BOLETÍN JUDICIAL Nº 75
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
SEGUNDA PUBLICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en sesión del 28 de junio del 2006, artículo IV, y el acuerdo del Consejo Superior de sesión de 11 de julio del 2006, artículo L, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la destrucción de documentos base (pagarés, letras de cambio, facturas, recibos, cheques, depósitos y comprobantes de pago) de 1994 a 1995 del Juzgado de Menor Cuantía de Desamparados, que a continuación se detallan. La documentación se encuentra remesada en ese Juzgado.
Remesa: 19992
Documentos base: 11
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 15 cm de ancho.
Año: 1975.
Asunto: 11 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, sobres
con posiciones, testimonios de escritura,
cheques).
Remesa: 19993
Documentos base: 38
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 15 cm de ancho.
Año: 1976.
Asunto: 38 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, sobres
con posiciones, testimonios de escritura,
cheques).
Remesa: 19994
Documentos base: 36
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de ancho x 15 cm de alto.
Año: 1977.
Asunto: 36 sobres conteniendo documentos base de
procesos civil y laboral (facturas, depósitos
judiciales, sobres con posiciones).
Remesa: 19995
Documentos base: 30
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 15 cm de ancho.
Año: 1978.
Asunto: 30 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (facturas, recibos,
sobres con posiciones, pagarés, contratos
y planos.
Remesa: 19996
Documentos base: 41.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 15 cm de ancho.
Año: 1979.
Asunto: 41 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (facturas,
posiciones a absolver).
Remesa: 19997
Documentos base: 87.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 15 cm de ancho.
Año: 1980.
Asunto: 87 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 19998
Documentos base: 131.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 15 cm de ancho.
Año: 1981.
Asunto: 131 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 19999
Documentos base: 180.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 20 cm de ancho.
Año: 1982.
Asunto: 180 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 20000
Documentos base: 204.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 20 cm de ancho.
Año: 1883.
Asunto: 204 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 20001
Documentos base: 174.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 20 cm de ancho.
Año: 1984.
Asunto: 174 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 20002
Documentos base: 161.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 20 cm de ancho.
Año: 1985.
Asunto: 161 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 20003
Documentos base: 135
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 20 cm de ancho.
Año: 1986.
Asunto: 135 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 20004
Documentos base: 208.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de largo x 20 cm de ancho.
Año: 1987.
Asunto: 208 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (recibos, talonarios
de recibos, contratos de arrendamientos,
depósitos judiciales, posiciones a absolver,
facturas, certificados de prenda, escrituras,
planos.
Remesa: 20005
Documentos base: 203.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de ancho y 10 cm de alto.
Año: 1988.
Asunto: 203 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles laborales (sobres con
posiciones, cedulas de notificación, cartas de
despido, comprobantes de pago, acciones de
personal, cheques, recibos, constancias
laborales, constancia atención médica, copias
de contrato, peritajes, plano catastrado,
certificaciones notariales, pagares, depósitos
judiciales, llaves, facturas, contratos de
arrendamientos, certificaciones de matrimonio,
escrituras, prendas, recibos de servicios
públicos, certificaciones varias, facturas
proformas, contratos, timbres, fotos,
documentos y fotocopias varias).
Remesa: 20006
Documentos base: 284.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de ancho y 10 cm de alto.
Año: 1989.
Asunto: 284 sobres con documentos base de procesos
civiles y laborales conteniendo (cartas de
despido, recibos, planillas, contratos de
construcción sobres con posiciones, acciones
de personal, dictamen medico, copias de
cheques, libros, depósitos judiciales,
constancias, facturas, planos, escritura,
contratos de arrendamientos, pagares,
testimonios de escrituras, cheques, arreglos,
extrajudiciales, llaves, certificados de prendas,
orden patronal depósitos judiciales, poderes
generalísimos, grafoscopios, protocolización,
arreglos de pago, documentos y fotocopias
varias).
Remesa: A 28 S 90
Documentos base: 272.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de ancho y 10 cm de alto.
Año: 1990.
Asunto: 272 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (informe
ausencias, facturas, amonestaciones, cartas,
planillas, constancias medicas, recibos, cartas
de despido, comprobantes de IAFA, convenios
acciones de personal, cheques, reglamentos
internos de trabajo pagares, liquidaciones,
prendas, contratos de arrendamientos
tarjetas de identificación, llaves, sobres con
posiciones, formulas del ins, escritura pública,
copias de cheques, cartas ventas, peritajes,
planos, comprobantes de pago, carta
recomendación, presupuestos, fotografías,
recibos de servicios públicos, reclamos del ins,
dictámenes médicos, documentos y fotocopias
varias, certificaciones.
Remesa: A 31 S 91
Documentos base: 359.
Paquetes: 1 paquete de 40 cm de ancho y 12 cm de alto.
Año: 1991.
Asunto: 359 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (comprobantes de
pago, dictamen medico, sobres con posiciones,
recibos, carta de despido, hojas de salarios,
copias de cheques, cálculos de prestaciones,
facturas, comparecencias al m.t.s.s., acciones
de personal, ordenes patronales, manuscritos,
liquidaciones, contratos, carta de suspensión,
estados de cuenta, memorandum, constancias
planos catastrados, planillas, depósitos
judiciales, recibos de servicios públicos,
certificaciones, pagares, permisos de
construcción, contratos, letras de cambio,
certificados de prenda llaves, planos eléctricos,
contratos de arrendamiento, casettes,
memorandum, cheques, escrituras, timbres,
recibos de edictos facturas pro forma, cédulas
de notificaciones, documentos varios,
fotocopias varias.
Remesa: A 40 S 92
Documentos base: 405.
Paquetes: 1 paquete de 50 cm de ancho y 10 de alto.
Año: 1992.
Asunto: 405 sobres conteniendo documentos base de
procesos civiles y laborales (depósitos
judiciales, sobres con posiciones, cartas de
renuncia, recibos, cartas de despido, contratos
de arrendamiento, planillas, recibos de
servicios públicos, copias de cheques, informe
de daños del ins, contrato laboral, documentos
y fotocopias varias, contrato mercantil,
certificados de prendas, sobres de pago,
fotografías, memorandum, fideicomisos, carta
de asistencia, letras de cambios, contratos de
ventas, planos catastrados, hojas de periódicos,
talonario, constancias de salarios, bitácoras,
facturas, escrituras, recibos, contrato de
compras, ordenes patronales, liquidación de
reclamos, acta de estimación derechos,
timbres.
Remesa: A 41 S 93
Documentos base: 325.
Paquetes: 1 paquete de 30 cm de ancho x 10 cm de alto.
Año: 1993.
Asunto: 325 sobres conteniendo los siguientes
documentos: carta de despido, casettes,
estudios de la ccss, cheques, depósitos
judiciales cedulas de notificación, copias de
cheques, timbres, constancias, letras de
cambio, reportes, copias de escritos, cartas de
recomendación, copias de planos catastrados,
cartas de renuncia, libretas de ahorros, recibos
varios, testimonios de escritura, ordenes
patronales, certificados de prendas,
comprobantes de pago, contratos de
arrendamiento, tarjetas de citas, sobres con
posiciones, recibos de servicios públicos,
pagares, telegramas, documentos y fotocopias
varias.
Remesa: A 54 S 94
Documentos base: 385.
Paquetes: 1 paquete de 40 cm de ancho x 10 cm de alto.
Año: 1994.
Asunto: 385 sobres conteniendo los siguientes
documentos: depósitos judiciales, cartas de
despido, estimación de derechos, tarjetas de
presentación, acta de comparecencia al m.t.s.s.,
oferta de servicios, recibos, fotografías,
colillas de pago, facturas, memorando,
contratos de arrendamiento, boletas del ins, sobres con
posesiones, cartas, pagares, acciones de
personal, copias de planos, almanaque 1994,
letras de cambio, orden patronal telegramas,
copias de cheques, certificados de prendas,
cancelación de contrato laboral, planos
originales, cheques, originales, contratos
compra y venta, timbres, documentos varios,
testimonio de escritura, fotocopias varias,
certificado contable municipalidad, certificado
de inversión, vales y preformas, entero
ministerio de hacienda, llaves, contrato de
opción de compra, acta de inspección ocular.
Remesa: A 56 S 95
Documentos base: 392.
Paquetes: 1 paquete de 50 cm de ancho x 13 cm de alto.
Año: 1995.
Asunto: 392 sobres conteniendo: libreta tiempo
semanal, recibos de servicios públicos,
declaración de actora, copias de actas de
notificación, acciones de personal, estimación
de derechos laborales, sobres con posiciones,
colillas originales de cheques, cartas de
despido, pagares, liquidación laboral, facturas,
tarjeta de presentación, letras de cambio, copia
de parte de transito, recibos, depósitos
judiciales, timbres, copias de recibos, contratos
de arrendamiento, constancias, cheques,
tarjetas de citas, ordenes de pago y debito,
copias de planillas, prendas, ordenes
patronales, certificados de defunción, actas de
comparecencia, escrituras originales de
hipoteca, colillas de comprobantes de pagos,
fotografías, casettes de vhs, escritos, talonarios
de recibo, documentos y fotocopias.
Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso. Publíquese por tres veces en el Boletín Judicial.
San José, 9 de abril del 2007.
Alfredo Jones León
(30230) Director Ejecutivo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la aprobación de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en sesiones del 15 de febrero del 2006, artículo XI, y 1 de setiembre de 2006, artículo I, y acuerdos del Consejo Superior de sesiones del 21 de febrero del 2006, artículo XLIX, y 28 de setiembre del 2006, artículo LIII, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la destrucción de boletas y expedientes del periodo 1993-2001 del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo, que a continuación se detallan. Los expedientes y boletas se encuentran remesados en ese Juzgado.
Remesa: G 16 L 93
Expedientes: 2,403.
Ampos: 13.
Año: 1993.
Asunto: Boletas de tránsito.
Remesa: G 18 L 94
Expedientes: 4,412.
Ampos: 23.
Año: 1994.
Asunto: Boletas de tránsito.
Remesa: G 18 L 95
Expedientes: 5373.
Ampos: 27.
Año: 1995.
Asunto: Boletas de tránsito.
NOTA: No se reportan boletas de tránsito de 1996 al 2003 por cuanto, a partir de esa fecha se remitieron por incompetencia al Juzgado de Tránsito de la localidad que inició labores en 1995.
Remesa: G 5 L 98
Expedientes: 400.
Paquetes: 2.
Año: 1998.
Asunto: Faltas y Contravenciones.
Remesa: G 5 L 99
Expedientes: 376.
Paquetes: 2.
Año: 1999.
Asunto: Faltas y Contravenciones.
Remesa: G 5 L 00
Expedientes: 218.
Paquetes: 2.
Año: 2000.
Asunto: Faltas y Contravenciones.
NOTA: No se reportan expedientes de tránsito, por cuanto, se remitieron por incompetencia al Juzgado de Tránsito de la localidad que inició labores en 1995.
Remesa: V 4 L 98
Expedientes: 168.
Paquetes: 1.
Año: 1998.
Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.
Remesa: V 4 L 99
Expedientes: 183.
Paquetes: 1.
Año: 1999.
Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.
Remesa: V 4 L 00
Expedientes: 193.
Paquetes: 1.
Año: 2000.
Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.
Remesa: V 3 L 01.
Expedientes: 258.
Paquetes: 1.
Año: 2001.
Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.
Remesa: C 29 L 93
Expedientes: 28.
Paquetes: 1.
Año: 1993.
Asunto: Civil Varios: (1 Abreviado, 11 Ejecutivos
Simples, 10 Desahucios, 5 Fijación de Alquiler,
1 Monitorio).
Remesa: C 28 L 94
Expedientes: 43.
Paquetes: 1.
Año: 1994.
Asunto: Civil Varios: (1 Abreviado, 21 Ejecutivos
Simples, 15 Desahucios, 5 Fijaciones de Alquiler,
1 Monitorio).
Remesa: C 30 L 95
Expedientes: 40.
Paquetes: 1.
Año: 1995.
Asunto: Civil Varios: (18 Ejecutivos Simples, 18
Desahucios, 3 fijaciones de Alquiler, 1
Monitorio).
Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso. Publíquese por tres veces en el Boletín Judicial.
San José, 9 de abril del 2007
Alfredo Jones León
(30231) Director Ejecutivo
PRIMERA PUBLICACIÓN
ASUNTO: Asueto concedido a los servidores que laboran en las oficinas judiciales del cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste.
SE HACE SABER:
Que las oficinas judiciales del cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste, permanecerán cerradas durante el cuatro de mayo del dos mil siete, con las salvedades de costumbre, por motivo de la celebración de los festejos cívicos patronales de dicho cantón.
San José, 9 de abril del 2007
Luis Barahona Cortés
(30657) Subdirector Ejecutivo
ASUNTO: Asueto concedido a los servidores que laboran en las oficinas judiciales del cantón de Grecia, provincia de Alajuela.
SE HACE SABER:
Que las oficinas judiciales del cantón de Grecia, provincia de Alajuela, permanecerán cerradas durante el veintisiete de abril del dos mil siete, con las salvedades de costumbre, por motivo de la celebración de fiestas cívicas por la fundación de cantón.
San José, 9 de abril del 2007
Luis Barahona Cortés
(30727) Subdirector Ejecutivo
UNA PUBLICACIÓN
San José, a las 13:00 horas del 10 de abril de 2007. En vista de que no ha sido posible notificar a los particulares propietarios de los vehículos involucrados en colisiones, por desconocerse su paradero, según se cita a continuación, a solicitud de los despachos que se dirá:
JUZGADO DE TRÁNSITO DE DESAMPARADOS
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
07-600396-491-TC-D CHINCHILLA BLANCO URIEL 1-531-735 611607 1HGEJ2146PL000529
07-600177-491-TC-A VÍCTOR PRADO CHINCHILLA 1-1131-852 326573 2HGEH3384RH501971
07-600077-491-TC-A RAMÓN GRANADA DELGADO 1-664-598 500380 KMHJF31JPNU338615
07-600288-491-TC-A RAFAEL ÁNGEL PÉREZ BARRANTES 6-162-812 117878 BN13001922
07-600201-491-TC-A WALTER HERMANN MOLINA 4201101282617.00 TSJ 5180 KMHVF14N8SU214516
07-600264-491-TC-A SELMA ARMENTA CASTRO 1000017447.00 162781 1FAPP9895LT162135
06-002044-276-PE-D OSORNO SILVA PEDRO 1-1083-075 387179 KMHVF31JPNU578805
07-600337-491-TC-D ROBERTO JOSÉ HERNÁNDEZ ARAICA 1-304-113 CL 126051 9BD146000P8306468
07-600099-491-TC-C MARCO JIMÉNEZ RAMÍREZ 3-246-729 TSJ 4460 KMHV31NPWU483192
07-600441-491-TC-A ROQUE ARISTIDES CASTRO CASTRO 1-383-220 CL 66042 466
07-600413-491-TC-A STEPHANIE MELISA GRILLO QUESADA 1-1126-947 276809 1N4PB22S0HC875663
07-600445-491-TC-A ORLANDO JIMÉNEZ CEDEÑO 1-586-583 361750 KMHBF31FPPU522021
07-600349-491-TC-D RODOLFO ZUMBADO SOTO 1-672-541 TSJ 2006 KMHVA21NPRU021561
07-600341-491-TC-D ESTEBAN DE JESÚS ROJAS BUSTOS 1-1118-739 4411 B310A17388
07-600463-491-TC-A OSCAR RODOLFO MADRIGAL UREÑA 1-845-455 538814 JA4MR41H4SJ022741
06-601222-491-TC-B ENID LILLIANA MORALES 7-085-653 409450 KMHVD12J3MU078787
06-001987-276-PE-B ZELMIRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1-358-607 CL 106938 TLG720M-E55094
06-602040-491-TC-B AUTOTRANSPORTES LOS GUIDOS S. A. 3-101-100603 HB 500 NO INDICA
07-600003-491-TC-C LUIS GUILLERMO ACUÑA BONILLA 3-120-430 178107 1N4PB22S3HC781440
07-600432-491-TC-D RANDALL JOSÉ CHINCHILLA FONSECA 1-1250-539 620442 JN8HD16Y5JW031712
07-600108-491-TC-D MACAYA ORTIZ CARLOS
REP. LEGAL DE RAFAEL PINTO Y CIA S. A. 3-101-003110
21-0312-556 NO INDICA LWBPCJ1F941036564
07-600108-491-TC-D ORTIZ ALVARADO MARGARITA
REP. LEGAL DE RAFAEL PINTO Y CIA S. A. 3-101-003110
1-117-4528 NO INDICA LWBPC11F941036564
07-600052-491-TC-D CHAMORRO ÁLVAREZ CAIRO 270115717508.00 627115 KMHVA21NPTU158574
07-6004158-491-TC-A NOGUI JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS 1-253-927 TSJ 1455 LX800006112
07-600173-491-TC-A CARLOS EDUARDO UMAÑA BRENES,
REP. LEGAL DE CARUMABRE S. A. 3-101-140140 181297 JN8HD16YXHW016116
07-600330-491-TC-C ARACELLY VILLALOBOS FERNÁNDEZ 6-124-897 TSJ 3677 KMHJF35F8YU988727
07-600290-491-TC-C JORGE TORRES CAMPOS 3-147-628 CL 98916 JT4RN50R4E0011658
07-600535-491-TC-A MARÍA TERESA PEREIRA ORTEGA 1-1171-657 187673 1HGED3640JA042140
07-600547-491-TC-A ANA ILEN RAMÍREZ RIVAS 1-1128-402 500803 1N4EB32A0NC733992
06-602342-491-TC-B VIVIANA SALAS RODRÍGUEZ 1-1109-197 655189 KJMYSNCS3A7U002035
06-602146-491-TC-B LUIS MANUEL PEREIRA MEZA 1-886-270 TSJ 1656 KMHJF31JPSU896714
06-602314-491-TC-B EMERALDO VAZ WRIGHT 7-101-200 464232 KMHVF31JPNU701807
06-602190-491-TC-B MAINOR BARQUERO CALDERÓN 1-827-381 TSJ 1514 KMHVF31JPRU947370
06-602346-491-TC-B ÁLVARO ENRIQUE PACHECO DE LA CRUZ 1-484-845 189157 JA4FN44L9HA007844
06-602226-491-TC-B JOSÉ ANTONIO GUEVARA ARRIETA 1-396-235 CL 106415 9BGTC80JJHC113614
06-602302-491-TC-B TECNOLOGÍA ACCESO & SEGURIDAD TAS S. A. 3-101-283684 CL 210184 JMYJNP15V6A002993
06-602110-491-TC-B JOSÉ MARÍA CUBILLO MARCHENA 5-145-840 511493 JN1EB31P3NU126739
07-600394-491-TC-A KATTIA VANESSA CARVAJAL SILES 1-832-594 595914 JT2AE92W0K3214346
07-600020-491-TC-D M SÁNCHEZ OLLER GONZALO
REP. LEGAL DE AUTOTRANSPORTES
SAN JOSÉ SAN CARLOS S. A. 4-118-997
3-101-072026 NO INDICA RF82140298
07-600590-491-TC-D MEYERS SKREDSVIG KARI ELEANOR 1007565863.00 96574 JHMASY3430C2150
07-600590-491-TC-D GRANADOS REDONDO CARLOS ALBERTO 3-161-636 SJB 10326 JTGFB518801014005
06-601953-491-TC-C EDUARDO BRENES BRENES 1-547-097 CL 160571 JA7FL55E0JP015574
07-600458-491-TC-D CARLOS GUILLERMO ORTIZ SANDÍ 1-688-806 TSJ 4123 KMHVA21NPSU072333
07-600183-491-TC-C ADEN DELGADO ZELEDÓN 1-324-707 337796 1N4EB32H7PC744634
06-601868-491-TC-D MIRIAM SOLERA CASTRO 1-441-611 431571 VF32AN6AD1W040301
06-602011-491-TC-D PAOLA ANDREA HERNÁNDEZ MEZA 1-1216-629 158810 EE90-0216400
06-601021-491-TC-D MAGDIEL ASTORGA ZAMBRANA 3-367-560 112447 EE90-3009408
07-600345-491-TC-D EDGAR ALBERTO BRENES BRENES 9-043-399 CB 1715 HZB500103085
07-600561-491-TC-C ANA MADRIZ NAVARRO 1-794-710 261706 JN1PB25YXJU005562
07-600395-491-TC-C SOCIEDAD INDUSTRIAL TULIN S. A. 1-794-710 3-101032610 9BM364287NCO74340
07-600101-491-TC-A IVANNIA MEJÍA CHINCHILLA 1-1273-784 449022 KMHVF31JPNU568393
06-602033-491-TC-C VÍCTOR ROMÁN CARVAJAL 1-484-341 356991 BBYALFFP11EYAGFQG
07-600352-491-TC-C EDWIN GARRO MOLINA 1-442-684 TSJ 747 KMHVF12
07-600424-491-TC-D MORENO CRUZ JUAN EVANGELISTA 1-629-780 418899 KMHF31JMU109886
07-600596-491-TC-D MINOR MORA JIMÉNEZ 1-620-896 114944 EE90-3011716
07-600449-491-TC-A MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ PICADO 3-119-320 365590 KNAJA5265TA752480
07-600346-491-TC-A REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S. A. 3-101-214285 CL 207922 9BD25521668766826
07-600413-491-TC-A ELADIO LORÍA GARRO 1-478-970 TSJ 3978 KMHVF31JPRU948438
07-600205-491-TC-A DANILO MORA MÉNDEZ 9-077-963 TSJ 4105 KMHVF31JPRU932707
07-600173-491-TC-A ÓLGER SANCHO PADILLA 4-154-578 570643 LS120014357
07-600292-491-TC-A GABRIELA MATA RIVERA 1-582-552 174317 JHMCA5646HC018626
06-002303-276-PE-D OTÁROLA SALAZAR ÁLVARO 1-659-548 MOT 148059 LC6PCJB8760802435
07-600482-491-TC-D PORRAS QUESADA JORGE ESTEBAN 1-652-079 TSJ 1371 JTDBJ21E704005667
07-600466-491-TC-D ECHAVARRÍA MONTOYA JONNY ALBERTO 070COL000650803 462063 KNHTP7352NS401954
07-6000335-491-TC-B SIGIFREDO MARÍN JIMÉNEZ 1-452-166 TSJ 3757 KMHJF31JPSU901852
06-602247-491-TC-C MARÍA ZÚÑIGA BORBÓN 9-055-918 64953 KE30-839008
07-600638-491-TC-D SALAZAR ALVARADO ÉRMER 7-099-782 TSJ 3292 KMHVF31JPRU941715
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA Y TRÁNSITO DE SANTA ANA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
05-600877-242-TC MARISOL ROMERO ARIAS 1-1103-429 MOT 132429 NO INDICA
05-600545-242-TC FLOR DE MARÍA POL SCHMIOT 2-266-426 154096 NO INDICA
05-600487-242-TC NORA VIRGINIA AZOFEIFA SOLÍS 1-414-1008 259329 NO INDICA
05-600875-242-TC JUAN A. HURTADO LUMBY 5-155-060 383284 NO INDICA
05-600816-242-TC YEIRI MIGUELINA PÉREZ GARCÍA 37502049920012 366676 KMHVF31JPPU752324
05-600668-242-TC EL DON DE LA ESTRELLA S. A. 3-101-206413 CL 145157 YN850042142
05-600528-242-TC IMPORCO CARIBE S. A. 3-101-035244 228494 1FABP36X4RK216578
05-600150-240-TC VÍCTOR JULIO CARDAS FALLAS 1-337-525 114976 9BD146000H-3250504
05-600916-242-TC WALTER CASTILLO RAMÍREZ 2-204-175 CL 75168 RL620752723
05-600600-242-TC GUILLERMO PICADO RUBÍ 1-659-958 MOT 78616 1KH041914
06-600064-242-TC SERGIO JOSÉ CANALES 2701386627388 419049 KMHVF31JPPU810736
05-600354-242-TC IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL SATÉLITE S. A. 3-101-266335 192776 JN1PB21S5HU010728
06-600262-242-TC CARLOS EDUARDO VARGAS VARGAS 1-381-668 168240 WPLB310028113
05-600808-242-TC COMPAÑÍA SANITARIA COSTARRICENSE S. A. 3-101-039137 9252 NO INDICA
JUZGADO DE TRÁNSITO DE GRECIA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-000695-899-TC-2 REP. LEGAL DE INVERSIONES ARGENTINAS
DEL SUR S. A. JOSÉ RAÚL RODRÍGUEZ JARA 2-515-216 140212 WDB1240301A102707
06-000547-899-TC-01 SOLEIBE CO S. A. 3-101-182437 395240 KMHVF31JPPU808504
06-000763-899-TC-01 JOSÉ MANUEL RIVERA ALVARADO 3-143-433 C 15433 96B2342
JUZGADO DE TRÁNSITO DE CARTAGO
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
060032520496TR SONIA MARTÍNEZ BENAVIDES 301520525 TC 000418 KMHVF31JPRU934816
060041900496TR QUESADA ALVARADO VÍCTOR 302710761 350602 KMHVF31JPNU572587
060046720496TR LARA CHINCHILLA MANUEL ANTONIO 900350143 635341 4A3CS34T3ME138666
060006650496TR GERARDO NAVARRO SEGURA 1-357-635 CL 203887 VZN1105013275
060041740496TR BARRANTES CHINCHILLA JUAN DIEGO 107510344 MOT 123412 CRCBKG08998
060031900496TR QUESADA SOLANO WALTER 301630772 CL 073514 KHPP8G13920
060037860496TR MOYA LEANDRO RANDALL GERARDO 108400711 CL 162960 ZFA14600008627080
06-004459-496 TR JUAN CARLOS GARCÍA BARRANTES 1-900-949 288950 KMHVD12J4MU110002
060025990345PE ALLAN FRANCISCO CORRALES ZÚÑIGA 1-11190172 C 141127 1FUYSSEB5WP780525
060044710496TR OSCAR MAURICIO QUIRÓS GÓMEZ 3-358-020 544657 1N4AB42D5TC50241
070000020496TR LAURA ARAGÓN SEGURA 303000638 CL 128733 JT4RN55D3H7023535
070002100496TR MARITZA COGHI ARIAS 105690142 CL 132146 1GCDT19Z3RK146622
070002140496TR ISAÍAS FONSECA MORALES 301971064 TSJ 1453 KMHVF11LPTU279716
070001650496TR MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 9-067-776 289507 JD1FG1103L4326804
060032950496TR AMADA CANALES FERNÁNDEZ B054237 594656 LSJDB12A14D044576
060045710496TR OLDEMAR MORALES GONZÁLEZ 1-368-914 TSJ 4777 KMHVF21NPSU134730
060042650496TR RICARDO BLANCO MONGE 1-607-248 SJB 6657 KN2DAM881NK009271
060041870496TR EDGAR CORRALES FONSECA 1-869-674 274875 1N4EB32A0NC730204
060046600496TR CASTILLO FLORES ELISA 800620542 597975 KMHVF21NPRU101409
060017760496TR T T TRICOLOR CARRENTAL S. A.
REPRESENTANDA POR JOSÉ P. FONSECA ALVARADO 3101105093 624930 MHYDN71V06J102743
060044780496TR CORJIUMO S. A., REPRESENTADA
POR MIGUEL CORDERO UMAÑA 3101074342 SJB 008587 KMJRD37FPPU030453
060045810496TR MARIO MORA MONTERO REPRESENTANTE
LEGAL DE INVERSIONES MAVOMA S. A. 3-101-164732 CL 144072 JA7FM24S2LP021849
060044830496TR CARLOS BOGANTES BONILLA REPRESENTANTE
LEGAL DE CORPORACIÓN GAVILÁN C Y A S. A. 3-101-264499 C 21969 R686LST38818
060018600345PE INVERSIONES DAMA DEL ESTE S. A. REPRESENTANDA
POR RAMÓN Y JOSÉ ANTONIO PRADO MONTERREY 3101162230 C 136908 1MSN179Y8GA003667
060031980496TR GRUPO AGROCOMERCIAL LOS INTOCABLES LTDA.,
REPRESENTADA POR MARÍA ELENA GUZMÁN
BALLESTERO 3102335110 501013 JMYONK9703J000436
060032180496TR TRANSPORTES HERMANOS OTTO Y ELADIO LEIVA
CAMPOS S. A. REPRESENTADA POR OTTO
LEIVA CAMPOS 3101201624 CB 1558 9BM382073YB245104
070000610496TR TRANSPORTES DE ALAJUELA GRECIA
Y NARANJO LIMITADA 3-102-007416 CB 599 NO INDICA
060047770496TR MANUEL ARAYA ALFARO REPRESENTANTE LEGAL
DE RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ M.I.J.A S. A. 3-101-187096 206512 JT3YR26V5E5034702
06-004658-496-TR JOSÉ MARIO ZÚÑIGA SEDLACKOVA 111190625 142118 JN1PB11S6EU115672
060047690496TR SEIDY VIVIANA ARAYA BRENES 1-884-928 299040 JT2EL46B0N0151613
060036660496TR ANDRADE CALVO ROXANA DE LOS ÁNGELES 105350346 636234 KMHJ31JPRU816255
06-0036350496TR MARÍA ZÚÑIGA ALVARADO 3-0240-0411 247513 DONV440PJ01562
070003380496TR ANA MADRIZ ARCE 302420957 TC 232 KMHJF22R1RU720967
070003380496TR ANA GRANADOS SOLANO 303460025 CL 114765 BU880012315
070000100496TR OLDEMAR TORRES HERRERA 302660315 151459 JN1PN34S2HM010338
060042370496TR MAUREN BARRANTES HERNÁNDEZ 303350542 123701 LB11MC86249
060044650496TR MARIO NAVARRO JIMÉNEZ 3-290-058 596113 JACDH58V5R7931331
060048030496TR TERESITA SOLANO JIMÉNEZ 3-0358-0423 203449 KMHLF31J8HU228817
060037230496TR ECHEVERRÍA MESÉN GINETTE 105500158 221179 JHMAH5328GS015494
070003270496TR JOVANNY DE JESÚS MUÑOZ RAMÍREZ 4-135-546 634594 JTEBY25J500042898
070002110496TR MARÍA RITA GATENS GONZÁLEZ 6-042-813 493518 KMHJ31JPPU414356
060040750496TR CLEANCY MIXELA ULLOA BARRET 7-124-208 256466 KPHVD12J0MU089500
060045950496TR ANA LUCÍA MADRIZ ARCE 3-242-957 TC 232 KMHJF22R1RU720967
060028340345PE ELIÉCER AGÜERO DÍAZ 107650389 167680 JT2ST65L6G7019295
060036080496TR MARÍA MARLENE BRENES SALAS 107710010 CL 147149 JB7FL29E4HP026535
060036080496TR RONALD OBANDO FALLAS 103380857 188456 1HGCA5520JA188582
070001180496TR JUAN MUÑOZ SOLÍS 109570093 C 136868 J8DK7A120T3200095
070001700496TR LOUDON CARROLL LOREE 1175000711 227993 WDB12313012303922
070003080496GTR REYNALDO SUÁREZ ESPINOZA 104500603 298107 JB3CU14X3LU080309
070001730496TR CARLO GASPERI 1758001678 214147 JT3VN39W7L8004041
070001770496TR MARLON PICHARDO MARTÍNEZ CR 135R0773891999 147007 BBAB13002818
070002220496TR RITA QUIRÓS SÁNCHEZ 302670381 CL 162238 JNAU4S0J8MAG03150
070009220496TR JUAN AGUILAR REDONDO 302260822 TC 226 KMHVF31JPRU948621
060040220496TR BONNIE BONILLA MARÍN 107560107 TSJ 2124 1Y1SK5265TZ018362
070001100496TR DORA MONGE ALVARADO 110200599 CL 206294 JN1AHGD22Z0040168
070010180496TR HUGO MARTÍNEZ ARAYA 301860710 TC 364 KMHVF31JPRU966120
070001380345PE CARLOS SOLANO MÉNDEZ 302690787 TC 391 KMHJF31JPRU749498
070005260496TR ERIC ANGULO CORRALES 108090261 CL 180826 JAATFS16HN7100567
070007180496TR MARVEY ABARCA FALLAS 602210222 TC 07 JTDBJ21EX04010328
070009260496TR JACQUELINE BRENES GRANADOS 701380274 561806 1N4AB41D8VC778744
050047530496TR MARINO MOSQUERA BRAND 42002067926696 568470 KMHA21NPSU116011
060017130496TR MY K RÍO CLARO S. A. REP/MAURICIO SOLANO ARAYA 3101309637 CB- 1675 KMJRD37FPSU201199
06-004552-496-TR MH CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S. A.
REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO RIVAS RAMÍREZ 3-101-225764 586752 JS3TL52V954101954
060036340496TR DISTRIBUCIONES HULES DE COSTA RICA S. A.
REPRESENTADA POR MARCO MUÑOZ BONILLA 3101096416 270501 JT2EL36Z9J0174390
060028010496TR FERNANDO QUESADA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE
LEGAL DE Q Y R DE CARTAGO S. A. 3-101-196499 505450 SALLJGMF8TA505211
060033200496TR DISTRIBUIDORA MAYORISTA CAÑAL S. A.
REPRESENTADA POR MARVIN ARCE MEJÍA 3101352861 CL 127341 BU600063683
060047830496TR ANTONIO IGLESIAS PÉREZ REPRESENTANTE
LEGAL DE AJIP INGENIERÍA LIMITADA 3-102-341088 CL 201999 LTA1278234DB70157
06-0008390496TR MARIO GÓMEZ PACHECO REPRESENTANTE LEGAL
DE INVERSIONES AVENIDA LAS AMÉRICAS S. 3-1011214285 436656 JN1TAZR50Z0022471
070000100496TR CAFETALERA RECO S. A. REPRESENTADA
POR FRANCISCO REYES ROJAS 3101053047 CL 185767 MMBJNK7402D040877
060039290496TR FERTILIZANTES DE CENTROAMÉRICA COSTA RICA S. A.
REP. POR JHON D. RATHBUN 3-101007537 CL 169277 JAANKR55EX7101520
060034110496TR MAQUINARIA DEL VALLE S. A. REP. OTTO
FRANCISCO PATIÑO CHACÓN 3101390571 C 139542 1FDXK84N8HVA26949
060023230496TC MAURICIO SALAZAR VARGAS REPRESENTANTE LEGAL
DE EMPRESA CONSTRUCTORA SALAZAR
VARGAS SALVA S. A. 3-101-166049 CL 203974 JN1CNUD22Z0740006
060049100496TR TRACTOCAMIONES DE CENTROAMÉRICA TCCA S. A.
REPRESENTADA POR JOSÉ ROJAS MORALES 3-101-381182 C 141990 1FUYDSEB7XDB77074
060021600496TC DOBLE A DE SAN JOSÉ S. A. REPRESENTADA
POR ALEJANDRO AVILÉS JIMÉNEZ 3101154596 487766 KMHVF14NXTU265727
070001500496TR ROCHE BIOTECNOLOGÍA DE COSTA RICA S. A.
REPRESENTADA POR ALEJANDRO SOLÓRZANO PICADO 3-101-436284 634191 JTEBY25J100039190
060025590496TR PROYECTOS MONTE VIDEO S. A., REPRESENTADA
POR RAFAEL FUENTES VALVERDE 3-101373701 CL 180843 FE659FA42076
060048590496TR CASA ALIMEX S. A., REPRESENTADA POR
THOMAS LANGE DE DOOD 3-101-006706 541602 VF1BB130F29838925
060048590496TR MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA,
REPRESENTADA POR MIGUEL GÓMEZ CÉSAR 3-102-004255 C 136974 1M1AE06Y44N017301
070000870496TR OLMAN GÓMEZ SANDÍ REPRESENTANTE LEGAL
DE TRANSPORTES OLMAN GÓMEZ S. A. 3-101-356851 C136166 1FUYDZYB4TH839701
066001280243TC SERVICIOS UNIVERSALES DOÑA NENA DE COSTA RICA S. A.
REPRESENTADA POR JORGE PRENDAS RODRÍGUEZ 3101332033 C 26658 1FUYYBYB4HH309019
070002350496TR INVERSIONES AVENIDA LAS AMÉRICAS S. A.,
REPRESENTADA POR LORENZO MANUEL
CHINCHILLA QUESADA 3101214285 512344 3N1EB31S4ZK116280
070010350496TR INVERSIONES AVENIDA LAS AMÉRICAS S. A.,
REPRESENTADA POR LORENZO MANUEL
CHINCHILLA QUESADA 3101214286 616328 VF33CN6AP4Y250654
060047030496TR COMERCIAL GUCRUNA S. A.,
REPRESENTADA POR PATRICIA CRUZ NAVARRO 3101362158 CL 209567 JAANKR55E67101959
070005790496TR MICHAEL BALDWIN REPRESENTANTE LEGAL
DE SERVICIOS DE CABEZALES S. A. 3-101-136478 C 126462 1FUYACXB3NH521305
070002990496TR ROBERT VARGAS HERNÁNDEZ REPRESENTANTE
LEGAL DE ADVENTURE RENTA CAR S. A. 3-101-356941 605699 JS3TD21V5T4103839
060049110496TR THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A. 3012355421 CL198804 9BD278030552418993
060048270496TR JESÚS HERRERA MUÑOZ REP DE LA EMPRESA
CONSULTORES FINANCIEROS COFIN S. A. 3101291070 CB-1759 KMJTA18BP200152
060043510496TR JAIME CASELLAS ESPINOZA REPRESENTANTE LEGAL
DE INDUSTRIA AVÍCOLA COSTARRICENSE S. A. 3-101-008407 CL 122272 YN1060009780
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SANTA CRUZ, GUANACASTE
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
05-000553-783-TR EUGENIO VARGAS SIVERIO PRESIDENTE DE
GRUPO AZTEX F.J.C. SOCIEDAD ANÓNIMA 3-101-1225665 CL 184393 NO INDICA
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE BRIBRÍ, LIMÓN
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600032-478-TC RORY ALFREDO CLARKE STEELE, PRESIDENTE DE
ROJAYSON Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA NO INDICA 200356 BG1062134053
06-601345-498-TR NOE GERARDO SOLANO HERRERA PRESIDENTE DE
AUTOS CORCOBADO INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA NO INDICA 624966 JS3TD54V264103010
06-600069-478-TC MICHEL VERMETTE. PRESIDENTE DE EL HOGAR
DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA NO INDICA CL 203632 8AJFR22G104502495
06-601316-498-TR MAFFIOLI ALVARADO CARLOS O CARLOS ROBERTO NO INDICA 380569 KPTEOB1DSYP196406
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE LA CRUZ, GUANACASTE
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-201419-396-PE JUAN ANTONIO RIVAS MENDOZA NO INDICA 174419 3PB12M003032
06-600007-398-TC JOSÉ AMPIÉ MARTÍNEZ NO INDICA CL 046440 LB120119498
06-600001-398-TC JUAN CARLOS VELÁSQUEZ GOMES 8-063-873 CL 93245 JAANKR552GO493618
06-600001-398-TC ANA MORICE TREJOS. REP. LEGAL
DE FUNDACIÓN INCIESA S. A. 011-0549-0251 599242 KMHNM81WP5U173370
05-600074-398-TC YALE COSTA RICA S. A. REP. MANUEL
ROBERTO VERDESIA SOLANO 3-101-144961 4-526-074 CL 137099 LN850139681
06-600059-398-TC CRUZ PICÓN BERNY 5-331-348 C 125146 TH374328
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE LIBERIA, GUANACASTE
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600200-397-TC JOEL MORALES RETANA 1-1298-948 456659 1N4EB32A5MC802478
06-600347-397-TC ELIEL QUESADA GORGORA 5-111-810 TG 215 KMHVF21NPRU086084
06-600544-397-TC LIDIETTE SÁNCHEZ DELGADO 1-466-802 140834 CV100001804
06-600422-397-TC HELMUT JOHNSON MADRIGAL 1-714-513 CL 132346 1N6ND06S4GC314209
JUZGADO DE MENOR CUANTÍA Y TRÁNSITO DE NICOYA, GUANACASTE
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600019-873-TC CARMEN LIGIA QUESADA MORALES 1-409-446 262398 NO INDICA
06-000016-768-TR GUILLERMO ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1-1039-879 591251 NO INDICA
06-200563-414-PE JUVENAL JIMÉNEZ MENDOZA 5-179-096 MOT 110687 NO INDICA
06-600082-405-TC KATLEEN MARIE TOMANN HEPPE 201452995.00 428722 NO INDICA
06-600239-873-TC LUIS OVIDIO VARGAS SÁENZ 4-121-764 217343 NO INDICA
06-600100-405-TC ASILIA ARELLANO SALAZAR 1-1057-687 CL 140954 NO INDICA
06-600100-405-TC MADERAS BLASAN S. A. 3101029424 C 18241 NO INDICA
JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE CAÑAS, GUANACASTE
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600091-402-TC EDGARDO BLANCO SÁNCHEZ NO INDICA 392480 JTDB113700091248
06-600145-402-TC BETSY BARRANTES BACALLAO MENOR DE EDAD 1-1571-090 204542 1FTWW33P14ED42357
06-600162-402-TC HÉCTOR DOUGLAS MORA ABARCA 6-133-112 155691 NO INDICA
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE BAGACES, GUANACASTE
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600089-399-TC GUSTAVO EDUARDO CASTILLO CASTILLO. PRESIDENTE
DE CORPORACIÓN DE BEBIDAS DEL ISTMO
SOCIEDAD ANÓNIMA PAS 1133936 C 131273 NO INDICA
JUZGADO DE TRÁNSITO SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-001271-0174-TR CHEN YING JIE 62617685200494 534751 9BR53ZEC248531615
06-002119-0174-TR JORGE FALLAS MENESES 1-0442-0006 450349 KMXKPE1BPPU036821
06-004156-0174-TR CARIDAD ALMEIDA 31519462400690 434538 KMHVF31JPPU843093
06-004266-0174-TR LUIS PAULINO UREÑA SÁNCHEZ 1-0436-0569 TSJ 3349 KMHVF31JPNU678315
06-004297-0174-TR CARMEN MORALES MONGE 1-0992-0216 566501 KMHVF21NPRU000476
06-005059-0174-TR KATALINA MORALES ARGUELLO 1-0967-0394 111451 YV1AX4541B3617180
06-005205-0174-TR JOSÉ R. RAMOS AGÜERO. 1-0672-0793 TSJ 3294 KMHVF31JPRU945650
06-005825-0174-TR JOSÉ GUILLERMO ARIAS ROYO 31260716.00 67881 F.I.
06-006761-0174-TR WALTER PINCAY SANABRIA 1-0674-0780 TSJ 3725 KMHJF31JPRU652418
06-008541-0174-TR ALFREDO AGÜERO GALLO 135RE163441990 428440 KMHJF31JPRU632130
06-009096-0174-TR DALILA AGUILAR AGUILAR 6-0298-0663 593415 JMYHNP15W5A001498
06-009476-0174-TR TERESA FONSECA SARMIENTO 1-0262-0930 200186 JAACH15LXG5455960
06-009859-0174-TR WALTER ACUÑA GARCÍA 1-0707-0210 614416 KMJWWH7BPVU018636
06-009954-0174-TR ROXANA QUIRÓS SÁNCHEZ 1-0811-0754 350849 JT2EL46B9N0203692
06-010210-0174-TR ROBERTO RIVERA SANABRIA 4-0182-0336 183440 1HGCA5524JA172675
06-010221-0174-TR GUSTAVO PACHECO CARTAGENA 1-0645-0706 490429 JTDKT123600033646
06-010562-0174-TR MARCO V. SALAS MORA 3-0222-0026 404850 JA3CY29W5NZ009836
06-010571-0174-TR LILIA M. BARRIOS HERRERA 5-0115-0977 545653 1N4AB41D7WC742917
06-010571-0174-TR LUIS JAIME JIRÓN ROMERO 1-0762-0208 TSJ 1015 JTDBJ21E204010274
06-010602-0174-TR MÓNICA ARAGÓN RODRÍGUEZ 1-0839-0211 346773 KMHVF31JPNU631781
06-010602-0174-TR JOHNNY VILLALOBOS MÉNDEZ 1-0877-0813 TSJ 2173 JTDBJ21E604012111
06-010620-0174-TR KAREN SALAS GARCÍA 2-0544-0912 516732 2HGEJ634XVH108358
06-010635-0174-TR SERGIO OCAMPO JIMÉNEZ 1-1273-0002 559795 JS3TD21V2V4106264
06-010663-0174-TR JOSÉ RAFAEL CHIA ZÚÑIGA 3-0134-0909 266336 AE913003544
06-010887-0174-TR MARÍA ARANGO VELÁSQUEZ RE 7670 414617 JMYSRCK4AYU000844
06-010887-0174-TR CARLOS EDO. ARAUZ AGUILERA PA B187507 519565 VF32AKFWU2W050865
06-010908-0174-TR JORGE R. GRANADOS MADRIGAL 3-0228-0932 C 128100 1XP6A27X3GD199164
06-010919-0174-TR BISMARK ANT. VALVERDE TINOCO RE 1350020191 224022 KMHVF31JPRU92773
06-010926-0174-TR CARIDAD ROJAS ARAYA 2-0275-0754 361997 JA3CB20C9PZ027375
06-010930-0174-TR JAVIER VALVERDE FONSECA 9-0003-7756 TSJ 1747 KMHVF21NPRU055216
06-011006-0174-TR CARLOS L. CARVAJAL RODRÍGUEZ 1-0415-0313 TSJ 818 RJY31-100743
06-011061-0174-TR LIGIA V. PÉREZ RAMÍREZ 1-0487-0276 TSJ 1426 KMHVA21NPTU205484
06-011062-0174-TR ROY A. CAMPOS SALAZAR 1-06958-0981 TSJ 3478 KMHJF31JPRU692997
06-011064-0174-TR ANA ALPÍZAR ARIAS 1-0365-0966 183976 BEAB13514421
06-011067-0174-TR GERMAN GONZÁLEZ VILLALOBOS 1-0392-0157 412590 KMXKNE1CP1U408936
06-011135-0174-TR ADRIÁN ALVARADO ARIAS 5-0279-0228 MOT 72508 MC201002470
06-011135-0174-TR ÁNGEL GUERRERO MORA 6-0344-0135 427765 KMHVF21JPMU479506
06-011156-0174-TR RONALD ROMERO CRUZ 1-0590-0889 TSJ 2749 KMHVF21LPSU180975
06-011218-0174-TR ÓLGER ALFARO CASTRO 2-0322-0101 196713 JS3JC51VXG4101568
06-011249-0174-TR LUIS C. OBANDO MENDOZA 1-0449-0959 TSJ 5775 KNAFB1216Y5829697
06-011293-0174-TR ZENEIDA RIVERA MEZA 1-0713-0998 537019 KMHJF31JPRU678299
06-011322-0174-TR MICHAEL LEÓN MAYER PA0469999995 651205 JS3TE21V6W4101406
06-011322-0174-TR ROGER M. OBANDO JÁCAMO 7-0610-0396 208120 KMHLF22J6JU352177
06-011351-0174-TR MARIO ANT. CAJINA CHAVARRÍA 4-0151-0747 321024 JHMCB7651LC045646
06-011359-0174-TR ALFONSO MATAMOROS CAMPOS 2-0249-0881 625450 2CNBJ1860V6918183
06-011365-0174-TR MARÍA DE LOS S. ARRIETA MARTÍNEZ 3-0255-0135 262127 JT2ST66C9H7104664
06-011399-0174-TR JORGE ART. QUIRÓS CHINCHILLA 1-0521-0259 259554 1NXAE94A9MZ186015
06-011404-0174-TR RODOLFO ANT. BELL ALFARO 7-0076-0923 TSJ 4544 KMHJF31JPSU871702
06-011425-0174-TR MARÍA ORTIZ ARCE 1-0751-0092 559684 JT2EL56ES7008661
06-011425-0174-TR DENIA M. VARGAS MAYORGA 1-0418-0771 367974 EL5300388720
06-011442-0174-TR MILDRED VILALLOBOS VÁSQUEZ 1-0894-0858 438040 KMHVF31JPNU636646
06-011442-0174-TR JUAN MONGE CAMPOS 1-0445-0681 96467 KP60V106112
06-011482-0174-TR SERGIO ANT. QUIRÓS ARTAVIA 1-0844-0504 404204 KMHLD21J5KU337887
06-011499-0174-TR MELANIE ARNAULT PA 03V181112 187732 JACUBS17DP7100056
06-011532-0174-TR GILBERTH ARAYA CASTRO 1-0743-0679 CL 169366 JB7FL29E0HP000725
06-011559-0174-TR NUBIA ORTEGA ROJAS 1000002358 266337 JHMEG85100S123630
06-011592-0174-TR LUIS D. SAPRISSA GRILLO 1-0497-0313 581921 PBGRD48Z04G200220
06-011595-0174-TR JONATHAN MONTENEGRO RUIZ 3-0406-0550 373464 2HGEH2355SH522933
05-012177-0174-TR CAÑA DULCE DEL MORO S. A. R/ HERNÁN MORA SOLÍS 3-101-180353 184130 JHMEG85200S110269
05-013275-0174-TR ELECTRO GAMA S. A. R/ JACOBO MILGRAM GOSOFSKI 3-101-034461 C 12572 CMA81E-01206
06-003646-0496-TR T.C. MIL CUATROCIENTOS DIEZ S. A.
R/ ALBERTO LÓPEZ SALAZAR 3-101-392197 CL 146442 KMFFD27APTU177349
06-003678-0174-TR FIDUCIARIA LAS GARZAS S. A.
R/ SERGIO VILLALOBOS ULLOA 3-101-355330 C 133800 1M1AA13Y4RW037054
06-004297-0174-TR V.M. TRANSPORTE DE VALORES S. A.
R/ JOHAN FABRICIO VARGAS MEJÍA 3-101-213699 CL 185122 FB2WES10183
06-005019-0174-TR RUPIA S. A. R/ BENJAMÍN SASSO ROJAS 3-101-058609 CL 153214 JN1CJUD22Z0001807
06-006237-0174-TR LA RUEDA RUSA S. A. R/ JOSÉ ARCE ALFARO 3-101-129857 C 24628 JALFSR11FK3600286
06-007236-0174-TR PRO MÚSICA S. A. R/ EDUARDO ENRIQUE ACUÑA PRADO 3-101-083653 246824 FJT3AC12RXM0034499
06-007252-0174-TR PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO R/ JOSÉ MANUEL HERMIDA 3-003-045466 MI 01-1634 JT172SC1100047693
06-007867-0174-TR LAS DELICIAS DE LA PLAYA S. A.
R/ MARIO VALENCIANO KAMER 3-101-234379 529602 JTDKT123400047495
06-008155-0174-TR DCAG DIECIOCHO DIAMANTE S. A.
R/ NEFTALÍ CUBILLO PICADO 3-101-311633 SJB 8502 3AMBEMHC9XY047327
06-008169-0174-TR INVERSIONES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO S. A.
R/ ADLAY O. HERNÁNDEZ MORA 3-101-122134 C 126557 1FUPASYB9MH508061
06-008529-0174-TR LA SIRENA SECRETA DEL MAR AZUL S. A.
R/ EUGENIO SEGURA SOLANO 3-101-398407 589675 1J4GL48K72W246816
06-008578-0174-TR TRANSPORTES ISA S. A. R/ JUAN QUINTO SILVA AVILÉS 3-101-200785 C 141551 1FUPACYB6KH341418
06-008800-0174-TR ARRENDADORA K S. A. R/ ANDRÉS YANKELEWITZ LEV 3-101-272742 539372 9BR53ZEC248535934
06-008959-0174-TR INSTALACIONES TÉCNICAS RC S. A.
R/ OSCAR RICARDO RAMÍREZ CASTRILLO 3-101-219000 329399 KMHVF21JPPU774065
06-009330-0174-TR DISTRIBUIDORA ORDÓÑEZ S. A.
R/ DANIEL ORDÓÑEZ RUEDA 3-101-054543 MOT 124749 C5KL050680CE
06-009339-0174-TR CENTRO DE AFINAMIENTO AUTOMOTRIZ S. A.
R/ CARLOS FONSECA BRID 3-101-021672 213129 JF1BC7DL0EG064709
06-009450-0174-TR TRANSLUSA S. A. R/ SAMUEL GRYNSPAN BURSTIN 3-101-038041 CL 133791 JAANKR58ER7100324
06-009475-0174-TR REPRESENTACIONES COMERCIALES REPRECOM S. A.
R/ JOSÉ JAVIER LIZARAZO MANRIQUE 3-101-248078 MOT 117034 LC6PAGA1230001775
06-009590-0174-TR D Y M B S CERO DOS S. A.
R/ DIEGO MOISÉS BARRANTES SOLÍS 3-101-386028 508436 JT2EL46S4P0331485
06-009729-0174-TR VEHÍCULO OMEGA S. A. R/ THELMA SASSO MURILLO 3-101-088288 CL 205225 MMB0NK6405D078196
06-010023-0174-TR TRANSPORTES RIVERA TRIUNFO S. A.
R/ CARLOS RIVERA TABORDA 3-101-397727 C 141733 1FUYSSZB0XLB76239
06-010646-0174-TR INVERSIONES DAMA DEL ESTE S. A.
R/ RAMÓN PICADO MONTERREY 3-101-162230 C 131037 1HSRKCAR7PH520408
06-010735-0174-TR CREDIBANJO S. A. R/ ERNESTO CASTEGNARO ODIO 3-101-083380 CL 199496 9BD25521658745263
06-010890-0174-TR CREDIBANJO S. A. R/ ERNESTO CASTEGNARO ODIO 3-101-083380 564416 JM7GG32FX41152645
06-010910-0174-TR BAC SAN JOSÉ LEASING S. A.
R/ ERNESTO CARTEGNARO ODIO 3-101-083308 604222 KL1TD51Y65B468241
06-010926-0174-TR INVERSIONES CAMARIAS S. A.
R/ LIBERG GUILLERMO CAMPOS ARIAS 3-101-124844 464679 JTDBT113200182976
06-011079-0174-TR TRACTOCAMIONES DE CENTROAMÉRICA T.C.C.A. S. A.
R/ JAVIER REYNA DOBLES 3-101-381182 C 141992 1FUYDSEB4YLF56198
06-011204-0174-TR BAC SAN JOSÉ LEASING S. A.
R/ ERNESTO CARTEGNARO ODIO 3-101-083308 554655 KMHBT51HP4U194496
06-011356-0174-TR DISTRIBUIDORA DE CAFÉS SELECTOS DE C. R. S. A.
R/ MIGUEL SÁNCHEZ PICADO 3-101-176146 607592 8AC9036725A920298
06-011411-0174-TR BAC SAN JOSÉ LEASING S. A.
R/ ERNESTO CARTEGNARO ODIO 3-101-083308 619136 WBANE51076B977908
06-011411-0174-TR FARMACIA EXPRESS DELIVERY CR LTDA.
R/ ÁLVARO MOYA RAMÍREZ 3-102-395394 MOT 137378 C5NM062427CE
06-011515-0174-TR TRANSPORTES MEGESEIDOU S. A.
R/ GERARDO SOTO BONILLA 3-101-072806 C 127658 2FUPAZYB3NV399828
06-011790-0174-TR V.M. TRANSPORTES DE VALORES S. A.
R/ JOHAN F. VARGAS MEJÍAS 3-101-213699 CL 185122 FB2WES10183
05-010859-0174-TR TRANSPORTES SANCIR S. A.
R/ ROLANDO SÁNCHEZ PÉREZ 3-101-291599 C 135226 1FUYDDYBU0MH505525
06-004071-0174-TR BRITISH AMERICAN TABACO CENTRAL AMÉRICA S. A.
R/ REYNALDO WONG FONG 3-101-277299 561222 JS3JB43V644160963
06-004357-0174-TR AGRÍCOLA PECUARIA PROCEMAR S. A.
R/ ROBERTO LANG ALVARADO 3-101-050025 597039 KPTG0B1DS5P176504
06-007536-0174-TR ARRENDADORA K S. A. R/ ANDRÉS YANKELEWITZ LEV 3-101-272742 618916 WBAUF110X5PT54365
06-008405-0174-TR SERCONPRI SERVICIOS DE CONTADURÍA PRIVADA S. A.
R/ JOAQUÍN ESPINOZA SEVILLA 3-101-173576 229894 EL400042077
06-008466-0174-TR CONSULTORES ELECTRÓNICOS STHENSA S. A.
R/ HENRY ESPINOZA GUTIÉRREZ 3-101-346602 MOT 129187 LE8PCJL7751000012
06-008636-0174-TR IMAGE SOFT S. A. R/ FERNANDO VILLALOBOS ISSA 3-101-367072 MOT 148402 LC6PCJF5760800090
06-008636-0174-TR ATRACCIONES CIUDAD MÁGICA LTDA.
R/ CIRO MALAVASI BÉRGAMO 3-102-074710 CL 121068 SYH40060131
06-008843-0174-TR AGENCIA DE INVERSIONES DOCE MIL S. A.
R/ NICOLÁS DÍAZ NARANJO 3-101-204496 436127 JN1CBAN16Z0002902
06-008871-0174-TR AJECEN DEL SUR S. A. R/ ÁNGEL E. ANAÑOS JERI 3-101-322767 MOT 134099 LC6PCJB8150801554
06-008945-0174-TR CONSULTORÍA E INVERSIONES ESMERALDA S. A.
R/ JOSÉ ALBERTO CASTILLO CALVO 3-101-130076 C 141726 1M1AA18Y4XW095316
06-009137-0174-TR INVERSIONES RAYLI S. A. R/ ROGER CABEZAS GARITA 3-101-173630 CL 165021 4S1CL11L1N4212806
06-009262-0174-TR DISTRIBUIDORA DAYTONA S. A.
R/ PEDRO ESPINOZA NÚÑEZ 3-101-038755 CL 128603 2GCHK39K3P1132753
06-009648-0174-TR ARRENDAMIENTOS MONGE LÓPEZ S. A.
R/ ALEJANDRA LÓPEZ NAVARRO 3-101-085721 624615 9BFUT35E368712212
06-010104-0174-TR CONSULTORES FINANCIEROS COFIN S. A.
R/ ROY DE JESÚS HERRERA MUÑOZ 3-101-291070 CB 1760 KMJTA18BP2C900154
06-010331-0174-TR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S. A.
R/ MARIO ORELLANA ROSALES 3-101-203897 572507 3N1EB31S5ZK701661
06-010539-0174-TR CARNONA Y COMPAÑÍA S. A.
R/ RICARDO CARDONA QUINTANILLA 3-101-146777 CL 144135 JAACL14L9H0717210
06-010572-0174-TR TENTOR WEBSITES S. A. R/ IVANNIA TINTORI SALAS 3-101-277880 298176 WDB2020221A053562
06-010595-0174-TR SERVEX CONSTRUCCIONES S. A. R/ CARLOS BRAVO ASTÚA 3-101-083183 335053 JMBORV450XJ000713
06-010702-0174-TR REPRESENTACIONES CONEJO Y ASOCIADOS R C S. A.
R/ CARLOS CONEJO ROJAS 3-101-309639 207054 YV1LS5509P2087936
06-010850-0174-TR ALGAS COLON S. A. R/ ELIÉCER GUTIÉRREZ CORONADO 3-101-280525 582147 JDAJ102G000561033
06-010871-0174-TR COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA S. A.
R/ CARLOS VICENTE SALAZAR LOMELIN 3-101-005212 CL 196117 JS4DA32V554130040
06-010994-0174-TR SYSMATO T & M S. A. R/ MARÍA ARIAS NAVARRO 3-101-393944 CL 141458 5LBGD21000770
06-011256-0174-TR DISTRIBUIDORA DE CAFÉS SELECTOS DE COSTA RICA S. A.
R/ MIGUEL SÁNCHEZ PICADO 3-101-176146 CL 210149 KNCS261567162091
06-011414-0174-TR AUTO TRANSPORTES HUVA S. A.
R/ MARÍA ESTER MADRIGAL ROBLES 3-101-085014 CB 1307 3.84089E+13
07-000063-0174-TR ARRENDADORA K S. A. R/ ANDRÉS YANKELEWITZ LEV 3-101-272742 610988 WBAUF11005PT65441
06-000108-0174-TR CENTRAL VETERINARIA S. A.
R/ BERNARDO VARGAS MC CALLUM 3-101-081437 C 134383 1M1AA13Y0RW037651
07-000364-0174-TR MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS S. A.
R/ JORGE AKEMAN SZTMAN 3-101-310098 CL 189661 FE519BA40217
07-000393-0174-TR NACIONAL AUTOMOTRIZ NASA S. A.
R/ ERNESTO CASTEGNARO ODIO 3-101-048537 CL 129227 1GCDC14Z6PZ162096
07-000478-0174-TR LA CASA DEL FURGÓN S. A.
R/ JOSÉ ANTONIO ROJAS MORALES 3-101-043179 C 134166 2FUYDMDB2TA685503
07-000815-0174-TR IMPORTACIONES LATINOAMERICANAS GADI S. A.
R/ CARLOS RODRÍGUEZ GRILLO 3-101-329674 533169 JHLRD1860WC053799
06-003834-0174-TR RICAHRD BEINHARD MILLER PA 038179779 514304 JTDKW113800174842
06-005496-0174-TR CARLOS ROMERO MENDOZA PA A461311 427524 VF37EWJZT1P009646
06-005880-0174-TR FRANCISCO CHACÓN GONZÁLEZ 1-0565-0585 204086 JDAA101S000673826
06-005880-0174-TR MARLENE FONSECA GUTIÉRREZ 1-0578-0294 625615 JTDKW923705015391
06-006063-0174-TR WALTER MUÑOZ RETANA 1-0305-0118 295854 1J4GZ88Z8WC215438
06-006155-0174-TR JORGE ALB. VARGAS BARRIENTOS 1-0489-0987 TSJ 2291 KMHDM41VP6U256259
06-006155-0174-TR MAGALLY GONZÁLEZ CALVO 1-0968-0225 402061 KMHVF31JPNU572675
06-006403-0174-TR DENIS TORUÑO SÁNCHEZ 1270000769 CL 112342 RGD21430337
06-006659-0174-TR XINIA PÉREZ BARRANTES 6-0076-0184 447906 KMHJF31JPRU623022
06-006687-0174-TR LILLIAM GRIJALBA CANTÓN 5-0171-0740 TSJ 3134 KMHVF31JPRU944049
06-007124-0174-TR RODNEY FERNÁNDEZ SOLANO 1-0809-0775 359382 F.I.
06-007704-0174-TR AUXILIADORA FERNÁNDEZ MÉNDEZ 2-0577-0951 621969 1N4AB41D3TC762500
06-008109-0174-TR LUIS D. DÍAZ PORTILLA 1-1299-0467 628290 2C1MR2292V6733838
06-008109-0174-TR THELMA PADILLA GAMBOA 1-0258-0649 TSJ 3211 KMHJF31JPSU903719
06-008466-0174-TR JONNATHAN CALVO HISLOP 7-0141-0808 577391 KMHVF21NPRU018983
06-008515-0174-TR JOSÉ N. SARQUIS CARBONI 1-0932-0757 566469 KMHVA21LPSU092103
06-008657-0174-TR GEORGINA HIDALGO ESPINOZA 1-0867-0068 431823 JF1KA73A1JB719675
06-008806-0174-TR OTTO R. LOAIZA RETANA 3-0145-0157 TSJ 2385 KMHVF21NPSU236131
06-008806-0174-TR LAURA ARAGÓN SEGURA 3-0300-0638 CL 128733 JT4RN55D3H7023535
06-008880-0174-TR CARMEN JIMÉNEZ ESCALANTE 1-0548-0401 247456 KLATF19T1SB610908
06-009143-0174-TR SERGIO BOGANTES ZAMORA 40860313 67931 F.I.
06-009406-0174-TR MARÍA C. MONTERO CASTRO 1-0288-0772 378087 3VWRA21H3RM002711
06-009559-0174-TR JOSÉ ML. JIMÉNEZ LÓPEZ 1-0427-0602 TSJ 2775 EL5000002102
06-009732-0174-TR ALFREDO ARTAVIA SOLANO 1-0979-0801 202257 JT2EL31D1J0195858
06-009899-0174-TR AMALIA CARMONA MELÉNDEZ 5-0162-0676 218772 JD1JG1725K4400564
06-009973-0174-TR JONATHAN CHACÓN BRICEÑO 1-1261-0801 MOT 157417 LC6PCJB8160804827
06-610023-0489-TC CINTHYA RAMÓN GARCÍA 1-0982-0421 427727 JT2EL46B5N0200417
06-010249-0174-TR GIOVANNI ROMANINI MONGE 1-0738-0695 CL 196728 KMFXKS7APTU073448
06-010436-0174-TR MANUEL EDO. VALVERDE JIMÉNEZ 1-1101-0856 648880 KMHJF31JPRU772909
06-010436-0174-TR HELEN ABRAHAMS MADRIGAL 1-0862-0706 327905 1N4PB22S7JC769409
06-010529-0174-TR CÉSAR ALB. MURILLO CHAVES 9-0087-0454 TSJ 4858 KMHJF31JPRU756598
06-010572-0174-TR ANAIS Y. RODRÍGUEZ ROJAS 1-0536-0405 CB 1557 HZB500005688
06-010693-0174-TR MARÍA I. RODRÍGUEZ ANGULO 1-0537-0263 240179 JHMCB7550LC026541
06-010945-0174-TR JULIÁN GONZÁLEZ PALAVICINI 27011645951412 MOT 34631 3G6005692
06-011012-0174-TR CECILIA MIRANDA DELGADO 1-0729-0474 165446 KMHLA22J3JU235025
06-011046-0174-TR WILBERTH MARÍN LEVI 1-0387-0658 195048 1HGCA5547HA191085
06-011052-0174-TR OSCAR CÉSPEDES ESQUIVEL 7-0079-0706 C 138414 1FUYSSEB8VL845177
06-011063-0174-TR DARLENY GAVIRIA RESTREPO 070CO000191801 343861 KNADB2222X6256992
06-011071-0174-TR RAMIRO SOSA MONTERO 1-0225-0908 562729 9BWCC05X94P046066
06-011071-0174-TR ANA L. VILLARREAL MONTOYA 1-0461-0337 336309 JDAL701S001010651
06-011097-0174-TR RICARDO ALFARO VILLALOBOS 1-1143-0211 177016 J81RF2170H8449555
06-011097-0174-TR RICARDO ROJAS DURÁN 1-0606-0868 322708 2T1AE94A5LC027461
06-011178-0174-TR WILLIAM BARQUERO GONZÁLEZ 3-0294-0920 99068 KP60V106699
06-011187-0174-TR MARVIN HIDALGO GAMBOA 1-0700-0731 380605 KMHJF31JPRU620381
06-011196-0174-TR GISELLE RAMÍREZ ARRIETA 2-0386-0846 TSJ 6399 KMHVF31JPPU887420
06-011250-0174-TR MINOR CALDERÓN CORDERO 1-0598-0475 MOT 137160 LAELGZ4095B658865
06-011256-0174-TR WARNER GÓMEZ VARGAS 3-0337-0380 C 142860 ILEGIBLE
06-011301-0174-TR YISETH FERNÁNDEZ DELGADO 6-0172-0678 550996 JMY0NK9704J000659
06-011334-0174-TR SILVIA C. ROJAS SALAZAR 1-0860-0362 111314 WDB2010241A193744
06-011357-0174-TR WILLIAM BRENES CONEJO 1-0319-0606 MOT 63893 JH2NCO104BM201253
06-011385-0174-TR GEINER UGALDE HERRERA 2-0422-0294 CL 152445 1N6SD11S9LC335129
06-011526-0174-TR DANIEL VEGA MORALES 6-0198-0281 489733 2CNBJ1868S6907511
06-011585-0174-TR ZEIDY GAMBOA LARGAESPADA 1-0425-0409 542224 JT3HP10V0V0121509
06-011613-0174-TR CARLOS A. SALAS MURILLO 5-0187-0132 535812 VF32DNFUR3W033439
06-011651-0174-TR MAX R. MURILLO CALVO 1-1125-0859 C 136047 1FUYDCYB1LH373738
06-011657-0174-TR SONIA GAMBOA DELGADO 1-0402-0218 TSJ 1253 KMHCG45C61U209722
06-011756-0174-TR MARTHA S. CALDERÓN MONGE 1-1254-0155 526037 KMHJG31FPTU002659
06-011769-0174-TR IVÁN ALONSO CORTÉS CARRILLO 3-0359-0433 MOT 156154 LC6PAGA1860852144
06-011810-0174-TR PABLO MORA CASTRO 1-1025-0893 490802 KMHJF21PRU612178
06-011824-0174-TR HÉCTOR UMAÑA UMAÑA 1-0188-0838 TSJ 1839 KMHCG45G4YU117974
06-011836-0174-TR JOSÉ VÍCTOR RAMÍREZ QUESADA 1-0578-0343 CL 166964 BU2210002337
06-011839-0174-TR GISELLE ARAYA ROJAS 1-0653-0863 423938 WBAFA51040LH89156
06-011848-0174-TR MANUEL CORAO CAMPOS 6-0034-0794 60072 KE36-900522
06-011859-0174-TR ANA GONZÁLEZ FOURNIER 1-0484-0871 631864 9BD17206263207641
06-011863-0174-TR RONALD ARRIETA CORRALES 1-0655-0658 CL 140008 JDA000S8500055312
06-011868-0174-TR JOHNNY FONSECA MARTÍNEZ 3-0307-0011 181513 KMHLA21J0JU290842
06-011869-0174-TR MIRIAM ARAYA SALAS 1-0819-0432 656473 JMHMEH9692NS002996
06-011881-0174-TR YAMILETH SALAS ALVARADO 1-0560-0735 428704 KMHVF31JPNU682188
06-011885-0174-TR GUILLERMO HIDALGO BLANCO 1-1055-0600 TSJ 4576 KMHJF23R0SU943067
06-000161-0174-TR EDUARDO SAUMA ESQUIVEL 1-0954-0252 CL 134520 JT4RN01P8K7002688
07-000327-0174-TR KAYLEN V. CAMPOS AZOFEIFA 1-0875-0991 CL 190746 MMBJNK7403D040215
07-000329-0174-TR RITA CHAVARRÍA ARROYO 2-0394-0679 322359 1N4GB22S1KC796316
07-000329-0174-TR LUIS MARCHENA CRUZ 1-0977-0656 255910 1Y1SK5160LZ084898
07-000331-0174-TR MILENY ARAYA FONSECA 5-0195-0506 160954 DMNCA1ANU00439
07-000332-0174-TR AHELLEN C. ABURTO CASTILLO 8-0075-0953 478570 KMHJF31JPMU121506
07-000338-0174-TR CIRO CORTÉS PÉREZ 4201872650031 446837 JDAJ102G000514997
07-000345-0174-TR PATRICIA PICADO BRENES 1-0559-0283 TSJ 5471 KMHVF21NPSU186660
07-000367-0174-TR MAURICIO SOLANO ALVARADO 3-0391-0947 235340 JN1PB2557HU012524
07-000384-0174-TR JORGE PORTUGUEZ ALVARADO 3-0345-0693 172644 JHMEG95900S100582
07-000398-0174-TR REBECA RODRÍGUEZ VARGAS 1-0931-0170 CL 192305 JM2UF1134M0110601
07-000401-0174-TR EDUARDO MEZA VARGAS 1-1038-0915 322083 JACDH58V3P7903685
07-000407-0174-TR LUIS FERNANDO JARA CAMACHO 1-0504-0100 118239 LB11M-C74386
07-000413-0174-TR SILVIA CHAVES PACHECO 1-0612-0295 630813 2T1AE04E7PC021701
07-000430-0174-TR JANNELLE ROBINSON MARÍN 1-1061-0173 427401 KMHJF21JPMU064581
07-000470-0174-TR GUSTAVO GRANADOS MARÍN 1-0917-0289 256311 1JCMR7831JT059975
07-000474-0174-TR ROY MARCELO AGÜERO SOTO 1-0525-0856 MOT 62874 JYA4FYS0XRA028144
07-000512-0174-TR SHIRLEY M. ROJAS ROJAS 4-0142-0460 616785 2C1MR5294S6725589
07-000532-0174-TR ADRIANA CALVO BARRANTES 1-0840-0585 632432 3VWGN11K56M647079
07-000555-0174-TR JOSÉ MANUEL PIEDRA CALVO 1-1020-0081 MOT 131643 LC6PAGA1150805228
07-000592-0174-TR CARLOS UREÑA ROJAS 1-0364-0394 TSJ 1886 KMHVF21NPRU042883
07-000650-0174-TR ANA C. ESQUIVEL FOURNIER 1-0396-0777 378456 KMPKR17BPXU322754
07-000856-0174-TR JORGE MORA SOLANO 1-0506-0465 TSJ 2596 EL400042685
07-000861-0174-TR FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1-0753-0512 306851 1N4EB32A2PC721801
07-001057-0174-TR JACQUELINE BADILLA ALVARADO 1-1168-0321 558289 2HGEJ1122SH539972
06-005181-0174-TR EDWARD CARDOZO SÁNCHEZ 8-0072-0647 248556 2T1AE94A3LC045716
06-007756-0174-TR ILEANA MONTERO MONTOYA 1-0708-0995 TSJ 1267 KMHVF21JPRU930873
06-008511-0174-TR NATASHA J. SALAZAR SÁNCHEZ 1-1269-520 589404 JT2EL46S0P0336179
06-009359-0174-TR EDITH M. MORALES CONTRERAS 1-0659-0816 535733 JT2EL46S8R0395998
06-009485-0174-TR VÍCTOR ML. JIMÉNEZ BONILLA 1-0586-0383 TSJ 2475 KMHVA21NPSU058622
06-010654-0174-TR JORGE E. ABARCA OBANDO 3-0148-0296 TSJ 6377 KMHJF31RPRU548432
06-010703-0174-TR ROMÁN CALDERÓN CHINCHILLA 1-0814-0956 385499 KMHVF31JPPU783073
06-010913-0174-TR GEUDITH RIVERA VILLALOBOS 1-0925-0905 373011 KMHJF31JPNU192973
06-011027-0174-TR ALLAN ALVARADO VELANDOS 7-0134-0118 MOT 149155 C5JN079799CE
06-011041-0174-TR DAGOBERTO LÓPEZ ALPÍZAR 2-0438-0853 493875 1N4EB31B5MC747931
06-011183-0174-TR ADRIANA M. SOMARRIBAS RAMÍREZ 1-1325-0875 449562 KMHJF31JPNU287669
06-011586-0174-TR MELVIN ROJAS CHACÓN 1-0509-559 TSJ 2089 KMHVF31JPPU771902
06-011793-0174-TR ANA LORENA VALVERDE ALPÍZAR 1-0406-0900 TSJ 3998 KMHVF21NPSU140124
06-011802-0174-TR MIRIAM VARGAS RODRÍGUEZ 2-0311-0581 283007 JN1HM05S4JX102205
06-011829-0174-TR OSCAR HERNÁNDEZ MADRIGAL 6-0261-0587 379626 KMHVF31JPNU639580
06-011895-0174-TR ADAMS JERRY PAUL PA 209658241 512538 JN8HD16Y9HW015586
07-000167-0174-TR RODOLFO CORDERO VARGAS 2-0419-0108 286187 KMHVD12J5NU196518
07-000455-0174-TR KATTIA P. MÉNDEZ CALVO 1-0941-0797 10310 F.I.
07-000453-0174-TR CARLOS MANUEL MENESES GARCÍA 1-0630-0843 TSJ 4655 JTDBJ21E602003050
07-000544-0174-TR MARÍA J. SANDICO AGUILERA 135RE71850 645576 KMHVF21NPRU006417
07-000574-0174-TR ALFREDO PÉREZ MURILLO 1-0739-0454 486897 KMHJF31JPPU548115
07-000576-0174-TR MARÍA SALAZAR SÁNCHEZ 2-0356-0694 TSJ 5575 CT1704011200
07-000581-0174-TR SILVIA M. GRANADOS SALAZAR 1-0741-0352 300991 KMXKNL1BPWU230941
07-000603-0174-TR JOSÉ FCO. GUTIÉRREZ PÉREZ 2-0410-0277 195439 1HGEC4539HA003350
07-000617-0174-TR ORLANDO CHAVARRÍA NIÑO 42019127900377 SJB 9866 KMJRD37FPRU083373
07-000684-0174-TR JOSÉ ML. ELIZONDO MÉNDEZ 1-0291-0990 TSJ 3290 JN1EB31P7RU320258
07-000684-0174-TR GERARDO LEDEZMA RAMÍREZ 1-0523-0490 376259 JTDKW113900017935
07-000841-0174-TR ALEIDA RANGEL ALFARO 9-0031-0804 CL 93827 KMHPB11APGU030225
07-600859-0489-TC LAURA ALVARADO MASÍS 1-0900-0538 C 138998 2XKADR9X0SM936871
07-000884-0174-TR LEONEL SALAS CORTÉS 4-0111-0973 TSJ 4600 KMHVF21JPRU937179
07-000903-0174-TR ROMMER ALB. PIEDRA JIMÉNEZ 1-0655-0773 TSJ 4754 KMHJF31JPSU910726
07-000930-0174-TR MARLENE ARTAVIA AMADOR 10527450.00 TSJ 4236 KMHJF23R9SU942998
07-000933-0174-TR MILENA ASTORGA MORA 1-0609-0808 372303 JTDBT113X00035899
07-001031-0174-TR BRAULIO MARÍN SOLANO 3-0319-0986 244513 SJ70405992
07-001051-0174-TR JEANNETTE URIBA MADRIGAL 60880424 321144 JP3CU24A7MU040932
07-001128-0174-TR THEOLOGOS PENNY JAMES LAMBROS 270097 1.75753E+11 JN1HU15S5FX006659
07-001164-0174-TR ÁLVARO COLLADO URBINA 1-0502-0738 TSJ 5589 KMHVF31JPRU942523
07-001344-0174-TR AYLIN AGUILAR CALVO 1-1172-0852 598031 KMHCG45G0YU080504
07-001505-0174-TR RAFAEL CHAVES ORTIZ 1-0794-0452 171871 YV1FX8740G2027337
06-004832-0174-TR PRAVIC PSG S. A. R/ PAULO CÉSAR PUENTE ARIAS 3-101-320407 CL 192545 4TRAN81A5PZ102328
06-005181-0174-TR COMPAÑÍA PEBETA S. A. R/ GERARDO SOLANO GARITA 3-101-182964 CL 171931 KMJWVH7BPXU129618
06-009607-0174-TR EXPLOSIONES VERDE Y AZUL S. A.
R/ OSCAR URBINA SALAZAR 3-101-129825 MOT 149771 LD5TCJPA761000110
06-009985-0174-TR COMPAÑÍA MARALEX L A S. A. R/ JOSÉ ARIAS GARCÍA 3-101-180985 627207 1N4AB42D1SC530393
06-010086-0174-TR AUTO TRANSPORTES RARO S. A. R/ EDDY RAMOS ROBLES 3-101-081595 SJB 9897 9BWRF82W55R502808
06-010734-0174-TR RENESSA S. A. R/ JORGE SOLANO MONTEALEGRE 3-101-041886 CL 204370 8AJCR32G400001827
06-011258-0174-TR MONVILMA J CINCO S. A.
R/ JOSÉ MANUEL PERAZA FALLAS 3-101-236590 654709 1N4BB42DXSC520904
07-000169-0174-TR MIS DOS PEQUEÑAS S. A.
R/ MANUEL ENRIQUE VÍQUEZ RAMÍREZ 3-101-089851 C 132066 L90FVA03424
07-000566-0174-TR LA CASA DEL FONTANERO S. A.
R/ MARCO HERNÁNDEZ BALLESTERO 3-101-052978 CL 174428 JAANKR66LY7100398
07-000575-0174-TR ARRENDADORA K S. A. R/ ANDRÉS YANKELEWITZ LEV 3-101-272742 560982 WBANA51064B042680
07-000844-0174-TR TRANSPORTES VICADRI S. A. R/ VÍCTOR LARCO VALDEZ 3-101-252393 360684 WDC16313614082092
07-000854-0174-TR TRANSPORTES GALIANO S. A. R/ JUAN B. MONGE MONGE 3-101-314310 C 136236 1FUPYSYB7JP306154
07-000906-0174-TR MAYOR SERVICIOS DE COSTA RICA S. A.
R/ JOSÉ RICARDO MANSILLA PAETAU 3-101-387992 MOT 133020 LZSJCKL0855159568
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SANTO DOMINGO, HEREDIA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
07-000101-373-TC-B MIGUEL ANTONIO ROSALES ROSALES 5-173-197 323852 JACCH58R8K8914313
06-001078-373-TC-C CATALINA FERNÁNDEZ ROJAS 1-1107-300 500703 NO INDICA
06-00492-373-TC-C GRACIELA VARGAS VÍQUEZ 4-127-728 249415 NO INDICA
06-001206-373-TC-B MONTALBERT SMITH LEE CLIVE 9-017-943 235249 1PARO15J4RW238430
06-010516-174-TR-B FONSECA ORTEGA JULIETA 5-166-317 260161 2HGED6349LH571094
06-000964-373-TC-C LORENZO CHINCHILLA QUESADA 1-489-921 320476 KNAGC2222V5501114
06-000631-373-TC-C FREDIBERTO ZUMBADO RODRÍGUEZ 2-236-417 325165 NO INDICA
06-000275-373-TC CARLOS ZÚÑIGA ZAMORA 4-089-530 TH 755 NO INDICA
06-001389-373-TC-B REP. IMPORTADORA CASA MARAVILLA 3-101-044412 187844 JM1BF2226H0569657
07-000019-373-TC-C EDUARDO JIMÉNEZ MONTEALEGRE 1-472-896 CL 6316 NO INDICA
06-001303-373-TC-C MAURICIO OROZCO ULATE 1-928-639 CL 192700 NO INDICA
07-000216-373-TC-1 SILVIA CEDEÑO LEIVA 1-937-238 263443 JT152EP9100087217
05-001575-373-TC ADRIÁN BONILLA JUNCOS 1-640-453 MOT 122327 LWBPCJ1F232B1718
05-001575-373-TC-4 ADRIÁN BONILLA JUNCOS 1-640-453 MOT 122327 LWBPCJ1F232B1718
07-000258-373-TC-1 OSCAR ENRIQUE TREJOS VILLALOBOS 1-894-579 CL 196778 KMFFA17APSU249485
06-000665-373-TC SUSAN GUZMÁN BRENES 1-1214-953 614395 JMYLNV76W4J000211
JUZGADO DE TRÁNSITO DE TURRIALBA, CARTAGO
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600320-352-TC DAYSI MAGALI CHÁVEZ TREJOS 5-247-263 478754 KMHJF31JPPU499618
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE GARABITO, PUNTARENAS
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600303-445-TC JENNIFER OCHOA ARANGO CC 43182857 579387 1N4AB41D9TC802806
06-600137-445-TC ADONAY MATARRITA MENDOZA 5-246-447 316412 JT2EL43T7P0339397
07-600005-445-TC BLANCA LILIA RAMOS REYES 42002186090009711 314925 AE1113052056
06-600314-445-TC INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS 4-000-042138 102-001120 JDAJ102G000520064
06-600386-445-TC DEAN CHARLES KRIEG 205863809 544866 2CNBJ18U5R6930351
06-600481-445-TC INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 4-000-042139 103-4600 JTDER21E900098298
06-600459-445-TC CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 4-000-042147 200-001879 JTERB71J300019574
06-600499-445-TC CLAUDIA VICTORIA LÓPEZ QUICENO CC 43567732 553295 1N4EB32A9PC796155
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE LA FORTUNA, SAN CARLOS, ALAJUELA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600117-671-TC ATLÁNTICA AGRÍCOLA DE COSTA RICA S. A. 3-101-300199 CL 204309 LGWCABG895A084751
05-600222-671-TC JOSÉ RAMÓN GADEA AGURCIA 8-063-526 SJB 5429 JADBE2200P9200016
06-600207-671-TC MARCELINO MORALES RODRÍGUEZ 2-310-817 MOT 88032 37F035261
06-600183-671-TC EGBERTO URZOLA GONZÁLEZ 8-074-560 425631 JSAFTD62V14150472
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE SAN MATEO, ALAJUELA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600317-313-TC JOSÉ MARÍA CASTRO SIBAJA 1-484-014 C 124930 NO INDICA
06-600043-313-TC GERARDO ARIAS FALLAS. REP. IMPERIAL
FENCES OF COSTA RICA S. A. 1-358-662 CL 174533 NO INDICA
JUZGADO DE TRÁNSITO DE PUNTARENAS
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600904-607-TC-2 ENCHAPES COSTARRICENSES E.C. S. A. 3-101-223711 C 142678 4VG7DARH8WN751836
05-601036-607-TC-2 QUEBRADOR HERMANOS SÁNCHEZ S. A. 3-101-263130 EE 16599 22Z02646
06-601413-607-TC-2 MARÍA LORENA ESPINOZA QUIRÓS 1-765-093 C 141874 1XPCDE9X1PD338717
06-601579-607-TC-2 YOSTEVETH SEGURA CÓRDOBA 6-315-292 TP 225 KMHV21NPPSU265689
06-600964-607-TC-2 PABLO JESÚS PADILLA PÉREZ 1-1192-953 234010 KMHLD21J3JU180553
06-601211-607-TC-3 PANIFICADORA BIMBO DE CR S. A. 3-101-148887 CL 194460 JAANKR55E37101458
06-601273-607-TC-3 CONSULTORÍA AGRÍCOLA VARGAS S. R. L. 3-102-142751 515495 JN1EB31F4PU506327
06-601127-607-TC-3 PLANTAS Y PRODUCTOS MEDICINALES S. A. 3-101-217250 CL 154575 JAACL11L7R7218015
06-601656-607-TC-3 PILAR MARCHENA CUBERO 6-357-570 600631 KMJFD37APRU090193
06-601548-607-TC-3 DIONEL MÉNDEZ SALAZAR 6-277-837 MOT 97948 1KH043676
06-601376-607-TC-3 WILLIAM VARELA CASTRO 6-141-318 TP 215 KMHVF21NPRU008457
06-601506-607-TC-3 JOSÉ ANTONIO MURILLO MARTÍNEZ 2-493-980 CL 193700 1FTCR14A4TTA01537
06-601422-607-TC-3 MAYRA SALAS SÁNCHEZ 7-101-739 C 126922 1FUPTRYB6JP333112
06-601388-607-TC-3 CARLOS LUIS CARRANZA MORENO 5-148-118 CL 81347 KHL620277047
06-601406-607-TC-3 SADY AGUILAR JUÁREZ 5-251-318 MOT 83843 48Y020687
06-601406-607-TC-3 GUILLERMO BONILLA BENAVIDES 2-331-970 402298 KMHJF31JPNU282478
06-601386-607-TC-3 JOSÉ RITO GUTIÉRREZ CASTILLO 7-450-493 428675 KMHJF31JPNU367975
06-601480-607-TC-3 LUZMILDA CASTAÑEDA RODRÍGUEZ 6-225-995 463025 KMHCF31LPTU575700
06-601454-607-TC-3 ALMACÉN EL QUINCE S. A. 3-101-32852 CL 160649 JAATFR55HX7100509
06-601508-607-TC-3 CARLOS E. ROJAS CERDAS 6-224-655 464533 KMHCF31LPTU571294
05-601742-607-TC-3 GUSTAVO MORA FERNÁNDEZ 1-918-610 EE 21959 NO INDICA
05-601281-607-TC-1 JOSÉ ALBERTO OBANDO ÁLVAREZ 3-101-187096 AGV 008-181 NO INDICA
06-601509-607-TC-2 LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR 3007042036 CL 113402 JAATFR54FL7100462
06-601755-607-TC-2 LUIS ALBERTO MORA SOLÍS 1-540-646 CL 165255 9BD255229W8630857
06-601140-607-TC-2 HUGO KEYNNER NÚÑEZ BARRIOS 7-090-281 390276 NO INDICA
06-600613-607-TC-2 MGT MIS DOS VIEJOS LIMITADA 3-102-316606 571220 JS3TL52V634150302
06-600802-607-TC-2 HUGO ALBERTO CAMPOS ZÚÑIGA 7-069-843 188934 SJ70406922
06-601123-607-TC-2 REINA DE LOS ÁNGELES ABARCA ROJAS 5-329-889 550457 KMHJG31FPTU001292
06-601727-607-TC-2 BIMBO DE COSTA RICA S. A. 3-101-148887 CL 184563 JAANKR55E27101089
06-601282-607-TC-2 PABLO CALDERÓN MURILLO 1-1023-431 C 132608 1FUYDSYB9MH506659
06-601485-607-TC-2 TEOFILO ANTONIO SARQUIS SAAED 7-023-131 605219 1FDJS34FXVHA75307
06-601700-607-TC-3 ALFREDO NÁJERA CORTÉS 1-571-234 115036 LB11M-C70799
06-601716-607-TC-3 LARRY LYNTON LAMPSON DOWNS 800740374 259492 JN1TAZR50TW000991
06-601768-607-TC-3 KAROL VANESSA BARAHONA LARA 6-294-087 373695 JT2EL44A6M0040704
06-601744-607-TC-3 GEOVANNI LEITÓN CAMPOS 4-136-213 C 129768 1FUPACYB7LH370007
06-601076-607-TC-3 CENTRO DE SERVICIO TSO S. A. 3-101-235792 CL 134737 KMFFA17APRU116720
06-601065-607-TC-3 MARCELINO GODOY CORTÉS 5-240-441 C 028071 F6314X20006813
06-601798-607-TC-3 RAINBOW EXPORT PROCESSING S. A. 3-101-380614 594392 WBAFA71020LK73970
06-601271-607-TC-3 LUISA ROBLES DUARTE 2-364-341 C 132220 1HSRKCGR2LH695165
06-601446-607-TC-3 DESARROLLOS EVJ S. A. 3-101-079165 CL 207073 JDA00V11800023462
JUZGADO DE TRÁNSITO DE HEREDIA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
07-000064-497-TR-1 LOAIZA VALVERDE ILEANA 205010439 393159 JT2EL46B4N0240043
07-000074-497-TR-1 ROMÁN SANCHO SUSANA GABRIELA 303920352 622112 EL420101916
07-000432-497-TR-1 VENEGAS RODRÍGUEZ ELIETTE 60199838 418075 3GKGK26J6TG514444
06-001188-497-TR-1 CASTRO VARGAS LUIS FERNANDO 202650170 C-140365 1M1AA13Y5SW052832
06-004050-497-TR-1 ALEJANDRO MORALES SIVERIO,
PRESIDENTE DE BUCHER-RAMANO S. A. 3-101-122776 456550 KMXKPE1CP2U440239
06-005391-497-TR-1 JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ,
PRESIDENTE DE CITROCAR S. A. 3101314846 469562 JSAFHX51S25130065
06-005666-497-TR-1 RODRÍGUEZ QUESADA MARCELA MARÍA 106940624 254972 JT2AE94A9L3315579
06-005748-497-TR-1 MIGUEL ÁNGEL SEGURA ACOSTA,
PRESIDENTE DE FLAN Y CARAMELO S. A. 310194025 CL-189516 10DXCA6012041
06-006356-497-TR-1 VARGAS ROMERO MANUEL DE JESÚS 43001978240000 500878 KNAFB227225195238
06-006401-497-TR-1 LOBO SABORÍO HAYDEN FRANCISCO 602050525 CL-172401 KNR1M2HEAYT009040
06-006820-497-TR-1- ALVARADO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS 401300735 455023 2S3TE02V5T6408482
07-000197-497-TR-3 MARÍA CECILIA ROJAS ALVARADO 2-269-181 CL-121525 JA7FL49E5HP013141
06-000803-497-TR-3 ASOCIACIÓN DE BOMBEROS EN COMUNICACIONES
REPRESENTADA POR RONALD RODRÍGUEZ LEÓN 3 002 172600 571146 JSAEHA62S55105023
06-005537-497-TR-3 CARMEN MARÍA GÓMEZ GUTIÉRREZ 5-129-837 343874 JD1FG1109L4328587
06-005599-497-TR-3 JOSÉ RUBÉN MATA VALVERDE 1-306-154 201998 JT4RN62DXG0084124
06-005850-497-TR-3 MARTA ELENA MÉNDEZ DÍAZ 9-015-238 182384 JHMWD5524DS013736
06-005855-497-TR-3 EDGAR FERNANDO CHAVES ARGUEDAS 1-750-386 MOT-53718 1R0113565
06-006013-497-TR-3 JOSÉ HENAU LOPERA 98497852 452218 KMHVF31JPNU563313
06-006073-497-TR-3 FREDDY HERRERA CAMPOS 4-129-678 TH-188 KMHVF11MPRU963353
06-006318-497-TR-3 ULISES GARCÍA GUEVARA 155800975308 446503 KMHJF31JPMU124980
06-006348-497-TR-3 MIRELA CUMANDA MOLINA RÍOS 8-070-672 342721 2CNBJ18UXL6206680
06-006904-497-TR-3 LUIS GUILLERMO RUIZ BRAVO 4-159-367 518151 1NXBA02E9TZ372136
05-007367-497-TR-3 GERMAN ANTONIO MARTÍNEZ VEGA 6-166-639 162328 KMHLF31J3HU106513
06-005884-497-TR-2 NIDIA ANGÉLICA REGEYRA PINEDA 1-0351-0452 290759 38AMB1362633
06-0063070497-TR-2 REDMOND SW HOLDINGS S. R. L. REPRESENTADA
POR MICHAEL BERKMAN BAKSHT 3-102-437775 MOT 156671 LZSPCJLG061905358
06-006480-497-TR-2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS
ELÉCTRICOS S. A. REPRESENTADA POR
EDWIN VÁSQUEZ ESQUIVEL 3-101-039238 CL 90182 HJ750013904
06-007090-497-TR-2 MARÍA ADILIA TENORIO VARGAS 7-0068-0645 437842 KMHVF12J0PPU765336
06-007141-497-TR-2 MANUEL EMILIO VÍQUEZ HIDALGO 2-0433-0277 SJB 7943 KMJTA18VPYC900066
06-007161-497-TR-2 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S. A. REPRESENTADA 3-101-295868 C 125138 TH254199
POR RODOLFO JIMÉNEZ BORBÓN
07-000191-497-TR-2 AURORA MENA RAMÍREZ 7-0047-1277 323710 JT2EL31D4J0286042
07-000261-497-TR-2 ARRENDADORA VECEN S. A.
REPRESENTADA POR ROBERTO FEDERSPIEL PINTO 3-101-222129 C 28041 1M2N187Y3JA019811
07-000758-497-TR-2 JORGE MANRIQUE ROJAS ÁLVAREZ 1-0837-0454 398713 KMHCH41GPYU077684
07-000790-497-TR-2 ADAM ROMÁN SOTELO BLANCO 6-0129-0783 TH 699 JTDBJ21E302005998
07-000003-497-TR-6 ARRENDADORA K S. A. POR MEDIO DEL SEÑOR
ANDRÉS YANKELEWITZ LEV IGNORADA CL-210742 KMFGA17AP6C032227
07-000013-497-TR-6 JUAN CARLOS VARGAS FONSECA 4-134-458 452515 KMHVF11JPPU761480
07-000078-497-TR-6 VÍCTOR JULIO VÍQUEZ HIDALGO 4-100-1158 CL-180712 JAACL11L4S7207494
07-000083-497-TR-6 JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ ZUMBADO 4-115-765 TH-334 KMHVF31JPPU799594
07-000129-497-TR-6 ASOCIACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL
COSTARRICENSE POR MEDIO DE
HÉCTOR FIDEL MONTERROSO GONZÁLES 006316186 110060 BM10030330
07-000169-497-TR-6 LUIS ÁLVARO LUNA SANTAMARÍA 4-112-421 TH-682 JTDBJ21E802007052
07-000778-497-TR-6 ÉLMER JAVIER ROMÁN OCHOA 8-062-870 TH-826 KMHVF21NPRU045098
06-005218-497-TR-6 LEONEL FRANCISCO CHACÓN SANABRIA 4-126-870 CL-175545 JB7FP44D2EY114939
06-006085-497-TR-6 MARITZA SALAZAR AYALES 1-570-387 456739 4N2DN1111VD811870
06-006683-497-TR-6 LAURA ALVARADO MASÍS 1-900-538 C-138784 1HSRDALR9SH666247
06-006814-497-TR-6 DEVELOPP HITTIP S. A. POR MEDIO DEL SEÑOR
DANIEL BORRASE MOLINA 1-490-690 CL-204095 9BD25521658750354
06-007038-497-TR-6 LEONARDO MORA CAMACHO 1-568-705 C-130513 1FUPYDYB5JP289049
06-007068-497-TR-6 JAIME PIEDRAHITA 1000007110 361107 PB12MC77406
07-000101-497-TR-3 PREGO MOTOR DE COSTA RICA S. A. REPRESENTADA
POR JAVIER ALBERTO LÓPEZ MONTERO 3 101 102108 660692 JTDBT933101081188
07-000137-497-TR-3 YOUNGER GENERATION ENTERPRISES S. A.
REPRESENTADA POR ALFREDO NÚÑEZ MUÑOZ 3 101 262171 MOT-129734 DFFBLF82454
07-000262-497-TR-3 INVERSIONES AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S. A.
REPRESENTADA POR LORENZO CHINCHILLA QUESADA 3 101 214285 C-137211 1FUYDZYB8VP875058
07-000404-497-TR-3 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BEBIDAS
DCB S. A. REPRESENTADA POR RICARDO
SOLERA AGUILAR 3 101 257243 602324 KMHBT51HP5U321891
07-000429-497-TR-3 ANA MARLENE UMAÑA CORDERO 1-418-395 339076 JT2EL31DXK0335262
06-005216-497-TR-3 NATHALIE PRADO VEGA 1-1000-186 533961 JTDBT113705038410
06-005780-497-TR-3 CENTRO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL S. A.
REPRESENTADA POR ROLANDO QUESADA
BERMÚDEZ
06-006363-497-TR-3 MARTA ELENA MÉNDEZ DÍAZ 9-015-238 293536 JN1HT2116HT041632
06-006651-497-TR-3 GILBERT ANTONIO DE JESÚS ÁLVAREZ UGALDE 9-022-702 AB-4182 KMJRD37FP1K522536
06-006691-497-TR-3 JOSÉ ALBERTO UMAÑA MORA 1-834-191 121703 VLB210-050804
06-006991-497-TR-3 ELIÉCER VILLALOBOS GARCÍA 4-120-434 CL-152215 JT4RN93PXL5019619
06-007016-497-TR-3 MARIO WALTER LEANDRO MANFREDI 9-077-298 261324 KPHLA32J2KU312161
06-007122-497-TR-3 ROCÍO PADILLA ALPÍZAR 1-912-533 277293 JN1TAZR50Z0001116
06-006777-497-TR-2 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JOMA S. A.
REPRESENTADA POR JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO 3-101-117407 CL 158208 1N6SD11S0LC337593
07-000438-497-TR-2 ENRIQUE CASTILLO ESCALONA 8-0071-0421 596818 KMHJF31JPRU727436
07-000453-497-TR-2 INVERSIONES AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S. A.
REPRESENTADA POR LORENZO MANUEL
CHINCHILLA QUESADA 3-101-214285 CL 196028 JN1ANUD22Z0000246
07-000458-497-TR-2 BUSES INA URUCA S. A. REPRESENTADA POR
RAYMOND SALIM SIMAAN KHACHAB 3-101-031606 SJB 7124 3AMBEMHC0XY047216
07-000841-497-TR-2 HÉCTOR FRANCO VARGAS 8-0086-0058 CL 155401 JAACL16EK7225058
07-000069-497-TR-1 WEBSTER CHRISTOPHER LAWRENCE BC245551 199193 FZJ800034658
07-000427-497-TR-1 ANDRÉS YANKELEWITZ LEV, PRESIDENTE
DE ARRENDADORA K S. A. 3-101-272742 626566 JN1TBNT30Z003528
07-000708-497-TR-1 VÍQUEZ HIDALGO JOAQUÍN 401120505 C-129018 3HTNAAAR1WN121712
07-000742-497-TR-1 BRENES LEÓN NANCY 114240270 506783 2CNBJ1865T6907788
07-001016-497-TR-1 DELGADO MORALES ANA ARGELIS 800670558 547359 JT3HP10V6W7107817
06-003781-497-TR-1 JUAN CARLOS SOLANO PALAVICINI PRESIDENTE
DE TRANSKA DE MORAVIA S. A. 3101360619 354547 1FMZU34E4WUB76212
06-005047-497-TR-1 MARCO ANTONIO GOLDONI RUIZ, REPRESENTANTE
DE TRANSPORTES R.A.G DE HIGUITO S. A. 3101221702 C-22227 R686ST29965
06-005278-497-TR-1 CHAVARRÍA RAMÍREZ ANA MARÍA 401870190 120920 EP70-0132255
06-005617-497-TR-1 GÜELL PEÑA JAVIER ENRIQUE 112030767 462299 JHMBB6144VC003494
06-005773-497-TR-1 GIL BENEDICTO VARGAS SÁNCHEZ, GERENTE DE
MICROBUSES ALAJUELA-SAN JOSÉ LIMITADA 3102073015 AB-1765 9BM382020NB954728
06-005888-497-TR-1 SALOMÓN CHAVARRÍA CHAVARRÍA, PRESIDENTE DE
AGROINDUSTRIAS SALOMOS S. A. 3101388379.00 C-19862 KR46011864
06-006176-497-TR-1 WILLY CORDERO PINCHASNKI, PRESIDENTE DE
CENTRAL DE LUBRICANTES S. A. 3101110195 CL-204588 JS4DA32V664130131
06-006321-497-TR-1 TAITELBAUM LECHTAMAN MIRIAM 104330722 586269 JN1TANZ50A0002660
06-006644-497-TR-1 FRANCISCO ARIAS MUÑOZ, PRESIDENTE DE
TRANSPORTES RAMAFA S. A. 3101258297 C-124122 1HSRDGUR2KH693999
07-000034-497-TR-1 RODOLFO GONZÁLEZ SUÁREZ, PRESIDENTE DE
SOLUCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES S. A. 3101262587 MOT-145209 MD625GF5551H44969
07-000049-497-TR-1 MARÍA AZALIA CUBERO RODRÍGUEZ PRESIDENTE
DE T.R.A REPUESTOS S. A. 3101052425 MOT-127521 LWBPCJ1F441058830
07-000109-497-TR-1 MONTERO SOTO MARCO ANTONIO 105120520 177782 1G2JB51K8H7518618
07-000175-497-TR-1 KRAISNIANSKY JERSEFSK JOSÉ 21074 CL-64492 FALTA INFORMACIÓN
07-000260-497-TR-1 REYNADO WONG FONG, PRESIDENTE DE BRISTISH
AMERICAN TABACO CENTRAL AMÉRICA S. A. BATCA 3012277299 CL-191399 JS4DA32V834130336
06-000277-497-TR-1 GUIDO CONEJO YENDRY 111770505 434355 KMHVA21NPSU026573
06-000921-497-TR-1 JIMÉNEZ VEGAS RAFAEL MANRIQUE 111990952 CL-101193 1GCCT14RSH8196274
07-001301-497-TR-1 FERNÁNDEZ RAMÍREZ ROLANDO 401290835 TH-173 JTDBJ21EX04009356
06-003760-497-TR-1 ZARATE VILLALOBOS MELISSA MARÍA 111480434 600093 JN1TENT30Z0100378
06-005666-497-TR-1 XATRUCH ORTIZ GERARDO 601650757 239117 1J4GZ78Y2PC623680
06-006371-497-TR-1 HUEDA GUTIÉRREZ ALEJANDRO 109380285 386175 KMHJF22R1RU618956
06-006513-497-TR-1 JOSÉ IVÁN NÁJERA TRUJILLO, PRESIDENTE DE
COMPAÑÍA GENERAL DE MÁQUINAS COGEMA S. A. 3101290215 C-134217 JAAN1R71P17100038
06-006999-497-TR-1 GONZÁLEZ ESQUIVEL ÁNGELA MERCEDES 401080837 264447 JACCH58R1M79050900
06-000904-497-TR-4 HUGO ANEL MIRANDA GONZÁLEZ 04013901208 795054 1FUYDZYB5TL846167
07-000028-497-TR-6 MARÍA DEL MILAGRO UJETA LÉPIZ 1-523-097 656692 JT3GP10V4W7025371
07-000073-497-TR-6 HERIBERTO ALVARADO LORÍA 1-449-502 168757 KMHLA21J1GU048943
07-000119-497-TR-6 KENNETH ANDRÉS VINDAS LIPPA 1-1014-0081 MOT-137748 DG01X009439
07-000159-497-TR-6 RICARDO MONGE HERRERA 2-286-1000 515524 VF32AKWU049154
07-000586-497-TR-6 SEMILLAS TEMPATE CGM S. A. POR MEDIO DEL
SEÑOR CLAUDIO CERDAS DINARTE IGNORADA C-137464 JHDFB4JGS2XX12395
07-000839-497-TR-6 MAURICIO DE JESÚS SÁNCHEZ CALDERÓN 1-938-007 184351 1N4PB21S1HC760880
07-000965-497-TR-6 TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S. A.
POR MEDIO DE ANDRÉS VENEGAS FERNANDO 1-404-1407 434095 WBAAL7102CF58840
06-006976-497-TR-6 SIDNEY ROMERO VALLADARES 9-031-761 315835 C10AKU135284
06-006981-497-TR-6 MICHAEL ALVARADO ARROYO 1-1045-139 619273 1N4EB32A9MC820157
06-007033-497-TR-6 SISTEMAS PREFABRICADOS LA BALSOSA S. A. POR
MEDIO DE ROGER VARGAS VARGAS IGNORADA CL-207378 JY7005340
07-000052-497-TR-4 MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVARADO VILLALOBOS 2-355-767 199115 1N4PB21S0JC778891
07-000173-497-TR-4 ANA GABRIELA QUESADA RAMÍREZ 1-560-049 555165 VF7FCKFVB26658880
07-000198-497-TR-4 RUTH VANESSA MURILLO RODRÍGUEZ 4-165-340 559196 KMHJF31JPPU503441
07-000208-497-TR-4 PEDRO PABLO RUIZ RUIZ 135-RE-052675 CL 086974 E140000933
07-000263-497-TR-4 FRUTA INTERNACIONAL S. A. REPRESENTADA POR
ÁLVARO FIGUEROA STERLOFF 3-101-102953 CL 137245 BU600069319
07-000405-497-TR-4 AEROPIN S. A. REPRESENTADA POR ALEJANDRO
PINTO HURTADO 3-101-120805 445641 KMXKPE1CP2U439525
06-000724-497-TR-4 GUILLERMO CANO PASTRANA 6-062-605 TH 664 KMHVF21NPRU001634
07-000797-497-TR-4 MARIO ALBERTO GARITA MADRIGAL 1-763-848 146656 JA3BA44F1FU406008
07-000833-497-TR-4 RAFAEL SÁNCHEZ RAMOS 4-113-384 CL 073068 GNL620MC41162
07-000919-497-TR-4 BRAINER NÚÑEZ ÁVILA 5-301-741 TH 440 KMHJF31JPSU894388
06-005291-497-TR-4 CAFETALERA TOURNÓN LTDA., REPRESENTADA
POR EDUARDO ERNESTO JIMÉNEZ MONTEALEGRE 3-102-006462 234901 JB7FJ43S7KJ006323
06-005896-497-TR-4 MARÍA ELENA CHAVARRÍA MORA 1-336-128 TSJ 4337 KMHVF31JPRU963143
06-006268-497-TR-4 ODONTOMÉDICA MERCANTIL OM S. A. REPRESENTADA
POR GEORGE ALBERT WEBB CHOISEUL 3-101-181392 CL 201334 VF3GBWJYB3J580630
06-006677-497-TR-4 HILDA OREAMUNO RAMOS 2-337-010 140523 AB34S-130042
06-006799-497-TR-4 LUIS GUILLERMO MADRIGAL LOBO 1-1065-227 573665 3N1AB41D2XL082966
05-007647-497-TR-4 RONALD PEDRO OBANDO VINDAS 1-559-709 MOT 108019 L185S6018678
06-006047-497-TR-2 TRANSELI S. A. REPRESENTADA POR OSCAR ALBERTO
VILLALOBOS SERRANO 3-101-215737 422286 2CNBE18U4S6947460
06-006524-497-TR-2 GERARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA 5-0255-0434 279974 JB3CU24X2KU106662
06-006604-497-TR-2 AUTOS CORCOBADO INTERNACIONAL S. A.
REPRESENTADA POR NOE GERARDO SOLANO HERRERA 3-101-129230 574176 JDAJ102G000558951
06-006650-497-TR-2 PROCTER & GAMBLE INTERAMÉRICAS DE COSTA RICA
LIMITADA REPRESENTADA POR IVÁN MORA TORRES 3-101-165512 538383 9BR53ZEC248536389
06-007126-497-TR-2 GLADYS FLORES CANALES 270-1075694320 491651 KMHJF31JPNU293040
07-000464-497-TR-2 ANA MADRIGAL CASTRO 1-0444-0522 224626 JN1PB22S9HU002991
07-000484-494-TR-2 JULIO CÉSAR QUINTANA HIDALGO 1-1090-0306 CL 109467 JAATFS16HK7101851
07-000528-497-TR-2 HILDA MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ 1-0737-0076 CL 134659 9BD146000P8322072
07-000765-497-TR-2 ULISES PORRAS VENEGAS 5-0123-0057 CL 53707 FALTA INFORMACIÓN
07-000841-497-TR-2 DOUGLAS BUENO SCHNEIDER CC16743892 603191 KMHVA21NPVU284747
07-000997-497-TR-2 DAVID ALFONSO CAMPOS SOLANO 2-0404-0622 591664 JT2AC52L2T0163505
07-001382-497-TR-2 KATTIA ELENA MONTERO CAMBRONERO 4-0154-0673 TH 544 JTDBJ21E104011562
07-001457-497-TR-2 BERNARDO CHAVES SALAZAR 5-0097-0343 C 131022 2HSFBGUR8KC029593
06-004750-497-TR-4 ALONSO EDUARDO HERNÁNDEZ BRENES 1-673-0043 MOT 144815 LAELGZ40X6B650758
07-001581-497-TR-1 MONTENEGRO TREJOS RODRIGO TOMAS 400750723 590508 JMYLRV76W5J000722
07-000866-497-TR-1 CORTÉS GONZÁLEZ CRISTINA 205720931 408959 2CNBE18U2R6946463
07-000572-497-TR-1 SEGURA GAMBOA HARLEY 109870792 TH-305 3N1BEAB13V001156
07-000488-497-TR-1 ALFARO ARRIETA CECILIA MARÍA 401020235 153 TT133000208
06-006376-497-TR-1 JOSÉ ANTONIO ROJAS MORALES, PRESIDENTE DE
TRACTOCAMINONES T.C.C.A S. A. 3-101-382282 C-139802 1FUYDSEB9YLG93296
06-007120-497-TR-1 ALFARO QUIRÓS JOVITA 104480008 CL-179479 1N6SD11S6MC409351
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE OSA, ZONA SUR
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600156-442-TC SERVICENTRO TERRABA S. A. REP. GUSTAVO BLANCO
QUIRÓS DELIA BLANCO QUIRÓS 3-101-177359 1-815-739 1-749-374 SJB 10554 9MB3840736B451041
06-600166-442-TC JORGE LUIS BARTELS CHAVARRÍA 6-128-028 116047 DSFC11AJU08L8
06-600169-442-TC CHAN KAM HONG CHAN I KUAN 130200462 62702050540004859 CL 206259 JN1CNUD22Z0007789
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE GOLFITO, ZONA SUR
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600180-439-TC JAVIER A VARGAS GUZMÁN NO INDICA MOT 104762 4GY007207
06-600108-439-TC RUDY CANALES VARGAS NO INDICA 413846 KNAJA5525RA723620
06-600200-439-TC WILLIAM GUILLEN MORALES NO INDICA 333660 JAACR01E3M9801771
06-600201-439-TC ADRIÁN ALFARO LÓPEZ NO INDICA CL 176563 JTFWE726300003603
06-600149-439-TC STEPHUN ALEXANDER KATH NO INDICA CL 171765 2FDLF47MXKCA40119
JUZGADO DE TRÁNSITO DE PÉREZ ZELEDÓN
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-601150-804-TC BAYER SOCIEDAD ANÓNIMA 3-101-036070 CL 196910 JN1MG4E25Z0711254
06-601150-804-TC BAYER SOCIEDAD ANÓNIMA 3-101-036070 CL 196779 JN1MG4E25Z0711249
06-600467-804-TC GOODWIN MICHAEL PAS 155169267 206508 JT2AL35W6D0069557
06-601237-804-TC VERNY GIOVANNY MORA JIMÉNEZ 01-8889-987 CL 108710 RGD21-002139
07-600059-804-TC ROGER GÓMEZ GÓMEZ 3-337-399 C 136284 1FUYDSEB7TH607282
06-601175-804-TC INVERSIONES AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S. A. 3-101-214285 559749 KMHN81WP4U145395
05-600535-804-TC EDDY CÉSPEDES BENAVIDES 9-084-755 MOT 106067 48BE054109
07-600069-804-TC ISABEL BADILLA ALPÍZAR 1-511-696 557192 JT2EL43B4N0204057
06-601246-804-TC DAVIS GERARDO VINDAS BARBOZA 1-1141-869 CL 161193 1N6ND11S6HC326828
07-600059-804-TC ELIÉCER SÁNCHEZ AZOFEIFA 1-1002-744 C 138341 1FUYDZYBXVP875093
06-600891-804-TC CONCENTRADOS EL GENERAL S. A. 3-101-072117 193557 JAATFS54H37100373
06-601148-804-TC PEDRO COSTE MURILLO 1-1103-992 CL 167637 1FTCR10U1STA30296
07-600092-804-TC MAYAFLOR S. A. 3-101-236729 MOT 157973 LWBPCJ1F660074580
07-600167-804-TC FLOR DE LIS RAMONA JIMÉNEZ SÁNCHEZ 06-256-887 CL 161435 JB7FL29EOJP056217
07-600167-804-TC INVERSIONES ALBERTA S. A. 3-101-258289 C 133641 1FUYDZYB9SH830278
06-601062-804-TC JONES LONG MARLENE PAS. 1175008712 344336 KNAJA5525SA735016
06-601119-804-TC FUNDACIÓN OMAR DENGO REP. GUILLERMO
VARGAS SALAZAR 3006084760 337589 LH1147006074
JUZGADO DE TRÁNSITO DE LIMÓN
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600110-498-TR JOHNNY BUSTOS PEÑA 5-227-715 C 127255 1FUEYCYB8JH317882
06-200101-472-PE OLMAN MURILLO AZOFEIFA 1-656-257 283481 JT2EL46B6NO226122
06-601280-498-TR ÁNGEL MONGE VALVERDE 1-828-165 CL 130790 YN850054820
06-601283-498-TR ILEANA SÁNCHEZ CAMPOS 1-716-940 C 141692 1FUYCDYB6PH492259
06-601288-498-TR MARTÍN MUÑOZ CARPIO 3-213-197 342292 1HGEC453XHA080440
06-601296-498-TR ROBERTO MORALES DOBLES 2-528-094 426578 KMHJF21JPNU213382
06-601315-498-TR GERMAN DELGADO CHINCHILLA 6-147-836 C 27693 1FUEYCYB8FH239935
06-601343-498-TR LÍNEA DE ACCIÓN S. A. 3-101-108346 612827 JMY0RK9706J000364
06-601360-498-TR LUIS ALBERTO FONSECA ALÍ 7-145-236 506074 KMHJF31JPNU352206
06-601380-498-TR HENRY COTO CHACÓN 1-689-171 599264 LX805080738
06-601380-498-TR ANTONIO HERNÁNDEZ ROBLES 1-834-628 C 142631 TC 038546
06-601402-498-TR MARANINI SIMONE 75816906400.00 CL 147444 9BD255229T8491061
06-601407-498-TR GERARDO ARAYA ORTEGA 7-038-583 183638 JN1HM05S1GX020084
06-601436-498-TR JULIA ORTEGA ORTEGA 5-166-326 C 12672 34401412664984
06-601481-498-TR TAMARA BECERRA COTTI 8-063-107 512821 JDAL701S001054654
06-601495-498-TR ZORAIDA SOLANO ALVARADO 2-457-888 CL 98657 KMHPB11APHU034317
06-601562-498-TR JUAN RIVAS GONZÁLEZ RE 582000 394424 KMHVA21NPRU001395
06-601582-498-TR CELIA MÉNDEZ CONTRERAS 6-208-784 315727 KMHLD11J9KU304806
06-601629-498-TR TRACTOCAMIONES DE C.A. S. A. 3-101-381182 C139596 1FUYDSEB7YLG93300
06-601656-498-TR GERARDO NÚÑEZ SOLANO 7-093-023 444973 3N1EB31S7ZK110537
06-601702-498-TR SÓRCERES HERNÁNDEZ ALVARADO 47-175-103 CL 143822 BU1000102096
07-600122-498-TR JUAN GUADAMUZ MARTÍNEZ 2-490-515 447957 2PB12MOOOO26
JUZGADO DE TRÁNSITO DE GUÁCIMO, LIMÓN
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600127-499-TC EDITH ANDREA SLAK JIMÉNEZ 3-360-903 149177 BN13-200036
06-600499-499-TC AGRO SOLUCIONES S. A. 3-101367355 442801 KMHVF31JPMU471054
06-600505-499-TC AGUA TICA TURRIALBA S. A. 3-101179689 CL 167616 NO INDICA
06-600939-499-TC DANIEL SALAZAR MENOCAÑ 7-076-744 261163 1N4PB21S0HC765674
06-601135-499-TC DENNIS HIDALGO VÍQUEZ 1-683-084 387647 KMHJF31RPNU240652
06-601202-499-TC MARÍA G. FERNÁNDEZ YOUNG 1-718-730 586130 KMHJF31JPNU347420
06-601248-499-TC ROSALBA BLANCO GRANADOS 1-969-658 389824 JT2EL36Z0J0222620
06-601285-499-TC SGD FANTASÍAS S. A. 3-101277547 CL 175091 JAACL11L1L7225596
06-600847-499-TC EDUARDO ALFARO GUTIÉRREZ 1-527-146 337356 JD2BK3209L6301188
06-600847-499-TC WAFLE PANEL S. A. 3-101188352 380595 1FMZU35P6WUB37105
06-601277-499-TC RODRIGO BETRANO VALVERDE 1-588-887 CL 201663 KMFFA17APRU173776
06-201965-485-PE HUEBNER ANA CECILIA 1175000777 184959 JAACH15U7G5456329
06-600449-499-TC ALBERTO MORA CHAVES 1-799-934 C 130365 1HSRDGDR9KH629295
06-601013-499-TC GERARDO FONSECA BADILLA 1-727-168 TL 22 KMHVF21NPSU262164
06-601102-499-TC GERARDO MADRIGAL STELLER 5-152-110 262183 JT43N6252J0193649
06-601158-499-TC ST CYR GHISLAINE 1000794130 CL 133170 1N6ND06S5FC355687
06-601240-499-TC MARÍA E. MURILLO ROJAS 5-160-889 489580 KNAFB227225172430
06-601249-499-TC JOSÉ A UMAÑA PICADO 1-744-023 C 129971 1XKAD29X3JS508705
06-601416-499-TC LESCO GARCÍA MONGE 1-767-806 C 141836 1HSRDAHR3SH682212
06-600225-499-TC JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ELIZONDO 1-505-242 338637 JT2EL36G4K048541
06-600225-499-TC ANA PATRICIA ALCÁZAR JIMÉNEZ 1-706-092 338637 JT2EL36G4K0428541
06-600225-499-TC ORLANDO UMAÑA RODRÍGUEZ 2-290-100 CL 121098 YN850042852
JUZGADO DE TRÁNSITO DE SAN CARLOS, ALAJUELA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600996-742-TC ÁLVARO ALBERTO DÍAZ LEÓN 2-317-486 CL 127873 JAABL14L1G0753547
06-600848-742-TC INVERSIONES AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S. A.
REP. POR LORENZO MANUEL CHINCHILLA QUESADA 3101-214285 619204 KL1TD61T86B538088
06-600793-742-TC CRISTIAN VARGAS ALVARADO 4-157-928 167382 JT2AL31GOGO393588
JUZGADO DE TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-612150-489-TC ROXANA MARÍA HERRERA GONZÁLEZ 2-0528-0521 582381 2CNBJ18U5M6907516
06-612150-489-TC VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA MONGE 1-0208-0512 TSJ-539 KMHVF31JPPU902561
06-608871-489-TC ALLAN MOLINA FALLAS 1-0652--0298 529429 KMHVF21NPRU003785
06-601214-489-TC S.O.S ELÉCTRICA S. A. CJ: 3101271134 CL-127119 JM2UF1137J0335963
06-607932-489-TC RECUERDOS DIGITALES DE ANTAÑO S. A. CJ: 3101364803 564276 9BR53ZEC248554386
06-606741-489-TC NURIA OVARES CORDERO 1-0897-0033 414100 KMHVF14N1SU157611
06-606741-489-TC SONIA DE LOS ÁNGELES OCONOTRILLO ALVARADO 5-0227-0169 155105 JN8HD16Y5HW035737
05-608621-489-TC RENE FRANCISCO BARBOZA MORENO 1-0826-0382 386675 JN1TAZR50Z0012636
07-601041-489-TC HUGO GERARDO BARBOZA CARPIO 3-0184-0968 TSJ-4749 KMHVF21NPSU240497
07-601126-489-TC MARÍA EUGENIA VILLALOBOS HERNÁNDEZ 1-0539-0824 522919 VF32AKFWU2W050797
06-608829-489-TC TRANSACCIONES FERRETERAS DE COSTA RICA S. A. CJ: 3101068701 CL-150931 JAANPR66PT7102761
06-609451-489-TC CHAQUETAS FFG S. A. CJ: 3101214376 CL-181515 KMJWVH7SPWU070360
06-611005-489-TC GUSTAVO SOLANO MESÉN 1-952-0823 359660 NO TIENE INFORMACIÓN
06-606293-489-TC RAFAEL MARÍA ESQUIVEL ARGUEDAS 2-0321-0041 TSJ-636 JTDBJ21EX04011995
06-604401-489-TC MARVIN ROSALES CHAVARRÍA 1-0552-0888 TSJ-6152 KMHJF31JPRU663071
06-603103-489-TC CLAUDIA LÓPEZ VEGA 8-0070-0485 403863 KNEUP7512Y6110844
06-611111-489-TC D G INTERNACIONAL S. A. CJ: 3101128951 MOT-122716 LWBPCJ1F432C05482
06-606712-489-TC PORFIRIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 8-072-0624 376303 JB3CU14X7KU023514
06-604043-489-TC COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE JERICÓ S. A. CJ: 3101023520 594596 JN1TBNT30Z0100356
06-604043-489-TC MANUEL OROZCO BASTOS 4-0106-0234 CL-170382 4S1CL11L1N4204978
06-601217-489-TC VILMA MARÍA DEL SOCORRO CAMPOS ARIAS 2-0350-0955 92192 KPC120044918
06-604151-489-TC ALEJANDRA LÉPIZ CORONADO 1-1153-0153 191231 EL400022969
06-604295-489-TC ROGER PALAVICINI BONILLA 9-049-0166 167415 KMHLD21J4GU004975
06-604355-489-TC JOSÉ MANUEL MONGE LEÓN 1-0645-028 319700 KMHVD12JXMU080942
06-605079-489-TC ABDENAGO ZÚÑIGA POVEDA 7-0127-0850 MOT-80975 1KH020966
06-606323-489-TC JONNY MATARRITA JIMÉNEZ 6-0274-0294 C-131952 1FUPTRYB7JH339317
06-606954-489-TC TRINIDAD ULATE CRUZ 2-0325-0861 TSJ-5478 KMHVF21NPRU034476
06-607239-489-TC NORA MARÍA SAAD PAS: 111803052 504649 2B4FP25B4TR582994
06-607504-489-TC LEOPARDO DORADO S. A. CJ: 3101223286 CL-206478 1N6DD21S5WC340914
06-609031-489-TC LIGIA MARÍA SUÁREZ PÉREZ 1-0514-0970 429217 KMJWWH7BPXU126140
06-609298-489-TC KATHIA MARÍA ALFARO GONZÁLEZ 1-0885-5119 383242 KMHVF31JPPU882480
06-609346-489-TC JADE ALBERTO DÁVILA GUTIÉRREZ 9-0114-0899 CL-152852 JM2UF6149M0129425
05-609348-489-TC SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS
EL ÁBACO S. A. CJ: 310132532 126388 WBAAD310201563437
06-609481-489-TC MARVIN GERARDO ZÚÑIGA MADRIGAL 1-0603-0176 TSJ-5674 KMHVF21NPSU229540
06-609481-489-TC NORMAN JIMÉNEZ CORDERO 1-0330-0277 565445 4S2CK58DXX4308067
06-609577-489-TC XINIA CALDERÓN ARAYA 1-0729-0181 TSJ-6098 2T1AE94A2LC047392
06-610871-489-TC SONIA MARÍA ZAMORA ZAMORA 1-0791-0192 492183 1N4AB41D3WC701586
06-610987-489-TC MARIANELA LIZANO GONZÁLEZ 1-0790-0092 425250 1HGEG8651NL069600
06-611011-489-TC MIGUEL ÁNGEL VEGA AGUILAR 1-0774-0822 299740 JT2EL46B1N0203606
06-611278-489-TC JEFRY SUÁREZ CORDERO 6-0277-0097 539974 KMHVF21LPSU168146
06-611939-489-TC ANA ISABEL RAMÍREZ ROMERO 7-079-0725 TSJ-5600 KMHJF31JPSU943504
06-612005-489-TC MARTA RAMOS GONZÁLEZ 5-0160-0863 TSJ-5486 KMHVF21NPRU098683
06-612005-489-TC CELEDONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ RE: 070CO347002 213604 KMHVA21MPRU084567
06-611833-489-TC MORALES ULLOA LUIS DIEGO 104620583.00 632074 9BR53ZEC208625651
07-600741-489-TC MURILLO DE DIEGO CARMEN MARÍA 302100549.00 407773 JM7BJ10M100116575
06-611345-489-TC MOYA UJUETA JORGE ALBERTO 104680998.00 381381 KMHVF31JPMU413894
06-3477-174-TR VARGAS RODRÍGUEZ RODRIGO JAVIER 203490686.00 TSJ-6161 KMHVF21NPSU225231
06-606808-489-TC MORALES NÚÑEZ RAFAEL ALBERTO 102960207.00 TSJ-1381 KMHVF21LPSU204878
06-608640-489-TC MORALES FUENTES LUIS WILBERTH 601330391.00 TSJ-5786 KMHJF31JPRU619152
06-608574-489-TC CAMPOS JIMÉNEZ JEANETTE 107110041.00 367394 KMHJF31KPSU049565
06-607234-489-TC ESPINOZA CASTILLO JOSÉ MARCIAL 106990243.00 TSJ-4596 KMHVF31JPRU940262
06-609422-489-TC INVERSIONES COCTANY S A 3101193743.00 212409 JHMCD55400C006638
06-609422-489-TC CHAVARRÍA CUBILLO MARVIN 302290770.00 TSJ-3467 KMHVF21NPRU002678
06-609750-489-TC NET COMPUTER J A SISTEM S. A. 3101419024.00 406195 KMHVD32J2MU084897
06-601851-489-TC BUFETE JARA PHILIPS & ASOCIADOS S. A. 3101154180.00 MOT-103523 9C2HA0700YR540006
06-607939-489-TC MONGE CORRALES MAYRA ISABEL 103070991.00 222604 1N4PB22S5HC837121
06-610099-489-TC MENA RODRÍGUEZ LUIS BERNARDO 107160648.00 619532 KNAJC521865570507
06-607126-489-TC ACUÑA GARITA ISABEL 301530481.00 450695 2S3TE02V1W6404644
06-607126-489-TC SOCOYMAN S. A. 3101291472.00 434090 JN1TAZR50Z0021983
06-606961-489-TC BEDOYA ORTIZ REYNALDO GERARDO 108080686.00 352126 KMHVF21JPNU645611
06-609744-489-TC COMERCIAL ARGOLIDA S. A. 3101259446.00 EE-7419 MOTOR 3164DT0332
06-607831-489-TC MONGE RUIZ LILIANA 104590936.00 112207 JDAG100S000613129
06-609934-489-TC MORALES ARCE MARTA EUGENIA 105220101.00 613530 KMHVA21NPTU228034
06-606938-489-TC AGUILAR QUIRÓS XINIA MARÍA 108230669.00 C-133019 JALK7A1N8L3201523
07-600751-489-TC ARRENDADORA K S. A. 3101272742.00 576319 JTDBT123700345572
06-609970-489-TC CHAVES VILLALTA LUIS GERARDO 107220950.00 342184 KMHVF21JPPU749992
06-609476-489-TC GERLI AMADOR ALLAN 108320962.00 123487 JHMCA55300C146595
06-609476-489-TC INVERSIONES AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S. A. 3101214285.00 472598 JMYORK9702J000581
06-610667-489-TC AGRO SERVICIOS LA POPULAR S. A. 3101178578.00 162785 JS3JC51V7H4117941
06-610667-489-TC BOLAÑOS LORÍA CECILIA 105430513.00 397370 3N1EB31S7ZK105306
06-610201-489-TC CASTILLO SOTO WALTER ARTURO 103990753.00 174826 KLATF19T1PB405476
06-604650-489-TC MONGE MARCO VINICIO 17510220510219.00 257647 JT2KP61G2D6644744
06-601665-489-TC ESQUIMU PRIMERO E M Q M S. A. 3101279285.00 401202 KMHVF31JPNU642438
06-605538-489-TC CHARFA S. A. 3101268406.00 306473 KMHJF31JPPU555305
06-608371-489-TC PALMA RODRÍGUEZ OSCAR 203040750.00 495413 9BD17217433032309
06-610439-489-TC MARTÍNEZ DÍAZ GUSTAVO ADOLFO 1270540375.00 CL-122887 JT4RN50R9H0294787
06-605430-489-TC CARVAJAL JIMÉNEZ ALEXIS 302490754.00 575346 KMJWWH7BPVU003586
06-609750-489-TC DESPACHOS COMERCIALES FARMACÉUTICOS
DECOFAR S. A. 3101297324.00 CL-193102 VF7MBWJZF65865594
06-608514-489-TC TRACTOCAMIONES DE CENTROAMÉRICA T.C.C.A. S. A. 3101381182.00 C-142726 1FUPBZYB6WL901277
06-603687-489-TC INMOBILIARIA TRES CAMINOS DE CENTROAMÉRICA S. A. 3101309119.00 CL-188266 JS4DA32V834130112
06-607040-489-TC CHAVARRÍA CHAN MAURICIO ALBERTO 1-973-274 290603 KMHVE22J1MU043166
06-610676-489-TC MORA CASTRO EDGAR ULISES 1-773-420 12707 KLN10A00049
06-607337-489-TC DISTRIBUIDORA JEROME S. A. 3101190413.00 MOT-95663 C5ME011091
06-10892-174-TR MOSQUERA VALENCIA HENRY PASAPORTE CC16496285 394925 KMHJF31LPPU533109
06-609195-489-TC VARGAS FLORES GERARDO ANTONIO 6-121-367 TSJ-5383 KMHJF31JPRU761271
06-610096-489-TC ORTIZ GUIER CARMEN JADWISIA 1-314-0006 197819 KMHJF21JPPU421569
06-611492-489-TC OBANDO DÍAZ ALFREDO DE JESÚS 1-521-441 TSJ-6064 KMHVA21NPTU191610
06-611714-489-TC AUTOTRANSPORTES MADRIGAL MORA S. A. 3101049029.00 SJB-5875 38408911108619
07-600334-489-TC SOTOMAYOR JOSÉ RAMÓN 27018413710647.00 315831 KNJBT06K5K6115280
06-607028-489-TC CASCANTE MORA GILBERTH A. 1-695-482 TSJ-453 KMHJF31JPRU669976
06-608631-489-TC CÁRDENAS CASTRO ANDREA C PA-CC31579236 MOT-141205 LC6PAGA1060812673
06-10109-174-TR BRUNELLE GERALD KEMP PA-710722075 603516 KMHNM81XP5U175202
07-600409-489-TC MORA JIMÉNEZ JORGE LUIS 1-329-235 TSJ-5181 KMHVF31JPPU748422
07-600369-489-TC BORUCAO CONSULTORES S. A. 3101115091.00 417265 KLAVA69ZEWB
06-610168-489-TC SALAS SÁNCHEZ ANA DEL CARMEN 1-785-173 CL-146114 JN6ND06S5FW011002
06-611360-489-TC CORREDORES MARÍTIMOS Y ADUANEROS S. A. 3101009758.00 C-129487 JALFSR33LX000029
06-609967-489-TC GONZÁLEZ VALVERDE HERMANOS S. A. 3101302544.00 C-29382 1FUEYCYB1HH303963
07-600674-489-TC GARRO MOLINA EDWIN 1-442-684 TSJ-747 KMHVF12J2PU671815
06-609533-489-TC BELA CONSULTORES S. A. 3101148701.00 CL-146420 BU2110002294
06-609533-489-TC COMERCIAL ROMAGO R A G S. A. 3101289142.00 CL-203673 JN1AHGD22Z0036802
07-600094-489-TC S.A.Q.C S. A. 3101167220.00 CL-129529 JM2UF3132H0118021
06-609664-489-TC VARGAS MATA JORGE MARIO JESÚS 1-651-249 612977 2C1MR5290T6761331
06-609664-489-TC DURÁN RODRÍGUEZ GERARDO FCO 2-438-301 137770 JT2AL31G0F0320011
06-608899-489-TC ASESORAMIENTOS COMERCIALES DEL ESTE S. A. 3101167980.00 545618 2C1MR2266S6707065
06-610514-489-TC CORPORACIÓN INTERNACIONAL ROBELU S. A. 3101243731.00 432690 KMHJF31RPMU0055754
06-610514-489-TC VINDAS HERRERA EMILIO 2-144-863 TSJ-3561 KMHCG45C61U211616
06-79-174-TR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES RAMÍREZ
Y MONGE S. A. 3101085120.00 C-25776 1M2AR13Y2FM001648
06-79-174-TR AMADOR SAMUELS MARIO ALBERTO 9-0029-011 283585 AE1117027659
06-611276-489-TC AUTOS VALLO GIGANTE S. A. 3101249763.00 C-24228 376-135-52-657072
06-611672-489-TC UMAÑA PICADO JOSÉ ALBERTO 1-744-0023 C-129971 1XKAD29X3JS508705
06-5781-647-PE BOLAÑOS MARTÍNEZ OSCAR MARTÍN 1-635-212 154397 LKJ5005660
06-609997-489-TC JIMÉNEZ ROJAS FREDDY 6-147-815 300040 JT2EL43B1N0156193
06-608681-489-TC YOCA DE COSTA RICA S. A. 3101098778.00 278254 SAXXCMGS8AV801806
06-610162-489-TC COOPERATIVA TRANSPORTE RENUMERADO
PERSONAS DE MORAVIA Y SECTOR CIRCUNVECINO R. L. 3004071331.00 SJB-3919 JADBE2200G8910128
06-611709-489-TC CHEN YU YIN 6261047532989.00 M 146107 LC6PAGA1160830972
06-609836-489-TC JORGE LUIS GUILLÉN ARAVIA 3-196-483 297261 JS3TD01V3M4108222
07-600205-489-TC ÁLVARO GARCÍA LÓPEZ 6-071-418 152828 JHMEG75100S000349
06-608905-489-TC PATRICIA EUGENIA MÉNDEZ CAMPOS 1-494-930 261346 JT2AE82E8H3518387
06-607901-489-TC OTTO KOPPER ARGUEDAS REP. KOPAR S. A. 3101026929.00 568066 9BR53ZEC208564256
06-605506-489-TC AUTOMECÁNICA LA GUÁCIMA S. A. 3101168558.00 388625 KMHVF11JPPU77398
06-604327-489-TC ORLANDO CERVANTES BENAVIDES 1-344-304 309018 3N1EB31S6ZLO27174
06-609384-489-TC TRANSPORTES RUTAS 407 Y 409 S. A. 3101124650.00 HB 1111 1T79R8B21P1116907
06-608536-489-TC K Y A INGENIEROS ASOCIADOS S. A. 3101064006.00 C 124319 1M2N179Y7FA096311
06-608105-489-TC MARIO IBAN BUSTAMANTE ROJAS 8-080-985 TSJ 2273 KMHVF31JPNU627929
06-610956-489-TC VÍCTOR ALLEN VEGA NÚÑEZ 2-227-761 242316 JM7BA113100109217
06-610822-489-TC AIDA LORENA BARQUERO CHACÓN 2-339-684 566514 JMYLNV76W5J0004000
06-611092-489-TC HANNIA TERESA CEDEÑO GONZÁLEZ 1-741-470 626145 VF1CM6AH15K533669
06-611229-489-TC CONCRETERA NACIONAL S. A. 3101005213.00 C 29785 1M2B209C4SM015236
06-610205-489-TC ZU FAN LIN 162600007.00 CL 182394 FE519BA40150
06-610211-489-TC LUIS GERARDO SÁNCHEZ BOZA 1-413-969 TSJ 5719 KMHJF31JPRU710103
06-610437-489-TC ANA LORENA VARGAS LEÓN 4-158-684 260524 1HGED3557LA037448
06-611843-489-TC EDGAR JIMÉNEZ DE BERNARDI 1-568-757 TSJ 2550 KMHVF31NPXU578964
06-612022-489-TC GERARDO ANTONIO RIVERA ARCE 1-338-872 TSJ 3524 KMHCF31FPRU233303
06-611950-489-TC FLOR MARÍA MEJÍA CHAVARRÍA 1-311-529 284978 AE1110019641
06-606924-489-TC JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ CENTENO 1-888-025 507856 KMHJF31JPMU015173
06-611825-489-TC CAROLINA BERMÚDEZ CUBERO 1-963-111 607091 KMHVF21NPRU100696
06-612131-489-TC CARLOS DE PLATA Y ONIX S. A. 3101302303.00 574009 JN1CBAN16Z0011127
06-611349-489-TC EUNICE MORA CALDERÓN 1-573-695 359810 JA3CU14A3MU070700
06-000055-647-PE SERVICIOS MÓVILES PP S. A. 3101318723.00 M 132829 LZSPCJLG155159655
06-601423-489-TC ARNOLDO ARAYA ULATE
Y MARÍA ELENA CHAVARRÍA MORA 4-099-767 1-336-128 TSJ 6140 TSJ-4337 KMHCG45G4YU112967
KMHVF31JPRU963143
05-605902-489-TC JEISOL MARÍA PASTORA RUGAMA 27019128011686.00 CL 200569 JALC4B1K6W7001651
06-600360-489-TC VÍCTOR SOLÍS GONZÁLEZ
Y LABORATORIO DE POTENCIA FLUIDA S. A. 1-297-017
Y 3101083004
RESPECTIV, 97871 Y 108061 LKJ6002137 Y DA21V102780
05-611329-489-TC PROVEEDORA DE SERVICIOS MARÍTIMOS S. A. 3-101-195041 CL-176979 3N6GD13SXZK007885
06-606770-489-TC JOSÉ GMO. ARRONES ZÚÑIGA
Y NURIA ISABEL SÁNCHEZ CALVO 1-597-575
Y 2-507-817
RESPECTIV. TSJ 925 Y 445893 KMHVF14N4TU256280
Y KMHVF21JPMU510073
06-608155-489-TC JORGE ALBERTO CHAVARRÍA NAVARRO 1-521-209 TSJ 4220 KMHVF21NPRU103646
06-604838-489-TC COMERCIAL COR S. A. 3101080313.00 CL 141534 1N6ND01S6GC305499
06-609546-489-TC INVERSIONES AKIM S. A. 3101306961 247115 KMHVF2212LU049716
07-600230-489-TC EDUARDO PATRICIO MONTERO MORENO 1-648-150 TSJ 4609 KMHVF21JPNU646804
06-604988-489-TC IVÁN MANUEL PÉREZ QUESADA 1-607-883 TSJ 2212 KMHDM41VP6U218432
06-605096-489-TC AUTOS CORCOBADO INTERNACIONAL S. A. 3101129230.00 613742 JTEBY25J800039638
06-605488-489-TC TELECENTINEL DE CENTROAMÉRICA T Y C S. A. 3101251509.00 M 120822 9C2MD35U03R100015
06-609766-489-TC EMPRESA DE MICROBUSES Y MARGIN S. A. 3101064861
Y 3101077378
RESPECTIVAM. SJB 4475 Y 205075 JALFSR11HK3601275
Y WNYD21040116
06-606153-489-TC TRANSPORTES LUIS S. A. 3101203791 415564 JDAM201G000502951
06-607100-489-TC DENIA MAYELA ARIAS ALFARO 1-949-189 422746 JTDBT113200135611
06-609456-489-TC MARIANELA ZAMORA ALFARO 1-786-396 TSJ 2001 KMHVF21NPRU126078
05-604348-489-TC BONET CONRAD AUGUSTO
Y OSCAR ARNOLDO PORRAS ROJAS 1043697364
Y 1-900-788,
RESPECTIVAM 276577 Y C-140127 JT2VV22W9K0080480
2FUYDCYB3PA415867
06-610157-489-TC LUIS JAVIER OVIEDO VEGA 1-956-400 284980 3G1JX1443VS135520
06-611517-489-TC CELENIA BELLO VARELA 6-194-285 372355 JT2EL31M8L0526938
06-603006-489-TC OLDEMAR RAMÍREZ JIMÉNEZ 1-415-120 C-025420 R686ST35692
06-611211-489-TC YURIZA CASTILLO ROSA 27016162609377.00 224822 3G1JC5449RS849614
06-612089-489-TC FREDDY RODRÍGUEZ ARRIETA 7-00690927 TSJ-3309 KMHVF31JPRU970598
06-611739-489-TC REP. LEGAL DE PRODUCTOS KANDELIT S. A. 3-101-058132 272516 1HGCB9861MA008467
06-611271-489-TC JORGE EDUARDO GUTIÉRREZ MATARRITA 5-181-822 576640 1NXAE04B1SZ291682
06-611098-489-TC CAMACHO ROJAS VÍCTOR MAN SARIO RMENTE RLARIO
RMENTE RL BANKS LTADA LTE RL. 5-000007989 25942 MOTOR NUM.4J362074
06-609830-489-TC REP. LEGAL DE CONSULTORES FINANCIEROS COFIN S. A. 3-101-291070 CB-1776 KMJTA18BP3C900185
06-609402-489-TC REP. LEGAL DE FOMENTO CAPITALINO Z Y C S. A. 3-101-212676 CL-130933 JN6ND11S0GW040485
06-608976-489-TC REP. LEGAL DE AUTOTRANSPORTES TRAECSA S. A. 3-101-125154 CB-1331 1HVBA1859DHA30727
06-608876-489-TC JURGEN SCHOSINSKI GUTIÉRREZ 1-776-098 588728 JMYMYV67W5J000217
06-608876-489-TC ALBASEA DE JORGE LUIS TOBÓN FORERO 1-832-195 412213 JTDBT113900099240
06-608650-489-TC PATRICIA ALPÍZAR QUESADA 1-443-788 557736 1HGEG8559NLO73332
06-607130-489-TC LEDA MARÍA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 7-107-674 628989 KMHVA21NPSU054332
06-606842-489-TC SHIRLEY GONZÁLEZ ZARATE 1-779-915 1753 KM20VO39925
06-604024-489-TC REP. LEGAL DE DISEÑOS ESTRUCTURAS Y SERVICIOS
ARQUITECTÓNICOS S. A. 3-101-127372 C-137910 1FUYDSEB6TP684280
07-601160-489-TC REP. LEGAL DE TRANSPORTES COSTARRICENSES J Y E S. A. 3-101-114178 C-138285 DM685S6394
07-600855-489-TC DROGUERÍA INTERMED S. A. 3-101-113158 CL-196139 JS4DA32V544130604
07-600515-489-TC ANDRÉS SOTO MONGE 1-1164-708 430729 KMHJF31KPTU281112
07-600080-489-TC ROJAS SALAS GERARDO SANTOS 9-00350796 450538 KMHVF14N7SU116318
07-600015-489-TC CÉSPEDES RUBÍ ELSIE MAYELA 9-00660474 CL-99308 9BGTC80JHHC143295
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE VALVERDE VEGA, ALAJUELA
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-600127-321-TC VIRGINIA JIMÉNEZ OLIVAS 1-198-113 22887 17E0076104
06-600005-321-TC MIGUEL ÁNGEL CECILIANO HERRERA 2-168-962 MOT 25187 MOTOR 112618
06-600109-321-TC HUBERT ANTONIO GONZÁLEZ CHAVES 6-230-174 446380 G4DJM078148
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE MENOR CUANTÍA DE JIMÉNEZ, CARTAGO
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
07-200006-359-PE ANA LUCRECIA CHAVES PERALTA 9-067-958 MOT 53019 3TS009229
JUZGADO DE TRÁNSITO DE HATILLO
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-001642-0492-TC MARÍA TEREA FALLAS GUTIÉRREZ 6-227-760 538180 KMHVF31JPMU490427
06-001648-0492-TC MARIO ALBERTO PEÑALBA 155800387415 355123 NR
N° EXPEDIENTE PROPIETARIO N° CÉDULA N° PLACA N° CHASIS
06-001743-0492-TC MARCO TULIO SALAS TORRES 5-132-503 49054 FALTA INFORMACIÓN
06-001783-0492-TC MIGUEL ÁNGEL MORALES FALLAS 1-289-832 TSJ-4756 LX800000979
06-001832-0492-TC GUILLERMO FRANCISCO NOVOA SOLANO 1-854-868 TSJ-4120 LS130-015254
06-001879-0492-TC GUILLERMO FRANCISCO NOVOA SOLANO 1-854-868 TSJ-4120 LS130-015254
06-002192-0492-TC AMANDA REYES RODRÍGUEZ 1-948-059 529958 KMHJF31JPSU894956
06-002197-0492-TC RONALD MARTÍNEZ LEIVA 3-168-467 C-10210 FALTA INFORMACIÓN
06-002222-0492-TC MARCO ANTONIO SÁNCHEZ PEREIRA 1-826-163 230228 1HGED3547JA044713
06-002267-0492-TC LUIS BARRATES ARROYO, REP. LEGAL
FADA MULTIRANS BL S. A. 1-598-319 581668 KMHVF21JPPU24471
06-002274-0492-TC ALBAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 4-145-827 TSJ -2271 KMHVA21NPSU045725
06-002368-0492-TC ELADIO ARAYA MENA, REP. LEGAL
TRANSPORTES COSTARRICENSES J Y E S. A. 3-197-1312 C-135159 1M2K127C8HM010020
06-002406-0492-TC MARISOL GÓNGORA CALDERÓN 1-1100-760 272992 JF1KA72A5KB712330
06-002406-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL ARRENDADORA K S. A. 3101272742 CL-202769 KMFVA17LP5C007102
06-002436-0492-TC GILBERT MORALES HERRERA 1-254-860 426945 1HGEG855XPL031660
06-002436-0492-TC RAFAEL MARTÍNEZ PANIAGUA,
REP. LEGAL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ S. A. 4-033-5755 CL-106669 LN1110000084
06-002445-0492-TC JUAN CARLOS MARÍN VALENCIANO REP. LEGAL
ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS TRAMAR S. R. L. 1-959-886 CL-135222 9BD146000R8386616
06-002448-0492-TC JORGE ALPÍZAR DELGADO 1-493-130 MOT-83333 C5PD003279
06-002470-0492-TC PETER ANDRE GARCÍA, REP. LEGAL DE ARUSHA
INTERNACIONAL S. A. 1-563-188 MOT-114915 DG01X004232
06-002476-0492-TC JOSÉ LUIS VARGAS SOLÍS 4-135-005 396084 KMHVF21NPRU045077
06-002476-0492-TC DANIEL ELIZONDO HERNÁNDEZ 1-1309-809 CL-103354 LB120-131019
06-002477-0492-TC RODOLFO ARTAVIA GUIDO 1-1119-961 441292 KMHJF31JPNU215756
06-002487-0492-TC YAMILETH MUÑOZ MONGE 3-246-134 608469 JTEHH20V106125603
06-002491-0492-TC MANUEL JIMÉNEZ MARÍN 1-689-139 AB-1176 BB20-0010413
06-002530-0492-TC BERYL GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 1-992-533 502371 KMHJF31JPPU584238
06-002549-0492-TC JUAN MADRIGAL RAMÍREZ 9-072-793 C-132606 FALTA INFORMACIÓN
06-002580-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL ARRENDADORA K S. A. 3101272742 CL-203401 8AJFR22G304502398
06-002592-0492-TC INGRID RAMÍREZ CHACÓN 6-145-195 643081 KMHVF21JPPU787230
06-002613-0492-TC ALVÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 4-145-827 TSJ-2271 KMHVA21NPSU045725
06-002691-0492-TC ANA UMAÑA CORDERO 1-418-395 339076 JT2EL31DXKO335262
06-002694-0492-TC JENNY CÉSPEDES MADRIGAL 1-954-504 646860 KMHVF21NPRU051783
06-002694-0492-TC DÁMASO DÍAZ BRAN 5-221-795 646860 KMHVF21NPRU051783
06-002735-0492-TC CARLOS CERDAS PEREIRA 3-181-793 CL-142278 1N6SD11S1LC355682
06-002735-0492-TC EDWIN ARIAS VENEGAS 5-208-885 443939 KMHVF31JPRU947851
06-002785-0492-TC GRACIELA FALLAS LARA 1-1100-363 515658 KMHVF21NPRU038609
06-002720-0492-TC LUIS MARIANO VALERIO ELLIS 1-879-328 166927 KMHVF31JPNU634166
06-002787-0492-TC GINNETTE GONZÁLEZ ROQUE 6-091-203 TSJ-1008 KMHVF31JPRU947802
06-002794-0492-TC CAROLINA COREA GONZÁLEZ 1-774-010 CL-152903 1N6SD11S6MC334876
06-002802-0492-TC JOSÉ ZENÓN SOLÍS SOLÍS 1-231-787 TSJ-4340 KMHJF24M6TU257846
06-002810-0492-TC ALFREDO VALVERDE RODRÍGUEZ, REP. LEGAL
SERVICIO LOCAL DE EMERGENCIAS S. A. 1-834-301 438246 1FDJS34M9PHB92216
06-002816-0492-TC JESÚS ZÚÑIGA CAMACHO 9-058-391 TSJ-5774 KMHVF31JPPU757131
06-002825-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL DE TRACTO CAMIONES
DE CENTROAMÉRICA T.C.C.A. S. A. 3101381182 C-29787 1FUEYCYB2HH294478
06-002835-0492-TC DAMARIS JIMÉNEZ LOBO 1-775-388 491414 KMHJF31JPSU891222
06-002851-0492-TC JORGE MIRANDA GONZÁLEZ 1-827-944 MOT-133942 LC6PAGA1X50818656
06-002867-0492-TC GERMAN CALDERÓN ROJAS 1-904-250 CL-126843 JN6ND11S7HW023989
06-008760-0174-TR GERARDO CAMPOS SALAS 6-119-989 CL-131306 JT4RN50R8G0120465
06-008760-0174-TR LUIS ALVARADO FALLAS 1-644-152 CL-182053 JN6ND01SXDX272351
07-000001-0492-TC LUIS VARGAS ACUÑA 3-238-573 461608 KMHVF31JPMU503838
07-000053-0492-TC IVETTE MONTERO VALLEJO 5-263-623 TSJ-4982 KMHJF31JPRU712136
07-000053-0492-TC SOO JACOBO LI 8-024-555 CL-120160 JAANKR58EP7100124
07-000071-0492-TC VÍCTOR PORRAS MORA 1-600-177 CL-183686 8AFER13F72J246938
07-000090-0492-TC LUZ VINDAS ALFARO 1-629-160 401729 KMHVF21JPNU659630
07-000110-0492-TC BLANCA PORRAS ESPINOZA 6-272-805 CL-129842 FE434EA74580
07-000156-0492-TC FULVIO GONZÁLEZ MATARRITA 5-309-051 646935 KMHJF31JPRU676513
07-000184-0492-TC GINNETTE GONZÁLEZ ROQUE 6-910-203 TSJ-1008 KMHVF31JPRU947802
07-000187-0492-TC GERARDO CAMBRONERO AGUILUZ 2-510-861 TSJ-5240 KMHVF31JPRU958416
07-000234-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL TECNO PLÁSTICO
DE COSTA RICA S. A. 3101089789 132089 WDB1240231A026743
07-000263-0492-TC EDWIN SOLÍS GUERRERO 1-1120-292 CL-168850 VF1FC0EAF19341813
07-000290-0492-TC DIDIER CARPIO MONTENEGRO 1-993-417 MOT-70873 95000671
07-000305-0492-TC CARLOS ROJAS DUARTE 5-317-386 C-136870 2FUYDDYB5TA815896
07-00317-0492-TC RONALD NARANJO SOLÍS 1-409-1194 95681 TE31093049
07-00365-0492-TC ROY HERRERA MUÑOZ, REP LEGAL CONSULTORES
FINANCIEROS COFIN S. A. 1-833-948 C-138378 1M2AG12C14M012830
07-00396-0492-TC MARCO GONZÁLEZ BARRANTES 3-315-508 CL-168903 1N6SD16S6LC419207
07-00398-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL INDUSTRIAS DEL VALLE E I R L 3105132274 CL-131579 KNCSB1111PS513542
07-00418-0492-TC VÍCTOR JIMÉNEZ LEITÓN 1-836-631 343930 KMHVF31JPPU924807
07-00426-0492-TC FRANCISCO FARIÑAS RUIZ 270110244476778 661864 WBAVA71077PR97958
07-00436-0492-TC LEONEL VARGAS GONZÁLEZ 4-178-206 190197 JHMCA538XHC085947
07-00450-0492-TC ROSE MARY MADRIGAL HUERTAS 1-600-288 347390 KMHVF21JPMU548874
07-00500-0492-TC EUGENIO HERNÁNDEZ MARÍN 4-124-891 CL-146508 JAACL11L5J7219040
07-00500-0492-TC JOICY SOLÍS CASTRO 1-697-537 352575 KMHVF21NPRU028947
07-00506-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL DE EXTERIORES MODERNOS
DE COSTA RICA AC S. A. 3101346217 624167 JM7BK226661174972
07-00508-0492-TC REPRESENTANTE LEGAL DE R & C INVERSIONES
GOICOECHEA QUIRÓS S. A. 3101213446 CL-194668 8AFER13F94J317947
Se hace del conocimiento de estas personas, que de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Tránsito, tienen derecho a comparecer al Despacho Judicial, dentro del término de ocho días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, a manifestar se desean constituirse como parte o no del proceso, con la advertencia que de no hacerlo, se entenderá que renuncian a ese derecho y los trámites continuarán hasta sentencia. Publíquese.
San José, 10 de abril del 2007.
Alfredo Jones León
1 vez.—(30765). Director Ejecutivo
Res. Nº 2007-01145.—Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas y veintidós minutos del treinta de enero del dos mil siete. Expediente Nº 04-000529-0007-CO.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Federico Malavassi Calvo, mayor, abogado, con cédula de identidad número 3-217-975, vecino de San Pedro de Montes de Oca; Ronaldo Alfaro García, mayor, casado, administrador, con cédula de identidad número 1-405-1335, vecino de San Antonio de Belén; Peter Guevara Guth, mayor, casado, arquitecto, con cédula de identidad número 1-699-102, vecino de Puntarenas; Carlos Herrera Calvo, mayor, casado, contador público, con cédula de identidad número 1-596-737, vecino de Cartago; Carlos Salazar Ramírez, mayor, soltero, economista agrícola, con cédula de identidad número 2-351-215, vecino de San Carlos; contra los artículos 14, 21 párrafo 5°, 28, 38, 45, 46, 47, 48, 49, y por conexidad, el 81, todos ellos de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica. Intervinieron también en el proceso Farid Beirute Brenes en representación de la Procuraduría General de la República
Resultando:
1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:05 horas del 21 de enero del 2004, los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 14, 21 párrafo 5°, 28, 38, 45, 46, 47, 48, 49, y por conexidad, el 81, todos ellos de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica. Alegan que el artículo 14 es inconstitucional porque concede licencias con goce de salario por plazos irrazonables y desproporcionados en relación con otros trabajadores del sector público e incluso privado. Asimismo, consideran que resulta un trato diferenciado que unos funcionarios gocen de permisos incluso por más de tres meses, como lo permite ese artículo. Tal prebenda -según la califican los accionantes- además de vulnerar el principio de igualdad, sacrifica fondos públicos que pagan todos los costarricenses. Señalan que los artículos 21 y 38 son inconstitucionales porque conceden a los trabajadores que laboren en días feriados triple remuneración, en discriminación de todos los que, en las mismas condiciones, solo reciben pago doble. Asimismo, los artículos 28, 45, 46, 47 48 y 49 contradicen todos el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ya que otorgan a los empleados subvenciones por actividades que no tienen nada que ver con el mejoramiento o eficiencia en la prestación del servicio. Señalan que en el artículo 28 se pacta una dotación mínima (sin fijar monto máximo ni describir la forma de uso de los recursos) de ¢500.000,00 mensuales para el comedor de los empleados. De igual forma, el artículo 45 concede una ayuda por el matrimonio del empleado y el 46 por el nacimiento de un hijo. Reclaman que el artículo 47 fija un subsidio, a cargo del banco, por la cantidad de hijos del trabajador, el 48 por estudios realizados y 49 por años de servicio. Además, en el artículo 81 se acordó el ajuste anual de los beneficios, razón por la que, por conexidad debe declararse inconstitucional.
2º—A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que de acuerdo con el artículo 75, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ellos derivan su legitimación, pues se trata de normas que inciden en el núcleo de derechos e intereses que atañen a la colectividad en su conjunto, por cuanto constituyen una desproporción y abuso en la utilización y destino de fondos públicos, y un uso indebido del dinero de los ciudadanos, para procurar condiciones de empleo a todas luces discriminatorias para el resto de trabajadores de la administración pública.
3º—Por escrito recibido a las 10:30 horas del 17 de febrero de 2004, visible a folios 76 a 97, el señor Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, solicita ser tenido como coadyuvante pasivo de la acción, y manifiesta que posee interés legítimo para actuar en esa condición de conformidad con los artículos 141 constitucional, 28.1 de la Ley General de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues como Ministro le corresponde dirigir y estudiar los asuntos relativos al trabajo y la seguridad social, asimismo, velar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a dichas materias, sobre todo aquellas relativas a las relaciones entre patronos y trabajadores. De esta manera, le compete al Ministerio en cuestión proteger el trabajo humano y los derechos de los trabajadores, por cuanto debe estudiar y procurar la solución de todos los problemas resultantes de las relaciones entre el capital y el trabajo, así como formular y dirigir la política nacional en dichos campos. En cuanto al caso en concreto, señala que en la actualidad, a los derechos de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga se les ha conferido una categoría de derechos humanos supra constitucionales, los cuales deben ser reconocidos a todos los trabajadores sin discriminación alguna. Manifiesta que en cuanto a la negociación colectiva, la OIT ha establecido que la exclusión en bloque de dicho derecho para todos los empleados del sector público que tengan una relación estatutaria, incluso si trabajan en empresas públicas o comerciales o en instituciones públicas autónomas, es excesiva y desconocedora de un derecho humano fundamental reconocido a nivel internacional. Por otro lado, menciona que el Ministerio que representa, incluyendo su persona, se encuentra en total desacuerdo con la aplicación y el uso abusivo que en algunas ocasiones se le ha dado al instituto de la convención colectiva de trabajo en el sector público. Pero ante esto, las deficiencias de dichas convenciones que las autoridades han reprochado no resultan imputables a los trabajadores; pues ante la concesión de derechos mínimos que concede la legislación laboral, se utilizan las convenciones colectivas como instrumento de negociación para lograr mejores condiciones salariales y de trabajo, donde los representantes de los trabajadores solicitan a los jerarcas lo que se desea, y éstos últimos están en la obligación de actuar con responsabilidad en la concesión o no de las peticiones planteadas. Indica que la OIT en sus reuniones ha considerado que luego del análisis de las sentencias de la Sala Constitucional sobre esta materia, se denota confusión, incertidumbre e inseguridad jurídica en cuanto al alcance del derecho de negociación colectiva en el sector público. Estima, asimismo, que las cláusulas de dichas convenciones solamente podrían anularse por defectos o por incumplimiento de los mínimos legales, pues de lo contrario, dichas anulaciones podrían incidir sobre la confianza de la negociación colectiva como medio de resolución de conflictos y dar lugar a una desvalorización de las mismas. Dicha organización ha establecido que el derecho de negociar convenciones colectivas de trabajo le debería ser reconocido a todos los funcionarios públicos y sólo deberían inhibirse de aquello, quienes representan la voluntad de la Administración Pública. Referente al artículo 14 de la Convención impugnada manifiesta que la concesión de permisos similares está prevista en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, y encuentra respaldo en el Convenio 135 y en la Recomendación 143 ambos de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales fueron ratificados por la Asamblea Legislativa de la República; y además, dicho beneficio ha sido reconocido a la generalidad de los servidores públicos, por lo cual no resulta contrario a los criterio de proporcionalidad y razonabilidad. En cuanto al artículo 21 y 38 considera que los derechos concedidos por la legislación laboral son mínimos, por lo tanto pueden ser mejorados por la negociación, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política y los numerales 11 y 12 del Código de Trabajo, los cuales permiten que las partes de la relación laboral dispongan nuevas disposiciones. Opina que resolver lo contrario, implicaría desconocer la finalidad de las convenciones colectivas, y pensar que la normativa laboral concede beneficios máximos a los trabajadores, lo cual va en contra de los principios del Derecho del Trabajo. Considera que la convención otorga únicamente un beneficio adicional de un “tanto” en el pago de la jornada que se realiza durante los feriados, además que otorga el beneficio de subvención en los comedores al igual que diferentes instituciones públicas para hacer más asequibles los productos a los servidores y tomando en cuenta que es imposible que se trasladen a sus hogares por la jornada y el tránsito. Alega que las sumas que se otorgan por matrimonio y nacimiento son simbólicas y responden al principio de justicia social, además que existe un interés en estimular la educación, la formación profesional y la capacitación de los trabajadores. Estima que los incentivos son una forma de estimular la permanencia de trabajadores y aprovechar la mayor capacitación y experiencia adquirida en el desempeño de las funciones. Finalmente, señala que el artículo 81 de la convención colectiva pretende que los trabajadores conserven el poder adquisitivo, por lo que se procura actualizar los montos de los beneficios. Solicita que se desestime la acción interpuesta.
4º—Mediante resolución de las 10:15 horas del 13 de abril de 2004, visible a folio 98 del expediente, el Presidente de la Sala Constitucional previno a los accionantes para que aclararan si también impugnaban los artículos 27, 29 y 43 de la Convención Colectiva y los fundamentos para ello. Por otro lado, también se les advirtió que debían autenticar las firmas de Rolando Alfaro García, Peter Guevara Guth, Carlos Herrera Calvo y Carlos Salazar Ramírez y aportar dos juegos de copias del escrito de interposición de la presente acción de inconstitucionalidad.
5º—Según constancia emitida el 19 de abril de 2004, visible a folio 103, la Lic. Katty Villalobos Carvajal se apersonó a la Sala con la finalidad de cumplir con lo prevenido en la resolución de las 10:15 horas del 13 de abril de 2004, específicamente en cuanto a la autenticación de las firmas de los accionantes.
6º—Mediante escrito recibido a las 9:25 horas del 19 de abril de 2004, visible a folio 104, el accionante Federico Malavassi Calvo manifiesta que por error se impugnaron los artículos 27, 29 y 43 de la Convención Colectiva en cuestión, por lo que solicita que se haga caso omiso de las mencionadas disposiciones. Asimismo, aportó los dos juegos de copias del escrito de interposición de la acción de inconstitucionalidad.
7º—Por resolución de las 11:15 horas del 20 de abril de 2004 (visible a folio 107 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Gerente del Banco Nacional de Costa Rica y al Secretario General del Sindicato de Empleados del mencionado Banco.
8º—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 81, 82 y 83 del Boletín Judicial, de los días 27, 28 y 29 de abril de 2004 (folio 112).
9º—Mediante escrito recibido a las 15:56 horas del 3 de mayo de 2004, visible a folio 113, el señor Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, reitera su establecimiento como coadyuvante pasivo, y asimismo, reafirma lo dicho en el escrito recibido a las 10:30 horas del 17 de febrero de 2004.
10.—El señor William Hayden Quintero, en su calidad de Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica contesta a folio 135 la audiencia concedida, manifestando que el derecho de los trabajadores a suscribir con sus patronos convenciones colectivas fue reconocido expresamente por el Constituyente en el numeral 62 de la Constitución Política. Asimismo, dicho derecho fue desarrollado en el Código de Trabajo en los artículos 54 al 65. Indica que la convención colectiva constituye un instrumento de paz social, cuyo fin es regular en un ámbito determinado las relaciones entre patronos y trabajadores, bajo mejores condiciones que las dispuestas por el mínimo de derechos que sobre el particular establece la legislación laboral, todo ello con la finalidad de mejorar los derechos de trabajadores sin pretender perjudicar la estabilidad económico-financiera de la parte patronal. En cuanto a la posibilidad de suscribir convenciones colectivas por parte de empleados de empresas o servicios económicos del Estado, indica que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, estos no participan de la gestión publica de la Administración, por lo que están sometidos al derecho común, que en virtud del articulo 112 inciso 2) de la Ley General de la Administración Publica, se rige por el Derecho laboral, lo cual los faculta para negociar colectivamente. Indica que de conformidad con los artículos 191 y 192 de Constitución Política se infiere la voluntad del constituyente de abstraer a los servidores del sector público de las reglas generales que informan al Derecho Colectivo del Trabajo, sujetándolo a una relación especial de empleo público regida por el Derecho Público. No obstante, mediante el desarrollo de nuevas ideas jurídicas, la adopción de Convenios de la OIT y la jurisprudencia constitucional, se han llegado a admitir las convenciones colectivas. Manifiesta que la mayoría de los beneficios obtenidos en dichas convenciones, inciden sobre las categorías salariales de más bajos ingresos. Asimismo, indica que las sumas mencionadas por la normativa impugnada son cifras exiguas para el costo de la vida actualmente, y es por ello que muchas de ellas se tornan en concesiones simbólicas. Por lo anterior, solicita que se declare sin lugar la acción.
11.—Mediante escrito recibido a las 11:30 horas del 7 de mayo de 2004, el cual consta a folio 141 al 152, la señora Teresita Quirós Paniagua, empleada del Banco Nacional de Costa Rica, se apersona como coadyuvante pasiva y manifiesta que la acción de inconstitucionalidad en cuestión fue interpuesta sin que mediara asunto previo según lo requerido en el articulo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Estima que los accionantes interpusieron la acción a título personal, pues no son titulares de los intereses que intervienen en el caso concreto. Indica que el constituyente, mediante el artículo 62, plasmó el derecho de los trabajadores de negociar convenciones colectivas, otorgándole a ese instrumento el rango de ley. Asimismo, dicha institución se encuentra sustentada por los convenciones de la OIT, especialmente la Convención Nº 98. Es por ello que las convenciones colectivas se constituyen como derecho fundamental de todos los trabajadores del país. Por otra parte manifiesta que la convención colectiva se constituye como la conquista valerosa de los trabajadores, por lo que no puede ser utilizada como lo hacen los accionantes para invocar una desigualdad en relación con el resto de trabajadores del país. Señala que es labor de los patronos el decidir, dentro de las posibilidades presupuestarias, el límite que debe ponerse a las peticiones manifestadas por los trabajadores. En relación con el artículo 38 manifiesta que es viable dentro de una convención colectiva ampliar o mejorar el derecho de remuneración. Señala que la convención colectiva es un instrumento para mejorar los derechos mínimos establecidos en el Código de Trabajo. En cuanto al artículo 28 impugnado, indica que el tipo de subvenciones que establece se dan por la existencia de la jornada continua. Asimismo, considera que un aporte de 500.000 colones a los comedores, tomando en cuenta que la población de empleados es de más de 4.000 personas, no es irrazonable. Además, dicha suma de dinero constituye una forma de retribución al trabajador, como medio de motivar el rendimiento en el trabajo. Referente a los artículos 45, 46 y 47, son beneficios que solamente reciben los trabajadores de más baja categoría en la escala salarial, es por ello que dicha cantidad de dinero representa un acto de justicia y solidaridad social, de esta manera, constituye un forma de retribución adicional para el trabajador de cuyo salario único dependen los miembros de su familia. En relación con el numeral 48, considera que tiene como finalidad promover la superación académica del personal, lo que viene a materializar lo establecido en el artículo 83 constitucional, por lo que dichos incentivos son totalmente racionales. En cuanto al artículo 49, menciona que el Banco Nacional invierte importantes recursos en la capacitación de sus funcionarios, tanto a nivel técnico como profesional por cuanto cada día más requiere de una persona muy especializada para brindar un mejor servicio y alcanzar mayor éxito en su gestión. Frente a lo anterior, dicho ente, considerando su responsabilidad en cuanto al manejo de los fondos públicos que administra, debe a toda costa evitar la pérdida de personal que además de su preparación académica, cuenta con la vasta experiencia en materia bancaria. Además, señala que dicho incentivo no es nuevo, sino tiene pleno arraigo en el Derecho Laboral. Finalmente, señala que el artículo 81 no puede ser considerado como inconstitucional, dado que los otros artículos impugnados tampoco podrían considerarse como inconstitucionales. Solicita que se desestime la acción planteada.
12.—La Procuraduría General de la República rindió su informe visible de folios 154 a 165. Señala que comparte la opinión de los accionantes en cuanto a su legitimación para la interposición de la presente acción, pues algunas de las normas impugnadas incluyen beneficios desproporcionados e irrazonables, financiados con fondos públicos, obtenidos de todos los habitantes con ocasión de sus aportes o contribuciones forzosas a la Institución. En cuanto al artículo 14 impugnado, considera que la norma establece limitaciones y controles que buscan impedir abusos en el otorgamiento de los mencionados permisos, evitando así un uso irracional o desproporcionado de los mismos, lo que restringe, sin lugar a dudas, la actuación discrecional hacia un uso indebido de las referidas licencias. Referente a los artículos 21 y 38 de la Convención Colectiva, indica que generalmente en dichas situaciones, se concede a los trabajadores, de conformidad con los artículos 149 y 152 del Código de Trabajo, el pago del doble del salario que ordinariamente se retribuye; es por ello que estima que las mencionadas disposiciones constituyen un privilegio a favor de los trabajadores del Banco Nacional; y de esta manera, se infringe el artículo 33 constitucional, al establecer las normas en mención un trato distinto e injustificado, respecto del resto de trabajadores, tanto del sector público como del privado, en cuanto al pago que se establece por laborar en días feriados. En relación con el artículo 28 objetado, afirma que se trata de disposiciones que otorgan beneficios similares, en la medida que carecen de fundamento, y que constituyen una suerte de donación con el consiguiente desvío injustificado de fondos públicos hacia objetivos que la ley no le asigna. Referente a los artículos 45, 46, 47, 48 y 49; menciona que el giro de sumas de dinero del presupuesto de la Institución, para los propósitos indicados en los anteriores artículos, significa un desvío injustificado de los fondos del Banco y un uso irrazonable de los mismos, cuyo objetivo no parece ser otro que el mero otorgamiento gratuito de beneficios pecuniarios, sin relación alguna con los objetivos y fines de la entidad bancaria, todo lo cual resulta violatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como los de igualdad y legalidad. En cuanto al artículo 48, referido al Incentivo al Personal por Estudios Realizados al Servicio del Banco, manifiesta que con excepción de los programas de capacitación, en los demás casos no se notan parámetros que determinen una eficaz y razonable aplicación del mencionado incentivo, al no discriminarse, al menos, que los estudios tengan relación con la actividad y fines del Banco. El acceso al incentivo es tan amplio que alcanza cualquier curso o carrera, con tal que sea universitaria, sin importar si se adecua o no a las necesidades y fines de la Institución, por lo que pareciera tratarse, más bien, del otorgamiento de un beneficio pecuniario en forma gratuita, y adicional a otros incentivos económicos que se reconocen en el sector descentralizado y en las empresas públicas, tales como la carrera profesional, que es el medio por el cual se estimula a la superación académica y laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública. En lo tocante al artículo 49, sobre el Incentivo Especial Anual por Años de Servicio, indica que en el ámbito del empleo público existe un régimen de méritos, que reconoce la antigüedad en el servicio. En el caso de los servidores del Banco Nacional de Costa Rica existe un régimen de reconocimiento de antigüedad establecido en el Reglamento de Administración de Personal, y en el artículo 37 de su Convención Colectiva de Trabajo un incentivo anual por años de servicio a los empleados que obtengan una evaluación mínima de satisfactorio, lo cual constituye una disposición sin ningún criterio de necesidad y por ende, totalmente injustificada, ajena, además, a los fines y propósitos de la Institución. En relación con el artículo 81 impugnado estima que es improcedente la anulación por conexidad, en razón de que no concurren los supuestos requeridos para que opere la referida conexidad. Además, dicha norma tiene relación con la aplicación de otros artículos (44 y 54) de la convención colectiva que, los cuales no han sido impugnados. Finalmente manifiesta que las disposiciones impugnadas, excepto los artículos 14 y 81, contemplan beneficios con implicaciones económicas en contravención de la normativa vigente y del correcto empleo de fondos públicos. Con la salvedad indicada, ciertamente las disposiciones cuestionadas, obligan a la entidad bancaria a reconocer beneficios que implican una carga financiera, que se satisface con recursos públicos, lo que constituye un indebido manejo de los fondos de la Institución, que son recursos de todos los habitantes, violando así los principios constitucionales de legalidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.
13.—El señor Olger Chaves Miranda contesta a folio 166 la audiencia concedida, manifestando que en cuanto a la legitimación alegada por los accionantes, no constituye ninguno de los presupuestos establecidos en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y por ello, la presente acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. Por otra parte, indica que de acuerdo con los pronunciamientos dictados por la OIT, la sede de la jurisdicción constitucional no es la idónea para ventilar esta clase de controversias. Ante esto señala que dicha autoridad estableció que solamente por defectos de forma o por incumplimiento de los mínimos legales podrían anularse las cláusulas convencionales; dado que una resolución similar en otras circunstancias podría dar lugar a una desvalorización de la autonomía de las partes y del instrumento de la convención colectiva. De acuerdo con todo lo anterior, manifiesta que la OIT solicitó a la Sala Constitucional garantizar la supremacía de la aplicación del Convenio Nº 98 OIT, aprobado por la Asamblea Legislativa por Ley Nº 2561 del 11 de mayo de 1996. Apunta que la libertad sindical tiene amplio respaldo en el ordenamiento jurídico, el cual inicia con la Constitución Política en sus artículos 60, 61 y 62; también se consideran las fuentes del Derecho Internacional, como por ejemplo los convenios de OIT aprobados por la Asamblea Legislativa, el artículo XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y artículo 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y finalmente, las disposiciones del Código de Trabajo, entre ellas los artículos 363 y siguientes y, 54 y siguientes. Considera que la presente acción de inconstitucionalidad carece de sustento puesto que no puede producirse ningún trato discriminatorio o actuación desproporcionada o irrazonable, al ejercerse un derecho fundamental. Señala que la libertad sindical, la cual comprende la negociación colectiva, es un componente esencial de todo sistema democrático; principalmente porque busca promover un adecuado y justiciero equilibrio en la distribución de la riqueza, es por que el déficit que surge de la relación laboral se procura compensar mediante el reconocimiento del carácter interlocutor que le corresponde a los sindicatos; ello porque son considerados por la legislación como los medios más eficaces para contribuir al desarrollo de la cultura popular y la democracia costarricense. Asimismo, el Código de Trabajo reconoce a los sindicatos como actividad principal, en su artículo 340, el celebrar convenciones y contratos colectivos. Por otra parte, indica que las convenciones colectivas en el sector público son deseables, dado que se constituyen como la forma democrática y participativa más idónea para regular las condiciones de trabajo. Señala que las disposiciones impugnadas cumplen el principio de legalidad, dado que la autoridad administrativa le confirió a la Convención Colectiva la homologación correspondiente al no quebrantar el ordenamiento jurídico; asimismo, la Contraloría General de la República autorizó las partidas presupuestarias destinadas a satisfacer los compromisos definidos en la Convención impugnada; es por ello que se considera que dichas disposiciones cumplen con el principio de legalidad presupuestaria, lo cual desvirtúa que impliquen privilegio desmedidos de recursos públicos. Manifiesta que el régimen de empleo del Banco Nacional se rige por las normas contenidas en el inciso 3) del artículo 111, en relación con el inciso 2) del artículo 112, ambos de la Ley General de la Administración Pública; es por ello que las estipulaciones contractuales son susceptibles de ser mejoradas. Señala que se debe considerar, además, que las condiciones de empleo de los trabajadores del Banco Nacional, desde el punto de vista legal no son susceptibles de compararse con las del resto de los servidores públicos, porque la naturaleza de su régimen jurídico es muy distinto; es por ello que no podría realizarse un análisis en función del principio de igualdad jurídica. Indica que los beneficios negociados le han procurado a la entidad empleadora, profesionalizar su personal, optimizar la administración del recurso humano y fomentar una cultura laboral comprometida con los intereses institucionales, de lo cual todos los costarricenses se ven favorecidos. Apunta que si no resulta pertinente el principio de igualdad en el ámbito de la Administración Pública para tratar de establecer diferencias en las condiciones laborales, mucho menos resulta válida la alegación de dicho principio para cuestionar la constitucionalidad de determinados beneficios o derechos establecidos en convenciones colectivas, de frente al resto de las condiciones tan disímiles de los empleados y funcionarios públicos, cuyo objetivo es establecer un régimen de empleo diferenciado, en función del giro de la empresa, sus posibilidades presupuestarias, la dinámica de la acción sindical y la tradición de la negociación colectiva en el ámbito de la cada empresa. Considera que la aceptación del principio de igualdad como parámetro de análisis de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores, implicaría sancionar la invalidez de las convenciones colectivas, porque justamente mediante estos instrumentos colectivos se busca mejorar los derechos de los trabajadores, desde luego limitándose esta acción reivindicadora al ámbito de la empresa o institución correspondiente; menciona que de ser así, resultaría que todo beneficio de convención colectiva corre el riesgo que se llegue a considerar como un privilegio sencillamente por la razón de que el resto no lo disfrutan, desconociéndose la función teleológica que cumple la convención colectiva de trabajo. Estima que el argumento es falaz, porque no todo trato diferenciado implica una lesión al principio de igualdad; indica que dicho principio se quebranta solamente cuando se establecen tratos que configuran verdaderas situaciones de discriminación, arbitrarias o que carecen de toda justificación. Por otro lado, afirma que si a una convención colectiva se le despoja de todo contenido patrimonial, lo que se configura como el propósito de los accionantes, se vuelve nugatorio el derecho en sí mismo. En cuanto al artículo 14 impugnado indica que tiene pleno fundamento en los numerales 60 y 62 constitucionales, así como en los Convenios Nº 87, 98 y 135 de la OIT, la Recomendación 143 de OIT y los artículos 54, 55, 58 y concordantes del Código de Trabajo; menciona que todas ellas consagran la libertad sindical, de la cual se infiere la obligación que tiene el Estado de tutelar efectivamente y promocionar la citada libertad. Afirma que esta clase de licencia sindical es muy usual en la Administración Pública, y se encuentra contemplada en el artículo 33 del Estatuto de Servicio Civil; asimismo, es materia que de ordinario regulan las otras convenciones colectivas que existen en el sector público e incluso, de las pocas que se han logrado celebrar en el sector privado. De igual manera apunta que la norma no es desproporcionada ni está sujeta al libre arbitrio de la entidad patronal, dado que su texto define parámetros razonables y objetivos de aplicación. En relación con los artículos 21 y 38, considera que es justificado establecer el pago triple de los días de pago obligatorio, pero no del pago del 2 de agosto y del 12 de octubre, ello porque ambos feriados igualmente se pagan y además, la ley estableció una distinción en lo que a la remuneración de aquellos y otros días se refiere. Manifiesta que ese tipo de mejoras en la remuneración de los feriados son legalmente viables en una convención colectiva, propias del objetivo esencial de estos instrumentos, y que de negarse, simplemente se estaría degradando o enervando el derecho de contratación colectiva; además, considera que dicha remuneración es proporcionada y razonable, puesto que sólo fija un tanto más –por arriba del mínimo de ley -en la remuneración de los feriados de pago legal obligatorio, que efectivamente trabajen los empleados. Referente a los artículos 28, 45, 46, 47 impugnados, indica que el contrato de trabajo es una figura que no se agota en el mero intercambio patrimonial de prestaciones, sino que además del mismo derivan deberes comunes para las partes; asimismo, indica que del contrato de trabajo emergen deberes de carácter asistencial y previsión, que realzan la dignificación de la persona que se alcanza mediante el trabajo, expresión de la justicia social y la política permanente de solidaridad nacional, de conformidad con los artículos 56 y 74 de la Constitución Política. Manifiesta que las prestaciones inmanentes al contenido ético del contrato de trabajo son expresión del “justo salario”, el cual es tema central de la doctrina social de la Iglesia. Menciona que las prestaciones contenidas en estas cláusulas se negociaron y reconocieron en función de determinadas necesidades de los trabajadores, donde la entidad patronal estimó razonable, justo y conveniente contribuir mediante la realización de determinados aportes. Considera que la contribución destinada a los comedores (artículo 28) resulta justa y conveniente, dado al hecho de que el Banco Nacional tiene más de 4.000 empleados que trabajan la jornada continua. Referente a la contribución por matrimonio (artículo 45), indica que es una manifestación elemental de solidaridad, cuyo monto fijado es meramente simbólico; lo mismo sucede con la contribución por gastos de nacimiento de cada hijo (artículo 46); señala que dichas sumas se les reconoce solamente a las categorías más bajas del escalafón de sueldos. En relación con el numeral 47, menciona que tiene su antecedente en el artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil. Las anteriores disposiciones reconocen la trascendencia de la familia, que a su vez es reconocida por la Constitución Política; asimismo, todas ellas tienen un intenso raigambre en valores éticos, amparados en una visión humanista y solidaria del trabajo, que funciona como eje para facilitar la realización personal del trabajador y la dignificación de su persona. En cuanto al artículo 48 impugnado, estima que la creciente preparación y formación académica de los trabajadores, incide directa y cualitativamente en la prestación de servicio; lo cual es importante en el sector bancario, el cual exige que el personal tenga conocimientos académicos y técnicos suficientes para que puedan atender los requerimientos de su actividad con la mayor eficiencia y dedicación. Es por medio del mencionado artículo que el Banco Nacional puede disponer de un personal más calificado profesionalmente, con la consecuente prestación de un mejor servicio de cual todos los ciudadanos gozan. Asimismo, dicha disposición favorece el desarrollo de la carrera administrativa o bancaria del trabajador, el cual se considera como un derecho de éste, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Manifiesta, también que dicha norma no deja el menor margen a la discrecionalidad administrativa, pues le atribuye al Centro de Capacitación la administración de dichos incentivos, y además, regula el procedimiento de aprobación de éstos. Afirma que la norma tiene fundamento en ciertas normas constitucionales que exigen al Estado promover la preparación técnica y cultural de los trabajadores, tales como los artículos 67 y 83 constitucionales. En cuanto al numeral 49 apunta que el incentivo por años de servicio es muy conocido tanto en el ordenamiento nacional, como en el de otros países. Indica que su finalidad es reconocer la experiencia laboral del funcionario, para así procurar que la Administración posea el personal idóneo y más capacitado. Asimismo, dicho incentivo está sujeto a la obtención de una calificación satisfactoria en una evaluación de desempeño. Finalmente, en relación con el artículo 81, menciona que dicha norma establece un criterio razonable y objetivo para ajustar el importe de los beneficios, con el objeto que mantengan su valor adquisitivo.
14.—Mediante escrito recibido a las 11:03 horas del 14 de mayo de 2004, visible a folio 228, el señor Sergio Saborío Brenes, Secretario General del Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones (SITET), se apersona para ser tomado como coadyuvante pasivo, y manifiesta que participa en dos procesos en conocimiento de la Sala Constitucional, donde en uno de ellos participan los mismos actores de la presente acción de inconstitucionalidad; en ambos se solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de ciertas cláusulas de la Convención Colectiva que se ha suscrito con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (los procesos se tramitan bajo los expedientes Nº 03-005738-0007-CO y 03-010363-0007-CO). Manifiesta que en cuanto a la legitimación invocada por los accionantes basada en el artículo 75, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no es procedente, pues tanto los bancos públicos, como los entes productores de energía, están inmersos en la economía de mercado, y deben participar de acuerdo con las normas de ésta; es por ello que se han constituido como instituciones autónomas o sociedades anónimas, siendo necesario garantizar una buena calidad en sus productos y que se dé el mejor servicio, para lo que se requiere de un personal debidamente calificado, y asimismo, mantener la planilla para evitar la fuga de trabajadores hacia la empresa privada, todo ello de conformidad con el artículo 192 de la Constitución Política. Indica que para que los entes bancarios públicos y las empresas generadoras de electricidad o telecomunicaciones puedan competir en el mercado laboral, es necesario que tengan condiciones laborales que sean atractivas para los nuevos servidores y para evitar que los que laboran ahí no se fuguen; asimismo, ello garantiza para el ente estabilidad en su planilla. Manifiesta que la igualdad entre los trabajadores del sector público no estriba en el hecho de que ambos disfruten los mismos beneficios, sino más bien en la posibilidad de disfrutarlos. Considera que es mucho más complejo garantizarle a los ciudadanos una banca pública racionalmente adecuada, si ésta podría perder los instrumentos que la hacen competitiva, dado a la disminución de los beneficios que hacen atrayente la labor en el Banco Nacional. Menciona que los beneficios obtenidos de la Convención Colectiva producen no sólo seguridad en el empleo, sino además la seguridad y tranquilidad para la institución, pues la benefician al proveerla de servicios y productos de interés nacional, de personal capacitado con gran experiencia. Por otro lado, la seguridad de que los servidores no se van a fugar al sector privado, provee al ente la garantía que mantendrá la experiencia de los empleados, lo cual es un elemento muy importante en el sector bancario, pues es necesario que el banco se encuentre actualizado. Afirma que en virtud de los beneficios obtenidos en la Convención Colectiva, se logra mejorar la calidad del servicio y que laboren en él los funcionarios más capacitados. Menciona que el derecho es una potencia que se le otorga a los ciudadanos, no es una materialidad; y en materia de derechos laborales, estos son mínimos, y si a través de una convención se logran obtener derechos superiores al mínimo, entonces esto no implica una alteración al principio de igualdad. En cuanto al artículo 14 de la Convención Colectiva en cuestión, indica que se trata de cursos y actividades de capacitación o representación necesarias para la adecuada capacitación de los sindicalistas. Considera que el sindicato requiere que los dirigentes tengan el nivel educativo acorde con la actualidad, y la participación en seminarios, congresos, conferencias y otras reuniones relacionadas con el movimiento obrero le permiten conocer lo que sucede en la sociedad mundial, la manera en que se dirige la política económica y los movimientos empresariales y laborales, todo ello con la finalidad de superarse. Señala que la supresión de dicho beneficio lesiona el derecho fundamental de negociación colectiva, pues al imponer un límite a aspectos que son trascendentales para un sindicato, le permite al patrono decidir sobre lo que debe y no debe hacer el sindicato, lo cual también lesiona el derecho a la libre asociación y al de darse su propia estrategia de acción, los cuales se encuentran protegidos por el Convenio Nº 98 de la OIT. Es por ello que alegar que dicha norma lesiona el principio de igualdad sería mal interpretar dicho principio, pues el beneficio establecido por el artículo 14 se ha obtenido mediante una ardua y conflictiva negociación, y no sería correcto que se eliminase solamente porque otras convenciones no cuentan con dicha normativa. Estima que la propuesta de la parte actora pareciera indicar que las desigualdades se resuelven reduciendo los derechos y no llevando los derechos de menor grado a los de mejor calidad, lo que debería ser totalmente opuesto, garantizando a los ciudadanos un mejor derecho. Menciona que el mismo argumento utilizado contra el artículo 14, es el empleado contra los numerales 21 y 38, con lo cual indica que los beneficios que dichos artículos encierran, son producto de una negociación donde los trabajadores ponen en peligro muchas cosas, por lo que considera una mala interpretación del principio de igualdad declararlos inconstitucionales solamente porque otros funcionarios públicos no han decido luchar para obtener normativas semejantes; es por ello que la igualdad no existe entre trabajadores del sector público, dado que unos hicieron un importante esfuerzo por obtener ciertos beneficios y los consiguieron. Apunta que según los accionantes, el Código de Trabajo se comprende como un conjunto de máximos y un conjunto único de derechos laborales. Estima que los argumentos utilizados por los accionantes en cuanto a los artículos que lesionan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no dan razones convincentes para declarar la inconstitucionalidad de éstos. Menciona que relacionado con el artículo 28, se producen beneficios tanto al ente como a los trabajadores, pues los funcionarios no tienen la necesidad de salir del edificio, y además, dicha suma de dinero se convierte en un estímulo que representa para el trabajador la cooperación que el patrono efectúa con el comedor. Asimismo, se incentiva que el funcionario sienta que el patrono piensa en él, y que a su vez, éste es justo, lo que tiende a crear un buen ambiente laboral. Manifiesta que dicha norma no choca con la Constitución, pues la finalidad de las convenciones colectivas es el negociar para ampliar los derechos laborales, para darles mayor alcance y crear nuevos derechos a favor de los trabajadores. En cuanto a los artículos 45, 46 y 47, considera que son sumas muy bajas, las cuales buscan crear en el servidor un sentimiento de pertenencia a la entidad, que se traducirá en compromiso con ésta. Indica que dichos beneficios también constituyen el instrumento idóneo para regular la relación obrero-patronal. Menciona que el Banco Nacional realiza un esfuerzo económico para enfrentar el cambiante marcado en el que opera, para así procurar una ambiente laboral atractivo para los trabajadores, y evitar que los trabajadores debidamente capacitados se fuguen al sector privado. Finalmente, afirma que negar el derecho de negociación colectiva, es negar el derecho de participación de las grandes masas de trabajadores, y sería poner en peligro al país, pues se estaría aceptando la idea que la fuerza es el medio idóneo para lograr los objetivos económicos.
15.—Mediante resolución de las 13:45 horas del 1° de junio de 2004, el Presidente de la Sala de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tuvo como coadyuvantes de esta acción al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a Teresita Quirós Paniagua y a Sergio Saborío Brenes, advirtiendo que la sentencia no alcanza al coadyuvante de manera directa e inmediata, aunque sí le podría afectar como ciudadano el efecto erga omnes del pronunciamiento correspondiente. (Folio 255)
16.—Por escrito recibido a las 13:34 horas del 21 de julio de 2004, visible a folio 263, el señor Olger Chaves Miranda, Secretario del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica, solicitó a la Magistrada Instructora que le conceda una audiencia, con la finalidad de plantear varios aspectos concernientes a la presente acción de inconstitucionalidad.
17.—La audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no se celebró por estimar esta Sala que los elementos de juicio contenidos en el expediente son suficientes para resolver el presente asunto.
18.—En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
I.—Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. Dispone el texto en cuestión que procede cuando “por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa”, es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. Sería el caso de actos que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales, y no propiamente de sus miembros en forma directa. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de “intereses difusos”; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres).
“… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter”.
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo “Estado de derechos”, que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses “que atañen a la colectividad en su conjunto”, se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.
II.—La legitimación de los accionantes en este caso. A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que los actores ostentan legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior no porque se trate de diputados de la Asamblea Legislativa, sino porque acuden en defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo es el buen manejo de los fondos públicos, que a su juicio están siendo mal empleados por parte de un órgano público como es el Banco Nacional de Costa Rica. Precisamente por estar en juego el manejo que se haga de fondos públicos, y la incidencia del tal manejo en la prestación de servicios públicos de capital importancia, es que esta Sala entiende que estamos ante una acción que pretende la tutela de intereses que atañen a la colectividad nacional en su conjunto, por lo que los actores se encuentran perfectamente legitimados para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
III.—Otros aspectos de admisibilidad. Estando claro que los actores cuentan con legitimación suficiente para promover esta demanda en los términos dichos, resta indicar que las actuaciones impugnadas están entre las previstas en el artículo 73 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por tratarse varios actos públicos de carácter general (diez cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica). Se trata, en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, los actores cumplieron los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo de la misma.
IV.—Objeto de la acción. La presente demanda, pretende que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 14, 21 párrafo 5, 28, 38, 45, 46, 47, 48 49, y por conexidad el 81 de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica y el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA). A juicio de los actores, las referidas normas son contrarias a los artículos 11 y 33 de la Constitución Política, así como a los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.
V.—Las convenciones colectivas de trabajo frente al parámetro de constitucionalidad. La posibilidad de negociar colectivamente para los trabajadores que no participan de la gestión pública de la Administración, los empleados de empresas o servicios económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al Derecho común, ha sido reconocida reiteradamente por esta Sala a partir de la sentencia número 03053-94, criterio que reitera o ratifica después en las sentencias 2000-07730 y 2000-04453. Se admite como teoría general del Derecho Colectivo Laboral, que éste se integra, principalmente, por una trilogía de derechos que persiguen hacer realidad y dar solución a la necesidad de los trabajadores de agruparse para compensar la inferioridad real en que se encuentran cuando actúan aislados, frente al patrono y ante la genérica regulación de sus derechos en el Código de Trabajo; se trata del derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y a la resolución efectiva de los conflictos colectivos. Existen dos regímenes en materia laboral: uno que se regula por el Código de Trabajo y el otro, por normas de Derecho Público. Esta Sala ha reconocido por ende que la relación entre el Estado y los servidores públicos, como tesis de principio, es una relación de empleo público o estatutaria; en otras palabras, el servidor del régimen de empleo público se encuentra en relación con la Administración, en un estado de sujeción; aquella puede imponer unilateralmente las condiciones de la organización y prestación del servicio para garantizar el bien público. Esta conclusión implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva en el sector público, de conformidad con los artículos 191 y 192 constitucionales. Por último, en la sentencia número 1696-92 de esta Sala, se declaró la inconstitucionalidad de los mecanismos del arreglo directo, la conciliación y el arbitraje para los funcionarios que realicen gestión pública pero reconociendo que es válido que los obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública de la Administración pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo, de tal forma que entes con un régimen de empleo de naturaleza laboral (no pública), como por ejemplo, las empresas del Estado, sí pueden negociar colectivamente de conformidad con las disposiciones que informan el Derecho Colectivo del Trabajo. No obstante lo anterior, es claro que por tratarse de funcionarios remunerados con fondos públicos, incluso en el caso de aquellos que puedan regir sus relaciones de trabajo por normas producto de una negociación colectiva, la situación de las instituciones públicas empleadoras nunca será equiparable a la de cualquier patrono particular, puesto que por esa vía no puede dispensarse o excepcionarse la aplicación de cualesquiera normas o principios de orden público. Sea cual sea el rango normativo que se reconozca a este tipo de instrumentos, es claro que se encuentran subordinados a las normas y principios constitucionales. Es por lo anterior que, pese al reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva y a su desarrollo en diversos instrumentos internacionales (Convenios de la Organización Internacional del Trabajo números 87, 98, 135 y 151, este último no aprobado aún por la Asamblea Legislativa), no existen, en el ordenamiento costarricense, zonas de “inmunidad constitucional”, es decir, actuaciones públicas que escapen al sometimiento al principio de regularidad constitucional. En sentencia número 2001-08239, la Sala Constitucional determinó que incluso los actos de Gobierno están sujetos al Derecho de la Constitución y por ende son susceptibles de control de constitucionalidad. De manera que incluso las cláusulas de una convención colectiva suscrita por una administración o empresa pública y sus trabajadores está enteramente sometida a las normas y principios que conforman el parámetro de constitucionalidad. En adición a lo anterior, por tratarse de decisiones que acarrean consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública, es claro que cláusulas como las ahora impugnadas pueden ser objeto de revisión no apenas respecto del cumplimiento de los procedimientos para su creación, sino incluso en relación con su adaptación a las normas y principios constitucionales de fondo. Las obligaciones contraídas por las instituciones públicas y sus empleados pueden ser objeto de un análisis de razonabilidad, economía y eficiencia, sea para evitar que a través de una convención colectiva sean limitados o lesionados derechos de los propios trabajadores, sea para evitar que se haga un uso abusivo de fondos públicos. Así, procederá ahora la Sala a analizar la validez de cada una de las cláusulas impugnadas, ordenadas según los temas traídos a discusión por los accionantes.
VI.—Licencias para actividades sindicales. Reclaman los actores que el artículo 14 de la Convención Colectiva impugnada resulta inconstitucional, ya que regula el otorgamiento por plazos irrazonables y a únicamente un grupo de trabajadores, de permisos para acudir a eventos sindicales dentro y fuera del país, haciendo una discriminación con respecto a los demás trabajadores. Al respecto, dispone la referida cláusula:
“Artículo 14: Permisos para Actividades Sindicales y Comisión Electoral.
El Banco otorgará licencia con goce de salario a los afiliados que designe el sindicato para asistir a eventos sindicales, (congresos, conferencias, seminarios y otras reuniones relacionadas con el movimiento obrero); tales permisos serán hasta por tres meses, si las actividades se realizan fuera del país y hasta un mes, si fueren dentro del mismo. En casos especiales debidamente justificados por el Sindicato, ante la jefatura de la Dirección de Desarrollo Organizaciones, los permisos podrán extenderse.
Estos permisos en conjunto no podrán sumar más de 650 días por año calendario y deberán ser solicitados a la Dirección de Desarrollo Organizaciones con no menos de ocho días de anticipación, salvo los casos especiales debidamente justificados por el Sindicato.
También el Banco concederá dos días por año con goce de sueldo a cada Delegado del SEBANA, que no podrá exceder de un Delegado por Oficina, a pedido de la Junta Directiva del Sindicato, para realizar actividades propias de su cargo. Diez miembros de la Junta Directiva del Sindicato gozarán de un día por semana para la sesión de dicha junta.
Asimismo, el Banco otorgará 50 días por año calendario, a la Comisión Electoral del SEBANA para actividades propias de su cargo. En caso de presentarse una sola papeleta el plazo anterior se reducirá al 50%.”
Respecto de la constitucionalidad de la norma antes citada, debe la Sala empezar por recordar que el artículo 60 de la Constitución Política reconoce expresamente el derecho de todos los trabajadores a sindicalizarse, como medio para obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Es así como claramente se puede afirmar que es un derecho fundamental la posibilidad de los trabajadores de hacerse representar por organizaciones sindicales para contrarrestar al menos parcialmente, su posición de inferioridad material frente al patrono. No obstante, la generalidad de la citada norma constitucional no permite comprender con la simple lectura del texto en cuestión, la dimensión del referido derecho fundamental. Para tener una idea más clara acerca de los alcances de la libertad sindical en Costa Rica, resulta necesario tomar en consideración las disposiciones acordadas por la Organización Internacional del Trabajo, en especial en sus Convenios números 87 y 135, así como en la Recomendación número 143. El Convenio número 87, Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho a la Sindicación, aprobado por Ley 2561 de once de mayo de mil novecientos sesenta, además de reconocer la libre sindicalización como un derecho básico (artículo 2°), prohíbe a los Estados intervenir en modo alguno que pueda derivar en la limitación o entorpecimiento de ese derecho. Por su parte, el Convenio número 98, Relativo a la Protección y Facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la Empresa, aprobado mediante Ley número 5968 de nueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, dispone que los representantes de los trabajadores deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluso el despido (artículo 1°); asimismo, establece que tales representantes deberán recibir de parte de sus patronos, las facilidades necesarias para llevar a cabo su función en forma rápida y eficaz (artículo 2°), remitiendo a la “legislación nacional” o a decisiones jurisdiccionales, la delimitación de los destinatarios de dicho beneficio (artículo 4°). En la misma línea, la Recomendación número 143, Sobre los Representantes de los Trabajadores, adoptada en dos de junio de mil novecientos setenta y uno, determina que los representantes sindicales deben recibir en los Estados miembros la protección y facilidades necesarias para llevar a cabo en forma efectiva su función (artículos 2 y 3); igualmente, exhorta a los Estados a disponer para los representantes sindicales, facilidades concretas, tales como tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales (artículo 10); dispone que debe de asegurar a los representantes el tiempo libre suficiente para asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales, sin menoscabo de su remuneración, prestaciones u otras ventajas sociales (artículo 11). En desarrollo de las normas supralegales citadas, el artículo 363 del Código de Trabajo prohíbe cualquier acción u omisión que tienda evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores o sindicatos. Finalmente, el artículo 33 inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil estipula que los permisos conferidos a los dirigentes y miembros de los sindicatos para asistir a cursos de capacitación en el campo sindical o de estudios generales, dentro o fuera del país, podrán serlo con goce de salario y sin deducción del período de vacaciones. El anterior cuadro sirve para constatar que Costa Rica ha reconocido ampliamente el derecho a la sindicación, así como la necesidad de dar a los representantes de los trabajadores las facilidades necesarias para llevar a cabo su labor en forma eficaz. Si bien las disposiciones más concretas y específicas en relación con este tema están contenidas en una “Recomendación” de la Organización Internacional del Trabajo, ya la Sala ha reconocido la vigencia de las reglas contenidas en los instrumentos de carácter meramente declarativo, no sujetos al procedimiento para la suscripción y aprobación de los tratados internacionales, en los siguientes términos:
“Huelga aclarar que todos los instrumentos citados en el párrafo anterior constituyen fuente de Derecho en Costa Rica, susceptibles de ser aplicados directamente por esta Sala Constitucional para la resolución del presente asunto, según dicta el artículo 48 constitucional. En el caso de los aprobados por la Asamblea Legislativa, por disposición expresa del artículo 7 de la Constitución Política. En cuanto a los que no gozan de dicha condición, porque constituyen al menos fuentes de interpretación de los instrumentos aprobados. Tampoco reconoce esta Sala la existencia de simples recomendaciones en materia de derechos humanos, pues si los Estados deciden auto limitarse, reconociendo la existencia de determinados derechos humanos, aun cuando aparezcan denominadas con el nombre de “recomendaciones”. Lo anterior lleva a entender que la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de los monumentos y de los sitios y la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pone en peligro, son –en los términos antes dichos- actos provistos de plena normatividad en el ordenamiento constitucional costarricense, sin que se les pueda considerar simples enumeraciones de objetivos y metas a alcanzar.” (Sentencia número 2002-05245, de la dieciséis horas con veinte minutos del veintinueve de mayo de dos mil dos).
A partir de los anteriores argumentos, puede concluirse que el artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica no resulta inconstitucional, visto que tal disposición se basa en las ya citadas normas constitucionales, internacionales y legales. El tiempo reservado a la participación en congresos, conferencias, seminarios y otras reuniones del movimiento obrero, así como el facilitado a los delegados de SEBANA y a la Comisión Electoral para realizar actividades propias del cargo y a la Junta Directiva del Sindicato para sesionar, no es más que el desarrollo de los preceptos antes analizados, en especial de los Convenios números 87 y 135, así como de la Recomendación número 143. Los permisos previstos en aquellas disposiciones tienen como objeto que la función sindical sea llevada a cabo en forma eficaz, por lo que su regulación en la Convención impugnada, lejos de transgredir el Derecho de la Constitución, acata sus preceptos en materia de libertad sindical.
Aun cuando por las razones indicadas no existe vicio de constitucionalidad alguno en la norma impugnada, sí debe esta Sala indicar, que dicho precepto debe interpretarse conforme al Derecho de la Constitución, en el sentido de que no puede afectarse el servicio público que se presta, motivo por el cual debe aplicarse analógicamente la norma prevista para los Delegados de SEBANA, y en consecuencia, el permiso que se otorgue a los designados por el sindicato, debe entenderse que es uno por oficina.
Así las cosas, estima la Sala que la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo, interpretando conforme a la Constitución.
VII.—Pago Triple de Feriados (artículos 21 y 38). En segundo lugar reclaman los accionantes, que las normas de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica que regulan el pago triple de los feriados establecidos en el artículo 148 del Código de Trabajo, resultan inconstitucionales, toda vez que es un beneficio que se otorga a un grupo reducido de trabajadores sin que exista justificación alguna, traduciéndose en un uso abusivo de los fondos públicos. Al respecto, establecen los artículos en cuestión en lo conducente:
“Artículo 21. Condiciones de Trabajo.
(...)
Cualquier tiempo trabajado fuera de la jornada semanal, deberá pagarse a tiempo y medio, excepto los domingos y feriados, que se pagarán a tiempo doble o triple, según lo estipulado en el Código de Trabajo y en esta Convención.
Al trabajador que labore en días feriados de pago obligatorio señalados en el artículo 148 del Código de Trabajo, se le pagará tiempo triple.
(…)”
“Artículo 38. Pago de Feriados.
Los empleados que laboren los días feriados que contempla el párrafo primero del artículo 148 del Código de Trabajo, recibirán una triple remuneración; con excepción del 2 de agosto y 12 de octubre cuya remuneración será doble...” (La negrita no forma parte de los originales).
La finalidad del pago adicional de los feriados es compensar la necesidad de que el trabajador esté en el lugar de trabajo en días como ése cuando podría estar con su familia. Por eso, la legislación laboral ha reconocido un pago doble si el trabajador tiene que asistir a laborar durante esos días. Sin embargo, esta Sala estima excesivo que contrario a lo dispuesto para todos los demás trabajadores, los funcionarios del Banco Nacional reciban un pago triple si laboran esos días, pues ello no sólo es irrazonable, sino que atenta contra el sano manejo de los fondos públicos. Esta falta de razonabilidad deriva de la inexistencia de un motivo objetivo que justifique la mencionada diferenciación, lo que convierte parte del texto de los artículos 21 y 38 de la Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica en normas contrarias al principio constitucional de igualdad, que se refleja además en un indebido uso de fondos públicos, en detrimento de los servicios públicos que la institución presta. Es por lo anterior, que esta Sala estima procedente anular del párrafo quinto del artículo 21 la frase “o triple”; el párrafo sexto de ese artículo 21 que señala: “Al trabajador que labore en días feriados de pago obligatorio señalados en el artículo 148 del Código de Trabajo, se le pagará tiempo triple.”; y la frase del artículo 38 que estipula: “Los empleados que laboren los días feriados que contempla el párrafo primero del artículo 148 del Código de Trabajo, recibirán una triple remuneración; con excepción del 2 de agosto y 12 octubre cuya remuneración será doble.”
VIII.—Servicio de comedores para los empleados. Cuestionan los accionantes que el artículo 28 de la Convención Colectiva impugnada, establece una discrecionalidad enorme en el manejo de los fondos públicos, por cuanto no establece un tope en la subvención que otorga el Banco Nacional al servicio de comedores para los empleados. Establece dicho artículo en lo conducente:
“Artículo 28. Servicio de Comedores para los Empleados.
(...)
El Banco contribuirá con la suma de ¢500.000,00 mensuales como mínimo en carácter de subvención para los comedores del personal.
Este aporte se girará mensualmente a dicha Junta, a la que corresponderá distribuir el mismo de acuerdo con las regulaciones que al respecto adopte.
(...)”
Sobre el particular, no encuentra esta Sala que la norma en cuestión haga un uso abusivo de los fondos públicos, toda vez que el monto empleado por el Banco Nacional para subvencionar el servicio de comedores para sus empleados, es una suma relativamente baja considerando la cantidad de trabajadores del banco, además que es un elemento muy importante de la seguridad social a la que están obligados los patronos. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la contribución que hace la institución para tales efectos favorece la mejor alimentación y nutrición de los empleados, lo cual puede incidir en su rendimiento a la hora de prestar el servicio público. Es así como esta Sala considera que en realidad se trata de un beneficio que se traduce en un mayor bienestar del trabajador y que en consecuencia puede incidir directamente en su productividad. Así las cosas, en la medida que dicho beneficio sea de uso exclusivo de los trabajadores tal como dispone la norma, esta Sala no encuentra que se violente principio constitucional alguno.
IX.—Ayudas por matrimonio e hijos. De igual forma consideran los promoventes que resulta inconstitucional lo dispuesto en los numerales 45, 46 y 47 de la Convención Colectiva del Banco Nacional, toda vez que establecen ayudas económicas en caso de matrimonio y nacimiento de los hijos, lo cual en su criterio se trata de una discrecionalidad irrazonable en la utilización de fondos públicos. Establecen dichas normas:
“Artículo 45: Subvención Matrimonial.
El Banco girará la suma de ¢ 7.500,00 al empleado que contraiga matrimonio, previa comprobación de la boda efectuada.”
“Artículo 46: Contribución para Gastos por Nacimiento de cada Hijo.
El Banco otorgará la suma de ¢ 7.500,00 para gastos de nacimiento de cada hijo, previa presentación del certificado de nacimiento y solamente a los empleados ubicados en la categoría 1 y 2 de la Escala Técnica. Las gestiones correspondientes para disfrutar del presente incentivo, deberán realizarse ante la Dirección de Desarrollo Organizaciones en un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha de nacimiento del hijo.
(...)”
“Artículo 47: Asignación Familiar.
El Banco mantendrá un sistema de pago de asignaciones familiares para los trabajadores de la categoría 2 de la Escala Administrativa.
Los citados trabajadores tendrán derecho al subsidio según las siguientes reglas:
¢ 1.000,00 mensuales por los tres primeros hijos menores, derecho que se mantendrá vigente mientras subsista por lo menos un hijo menor.
¢ 1.000,00 mensuales adicionales, por cada uno de los hijos menores después del tercero.
La asignación adicional de ¢1.000,00 mensuales cesa conforme cada hijo adquiera la mayoría de edad, salvo lo indicado en su inciso a).
Los hijos incapacitados física o mentalmente, se consideran dependientes sin límite de edad.”
Consideran los actores que las normas citadas implican una ilegítima disposición de fondos públicos, contraria a las reglas sobre el adecuado manejo de la Hacienda Pública. Esta Sala no comparte dicho criterio, pues estima que el auxilio impugnado representa un beneficio de carácter remunerativo que pretende ofrecer una ayuda al trabajador en una situación particular, en que las circunstancias le imponen gastos adicionales a los regulares. Se trata además de una suma por un valor relativamente poco significativo en el universo del presupuesto de la institución, y que en todo caso es girada únicamente si el trabajador o trabajadora contrae matrimonio o tiene un hijo o hija. Considera la Sala que, en tales circunstancias, el establecimiento de un beneficio como el ahora impugnado, no conlleva una abusiva disposición de fondos públicos, en detrimento de los y las contribuyentes, sino más bien un estímulo del patrono para fomentar la familia, pilar indiscutible de nuestra sociedad a la luz de lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución. Por lo anterior, en cuanto a este extremo, debe desestimarse la presente acción de inconstitucionalidad.
X.—Incentivo por estudios. Estiman los promoventes de esta acción que lo dispuesto en el artículo 48 de la Convención Colectiva del Banco Nacional resulta también inconstitucional, pues reconoce el pago de una suma adicional de acuerdo con el nivel de estudios alcanzados, lo cual significa la erogación anual de millones de colones, en menoscabo de las finanzas públicas. Al respecto, establece el citado artículo en el conducente:
“Artículo 48: Incentivo al Personal por Estudios Realizados al Servicio del Banco.
A partir de la fecha en que entra en vigencia la presente Convención, y sin efecto retroactivo, el Banco reconocerá, en forma adicional, aumentos semanales de sueldo (en el rubro de Reconocimiento Especial), a aquellos empleados que después del 1 de enero de 1974 hayan cursado o cursen carreras universitarias, o hayan obtenido títulos universitarios y estudios contables, según la siguiente escala:
(...)”
Sobre el particular, debe indicarse que ya esta Sala ha reconocido que los entes de la Administración Pública pueden otorgar determinados incentivos o beneficios a sus trabajadores, para remunerar una exigencia especial del puesto de trabajo, que implique determinadas calificaciones profesionales o habilidades a quienes lo desempeñen, o bien para compensar un riesgo particular que caracteriza el desempeño de tales funciones, sea un riesgo material (por ejemplo, labores físicamente peligrosas) o uno de carácter legal (por ejemplo, trabajo susceptible de generar responsabilidad civil). Por tanto, un beneficio de esta naturaleza, se convertiría en privilegio únicamente cuando no encuentra una justificación que razonablemente lo ampare. En el caso del incentivo impugnado, esta Sala estima que constituye un instrumento para lograr mayor idoneidad, calidad, permanencia y eficiencia en el puesto, ya que pretende estimular a los trabajadores para que realicen estudios universitarios y contables, y que con ello alcancen una mayor preparación para el ejercicio de sus funciones. Por supuesto que ello se entiende en la medida que dichos estudios sean de importancia para el Banco Nacional de Costa Rica, pues la finalidad es que el trabajador cuente con mayor preparación, generando un beneficio a la institución. En otras palabras, la razonabilidad de la norma radica en que la mayor especialización del trabajador va a resultar en un beneficio para el campo de aplicación en la Institución, de tal forma que la norma es válida en tanto reconozca estudios relacionados con la función que se presta. Por los motivos expuestos, la acción debe desestimarse en cuanto a este extremo.
XI.—Incentivo por años de servicio. De igual forma reclaman los accionantes que el artículo 49 de la Convención Colectiva analizada, resulta inconstitucional al establecer un incentivo económico por los años de servicio prestados sin que tenga relación con el mejoramiento o eficiencia de la prestación del servicio, significando un erogación de millones de colones. En ese sentido, establece la norma:
“Artículo 49: Incentivo Especial Anual por Años de Servicio.
El Banco otorgará a los empleados que obtengan en la Evaluación del Desempeño como mínimo satisfactorio, un incentivo especial anual por años de servicio conforme a la siguiente escala:
a) Al cumplir 10 años de servicio pero menos de 15 años, un importe equivalente a una semana de salario.
b) Al cumplir 15 años de servicio pero menos de 20 años, un importe equivalente a dos semanas de salario.
c) Al cumplir 20 años de servicio y en adelante, un importe equivalente a tres semanas de salario.
La entrega del incentivo se hará en la primera quincena de febrero a los empleados que durante el primer semestre cumplan años de servicio, y en la primera quincena de agosto a los que cumplan años de servicio durante el segundo semestre.
El derecho al incentivo aquí contemplado, tendrá vigencia desde la primera semana del mes de enero de 1980, y el pago de lo correspondiente al primer semestre se hará una vez aprobado el presupuesto respectivo por la Contraloría General de la República; en lo referente al inciso c) de este artículo, la vigencia del mismo será a partir de la primera semana de enero de 1986.”
De la norma citada puede concluirse que llevan razón los accionantes, toda vez que el Banco Nacional de Costa Rica se obliga a cancelar un porcentaje del salario del trabajador según los años de servicio trabajados, aun cuando ya la institución reconoce aumentos anuales por antigüedad. Asimismo, se trata de un incentivo que se paga por cumplir los deberes normales de todos los funcionarios, ya que se otorga con una calificación de “satisfactorio”, con lo cual se premia el esfuerzo mínimo que debe realizar un trabajador en el desempeño de sus funciones. Por lo anterior, no encuentra esta Sala una razón objetiva para el pago del incentivo, lo cual constituye una desproporcionada utilización de los fondos públicos. En consecuencia, esta Sala considera que el artículo 49 de la Convención Colectiva del Banco Nacional debe anularse por inconstitucional.
XII.—Actualización de los beneficios de acuerdo a la inflación. Finalmente, consideran los accionantes que lo dispuesto en el numeral 81 de la Convención Colectiva del Banco Nacional debe ser anulado por conexidad, toda vez que ajusta anualmente las ventajas económicas desproporcionadas que otorga dicha Convención, en detrimento de las finanzas públicas. Establece dicho numeral lo siguiente:
“Artículo 81: Vigencia de Ventajas Económicas.
Todas las ventajas económicas de esta Convención Colectiva regirán a partir de la firma de la Décima Reforma a la Quinta Convención Colectiva.
Las ventajas económicas consideradas en los artículos 28, 44, 45, 46, 47 y 48 de esta Convención serán ajustadas anualmente según variación del Índice de Precios al Consumidor del año anterior, de acuerdo a las posibilidades financieras de la Institución, con base es estudios técnicos de la Dirección Corporativa de Finanzas del Banco.
Para el caso del artículo 54 en lo que respecta a dólares se ajustará anualmente a partir de enero de dos mil uno, tomando como referencia el Índice de Inflación de los Estados Unidos de Norteamérica.
Al respecto, no estima la Sala que la norma en cuestión sea inconstitucional por las razones invocadas por los actores. Muy por el contrario, el artículo 81 de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional busca preservar el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios de dicha institución, con lo cual no hace sino dar cumplimiento a su deber constitucional de evitar que el patrimonio de los empleados se vea afectado por el aumento en el índice de precios, sin reflejo en una adecuada y justa política salarial. Los aumentos por costo de vida evitan que en términos reales el salario de los trabajadores sea absorbido por la inflación que constantemente caracteriza a la economía nacional, por lo que la norma en cuestión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, que impone al Estado el deber de propiciar el más adecuado reparto de la riqueza y el bienestar. Por lo anterior, considera la Sala que independientemente de la constitucionalidad de los incentivos analizados en esta acción, lo dispuesto en el artículo 81 de la Convención Colectiva del Banco Nacional no resulta inconstitucional.
XIII.—Conclusión. Vistas las consideraciones anteriores, esta Sala declara parcialmente con lugar la acción, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia.
La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Jinesta salvan el voto y rechazan de plano la acción. El Magistrado Jinesta da razones separadas. Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar la acción. En consecuencia, se anulan de la Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica la totalidad del artículo 49; del párrafo quinto del artículo 21 la frase “o triple”; el párrafo sexto de ese artículo 21 que señala: “Al trabajador que labore en días feriados de pago obligatorio señalados en el artículo 148 del Código de Trabajo, se le pagará tiempo triple.”; y la frase del artículo 38 que señala: “ Los empleados que laboren los días feriados que contempla el párrafo primero del artículo 148 del Código de Trabajo, recibirán una triple remuneración; con excepción del 2 de agosto y 12 octubre cuya remuneración será doble.” . “El artículo 14 de dicha Convención Colectiva se interpreta conforme al Derecho de la Constitución en el sentido que para no afectar el servicio público se deben aplicar las reglas previstas para los delegados de SEBANA en cuanto a la autorización de una sola persona por oficina. En lo demás, se declara sin lugar la acción. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento al Banco Nacional de Costa Rica. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.- /Luis Fernando Solano C. /Presidente /Luis Paulino Mora M. /Ana Virginia Calzada M. /Adrián Vargas B. /Gilbert Armijo S. /Ernesto Jinesta L. /Fernando Cruz C.
Los Magistrados Calzada y Armijo salvan el voto y rechazan de plano la acción con fundamento en las siguientes consideraciones que redacta la primera:
A diferencia del criterio de la mayoría, consideramos que la acción es inadmisible y por ende, debe ser rechazada, atendiendo a la naturaleza del objeto impugnado –las convenciones colectivas-, con fundamento en lo siguiente:
a.- La Negociación Colectiva en el sector público.
Nuestra Constitución Política junto a las libertades individuales, enuncia los denominados Derechos Sociales, que buscan afianzar el régimen democrático al extender el contenido de los derechos y libertades. La incorporación de este capítulo en nuestra carta magna, se produjo en el año 1943, que vino a reformar la Constitución de 1871 y éste a su vez, se reprodujo en nuestra constitución actual. Uno de estos derechos, atinentes al tema de estudio, es la libre sindicalización, independientemente del sector laboral al que pertenezca el trabajador (sea público o privado), que consagra el artículo 60. Por otro lado, el artículo 61 establece el derecho de huelga como ejercicio de la libertad sindical, el cual si bien está limitado a determinadas regulaciones en el sector público (artículo 61 constitucional), lo cierto es que es admisible para dicho sector y así lo estableció este Tribunal en la sentencia Nº 1317-98, al indicar:
“El derecho de sindicación tiene pues, rango constitucional en Costa Rica y se regula internamente mediante normas de carácter legal, específicamente el Código de Trabajo, que norma en su artículo 332 y siguientes -ubicados en el Título Quinto “De las Organizaciones Sociales”- lo referente al funcionamiento y disolución de los sindicatos y define las reglas de protección de los derechos sindicales. En el artículo 332 del Código de Trabajo se declara además de interés público la constitución legal de los sindicatos, que se distinguen “(…)como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.
La referencia anterior permite concluir en esta etapa, que el derecho fundamental de sindicación se reconoce sin distingo de la naturaleza pública o privada de los sectores laborales; es decir, en magnitud equiparable. En relación con el contenido de la acción sindical, específicamente lo que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política establece que la regulación del citado derecho de acción colectiva es materia de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe darse por vía ley y de ningún modo puede favorecer los actos de coacción o violencia. Es además resultado de la atribución conferida mediante el numeral 61 constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la actividad pública se restringe o excluye el ejercicio del derecho de huelga; mandato que se satisface mediante el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que debe ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático sobre el que descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado Constitucional de Derecho...”
La negociación colectiva representa un elemento básico en el contenido de la libertad sindical, precisamente porque a través de los Sindicatos puede promover una negociación que propicie resolver las situaciones laborales de los trabajadores. La misma libertad sindical en sí misma, implica negociar colectivamente para obtener los beneficios económicos, sociales y profesionales que consagra nuestra Carta Fundamental. La negociación surge también como un medio pacifizador ante conflictos colectivos, como el derecho a huelga, que según vimos es reconocido en el sector público y puede plasmarse en acuerdos que pueden constituir una convención colectiva. Nuestra Constitución Política así lo precisó en el artículo 62 dentro del capítulo que regula los derechos y garantías sociales, al disponer que tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. La Sala en la sentencia Nº 1696-92 estimó que la modificación de la Constitución Política de 1871 por la Asamblea Constituyente que emitió la Constitución Política vigente, en la que se incorporó en los artículos 191 y 192 un régimen laboral público exclusivo para los servidores del Estado, excluía toda posibilidad de negociación en el sector público, por estar los trabajadores bajo un estado de sujeción, donde existe por parte del Estado una imposición unilateral de las condiciones de la organización y la prestación del servicio para garantizar el bien público. Sin embargo, nos replanteamos nuevamente el tema en cuestión, teniendo en consideración que la interpretación dada a la incorporación de este régimen fue restrictiva y que además, ello no impedía la negociación colectiva como un derecho fundamental que ya había sido reconocido a los trabajadores, incluyendo a los servidores públicos. El interés de los Constituyentes en 1949 en promulgar un régimen estatutario, fue promovido esencialmente con el fin de que la administración contara con un instrumento que permitiera la contratación de sus funcionarios a base de idoneidad comprobada y así lograr una estabilidad en el nombramiento de los mismos, evitando la persecución política de los empleados públicos en cada cambio de gobierno, pero no con el objetivo de restringirles sus derechos fundamentales. El régimen de empleo público se constituyó más bien como un freno para la propia administración y en una garantía para sus funcionarios. Por otro lado, la discusión se torna respecto a derechos fundamentales reconocidos por la misma Constitución Política y que como se indicó, ésta no hizo excepción en el artículo 62. Recordemos por propia jurisprudencia de este Tribunal, que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano por su condición de tal, por su carácter de persona y por ende son superiores al mismo Estado; pues éste no los crea ni los regula constituyéndolos, sino que simplemente los reconoce, tutela y garantiza normativamente, con un carácter puramente declarativo. De ahí que el ordenamiento jurídico puede tutelarlos y moldear su ejercicio, mas no eliminarlos o desconocerlos con la simple invocación de que así lo exigen los requerimientos de la organización del Estado, o la eficiencia de la administración, o un impreciso bien público; en virtud de que ostentan una categoría y fuerza superior al propio ordenamiento. Cuando un derecho ha sido reconocido formalmente como inherente a la persona éste queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. Ahora, si bien los derechos fundamentales no son absolutos, las restricciones o limitaciones a los que sean sometidos, nunca puede vaciarlos de contenido, como sucedería si desconoce dicho derecho a determinado grupo de trabajadores, solo por el hecho de laborar en el sector público. Puede darse un tratamiento diferenciado respecto a los límites y alcances de la negociación o en virtud de la materia objeto de la misma, pero nunca su total exclusión para este tipo de servidores. Las garantías sociales contempladas en la Constitución actual, ya se encontraban incorporados expresamente en nuestro régimen jurídico desde la modificación introducida a la Constitución Política de 1871 en las legislaturas de 1942 y 1943. De hecho el capítulo fue reproducido en el cuerpo normativo de 1949, pues constituía una de las evoluciones más importantes de nuestro país, en el reconocimiento de los derechos del individuo. En este sentido conviene advertir, que los derechos humanos son irreversibles, porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Aunado a lo anterior, dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible en el futuro extender una categoría de derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se consideraron como necesarios a la dignidad humana y por tanto inherentes a toda persona. Por tanto, los derechos fundamentales son progresivos pero nunca regresivos. Así las cosas, de ninguna manera podría admitirse una exclusión en este sentido, que ni siquiera la misma Constitución hizo. La correcta dimensión que debe adquirir este derecho, constitucional consagrado en el capítulo de garantías sociales, en el caso del sector público, no es la de un cercenamiento total para el servidor, sino entender que su ejercicio está sujeto a ciertas limitaciones en atención a la observancia del ordenamiento jurídico, a los límites del gasto público y a las correspondientes regulaciones que existen en esta materia.
b.- Las Convenciones Colectivas según la doctrina. En el caso sometido a estudio, la discusión se enfatiza en las Convenciones Colectivas, que como ya fue indicado, son producto de la negociación colectiva, o consisten en la negociación propiamente, y que según la Constitución Política también son admitidas para el sector público, pues proporciona uno de los instrumentos ideales para conseguir los fines establecidos por la norma fundamental para el derecho de sindicación. El Código de Trabajo en el artículo 54 define las convenciones colectivas como aquellas que se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tienen fuerza de ley profesional de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política y de los artículos 54 y 55 del Código de Trabajo. Esto significa que las convenciones colectivas se convierten en el instrumento jurídico que regula las relaciones obrero-patronales, y que esta relación comprende al sindicato, al patrono, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados y a los futuros trabajadores mientras la Convención se encuentre vigente, o sea, se aplica no sólo a quienes la han elaborado, sino también a terceras personas ajenas a la negociación. Entendiendo terceros, como aquellos trabajadores que en el futuro se incorporen al centro de trabajo, no a otras personas o instituciones que sí pueden encontrarse ajenas por completo a la Convención Colectiva de que se trate. Es por ello que podemos hablar de tres características de toda Convención Colectiva: 1- Deben ser concluidas entre un grupo Trabajadores y Empleadores: los trabajadores deben encontrarse legalmente organizados para poder celebrar la constitución de una convención colectiva. 2- Producen efectos propios y directos para las agrupaciones que contratan (cláusulas obligacionales): conforme con nuestra Constitución Política las Convenciones Colectivas de Trabajo o Acuerdos Colectivos de Trabajo poseen el rango y la fuerza de ley entre las partes y 3- Producen efectos incluso para terceros que no formen parte en la convención colectiva. En ellas se establecen cláusulas que crean obligaciones entre el patrono y el sindicato, pero además puede contener cláusulas normativas sobre las condiciones de trabajo que afecten a los contratos individuales existentes como a los que luego se realicen en el futuro. Se le aplican las reglas de los contratos para afirmar que obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas las consecuencias conformes a la buena fe, al uso y a la ley; las organizaciones obreras y patronales que firman un acuerdo se obligan a estar y pasar por él, a respetar lo estipulado, y a no levantar nuevas reivindicaciones ni pretender modificarlo antes del tiempo previsto para su terminación. El trámite que debe seguir está contemplado en el artículo 57 del Código de Trabajo, según el cual la convención colectiva deberá extenderse por escrito en tres ejemplares, bajo pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el tercero será depositado en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo o política respectiva. No tendrá valor legal sino a partir de la fecha en que quede depositada la copia y, para este efecto, el funcionario a quien se entregue extenderá un recibo a cada uno de los que la hayan suscrito. Dicho depósito será comunicado inmediatamente a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que éste ordene a las partes ajustarse a los requisitos de Ley en caso de que la convención contenga alguna violación de las disposiciones del presente Código. Se trata de un contrato atípico por la singularidad de las obligaciones que puedan asumir los contratos, por la formalización del proceso de elaboración, la homologación estatal y ante todo, por su contenido normativo. La firma de un acuerdo colectivo ha significado para un amplio sector doctrinal el fin de las hostilidades, entendiéndolo como un tratado de paz, pues pretende servir a la paz económica y social entre empleadores y trabajadores, o a restaurarla y mantenerla por el tiempo de su duración. A la vez, constituye un factor determinante para la evolución y desarrollo del orden jurídico y para la adaptación del mismo a las necesidades sociales, que siempre son cambiantes por la evolución de la socialización y del régimen de producción. Una relación de empleo sin un soporte jurídico como las convenciones colectivas, podría colocar eventualmente al trabajador en un plano de desigualdad propiciado por las fuerzas económicas y las necesidades sociales del trabajador. Una convención colectiva implica todo un proceso de diálogo social, de acercamiento de las partes, de varios acuerdos en un momento histórico dado que lleva implícito una serie de acontecimientos sociales que son los que impulsan a las partes a negociar, basados en la buena fe negocial, que contribuye al compromiso de ambas partes de respetar lo pactado y entendiendo que en caso de imposibilidad de cumplimiento de lo ahí estipulado, las partes tengan claros los mecanismos de reforma o anulación, que para el caso son, el de Denuncia, o en su defecto el proceso de lesividad.
De lo expuesto anteriormente, es que concluimos, que la Convención Colectiva por su naturaleza laboral en el ejercicio de los derechos fundamentales de sindicalización y negociación, así como de la fuerza normativa que le da la misma Constitución a las convenciones colectivas en el artículo 62 de dicho cuerpo normativo, en lo que respecta a su contenido, no debe ser revisado y valorado por este Tribunal como pretenden los accionantes, por cuanto sería desconocer toda la trascendencia histórica de las mismas -el conflicto social originario- y el respeto a un acuerdo de partes suscrito por el mismo Estado, con una trascendencia político, económico y social determinada. No se puede desconocer la buena fe de las partes de la negociación, obviando los trámites preestablecidos por ella misma, dejando de lado el momento histórico y las necesidades sociales y económicas que la propiciaron, momento en el cual probablemente cumplieron los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No se debe olvidar que las partes intervinientes en una negociación otorgan beneficios, pero también ceden derechos en aras de la efectiva realización del fin para el cual fue creada la institución. Las Convenciones tienen una vigencia y pueden ser revisadas, pero por los procedimientos debidamente establecidos. De manera que si bien es cierto una convención colectiva negociada en el sector público puede estar incurriendo en vicios que determinen su invalidez, ello obedecería a una ilegalidad que debe ser determinada en cada caso concreto, y que podría eventualmente generar la improcedencia de las cláusulas ahí contempladas, pero que deberá ser declarada en la vía de legalidad correspondiente.
Por todo lo expuesto, en nuestro criterio, lo impugnado por los accionantes no procede ser alegado y revisado en la jurisdicción constitucional, lo que implica rechazar la acción por improcedente. /Ana Virginia Calzada M. /Gilbert Armijo S.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO
El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por las siguientes razones:
I.—DERECHO FUNDAMENTAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: RECONOCIMIENTO INTERNO E INTERNACIONAL. En la tradición constitucional costarricense la negociación colectiva fue elevada al más alto rango normativo, puesto que, el artículo 62 de la Constitución Política la reconoce como un derecho para el mejoramiento de las condiciones de empleo, concediéndole a las convenciones colectivas “fuerza de ley”, esto es, la eficacia, potencia, resistencia y valor de una ley en sentido material y formal. Este precepto constitucional que equipara un acuerdo surgido de la libre y autónoma negociación entre los patronos u organizaciones patronales y las organizaciones sindicales de los trabajadores o empleados, no debe conducir a equívocos en cuanto a su naturaleza jurídica. Se trata del reconocimiento de la titularidad y ejercicio de un derecho fundamental, siendo que el acto formal en el que se traduce finalmente -convención colectiva- es equiparado, para todo efecto y por disposición constitucional expresa, a una ley, de modo que la convención colectiva, en sí misma, es un acto con valor de ley surgido de la autonomía de acción de los dos sectores señalados. El derecho fundamental a la negociación colectiva, se encuentra en una relación instrumental con el que es reconocido en el ordinal 60 de la propia Constitución que faculta a los trabajadores y patrones para sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales, puesto que, es un medio para el logro de esos objetivos de orden constitucional. En el plano internacional, el artículo 4° del Convenio Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1° de julio de 1949, contempla el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria, al señalar que “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. Ulteriormente, el Convenio Nº 151 de la OIT sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública del 27 de junio de 1978, en su artículo 7° dispuso que “Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados acerca de las condiciones de empleo (…)”. Finalmente, el Convenio Nº 154 de la OIT sobre la Negociación Colectiva del 19 de junio de 1981, el cual en su preámbulo afirma el derecho de negociación colectiva y la necesidad de implementar medidas internas para fomentarlo, dispuso en su artículo 2º lo siguiente:
“A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.”
Debe señalarse, adicionalmente, que otros instrumentos internacionales de derechos humanos han proclamado el derecho de negociación colectiva, así la Carta Social Europea de Turín del 18 de octubre de 1961, lo recoge en su artículo 6°, siendo que una de las medidas que se propone para su ejercicio eficaz es la promoción, cuando sea necesario y útil, de la institución de los procedimientos de negociación voluntaria.
II.—ALCANCES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. A tenor del artículo 10 de la Constitución Política la declaratoria de inconstitucionalidad procede respecto de las “(…) normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público (…)”. Las convenciones colectivas, aunque ex constitutione (artículo 62 de la Constitución Política), tienen fuerza de ley, no pueden ser asimiladas a una ley en sentido material y formal, por cuanto, no emanan de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la función de legislar a través del procedimiento legislativo y tampoco tienen efectos generales y abstractos. El grado, jerarquía y valor que le concede el constituyente originario no determina, per se, la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas. La razón del constituyente originario de otorgarle, por constitución, fuerza de ley a las convenciones colectivas fue precisamente, reforzar los efectos y las consecuencias del pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la sindicalización y a la negociación colectiva, en vista de su elevada trascendencia para lograr un clima de estabilidad y armonía social, laboral y económica y de sus fines particulares. Consecuentemente, la equiparación, en potencia, fuerza y resistencia a la ley, no debe conducir al equívoco de estimar que, como tal, resulta pasible del control de constitucionalidad. Debe tomarse en consideración, que la convención colectiva, asimismo, no es una disposición general por cuanto carece de efectos generales y normativos. Adicionalmente, si bien puede comprender aspectos del Derecho público, atinentes a una relación estatutaria o una relación de empleo público, su contenido es definido por las partes involucradas en ejercicio de su libertad o autonomía de acción. Bajo esta inteligencia, una convención colectiva no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que hace un elenco de las actuaciones o conductas objeto de la acción de inconstitucionalidad. El texto constitucional le reconoce, indirecta o implícitamente, a los trabajadores, empleados y patronos o sus organizaciones el derecho de negociar de forma libre y autónoma, a través de la concertación de un pacto o contrato colectivo que establece un orden para un grupo determinado o determinable de trabajadores, empleados y patronos. Consecuentemente, al tratarse de un contrato colectivo está fuera del control de constitucionalidad, puesto que, el propio constituyente le otorga a las partes autonomía y libertad para concertar y regular sus condiciones y relaciones laborales. Lo anterior, no excluye, desde luego, que pueda, eventualmente, existir un control de legalidad ordinaria acerca de los vicios de forma o de procedimiento en la negociación que afecten los acuerdos finalmente pactados o por un incumplimiento de los mínimos legales preestablecidos.
III.—NEGOCIACIÓN COLECTIVA LIBRE Y VOLUNTARIA. A partir del texto del artículo 4º del Convenio Nº 98 de la OIT, sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva del 1 de julio de 1949, se ha extraído el principio de la negociación colectiva libre y voluntaria entre los patronos o sus organizaciones y los trabajadores o sus organizaciones. La principal consecuencia de este principio es que en la negociación colectiva las partes directamente implicadas deben acordar y pactar el marco y los distintos términos o condiciones, sin injerencia externa de ningún tipo, por cuanto se produciría un desequilibrio. De modo que son los patronos y los trabajadores o empleados los que, consensuada y autónomamente, determinan los niveles de negociación, sin que éstos puedan ser impuestos externamente (v. gr. Por vía de aprobación u homologación ministerial, imposición o compulsión gubernamental de ciertas consideraciones de estabilidad macroeconómica o de posibilidades financieras y presupuestarias, etc.) o encontrarse restringidos de modo preestablecido (v. gr. A través de leyes y reglamentos que fijan, de antemano, los niveles y alcances de la negociación). Desde ese punto de vista, los representantes del patrono o de las organizaciones patronales, en el curso de la negociación, bien pueden establecer o fijar determinados límites que podrán mantener, variar o modificar durante su desenvolvimiento. De modo que si el Gobierno o la Administración del Estado, tiene algunas observaciones y reservas sobre las políticas económicas y sociales de interés general debe ponerlas en conocimiento y procurar, en la medida de lo posible, convencer o persuadir a las partes para que autónoma y libremente sean tomadas en consideración, a efecto de arribar a los acuerdos finales. Cualquier cláusula o contenido de la convención colectiva que se haya pactado desoyendo tales advertencias, provocará, única y exclusivamente, la responsabilidad a posteriori de los representantes patronales o de los trabajadores, frente a sus representados.
IV.—NEGATIVA SUJECIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS A LOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD: CLIMA DE INSEGURIDAD JURÍDICA. Desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, el contenido o clausulado de las convenciones colectivas podría tener -si se admite la posibilidad de impugnarlas en sede constitucional- como único límite que no se incumplan los mínimos en materia laboral establecidos en el propio texto constitucional. Ni siquiera los vicios de forma en el curso de la negociación podrían constituir límites constitucionales para el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva, toda vez, que el procedimiento no lo define la Constitución, sino que debe hacerlo la ley o el reglamento, de modo que quedan librados a la discrecionalidad legislativa o administrativa, siempre y cuando no infrinjan el principio sustancial de la negociación colectiva libre y voluntaria establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y que constituye el contenido esencial del derecho y, por consiguiente, el límite de límites. El someter el contenido y clausulado de una convención colectiva, surgido de la libre y voluntaria negociación, a los parámetros de la proporcionalidad y razonabilidad, además de socavar el equilibrio interno de los acuerdos, provoca, a mediano o largo plazo, un claro y evidente estado de inseguridad jurídica. En efecto, los trabajadores o empleados pueden desconfiar de su asociación o afiliación a las organizaciones sindicales, de sus representantes y de los propios representantes patronales, creando un clima de tensión e inestabilidad en las relaciones laborales, todo lo cual desalienta el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de sindicalización y de negociación colectiva, conquistas invaluables del Estado Social y Democrático de Derecho. Adicionalmente, cualquier futuro o eventual trabajador que pretenda afiliarse a un sindicato, probablemente, puede tener, razonablemente, serios reparos sobre la utilidad de su adherencia ante la anulación eventual y futura de los convenios colectivos que se hayan negociado, con lo cual el derecho a la negociación colectiva deja de cumplir con su fin fundamental de mejorar las condiciones laborales y queda, virtualmente vaciado de contenido y devaluado. Los ajustes y controles sobre el eventual contenido del clausulado de una convención colectiva deben ser muy laxos, a priori y persuasivos para que las partes directamente involucradas decidan voluntaria y libremente si toman en consideración, en el curso de la negociación, las observaciones (modificaciones, ajustes, variaciones) formuladas, sin que sea posible, incluso, imponer una renegociación ulterior. Consecuentemente, la fiscalización a posteriori sobre criterios de proporcionalidad y razonabilidad, constituye una injerencia externa que afecta el equilibrio interno del convenio colectivo concertado y que puede provocar serias dislocaciones o distorsiones de la seguridad, la paz social y de las relaciones laborales que no resultan congruentes con el Derecho de la Constitución. /Ernesto Jinesta L.
San José, 12 de abril del 2007
Gerardo Madriz Piedra,
1 vez.—(30646) Secretario
Res. 2006-06729.—Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis. Expediente Nº 03-009903-0007-CO.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Federico Malavassi, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 3-217-975, vecino de San Pedro de Montes de Oca, Ronaldo Alfaro García, mayor, casado, administrador, con cédula de identidad Nº 1-405-1335, vecino de San Antonio de Belén, Peter Guevara Guth, mayor, casado, arquitecto, con cédula de identidad 1-649-102, vecino de Puntarenas, Carlos Herrera Calvo, mayor, casado, contador público, cédula de identidad 1-596-737, vecino de Cartago y Carlos Salazar Ramírez, mayor, soltero, economista agrícola, cédula de identidad 2-351-215, vecino de San Carlos en su condición de personal y de diputados de la Asamblea Legislativa; contra la Convención Colectiva de JAPDEVA. Intervinieron también en el proceso el Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y Farid Beirute Brenes, en representación de la Procuraduría General de la República.
Resultando:
1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas y veinte minutos del veintidós de setiembre de dos mil tres (folio 1), los accionantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 44, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70 y 72 de la Convención Colectiva de JAPDEVA. Alegan que el artículo 44 de esta Convención establece un privilegio a un grupo de trabajadores del sector público, del cual no disfrutan el resto de los trabajadores de la administración pública. La norma logra un tratamiento diferenciado para un grupo de trabajadores, concediéndoles un privilegio, en perjuicio del uso racional que se le debe dar a los fondos públicos. No existe razón objetiva que justifique dicho trato desigual, pues este privilegio no tiene nada que ver con la eficiencia o mejora del servicio de la empresa pública, que es el fin al que debe propender la Administración del Estado. Es un privilegio otorgado a los integrantes de la Junta Directiva de SINTRAJAP, cuyo otorgamiento es dejado a la libre discrecionalidad de la Administración. Las licencias con o sin goce de salario, en el fondo implican una interrupción temporal de la relación de servicios y en el derecho de la función pública, por lo que se trata de mecanismos que deben ser otorgados en situaciones muy excepcionales. Por otro lado, señalan que el principio de búsqueda de la eficiencia en la prestación del servicio público hace irrazonable, injustificado e inconveniente que tal posibilidad excepcional carezca de una regulación expresa y taxativa, sobre todo cuando se trata de licencias con goce de salario en los que está comprometido el patrimonio público que pertenece a todos los costarricenses. La disposición de fondos públicos genera responsabilidades que no pueden quedar al libre arbitrio, no importa la escala superior en jerarquía del órgano que los asigne. Tal situación no solo violenta el principio de igualdad, sino los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto esos privilegios se otorgan sin atender criterios objetivos y razonables que los justifiquen, incurriendo en un uso irracional de los fondos públicos. También constituye una violación al principio de legalidad, en tanto la administración está sometida al ordenamiento jurídico, por ende los actos discrecionales también deben estar sometidos a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Indican que todos los costarricenses estamos subvencionando el mantenimiento de tales odiosos privilegios, pues están en juego fondos públicos que deben manejarse con criterios de eficiencia, gestión administrativa que, en tratándose de fines públicos debe en todo momento considerar la contención en el gasto. Cualquier norma que otorgue una discrecionalidad ilimitada para la administración y utilización de los fondos públicos, resulta absolutamente contradictoria con el ordenamiento constitucional, sobre todo si la norma no asegura un correcto y razonable empleo de dichos fondos. En cuanto a los artículos 55, 57, 59, 60 y 63 bis de la Convención Colectiva, que establecen sobresueldos e incentivos salariales, también estiman que vulnera el artículo 33 de la Constitución Política, pues a su criterio, no existe razón alguna para que ciertos profesionales sean beneficiados en forma privilegiada, siendo que en las demás instituciones del Estado no existe el mismo tratamiento patrimonial en cuanto hace a los sobresueldos o complementos salariales por ejercicio de una función profesional normal. Considera que dichas normas establecen un trato diferenciado, discriminatorio y privilegiado, por lo que solicitan que sean anuladas.
2º—Por resolución de las ocho horas treinta minutos del primero de octubre del dos mil tres (visible a folio 77 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, al Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y al Sindicato de Trabajadores de esa Institución (SINTRAJAP).
3º—La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 81 a 95. Señala que los accionantes fundamentan su legitimación en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por cuanto en el presente asunto no existe una lesión individual y directa, sino que se está ante normas que inciden en el núcleo de derechos e intereses que atañe a la colectividad en su conjunto. Señala que comparte la opinión de los accionantes en cuanto a su legitimación para la interposición de esta acción, pues algunas de las normas impugnadas incluyen beneficios desproporcionados e irrazonables, financiados con fondos públicos, obtenidos de todos los habitantes con ocasión de la venta bienes y servicios de la mencionada Institución Pública. Una abusiva libertad de disposición de los recursos del ente, que como es sabido son consecuencia de los precios de los servicios que presta, incide sobre toda la economía nacional, y afecta, directa o indirectamente, a todos los habitantes de la República. En este sentido, señala lo manifestado por la Procuraduría General en el informe sobre la acción de inconstitucionalidad Nº 99-008087-007-CO, contra varios artículos de la Convención Colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), oportunidad en la que expresó: “De allí que todos los habitantes de la República ostenten, no sólo un interés sino un verdadero derecho respecto a que los recursos que obtiene RECOPE sean utilizados en el cumplimiento de sus fines, en vez de serlo para cubrir privilegios o ventajas de unos pocos”. Así las cosas, es claro entonces la legitimación que les asiste a los accionantes para plantear la acción, pues por la naturaleza del asunto, no nos encontramos ante una lesión individual o directa, sino ante la defensa de intereses que atañen a la colectividad en su conjunto. Alega que ciertamente existen responsabilidades que no pueden dejarse al libre arbitrio; lo que implica, según se ha expuesto en otras oportunidades, el uso adecuado de los recursos de todos los costarricenses, utilizando criterios de eficiencia administrativa, y con apego a los fines que la ley le asigna a la empresa. En cuanto al artículo 44, la Procuraduría no desconoce que a los dirigentes y miembros de sindicatos deben concedérseles facilidades para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, considera que en el caso de la mencionada norma, el número de días que otorga (150 por mes), resulta, como lo indican los accionantes, ciertamente exorbitante, excediendo en demasía, lo que razonablemente correspondería otorgar en esos casos. Por su parte, tampoco se indica nada respecto a la finalidad de tales permisos, que de todas formas nada tienen que ver con algún beneficio hacia la empresa, sino, por el contrario, dado el excesivo número de días de que se disponen, se atenta contra la eficiencia en la prestación del servicio. Además, es claro que la norma confiere una discrecionalidad ilimitada a la Junta Directiva de SINTRAJAP, en el otorgamiento y distribución del número de días que se conceden, cuyos beneficiarios son los mismos directivos de la mencionada organización. El párrafo tercero es aún más irracional y desproporcionado al establecer el pago de horas extras a los dirigentes sindicales, aunque no presten efectivamente el servicio, con la aparente intención de salvaguardar el ingreso del dirigente sindical que se acoja a la licencia indicada en este artículo, en el sentido de que su retribución no será inferior a lo que gane su cuadrilla o sección. Obviamente, los excesos en que incurre el artículo que se cuestiona, determinan un uso abusivo de los fondos públicos que pertenecen a todos los habitantes, a la vez que constituye un privilegio del grupo que compone la Junta Directiva de SINTRAJAP. Respecto al artículo 50, dentro de la Administración Pública se reconocen ciertos incentivos salariales, tales como dedicación exclusiva (exige completa dedicación a la función pública), carrera profesional (estímulo a la superación académica y laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública), disponibilidad (estar disponible y localizable para la atención de emergencias), prohibición (inhibición obligatoria e irrenunciable para el libre ejercicio de la profesión que se ostenta), entre otros. En el caso del complemento salarial por cómputo, a diferencia de los mencionados antes, resulta ciertamente injustificado. Se trata, como lo manifiestan los accionantes, de un complemento salarial por el ejercicio de una función profesional normal, que carece del requisito de necesidad que lo justifique, por lo cual resulta violatorio de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, pues se trata de un beneficio diferenciado y privilegiado, y además, lesivo a los fondos públicos. Al igual que en el caso del artículo 55 de anterior mención, el artículo 57 se trata de una norma injustificada, que le impone a la Junta Directiva de JAPDEVA funciones que la ley no le establece. Otorga aumentos salariales a grupos de trabajadores, a los que además, la Junta Directiva de JAPDEVA, en forma discrecional, puede reconocerles otros incentivos tales como dedicación exclusiva, carrera profesional y disponibilidad. Esa falta de necesidad y de legitimidad que caracteriza a la referida norma, hace que pueda calificársele (así lo expresó la Sala en un precedente similar), como el “otorgamiento gracioso de un beneficio pecuniario, el cual, en todo caso, por su carácter específico, al preverse para un grupo de sujetos determinado o fácilmente determinable, quebranta el principio constitucional de la igualdad, puesto que, su reconocimiento no obedece a circunstancias objetivas y razonables”. (Sentencia Nº 2003-07981 de 15:11 hrs. del 5 de agosto de 2003). Adolece así el artículo de comentario de un trato diferenciado, discriminatorio, privilegiado y lesivo de los recursos públicos. El artículo 59, al igual que en los artículos anteriores, resulta una norma carente de justificación y necesidad, en el tanto simplemente otorga un complemento salarial por el ejercicio de una labor normal, en favor de un grupo determinado de trabajadores, sea, los de contabilidad, tesorería y planilleros. Igual que en los casos anteriores, la norma viola los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, y conlleva además un abusivo manejo de fondos públicos. Respecto al artículo 60 impugnado, esta Procuraduría reconoce la existencia de complementos salariales, producto de determinadas, circunstancias que les permiten considerarlos en la fijación de la retribución del trabajador. Existen, en consecuencia, incrementos en el salario por laborar en lugares tóxicos, o expuestos a la suciedad, o a la peligrosidad, que los distingue del trabajo corriente. Su percepción depende exclusivamente del ejercicio de las funciones o actividad que genere esa distinción; por ello, no tiene carácter consolidable, es decir, desaparece si no se ejecutan las funciones que determinaron su aplicación. De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto del artículo que se comenta, el reparo de inconstitucionalidad que se le atribuye recaería en su párrafo primero, si la ejecución de las labores del personal que allí se indica, no es permanente en la condición establecida, es decir, a una altura de ocho metros. Lo anterior, por cuanto el complemento salarial en cuestión se reconoce, según lo dispuesto en el citado párrafo, mensualmente, de manera continúa. Distinto es el caso del párrafo tercero, en lo pertinente al personal de taller mecánico, mantenimiento de edificios y equipos, en razón de que a éstos se les reconoce dicho complemento salarial únicamente si realizan las labores a la altura indicada. En otras palabras, el incentivo por altura implica el ejercicio de las labores en una condición de riesgo objetiva. Esa es su justificación y su necesidad. En la medida en que dicho complemento salarial se reconozca a un grupo de trabajadores, mensualmente, de manera indiscriminada, con independencia del ejercicio de la actividad que lo fundamenta, deviene en un reconocimiento gracioso de un beneficio pecuniario, ajeno a circunstancias objetivas y razonables, y en consecuencia, violatorio de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad; y por sí mismo, un uso indebido de fondos públicos. En cuanto al artículo 61, el pago del auxilio de cesantía, hasta un máximo de veinte años, como lo dispone el artículo que se comenta, infringe el principio de igualdad, en el tanto beneficia a un grupo de trabajadores, a los que se les reconoce, no sólo por causas distintas a las establecidas en la Constitución y en la Ley, como es el caso de la renuncia, sino que además disfrutan de un pago privilegiado, de hasta veinte años, más del doble de lo que se le paga a la gran mayoría de trabajadores del Sector Público. Lo anterior implica, además, una mayor erogación de fondos públicos, al reconocer la empresa un tope no de ocho años, como lo establece la ley, sino de hasta 20 años, aparte de que, su reconocimiento opera también por el hecho de la renuncia voluntaria del trabajador, y no sólo cuando la relación concluye por causa justificada u otra ajena a su voluntad, como en efecto lo dispone la Constitución (art. 63) y la ley (art. 28 y 29 del Código de Trabajo). Todo lo anterior lleva a que la norma en cuestión lesione los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, lo que a su vez constituye un indebido manejo de fondos públicos. En cuanto al artículo 63, estima la Procuraduría que el incremento de un cinco por ciento (5%), cada cinco años, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%), como estímulo a la carrera administrativa, y de manera específica a la administración portuaria, por el tiempo servido únicamente en JAPDEVA, y sin posibilidad de reconocer servicios prestados en otras instituciones del Estado, reporta, en cierto modo, beneficios a la Institución, en el tanto le permite contar con trabajadores especializados en el área específica de la “administración portuaria”. Asimismo, constituye un mecanismo, que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, resulta apropiado para estimular la carrera administrativa, que en el caso de dicha Institución, está estrechamente relacionada con la materia portuaria. En este sentido, la norma tiene vínculo con el servicio que presta JAPDEVA, al permitir, por esa vía, estimular la carrera administrativa de sus trabajadores, para un mejor cumplimiento en la prestación de sus servicios. Además, señala que la disposición no está ausente de parámetros racionales para que su aplicación no se torne abusiva, lo que se manifiesta con la excepción que se hace de quienes reciben el complemento salarial por arraigo, y de que sólo el tiempo servido en JAPDEVA, es el que resulta útil para que proceda el mencionado reconocimiento, cuyo límite alcanza el 25%. Tal exigencia, sea, el reconocimiento del tiempo laborado únicamente en JAPDEVA, respalda el grado de proporcionalidad que contiene la norma, fundamentalmente entre el fin que persigue y su contenido. Por ello, la Procuraduría no observa en este caso, que se cumplan los alegatos de inconstitucionalidad que se le atribuyen al artículo 63 que se comenta. Respecto al artículo 63 bis, la Procuraduría, en su informe relacionado con la acción Nº 03-009237-0007-CO, ante una de las normas impugnadas en esa oportunidad (art. 159 bis de la Convención Colectiva de Trabajo de RECOPE), similar a la que aquí nos ocupa, expresó:
“Esta Procuraduría, como Órgano Asesor de ese Alto Tribunal, no comparte los razonamientos que fundamentan las violaciones constitucionales alegadas en contra de la citada norma. Lo anterior por cuanto, es conocido, existen diversos factores en la fijación salarial. En este caso, nos encontramos ante un factor objetivo, vinculado con la naturaleza del trabajo. Se trata, el citado plus por peligrosidad, de un complemento salarial relacionado con el puesto de trabajo, es decir, con sus características, puntualmente, con el factor peligrosidad (existen otros como la penosidad del trabajo, exposición a tóxicos o a la suciedad, etc.), que los distingue del trabajo corriente. En la medida que se relacione con el puesto de trabajo, carece de carácter consolidable, esto es, que depende de la actividad. La norma impugnada, además de fijar porcentajes razonables (15% y 10%), es selectiva, en el sentido de que su reconocimiento está establecido para quienes ejecutan sus labores en la refinería de Moín, y en los planteles de almacenamiento y distribución de combustibles, sea, para quienes laboran en condiciones de riesgo. Consecuentemente, la norma dispone de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que le permiten su conformidad con la Constitución. Además, debe tenerse presente que sobresueldos como el que contempla la norma aquí impugnada, se reconocen en otros repartos de la Administración, como ocurre con el rubro de peligrosidad en el caso de los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (Acuerdo de corte Plena, tomado en Sesión de 29 de octubre de 1992, art. XXX), y el riesgo penitenciario y de seguridad y vigilancia, establecido en la Ley Nº 7884 de 9 de junio de 1999 (publicada en La Gaceta de 30 de junio de ese año), para los vigilantes de Adaptación Social y del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, respectivamente.” En consecuencia, no considera la Procuraduría que la norma de interés violente principios o normas constitucionales como las señaladas por los accionantes. En cuanto al artículo 65, a efecto de ponderar la inconstitucionalidad del beneficio establecido en la anterior cláusula, es pertinente acudir al precedente de la Sala contenido en su sentencia Nº 2000-7730 de las 14:47 hrs. del 30 de agosto de 2000, por cuanto, las razones que allí se exponen, y que fundamentaron la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 107 de la Convención Colectiva de RECOPE, sobre aportes económicos para toda clase de actividades sociales, son, en un todo, aplicables al beneficio del citado artículo 65 que aquí nos ocupa, por lo que, ante iguales antecedentes, lo procedente es disponer iguales consecuencias. Respecto al artículo 68 impugnado, la inclusión de quince millones de colones en el presupuesto de la Institución para un programa de vivienda para sus trabajadores, significa un desvío de los fondos de la empresa hacia objetivos que el ordenamiento no le asigna. En este sentido, se reitera la conveniencia de apreciar los vicios de inconstitucionalidad atribuidos a este numeral, a la luz de las consideraciones que determinaron la inconstitucionalidad del artículo 107 de la Convención Colectiva de RECOPE, comprendidas en el referido precedente de esa Sala Nº 2000- 7730. Con relación al artículo 70, este presenta las mismas características de los artículos anteriores, y como tales, los mismos vicios, por lo que lo pertinente es reiterar, para este caso también, lo expuesto por la Sala en el citado precedente Nº 2000-7730, concretamente en lo que corresponde a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 107 de la Convención Colectiva de RECOPE (SENTENCIA Nº 2000-7730). Refiere que mediante dicha sentencia, la Sala luego de un riguroso y exhaustivo análisis, determinó la anulación de varios artículos de la Convención Colectiva de RECOPE, por estimarlos contrarios a los artículos 11, 33, 50, 56, 62, y 68 de la constitución Política, así como violatorios de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las normas, de legalidad y de igualdad y de los deberes de la función pública. El anterior precedente, por la similitud de las violaciones constitucionales que motivaron la anulación de la normativa allí cuestionada, permite confirmar, sin más razones, la inconstitucionalidad alegada en contra de las normas impugnadas, que crean privilegios irrazonables y desproporcionados, en detrimento de la colectividad y del patrimonio público, como lo había ya determinado la Sala en su sentencia Nº 2003-07981, por lo que lo procedente en este caso es aplicar dichos precedentes (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), a efecto de ponderar el grado de concordancia de los artículos aquí impugnados con las normas, valores y principios de la Constitución Política.
Las normas impugnadas, excepto la 63 (sobre carrera de administración portuaria) y 63 bis (sobre riesgo policial), contemplan, sin duda alguna, beneficios con implicaciones económicas en contravención de la normativa vigente y del correcto empleo de fondos públicos. Con la salvedad indicada, ciertamente las disposiciones cuestionadas obligan a la empresa a reconocer un variado cúmulo de complementos salariales para todos los niveles de trabajadores, imponiéndole así una enorme carga financiera, que se satisface con recursos públicos, lo que constituye un indebido manejo de los fondos de la Institución, que son recursos de todos los habitantes. Todo ello infringe, además, la reiterada jurisprudencia de esa Sala constitucional en el sentido “ … de que la autorización para negociar no puede ser irrestricta, sea, equiparable a la situación en que se encontraría cualquier patrono particular, puesto que por esa vía, no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes …” (Voto Nº 04453-2000 de 14:56 hrs. del 24 de mayo de 2000). Con base en lo anterior y en el precedente de esa Sala, contenido en el voto Nº 2000-7730, es que la Procuraduría General de la República estima que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser acogida respecto de los artículos impugnados, con excepción del 63 (sobre carrera de administración portuaria) y el 63 bis (sobre riesgo policial).
4º—El señor Alberto José Amador Zamora, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántico contesta a folio 96 la audiencia concedida, manifestando que en nuestra Constitución Política es donde encontramos precisamente el soporte normativo necesario de las Convenciones Colectivas. Según el artículo 60 tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Por su parte el artículo 62 reza que tendrán fuerza de ley las Convenciones Colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. Es el mismo artículo 54 del Código de Trabajo que define el instrumento jurídico de la Convención Colectiva como: “la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás relativas a éste.” Así las cosas, vemos como las Convenciones Colectivas tienen respaldo constitucional y esto obedeció precisamente a una desigualdad que se venía dando, toda vez que el trabajador contrataba con su patrono en una posición de desigualdad, de inferioridad, por medio del contrato individual de trabajo, provocando esta desigualdad la figura de la Convención Colectiva, sustituyéndose de esta manera la figura del trabajador aislado por la de una asociación gremial y el contrato individual por la Convención Colectiva, con lo cual se contrató en un plano de igualdad, donde ambas partes defienden sus intereses y buscan con ello un equilibrio, surgiendo a la vez entre ellos el derecho colectivo sobre el individual. El marco jurídico de las convenciones colectivas dentro del sector público costarricense, se encuentra determinado actualmente por las disposiciones de los artículos 60 y 62 de la Constitución Política, Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado según Ley Nº 2561 de 11 de mayo de 1960, artículo 54 y siguientes del Código de Trabajo, Reglamento para la negociación de convenciones colectivas en el sector público, publicado en la Gaceta Nº 115 de 15 de junio de 2001, reformado según decreto ejecutivo Nº 30582-MTSS publicado el día 26 de junio de 2002 y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entre otros el Voto Nº 2000-4453 de las 14:56 horas del 24 de mayo de 2000 y Nº 2000-9690 de las 15:01 de 01 de noviembre de 2001. Señala que la Sala ha reconocido que no son inconstitucionales las Convenciones Colectivas que se celebren en el sector público, cuando las celebren obreros, trabajadores, funcionarios empleados del sector público cuyas relaciones laborales se regulan por el Derecho común, igualmente son compatibles con el derecho de la constitución los instrumentos colectivos que se han negociado y se han venido prorrogando o modificando, en aplicación de la política general sobre convenciones colectivas en el Sector Público. Así las cosas las convenciones colectivas suscritas en el sector público a tenor de lo dispuesto por los artículos 60 y 62 de la Constitución Política, artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo y jurisprudencia citada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las Convenciones colectivas tienen plena vigencia y por ende son constitucionales, cuando han sido concebidas y desarrolladas dentro del marco legal supracitado y por ende tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Bajo la óptica jurídica y en estricto sensu, la convención colectiva de JAPDEVA se fecundó bajo estrictos parámetros de constitucionalidad y legalidad, toda vez que se ajusta al principio de legalidad, debidamente autorizado por la Constitución y por los Convenios Internacionales ya mencionados en líneas supra, así como por el propio Código de Trabajo y otras leyes conexas, y también por el artículo 112. 1 de la General de la Administración Pública, porque crea un estatuto de Trabajo en el sector público con equilibrada satisfacción cuando lo logra, pues sería ilegal si no lo alcanzara de ambos intereses, el público en una eficiente administración del personal y el privado en un progresivo mejoramiento del trabajador, siempre a través de normas exorbitantes del Derecho Laboral Común. Así las cosas, considera que no se viola el principio de legalidad, simplemente porque en una convención colectiva dentro del sector público se introduzcan normas que superan la legislación laboral común. De hecho resultaría prácticamente irracional suscribir una convención colectiva para reiterar la lista de derechos y de obligaciones que ya existen en la legislación ordinaria, lo cual con todo respeto sería un contrasentido. Ciertamente toda Convención Colectiva y esto lo predica el Derecho Laboral común, no sólo de los convenios en el sector público, sino también de cualquier tipo de convenio colectivo debe respetar las normas prohibitivas fijadas mediante ley material y formal, en el entendido de que el margen de autonomía negocial se ejerce dentro de un marco normativo, que en el caso del sector público resulta mas extenso y riguroso. También sería un error, concebir que el único interés público tutelable en un régimen democrático sea el que se identifica con los fines del Estado. Esta vieja teoría, de raíces decimonónicas ha sido superada hoy día, al entender que otros colectivos, instituciones o grupos de ciudadanos pueden ser también portadores de intereses públicos. En todo caso la seguridad jurídica y la paz social garantizadas a través de una convención colectiva, son también intereses públicos autorizados por nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo con el bloque de legalidad que rigen las Convenciones colectivas. Señala que el ilustre tratadista Don Eduardo Ortiz quien indicó que nos es posible concebir una negociación colectiva sin normas exorbitantes del derecho laboral, pues ninguna utilidad tendría incorporar a un texto convencional las mismas condiciones de empleo que ya existen en la legislación ordinaria. Ciertamente algunas condiciones de empleo no pueden ser negociadas, desde el momento en que forman parte de competencias exclusivas de la administración y que provienen de su capacidad de derecho público. En otras legislaciones como Italiana o española la ley indica expresamente cuáles son esas facultades de la administración que no pueden ser objeto de negociación colectiva con las organizaciones sindicales. En nuestro país ante ausencia de ley, ha sido la propia Sala Constitucional, quien ha definido mediante su jurisprudencia que por la vía de Convenciones Colectivas en el sector público, no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, ni modificar o derogar leyes que otorgan o regulares competencias de los entes públicos, atribuidos en razón de la jerarquía normativa o de las especiales condiciones de la Administración Pública con relación a sus trabajadores (Voto Nº 4453-2000 ). Así las cosas mientras que la Convención Colectiva no haya dispensado o modificado estas, se encuentra plenamente ajustada a derecho y por ende no peca de inconstitucional como lo pretenden los recurrentes. Considera que los recurrentes no son titulares de intereses colectivos, en primer lugar por cuanto el recurso lo presentan a título personal y como diputados de la Asamblea Legislativa, que si bien es cierto en este carácter son representantes del pueblo, lo cierto del caso es que los intereses que pretenden titular no son de toda la colectividad costarricense , sino de un solo sector, o categoría de ella, ya que de ser así estaríamos dejando de un lado un gran sector que también tiene los mismos derechos como sería el sector privado. De considerarlos legitimados para accionar, se estaría admitiendo una legitimación ilimitada al modo de una acción popular, tesis que ha sido descartada en forma reiterada por la Sala Constitucional y prueba de ello son los Votos Nº 550-91 y 980-91 de las 18:50 horas del 15 de marzo y de las 13:30 horas del 24 de mayo respectivamente, por lo que considera que los mismos carecen de legitimación activa para recurrir, como en efecto así solicita que se declare. Señala que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento en seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Por consiguiente la ley debe de ser igual para todos los iguales en iguales circunstancias, y que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Considera que no son de recibo los argumentos vertidos por los accionantes en cuanto al artículo 44, toda vez que es un beneficio otorgado única y exclusivamente para aquellos funcionarios que forman parte de la Junta Directiva de SINTRAJAP, quien es ella, o sea la propia Junta del Sindicato la que gozara de esos días y a juicio de ella misma y de acuerdo a las propias circunstancias de esta, es la que se encargara de distribuir los mismos entre sus miembros, teniendo como parámetro o tope los ciento cincuenta días, parámetro que no se puede exceder, pero que en todo casi si puede ser menor.
Precisamente sobre este particular tanto funcionarios como empleadores estuvieron de acuerdo y por ello fue que se materializó la convención, es decir hubo un acuerdo de partes, entre funcionarios y patrono acerca de los cientos cincuenta días que se le iban a conceder como en efecto se dieron a la Junta Directiva del Sindicato, días que serían administrados, distribuidos y justificados precisamente por esa Junta Directiva. Ahora bien el asunto a considerar es quien tiene derecho a disfrutar de esos días, la respuesta solo puede ser una. Los miembros de la Junta Directiva de SINTRAJAP, entiéndase sobre este particular todos y cada uno de ellos, por estar en idénticas condiciones, a contrario sensu, quien no sea miembro de la Junta Directiva del Sindicato no tiene derecho a disfrutar de estas, y esto es así, precisamente porque el principio de igualdad tiene como finalidad un mismo trato a todos los sujetos que se hallen en una posición similar y los únicos que pueden estar en posición similar son los mismos miembros de la Junta Directiva del Sindicato, motivo por el cual quienes no formen parte de esta obviamente tendrán un trato diferente con respecto a este beneficio, sin que la norma sea inconstitucional. Tampoco podemos in visibilizar que esos ciento cincuenta días al mes son el tope máximo lo que en buen castellano quiere decir que es perfectamente factible que en un mes se de sólo un día, o cinco, o cincuenta, según las propias necesidades de la Junta y precisamente esas mismas necesidades son las que van a determinar si la norma es proporcional y racional, ya que las necesidades no pueden ser cuantificadas o previsibles, sino que dependen de variables externas que deben ser consideradas en su momento y cuando se presenten. Por lo que considera que la norma impugnada no es inconstitucional y como tal así solicita a la Sala que se pronuncie y declare sin lugar la impugnación hecha por los recurrentes a dicho artículo. En cuanto a los complementos salariales, estima que no llevan razón los recurrentes al considerar que ello violenta el principio de igualdad por no existir el mismo tratamiento patrimonial, en cuanto hace a los sobresueldos o complementos salariales por el ejercicio de una función profesional normal. Véase que la norma más bien lo que pretende es compensar, equiparar, poner entre iguales a los trabajadores de la institución que no se ven beneficiados con otros plus salariales, como serían la dedicación exclusiva, disponibilidad, carrera profesional, entre otros. Estos trabajadores en virtud de la especialidad de sus funciones se ven motivados y retribuidos económicamente con un 25% sobre el salario base, ya que se encontraban salarialmente hablando en una desproporción, con respecto a los demás funcionarios de la institución que sí recibían otros beneficios. Señala que este sector laboral de JAPDEVA se encontraba en igualdad de condiciones que el resto de la población laboral, cumplían y cumplen con un horario de trabajo, realizan una función específica y tienen un mismo empleador entre otras cosas, sin embargo no se les estaba reconociendo ningún complemento salarial como a otros, lo que los ubicaba en una posición de desventaja y discriminación con respecto a los demás funcionarios que sí recibían otro tipo de beneficios patrimoniales. Ahora bien, parte de la razón de ser de las Convenciones es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, procurando mantener un buen clima organizaciones, racional, equitativo y proporcional a sus funciones, razón por la cual desde mil novecientos noventa y cuatro, por medio de Convención Colectiva JAPDEVA ha reconocido a sus funcionarios ese incentivo, prueba de ello es que la Convención Colectiva de Trabajo de 1994-1996 reconoce ese incentivo en su artículo 55, mismo que es reiterado en la Convención de 2002-2003, también en su artículo 55, por lo que los trabajadores han adquirido ese derecho por casi una década y sobre la cual no ha existido incremento alguno de ese porcentaje, pese a que el costo de la vida se ha visto incrementado en todos los aspectos y los trabajadores de JAPDEVA no han sido excluidos de ese incremento, por lo que el mismo no puede ser, ni irracional, ni desproporcionada (en todo caso sería para los propios trabajadores), ya que durante casi diez años no ha sufrido incremento alguno. Por otra parte es importante traer a colación el Voto Nº7994-97 de las diecinueve horas seis minutos del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fecha para la cual se encontraba vigente la Convención anterior y en donde la Sala Constitucional de forma expresa reconoce la aplicación del artículo 55 de la Convención, para ser aplicados a todos aquellos funcionarios que desempeñen puestos de técnicos con especialidad en computación. Con esta base jurídica constitucional fue que JAPDEVA consideró con fundamento en los artículos 33, 57 y 88 de la Constitución Política, 167 del Código de trabajo, 55 de la Convención Colectiva de Trabajo y el Voto Nº 4044-96 de las 11:12 horas del 09 de agosto de 1996, que no podía establecer discriminación alguna sobre el salario, ventajas o condiciones de trabajo respecto de algún grupo de trabajadores y en perjuicio de otros, por lo que debería de pagarse un 25% a los funcionarios que se encuentren clasificados o llegaren a hacerlo como técnicos en computación y que no estén devengando ese plus salarial. Siendo requisito sine qua non que el trabajador esté prestando servicios y que esté clasificado como técnico en esa materia, además de que quien devengue el plus no podía recibir dedicación exclusiva, disponibilidad, carrera profesional. Señala que el artículo 57 cuestionado encuentra su fundamento en el artículo 167 del Código de Trabajo el cual establece, que para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en este, tanto los pagos por cuota diaria, cuando las percepciones, servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se de a un trabajador a cambio de su labor ordinaria. No podrán establecerse diferencias por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Con base en estos razonamientos fue que la Junta Directiva lo aprobó. Es importante destacar que a la hora de interpretar una cláusula de la Convención, es trascendental hacer un análisis histórico de cuales fueron los motivos que originaron o dieron como resultado el acuerdo entre el sindicato y el patrono, y no podríamos invisibilizar los principios de la buena fe, equidad y la justicia. Tampoco se puede obviar que los principios del derecho laboral, ceden o al menos se atenúan en la interpretación de la convención colectiva, porque los contratantes al momento de convenir estaban en situación de paridad, y por ende de una igualdad jurídica más real. Siendo que precisamente el espíritu con que fue concebido este artículo, considerando el momento en que se logró fecundar y madurar el mismo se tenía presente la captación de profesional calificados a una provincia en la cual precisamente se requería de ese recurso humano, ya que era costumbre del profesional de la zona inmigrar a la ciudad capital, razón por la cual fue que en aras de atraer inversión y desarrollar la vertiente se creó ese incentivo, en donde los profesionales tenían que inmigrar a la vertiente como se indicó, a trasladar su familia, y comenzar a radicarse, lo cual no era muy atractivo a la mayoría de los profesionales, razón por la cual en aras de compensar esa situación se crea ese incentivo. Bajo esas consideraciones es justo, racional y proporcional reconocer este incentivo para los profesionales debidamente acreditados, y evitar así que éstos inmigren a la gran área metropolitana, en donde las condiciones económicas, laborales, sociales y climáticas son mejores. En cuanto a la cesantía señala que con la noción actual, se acepta también que sean considerados, para efectos de la fijación de la prima de antigüedad indicada, todos los años de relación laboral y no los ocho últimos años como es la regla indemnizatoria en la actualidad. La modificación del auxilio de cesantía en los términos propuestos, haciéndolo pagadero al trabajador en todos los casos y sin límite de años, implica un innegable avance político. Comprender la verdadera dimensión de ello hace que la relación laboral sea más justa y más entre pares, teniendo como fin último el bienestar social de la clase trabajadora. Tomando en consideración que el incentivo se aplica con numerus clausus, es que no podemos hablar de una cesantía determinada por los años laborados, ya que este precisamente tiene un tope el veinte años y muchos de los funcionarios de JAPDEVA, superan esos años de servicios, por lo que este incentivo que cuestionan es proporcional y razonable con los años de servicio que presta un funcionario, amen de ser un acuerdo previo entra partes, lo que lo convierte en ley y estar debidamente aprobado por la Autoridad Presupuestaria, por lo que se encuentra cobijado por el derecho de la Constitución. En cuanto al artículo 63 cuestionado, tiene como razón aquellos trabajadores que por algún motivo no perciban el incentivo de arraigo profesional, tienen el derecho de que se les reconozca el plus salarial por carrera portuaria, precisamente con el objeto de dar un trato equitativo a los funcionarios de la institución y no colocarlos en una posición discriminatoria con los otros trabajadores, ya que entonces sí se estaría violentando el principio constitucional de igualdad ante la ley, que contempla nuestra Constitución Política en su artículo 33. Este es un incentivo que se le da al trabajador que vendría a ser porcentualmente hablando de 1 % por ciento anual, nada mas que aplicable cada cinco años, con lo cual cumple con los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad de la norma. Sobre el incentivo de altura considera que no resulta inconstitucional por cuanto dichos funcionarios reciben ese plus o compensación salarial en virtud de la peligrosidad, responsabilidad y riesgo de sus funciones, que los viene hacer acreedores precisamente de esa compensación económica. Estos beneficios adicionales desde el punto de vista de la ley, no tienen la virtud de aumentar el salario base, ni lo conforman, aunque sí son parte integrante del salario total. Sobre el cuestionamiento al artículo 65 de la Convención Colectiva sobre la ayuda social en caso de defunción, del 68 sobre el fondo rotativo destinado a vivienda de los trabajadores y el plan de incentivos que contempla el numeral 70, señala que son beneficios que vienen a colaborar con el desarrollo socioeconómico de la provincia a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en aras de apoyar las políticas de bien social que desarrolla el país, como es el caso de vivienda y que dicho sea de paso uno de los problemas más graves que afronta la provincia, en donde radica la casa laboral de la mayoría de los funcionarios de JAPDEVA. Ese mismo espíritu tiene el plan de incentivos, cual es mejorar la calidad de vida de los trabajadores con la finalidad de ir de la mano con las políticas gubernamentales y coadyuvar en la función social del Estado, por lo que el articulado en discusión se fundamenta en principios de justicia, equidad, bien social, calidad de vida, proporcionalidad y razonabilidad, por lo que bajo estas variables jurídicas no pueden ser considerados inconstitucionales. Dentro de los complementos salariales existen varios tipos, sin que exista en doctrina una terminología unánime, al respecto tenemos: a) aquellos que buscan estimular o apremiar el buen desempeño del trabajador, b) los que se dirigen a resarcir la mayor gravosidad de una labor, como puede ser nocturna, insalubre, peligrosa entre otras y los que responden a las cualidades personales del empleado, como sería antigüedad, preparación académica entre otros a considerar. Ya ha dicho la Sala que tales, premios, bonificaciones o incentivos, deben de considerarse como integrantes del salario y en la medida que produzcan un incremento patrimonial del trabajador, como contra prestación por sus servicios, debe conceptuarse como salario ( Voto Nº 160 de las 14:30 horas del 23 de junio de 1994. Por lo que así las cosas los artículos antes mencionados no pueden bajo una óptica jurídica ser inconstitucionales. Solicita que se declarare sin lugar todos los extremos petitorios de la acción.
5º—El señor Danilo Powell Pritchard, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA “SINTRAJAP” (folio 148), se apersona y manifiesta que para analizar la situación jurídica se deben invocar los siguientes parámetros: a) El principio constitucional del derecho a progresar por el trabajo, b)El principio constitucional del salario como un mínimo superable y c) La norma constitucional que establece la cesantía como un mínimo mejorable, lo anterior en virtud de que es reconocido, que parte de la naturaleza de la Constitución, es ser un sistema normativo supremo, lo cual significa que las normas superiores se encuentran conectadas a una relación lógica y axiológica que quizá hay que descubrir pero que existe. En suma, el principio de la unidad de la Constitución, exige analizar los vínculos entre el derecho social y laboral constitucional y los principios constitucionales del derecho público. Sostiene que los artículos 44, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 63 bis, 65, 68 y 70 convencionales aquí impugnados, se conforman en un todo con un sistema de valores y principios extraíbles de la Constitución, y que propugnan todos ellos por una protección y estímulo al trabajador público en plena armonía con exigencias de correcto uso de fondos públicos. Señala que no basta con reconocer que en las empresas públicas es lícita la Convención Colectiva, ni tampoco es suficiente apegarse a un concepto de igualdad que no explota en el caso concreto los contenidos de una justicia conmutativa. Manifiesta que la Constitución Política en su artículo 56 prevé el derecho al trabajo como un haz de derechos fundamentales y lo considera como una cualidad intrínseca del ser humano condenando toda consideración del trabajo como simple mercancía, razón por la que el ser humano como trabajador debe estar protegido, sin que el trabajador deje de serlo por el hecho de laborar en el sector público. Además recoge el mencionado artículo constitucional, el derecho al progreso por el trabajo, lo cual significa que toda regulación referente al trabajo es un mínimo y nunca un máximo, pues en el momento en que se quisieren establecer normas que fijen máximos, se estaría negando el contenido constitucional de este derecho. De conformidad con lo anterior, se concluye que el Estado adopta un papel tutelar activo que va más allá del simple y pasivo reconocimiento; sin embargo, cuando la tutela estatal no alcanza, opera la autotutela gremial que viene prevista en los artículos 60 a 62 constitucionales. Así, la posibilidad de superación por vía del trabajo se instrumentaliza por tres mecanismos, también de rango constitucional y contemplados en los artículos 60 a 62 constitucionales, que son la huelga, el sindicato y la Convención o Negociación Colectiva. Afirma que esta Sala en su voto 1696-92, indicó que la relación de empleo se rige por el derecho público excluyendo la aplicación del derecho laboral, salvo en las empresas y servicios económicos del Estado, y mediante voto 4453-2000 se ratificó el criterio de que son inconstitucionales en la Administración Pública, salvo ciertas excepciones a determinar en cada caso concreto, como por ejemplo las empresas del Estado, razón por la cual los beneficios salariales que se pacten por vía de una convención colectiva encierran pleno respaldo en el derecho constitucional laboral y que por lo tanto son conformes con el principio de legalidad. En cuanto a los principios constitucionales relacionados con la materia salarial, señala que igualmente, admitir el carácter protector de la normativa laboral conlleva la admisión del principio de que los derechos laborales son siempre susceptibles de ser mejorados por otras disposiciones legales, consecuencia que ha sido aceptada por esta Sala mediante voto 474-96. En otras palabras, de la relación de los artículos 56 y 74 constitucionales se deriva un principio constitucional, que por serlo se extiende a todo tipo de trabajadores sin distinción alguna, que dice que los derechos laborales son mínimos siempre superables y nunca disminuibles por otra normativa, de lo cual se deduce que en caso de concurrencia de normas, lo conforme al parámetro de constitucionalidad es entender que es de preferente aplicación la más beneficiosa, en relación con los principios de la aplicación de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, previstos en el artículo 16 del Código de Trabajo. En cuanto al artículo 61 impugnado de la Convención Colectiva, el cual establece el beneficio de la cesantía con un tope de veinte años, manifiesta que no puede constituir uso indebido de fondos un instituto que es reconocido en diversas leyes, inclusive en forma más favorable para trabajadores de otras instituciones, ni tampoco aquello que es desarrollo de la Constitución, como en este caso lo es el artículo convencional del artículo 63 Constitucional. Indica que en nada obsta el reconocimiento de la cesantía como un derecho real, es decir, como un derecho que opere al margen de la causa por la cual se puso término a la relación de trabajo, lo cual puede ser resultado de la simple voluntad patronal, caso que opera únicamente en el sector privado por Convención Colectiva, por laudo Arbitral, o por ley específica, por ejemplo el caso del solidarismo y ahora del cooperativismo, según recién promulgada la ley 7849. En todas estas situaciones, sería posible la cesantía como un derecho consolidado que prevé una indemnización ya sea por lesión a un bien jurídico, ya sea como una indemnización al margen de la existencia de lesión a un derecho o bien jurídico. En lo que se refiere al artículo 44 convencional impugnado, el cual establece licencias o permisos con o sin goce de salario para los miembros de la Junta Directiva del Sindicato, considera que lejos de ser un privilegio injustificado, la norma es un mecanismo de instrumentalización y efectivización de principios jurídicos superiores que obligan a los patronos a conceder facilidades para la actividad sindical y cuyo sustento normativo se encuentra en la doctrina del artículo 62 constitucional en relación con el Convención 187 de la OIT y sobre todo en el Convenio Internacional 135 de la OIT y en la recomendación 143 emanada de esa misma organización y que es ley de la República, normas que en resumen establecen que a los representantes de los trabajadores en la empresa, deben otorgarse las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones, lo cual es desarrollo del artículo 62 constitucional, que reconoce el principio de la libertad sindical comprensivo del fuero sindical, y del estímulo y otorgamiento de facilidades para los dirigentes sindicales a efectos de que puedan desempeñar eficazmente su función, la cual es considerada de interés público por el mismo Código de Trabajo. Sobre los artículos 55 y 57 impugnados, señala que el pago de esta exclusividad se encuentra justificada y fundada en razones de interés público institucional, relacionadas con la calidad del servicio que prestan las instituciones públicas, ya que se trata de un plus salarial o beneficio económico, que busca la total concentración y dedicación del funcionario a su puesto y a su actividad, de manera que los funcionarios se encuentren bien remunerados. Agrega que tienen alguna similitud con las justificaciones que soportan el instituto de la dedicación exclusiva, es decir, es un aliciente económico al funcionario, para garantizar la permanencia y continuidad del funcionario profesional, persiguiendo retener al funcionario profesional para que éste no emigre al sector privado. En cuanto a los artículos 65, 68 y 70 convencionales, afirma que el contenido de tal normativa es congruente con los valores de solidaridad que animan un Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la ayuda social en caso de defunción, el fondo rotativo destinado a vivienda de los trabajadores y el plan de incentivos establecido en el artículo 70, son estímulos y beneficios que encuentran su respaldo en los artículos 65 y 74 constitucionales y en las políticas para el desarrollo y la protección de la familia. Por su parte las normas que contienen complementos salariales relacionados con riesgos en el trabajo (artículo 60), riesgo policial (artículo 63 bis), complemento salarial (artículo 59) y beneficio de carrera profesional (artículo 63), las mismas son disposiciones propias del resorte de una política salarial institucional y la discusión respecto de sus alcances, fundamentos de necesidad y origen es de legalidad y no de constitucionalidad. Por último, señala que la Convención Colectiva es un contrato, por el cual se negocian o pactan las condiciones de trabajo, la cual tiende a mejorar dichas condiciones, aceptándose en la mejor doctrina la constitucionalidad de la Convención Colectiva en las Empresas Públicas y la vigencia de la aplicación del derecho laboral en este tipo de instituciones. Solicita que se desestime la acción planteada.
6º—El catorce de noviembre de dos mil tres, Ovidio Pacheco Salazar, en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social solicitó ser tenido como coadyuvante pasivo de la presente acción. (Folio 194)
7º—Por resolución de las once horas cincuenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil tres, la Presidencia de la Sala rechazó por extemporánea la solicitud de coadyuvancia planteada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. (Folio 216)
8º—El doce de octubre de dos mil cinco, trabajadores de JAPEDEVA se apersonaron a la Sala a solicitar que la Sala se pronuncie sobre el fondo del asunto, pues señalan que al estar impugnado el artículo 59 de la Convención Colectiva, no pueden negociar nada en ese sentido en la próxima Convención. (Folio 226)
9.—El treinta de octubre de dos mil seis, el Lic. William Quiel Rivera solicitó a la Sala redactar la sentencia recaída en este asunto, pues se encuentra suspendido un juicio laboral en el que es parte. (Folio 230)
10.—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 200, 201 y 202 del Boletín Judicial, de los días 17, 20 y 21 de octubre del 2003 (folio 80).
11.—La vista oral y pública prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no se celebró, por estimar esta Sala que los elementos de juicio existentes en el expediente son suficientes para la resolución de la presente acción de inconstitucionalidad.
12.—En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
I.—Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. Dispone el texto en cuestión que procede cuando “por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual ni directa”, es decir, cuando por esa misma naturaleza, la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. Sería el caso de actos que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales, y no propiamente de sus miembros en forma directa. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de “intereses difusos”; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres)
“… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter”
En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de “difusos”, tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que sólo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo “Estado de derechos”, que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses “que atañen a la colectividad en su conjunto”, se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa.
II.—La legitimación de los accionantes en este caso. A partir de lo dicho en el párrafo anterior, es claro que los actores ostentan legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior no porque se trate de diputados de la Asamblea Legislativa, sino porque acuden en defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo es el buen manejo de los fondos públicos, que a su juicio están siendo mal empleados por parte de un órgano público como es JAPDEVA. Precisamente por estar en juego el manejo que se haga de fondos públicos, y la incidencia del tal manejo en la prestación de servicios públicos de capital importancia, es que esta Sala entiende que estamos ante una acción que pretende la tutela de intereses que atañen a la colectividad nacional en su conjunto, por lo que los actores se encuentran perfectamente legitimados para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2º del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
III.—Otros aspectos de admisibilidad. Estando claro que los actores cuentan con legitimación suficiente para promover esta demanda en los términos dichos, resta indicar que las actuaciones impugnadas están entre las previstas en el artículo 73 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por tratarse varios actos públicos de carácter general (cláusulas de la Convención Colectiva de JAPDEVA). Se trata, en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, los actores cumplieron los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo de la misma.
IV.—Objeto de la acción. La presente demanda, pretende que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 44, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 63 bis, 65, 68 y 70 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre JAPDEVA y el Sindicato de Trabajadores de esa institución (SINATRAJAP). A juicio de los actores, las referidas normas son contrarias a los artículos 11 y 33 de la Constitución Política, así como a los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.
V.—Las convenciones colectivas de trabajo frente al parámetro de constitucionalidad. La posibilidad de negociar colectivamente para los trabajadores que no participan de la gestión pública de la Administración, los empleados de empresas o servicios económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al Derecho común, ha sido reconocida reiteradamente por esta Sala a partir de la sentencia número 03053-94, criterio que reitera o ratifica después en las sentencias 2000-07730 y 2000-04453. Se admite como teoría general del Derecho Colectivo Laboral, que éste se integra, principalmente, por una trilogía de derechos que persiguen hacer realidad y dar solución a la necesidad de los trabajadores de agruparse para compensar la inferioridad real en que se encuentran cuando actúan aislados, frente al patrono y ante la genérica regulación de sus derechos en el Código de Trabajo; se trata del derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y a la resolución efectiva de los conflictos colectivos. Existen dos regímenes en materia laboral: uno que se regula por el Código de Trabajo y el otro, por normas de Derecho Público. Esta Sala ha reconocido por ende que la relación entre el Estado y los servidores públicos, como tesis de principio, es una relación de empleo público o estatutaria; en otras palabras, el servidor del régimen de empleo público se encuentra en relación con la Administración, en un estado de sujeción; aquella puede imponer unilateralmente las condiciones de la organización y prestación del servicio para garantizar el bien público. Esta conclusión implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva en el sector público, de conformidad con los artículos 191 y 192 constitucionales. Por último, en la sentencia número 1696-92 de esta Sala, se declaró la inconstitucionalidad de los mecanismos del arreglo directo, la conciliación y el arbitraje para los funcionarios que realicen gestión pública pero reconociendo que es válido que los obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública de la Administración pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo, de tal forma que entes con un régimen de empleo de naturaleza laboral (no pública), como por ejemplo, las empresas del Estado, sí pueden negociar colectivamente de conformidad con las disposiciones que informan el Derecho Colectivo del Trabajo. No obstante lo anterior, es claro que por tratarse de funcionarios remunerados con fondos públicos, incluso en el caso de aquellos que puedan regir sus relaciones de trabajo por normas producto de una negociación colectiva, la situación de las instituciones públicas empleadoras nunca será equiparable a la de cualquier patrono particular, puesto que por esa vía no puede dispensarse o excepcionarse la aplicación de cualesquiera normas o principios de orden público. Sea cual sea el rango normativo que se reconozca a este tipo de instrumentos, es claro que se encuentran subordinados a las normas y principios constitucionales. Es por lo anterior que, pese al reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva y a su desarrollo en diversos instrumentos internacionales (Convenios de la Organización Internacional del Trabajo números 87, 98, 135 y 151, este último no aprobado aún por la Asamblea Legislativa), no existen, en el ordenamiento costarricense, zonas de “inmunidad constitucional”, es decir, actuaciones públicas que escapen al sometimiento al principio de regularidad constitucional. En sentencia número 2001-08239, la Sala Constitucional determinó que incluso los actos de Gobierno están sujetos al Derecho de la Constitución y por ende son susceptibles de control de constitucionalidad. De manera que incluso las cláusulas de una convención colectiva suscrita por una administración o empresa pública y sus trabajadores está enteramente sometida a las normas y principios que conforman el parámetro de constitucionalidad. En adición a lo anterior, por tratarse de decisiones que acarrean consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública, es claro que cláusulas como las ahora impugnadas pueden ser objeto de revisión no apenas respecto del cumplimiento de los procedimientos para su creación, sino incluso en relación con su adaptación a las normas y principios constitucionales de fondo. Las obligaciones contraídas por las instituciones públicas y sus empleados pueden ser objeto de un análisis de razonabilidad, economía y eficiencia, sea para evitar que a través de una convención colectiva sean limitados o lesionados derechos de los propios trabajadores, sea para evitar que se haga un uso abusivo de fondos públicos. Así, procederá ahora la Sala a analizar la validez de cada una de las cláusulas impugnadas, ordenadas según los temas traídos a discusión por los accionantes.
VI.—Licencias sindicales. Los accionantes consideran que lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Colectiva de JAPDEVA resulta inconstitucional, pues otorga licencias con plazos exorbitantes en razón de actos que ni siquiera están expresados, lo cual atenta contra el manejo adecuado de los fondos públicos y la adecuada prestación del servicio, constituyendo una liberalidad ilimitada a favor de la Junta Directiva del Sindicato. Al respecto, establece dicho numeral:
“Artículo 44: La Junta Directiva de SINTRAJAP gozará de hasta (150) ciento cincuenta días hábiles por mes, con goce de salario que distribuirá a su juicio entre sus directores. El SINDICATO queda comprometido a avisar por escrito con una antelación de veinticuatro horas (24).
En caso de urgente necesidad a juicio de la Gerencia respectiva y solicitud del SINDICATO, no se aplicará el plazo de veinticuatro horas (24) establecido en el párrafo anterior.
Para efecto de los dirigentes sindicales que laboran de acuerdo a la marca de pizarra, rol, jornada, etc. JAPDEVA cancelará el tiempo extra de acuerdo a lo que gane su cuadrilla o sección; asimismo, la bonificación, en los casos en que se reciba ese beneficio.”
El artículo 60 de la Constitución Política reconoce expresamente el derecho de todos los trabajadores a sindicalizarse, como medio para obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Es así como claramente se puede afirmar que es un derecho fundamental la posibilidad de los trabajadores de hacerse representar por organizaciones sindicales para contrarrestar al menos parcialmente, su posición de inferioridad material frente al patrono. No obstante, la generalidad de la citada norma constitucional no permite comprender con la simple lectura del texto en cuestión, la dimensión del referido derecho fundamental. Para tener una idea más clara acerca de los alcances de la libertad sindical en Costa Rica, resulta necesario tomar en consideración las disposiciones acordadas por la Organización Internacional del Trabajo, en especial en sus Convenios números 87 y 135, así como en la Recomendación número 143. El Convenio número 87, Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho a la Sindicación, aprobado por Ley 2561 de once de mayo de mil novecientos sesenta, además de reconocer la libre sindicalización como un derecho básico (artículo 2°), prohíbe a los Estados intervenir en modo alguno que pueda derivar en la limitación o entorpecimiento de ese derecho. Por su parte, el Convenio número 98, Relativo a la Protección y Facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la Empresa, aprobado mediante Ley número 5968 de nueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, dispone que los representantes de los trabajadores deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluso el despido (artículo 1°); asimismo, establece que tales representantes deberán recibir de parte de sus patronos, las facilidades necesarias para llevar a cabo su función en forma rápida y eficaz (artículo 2°), remitiendo a la “legislación nacional” o a decisiones jurisdiccionales, la delimitación de los destinatarios de dicho beneficio (artículo 4°). En la misma línea, la Recomendación número 143, Sobre los Representantes de los Trabajadores, adoptada en dos de junio de mil novecientos setenta y uno, determina que los representantes sindicales deben recibir en los Estados miembros la protección y facilidades necesarias para llevar a cabo en forma efectiva su función (artículos 2 y 3); igualmente, exhorta a los Estados a disponer para los representantes sindicales, facilidades concretas, tales como tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales (artículo 10); dispone que debe asegurar a los representantes el tiempo libre suficiente para asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales, sin menoscabo de su remuneración, prestaciones u otras ventajas sociales (artículo 11). En desarrollo de las normas supralegales citadas, el artículo 363 del Código de Trabajo prohíbe cualquier acción u omisión que tienda evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores o sindicatos. Finalmente, el artículo 33 inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil estipula que los permisos conferidos a los dirigentes y miembros de los sindicatos para asistir a cursos de capacitación en el campo sindical o de estudios generales, dentro o fuera del país, podrán serlo con goce de salario y sin deducción del período de vacaciones. El anterior cuadro sirve para constatar que Costa Rica ha reconocido ampliamente el derecho a la sindicación, así como la necesidad de dar a los representantes de los trabajadores las facilidades necesarias para llevar a cabo su labor en forma eficaz. Si bien las disposiciones más concretas y específicas en relación con este tema están contenidas en una “Recomendación” de la Organización Internacional del Trabajo, ya la Sala ha reconocido la vigencia de las reglas contenidas en los instrumentos de carácter meramente declarativo, no sujetos al procedimiento para la suscripción y aprobación de los tratados internacionales (ver sentencia 2002-05245 de las dieciséis horas con veinte minutos del veintinueve de mayo de dos mil dos).
Si bien de lo antes dicho se desprende que en Costa Rica se debe garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical, así como que los patronos (públicos o privados) deben asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de la mencionada actividad, lo cierto es que dicha colaboración debe darse dentro de márgenes de razonabilidad y sin que ello afecte la adecuada prestación del servicio público. En el caso de la cláusula en análisis, ésta autoriza a la Junta Directiva del Sindicato el otorgamiento de licencias con goce de salario hasta por ciento cincuenta días al mes para ser distribuidos entre sus directores, lo cual estima esta Sala desproporcionado, no sólo por la gran cantidad de días otorgados, sino también porque la norma no especifica el uso que se le dará a esas licencias, constituyendo una liberalidad ilimitada a favor del Sindicato. Dicha apertura normativa, sumada a la posibilidad del Sindicato de que ni siquiera avise con antelación sobre el disfrute de las licencias, pone sin duda en riesgo la adecuada prestación del servicio público. Asimismo, se desprende del último párrafo del artículo cuestionado, que se reconoce un pago de horas extra a los dirigentes sindicales aun cuando no presten efectivamente el servicio, con lo cual es evidente que la institución no está recibiendo nada a cambio y se está otorgando un privilegio injustificado. Por las razones anteriormente indicadas, esta Sala estima que el artículo 44 de la Convención Colectiva de JAPDEVA, debe ser anulado por inconstitucional.
Ahora bien, debe indicarse que la anulación de la norma en cuestión obedece a la desproporcionalidad de los montos de las licencias otorgadas, sin embargo ello no enerva la posibilidad del Sindicato de negociar ese tipo de licencias dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que esta Sala considera razonable la existencia de las mismas para facilitar la labor sindical, siempre que esto no atente contra la adecuada prestación del servicio público y el manejo de los fondos públicos.
VII.—Complemento salarial por cómputo, incentivo por altura y riesgo policial. Los accionantes impugnan el otorgamiento de una serie de incentivos por parte de la Convención Colectiva de JAPDEVA, pues los consideran irrazonables, desproporcionados y contrarios al principio de igualdad. En los casos de los complementos por cómputo, altura y riesgo policial, ésta Sala estima que aplica el mismo razonamiento, por lo que conviene analizarlos en forma conjunta. Dichos incentivos se encuentran regulados respectivamente en los artículos 55, 60 y 63 bis de la Convención Colectiva impugnada, por lo que conviene transcribir cada uno de ellos:
“Artículo 55: COMPLEMENTO SALARIAL POR COMPUTO.
JAPDEVA reconocerá un complemento salarial de un 25% sobre el salario base aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie técnica, con especialidad en computación a los funcionarios que desempeñen efectivamente las tareas propias de los puestos, y que no estén devengando otro incentivo por concepto de compensación económica como: Dedicación Exclusiva, Disponibilidad, Carrera Profesional.
En el caso de los técnicos con especialidad en computación que se refiere al párrafo anterior, que quisieran acogerse al incentivo que otorga la carrera de Administración Portuaria, lo que se hará es un ajuste hasta completar el máximo de un 45% sobre el salario base. Ello no relevará a estos trabajadores de las responsabilidades específicas de su puesto.”
“Artículo 60: JAPDEVA reconocerá mensualmente, por concepto de complemento salarial por altura, un treinta por ciento (30%) sobre el salario base, a los operadores de grúa puente, stradler carrier, mecánicos y electromecánicos de grúa puente y stradler carrier, que realicen labores a una altura mínima de ocho metros sobre tierra firme, por el riesgo que el mismo conlleva.
Este incentivo es excluyente de Dedicación Exclusiva y Carrera Profesional.
El personal de taller eléctrico, mantenimiento de edificios y equipos u otros operativos que realicen labores semejantes, a una altura mínima de ocho metros (8 metros) en condiciones riesgozas (sic), se les pagará el treinta por ciento (30%) proporcional a los días laborados.
Cuando la labor del personal de mantenimiento y taller eléctrico se desarrolle internamente y la altura de riesgo no supere los ocho metros (8 metros), no se devengará incentivo.
Los trabajadores que ocasionalmente (se entiende ocasionalmente cuando un trabajador labora menos de un mes) ejecuten efectivamente trabajos a una altura mínima de (8) ocho metros sobre tierra se excluyen de la prohibición de ganar incentivos.”
“Artículo 63 Bis: RIESGO POLICIAL. En vista de la grave problemática que se afronta en el presente, en cuanto al tráfico de drogas, así como el aumento del índice de delincuencia que lo afecta con el consecuente riesgo que estas situaciones generan, y tomando en consideración que el personal de vigilancia de JAPDEVA goza de una preparación de seguridad y vigilancia antes de ingresar a laborar con la Institución y durante el desempeño de dichas labores, se establece un incentivo del orden del 12% sobre el salario base para los guardas que efectivamente realicen las funciones de seguridad y vigilancia en la Institución. En el evento que el Poder Ejecutivo aumente el porcentaje actual a la Fuerza Pública, JAPDEVA y SINTRAJAP se comprometen a renegociar el porcentaje pactado, y este aumento regirá a partir del Decreto dictado por el Gobierno.
JAPDEVA se compromete con el fin de actualizar e impartir periódicamente capacitación a los guardas, a celebrar los convenios necesarios con las Instituciones encargadas de brindar capacitación para este tipo de personal, tales como Escuela Judicial, Ministerio de Gobernación y Policía y Ministerio de Seguridad Pública.
En los casos que sea necesario prestar defensa legal a los vigilantes que en cumplimiento de su deber así lo requieran, JAPDEVA le brindará esa defensa legal.”
Sobre el particular, debe indicarse que ya esta Sala ha reconocido que los entes de la Administración Pública pueden otorgar determinados incentivos o beneficios a sus trabajadores, para remunerar una exigencia especial del puesto de trabajo, que implique determinadas calificaciones profesionales o habilidades a quienes lo desempeñen, o bien para compensar un riesgo particular que caracteriza el desempeño de tales funciones, sea un riesgo material (por ejemplo, labores físicamente peligrosas) o uno de carácter legal (por ejemplo, trabajo susceptible de generar responsabilidad civil). Por tanto, un beneficio de esta naturaleza, se convertiría en privilegio únicamente cuando no encuentra una justificación que razonablemente lo ampare. Es claro entonces que en el ámbito de la relación de servicio, podría considerarse válido que el Estado o la Administración reconozcan a sus trabajadores en forma excepcional e individual, desde un punto de vista económico los denominados pluses como forma de incentivo, pero ello en el tanto se trate de un reconocimiento por una conducta personal. Por lo anterior, esta Sala no encuentra que los incentivos reconocidos en las normas transcritas resulten contrarios al Derecho de la Constitución. Es evidente que el complemento por cómputo citado obedece al ejercicio de una función específica, y es devengado únicamente por aquellas personas que realizan esa función, además que se requiere de conocimiento técnico para ocupar el puesto, con lo cual se justifica el pago en cuestión. De igual forma, el incentivo por altura se justifica por la peligrosidad de las labores realizadas, aun cuando éstas no sean permanentes, además que se otorga a un grupo limitado de trabajadores que se encuentran en circunstancias muy especiales y que trabajan sobre alturas ya predeterminadas. Lo mismo aplica en el caso del incentivo por riesgo policial, pues los trabajadores que realizan esa clase de funciones están expuestos en mayor grado a situaciones peligrosas, y en consecuencia, se justifica una remuneración adicional. Nótese además que en el caso del incentivo por cómputo y el incentivo por altura, las normas cuestionadas establecen claramente que excluyen otro tipo de complementos salariales tales como dedicación exclusiva, disponibilidad y carrera profesional, lo cual respalda la razonabilidad del pago. Por los motivos anteriormente indicados, esta Sala estima razonable que la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica reconozca a favor de estos trabajadores los incentivos en cuestión, por las condiciones específicas de las labores por las cuales se otorgan.
VIII.—Incentivo a profesionales. Asimismo, consideran los accionantes que el incentivo profesional reconocido en el artículo 57 de la Convención Colectiva de JAPDEVA resulta contrario al Derecho de la Constitución, pues se otorga únicamente a ciertos funcionarios en razón del ejercicio normal de su función. Establece dicho artículo:
“Artículo 57: Para dar cumplimiento al artículo 167 del Código de Trabajo para la atracción de profesionales calificados y con el objetivo de arraigar a los que actualmente laboran, JAPDEVA incorporará un incentivo de un treinta por ciento sobre el salario base aplicable en forma exclusiva para los profesionales. Este complemento salarial será otorgado a cada trabajador únicamente por la Junta Directiva de JAPDEVA.
Asimismo se aplicará dicho porcentaje únicamente a los puestos de Jefe de División de Operaciones, Jefe de Departamento de Operaciones, Superintendente de Limón, Coordinador Central, Superintendente de Moín, Jefe del Departamento Marino, Asistentes de Superintendentes de Moín y Limón, Operadores de Grúa, Operadores de Stradler Carrier, Pilotos, Capitanes y a los Técnicos Agrícolas con título universitario que lo acredite como: Técnico Agrícola, ya que por la naturaleza de su cargo, aunque no sean profesionales, su acción es de dicho grado, siempre y cuando cumpla con una combinación de requisitos académicos y de experiencia de acuerdo con el puesto.
A la vez en forma discrecional la Junta Directiva de JAPDEVA podrá dar, además de lo dicho anteriormente, otros incentivos como son: Dedicación Exclusiva, Disponibilidad y Carrera Profesional; debiendo ésta en un plazo máximo de seis meses, a partir de la aprobación de esta Convención Colectiva, reglamentar la forma en que se dará cada uno de estos incentivos por medio de la Junta Directiva de JAPDEVA.” (El destacado no es del original)
De la norma anterior se desprende que la Convención Colectiva analizada pretende incentivar a todos aquellos trabajadores que cuentan con el grado de profesional, lo cual esta Sala estima razonable tomando en consideración la especial preparación que se debe tener para alcanzar ese grado y la necesidad de la institución de lograr retener a sus funcionarios especializados para la adecuada prestación del servicio. Sin embargo, lo que no encuentra justificado este Tribunal es que ese mismo rubro se pague a algunos puestos y a ciertos funcionarios que no reúnen el requisito de ser profesionales, pues con ello se está desnaturalizando el objetivo del incentivo. Es por esta razón que esta Sala estima que pagar el rubro en cuestión al Jefe de División de Operaciones, Jefe de Departamento de Operaciones, Superintendente de Limón, Coordinador Central, Superintendente de Moín, Jefe del Departamento Marino, Asistentes de Superintendentes de Moín y Limón, Operadores de Grúa, Operadores de Stradler Carrier, Pilotos, Capitanes y a los Técnicos Agrícolas, aun cuando no son profesionales, constituye una manejo inadecuado de los fondos públicos. Es por esta razón que estima la Sala que debe anularse dicho párrafo del artículo 57, dejando a salvo el resto de la norma.
IX.—Complemento por tesorería. Reclaman los accionantes que el complemento salarial que se paga a las personas que participan en el proceso de elaboración, custodia y autorización de cheques resulta contrario a los principios de igualdad, razonabilidad y al adecuado manejo de los fondos públicos. Al respecto, señala el artículo 59 de la Convención Colectiva analizada:
“Artículo 59: A los trabajadores de las Secciones de Contabilidad, Tesorería y Planilleros que participen en el refrendo, clasificación, custodia, y pago de cheques de planillas y otros de la Institución, se les reconocerá como complemento salarial el 25% sobre el salario base.
El pago de este incentivo se mantendrá vigente mientras el procedimiento de pago de planillas sea efectuado por medio de cheques.
Los empleados que tienen derecho al pago de este incentivo son solidariamente responsables por la pérdida o extravío de cheques de planilla y deberá reponer a la Institución los montos de tales pérdidas de sus propios recursos.
La sumatoria del incentivo al que se refiere este artículo, el de Cómputo, Carrera Portuaria y cualquier otro, no podrá ser superior al 50% del salario base.”
Tal como se desprende de la norma impugnada, se reconoce un incentivo a favor de los trabajadores que se encargan del refrendo, clasificación y pago de cheques, partiendo de la idea de que ante un extravío, es el trabajador el que debe asumir la pérdida con sus propios recursos. Es evidente entonces que el plus salarial reconocido en dicha norma, pretende constituir una especie de “colchón” en las finanzas del trabajador para los casos en que se extravíe dinero bajo su custodia. Lo anterior, estima esta Sala resulta totalmente desproporcionado e irrazonable, toda vez que se están utilizando fondos públicos para cubrir la falta del trabajador en el desempeño de sus funciones. Es claro que los funcionarios de Contabilidad, Tesorería y Planilleros tienen dentro de sus funciones ordinarias la custodia y emisión de cheques, por lo que es parte de su responsabilidad velar por el adecuado manejo del dinero, sin que deba pagárseles un monto adicional por hacer bien su trabajo. Nótese que el incentivo no se paga para remunerar una exigencia especial del puesto de trabajo, que implique determinadas calificaciones profesionales o habilidades a quienes lo desempeñen, o bien para compensar un riesgo particular que caracteriza el desempeño de tales funciones, sino que pretende únicamente que el trabajador pueda asumir el costo económico ante el extravío de algún cheque bajo su custodia, supuesto que no resulta admisible pues obedece a su inercia o propio descuido. Así las cosas, esta Sala estima que el artículo 59 de la Convención Colectiva de JAPDEVA resulta inconstitucional por propiciar un inadecuado manejo de los fondos públicos. Por lo anterior, la norma debe ser anulada.
X.—Tope de cesantía. Los promoventes de la acción estiman que el tope de veinte años de cesantía que establece el artículo 61 de la Convención Colectiva analizada, resulta desproporcionado pues implica una erogación millonaria para un grupo reducido de trabajadores y utilizando fondos públicos. Establece dicho numeral:
“Artículo 61: JAPDEVA reconocerá, por concepto de auxilio de cesantía, a los trabajadores que laboren en la Institución o que provengan del Sector Público, a partir de la firma de esta Convención Colectiva, un mes adicional por cada año laborado hasta completar veinte años (20), con motivo de cese de sus funciones, ya sea por despido con responsabilidad patronal, renuncia, pensión o fallecimiento. Para el cálculo de este derecho se seguirán los procedimientos y término regulados en el artículo 29 del Código de Trabajo.
El tiempo servido en el Sector Público se reconocerá en los casos en donde no haya mediado solución de continuidad, ni pago de prestaciones.”
La norma impugnada no establece un beneficio carente de máximo, que pueda por ende propiciar un uso indiscriminado de fondos públicos, tal y como alegan los accionantes. Por el contrario, esta norma prevé un “techo” para el auxilio de cesantía de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Si bien este transitorio reconoce una indemnización superior a los mínimos legales, lo cierto es que no llega a ser irrazonable, si se toma en cuenta que está sujeta a un límite y que es relativamente proporcional a la antigüedad del funcionario en la institución, de modo que cuenta con ese derecho únicamente quien se ha desempeñado durante un largo período de tiempo. El beneficio se constituye así en un estímulo para la permanencia dentro de la institución, evitando la salida de funcionarios y funcionarias de experiencia en el manejo de los temas atinentes a las competencias de la Junta. De ese modo, considera la Sala que la norma impugnada no transgrede las reglas y principios constitucionales invocados por los actores.
XI.—Carrera de Administración Portuaria. De igual forma señalan los accionantes que lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Colectiva de JAPDEVA resulta inconstitucional, pues al establecer un pago por la carrera de administración portuaria, está disponiendo discrecionalmente de fondos públicos, en abierta discriminación al resto de los trabajadores. Establece dicho artículo:
“Artículo 63: CARRERA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE PROMOCIO DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO:
En atención a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, la carrera portuaria en lo sucesivo consistirá en que JAPDEVA, por ese concepto otorgará cada cinco años un aumento del 5% calculado sobre el salario base, hasta un máximo de un 25% a todos los trabajadores excepto los que reciben el incentivo de arraigo.
El tiempo servido deberá ser efectivamente laborado en JAPDEVA, o sea, no se reconocerá el tiempo laborado en otras Instituciones o empresas del Estado.
Este reconocimiento carece de efectos retroactivos, en el sentido de que se reconocerá a partir del primero de enero del 2002, pero respetando el tiempo efectivo laborado en JAPDEVA para efectos del cómputo de la antigüedad requerida.”
Coincide esta Sala con el criterio de la Procuraduría General de la República al señalar que el incentivo por carrera de administración portuaria no resulta inconstitucional. Es evidente que por la especialidad de los servicios portuarios, la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica debe velar porque sus empleados cuenten con incentivos suficientes para permanecer en la institución, lo cual evidentemente incluye el reconocimiento por el tiempo servido. Al estimular la carrera administrativa, se garantiza la continuidad de los trabajadores en sus puestos y la eficiencia del servicio público, pues JAPDEVA es una institución que debe atraer personal especializado hacia su zona de influencia, y por lo tanto debe compensar en forma razonable cualquier traslado que haga el trabajador. Es por ello que la institución reconoce el pago del arraigo y el incentivo de carrera de administración portuaria, los cuales son excluyentes entre sí y sirven de reconocimiento al trabajador por la inversión de tiempo que ha hecho en la zona en cuestión. No menos importante resulta el hecho de que la misma norma establece límites razonables para el otorgamiento del incentivo, toda vez que se reconoce únicamente el tiempo servido en la institución y con un máximo del 25%, con lo cual se establecen parámetros razonables y proporcionados. Así las cosas, no estima esta Sala que en cuanto a este extremo resulte procedente la acción, por lo que debe desestimarse por este reclamo.
XII.—Ayuda por defunción. Consideran los accionantes que la ayuda otorgada a los trabajadores por la muerte de familiares que reconoce el artículo 65 de la Convención Colectiva, resulta inconstitucional pues se convierte en un “sistema de ayuda social” para un sector de trabajadores, en menoscabo de los fondos públicos. Establece dicho numeral:
“Artículo 65: JAPDEVA a través del Departamento de Recursos Humanos establece un sistema de ayuda social en caso de defunción debidamente comprobada, cuando se trate de cónyuge, hijos, madre, padre del trabajador quien designará a la persona que deberá recibir la misma.
La ayuda que solicite el trabajador, se le concederá dentro de la perentoriedad que las circunstancias ameriten.
La ayuda será por un monto único de CIEN MIL COLONES (¢ 100.000).”
Tal como se desprende del artículo anterior, la Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA otorga una ayuda al trabajador en caso de del fallecimiento de sus parientes más cercanos. Si bien los accionantes estiman que dicha norma es discriminatoria pues resulta desproporcionada con relación a las otorgadas al resto de los trabajadores, estima esta Sala que no llevan razón. El auxilio impugnado representa un beneficio de carácter remunerativo que pretende ofrecer una ayuda al trabajador en una situación particular, en que las circunstancias le imponen gastos adicionales a los regulares ante la pérdida de un ser querido. Se trata además de una suma fija, por un monto razonable en el universo del presupuesto de la institución, y que en todo caso es girada únicamente ante un momento crítico como es el fallecimiento de un familiar cercano. Considera la Sala que, en tales circunstancias, el establecimiento de un beneficio como el ahora impugnado, no conlleva una abusiva disposición de fondos públicos, en detrimento de los y las contribuyentes, de modo que en cuanto a este extremo, debe desestimarse la presente acción de inconstitucionalidad.
XIII.—Ayuda para vivienda. Indican los promoventes de la acción que lo dispuesto en el artículo 68 de la Convención Colectiva de JAPDEVA resulta contrario al Derecho de la Constitución, pues establece la asignación de una partida para un programa de vivienda de los trabajadores, lo cual es un privilegio otorgado a un cierto sector y se traduce en un despilfarro innecesario de los fondos públicos. Al respecto, establece la norma en cuestión:
“Artículo 68: JAPDEVA se compromete a incluir en el presupuesto anual una partida de quince millones de colones (15.000.000.00) a un fondo rotativo que se destinará a los programas de vivienda de los trabajadores. Asimismo, garantizará que la recuperación de los préstamos y operaciones del fondo rotativo, se reintegrarán a dicho fondo de vivienda.”
Ley Orgánica de JAPDEVA, número 5337
Para resolver el reclamo planteado en cuanto a la obligación que tiene la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de mantener un fondo rotatorio para dar préstamos de vivienda, deben analizarse las funciones que han sido encomendadas legalmente a dicha institución. A partir de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Orgánica de JAPDEVA, se desprende que se trata de un ente autónomo del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública, que tiene funciones de autoridad portuaria y debe construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica. Asimismo, debe administrar la canalización del Atlántico y las empresas de transporte ferroviario del Estado que presten servicios de y hacia los puertos de la Vertiente Atlántica. En consecuencia, no está dentro de los fines de la institución servir como “financiera” que otorgue préstamos a los trabajadores para construir sus viviendas, y más bien dicha actividad, constituye un desvío de fondos públicos que no resulta acorde con el Derecho de la Constitución. Es evidente que a los fondos que maneja la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica se les está dando un uso contrario a las finalidades de la institución, por lo que estima esta Sala que lo dispuesto en el artículo 68 de la Convención Colectiva analizada resulta inconstitucional y en consecuencia, debe anularse.
XIV.—Plan de incentivos. Finalmente, reclaman los accionantes que el artículo 70 de la Convención Colectiva de JAPDEVA es irrazonable pues establece un plan de incentivos que se traducen en un trato privilegiado a los trabajadores de dicha institución, en evidente menoscabo de los fondos públicos. Señala dicho artículo:
“Artículo 70: JAPDEVA se compromete a poner en práctica el PLAN DE INCENTIVOS para sus trabajadores de conformidad con las siguientes normas:
1. El monto a destinar por concepto del PLAN DE INCENTIVOS se obtendrá del total de ingresos corrientes efectivos del año anterior, lo cual implica deducir de los ingresos de los mismos los siguientes rubros:
1.1 Reintegro al Gobierno Central.
1.2 Productos Financieros.
1.3 Aporte de la Administración Portuaria a la Administración de Desarrollo.
1.4 Otros rubros que no sean ingresos de operación (ingreso no efectivo).
Dicho monto será de 1.5% del total de los ingresos corrientes efectivos del año anterior calculado en la forma precedentemente anotada.
2. Los incentivos aquí acordados se distribuirán de la siguiente manera:
2.1 40% del total que se entregará en efectivo a cada trabajador, después de que ya se haya practicado la evaluación de los factores expuestos en el Reglamento del Plan de Incentivos en su Artículo 2.
2.2 60% del total, que se utilizará con fines de ayuda y solidaridad social a todos los empleados de JAPDEVA
Se contempla entre estos proyectos los siguientes:
2.2.2 Regalos para los hijos de los empleados a fin de año: 8%
2.2.3 Planes vacacionales que incluyan paquetes turísticos totalmente pagados para grupos de trabajadores y sus familias a diferentes lugares, durante períodos alternos en todo el año. 22%
2.2.4 Obsequios de uniformes y útiles escolares al inicio o durante la época del curso lectivo: 17%
2.2.5 Muerte del trabajador: 3%
2.2.6 Club CAMPESTRE (mediano plazo, por etapas) 10%, fondo que será administrado por SINTRAJAP.
2.2.7 Los remanentes que se produzcan durante el período fiscal pasarán a engrosar los fondos destinados para el período siguiente.
3 Tendrán derecho a disfrutar del PLAN DE INCENTIVOS, todos los trabajadores fijos cubiertos por la Convención Colectiva.
4 La distribución de los beneficios se hará cada año, DEL (1) PRIMERO AL (30) TREINTA DE MARZO.
5 El comité de Clasificación y Valoración de Puestos administrará y se responsabilizará por los procedimientos que determine el Reglamento.
El Reglamento podrá ser revisado y modificado por acuerdo de ambas partes.
Durante el período de las calificaciones en cada Sección estará presente el delegado de la misma como representante de los trabajadores, para fiscalizar y velar por la objetividad de las calificaciones. Este procedimiento se llevará a la práctica por un período de seis meses y la Comisión Técnica de Clasificación y Valoración de Puestos lo ratificará de acuerdo con los resultados obtenidos en este lapso.”
En primer lugar, se desprende de la norma transcrita que la Convención Colectiva de JAPDEVA reconoce una serie de incentivos a favor de los trabajadores, que son financiados con el total de ingresos corrientes efectivos del año anterior una vez aplicadas varias deducciones. La norma establece que de dichos recursos el 40% será entregado en efectivo a cada trabajador, sin embargo, observa esta Sala que dicho rubro es otorgado sin que exista una contraprestación a favor de la institución, con lo cual es evidente que se trata de una liberalidad de la Administración que carece de fundamento objetivo y que en consecuencia deviene inconstitucional. En efecto, dicha norma establece una especie de donación de recursos públicos a favor del trabajador, sin que exista una conducta o cualidad de su parte que justifique dicho pago, sino que por el contrario por el simple hecho de formar parte de la institución es acreedor del beneficio. Lo anterior resulta irrazonable y desproporcionado pues JAPDEVA no recibe nada a cambio del pago de dicho rubro, motivo por el cual la cláusula descrita resulta inconstitucional.
En segundo lugar, la norma establece que el 60% de los recursos restantes serán utilizados por la institución con fines de ayuda social y solidaridad, enmarcando dentro de dicho rubro, regalos para los hijos de los funcionarios, planes vacacionales para los trabajadores y sus familias, obsequios de uniformes y útiles escolares, muerte del trabajador y club campestre. Al respecto, estima esta Sala que todos los beneficios contemplados anteriormente salvo el pagado con ocasión de la muerte del trabajador, resultan absolutamente arbitrarios y atentan contra el adecuado manejo de los fondos públicos, toda vez que se trata de rubros pertenecientes a la esfera privada del funcionario que no deben ser costeados con fondos de todos los costarricenses. Nótese que el pago de regalos, uniformes y planes vacacionales son regalías que otorga la institución sin obtener una contraprestación que las justifique y que por pertenecer al ámbito privado del trabajador deben ser costeados por éste. Asimismo, la institución no debe asumir el pago por un club campestre que ni siquiera administra, y que por el contrario está en manos de un ente privado como es el Sindicato.
Finalmente, debe indicarse que esta Sala encuentra razonable mantener vigente el rubro destinado a ayuda por muerte del trabajador pues se trata de un beneficio que pretende ofrecer cierto alivio a la familia desde el punto de vista monetario ante una situación tan particularmente dolorosa, que sin duda impone gastos adicionales. Se trata además de una suma por un valor relativamente poco significativo en el universo del presupuesto de la institución, y que en todo caso es girada únicamente si el trabajador fallece, retribuyendo de alguna forma el esfuerzo que realizó en su periodo de trabajo con la institución. Considera la Sala que, en tales circunstancias, el establecimiento de un beneficio como éste no conlleva una abusiva disposición de fondos públicos, aunque sí debe interpretarse conforme al Derecho de la Constitución que dicho rubro debe ser debidamente reglamentado y los montos que se asignen deben ser razonables y sujetos a control.
Por los motivos indicados, esta Sala estima que debe anularse todo lo dispuesto en el numeral 70 de la Convención Colectiva de JAPDEVA, salvo el párrafo primero y el acápite 2.2.5 del inciso 2°, el cual debe interpretarse en los términos indicados.
XV.—Sobre los derechos adquiridos. Vistas las consideraciones esbozadas con anterioridad, debe hacerse la aclaración con relación a los derechos adquiridos que quedan protegidos ante la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas indicadas. En primer lugar, en cuanto a las licencias sindicales otorgadas y los incentivos anulados en esta sentencia, los derechos adquiridos comprenden únicamente la imposibilidad de la Administración de repetir lo pagado, es decir los montos que ya fueron otorgados por dicho concepto quedan a salvo sin que ello signifique que los trabajadores puedan seguir disfrutándolos. En cuanto a la ayuda para vivienda, deberá respetarse los préstamos pendientes que los trabajadores tengan al momento del dictado de esta sentencia.
La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Jinesta salvan el voto y rechazan de plano la acción. Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar la acción. En consecuencia, se anulan en su totalidad los artículos 44, 59 y 68 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Asimismo, se anulan el párrafo 2° del artículo 57 y todo el artículo 70, con excepción del párrafo inicial y el acápite 2.2.5 del inciso 2° de dicho artículo. El acápite 2.2.5 del inciso 2° del artículo 70 se interpreta, conforme a la Constitución, en el sentido que la ayuda por fallecimiento del trabajador puede ser otorgada, pero debe estar debidamente reglamentada, y los montos que se asignen deben ser razonables y sujetos a control. En lo demás se declara sin lugar la acción. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe, según se describe en el considerando final de esta sentencia. Comuníquese este pronunciamiento a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Reséñese en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. /Luis Fernando Solano C. /Presidente /Luis Paulino Mora M. /Ana Virginia Calzada M. /Adrián Vargas B. /Gilbert Armijo S. /Ernesto Jinesta L. /Fernando Cruz C.
Los Magistrados Calzada y Armijo salvan el voto y rechazan de plano la acción con fundamento en las siguientes consideraciones que redacta la primera:
A diferencia del criterio de la mayoría, consideramos que la acción es inadmisible y por ende, debe ser rechazada, atendiendo a la naturaleza del objeto impugnado –las convenciones colectivas-, con fundamento en lo siguiente:
a.- La Negociación Colectiva en el sector público. Nuestra Constitución Política junto a las libertades individuales, enuncia los denominados Derechos Sociales, que buscan afianzar el régimen democrático al extender el contenido de los derechos y libertades. La incorporación de este capítulo en nuestra carta magna, se produjo en el año 1943, que vino a reformar la Constitución de 1871 y éste a su vez, se reprodujo en nuestra constitución actual. Uno de estos derechos, atinentes al tema de estudio, es la libre sindicalización, independientemente del sector laboral al que pertenezca el trabajador (sea público o privado), que consagra el artículo 60. Por otro lado, el artículo 61 establece el derecho de huelga como ejercicio de la libertad sindical, el cual si bien está limitado a determinadas regulaciones en el sector público (artículo 61 constitucional), lo cierto es que es admisible para dicho sector y así lo estableció este Tribunal en la sentencia Nº 1317-98, al indicar:
“El derecho de sindicación tiene pues, rango constitucional en Costa Rica y se regula internamente mediante normas de carácter legal, específicamente el Código de Trabajo, que norma en su artículo 332 y siguientes -ubicados en el Título Quinto “De las Organizaciones Sociales”- lo referente al funcionamiento y disolución de los sindicatos y define las reglas de protección de los derechos sindicales. En el artículo 332 del Código de Trabajo se declara además de interés público la constitución legal de los sindicatos, que se distinguen “(…)como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”. La referencia anterior permite concluir en esta etapa, que el derecho fundamental de sindicación se reconoce sin distingo de la naturaleza pública o privada de los sectores laborales; es decir, en magnitud equiparable. En relación con el contenido de la acción sindical, específicamente lo que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política establece que la regulación del citado derecho de acción colectiva es materia de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe darse por vía ley y de ningún modo puede favorecer los actos de coacción o violencia. Es además resultado de la atribución conferida mediante el numeral 61 constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la actividad pública se restringe o excluye el ejercicio del derecho de huelga; mandato que se satisface mediante el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que debe ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático sobre el que descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en el artículo 1º de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado Constitucional de Derecho...”
La negociación colectiva representa un elemento básico en el contenido de la libertad sindical, precisamente porque a través de los Sindicatos puede promover una negociación que propicie resolver las situaciones laborales de los trabajadores. La misma libertad sindical en sí misma, implica negociar colectivamente para obtener los beneficios económicos, sociales y profesionales que consagra nuestra Carta Fundamental. La negociación surge también como un medio pacifizador ante conflictos colectivos, como el derecho a huelga, que según vimos es reconocido en el sector público y puede plasmarse en acuerdos que pueden constituir una convención colectiva. Nuestra Constitución Política así lo precisó en el artículo 62 dentro del capítulo que regula los derechos y garantías sociales, al disponer que tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. La Sala en la sentencia Nº 1696-92 estimó que la modificación de la Constitución Política de 1871 por la Asamblea Constituyente que emitió la Constitución Política vigente, en la que se incorporó en los artículos 191 y 192 un régimen laboral público exclusivo para los servidores del Estado, excluía toda posibilidad de negociación en el sector público, por estar los trabajadores bajo un estado de sujeción, donde existe por parte del Estado una imposición unilateral de las condiciones de la organización y la prestación del servicio para garantizar el bien público. Sin embargo, nos replanteamos nuevamente el tema en cuestión, teniendo en consideración que la interpretación dada a la incorporación de este régimen fue restrictiva y que además, ello no impedía la negociación colectiva como un derecho fundamental que ya había sido reconocido a los trabajadores, incluyendo a los servidores públicos. El interés de los Constituyentes en 1949 en promulgar un régimen estatutario, fue promovido esencialmente con el fin de que la administración contara con un instrumento que permitiera la contratación de sus funcionarios a base de idoneidad comprobada y así lograr una estabilidad en el nombramiento de los mismos, evitando la persecución política de los empleados públicos en cada cambio de gobierno, pero no con el objetivo de restringirles sus derechos fundamentales. El régimen de empleo público se constituyó más bien como un freno para la propia administración y en una garantía para sus funcionarios. Por otro lado, la discusión se torna respecto a derechos fundamentales reconocidos por la misma Constitución Política y que como se indicó, ésta no hizo excepción en el artículo 62. Recordemos por propia jurisprudencia de este Tribunal, que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano por su condición de tal, por su carácter de persona y por ende son superiores al mismo Estado; pues éste no los crea ni los regula constituyéndolos, sino que simplemente los reconoce, tutela y garantiza normativamente, con un carácter puramente declarativo. De ahí que el ordenamiento jurídico puede tutelarlos y moldear su ejercicio, mas no eliminarlos o desconocerlos con la simple invocación de que así lo exigen los requerimientos de la organización del Estado, o la eficiencia de la administración, o un impreciso bien público; en virtud de que ostentan una categoría y fuerza superior al propio ordenamiento. Cuando un derecho ha sido reconocido formalmente como inherente a la persona éste queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. Ahora, si bien los derechos fundamentales no son absolutos, las restricciones o limitaciones a los que sean sometidos, nunca puede vaciarlos de contenido, como sucedería si desconoce dicho derecho a determinado grupo de trabajadores, solo por el hecho de laborar en el sector público. Puede darse un tratamiento diferenciado respecto a los límites y alcances de la negociación o en virtud de la materia objeto de la misma, pero nunca su total exclusión para este tipo de servidores. Las garantías sociales contempladas en la Constitución actual, ya se encontraban incorporados expresamente en nuestro régimen jurídico desde la modificación introducida a la Constitución Política de 1871 en las legislaturas de 1942 y 1943. De hecho el capítulo fue reproducido en el cuerpo normativo de 1949, pues constituía una de las evoluciones más importantes de nuestro país, en el reconocimiento de los derechos del individuo. En este sentido conviene advertir, que los derechos humanos son irreversibles, porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Aunado a lo anterior, dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible en el futuro extender una categoría de derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se consideraron como necesarios a la dignidad humana y por tanto inherentes a toda persona. Por tanto, los derechos fundamentales son progresivos pero nunca regresivos. Así las cosas, de ninguna manera podría admitirse una exclusión en este sentido, que ni siquiera la misma Constitución hizo. La correcta dimensión que debe adquirir este derecho, constitucional consagrado en el capítulo de garantías sociales, en el caso del sector público, no es la de un cercenamiento total para el servidor, sino entender que su ejercicio está sujeto a ciertas limitaciones en atención a la observancia del ordenamiento jurídico, a los límites del gasto público y a las correspondientes regulaciones que existen en esta materia.
b.- Las Convenciones Colectivas según la doctrina. En el caso sometido a estudio, la discusión se enfatiza en las Convenciones Colectivas, que como ya fue indicado, son producto de la negociación colectiva, o consisten en la negociación propiamente, y que según la Constitución Política también son admitidas para el sector público, pues proporciona uno de los instrumentos ideales para conseguir los fines establecidos por la norma fundamental para el derecho de sindicación. El Código de Trabajo en el artículo 54 define las convenciones colectivas como aquellas que se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tienen fuerza de ley profesional de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política y de los artículos 54 y 55 del Código de Trabajo. Esto significa que las convenciones colectivas se convierten en el instrumento jurídico que regula las relaciones obrero-patronales, y que esta relación comprende al sindicato, al patrono, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados y a los futuros trabajadores mientras la Convención se encuentre vigente, o sea, se aplica no sólo a quienes la han elaborado, sino también a terceras personas ajenas a la negociación. Entendiendo terceros, como aquellos trabajadores que en el futuro se incorporen al centro de trabajo, no a otras personas o instituciones que sí pueden encontrarse ajenas por completo a la Convención Colectiva de que se trate. Es por ello que podemos hablar de tres características de toda Convención Colectiva: 1- Deben ser concluidas entre un grupo Trabajadores y Empleadores: los trabajadores deben encontrarse legalmente organizados para poder celebrar la constitución de una convención colectiva. 2- Producen efectos propios y directos para las agrupaciones que contratan (cláusulas obligacionales): conforme con nuestra Constitución Política las Convenciones Colectivas de Trabajo o Acuerdos Colectivos de Trabajo poseen el rango y la fuerza de ley entre las partes y 3- Producen efectos incluso para terceros que no formen parte en la convención colectiva. En ellas se establecen cláusulas que crean obligaciones entre el patrono y el sindicato, pero además puede contener cláusulas normativas sobre las condiciones de trabajo que afecten a los contratos individuales existentes como a los que luego se realicen en el futuro. Se le aplican las reglas de los contratos para afirmar que obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas las consecuencias conformes a la buena fe, al uso y a la ley; las organizaciones obreras y patronales que firman un acuerdo se obligan a estar y pasar por él, a respetar lo estipulado, y a no levantar nuevas reivindicaciones ni pretender modificarlo antes del tiempo previsto para su terminación. El trámite que debe seguir está contemplado en el artículo 57 del Código de Trabajo, según el cual la convención colectiva deberá extenderse por escrito en tres ejemplares, bajo pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el tercero será depositado en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo o política respectiva. No tendrá valor legal sino a partir de la fecha en que quede depositada la copia y, para este efecto, el funcionario a quien se entregue extenderá un recibo a cada uno de los que la hayan suscrito. Dicho depósito será comunicado inmediatamente a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que éste ordene a las partes ajustarse a los requisitos de Ley en caso de que la convención contenga alguna violación de las disposiciones del presente Código. Se trata de un contrato atípico por la singularidad de las obligaciones que puedan asumir los contratos, por la formalización del proceso de elaboración, la homologación estatal y ante todo, por su contenido normativo. La firma de un acuerdo colectivo ha significado para un amplio sector doctrinal el fin de las hostilidades, entendiéndolo como un tratado de paz, pues pretende servir a la paz económica y social entre empleadores y trabajadores, o a restaurarla y mantenerla por el tiempo de su duración. A la vez, constituye un factor determinante para la evolución y desarrollo del orden jurídico y para la adaptación del mismo a las necesidades sociales, que siempre son cambiantes por la evolución de la socialización y del régimen de producción. Una relación de empleo sin un soporte jurídico como las convenciones colectivas, podría colocar eventualmente al trabajador en un plano de desigualdad propiciado por las fuerzas económicas y las necesidades sociales del trabajador. Una convención colectiva implica todo un proceso de diálogo social, de acercamiento de las partes, de varios acuerdos en un momento histórico dado que lleva implícito una serie de acontecimientos sociales que son los que impulsan a las partes a negociar, basados en la buena fe negocial, que contribuye al compromiso de ambas partes de respetar lo pactado y entendiendo que en caso de imposibilidad de cumplimiento de lo ahí estipulado, las partes tengan claros los mecanismos de reforma o anulación, que para el caso son, el de Denuncia, o en su defecto el proceso de lesividad.
De lo expuesto anteriormente, es que concluimos, que la Convención Colectiva por su naturaleza laboral en el ejercicio de los derechos fundamentales de sindicalización y negociación, así como de la fuerza normativa que le da la misma Constitución a las convenciones colectivas en el artículo 62 de dicho cuerpo normativo, en lo que respecta a su contenido, no debe ser revisado y valorado por este Tribunal como pretenden los accionantes, por cuanto sería desconocer toda la trascendencia histórica de las mismas –el conflicto social originario- y el respeto a un acuerdo de partes suscrito por el mismo Estado, con una trascendencia político, económico y social determinada. No se puede desconocer la buena fe de las partes de la negociación, obviando los trámites preestablecidos por ella misma, dejando de lado el momento histórico y las necesidades sociales y económicas que la propiciaron, momento en el cual probablemente cumplieron los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No se debe olvidar que las partes intervinientes en una negociación otorgan beneficios, pero también ceden derechos en aras de la efectiva realización del fin para el cual fue creada la institución. Las Convenciones tienen una vigencia y pueden ser revisadas, pero por los procedimientos debidamente establecidos. De manera que si bien es cierto una convención colectiva negociada en el sector público puede estar incurriendo en vicios que determinen su invalidez, ello obedecería a una ilegalidad que debe ser determinada en cada caso concreto, y que podría eventualmente generar la improcedencia de las cláusulas ahí contempladas, pero que deberá ser declarada en la vía de legalidad correspondiente.
Por todo lo expuesto, en nuestro criterio, lo impugnado por los accionantes no procede ser alegado y revisado en la jurisdicción constitucional, lo que implica rechazar la acción por improcedente. /Ana Virginia Calzada M. /Gilbert Armijo S.
VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA LOBO
El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad por las siguientes razones:
I.—DERECHO FUNDAMENTAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: RECONOCIMIENTO INTERNO E INTERNACIONAL. En la tradición constitucional costarricense la negociación colectiva fue elevada al más alto rango normativo, puesto que, el artículo 62 de la Constitución Política la reconoce como un derecho para el mejoramiento de las condiciones de empleo, concediéndole a las convenciones colectivas “fuerza de ley”, esto es, la eficacia, potencia, resistencia y valor de una ley en sentido material y formal. Este precepto constitucional que equipara un acuerdo surgido de la libre y autónoma negociación entre los patronos u organizaciones patronales y las organizaciones sindicales de los trabajadores o empleados, no debe conducir a equívocos en cuanto a su naturaleza jurídica. Se trata del reconocimiento de la titularidad y ejercicio de un derecho fundamental, siendo que el acto formal en el que se traduce finalmente –convención colectiva- es equiparado, para todo efecto y por disposición constitucional expresa, a una ley, de modo que la convención colectiva, en sí misma, es un acto con valor de ley surgido de la autonomía de acción de los dos sectores señalados. El derecho fundamental a la negociación colectiva, se encuentra en una relación instrumental con el que es reconocido en el ordinal 60 de la propia Constitución que faculta a los trabajadores y patrones para sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales, puesto que, es un medio para el logro de esos objetivos de orden constitucional. En el plano internacional, el artículo 4° del Convenio Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1° de julio de 1949, contempla el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria, al señalar que “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. Ulteriormente, el Convenio Nº 151 de la OIT sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública del 27 de junio de 1978, en su artículo 7° dispuso que “Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados acerca de las condiciones de empleo (…)”. Finalmente, el Convenio Nº 154 de la OIT sobre la Negociación Colectiva del 19 de junio de 1981, el cual en su preámbulo afirma el derecho de negociación colectiva y la necesidad de implementar medidas internas para fomentarlo, dispuso en su artículo 2º lo siguiente:
“A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.”
Debe señalarse, adicionalmente, que otros instrumentos internacionales de derechos humanos han proclamado el derecho de negociación colectiva, así la Carta Social Europea de Turín del 18 de octubre de 1961, lo recoge en su artículo 6°, siendo que una de las medidas que se propone para su ejercicio eficaz es la promoción, cuando sea necesario y útil, de la institución de los procedimientos de negociación voluntaria.
II.—ALCANCES DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. A tenor del artículo 10 de la Constitución Política la declaratoria de inconstitucionalidad procede respecto de las “(…) normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público (…)”. Las convenciones colectivas, aunque ex constitutione (artículo 62 de la Constitución Política), tienen fuerza de ley, no pueden ser asimiladas a una ley en sentido material y formal, por cuanto, no emanan de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la función de legislar a través del procedimiento legislativo y tampoco tienen efectos generales y abstractos. El grado, jerarquía y valor que le concede el constituyente originario no determina, per se, la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas. La razón del constituyente originario de otorgarle, por constitución, fuerza de ley a las convenciones colectivas fue precisamente, reforzar los efectos y las consecuencias del pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la sindicalización y a la negociación colectiva, en vista de su elevada trascendencia para lograr un clima de estabilidad y armonía social, laboral y económica y de sus fines particulares. Consecuentemente, la equiparación, en potencia, fuerza y resistencia a la ley, no debe conducir al equívoco de estimar que, como tal, resulta pasible del control de constitucionalidad. Debe tomarse en consideración, que la convención colectiva, asimismo, no es una disposición general por cuanto carece de efectos generales y normativos. Adicionalmente, si bien puede comprender aspectos del Derecho público, atinentes a una relación estatutaria o una relación de empleo público, su contenido es definido por las partes involucradas en ejercicio de su libertad o autonomía de acción. Bajo esta inteligencia, una convención colectiva no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que hace un elenco de las actuaciones o conductas objeto de la acción de inconstitucionalidad. El texto constitucional le reconoce, indirecta o implícitamente, a los trabajadores, empleados y patronos o sus organizaciones el derecho de negociar de forma libre y autónoma, a través de la concertación de un pacto o contrato colectivo que establece un orden para un grupo determinado o determinable de trabajadores, empleados y patronos. Consecuentemente, al tratarse de un contrato colectivo está fuera del control de constitucionalidad, puesto que, el propio constituyente le otorga a las partes autonomía y libertad para concertar y regular sus condiciones y relaciones laborales. Lo anterior, no excluye, desde luego, que pueda, eventualmente, existir un control de legalidad ordinaria acerca de los vicios de forma o de procedimiento en la negociación que afecten los acuerdos finalmente pactados o por un incumplimiento de los mínimos legales preestablecidos.
III.—NEGOCIACIÓN COLECTIVA LIBRE Y VOLUNTARIA. A partir del texto del artículo 4° del Convenio Nº 98 de la OIT, sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva del 1 de julio de 1949, se ha extraído el principio de la negociación colectiva libre y voluntaria entre los patronos o sus organizaciones y los trabajadores o sus organizaciones. La principal consecuencia de este principio es que en la negociación colectiva las partes directamente implicadas deben acordar y pactar el marco y los distintos términos o condiciones, sin injerencia externa de ningún tipo, por cuanto se produciría un desequilibrio. De modo que son los patronos y los trabajadores o empleados los que, consensuada y autónomamente, determinan los niveles de negociación, sin que éstos puedan ser impuestos externamente (v. gr. Por vía de aprobación u homologación ministerial, imposición o compulsión gubernamental de ciertas consideraciones de estabilidad macroeconómica o de posibilidades financieras y presupuestarias, etc.) o encontrarse restringidos de modo preestablecido (v. gr. A través de leyes y reglamentos que fijan, de antemano, los niveles y alcances de la negociación). Desde ese punto de vista, los representantes del patrono o de las organizaciones patronales, en el curso de la negociación, bien pueden establecer o fijar determinados límites que podrán mantener, variar o modificar durante su desenvolvimiento. De modo que si el Gobierno o la Administración del Estado, tiene algunas observaciones y reservas sobre las políticas económicas y sociales de interés general debe ponerlas en conocimiento y procurar, en la medida de lo posible, convencer o persuadir a las partes para que autónoma y libremente sean tomadas en consideración, a efecto de arribar a los acuerdos finales. Cualquier cláusula o contenido de la convención colectiva que se haya pactado desoyendo tales advertencias, provocará, única y exclusivamente, la responsabilidad a posteriori de los representantes patronales o de los trabajadores, frente a sus representados.
IV.—NEGATIVA SUJECIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS A LOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD: CLIMA DE INSEGURIDAD JURÍDICA. Desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, el contenido o clausulado de las convenciones colectivas podría tener -si se admite la posibilidad de impugnarlas en sede constitucional- como único límite que no se incumplan los mínimos en materia laboral establecidos en el propio texto constitucional. Ni siquiera los vicios de forma en el curso de la negociación podrían constituir límites constitucionales para el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva, toda vez, que el procedimiento no lo define la Constitución, sino que debe hacerlo la ley o el reglamento, de modo que quedan librados a la discrecionalidad legislativa o administrativa, siempre y cuando no infrinjan el principio sustancial de la negociación colectiva libre y voluntaria establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y que constituye el contenido esencial del derecho y, por consiguiente, el límite de límites. El someter el contenido y clausulado de una convención colectiva, surgido de la libre y voluntaria negociación, a los parámetros de la proporcionalidad y razonabilidad, además de socavar el equilibrio interno de los acuerdos, provoca, a mediano o largo plazo, un claro y evidente estado de inseguridad jurídica. En efecto, los trabajadores o empleados pueden desconfiar de su asociación o afiliación a las organizaciones sindicales, de sus representantes y de los propios representantes patronales, creando un clima de tensión e inestabilidad en las relaciones laborales, todo lo cual desalienta el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de sindicalización y de negociación colectiva, conquistas invaluables del Estado Social y Democrático de Derecho. Adicionalmente, cualquier futuro o eventual trabajador que pretenda afiliarse a un sindicato, probablemente, puede tener, razonablemente, serios reparos sobre la utilidad de su adherencia ante la anulación eventual y futura de los convenios colectivos que se hayan negociado, con lo cual el derecho a la negociación colectiva deja de cumplir con su fin fundamental de mejorar las condiciones laborales y queda, virtualmente vaciado de contenido y devaluado. Los ajustes y controles sobre el eventual contenido del clausulado de una convención colectiva deben ser muy laxos, a priori y persuasivos para que las partes directamente involucradas decidan voluntaria y libremente si toman en consideración, en el curso de la negociación, las observaciones (modificaciones, ajustes, variaciones) formuladas, sin que sea posible, incluso, imponer una renegociación ulterior. Consecuentemente, la fiscalización a posteriori sobre criterios de proporcionalidad y razonabilidad, constituye una injerencia externa que afecta el equilibrio interno del convenio colectivo concertado y que puede provocar serias dislocaciones o distorsiones de la seguridad, la paz social y de las relaciones laborales que no resultan congruentes con el Derecho de la Constitución. /Ernesto Jinesta.
San José, 12 de abril del 2007
Gerardo Madriz Piedra,
1 vez.—(30647) Secretario
PRIMERA PUBLICACIÓN
ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad
A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA
HACE SABER:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las catorce horas diez minutos del diez de abril del dos mil siete, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 07-004494-0007-CO interpuesta por Fernando Enrique Naranjo Villalobos en su condición personal y como apoderado generalísimo sin limitación de suma de Taca Internacional Airlines Sociedad Anónima, para que se declaren inconstitucionales los artículos 156 inciso 3) y 179 de la Ley General de Aviación Civil, número 5150 del catorce de mayo de mil novecientos setenta y tres; así como el artículo 5 del Decreto Ejecutivo número 3326 del veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y tres, que es “Reglamento para el otorgamiento de certificados de explotación aérea”. Considera el accionante que estas normas son contrarias a lo dispuesto en los artículos 7, 19, 28, 33, 41, 46 y 50 de la Constitución Política así como a lo previsto en los numerales 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello por cuanto, impiden que los extranjeros participen mayoritariamente en el capital social y el control efectivo de las sociedades costarricenses que tengan certificados de explotación aéreos para el transporte de personas, carga y correo; lo cual considera discriminatorio, contrario a la dignidad humana, al principio de razonabilidad jurídica y a la libertad de empresa. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.
San José, 11 de abril del 2007
Gerardo Madriz Piedra,
(30648) Secretario
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las catorce horas veinticinco minutos del veinte de marzo del dos mil siete, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 07-003653-0007-CO interpuesta por Adilia Eva Solís Reyes en su condición de Presidenta de la Junta Administrativa de la Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante, para que se declare inconstitucional el artículo 69 de la Ley de Migración y Extranjería, número 8487. La norma dispone: “Artículo 69. La unión de hecho no produce efecto jurídico migratorio alguno, por tanto, no podrá alegarse con fines de eludir la ejecución de la orden de deportación ni para pretender autorización de permanencia legal como residente.” La norma se impugna en cuanto lesiona los artículos 19, 33 y 51 de la Constitución Política. La norma deja sin protección a la familia formada a partir de una unión de hecho, no obstante que la Constitución Política dispone en el artículo 51 que el Estado protegerá la familia, sin entrar en consideraciones sobre el origen de la misma. Adicionalmente introduce una diferencia de trato en relación con nacionales y extranjeros, pues mientras en relación con los nacionales la unión de hecho despliega amplios efectos jurídicos, los extranjeros ven limitada esa posibilidad en relación con los asuntos migratorios, sin que exista un fundamento objetivo que justifique esa excepción. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado que el concepto “familia” debe ser entendido en forma amplia, no solo como aquella producto de un matrimonio. Asi se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.
San José, 28 de marzo del 2007
Gerardo Madriz Piedra,
(30649) Secretario
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las catorce horas veinte minutos del diez de abril del dos mil siete, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 07-003681-0007-CO interpuesta por Luis Alonso Ortiz Zamora en su condición de apoderado especial judicial de Rocío del Carmen Hurtado Siverio, para que se declare inconstitucional la interpretación judicial reiterada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo en relación con el concepto “demanda”, contenido en el artículo 68.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. En concreto se impugna la interpretación hecha en el sentido de que el escrito de interposición de la acción (artículo 36 LRJCA) constituye para todo efecto jurídico procesal, la interposición de la demanda, lo cual incide en forma directa al contabilizar el plazo para declarar caduco un proceso contencioso-administrativo. Tal jurisprudencia es contraria al principio de vinculatoriedad erga omnes de las sentencias de la Sala Constitucional, de conformidad con los artículos 10 de la Constitución Política y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo viola el derecho fundamental de acceso a la justicia derivado de los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 41, 49 y 153 de la Constitución Política y los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. La Sala Constitucional ha indicado claramente que la interposición de la demanda es solo un acto a través del cual se trae el expediente administrativo que da sustento al acto impugnado y le brinda tiempo a la parte actora para que se imponga de su contenido con el objeto de formular luego una buena demanda (sentencia N° 2003-3481). La jurisprudencia lesiona el derecho de acceso a la justicia al hacer una interpretación restrictiva y contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad del concepto demanda, pues para sancionar el posible abandono en que incurre la parte obligada a instar el proceso, escoge el medio más gravoso para el derecho fundamental. En cumplimiento del requisito establecido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional se aportan copias certificadas de tres sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y consecuentes del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en las cuales se reitera la interpretación jurisprudencial que se impugna mediante esta acción, a saber, Nº 000717-F-2002 de las diez horas del veinte de setiembre del dos mil dos, Nº 000042-F-03 de las quince horas del veintinueve de enero del dos mil tres y Nº 000373-F-03 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil tres. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.
San José, 12 de abril del 2007
Gerardo Madriz Piedra,
(30650) Secretario
HACE SABER:
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Que dentro del proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial (no pago de cuotas del Fondo de Garantía Notarial), tramitado bajo el expediente Nº 07-000039-624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado del notario Heiner Méndez Barrientos, mediante la resolución de las ocho horas quince minutos del veintinueve de marzo de dos mil siete, se dispuso: transcribir la resolución que da traslado. Mediante el voto 8197-02 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la forma en que deben ser notificados los notarios públicos, la Sala Constitucional dispuso: “…las sanciones que sean impuestas a los notarios con motivo del incumplimiento de deberes inherentes a su función, deben ser notificadas a éstos en la dirección reportada ante la Dirección referida, comenzando a correr en ese momento el plazo para la eventual impugnación de la medida…”. En el presente asunto, no ha sido posible notificar al licenciado Heiner Méndez Barrientos del contenido de la resolución de las catorce horas veinte minutos del quince de agosto de dos mil seis, tanto en la dirección de su oficina notarial, según se comprueba de actas que corren a folios ocho vuelto y catorce, en razón de lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido proceso, se ordena notificar al licenciado Heiner Méndez Barrientos la resolución de las catorce horas veinte minutos del quince de agosto de dos mil seis, por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, lo anterior por ignorarse al dictado de esta resolución, del lugar en donde puede ser localizado (241 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública). Esto por cuanto la Sala Constitucional, en resolución 2005-07746 de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, lo dispuso así: “...la notificación personal, indispensable en este caso, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Notificaciones, inexcusablemente fue sustituida por una notificación mediante edicto, sin que el lugar para notificar al amparado fuera ignorado o estuviera equivocado por culpa suya, caso en el cual, de conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública, procedería la notificación por edicto.” (El resaltado es nuestro)... Desprendiéndose del estudio de cuotas de esta Dirección, de fecha catorce de agosto del 2006, en el que se consigna claramente que “... con vista en el reporte remitido por BN Vital, con corte al veintiuno de julio del año en curso, y el Registro Nacional de Notarios, el licenciado Méndez Barrientos Heiner, debe al mes de agosto dieciocho cuotas”, se tiene por acreditado que el notario Méndez Barrientos, se encuentra en un estado de morosidad respecto del pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, creado por el artículo 9º del Código Notarial, situación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Notarial, representa la pérdida de la vigencia de la función notarial, por lo que, se previene al notario Méndez Barrientos Heiner, portador de la cédula Nº 01-637-149, para que en el plazo de ocho días ponga al día su obligación con el Fondo citado, caso contrario se decretará su inhabilitación, sustentado en los artículos 4 inciso g), 13 inciso b) y 140 párrafo primero del Código Notarial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 inciso a) del Código Notarial, queda prevenido el notario Méndez Barrientos Heiner, que en tanto no se encuentre al día en el pago de sus cuotas al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, deberá abstenerse de continuar sus actuaciones cartularias, de lo contrario podría incurrir en la falta sancionada por el numeral antes referido. También se le hace ver que al contestar debe indicar a esta Dirección, lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 2º, 6º y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se le previene que puede señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Actualizado el estudio de las cuotas se desprende que el licenciado Heiner Méndez Barrientos debe al mes de marzo del año dos mil siete veintitrés cuotas del Fondo de Garantía Notarial.
San José, 29 de marzo del 2007.
Lic. Alicia Bogarín Parra,
(30232) Directora
Que dentro del proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial (no pago de cuotas del Fondo de Garantía Notarial), tramitado bajo el expediente Nº 07-000284-624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado del notario Óscar Luis Zamora Alvarado, mediante la resolución de las nueve horas cincuenta minutos del nueve de abril de dos mil siete, se dispuso: transcribir la resolución que da traslado. Mediante el voto 8197-02 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la forma en que deben ser notificados los notarios públicos, la Sala Constitucional dispuso: “…las sanciones que sean impuestas a los notarios con motivo del incumplimiento de deberes inherentes a su función, deben ser notificadas a éstos en la dirección reportada ante la Dirección referida, comenzando a correr en ese momento el plazo para la eventual impugnación de la medida…”. En el presente asunto, no ha sido posible notificar al licenciado Óscar Luis Zamora Alvarado del contenido de la resolución de las diez horas quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil siete, tanto en la dirección de su oficina notarial, como tampoco en su casa de habitación según se comprueba de acta que corre a folio cinco. En razón de lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido proceso, se ordena notificar al licenciado Óscar Luis Zamora Alvarado la resolución de las diez horas quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil siete, por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, lo anterior por ignorarse al dictado de esta resolución, del lugar en donde puede ser localizado (241 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública). Esto por cuanto la Sala Constitucional, en resolución 2005-07746 de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, lo dispuso así: “...la notificación personal, indispensable en este caso, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Notificaciones, inexcusablemente fue sustituida por una notificación mediante edicto, sin que el lugar para notificar al amparado fuera ignorado o estuviera equivocado por culpa suya, caso en el cual, de conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública, procedería la notificación por edicto.” (El resaltado es nuestro)... Dirección Nacional de Notariado. San José, a las diez horas quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil siete. Desprendiéndose del estudio de cuotas de esta Dirección, de fecha veinte de febrero del 2007, en el que se consigna claramente que “... con vista en el reporte remitido por BN Vital, con corte al dos de febrero del año en curso, y el Registro Nacional de Notarios, el licenciado Zamora Alvarado Óscar Luis, debe al mes de enero del año dos mil siete cuarenta y ocho cuotas”, se tiene por acreditado que el notario Zamora Alvarado, se encuentra en un estado de morosidad respecto del pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, creado por el artículo 9º del Código Notarial, situación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Notarial, representa la pérdida de la vigencia de la función notarial, por lo que, se previene al notario Zamora Alvarado Oscar Luis, portador de la cédula Nº 02-473-445, para que en el plazo de ocho días ponga al día su obligación con el Fondo citado, caso contrario se decretará su inhabilitación, sustentado en los artículos 4 inciso g), 13 inciso b) y 140 párrafo primero del Código Notarial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 inciso a) del Código Notarial, queda prevenido el notario Zamora Alvarado Óscar Luis, que en tanto no se encuentre al día en el pago de sus cuotas al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, deberá abstenerse de continuar sus actuaciones cartularias, de lo contrario podría incurrir en la falta sancionada por el numeral antes referido. También se le hace ver que al contestar debe indicar a esta Dirección, lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 2º, 6º y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se le previene que puede señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Actualizado el estudio de las cuotas se desprende que el licenciado Óscar Luis Zamora Alvarado debe al mes de marzo del año dos mil siete cincuenta cuotas del Fondo de Garantía Notarial.
San José, 9 de abril del 2007.
Lic. Alicia Bogarín Parra,
(30233) Directora
Que dentro del proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial (no pago de cuotas del Fondo de Garantía Notarial), tramitado bajo el expediente Nº 07-000278-624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado de la notario Guiselle Aburto Peña, mediante la resolución de las nueve horas treinta minutos del nueve de abril de dos mil siete, se dispuso: transcribir la resolución que da traslado. Mediante el voto 8197-02 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la forma en que deben ser notificados los notarios públicos, la Sala Constitucional dispuso: “…las sanciones que sean impuestas a los notarios con motivo del incumplimiento de deberes inherentes a su función, deben ser notificadas a estos en la dirección reportada ante la Dirección referida, comenzando a correr en ese momento el plazo para la eventual impugnación de la medida…”. En el presente asunto, no ha sido posible notificar a la licenciada Guiselle Aburto Peña del contenido de la resolución de las nueve horas treinta minutos del trece de febrero, tanto en la dirección de su oficina notarial, como tampoco en su casa de habitación según se comprueba de actas que corren a folios cuatro y diez. En razón de lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido proceso, se ordena notificar a la licenciada Guiselle Aburto Peña la resolución de las nueve horas treinta minutos del trece de febrero, por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, lo anterior por ignorarse al dictado de esta resolución, del lugar en donde puede ser localizado (241 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública). Esto por cuanto la Sala Constitucional, en resolución Nº 2005-07746 de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, lo dispuso así: “...la notificación personal, indispensable en este caso, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Notificaciones, inexcusablemente fue sustituida por una notificación mediante edicto, sin que el lugar para notificar al amparado fuera ignorado o estuviera equivocado por culpa suya, caso en el cual, de conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública, procedería la notificación por edicto.” (El resaltado es nuestro)... Dirección Nacional de Notariado. San José, a las nueve horas treinta minutos del trece de febrero de dos mil siete. Desprendiéndose del estudio de cuotas de esta Dirección, de fecha trece de febrero del 2007, en el que se consigna claramente que “... con vista en el reporte remitido por BN Vital, con corte al dos de febrero del año en curso, y el Registro Nacional de Notarios, la licenciada Aburto Peña Guiselle, debe al mes de enero del año dos mil siete dieciocho cuotas”, se tiene por acreditado que la notaria Aburto Peña, se encuentra en un estado de morosidad respecto del pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, creado por el artículo 9 del Código Notarial, situación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Notarial, representa la pérdida de la vigencia de la función notarial, por lo que, se previene a la notaria Aburto Peña Guiselle, portadora de la cédula Nº 08-084-247, para que en el plazo de ocho días ponga al día su obligación con el Fondo citado, caso contrario se decretará su inhabilitación, sustentado en los artículos 4 inciso g), 13 inciso b) y 140 párrafo primero del Código Notarial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 inciso a) del Código Notarial, queda prevenida la notaria Aburto Peña Guiselle, que en tanto no se encuentre al día en el pago de sus cuotas al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, deberá abstenerse de continuar sus actuaciones cartularias, de lo contrario podría incurrir en la falta sancionada por el numeral antes referido. También se le hace ver que al contestar debe indicar a esta Dirección, lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 2º, 6º y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se le previene que puede señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Actualizado el estudio de las cuotas se desprende que la licenciada Guiselle Aburto Peña debe al mes de marzo del año dos mil siete veinte cuotas del Fondo de Garantía Notarial.
San José, 9 de abril del 2007.
Lic. Alicia Bogarín Parra,
(30234) Directora
Que dentro del proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial (no pago de cuotas del Fondo de Garantía Notarial), tramitado bajo el expediente Nº 07-000277-624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado de la notaria Ivannia Muñoz Benavides, mediante la resolución de las nueve horas cuarenta minutos del nueve de abril de dos mil siete, se dispuso: transcribir la resolución que da traslado. Mediante el voto 8197-02 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la forma en que deben ser notificados los notarios públicos, la Sala Constitucional dispuso: “…las sanciones que sean impuestas a los notarios con motivo del incumplimiento de deberes inherentes a su función, deben ser notificadas a éstos en la dirección reportada ante la Dirección referida, comenzando a correr en ese momento el plazo para la eventual impugnación de la medida…”. En el presente asunto, no ha sido posible notificar a la licenciada Ivannia Muñoz Benavides del contenido de la resolución de las nueve horas quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete, tanto en la dirección de su oficina notarial, como tampoco en su casa de habitación según se comprueba de acta que corre a folio cuatro. En razón de lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido proceso, se ordena notificar a la licenciada Ivannia Muñoz Benavides la resolución de las nueve horas quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete, por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, lo anterior por ignorarse al dictado de esta resolución, del lugar en donde puede ser localizado (241 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública). Esto por cuanto la Sala Constitucional, en resolución 2005-07746 de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, lo dispuso así: “...la notificación personal, indispensable en este caso, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Notificaciones, inexcusablemente fue sustituida por una notificación mediante edicto, sin que el lugar para notificar al amparado fuera ignorado o estuviera equivocado por culpa suya, caso en el cual, de conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública, procedería la notificación por edicto.” (El resaltado es nuestro)... Dirección Nacional de Notariado. San José, a las nueve horas quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete. Desprendiéndose del estudio de cuotas de esta Dirección, de fecha dieciséis de febrero del 2007, en el que se consigna claramente que “... con vista en el reporte remitido por BN Vital, con corte al dos de febrero del año en curso, y el Registro Nacional de Notarios, la licenciada Muñoz Benavides Ivannia, debe al mes de enero del año dos mil siete dieciocho cuotas”, se tiene por acreditado que la notaria Muñoz Benavides, se encuentra en un estado de morosidad respecto del pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, creado por el artículo 9 del Código Notarial, situación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Notarial, representa la pérdida de la vigencia de la función notarial, por lo que, se previene a la notaria Muñoz Benavides Ivannia, portadora de la cédula Nº 01-613-093, para que en el plazo de ocho días ponga al día su obligación con el Fondo citado, caso contrario se decretará su inhabilitación, sustentado en los artículos 4 inciso g), 13 inciso b) y 140 párrafo primero del Código Notarial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 inciso a) del Código Notarial, queda prevenida la notaria Muñoz Benavides Ivannia, que en tanto no se encuentre al día en el pago de sus cuotas al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, deberá abstenerse de continuar sus actuaciones cartularias, de lo contrario podría incurrir en la falta sancionada por el numeral antes referido. También se le hace ver que al contestar debe indicar a esta Dirección, lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 2º, 6º y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se le previene que puede señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Actualizado el estudio de las cuotas se desprende que la licenciada Ivannia Muñoz Benavides debe al mes de marzo del año dos mil siete dieciocho cuotas del Fondo de Garantía Notarial.
San José, 9 de abril del 2007.
Lic. Alicia Bogarín Parra,
(30235) Directora
Que dentro del proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial (no pago de cuotas del Fondo de Garantía Notarial), tramitado bajo el expediente Nº 07-000256-624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado de la notaria Nuria Mayela Zúñiga Chaves, mediante la resolución de las nueve horas quince minutos del treinta de marzo de dos mil siete, se dispuso: transcribir la resolución que da traslado. Mediante el voto 8197-02 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la forma en que deben ser notificados los notarios públicos, la Sala Constitucional dispuso: “…las sanciones que sean impuestas a los notarios con motivo del incumplimiento de deberes inherentes a su función, deben ser notificadas a estos en la dirección reportada ante la Dirección referida, comenzando a correr en ese momento el plazo para la eventual impugnación de la medida…”. En el presente asunto, no ha sido posible notificar a la licenciada Nuria Mayela Zúñiga Chaves del contenido de la resolución de las diez horas cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil siete, tanto en la dirección de su oficina notarial, como tampoco en su casa de habitación según se comprueba de acta que corre a folio seis. En razón de lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido proceso, se ordena notificar a la licenciada Nuria Mayela Zúñiga Chaves la resolución de las diez horas cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil siete, por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, lo anterior por ignorarse al dictado de esta resolución, del lugar en donde puede ser localizado (241 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública). Esto por cuanto la Sala Constitucional, en resolución 2005-07746 de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, lo dispuso así: “...la notificación personal, indispensable en este caso, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Notificaciones, inexcusablemente fue sustituida por una notificación mediante edicto, sin que el lugar para notificar al amparado fuera ignorado o estuviera equivocado por culpa suya, caso en el cual, de conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública, procedería la notificación por edicto.” (El resaltado es nuestro)... Dirección Nacional de Notariado. San José, a las diez horas cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil siete. Desprendiéndose del estudio de cuotas de esta Dirección, de fecha veinte de febrero de 2007, en el que se consigna claramente que “... con vista en el reporte remitido por BN Vital, con corte al dos de febrero del año en curso, y el Registro Nacional de Notarios, la licenciada Zúñiga Chaves Nuria Mayela, debe al mes de enero del año dos mil siete trece cuotas”, se tiene por acreditado que la notaria Zúñiga Chaves, se encuentra en un estado de morosidad respecto del pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, creado por el artículo 9 del Código Notarial, situación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Notarial, representa la pérdida de la vigencia de la función notarial, por lo que, se previene a la notaria Zúñiga Chaves Nuria Mayela, portadora de la cédula Nº 01-682-048, para que en el plazo de ocho días ponga al día su obligación con el Fondo citado, caso contrario se decretará su inhabilitación, sustentado en los artículos 4º inciso g), 13 inciso b) y 140 párrafo primero del Código Notarial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 inciso a) del Código Notarial, queda prevenida la notaria Zúñiga Chaves Nuria Mayela, que en tanto no se encuentre al día en el pago de sus cuotas al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, deberá abstenerse de continuar sus actuaciones cartularias, de lo contrario podría incurrir en la falta sancionada por el numeral antes referido. También se le hace ver que al contestar debe indicar a esta Dirección, lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 2º, 6º y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se le previene que puede señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Actualizado el estudio de las cuotas se desprende que la licenciada Nuria Mayela Zúñiga Chaves debe al mes de marzo del año dos mil siete quince cuotas del Fondo de Garantía Notarial.
San José, 30 de marzo del 2007.
Lic. Alicia Bogarín Parra,
(30236) Directora
Que dentro del proceso de inhabilitación por pérdida de la vigencia de la función notarial (no pago de cuotas del Fondo de Garantía Notarial), tramitado bajo el expediente Nº 07-000258-624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado de la notaria Hellen Aburto Castillo, mediante la resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil siete, se dispuso: transcribir la resolución que da traslado. Mediante el voto 8197-02 de las quince horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en lo relativo a la forma en que deben ser notificados los notarios públicos, la Sala Constitucional dispuso: “…las sanciones que sean impuestas a los notarios con motivo del incumplimiento de deberes inherentes a su función, deben ser notificadas a éstos en la dirección reportada ante la Dirección referida, comenzando a correr en ese momento el plazo para la eventual impugnación de la medida…”. En el presente asunto, no ha sido posible notificar a la licenciada Hellen Aburto Castillo del contenido de la resolución de las nueve horas veinte minutos del trece de febrero de dos mil siete, tanto en la dirección de su oficina notarial, como tampoco en su casa de habitación según se comprueba de acta que corre a folio seis. En razón de lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido proceso, se ordena notificar a la licenciada Hellen Aburto Castillo la resolución de las nueve horas veinte minutos del trece de febrero de dos mil siete, por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, lo anterior por ignorarse al dictado de esta resolución, del lugar en donde puede ser localizado (241 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública). Esto por cuanto la Sala Constitucional, en resolución 2005-07746 de las trece horas con veintitrés minutos del diecisiete de junio de dos mil cinco, lo dispuso así: “...la notificación personal, indispensable en este caso, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Notificaciones, inexcusablemente fue sustituida por una notificación mediante edicto, sin que el lugar para notificar al amparado fuera ignorado o estuviera equivocado por culpa suya, caso en el cual, de conformidad con el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública, procedería la notificación por edicto.” (El resaltado es nuestro)... Dirección Nacional de Notariado. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de febrero de dos mil siete. Desprendiéndose del estudio de cuotas de esta Dirección, de fecha trece de febrero del 2007, en el que se consigna claramente que “... con vista en el reporte remitido por BN Vital, con corte al dos de febrero del año en curso, y el Registro Nacional de Notarios, la licenciada Aburto Castillo Hellen, debe al mes de enero del año dos mil siete veinte cuotas”, se tiene por acreditado que la notaria Aburto Castillo, se encuentra en un estado de morosidad respecto del pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, creado por el artículo 9 del Código Notarial, situación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Notarial, representa la pérdida de la vigencia de la función notarial, por lo que, se previene a la notaria Aburto Castillo Hellen, portadora de la cédula Nº 08-075-953, para que en el plazo de ocho días ponga al día su obligación con el Fondo citado, caso contrario se decretará su inhabilitación, sustentado en los artículos 4 inciso g), 13 inciso b) y 140 párrafo primero del Código Notarial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, inciso a) del Código Notarial, queda prevenida la notaria Aburto Castillo Hellen, que en tanto no se encuentre al día en el pago de sus cuotas al Fondo de Garantía de los Notarios Públicos, deberá abstenerse de continuar sus actuaciones cartularias, de lo contrario podría incurrir en la falta sancionada por el numeral antes referido. También se le hace ver que al contestar debe indicar a esta Dirección, lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente (artículos 2º, 6º y 12 de la Ley Nº 7637 del 21 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta Nº 211 del 4 de noviembre de 1996). También se le previene que puede señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Actualizado el estudio de las cuotas se desprende que la licenciada Hellen Aburto Castillo debe al mes de marzo del año dos mil siete veintidós cuotas del Fondo de Garantía Notarial.
San José, 30 de marzo del 2007.
Lic. Alicia Bogarín Parra,
(30237) Directora
primerA PUBLICACIÓN
A las once horas del quince de mayo de dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de cinco millones novecientos noventa y ocho mil doscientos colones netos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete-cero cero cero, la cual es terreno de agricultura. Situada en el distrito dos, Zaragoza, cantón sétimo, Palmares, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Alicia Abarca Álvarez; al sur, Óscar Rojas Salas; al este, calle pública y al oeste, Ahías Rojas. Mide: doscientos noventa y nueve metros con noventa y un decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ordinario de Roberto Carlos Alvarado Carranza contra Manuel Antonio Rojas Salas. Expediente 01-300050-0296-LA.—Juzgado de Trabajo de San Ramón, 28 de marzo del 2007.—Lic. María Elena Villalobos Campos, Jueza.—Nº 15585.—(30524).
SEGUNDA PUBLICACIÓN
A las trece horas y cuarenta minutos del cuatro de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes, soportando servidumbre trasladada y con la base de catorce millones cuatrocientos treinta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 519939-000, la cual es terreno para construir lote N° 171 A. Situada en el distrito 5 Ipís, cantón 8 Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: al norte, lote 170 A; al sur, lote 172 A; al este, calle pública con 6 metros; y al oeste, lotes 162 A y 161 A. Mide: ciento cuarenta y un metros con setenta y dos decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario del Instituto Nacional de Seguros contra Ronulfo de Jesús Castro Cordero y Wendy Cristina Chinchilla Vargas. Exp. Nº 05-012775-0170-CA.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, 2 de marzo del 2007.—Lic. Juan Gutiérrez Villalobos, Juez.—Nº 14999.—(30083).
A las ocho horas cuarenta minutos del siete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de quince millones seiscientos doce mil doscientos ochenta y cinco colones con cincuenta y siete céntimos, en el mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos treinta-cero cero cero. Que es terreno para construir con una casa. Sitio: distrito cinco Piedades, cantón nueve Santa Ana, de la provincia de San José. Linderos: norte, calle pública; sur, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza; este, Gerardo Alpízar Rivera y Carlos Francisco Retana Alpízar; y oeste, Rosmery Mendoza Artavia. Mide: quinientos ochenta y nueve metros con treinta y tres decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario número 02-014576-0170-CA de Banco Nacional de Costa Rica contra Carmen Isabel Sibaja Rodríguez.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 26 de marzo del 2007.—Lic. Iván Tiffer Vargas, Juez.—Nº 15013.—(30084).
A las diecisiete horas cuarenta minutos del veintiuno de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios, soportando servidumbre trasladada y con la base de treinta y dos mil trescientos cuarenta y nueve punto setenta y ocho UDS (unidades de desarrollo), en el mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número F-treinta y ocho mil novecientos setenta y siete-cero cero cero. Que es terreno: edificio a finca filial 8, ubicada en el segundo nivel, destinada a uso habitacional en proceso de construcción. Sitio: distrito 1 San Vicente, cantón 14 Moravia, de la provincia de San José. Linderos: norte, espacio aéreo; sur, área de circulación peatonal y espacio aéreo; este, finca filial 7; y oeste, espacio aéreo. Mide: cincuenta y tres metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario número 07-001378-0170-CA del Banco Nacional de Costa Rica, contra Yadira Ocampo Cordero.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 16 de marzo del 2007.— Lic. Floryzul Porras López, Jueza.—Nº 15014.—(30085).
A las diez horas treinta minutos del diecisiete de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, y con la base de tres millones setecientos cinco mil novecientos dieciséis colones con veintidós céntimos, remataré: la finca inscrita en Propiedad, partido de San José, bajo el sistema de Folio Real matrícula número F-trescientos cuarenta y ocho-cero cero cero. Naturaleza: planta baja local número 56 destinado a comercio, situado en distrito segundo San Francisco, cantón octavo Goicoechea, de la provincia de San José. Lindantes: norte, área común y local 60; sur y oeste, área común; este, local 57. Mide: dieciséis metros con sesenta y nueve decímetros cuadrados. La finca descrita pertenece a Inversiones Castro y Retana S. A. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario Nº 06-100493-0188-CI (interno 517-06-R1) de Credecoop contra Marco Vinicio Castro Iglesias y otro.—Juzgado Civil de Pérez Zeledón, 6 de marzo del 2007.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—Nº 15027.—(30086).
A las catorce horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil siete, desde la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes prendarios y anotaciones judiciales, con la base rebajada al veinticinco por ciento de ley, sea la suma de setecientos sesenta y un mil sesenta y dos colones con veinte céntimos, remataré: vehículo marca Hyundai, modelo mil novecientos noventa y tres, motor número G cuatro DJP nueve nueve ocho cero uno seis, estilo Excel, color verde, combustible gasolina, chasis número KMHVF tres uno JPPU ocho cuatro nueve nueve seis uno, carrocería sedan cuatro puertas, capacidad cinco personas, placas quinientos veintiocho mil trescientos cinco. Prendario Nº 05-001717-182- CI (7) de Zafiro Punto Com S. A. contra Geiner Rodríguez González.—Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía de San José, 21 de marzo del 2007.—Lic. Jessica Jiménez Ramírez, Jueza.—Nº 15043.—(30087).
A las nueve horas treinta minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, soportando hipoteca de primer grado al tomo quinientos sesenta y cuatro, asiento seis mil doscientos cuarenta y cuatro, y con la base de dos millones ochocientos mil colones, remataré: la finca inscrita en Propiedad, partido de San José bajo el sistema de Folio Real matrícula número quinientos veinticinco mil doscientos ochenta y dos-cero cero cero, que es terreno con una casa, situado en distrito tercero Daniel Flores, cantón diecinueve, de la provincia de San José. Lindantes: norte, Rolando Pérez; sur, Ana Rosa Valverde Mata; este, Alexis Rojas Quirós; y oeste, calle pública. Mide: cuatrocientos treinta y tres metros con dieciocho decímetros cuadrados. La finca descrita pertenece a Alexis Rojas Quirós. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario N° 07-100169-0188-CI (interno 180-07 R1) de Credecoop R. L. contra Carlos Manuel Rojas Naranjo y otro.—Juzgado Civil de Pérez Zeledón, 8 de marzo del 2007.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—Nº 15066.—(30088).
A las nueve horas del diecisiete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios y con la base de un millón ciento diez mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: vehículo placas trescientos cincuenta mil ciento uno, marca Nissan, estilo Sentra E, año mil novecientos noventa y cuatro, color gris, chasis número 1N4EB32AXRC706403. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario de Coopeservidores R. L. contra Luis Mariano Mesén Rojas. Exp. Nº 06-000497-0185-CI.—Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José, 13 de marzo del 2007.—Lic. Alexander Solano Pérez, Juez.—Nº 15103.—(30089).
A las ocho horas cuarenta y cinco minutos, del veintitrés de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando limitaciones de la Ley de Reserva de Aguas y demanda penal y con la base de cinco millones de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta -cero cero cero, la cual es terreno inculto. Situada en el distrito Tempate, cantón Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, Ubertina Peralta Abarca; al sur, calle pública con un frente a ella de veinte metros lineales; al este, Ubertina Peralta Abarca; y al oeste, María Benicia Peralta Abarca y Rosibel Peralta Abarca. Mide: mil metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Anrame Sociedad Anónima contra Asesores Dinámicos del Norte Sociedad Anónima. Expediente Nº 06-002419-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 8 de marzo del 2007.—Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez.—Nº 15119.—(30090).
A las nueve horas del catorce de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes, pero soportando colisiones con números de sumarias 03-600330-242-TC, del Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santa Ana y con la base de dos mil setecientos dieciséis dólares con dieciséis centavos, en el mejor postor remataré lo siguiente: un vehículo marca: Nissan, estilo: D21, capacidad: 4 personas, año: 1997, carrocería: cam pu, color: blanco, chasis: 1 N6SD16Y5VC300233, combustible: gasolina, motor: KA2495266R, placas: CL 183244. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario. Expediente N° 05-000587-181-CI de Banco Banex S. A. contra Andrea Guillén Campos.—Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, 27 de marzo del 2007.—Lic. Rodrigo Brenes Vargas, Juez.—(30193).
A las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales, pero soportando servidumbre trasladada y con la base de dos mil quinientos noventa dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis-cero cero cero, la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito 05 San Francisco, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, con lote 387; al sur, con lote 389; al este, con lote 399 y al oeste, con calle once. Mide: noventa y siete metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra Yorleny Patricia Montero Calderón. Expediente: 06-001681-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 16 de marzo del 2007.—Lic. Johnny Ramírez Pérez, Juez.—(30195).
A las ocho horas del nueve de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, soportando hipoteca de primer grado y con la base de setecientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cero ochenta y un mil ochocientos veinte-cero cero uno, cero cero dos, la cual es terreno con una casa de habitación. Situada en el distrito Santa Rosa, cantón Santo Domingo, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Francisco Ramírez Sánchez; al sur, calle pública con 12m; al este, Francisco Ramírez Sánchez y al oeste, Francisco Ramírez Sánchez. Mide: doscientos treinta y ocho metros con cuarenta y nueve decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Alfredo Carballo Guevara contra Jorge Luis Bolaños González y María Julia Sánchez Ramírez. Expediente 07-000138-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 26 de febrero del 2007.—Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez.—Nº 15352.—(30504).
A las diecisiete horas y veinte minutos del treinta y uno de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de diez millones de colones, en el mejor postor, remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número ciento doce mil ciento diecisiete-cero cero cero. Que es terreno para construir y pasto lote c. Sito: distrito Alegría, cantón Siquirres de la provincia de Limón. Linderos: norte, sur, Guillermo Enrique González Herrera; este, calle pública y Gerardina Herrera Soto, y oeste, G. L.C. Sacin Sociedad Anónima. Mide: treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 07-002198-0170-CA de Banco Nacional de Costa Rica, contra Guillermo Enrique González Herra.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 19 de marzo del 2007.—Lic. Gustavo O. Irias Obando, Juez.—Nº 15389.—(30505).
A las quince horas del diez de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior del edificio que ocupa este juzgado, soportando condiciones y reservas, limitaciones, restricciones, sin más gravámenes, y en la base de un millón novecientos cinco mil ciento veintidós colones, en el mejor postor se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula número treinta y un mil treinta y nueve-cero cero uno y cero cero dos (031039-001-002), que es terreno para construir, Situado en el distrito quinto Duacari, cantón sexto Guácimo, provincia de Limón, que mide: doscientos noventa y siete metros con noventa y cuatro decímetros cuadrados, y linda al norte, con calle pública; al sur, con Alicia Palma Umaña; al este, con Reinaldo Espinoza Ángulo y Mercedes Álvarez Morales y al oeste, con Levi Contreras Moraga. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en ejecutivo hipotecario Nº 05-100548-0468-CI, de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo contra Eugenio Berrocal González y sucesión de Martuna Vásquez Álvarez.—Juzgado Civil y de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona, Atlántica, Guápiles, 15 de marzo del 2007.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—Nº 15405.—(30506).
A las catorce horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior del edificio que ocupa este Juzgado, soportando reservas y restricciones, sin más gravámenes, con la base de un millón ochocientos mil colones, en el mejor postor, se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula 36799-001,002, que es terreno para construir número siete con casa, situado en el distrito uno, Siquirres; cantón tercero, Siquirres provincia de Limón, que mide: seiscientos treinta y cinco metros con veinte decímetros cuadrados, y linda al norte, con lote 8 Santos Avilés; al sur, con calle pública 30 metros; al este, con Asociación Solidarista Finca del Trópico; y al oeste, con calle pública con 21 metros y 57 centímetros. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en ejecutivo hipotecario N° 07-100162-0468-CI de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo contra Carlos Luis Morales Zúñiga y Cristina Morales Zúñiga.—Juzgado Civil y de Trabajo Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica, Guápiles, 22 de marzo del 2007.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—Nº 15406.—(30507).
A las diez horas treinta minutos del veinticuatro de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior del edificio que ocupa este juzgado, soportando servidumbre de paso y sin más gravámenes, con la base de dos millones cien mil colones, en el mejor postor se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula Nº 113195-001 y 002, que es terreno de solar con una casa, situado en el distrito sexto, cantón tercero, de la provincia de Limón, que mide: mil doscientos dieciséis metros con nueve decímetros cuadrados, y linda al norte, con Fernando Eduardo Arley Elizondo y Silvia Paulina Porter Bronbly; al sur, con calle pública, al este, con Fernando Eduardo Arley Elizondo y Silvia Paulina Porter Bronbly y al oeste, con Gloria Virginia Clarke Alleth. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 07-100161-0468-CI de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, contra Fernando Arley Porter y otra.—Juzgado Civil y de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, 22 de marzo del 2007.—Lic. Luis Fernando Guillén Zumbado, Juez.—Nº 15407.—(30508).
A las ocho horas treinta minutos, del veinticinco de abril del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales, se remata al mejor postor la finca del Partido de Puntarenas matrícula de Folio Real número setenta y siete mil novecientos noventa y cinco - cero cero cero, con la base de dos millones ochocientos mil colones. El inmueble se describe así: naturaleza lote 2 potrero, situado en distrito tres Paso Canoas, cantón Corredores, provincia Puntarenas. Linderos: al norte; Enrique Vigil Vigil; sur, calle pública con ciento veinticinco metros catorce centímetros; este, lote 3; y oeste, lote 1. Mide: cincuenta y cuatro mil doscientos metros con setenta y seis decímetros cuadrados. Posee plano P-cero cero cinco seis cinco seis nueve-mil novecientos noventa y dos. Propiedad del Cozesa del Sur. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario número 07-100035-424-CI-1 del Banco Nacional de Costa Rica contra Marcos Segura Chavarría.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Corredores, Ciudad Neily, 23 de febrero del 2007.—Lic. Mainrald Hernández García, Juez.—Nº 15369.—(30556).
A las nueve horas treinta minutos, del diecisiete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior del edificio que ocupa este Juzgado, libre de gravámenes, con la base de tres millones de colones, en el mejor postor se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula número 107134-000, que es terreno de potrero, situado en el distrito quinto, cantón segundo, de la provincia de Limón, que mide: cuatro mil ciento sesenta y siete metros con cincuenta y un decímetros cuadrados, y colinda al norte, con Jorge Solano Borbón; al sur, con Jorge Solano Borbón; al este, con Jorge Solano Borbón; y al oeste, con calle pública. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 06-100535-0468-CI de Colocaciones Orozco JDO S. A. contra Minor Alfonso Alfaro Núñez y otro.—Juzgado Civil y de Trabajo Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, 9 de marzo del 2007.—Lic. Luis Fernando Guillén Zumbado Juez.—(30557).
A las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, del dieciséis de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y con la base de veintisiete mil trescientos quince dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento diecinueve mil noventa-cero cero cero, la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito Ulloa, cantón Heredia, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, lote 14K; al sur, área verde y calle pública; al este, alameda M; y al oeste, área verde. Mide: ciento cuarenta y cuatro metros con cuarenta decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Inversiones Canaaan Dos Mil Sociedad Anónima contra Jesús Martín Bolaños Marín y Nidia María Oviedo Campos. Expediente Nº 06-003008-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 27 de febrero del 2007.—Lic. Manuel Sancho Madrigal, Juez.—(30558).
primerA PUBLICACIÓN
A las nueve horas treinta minutos del veintidós de mayo del dos mil siete, en la puerta de este despacho, soportando servidumbre trasladada, y embargo practicado al tomo 482, asiento 06019, consecutivo 01, secuencia 0001, subsecuencia 001, correspondiente al proceso ejecutivo simple de María de los Ángeles Prendas Ocaña contra Fernando Varela Zúñiga, expediente 00-100514-417-C.I., libre de gravámenes hipotecarios, y con la base de seis millones ciento dos mil seiscientos sesenta colones, al mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido Puntarenas, Sección Propiedad, Bajo el sistema de folio real matrícula número cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y dos-cero cero cero, la cual es terreno baldío con pasto, sito en el distrito segundo, cantón segundo de la provincia de Puntarenas, mide trescientos setenta y dos metros cuadrados. Linda al norte, con carretera con un frente a ella de trece metros setenta y seis centímetros lineales, al sur, con Gerardo Espinoza Varela, al este, con Óscar Varela Mendoza y oeste, con calle pública con un frente a ella de veintisiete metros un centímetro lineal. Lo anterior por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de sucesión de Octavio Ledezma Ugalde contra Fernando Varela y otra, expediente 01-100660-417-CI.—Juzgado Civil de Puntarenas.—Lic. Luis Diego Bonilla Alvarado, Juez.—Nº 15438.—(30509).
A las siete horas cuarenta minutos del dos de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior del local que ocupa éste Despacho, al mejor postor, gravámenes comunes y anotaciones con la base de 3.344.730.35 tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta colones con treinta y cinco decímetros cuadrados, remataré: finca inscrita en propiedad, partido de Alajuela, matrícula de folio real número 398.121-000, que se describe así: terreno para construir, situada en distrito siete, Fortuna, cantón diez San Carlos, de la provincia de Alajuela. Mide: ciento cincuenta y ocho metros con veintitrés decímetros cuadrados. Linderos. norte: calle pública con 11,28 metros de frente, sur y oeste, Gerardo Chaves Padilla y este, Miguel Padilla Padilla. Se remata por ordenarse así en expediente número 07-100.76-297-CI (2B) que es Ejecutivo Hipotecario de Coocique R. L., contra Luis Ángel Padilla Araya S. A.—Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, 5 de marzo del dos mil siete.—Lic. Adriana Jiménez Bonilla, Jueza.—Nº 15445.—(30510).
A las ocho horas treinta minutos del siete de mayo de dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho; libre de gravámenes y anotaciones, y con la base de dos millones ochocientos cincuenta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real matrícula Nº 459847-000, la cual es lote 1 B, terreno para construir, situada en el distrito 05 Ipís, cantón 08 Goicoechea, colinda: al norte, con lote 13 B; al sur, con calle pública; al este, con Margarita Bukowicks Lucas, y al oeste con lote 2 B. Mide: ciento veintitrés metros con veintidós decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de la Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo contra Félix Antonio Pérez Arias. Expediente N° 02-001322-0181-CI.—Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, 27 de febrero del 2007.—Msc. Rodrigo Brenes Vargas, Juez.—Nº 15460.—(30511).
A las once horas treinta minutos del siete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, soportando hipoteca de primer grado a favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal en la suma de tres millones noventa mil colones, así como soportando servidumbre trasladada, pero en esta ocasión con un veinticinco por ciento menos de la base, de conformidad con lo estipulado en el artículo 655 del Código Procesal Civil sea la suma de seis millones cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro colones con sesenta y dos céntimos, en el mejor postor remataré: Propiedad del Partido de Alajuela, Folio Real matrícula trescientos sesenta y tres mil novecientos noventa y dos-cero cero cero. Naturaleza: terreno para cultivar. Sito: en Distrito cuarto San Isidro, cantón quinto Atenas de la provincia de Alajuela. Linderos: al norte, Efraín Garita Barrantes; al sur, servidumbre de paso que sirve de acceso y salida con ciento nueve metros con veintinueve decímetros, Luis Alberto, Abrahan, Herminia, Asdrúbal, Reyes Danilo y Marvin Oviedo Arce; al este, Fernando Ramírez Arias y al oeste, Xinia Arce Fernández. Mide: nueve mil ochocientos veinticuatro metros con veinte decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario del Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra Illiana Solano Mena y Silvestro Di Fini. Expediente 02-002324-0638-CI-13.—Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Alajuela, 18 de enero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—Nº 15461.—(30512).
A las diecisiete horas del tres de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de tres millones ciento noventa mil cuatrocientos ochenta colones, se rematará: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro-cero cero cero, la cual es terreno para construir lote número seis. Situada en el distrito Daniel Flores, cantón Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Carlos Luis Acuña Morales; al sur, Carlos Luis Acuña Morales; al este, calle pública y al oeste, Carlos Luis Acuña Morales. Mide: trescientos noventa y ocho metros con ochenta y un decímetros cuadrados, y con la base de tres millones ciento noventa mil cuatrocientos ochenta colones. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo simple de Banco Crédito Agrícola de Cartago, contra Barrantes Vásquez Gustavo Humberto y González Brenes Eduardo Ángel, González Villegas Ricardo y otros. Expediente 97-009018-0170-CA.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, 28 de febrero del 2007.—Lic. Carlos Enrique Espinoza Salas, Juez.—Nº 15462.—(30513).
A las nueve horas del tres de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, libre gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales y con la base de tres millones seiscientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cincuenta y seis mil cincuenta y siete cero cero cero, la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito segundo San José, cantón primero Alajuela, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Lidia Pottinguer, Ronald Morales y otras; al sur, Luis Ángel Campos y Jaime Alfaro; al este, calle pública y Luis Ángel Campos y al oeste, Ligia Artavia. Mide: doscientos setenta y siete metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Banco Crédito Agrícola de Cartago, contra Eduardo Chavarría Bravo. Expediente 06-001355-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 26 de febrero del 2007.—Lic. Karol Solano Ramírez, Jueza.—Nº 15463.—(30514).
A las nueve horas y quince minutos del diecisiete de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes prendarios, y con la base de un millón quinientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cinco con 1/100 colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: vehículo marca Nissan, categoría automóvil, serie 1N4BB42D8SC533067, carrocería sedan 2 puertas, tracción sencilla, chasis SC533067, estilo 200 SX, capacidad 5 personas, color plateado, año 1995 y placas 630923. Se remata por ordenarse así en ejecutivo prendario de Fiduciaria Brunca Sociedad Anónima contra Jerry Villalobos Ángulo. Expediente 06-001950-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 13 de marzo del 2007.—Lic. Johnny Ramírez Pérez, Juez.—Nº 15464.—(30515).
A las nueve horas treinta minutos del trece de junio del dos mil siete, libre de gravámenes hipotecarios, en la puerta exterior del local que ocupa este Despacho, con la base de un millón ciento setenta y seis mil colones, al mejor postor remataré: finca del partido de Puntarenas, matrícula cero setenta y nueve mil cero diecisiete- cero cero cero, que es terreno para construir con una casa, sita en distrito noveno Monteverde, cantón primero de la Provincia de Puntarenas. Linda al norte, con María Luisa Zamora Miranda; sur, con calle pública con 10 metros de frente, este, con Adelia Trejos Cabezas y al oeste, con Gerardo Camacho Zamora. Mide cuatrocientos noventa y dos metros con veintiocho decímetros cuadrados. Lo anterior por haberse ordenado así en hipotecario 07-100196-642-CI de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Giovanny Solís Villalobos y Laura Camacho Zamora.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas.—Lic. Luis Diego Bonilla Alvarado, Juez.—Nº 15492.—(30516).
A las catorce horas del diecisiete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior del edificio que ocupa este juzgado, libre de gravámenes, con la base de once mil quinientos veintidós dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, en el mejor postor, se rematará la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Limón, matrícula 043849-000, que es terreno para construir, situado en el distrito primero, Guápiles; cantón segundo, Pococí; provincia de Limón, que mide: cinco mil doscientos seis metros con setenta y seis decímetros cuadrados, y linda al norte, con Wendy Segura Torres, Audilio Romero Fallas, Róger Sánchez Hernández y Manuel Sánchez Hernández; al sur, con calle pública, Manuel Sánchez Hernández y Wendy Segura Torres; al este, con calle pública, Manuel Sánchez Hernández y Wendy Segura Torres, y al oeste, con Bazar Benymar S. A., Manuel Sánchez Hernández y Wendy Segura Torres, Yamileth Sánchez Badilla, Alexis Chacón Murillo y Carlos Muñoz Montero. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en ejecutivo hipotecario, expediente 07-100102-0468-CI, de Inversiones Villacampos S. A., contra Gerardo Antonio Alfaro Núñez.—Juzgado Civil y de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, 20 de marzo del 2007.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—Nº 15511.—(30517).
A las nueve horas quince minutos del dieciséis de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, soportando hipoteca de primer grado a favor de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo por la suma de nueve millones de colones y con la base de un millón de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 087672-001-002 la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 06 Guadalupe, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte Alfonzo Rodríguez y otro; al sur, calle con 11 m 90 cm; al este, Salatiel Cordero Brenes y al oeste, Salatiel Cordero Brenes. Mide: cuatrocientos cincuenta y nueve metros con cuarenta decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Habitanza El Retiro Sociedad Anónima contra Flor María Alvarado Fernández y Uver Cordero Brenes, expediente 07-000466-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 26 de marzo del 2007.—Lic. Marvin Arce Portuguez, Juez.—Nº 15515.—(30518).
A las nueve horas del tres de mayo del dos mil siete, en la puerta del edificio que ocupa este juzgado y con la base de dos millones trescientos veinte mil colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, con las reservas de Ley, en el mejor postor remataré la finca del partido de Limón, inscrita bajo el sistema de folio real matrícula número setenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho-cero cero cero, terreno para construir, situado en Cariari distrito cinco, Pococí cantón dos de Limón, mide ciento ochenta metros cuadrados, plano número L-cero cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos treinta y cuatro-mil novecientos noventa y ocho y colinda al norte, con Héctor Wilson Stamp; al sur, con calle pública; al este, y oeste, con Carlos Abarca Mora. Se remata por haberse ordenado así en proceso hipotecario. Expediente Nº 07-100065-0681-CI, N° interno 070-07-2, establecido por Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, contra Isabel Zúñiga Artavia.—Juzgado de Menor Cuantía de Pococí, Guápiles, 2 de marzo del 2007.—Lic. Henry Piñar Alvarado, Juez.—Nº 15517.—(30519).
A las nueve horas treinta minutos del dos de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando servidumbre trasladada y con la base de doce mil ciento treinta y cinco dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número trescientos sesenta y dos mil-ciento siete-cero cero tres y cero cero cuatro, la cual es terreno para construir con 1 casa. Situada en el distrito 11 San Sebastián, cantón 01 San José, de la provincia de San José. Colinda: al norte, lote 6-E; al sur, lote 8-E; al este, calle pública 6 m 50 cm y al oeste, lote 2-E. Mide: ciento cuatro metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de William Rodríguez Herrera contra Consuelo del Carmen Alvarado Somarribas y Francisco Javier Ramírez Mixter. Expediente 06-002036-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 9 de febrero del 2007.—Lic. Manuel Sancho Madrigal, Juez.—Nº 15548.—(30520).
A las nueve horas del dieciocho de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, con la base de dos millones de colones remataré lo siguiente: finca inscrita en el partido de San José, matrícula quinientos seis mil ochocientos noventa y dos, de la siguiente forma: 1) El derecho 001 libre de anotaciones judiciales, soportando servidumbre trasladada de citas 314-00218-01-0002-001 hipoteca de primer grado a favor de la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores de citas 534-08620-01-0001-001. 2) El derecho 002 libre de anotaciones judiciales, soportando servidumbre trasladada de citas 314-00218-01-0002-001, hipoteca de primer grado a favor de la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores de citas 534-08620-01-0001-001, practicado a favor del Instituto Costarricense de Electricidad de citas 538-12525-01-0002-001, indicándose que la totalidad de la finca tiene la siguiente descripción: terreno para construir sito en el distrito Guadalupe, cantón Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Ulderi Castro Mora y Carlos Vargas; al sur, Cristian y Maximiliano Solís Zeledón; al este, Cristian y Maximiliano Solís y al oeste, calle pública con catorce punto sesenta metros. Mide: noventa y dos metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Errol Gutiérrez Abarca contra Allan Erasmo Picado Barquero y Cyntia Castro García. Expediente: 06-000842-0164-CI.—Juzgado Civil del II Circuito Judicial de San José, 27 de marzo del 2007.—Lic. José Miguel González Molina, Juez.—Nº 15549.—(30521).
A las dieciocho horas del dos de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, servidumbre trasladada inscrita al tomo 364, asiento 14236 y con la base de tres millones de colones netos, en el mejor postor, remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos tres-cero cero cero, que es terreno: para construir con una casa lote 17-11. Sito: distrito Pavas, cantón San José de la provincia de San José. Linderos: norte, lote 6; sur, alameda Río Naciente; este, lote 18, y oeste, lote 16. Mide: noventa y un metros con ochenta decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 06-001757-0170-CA de Instituto Nacional de Seguros, contra Juan Humberto Jiménez Herrera y Noemy Campbell Rojas.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 16 de marzo del 2007.—Lic. Hans Roberto Leandro Carranza, Juez.—Nº 15565.—(30522).
A las nueve horas treinta minutos del día ocho de mayo de dos mil siete, desde la puerta exterior de este juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y soportando servidumbre trasladada con la base treinta y un mil doscientos diez dólares con cincuenta y dos centavos, en el mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público, Sección Propiedad, partido de San José, matrícula de Folio Real Nº 515493-001 y 002, que se describe de la siguiente manera: naturaleza lote 03 bloque C, terreno para construir situado en el distrito 05 Ipís, cantón 08, Goicoechea de la provincia de San José, mide ciento sesenta y cinco metros con sesenta decímetros cuadrados. Linderos al norte, con avenida 1; al sur, con Asesoramiento e Inversiones Gotasi S. A., este, con Asesoramiento e Inversiones Gotasi S. A.; y al oeste con lotes 02 y 01 Sección C. Lo anterior se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario N° 06-000940-184-CI de Arrendamientos San José S. A., contra Marvin Vega Mora y otra.—Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José, 15 de marzo de 2007.—Lic. Carlos Ruiz Rodríguez, Juez.—Nº 15574.—(30523).
A las nueve horas, treinta minutos del quince de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios y anotaciones judiciales, y con la base de un millón ochenta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: vehículo placas SJB cero cero seis mil ciento sesenta y dos, marca Toyota, estilo Coaster, año mil novecientos ochenta y cinco, color blanco, chasis número BB200006985. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario de Coopemex R. L., contra Martín Picado Jiménez. Exp.: 06-001289-0185-CI.—Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José, 20 de marzo de 2007.—Lic. Alexander Solano Pérez, Juez.—(30564).
A las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil siete, en este Juzgado, libre de gravámenes prendarios pero soportando una colisión a la orden del Juzgado de Tránsito de Cartago, y esta vez sin sujeción a base, en el mejor postor remataré: un vehículo placas 387.070, marca Toyota, categoría automóvil, carrocería sedán cuatro puertas, chasis JTDBT113400079980, uso particular, estilo Yaris, capacidad cinco personas, año 2001, color verde, número de motor 1NZ1375171. Se remata por haberse ordenado así dentro del proceso Exp.: 05-000416-185 C. I., ejecutivo prendario de Servicio Cooperativo Nacional de Ahorro y Crédito de Trabajadores Costarricenses Coopemex R. L., contra Cinthya León Herrera y Víctor Eduardo Piedra Méndez.—Juzgado Sexto Civil de San José, 21 de marzo de 2007.—Lic. Alexander Solano Pérez, Juez.—(30566).
A las diez horas treinta minutos del cinco de junio del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, y con la base de novecientos mil colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número trescientos siete mil quinientos cincuenta-cero cero cero, la cual es terreno de café y agricultura. Situada en el distrito 03 Barbacoas, cantón 04 Puriscal, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública en medio de Rigoberto García; al sur, río San José; al este, Rigoberto García, Suc. Cecilia Barboza, y al oeste, Guido Jiménez Jiménez y otros. Mide: ciento noventa y nueve metros con cuarenta y nueve decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Luis Alberto Jara Corrales, Marvin Mora Salas y Zaida Campos Elizondo. Expediente Nº 07-000196-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 15 de marzo del 2007.—Lic. Rolando Villalobos Romero, Juez.—(30619).
A las diez horas del seis de junio próximo, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando condiciones, y con la base de un millón seiscientos cincuenta mil colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento veintiún mil novecientos veintinueve-cero cero cero, la cual es terreno de árboles frutales. Situada en el distrito dos La Cuesta, cantón diez Corredores, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, Máximo López; al sur, Eladio Miranda Sánchez; al este, calle pública con 27,99 metros, y al oeste, Máximo López López. Mide: novecientos dieciséis metros con once decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Eladio Morales Rojas. Expediente Nº 07-000195-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 23 de marzo del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—(30620).
A las ocho horas y treinta minutos del veintitrés de julio del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, y con la base de tres millones ciento setenta y cinco mil setecientos once colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número trescientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y siete-cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito San Rafael, cantón Alajuela, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, lote 14 l; al sur, lote 16 l; al este, lote 5 l, y al oeste, calle pública con frente de ocho metros un centímetro. Mide: ciento cuarenta y nueve metros con setenta y nueve decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Jordan Rigoberto Campos Chacón, Marianela Campos Chacón y Wilberth Campos Peña. Expediente Nº 06-002166-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 26 de marzo del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—(30622).
A las ocho horas treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil siete, libre de gravámenes hipotecarios, soportando servidumbre trasladada, reservas y restricciones, en la puerta exterior del local que ocupa este Despacho, con la base de tres millones de colones, al mejor postor remataré : finca del Partido de Puntarenas, matrícula cero noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres-cero cero cero, que es terreno para construir, sito en distrito dos San Juan Grande, cantón dos Esparza de la Provincia de Puntarenas. Colinda al norte, con camino público; al sur, con Dimas Venegas Arroyo; al este, con María de los Ángeles Campos Venega, y al oeste, con Juan Campos Venegas. Mide: Mil setecientos cincuenta y cuatro metros con dieciséis decímetros cuadrados. Lo anterior por haberse ordenado así en hipotecario N° 05-I0I038-642-CI-4 de Rosey María Garita Agüero contra Miguel del Carmen Calvo Chaves.—Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, 16 de marzo del 2007.—Lic. Antonio Víctor Tobal, Juez.—(30652).
A las diez horas del nueve de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de tres millones cuatrocientos veintidós mil novecientos doce colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula Nº 055.965-001 la cual es terreno de patio y casa. Situada en el distrito 04 San Nicolás, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Municipalidad de Cartago Dique; al sur, calle pública; al este, Carlos Garro Calderón, y al oeste, Rosalina Garro Zúñiga. Mide: Trescientos veintiún metros con ocho decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo simple de Banco Crédito Agrícola de Cartago contra Fernando Salas Molina y otros. Exp. Nº 97-000382-0337-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 19 de marzo del 2007.—Lic. Marvin Arce Portuguez, Juez.—Nº 15621.—(30735).
A las ocho horas del dos de mayo del dos siete, en la puerta exterior de este despacho, soportando servidumbre trasladada e hipoteca de primer grado a favor del Banco Nacional de Costa Rica y con la base de veintiséis millones quinientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y tres colones, remataré: la Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Partido de San José, bajo el sistema de folio real, matricula numero ciento treinta y cuatro mil setenta y seis-cero cero cero que se describe así: Naturaleza: Terreno para construir con una casa. Situado: En el distrito uno, cantón Pérez Zeledón de la provincia de San José. Mide ochocientos setenta y un metros con sesenta y siete decímetros cuadrados. Linda: Norte, Sergio Saborío Barboza; al este, Rafael Cruz Ramón, oeste, carretera interamericana, y sur, Teresita Arias Salazar. Lo anterior en ejecutivo simple expediente Nº 06-100223-0857-CI-6 interno Nº 226-06-2 de la Municipalidad de Pérez Zeledón en contra de Eduardo Espinoza Marín.—Juzgado de Menor Cuantía de Pérez Zeledón, San Isidro de El General, 21 de febrero del 2007.—Lic. Carlos Contreras Reyes, Juez.—Nº 15623.—(30736).
A las ocho horas del diez de mayo del dos mil, siete, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales, soportando servid. y condiciret. a las citas 303-04317-01-0901-002, 353-05773-01-0901-001 y 353-05773-000902-001 con la base de siete mil ciento veintidós dólares, remataré la finca inscrita en propiedad, Partido de Puntarenas, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento treinta y tres mil ciento setenta y cinco-cero cero cero, que es terreno de café, situado en distrito primero San Vito, cantón octavo, Coto Brus, de la provincia de Puntarenas. Lindantes: norte, José Luis Mena Fernández; sur, José Ángel Trejos y calle pública; este, José Luis Mena Vega, y oeste, Juan Rafael Rivera Picado. Mide: cinco mil quinientos cincuenta y cuatro metros con treinta y nueve decímetros cuadrados, plano P-0814133-2002. La finca descrita pertenece a Óscar Lizano Barrantes. Lo anterior se remata por estar así ordenado en Hipotecario N° 07-100142-188-CI interno 152-07-JC-4 de Fabián Murillo Vargas contra Óscar Lizano Barrantes.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 2 de marzo del 2007.—Lic. Yuri López Casal, Juez.—Nº 15624.—(30737).
A las nueve horas del diez de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, soportando servidumbre trasladada al tomo trescientos dos, asiento diecisiete mil cuatrocientos trece y con la base de la hipoteca de primer grado ya vencida, sea la suma de tres mil quinientos sesenta dólares, remataré la finca inscrita en Propiedad, Partido de San José, sistema de Folio Real, matrícula número quinientos treinta y un mil cincuenta-cero cero cero, que es terreno de café, situado en sexto Platanares, cantón diecinueve Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Lindantes: norte, este y oeste, con Víctor Navarro Alfaro, y sur, calle pública. Mide: tres mil cuatrocientos setenta y cinco metros con sesenta y dos decímetros cuadrados. La finca descrita pertenece a Arcelio Badilla Prado. Lo anterior se remata por estar así ordenado en ejecutivo simple N° 05-100437-1888- CI (interno 455-05-Y1) de Marvin Barboza Naranjo contra Arcelio Badilla Prado.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 2 de marzo del 2007.—Lic. Yuri López Casal, Juez.—Nº 15625.—(30738).
A las nueve horas del treinta y uno de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales, con la base de tres millones de colones, remataré: la finca inscrita en Propiedad, Partido de San José, bajo el sistema de Folio Real Matrícula número cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y seis- cero cero cero, que es terreno de patio con una casa de zócalo, situado en distrito primero San Isidro, cantón diecinueve Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Lindantes. Norte, cale pública; sur y este, Célimo Barrientos Mora, y oeste, Alcides Gómez Ramírez. Mide: Doscientos cuarenta y dos metros con veintiséis decímetros cuadrados. Plano SJ- 0064219-1992. La finca descrita pertenece a Errol Segura Mena. Lo anterior se remata por estar así ordenado en hipotecario N° 07-100150-188-CI interno 161-07-R-3, de Álvaro Mora Valverde contra Errol Segura Mena.—Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, 21 de marzo del 2007.—Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez.—Nº 15627.—(30739).
A las nueve horas del veintiuno de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de la oficina que ocupa este Juzgado, libre de gravámenes prendarios y con la base de un millón cuatrocientos mil colones, en el mejor postor remataré: Un vehículo marca Subarú, estilo Legacy GX, año 1993, capacidad 5 personas, color azul, chasis Nº JF1BF7DL0EJ048803, motor 673881, placas 200823. Lo anterior se subasta por haberse ordenado así en ejecutivo simple Nº 128-05 de Ricardo Torres Calvo, cesionario José Pérez Villalobos contra José Andrés Medrano Rosales.—Juzgado Primero Civil de San José, 29 de marzo del 2007.—Lic. Manuel Hernández C., Juez.—Nº 15647.—(30740).
A las ocho horas treinta minutos del dos de mayo del dos mil siete, de la puerta exterior de este despacho y soportando dos infracciones a la orden del Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Limón y con la base de doscientos setenta y cuatro mil setecientos dieciséis colones con setenta céntimos, en el mejor postor remataré: un vehículo placas TL cero cero cero seiscientos treinta y seis; capacidad para cinco personas, año mil novecientos noventa y siete, color rojo, chasis N° KMHVF21NPVU425799, marca Hyundai, estilo Accent. Lo anterior por haberse ordenado así dentro del proceso ejecutivo prendario N° 2007-000584-224-CI-5 de Se-Bo Autos de Costa Rica S. A. contra Freddy Rodríguez Vega.—Juzgado Quinto Civil de Menor Cuantía de San José, 12 de marzo del 2007.—Lic. Geovanni Durán Abarca, Juez.—Nº 15683.—(30741).
A las once horas del dos de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando servidumbre trasladada y con la base de cuatrocientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento once mil cuatrocientos noventa y uno-cero cero uno y cero cero dos, la cual es terreno de potrero. Situada en el distrito 01 Pacayas, cantón 06 Alvarado, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, José Castro; al sur, servidumbre y otro; al este, Claudio Montenegro y otro, y al oeste, Dinorah Montenegro y otro. Mide: diez mil metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Servicentro Barrio El Molino Sociedad Anónima contra Gerardo Montenegro Vega. Exp. Nº 07-000529-0346-CI.—Juzgado Civil de Menor Cuantía de Cartago, 21 de marzo del 2007.—Lic. Vilma Eduarte Madrigal, Jueza.—Nº 15684.—(30742).
A las diez horas treinta minutos del tres de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y con la base de dos millones quinientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento catorce mil setecientos setenta y nueve-cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 04 San Nicolás, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Edgar Zúñiga, Alfredo Ruiz; al sur calle, al este, José Manuel Castillo, y al oeste, Guido Mata Castillo. Mide: doscientos tres metros con sesenta y tres decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra Rafael Francisco Mata Castillo. Exp. Nº 07-000240-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 8 de marzo del 2007.—Lic. Johnny Ramírez Pérez, Juez.—Nº 15685.—(30743).
A las diez horas y cuarenta y cinco minutos del tres de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales pero soportando servidumbre trasladada y con la base de tres millones de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cero noventa y siete mil seiscientos dieciséis cero cero cero, la cual es terreno para construir con una casa de hab. N noventa y dos. Situada en el distrito primero Tejar, cantón octavo El Guarco, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Hacienda Agua Caliente S. A.; al sur, Hacienda Agua Caliente S. A.; al este, calle pública con ocho metros, y al oeste, Hacienda Agua Caliente S. A. Mide: ciento sesenta metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra José Enrique Carmona Lobo. Expediente: Nº 07-000395-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 13 de marzo del 2007.—Lic. Johnny Ramírez Pérez, Juez.—Nº 15686.—(30744).
A las nueve horas y cero minutos del ocho de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales y con la base de un millón ciento cincuenta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula Nº 049041-000 la cual es terreno para la agricultura con una construcción de madera con divisiones de Ricalit. Situada en el distrito 02 Santiago, cantón 02 Paraíso, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Kattya Moya Sojo; al sur, Rosario Teresa y Vitalina Corrales; al este, Rosario Teresa y Vitalina Corrales, y al oeste, camino público con un frente de 13 metros 99 centímetros. Mide: seiscientos veinticuatro metros con cuarenta y cuatro decímetros Cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra Fernando Calderón Ramírez. Expediente: Nº 06-000477-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 8 de marzo del 2007.—Lic. Karol Solano Ramírez, Jueza.—Nº 15687.—(30745).
A las nueve horas treinta minutos del nueve de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y anotaciones pero soportando servidumbre trasladada, medianería y servidumbre y medianería y con la base de un millón cien mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula Nº 127699-001-002, la cual es terreno para construir con una casa lote Nº 612. Situada en el distrito 05 San Francisco, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, lote 613; al sur, lote 611; al este, lote 603, y al oeste, calle dos. Mide: noventa y siete metros con nueve decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra Ana Lucía conocida como Ana Lía Núñez Paniagua, Carlos Miguel Orozco Rivas. Expediente: Nº 07-000394-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 19 de marzo del 2007.—Lic. Marvin Arce Portuguez, Juez.—Nº 15688.—(30746).
A las diez horas quince minutos del nueve de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y anotaciones judiciales pero soportando plazo de convalidación y con la base de cinco millones de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 049438A-000, la cual es terreno con un edificio de dos plantas, con dos locales comerciales dos apartamentos y parqueo con cuatro vehículos. Situada en el distrito 01 Cartago Oriental, cantón Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, María Eugenia González Martínez; al sur, calle publica con frente a esta de nueve metros ochenta y nueve centímetros; al este, Álvaro Monge Sanabria, y al oeste, Mercedes Astúa Astúa. Mide: doscientos treinta metros con trece decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Piedra y Navarro Sociedad Anónima contra Eric Geovanny Monge González. Exp. Nº 07-000364-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 19 de marzo del 2007.—Lic. Marvin Arce Portuguez, Juez.—Nº 15689.—(30747).
A las nueve horas del diez de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales y con la base de seiscientos cincuenta mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cero noventa y cuatro mil ciento cuatro-cero cero cero, la cual es terreno para construir lote veintidós, bloque U con una casa. Situada en el distrito primero Paraíso, cantón segundo Paraíso, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, lote destinado a zona comercial; al sur, lote veintiuno; al este, lote uno, y al oeste, Calle Finlandia con siete mts. Mide: ciento cuarenta metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra María Isabel Sáenz Gutiérrez. Expediente: Nº 07-000356-0346-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 12 de marzo del 2007.—Lic. Johnny Ramírez Pérez Juez.—Nº 15690.—(30748).
A las nueve horas y treinta minutos del quince de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando plazo de convalidación (rectificación de medida) y con la base de dos millones de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula Nº 91.786-000 la cual es terreno de potrero y bosque. Situada en el distrito 03 Tobosi, cantón 08 El Guarco, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, calle pública; al sur, Eduardo Navarro Piedra y Bienvenido Navarro Cordero; al este, Francisco Alberto Bonilla Astúa, y al oeste, Eduardo Navarro Piedra. Mide: cuarenta y tres mil seiscientos tres metros con noventa y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Napier Sociedad Anónima contra Fernando Vargas Cortés. Exp. Nº 06-000698-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 7 de marzo del 2007.—Lic. Karol Solano Ramírez, Jueza.—Nº 15691.—(30749).
A las nueve horas del veintiocho de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de anotaciones y gravámenes, pero soportando denuncia penal anotada al tomo 0013, asiento 208926 a favor del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, sumaria 05-2724-305-PE, y con la base de novecientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco colones con cincuenta y cuatro céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: un vehículo marca: Hyundai, estilo: Excel, categoría: automóvil, capacidad: 5 personas, año: 1992, carrocería: sedán 4 puertas, color: verde, chasis: KMHVF31JPNU646610, combustible: gasolina, placas: 520136. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario. Expediente N° 06-000447-0181-CI de Zafroli Cuatro Mil S. A., contra Hugo Sánchez Chinchilla.—Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, 21 de marzo del 2007.—Msc. Rodrigo Brenes Vargas, Juez.—Nº 15700.—(30750).
A las nueve horas del quince de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de nueve millones de colones netos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número doscientos treinta y cinco mil ciento quince-cero cero cero, la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito sétimo La Granja, cantón sétimo, Palmares, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Junta de Desarrollo Granja Palmares, callejón de acceso en medio con cuatro metros de ancho; al sur, I.B. Industrial S. A.; al este, calle pública con un frente de catorce metros y al oeste, Martha Mayela Loría Castillo. Mide: cuatrocientos veintinueve metros con noventa y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Óscar Chaves Villalobos contra Bernardo Loría Pineda. Expediente Nº 07-000102-0296-CI.—Juzgado Civil y Trabajo de San Ramón, 22 de marzo del 2007.—Lic. María Elena Villalobos Campos Jueza.—Nº 15703.—(30751).
A las dieciocho horas y cuarenta minutos del tres de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios soportando medianería anotada al tomo 333, asiento 10988 y sin sujeción de base, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número trescientos tres mil seiscientos treinta y cinco-cero cero cero, la cual es terreno para construir con dos casas. Situada en el distrito San Juan, cantón Tibás, de la provincia de San José. Colinda: al noreste, casa Nº 191-Urbanización La Florida, contigua; al noroeste, alameda, con 6 mts 21 cts de frente; al sureste, casa Nº 165-Urbanización La Florida, contigua, y al suroeste, casa Nº 189-Urbanización La Florida, contigua. Mide: ciento setenta metros con cincuenta y un decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario Banco de Costa Rica contra Daisy Ulate Quesada, José Rubén Rodríguez Cubero. Exp. Nº 04-005648-0170-CA.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San José, 11 de abril del 2007.—Lic. Melvin Cavero Araya, Juez.—(30779).
A las nueve horas del siete de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, y con la base rebajada en un 25 %, por tratarse de segundo remate, se remata, en la suma de trescientos doce mil setecientos cincuenta colones para el derecho cero diecisiete y con la base de un millón doscientos cincuenta y un mil colones para el derecho cero cero siete, libres de gravámenes hipotecarios, soportando servidumbres trasladadas, anotadas a los tomos 309 y 342 y asientos 03256 y 12233, respectivamente, los derechos indicados del inmueble derivado que se describe así: inscrita en el Registro Público, Partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número doscientos cuarenta y ocho mil ciento treinta y cuatro-cero cero siete (correspondiente a un noveno en la nuda propiedad) y cero cero diecisiete (correspondiente a un treintaiseisavo en la nuda propiedad), de la cual es terreno para construir con una casa Nº 179. Situada en el distrito 10 Hatillo cantón 01 San José, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Avenida Corobocí con19 mts y 18 cm; al sur, este y oeste, Invu. Mide: trescientos doce metros con treinta y ocho decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo simple Nº 98-003020-0170-CA de Banco Nacional de Costa Rica contra Rodríguez Sandoval Omar Emilio.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 28 de marzo del 2007.—Lic. Ronaldo Hernández Hernández, Juez.—(30782).
A las ocho horas del once de junio del dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, soportando hipoteca de primer grado a favor del Instituto Nacional de Seguros y con la base de un millón de colones, en el mejor postor remataré: Finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro-cero cero cero. Que es terreno: con una casa de habitación. Sito: Distrito 13 Pocosol, cantón 10 San Carlos, de la provincia de Alajuela. Linderos: Norte, calle pública con quince punto noventa y dos metros de frente; sur, Félix Solano Portugués; este, Félix Solano Portuguez, y oeste, William Alfaro Alfaro. Mide: doscientos noventa y dos metros con ochenta y siete decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo simple Nº 98-018580-0170-CA de Banco Nacional de Costa Rica contra Sirias Venegas Jairo, Walter Céspedes Morera.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 13 de febrero del 2007.—Lic. Carlos Espinoza Salas Juez.—(30784).
A las diez horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil siete, en la puerta exterior de este despacho; libre de anotaciones y gravámenes, y con la base de cincuenta mil dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real matrícula Nº 169445-000, la cual es terreno para construir con un edificio, situada en el distrito 01 Desamparados, del cantón 03 Desamparados. Colinda: al norte, con calle pública; al sur, con Elvira Mora Bermúdez; al este, con Ana Freer García, y al oeste, con Elvira Mora Bermúdez. Mide: ciento veintiocho metros con quince decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Banca Promérica S. A., contra Inversion Meslor S. A. Expediente Nº 06-001687-0181-CI.—Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía, San José, 14 de marzo del 2007.—Msc. Rodrigo Brenes Vargas, Juez.—(30823).
A las diez horas, cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando anotación de demanda penal y con la base de veintidós millones ciento treinta y tres mil trescientos treinta y dos colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento setenta y cuatro mil ochocientos treinta-cero cero cero la cual es terreno para construir. Situada en el distrito tercero, cantón siete, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, calle pública; al sur, Cariari Internacional Country Club; al este, Corbatas Internacionales del Pacífico Sociedad Anónima, y al oeste, Corbatas Internacionales del Pacífico Sociedad Anónima. Mide: seiscientos sesenta y un metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Ana Lidieth Castro Arias contra Ana Catalina Arias Herrera. Expediente Nº 07-000145-0504-CI.—Juzgado Civil de Heredia, 5 de marzo del 2007.—Lic. Guillermo Guilá Alvarado, Juez.—Nº 15712.—(31087).
A las ocho horas treinta minutos del veinticinco de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes y con la base de seis millones setecientos mil colones , en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ochenta y un mil quinientos ochenta y uno-cero cero cero la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito nueve, cantón primero, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, calle pública, Johnny Guzmán Zamora; al sur, Fernando Villalobos Alvarado; al este, Fernando Villalobos Alvarado, y al oeste, Felipe Arguedas Arguedas. Mide: novecientos doce metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Banco Nacional de Costa Rica contra Gabriel Barboza Villalobos. Expediente Nº 06-100326-0386-CI.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Liberia, 30 de marzo del 2007.—Lic. Julia Madrigal Jiménez, Jueza.—Nº 15714.—(31088).
A las nueve horas, cuarenta minutos del nueve de mayo del dos mil siete en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de treinta y tres millones ochocientos sesenta y ocho mil noventa y ocho colones con diecisiete céntimos al mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres cero cero uno y cero cero dos. Que es terreno: para construir con una casa. Sitio: distrito uno Tres Ríos, cantón tres La Unión de la provincia de Cartago. Linderos: norte, Julio Bosa Vargas; sur, calle pública; este, Celsa Ignacia López Durán, y oeste, Yamileth Ocampo Zamora. Mide: ciento cincuenta metros con cincuenta decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 06-024012-0170-CA de Caja Costarricense de Seguro Social contra Carlos Marín Cubillo, Xinia Solís Torres.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 12 de marzo del 2007.—Lic. Ricardo Rodríguez Vega, Juez.—Nº 15721.—(31089).
A las once horas, veinte minutos del nueve de mayo del dos mil siete en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de diecisiete mil ochocientos cincuenta unidades de desarrollo al mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público al Sistema de Folio Real Mecanizado, matrícula número ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho cero cero cero. Que es terreno: para construir lote veinte. Sitio: distrito cinco Concepción, cantón cinco San Rafael de la provincia de Heredia. Linderos: noreste, calle pública; noroeste, sureste, y suroeste, Corporación Celeste Vileta S. A. Mide: ciento veinticuatro metros con treinta y cinco decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 06-027692-0170-CA de Banco Nacional de Costa Rica contra Eddy Alberto Monge Bolaños y Lilliam Bolaños Villalobos.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 13 de marzo del 2007.—Lic. Ricardo Rodríguez Vega, Juez.—Nº 15778.—(31090).
A las nueve horas y treinta minutos del veintiuno de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios, y con la base de dos millones doscientos ochenta y ocho mil setenta y cinco colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: vehículo placa 644996, marca Honda, categoría automóvil, estilo Civic, serie 1HGEG8650RL049585, capacidad cinco personas, carrocería sedán cuatro puertas, año mil novecientos noventa y cuatro, color azul. Tracción sencilla, chasis 1HGEG8650RL049585, motor D15B73572585, cilindrada mil seiscientos c.c., combustible gasolina. Se remata por ordenarse así en ejecutivo prendario de Marco Tulio González Salas contra Randall Miranda Córdaba. Expediente Nº 06-002108-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 14 de febrero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—Nº 15791.—(31091).
A las diez horas con treinta minutos del dieciséis de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, y con la base de seis millones ciento setenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco colones libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número Filial dos mil cuatrocientos cuatro- cero cero uno y cero cero dos la cual es terreno tercera planta, apartamento cinco tres, tipo 2 A. Situada en el distrito uno, Desamparados, cantón tres, Desamparados, de la provincia de San José. Colinda: al norte, noroeste, apartamento cinco tres cuatro y otros; al sur, suroeste, áreas externas y otros; al este, noroeste, apartamento tres uno y área de acceso, y al oeste, suroeste, área común de jardín. Mide: cincuenta y seis metros con setenta y dos decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Arturo Sandí Zúñiga, Jessenia Elizabeth López Medina. Expediente Nº 07-000128-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 7 de marzo del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—Nº 15843.—(31092).
A las diez horas del veintiocho de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre de paso y con la base de nueve millones de colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho-cero cero cero la cual es terreno para construir, lote veintiuno B. Situada en el distrito dos San Isidro, cantón tres, Grecia, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, calle pública y Vicechi S. A.; al sur, lote cuatro B; al este, lote veintidós B y al oeste, lote veinte B. Mide: Doscientos metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Maynor Carranza Varela. Exp. Nº 07-000138-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 27 de Febrero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—Nº 15844.—(31093).
A las diez horas del veintiuno de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de once millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y seis colones con un céntimo, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número trescientos setenta y nueve mil ochocientos veintidós-cero cero cero la cual es terreno de cafetal potrero, lote 4. Situada en el distrito Cinco, Ipís; cantón octavo, Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: norte, calle pública; sur, Álvaro Castro López; este, Lote 5 de Álvaro Castro; oeste, Lote 3 de Álvaro Castro. Mide: Doscientos cincuenta metros con doce decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Harol Ovidio Sáenz Arriaza. Exp. Nº 06-001019-0638-CI-13.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 21 de febrero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—Nº 15846.—(31094).
A las nueve horas del veintitrés de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de veinticuatro millones novecientos setenta y seis mil trescientos ochenta y dos colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento ochenta y seis mil quinientos veintidós-cero cero cero la cual es terreno con dos casas.- Situada en el distrito 05 San Francisco, cantón uno Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, y sur, Coto y Compañía Ltda.; al este y oeste: calle pública con siete metros. Mide: doscientos cincuenta y nueve metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Manuel Fernando Coto Cordero. Expediente: 07-000102-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 7 de marzo del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—Nº 15847.—(31095).
A las ocho horas y treinta minutos del veintiocho de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero Soportando Reservas y Restricciones y con la base de cuatro millones doscientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número setenta y un mil doscientos treinta y cuatro-cero cero cero la cual es terreno para construir.- Situada en el distrito uno Liberia, cantón uno Liberia, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, María Luisa de la O Ruiz; al sur, Hernán Rodríguez Arce; al este, calle pública con quince metros setenta y dos centímetros y al oeste, Modesto de la O Ruiz. Mide: Seiscientos cincuenta y tres metros con siete decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Minor Alfredo Vargas Mena, Rómulo Cubillo Reyes. Exp. Nº 06-002104-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 26 de febrero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—Nº 15853.—(31096
A las once horas del veintiocho de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero Soportando Servidumbre Trasladada y con la base de dieciocho mil setecientos dólares moneda actual de los Estados Unidos de América, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Puntarenas; Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número noventa y siete mil quinientos tres-cero cero cero la cual es terreno para construir, lote diez. Situada en el distrito ocho Barranca, cantón primero, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, al sur, Esteros de Puntarenas S. A.; al este, calle pública y al oeste, Hacienda Roca Montes S. A:. Mide: Mil doscientos setenta y cinco metros con cincuenta decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Tatiana Obregón Marenco. Expediente: 07-000159-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 27 de febrero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—Nº 15854.—(31097).
A las nueve horas del veintinueve de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada y con la base de cuatro millones ochocientos mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco cero cero tres y cero cero cuatro la cual es terreno para construir, con una casa de habitación. Situada en el distrito cinco San Francisco, cantón uno, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Jorge Humberto Medaglia; al sur, Hacienda Agua Caliente S. A.; al este, Hacienda Agua Caliente S. A., y al oeste, calle con doce metros. Mide: ciento sesenta y cuatro metros con setenta y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Ligia Isabel Rivas Orozco, Marjorie Velásquez Rivas. Expediente Nº 07-000058-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 28 de febrero del 2007.—Lic. Rolando Villalobos Romero, Juez.—Nº 15855.—(31098).
A las nueve horas treinta minutos del veintinueve de mayo del año en curso, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre sirviente y con la base de nueve mil quinientos noventa y ocho dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cien mil ciento cincuenta y siete-cero cero cero, la cual es terreno para construir lote ocho. Situada en el distrito ocho Barranca, cantón uno Puntarenas, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, calle pública; al sur, Gabilis Uno S. A.; al este, Gabilis Uno S. A., y al oeste, Gabilis Uno S. A. Mide: setecientos treinta y tres metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo contra Víctor Antonio Aguirre Ramírez. Expediente Nº 06-002467-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 27 de febrero del 2007.—Lic. Rolando Villalobos Romero, Juez.—Nº 15857.—(31099).
A las ocho horas y treinta minutos del treinta de mayo próximo, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportado dos servidumbres de paso, una servidumbre trasladada y una servidumbre sirviente y con la base de treinta mil doscientos cuarenta dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número quinientos treinta y cinco mil doscientos setenta y uno-cero cero uno y cero cero dos la cual es terreno para construir, lote quince F. Situada en el distrito doce Gravilias, cantón tres Desamparados, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública con seis metros; al sur, Manuel Ortuño e hijos S. A.; al este, lote catorce F, y al oeste, lote dieciséis F. Mide: ciento veinte metros con diecisiete decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Andy Deloin Escoe Barnes, Janelle Tisha Mac Donald Nelson. Expediente Nº 07-000079-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 22 de marzo del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—Nº 15858.—(31100).
A las once horas del treinta de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de cinco millones seiscientos veintisiete mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco-cero cero cero la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito uno Golfito, cantón siete Golfito, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte y oeste, Compañía Bananera de Costa Rica; al sur, Ramón Calleja Gutiérrez; al este, calle pública, y al oeste. Mide: ciento sesenta y un metros con trece decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Norma Rodríguez Sandí. Expediente Nº 07-000403-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 28 de marzo del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—Nº 15859.—(31101).
A las once horas y treinta minutos del treinta de mayo próximo, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando reservas y restricciones y con la base de seis millones ciento dos mil trescientos setenta y un colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número quinientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y uno-cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito tres Daniel Flores, cantón diecinueve Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte; al sur; al este, resto de Alexis Quesada Valverde, y al oeste, calle pública con un frente a esta de doce metros ochenta centímetros. Mide: quinientos doce metros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Alexander Saborío Fallas. Expediente Nº 07-000023-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 22 de marzo del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—Nº 15860.—(31102).
A las ocho horas veinte minutos del siete de mayo del dos mil siete, en la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios y con la base de nueve millones novecientos mil colones, en el mejor postor, remataré: Finca inscrita en el Registro Público al sistema de Folio Real mecanizado, matrícula número quinientos seis mil doscientos veinte-cero cero cero. Que es terreno: para construir lote 8-H. Sitio: distrito uno San Isidro, cantón once Coronado de la provincia de San José. Linderos: norte, lote 9-H; sur, lote 7-H; este, calle pública, y al oeste, lote 6-H. Mide: ciento veinte metros con setenta y seis decímetros cuadrados. Lo anterior se remata por haberse ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario número 05-014360-0170-CA de Instituto Nacional de Seguros contra Carolina López Quesada, Jorge Luis Cascante Núñez.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 26 de marzo del 2007.—Lic. Iván Tiffer Vargas, Juez.—Nº 15869.—(31103).
A las nueve horas quince minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete, en este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y soportando prohibiciones artículo 15 de la Ley 7599 inscritas a tomo 461 asiento 18846, y demanda ordinaria inscrita a tomo 553 asiento 13147 a favor del Juzgado Civil de Cartago bajo la sumaria número 05-000709-640-CI y con la base de seis millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho colones con noventa y seis céntimos, en el mejor postor remataré: La finca del partido de Limón, matrícula 083348-000, que es terreno, situado en el distrito Cahuita, de la provincia de Limón. Linda: al norte y este, El Pizote Lodge; sur, Emilia Hilton y Hernán Vega, y al oeste, Mateo Hilton y calle pública. Mide: dos mil seiscientos ocho metros con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por haberse ordenado así dentro del proceso. Expediente Nº 06-001728-0185-5, ejecutivo hipotecario de Banco Lafise S. A., contra Central de Alimentos C. A., del Atlántico Limitada y Maribel Murillo Ramírez.—Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José, 22 de marzo del 2007.—Lic. Alexander Solano Pérez, Juez.—Nº 15887.—(31104).
A las nueve horas y treinta minutos del catorce de mayo del año dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando plazo de convalidación y reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos y con la base de tres millones, novecientos noventa y cinco mil colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cuarenta y seis mil ciento treinta y seis-cero cero uno, cero cero dos y cero cero tres la cual es terreno para construir. Situada en el distrito cinco Cartagena, cantón tres Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, Juan María Vásquez Vásquez; al sur, Rolando Trigueros Esquivel y Danilo Viales Cascante ambos en parte; al este, Carlos Leiva Vallejos, y al oeste, calle pública con diecisiete metros de ancho con un frente a la misma de treinta metros lineales. Mide: seis mil setecientos noventa y tres metros con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Erika Dinarte Garro, Kattya Elisa Patricia Campos Rodríguez, Miguel Ángel Dinarte Guzmán. Expediente Nº 06-002302-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 18 de enero del 2007.—Lic. José Javier Miranda Jiménez, Juez.—(31127).
A las nueve horas, del dos de mayo próximo, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando servidumbre trasladada y con la base de un millón setecientos diez mil setecientos dieciséis colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número quinientos cuarenta mil seiscientos treinta y siete-cero cero uno y cero cero dos, la cual es terreno para construir vivienda de interés social, lote 637-A. Situada en el distrito nueve Pavas, cantón primero San José, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública con quince metros; al sur, lote 637-B; al este, calle pública con doce punto veinticinco metros; y al oeste, lote 637-T. Mide: ciento treinta y dos metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Dunia Gabriela Sandoval Mora, Luis Diego Montero Porras. Expediente Nº 06-002163-0638-CI.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 27 de febrero del 2007.—Lic. Brayan Li Morales, Juez.—(31128).
A las once horas y cuarenta y cinco minutos, del cuatro de mayo de dos mil siete, en la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales y con la base de un millón quinientos veintisiete mil quinientos sesenta y nueve colones con sesenta y cuatro céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca que se describe así, inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número trescientos veintisiete mil quinientos once-cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 01 Upala, cantón 13 Upala, de la provincia de Alajuela. Colinda: al noreste, Inversiones Era Sociedad Anónima; al noroeste, Inversiones Era Sociedad Anónima; al sureste, Inversiones Era Sociedad Anónima; y al suroeste, calle pública con frente de 10 metros. Mide: doscientos ochenta y siete metros con diecisiete decímetros cuadrados. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Fundación Para La Vivienda Rural CR-Canadá contra Lisbeth Quirós Villegas. Exp. Nº 04-000428-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 15 de marzo del 2007.—Lic. José Miguel González Molina, Juez.—(31135).
A las diez horas treinta minutos, del dieciséis de mayo del dos mil siete, en la puerta de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios y, con la base de dos millones quinientos mil colones, al mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido Puntarenas, Sección Propiedad, bajo el sistema de Folio Real matrícula número veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro-cero cero cero, la cual es terreno para construir, sito en el distrito octavo, cantón primero, de la provincia de Puntarenas, mide mil setenta y seis metros ochenta y cuatro decímetros cuadrados. Linderos: al norte, con lote F siete; al sur, calle pública con frente a ella de cuarenta y cuatro metros con cincuenta centímetros de longitud; este, lote F uno; oeste, con calle pública con un frente a ella de veinte metros con sesenta y cuatro centímetros lineales. Lo anterior por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario de Wilberth Barrantes Fuentes contra Raúl Ureña Calderón y otra, expediente Nº 07-100191-642-C.I.—Juzgado Civil de Puntarenas.—Lic. Eladio Sánchez Guerrero, Juez.—(31136).
A las ocho horas treinta minutos, del quince de junio del dos mil siete, en la puerta que ocupa este Despacho, en el mejor postor, libre de gravámenes y anotaciones judiciales, pero soportando infracción por colisión, boleta número dos cero cero cuatro dos cuatro siete seis nueve ocho, en sumario cero cinco-seis-cero cero cero veinticinco-cuatrocientos tres -TC, del Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Abangares, con la rebaja del veinticinco por ciento de la base inicial, sea con la base de cuatro millones ciento veinticinco mil colones netos, remataré: vehículo placa AB cero cero mil ochenta y uno, marca Internacional, estilo Internacional, peso neto: cuatro mil kgrms, peso bruto: cuatro mil kgrms, capacidad: para cincuenta y siete pasajeros, año: mil novecientos noventa y cuatro. Se remata por ordenarse así en expediente número 05-100206-0389-CI-(216-4-2005)-C, proceso ejecutivo simple establecido por Marco Tulio Salas Granados contra Carolina María Benavídez Granados.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Cañas, Guanacaste, 5 de marzo del 2007.—Lic. Xinia María Esquivel Herrera, Jueza.—(31143).
A las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del treinta de abril del dos mil siete, desde la puerta exterior de este Juzgado, libre de gravámenes hipotecarios pero soportando rectificación de medida al tomo 569, asiento 01517 y con la base de treinta y cinco millones de colones, en el mejor postor remataré: finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, matrícula de Folio Real número 043970-000 del partido de Cartago, que se describe así: naturaleza terreno de charrales y potrero. Mide: cuarenta y tres mil setenta y ocho metros con veintisiete decímetros cuadrados, ubicada en el distrito 01 Paraíso, cantón Paraíso, de la provincia de Cartago. Linderos: al norte, con Luis Guzmán González; al sur, con Severiano Brenes y Sinecio Sánchez y yurro en medio; al este, con sucesión de Lino Alvarado, y al oeste, con Vicente Guevara. Lo anterior se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo hipotecario Nº 07-000373-0183-CI de Maincon S. A. contra Cocodrile Vetements S. A.—Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, 14 de marzo del 2007.—Lic. Marvin Ovares Leandro, Juez.—(31209).
Se convoca a todos los interesados en la sucesión de María Blasa c.c Natalia Cubillo Martínez, a una junta que se verificará en este juzgado a las nueve horas del cuatro de mayo del dos mil siete, para conocer acerca de los extremos que establece el artículo 926 del Código Procesal Civil. Expediente N° 98-100232-0386-CI.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Liberia, 20 de marzo del 2007.—Lic. Derin Salazar Fernández, Juez.—1 vez.—Nº 15348.—(30525).
Se convoca a los socios o miembros de Constructora y Urbanizadora Metropolitana S. A., a una Junta que se verificará en este despacho a las nueve horas del dieciséis de mayo del año dos mil siete, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos sesenta y seis del Código Procesal Civil, elijan representante. En caso de no asistir ningún miembro a la junta, el Juzgado hará recaer el nombramiento en persona idónea. Proceso ejecutivo simple de Caja Costarricense de Seguro Social contra Constructora y Urbanizadora Metropolitana S. A. Expediente Nº 04-017780-0170-CA.—Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 26 de marzo del 2007.—Lic. Iván Tiffer Vargas, Juez.—1 vez.—Nº 15427.—(30526).
Rogelio Arce Rodríguez, mayor, casado una vez, pensionado, vecino de Ciudad Quesada, San Carlos, en el Baltazar Quesada, veinticinco metros al norte y cincuenta metros al oeste del Abastecedor El Vívero, cédula número dos-doscientos ochenta y cinco-seiscientos dieciocho, solicita se levante información posesoria a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, la finca sin inscribir que le pertenece y que se describe así: Terreno de cultivos con dos casas y una piscina, sito en San Pedro, distrito octavo La Tigra, cantón décimo San Carlos de la provincia de Alajuela, con los siguientes linderos: al norte, calle pública con un frente a ella de noventa y seis metros cuarenta y seis centímetros lineales y en parte Víctor Jiménez Jiménez; al sur, Quebrada San Pedro; al este, Rodrigo Benavides Benavides y en parte Quebrada San Pedro y al oeste, Blanca Vásquez Jiménez y en parte Víctor Jiménez Jiménez. Mide: de acuerdo al plano catastrado aportado número A-853532-2003 de fecha veinticuatro de abril del dos mil tres, una superficie de tres hectáreas cuatro mil doscientos setenta y ocho metros con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. El inmueble antes descrito manifiesta el promovente por posesión originaria ejercida sobre el fundo en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción, ejercida por él a título de dueño desde mil novecientos ochenta y tres. El fundo fue estimado en la suma de trescientos cincuenta mil colones y las presentes diligencias en la suma de cien mil colones. Con un mes de término contado a partir de la publicación de este edicto, se cita a los interesados que se crean lesionados con esta titulación, a efecto de que se apersonen en defensa de sus derechos. Información posesoria. Exp. Nº 06-000253-0298AG, promovida por Rogelio Arce Rodríguez.—Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, 20 de marzo del 2007.—Lic. Carlos González Mora, Juez.—Nº 15441.—(30529).
2 v.2.
Se cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y demás interesados en la sucesión de los señores Luis Montero Badilla, agricultor, y Alejandrina Soto Rodríguez, de ocupaciones de hogar, ambos casados una vez, vecinos de Liberia de Guanacaste, cédulas de identidad números dos-ciento nueve-trescientos cuarenta y seis y dos-ciento cuatro-ochocientos cuarenta y tres, respectivamente, para que dentro del término de treinta días hábiles, que corren a partir de la presente publicación, se apersonen ante esta notaría, ubicada en San José (Barrio Escalante: cien metros sur y veinticinco metros este de la esquina noreste de la Iglesia de Santa Teresita, número dos mil quinientos veinticuatro), para hacer valer sus derechos, dirigiendo sus manifestaciones por escrito. Se apercibe a quienes crean ostentar la calidad de herederos que de no apersonarse dentro del término dicho la herencia pasará a quien corresponda.—San José, 9 de abril del 2007.—Lic. Luis Diego Acuña Delcore, Notario.—1 vez.—Nº 15353.—(30534).
Por escritura número ochenta, otorgada ante la suscrita notaria, a las once horas del veintidós de marzo del dos mil siete, se ha solicitado el inicio del proceso sucesorio intestato de quien en vida fuera Digna Otilia Chavarría Madrigal conocida como Dinorah Chavarría Madrigal, quien fue soltera, pensionada, portadora de la cédula de identidad número tres-cero ochenta y dos-trescientos sesenta y cinco, vecina de San Diego, La Unión, frente a la escuela del lugar, se cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y demás interesados para que dentro del plazo de treinta días a partir de la publicación del presente edicto, se apersonen a esta notaría en defensa de sus derechos, ubicada en San José, de la casa Matute Gómez, cien metros sur, trescientos este y cien sur, casa mil noventa y ocho, bajo el apercibimiento de que en caso de que no lo hicieran la herencia pasará a quien en derecho corresponda, en caso de oposición se pasará al Juzgado que corresponda, por lo que se les previene señalar lugar dentro del perímetro judicial de San José, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que si el lugar señalado fuere incierto, impreciso o no existiere, las resoluciones que se dicten se les tendrán por notificadas por el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.—San José, 30 de marzo del 2007.—M.Sc. Marzuneth Víquez Soto, Notaria.—1 vez.—Nº 15361.—(30535).
Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de Ólger Lorenzo Reyes Argüello, quien fuera mayor, casado una vez, operario, vecino de Santa Eulalia de Atenas, con cédula 2-373-467, fallecido el 3 de febrero el 2000. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 06-000097-0848-CI.—Juzgado Civil de Menor Cuantía de Atenas, 10 de noviembre del 2006.—Lic. Mauricio Vega Camacho, Juez.—1 vez.—Nº 15376.—(30536).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de Roxana Ocampo Villalobos, quien en vida fue mayor, viuda una vez, ama de casa, vecina de Santo Domingo de Heredia, de la Cruz Roja 100 metros norte y 25 oeste, cédula de identidad Nº 4-020-2896, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos; se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se presentan dentro de dicho plazo, la herencia pasará a quien corresponda. Expediente 004-2007. Notaría de la Lic. Laura Pereira Céspedes, notada pública, con oficina ubicada en Cartago, 275 metros sur de la entrada a emergencia del hospital, casa de dos plantas mano izquierda.—Lic. Laura Pereira Céspedes, Notaria.—1 vez.—Nº 15383.—(30537).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de quien en vida fue Álvaro Chacón Cabezas, quien en vida fue mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Cartago, Birrisito de Paraíso, de la escuela 300 metros al este, cédula de identidad 2-130-535, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos; se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se presentan dentro de dicho plazo, la herencia pasará a quien corresponda. Expediente 001-2007. Notaría de la Lic. Laura Pereira Céspedes, notaria pública, con oficina ubicada en Cartago, 275 metros sur de la entrada a emergencia del hospital, casa de dos plantas a mano izquierda.—Lic. Laura Pereira Céspedes, Notaria.—1 vez.—Nº 15384.—(30538).
Por el termino de treinta días se cita y emplaza a los interesados, herederos, legatarios y acreedores, para que dentro de dicho plazo se apersonen ante esta notaría a hacer valer sus derechos, en la sucesión testamentaria de quien en vida fuera Joaquín Garro Jiménez, quien fuera mayor, casada dos veces, abogado, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número siete-cero quince-novecientos treinta y cuatro, quien falleciera en fecha 4 de marzo del 2005, sucesión que se ventila en sede notarial y a la que le ha sido otorgado el número de expediente cero cero uno-dos mil siete. Expediente 001-2007. Queda el expediente a disposición en la oficina del notario Sergio Quesada González, sita en San José, Los Yoses, del Auto Mercado 300 metros sur, 100 oeste y 25 norte.—Lic. Sergio Quesada González, Notario.—1 vez.—Nº 15390.—(30539).
Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de Susan Maríe Pérez Echeverría, mayor, casada, contadora privada, cédula de identidad Nº 1-0522-0511 y Carlos Manuel Ortiz Cabezas, mayor, casado, ingeniero agrónomo, cédula de identidad Nº 1-0392-0739. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 06-001404-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 14 de marzo del 2007.—Lic. José Miguel González Molina, Juez.—1 vez.—Nº 15404.—(30540).
A los herederos e interesados en el sucesorio de quien en vida fue Francisco Rojas, de un apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor de edad, casado una vez, portador del pasaporte cero noventa y un millones diecisiete mil trescientos dos, vecino de New Jersey, Estados Unidos. Le informo que ante el suscrito notario se ha presentado la señor Nelson de la Torre Claro, mayor de edad, casado una vez, comerciante, portador de la cédula de identidad número 8-0082-637, vecino de Desamparados, Barrio Colonia de Jesús, Miguel Rojas de los Reyes, mayor de edad, soltero, misceláneo, portador del pasaporte estadounidense número C siete cuatro uno cero cuatro siete, vecino de Estados Unidos de Norteamérica, en su carácter de heredero legítimo, solicitando la tramitación en esta sede notarial del sucesorio de dicha señora, en consecuencia cualquier otro heredero o interesado deberá apersonarse ante el suscrito notario dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente aviso, para hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, la herencia procederá a quien legalmente corresponde.—San José, 11 de abril del 2007.—Lic. Gerardo Enrique Chaves Cordero, Notario.—1 vez.—(30562).
Se hace saber que en este despacho se tramita el proceso sucesorio de Álvaro Arias Gutiérrez, quien fuera mayor, casado una vez, pensionado, titular de la cédula de identidad Nº 01-0167-0445. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que sino se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 07-000051-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 16 de marzo del 2007.—Lic. José Miguel González Molina, Juez.—1 vez.—(30635).
Se hace saber que en mi notaría situada 100 metros al oeste de la Universidad Nacional en Heredia, edificio esquinero segundo piso, se tramita proceso sucesorio de Ramón Víquez Loría, quien en vida fue mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Puerto Viejo de Sarapiquí, cedula de identidad Nº 2-207-997. Se cita a todos lo interesados para que en el plazo de treinta días contador a partir de la publicación de este edicto comparezcan hacer valer sus derechos ante esta oficina.—Heredia, 2 de abril del 2007.—Lic. Máximo Sequeira Alemán, Notario.—1 vez.—(30656).
Se cita y emplaza a todos los herederos, acreedores, legatarios e interesados en la sucesión de José Antonio Valverde Arguedas, mayor, casado una vez, vecino de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, cuarta entrada al Prado, educador pensionado, cédula de identidad número uno- doscientos treinta y nueve-cero noventa y cinco, para que dentro de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan en las oficinas de la notaria Paola Andrea Ramírez Acosta, ubicada en el centro de la ciudad, San Isidro de Pérez Zeledón, frente a la Cámara de Cañeros, segunda planta del Banco Nacional, a reclamar sus derechos y se apercibe a los que crean tener la calidad de herederos que si no se presentan dentro del plazo citado, la herencia pasará a quien corresponda. Expediente numero cero cero cero dos-dos mil siete.—San Isidro de Pérez Zeledón, 27 de marzo del 2007.—Lic. Paola Andrea Ramírez Acosta, Notaria.—1 vez.—Nº 15645.—(30754).
Mediante acta de apertura otorgada ante el suscrito notario a las trece horas del día tres de abril del dos mil siete, se declaró abierto el proceso sucesorio ab intestato de quien en vida se llamó Luis Fernando Castro Chávez, mayor, casado una vez, mecánico de precisión, vecino de Alajuela centro, cédula de identidad número dos-doscientos dieciocho-trescientos. Se cita y emplaza a todos los interesados para que en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del licenciado Eduardo Gamboa Rojas, teléfono 443-2121 y fax 443-0704.—Alajuela, once de abril del dos mil siete.—Lic. Eduardo Gamboa Rojas, Notario.—1 vez.—Nº 15646.—(30755).
Se emplaza a todos los interesados en la sucesión de Manuel Ulises Alfaro Cubero, mayor, agricultor, casado una vez, cédula número dos- doscientos siete-cero setenta, para que dentro de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos y se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se presentan dentro de ese término, la herencia pasará a quién corresponda. Expediente N° 07-100105-0295-CI.—Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia, 23 de marzo del 2007.—Lic. Emi Lorena Guevara Guevara, Jueza.—1 vez.—Nº 15649.—(30756).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión del señor Jorge Eduardo Gómez Marín, mayor, soltero, agricultor, vecino de Cartago, seiscientos metros al norte de la Hormiga de Oro, con cédula de identidad número tres-doscientos dos-cuatrocientos cincuenta y cuatro, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos y se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se presentan dentro de dicho plazo, la herencia pasará a quien corresponda. Expediente N° 0001-2007. Notaría de Luis Guillermo Orozco Solano, ubicada en Pacayas de Cartago, veinticinco metros al este del Palacio Municipal.—Cartago, 9 de marzo del 2007.—Lic. Luis Guillermo Orozco Solano, Notario.—1 vez.—Nº 15661.—(30757).
El suscrito notario público, hace saber que el día 21 de marzo del año en curso, por escritura número 23-10, ante mi notaría, se ha procedido a dar apertura al sucesorio de quien en vida fue Benjamín Agüero Ramírez, mayor, casado, soltero y en unión de hecho, hijo de Juan Agüero Calderón y Oliva Ramírez Artavia, ambos fallecidos, cédula de indemnidad uno-ciento ochenta y seis-setecientos ochenta y ocho, agricultor, vecino de Puntarenas, Laurel, Santa Lucía, un kilómetro norte de la escuela local, quien falleció el pasado trece de marzo del dos mil seis, citas de inscripción ante el Registro Civil, Sección Defunciones, provincia: Puntarenas, tomo: ciento seis, folio: ciento noventa y ocho, asiento: trescientos noventa y cinco, por lo que se cita a herederos, legatarios y acreedores y en general a todos los interesados para que dentro del plazo de treinta días, comparezcan ante esta notaría, ubicada en Puerto Jiménez, contiguo a las oficinas de Sansa, Golfito, Puntarenas, a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento, a los que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se presentan en ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Es todo.—Puerto Jiménez, Golfito, 28 de marzo del 2007.—Lic. Miguel Ángel Villanueva Arauz, Notario.—1 vez.—Nº 15677.—(30758).
Se cita y emplaza a los interesados en el proceso sucesorio de Rafael Gerardo Ávila Chaves quien fue mayor, casado una vez, vecino de Hatillo, cédula siete-cero cuarenta y seis-doscientos treinta y cuatro, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de esta publicación, se apersonen para hacer valer sus derechos en mi notaría en San José, avenida seis, calles cero y uno, Edificio Maryland, primera planta, apercibidos que si no lo hicieren la herencia pasará a quien corresponda. (Expediente 0001-2007).—San José, doce de abril del dos mil siete.—Lic. Aymará Fernández Madrid, Notaria.—1 vez.—Nº 15678.—(30759).
Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados en proceso sucesorio de quien fuera, Elisio Segura Porras, mayor, casado, constructor, vecino de Barranca, cédula seis-cero cuarenta y dos cero treinta, para que dentro del plazo de treinta días se apersonen a hacer valer sus derechos y se apercibe a los que crean tener calidad de herederos que si no se apersonan en ese plazo, la herencia pasará a quien corresponda en derecho. Sucesorio 06-100889-642-CI-2.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas.—Lic. Alejandra Vargas Cruz, Jueza.—1 vez.—Nº 15707.—(30760).
Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de Alberto Pinto Gutiérrez, quien fuera divorciado de sus sextas nupcias, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0247-0751 y vecino de Moravia.- Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que, sino se apersonan dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente Nº 07-000312-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 10 de abril del 2007.—Lic. José Miguel González Molina, Juez.—1 vez.—(30848).
Se avisa a la señora Erica Carazo Espinoza, de domicilio y calidades desconocidas, que en este Juzgado, se tramita el expediente Nº 06-00394-673-NA, correspondiente a proceso especial de protección establecido por el Patronato Nacional de la Infancia, donde se solicita medidas de protección a favor de la persona menor de edad Fabio Daniel Carazo Espinoza. Se le concede el plazo de tres días naturales, para que manifieste su conformidad o se oponga a este proceso.—Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 28 de febrero del 2007.—Msc. Milagro Rojas Espinoza, Jueza.—1 vez.—(30616).
Por escritura ochenta y uno, de la doce horas del veintidós de febrero del año en curso, visible a folios cincuenta frente y vuelto, y cincuenta y uno frente del tomo duodécimo de mi protocolo, la sociedad domiciliada en San Pablo de Heredia: Propiedades Solano Gutiérrez S. A., debidamente autorizada por el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Heredia, en sucesorio de Jorge Solano Gutiérrez, para que la albacea Patricia Gutiérrez de la O, en representación del causante y en representación del cien por ciento del capital social, convoque a asambleas generales ordinaria y extraordinaria de socios para conocer como única convocatoria del nombramiento de una nueva junta directiva en sus cargos de presidente, secretario, tesorero, fiscal y agente residente, en la extraordinaria y en la ordinaria el informe de labores.—Belén, 12 de abril del 2007.—Lic. María Rosa Alvarado Araya, Notaria.—1 vez.—(30641).
A quien interese, se hace saber que Municipalidad de Grecia ha interpuesto en este Despacho Proceso Especial Tributario contra Alberto Rojas Matamoros, Alfonso Brenes Coto, Amparo Ulate Rojas, Ana María Durán Víquez, Beltrán Villalobos Jiménez, Bernal González Alvarado, Corporación Pipasa S. A., Cristian Alfaro Rojas, Edgar Arrieta e Hijos Limitada, Edie Alberto Salazar Quesada, Emilia Fernández Sibaja, Empresa Jorflo J.F.A. S. A., Enrique Arrieta Acuña, Fabio Brenes Alpízar, Geomarisa Sociedad Anónima, Gerardo Acuña Corrales, Gianna Esquivel Hidalgo, Jorge Armando Madrigal Barquero, Jorge Arrieta Barquero, Jorge Salazar Herrera, José Alfaro Rodríguez, Juan Carlos Esquivel Bolaños, Judith Fernández Solís, Luis Guillermo Salas Coto, Mario Barrantes Alfaro, Martha Alpízar Bolaños, Mayela Retana Campos, Mercedes Robles Torres, Olga Araya Campos, Omar Gómez Alfaro, Orlando Bogantes Alfaro, Orlando Ramírez Aguilera, Óscar Alfaro Gómez, Rafael Acuña Corrales, Rafael Alberto Soto Sibaja, Rafael Ángel González González, Rodolfo Fonseca Espinoza, Rosario Alfaro Gómez, Rubén González Hidalgo, Silvia Suárez Siles. La actora impugna: resolución de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto del dos mil cinco, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Segunda, con el objeto de fijar el aumento de alquiler de los locales del Mercado Municipal de Grecia. Se advierte a los interesados el derecho que tienen de apersonarse a los autos como terceros legitimados pasivamente o coadyuvantes dentro del plazo de ocho días que se contará desde la última publicación de este aviso, apercibidos de que si no lo hacen, no tendrán derecho a ninguna notificación y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre al momento de apersonarse, sin que tengan derecho a retracción de plazos. (Artículos 12, 39, 43 y 45 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo). Expediente Nº 05-001095-0163-CA.—Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 18 de octubre del 2006.—Lic. Luis Guillermo Ruiz Bravo, Juez.—1 vez.—(30845).
Lic. Carlos E. Valverde Granados, Juez del Juzgado de Familia de Heredia; hace saber a María Eugenia Cardona Mira, que en este Despacho se interpuso un proceso de divorcio en su contra, bajo el expediente número 06-000939-0364-FA donde se dictaron las resoluciones que literalmente dicen: Juzgado de Familia de Heredia, a las diez horas y treinta y ocho minutos del veintiocho de junio del año dos mil seis. De la anterior demanda de divorcio establecida por el accionante James Robert Conde Miller se confiere traslado a la accionada María Eugenia Cardona Mira por el plazo perentorio de diez días, para que se oponga a la demanda o manifieste su conformidad con la misma. Dentro del plazo de cinco días podrá oponer excepciones previas. Al contestar negativamente deberá expresar con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos legales, en que se apoya. Respecto de los hechos de la demanda, deberá contestarlos uno a uno, manifestando categóricamente si los rechaza por inexactos, o si los admite como ciertos o con variantes o rectificaciones. En la misma oportunidad deberá ofrecer las pruebas que tuviere, con indicación en su caso del nombre y las generales de ley de los testigos y los hechos a que se referirá cada uno. Asimismo, se previene a las partes que deben señalar medio y lugar dentro del perímetro judicial donde atender futuras notificaciones, apercibidos de que si lo omitieren, o si el lugar señalado fuere impreciso, incierto, o ya no existiere, las resoluciones posteriores quedarán notificadas por el sólo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. A efecto de proceder a designar curador procesal, aporte la parte actora certificación idónea donde se demuestre si la accionada tiene apoderado con facultades suficientes para que lo represente en el proceso. Por otro lado, en el eventual caso de que no exista la representación requerida, deberán presentarse dos testigos del domicilio del demandado que acrediten su ausencia o bien, que desconozcan su paradero, para recibir el testimonio de los citados testigos se señalan las ocho horas treinta minutos del trece de julio del dos mil seis. De la solicitud de nombramiento de curador procesal que promueve la parte actora, se confiere audiencia por el plazo de tres días a la Procuraduría General de la República. Artículo 262, párrafo 1 del Código Procesal Civil. Para tal efecto, se comisiona a la Oficina Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José. A efecto de proceder al nombramiento de curador procesal, deberá depositarse la suma de cincuenta mil colones, para responder en forma provisional a los emolumentos del profesional a designar, sin que dicha suma implique en forma definitiva el monto total de sus honorarios, ya que estos dependerán no sólo de la labor desplegada, sino acorde con el artículo 262, párrafo 4 del Código Procesal Civil. La misma deberá depositarse en la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco de Costa Rica Nº 173666-3, dentro del plazo de ocho días. Una vez efectuado el depósito deberá comunicarse al Despacho a efecto de no dilatar la prueba solicitada. Se ordena expedir oficios a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Instituto Costarricense de Electricidad y al Registro Civil a efectos de verificar los posibles domicilios de la señora María Eugenia Cardona Mira. Notifíquese. Lic. Carlos E. Valverde Granados. Juez. Lo anterior se ordena así en proceso de divorcio de James Robert Conde Miller contra María Eugenia Cardona Mira. Expediente Nº 06-000939-0364-FA.—Juzgado de Familia de Heredia, 10 de enero del 2007.—Lic. Carlos E. Valverde Granados, Juez.—1 vez.—(30846).
Lic. Juan Carlos Granados Vargas Juez del Juzgado Civil de Cartago; hace saber a Leopoldo Alberto Serrano Mena, que en este despacho se interpuso un proceso ejecutivo hipotecario en su contra, bajo el expediente Nº 06-001459-0640-CI donde se dictaron las resoluciones que literalmente dicen: Juzgado Civil de Cartago, a las trece horas y veintiuno minutos del seis de setiembre del año dos mil seis. Se tiene por establecido el presente proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo en contra de Leopoldo Alberto Serrano Mena; a quien se le previene que en el primer escrito que presente debe señalar medio y lugar, este último dentro del circuito judicial de este despacho donde atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilite la notificación por causas ajenas al despacho, o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente artículo 6 y 12 Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicada en La Gaceta N° 211 del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis). Con la base de un millón quinientos diecinueve mil quinientos cincuenta colones y libre de gravámenes hipotecarios; saquese a remate el (los) bien(es) dado(s) en garantía, sea la(s) finca(s) del partido de Alajuela, matrícula Nº 363.123-000. Para tal efecto se señalan las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil seis. Publíquese el edicto de ley. De la anterior liquidación de intereses, se da audiencia por tres días al (los) demandado(as). Expídase el mandamiento de anotación de la demanda. Se les recuerda a las partes que en la actualidad tienen la posibilidad de conciliar en cualquier momento del proceso (Ley N° 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, razón por la que el despacho esta en la mejor disposición de señalar para esos efectos si así se solicita. Notifíquese esta resolución al demandado, personalmente o por medio de cédulas y copias de ley en su casa de habitación, artículo 2 ibídem. Para notificar a la parte demandada, se comisiona a la Oficina Centralizada de Notificaciones del II Circuito Judicial de San José. Juzgado Civil de Cartago. A las once horas y diecisiete minutos del nueve de febrero del año dos mil siete. Se tiene por apersonada a la Procuraduría General de la República, quien manifiesta no tener oposición alguna al nombramiento de un curador, para que actúe en representación del accionado. Tómese nota del medio señalado para atender futuras notificaciones. Habiéndose depositado la suma prudencial fijada para responder en forma provisional a los honorarios de curador, se nombra como tal la Licenciada Lorena Arrazola Coto; a quien se le previene que en caso de anuencia deberá comparecer a este despacho dentro del plazo de cinco días para aceptar el cargo conferido. Si no comparece, se entenderá que no lo acepta y se nombrará otro en su lugar. Asimismo se le previene que en caso de no hacerlo al momento de aceptar el cargo, deberá en el primer escrito que presente señalar medio y lugar, éste último dentro del perímetro judicial de este despacho donde atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilite la notificación por causas ajenas al despacho, o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente artículos 6 y 12 Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de mil novecientos noventa y seis. La parte interesada puede localizarlo a los teléfonos 261-4885, 384-7805 y al fax 261-5148. Notifíquese a la parte demandada; la presente demanda, por medio de un edicto que se publicará en el Boletín Judicial o en un Diario de Circulación Nacional; para los efectos del artículo 263 del Código Procesal Civil. Inclúyase en el mismo los datos que sean necesarios para identificar el proceso. Los plazos comenzarán a correr tres días después de aquel en que se haga la publicación. Expídase y publíquese. En otro orden de aspectos legales; a efecto de señalar nueva hora y fecha para el remate que interesa, necesariamente deberá de aportarse certificaciones registrales del Registro de la Propiedad de Inmuebles, a efecto de comprobar la existencia o inexistencia de gravámenes, embargos o anotaciones. Artículos 674 y 660 del Código Procesal Civil. Lo anterior en razón de que las anteriores superan los tres meses de expedidas, las cuales corren agregadas a los autos. Lo anterior se ordena así en proceso ejecutivo hipotecario de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo contra Leopoldo Alberto Serrano Mena, expediente Nº 06-001459-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 12 de abril del 2007.—Lic. Juan Carlos Granados Vargas, Juez.—1 vez.—Nº 16119.—(31533).
Han comparecido ante este Despacho solicitando matrimonio civil Gerardo Guerrero Carrillo, de treinta y seis años de edad, soltero, de oficio construcción, costarricense, cédula de identidad número 6-232-193, hijo de Vicente Guerrero Rodríguez y Santos Carrillo Castrillo, nativo de Coto 47, Golfito, Puntarenas, el cinco de abril de mil novecientos setenta; y Ana Isabel Sandí Calderón, de treinta y seis años de edad, soltera, del hogar, costarricense, cédula número 6-230-975, hija de Arsenio Sandí Gamboa y María Emilce Calderón Quesada, nativa de Sabalito, Coto Brus, Puntarenas, el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta. Ambos vecinos de Porto Llano de Sabalito, Coto Brus, 700 m oeste de la escuela, casa de cemento color blanco. Se solicita la publicación de este edicto para los efectos del artículo 25 del Código de Familia. Lo anterior en expediente Nº 07-100016-441-CI.—Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Coto Brus, San Vito, 9 de marzo del 2007.—Lic. Gerardo Hernández Fernández, Juez.—1 vez.—(30583).
Se han presentado solicitando contraer matrimonio civil, los señores: Royner Alberto Ruiz Bermúdez, mayor, soltero, mecánico, cédula número 5-319-055; nativo de Liberia, el 24 de noviembre de 1980, hijo de Cresencio Ruiz Vindas y Nisida Bermúdez Brenes, vecinos de Tilarán, Barrio La Cabra, 50 metros este del teléfono público, y Elsie Vanessa Bravo Boza, mayor, soltera, amada de casa, cédula número 5-338-076, nativa de Liberia el 20/01/1984, hija de Pablo Bravo Pérez y Elsie Boza Morales en su orden vecinos de San Miguel y La Chiripa de Tilarán, los solicitantes son vecinos de Tilarán, ciudadela Juan XXIII, de la segunda entrada 300 metros este. Si cualquier persona conoce algún impedimento para la celebración de este matrimonio sírvase comunicarlo dentro de los ocho días siguientes a la publicación.—Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán, 10 de abril del 2007.—Lic. Juan Bta. Solís A., Juez.—1 vez.—(30587).
Han comparecido ante este Despacho solicitando contraer matrimonio civil los contrayentes Kristina Michelle Bower, misionera, mayor, soltera, estadounidense, con pasaporte numero 057137566, hija de Frank Darry Bower y Karen Marie Bower, nacida en Estados Unidos, con 24 años de edad, nacida el 31 de enero de 1983, vecina de San Lorenzo de Desamparados de San José; y Luis Diego Sánchez Lobo, mayor, soltero, misionero, con 34 años de edad, nacido en San José, hijo de Cristobalina Sánchez Lobo, vecino de los Ángeles de San Rafael de Heredia, con cédula de identidad 1-832-262 . Si alguna persona tuviere conocimiento de que existe algún impedimento legal para que dicho matrimonio se lleve a cabo deberá manifestarlo ante este Despacho dentro del término de ocho días contados a partir de la publicación del edicto. (Solicitud de Matrimonio, Exp. 07-000684-0364-FA).—Juzgado de Familia de Heredia, 10 de abril del 2007.—Lic. Carlos E. Valverde Granados, Juez.—1 vez.—(30589).
Han comparecido a este Despacho solicitando contraer matrimonio civil, Carlos Iván de la Sera Santamaría, mayor, soltero, oficio misceláneo, de cuarenta y un años de edad, de nacionalidad costarricense, vecino de Alajuelita, con cédula de identidad Nº 6-196-413; y Adriana Muñoz Gómez, mayor, soltera, de treinta y cuatro años de edad, nacionalidad costarricense, ama de casa, vecina de Alajuelita, cédula de identidad número 1-849-373. Si alguna persona tuviere conocimiento de algún impedimento legal para la realización de este acto, deberá comunicarlo a este Despacho, dentro de los ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto en el Boletín Judicial.—Juzgado Civil de Menor Cuantía de Alajuelita, 23 de marzo de 2007.—Lic. Ana Montealegre Bejarano, Jueza.—1 vez.—(30609).