Boletín Judicial Nº 13

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

TRIBUNALES DE TRABAJO

Causahabientes

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº 164-2006

ASUNTO: Autorización a asistentes de abogados para revisar expedientes.

A TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

Que el Consejo Superior, en sesión N° 88-06, celebrada el 21 de noviembre de 2006, artículos LVIII, con respecto a la autorización de los asistentes de abogados para la revisión de expedientes, dispuso comunicarles que la autorización que se les exige para esos efectos, debe ser presentada por una sola vez en cada uno de los expedientes a consultar.

Será obligación de los abogados litigantes, comunicar al despacho correspondiente cualquier cambio que se realice en cuanto al nombre del abogado director de la causa y el de sus asistentes.

San José, 21 de diciembre del 2006.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(1976) Secretaria General

SALA CONSTITUCIONAL

Res: 2006-08499.—San José, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del catorce de junio del dos mil seis. (Exp. Nº 02-010070-0007-CO).

Revisados los autos;

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

Considerando:

Único.—En el Voto Nº 7965 de las 16:58 horas del 31 de mayo del 2006, en el considerando X y la parte dispositiva, por error, se consignó que, por conexión, se anula el artículo 6° del Código Notarial, cuando lo correcto es el artículo 6° de la Ley Nº 3245 del 3 de diciembre de 1963. Por lo anterior, se impone la corrección del error material referido. Por tanto,

Se corrige el error material consignado en el Considerando X y en la parte dispositiva del Voto Nº 7965 de las 16:58 horas del 31 de mayo del 2006 en el sentido que se anula por conexidad el artículo 6° del Código Notarial, por lo que el Por Tanto debe leerse correctamente de la siguiente forma:

“Se declara con lugar la acción. Se anula, por inconstitucional, lo siguiente: a) del artículo 21 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998 la frase que indica “(...) dependencia del Poder Judicial (...)” y, “(...) según lo establezca internamente la Corte Suprema de Justicia”, b) del artículo 6 de la Ley Nº 3245 del 3 de diciembre de 1963 las dos frases que rezan “(…) al Poder Judicial (…)”. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma impugnada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan en el tiempo los efectos de la presente declaratoria de inconstitucionalidad, de modo que la Dirección Nacional de Notariado continuará adscrita al Poder Judicial, hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la publicación de esta sentencia. Antes de la expiración de esa fecha, la Asamblea Legislativa deberá definir a que ente u órgano público adscribe la Dirección de Notariado, así como efectuar los ajustes legislativos en el Código de la materia para determinar el procedimiento de nombramiento y el órgano que designa al Director. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa para lo de su cargo.” Ana Virginia Calzada M. /Presidenta a. í. /Luis Paulino Mora M. /Adrián Vargas B. /Gilbert Armijo S. /Ernesto Jinesta L. /Fernando Cruz C. /Alexander Godínez V.

San José, 10 de enero del 2007.

Gerardo Madriz Piedra

1 vez.—(1981) Secretario

Res, Nº 2006-07965.—San José, a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de mayo de 2006. (Exp. Nº 02-010070-0007-CO).

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Enrique Rojas Franco, mayor, casado, portador de la cédula Nº 1-390-1250, abogado, vecino de San Pedro de Montes de Oca, en su condición de apoderado administrativo y judicial de Manfred Sáenz Montero, portador de la cédula Nº 1-729-973, Randall Obando Araya, portador de la cédula Nº 1-707-174; Anette Rojas Fernández, portadora de la cédula Nº 1-643-899; José Manuel Ortiz Durman, portadora de la cédula Nº 1-536-663; y Alejandro Gómez Picado, portador de la cédula Nº 1-516-155; todos abogados y funcionarios del Departamento Legal del Banco Nacional de Costa Rica, contra el artículo 21 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998. Intervienen también en la acción, Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto, según Acuerdo del Ministerio de Justicia Nº 18, del 3 de mayo de 1999, publicado en La Gaceta Nº 92, del 15 de mayo de 1999; Lineth Saborío Chaverri, en su condición de Primera Vicepresidenta, En Ejercicio de la Presidencia, según acuerdo Nº 537-P, del 24 de marzo del 2004; Ricardo Toledo Carranza, en su condición de Ministro de la Presidencia, según acuerdo Nº 297-P, publicado en La Gaceta Nº 105, en el Alcance Nº 26, del 3 de junio del 2003; Patricia Vega Herrera, en su condición de Ministra de Justicia y Gracia, según acuerdo Nº 169-P, del 20 de noviembre del 2002, publicado en La Gaceta Nº 231, del 29 de noviembre del 2002; y Alicia Bogarín Parra, en su condición de Directora Nacional de Notariado.

Resultando:

1º—Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 12:23 hrs. del 28 de noviembre del 2002 (visible a folios 2-24), el accionante solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 21 del Código Notarial, que adscribe a la Dirección Nacional de Notariado en el Poder Judicial, por estimar que ello presenta dos inconstitucionalidades fundamentales. En primer lugar, por tratarse de una dependencia que realiza una función esencialmente administrativa -referida, específicamente, al control en el ejercicio de la función notarial, para lo cual, se le confiere la respectiva potestad disciplinaria de los notarios-, que no coadyuva a la función esencial que por voluntad expresa de los constituyentes, se delegó en este Poder, sea la función jurisdiccional, lo cual estima contrario a los artículos 152 (que establece la conformación del Poder Judicial) y 153 (que establece la competencia de este Poder) ambos de la Constitución Política. En segundo término, estima que se infringe el principio de la especialidad presupuestaria, por cuanto, por mandato constitucional expreso (párrafo segundo del artículo 177 de la Constitución Política), se asigna, al menos el seis por ciento de los ingresos calculados por el año económico, para sufragar los gastos del Poder Judicial a fin que este pueda cumplir el cometido constitucionalmente conferido, sea, la de realizar eficaz y eficientemente la función jurisdiccional; tarea que no es propia de la Dirección Nacional de Notariado. De esta forma y a efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señaló que ante la Dirección Nacional de Notariado se tramita el proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial contra sus representados, en expediente Nº 00-001296-624-NO, que se encuentra en la fase de agotamiento de la vía administrativa, toda vez que formuló recurso de apelación contra la resolución Nº 2002-01378, de las 14:05 hrs. del 26 de septiembre del 2002, dictada por la Dirección de Notariado. Asimismo, alegó una legitimación directa, por estimar que por tratarse de una norma organizacional, la misma no es susceptible de crear una lesión individual y directa.

2º—Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 15:50 hrs. del 17 de diciembre del 2003 (visible a folios 39-40), el accionante, de conformidad con los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, solicitó el pronto despacho de la acción de inconstitucionalidad presentada.

3º—Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 8:50 horas del 3 de marzo del 2004 (visible a folios 43-45), se le dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad.

4º—Por resolución de las 11:46 horas del 10 de marzo del 2004 (visible a folio 54), se corrigió el error material contenido en la resolución de curso, de manera que se advirtió que la fecha de la resolución es del 2003.

5º—Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 16:28 hrs. del 10 de marzo del 2004 (visible a folios 60-63), la Directora de la Dirección Nacional de Notariado solicitó aclaración de lo resuelto por este Tribunal mediante la resolución de las 8:50 hrs. del 3 de marzo del 2003. En ese sentido, consultó si la admisión de la acción en cuestión implica la impugnación íntegra del artículo 21 del Código Notarial, lo cual conllevaría a suspender todos los procesos que se tramitan en dicho despacho, o si por el contrario, suspende, únicamente, el dictado de la resolución final de los procesos de inhabilitación y disciplinarios que agotan la vía administrativa.

6º—Por resolución de las 13:15 hrs. del 16 de marzo del 2004 (visible a folio 64), se aclaró la resolución de curso, de manera que se advirtió que la impugnación que se hace del artículo 21 del Código Notarial lo es, únicamente, en el sentido expresado en el libelo de formulación de la acción, sea: “(...) por ubicar la Dirección Nacional de Notariado dentro de la organización del Poder Judicial, motivo por el cual los asuntos en que debe suspenderse el dictado de la resolución final, son únicamente aquellos en que se discuta el contenido de la norma, en el sentido en que ha sido impugnada (...).”

7º—Los avisos de ley fueron publicados en los Boletines Judiciales números 56, 57 y 58 del 19, 22 y 23 de marzo del 2004 (visible a folio 70).

8º—Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala 15:10 hrs. del 25 de marzo del 2004 (visible a folios 72-75), la Directora de la Dirección Nacional de Notariado solicitó la recusación de los Magistrados propietarios de este Tribunal Constitucional, quienes -según estimó-, participaron en los Talleres sobre Reforma Judicial realizados en el mes de septiembre del 2003 (luego de interpuesta la presente acción), lo cual a su vez provocó un adelanto de criterio. Lo anterior por cuanto estos últimos, en dicha oportunidad se refirieron a la ubicación de la Dirección Nacional de Notariado dentro de la estructura del Poder Judicial y propusieron la separación de tales entidades en similares términos a lo manifestado por el accionante. Propuesta que a su vez, fue acogida en Corte Plena en el mes de enero del 2004 y que, actualmente, se encuentra pendiente de ratificación.

9º—Farid Beirute Brenes, en su condición de Procurador General de la República, mediante libelo presentado el 29 de marzo del 2004 (visible a folios 85-100), rindió el informe de ley. Objetó la admisibilidad de la acción, por lo que solicitó que se rechace de plano la misma en todos sus extremos, por falta de legitimación del accionante para formularla. En efecto, no obstante que el accionante alegó la supuesta existencia de un asunto pendiente de resolver ante la Dirección Nacional de Notariado (expediente administrativo Nº 00-001296-624-NO, que es procedimiento de inhabilitación del notariado en razón de impedimentos e incompatibilidades establecidos en el artículo 4 inciso f, del Código de Notariado), este no es suficiente para legitimar la formulación de esta acción, por varios motivos: a) este asunto no se encuentra pendiente de resolución, sino que ya fue definitivamente resuelto por resolución de las 10:00 hrs. del 28 del mismo mes y año, en donde la Dirección citada rechaza el recurso de reconsideración y admitió el de alzada ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia -que lo rechazó, definitivamente- mediante resolución Nº 2002-00647, de las 10:20 hrs. del 13 de diciembre del 2002 y b) la acción no constituye medio razonable de amparar el derecho o interés considerado lesionado en el asunto principal, en tanto la normativa impugnada no resulta de aplicación en el asunto que se solicita que se tenga como previo, con lo cual no existe la conexidad que se exige en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, del que se deriva la naturaleza incidental de la acción de inconstitucionalidad. En este sentido, alegó que admitir la acción en los términos planteados implicaría variar la jurisprudencia que ha vertido siempre este Tribunal, respecto de la improcedencia de la impugnación de normas inconexas, y con un asunto ya fenecido. En cuanto al fondo del asunto, consideró que el artículo 21 del Código Notarial infringe el principio de separación de funciones, por violación a la independencia y exclusividad de la función jurisdiccional, en tanto adscribe en la estructura organizativa y funcional del Poder Judicial, a la Dirección Nacional de Notariado, dependencia que ejerce una función esencialmente administrativa y no jurisdiccional, y que no guarda relación directa con la esfera de acción y con la competencia propia que, constitucionalmente, le ha sido asignada a ese Poder de la República. Aseveró, que la Dirección Nacional de Notariado no guarda relación directa con la esfera de acción y con la competencia propia que, constitucionalmente, le ha sido asignado al Poder Judicial. Aunado a ello, manifestó que según el análisis de las actas mediante las cuales la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa discutió el proyecto de lo que es hoy el Código Notarial, la corporación profesional que actualmente agrupa a los abogados, es la que debiera ejercer las potestades de vigilancia, control de los Notarios Públicos. De otra parte, señaló que el artículo 185 del Código Notarial prevé una reforma al artículo 6 de la Ley Nº 3245 del 3 de diciembre de 1963, según la cual el cincuenta por ciento del aumento previsto en los timbres del Colegio de Abogados producto de las operaciones notariales inscribibles en el Registro Nacional, será girado por el Colegio de Abogados de Costa Rica al Poder Judicial para financiar a la Dirección citada. De este modo, por haberse creado una fuente financiera distinta al presupuesto propio del Poder Judicial para atender las funciones propias de la Dirección Nacional de Notariado no existe infracción constitucional.

10.—Alicia Bogarín Parra, en su condición de Directora Nacional de Notariado, mediante libelo presentado el 29 de marzo del 2004 (visible a folios 101- 117) contestó la audiencia conferida. Solicitó rechazar de plano la acción en todos los extremos, por falta de legitimación del accionante, toda vez que no constituye medio razonable para amparar el derecho o interés considerado lesionado. En este caso, en el procedimiento administrativo seguido contra los representados del accionante por la aplicación del régimen disciplinario de los notarios públicos, efectivamente, se hizo la invocación de inconstitucionalidad del artículo 21 del Código Notarial, sin embargo, este último no tiene ninguna aplicación en el caso, en tanto las competencias de la Dirección Nacional de Notariado derivan de los artículos 13 y 140 del mismo cuerpo legal. De manera que, una eventual acogida de la acción, en nada incidiría en este procedimiento y, por ende, tampoco respecto de la esfera jurídica de los representados del accionante. Aunado a ello, tampoco resulta legítimo estimar que en el caso concreto se está en uno de los supuestos del párrafo segundo del citado artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto no es cierto que en razón de lo impugnado se de una ausencia de lesión individual y directa, ni de la presencia de intereses difusos o colectivos, cuando, evidentemente, el proceso de inhabilitación está dirigido contra un grupo muy específico de profesionales. En cuanto al fondo del punto debatido, solicitó también su desestimatoria, por falta de fundamento. En este sentido indicó que el propio numeral 153 de la Constitución Política, faculta el otorgamiento al Poder Judicial de “(...) otras funciones que la ley le confiera, “cualquiera que se su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan, resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie (...)”, inclusive con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. Con lo cual, de conformidad con la Carta Fundamental, las funciones del Poder Judicial no están limitadas ni circunscritas a lo eminentemente jurisdiccional. Así las cosas, el principio de separación de Poderes no puede ser interpretado de manera radical, en tanto el poder del Estado es sólo uno, de manera que lo que se dividen son las funciones. En forma concordante con lo anterior, la identificación del Poder Judicial como órgano competente para asumir el control y organización del notariado costarricense no roza el principio de separación de poderes, por cuanto no corresponde -per se- a ningún Poder; con lo cual, el legislador lo designó dentro de la estructura del Poder Judicial, por una cuestión de conveniencia, tradición centenaria (desde 1887), y por razones de seguridad, seriedad, y oportunidad; sin que por ello se infrinja ninguna norma o principio constitucional. Asimismo, señaló que en trámite de aprobación del Código Notarial, los diputados coincidieron en la bondad y conveniencia de ubicar a la Dirección Nacional de Notariado en la estructura del Poder Judicial, por la seriedad y responsabilidad de la oficina que se creaba, y la trayectoria que ha tenido este Poder en esta materia. No debe olvidarse que el notariado es una función pública, ejercida privadamente, por lo cual, tiene naturaleza plena de función del Estado, motivo por el que no pareciera lógico ubicarlo dentro de una organización privada; cuya única consecuencia es el debilitamiento de los controles. Por último, manifestó que este Tribunal Constitucional carece de competencia para definir la mejor ubicación de la Dirección Nacional de Notariado, y en consecuencia su traslado, al ser materia reservada al legislador. De otra parte, afirmó que no existe infracción constitucional de la norma impugnada respecto del problema presupuestario planteado, por cuanto la Dirección Nacional de Notariado no depende, presupuestariamente, del presupuesto del Poder Judicial, sino que tiene recursos propios, provenientes, el cincuenta por ciento de las operaciones notariales inscribibles en el Registro Nacional. En todo caso, agregó que si, verdaderamente, la Dirección Nacional de Notariado dependiera, presupuestariamente, del Poder Judicial, ello tampoco sería contrario ni violatorio del Derecho de la Constitución.

11.—Lineth Saborío Chaverri, Ricardo Toledo Carranza y Patricia Vega Herrera, en sus respectivas condiciones de Primera Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia, Ministro de la Presidencia y Ministra de Justicia y Gracia, mediante libelo presentado el 29 de marzo del 2004 (visible a folios 118-129), contestaron la audiencia conferida. Solicitaron la declaratoria de inadmisibilidad de la acción y, en consecuencia, su rechazo de plano en todos sus extremos por no existir asunto pendiente de resolución, ya que los recursos ordinarios formulados por el accionante –a favor de sus representados- fueron, definitivamente, resueltos, primero por resolución de las 10:00 hrs. del 28 del octubre del 2002 de la Dirección Nacional de Notariado, en que rechaza el recurso de reconsideración y, posteriormente, por resolución Nº 2002-00647, de las 10:20 hrs. del 13 de diciembre del 2002, en donde la Sala Segunda rechazó el recurso de alzada. Asimismo, la acción no constituye medio razonable de amparar el derecho o interés considerado lesionado en el asunto que figura como previo, por cuanto, en éste no se discute ni aplican las normas impugnadas para la resolución del caso en los términos en que lo exige el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según lo ha explicado ampliamente la jurisprudencia constitucional. Así, lo relativo a la ubicación de la Dirección Nacional de Notariado en la estructura del Poder Judicial no es de aplicación en el expediente administrativo que se solicita que se tenga como sustento de la acción, ya que, en este último lo discutido es la aplicación de un procedimiento disciplinario a varios notarios públicos. Asimismo, la norma impugnada, y en el sentido en que se hace –según se aclara en resolución de las 13:15 hrs. del 16 de marzo del 2004 de la Presidencia de la Sala-, sea, la ubicación de la Dirección Nacional de Notariado en la estructura del Poder Judicial, no incide, ni directa, ni indirectamente en la aplicación del régimen disciplinario de los notarios. Inclusive, advirtieron que una eventual sentencia estimatoria de la acción, no modificaría la situación de los accionantes en lo relativo a las sanciones disciplinarias impuestas, pues se mantienen intactas las competencias de la Dirección Nacional de Notariado. Bajo tales precedentes y en virtud de la evidente inadmisibilidad de la acción, no se analiza por el fondo la inconstitucionalidad alegada.

12.—Por memorial del 31 de marzo del 2004 (visible a folios 147-148), los Magistrados propietarios de este Tribunal se refirieron a la recusación interpuesta por el accionante. En ese sentido, consideraron no haber perdido independencia o imparcialidad al verter su opinión en los Talleres citados, los cuales se realizaron con el propósito de tomar una futura decisión acerca de la organización del Poder Judicial sobre diversas materias. De esta forma, apuntaron que dicha participación se realizó en su condición de jerarcas administrativos; siendo que, en ningún momento, se llevó a cabo un ejercicio de constitucionalidad sobre el tema en cuestión. Finalmente, señalaron que el artículo 53 del Código Procesal Civil en el cual se fundamenta la recusación formulada, no posee aplicación en la especie, dado la especial naturaleza de los procesos constitucionales.

13.—Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 16:00 hrs. del 3 de mayo del 2004 (visible a folios 149-154), la Directora de la Dirección Nacional de Notariado se refirió a la nota presentada por los Magistrados de este Tribunal en fecha 31 de marzo del 2004 y solicitó, nuevamente, la recusación de tales funcionarios.

14.—Por resolución de las 15:35 horas del 11 de mayo del 2004 (visible a folio 155), se desestimó la recusación solicitada por la interesada por considerarse que la estimación del problema presupuestario del Poder Judicial no tiene incidencia alguna en el análisis y valoración administrativa de la situación de la Dirección Nacional de Notariado dentro de la organización del Poder Judicial, de manera que no ha habido adelanto de criterio sobre el punto debatido.

15.—Por resolución de las 13:20 horas del 14 de julio del 2004 (visible a folio 165), se tuvo por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección Nacional de Notariado, al Ministerio de Justicia y Gracia y al Presidente de la República.

16.—Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala a las 7:40 hrs. del 13 de octubre del 2004 (visible a folios 169-174), el accionante se refirió a los informes rendidos por las autoridades citadas y manifestó que si bien es cierto, ya no existe procedimiento alguno en fase de agotamiento de la vía administrativa que pueda servir de asunto previo para la presente acción de inconstitucionalidad, se debe de tomar en consideración el supuesto alegato de la legitimación directa, por cuanto el objeto de la acción es una norma organizacional o de competencia. En razón de ello, señaló que el artículo 21 del Código Notarial no tiene la virtud de producir una lesión individual y directa, tal y como lo establece el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ese sentido, en la acción citada no se reclama como violentado ningún derecho fundamental ni para él como accionante, para sus representados, ni para un grupo o colectividad. Así, todos los reparos que se plantean se refieren, directamente, a la forma y ubicación orgánica de la Dirección Nacional de Notariado dentro del organigrama del Poder Judicial. De otra parte, apuntó que si bien es cierto el artículo 153 de la Constitución Política le otorga al Poder Judicial competencia sobre “(...) otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan (...)”; ello no significa que dicha Dirección se deba mantener dentro de la organización del Poder Judicial.

17.—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

Considerando:

I.—Legitimación y procedencia de la acción de inconstitucionalidad. En el presente asunto, el accionante aduce su legitimación tanto por vía de control de constitucionalidad concreto como abstracto, por lo se impone analizarla en cada uno de esos contextos. A) Legitimación del accionante vía control concreto. El numeral 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece como uno de los presupuestos para interponer la acción de inconstitucionalidad, en el caso del control concreto, la existencia de un asunto pendiente de resolver ante los tribunales en el que se invoque como un medio razonable para tutelar la situación jurídica sustancial que se estima lesionada. En el presente asunto, ha quedado, plenamente, acreditado que el accionante se encontraba en dicha fase del agotamiento de la vía administrativa, cuando invocó la inconstitucionalidad e interpuso la presente acción. Sin embargo, entre la fecha en que la acción fue interpuesta por el interesado, sea el 28 de noviembre del 2002, y la fecha de resolución mediante la cual la Presidencia de este Tribunal Constitucional dio curso a esta última, sea el 3 de marzo del 2003, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de las 10:20 hrs. del 13 de diciembre del 2002, resolvió y denegó el recurso de apelación presentado por el accionante en contra de la resolución de las 14:05 hrs. del 26 de septiembre de ese mismo año dictada por la Dirección Nacional de Notariado. En todo caso, obsérvese que el emplazamiento organizacional de la Dirección Nacional de Notariado, sea en el Poder Judicial o bien en otro Poder de la República, no determina, per se, una lesión o un perjuicio, por lo que en ese sentido, la presente acción no constituye un medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. A mayor abundamiento, nótese que en el asunto que se pretendía invocar como previo no se discute ni se aplican las normas impugnadas para la resolución del caso. Es decir, la ubicación de la Dirección Nacional de Notariado en la estructura del Poder Judicial no es de aplicación en el expediente administrativo que se solicita que se tenga como asunto previo. Al respecto, este Tribunal Constitucional, en la sentencia Nº 4190-95 de las 11:33 hrs. del 28 de julio de 1995, indicó lo siguiente:

“(...) En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...)”.

B) Legitimación del accionante vía control abstracto. A tenor del artículo 75, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional “No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual o directa, o se trata de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto”. En el presente proceso, el accionante aduce la violación al artículo 177 constitucional en cuanto le asigna al Poder Judicial no menos del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, con el propósito de sufragar sus gastos, cuestión, que atañe, directamente, a la materia presupuestaria y, por consiguiente, al buen y correcto manejo y disposición de los recursos públicos. Sobre este último extremo, este Tribunal Constitucional ha entendido que para su defensa debe reconocerse la existencia de intereses de carácter difuso (Ver Votos 4884-02 de las 14:59 hrs. del 22 de mayo del 2002, 7374-04 de las 15:29 hrs. del 7 de julio del 2004, 12632-04 de las 15:04 hrs. del 10 de noviembre del 2004 y 6855-05 de las 10:01 hrs. del 1° de junio del 2005). En ese sentido, tales circunstancias hacen admisible el conocimiento y resolución de la presente acción de inconstitucionalidad por vía del control abstracto.

II.—Objeto de la acción. El gestionante cuestiona la constitucionalidad del artículo 21 del Código Notarial, que ubica a la Dirección Nacional de Notariado en el Poder Judicial, por estimar que plantea dos vicios de inconstitucionalidad. En primer término, estima que, por tratarse de una dependencia que realiza una función materialmente administrativa -referida específicamente al control en el ejercicio de la función notarial-, no coadyuva a la función material que por voluntad expresa del constituyente originario se le confirió al Poder Judicial, esto es, la función jurisdiccional, lo cual estima contrario a los artículos 152 y 153 ambos de la Constitución Política. En segundo lugar, considera que se infringe el principio de la especialidad presupuestaria, por cuanto, por mandato constitucional expreso, párrafo segundo, del artículo 177 de la Constitución Política, se asigna, al menos el seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, para sufragar los gastos del Poder Judicial a fin que éste pueda cumplir el cometido constitucionalmente asignado, sea, el de ejercer la función jurisdiccional, la cual no despliega la Dirección Nacional de Notariado.

III.—Norma impugnada. La norma cuestionada en la presente acción de inconstitucionalidad es el artículo 21 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998, precepto que establece lo siguiente:

“Artículo 21.—Créase la Dirección Nacional de Notariado, dependencia del Poder Judicial; estará a cargo de un Director y contará con el personal necesario para cumplir con sus funciones, según lo establezca internamente la Corte Suprema de Justicia”.

IV.—El principio de la separación de funciones. El principio de separación de funciones -preferimos esa denominación a la tradicional división de poderes, pues, el poder fáctico o jurídico es uno solo- supone un sistema de frenos y contrapesos, donde el poder contiene al poder, tal objetivo se logra mediante la separación de las funciones estatales entre diversos órganos. Tal distribución de funciones, se efectúa según lo establecido en el texto constitucional, empero la mayoría de las Constituciones respeta los postulados esenciales de Montesquieu en el sentido “que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas; que el que las ejecute no puede hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute”. Tal principio del Estado Social de Derecho, en su formulación clásica, tuvo y tiene gran trascendencia al instituirse como garante de la libertad de los administrados frente a los detentadores del poder. Tanto es así que el artículo 16 de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 26 de agosto de 1789, dispuso que “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”. El sustrato ideológico del principio de la separación de funciones lo constituye la preservación de las libertades de los administrados frente a los privilegios y prerrogativas de la Administración Pública, entendida en un sentido amplio. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional, ha insistido en que el principio de separación de funciones no es un simple mecanismo de distribución de las competencias sino una garantía a favor de los administrados. Así en el Voto Nº 4091-94 sostuvo que “Los artículos 9, 10, 121, 140, 152, de la Constitución, entre otros, claramente asignan funciones especializadas a diferentes órganos –Poderes- del Gobierno, y han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante si se quiere, de la libertad. Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país”. En el Voto Nº 1618-91 de las 14:16 hrs. del 21 de agosto de 1991, este Tribunal señaló que:

“La división de los poderes públicos principio capital del Estado Democrático de Derecho, tiene en éste, desde su consagración a partir de las grandes revoluciones del siglo XVIII -la norteamericana y la francesa- un específico sentido de garantía de la libertad, en favor, por lo tanto, de los súbditos, y no de mera eficacia o distribución del poder entre gobernantes. De conformidad con ese principio total, los órganos del Estado capacitados para dictar actos subjetivos concretos que incidan en la esfera de la libertad, no pueden ser al mismo tiempo los llamados a regularla normativamente. Por esto, en vista de que, fuera de los tribunales de justicia, las administraciones públicas ejercen aquellas competencias concretas respecto de los particulares poderes de policía administrativa, en general, al lado de las normativas de su rango -reglamentos autónomos y ejecutivos de las leyes-, un principio general hoy indiscutido de derecho público establece que, como lo recoge el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública “el régimen jurídico de los derechos constitucionales está reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes”. ( los cuales, ni pueden regular esos derechos ex novo, ni, desde luego, imponerles restricciones o limitaciones no contenidas en la propia ley). Con otras palabras, el Poder Ejecutivo no puede regular normativamente -reglamentariamente- las libertades o derechos fundamentales, porque puede y debe fiscalizar u ordenar en concreto la conducta de sus titulares; a la inversa, la Asamblea Legislativa no puede fiscalizar u ordenar de concreto la conducta de los particulares, porque puede y debe regularle normativamente; y en este contexto en el que debe enmarcarse la función legislativa de fiscalización política, la cual, en consecuencia, sólo puede ejercerse respecto de los entes, órganos y funcionarios públicos como tales (...)”.

Modernamente, se sostiene que la separación de funciones, es tanto una técnica para debilitar el poder público, evitando su concentración en un solo ente u órgano, como también un medio para dividir y racionalizar el ejercicio del poder, haciéndolo más eficiente. Actualmente, se puede afirmar que como consecuencia directa de la íntima relación y coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo, el aludido principio ha asumido un carácter fundamentalmente organizativo, con el propósito de asegurar un desarrollo ordenado y coordinado de la actividad estatal. Esto es, constituye un medio organizativo en favor de los individuos o grupos sociales intermedios para evitar la concentración y exceso de poder de los partidos políticos mayoritarios que dominan transitoriamente los órganos estatales, razón por la cual la doctrina ha sostenido los conceptos de distinción y colaboración de poderes. De la vigencia del principio de separación de funciones en el Estado moderno pueden deducirse dos consecuencias jurídicas inmediatas y de gran trascendencia: a) La distinción material de las funciones; b) la atribución, normal y permanentemente, de una determinada función a un conjunto determinado de órganos constitucionales, lo que implica como corolario lógico la prohibición impuesta a los órganos estatales para delegar el ejercicio de sus funciones propias, o invadir la esfera de atribuciones que constitucionalmente le corresponde a otros órganos (artículos 9º, párrafo 2º, de la Constitución Política y 86 de la Ley General de la Administración Pública). La división de funciones supone que cada órgano constitucional o Poder del Estado tiene a su cargo una sola función constitucional. Sin embargo, es notorio y evidente que en el ámbito normativo y práctico-institucional no existe una partición perfecta y rígida de funciones, al contrario, la realidad demuestra que un órgano constitucional puede desempeñar varias funciones simultáneamente. Es por lo anterior que se afirma que lo que opera en la práctica es una interdependencia funcional entre los diversos órganos estatales. En ese respecto, este Tribunal Constitucional en el Voto Nº 6829-93 de las 8:33 hrs. del 24 de diciembre de 1993 sostuvo que “La teoría de la separación de Poderes tradicionalmente se interpreta como la necesidad de que cada Órgano del Estado ejerza su función con independencia de los otros (artículo 9° de la Constitución Política). Si bien no pueden darse interferencias o invasiones a la función asignada, necesariamente deben producirse colaboraciones entre Poderes. En la actualidad, la doctrina y la práctica constitucionales afirman que no existe absoluta separación, aún más, nada impide que una misma función –no primaria- sea ejercida por dos Poderes o por todos, razón por la que no se puede hablar de una rígida distribución de competencias en razón de la función y de la materia. El Estado es una unidad de acción y de poder, pero esa unidad no existiría si cada Poder fuere un organismo independiente, aislado, con amplia libertad de decisión, por lo que en realidad no se puede hablar de una división de Poderes en sentido estricto; el Poder del Estado es único, aunque las funciones estatales sean varias. Lo conveniente es hablar de una separación de funciones, es decir, de la distribución de ellas entre los diferentes órganos estatales. Esta separación de funciones parte del problema técnico de la división del trabajo: el Estado debe cumplir ciertas funciones y éstas deben ser realizadas por el órgano estatal más competente (...)”.

V.—La función materialmente jurisdiccional y reserva de jurisdicción. El principio constitucional de exclusividad o reserva de jurisdicción en el ejercicio de la función jurisdiccional, se encuentra establecido en el artículo 153 de la Constitución Política que estatuye “(...) Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas (…) resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie”. Este precepto constitucional también enuncia el núcleo duro de la función materialmente jurisdiccional, la cual le corresponde ejercer, privativa y exclusivamente, a ese Poder de la República a través de las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley (artículo 152 ibidem). De este modo, el principio de reserva de jurisdicción significa que los tribunales han sido instituidos, exclusivamente, para ejercer esa función material, a través del dictado de sentencias con fuerza de verdad legal para dirimir una controversia o litigio entre las partes –extremo que no excluye la terminación anormal o anticipada de los procesos a través de otro tipo de resoluciones- y de su debida ejecución. Al respecto, este Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 441-91 de las 16:15 hrs. del 20 de febrero de 1991 señaló lo siguiente:

“(...) Ciertamente (...) en Costa Rica no se puede dudar de que la administración de justicia es competencia exclusiva del Poder Judicial. Así lo establece la Constitución Política, con toda claridad, en su artículo 153. La función judicial jurisdiccional está excluyentemente en manos del Poder Judicial y ante ella cede cualquier función similar ejercida por otro Poder del Estado, como ya se ha dicho por esta misma Sala (...)”.

VI.—Carácter excepcional de la función materialmente administrativa del Poder Judicial. Si bien al Poder Judicial le corresponde, por antonomasia, el ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional –tal y como se señaló en el considerando anterior-, lo cierto es que, también, ejerce de forma excepcional o extraordinaria funciones de índole administrativo. En ese sentido, resulta menester apuntar que la función administrativa no está constitucional ni legalmente asignada de forma exclusiva a un órgano o ente y, tampoco, posee un contenido típico que la caracterice, puesto que, como bien ha apuntado la doctrina es más fácil describir a la administración pública que definir la función administrativa por su carácter heterogéneo. Resulta claro que el ejercicio de la función materialmente jurisdiccional, requiere y precisa de toda una infraestructura administrativa que permita ejercerla de consuno con el precepto constitucional, esto es, de forma pronta y cumplida. Esto es lo que se ha denominado el “servicio público de administración de justicia”. Así, el soporte o aparato administrativo auxiliar que le permite a los jueces y tribunales dictar sus resoluciones, conforman dicho servicio, con lo cual el concepto está referido a los perfiles administrativos de la función jurisdiccional, tales como la organización y funcionamiento de los tribunales, la logística, -avituallamiento y suministros-, el manejo, gestión o administración eficiente y eficaz de los despachos judiciales para evitar las dilaciones indebidas o injustificadas en la tramitación de la causa, la función administrativa ejercida por los órganos administrativos del Poder Judicial (v. gr. resoluciones administrativas de la Corte Plena, del Consejo Superior del Poder Judicial, del Tribunal de la Inspección Judicial, del Consejo de la Judicatura y, en general, de los diversos departamentos administrativos -Dirección Ejecutiva, Proveeduría, Personal, etc.-) y auxiliares adscritos a éste como la policía represiva ejercida a través del Organismo de Investigación Judicial, el ejercicio de la acción pública por el Ministerio Público y la provisión de una defensa gratuita por medio de la Defensa Pública. No obstante, si bien esa función materialmente administrativa es desplegada por el aparato u organización de apoyo o de soporte a la jurisdiccional, debe entenderse en un sentido estrictamente excepcional, es decir, resulta admisible aquella que sea, únicamente, necesaria e idónea para coadyuvar en el ejercicio de la función, materialmente, jurisdiccional y no otra. En razón de lo anterior, por aplicación del principio constitucional de la reserva o exclusividad de jurisdicción se impone que el Poder Judicial debe utilizar y destinar la mayoría de sus recursos al ejercicio de una función, materialmente, jurisdiccional.

VII.—Autonomía e independencia económica del Poder Judicial. Una de las grandes conquistas históricas del Estado Constitucional de Derecho costarricense, lo fue la autonomía económica del Poder Judicial lograda por vía de la reforma parcial a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, mediante la Ley Nº 2122 del 22 de mayo de 1957. Esta ley le adicionó a la versión original del artículo 177 de la Constitución Política un párrafo segundo, en el cual se dispuso lo siguiente:

“(…)

En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestadas por ese Poder, el departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión nacional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda (…)”

Esta reforma parcial a la Constitución fortaleció, de modo congruente con el ordinal 9° que proclama la separación de funciones, la independencia de ese Poder de la República. La enmienda constitucional partió de la propuesta formulada el 6 de septiembre de 1956 por el Magistrado de entonces Evelio Ramírez a la Corte Plena, órgano colegiado que la aprobó en la sesión celebrada ese mismo día. En la justificación de la modificación constitucional -que posteriormente pasaría a ser la exposición de motivos de la reforma en el procedimiento legislativo-, el Magistrado Evelio Ramírez, insistió en la necesidad de asignarle al Poder Judicial un mínimo o “suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico”, para superar la situación lamentable de ese Poder de la República al haber recibido en los siete años precedentes a 1956 tan solo un porcentaje promedio del 2.75% en relación con el Presupuesto General de Ingresos. El propósito manifiesto del Magistrado gestor de la reforma constitucional y de la Corte Plena al acoger su propuesta, fue contar con mayores recursos financieros para diversificar y fortalecer los distintos ordenes jurisdiccionales, incrementar el número de juzgados y tribunales y del personal necesario para atender la demanda del servicio, reformar y mejorar los procesos, dotar de una adecuada infraestructura y recursos materiales a los juzgados y tribunales, mejorar los salarios de quienes se dedican a la delicada y difícil tarea de administrar justicia y su régimen de jubilaciones o pensiones, todo en aras de procurar una justicia más pronta y cumplida. En ese sentido, el Magistrado Evelio Ramírez efectuó consideraciones tales como las siguientes:

“(…) la Corte Suprema de Justicia, conociendo mejor que nadie las verdaderas necesidades del Poder Judicial, elaboraría su propio anteproyecto de Presupuesto tomando en cuenta los factores que, a su juicio, exijan variaciones económicas dentro de un criterio honesto, racional y justo. Y no sólo atendería a la debida instalación de sus múltiples oficinas –que hoy ofrecen un aspecto casi ruinoso en toda la Nación-, sino que también les suministraría las máquinas de escribir, muebles adecuados y los demás medios materiales, indispensables para laborar con la mayor eficiencia posible. Además se podría pagar en forma más equitativa a todos los servidores judiciales (…) El mismo fondo de Jubilaciones y Pensiones –cuya estabilidad está seriamente amenazada- podría ser reforzado de esa partida global (…) El porcentaje promedio que ha correspondido al Poder Judicial en los últimos siete años, ha sido de un 2.75 por ciento, en relación con el Presupuesto General de Ingresos (…) La experiencia ha venido a demostrar que el indicado porcentaje resulta del todo insuficiente para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial. Para darse cuenta de ello, basta reparar en los edificios inadecuados que ocupan casi todos los tribunales de la República, en la lentitud con que se tramitan los diversos asuntos judiciales, debido al escaso número de tribunales y del personal que tienen los que funcionan en la actualidad, en el insuficiente número de máquinas de escribir y de otros muebles que son de imperiosa necesidad, en las bajas dotaciones de los servidores judiciales, etc. etc. (…)”.

Por su parte, la Comisión legislativa especial nombrada para dictaminar el proyecto de reforma al artículo 177 de la Constitución, en primera legislatura, en su informe del 9 de octubre de 1956 (visible a folios 20-21 del expediente legislativo), estimó lo siguiente:

“Esta reforma constitucional -con la cual se afianzará definitivamente la autonomía del Poder Judicial en el aspecto económico hará posible que en el futuro encuentren solución adecuada los múltiples problemas que en la actualidad confronta dicho Poder por la limitación de los recursos económicos asignados a él en los presupuestos nacionales. Esos problemas vienen de muy atrás y se agravan día con día como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la población que demanda cada vez más servicios de administración de justicia. Las oficinas judiciales no cuentan con personal suficiente para atender los muchos problemas a diario surgidos y en lo material, se hallan con muy pocas excepciones, alojadas en locales totalmente inadecuados y sin mobiliario ni equipos suficientes (…) Las remuneraciones de los servidores judiciales son, por otra parte, exiguas de tal modo que la carrera judicial no ofrece estímulo ni aliciente alguno a quienes deseen iniciarse en ella y esto aleja en muchos casos a elementos de vocación y capacidades que podrían prestar, en otras condiciones, sus servicios como Alcaldes, Jueces o Magistrados”

Consecuentemente, la idea rectora que inspiró la reforma constitucional de 1957 lo fue fortalecer la organización y funcionamiento del Poder Judicial, para que ejerciera de forma eficiente y eficaz su función esencial de impartir o administrar justicia. Bajo esta inteligencia, cualquier disposición del legislador ordinario tendiente a adscribir en la organización del Poder Judicial órganos que ejercen competencias materialmente administrativas ajenas o que no atañen a la función jurisdiccional, resulta inconstitucional, en cuanto vulnera la autonomía financiera y, por consiguiente, la independencia del Poder Judicial, al desviar el uso y empleo, aunque lo sea en un pequeño porcentaje, del mínimo presupuestario garantizado a éste para otros fines. Se puede afirmar, entonces, que el párrafo 2° del artículo 177 de la Constitución Política, adicionado por la Ley Nº 2122 del 22 de mayo de 1957, es una clara garantía institucional, puesto que, al consolidar la autonomía e independencia financiera del Poder Judicial garantiza un ejercicio efectivo, por parte de cualquier persona, del derecho fundamental establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de acceder la jurisdicción y de obtener una justicia pronta y cumplida.

VIII.—Inconstitucionalidad de la adscripción organizacional de la Dirección Nacional de Notariado al Poder Judicial. La Dirección Nacional de Notariado realiza una función administrativa, concretamente, de ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los notarios públicos, así como de supervisión y control sobre la regularidad de las actividades que estos últimos llevan a cabo en ejercicio de su actividad. De este modo, el artículo 22 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998, estipula que la finalidad de la Dirección Nacional de Notariado será: “(...) organizar adecuadamente, en todo el territorio costarricense, tanto la actividad notarial, como su vigilancia y control (...)”. Asimismo, el artículo 24 del supracitado Código, enumera las atribuciones que posee dicha Dirección de la siguiente forma:

“Artículo 24.—Atribuciones. Son atribuciones de la Dirección Nacional de Notariado: a) Juramentar a los notarios públicos e inscribirlos en el registro que debe llevarse para ese efecto. b) Mantener un registro actualizado de las direcciones exactas de los notarios públicos y sus oficinas o despachos. c) Llevar un registro de las sanciones disciplinarias que se les impongan a los notarios y velar porque se cumplan efectivamente. d) Emitir lineamentos de acatamiento obligatorio, para que los notarios presten servicios a los usuarios en forma eficiente y segura. Las oficinas públicas encargadas de recibir y tramitar los documentos notariales velarán por el cumplimiento de esta disposición. e) Decretar la suspensión de los notarios cuando sobrevenga alguno de los supuestos indicados en el artículo 4, e imponer las sanciones disciplinarias cuando la ley le atribuya competencia. f) Autorizar la entrega de los tomos de protocolos. g) Llevar un registro de firmas de los notarios y de los sellos blancos que deben utilizar en sus actuaciones, así como de cualquier mecanismo de seguridad que acuerde la Dirección. h) Velar porque los protocolos de los notarios fallecidos, suspendidos o incapacitados sean devueltos a la oficina respectiva. La Dirección queda facultada para recogerlos cuando sea procedente. i) Velar porque los notarios tengan oficina abierta al público y cumplan con la ley y demás disposiciones, directrices o lineamentos de acatamiento obligatorio. j) Denunciar a los notarios ante el Tribunal disciplinario, cuando estime que han cometido alguna irregularidad que merezca sanción. k) Intervenir como parte en los procesos disciplinarios. l) Tramitar los protocolos y llevar a cabo su reposición total o parcial. m) Resolver las gestiones o cuestiones planteadas respecto de la función notarial, siempre que por ley no le competa a otro órgano. n) Determinar los medios idóneos de seguridad que deben contener los documentos notariales para su validez. ñ) Listar las empresas autorizadas exclusivamente para suplir los medios idóneos de seguridad que deben contener los documentos notariales. o) Llevar un listado de quienes se desempeñen como notarios externos en las instituciones estatales descentralizadas y empresas públicas estructuradas como entidades privadas”.

Finalmente, el artículo 140 del Código Notarial –en cuanto a la competencia administrativa de la Dirección accionada-, señala:

“Artículo 140.—Competencia administrativa. Corresponde a la Dirección Nacional de Notariado decretar las suspensiones en los casos de impedimento señalados en el artículo 4 de esta ley, así como cuando falten requisitos o condiciones para el ejercicio del notariado. También es competencia de esa Dirección disciplinar a los notarios por incumplir los lineamentos y las directrices o exigencias dispuestas por la propia Dirección o por cualquier otra dependencia en el ejercicio de sus funciones, así como por la falta de presentación de los índices notariales”.

Al tenor de las normas citadas, resulta claro que estas funciones administrativas no se pueden enmarcar dentro de las que se pueden concebir como funciones administrativas excepcionales del Poder Judicial, en cuanto destinadas a coadyuvar para la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales de la República. En ese sentido, estima este Tribunal Constitucional que la tendencia histórica del legislador ordinario de adscribir órganos que no ejercen una función materialmente jurisdiccional en el Poder Judicial deviene, a todas luces, en inconstitucional por cuanto le merma a este Poder de la República los recursos presupuestarios necesarios para cumplir, eficientemente y a cabalidad con el ejercicio de la función materialmente jurisdiccional, así como para hacer efectivo el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. Lo anterior, aún cuando este Tribunal es consciente que la Dirección Nacional de Notariado se financia con recursos propios provenientes del cincuenta por ciento de las operaciones notariales inscribibles en el Registro Nacional. Es decir, la regularidad y la supervisión del ejercicio de funciones notariales, no es un cometido que se encuentre vinculado a la función jurisdiccional, pues el ejercicio de dichas atribuciones, resulta, absolutamente, ajeno al núcleo duro de ésta, que consiste en conocer y resolver las causas con autoridad de cosa juzgada material y ejecutar lo juzgado, tal y como se señaló en las consideraciones precedentes.

IX.—Adscripción de la dirección nacional de notariado. La adscripción de la Dirección Nacional de Notariado en el Poder Judicial o cualquier otro órgano constitucional o ente público no es un factor que, por sí mismo, determine el éxito y acierto en el ejercicio de sus funciones, puesto que, eso depende de su adecuada y racional organización y de su propio personal. No le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar cuál debe ser el ente público al que debe ser adscrita la Dirección de Notariado, puesto que, tal decisión –en tanto no lo sea en el Poder Judicial que goza de un estatuto constitucional especial y privilegiado de autonomía e independencia funcional y financiera- es una cuestión que se encuentra librada a la libertad de conformación del legislador -discrecionalidad legislativa-. De modo que, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su libertad de configuración, debe definir, antes del plazo de los tres años que se establece en la parte dispositiva de esta sentencia, a cuál ente u órgano adscribe la Dirección de Notariado.

X.—Inconstitucionalidad por conexidad del artículo 6 del Código Notarial. El accionante, en el libelo en que interpuso la presente acción solicitó que se declare la inconstitucionalidad, únicamente, del artículo 21 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998. No obstante lo anterior, por conexión deberá declararse parcialmente inconstitucional el artículo 6°, de ese cuerpo normativo. Este Tribunal Constitucional estima que las mismas razones expuestas en el Considerando VIII para justificar la inconstitucionalidad de la adscripción organizacional de la Dirección Nacional de Notariado al Poder Judicial, son suficientes y plenamente aplicables al artículo 6° en cuanto se establece que un cincuenta por ciento del aumento producto de las operaciones notariales inscribibles en el Registro Nacional, será girado por el Colegio de Abogados de Costa Rica al Poder Judicial para financiar a la Dirección Nacional de Notariado.

XI.—Dimensionamiento temporal de esta sentencia. A tenor del ordinal 91, párrafo 2°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal puede graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia el efecto retroactivo que produce una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad y que anula una o varias normas. Asimismo, esa ese precepto le habilita para dictar las reglas necesarias para evitar que se produzcan graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social. En razón de lo anterior, se dispone que la Dirección Nacional de Notariado continuara adscrita al Poder Judicial, únicamente, por el plazo de tres años, contado a partir de la publicación de esta sentencia. Antes de la expiración de esa fecha, la Asamblea Legislativa deberá definir a qué ente u órgano público adscribe la Dirección de Notariado, así como efectuar los ajustes legislativos en el Código de la materia para determinar el procedimiento de nombramiento y el órgano que designa al Director.

XII.—Corolario. En mérito de lo expuesto, se impone declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta y anular por inconstitucionales, del artículo 21 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998, la frases que indican “(...) dependencia del Poder Judicial (...)” y, “(...) según lo establezca internamente la Corte Suprema de Justicia” y del artículo 6 de esa misma norma las dos frases que rezan “(…) al Poder Judicial (…)”. Lo anterior, por infringir los principios constitucionales de separación de funciones, reserva o exclusividad de jurisdicción, independencia y autonomía financiera del Poder Judicial y el derecho a una justicia pronta y cumplida de los habitantes de la República. La presente sentencia estimatoria debe ser dimensionada en el tiempo, según lo indicado en el considerando XI. Por tanto,

Se declara con lugar la acción. Se anula, por inconstitucional, lo siguiente: a) del artículo 21 del Código Notarial, Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998 la frase que indica “(...) dependencia del Poder Judicial (...)” y, “(...) según lo establezca internamente la Corte Suprema de Justicia”, b) del artículo 6 de esa misma norma las dos frases que rezan “(…) al Poder Judicial (…)”. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma impugnada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan en el tiempo los efectos de la presente declaratoria de inconstitucionalidad, de modo que la Dirección Nacional de Notariado continuará adscrita al Poder Judicial, hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la publicación de esta sentencia. Antes de la expiración de esa fecha, la Asamblea Legislativa deberá definir a que ente u órgano público adscribe la Dirección de Notariado, así como efectuar los ajustes legislativos en el Código de la materia para determinar el procedimiento de nombramiento y el órgano que designa al Director. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese al Directorio de la Asamblea Legislativa para lo de su cargo. /Ana Virginia Calzada M. /Presidenta a. í. /Luis Paulino Mora M. /Adrián Vargas B. /Gilbert Armijo S. /Ernesto Jinesta L. /José Luis Molina Q. /Horacio González Q.

San José, 10 de enero del 2006.

Gerardo Madriz Piedra

1 vez.—(1982) Secretario

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

HACE SABER:

Que se aprobó la solicitud de cese del notario público Licenciado Francisco José Aguilar Urbina, cédula 2-326-852, mediante resolución número 02464-2006, de las nueve horas del veinte de diciembre del año en curso, a partir de las once horas veintidós minutos del catorce de diciembre del año en curso.

San José, 20 de diciembre del 2006.