o reconfigurar, programar o reprogramar e instalar o desinstalar programas (software) en los equipos propiedad del Poder Judicial. Asimismo, los componentes internos de los equipos informáticos solamente pueden ser removidos, cambiados o intercambiados por el personal de ese Departamento.

Artículo 13.—Salida de equipo informático. Los equipos informáticos no pueden ser trasladados a otras oficinas u otros lugares fuera del ámbito de la Oficina a la cual fueron asignados, salvo que se cuente de previo con la debida autorización de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 14.—Equipo propiedad de terceros. Corresponde a la Dirección Ejecutiva en coordinación con el Departamento de Tecnología de Información, autorizar el ingreso a las oficinas del Poder Judicial, de equipos computacionales propiedad de terceros, que se pondrá al servicio de la institución.

La solicitud de ingreso deberá remitirla el Jefe del Despacho con los documentos que acrediten al tercero como propietario del equipo informático, así como las licencias respectivas de los programas (software) instalados en ese equipo.

Si la solicitud fuere aprobada, se comunicará a los Departamentos de Tecnología de Información y Seguridad, brindando la información suficiente para crear los mecanismos necesarios que autoricen una ubicación oportuna de ese equipo.

Se podrá aprobar la instalación de otro programa (software) que se requiera para un aprovechamiento óptimo del recurso informático, pero no obstante, el mantenimiento del equipo siempre correrá por cuenta del propietario.

Para la salida de un equipo informático propiedad de terceros, de las instalaciones del Poder Judicial, autorizado conforme lo anterior, los programas (software) pertenecientes a la institución deberán ser desinstalados por personal autorizado.

En cualquier caso, esta gestión debe ponerse de previo, en conocimiento del Departamento de Tecnología de Información.

CAPÍTULO III

De la administración de los recursos de software

Artículo 15.—Autorización de uso. En caso de que los usuarios de los recursos tecnológicos requieran almacenar, instalar, ejecutar, o copiar de Internet programas (software) diferentes al instalado en sus equipos, deberán coordinar previamente con el Departamento de tecnología. Lo anterior, con el fin de evitar riesgos legales o de funcionamiento de los equipos.

Artículo 16.—Autorización para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Todo proyecto para desarrollar o implementar aplicaciones informáticas, páginas “web” o cualquier otro servicio informático, requiere de la aprobación, del Departamento de tecnología de información. Este deberá, en caso de aprobarse la solicitud y una vez valorada su viabilidad funcional técnica y presupuestaria, expresar de manera precisa los lineamientos técnicos específicos, según las políticas, procedimientos y reglas previamente definidas.

CAPÍTULO IV

Deberes de los usuarios

Artículo 17.—Son deberes de los usuarios. Los usuarios de los recursos informáticos propiedad del Poder Judicial tienen los siguientes deberes:

a) Salvaguardar la confidencialidad de la contraseña o clave (password) y abstenerse de facilitarla a terceros por cualquier motivo. Cada usuario será responsable de las acciones que se reporten ejecutadas con su contraseña o clave (password). En los casos de sustitución, se asignará al sustituto, un nombre de usuario y una contraseña o clave transitorias y nunca la correspondiente a la persona sustituida.

b) En el caso de los servidores judiciales a quienes se les otorgue permiso con o sin goce de salario o para aquellos que concluyen su relación laboral con la institución, el Jefe del Departamento de Personal de inmediato pondrá esta situación en conocimiento del Departamento de tecnología de información, con el fin de que las correspondientes cuentas de correo, nombre de usuario y contraseña o clave, sean temporalmente suspendidas o eliminadas, según corresponda.

c) Cada usuario generará sus propias contraseñas o claves (passwords), cada cierto período de tiempo en la medida que las posibilidades técnicas así lo permitan. Las conformará mediante el empleo de letras mayúsculas, minúsculas y números. El período lo establecerá el Departamento de tecnología de información, dependiendo de la sensibilidad de la información de cada sistema.

d) Deberá abstenerse de utilizar los recursos informáticos de la institución, para exhibir, copiar, mover, reproducir o manipular de cualquier otra forma, material de contenido atentatorio contra la ética, la moral o las buenas costumbres.

e) En caso de sospechar la presencia de un “virus” en el equipo computacional, el servidor respectivo deberá notificar de inmediato únicamente al Departamento de tecnología de información, quien valorará el caso y tomará las medidas pertinentes.

f) Cada vez que deba ausentarse de su microcomputador durante la jornada ordinaria, bloqueará el acceso de forma que impida el uso de ese equipo por usuarios diferentes.

g) Abstenerse en todo momento de remover, cambiar o intercambiar los componentes internos de los recursos informáticos y configurar o reconfigurar, programar o reprogramar e instalar o desinstalar programas (software) en los equipos de la Institución. Esto sin perjuicio de que el Departamento de Tecnología de Información pueda autorizar expresamente a uno o varios usuarios de despachos judiciales para realizar estas labores.

h) Abstenerse de utilizar los recursos informáticos de la institución para realizar actividades personales o con fines lucrativos.

i) Emplear únicamente el equipo informático y programas (software) que se le haya asignado o tenga derecho a compartir.

j) Observar el debido cuidado al manipular bebidas, alimentos o diferentes sustancias en los lugares donde se encuentren equipos informáticos, para evitar causarles daño o deterioro por causa de descuido o negligencia.

k) Es prohibido enviar, copiar o facilitar por cualquier medio información propiedad del Poder Judicial y que por su naturaleza no deba divulgarse a terceros ajenos a la Institución. Lo anterior, excepto que se cuente con la debida autorización de la Administración Superior.

l) No suprimirá, modificará, borrará o alterará los medios de identificación de los equipos, o entorpecerá de cualquier otra forma los controles que para fines de inventario se establezcan.

m) Procurará el mejor aprovechamiento del recurso de almacenamiento del equipo asignado o el disponible en la red, de forma que no se guarden archivos de cualquier tipo, ajenos a los fines e intereses de la institución.

n) Aplicará todos los lineamientos de seguridad que dicte el Departamento de Tecnología de Información, para evitar el ingreso de aplicaciones no deseadas (virus, gusanos, etcétera) a los sistemas informáticos judiciales.

CAPÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 18.—Modificaciones al presente Reglamento. Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia llevar a cabo las modificaciones que se estime necesarias al presente Reglamento.

Artículo 19.—Acciones disciplinarias. Las infracciones al presente reglamento darán motivo para iniciar el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario de conformidad con lo que dispone la ley Orgánica del Poder Judicial y la legislación supletoria.

Artículo 20.—Derogatorias. Con la promulgación del presente reglamento quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al mismo.

Rige a partir de la fecha de su publicación.”

San José, 29 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32623) Secretaria General

CIRCULAR Nº 52-2006

ASUNTO: Reiteración de la Circular Nº 68-2004, publicada en el Boletín Judicial N° 110, del 7 de junio del 2004.

A TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

QUE CUENTAN CON CORREO ELECTRÓNICO

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en Sesión N° 16-06, celebrada el 7 de marzo de 2006, artículo LXXXIV, dispuso reiterar la circular N° 10-2004, publicada en el Boletín Judicial N° 33 del 17 de febrero de 2004, que en lo conducente dice:

“...que el artículo 7 del Reglamento de Procedimientos de las Comunicaciones por medios electrónicos de las Oficinas Judiciales” literalmente dice:

“Artículo 1º—De acuerdo la sesión N° 19-2000 celebrada el 15 de mayo del 2000, artículo XV, las oficinas administrativas y despachos jurisdiccionales, quedan facultadas para comunicar por medios electrónicos, los acuerdos y decisiones adoptadas por Corte Plena y el Consejo Superior, así como cualquier otras comunicación oficial. A esos efectos, deberán tomar las medidas necesarias para utilizar este mecanismo como su principal medio de comunicación.”

En razón de lo anterior, con el fin de dar estricto cumplimiento de lo que establece ese artículo y de aligerar el trámite en documentos sometidos a conocimiento de la Corte Plena y del Consejo Superior, deberán remitir a la Secretaría General todas sus comunicaciones e informes, única y exclusivamente por correo electrónico, cuenta electrónica secre_corte@poder-judicial.go.cr. Solo se hace la excepción en aquellos asuntos en que a los oficios originales se les deben acompañar de expedientes o diligencias de interés”.

San José, 27 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1.—(32624) Secretaria General

CIRCULAR Nº 53-2006

ASUNTO: Obligación de Informar de las Disposiciones tomadas por el Consejo Superior.

A TODOS LOS INTEGRANTES DE LOS DISTINTOS CONSEJOS

DE ADMINISTRACIÓN DE CIRCUITO DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en Sesión Nº 16-06, celebrada el 7 de marzo de dos mil seis, artículo LXXXV, dispuso comunicarles que como representantes de sus respectivos circuitos judiciales, deben informar a los servidores y Despachos Judiciales, de las disposiciones tomadas por el Consejo Superior, cuando el contenido de lo dispuesto, sea de su interés.

San José, 27 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32625) Secretaria General

CIRCULAR Nº 60-2006

ASUNTO: Reglamento de reconocimientos otorgados por el Poder Judicial.

A LAS INSTITUCIONES, ABOGADOS, FUNCIONARIOS

Y SERVIDORES JUDICIALES DEL PAÍS Y AL PÚBLICO

EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena, en Sesión Nº 03-06, celebrada el 27 de febrero de 2006, artículo XIII, aprobó el “Reglamento de reconocimientos otorgados por el Poder Judicial”, cuyo texto literalmente dice:

“REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS

OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL”

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º—Alcances. Este Reglamento regula todo lo relativo a los reconocimientos otorgados por el Poder Judicial.

Artículo 2º—Propósito. Tiene como propósito, incentivar las labores de todos los profesionales en derecho o de otras materias, a todas las y a los servidores y ex-servidores judiciales, a los grupos de trabajadores de una determinada oficina o Circuito Judicial, así como a las o los juristas nacionales o extranjeros que en su quehacer profesional, incidan o hubieren incidido en el ámbito jurídico nacional.

Artículo 3º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento, se definen los siguientes términos:

a) Reconocimiento: Galardón o Distinción otorgado por el Poder Judicial.

b) Pergamino: Documento oficial extendido por el Poder Judicial, para acreditar un determinado reconocimiento.

c) Medalla: Pieza de metal batida o acuñada, comúnmente redonda, con el logo de la Diosa de la Justicia y alguna inscripción a juicio de la Corte Plena, en oro de diez quilates y con un peso de quince gramos.

d) Antigüedad: Conjunto de derechos y beneficios que los servidores judiciales tienen en la medida de la prestación cronológica de sus servicios, en relación con un determinado patrono, por una cierta actividad o en un empleo o trabajo determinado, con las características imprescindibles de permanencia mayor o menor y de efectiva continuidad desde sus ingresos hasta un determinado momento, salvo convenidos suplementos.

e) Jurista: Aquella persona, nacional o extranjera, que contribuye o ha contribuido a desarrollar la ciencia jurídica de Costa Rica.

f) Circuito Judicial: Unión u organización territorial de varios despachos judiciales, para la eficiencia y el buen servicio público de la Administración de Justicia.

g) Servidor Judicial: Persona que labora para el Poder Judicial.

h) Juez o Jueza de la República: Funcionario cuya tarea consiste en administrar justicia.

i) Tribunal de Reconocimientos: Tribunal nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que se encarga del estudio y análisis de los atestados de los candidatos, para los reconocimientos establecidos en este Reglamento y de la elaboración de la propuesta para conocimiento de la Corte Plena.

j) Grupo de Trabajo: Entiéndase un grupo de servidores del Poder Judicial que laboran para una misma oficina o Despacho o, bien, un Circuito Judicial.

Artículo 4º—Ámbito de Cobertura. Este reglamento abarca a todos los servidores o ex-servidores judiciales, así como aquellas personas que en su quehacer profesional, incidan o hubiesen incidido en el ámbito jurídico nacional.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

Del tribunal de reconocimientos

Artículo 5º—Creación del Tribunal. Créase por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Reconocimientos para el otorgamiento de éstos, a todos los servidores o ex-servidores judiciales; así como a aquellas personas que, en su quehacer profesional, influyan o hubieren influido en el ámbito jurídico nacional.

Artículo 6º—Integración. El Tribunal de Reconocimientos estará integrado por cinco miembros. Cuatro de ellos serán Magistrados o Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (uno de cada Sala y de su elección) y el o la restante, será un integrante del Consejo Superior del Poder Judicial, de su libre elección. Presidirá el Magistrado o Magistrada de más antigüedad en servicio en la Corte.

SEGUNDA OPCIÓN:

El Tribunal de Reconocimientos estará integrado por cinco miembros, a saber:

1) El Coordinador del Consejo de la Judicatura.

2) El Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.

3) El Coordinador del Consejo de Personal.

4) El Coordinador de la Comisión de Rescate de Valores del Poder Judicial.

5) Un integrante del Consejo Superior del Poder Judicial.

En caso de ausencia de alguno de ellos, lo sustituirá quien corresponda hacerlo en el órgano respectivo. Sin embargo, en el caso del integrante del Consejo Superior, lo suplirá otro de los titulares de ese órgano. Preside el funcionario de mayor antigüedad en la Corte.

Artículo 7º—De sus atribuciones. Corresponde al Tribunal de Reconocimientos:

a) Informar cada año, en el mes de octubre, a todos los servidores judiciales acerca de la apertura del concurso de los reconocimientos que el Poder Judicial puede otorgar.

b) Realizar un estudio y análisis exhaustivo, claro, motivado y transparente de todos los candidatos propuestos.

c) Escoger entre todos los postulantes a las personas cuyos nombres se enviarán a la Corte para su eventual elección final.

d) Estimular, promover y reconocer el buen servicio de los trabajadores judiciales, en general.

Artículo 8º—De las sesiones. Las sesiones del Tribunal de Reconocimientos serán privadas a menos que, por voto mayoritario de sus miembros, se acuerde en casos especiales sesionar públicamente.

Artículo 9º—Comisiones de Trabajo. En los asuntos de su competencia, el Tribunal de Reconocimientos podrá integrar comisiones de trabajo con aquellas personas que estime convenientes para coadyuvar a la escogencia, entre todos los postulantes, de las personas cuyos nombres se enviarán a la Corte para su eventual elección final.

Artículo 10.—De las convocatorias. El Tribunal lo convocará quien preside cuando lo estime conveniente o cuando lo soliciten -al menos- tres de sus miembros.

Artículo 11.—De la votación. El Tribunal podrá tomar decisiones válidas por simple mayoría y sesionar con la presencia de por lo menos cuatro de sus integrantes, previa convocatoria con cuatro días hábiles de antelación, salvo casos de urgencia. Cuando haya número par de miembros presentes en la sesión convocada y se produzca un empate en cualquier votación, el Presidente decidirá con doble voto.

Artículo 12.—De los informes del Tribunal. El Tribunal rendirá un informe anual de sus actividades a la Corte Suprema de Justicia.

CAPÍTULO II

Del proceso de selección

Artículo 13.—De la convocatoria. Cada año, en el mes de octubre, el Tribunal de Reconocimientos publicitará por los medios que estime pertinentes, los diferentes concursos para otorgar los galardones que regulan este Reglamento, de modo que procedan a nominar a la persona que consideren merecedora de dicho reconocimiento. Las nominaciones de los candidatos se realizarán mediante el formulario que al respecto se adjuntará, el cual deberá remitirse a la dirección indicada en el momento de la convocatoria. El límite para presentar las nominaciones, será el 1° de diciembre siguiente.

Artículo 14.—Requisitos mínimos para ser nominado. Sin perjuicio de los que se establezcan para cada reconocimiento en particular, el nominado deberá ser persona de reconocida solvencia moral.

Artículo 15.—Factores de evaluación. El Tribunal de Reconocimientos evaluará los siguientes factores:

a) Tiempo servido: Tener como mínimo diez años de antigüedad en un puesto en propiedad dentro del Poder Judicial.

b) Historial disciplinario: En caso de haber sanciones se analizará cada una, a efecto de establecer el impacto que produjo el hecho sancionado. (Párrafo final del artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

c) Calidad, rendimiento y desempeño del trabajo.

d) Espíritu de servicio en actividades no jurisdiccionales: Este aspecto se asocia a la participación activa que haya observado en actividades en beneficio del Poder Judicial.

e) Comportamiento institucional adecuado: Se determinará si el candidato se ajusta al medio en que se desenvuelve y al impacto de su conducta en y hacia el Poder Judicial.

Artículo 16.—Del proceso de selección. Una vez concluido el plazo para presentar las nominaciones de los candidatos a este premio, el Tribunal de Reconocimientos formulará su recomendación en sobre cerrado dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para su trámite. En caso de que el Tribunal o la Corte estimen que los nombres propuestos no reúnen los requisitos exigidos por este Reglamento, podrá declararse desierta la elección.

CAPÍTULO III

Sobre el otorgamiento de los reconocimientos en corte plena

Artículo 17.—Sobre el otorgamiento del reconocimiento en Corte Plena. La persona seleccionada para el galardón, se escogerá de la lista enviada por el Tribunal de Reconocimientos a la Corte Suprema de Justicia. Para otorgarlo, se requerirá mayoría simple del total de sus miembros, sea doce votos.

Esta sesión será secreta y en el acta se dejará constancia únicamente del resultado numérico de la votación.

Artículo 18.—Sobre el archivo que llevará la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, llevará un consecutivo en el que consten las recomendaciones de las Comisiones y lo dispuesto por la Corte en relación con las propuestas de reconocimientos.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I

De los reconocimientos

Artículo 19.—Los reconocimientos. Los reconocimientos que el Poder Judicial podrá otorgar, sin perjuicio que posteriormente se creen otros, son:

a) “Fernando Coto Albán”,

b) “Ulises Odio Santos”,

c) “Al buen profesional”,

d) “Al buen servidor o ex-servidor judicial”,

e) “A la excelencia judicial o buenas prácticas de gestión judicial y,

f) “A la Cátedra UNICEF-CORTE”

CAPÍTULO II

Reconocimiento “Fernando Coto Albán”

Artículo 20.—Reconocimiento “Fernando Coto Albán”. El Reconocimiento “Fernando Coto Albán”, se otorgará al administrador o ex-administrador de justicia que se haya destacado por su mística, honradez, transparencia y dedicación al trabajo y que sus cualidades y logros profesionales hayan contribuido a enaltecer la labor del Juez o Jueza en la sociedad costarricense.

Artículo 21.—Sobre el reconocimiento. El galardón consistirá en una medalla de oro de diez quilates y de un peso de quince gramos, que llevará la leyenda “Reconocimiento Fernando Coto Alban” AL BUEN JUEZ O JUEZA (según corresponda), el logo de la Diosa de la Justicia y las demás indicaciones establecidas por la Corte Plena. Asimismo, a quienes resulten elegidos o elegidas, se les entregará una suma en efectivo fijada prudencialmente por la Corte.

CAPÍTULO III

Reconocimiento “Ulises Odio Santos”

Artículo 22.—Reconocimiento “Ulises Odio Santos”. El Reconocimiento “Ulises Odio Santos” se otorgará al autor o autora que hubiese publicado un trabajo, artículo o escrito en general de utilidad y trascendencia para el Poder Judicial.

Artículo 23.—Factores de evaluación. Para su otorgamiento, el Tribunal de Reconocimientos considerará de los trabajos que concursen o de los que éste seleccione libremente, entre otros, los siguientes aspectos: su novedad, su actualidad, el valor científico de la contribución, su relevancia teórica o práctica, su fundamentación doctrinal y jurisprudencial y el aporte que represente para la vida jurídica nacional.

Artículo 24.—Sobre el reconocimiento. El galardón consistirá en una medalla de oro de diez quilates y de un peso de quince gramos, que llevará la leyenda “Reconocimiento Ulises Odio Santos”, el logo de la Diosa de la Justicia y las demás indicaciones estipuladas por la Corte Plena. Asimismo, a quien resulte elegido o elegida, se le entregará una suma en efectivo, fijada prudencialmente por la Corte.

CAPÍTULO IV

Reconocimiento “Al Buen Profesional”

Artículo 25.—Reconocimiento “Al Buen Profesional”. El Reconocimiento “Al Buen Profesional” se destinará a la persona que por su quehacer profesional, hubiese influido o influya en el ámbito jurídico nacional.

Artículo 26.—Requisitos para ser nominados. Los requisitos mínimos para ser nominados, son:

a) Contar con una trayectoria jurídica nacional o internacional de relevancia.

b) Que su obra ayudase o hubiese ayudado al desarrollo doctrinal, legal o jurisprudencial en cualquier ámbito jurídico nacional.

Artículo 27.—Factores de evaluación. El Tribunal de Reconocimiento del Poder Judicial tomará en cuenta los aportes a la ciencia jurídica, en cuanto incidan directamente en el régimen jurídico nacional, en cualquier ámbito.

Artículo 28.—Sobre el reconocimiento. El galardón consistirá en una medalla de oro de diez quilates y de un peso de quince gramos, que llevará la leyenda “Al Buen Profesional”, el logo de la Diosa de la Justicia y las demás indicaciones que estipule la Corte Plena. Asimismo, a quien resulte elegido o elegida, se le entregará una suma en efectivo fijada prudencialmente por la Corte. Si el galardonado reside fuera del país, se financiarán los pasajes aéreos que correspondan y su estadía en Costa Rica por al menos cuatro días

CAPÍTULO V

Reconocimiento “Al Buen Servidor

o Exservidor Judicial”

Artículo 29.—Reconocimiento “Al Buen Servidor o Ex-servidor Judicial”. El Reconocimiento “Al Buen Servidor o Ex-servidor Judicial” estará destinado al empleado o ex-empleado, que en el desempeño de sus labores se haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y que con su actitud hubiese enaltecido al Poder Judicial.

Artículo 30.—Requisitos para ser nominado.

a) Estar nombrado en propiedad o haberlo estado.

b) Haber laborado más de diez (10) en el Poder Judicial.

Artículo 31.—Acerca del reconocimiento. El galardón consistirá en una medalla de oro de diez quilates y de un peso de quince gramos, que llevará la leyenda “Reconocimiento al Buen Servidor o Exservidor Judicial”, el logo de la Diosa de la Justicia y las demás indicaciones estipuladas por la Corte Plena. Asimismo, a quien resulte elegido o elegida, se le entregará una suma en efectivo fijada prudencialmente por la Corte y su retrato se ubicará en un espacio físico denominado “Sala del Servidor Judicial”.

CAPÍTULO VI

Reconocimiento “A la Excelencia Judicial

o Buenas Prácticas de Gestión Judicial”

Artículo 32.—Reconocimiento “A la Excelencia Judicial o Buenas Prácticas de Gestión Judicial.”. El Reconocimiento “A la excelencia Judicial o Buenas Prácticas de Gestión Judicial” se otorgará a aquel grupo de trabajadores de una determinada oficina o Despacho, o Circuito Judicial, que se haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y que con su actitud grupal hubiese enaltecido al Poder Judicial.

Para la concesión de este reconocimiento, se procederá conforme a lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 01-06 celebrada el 23 de enero de 2.006, artículo XXXII.

Artículo 33.—Sobre el reconocimiento. El galardón consistirá en un pergamino, placa o trofeo, a juicio de la Corte Plena. Asimismo, se hará la anotación correspondiente en el expediente personal de cada servidor.

CAPÍTULO VII

Reconocimiento a la “Cátedra UNICEF-CORTE”

Artículo 34.—Para otorgar el reconocimiento de la Cátedra UNICEF-CORTE, creada mediante Convenio 27-CG-01, aprobado en sesión de Corte Plena N° 7-2001, celebrada el 26 de febrero de 2001, artículo XXV y firmado el quince de marzo del año en curso, se procederá conforme lo establecido en el Reglamento que -para estos efectos- aprobó la Corte Plena en sesión Nº 11-2001, celebrada el 26 de marzo de 2001, artículo XXV, adicionado como Anexo a este Reglamento General.

Disposiciones finales

Artículo 41.—Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se contrapongan a este Reglamento.

Rige a partir de su publicación en el Boletín Judicial.

ANEXO

“Reglamento para otorgar el reconocimiento

de la Cátedra UNICEF-CORTE”

Artículo 1º—Para otorgar el reconocimiento de la Cátedra UNICEF-CORTE, creada mediante Convenio 27-CG-01, aprobado en sesión de Corte Plena N° 7-2001, celebrada el veintiséis de febrero pasado, artículo XXV y firmado el quince de marzo del año en curso, el Presidente de la Corte deberá gestionar, en la primera semana de abril de cada año, la constitución y renovación del Tribunal Académico a que se refiere el Convenio.

A esos efectos, en los años subsiguientes, los órganos representados ante el Tribunal –incluido el representante de la Presidencia-, deberán indicar dentro de los ocho días hábiles siguientes, si desean sustituir o reelegir a sus designados.

Artículo 2º—Para instalar el Tribunal Académico por primera vez, el Presidente los convocará a una sesión de instalación en la cual los integrantes deberán escoger un coordinador.

En los años subsiguientes se nombrará el coordinador según lo acuerden sus integrantes, en una sesión convocada a ese efecto, que no podrá pasar del respectivo mes de abril.

Artículo 3º—El coordinador será el encargado de citar a los miembros restantes a las sesiones de trabajo y a dirigir su labor, incluyendo el establecimiento de los plazos y reglas de recepción de candidaturas o postulantes, siempre velando por el efectivo cumplimiento del Convenio y de este Reglamento.

Artículo 4º—El Tribunal Académico llevará un libro de actas para consignar el o los ganadores de la distinción.

Artículo 5º—El Tribunal abrirá un plazo para postulaciones de 15 días naturales, al que deberá dársele publicidad.

Artículo 6º—El Tribunal sesionará las veces que sean necesarias, para estudiar las postulaciones, obras y trabajos que se hayan efectuado, y sus decisiones se adoptarán por mayoría.

Asimismo podrá invitar a formar parte suya o a apoyar su gestión de análisis de los aportes, a dos miembros de la comunidad académica nacional, en su condición de colaboradores, sin derecho a voto.

Artículo 7º—La designación deberá estar motivada, no tendrá recurso alguno y será comunicada a la Corte Plena para su conocimiento.

Artículo 8º—El premio será entregado por el Presidente de la Corte en un acto especial, con el fin de hacer este reconocimiento público.

Artículo 9º—Este Reglamento rige a partir de su publicación.”

San José, 28 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32626) Secretaria General

CIRCULAR Nº 63-2006

ASUNTO: Prohibición a los peritos de recibir dinero directamente de las partes.

A TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en Sesión Nº 18-06, celebrada el 14 de marzo de 2006, artículo LXXXVIII, dispuso comunicarles que cuando se nombren peritos o ejecutores dentro de algún proceso sometido a su conocimiento, se les recuerde a estos, que no deben ni pueden cobrar dineros directamente de las partes, por el peritaje realizado o la labor desarrollada, conforme lo señala Reglamento para regular la función de los Ejecutores y Peritos del Poder Judicial, publicado en Boletín Judicial N° 190 del 29 de setiembre del 2004, en su artículo 32 inciso N° 4, que literalmente dice:

“Recibir dinero directamente de las partes, sea para realizar actos contrarios a sus labores o como adición a los honorarios girados por el despacho.”

San José, 30 de marzo del 2006.

Silvia Navarro Romanini,

1 vez.—(32627) Secretaria General

SALA CONSTITUCIONAL

Res. Nº 2005-17612.—San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil cinco. Exp. Nº 05-003797-0007-CO.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Max Alberto Esquivel Faerron, en su calidad de Defensor de los Habitantes de la República a.i., portador de la cédula de identidad número 1-691-926, contra la Ley de Presupuesto Ordinario de la República número 8428 de diez de diciembre de dos mil cuatro, específicamente en su título 115 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), programa 735 (transferencias y aportes varios) Unidad Ejecutora Despacho del Ministro de Trabajo, partida 664 01 132 23 210, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Intervinieron también en el proceso Ana Lorena Brenes Esquivel en su condición de Procuradora General de la República, el Presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, el Ministro de Hacienda Federico Carrillo Zürcher, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Fernando Trejos Ballestero y el Presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González Esquivel.

Resultando:

1.—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el cuatro de abril de dos mil cinco, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República número 8428 de diez de diciembre de dos mil cuatro, específicamente en su título 115 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), programa 735 (Transferencias y aportes varios) Unidad Ejecutora Despacho del Ministro de Trabajo, partida 664 01 132 23 210, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Señala que dicha partida es inconstitucional por omisión, pues irrespeta lo dispuesto por el legislador ordinario en el artículo 9º de la Ley número 6914 del veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres (Ley que reforma la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social) y por consiguiente, violar los principios y derechos fundamentales derivados de lo dispuesto en los artículos 33, 50, 51 y 74 de la Constitución Política. La magnitud del recorte aplicado en la transferencia que corresponde al Fondo por concepto del impuesto general sobre las ventas, repercute en un progresivo deterioro de programas sociales que atienden a segmentos de población en condición de exclusión y vulnerabilidad, tales como niños y adolescentes en condición de pobreza, adultos mayores, indigentes, pensionados por parálisis cerebral, pacientes en fase terminal, mujeres jefes de familia, personas con discapacidad, adictos a las drogas y al alcohol, pequeños agricultores y otros colectivos a los que el Estado debe una especial protección, según lo establece la propia Constitución Política. Asimismo, se señala que de los 22.404,54 millones de colones estimados para el presupuesto de dos mil cinco por ese mismo concepto, sólo se haría efectivo el mismo monto transferido en dos mil cuatro, sea 10.498,8 millones de colones. A partir de lo anterior y considerando que el artículo 9º de la Ley 6914 establece que del producto del Impuesto General sobre las Ventas se girará el 20% a FODESAF (es decir 91.268 millones de colones en dos mil cuatro y 103.400 en dos mil cinco, según los montos estimados por dicho concepto en los respectivos presupuestos ordinarios) la Defensoría requirió al Ministerio de Hacienda el fundamento jurídico en que éste se basa para incluir, en los presupuestos respectivos, transferencias a FODESAF inferiores al 20% antes indicado. El Ministro de Hacienda contestó el Poder Ejecutivo no ha desconocido esos destinos, sino más bien ha intentado dotarlos de recursos, eso sí, de conformidad con los principios de equidad, justicia, razonabilidad y proporcionalidad que conllevan los documentos presupuestarios y con la realidad de las finanzas nacionales, pues entiende la necesidad de los mismos pero existe una imposibilidad material para financiarlos, ya que en la mayoría de los casos, los mismos fueron creados sin fuente de financiamiento. Indica que mediante resolución número 2004-14247 del quince de diciembre del dos mil cuatro, la Sala Constitucional se pronunció sobre una consulta que se le interpuso relativa a la Ley de Presupuesto Ordinario de la República de dos mil cinco y constató una violación sustancial en un doble sentido, primero en cuanto al principio constitucional de respeto del legislador presupuestario de los destinos específicos establecidos por el legislador ordinario y segundo, en cuanto a los derechos fundamentales asociados al Fondo, a saber, igual real y efectiva, solidaridad y justicia social y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los habitantes, declarando inconstitucional por omisión la partida establecida en el presupuesto a favor de FODESAF. Argumenta que ni el Poder Legislativo ni el Ministro de Hacienda adoptaron acciones para asegurar la inclusión en el presupuesto nacional de los 103.400 millones de colones que correspondía girar a FODESAF durante el ejercicio económico de dos mil cinco. Con tal omisión, estima que se infringieron los principios de respeto del legislador presupuestario a los destinos específicos establecidos por el legislador ordinario, igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia social, protección y consecución del bienestar de todos los habitantes y progresiva intensificación y extensión de la eficacia de los derechos fundamentales, así como a los artículos 33, 50, 51 y 74 de la Constitución Política, 22, 26 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 y 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 2.2 y 5.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 4, 5, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 26, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1, 2, 4, 5, 9 y 10 del protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Solicita que se declare la inconstitucionalidad por omisión de la partida impugnada; que se ordene al Poder Ejecutivo elaborar en un plazo perentorio, un proyecto de modificación al Presupuesto que incluya la totalidad de los recursos que ordena el artículo 9º de la Ley 6914; que se ordene al Ministerio de Hacienda coordinar con FODESAF un plan de gasto extraordinario para los recursos que se le sumarán; se sugiera al Ministerio de Hacienda la apertura de una cuenta o registro específico de Caja Única a favor de FODESAF; finalmente, que se solicite a la Asamblea Legislativa que proceda a la brevedad a la aprobación del referido presupuesto extraordinario y subsane la omisión acusada.

2º—A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que la Defensoría de los Habitantes de la República se encuentra legitimada en forma directa para incoar todas aquellas acciones jurisdiccionales previstas en el ordenamiento jurídico, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, siempre que la institución considere que se infringen normas y principios de orden superior reconocidos por la Constitución Política o los tratados internacionales vigentes en la República.

3º—Por resolución de las trece horas con cincuenta minutos del cinco de abril de dos mil cinco (folio 48) se le dio curso a la acción, confiriéndose audiencia a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Hacienda, al Presidente de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y al Presidente de la Asamblea Legislativa.

4º—La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 54 a 103, en los siguientes términos. Señala que en la jurisprudencia de la Sala Constitucional se han sostenido varios criterios contradictorios en torno a las rentas con destino específico. Originalmente se había señalado que independientemente de que el legislador ordinario estableciera destinos para los ingresos del Estado, era al legislador presupuestario a quien le correspondía la materia del gasto y su destino (sentencia 1994-05754). En las resoluciones números 513-95 y 514-95, la Sala había indicado que la autorización presupuestaria no llevaba aparejada la obligación de ejecutar el gasto total aprobado por el Parlamento. De esa tesis se extraía que 1) en materia de gasto (límites y destino), la ley presupuestaria podía modificar el derecho objetivo precedente; 2) las autorizaciones de los gastos contenidas en una ley de presupuesto no conllevaban la obligación para el Poder Ejecutivo de ejecutar el total autorizado; 3) dentro del marco de sus potestades de administración, correspondía al Ejecutivo decidir el monto de los recursos económicos que comprometería de conformidad con sus prioridades y la situación económica del país. Esa construcción jurisprudencial, elaborada durante años, fue cambiada en la sentencia número 9317-99 (opinión consultiva), al disponer que el legislador presupuestario no podía variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló uno previamente. Se crea un nuevo criterio, diametralmente opuesto al anterior, que tiene serias implicaciones no sólo de naturaleza jurídica sino económica. En su oportunidad, la Procuraduría opinó al respecto que La nueva posición de la Sala Constitucional afecta severamente la competencia otorgada por la Carta Fundamental al Poder Ejecutivo en la fase de la preparación presupuestaria. Al quedar ahora condicionado por lo que disponga el legislador ordinario sobre el destino específico de ciertas rentas o impuestos, lejos de ser una competencia exclusiva la función de la elaboración presupuestaria, en la cual el órgano tiene amplia libertad para formular y elaborar un presupuesto de acuerdo con las necesidades más apremiantes de la realidad nacional, el ejercicio de esta competencia se nos presenta como concurrente, la cual, con el paso del tiempo, podría convertirse en una competencia residual, donde el Poder Ejecutivo no posea la mínima posibilidad de maniobra. Si a lo anterior se aúna el hecho de que la rigidez presupuestaria es de un 93% aproximada en nuestro medio, debido a la existencia de los gastos necesarios, las normas que se encuentran en los numerales 140 inciso 15) y 177 no tiene mayor de ser, salvo en lo referente al ejercicio exclusivo de la iniciativa en la formación de ley. Otra consecuencia jurídica de la nueva postura del Tribunal Constitucional, es que convierte gastos accesorios en gastos necesarios, lo que aumenta la rigidez presupuestaria y limita severamente la potestad de enmienda del legislativo. El Parlamento, en la etapa de examen, enmienda y aprobación del presupuesto, tampoco podría cambiar el destino de esos gastos, ya que estaría vinculado, irremediablemente, por las normas que emitió como legislador ordinario. Este hecho, al igual que le ocurre al Poder Ejecutivo en la etapa previa que ya hemos comentado, hacen que el legislativo no tenga mayor margen de discrecionalidad en esta etapa del ciclo presupuestario, lo cual vacía de contenido el precepto que está en el numeral 179 de la Constitución Política, en el que se reconoce la potestad de enmienda a favor del legislativo en materia presupuestaria, aunque con ciertas limitaciones. Por último, y este es un aspecto más de naturaleza económica que jurídica, la nueva posición del Tribunal Constitucional, además de aumentar la rigidez presupuestaria, podría agravar la situación tan precaria que se presenta en las finanzas públicas, concretamente aumentar el déficit fiscal, lo cual, en el fondo, podría contravenir el principio constitucional del equilibrio presupuestario. Por las razones que hemos apuntado atrás, tampoco estamos de acuerdo en que el péndulo se mantenga en el extremo actual, es decir, que el Poder Ejecutivo tenga la obligación de presupuestar y girar todas las rentas con destino específico a todos los beneficiarios de ellas. Más bien nos inclinamos por una posición ecléctica en esta materia. En los casos de los impuestos con destino específico que tienen una finalidad social o cultural (desarrollan el concepto de Estado Social de Derecho), el Poder Ejecutivo y el Parlamento sí deben estar vinculados por el legislador ordinario. En esta hipótesis, el legislador presupuestario deberá necesariamente respetar lo dispuesto por el legislador ordinario. En los otros supuestos, sobre todo cuando la norma legal responde más a un interés de naturaleza corporativo o gremial, somos de la tesis de que el legislador presupuestario no está vinculado por el legislador ordinario. Aquí, como se indicó atrás, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, con base en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y solidaridad, harían la elaboración y la aprobación de la ley de acuerdo con las posibilidades económicas que tenga el Estado en ese momento. La posición del Órgano Asesor, en términos generales, fue avalada por el Tribunal Constitucional, en una votación dividida -cuatro contra tres-, en sentencia 4884-2002. En resumen, el Tribunal Constitucional, en el voto reseñado, aceptó la tesis de que el legislador presupuestario no estaba vinculado por el ordinario, salvo en los casos de fondos “atados” constitucionalmente y aquellos que se destinan a los programas sociales. Más recientemente, la Sala Constitucional, en sentencia número 11165-04, expresó que el legislador ordinario sí puede, constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un destino específico, y que el legislador presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo en los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, es decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se elimine el impuesto o se modifique su destino. Se señaló además que para el caso de los recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales; además, el principio de anualidad del presupuesto no puede servir de excusa al Ministerio de Hacienda para dejar de girar las cantidades que ha percibido con destino específico. Además de ello, en la resolución número 14247-04 (opinión consultiva), el Tribunal Constitucional sobre el mismo tema indicó que es inconstitucional por omisión la partida 664 01 132 23 210 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 25 mil millones de colones, contenida en el Título 115 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), Programa 735 (Transferencia y Aportes Varios) por irrespetar lo dispuesto por el Legislador ordinario en el artículo 9º de la Ley Nº 6914 y por consiguiente violar los principios y derechos fundamentales derivados de los artículos 33, 50, 51 y 74 de nuestra Constitución Política. De manera que si el Tribunal Constitucional sigue la última jurisprudencia que ha sentado en la materia, debe declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad incoada. Empero, si retorna a la que estableció en el año de 1995, en el sentido de que el legislador presupuestario no está vinculado por el legislador ordinario, salvo en los fondos “atados” constitucionalmente, la acción se debe declarar sin lugar.

5º—El Presidente de la República conjuntamente con el Ministro de Hacienda rinden el informe correspondiente que se encuentra agregado a folios 104 a 120 del expediente. Señalan que el artículo 9º de la Ley número 6914 asignó al Fondo creado en la Ley número 5662 del veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, un porcentaje equivalente al 20% del producto del impuesto general sobre las ventas. El Poder Ejecutivo entiende que la Constitución Política le confirió a la Asamblea Legislativa la competencia exclusiva para dictar y reformar las leyes, entre otros, aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y dentro de esa aprobación, puede aumentar las partidas presupuestarias enviadas por el Poder Ejecutivo; eso sí, cumpliendo con los requisitos determinados en la Constitución Política. Si bien es cierto la Asamblea Legislativa es la única que puede mediante su aprobación , disponer el destino de los gastos públicos, pues es la llamada a limitar la acción de los poderes públicos en el uso y disposición de los recursos del Estado, el ejercicio de esa facultad debe estar aparejado al hecho de que para crear obligaciones con cargo al tesoro público, deben ser de previo aceptadas por el Poder Ejecutivo y cuando se trata de aumentar los gastos propuestos por el Poder Ejecutivo, debe señalar los nuevos ingresos con que se financiarán esos montos o inclusiones y no como lo ha venido haciendo, que toma el contenido de los impuestos que ya estaban comprometidos para financiar obligaciones constitucionales y legales, sin señalar con qué se van a financiar esos gastos que quedan al descubierto. Con el uso de ese mecanismo el Poder Legislativo deja en indefensión al Poder Ejecutivo al desfinanciar los gastos que este último debe presupuestar y al no poder crear nuevos ingresos, se ve obligado a incumplir con los cometidos constitucionales y legales que implica sostener un estado social de derecho. Con esa actuación, la Asamblea Legislativa transgrede los artículos 9º, 122, 176, 177, 179 y 180 de la Constitución Política, los cuales deben ser interpretados en armonía con el resto del articulado de la Constitución Política, y sobre todo, respetando el sistema de frenos y contrapesos que el constituyente promulgó. La Asamblea Legislativa, en el momento de aprobar el destino específico para FODESAF, debió también, tal y como señalan los artículos 122 y 179 de la Constitución Política, indicar los nuevos ingresos que habrían de cubrir esta asignación, en lugar de acudir a tomar los que ya el Poder Ejecutivo tenía comprometidos y por ende presupuestados para cumplir con sus obligaciones, los cuales están comprometidos en los documentos presupuestarios conforme a las posibilidades reales de los ingresos con que estima contar para atenderlos, pues no puede comprometer lo que no tiene, no sólo por respeto al principio de equilibrio, sino también por las consecuencias que una actuación de este tipo tiene para la economía del país. El Poder Ejecutivo, por mandato constitucional, dispone la recaudación e inversión de las rentas nacionales y, como responsable de asegurar el mínimo de condiciones necesarias para la preservación de un estado social de derecho, debe proveer el financiamiento necesario para aspectos esenciales como son el derecho a la educación, la protección al niño, el mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos, ejecutar y hacer cumplir lo dispuesto por los tribunales de justicia, entre otros. Para ello, posee una competencia exclusiva en materia presupuestaria, otorgada sabiamente por el constituyente, que incluso le permite reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados, con el fin de respetar el principio de equilibrio constitucional y que puede ser variado por la Asamblea Legislativa, sólo si señala los nuevos ingresos que han de financiarlos. El Poder Ejecutivo se enfrenta a la imposibilidad material de girar la totalidad de los recursos de los destinos específicos, y entre ellos el correspondiente al FODESAF. Esta imposibilidad radica en la carga que representa para el Estado financiar todos esos destinos específicos, que en la mayoría de los casos no cuentan con fuente de financiamiento, sino que pretenden financiarse de los recursos ya comprometidos con que se ha venido contando en el transcurso del tiempo para financiar las obligaciones constitucionales y legales ineludibles, necesarias para mantener el Estado Social de Derecho como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la administración de justicia, entre otros.

6º—El Presidente de la Asamblea Legislativa señala a folio 121 que la Constitución Política le asigna al Poder Ejecutivo la responsabilidad de preparar el proyecto de presupuesto ordinario del Estado, se trata en consecuencia de una iniciativa gubernamental en materia presupuestaria que se justifica porque el presupuesto constituye en sí mismo un plan de gobierno, expresado en términos económicos para un período fiscal determinado. Como plan, el presupuesto es un conjunto de decisiones respecto a los propósitos de la actividad estatal, de los medios materiales y humanos, las formas de organización y los métodos de trabajo de los entes estatales. El presupuesto, como cualquier otro plan, es un instrumento de la intervención económica del Estado, para cuya formulación se ha contado de previo con la información de los anteproyectos aportados por los distintos ministerios, poderes y órganos constitucionales que debe financiar y que posteriormente son refundidos para formular el proyecto global del presupuesto. No obstante, es claro que antes de su formulación, el Ministerio de Hacienda ha tenido que realizar una serie de proyecciones, ajustes y revisiones que se reflejan en la distribución final de los recursos que se emplearán para atender las necesidades de los ministerios y programas. Todas esas decisiones relacionadas con la asignación del gasto público constituyen en consecuencia los lineamientos generales sobre los cuales se debe enrumbar la política presupuestaria y fiscal del país. El propio Ministro de Hacienda justificó ante la Defensoría de los Habitantes la decisión de presupuestar de manera parcial los recursos relacionados con FODESAF. Las razones de su decisión le fueron comunicadas también al Parlamento desde el momento mismo en que el Ministro de Hacienda presentó el proyecto de Ley de Presupuesto. Si bien durante la discusión del Presupuesto, los legisladores conservan los mismos derechos que en cualquier otra materia, y pueden proponer adiciones, modificaciones o supresiones al proyecto de presupuesto, en el ejercicio de esa facultad, la Asamblea tiene un límite, pues de acuerdo con el artículo 179 constitucional no puede aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos. Dentro de las posibilidades y limitaciones de la Asamblea, los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios durante el trámite de subcomisión procedieron a elevar el monto asignado por el Poder Ejecutivo para el FODESAF. Antes del planteamiento de la acción de inconstitucionalidad, la Defensoría de los Habitantes hizo ver a la Presidencia de la Asamblea Legislativa la necesidad de que el Poder Legislativo realizara la enmienda correspondiente al Presupuesto Ordinario de la República para hacer efectivo el giro que legalmente corresponde a FODESAF. Tal petición, sin embargo, rebasa el ámbito competencial del Poder Legislativo. No obstante lo anterior, la Presidencia -atendiendo la solicitud de la Defensoría- procedió a incluir el tema dentro de la agenda de la reunión con los jefes de fracción e incluso trasladó copia de la nota del Defensor de los Habitantes a la Secretaría del Directorio, así como a las Comisiones de Asuntos Hacendarios y a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, con el objeto de que fuera conocida por los diputados. Cabe destacar que cada una de las instancias legislativas procedió, por su orden, a conocer la inquietud de la Defensoría de los Habitantes en torno al Presupuesto Ordinario del dos mil cinco, sin embargo, por no tener la Asamblea Legislativa iniciativa presupuestaria y encontrarse el referido presupuesto debidamente aprobado, su monto se mantiene vigente.

7º—Fernando Trejos Ballestero, en su calidad de Ministro de Trabajo y Seguridad Social (folio 140), manifiesta que existen instituciones estatales que reciben un porcentaje fijo de aporte de los recursos de FODESAF, determinado por leyes específicas: la Ley Nº 5662, artículo 3º, menciona los programas de nutrición del Ministerio de Salud y al IMAS, sin especificar un monto o porcentaje; esa misma Ley (artículo 4º), crea el Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, financiado con el 20% de los recursos del Fondo; la Ley Nº 6525, artículo 1º, asigna una suma de doce millones de colones a INCIENSA; la Ley Nº 6735, numeral 26, establece un mínimo de cincuenta y seis millones de colones para el establecimiento y desarrollo de asentamientos del IDA; la Ley Nº 6975, artículo 34, asigna cincuenta millones anuales al Fondo Nacional de Emergencias, hasta un acumulado de doscientos cincuenta millones; la Ley Nº 7097 (artículo 47) ordena el traslado de 0,5% de los ingresos del Fondo, para las juntas de educación; la Ley Nº 7028, artículo 6º, crea el Fondo de Subsidios para Vivienda, destinado a que familias de escasos recursos accedan a una vivienda digna, asignándole el 33% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios del Fondo; la Ley Nº 7233, artículo 4º, dispone una asignación mensual de un millón de colones para programas preventivos desarrollados por el IAFA; la Ley Nº 7374, art 6º, crea el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, y dispone que el costo de la atención de la población indigente estará se cubrirá con partidas provenientes del Fondo; la Ley Nº 7648, artículo 34 inciso b), ordena al FODESAF girar un porcentaje mínimo del 4% al Patronato Nacional de la Infancia para la promoción, defensa y protección de la niñez y la adolescencia; la Ley Nº 7658 en su artículo 9º inciso c), crea el Fondo Nacional de Becas, el cual se financiará con un 1% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de FODESAF; la Ley Nº 7667, transitorio II, establece que del presupuesto de caja de FODESAF, se girará un 1% durante los primeros diez años al Fondo de Apoyo a la Educación Superior y Técnica del Puntarenense; la Ley Nº 7742, artículo 4bis inciso a), crea el Programa de Reconversión Productiva, el cual se financiará con un 5% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del FODESAF; la Ley Nº 7756, artículo 10, otorga un beneficio para los pacientes en estado terminal, el cual será financiado con un 0,5% de los recursos del Fondo; la Ley 7763 destina un porcentaje que oscila entre el 10% y el 15% para el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Comedores Escolares; la Ley 7800, artículo 87 inciso c), crea el ICODER y dispone su financiación con un 1% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo; la Ley Nº 7801, artículo 27, crea el Instituto Nacional de la Mujer, financiado con un 2% del Presupuesto del Fondo; finalmente, por Decreto Ejecutivo 27558-MTSS se reglamenta la forma de manejo y administración del Fondo. Señala que uno de los grandes problemas afrontados por el Fondo es los últimos años es la disminución de sus ingresos, provenientes de un 20% de lo recaudado por el impuesto sobre las ventas y un 5% de recargo en planillas, parámetros que permiten un crecimiento en los ingresos del Fondo, acordes con la evolución de la economía nacional. Por un lado, la cartera de morosidad es muy elevada, demostrando el Fondo poca capacidad de cobro. Por otro, el Estado incumple con su deber de transferir los recursos provenientes del impuesto sobre las ventas. Asimismo, muchas de las instituciones beneficiadas por el Fondo también tienen límites presupuestarios propios, lo que ha impedido que se les transfieran algunos de los recursos asignados, lo que ha llevado a la falta de utilización de algunos de estos fondos.

8º—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 77, 78 y 79 del Boletín Judicial, de los días 22, 25 y 26 de abril del dos mil cinco. (Folio 53)

9º—Esta Sala consideró innecesario efectuar la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto en el expediente se cuenta con elementos suficientes para resolver la presente acción de inconstitucionalidad.

10.—En los procedimientos seguidos han sido han observadas las prescripciones de ley.

Redacta Magistrado Vargas Benavides; y,

Considerando:

I.—Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos de excepción previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, que por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; que se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o que sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo antes dicho, se tiene que la regla general apunta a la necesidad de contar con un asunto previo, siendo excepcionales las posibilidades de acudir a la Sala Constitucional en forma directa. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. Dispone el texto en cuestión que procede cuando “por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa”, es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. Sería el caso de actos que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales, y no propiamente de sus miembros en forma directa. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de “intereses difusos”; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).

“… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter”.

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo “Estado de derechos”, que -como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses “que atañen a la colectividad en su conjunto”, se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.

II.—La legitimación del accionante en este caso. A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que la acción interpuesta por el Defensor Adjunto de los Habitantes de la República debe admitirse en el tanto se le reconoce legitimación directa para su interposición, teniendo en cuenta que acude en defensa de los derechos reconocidos en los artículos 50 y 78 de la Constitución Política.

III.—Otros aspectos de admisibilidad. Estando claro que el actor cuenta con legitimación suficiente para promover esta demanda, resta indicar que la actuación impugnada es una de las previstas en el artículo 73 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por tratarse de un acto general de carácter normativo (Ley de Presupuesto), materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, la Defensoría presentó su escrito de interposición en atención a los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo de las mismas.

IV.—Objeto de la acción. Impugna la Defensoría de los Habitantes de la República la omisión en que -considera- incurrieron las autoridades encargadas de preparar el proyecto y aprobar la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2005, respecto de las obligaciones que les impone el art. 9º de la Ley Nº 6914, según el cual, un 20% de lo recaudado por concepto del impuesto general sobre las ventas, pasará a formar parte de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para el cumplimiento de sus competencias. Específicamente, impugnan por omisa la partida presupuestaria número 664 01 132 23 210, ubicada en el título 115 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), programa 735 (transferencias y aportes varios) Unidad Ejecutora Despacho del Ministro de Trabajo, a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, cuyo texto es el siguiente:

“(...)

Título 115-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(...)

Programa 735-Transferencias y aportes varios. Unidad Ejecutora: Despacho del Ministerio.

(...)

Clasificación del gasto 6-Transferencias corrientes

(...)

664 01 132 23 210 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). (Ley del Impuesto sobre las Ventas, Nº 3914 del 17/07/67 y sus reformas, Ley Nº 5662 23/12/74, Ley del Impuesto sobre Ventas Nº 3914 del 17/07/67 y sus reformas, Ley Nº 5662 23/12/74) ..................................25.000.000,00”.

Considera el actor que la suma asignada por el Presupuesto de dos mil cinco es muy inferior a la que correspondería si se aplicara un cálculo del 20% sobre la recaudación del impuesto general sobre las ventas, lo que a su juicio significa una violación de los artículos 33, 50, 51 y 74 de la Constitución Política, 22, 26 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 y 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 2.2 y 5.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 4, 5, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 26, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1, 2, 4, 5, 9 y 10 del protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sobre el fondo.

V.—El Estado Social de Derecho como marco constitucional de actuación pública. La Constitución Política, leída en forma conjunta y sistemática, determina la vigencia de un Estado Social de Derecho. Lo anterior implica que todas las actuaciones públicas, además de ser necesariamente conformes con el ordenamiento vigente, deben estar dirigidas de manera eficiente y justa a satisfacer las necesidades de los habitantes de la República, mediante una adecuada distribución de la riqueza y un equitativo acceso al bienestar generado por el desarrollo económico y técnico. Impone asimismo que en el seno de la sociedad, las cargas sean distribuidas entre los individuos de acuerdo con las capacidades de cada uno. El sistema económico diseñado por el constituyente de mil novecientos cuarenta y nueve tiene como meta no solamente el crecimiento de la producción y el empleo. En el marco de la Constitución Política, la economía tiene que ser un factor decisivo para el logro de los objetivos del Estado Social de Derecho. Es claro, por ende, que la Carta vigente no es apenas un estatuto político, sino que también es uno económico y uno social. Así, se desprende también que el sistema de derechos fundamentales establecido constitucionalmente no se encuentra basado en el individualismo utilitarista, sino más bien en una concepción del hombre en el marco de la sociedad en la que se desenvuelve. La Constitución Política parte de la noción de que el ser humano no puede desarrollarse integralmente por sí solo, sino que para ello requiere de la participación de todos los otros miembros de la sociedad. De hecho, para lograr una más homogénea estratificación social, los individuos deben contribuir de acuerdo con sus posibilidades, en beneficio de quienes menos poseen. Lo anterior es un derecho fundamental de las personas que ocupan los estratos inferiores, y un deber de todos, principalmente los más beneficiados por el sistema económico. La riqueza en una sociedad no es producida apenas por quienes poseen los medios de producción, sino también por quienes contribuyen a ella con su mano de obra, con su trabajo. En consecuencia, los beneficios producidos por el mercado deben ser redireccionados a fin de que no redituen únicamente en favor de ciertos sectores sociales. Relacionado este principio con el de justicia social, positivizado en el ordinal 74 de la Constitución, según el cual las personas deben colaborar recíprocamente en aras de preservar la dignidad humana de todos los miembros de la comunidad, tenemos que el constituyente buscó fomentar una sociedad donde la solidaridad fuera la regla general de convivencia; donde la realización de pequeños sacrificios en favor de grandes metas sociales estuviera por encima de los intereses individuales; es lo que normalmente se conoce como Estado Social de Derecho. Podría así afirmarse que la solidaridad entre los miembros de la colectividad es un principio de rango constitucional, que obliga al Estado a exigir más a quienes poseean mayores capacidades, de modo que por medio de la prestación de servicios sociales de educación, salud, acceso a la vivienda, etc., propicie el crecimiento personal y social y evite la existencia de ciudadanos de primera categoría y de otros de segunda o tercera categoría. Finalmente, se puede decir que la Constitución Política reconoce a favor de los individuos y grupos sociales una gama extensa y muy variada de derechos, algunos de forma expresa, otros colegibles a partir de la comprensión del sistema que forman sus normas y principios. Algunas de estas prerrogativas (sin importar si son individuales o colectivas) tienen un carácter eminentemente social, al constituir derechos a la recepción de determinadas prestaciones por parte del Estado. Puede tratarse de bienes o de servicios, pero que en todo caso debe la Administración brindar debido al mandato (específico o genérico) contenido en la Ley Fundamental. Si se trata de una referencia general (vgr. protección a la madre y a los menores, cfr. artículo 51 constitucional), son los representantes de la soberanía popular, quienes a través de la Ley formal, desarrollarán estos preceptos imponiendo las formas en que la Administración deberá actuar con la finalidad de hacerlos valer efectivamente, así como disponiendo de los recursos públicos necesarios para ello. El hecho de que requieran de actuaciones de otros agentes para poder ser efectivamente realizados en nada les resta normatividad, pero sí hace más compleja (en comparación con las libertades públicas, por ejemplo) su puesta en operación, y más exhaustiva la labor del contralor de constitucionalidad, al cual le cabrá discurrir respecto del grado de compromiso mostrado por el Estado al hacer valer las normas que reconozcan derechos sociales. Si el legislador no instituye los mecanismos -jurídicos y financieros- idóneos para realizarlas, su omisión podría significar una violación a la Constitución Política. Si emite las normas legales y provee los recursos necesarios para hacer efectivo ese derecho y es la Administración la que evade su acatamiento, entonces esta última actuación estaría lesionando en forma refleja el derecho fundamental, mediante el incumplimiento de un deber legal. (Ver en este mismo sentido las sentencias de esta Sala números 01441-92, 05125-93, 03338-99, 2001-03825, entre otras).

VI.—El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) en el contexto del Estado Social de Derecho. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) fue creado mediante la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, número 5662 de veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. El Fondo está destinado a dotar de recursos a una serie de servicios prestacionales esenciales a cargo del Estado y de otros entes públicos, en favor de los y las costarricenses de escasos recursos (artículo 2º). Su administración se encuentra a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, órgano del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, el Fondo recibe recursos transferidos del Presupuesto de la República, los cuales luego son girados a las diversas instituciones beneficiarias, para su uso en diversos programas sociales, tendientes todos a mejorar las condiciones de vida de los y las costarricenses. Diversas leyes especiales determinan la forma como los recursos del Fondo serán distribuidos entre las diversas dependencias públicas encargadas de prestar servicios sociales conformes con la finalidad de aquel. Así, la Ley Nº 5662, artículo 3º, menciona los programas de nutrición del Ministerio de Salud y al IMAS, sin especificar un monto o porcentaje; esa misma Ley (artículo 4), crea el Régimen No Contributivo de Pensiones , administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, financiado con el 20% de los recursos del Fondo; la Ley 6525, artículo 1º, asigna una suma de doce millones de colones a INCIENSA; la Ley Nº 6735, numeral 26, establece un mínimo de cincuenta y seis millones de colones para el establecimiento y desarrollo de asentamientos del IDA; la Ley Nº 6975, artículo 34, asigna cincuenta millones anuales al Fondo Nacional de Emergencias, hasta un acumulado de doscientos cincuenta millones; la Ley Nº 7097 (artículo 47) ordena el traslado de 0,5% de los ingresos del Fondo, para las juntas de educación; la Ley Nº 7028, artículo 6º, crea el Fondo de Subsidios para Vivienda, destinado a que familias de escasos recursos accedan a una vivienda digna, asignándole el 33% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios del Fondo; la Ley Nº 7233, artículo 4º, dispone una asignación mensual de un millón de colones para programas preventivos desarrollados por el IAFA; la Ley Nº 7374, art. 6º, crea el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, y dispone que el costo de la atención de la población indigente se cubrirá con partidas provenientes del Fondo; la Ley 7648, artículo 34 inciso b), ordena al FODESAF girar un porcentaje mínimo del 4% al Patronato Nacional de la Infancia para la promoción, defensa y protección de la niñez y la adolescencia; la Ley 7658 en su artículo 9º inciso c), crea el Fondo Nacional de Becas, el cual se financiará con un 1% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de FODESAF; la Ley Nº 7667, transitorio II, establece que del presupuesto de caja de FODESAF, se girará un 1% durante los primeros diez años al Fondo de Apoyo a la Educación Superior y Técnica del Puntarenense; la Ley 7742, artículo 4bis inciso a), crea el Programa de Reconversión Productiva, el cual se financiará con un 5% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del FODESAF; la Ley Nº 7756, artículo10, otorga un beneficio para los pacientes en estado terminal, el cual será financiado con un 0,5% de los recursos del Fondo; la Ley Nº 7763 destina un porcentaje que oscila entre el 10% y el 15% para el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Comedores Escolares; la Ley Nº 7800, artículo 87 inciso c), crea el ICODER y dispone su financiación con un 1% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo; la Ley Nº 7801, finalmente, el artículo 27, crea el Instituto Nacional de la Mujer, financiado con un 2% del Presupuesto del Fondo. Todas las competencias públicas antes citadas constituyen pilares esenciales del Estado Social de Derecho, pues viabilizan el disfrute de diversos derechos sociales (o de proyección social) reconocidos en la Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. De la Carta Fundamental, se relacionan -al menos- con los siguientes derechos: a la vida y la salud (artículo 21), a la igualdad (33), a la propiedad (45), al desarrollo (50), a la protección especial de la familia (51), la madre y el menor (55), al trabajo (56), a la seguridad social (73) y a la Justicia Social (74). Mención aparte merece la norma contenida en el artículo 82 constitucional, el cual en forma contundente ordena al Estado proveer de “alimento y vestido a los escolares indigentes”. No cabe duda que las atribuciones del FODESAF se encuentran directamente encaminadas al cumplimiento del referido mandato constitucional, elemento imprescindible del Estado Social de Derecho, en tanto permite el acceso a la educación a los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, fomentando el progreso personal y la movilidad social. Asimismo, las referidas competencias públicas se relacionan estrechamente con diversas prorrogativas reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: igualdad (7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3º y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, II de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); propiedad (17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre); a la seguridad social (22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9º del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 9º del Protocolo de San Salvador); al desarrollo social y económico (25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); a la educación (26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 13 del Protocolo de San Salvador); de acceso a la cultura (27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 14 del Protocolo de San Salvador); a la familia (23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 15 del Protocolo de San Salvador); a la protección especial de las personas menores de edad y de otros grupos vulnerables (24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3º y 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño, VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 16, 17 y 18 del Protocolo de San Salvador); a la salud (12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo de San Salvador); etc. En otras palabras, las actividades financiadas con los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares no solamente lo son por imperativo legal, sino que además importan los mecanismos previstos para dar efectivo cumplimiento a una amplia y variada gama de derechos fundamentales. Impedir que el Fondo cumpla su función implica, por ende, desatender deberes prestacionales que afectan los derechos de las personas.

VII.—Obligación del legislador presupuestario de distribuir los gastos públicos a partir de normas generales que determinan destinos específicos a ciertos ingresos. El artículo 9º de la Ley número 6.914 de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, determina que:

“Artículo 9º—Del producto del impuesto general sobre las ventas, establecido en la Ley Nº 6826 del 10 de noviembre de 11982, el Banco Central de Costa Rica girará, en forma directa y trimestral, a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el veinte por ciento, para el fondo creado y administrado según lo indica la Ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974. Lo establecido en este artículo rige a partir del 1º de enero de 1984”.

Como se aprecia, esta norma dispone un destino específico para el producto de la recaudación del impuesto general sobre las ventas. Un 20% del total de lo recaudado por dicho concepto, debe ser dirigido a engrosar los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. En primer término, es importante destacar que la Sala Constitucional ha reconocido la validez de los destinos específicos dados por Ley formal a ciertos ingresos de carácter tributario. De se modo, se ha reconocido que el legislador ordinario está constitucionalmente habilitado para disponer que el producto de determinados tributos sea dirigido a la financiación de servicios específicos, en atención del interés general que se satisface a través de éstos o la necesidad social que están llamados a cubrir. (Cfr. en ese mismo sentido las sentencias números 0919-99 de las nueve horas con quince minutos del doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, 4528-99 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras) Además de lo anterior, esta misma Sala ha sostenido en reiteradas ocasiones que ante destinos específicos previstos en una Ley Ordinaria, el Poder Ejecutivo y el legislador presupuestario se encuentran limitados en su discrecionalidad, de modo que el Presupuesto de la República debe contener las partidas necesarias para hacer frente a las obligaciones impuestas por la Ley ordinaria. (Cfr. sentencias números 2000-10136, de las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil, 2003-09397 de las diez horas con doce minutos del cinco de setiembre de dos mil tres, etc.) En consonancia con lo anterior, la Sala ha conocido de diversos procesos, en los cuales se impugnó la negativa del Ministerio de Hacienda de girar los fondos presupuestados como partidas de gastos destinados a cubrir erogaciones previstas en leyes ordinarias tributarias o bien la omisión de estipular en la Ley de Presupuesto, recursos para cubrir este tipo de mandatos, entendiendo que cuando los recursos en cuestión estuvieran destinados a cubrir servicios necesarios para satisfacer derechos fundamentales, cualquiera de las omisiones descritas resultaba abiertamente inconstitucional. (Cfr. sentencias números 2001-02075, de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de marzo de dos mil uno, 2001-03825, de las diez horas con veintidós minutos del once de mayo de dos mil uno, etc.)

VIII.—Inconstitucionalidad en la partida impugnada. Acorde con su jurisprudencia, esta Sala entiende que, ante la existencia de una norma como el artículo 9º de la Ley Nº 6914, las autoridades competentes para la creación del proyecto de Presupuesto y la aprobación de la Ley de Presupuesto, respectivamente el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, no ostentan una potestad discrecional para disponer de tales recursos en forma distinta a la determinada por el legislador ordinario. Acerca de la concreta constitucionalidad de la partida objeto de esta acción, ya esta Sala había tenido oportunidad de pronunciarse, al conocer de la consulta legislativa facultativa correspondiente al proyecto número 15.692. Así, mediante sentencia número 2004-14247, de las catorce horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil cuatro, dispuso la Sala en lo conducente:

“VIII.—Sobre la consulta planteada en cuanto a la violación del legislador presupuestario a lo establecido por el legislador ordinario. La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares establece un fondo de desarrollo social con el objeto de financiar programas y servicios de asistencia social a las familias de bajos ingresos, siendo sus beneficiarios las personas de escasos recursos económicos. Este fondo se financia de diversas fuentes, una de las cuales es precisamente el 20% del producto del impuesto general sobre las ventas (según lo dispone el referido artículo 9º de la Ley Nº 6914). Tanto el Poder Ejecutivo, como el legislador presupuestario, año tras año, y mientras esté vigente este artículo 9º, está obligado a respetar este destino específico en la elaboración de las leyes de presupuesto nacional. En el caso específico, baste constatar lo siguiente del proyecto aprobado en primer debate: Total Impuesto General sobre Ventas 436 mil millones de colones (folio 044), partida 664 01 132 23 210 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 25 mil millones de colones (folio 007051 del expediente legislativo y folio 044 de este expediente) para comprobar que esto representa solamente un 5,73% y no el 20% como debió haber sido, según los principios presupuestarios. La Asamblea Legislativa y cada uno de sus legisladores son los principales llamados a ser concientes de los compromisos financieros derivados de la aprobación de leyes ordinarias, así como de adoptar todas las providencias indispensables a fin de asegurar a FODESAF los fondos establecidos legalmente. De esta forma, cuando el legislador presupuestario irrespeta -por acción u omisión- lo dispuesto por el legislador ordinario, existe una clara violación al principio constitucional establecido que obliga al legislador presupuestario a respetar el contenido de las leyes con destino específico. Pero además, en este caso, no solamente se violenta el Derecho de la Constitución respecto de los principios presupuestarios, sino respecto de la protección de derechos fundamentales de aquellos que dependen de estos fondos, tal como se explica a continuación.

IX.—Sobre la consulta planteada en cuanto a la violación al principio de protección y consecución del bienestar de todos los habitantes. El principio rector que motiva la promulgación de la normativa de FODESAF lo constituye el combate a la pobreza, dentro de la política pública del Estado en materia de superación de la exclusión social y en garantía del más adecuado reparto de la riqueza, como reza el artículo 50 de la Constitución Política. En el marco de cualquier Estado Democrático de Derecho el legislador está limitado por los derechos fundamentales, límite que opera como una barrera, pero también como un mandato y un principio rector. El legislador, está obligado así, al desarrollar los derechos fundamentales, a velar por su progresiva intensificación, a extender su eficacia y su plena efectividad, para evitar cualquier regulación regresiva y restrictiva. Bajo esta inteligencia, son acordes al Derecho de la Constitución, los destinos tributarios específicos que desarrollen y fortalezcan los derechos fundamentales, especialmente los de prestación. Como bien lo dice el consultante, ni el Poder Ejecutivo -en lo que a la formulación del proyecto de presupuesto se refiere- ni el legislador presupuestario, pueden arrogarse la facultad de modificar el destino específico legalmente establecido a favor de FODESAF y por su vía a favor de los costarricenses de escasos recursos, puesto que esta actuación violenta, además de las normas y principios constitucionales sobre materia presupuestaria, el Principio impuesto al Estado de protección y consecución del bienestar de todos los habitantes, que se cumple mediante programas de FODESAF. De esta forma, mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el mismo artículo 50 y 51 constitucionales se constata la existencia de una política estatal cuyo fin es la lucha contra la pobreza, estableciéndose por ley que uno de los medios para lograr ese fin es el Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo, por lo tanto, mientras ese fin y ese medio existan, el hecho de que el legislador presupuestario desconozca ese medio conlleva una violación del fin, es decir, no destinar los fondos legalmente establecidos a FODESAF implica una violación a los principios y derechos fundamentales derivados de los artículos 33, 50, 51 y 74 de nuestra Constitución Política en cuanto a los derechos de igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia sociales y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los habitantes.

X.—En conclusión. De lo expuesto por el consultante, se tiene que la alegada violación procedimental es en realidad una violación sustancial. De esta forma, del proyecto consultado, se constata efectivamente una violación sustancial en un doble sentido, primero en cuanto al principio constitucional de respeto del legislador presupuestario a los destinos específicos establecidos por el legislador ordinario y segundo, en cuanto a los derechos fundamentales asociados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a saber, igualdad real y efectiva, solidaridad y justicia sociales y el principio de protección y consecución del bienestar de todos los habitantes (artículos 33, 50, 51 y 74 de la Constitución Política)”.

No puede ahora la Sala sino avalar lo determinado en la sentencia parcialmente transcrita, debiendo reiterar la inconstitucionalidad en que incurrieron los poderes Ejecutivo y Legislativo, al disponer el monto de la partida 664 01 132 23 210, título 115 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), programa 735 (transferencias y aportes varios) Unidad Ejecutora Despacho del Ministro de Trabajo, para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, contenido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2.005, por veinticinco mil millones de colones y no por el 20% de quinientos diecisiete mil millines de colones, cifra prevista para recaudación por concepto del impuesto general sobre las ventas durante el presente ejercicio económico. Es decir, que lo inconstitucional no es la partida en sí, sino el monto dejado de incluir en esa partida. El monto que correspondía presupuestar a FODESAF era de ciento tres mil cuatrocientos millones de colones (20% de quinientos diecisiete mil millones de colones). Como le fueron presupuestados veinticinco mil millones de colones, quedó sin cubrir un saldo de setenta y ocho mil cuatrocientos millones de colones. La omisión en contemplar esta suma en la transferencia a FODESAF es lo que resulta inconstitucional, por lo que la sala deberá conminar a las autoridades involucradas en el procedimiento presupuestario para que no incurran de nuevo en este vicio.

IX.—Conclusión. A partir de los argumentos contenidos en los párrafos que anteceden esta Sala concluye que la partida 664 01 132 23 210, título 115 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), programa 735 (transferencias y aportes varios) Unidad Ejecutora Despacho del Ministro de Trabajo, para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, contenido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2005, por veinticinco mil millones de colones, contiene un vicio de inconstitucionalidad, debido a que dicha partida fue prevista con un monto de setenta y ocho mil millones de colones menos de lo debido, según ordena el artículo 9º de la Ley Nº 6914 del veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley Nº 6914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones. Por tanto,

Se declara con lugar la acción. Para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley Nº 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley Nº 6914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.—Luis Fernando Solano C., Presidente.—Luis Paulino Mora M.—Ana Virginia Calzada M.—Adrián Vargas B.—Ernesto Jinesta L.—Fernando Cruz C.—José Luis Molina Q.

Nota del Magistrado Jinesta Lobo

Una vez revisada la sentencia número 17612-2005 de las 14:40 horas del 21 de diciembre del 2005, considero que resulta innecesario recurrir a razones adicionales a las vertidas en el criterio de mayoría. Estimo que en los considerandos de dicha sentencia, quedan plasmadas las razones por las cuales debe acogerse la acción de inconstitucionalidad. Así las cosas, me adhiero a lo señalado por este Tribunal Constitucional en la resolución de mayoría. Ernesto Jinesta Lobo.

San José, 28 de marzo del 2006.

Gerardo Madriz P.,

1 vez.—(31208) Secretario

Res. Nº 2005-016778.—San José, a las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil cinco. Exp. Nº 05-004832-0007-CO

Acción de inconstitucionalidad promovida por Claudio Volio Pacheco, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número uno - trescientos dos - setecientos noventa y tres, vecino de San José, en su condición de Corporación de Inversiones Abonos Superior S. A.; contra el artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, número 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance número 25 de La Gaceta número 166, del 1º de setiembre de 1988.

Resultando:

1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cinco minutos del veintisiete de abril del 2005, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, número 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance número 25 de La Gaceta número 166, del 1º de setiembre de 1988. Alega que el numeral 104 impugnado modifica el artículo 6º inciso d) párrafo segundo de la Ley de Impuesto sobre La Renta, lo que le sirvió de fundamento a la Administración Tributaria para tasar de oficio el impuesto de la renta a su representada, en los períodos fiscales número 96 y 97, y con ello, se pretende cobrar un monto de 257.154.284 colones por concepto de impuesto sobre las utilidades. El asunto pendiente de resolver es el proceso especial tributario interpuesto ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en el que se impugna la sentencia 60-2004-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, estando en la etapa en que se dedujo la demanda correspondiente.

2º—El artículo 9º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Solano Carrera; y,

Considerando:

I.—Sobre la admisibilidad de la acción. La acción es admisible, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se encuentra debidamente autenticada la firma del apoderado generalísimo de la Corporación de Inversiones Abonos Superior S. A. Adicionalmente, en el escrito inicial se exponen los fundamentos claros y precisos por los cuales se considera inconstitucional la norma, fue aportada la certificación en que se alegó la inconstitucionalidad de la disposición impugnada en el asunto principal y fueron agregadas las copias en cantidad suficiente para los Magistrados de la Sala, la Procuraduría General de la República y la parte contraria en el proceso principal.

II.—Sobre la legitimación. Establece el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en lo que interesa para el caso concreto, que para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. También, puede plantearse una acción de inconstitucionalidad dentro de los recursos de habeas corpus, de amparo o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. Con fundamento en este numeral, y a modo de referencia, la empresa demandante había promovido otra acción contra el artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, Ley Nº 7095 del 18 de agosto de 1988, sin embargo fue rechazada de plano por sentencia Nº 2004-11078 de las quince horas con veintidós minutos del seis de octubre de dos mil cuatro, por cuanto no se había superado la etapa de interposición del Proceso Especial Tributario, de ahí que se rechazó por prematura. Ahora bien, como no hubo pronunciamiento sobre el fondo, se tiene de nuevo como asunto pendiente de resolver, el mismo Proceso Especial Tributario que se tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, bajo el expediente Nº 04-000172-0161-CA. Solicitado ad efectum videndi el expediente judicial, se tiene que el proceso se encuentra con la demanda formalizada, además cuenta con la audiencia otorgada al Estado. Con la demanda del asunto base se pretende anular la resolución Nº 60-2004-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, dictada a las doce horas del primero de marzo del año dos mil cuatro, y los traslados de cargos 275-10-104-9 y 275-10-105-P y la resolución DT10R012-9 de la Dirección General de Tributación, Administración de Grandes Contribuyentes, entre otras cosas.

III.—Sobre el medio razonable y la aplicación del artículo 6º inciso d) de la Ley Sobre el Impuesto de la Renta. Ahora bien, se debe determinar si la petitoria de la acción, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley Nº 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto modificó el artículo 6º de la Ley Nº 7092, es la base legal de las resoluciones y actos administrativos impugnados en el proceso principal, y si constituye esta impugnación un medio razonable para amparar los derechos que consideran lesionados. Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas de conformidad con el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cumplen una función instrumental respecto del asunto que le sirve de base, de ahí que la demanda en estos supuestos es incidental, y el resultado de la acción contra norma debe otorgar un beneficio o un remedio a la parte que invoca la inconstitucionalidad en el asunto principal. En el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo se discuten las diferencias a cargo del contribuyente Corporación de Inversiones Abonos Superior S.A., en la declaración de impuestos sobre la renta por los períodos de 1996 y 1997, iniciado por la Administración de Grandes Contribuyentes, considerándose ilegal e incompleta las presentadas por la empresa, de modo que se procedió a la determinación de oficio. Del estudio del expediente administrativo, se evidencia que el Traslado de Cargos Nº 275-10-104-9 por el período 1996 (folio 1 del expediente administrativo), sostiene que del estudio que se hizo de la cuenta de “Inversiones en Acciones”, hubo un aumento por diversas operaciones efectuadas por la compañía (aportes de socios, compras de acciones mediante el pago de inversiones de corto plazo hasta la convertibilidad de préstamos de clientes en aportes de capital), y no por operaciones aisladas. De ahí que la Administración calificó de habitualidad la negociación de valores, procediendo a determinar la utilidad del contribuyente conforme se encuentra gravada en el artículo 6º inciso d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Lo mismo sucedió en el Traslado Nº 275-10-105-9 por el período 1997 (folio 22 del expediente administrativo). La resolución Nº DT10R012-9 de la Dirección General de Tributación, Administración de Grandes Contribuyentes, de las nueve horas del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (folio 83 del expediente administrativo), declaró sin lugar el reclamo administrativo contra los traslados arriba mencionados. Contra esa resolución fueron interpuestos los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, siendo que los mismos quedaron resueltos negativamente por la resolución Nº AU10R120-0 de la Dirección General de Tributación de Grandes Contribuyentes (folio 208 del expediente administrativo) y la Nº 60-2004-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo de las doce horas del primero de marzo de dos mil cuatro (folio 314 del mismo expediente), siendo esta última la que agotó la vía administrativa. Revisadas las actuaciones jurisdiccionales, así como el expediente del procedimiento administrativo, se evidencia con claridad meridiana que la determinación de oficio que hizo la Dirección General de Tributación de Grandes Contribuyentes a la empresa Corporación de Inversiones Abonos Superior S.A., tuvo como fundamento jurídico lo dispuesto en el artículo 6º inciso d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según la modificación introducida por el artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, número 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance número 25 de La Gaceta número 166, del 1º de setiembre de 1988, en cuanto define el concepto de habitualidad, razón por la que sí constituye un medio razonable para la defensa de los derechos de la empresa, pues fue con base en dicha norma que la administración tributaria se apoyó para resolver la aludida determinación de oficio.

IV.—Sobre la norma impugnada. El numeral impugnado originalmente establecía lo siguiente:

“Artículo 6º—Exclusiones de la renta bruta:

a) Los aportes de capital social en dinero o en especie.

b) Las revaluaciones de activos fijos. No obstante, tratándose de activos fijos depreciables, el valor de la revaluación aceptada por la Administración Tributaria será considerado para efectos de establecer las cuotas de depreciación correspondiente.

c) Las utilidades, dividendos, participaciones sociales y cualquier otra forma de distribución de beneficios, pagados o acreditados a los contribuyentes a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

ch) Las rentas generadas en virtud de contratos, convenios o negociaciones sobre bienes o capitales localizados en el exterior, aunque se hubieren celebrado y ejecutado total o parcialmente en el país.

d) Las ganancias de capital obtenidas en virtud de traspasos de bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no constituyan una actividad habitual, en cuyo caso se deberá tributar de acuerdo con las normas generales de la ley.

e) Para los efectos del impuesto que grava los ingresos percibidos o puestos a disposición de personas físicas domiciliadas en el país, no se considerarán ingresos afectos a este impuesto, las herencias, los legados y los bienes gananciales.

f) Los premios de las loterías nacionales.

g) Las donaciones, conforme con lo establecido en el inciso q) del artículo 8º.” (la negrita no es del original).

En la actualidad, luego de las modificaciones legislativas, entre ellas la que se impugna en la acción el artículo 6º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece:

“Articulo 6º—Exclusiones de la renta bruta.

No forman parte de la renta bruta:

a) Los aportes de capital social en dinero o en especie.

b) Las revaluaciones de activos fijos.

(Así refomado por el inciso a) del artículo 19 de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficicencia Tributaria de 4 de julio del 2001).

d) Las ganancias de capital obtenidos en virtud de traspasos de bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no constituyan una actividad habitual, en cuyo caso se deberá tributar de acuerdo con las normas generales de la ley.

Para los efectos de esta ley, por habitualidad ha de entenderse la actividad a la que se dedica una persona o empresa, de manera principal y predominante y que ejecuta en forma pública y frecuente, y a la que dedica la mayor parte del tiempo. (Así ampliado por el artículo 104 de la Ley de Presupuesto Nº 7097 de 1º de setiembre de 1988).

f) Los premios de las loterías nacionales.

g) Las donaciones, conforme con lo establecido en el inciso q) del artículo 8º.” (la negrita no es del original).

Como se ve de la transcripción, la reforma que sufrió el artículo 6º inciso d) de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, no definía “actividad habitual”, sino que el significado de “habitualidad” se agregó a partir de la promulgación de la norma impugnada ante esta Sala.

V.—Sobre la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, número 7097 de 18 de agosto de 1988. La Sala a la largo de su existencia ha sido consistente en sostener que la inclusión de disposiciones de contenido no presupuestario en las leyes de presupuesto devienen en inconstitucionales, toda vez que las normas que le otorgan la competencia a la Asamblea Legislativa para dictar, reformar o derogar las leyes, de las que otorgan la competencia para dictar los presupuestos ordinarios o extraordinarios de la República, son distintas en lo que se refiere a su naturaleza y contenido. Así, la sentencia Nº 1989-0121 dispuso:

“III.—Esta Sala estima que es enteramente procedente que se incluyan “normas generales” en las leyes de presupuesto, siempre y cuando ellas se encuentren ligadas a la especialidad que esa materia significa, o lo que es lo mismo decir, a la ejecución del presupuesto. Lo que no es posible incluir en las leyes de presupuesto son las normas que no tienen ese carácter ya que ellas deben regularse por lo dispuesto para las leyes comunes u ordinarias como se verá luego. Si bien el artículo 105 de la Constitución Política, dispone entre otras cosas, que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega por medio del sufragio en la Asamblea Legislativa, es en los incisos 1) y 11) del artículo 121 de la Carta Política que se distingue entre dos diferentes modos y formas de legislar según corresponda a la materia de que se trate. El primer texto atribuye de manera exclusiva al Poder Legislativo la potestad de “Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el artículo referente al Tribunal Supremo de Elecciones”. Por su parte el inciso 11) atribuye también de manera exclusiva al citado Poder la potestad de “Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República”. Como podrá observarse la atribución del inciso primero constituye una potestad muy amplia que atañe en general a las leyes ordinarias o comunes, en tanto que la del inciso 11) es de carácter especial cuyo desarrollo se contempla en los artículos 176, 177, 178, 179 y 180 en relación con el numeral 125 in fine que impide al Poder Ejecutivo el veto en materia de legislación presupuestaria. Es así, que si la Constitución contempla por separado esas facultades, es porque se trata de actos legislativos de diferente naturaleza y contenido, aunque el presupuesto sea una ley formal y material y las demás leyes deban tener también ese carácter.

IV.—Establece el artículo 176 de nuestra Constitución, entre otras cosas que “el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública durante el año económico. El Presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre”. Con fundamento en los artículos 177 y siguientes de la Constitución se profundiza más en los procedimientos especiales que el Poder Ejecutivo y el Congreso deben observar en la tramitación de dicha ley. Lo mismo ocurre en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. Es por todo ello que esta Sala concluye en el sentido de que el presupuesto de la República es una ley formal y material pero especial por la materia que la constituye y por el procedimiento ya comentado. De los textos antes citados se desprende que la competencia o legitimación que constitucionalmente se atribuye a la Asamblea Legislativa sobre tan importante materia, es para fijar en los presupuestos los ingresos probables y los gastos autorizados de la Administración Pública con las modalidades que para sus modificaciones y para presupuestos extraordinarios la misma Constitución señala. No puede en consecuencia, el Poder Legislativo bajo la potestad presupuestaria que se apunta, regular materias de diferente naturaleza o contenido a esa especialidad. Lo expresado es congruente con la atribución exclusiva del Poder Ejecutivo de elaboración del proyecto de presupuesto ordinario y la iniciativa de sus modificaciones y de los extraordinarios, así como la de la Asamblea Legislativa en cuanto a su dictado, además, con la modalidad ya analizada de que el Poder Ejecutivo no tiene atribución de veto sobre su aprobación, a tenor del numeral 125 de la Carta Fundamental.…”.

La reforma introducida al artículo 6 inciso d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, mediante el artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, Ley Nº 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance Nº 25 de La Gaceta Nº 166 del 1º de setiembre de 1988, en cuanto adicionó un párrafo segundo al inciso d) definiendo la “habitualidad”, es inconstitucional. Se trata de una norma que no tiene contenido presupuestario, que modifica una disposición ordinaria mediante un procedimiento para promulgar el presupuesto extraordinario, razón por la cual, debe declararse con lugar esta sentencia y pronunciar la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley impugnada en razón de la forma en que fue aprobada, sin perjuicio de la competencia que tienen los jueces y tribunales, a la hora de establecer el concepto de “habitualidad”, conforme al texto que subsiste en la Ley de Impuesto sobre la Renta (artículo 4 inciso f). El modo irregular con que el legislador promulgó la norma produce un vicio que anula la definición legal que el legislador quiso dar a la “actividad habitual”, dado que violentó las normas citadas en la sentencia mencionada. De esta manera, se declara en esta sentencia la inconstitucionalidad del artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, Ley Nº 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance Nº 25 de La Gaceta Nº 166 del 1º de setiembre de 1988, y se hace de modo declarativo a partir de esta fecha, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Subsiste entonces únicamente el artículo 6 inciso d) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en cuanto regula:

“d) Las ganancias de capital obtenidas en virtud de traspasos de bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no constituyan una actividad habitual, en cuyo caso se deberá tributar de acuerdo con las normas generales de la ley”.

En lo demás, queda anulado el párrafo segundo que fue adicionado por la Ley declarada inconstitucional, según establecía que:

“Para los efectos de esta ley, por habitualidad ha de entenderse la actividad a la que se dedica una persona o empresa, de manera principal y predominante y que ejecuta en forma pública y frecuente, y a la que dedica la mayor parte del tiempo”. Por tanto,

Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula el artículo 104 de la Ley de Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1988, Ley Nº 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance Nº 25 de La Gaceta Nº 166 del 1º de setiembre de 1988. Esta sentencia tiene efectos declarativos a partir de esta fecha, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.—Luis Fernando Solano Carrera, Presidente.—Luis Paulino Mora M.—Adrián Vargas B.—Gilberth Armijo S.—Ernesto Jinesta L.—Rosa María Abdelnour G.—Fernando Cruz C.”

San José, 29 de marzo del 2006.

Gerardo Madriz Piedra,

1 vez.—(31209) Secretario

Res: Nº 2005-06850.—San José, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del primero de junio del dos mil cinco. Exp. Nº 03-012073-0007-CO.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Francisco Manuel Conejo Vindas, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número 1-879-232, vecino de Pavas, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad “BOS, Costa Rica S. A.” contra el artículo 616 del Código de Comercio.

Resultando:

1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas veintiocho minutos del veinte de noviembre del dos mil tres, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 616 del Código de Comercio. Dicha norma señala que la cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación. Considera que tal disposición es contraria a la libertad de empresa, libertad de contratación y principio constitucional de razonabilidad. Los artículos 45 y 46 de la Constitución consagran algunas garantías a favor del núcleo irreductible o contenido esencial de la libertad empresarial. El primer párrafo del artículo 46 prohíbe, de manera expresa, que la ley cree potestades administrativas a favor del Estado que sean incompatibles con el haz de derechos, facultades y atributos que integran la libertad empresarial. En otros términos, cuando la Constitución Política establece que “...serán prohibidos... y cualquier acto, aunque fuere originado en la ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria...” quiere significar, que ninguna ley puede otorgar potestades administrativas al Estado para restringir de manera no razonable ni proporcional la libertad empresarial, de manera tal que se haga nugatorio su efectivo disfrute. Dentro de ese contexto, es posible asegurar que el Estado puede limitar, pero no suprimir la libertad empresarial, salvo por calificadísimos motivos de interés público (expropiación mediante pago de indemnización previa) o por causas patológicas o análogas (empresa declarada en quiebra o que se dedique a una actividad ilícita). De esta última garantía se deduce, además, que las limitaciones que imponga el Estado a las libertades económicas están también sujetas a una serie de restricciones. Así, por ejemplo, las medidas restrictivas deben ser proporcionales entre el beneficio que el orden público deriva de tal reglamentación y el perjuicio que la medida puede implicar para los titulares de la libertad. En resumen, la restricción no puede ser arbitraria, pues debe respetar los principios constitucionales de la proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, su contenido esencial no puede ser suprimido, el cual deberá determinarse caso por caso. Tales limitaciones, sin embargo, no pueden ir más allá de cierto límite, de tal suerte que cuando el legislador, so pretexto de regular el ejercicio de ese derecho, le imponga al empresario la apertura y operación de una determinada actividad, o le establezca cargas o condiciones que lo hagan imposible o no rentable, o le fije un determinado giro en perjuicio de otro, o le imponga programas vinculantes a su actividad, en todas esas hipótesis la normativa correspondiente sería obviamente inconstitucional por violación expresa del contenido esencial de la libertad de empresa. El artículo 616 del Código de Comercio restringe en perjuicio de los cuentacorrentistas, de manera ilegítima, su libertad empresarial, pues les impide su accionar normal en el giro de sus actividades. En otros términos, el cierre unilateral por parte del Banco de las cuentas corrientes de sus clientes hace imposible el giro de sus respectivas actividades empresariales, las cuales requieren necesariamente contar con cuentas bancarias abiertas para el giro cotidiano de sus operaciones. El cierre definitivo de las cuentas bancarias de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la actividad empresarial implica el cese inmediato de sus actividades, lo que produce una violación, por sus efectos, del artículo 46 de la Constitución. La ejecución concreta de lo dispuesto en la norma impugnada produce como resultado final el cese involuntario en el giro de su actividad de las empresas afectadas, al hacer imposible que puedan operar normalmente en el mercado. Por ello, se puede concluir que el cierre unilateral por parte de los bancos de las cuentas de los cuentacorrentistas, autorizada por la norma impugnada, implica una restricción ilegítima a la libertad empresarial de los afectados con esa medida, dado que se les obliga de manera indirecta, a cesar en el giro de sus actividades, lo cual viola un contenido esencial del artículo 46 de la Constitución Política, como es el derecho que tiene todo empresario de no ser obligado, ni directa ni indirectamente por medidas legislativas o administrativas, a abandonar su actividad productiva. Es decir, el empresario sólo puede cesar en el ejercicio de su actividad productiva en tres hipótesis: a) cuando lo haga voluntariamente b) cuando el mercado lo obligue a retirarse por ineficiente o c) porque haya cometido algún ilícito penal o administrativo sancionado con el cierre de su negocio. Por tanto, cualesquiera otra medida que directa o indirectamente produzca como resultado final el cese de su giro empresarial es inconstitucional por violación de un contenido esencial de la libertad de empresa, tal y como ocurre con la aplicación, por parte de las instituciones bancarias, de la norma impugnada. Como segunda violación, el accionante señala que se infringe el contenido esencial de la libertad contractual, que se deriva de la interpretación armónica de los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política. Conforme a esa jurisprudencia, el cuarto contenido esencial de esa libertad lo constituye “el equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas pretensiones” (Sentencia 3495-92). La libertad contractual sólo puede ser limitada en situaciones excepcionales y cuando exista un interés público de gran relevancia que haga necesaria la correspondiente limitación. La norma impugnada viola un contenido esencial de la libertad contractual, según el cual, las prestaciones convenidas deben ejecutarse a todo lo largo de la vigencia del contrato, salvo que exista incumplimiento de alguna de las partes, causas de fuerza mayor o rescisión por mutuo acuerdo. Ese contenido esencial adquiere mayor relevancia tratándose de los contratos bilaterales, en que las partes no pueden ponerle fin unilateralmente, salvo que medie incumplimiento de alguna de ellas o se produzca alguna causal de caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de los cuentacorrentistas no es equitativo cerrarles intempestivamente sus cuentas bancarias, sin que exista un incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales. Es decir, mientras un cuentacorrentista no haya violado ninguna cláusula contractual o disposición legal en la materia, no es equitativo que la institución bancaria le cierre unilateralmente sus cuentas corrientes o de ahorros, dado que dicho cierre le produce serios problemas de operatividad empresarial. Desde el punto de vista de los cuentacorrentistas son evidentes los beneficios que éstos obtienen con la apertura de cuentas bancarias, pues ello les permite no manejar dinero en efectivo y evitar, de esa manera, exponerse a asaltos en sus instalaciones. Asimismo, les facilita el pago de sus proveedores y empleados y, en general, la realización de todo tipo de transacciones financieras nacionales e internacionales. Es decir, hoy día es imposible que una empresa pueda operar eficientemente si no tiene acceso a las cuentas bancarias. La norma recurrida viola de manera clara el citado contenido esencial de la libertad de contratación, por cuanto autoriza restricciones carentes de razonabilidad, equidad y proporcionalidad en perjuicio directo de los cuentacorrentistas. Por último, señala el accionante que se infringe el principio constitucional de razonabilidad. Al respecto refiere que la disposición impugnada no es necesaria, idónea ni proporcional. En efecto, la falta de idoneidad de la medida indica que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Si lo que los Bancos pretenden evitar con el cierre unilateral de cuentas bancarias es el lavado de dinero, es evidente que existen otros mecanismos más eficaces para controlar ese delito, sin necesidad de cerrar las cuentas de sus clientes. Por ejemplo, puede exigírseles a los cuentacorrentistas justificar adecuadamente la proveniencia de los depósitos superiores a una determinada suma, así como respecto de aquellos otros que se hagan en dinero efectivo, etc. En caso de descubrir que los depósitos o los giros contra las cuentas corrientes son mecanismos utilizados por los cuentacorrentistas para lavar dinero, es claro que, en tales hipótesis, los bancos tendrían todo el derecho y la razón para cancelar las respectivas cuentas conforme se los autoriza expresamente y con justa razón el segundo párrafo de la norma impugnada. En cuanto a la proporcionalidad, remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. La norma cuestionada produce mayor perjuicio a los titulares de las cuentas corrientes que el supuesto beneficio que obtendría la colectividad con el cierre de las cuentas bancarias de algunos de sus clientes, sobre todo si se toma en cuenta que dicho cierre se produce en las hipótesis en que éstos no han incurrido en ninguna violación a las disposiciones legales que regulan la materia ni a las respectivas cláusulas contractuales. Por el contrario, la lógica más elemental indica que tanto el banco como la colectividad sufrirán un perjuicio con el cierre de las citadas cuentas bancarias, dado que aquél tendrá menos recursos disponibles para sus actividades financieras y la colectividad sufrirá serios perjuicios al cesar en el giro de su actividad un grupo de empresas que crean numerosas fuentes de empleo. Finalmente, la norma recurrida tampoco cumple con el requisito de la necesidad, puesto que si los cuentacorrentistas están operando sus cuentas bancarias conforme a todas las regulaciones legales y a las cláusulas contractuales respectivas, resulta completamente innecesario cerrárselas ya que el interés público no está sufriendo ningún perjuicio. Como asunto base donde invocó la inconstitucionalidad de la norma como medio razonable para amparar el derecho o interés que considera lesionado, señala el proceso contencioso administrativo tramitado con el número de expediente 03-1018-163-CA.

2º—El artículo 9º de la Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala para rechazar por el fondo las gestiones que se planteen cuando cuente con los elementos de juicio suficientes para resolver.

Redacta el Magistrado Solano Carrera; y,

Considerando:

I.—Sobre la admisibilidad. La acción planteada resulta admisible al tenor de lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional, en virtud de que se invocó la inconstitucionalidad de la norma en el asunto base pendiente de resolver, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Dicho asunto consiste en el proceso contencioso administrativo tramitado con el número de expediente 03-1018-163-CA.

II.—Objeto de la acción. El accionante impugna el artículo 616 del Código de Comercio, por considerar que lesiona lo dispuesto en los artículos 28, 45 y 46 de la Constitución Política. Ello en cuanto indica que “La cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación...”, lo cual a juicio del accionante infringe la libertad de empresa, la libertad de contratación y el principio de razonabilidad.

III.—Contrato de cuenta corriente como servicio económico de interés general. El artículo 612 del Código de Comercio define el contrato de cuenta corriente bancario como aquel mediante el cual un banco recibe de una persona, dinero u otros valores acreditables de inmediato, en calidad de depósito, o le otorga un crédito para girar contra él. Establece la ley que los giros contra cuenta corriente deberán ser efectuados mediante cheque u otros tipos de notas autorizadas al efecto. La vida contemporánea ha hecho que el uso de las cuentas corrientes pase de ser una opción más de manejo de fondos, a una verdadera necesidad por parte de personas físicas y privadas, que deben depositar sus ingresos en cuentas que les permitan efectuar los giros necesarios para cubrir sus diferentes gastos en forma segura y confiable. En la actualidad, carecer de una cuenta corriente puede implicar la imposibilidad de ejercer determinadas actividades laborales y comerciales. Estas condiciones llevaron en el pasado a definir los servicios bancarios en general –y los contratos de cuenta corriente en particular- como servicios públicos virtuales o impropios. Esta es la definición histórica del contrato de cuenta corriente en Costa Rica. Así lo declaró el artículo 1° del Decreto-Ley de Nacionalización Bancaria, que lo consideró incluso una función pública otorgada al Estado -a través de sus instituciones bancarias- para que la ejerciera en forma exclusiva. Posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 de veinticinco de setiembre de mil novecientos cincuenta y tres (artículos 59 y 60) elimina el carácter regalístico de los servicios de cuenta corriente, permitiendo incluso que lo ofrezcan bancos comerciales privados, sin que para ello deban recibir una concesión, sino una autorización de funcionamiento una vez cumplidos determinados requisitos que aseguren la solvencia y confiabilidad suficiente para captar dineros del público. Ya el Código de Comercio lo había regulado dentro de los contratos mercantiles, por lo que aún si fuera prestado por la Administración a través de una de sus entidades bancarias, debería ser considerado un servicio empresarial. Es así como en la actualidad servicios de esta naturaleza son definidos como servicios comerciales de interés general, que pueden ser ejercidos tanto por instituciones públicas como por personas privadas, siempre que reciban la autorización correspondiente y se sometan a un intenso régimen de sujeción especial basada en la regulación de sus actividades por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. De manera que la actividad bancaria de prestación de servicios de cuenta corriente, aún no siendo propiamente un servicio público, sí es una actividad sometida a una amplia regulación, dada la importancia del sector bancario en la vida nacional, así como la relevancia de los servicios de cuenta corriente, cuya necesidad se ha ido incrementando y extendiendo entre diversos grupos de la sociedad para la satisfacción de los más diversos intereses.

IV.—Interpretación constitucional del artículo 616 del Código de Comercio. Como parte de la regulación propia de los contratos de cuenta corriente, el Código de Comercio, en su artículo 616, dispone que: “La cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación. El cierre de una cuenta corriente termina con el contrato. Es obligación del Banco cancelar la cuenta corriente a aquellas personas que a su juicio, hicieren mal uso de la misma.” Considera el accionante que el cierre unilateral por parte de la entidad bancaria infringe la libertad de empresa, la libertad contractual y el principio de razonabilidad. Ciertamente, según se señaló, el uso de cuentas corrientes para el giro de una empresa, por ejemplo, actualmente resulta ser una verdadera necesidad, tornándose difícil o casi imposible, en algunos casos, ejercer determinadas actividades laborales y comerciales sin ella. Es por ello que el cierre de una cuenta corriente por parte de una entidad bancaria sí afecta el ejercicio de la actividad empresarial y desde ese punto de vista éste sólo puede darse cuando medien circunstancias que lo hagan razonable. El principio de razonabilidad constituye un parámetro de constitucionalidad, y en ese sentido es un requisito de la validez constitucional de las leyes y de los actos públicos. Al respecto, se ha señalado:

“...las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad.” [...] un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: es necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados”.

Tratándose el contrato de cuenta corriente de un servicio comercial de interés general, de gran impacto en la vida económica del país y de decidida importancia para los usuarios, resultaría innecesario, desproporcionado e inidóneo que se autorice al cierre sin que medie una justificación basada en elementos objetivos. Así las cosas, solamente podrá ser negado a una persona en el supuesto de que no cumpla con las obligaciones propias del contrato (haga mal uso de su cuenta, no mantenga un determinado volumen de operaciones, etc.) o bien, cuando la cuenta esté sirviendo para realizar o coadyuvar en una actividad ilícita. Al decir el artículo 616 impugnado que el banco puede ordenar unilateralmente el cierre de una cuenta, no autoriza con ello, ni podría entenderse así, privar arbitrariamente a un usuario de dicho servicio. Por estar ante la imposición de una restricción, el aviso de la institución bancaria deberá estar suficientemente motivado y además basado en razones que válidamente puedan justificar el cierre, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y los términos específicos del contrato. De lo contrario, se podría permitir a las instituciones bancarias públicas o privadas, negarse a ofrecer los servicios de cuenta corriente a un usuario sin que medien motivos objetivos y legítimos para ello, privándolo de un servicio cada vez más esencial para el desarrollo de las personas físicas y jurídicas en los ámbitos laboral y mercantil.

V.—Conclusión. En definitiva, el artículo 616 del Código de Comercio no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete que el cierre de la cuenta corriente debe encontrarse motivado y sustentado en elementos objetivos y razonables, derivados, de las condiciones específicas de operación del contrato de cuenta corriente. Consecuentemente, procede rechazar por el fondo la acción interpuesta. Los Magistrados Calzada y Vargas ponen nota. Por tanto,

Se rechaza por el fondo la acción por considerar que el artículo 616 del Código de Comercio no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que el cierre de la cuenta corriente por parte de una entidad bancaria debe motivarse y fundamentarse en elementos objetivos derivados de las condiciones específicas de operación del contrato de cuenta corriente. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.—Luis Fernando Solano C., Presidente.—Luis Paulino Mora M.—Ana Virginia Calzada M.—Adrián Vargas B.—Gilbert Armijo S.—Ernesto Jinesta L.—Fernando Cruz C.

NOTA: Separada de los magistrados Calzada Miranda y Vargas Benavides.

Concurrimos en el voto de la mayoría que rechaza por el fondo la acción de inconstitucionalidad, ya que coincidimos en que no es inconstitucional el numeral 616 del Código de Comercio si se interpreta que el cierre de la cuenta corriente por parte de una entidad bancaria debe motivarse y fundamentarse en elementos objetivos derivados de las condiciones específicas del contrato de cuenta corriente. Sin embargo, a nuestro juicio debe interpretarse además que si el cierre de la cuenta corriente implica la afectación de un derecho fundamental como el salario o la jubilación del cliente, pues ese es el medio por el cual el patrono le gira esos dineros, la entidad bancaria debe tomar las medidas necesarias a fin de garantizar un medio efectivo para que el afectado reciba sin dilación dichos pagos, pues a nuestro juicio el eventual incumplimiento de su parte de obligaciones de carácter contractual no podrían implicar la afectación de derechos esenciales como el de recibir oportunamente el salario o la pensión.—Ana Virginia Calzada M.—Adrián Vargas B.

San José, 29 de marzo del 2006.

Gerardo Madriz Piedra,

1 vez.—(31210) Secretario

JUZGADO NOTARIAL

HACE SABER:

A Shamelia Furtado Allen, mayor, notaria pública, cédula de identidad Nº 7-114-673, domicilio ignorado: que en proceso disciplinario notarial Nº 04-000207-0627-NO, establecido en su contra por Registro Civil, se han dictado las resoluciones que dicen: “Expediente Nº 04-000207-627-NO.—Resolución Nº 00811-05.—Juzgado Notarial.—San José, a las dieciséis horas dieciséis minutos del veintidós de diciembre del dos mil cinco. Proceso disciplinario notarial establecido por el Registro Civil contra la notaria pública Shamelia Furtado Allem, mayor, abogada y notaria pública, de otras calidades ignoradas. Resultando: 1º—…, 2º—…, 3º—…, 4º—Que en la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales; y, Considerando: I.—Hechos probados: 1)…, 2)…, II.—Sobre el fondo:… III.—… Por tanto: Se declara con lugar el presente proceso disciplinario notarial y se le impone a la notaria Shamelia Furtado Allem la corrección disciplinaria de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Dicha sanción, regirá al amparo del artículo 161 del Código Notarial, ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial. Firme esta resolución, comuníquese al Archivo Notarial, al Registro Civil, al Registro Nacional y a la Dirección Nacional de Notariado. Publíquese el edicto respectivo. Notifíquese. Lic. Grace Hernández Herrera, Jueza.” “Juzgado Notarial.—San José, a las quince horas treinta minutos del treinta de marzo del dos mil seis. De conformidad con el artículo 263 del Código Procesal Civil; notifíquese a la licenciada Shamelia Furtado Allen la sentencia Nº 00811-05 de las dieciséis horas dieciséis minutos del veintidós de diciembre del dos mil cinco, así como la presente resolución. Por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial. M.Sc. Everardo Chaves Ortiz, Juez.”

San José, 30 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32235) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 01-000241-0627-NO, establecido por Silvia María Chaves Soto contra la notaria Carmen Martínez Ramírez, este Juzgado, mediante sentencia Nº 00504-05 de las diez horas cincuenta y seis minutos del catorce de setiembre del dos mil cinco. Dispuso imponerle a la notaria Carmen Martínez Ramírez, cédula 1-620-790, la corrección disciplinaria de tres meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial, en el entendido de que dicha suspensión se mantendrá vigente hasta la inscripción final del testimonio correspondiente a la escritura que aquí interesa. Rige ocho días naturales después de la publicación.

San José, 30 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32236) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 03-000176-0627-NO, establecido por Registro Civil contra el notario Guillermo Cornejo Chacón, este Juzgado, mediante sentencia Nº 00421-05 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de agosto del dos mil cinco, dispuso imponerle al notario Guillermo Cornejo Chacón, cédula 7-420-239, la corrección disciplinaria de cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de la publicación.

San José, 30 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32237) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 01-001121-0627-NO, establecido por Gladys Iris Zabala, contra el notario Richard Acuña Campos, este Juzgado, mediante resolución de las ocho horas del veintisiete de marzo del dos mil seis, dispuso levantarle la suspensión impuesta al licenciado Richard Acuña Campos, mediante sentencia Nº 00411-02 de las ocho horas del veintiocho de agosto del dos mil dos.

San José, 31 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32238) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 01-000053-0627-NO, establecido por Viria Lucía Ramírez Mejía contra los notarios Nicolás Saborío Cubillo y Lisandro Mora Herrera, este Juzgado, mediante sentencia Nº 643-2005 de las catorce horas cinco minutos del dos de noviembre del dos mil cinco, dispuso imponerle a los notarios Nicolás Saborío Cubillo, cédula de identidad Nº 1-403-225 y Lisandro Mora Herrera, cédula de identidad Nº 1-655-216, la corrección disciplinaria de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial a cada uno de ellos. Rige ocho días naturales después de la publicación.

San José, 30 de marzo del 2006.

M.Sc. Everado Chaves Ortiz

1 vez.—(32239) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 02-000888-627-NO, establecido por Agroservicios Teca Aseteca S. A. contra Pedro Farrier Brais, este Juzgado, mediante sentencia Nº 537-2005 de las diez horas cuarenta y tres minutos del veintidós de setiembre del dos mil cinco, limitada mediante resolución de las once horas del tres de abril del dos mil seis, se dispuso imponerle tres meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial a Pedro Farrier Brais, cédula de identidad Nº 5-179-465.

San José, 3 de abril del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32240) Juez

A Félix Ángel Ramírez Murillo, mayor, notario público, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y uno-mil trescientos setenta y seis, de domicilio ignorado, que en proceso disciplinario notarial Nº 05-000978-627-NO, establecido en su contra por Olga Lidia Fallas Ramírez, se han dictado las resoluciones que literalmente dicen: “Juzgado Notarial.—San José, a las ocho horas diez minutos del dos de noviembre del año dos mil cinco. Se tiene por establecido el presente proceso disciplinario notarial promovido por Olga Lidia Fallas Ramírez contra Félix Ángel Ramírez Murillo, a quien se le confiere traslado por el plazo de ocho días. Dentro de ese plazo debe contestar respecto de los hechos denunciados y ofrecer la prueba de descargo que estime de su interés. Para los efectos del artículo 153 del Código Notarial, se tiene como parte a la Dirección Nacional de Notariado, entidad que dentro del plazo señalado debe referirse respecto de la presente denuncia y aportar la prueba que considere pertinente. Asimismo, se les previene que en ese plazo, deben indicar lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo hagan, las resoluciones posteriores que se dicten, se les tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 153, párrafo 3º del Código Notarial, en relación con el artículo 185 del Código Procesal Civil y los numerales 2, 6 y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se les previene que pueden señalar un número de facsímil donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional, bajo el apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro de las veinticuatro horas. Por medio del notificador del Despacho notifíquese la presente resolución al denunciado Félix Ángel Ramírez Murillo, en forma personal o por medio de cédula de notificación y copias en su oficina o casa de habitación, el mismo puede ser localizado en su oficina ubicada en San José, costado sur del Registro Civil. De no ser habido en ese lugar, remítase comisión a la Policía de Proximidad de Hatillo, para que notifiquen al denunciado en su casa de habitación ubicada en Hatillo 7, calle Fernando Streber, casa número 16. Si no se localiza en las direcciones indicadas, remítanse oficios a la Dirección Nacional de Notariado a fin de que indique las direcciones reportadas por el citado notario, así como al Registro Público, para saber si tiene apoderado inscrito a su nombre. Lic. Everardo Chaves Ortiz, Juez.” “Juzgado Notarial.—San José, a las nueve horas del tres de abril del dos mil seis.—Vistas las constancias de folios 9 y 13, mediante la cual se indica que no ha sido posible localizar al notario Félix Ángel Ramírez Murillo, en las direcciones suministradas por la Dirección Nacional de Notariado, y siendo que no tiene apoderado inscrito ante el Registro de Personas Jurídicas (folio 17), de conformidad con lo establecido en el párrafo IV del artículo 153 del Código Notarial, se dispone notificarle al citado profesional la resolución dictada a las ocho horas diez minutos del dos de noviembre del dos mil cinco, así como la presente, por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial. Se le hace saber al denunciado que los hechos que se le atribuyen son con relación a la supuesta falta de tramitación de un proceso sucesorio en sede notarial. Conforme lo dispone el citado numeral, remítase oficio a la Jefatura de Defensores Públicos, con el fin, de que se le nombre un defensor público al denunciado. M.Sc. Everardo Chaves Ortiz, Juez.”

San José, 3 de abril del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32241) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 01-000895-627-NO, establecido por Carmen Vindas Villalobos contra Édgar Barrantes Mora, este Juzgado, mediante resolución de las once horas cuarenta minutos del veintinueve de marzo del dos mil seis, dispuso levantar la suspensión impuesta al notario Édgar Barrantes Mora, mediante sentencia Nº 00427-04 de las once horas del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro.

San José, 29 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32242) Juez

Que en proceso disciplinario Nº 03-000901-627-NO, establecido por Juan Salas Arrieta contra el notario Adrián Hernández Araya, este Juzgado, mediante sentencia Nº 528-2005 de las ocho horas del veinte de setiembre del dos mil cinco, dispuso imponerle seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial al notario Adrián Hernández Araya, cédula de identidad Nº 1-800-098. Rige ocho días naturales después de la publicación.

San José, 30 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32243) Juez

Que en el proceso disciplinario notarial Nº 04-000093-0627-NO del Registro Civil contra el notario público Dennis Rubie Castro, cédula de identidad Nº 01-0583-0827, este Juzgado, mediante resolución Nº 00594-05 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de octubre del dos mil cinco, dispuso imponerle al citado notario, la corrección disciplinaria de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 28 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32244) Juez

Que en el proceso disciplinario notarial Nº 02-00522-0627-NO del Archivo Notarial contra el notario Jorge Enrique Valverde Segura, cédula de identidad Nº 01-0420-0079, este Juzgado, mediante resolución Nº 00312-05 de las 14:15 horas del 22 de julio del 2005, confirmada por el Tribunal Notarial, dispuso imponerle al citado notario, la corrección disciplinaria de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 27 de marzo del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32245) Juez

Que en el proceso disciplinario notarial Nº 01-001054-627-NO, de Elayne Guiselle Castillo Varela contra la notaria pública Lucy Dayana Camacho Guzmán, cédula de identidad Nº 01-0890-0444, este Juzgado mediante resolución Nº 00234-05 de las catorce horas veinte minutos del catorce de junio del dos mil cinco, confirmada por el Tribunal Superior, dispuso imponerle a la citada notaria la corrección disciplinaria de tres meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 3 de abril del 2006.

M.Sc. Everardo Chaves Ortiz

1 vez.—(32246) Juez

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

HACE SABER QUE:

Se ha presentado formal solicitud de devolución de cuotas pagadas por el licenciado Carlos Urbina Fernández, portador de la cédula de identidad Nº 02-098-305, al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, en su condición de notario en cese del ejercicio. Por el plazo de un mes, contado a partir de esta publicación, se cita a los interesados para que formulen ante este Despacho, las oposiciones debidamente fundadas que tengan gestión presentada. Expediente Nº 06-000207-0624-NO.

San José, 28 de marzo del 2006.

Lic. Alicia Bogarín Parra

1 vez.—(32228) Directora

Se ha presentado formal solicitud de devolución de cuotas pagadas por la licenciada Jenny Calvo Araya, portadora de la cédula de identidad 01-400-1394, al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, en su condición de notaria en cese del ejercicio. Por el plazo de un mes, contado a partir de esta publicación, se cita a los interesados para que formulen ante este Despacho, las oposiciones debidamente fundadas que tengan a la gestión presentada. Expediente Nº 06-000206-0624-NO.

San José, 28 de marzo del 2006.

Lic. Alicia Bogarín Parra

1 vez.—(32229) Directora

Que se aprobó la solicitud de cese de la notaria pública licenciada Sandra Yorleny Tenorio Sánchez, cédula Nº 5-219-979, mediante resolución Nº 0347-2006, de las quince horas cinco minutos del tres de abril a partir del 14 de junio de 1994.

San José, 3 de abril del 2006.

Lic. Alicia Bogarín Parra

1 vez.—(32230) Directora

Que se aprobó la solicitud de cese del notario público licenciado Luis Carlos Regidor Mattey, cédula 1-231-090, mediante resolución Nº 0346-2006, de las catorce horas cincuenta minutos del tres de abril del año en curso, a partir de las 9:19 horas del 27 de marzo de 2006.

San José, 3 de abril del 2006.

Lic. Alicia Bogarín Parra

1 vez.—(32231) Directora

Que se aprobó la solicitud de cese de la notaria pública licenciada Yorleny Campos Oporta, cédula 6-217-673, mediante resolución Nº 0348-2006, de las quince horas del tres de abril a partir de las 14:24 horas del 28 de marzo de 2006.

San José, 3 de abril del 2006.

Lic. Alicia Bogarín Parra

1 vez.—(32232) Directora

Que mediante resolución de las catorce horas dieciocho minutos del tres de abril del año en curso, se adicionó la resolución Nº 0245-2006 de las 7:35 horas del 1º de marzo del 2006, misma que aprobó la solicitud de modificación de asiento registral del notario Juan Alexciz Barilla Jimenes, en el sentido que dicho profesional es conocido como Juan Alexis Barillas Jiménez. Expediente Nº 05-000926-0624-NO.

San José, 3 de abril del 2006.

Lic. Alicia Bogarín Parra

1 vez.—(32233) Directora

TRIBUNALES DE TRABAJO

Causahabientes

Se emplaza a todos los que en concepto de causahabientes se consideren con derecho a recibir las prestaciones legales, ahorros obligatorios y cualquier otro dinero a que tenía derecho el trabajador fallecido David Córdoba Solano, quien fue mayor, casado, titular de la cédula de identidad Nº 7-0050-0056, vecino de Limón, para que dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de este edicto, se apersonen al Despacho en defensa de sus derechos, apercibidos que si así no lo hicieren, los dineros que se depositen pasarán a quien legalmente corresponda. Expediente Nº 06-000096-679-LA-4 establecido por Felicia Martínez Martínez.—Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, 16 de marzo del 2006.—Lic. Eddy Herrera Chaves, Juez.—1 vez.—(32247).

Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Juan Andrés López Arguedas, cédula de identidad 01-1011-0956, fallecido el 9 de setiembre del año 2005, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este despacho en las diligencias devolución de ahorros y prestaciones bajo el número 06-000088-0810-LA-2, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Expediente Nº 06-000088-0810-LA-2, por Flor María Arguedas Sánchez.—Juzgado de Trabajo de Menor Cuantía de Heredia, 3 de abril del 2006.—Lic. Lilliam Esquivel Esquivel, Jueza.—1 vez.—(32633).

A los causahabientes de quien en vida se llamó Marlen Patricia Villalta Barrantes, quien fue mayor, casada una vez, educadora, vecina de Llorente de Tibás, con cédula de identidad número 1-0714-090, se les hace saber que Ricardo Adolfo Rodríguez Hernández, portador de la cédula de identidad 1-608-0193, vecino de Llorente de Tibás, se apersonó en este despacho en calidad de conyugue supérstite de la fallecida, a fin de promover las presentes diligencias de consignación de prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen en este despacho en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Publíquese por una sola vez en el Boletín Judicial libre de derechos. Consignación de prestaciones de la trabajadora fallecida Patricia Villalta Barrantes. Expediente Nº 06-000713-0166-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, 23 de marzo del 2006.—Lic. Jesús Gómez Sarmiento, Juez.—1 vez.—(32808).

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Remates

SEGUNDA PUBLICACIÓN

A las diez horas, treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior del edificio que ocupa este Juzgado, reservas y restricciones y sin más gravámenes, con la rebaja del veinticinco por ciento, a la base sea la suma de un millón ochocientos setenta y tres mil novecientos cincuenta colones, en el mejor postor se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Limón, matrícula número 94011-000, que es terreno para construir, situado en el distrito segundo, cantón segundo de la provincia de Limón, que mide: doscientos ochenta y dos metros con ochenta decímetros cuadrados. Linda: al norte, con Roan Solórzano Méndez; al sur, con Minor Hernández Marín, y Julio López Rivera; al este, con calle pública, y al oeste, con Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en Proceso Ejecutivo Hipotecario Nº 05-1000551-468-CI, de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, contra Marta Sequeira Cortés.—Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, 24 de febrero del 2006.—Lic. Luis Fernando Guillén Zumbado, Juez.—Nº 96420.—(31878).

A las nueve horas con quince minutos del nueve de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios y judiciales, soportando infracciones a la Ley de Tránsito bajo la boleta 2004072863 del doce de octubre del dos mil cuatro, a la orden del Juzgado de Tránsito de Heredia y con la base de diez mil ochocientos cuarenta y nueve dólares con tres centavos, al mejor postor remataré lo siguiente: Vehículo placas 495172, marca Susuki, estilo Grand Vitara, carrocería familiar, categoría automóvil, serie JS3TL52V424151544, año 2002, color gris, combustible gasolina, capacidad 5 personas, cilindrada 2000 c.c. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario N° 05-001115-184-CI de Banco Interfin S. A. contra Carmen Lidia Chavarría Cordero.—Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía, San José, 21 de marzo del 2006.—Lic. Mario Zamora Mata, Juez.—Nº 96128.—(32186).

A las catorce horas cuarenta minutos del diez de mayo de dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios, anotaciones judiciales e infracciones a la Ley de Tránsito y con la base de catorce mil trece dólares con veinticuatro centavos, unidad monetaria de los Estados Unidos de América, en el mejor postor remataré lo siguiente: Un vehículo placas cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos once, marca Peugeot, categoría automóvil, carrocería familiar, estilo Break XS, capacidad para cinco personas, año dos mil tres, rojo, motor 10DYLH3065545, chasis VF33ERHYM2Y012687, combustible diesel. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario de actor: Banco Interfin S. A. contra María Teresa Bouza Gallegos. Expediente 05-000710-182-CI-1.—Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía, San José, 20 de marzo del 2006.—Lic. Ricardo Barrantes López, Juez.—Nº 96129.—(32187).

A las diez horas y quince minutos del doce de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y anotaciones judiciales y con la base de un millón de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos sesenta mil doscientos quince - cero cero cero, la cual es terreno lote veintiséis terreno para construir. Situada en el distrito 07 Purral, cantón Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: al norte, parque; al sur, lote veinticinco; al este, alameda, y al oeste, Asociación Pro Vivienda El Valle. Mide: doscientos treinta y ocho metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Jimmy Alberto Salazar Rodríguez contra Alexander Guzmán Jara. Expediente Nº 05-001373-0164-CI.—Juzgado Civil Segundo Circuito Judicial de San José, 16 de marzo del 2006.—Lic. Víctor M. Soto Córdoba, Juez.—Nº 96138.—(32188).

A las once horas del doce de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y anotaciones judiciales y con la base de un millón quinientos mil colones en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad; bajo el Sistema de Folio Real, matrícula Nº 460168-000, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 07 Purral, cantón 08 Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: al norte, lote 26; al sur, lote 24, al este, alameda, y al oeste, Asociación pro Vivienda del Valle. Mide: doscientos treinta y ocho metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Jimmy Alberto Salazar Rodríguez contra Asaraica S. A. Expediente Nº 05-001374-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 2 de marzo del 2006.—Lic. Víctor M. Soto Córdoba, Juez.—Nº 96139.—(32189).

A las nueve horas treinta minutos del primero de junio del dos mil seis, en la puerta exterior del edificio que ocupa este Juzgado, en el mejor postor se rematarán las siguientes fincas: con la base de trece mil quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América, el fundo inscrito en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula 5292-009 y con la base de veintiséis mil quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América, la propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula 5292-005, la primera que es terreno sembrado de cacao, situado en el distrito tercero, Cahuita; cantón cuarto Talamanca; provincia de Limón, que mide: ciento catorce mil trescientos cincuenta metros con treinta y cinco decímetros cuadrados y linda al norte, con Ricardo León Salazar, al sur, y oeste, con Francisco Antonio Ortiz Chavarría y al este, con Claudia Delfina Ramírez Ortiz. La segunda, que es terreno sembrado de cacao, situado en el distrito tercero, Cahuita; cantón cuarto Talamanca; provincia de Limón, que mide: ciento catorce mil trescientos cincuenta metros con treinta y cinco decímetros cuadrados, y linda al norte, con Ricardo León Salazar, al sur, y oeste, con Francisco Antonio Ortiz Chavarría y al este, con Claudia Delfina Ramírez Ortiz. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en ejecutivo hipotecario Nº 06-100126-0468-CI de Johnny Barquero López contra Teaoka Cincuenta y Siete S. A.—Juzgado Civil y de Trabajo Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica, Guápiles, 20 de marzo del 2006.—Lic. Luis Fernando Guillén Zumbado, Juez.—Nº 96155.—(32190).

A las ocho horas treinta minutos del dieciséis de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior del edificio que ocupa este Juzgado, soportando servidumbre trasladada sin más gravámenes, con la base de cuatrocientos cincuenta mil colones, en el mejor postor se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula número 110511-000, que es terreno para construir, situado en el distrito uno, cantón uno de la provincia de Limón, que mide: trescientos cuatro metros con setenta y seis decímetros cuadrados y linda al norte, con calle pública con un frente de diez metros con noventa centímetros, al sur, con Marhorie Rojas Vega; al este, con Auxiliadora Arias Castillo, y al oeste, con Fernando Aguilar Ramírez. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 05-100381-0468-CI de: Esparzatirro Doce Limitada, contra: Claudia Ramírez Alvarado.—Juzgado Civil y de Trapajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, 20 de febrero del 2006.—Lic. Luis Fernando Guillén Zumbado, Juez.—Nº 96156.—(32191).

A las diez horas del dieciocho de mayo del dos mil seis, en la puerta de este Juzgado en el mejor postor, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales; en el mejor postor con la base de un millón quinientos mil colones exactos; remataré: la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Guanacaste a Folio Real matrícula número cero dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco- cero cero cero, que es terreno de solar con una casa, situado en el distrito primero, Cañas, del cantón sexto de la provincia de Guanacaste. Linda: norte, zanja en medio Pedro Montero; sur, calle en medio Fernando Sanabria; este, Teodoro Porras, y oeste, Germán Porras; con una medida de doscientos cincuenta metros con ochenta decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en expediente Nº 05-100315-0389-CI (328-2-05-B), proceso de ejecución hipotecaria interpuesto por el Banco de Costa Rica contra Heyner Briceño Marchena.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Cañas, Guanacaste, 28 de febrero del 2006.—Lic. Mª Inés Mendoza Morales, Jueza.—Nº 96556.—(32192).

A las once horas del cinco de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios, con base en la suma de cinco millones de colones, en el mejor postor remataré: Finca inscrita en propiedad, partido de Guanacaste, Folio Real matrícula número cincuenta y siete mil noventa y ocho-secuencia cero cero cero, que es terreno de pastos con una casa de habitación, sito en el distrito de Colorado, del cantón de Abangares de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, servidumbre de paso en medio Luis Medina y Hacienda Solymar Sociedad Anónima; sur, Purdy Motor Sociedad Anónima; este, Hacienda Solymar Sociedad Anónima, y oeste, Purdy Motor Sociedad Anónima. Mide: doscientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis metros con setenta y dos decímetros cuadrados. Pertenece a Agropecuaria Guiar Sociedad Anónima. Otros gravámenes: Reservas y restricciones citas trescientos cincuenta y siete-cero ocho mil cuarenta y nueve-cero uno- cero uno- cero novecientos-cero cero uno. Hipoteca de segundo grado, citas cuatrocientos cincuenta y nueve-cero nueve mil doscientos cincuenta y dos-cero uno-cero cero cero uno- cero cero uno. Por estar ordenado en expediente Nº 06-000037-0389-CI, proceso hipotecario de Banco de Costa Rica contra Agropecuaria Guiar Sociedad Anónima y otro.—Juzgado Agrario de Liberia, Guanacaste, 6 de marzo del 2006.—Lic. Wilbert Álvarez Li, Juez.—Nº 96557.—(32193).

A las diecisiete horas del nueve de mayo del año dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes y anotaciones, soportando servidumbre trasladada, servidumbre de alero y condiciones inscritas al tomo 302, asiento 05800 y con la base de tres millones quinientos mil colones, en el mejor postor, remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real mecanizado, matrícula número doscientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y uno- cero cero uno y cero cero dos. Que es terreno: para construir 1 casa no 158 80. Sitio: distrito 10 Hatillo, cantón 01 San José de la provincia de San José. Linderos: norte, INVU; sur, acera 1 con 7 m. 41 cm.; este, INVU medianería en medio, y oeste INVU medianería en medio, noreste lote y casa Nº 157-67, Flora Delgado Marín; noroeste, lote y casa número 156-79, Marta Acuña García; sureste, lote y casa Nº 160-81, Olman Corrales Salazar; suroeste, lote y casa Nº 160-81, Olman Corrales Salazar. Mide: ciento diecinueve metros con cuatro decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 05-019397-0170-CA de Banco de Costa Rica contra Carmen Amparo Alvarado Alfaro, Walter Hugo Araya Alvarado.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 6 de marzo del 2006.—Lic. Hans Roberto Leandro Carranza, Juez.—Nº 96564.—(32194).

A las ocho horas treinta minutos del quince de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de la oficina que ocupa este Juzgado, libre de gravámenes prendarios y con la base de novecientos un mil colones, en el mejor postor remataré: Un vehículo marca Hyundai, modelo 1993, estilo Excel, 04 cilindros, combustible gasolina, cubicaje 1500 centímetros cúbicos, chasis número KMHVF21JPPU847119, motor Desco, color rojo, capacidad 5 pasajeros, placas número 325221. Se ordena el remate en ejecutivo prendario N° 1531-05 de Inversiones Jofal S. A. contra María del Rocío Umaña Gaytán.—Juzgado Primero Civil, San José, 13 de marzo del 2006.—Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez.—Nº 96621.—(32195).

A las diecisiete horas del doce de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de veinte millones de colones sin céntimos, en el mejor postor, remataré: Finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número cuarenta y un mil ciento ochenta y cinco cero cero cero. Que es terreno: cultivado de café hoy con una casa. Sitio: distrito San Miguel, cantón Santo Domingo de la provincia de Heredia. Linderos: norte, Amatías Serrano, Efraín Villalobos y Noe Ramírez Villalobos, sur Gerardo Rodríguez Portuguez, Tournon S. A., este calle pública, y oeste, Noe Ramírez Villalobos. Mide: seis mil seiscientos ochenta y un metros con ocho decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 05-018986-0170-CA de Banco Nacional de Costa Rica contra María Monserrat Camacho Umaña.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 28 de marzo del 2006.—Lic. Osvaldo López Mora, Juez.—Nº 96627.—(32197).

A las diez horas del cinco de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior del local que ocupa este Juzgado al mejor postor, libre de gravámenes hipotecarios, soportando renuncia de gananciales inscrito al tomo 359, asiento 04030, ahora con la rebaja del veinticinco por ciento sobre la base inicial la cual queda en la suma de cuatrocientos trece mil ochocientos ochenta colones, remataré: Inmueble inscrito al Folio Real, partido de Alajuela matrícula trescientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y dos-cero cero cero, que se describe así: Lote primero, terreno para construir, sito en el distrito quinto Venecia, del cantón décimo San Carlos de la provincia de Alajuela. Linda; al norte, servidumbre de paso a calle pública y lote segundo; sur, Denis Vargas Leiva; este, Pedro Sibaja Ramírez y oeste, Pedro Sibaja Ramírez y servidumbre de paso. Mide: ciento treinta y siete metros con noventa y seis decímetros cuadrados. Pertenece a Urbano Cisneros Gómez. Se remata por haberse ordenado en proceso ejecutivo simple de Banco Popular contra José Alfredo Vivas Palacios y otro. Expediente Nº 03-100686-0317-CI.1.—Juzgado de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, 17 de marzo del 2006.—Lic. Óscar Adolfo Mena Valverde, Juez.—Nº 96640.—(32198).

A las catorce horas treinta minutos del dieciocho de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, con la base de diez millones de colones, libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios pero soportando servidumbre traslada y servidumbre de paso, en el mejor postor remataré la finca del partido de Alajuela Folio Real matrícula número trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y seis, cero cero cero, que es terreno de café con una casa de habitación, situado en el distrito ocho, del cantón tercero Grecia de la provincia de Alajuela. Linda: al norte, Agrícola Guachipelín Limitada; sur, Edgar Rodríguez Vargas; este, calle pública; oeste, Río San Juan. Mide: cinco mil doscientos setenta y un metros con cincuenta decímetros cuadrados, plano catastrado Nº A- cero cuatrocientos cinco mil ochocientos dos-mil novecientos noventa y siete. Lo anterior por haberse ordenado así en hipotecario Nº 06-100046-0295-CI, de Banco Nacional de Costa Rica, contra Edwin Zamora Bogantes.—Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia, 27 de marzo del 2006.—Dr. Minor Chavarría Vargas, Juez.—(32216).

PRIMERA PUBLICACIÓN

A las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de mayo del dos mil seis, desde la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de cincuenta y siete mil novecientos sesenta y tres dólares, en el mejor postor, remataré: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, matrícula de Folio Real Nº 152696-000, que se describe así: naturaleza dedicado a construcción con una casa. Mide: doscientos veintiséis metros con dieciséis decímetros cuadrados. Ubicada en el distrito 04 Catedral, cantón 01 San José, de la provincia de San José. Linderos: al norte, con avenida 10 bis con 11 metros 30 centímetros; al sur, con Casildo Matamoros Corrales; al este, con calle con 15 metros 34 centímetros, y al oeste, con Manuel Pereira Quirós. Lo anterior se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 06-000056-0183-CI, de First Costa Rica Housing Finance Corporation contra Javier Santoyo Almanza.—Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, 17 de marzo del 2006.—Lic. Karol Solano Ramírez, Jueza.—(32323).

A las ocho horas del dieciocho de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios, soportando plazo de convalidación (Artículo 15 Ley Nº 7599), y prohibiciones (Artículo 16 Ley Nº 7599), al tomo cuatrocientos setenta y nueve, asiento cinco mil doscientos veintidós, y con la base dada por el perito, sea la suma de trescientos nueve mil cuatrocientos noventa y dos colones, remataré la finca inscrita en Propiedad, partido de San José, sistema de Folio Real matrícula número quinientos cinco mil ochocientos ochenta y cuatro-cero cero cero, que es terreno para la vivienda, lote 91830, Proyecto Valle de El General. Situado en distrito quinto San Pedro, cantón diecinueve Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Lindantes: norte, sur y oeste, Aurelia Piedra, y al este, calle pública. Mide: quinientos setenta y nueve metros con treinta y un decímetros cuadrados. La finca descrita pertenece a Dignora Cordero Rivera. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario Nº 04-100278-0188 CI (Interno Nº 286-04 Y1), de Jim Ki Kim Min contra Dignora Cordero Rivera.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 23 marzo del 2006.—Lic. Yuri López Casal, Juez.—(32340).

A las ocho horas treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de la oficina que ocupa este juzgado, libre de gravámenes prendarios, esta vez sin sujeción a base, en el mejor postor, remataré: un vehículo marca Hyundai, modelo GL, año 1993, estilo Elantra, 04 cilindros, combustible gasolina, cubicaje 1500 centímetros cúbicos, chasis Nº KMHJF31JPPU503785, motor Nº G4DJP976268, color verde, capacidad 05 pasajeros, placas Nº 539008. Se ordena el remate en ejecutivo prendario Nº 05-000411-0180-CI, de Instacredit S. A., contra Hellen Gabriela Castillo Castillo.—Juzgado Primero Civil de San José, 23 de marzo del 2006.—Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez.—(32348).

A las nueve horas del veintitrés de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios y soportando servidumbre trasladada, y con la base de dos millones ciento veinte mil colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número trescientos sesenta y cinco mil cincuenta y tres cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito siete Rosario, cantón sexto Naranjo, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Ediviges Carmen Hernández López; al sur, calle pública con frente de 20,20 metros; al este, Carlos y Oldemar Porras Ramírez, y al oeste, Ediviges Carmen Hernández López. Mide: quinientos cuarenta y cuatro metros con sesenta y dos decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Sandra María López Mairena contra Fermín Francisco Badilla Chacón. Expediente Nº 05-000161-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 15 de marzo del 2006.—Lic. Carlos Fernando Lucas Bonilla, Juez.—Nº 96675.—(32536).

A las ocho horas y treinta minutos del dieciséis de mayo del dos mil seis, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando dos gravámenes de servidumbre trasladada y un plazo de convalidación (rectificación de medida), en la puerta exterior de este despacho, y con la base de sesenta y siete mil novecientos noventa y siete dólares o su equivalente en colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento noventa y seis mil setecientos ochenta y siete guión cero cero cero, la cual es terreno de bosques, potrero, rastrojo y charrales. Situada en el distrito ocho Río Azul, cantón La Unión, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, con quebrada Grande; al sur, con calle pública con ciento dieciséis metros y cincuenta y siete centímetros; al este, con Andrés Chacón Chacón, y al oeste, con Inversiones Nilitus S. A. Mide: cincuenta y dos mil quinientos sesenta y cinco metros con treinta y siete decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de OSJA S. A., contra Distribuidora Jonandre S. A. Expediente Nº 05-000076-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 13 de marzo del 2006.—Lic. Magaly Salas Álvarez, Jueza.—Nº 96679.—(32537).

A las diez horas treinta minutos del cinco de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes y anotaciones judiciales, y con la base de tres millones setecientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta con 9/100 colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Limón, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula Nº 086712 001 y 002, la cual es terreno para construir lote L-33. Situado en el distrito 01 Guápiles, cantón 02 Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Carlos Murillo Arrieta; al sur, calle pública con 9 metros de frente; al este, Corliza S. A., y al oeste, Corliza S. A. Mide: doscientos treinta y tres metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá contra Robiel Escalante Villalobos. Expediente Nº 05-001604-0164-CI.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, 28 de febrero del 2006.—Lic. Víctor M. Soto Córdoba, Juez.—Nº 96684.—(32538).

A las diez horas del dieciséis de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios, y con la base de un millón novecientos cincuenta y cuatro mil colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento ochenta y cinco mil novecientos setenta y ocho cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito Dulce Nombre, cantón La Unión, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Jonhy Fernández Ureña; al sur, Kenya Ureña Leitón; al este, Kenya Ureña Leitón, y al oeste, calle pública. Mide: ciento cuarenta y un metros con ochenta y seis decímetros cuadrados, proporción media cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo contra Enrique Ureña Leitón y Ester Avendaño Godinez. Expediente Nº 06-000340-0346-CI-F.—Juzgado Civil de Menor Cuantía de Cartago, 21 de marzo del 2006.—Lic. Vilma Eduarte Madrigal, Jueza.—Nº 96696.—(32539).

A las diez horas treinta minutos del primero de junio del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales, soportando reservas y restricciones a las citas 315-12647-01-0901-001, con la base de cinco mil quinientos ocho dólares, remataré la finca inscrita en Propiedad, partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real matrícula número cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos-cero cero cero, que es lote segundo. Situado en distrito ocho Cajón, cantón diecinueve Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Lindantes: norte, servidumbre de paso en medio de Abel Mata; sur, Ronald Páez; este, quebrada en medio de Abel Mata, y oeste, Nidia Valenciano Pérez. Mide: dos mil ciento setenta y cuatro metros cuarenta y siete decímetros cuadrados. Plano Nº SJ-0255173-1995. La finca descrita pertenece a Manuel Antonio Cordero Cascante. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario Nº 06-100163-188-CI. Interno Nº 170-06-R-4, de Jorge Emilio López Salazar contra Manuel Antonio Cordero Cascante.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 17 de marzo del 2006.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—Nº 96725.—(32541).

A las ocho horas quince minutos del veinticuatro de mayo del dos mil seis, en este juzgado, libre de gravámenes prendarios y con la base de cinco millones de colones, en el mejor postor remataré: un vehículo placas CL 178691, marca Isuzu, estilo NKR, capacidad 3 personas, año 2001, color celeste, carrocería furgón, categoría marca liviana, combustible diesel, cilindros 4, chasis número JAANKR55E17100512, motor número 751457. Se remata por haberse ordenado así dentro del proceso exp. Nº 05-000719-185-CI. Ejecutivo prendario de Propiedades Kuneitra S. A., contra Z J Internacional S. A.—Juzgado Sexto Civil de San José, 15 de marzo del 2006.—Lic. Luis Ureña Monge, Juez.—Nº 96726.—(32542).

A las ocho horas del diecisiete de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada y con la base de cinco millones setecientos cuarenta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve-cero cero cero, la cual es terreno para construir lote once. Situada en el distrito cuatro, cantón diez Alajuelita, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública con un frente de ocho metros lineales; al sur, Eduviges Castro Castro; al este, lote diez y al oeste, lote doce. Mide: ciento cuarenta y un metros con diecinueve decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Carlos Francisco Reyes Montano. Expediente Nº 05-001614-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 3 de febrero del 2006.—Lic. Yanina Saborío Valverde, Jueza.—Nº 96734.—(32543).

A las ocho horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada y con la base de cinco millones setecientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y cuatro-cero cero cero, la cual es terreno con dos apartamentos. Situada en el distrito dos San Miguel, cantón tres Desamparados de la provincia de San José. Colinda: al norte, lote veinticinco; al sur, lote veintisiete; al este, Carlos Zúñiga Rodríguez y al oeste, calle pública con seis metros cincuenta centímetros: Mide: ciento veintidós metros con cuarenta decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Jhonny Antonio Mayorga Mayorga. Expediente Nº 05-001498-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 23 de marzo del 2006.—Lic. Yanina Saborío Valverde, Jueza.—Nº 96735.—(32544).

A las nueve horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada y con la base de siete millones novecientos veinte mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número quinientos veintiún mil cuarenta y ocho-cero cero tres y cero cero cuatro, la cual es terreno para construir con una casa bloque D, lote veintiséis. Situada en el distrito tres Trinidad, cantón catorce Moravia, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública; al sur, lote veintiuno D; al este, lote veinticinco D y al oeste, lote veintisiete D. Mide: ciento veintisiete metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Adriana Patricia Chinchilla Rojas, Christian Eladio Chacón Muñoz. Exp. Nº 05-001445-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 23 de marzo del 2006.—Lic. Yanina Saborío Valverde, Jueza.—Nº 96736.—(32545).

A las diez horas del veintitrés de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de un millón quinientos mil colones; en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cincuenta y cuatro mil ciento veinticuatro-cero cero cero, la cual es terreno para construir, la cual es lote treinta y dos bloque B. Situada en el distrito tres Llorente, cantón ocho Flores, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, lote doce de Supervisora Internacional de Construcciones S. A.; al sur, calle pública con seis metros de frente; al este, lote treinta y uno de Supervisora Internacional de Construcciones S. A.; y al oeste, lote treinta y tres Supervisora Internacional de Construcción S. A. Mide: ciento treinta y nueve metros con cincuenta decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra José Gerardo Espinoza Ledezma. Expediente Nº 05-001879-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 23 de marzo del 2006.—Lic. Carlos Fernando Lucas Bonilla, Juez.—Nº 96737.—(32546).

A las nueve horas treinta minutos del veinticinco de mayo del año dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando reservas y restricciones anotadas al tomo 355 asiento 03109 y con la base de cinco mil dólares, remataré: la finca inscrita en Propiedad, partido de Puntarenas, bajo el sistema de Folio Real matrícula número cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco-cero cero cero, que es terreno para la agricultura, charrales con suelo arcilloso arenoso, situado en distrito primero, cantón ocho, de la provincia de Puntarenas. Linderos: norte, Quebrada El Pavo en medio Alessio Pirola y Joaquín Carvajal; sur, yurro en medio Enrique Méndez Molina; este, Ramón Jiménez Vásquez; y oeste, Quebrada El Pavo en medio de Joaquín Carvajal. Mide: veintiún mil setecientos cincuenta y ocho metros con setenta y un decímetros cuadrados. La finca descrita pertenece a Gervancio Victorio Valencia Medrano. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario N° 06-100152-188-CI interno 159-06-R-2 de Humberto Cruz Molina contra Gervancio Valencia Medrano.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 8 de marzo del 2006.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—Nº 96779.—(32547).

A las catorce horas del dieciocho de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios pero soportando reservas y restricciones, limitaciones y con la base de dos millones ciento sesenta y un mil quinientos colones, sáquese a remate el (los) bien (es) dado(s) en garantía sea la finca del partido de Alajuela, matrícula número trescientos sesenta y tres mil novecientos noventa y tres-cero cero cero, terreno de agricultura, sito en el distrito ocho Los Ángeles, cantón dos San Ramón, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, con calle de uso público; sur, calle pública; este, calle pública; oeste, Río La Esperanza. Mide dos mil doscientos treinta metros con dieciocho decímetros cuadrados, según plano catastrado número A-seis siete seis tres cinco cero-dos mil uno. Lo anterior por haberse ordenado así en hipotecario Nº 03-100470-0295-CI, de José Luis Vargas Vargas contra Irma Mayela Quesada Rodríguez.—Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia, 23 de marzo del 2006.—Dr. Minor Chavarría Vargas, Juez.—Nº 96802.—(32548).

A las trece horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, soportando hipoteca de primer grado, por un monto de tres millones seiscientos mil colones, pero libre de anotaciones hipotecarias, con la base de dos millones doscientos mil colones, (base hipoteca grado superior vencida), en el mejor postor remataré: la finca del partido de Alajuela Folio Real matrícula número ciento cincuenta y seis mil cincuenta y siete-cero cero cero, que es terreno para construir con una casa, situado en el distrito segundo San José, del cantón primero Alajuela, de la provincia de Alajuela. Linderos: al norte, Lidia Pottinguer, Ronald Morales otros; sur, Luis Ángel Campos y Jaime Alfaro; este, calle pública y Luis Ángel Campos; y oeste, Ligia Artavia. Mide: doscientos setenta y siete metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados, plano catastrado número A-ochocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y cinco-mil novecientos ochenta y nueve. Lo anterior por haberse ordenado así en hipotecario Nº 03-100500-0295-CI, del Banco Nacional de Costa Rica contra Eduardo Chavarría Bravo.—Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia, 20 de marzo del 2006.—Dr. Minor Chavarría Vargas, Juez.—Nº 96806.—(32549).

A las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo del año dos mil seis, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes, pero soportando limitaciones de la Ley número siete mil cincuenta y dos y a la siete mil doscientos ocho del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y sin sujeción de base, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cincuenta mil doscientos cinco-cero cero cero, la cual es terreno para construir con una casa de habitación. Situada en el distrito segundo San Pedro, cantón cuarto Santa Bárbara, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Carlos Humberto Víquez Víquez; al sur, lote dieciséis-E; al este, calle pública y al oeste, lote uno-uno. Mide: doscientos setenta y cinco metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario del Banco Nacional de Costa Rica contra Óscar Cordero Hernández, Patricia Cordero Hernández y Juan_Espinoza Quesada. Exp. Nº 02-100383-0295-CI-6.—Juzgado Civil de Heredia, 22 de febrero del 2006.—Lic. Alejandra Vargas Cruz, Jueza.—Nº 96807.—(32550).

A las ocho horas treinta minutos del treinta y uno de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior del edificio que ocupa este Juzgado, con la base de diecinueve millones trescientos dos mil novecientos seis colones con cincuenta céntimos (pericial visible a folio 49), en el mejor postor, se rematará la finca sin inscribir que se describe así: ubicada en La Tigra de Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia, tiene un corral con techo, una casa de habitación de madera y piso de madera, con un anexo forrado en parte zinc y en parte madera, mide ochenta y cinco hectáreas cinco mil doscientos noventa metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados. Linderos: al norte, Jhonny Mora Salas; al sur, Carlos Rivas García y Carlos Chacón Pérez; al este, Teófilo Rugama Ledezma y al oeste, Francisco Reyes Hernández. No existen terceros poseedores dentro del bien. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en ejecutivo simple Nº 00-100244-0468-CI de José Sevilla Robledo contra Luis Alberto Corella Sánchez.—Juzgado Civil y de Trabajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, 27 de febrero del 2006.—Lic. Luis Fernando Guillén Zumbado, Juez.—Nº 96843.—(32551).

A las dieciocho horas cincuenta y nueve minutos del nueve de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este Juzgado, soportando medianería inscrita al tomo trescientos treinta y uno, asiento trece mil novecientos treinta y tres y con la base de ocho millones sesenta mil colones, en el mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número doscientos noventa y cuatro mil setenta y dos-cero cero tres y cero cero cuatro. Que es terreno para construir casa local comercial otro. Sito: distrito quinto Ipís, cantón octavo Goicoechea, de la provincia de San José. Linderos: norte, Avenida Las Cerezas con once metros y cincuenta y nueve centímetros, y sur, este y oeste, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Mide: ciento cuarenta y siete metros con cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así proceso ejecutivo hipotecario número 05-024767-0170-CA de Instituto Nacional de Seguros contra Óscar Sequeira Guzmán, Paulo Sequeira Espinoza y Roxana Espinoza Gómez.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 10 de marzo del 2006.—Lic. Gustavo O. Irias Obando, Juez.—(32578).

A las ocho horas treinta minutos del diecisiete de mayo del año dos mil seis, en la puerta exterior del local que ocupa este despacho, al mejor postor, libre de gravámenes hipotecarios comunes y anotaciones, y con la base de la hipoteca de primer grado a favor del actor, sea la suma de tres millones trescientos mil colones, remataré: finca inscrita en propiedad partido de Alajuela, Folio Real matrícula número 286.217-000, que se describe así: Terreno con una casa de habitación. Sita: Ciudad Quesada de San Carlos distrito primero del cantón décimo de la provincia de Alajuela. Mide: doscientos ochenta metros con veinticinco decímetros cuadrados. Colinda: al norte, calle pública con 13 metros y 78 centímetros lineales; al sur, Dauber Valverde Arias; al este, Margarita Alfaro González, y al oeste, Dauber Valverde Arias. Se remata por ordenarse así en expediente número 06-100196-0297 (3b) del Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra Mario Mejías Alfaro y otro.—Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, 24 de marzo del 2006.—Lic. Marco Vinicio Lizano Oviedo, Juez.—Nº 96916.—(32809).

A las ocho horas del diecisiete de mayo del año dos mil seis, en la puerta exterior del local que ocupa este Despacho, al mejor postor, libre de gravámenes hipotecarios comunes y anotaciones, y con la base de la hipoteca de primer grado a favor del actor, sea la suma de siete millones ciento treinta y un mil setecientos setenta y tres colones con ochenta y cuatro céntimos, sáquese a remate la finca inscrita en Propiedad partido de Alajuela, Folio Real matrícula número 313.739-000, que se describe así: Terreno con una casa de habitación. Sita: La Fortuna de San Carlos, distrito sétimo del cantón décimo de la provincia de Alajuela. Mide: novecientos cuatro metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados. Colinda: al norte, Misael Rojas Muñoz; al sur, Isabel Arias; al este, calle pública con un frente de 21 metros con 59 centímetros y 7 milímetros lineales, y al oeste, Misael Rojas Muñoz. Se remata por ordenarse así en expediente número 06-100195-0297-CI (2a) del Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra German Jhonny Ramírez Vega y otro.—Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, 24 de marzo del 2006.—Lic. Douglas Quesada Zamora, Juez.—Nº 96917.—(32810).

A las diez horas del tres de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones y con la base de diez millones de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, sección de propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cincuenta y tres mil noventa y dos-cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito tres Sardinal, cantón cinco Carrillo, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte con calle pública con 25 metros 20 centímetros; al sur, calle pública con 24 metros 64 centímetros; al este, María Cecilia Rojo Arias y al oeste, Miguel Ángel Mora. Mide: novecientos veintiséis metros con ochenta y un decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de La Maquila Lama S. A., contra Reya de Costa Rica S. A. Expediente Nº 05-001944-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 15 de marzo del 2006.—Lic. Yanina Saborío Valverde, Jueza.—(33001).

A las catorce horas del dos de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho: 1) Soportando plazo de convalidación según tomo trescientos noventa y cinco, asiento dieciocho mil quinientos setenta, y con la base de cinco millones cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho colones con cincuenta céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número doscientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cinco-cero cero cero, la cual es terreno para construir con un taller industrial. Situada en el distrito cuatro San Pedro, cantón doce Valverde Vega, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, con servidumbre de paso con frente de ocho metros con diecisiete centímetros en medio con María Isolina Cabezas y Luis Alberto Salazar Chaves; al sur, con Nilo Rojas Paniagua; al este, con Luis Alberto Salazar Chaves y al oeste, con Luis Alberto Salazar Chaves. Mide: doscientos metros con catorce decímetros cuadrados. 2) De igual forma, soportando plazo de convalidación según tomo trescientos noventa y cinco, asiento dieciocho mil quinientos setenta y con la base de tres millones setecientos cincuenta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número trescientos mil setecientos veintinueve-cero cero cero, la cual es terreno de solar con un galerón industrial. Situada en el distrito cuatro San Pedro, cantón doce Valverde Vega de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, con María Isolina Cabezas; al sur, con Nila Rojas Paniagua; al este, con servidumbre de paso y Luis Alberto Salazar Chaves y al oeste, con Nila Rojas Paniagua. Mide: mil un metro con veintiún decímetros cuadrados. Se rematan por ordenarse así en proceso ejecutivo simple de Kams Internacional Sociedad Anónima contra Montajes Industriales Rocaba Limitada. Expediente Nº 02-101757-0307-CI, donde como coejecutante se apersonó el Banco de Costa Rica.—Juzgado Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 2 de marzo del 2006.—Lic. Dunia Loría Rodríguez, Jueza.—(33009).

A las ocho horas treinta minutos del cuatro de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando reservas y restricciones anotadas al tomo 314 asiento 00204 subsecuencia 01-901, servidumbre trasladada anotada al tomo 314 asiento 00204 subsecuencia 01-902, condiciones anotadas al tomo 314, asiento 00204 subsecuencia 01-903, prohibiciones anotada al tomo 314 asiento 00204 subsecuencia 01-904, reservas y restricciones anotadas al tomo 377 asiento 13875 subsecuencia 01-900, reservas y restricciones anotadas al tomo 377 asiento 13875 subsecuencia 01-901, condiciones anotadas al tomo 377 asiento 13875 subsecuencia 01-902 y 01-903, prohibiciones anotadas al tomo 377 asiento 13875 subsecuencia 01-904 y 01-905, servidumbre trasladada anotada al tomo 377 asiento 13875 subsecuencia 01-906 y 01-907, servidumbre sirviente anotada al tomo 391 asiento 15653 subsecuencia 01-920, 01-921 y 01-922 y servidumbre de paso anotado al tomo 436 asiento 00258 y con la base de cuatro mil quinientos dólares, remataré la finca inscrita en propiedad, partido de San José, bajo el sistema de Folio Real matrícula número cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos doce-cero cero cero, que es terreno de pastos y café. Situado en distrito cuarto Rivas, cantón diecinueve de la provincia de San José. Colinda: norte y este, Lorena Abarca Elizondo y Rosalía Elizondo Ureña; sur y oeste, Yurro en medio de José Alberto Cascante. Mide: ocho mil ochocientos doce metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. La finca descrita pertenece a Luis Eladio Solano Arias. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario Nº 06-100095-188-CI. Interno Nº 100-06-R-2 de Floribeth Picado Valverde contra Luis Eladio Solano Arias.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 23 de febrero del 2006.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—Nº 97110.—(33286).

A las diez horas cuarenta y cinco minutos del dos de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes y anotaciones y con la base de tres millones ciento sesenta mil cuatrocientos diez colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Un vehículo marca: Toyota, estilo: Four Runner SR5, categoría: automóvil, capacidad: 5 personas, año: 1995, carrocería: Station Wagon o familiar, color: negro, chasis: JT3VN39W5S0190286, combustible: gasolina, placas: 262241. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario. Expediente Nº 06-000184-181-CI de Consorcio Arboledas del Este S. A., contra Víctor Raúl Obando Mendoza.—Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, 15 de marzo del 2006.—Lic. Ana Isabel Montealegre Bejarano, Jueza.—Nº 97290.—(33294)

A las nueve horas del cuatro de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de la oficina que ocupa este Juzgado, libre de gravámenes prendarios, soportando infracción según boleta 2005291991 sumaria 05-13433-174-TR y con la base de ochocientos quince mil trescientos ocho colones, en el mejor postor remataré: Un vehículo marca Hyundai, modelo 1992, estilo Elantra, 4 cilindros, combustible gasolina, cubicaje 1500 centímetros cúbicos, chasis número KMHJF31JPNU207155, motor G4DJN393330, color azul, capacidad 5 pasajeros, placas número 438375. Se ordena el remate en ejecutivo prendario Nº 05-000187-0180-CI-3 de María Odilia Barboza Hernández contra Héctor Orlando Trejos Quesada.—Juzgado Primero Civil de San José, 24 de febrero del 2006.—Lic. Carlos Zamora Sánchez, Juez.—Nº 97292.—(33296).

A las nueve horas cuarenta y cinco minutos del dos de mayo del dos mil seis, en la puerta exterior de la oficina que ocupa este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de quince mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o su equivalente en colones, que deberá ser calculado conforme al valor comercial efectivo que tenga la moneda extranjera al momento del pago, en el mejor postor remataré: Finca inscrita en la sección propiedad del Registro Público, partido de San José, matrícula 275299-001 y 002, que es terreno para construir con una casa. Situado en el cantón Goicoechea, distrito Calle Blancos de la provincia de San José. Colinda: al norte, con Vivienda y Desarrollos S. A.; al sur, con avenida las Rosas; al este, con lote 34-E, y al oeste, lote 32-E. Mide: setenta y nueve metros con setenta y dos decímetros cuadrados. Se ordena el remate en ejecutivo hipotecario Nº 2005-001049-0180-CI-8 de Corporación Trisy del Atlántico S. A., contra José Fabio Mora Salas y María Etelvina Guevara Agüero.—Juzgado Primero Civil de San José, 24 de febrero del 2006.—Lic. Carlos Zamora Sánchez, Juez.—Nº 97321.—(33297).

Convocatorias

Se convoca a todos los interesados en la sucesión de Ronal Martín Meza Badilla, a una junta que se verificará en este Juzgado, a las ocho horas y treinta minutos del veintisiete de junio del año dos mil seis, para conocer acerca de los extremos que establece el Artículo Nº 926 del Código Procesal Civil. Expediente Nº 04-000988-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 23 de marzo del 2006.—Lic. Alejandra Vargas Cruz, Jueza.—1 vez.—(33003).

Se convoca a herederos, legatarios, acreedores y demás interesados en la sucesión de Rodolfo Chaves Rivera, quien fuera mayor, casado una vez, pensionado, vecino de San José, cédula Nº 1-141-233, a fin de que comparezcan a este despacho, a las ocho horas treinta minutos del dos de mayo del dos mil seis, a fin de conocer los extremos previstos en el Artículo Nº 926 del Código Procesal Civil. Expediente Nº 04-100758-0188-CI (Interno Nº 855-05-R1) Sucesión de Rodolfo Chaves Rivera.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 15 de marzo del 2006.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—1 vez.—Nº 97094.—(33302).

Realizada una interpretación integral del Artículo Nº 266 del Código Procesal Civil, siendo que la sociedad demandada se encuentra acéfala en virtud de carecer de representante legal en vigencia, por edicto que se publicará una vez en el Boletín Judicial, convóquese a los socios para que por medio de junta se elija a un nuevo representante. Expídase edicto de rigor. Para realizar la citada diligencia se señalan a las nueve horas del día diez de mayo del año dos mil seis. Expediente número 04-300029-0422-LA. Interno Nº 033-4-1. Ordinario Laboral de Gregorio Navarro Salas contra Cable Golfito.—Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Golfito.—Lic. Jorge Barboza Álvarez, Juez.—1 vez.—(33366).

Títulos Supletorios

Juana Cerdas Sandoval, mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de Barrio El Triunfo de Siquirres, cédula tres-ciento diecinueve-trescientos noventa y tres y Carlos Alberto Cerdas Sandoval, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Siquirres, costado este de la Radial, cédula siete-cero treinta y cuatro-novecientos noventa y dos, promueven diligencias de rectificación de medida por Información Posesoria, para ampliar la medida de la finca inscrita en el Registro Público bajo la matrícula treinta mil veintidós-cero cero uno, propiedad de Juana Cerdas Sandoval y la matrícula treinta mil veintidós-cero cero dos, que es propiedad de Carlos Alberto Cerdas Sandoval. Dicha finca esta situada en distrito primero, Siquirres, cantón tercero, Siquirres, provincia de Limón, que colinda al norte, carretera; sur, Manuel Ant. Cerdas Sandoval; este, Félix Méndez, y oeste, calle pública. La primera tiene el plano L-586047-85. Mide: doscientos cuarenta y tres metros con cinco decímetros cuadrados y la segunda el plano L-561436-84. Mide: doscientos cuarenta y tres metros con cinco decímetros cuadrados. Dicho terreno tiene dos casas, no tiene gravámenes ni cargas reales y se estimó en la suma de seiscientos cincuenta mil colones. Por medio de este edicto se llama a todos los interesados en estas diligencias para que dentro del plazo de un mes contado a partir de su publicación se apersonen en este Juzgado en defensa de sus derechos, bajo los apercibimientos legales en caso de omisión. Rectificación de medida por Información Posesoria. Expediente Nº 03-100628-0678-CI, gestionante: Juana Cerdas Sandoval y otro.—Juzgado Civil y de Trabajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, 6 de setiembre del 2004.—Lic. Damaris Acuña Fernández, Jueza.—1 vez.—Nº 96265.—(31893).

Jesús Cruz Calvo, mayor, casado una vez, auxiliar de enfermería, vecino de Barrio La Colonia Ciudad Neily, Corredores Puntarenas, cédula de identidad 5-149-305, promueve diligencias de información posesoria, para inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad que a continuación detallo: terreno A: es terreno de potreros, charral y montaña, con una casita de madera, árboles frutales. Situado: río Bonito, distrito primero, Corredor, cantón décimo Corredores de la provincia de Puntarenas. Mide: ciento ochenta y un mil ciento doce metros con treinta y dos decímetros cuadrados. Linda: norte, carretera pública con un frente de quinientos quince metros con veintisiete centímetros; sur, Ro Chi Ming; este, Ernestina Quesada Monge; oeste, Gerardo Rosales Ramírez y finca del promovente. Plano catastrado número P-880181-2003. Se estiman las diligencias en la suma de un millón quinientos mil colones. Se cita y emplaza a todos los interesados, colindantes y a los que se creyesen con mejor derecho del terreno que se pretende inscribir para que dentro del término de un mes, contado a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Judicial, se apersonen a hacer valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que, si así no lo hicieren, se ordenará su inscripción en el Registro. Información Posesoria 06-000001-0419-AG interno 2-3-06 de Jesús Cruz Calvo. Notifíquese.—Juzgado Agrario de Corredores.—Lic. Marisel Zamora Arias, Jueza.—1 vez.—Nº 96305.—(31894).

Gilberth Umaña Pérez, mayor de edad, comerciante, vecino de Liberia, cédula de identidad número cinco-cero noventa y cinco-ciento dieciocho, Raúl Martín Umaña Pérez, mayor, pensionado, casado una vez, vecino de Liberia, cédula de identidad cinco-ciento seis-novecientos setenta y nueve e Ismael Torrentes Navarro c. c., Umaña Pérez, mayor, casado una vez, educador, cédula de identidad cinco-ciento treinta y tres-novecientos ochenta y siete, promueven Información Posesoria. Pretende inscribir a su nombre en partes iguales en el Registro Público de la Propiedad, libre de gravámenes y cargas reales, los inmuebles que se describen así: uno: terreno de potrero y montaña, situado en Nazareth de Liberia, distrito primero, de Liberia cantón primero, de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública con una medida de seiscientos ochenta y ocho metros lineales; sur, quebrada Y Griega; este, Gilberth Umaña Pérez; y oeste, Martín Umaña Pérez. Según plano catastrado número G-579489-99. Mide de extensión dieciséis hectáreas ocho mil seiscientos ochenta y nueve metros con ochenta y ocho céntimos. Dos: terreno de montaña, situado en Nazareth de Liberia, distrito primero de Liberia, cantón primero de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, quebrada Y Griega; sur, calle pública con un frente de quinientos ochenta y cuatro metros con sesenta y seis decímetros lineales, este, con calle pública con un frente de quinientos ochenta y cuatro metros con sesenta y seis centímetros lineales y oeste, Martín Umaña Pérez. Manifiesta que no se pretende evadir con esta diligencia las consecuencias de un juicio sucesorio, no hay condueños, no pesan cargas reales ni gravámenes sobre el inmueble. Los adquirió por compra, mediante escritura pública número cincuenta y tres del protocolo primero del notario José Gregorio Quesada Venegas, en la suma de cuarenta mil colones y escritura adicional ciento cuarenta y seis del tomo cinco del protocolo del notario Buck Ronald Calvo Canales. Estima el inmueble con plano catastrado G-58796-99 en la suma de cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho colones con sesenta y siete céntimos y el inmueble con plano catastrado G-579489-99 en la suma de un millón doscientos sesenta y cinco mil ciento setenta y cuatro colones con diez céntimos y la diligencia en la suma de trescientos cincuenta mil colones. Por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto se cita a todos los interesados para que se apersonen en defensa de sus derechos. Exp. Nº 05-000341-387-AG Información Posesoria de Gilberth Umaña Pérez y otros.—Juzgado Agrario de Liberia.—Lic. Wilberth Álvarez Li, Juez.—1 vez.—Nº 96334.—(31895).

Adela Ventura Solano Chávez, mayor, casada una vez, comerciante, vecina de Liberia, Barrio San Roque, trescientos metros al norte del antiguo Bar El Rodeo, costarricense, cédula de identidad cinco-cero cero noventa y cuatro-cero ciento ochenta y uno; estableció diligencias de Información Posesoria, para inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, la finca sin inscribir que se describe así: terreno para construir, sito en el distrito y cantón primeros, Liberia de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, con Asunción Jiménez Brown; al sur, con calle pública, con un frente a ella de catorce metros lineales; al este, con Filomena Cabrera Cabrera; y al oeste, con Ana Jiménez Brown. Mide: ciento cincuenta y siete metros con noventa decímetros cuadrados, según plano catastrado número G-quinientos ochenta y cuatro mil sesenta y uno-noventa y nueve, de fecha veintiuno de setiembre del año mil novecientos noventa y nueve. Dicha finca fue adquirida el día veintiuno de julio del dos mil cinco, por compra-venta que le hiciere el señor Juan Carlos Bermúdez Solano, quien es mayor, casado una vez, oficinista, costarricense, cédula de identidad número cinco-cero trescientos diez-cero novecientos veintisiete, vecino de Barrio San Roque de Liberia, veinticinco metros al norte de la iglesia católica; quien le transmitió la posesión decenal por él ejercida y a quien le liga parentesco con la titulante, en el grado de hijo de la misma. Con un mes de plazo se cita a los que se crean con derecho sobre la finca a inscribir, a fin de que se apersonen en este Juzgado a hacer valer sus derechos. Expediente Nº 00-100675-0386-CI (740-00-3) Información Posesoria establecida por Adela V. Solano Chávez.—Juzgado Civil de Liberia, 9 de diciembre del 2005.—Lic. Derin Salazar Fernández, Juez.—1 vez.—Nº 96448.—(31896).

Felipe Álvarez Alvarado, mayor, viudo una vez, agricultor, vecino de Cañas, Barrio Pueblo Nuevo, en finca La Joya, costarricense, cédula de identidad número cinco-cero cero ochenta y siete-cero trescientos veintitrés, estableció diligencias de información posesoria, para inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, la finca sin inscribir que se describe así: terreno para construir con una casa. Sito en Río Naranjo, distrito segundo Fortuna, del cantón cuarto Bagaces, de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, con Felipe Álvarez Alvarado; al sur, con calle pública, con un frente a ella de once metros lineales; al este, con Jesús Salazar Ruiz, y al oeste, con Norberto Espinoza Flores. Mide: doscientos tres metros con tres decímetros cuadrados, según plano catastrado número G-ochocientos cincuenta y dos mil dieciséis-ochenta y nueve, de fecha cuatro de octubre del mil novecientos ochenta y nueve. Dicha finca fue adquirida el día veintiocho de mayo del dos mil tres, por medio de compra-venta que le hiciere a la señora Maureen Murillo Ruiz, mayor, casada una vez, ama de casa, costarricense, cédula de identidad número uno-cero novecientos treinta y nueve-cero seiscientos cuarenta y tres, vecino de Río Naranjo de Bagaces, doscientos metros al oeste de la plaza, quien le transmitió la posesión decenal por ella ejercida y a quien no le liga parentesco con el titulante. El inmueble y las diligencias fueron valorados en la suma de doscientos mil colones exactos. Con un mes de plazo se cita a los que se crean con derecho sobre la finca a inscribir, a fin de que se apersonen en este Juzgado, a hacer valer sus derechos. Expediente Nº 04-100115-0386-CI (118-04-3). Información posesoria establecida por Felipe Álvarez Alvarado.—Juzgado Civil de Liberia, 20 de febrero del 2006.—Lic. Derin Salazar Fernández, Juez.—1 vez.—Nº 96473.—(31897).

Leticia Chavarría Navarrete, soltera, del hogar, cédula de identidad número cinco-ciento treinta y tres-novecientos doce, vecina de Sardinal de Carrillo, promueve información posesoria. Pretende inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, libre de gravámenes y cargas reales, el inmueble que se describe así: terreno de agricultura con tres casas. Situado en Tablazo, distrito tres (Sardinal), del cantón cinco (Carrillo), de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, Alfonso Espinoza Espinoza y Gerardo Vallejos Angulo; sur, Leda Hernández Ruiz; este, Nelson Daniel Espinoza Hernández, y oeste, Gerardo Vallejos Angulo en parte con calle pública con un frente de ciento tres metros, con treinta y cuatro decímetros lineales. Según plano catastrado Nº G-871666-2003. Mide: de extensión una hectárea cuatro mil doscientos once metros, veintinueve decímetros. Manifiesta que no se pretende evadir con estas diligencias las consecuencias de un juicio sucesorio, no hay condueños, ni pesan cargas reales sobre el inmueble. Lo adquirió por donación, mediante escritura pública número cuatro, otorgada ante el notario Fernando Pizarro Abarca, de Socorro Hernández Ruis, soltero agricultor, cédula número cinco-cero setenta y seis. Estima el inmueble en la suma de un millón de colones y las diligencias en la suma de un millón de colones. Por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se cita a todos los interesados para que se apersonen en defensa de sus derechos. (Expediente Nº 05-000263-3987-AG. Información posesoria de Leticia Chavarría Navarrete).—Juzgado Agrario de Liberia, 16 de febrero del 2006.—Lic. Ruth Alpízar Rodríguez, Jueza.—1 vez.—Nº 96493.—(31898).

Comercial Oropéndola de Veracruz Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve, representada por Margarita Segnini Lamas, mayor, casada, pensionada, cédula de identidad cinco-cero setenta y uno-quinientos cincuenta y uno, vecina de Heredia y Elizabeth Segnini Lamas, mayor, viuda, ama da casa, cédula cinco-cero noventa y ocho-cuatrocientos treinta y ocho, vecina de Heredia, promueve Información Posesoria. Pretende inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, libre de gravámenes y cargas reales, el inmueble que se describe así, terreno de montaña y potrero, situado en distrito tercero (San Juan), del cantón sétimo (Abangares), de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte y este, Comercial Oropéndola de Veracruz S. A.; sur, calle pública con un frente de seiscientos diez metros lineales en parte con Comercial Oropéndola de Veracruz S. A., Zoraida Picado Madrigal, Orlando Rosales Avilés, Junta de Educación Escuela de Arizona, Emiliano Obando Obando y Freddy Madrigal Madrigal, y oeste, Margarita Segnini Lamas, Elizabeth Segnini Lamas y Ezzio Everardo Segnini Lamas, según plano catastrado número G-ochocientos noventa y ocho mil seiscientos veintiuno-dos mil tres. Mide de extensión ciento noventa y tres hectáreas con dos mil setecientos setenta y cuatro metros con veintitrés decímetros cuadrados. Manifiesta que no se pretende evadir con estas diligencias las consecuencias de un juicio sucesorio, no hay condueños, ni pesan cargas reales sobre el inmueble. Lo adquirió por donación verbal, de su padre Carlos Segnini Lupi. Estima el inmueble en la suma de un millón de colones y la diligencia en la suma de un millón de colones. Por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se cita a todos los interesados para que se apersonen en defensa de sus derechos. Expediente Nº 05-000001-815-AG Información Posesoria de Comercial Oropéndola de Veracruz S. A.—Juzgado Agrario de Liberia, 21 de setiembre del 2005.—Lic. Viviana Salas Hernández, Jueza.—1 vez.—(31959).

Jorge Arturo Araya Chacón, mayor, casado una vez, agricultor, con cédula de identidad dos -trescientos veintisiete - quinientos sesenta, vecino de Concepción de Naranjo, Alajuela, promueve diligencias de información posesoria para inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, el inmueble sin inscribir y que se describe así: terreno de café y casa de habitación, sito en el distrito primero Concepción, cantón sexto Naranjo, de la provincia de Alajuela, colinda, norte, Fidel Araya Jara, Rosa Argentina Araya Jara, Thais Murillo Sancho y Juan Rafael Araya Chacón; sur, servidumbre de paso, María Elena Araya Chacón y Juan Rafael Araya Chacón; este, Juan Rafael Araya Chacón y servidumbre agrícola, oeste, Jorge Arturo Araya Chacón y Fidel Araya Jara, mide catorce mil setecientos setenta y ocho metros con treinta y ocho decímetros cuadrados, según plano A-610165-2000 del siete de febrero del dos mil. Con el término de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se emplaza a todos los que se creyeren con interés en reclamo de sus derechos. Lo anterior por haberse ordenado así dentro del proceso 03-160146-638-AG que es información posesoria de Jorge Arturo Araya Chacón.—Juzgado Agrario de Alajuela, 31 de octubre del 2003.—Lic. Ronald Rodríguez Cubillo, Juez.—1 vez.—Nº 96071.—(32199).

Se hace saber que ante este Despacho se tramita el expediente N° 06-000004-0815-AG donde se promueven diligencias de información posesoria por parte de Rigoberto Méndez Rojas, quien es mayor, casado dos veces, agricultor, vecino de Barrio San José de Naranjo, seiscientos al oeste del Salón Méndez Bar, portador de la cédula de identidad vigente que exhibe Nº 2-353-377, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca ubicada en la provincia de Alajuela, la cual es terreno de potrero. Situada en el distrito: tercero San José, cantón, sexto Naranjo de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Adonay Méndez Rojas, María Virginia Méndez Rojas, Rosa Amarilis Méndez Rojas, y Federico Porras Blanco; al sur, quebrada Desamparados, en medio de Juan Rafael Méndez Rodríguez, Carlos Méndez Arrieta, Guillermo López Montero, Marco López Montero, Juan Gabriel Acuña López; al este, Quebrada Desamparados, Sandra Piedra Madrigal, Alfredo Alvarado Morales, y al oeste, Quebrada sin nombre, en medio de Juan Rafael Méndez Rodríguez, Sociedad Productores de Café de San Juanillo, Danilo Araya Portuguez, y Eduardo Méndez Castro. Mide: cinco hectáreas quince metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados. Según el plano catastrado A-975503-2005 del 2 de febrero del 2005. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso información posesoria, promovida por Rigoberto Méndez Rojas. Expediente Nº 06-000004-0815-AG.—Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 9 de febrero del 2006.—Lic. Juan Carlos Castillo, López, Juez.—1 vez.—Nº 96072.—(32200).

Inversiones Jardines Encantados del Norte S. A., número de personería jurídica tres-ciento uno-doscientos noventa y un mil ciento cincuenta y uno, representada por Luis Alberto Apu Gallo, mayor, casado una vez, pensionado, vecino de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, del Puente un kilómetro al norte, cédula de identidad cinco-ciento treinta y seis-cuatrocientos cincuenta y siete, promueve información posesoria. Pretende inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, libre de gravámenes y cargas reales, el inmueble que se describe así: Terreno de potrero, situado en Tabores, distrito tres (Sardinal), del cantón cinco (Carrillo), de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, Luis Alberto Apu Gallo; sur, José Joaquín Apú Gallo; este, Alfonso Espinoza Espinoza, y oeste, Inversiones Jardines Encantados del Norte S. A., y calle pública con un frente de siete metros con cincuenta y cinco centímetros lineales. Según plano catastrado número G-uno cero cuatro cuatrocientos ochenta y uno-dos mil cinco, mide de extensión nueve mil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados. Manifiesta que no se pretende evadir con estas diligencias las consecuencias de un juicio sucesorio, no hay condueños, ni pesan cargas reales sobre el inmueble. Lo adquirió por compraventa, mediante contrato de compraventa el diez de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Estima el inmueble y la diligencia en la suma de quinientos mil colones. Por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto se cita a todos los interesados para que se apersonen en defensa de sus derechos. Expediente Nº 04-000326-387-AG, información posesoria de Inversiones Jardines Encantados del Norte S.A.—Juzgado Agrario de Liberia, 22 de marzo del 2006.—Lic. Ruth Alpízar Rodríguez, Jueza.—1 vez.—Nº 96140.—(32201).

Se hace saber que ante este Despacho se tramita el expediente N° 04-000154-0815-AG donde se promueven diligencias de información posesoria por parte de Zoraida Barrantes Arroyo, quien es mayor, estado civil viuda, vecina de La Guácima de Alajuela, portadora de la cédula de identidad vigente que exhibe Nº 2-227-1000, profesión del hogar, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la Propiedad, los siguientes terrenos que se describen así: Finca número uno, ubicada en la provincia de Alajuela, la cual es terreno con casa de habitación, situada en el distrito quinto Guácima, cantón primero de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Nuria Arias Ávila; al sur, Luis Ángel Soto Salas; al este, calle pública con dieciocho metros con veintitrés centímetros lineales y al oeste, Eduardo Antonio Soto Barrantes. Mide: trescientos cincuenta y un metros cuadrados con setenta y seis decímetros. Lo anterior según el plano catastrado Nº A-371526-96. Finca número dos: ubicada en la provincia de Alajuela, la cual es terreno de pastos y bodega. Situada en el distrito quinto Guácima, cantón primero de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Marielos Salas Rodríguez; al sur, Luis Ángel Soto Salas; al este, Eduardo Antonio Soto Barrantes y servidumbre de paso con cuatro metros de ancho, y al oeste, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Mide: seiscientos treinta metros cuadrados con seis decímetros. Lo anterior según el plano catastrado Nº A-390082-97. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso información posesoria, promovida por Zoraida Barrantes Arroyo. Expediente Nº 04-000154-0815-AG.—Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 25 de agosto del 2005.—Lic. Zoila Flor Ramírez Arce, Jueza.—1 vez.—Nº 96615.—(32202).

José Gerardo Calvo Benavídez, mayor de edad, casado una vez, agricultor, vecino de Tronadora de Tilarán, cédula de identidad número dos-doscientos cuarenta y siete-cuatrocientos dieciséis, promueve en este despacho, diligencia de información posesoria para rectificar la medida del inmueble inscrito en el Registro Público, partido de Guanacaste, Folio Real matrícula número treinta y seis mil quinientos noventa y nueve-cero cero cero, que actualmente se describe así: terreno de agricultura con una casa, situado en Tronadora, distrito tercero de Titarán, del cantón octavo, de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública con un frente de ciento cincuenta y siete metros dieciocho centímetros lineales; sur, Mariano Cruz Barquero; este, Mario Álvarez Soto; y oeste, calle pública con un frente de noventa y un metros con seis centímetros lineales. Según plano catastrado aportado, Nº G-887896-2003, mide de extensión una hectárea mil doscientos cincuenta y siete metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados. Siendo que la medida real de la finca referida número treinta y seis mil quinientos noventa y nueve-cero cero cero, lo es una hectárea ocho mil cuatrocientos noventa y un metros con noventa y nueve decímetros cuadrados, y no como fue reportada e inscrita ante el Registro. Lo anterior según la medida indicada en el plano aportado catastrado Nº G-887896, y que tiene las siguientes características: terreno de agricultura con una casa, situado en Tronadora, distrito tercero de Tilarán, del cantón octavo de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública con un frente de ciento cincuenta y siete metros dieciocho centímetros lineales; sur, Mariano Cruz Barquero; este, Mario Álvarez Soto; y oeste, calle pública con un frente de noventa y un metros con seis centímetros lineales. El titulante adquirió el inmueble mediante compra que le hiciera al Instituto Costarricense de Electricidad. Manifiesta que no se pretende evadir con estas diligencias, las consecuencias de un juicio sucesorio, no hay condueños, ni pesan cargas reales sobre el inmueble. Estima el inmueble en un millón de colones y esta diligencia en la suma de seiscientos mil colones. Por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se cita a todos los interesados en esta diligencia, para que se apersonen en defensa de sus derechos. Expediente Nº 04-000206-387-AG, información posesoria para rectificación de medida de José Gerardo Calvo Benavides.—Juzgado Agrario de Liberia.—Lic. Rodrigo Valverde Umaña, Juez.—1 vez.—(32281).

Mónica Surcher, mayor de edad, de nacionalidad suiza, soltera, secretaria, vecina de Santa Elena de Monteverde, del Colegio cuatrocientos metros norte, pasaporte número F un millón ciento cincuenta y dos mil seiscientos noventa y seis, promueve información posesoria. Pretende inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, libre de gravámenes y con las cargas reales que se dirán, los siguientes inmuebles que se describen así: Finca uno: Terreno de potrero, dividida en tres apartos, situada en Quebrada Grande de Tilarán, distrito segundo del cantón octavo de la provincia de Guanacaste, linderos: norte, camino público con un frente de sesenta y nueve metros con noventa y siete centímetros lineales; sur, calle pública con un frente de ochenta y un metros con ochenta centímetros lineales; este, Leticia Loría Orozco y Mónica Surcher, ambas en parte y oeste, con Mónica Surcher, según plano catastrado número G-ochocientos sesenta y seis mil quinientos ocho-ochenta y nueve, del cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, a nombre de Belisa Loría Orozco, mide de extensión cinco mil noventa y seis metros con siete decímetros cuadrados, estima el inmueble en la suma de quinientos mil colones; finca dos: Terreno de potrero dividido en tres apartos, situado en Quebrada Grande de Tilarán, distrito segundo del cantón octavo de la provincia de Guanacaste, linderos: noroeste, calle pública con un frente de sesenta y dos metros con treinta y siete centímetros lineales; sur, Mónica Surcher; este, Mónica Surcher, según plano catastrado número G-ochocientos sesenta y siete mil trescientos setenta y tres, del seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, a nombre de Belisa Loría Orozco, mide de extensión mil doscientos ochenta y tres metros con cuarenta y un decímetros cuadrados, estima el inmueble en la suma de trescientos mil colones; finca tres, Terreno de potrero, dividida en tres apartos, situado en Quebrada Grande de Tilarán, distrito segundo del cantón octavo, de la provincia de Guanacaste, linderos: norte, quebrada Boniche; sur y este, Mónica Surcher; y oeste, Edgar López Solano y servidumbre de paso con un frente de tres metros con cincuenta centímetros y Mónica Surcher en parte, según plano catastrado número G-seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta y siete-ochenta y seis, de fecha dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y seis, a nombre de Ramón Nelson Prendas, mide de extensión una hectárea seis mil quinientos noventa y ocho metros con cincuenta y nueve decímetros cuadrados, estima el inmueble en la suma de ochocientos mil colones; finca cuatro: Terreno de potrero dividida en tres apartos, situada en Quebrada Grande de Tilarán, distrito segundo del cantón octavo, de la provincia de Guanacaste, linderos: norte, Mónica Surcher; sur, quebrada Mica; este, Mónica Surcher; y oeste, Mónica Surcher y servidumbre de paso con un frente de ocho metros. Según plano catastrado número G-cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y seis-ochenta y dos, del cinco de octubre de mil novecientos ochenta y dos, y a nombre de Dhais Rodríguez Delgado, mide de extensión una hectárea mil ochocientos cuarenta y siete metros con diez decímetros cuadrados, estima el inmueble en la suma de ochocientos mil colones; finca cinco: Terreno de potrero dividida en veinte apartos, situada en Quebrada Grande de Tilarán, distrito segundo del cantón octavo, de la provincia de Guanacaste, linderos: norte, Ramón Ángel Prendas Méndez y calle pública con un frente de ocho metros con noventa y cinco centímetros lineales; sur, quebrada Las Micas; este, Mónica Surcher y quebrada Quirós; y oeste, Mónica Surcher, según plano catastrado número G-novecientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro-noventa, del once de diciembre de mil novecientos noventa, a nombre de Idelfonso Picado Arguedas, mide de extensión ocho hectáreas tres mil doscientos dieciocho metros con diez decímetros cuadrados, estima el inmueble en la suma de un millón quinientos mil colones: finca sexta: Terreno de potrero dividido en veinte apartos, situada en el distrito primero del cantón octavo de la provincia de Guanacaste, linderos: noreste, calle pública con un frente de doscientos noventa y cinco metros con treinta y siete centímetros lineales; sureste, quebrada Mica y Francisco Prendas Méndez; y oeste, Mónica Surcher, según plano catastrado número G-trescientos setenta y un mil ciento cuarenta y tres-ochenta, de fecha seis de febrero de mil novecientos ochenta, a nombre de Martín Loría Orozco, mide de extensión nueve hectáreas seis mil setecientos setenta y un metros con treinta y seis decímetros cuadrados, dicho inmueble es atravesado por la quebrada Mica, estima el inmueble en la suma de un millón seiscientos mil colones. Manifiesta que no se pretende evadir con estas diligencias las consecuencias de un juicio sucesorio, no hay condueños, ni pesan cargas reales sobre los inmuebles. Los adquirió por medio de compraventa que le hiciera Belisa Loría Orozco, mayor de edad, casada una vez, ama de casa, vecina de La Esperanza de Tilarán, quinientos metros este, cédula número cinco-doscientos ocho-trescientos catorce, quien no es su pariente, el día diecinueve de diciembre del dos mil cinco, consignada en escritura pública número cuatrocientos treinta y dos, visible a folio ciento noventa y siete frente del tomo dos del protocolo de la notaria Rosalina Bastos Alvarado. Estima la diligencia en la suma de cien mil colones. Por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se cita a todos los interesados para que se apersonen en defensa de sus derechos. Expediente Nº 06-000022-387-AG. Información Posesoria de Mónica Surcher.—Juzgado Agrario de Liberia, 16 de marzo del 2006.—Lic. Rodrigo Valverde Umaña, Juez Agrario.—1 vez.—(32305).

Citaciones

Se cita a todos los interesados en el proceso sucesorio de María Isabel Torres Rojas c.c. Ana Isabel Torres Rojas, quien fue mayor, casada, costarricense, vecina de San José, Barrio La Cruz, de la escuela 100 metros oeste, para que comparezcan dentro de treinta días, contados a partir de la fecha de la primera publicación de este edicto, a hacer valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que en su omisión la herencia pasará a quien corresponda, sin perjuicio de tercero de mejor o igual derecho. Sucesión de María Isabel Torres Rojas c. c. Ana Isabel Torres Rojas. Expediente Nº 2005-000433-221-CI.—Juzgado Segundo Civil de Menor Cuantía de San José, 29 de junio del 2004.—Lic. Ingrid Fonseca Esquivel, Jueza.—1 vez.—Nº 96328.—(31904).

Se cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y demás interesados en la sucesión de Domingo Martínez Angulo, quien en vida fue mayor, casado una vez, agricultor, con cédula de identidad número cinco-cero setenta y seis-novecientos setenta y dos, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este aviso, se apersonen a esta notaría, a hacer valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que si no se presentaren en ese plazo, la herencia pasará a quien corresponda_ notaría del Lic. Roberto Paniagua Vargas, con oficina ubicada en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste, 50 oeste del Banco Nacional, con teléfono: 688-8661 y el fax: 688-8682.—Filadelfia, 29 de marzo del 2006.—Lic. Roberto Paniagua Vargas, Notario.—1 vez.—Nº 96341.—(31905).

Por única vez, se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de José Ricardo Chaves Chinchilla, quien fue mayor, casado una vez, pensionado, cédula Nº 9-030-058, vecino de Turrialba, Barrio Campabadall, para que dentro de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos y se apercibe a los que crean tener la calidad de herederos que si no se presentan dentro del término dicho, la herencia pasará a quien corresponda. Expediente Nº 2006-100063-341-CI-63-A.—Juzgado Civil Laboral y Agrario de Mayor Cuantía de Turrialba, 9 de marzo del 2006.—Lic. Wilberth Herrera Delgado, Juez.—1 vez.—Nº 96470.—(31906).

Por una sola vez se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de quien en vida fuere María Marín Rubí, conocida como María Zeneida Marín Rubí, mayor de edad, casada una vez, ama de casa, portadora de la cédula de identidad número uno-doscientos setenta y cinco-ochocientos diez, para que dentro del plazo de treinta días naturales, comparezcan a hacer valer sus derechos bajo el apercibimiento de que si no lo hacen dentro del término indicado la herencia pasará a quien corresponda. Expediente Nº 0001-2006. Sucesorio notarial de María Marín Rubí conocida como María Zeneida Marín Rubí.—Puntarenas, Garabito, Jaco, trece de marzo del dos mil seis.—Lic. Luis Diego Chaves Solís, Notario.—1 vez.—Nº 96481.—(31907).

Se cita y emplaza a los interesados, herederos, legatarios y demás interesados en la sucesión de quien en vida fue Marva Willes Hall conocida como Marva Hall Hall, mayor, divorciada, del hogar, vecina de Limón, portadora de la cédula de identidad número siete-cero treinta y dos-tres cuatro seis, para que en el término de treinta días, contados a partir de la publicación del presente edicto, se apersonen ante mi notaría, ubicada en San José, avenida 10, calles 13-15. Edificio 1309, sea doscientos metros al este de Acueductos y Alcantarillados, a hacer valer sus derechos. La misma se tramita bajo el expediente notarial Nº 01-2006.—1º de abril del 2006.—Lic. Luis Diego Araya González, Notario.—1 vez.—Nº 96485.—(31908).

Ante esta notaría, mediante escritura Nº 73, de las 11:00 horas del 25 de marzo del 2006, se abre juicio sucesorio ab-intestato de quien en vida se llamó Isolina Zúñiga Fallas, cédula Nº 1-148-986, para lo cual se convoca a todos los herederos, legatarios e interesados a que se apersonen a esta notaría, sita en San Francisco de Dos Ríos, frente a Industrial del Mueble, en el plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación de este edicto, a hacer valer sus derechos.—San José, 3 de abril del 2006.—Lic. Gerardo Mora Solís, Notario.—1 vez.—Nº 96487.—(31909).

Se hace saber que en este despacho se tramita el proceso sucesorio de José Pablo Bejarano Bejarano, quien fuera mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Roque de Barva de Heredia. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 05-002630-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 22 de febrero del 2006.—Lic. Alejandra Vargas Cruz, Jueza.—1 vez.—Nº 96523.—(31910).

Fernando Montero Piña, notario público, hace constar que está tramitando en su notaría, la sucesión del señor Guillermo Pacheco Quesada, mayor, casado una vez, contador privado, vecino de Curridabat, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta y uno-setecientos veintiocho. Se emplaza a los herederos e interesados, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a mi oficina, situada en avenida ocho, calles nueve y once, número novecientos sesenta y tres, Bufete Carazo, Montero & Fernández, para hacer valer sus derechos y legalizar créditos, bajo el apercibimiento de que si así no lo hicieren, la herencia pasará a quien legalmente corresponda.—San José, veintisiete de marzo del dos mil seis.—Lic. Fernando Montero Piña, Notario.—1 vez.—Nº 96524.—(31911).

Por escritura número ciento cincuenta y siete, otorgada a las quince horas del día cuatro de junio del dos mil uno, visible al folio ciento cincuenta y seis frente del tomo noveno del protocolo del notario Giancarlo Vicarioli Guier, se ha abierto el sucesorio notarial de la señora Giuliana Vicarioli Carrara, quien en vida fuera mayor, casada dos veces, física matemática, cédula de identidad número uno-cuatrocientos dieciocho-setecientos ochenta, vecina de Concepción de Tres Ríos, por lo que se cita a los posibles herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que en un plazo de treinta días, comparezcan ante esta notaría, sita Curridabat, Residencial Lomas del Sol, casa trescientos veintidós, a hacer valer sus derechos. Se advierte que de no existir apersonamientos, dentro del plazo indicado, la herencia pasará a quien corresponda.—San José, veintinueve de marzo del dos mil seis.—Lic. Giancarlo Vicarioli Guier, Notario.—1 vez.—Nº 96534.—(31912).

Por escritura número treinta y cinco, otorgada a las diecisiete horas del día veintidós de marzo del dos mil seis, visible al folio veinte vuelto del tomo décimo primero del protocolo del notario Giancarlo Vicarioli Guier, se ha abierto el sucesorio notarial del señor Otto Eduardo Loaiza Tenorio, quien en vida fuera mayor, casado una vez, pensionado, cédula de identidad número uno-doscientos sesenta y cuatro-novecientos setenta y dos, vecino de Moravia, por lo que se cita a los posibles herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que en un plazo de treinta días, comparezcan ante esta notaría, sita Curridabat, Residencial Lomas del Sol, casa trescientos veintidós, a hacer valer sus derechos. Se advierte que de no existir apersonamientos, dentro del plazo indicado, la herencia pasará a quien corresponda.—San José, treinta de marzo del dos mil seis.—Lic. Giancarlo Vicarioli Guier, Notario.—1 vez.—Nº 96535.—(31913).

Se hace saber que en este despacho se tramita el proceso sucesorio de María Josefa Monge Corrales, quien fuera mayor, casada una vez, operaria, cédula de identidad 1-170-500. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente N° 05-001460-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 23 de marzo del 2006.—Lic. Víctor M. Soto Córdoba, Juez.—1 vez.—(31939).

Se cita a todos los presuntos herederos, legatarios y demás interesados dentro del juicio sucesorio testamentario de Paulina Salazar Salazar, conocida como Paula Salazar Salazar, quien fue mayor, soltera, de oficios domésticos, portadora de la cédula de identidad número cinco- ciento cuarenta y cinco - ciento doce, vecina de Cañas, Guanacaste, y falleció el día cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, se apersonen en defensa de sus derechos, bajo el apercibimiento de que si no lo hacen la herencia pasará a quien corresponda. Expediente número R/01-100570-389-CI (291-5-2003), proceso sucesorio de Paulina Salazar Salazar.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Cañas, Guanacaste, 20 de marzo del 2006.—Lic. María Inés Mendoza Morales, Jueza.—1 vez.—(31967).

Se emplaza a todos los interesados en la sucesión de Eresvida Araya Jiménez, quien en vida fue mayor, ama de casa, casada un vez, cédula número dos-doscientos diecisiete-seiscientos diez, para que dentro de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos y se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se presentan dentro de ese término, la herencia pasará a quién corresponda. Expediente Nº 06-100100-0295-CI.—Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia, 24 de marzo del 2006.—Dr. Minor Chavarría Vargas, Juez.—1 vez.—Nº 96096.—(32203).

Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría por Alcides Zúñiga Días, el día seis de marzo del dos mil cinco, comprobado el fallecimiento, esta notaría declara abierto el proceso sucesorio ab intestato de quien en vida fuera Álvaro Zúñiga Días, mayor, soltero, agricultor, vecino de Siquirres Limón, Germania del portón Iberia tres kilómetros al este con cedula número cinco-ciento treinta y nueve-doscientos ochenta y ocho. Se cita y emplaza a todos los interesados para que dentro del plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del Licenciado Carlos Eduardo Solano Serrano, altos de Tienda Pirámide, Siquirres, Centro, Teléfono Nº 768-0101. El original fue retirado por el albacea al ser las ocho horas del veintitrés de marzo del dos mil seis.—Lic. Carlos Eduardo Solano Serrano, Notario.—1 vez.—Nº 96108.—(32204).

Se cita a todos lo herederos, acreedores e interesados en general en la sucesión de José Rafael Mena Solís quien en vida fue mayor, divorciado, pensionado, cédula Nº 1-193-539, vecino de Limón, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, se apersonen a este despacho a hacer valer sus derechos. Se apercibe a todos los interesados que de no apersonarse en el mencionado plazo la herencia pasará a quien corresponda. Lo anterior por ordenarse así en sucesorio Nº 05-000184-0678-CI-2 de José Rafael Mena Solís, albacea: Carmen María Mena Navarro.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, 26 de enero del 2006.—Lic. Christian Quesada Vargas, Juez.—1 vez.—Nº 96141.—(32205).

Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de Blanca Lidia Estrada Vargas conocida como Blanca Lidia Estrada Rojas, quien fue mayor de edad, casada, ama de casa, vecina de Turrialba centro, cédula de identidad Nº 3-054-6997, para que dentro de treinta días contados a partir de la publicación del edicto, comparezcan a reclamar y hacer valer sus derechos y se apercibe a los que crean tener la calidad de herederos, que si no se presentan dentro de ese término, la herencia pasará a quien corresponda. Expediente Nº 2006-100053-341-CI-53-P.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Turrialba, 10 de febrero del 2006.—Lic. Wilberth Herrera Delgado, Juez.—1 vez.—Nº 96151.—(32206).

Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría por María Isabel Delgado Vargas, María de los Ángeles Chaves Delgado, Rebeca Marcela Chaves Delgado, Isabel Verónica Chaves Delgado, a las veinte horas del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, comprobando el fallecimiento, esta notaría declara abierto el proceso sucesorio de quién en vida fue Isaías Chaves Barrantes, mayor, casado una vez, Pensionado, cédula número cinco-doscientos veintitrés-quinientos cincuenta y nueve, vecino de San José, Guadalupe de la Robert doscientos metros sur, cien metros al este, cincuenta metros sur, casa blanca a mano derecha. Se cita y emplaza a todos los interesados para que dentro del plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la publicación del edicto, comparezcan ante esta notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del Licenciado Luis Fernando Chaves Rodríguez, San José, del Periódico La República cien metros al oeste Barrio Tournoun.—Lic. Fernando Chaves Rodríguez, Notario.—1 vez.—Nº 96578.—(32207).

Se cita y emplaza a los herederos y demás interesados en la sucesión de quien en vida fue, Antonio Zúñiga Jiménez, quien fuera mayor, casado una vez, agricultor, cédula número uno-cuatrocientos trece- ciento sesenta y seis, vecino de Barbacoas de Puriscal, un kilómetro al noroeste del templo católico, para que dentro del término de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan en este proceso a hacer valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que si no lo hicieren dentro del indicado término, la herencia pasará a quien corresponda. El expediente se encuentra en la notaría de la Licenciada Katthya Valverde Ureña, situada en San Juan de Dios de Desamparados, doscientos cincuenta metros al sur de Embutidos Kali, donde puede ser consultado por cualquier interesado. Expediente Nº 001-SE-2006.—San José, 1º de abril del 2006.—Lic. Katthya Valverde Ureña, Notaria.—1 vez.—Nº 96603.—(32208).

Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de Deivis Vargas Álvarez, cédula Nº 2-242-190, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos y se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se presentan dentro de dicho plazo, la herencia pasará a quien corresponda.—Alajuela, 3 de abril del 2006.—Lic. Pablo Rodríguez Solano, Notario.—1 vez.—Nº 96611.—(32209).

Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados en el proceso sucesorio de Cayetana Medrano Medrano, quien fuera mayor, viuda, del hogar, con cédula de identidad número ocho-cero sesenta seiscientos tres, vecina de Carrizal, Puntarenas, para quo dentro del plazo de treinta días se apersonen a hacer valer sus derechos y se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se apersonan en ese plazo, la herencia pasará a quien corresponda en derecho. Sucesorio Nº 02-100544-417-CI.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas, 23 de noviembre del 2005.—Lic. Mainor Jiménez Vargas, Juez.—1 vez.—(32286).

Se cita a todos los presuntos herederos, legatarios y demás interesados dentro del Juicio Sucesorio Legítimo de Luis Méndez Palma, quien fue mayor, casado una vez, agricultor, portador de la cédula de identidad número seis-cero diecinueve-ocho mil seiscientos noventa y cinco, vecino de Cabecera de Tilarán, Guanacaste, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, se apersonen en defensa de sus derechos, bajo el apercibimiento de que si no lo hacen la herencia pasará a quien corresponda. Expediente Nº 06-100080-0389-CI (83-4-2006)-C, proceso sucesorio de Luis Méndez Palma.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Cañas, Guanacaste, 15 de marzo del 2006.—Lic. María Inés Mendoza Morales, Jueza.—1 vez.—(32304).

Con treinta días de término, se cita y emplaza a los herederos e interesados en la sucesión de quien en vida fue Víctor Manuel Berrocal Alfaro, mayor de edad, casado una vez, portador de la cédula de identidad número nueve-cero sesenta y dos-trescientos quince, vecino de Pueblo Nuevo de Alajuela; para que dentro del término indicado, contado a partir de esta publicación, se apersonen en defensa de sus derechos, bajo el apercibimiento que si no lo hicieran en tiempo y forma, la herencia pasará a quien en derecho corresponda. Notaría del Lic. Eduardo Castro Salas, con oficina en Alajuela: avenida 5, calle 4.—Lic. Eduardo Castro Salas, Notario.—1 vez.—(32587).

Se hace saber que en esta notaría, se tramita el proceso sucesorio de Marta Valenciano Jara, quien fue mayor, cédula N° dos-doscientos veintitrés-ciento setenta nueve, de estado civil soltera, de profesión ama de casa. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 004.—21 de marzo del 2006.—Lic. María de los Ángeles Solano Mora, Notaria.—1 vez.—(32591).

Se cita y emplaza a los herederos y demás interesados en la sucesión de quien en vida fue, Pedro Rafael Ugalde Marín, mayor, casado una vez, maestro pensionado, cédula de identidad número seis-cero cuarenta y ocho-seiscientos, vecino de Alajuela, del Mall Internacional doscientos metros al sur, cincuenta al norte, Urbanización Los Molinos, para que dentro del término de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan en este proceso a hacer valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que si no lo hicieren dentro del término indicado, la herencia pasará a quien corresponda. El expediente se encuentra en la notaría de la Lic. Liliana Villalobos Murillo, situada en Río Segundo de Alajuela, doscientos metros al norte y veinticinco metros al este del Supermercado Alfalí, donde puede ser consultado por cualquier interesado.—Alajuela, 6 de abril del 2006.—Lic. Liliana Villalobos Murillo, Notaria.—1 vez.—(32601).

Se hace saber que en este despacho, se tramita el proceso sucesorio de José Abel Meneses Jiménez, quien fue mayor, de estado soltero, vecino de San José, de profesión pensionado, con cédula de identidad número 1-221-833. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 06-000401-184-CI-8.—Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José, 24 de marzo del 2006.—Lic. Mario Zamora Mata, Juez.—1 vez.—(32637).

Se hace saber que en este despacho se tramita el proceso sucesorio de Dolores Salazar Zamora, quien fuera mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de Puerto Thiel de Nandayure, de la escuela 400 metros este, cédula de identidad número 1-193-536. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que sino se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 03-100305-0405-CI.—Juzgado Agrario de Santa Cruz, 4 de abril del 2006.—Lic. José Joaquín Piñar Ballestero, Juez.—1 vez.—(32638).

Avisos

A quien interese, se hace saber que en este Despacho ha interpuesto proceso ordinario de Instituto Nacional de Seguros contra César Bosco Grillo Sánchez. El objeto del proceso es para que en sentencia se declare se ordene al deudor demandado, señor César Bosco Grillo Sánchez, a pagar a mi representado la suma de dos millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y seis colones, por concepto de devolución de pago indebido que por error se le hizo, más el 50% de Ley para cubrir intereses y ambas costas de esta demanda y se decrete embargo en sus bienes. Se advierte a los interesados el derecho que tienen de apersonarse a los autos como terceros legitimados pasivamente o coadyuvantes dentro del plazo de ocho días que se contará desde la última publicación de este aviso, apercibidos de que si no lo hacen, no tendrán derecho a ninguna notificación y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre al momento de apersonarse, sin que tengan derecho a retroacción de plazos. (Artículos 12, 39, 43 y 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo). Expediente Nº 05-010961-0170-CA.—Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, San José, 21 de noviembre del 2006.—Lic. Iván Tiffer Vargas, Juez.—1 vez.—Nº 95987.—(31336).

Se hace saber que ante este despacho se tramitan diligencias de cambio de nombre promovidas por Hansel Aguilar Porras, mayor, cédula Nº 1-765-239, encaminadas a solicitar la autorización para cambiar su nombre por el de Hazel mismos apellidos. Se cita y emplaza a los interesados en las presentes diligencias, a efecto de que dentro del plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto se apersonen al proceso a hacer valer sus derechos, bajo los apercibimientos de ley en caso de omisión. Artículo 55 del Código Civil. Expediente Nº 05-100439-0217-CI, cambio de nombre de Hansel Aguilar Porras.—Juzgado Civil y de Trabajo de Desamparados, 13 de diciembre del 2005.—Lic. Carlos D´Alolio Jiménez, Juez.—1 vez.—Nº 96021.—(31337).

Se avisa que este despacho en el expediente Nº 05-400366-0385-FA, los señores Jeannette Piña Chavarría y Osvaldo Coronado Coronado, solicitan se apruebe la adopción conjunta y cambio de nombre del niño Luis Carlos Piña Talavera. Se concede a los interesados el plazo de cinco días para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su disconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma.—Juzgado de Familia de Liberia, 30 de marzo del 2006.—Lic. Ilse Araya Pineda, Jueza.—1 vez.—Nº 96032.—(31338).

Lic. Lorena María Mc Laren Quirós, Jueza del Juzgado Penal Juvenil y de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, a la señora Leila Morgan Bruce, se le hace saber: que en proceso de abreviado de divorcio Nº 91-100375-0462-CI- (3), establecido por Leila Morgan Bruce contra Earl Alonso Suimms Goulborne, se han dictado las resoluciones que en lo conducente dicen: “Sentencia Nº 149-92. Primera instancia.—Juzgado Segundo Civil de Limón, en funciones del Juzgado de Familia por Ministerio de Ley, a las catorce horas con cincuenta minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y dos. Proceso de abreviado de divorcio incoado por Leila Morgan Bruce, mayor, casada, educadora, vecina de este vecindario, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos dieciocho-quinientos veinte, contra Earl Alonso Simms Goulborne, mayor, casado, funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social, con cédula de identidad número siete-cero treinta y ocho-novecientos sesenta y ocho, vecino de Limón. Por haber menores interesados, se tiene como parte al Patronato Nacional de la Infancia en la persona de su representante legal. Resultando: 1º—…, 2º—…, 3º—…, 4º—…; Considerando: I.—Hechos probados:…, II.—Hechos no probados:…, III.—Sobre el fondo del asunto, excepciones y costas:...; Por tanto: Conforme lo expuesto y citas de derecho aducidas se declaran sin lugar las excepciones opuestas a la demanda de “Falta de derecho, falta de personaria ad causan para demandar” (sic), entendida por este Tribunal como falta de legitimación ad causan activa, así como la de falta de interés actual, los tres conformantes de la genérica de sine actione agit, y por ende se declara parcialmente con lugar la presente demanda, declarando disuelto el vínculo que une a ambas partes con fundamento en la causal de sivicia; que la guarda, crianza y educación de los menores Kysha Vonetta y Fresia Janelle, ambas Simms Morgan, corresponde a la actora-reconvenida, omitiendo pronunciamiento sobre Evelyn Amanda Simms Morgan, por ser mayor de edad; que la actora-reconvenida tiene derechos al cincuenta por ciento del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio, del demandado-reconventor, pronunciamiento que se hace en forma genérica al no constatarse en autos su efectiva existencia; como cónyuge culpable del demandado reconventor pierde su derecho al cincuenta por ciento de los bienes gananciales constatados en el patrimonio de la actora; debiendo el demandado pagar a favor de la actora y de sus hijas Kysha Vonetta, Fresia Janelle, en concepto de pensión alimentaria, la suma de veinticinco mil colones mensuales, en cuanto a Evelyn Amanda, la misma tendrá derecho a dicha pensión siempre y cuando concurran las circunstancias que determina el inciso 6), del numeral 160 del Código de Familia; son las costas procesales y procesales a cargo del demandado-reconventor. Por lo expuesto se deniega la excepción de caducidad opuesta a la contrademanda, y se acoge la excepción de falta de derecho incoada contra la misma, dado que el demandado-reconventor no demostró en autos su dicho, y por consiguiente se declara sin lugar todos sus extremos la contrademanda incoada por Earl Alonso Simms Goulborne contra Leila Morgan Bruce. Notifíquese. Lic. Johnny Ramírez Pérez, Juez. Jorge Fonseca Alfaro, Srio.—Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, a las ocho horas del diecisiete de marzo del dos mil seis. De conformidad con el artículo 263 del Código Procesal Civil, y siendo que la accionante Leila Morgan Bruce, es de paradero desconocido, notifíquesele la sentencia de primera instancia, por medio de un edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial. Notifíquese.—Juzgado Penal Juvenil y de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, 17 de marzo del 2006.—Lic. Lorena María Mc Laren Quirós, Jueza.—1 vez.—Nº 96047.—(31339).

A quien interese, se hace saber que en este Despacho ha interpuesto proceso ordinario de La Condesa Hotel S. A. contra el Estado. El objeto del proceso es para que en sentencia se declare la nulidad de la resolución Nº 265-2005, dictada por la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo de las quince horas del veintiocho de junio del año dos mil cinco. Se advierte a los interesados el derecho que tienen de apersonarse a los autos como terceros legitimados pasivamente o coadyuvantes dentro del plazo de ocho días que se contará desde la última publicación de este aviso, apercibidos de que si no lo hacen, no tendrán derecho a ninguna notificación y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre al momento de apersonarse, sin que tengan derecho a retroacción de plazos, (Artículos 12, 39, 43 y 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo). Expediente N° 05-000833-0163-CA.—Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoecha, San José, 1º de febrero del 2006.—Lic. Ivan Tiffer Vargas, Juez.—1 vez.—(31403).

Se hace saber que en este Despacho, se tramita el presente proceso actividad judicial no contenciosa de diligencias de declaratoria de insania, expediente Nº 2006-000251-186-FA, de Andrea Jiménez Beeche, promovidas por Roberto Jiménez Soto, se les avisa a cualquier persona que tenga interés en las presentes diligencias, que dentro del quinto día deberán de apersonarse a este Despacho a hacer valer sus derechos, después de publicado el presente edicto.—Juzgado Primero de Familia de San José, 15 de marzo del 2006.—Lic. Yudy Campos Gutiérrez, Jueza.—1 vez.—(31421).

Se le hace saber al señor Kennett Ricardo Vega Montoya, que en su contra existe proceso hipotecario de La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo, con número de expediente 06-000162-0180-CI, el cual se tramita en el Juzgado Primero Civil de San José, y que en dicho proceso se dicto de su interés la siguiente resolución de las quince horas del catorce de febrero del dos mil seis, que literalmente dice: “Actor: La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo: medio o lugar señalado: fax 279-9054. Abogado Director: María Rodríguez Villalobos. Demandado: Kennett Ricardo Vega Montoya. Expediente: 06-000162-0180-CI hipotecario. Juzgado Primero Civil de San José, a las quince horas del catorce de febrero del dos mil seis. Se tiene por establecido el presente proceso ejecutivo hipotecario contra Kennett Ricardo Vega Montoya, a quienes se les previene que en el acto de ser notificados o separadamente por escrito, deben señalar casa u oficina dentro del perímetro judicial de San José donde atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo hagan, las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas de acuerdo a lo establecido para la notificación automática (Art. 12 Ley de Notificaciones). Igual consecuencia se producirá si el lugar que señalen fuere impreciso o incierto, o ya no existiere. Libre de gravámenes hipotecarios, y por la suma que servirá de base, sea el monto de dos millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos colones con veintidós céntimos, sáquese a remate la finca inscrita en el Registro Público al Partido de San José, matrícula número 501912-000. Para celebrar la pública subasta, se señalan nueve horas, treinta minutos del veintisiete de abril del dos mil seis. Publíquese el edicto de ley. Sobre los intereses liquidados, se confiere audiencia por tres días a los demandados. Notifíquesele personalmente o en su casa de habitación al demandado, para lo cual se comisiona al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita. Lic Carlos Zamora Sánchez, Juez. Se ordena la presente publicación en ejecutivo hipotecario Nº 06-000162-0180-CI de La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo contra Kennett Ricardo Vega Montoya.—Juzgado Primero Civil de San José, 22 de marzo del 2006.—Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez.—1 vez.—Nº 96233.—(31507).

Se hace saber, que ante este Despacho se tramita proceso de cambio de nombre promovido por Cristobalina Sandoval Reyes, mayor, viuda de primeras nupcias, del hogar, vecina de Alajuela, cédula de identidad número 2-257-020; encaminadas a solicitar la autorización para cambiarse el nombre de Cristobalina Sandoval Reyes, por el de Flory mismos apellidos. Se emplaza a los interesados en este asunto, a efecto de que dentro del plazo de quince días contados a partir de la publicación de este edicto, se apersonen al proceso a hacer valer sus derechos, bajo los apercibimientos de ley en caso de omisión. Artículo 55 del Código Civil. Expediente 05-001562-0638-CI.—Juzgado Civil Primer Circuito Judicial de Alajuela, 11 de noviembre del 2005.—Lic. Yanina Saborío Valverde, Jueza.—1 vez.—(31511).

Se avisa que en este despacho bajo el expediente número 06-000146-0338-FA (4), el señor Adrián Luis Jurburg Gruskin solicita se apruebe la adopción de hijo de cónyuge de la menor de edad Silvia Meoño Chávez. Se concede a los interesados el plazo de cinco días para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su disconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma.—Juzgado de Familia de Cartago, 21 de marzo del 2006.—Lic. Patricia Cordero García, Jueza.—1 vez.—(31556).

Se convoca por medio de este edicto a las personas a quines corresponda la curatela, conforme con el artículo 236 del Código de Familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días contados a partir de esta publicación. Proceso de insania de Jhonny Andrés Bonilla Oses y Jonathan Alberto Bonilla Oses. Expediente número 05-002569-0504-CI.—Juzgado de Familia de Heredia, 15 de marzo del 2006.—Lic. Juan Pablo Gamboa Amador, Juez.—1 vez.—Nº 96250.—(31616).

El licenciado Jorge Arturo Marchena Rosabal, Juez del Juzgado Segundo de Familia de San José, hace saber que en este despacho bajo el expediente Nº 04-000500-187-FA, de solicitud de declaratoria de insania, promovida por el señor Marco Vinicio Fernández Sáenz, se dictó la sentencia que en lo que interesa dice: Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, a las siete horas treinta minutos del veintiséis de agosto del dos mil cinco. Resultando: 1º—…, 2º—…, 3º—…, 4º—…; Considerando: I.—Hechos probados:…, II.—Sobre el fondo del asunto:…; Por tanto: Con base en lo expuesto y normas citadas, se declara insana a la señora María Eugenia Soto Montero. Se designa como su curador definitivo al señor Marco Vinicio Fernández Sáenz, quien deberá aceptar el cargo dentro del plazo de cinco días. Dicha aceptación podrá hacer, mediante memorial debidamente autenticado por un profesional en derecho o verbalmente en el despacho, de lo cual se levantará un acta. El curado definitivo deberá presentar un inventario de todos los bienes que tiene la insania, inscribibles o no, en el Registro Público y para cumplir con este requisito, se le otorga el plazo de treinta días, contados a partir de la aceptación del cargo. Don Marco, como cónyuge de la insana, queda relevado de la obligación de dar fianza y rendir cuentas de administración, salvo lo final, con la cual, en su momento, deberá cumplir. Firme esta sentencia deberá ser publicada por una vez en el Boletín Judicial y se inscribirá en el Registro Público, Sección de Personas. Los gastos del procedimiento son a cargo del patrimonio de la insana. Lic. Rocío Fernández Ureña, Jueza. Expediente Nº 04-000500-187-FA.—Juzgado Segundo de Familia de San José, 25 de noviembre del 2005.—Lic. Jorge Arturo Marchena Rosabal, Juez.—1 vez.—Nº 96243.—(31914).

Se convoca por medio de este edicto a las personas a quienes corresponda la curatela, conforme con el artículo 236 del Código de Familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días, contados a partir de esta publicación. Proceso de insania de José Alberto Sánchez Orozco. Expediente Nº 06-000180-0338-FA (4).—Juzgado de Familia de Cartago, 2 de marzo del 2006.—Lic. Ana María Gutiérrez Calderón, Jueza.—1 vez.—Nº 96263.—(31915).

Se convoca por medio de este edicto a las personas a quienes corresponda la curatela de la señora Cecilia Valverde Quirós, mayor, viuda, cédula de identidad Nº 1-168-318, conforme con el artículo 236 del Código de Familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días, contados a partir de esta publicación. Proceso de insania de Olger Francisco Valverde Valverde. Exp. Nº 05-001826-0338-FA.—Juzgado de Familia de Cartago, 16 de enero del 2006.—Lic. Patricia Cordero García, Jueza.—1 vez.—Nº 96294.—(31916).

Se hace saber que ante este despacho se tramita proceso de cambio de nombre promovido por Carolina Aguilar Montero, cédula de identidad Nº 110400564 y Sigi Miguel Fernández Arroyo, cédula de identidad Nº 111690026, encaminadas a solicitar la autorización para cambiar el nombre de su hijo menor Sigi Adrián Fernández Aguilar por el de Sigifredo Adrián, mismos apellidos. Se emplaza a los interesados en el proceso a efecto de que dentro del plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto, se apersonen al proceso a hacer valer sus derechos, bajo los apercibimientos de ley en caso de omisión. Artículo 55 del Código Civil. Expediente Nº 06-000046-0164-CI.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José.—Lic. Víctor M. Soto Córdoba, Juez.—1 vez.—Nº 96330.—(31917).

A quien interese, se hace saber que en este despacho ha interpuesto proceso ordinario de Ramón Rojas Solís contra Banco Nacional de Costa Rica y Carolina del Carmen Barahona Salas. El objeto del proceso es para que en sentencia se declare que la exfuncionaria Carolina del Carmen Barahona Salas, ha incurrido dolosamente o con culpa grave en la conducta de desviación de poder, que se condene a esta y al banco demandado al pago, solidariamente, de los daños y perjuicios ocasionados. Se advierte a los interesados el derecho que tienen de apersonarse a los autos como terceros legitimados pasivamente o coadyuvantes dentro del plazo de ocho días, que se contará desde la última publicación de este aviso, apercibidos de que si no lo hacen, no tendrán derecho a ninguna notificación y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre al momento de apersonarse, sin que tengan derecho a retroacción de plazos. (Artículos 12, 39, 43 y 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo). Expediente Nº 05-000986-0163-CA.—Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 3 de febrero del 2006.—Lic. Rodolfo Arias Alvarado, Juez.—1 vez.—Nº 96361.—(31918).

Se avisa que en este despacho en el expediente Nº 05-400918-421 FA, tres de los señores José Dagoberto Guzmán Quesada y José Armando Samudio Sáenz, solicitan se apruebe la adopción conjunta del menor José Armando Samudio Sáenz. Se concede a los interesados el plazo de cinco días, para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su disconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma. Expediente Nº 05-400918-421-FA-1.—Juzgado Penal Juvenil y de Familia de Puntarenas, 10 de febrero del 2006.—Lic. Ana Lorena Blanco Bonilla, Jueza.—1 vez.—Nº 96437.—(31919).

Se avisa que en este despacho bajo el expediente Nº 06-000022-0338-FA, la señora María Rosa Quirós Brenes, solicita se apruebe la adopción individual del menor Luis Ángel Brenes Alfaro. Se concede a los interesados el plazo de cinco días, para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su disconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma.—Juzgado de Familia de Cartago, 13 de febrero del 2006.—Lic. Patricia Cordero García, Jueza.—1 vez.—Nº 96467.—(31920).

Se convoca por medio de este edicto a las personas a quienes corresponda la curatela, conforme con el artículo 236 del Código de familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días contados a partir de esta publicación. Proceso de insania que promueve Carmen Sanabria Rojas. Expediente Nº 06-000004-0292-FA.—Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 16 de marzo del 2006.—Lic. Rolando Soto Castro, Juez.—1 vez.—(32019).

David Adamson Vargas, notificador a. í., del Juzgado de Familia, de Turrialba, hace saber que en proceso que se tramita en el Juzgado de Familia de Turrialba, bajo el expediente Nº 06-400020-675-FA-X, por declaratoria judicial de abandono de menor que promueve Róger Enrique Aguilar Velásquez y Nidia María del Carmen Castro Vagas contra Lady Cano Mendoza. Se han dictado las resoluciones que literalmente dicen: “Juzgado de Familia de Turrialba, a las dieciséis horas veinte minutos del seis de marzo del dos mil seis. Se tiene por establecido el presente proceso especial de declaratoria judicial de abandono del menor Esteban José Cano Mendoza que establece Róger Enrique Aguilar Velásquez y Nidia María del Carmen Castro Vargas contra Lady Cano Mendoza, representada por su curadora Licenciada Laura Segura Salazar a quien se les concede el plazo de cinco días para que se pronuncie sobre la solicitud y ofrezca prueba de descargo si es del caso, de conformidad con los Artículos Nos. 121 y 123 del Código de Familia. En ese mismo plazo debe señalar medio y lugar, este último dentro del perímetro judicial de este despacho, donde atender notificaciones futuras, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere las resoluciones posteriores se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el media escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al despacho, o bien, si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente, conforme lo indican los artículos 6º y 12 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales. Se le advierte que si no contesta en el indicado plazo de cinco días, el proceso seguirá su curso con una convocatoria a una audiencia oral y privada, conforme lo estipula el artículo 123 y una vez recibidas las pruebas, se dictará sentencia. Notifíquese esta resolución a la accionada Lady Cano Mendoza, representada por su curadora licenciada Laura Segura Salazar y por medio de un edicto que se publicara una sola vez en el Boletín Judicial del Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a la Procuraduría General de la República por medio de la Oficina Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito judicial de San José.—Juzgado de Familia Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Turrialba, 6 de marzo del 2006.—Lic. Gerardo Solano Vargas, Juez.—1 vez.—Nº 96632.—(32210).

Licenciada Ilse Araya Pineda, Jueza del Juzgado de Familia de Liberia, Guanacaste; al señor Alex Antonio Jara Barboza, mayor, divorciado una vez, cédula seis-cero doscientos noventa-cero ciento sesenta y uno, de demás calidades y domicilio desconocidos; hace saber: Que en proceso especial de filiación de impugnación de paternidad establecido en su contra por Evelyn Cristina Rosales Escott, expediente Nº 05-400138-0385-FA; se encuentran las resoluciones que literalmente dice: Juzgado de Familia de Liberia. Guanacaste, a las catorce horas del veintiocho de abril de dos mil cinco. Habiendo cumplido la parte actora con la prevención hecha en autos, se resuelve: Se tiene por establecido por parte de Evelyn Cristina Rosales Escott el presente proceso especial de filiación (impugnación de paternidad), contra Alex Antonio Jara Barboza, a quien se le concede el plazo de diez días para que lo conteste, oponga excepciones previas y de fondo, apercibido de que sí no lo hace en tiempo y forma, se tendrá por contestada la demanda en forma afirmativa en cuanto a los hechos que le sirven de fundamento. Con respecto a los hechos contenidos en la demanda, contestará uno por uno, y manifestará en forma categórica si los rechaza por inexactos o si los admite como ciertos, o con variantes o rectificaciones. En caso de que no se conforme con lo que se pide en la demanda, expondrá con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos legales en que se apoye. Deberá además ofrecer las pruebas que le interesen con indicación en su caso del nombre y generales de los testigos e indicar los puntos sobre los cuales declararán sus testigos. Se le previene al demandado que debe señalar medio y lugar dentro del perímetro judicial de Liberia, Guanacaste, donde atender notificaciones futuras, apercibido de que si no lo hace, o que sí el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al despacho, las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de las veinticuatro horas siguientes, e igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere incierto, impreciso o ya no existiere, o fuere inexistente. Téngase como parte al Patronato Nacional de la Infancia, y por ello notifíquese a su Representante Legal con asiento en esta Ciudad. Una vez que conste en autos que el demandado ya se encuentra debidamente notificado de este proceso, o bien que el mismo ya se haya apersonado al mismo; mediante el oficio de estilo, se solicitará la correspondiente cita a la Sección de Investigaciones Inmunohematológicas del Organismo de Investigación Judicial, sito en el Complejo Judicial de San Joaquín de Flores de Heredia, a fin de llevar a cabo la prueba del ADN entre las partes y la niña Adriana Cristina Jara Rosales; esto sin necesidad de resolución especial que así lo ordene. Notifíquese esta resolución al demandado Alex Antonio Jara Barboza personalmente o por medio de cédula de notificación en su casa de habitación con persona mayor de quince años de edad. Notifíquese. Licenciada Ilse Araya Pineda, Jueza de Liberia. Juzgado de Familia de Liberia. Guanacaste, a las ocho horas del veinte de febrero de dos mil seis. Habiendo cumplido la actora Evelyn Cristina Rosales Escott con la prevención hecha en auto, se resuelve: Tal y como lo pide dicha actora y estando a derecho su gestión, ya que se ha acreditado dentro del expediente que el accionado Alex Antonio Jara Barboza no ha dejado apoderado que lo represente, se ratifica el nombramiento como Curadora Procesal de éste, en la persona de la licenciada Escarleth Jiménez Li, quien ya acepto dicho cargo, y a quien se le concede, al igual que al citado demandado, un plazo de diez días para que lo conteste en la forma señalada en la resolución dictada a las catorce horas del veintiocho de abril de dos mil cinco. Conforme lo dispone el artículo 262 del Código Procesal Civil, se tiene como parte a la Procuraduría General de la República y para notificarle ambas resoluciones a su Representante Legal, se comisiona mediante atento mandamiento a la Oficina Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José. Previo a expedir el mandamiento ordenado aporte la parte actora un juego de copias de todos los documentos y escritos presentados dentro de este proceso; para lo cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del precitado Código, se le confiere el plazo de tres días, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga no le serán oídas sus futuras gestiones. De igual manera, según lo dispuesto en el artículo 263 del citado cuerpo legal, se ordena notificar tanto esta resolución como la señalada anteriormente al referido demandado por medio de edicto que se publicara por única vez y a cargo de la parte actora en el Boletín Judicial; quedando en este juzgado debidamente confeccionado el mismo a su orden para su respectivo retiro. Notifíquese.—Juzgado de Familia de Liberia.—Lic. Ilse Araya Pineda, Jueza.—1 vez.—Nº 96634.—(32211).

Licenciado Manuel Rodríguez Arroyo, Juez Penal Juvenil y de Familia de Pérez Zeledón: hace saber: Que: en el Juzgado de Familia de Pérez Zeledón, se tramita el expediente Nº 5-40582-0196-FA, interno Nº 592-4-05 que es por abreviado de divorcio promovido por Nidia López Mata contra Carlos Luis Hernández Umaña y en el cual se dictó la resolución, que en lo conducente dice: Se tiene por establecido el proceso abreviado de divorcio, por la causal de separación de hecho, promovido por Nidia Lopez Mata contra Carlos Luis Hernández Umaña, quien es representado por su curador procesal licenciado Hugo Sequeira Solís, a quien se le confiere un plazo de diez días, para que lo conteste hecho por hecho, manifestando en forma categórica si los acepta como ciertos, con variantes o rectificaciones o bien, si los rechaza por inexactos, en cuyo caso deberá ofrecer la prueba que estimen conveniente y dentro de los primeros cinco días del emplazamiento, podrá oponer excepciones previas (art. 422 del CPC). En el primer escrito que formule deberá indicar medio y/o lugar para atender notificaciones dentro del perímetro judicial de este despacho, bajo el apercibimiento de que su omisión, mientras no lo haga o el lugar señalado fuere impreciso, inexistente o imposibilite dicho acto por causas ajenas al despacho, las futuras resoluciones quedarán por bien notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas de dictadas. De conformidad con el artículo 120 ibídem, por haber menores interesado en el presente asunto, se tiene como parte al Patronato Nacional de la Infancia, a quienes se les notificará esta resolución en sus oficinas, ubicadas en esta localidad, por medio de la Oficina Centralizada de Notificaciones de este Circuito Judicial, previo a notificar al Patronato Nacional de la Infancia, se el previene a la parte actora Nidia López Mata; aportar un juega de copias de la presente demanda. Notifíquese la presente resolución al Curador Procesal por medio de la oficina Centralizada de Notificaciones en el fax que indica. Publíquese el edicto respectivo el cual se publicará una sola vez en el Boletín Judicial o en un diario de circulación nacional, edicto que queda en la secretaría del Despacho para que la parte actora lo retire para su debida publicación, lo anterior deberá cumplirlo dentro del plazo de tres días, caso contrario no se escucharán futuras gestiones, en su omisión. Notifíquese.—Juzgado Penal Juvenil de Pérez Zeledón, San Isidro de El General, 15 de noviembre del 2005.—Lic. Manuel Rodríguez Arroyo, Juez.—1 vez.—Nº 96638.—(32212).

Se convoca por medio de este edicto a las personas a quienes corresponda la insania, conforme con el artículo 236 del Código de familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días contados a partir de esta publicación. Proceso de insania de Lilia Montero Umaña. Expediente Nº 05-002222-0165-FA.—Juzgado de Familia Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 30 de noviembre del 2005.—Lic. Cindy Quesada Chavarría, Jueza.—1 vez.—Nº 96639.—(32213).

A quien interese, se hace saber que Metalco S. A., ha interpuesto en este Despacho proceso especial tributario contra el Estado. La actora impugna resoluciones dictadas por la Dirección General de Tributación Nº DT-10-R0280-2 y Nº AU10R-0108-3 de las doce horas treinta minutos del diecinueve de setiembre del dos mil tres y resolución Nº 584-2005-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo dictada a las trece horas treinta minutos del siete de diciembre del dos mil cinco. Se advierte a los interesados el derecho que tienen de apersonarse a los autos como terceros legitimados pasivamente o coadyuvantes dentro del plazo de ocho días que se contará desde la última publicación de este aviso, apercibidos de que si no lo hacen, no tendrán derecho a ninguna notificación y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre al momento de apersonarse, sin que tengan derecho a retracción de plazos. (Artículos 12, 39, 43 y 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). Exp. Nº 06-000053-0161-CA.—Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 17 de marzo del 2006.—Lic. Luis Guillermo Ruiz Bravo, Juez Tramitador.—1 vez.—(32277).

A quien interese, se hace saber que Distribuidora Metalco S. A., ha interpuesto en este Despacho proceso especial tributario contra el Estado. La actora impugna, para que en sentencia: I.—Se declare nulidad absoluta de: a) Resolución administrativa DT-10-R0281-2 de las 12:32 horas del 20 de diciembre del 2002; b) Resolución AU10R-0109-3 de las 12:32 horas del 19 de setiembre del 2003, dictada por la Dirección General de Tributación; c) Resolución 577-2005-P de las 15:30 horas del 6 de diciembre del 2005 emanada del Tribunal Fiscal Administrativo. II.—Se reconozca a favor de la actora: a) Crédito fiscal aplicado para efectos de la determinación de impuestos sobre utilidades al periodo fiscal 98 por inversiones turísticas efectuadas al amparo del artículo 11 de la Ley Nº 6990 Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, del 15 de julio de 1985 y sus reformas; b) Todos los daños y perjuicios causados como producto de las resoluciones antes indicadas, y por la presentación y tramitación del presente proceso; c) Las costas personales y procesales del presente litigio. III.—Con fundamento en el artículo 83 inciso 11) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el numeral 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se reconozca a favor de la actora: a) Los intereses legales correspondientes, sobre el monto reclamado en el procedimientos administrativo tributario (pagado por la actora a la Dirección General de Tributación), computados desde el momento de su depósito hasta el día de su efectiva devolución. Se advierte a los interesados el derecho que tienen de apersonarse a los autos como terceros legitimados pasivamente o coadyuvantes dentro del plazo de ocho días que se contará desde la última publicación de este aviso, apercibidos de que si no lo hacen, no tendrán derecho a ninguna notificación y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre al momento de apersonarse, sin que tengan derecho a retracción de plazos. (Artículos 12, 39, 43 y 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo). Expediente Nº 06-000055-0161-CA.—Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 15 de marzo del 2006.—Lic. Luis Guillermo Ruiz Bravo, Juez Tramitador.—1 vez.—(32278).

Edictos Matrimoniales

Erica Gabriela Mora Montero, mayor, soltera, estudiante, portadora de la cédula de identidad número uno-mil doscientos veintitrés- setecientos veinte, vecina de Junquillo Arriba de Puriscal, hija de Danilo Mora Montoya y de Ana Patricia Montero Pérez, ambos costarricenses, y Marco Vinicio Navarro Salas, mayor, soltero, estudiarte, portador de la cédula de identidad número uno-mil doscientos diecinueve-novecientos sesenta y ocho, vecino de Junquillo Arriba de Puriscal, hijo de Héctor Navarro Vargas, y de Josefa María Salas Acosta, ambos costarricenses, han comparecido ante este Juzgado, solicitando contraer matrimonio civil. Si alguna persona conoce impedimento para que se realice este matrimonio, deberá hacerlo saber a este Despacho dentro de los ocho días siguientes a la publicación de este edicto.—Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal, Santiago, 26 de setiembre del 2005.—Lic. Ana Fallas Aguilar, Jueza.—1 vez.—(31187).

Han comparecido a esta Despacho, solicitando contraer matrimonio civil, los señores Christopher Cordero Cárdenas, dice ser mayor de edad, veintisiete años, soltero, contador de Barranca, Manuel Mora, casa número D-29, cédula 6-294-516, que exhibe y se le devuelve en el acto hijo de Alberto Arturo Cordero, Alvarado y Landy Lorena Cárdenas Guido, costarricense, nativo del Roble, Central Puntarenas, el día diez de diciembre del mil novecientos setenta y ocho, Katherine Alexandra Peña Thomas, menor de dieciséis años de edad, soltera, tiene cédula de identidad de menores de edad, número 6-380-505, estudiante, vecina de Barranca, Manuel Mora casa C-35, es hija de Alexis Peña Cedeño y Darling Thomas Hernández, costarricense, nativa de Centro Central Puntarenas, el día cuatro de julio de mil novecientos ochenta y nueve, y en este mismo acto se presenta la madre de la contrayente, la señora Darling Thomas Hernández, mayor de edad, del hogar, casada, portadora de la cédula de identidad número 6-228-538, de Barranca, Manuel Mora, casa número C-35, quien manifiesta que da el respectivo asentamiento para que su hija Katherine Alexandra Peña Thomas, contraiga matrimonio con Christopher Cordero Cárdenas. Si alguna persona tiene conocimiento de algún impedimento para que este matrimonio se realice, esta en la obligación de manifestar a este Despacho, dentro de los ocho días siguientes a la publicación de este edicto.—Juzgado Penal Juvenil y de Familia de Puntarenas, 6 de marzo del 2006.—Lic. Ana Lorena Blanco Bonilla, Jueza.—1 vez.—(31420).

Han comparecido a este Juzgado, solicitando contraer matrimonio civil Erich Andrey Bonilla Arias, mayor, soltero, de 20 años, salonero, cédula Nº 02-611-126, vecino de La Fortuna de San Carlos, de la Clínica del Seguro Social, 100 metros norte y Wendy Alvarado Ramírez, mayor, soltera, de 19 años, del hogar, cédula Nº 02-628-207, vecina actualmente de La Katira, 300 metros oeste del cruce a La Cabaña, carretera a Upala. Si alguna persona tuviere conocimiento de algún impedimento legal para la realización de este acto, deberá comunicarlo a este Despacho dentro de los ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto en el Boletín Judicial. Expediente. Nº 2006-100007-324-CI.—Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Guatuso, Alajuela.—Lic. Ana Lorena Ugalde Rodríguez, Jueza.—1 vez.—(31517).

El suscrito, Federico Guzmán Brenes, notario público con oficina en San José, informo que el señor Carlos Alberto Ramírez, pasaporte número 308109247 y la señora Kelly Noelle Mc Callum, pasaporte número 308109246, ambos mayores de edad, domiciliados en Estados Unidos de Norte América y de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, han decidido contraer matrimonio y han fijado como fecha el día 20 de mayo del 2006, por lo que se cita a interesados dentro del plazo de ocho días siguientes a esta publicación, por si tienen alguna objeción a dicho matrimonio lo hagan saber a través de esta notaría, por medio de los teléfonos 524-0046 y 524-0047 o al fax 524-0037.—San José, 31 de marzo del 2006.—Lic. Federico Guzmán Brenes, Notario.—1 vez.—Nº 96355.—(31921).

Han comparecido ante este Despacho, solicitando contraer matrimonio civil los contrayentes Luis Guillermo Sequeira Jiménez, mayor, soltero, vecino de Guadalupe, Cartago, operario albañil, hijo de Luis Guillermo Sequeira Serrano y de Juanita Jiménez Sánchez, nacido en Cartago, el 10 de julio del año 1983, con 23 años de edad, cédula de identidad N° 3-388-673; y Sarahi Cash Solano, mayor, soltera, vecina de Guadalupe, Cartago, operaria de costura, hija de María de los Ángeles Solano Cambronero y José Ángel Cash Cortés, nacida en San José, el 21 de julio del año 1985, actualmente con 20 años de edad, cédula de identidad N° 1-1248-500. Si alguna persona tuviere conocimiento de que existe algún impedimento legal para que dicho matrimonio se lleve a cabo deberá manifestarlo ante este Despacho dentro del término de ocho días contados a partir de la publicación del edicto. (Solicitud de matrimonio). Exp. Nº 06-000328-0338-FA.—Juzgado de Familia de Cartago, 21 de febrero del 2005.—Lic. Patricia Cordero García, Jueza.—1 vez.—Nº 96401.—(31922).

Han comparecido ante Lic. José Alberto Olivares López, notario público domiciliado en San José, con notaría en Sabanilla de Montes de Oca, Urbanización Marsella, N° 70-B, fax 283-2937, a solicitar la celebración de su matrimonio civil: Gerardo Lozada Morales, mayor, con treinta años de edad, soltero, administrador de empresas, colombiano, con carné de refugiado número 07COL000857805, pasaporte de su país número CC94428720, vecino de Cartago, La Unión, Villas de Ayarco, casa número C-7, hijo de Orlando Lozada Rendén y Lidia Socorro Morales Peñalosa; y Adriana de los Ángeles Gutiérrez López, mayor, con veinte años de edad, soltera, estudiante, costarricense, con cédula de identidad número 1-1249-0472, vecina de Cartago, La Unión, Villas de Ayarco, casa número B-7, hija de José Francisco Gutiérrez Aguilar y Floribeth López Villalta. Si alguna persona tiene conocimiento de algún impedimento para la realización de tal acto, deberá comunicarlo a esta notaría, dentro de los ocho días siguientes a la publicación de este edicto en el Boletín Judicial, el cual se publica para cumplir con lo estipulado en el Capítulo IV del Título I del Código de Familia.—San José, 3 de abril de 2006.—Lic. José Alberto Olivares López, Notario.—1 vez.—Nº 96505.—(31923).

Ante mí, Sylvia Muñoz García abogado y notaria pública, con oficina en San José, han comparecido con el fin de celebrar matrimonio civil ante mi notaría, el señor Fabio León Bedoya Pérez, mayor, soltero, comerciante, de nacionalidad Colombiano, identificado con pasaporte de su país número 98522201, nacido en Medellín, Colombia; y Gladys Mercedes Ortiz Ortiz, mayor, soltera, ama de casa, de nacionalidad costarricense identificada con la cédula de identidad Nº 6-0106-0595, nacida en Puntarenas, Costa Rica y ambos comparecientes vecinos de San José, Mercedes Norte. Es todo.—San José, veintinueve de marzo del dos mil seis.—Lic. Sylvia Muñoz García, Notaria.—1 vez.—Nº 96561.—(32214).

Edictos en lo Penal

Lic. Yancy García Fonseca, Fiscal Auxiliar de la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público, al señor Carlos Alanis Muñoz, con número de cédula 6-0209-0007, mayor, costarricense, le hace saber que en el legajo de Acción Civil Resarcitoria número 05-201900-275-PE, en perjuicio de Compañía Nacional de Fuerza y Luz contra Carlos Alanis Muñoz, por el delito de tentativa de robo agravado, se han dictado los autos que literalmente dicen: Notificación por edicto: Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público. San José, a las nueve horas del tres de abril del año dos mil seis. Siendo que en la causa penal 05-201900-275-PE seguida por tentativa de robo agravado en perjuicio de Compañía Nacional de Fuerza y Luz contra Carlos Alanis Muñoz y otros, se ha formulado la Acción Civil Resarcitoria, donde al tercero civilmente demandado Carlos Alanis Muñoz, a quien pese a haberse realizado todas las diligencias posibles para su localización, no ha sido posible informarle de ella, se le comunicará la presente mediante la publicación de un edicto por una única ocasión. Lic. Yancy García Fonseca, Fiscal Auxiliar de la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Publico. Traslado de Acción Civil Resarcitoria. Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del 3 de abril del año dos mil seis. De conformidad con el numeral 115 del Código Procesal Penal se da traslado al Tercero Civilmente demandado del contenido de la Acción Civil que ejerce el ofendido y actor civil. Causa Nº 05-201900-275-PE. Por tentativa de robo agravado.—Fiscalía Auxiliar de la Unidad de Trámite Rápido del Ministerio Público, 4 de abril del 2006.—Lic. Yancy García Fonseca, Fiscal Auxiliar.—1 vez.—(32631).