En oficio N° J.D.M.L. 2009-1408 de 22 de julio en curso, la doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal y el doctor Raúl Bonilla Montero, Jefe interino de la Sección de Patología Forense, manifestaron lo siguiente:

“Con el fin de hacerlo de conocimiento de los Honorables Miembros del Consejo Superior y para los fines que corresponda, nos permitimos informar lo siguiente:

El Dr. Álvaro García Ferrario, cédula 9-075-258, quien labora como Médico Especialista en el Departamento de Medicina Legal específicamente en la Sección de Patología Forense fue incapacitado por la Caja Costarricense de Seguro Social el 3 de julio de 2009 y a partir de esa fecha no se ha presentado a laborar.

El Dr. García no se ha comunicado formalmente con su Jefatura inmediata ni con la Jefatura Departamental para indicar el motivo de su ausencia, solicitar vacaciones ni tampoco ha presentado ninguna constancia de atención médica, incapacidad o documento para justificar los días que ha estado ausente. Tampoco lo hemos podido localizar internado en ningún centro hospitalario.

El único dato que tenemos de referencia es que el Dr. García le indicó a los servidores de la Sección de Patología Forense Edgar Vega y Jaime Zúñiga, que no regresaría a laborar.

Esta situación es de suma preocupación para nosotros por lo que les solicitamos indicarnos lo que procede.”

De acuerdo con la situación expuesta por la doctora Leslie Solano Calderón y el doctor Raúl Bonilla Montero, se acordó: Tener por rota la relación laboral con el doctor Álvaro García Ferrario, a partir del 6 de julio en curso, sin responsabilidad patronal, al operarse una renuncia tácita por haberse ausentado de sus labores sin autorización previa, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 81, inciso g), del Código de Trabajo.

El Tribunal de la Inspección Judicial, el Departamento de Medicina Legal, la Sección de Patología Forense y el Departamento de Personal, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme.”

San José, 10 de agosto 2009.

Lic. Silvia Navarro Romanini

(71994) Secretaria General

UNA PUBLICACIÓN

CIRCULAR Nº 80-09

ASUNTO: 1) Sobre traslado de Privados de Libertad a los Circuitos Judiciales. 2) Uso del Protocolo del Ministerio de Salud para toser y estornudar correctamente y del lavado de manos

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

SE HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en sesión N° 70-09, celebrada el 21 de julio de 2009, artículo LXXXV, dispuso instar a las autoridades penales del país a no trasladar a los privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios a los circuitos judiciales, a fin de evitar la propagación del virus a nivel institucional, asimismo las citadas autoridades judiciales determinarán si legalmente es posible suspender o reprogramar las diligencias que se tengan previstas, siempre y cuando no se violenten los derechos de las partes y no exista posibilidad de prescripción. Todo lo anterior en virtud de las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud.

Además, se reitera a los servidores y servidoras judiciales el deber de continuar con las reglas de higiene indicadas por el Ministerio de Salud, sea, el lavado de manos de manera frecuente y utilizar el protocolo para estornudar y toser correctamente.

San José, 10 de agosto del 2009

Lic. Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(73096). Secretaria General

CIRCULAR Nº 81-09

ASUNTO: Utilización de vestimenta alusiva a las Fiestas Patrias

A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES

SE HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en sesión N° 71-09, celebrada el 23 de julio de 2009, artículo LXXXIII, autorizó que para la celebración del 25 de julio, del 15 de setiembre y del 12 de octubre de cada año, el personal de los circuitos judiciales del país, pueda utilizar vestimenta alusiva a estas Fiestas Patrias, como trajes típicos con los colores patrios, pantalones tipo “army”, pañuelos, sombreros, faldas y blusas típicas, entre otros, si así lo desean; en el entendido que deben guardar el decoro en la forma de vestir.

San José, 11 de agosto del 2009

Lic. Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(73097). Secretaria General

CIRCULAR Nº 82-09

ASUNTO: Remisión digital de fallos al Centro Electrónico de Información Jurisprudencial.

A LOS JUECES Y JUEZAS DEL PAÍS QUE CONOCEN

MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS

SE HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en sesión N° 71-09, celebrada el 23 de julio de 2009, artículo LIII, dispuso que deben seleccionar entre sus sentencias, aquellas resoluciones que consideren importantes y remitirlas digitalmente al Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, previa abreviación de los nombres de las partes.

San José, 11 de agosto del 2009

Lic. Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(73098). Secretaria General

CIRCULAR Nº 86-09

ASUNTO: Procedimientos de contratación

A LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE TRAMITAN

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 73-09, celebrada el 30 de julio de 2009, artículo LXXXV, dispuso comunicarles que cuando tramiten procedimientos de contratación, cuyo objeto contractual contenga especificaciones técnicas un tanto especializadas, debe velarse porque éstas así como la verificación de su correcta ejecución, incluyendo el recibido conforme del bien o del servicio, sean elaboradas por técnicos o peritos en la materia, tal como lo establece la normativa, con el fin de que se facilite satisfacer plena y adecuadamente el fin público que se persigue.

San José, 18 de agosto del 2009

Lic. Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(73099). Secretaria General

CIRCULAR Nº 87-09

ASUNTO: Suspensión de licencias de conducir a los servidores del Ministerio Público.

A LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en sesión Nº 72-09, celebrada el 28 de julio del año en curso, artículo CIV, dispuso comunicarle a los jueces de tránsito, que en lo sucesivo deberán informar a la Fiscalía General de la República, sobre los fiscales y fiscalas adjuntos y fiscales y fiscalas auxiliares de esa entidad que sen sancionados con la suspensión de su licencia de conducir por cualquier lapso de tiempo.

San José, 18 de agosto del 2009

Lic. Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(73101). Secretaria General

DIRECCIÓN EJECUTIVA

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASUNTO: Asueto concedido a los servidores que laboran en las Oficinas Judiciales del cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela

SE HACE SABER:

Que las oficinas judiciales del cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela, permanecerán cerradas durante el día veintiuno de setiembre de dos mil nueve, con las salvedades de costumbre, por motivo de la celebración de los festejos cívicos patronales de dicha localidad.

San José, 12 de agosto del 2009

Luis Barahona Cortés

(71952) Subdirector Ejecutivo

SALA CONSTITUCIONAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las once horas cuarenta minutos del doce de agosto del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 09-10205-0007-CO interpuesta por Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado de la empresa Janssen Pharmaceutica N. V., para que se declaren inconstitucionales los artículos 10, 33 y 40 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983. El accionante estima que las normas violan los artículos 47, 121 incisos 13) y 18) y 124 de la Constitución Política. Los artículos impugnados autorizan la creación de impuestos vía reglamento con sanción de pérdida de derechos constitucionales en caso de omisión de pago, infringiendo así competencias constitucionales exclusivas de la Asamblea Legislativa establecidas en la Constitución Política, en el artículo 121 incisos 13) y 18). La sanción por no pago de estas tasas vulnera el derecho a la propiedad intelectual, contemplado en el artículo 47 de la Constitución Política. Se acusa asimismo la inconstitucionalidad del acto administrativo aplicado en contra de su representada, que la sanciona con la pérdida del derecho de Patente de Invención, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley referida, por cuanto se exige el pago de una publicación de edicto de patente de invención siendo que la solicitud debe tenerse como ya publicada de conformidad con el artículo 29 del Convenio de Cooperación en Materia de Patentes. El artículo 33 de la Ley N° 6867 fue reformado por Ley 8632 de 28 de marzo de 2008; sin embargo, dicha reforma se aprobó por la Comisión Legislativa Plena Tercera y no por el Plenario Legislativo, infringiendo así el artículo 121 de la Constitución Política al pretender crear y reformar los impuestos nacionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 6768, en tanto la materia de impuestos nacionales no es delegable y permanece bajo la competencia exclusiva del Plenario Legislativo, el cual nunca aprobó la creación de las nuevas tasas. Por otra parte, la garantía sobre la propiedad temporal de sus invenciones es un derecho constitucional garantizado al inventor por los artículos 47 y 121 inciso 18) de la Constitución Política. El incumplimiento del tributo denominado “tasa de publicación de la solicitud” no genera una deuda tributaria –con multas e intereses en caso de incumplimiento-, si no que extingue el derecho intelectual considerado en sí mismo. La inconstitucionalidad de los artículos 30 y 44 referidos se extiende a los actos materiales por los cuales se ejecuta esa última disposición, sea el Decreto Ejecutivo N° 15222-MEIC-J del 12 de diciembre de 1983. El artículo 46 de este último estipula el pago de una tasa en una moneda que no es la de curso legal. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, si no únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 12 de agosto del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(72520). Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 09-011430-0007-CO interpuesta por Mario Alberto Mena Ayales en representación de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, para que se declare inconstitucional la frase “...En ningún caso el monto de la jubilación podrá exceder del equivalente al ingreso de un diputado, entendiéndose por ingreso las dietas y los gastos de representación.” contenida en el articulo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por estimarla contraria al principio de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. La norma se impugna en cuanto los servidores del Poder Judicial perciben una contraprestación económica por el servicio que brindan, que para todos los efectos es un salario. En tanto los señores y señoras Diputadas, lo que perciben es un ingreso constituido por dietas y gastos de representación. El salario de los servidores judiciales se encuentra compuesto de algunos otros rubros y/o componentes salariales tales como la antigüedad en el puesto (aumentos anuales), dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional y los distintos componentes existentes, que no se encuentran regulados e incorporados en los ingresos que perciben los y las legisladoras de la Asamblea Legislativa, ya que no reciben técnicamente un salario. Refiere que el solo hecho de tomar como referencia el ingreso de los diputados para limitar el monto de las jubilaciones de los servidores del Poder Judicial, resulta total y absolutamente discriminatorio, no solo por lo señalado anteriormente, si no también porque en materia presupuestaria son dos poderes absolutamente distintos, lo cual es un reflejo abusivo del principio de reserva legal. Por otro lado, durante toda la relación de empleo de los funcionarios judiciales, deben aportar un 9% de todo el salario al régimen de jubilación, lo cual no opera en iguales condiciones respecto a los representantes popularmente electos. De manera que se está produciendo una discriminación, al otorgar un trato igual entre desiguales. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso solo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, si no únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 19 de agosto del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(72521). Secretario

Exp. 07-010941-0007-CO.—Res. Nº 2008013851.—Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia.—San José, a las catorce horas y treinta y ocho minutos del diecisiete de setiembre del dos mil ocho.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Helberto Moreira González, mayor, bínubo, abogado, portador de la cédula de identidad número 4-0100-1495, vecino de Heredia contra el acuerdo 2007-23-006, punto 2 tomado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica el 19 de junio de 2007. Intervino también en el proceso Ana Lorena Brenes Esquivel en representación de la Procuraduría General de la República y el Colegio de Abogados de Costa Rica.

Resultando:

1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:33 hrs. de 10 de agosto de 2007, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del acuerdo 2007-23-006, punto 2 tomado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica el 19 de junio de 2007 por violar el principio de razonabilidad en sus tres aspectos y el artículo 40 de la Constitución Política. Alega que tanto la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Costa Rica, como su Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, son omisos al establecer un plazo para mantener en la base de datos -histórico- del Colegio de Abogados, las sanciones impuestas a los agremiados, lo que trae como consecuencia que se vuelvan penas perpetuas. Si las sanciones condenatorias se inscriben en el Registro correspondiente y se mantienen inscritas por un plazo de 10 años luego de cumplida la condena, igual trato deben recibir las sanciones administrativas en cuanto a determinar un plazo máximo por el cual deben estar inscritas, transcurrido el cual, el registro debe ser cancelado. Resulta inconstitucional el mantenimiento a perpetuidad del registro de sanciones en los archivos del Colegio de Abogados, pues otorga a la sanción efecto permanente, aún cuando ya haya sido cumplida, lo que lesiona el artículo 40 de la Constitución Política.

2º—A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto existe un recurso de amparo que se tramita en el 07-008479-0007-CO, al cual se le dio curso por resolución de las 14:07 hrs. de 6 de junio de 2007 y en el que se alegó la inconstitucionalidad del acuerdo impugnado.

3º—Por resolución de las 11:50 hrs. de 6 septiembre de 2007 (visible a folio 22 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Colegio de Abogados de Costa Rica.

4º—La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 27 a 40. En relación con la legitimación no hace observación alguna. En cuanto al fondo, la Procuraduría hace un repaso sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional en relación con el tema, del cual se puede concluir que tratándose del ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado (sea en el ámbito penal, disciplinario, o de cualquier otra índole) la inscripción de la sanción en un registro forma parte de la pena, por lo que esa inscripción no puede mantenerse vigente de manera indefinida sin violar –entre otras normas y principios constitucionales la prohibición de penas perpetuas prevista en el artículo 40 de la Constitución Política. En el caso en estudio, se impugna el punto N° 2 de Acuerdo N° 2007-23-006, adoptado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados el 19 de junio de 2007, según el cual “Se mantendrá el historial de todas las sanciones impuestas contra los agremiados. Lo anterior con el fin de contar con el respaldo respectivo en caso de que expresamente soliciten esa información.” Por otra parte, es oportuno tomar en cuenta que el punto N° 4 del mismo Acuerdo 2007-23-006 en estudio –a pesar de no haber sido impugnado por el accionante contiene una disposición similar a la que se cuestiona, pues señala que “El historial contemplado en el punto dos, debe mantenerse con el fin de que los agremiados que no han sido suspendidos, se les indique expresamente en la certificación, la carencia de sanciones disciplinarias”. A juicio de la P. G. R. ambas disposiciones –si se interpretan literalmente son contrarias a la prohibición de penas perpetuas contemplada en el mencionado artículo 40 de la Constitución Política, pues no contienen un plazo para la caducidad de la inscripción. La primera de ellas (punto N° 2 del Acuerdo), sirve de base para brindar información de sanciones impuestas sin importar el plazo transcurrido desde su cumplimiento; mientras que la segunda (punto N° 4 del Acuerdo) permite distinguir entre abogados que han sido sancionados disciplinariamente y quienes no lo han sido, sin importar el plazo transcurrido desde el cumplimiento de la pena utilizada para realizar tal distinción. Partiendo de lo anterior, considera la Procuraduría que existen dos formas de solucionar el problema de constitucionalidad apuntado. Una consiste en anular tanto el punto 1 como el 2 del acuerdo impugnado, pues si se anula solo el primero, subsistiría la posibilidad de que la sanción se mantenga inscrita indefinidamente. La otra solución consiste en realizar una interpretación conforme a la Constitución, en el sentido de que las disposiciones mencionadas no presentan los vicios que se le achacan siempre que se interprete que la inscripción de las sanciones impuestas a los abogados caduca, para todos los efectos, después de transcurrido un plazo razonable contado desde el cumplimiento de la pena. La Procuraduría considera que la mejor opción es interpretar conforme a la Constitución que el registro de sanciones a que se refiere el Acuerdo impugnado no presenta los vicios que se le atribuyen siempre que sus inscripciones estén sujetas a un plazo de caducidad. Tal plazo, a juicio de la P. G. R. podría ser el de 5 años (contados desde el cumplimiento de la sanción) previsto en el punto N° 1 del propio Acuerdo N° 2007-23-006 en estudio, según el cual “Las certificaciones que contemplen sanciones y amonestaciones se mantendrá en las certificaciones por un periodo de 5 años”; o bien, el de 10 años previsto en el artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, ya mencionada, para la caducidad de las sanciones impuestas en vía penal, materia cuyos principios son aplicables “con algunos matices” a las sanciones administrativas. Sobre esto último pueden consultarse las sentencias 3929-95 y 8191-2000, ambas de esa Sala Constitucional.

5º—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 191, 192 y 193 del Boletín Judicial, de los días 4, 5 y 6 de octubre del 2007 (folio 57).

6º—Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 15:47 hrs. de 28 de setiembre de 2007, Alejandra Castro Bonilla, Presidenta a. i. del Colegio de Abogados de Costa Rica, manifiesta que la acción de inconstitucionalidad interpuesta permite cuestionar la autonomía administrativa que posee la corporación, la cual le permite dictar las directrices que correspondan con el objeto de dar cumplimiento a la función delegada por el Estado. El acuerdo cuestionado, fue tomado por la Junta Directiva de un modo general y en concordancia con la potestad administrativa que posee la corporación para regular sus actos. Los incisos cuestionados -puntos 2 y 3-, se refieren al historial que se quiere mantener de las sanciones impuestas a los agremiados. La potestad discrecional de la Administración del Colegio, le permite conservar en su base de datos el historial de sus agremiados, sin que ello constituya una sanción a perpetuidad como se pretende hacer notar. El acuerdo lo que pretende es regular una materia que no había sido regulada a través de los años. Ciertamente ni la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, ni el Código de Deberes jurídicos, morales y éticos del Profesional en Derecho fijan un tiempo máximo durante el cual debe mantenerse una sanción en el histórico que lleva el Colegio al efecto; sin embargo, este cuenta con la discrecionalidad suficiente para dictar las directrices que considere necesarias a fin de garantizar la idoneidad de los profesionales y de esta forma, cumplir la función delegada por el Estado. No puede el actor pretender limitar la autonomía del Colegio para auto-regularse y establecer normas que le permitan ejercer de una mejor forma su función. Las amonestaciones, si bien se conservan en el historial del agremiado, no se indican en las certificaciones que se expiden. Por tales razones el acuerdo no es desproporcionado ni irracional como alega el accionante, quien parece confundir la sanción y la certificación, la cual cómo se indicó anteriormente, solamente incluye las sanciones impuestas en los últimos cinco años. Con fundamento en la discrecionalidad administrativa que tiene el Colegio y en atención al interés general que está obligado a tutelar, el Colegio puede dictar las directrices que estime conveniente. De ahí que su representada cumpla un deber social y público al informar sobre las sanciones impuestas a sus agremiados, con el fin de contribuir con el bienestar de la población costarricense y garantizar el ejercicio profesional de sus asociados, de conformidad con la ética y la moral que señala esta entidad. El accionante no puede pretender que, para los efectos del Colegio, su historial se mantenga limpio, pues cometió una falta que motivó una amonestación la cual quedó debidamente registrada. Tal registro, no constituye una sanción a perpetuidad. Solicita se declare sin lugar la acción.

7º—Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

8º—En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I.—Sobre la admisibilidad. De conformidad con lo señalado en el resultando segundo, el asunto previo lo constituye un recurso de amparo que se encuentra en trámite, y actualmente suspendido por la interposición de la acción. En dicho recurso, el accionante alegró la inconstitucionalidad del acuerdo impugnado, por estimar que lesiona sus derechos fundamentales. La acción constituye así, medio razonable de amparar el derecho que se estima lesionado, por lo que procede su admisión para el estudio de fondo.

II.—Objeto de la impugnación. El accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del acuerdo 2007-23-006, punto 2 tomado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica el 19 de junio de 2007. Esta norma dispone:

“Se acuerda 2007-23-006 en materia de certificaciones lo siguiente: 1.- (…) 2.- Se mantendrá el historial de todas las sanciones impuestas contra los agremiados. Lo anterior con el fin de contar con el respaldo respectivo en caso de que expresamente soliciten dicha información. 3.- (…) 4.- El historial contemplado en el punto dos, debe mantenerse con el fin de que a los agremiados que no han sido suspendidos, se les indique expresamente en la certificación, la carencia de sanciones disciplinarias (…).”

Tales disposiciones, según el promovente, son ilegítimas y vulneran el Derecho de la Constitución, en cuanto permiten mantener a perpetuidad el registro de las sanciones en los archivos del Colegio de Abogados, con lo cual se les otorga un efecto permanente en detrimento de quienes han recibido una sanción disciplinaria, con menoscabo del derecho protegido en el artículo 40 de la Constitución Política.

III.—La Sala Constitucional en la sentencia N° 4269-95 de las 18:30 hrs. de 18 de agosto de 1995, se pronunció respecto de un asunto similar al presente, en que se impugnó la posibilidad de mantener, con carácter permanente, un registro de las sanciones penales o administrativas que se pueden imponer a un particular, como es el caso en el segundo supuesto de las dictadas por el Colegio de Abogados de Costa Rica, en el ejercicio de sus funciones y sus competencias legales. En concreto, en dicha sentencia se dijo:

“(…) Sin embargo, al no señalar la norma ningún plazo dentro del cual el candidato a ocupar el cargo deba carecer de antecedentes penales, se está creando una consecuencia que choca abiertamente con lo contenido en el artículo 40 de la Constitución , toda vez que si ha sido condenado por la comisión de un delito, aunque ya haya descontado la pena impuesta en sentencia por el juez competente, aunque esto haya ocurrido muchos años atrás, y aunque su conducta haya sido, a partir de ese momento, intachable desde el punto de vista legal, dando muestras así de su voluntad de reincorporarse a la sociedad y de que efectivamente lo ha logrado, se le hace imposible aspirar a dicho nombramiento como medio legítimo de subsistencia personal y familiar a través de un trabajo honesto. Imposibilidad que tendría ad perpetuam, pues siempre contaría con dicho impedimento -el poseer antecedentes penales-, y por lo tanto, siempre estaría inhabilitado para optar por ese puesto”.

De esta manera, al haber señalado la Sala Constitucional en la sentencia aludida que lesiona el Derecho de la Constitución la posibilidad de mantener, con carácter permanente, un registro o un archivo de los antecedentes penales de un particular (en el cual, tanto los bienes jurídicos que son afectados, como el tipo de sanción, tienen una gravedad mayor que en el supuesto de las faltas y las sanciones disciplinarias) es todavía más evidente la vulneración de las normas y principios constitucionales, la pretensión de la agrupación profesional en el acuerdo impugnado de conservar a perpetuidad un registro con las sanciones disciplinarias que se han decretado a los abogados, todo lo cual constituye una severa afectación del derecho protegido en el artículo 40 de la Constitución Política, que debe ser reparada en esta Jurisdicción. Cabe mencionar, asimismo, que la inconstitucionalidad que se tiene por acreditada en esta sentencia lo es únicamente por la omisión de estipular un plazo por el cual se debe mantener el registro de la sanción, de modo que en este pronunciamiento se omite juicio alguno sobre la potestad disciplinaria del Colegio de abogados, o sobre la facultad de mantener ese registro por un período razonable, todo lo cual más bien parece adecuarse a los fines y principios que justifican la existencia de esa Corporación. A mayor abundamiento, en la sentencia N° 3484-94 de las 12:00 horas del 8 de julio de 1994, la Sala Constitucional dispuso:

“… debe interpretarse que para que no existan roces de constitucionalidad, las suspensiones que se le impongan a los notarios han de tener una duración razonable y proporcional a la falta cometida, y que por su excesiva duración no se convierta en una sanción perpetua. Refuerza esta tesis el hecho de que en materia penal, en donde existe una mayor afectación de los derechos del ciudadano al imponérsele sanciones de mayor gravedad en relación con las administrativas, la inhabilitación no está determinada como sanción en cada caso concreto, si no que se tipifica como una pena accesoria, contemplada en los artículos 50 inciso segundo y 57 del Código Penal, con una duración de hasta doce años. Con mayor razón se debe admitir que la inhabilitación como sanción administrativa se determine de manera genérica y no en forma concreta para cada caso, pues se trata, como se dijo, de sanciones de menor gravedad y su imposición requiere de menos garantías que las exigidas en el proceso penal. En todo caso, debe haber un límite máximo establecido para este tipo de sanción. El legislador, en el artículo 25 de la ley cuestionada, estableció un límite de diez años para poder rehabilitar al notario suspendido en forma indefinida, término que bien puede tenerse como límite máximo para la duración de la pena de suspensión, por considerar esta Sala que se trata de un límite razonable e impuesto por el legislador (…) se interpreta que la sanción de suspensión a que hacen referencia los artículos 23 y 27 tienen como límite máximo diez años”.

En consecuencia, ha de entenderse contrario al espíritu de la Constitución, la norma impugnada en esta acción de inconstitucionalidad, en cuanto se refiera a que las inscripciones de las sanciones impuestas a los abogados y cumplida por estos, han de permanecer a perpetuidad y más allá del plazo fijado por la ley o por la jurisprudencia de esta Sala, que al momento ha considerado prudente el de diez años señalado para el registro señalado en materia penal.

IV.—Con fundamento en las razones expuestas, lo procedente es declarar con lugar la acción anulándose el acuerdo 2007-23-006, punto 2 tomado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica el 19 de junio de 2007 y, por conexidad en los términos en que está regulado por el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el punto 4. Deberá el Colegio de Abogados de Costa Rica tomar nota de lo dicho en la parte considerativa de esta sentencia. Por tanto:

Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anula el acuerdo 2007-23-006, punto 2, tomado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica el 19 de junio de 2007. Por conexidad, también se anula el punto 4 del acuerdo aludido. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, deberá el Colegio de Abogados de Costa Rica, cancelar de oficio el registro de todas aquellas sanciones que tengan diez o más años de haber sido cumplidas. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. /Ana Virginia Calzada M. /Presidenta a. i. /Luis Paulino Mora M. /Adrián Vargas B. /Gilbert Armijo S. /Rosa María Abdelnour G. /Gastón Certad M. /Horacio González Q.

Nota Separada de la Magistrada Abdelnour Granados

Concurro con el voto de mayoría, en el sentido de que la sanción disciplinaria que en ejercicio de sus funciones imponga la Junta Directiva del Colegio de Abogados, no puede mantenerse inscrita y a disposición de cualquier persona, de manera indefinida. Criterio que si aplica con la potestad sancionatoria del Estado en materia penal, que es de mayor gravedad, con mayor razón en el caso de la potestad sancionatoria disciplinaria. Por lo tanto, no es razonable mantener un registro permanente de sanciones. Ello supone que vencido el plazo que se fije, que incluso, puede ser menor al establecido por la Sala Constitucional para las sanciones penales, la anotación de la sanción debe borrarse del expediente del abogado sancionado. La consecuencia de ello es que no puede certificarse la sanción prescrita. No obstante, y con el fin de que el Colegio de Abogados pueda tener control de las sanciones que se han impuesto y en virtud de su función fiscalizadora del ejercicio profesional del abogado, el registro de sanciones debe mantenerse a lo interno, para el Colegio de Abogados y únicamente a esos efectos, de manera similar que en el caso de la materia penal, los juzgamientos se certifican para el juez que conoce del proceso penal. /Rosa María Abdelnour Granados.

San José, 19 de agosto del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(72522). Secretario

Exp. 08-015152-0007-CO.—Res. Nº 2009003082.—Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia.—San José, a las doce horas y treinta y tres minutos del veinticuatro de febrero del dos mil nueve.

Consulta judicial formulada por la Jueza de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, MSc. Karol Baltodano Aguilar, sobre la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas.

Resultando:

1º—Por resolución de 10:26 hrs. de 28 de octubre de 2008, dictada en el expediente número 05-000561-0163-AC del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, que es proceso ordinario de Amel de America Internacional SRL contra la Caja Costarricense de Seguro Social, la MSc. Karol Baltodano Aguilar, jueza de ese despacho, formula consulta sobre la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas. La norma es cuestionada en cuanto dispone que “El plazo para impugnar ante los tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de seis meses”, según reforma operada por el artículo 85 de la Ley Nº 793 de 16 de febrero de 2000. La duda de la consultante se origina en el hecho de que por sentencia número 5545 de 15:03 hrs. de 11 de octubre de 1995, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa norma en su texto anterior, la cual disponía que “…En cualquiera de las circunstancias previstas en este artículo, salvo que el término de prescripción fuere menor, ningún interesado podrá discutir ante los tribunales de trabajo las resoluciones de la Caja que tengan más de un año de haber quedado firmes”; la norma reformada, dispone un plazo incluso menor -6 meses- para la impugnación judicial de las resoluciones de la Caja, con lo cual, considera que repite la situación anterior de denegación de acceso a la justicia. La Jueza, de conformidad con las prescripciones de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, suspendió el proceso y emplazó a las partes para ante la Sala (fs. 1 a 3).-

2º—Por resolución de 13:30 hrs. de 2 de diciembre de 2008 se da audiencia a la Procuraduría General de la República (f. 6).-

3º—La Procuraduría General de la República, representada por el Procurador General Adjunto, Lic. Farid Beirute Brenes, contesta la audiencia y manifiesta, en lo que interesa, que:

“II.—Normativa Consultada y su Motivo:

Se consulta sobre la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, -Número 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas- que, en lo que interesa, dice:

“El plazo para impugnar ante los tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de de seis meses.”

(Así reformado por el artículo 85 de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000)

Manifiesta la Juzgadora consultante que al contestar la demanda laboral, la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante escrito presentado al citado Juzgado de Trabajo el 18 de octubre del 2006, opuso la excepción de prescripción con sustento en lo dispuesto en el artículo 55 en cuestión; circunstancia esta, por la que le surge la duda, toda vez que, el antiguo texto legal que establecía “…En cualquiera de las circunstancias previstas en este artículo, salvo que el término de prescripción fuere menor, ningún interesado podrá discutir ante los tribunales de trabajo las resoluciones de la Caja que tengan más de un año de haber quedado firmes.”, fue declarado inconstitucional.

Así, transcribe sentencia número 5545 de las 15:03 horas del 11 de octubre de 1995, de la siguiente forma:

“Considera la Sala que el establecimiento de obstáculos por parte del legislador que impiden la posibilidad de impugnar ciertos actos por no haberse ejercido ese derecho dentro del plazo que establece la ley, efectivamente obedece a razones de seguridad jurídica, pues se quiso poner un límite para el ejercicio de aquel derecho. Sin embargo, dentro del sistema jurídico del Estado Social de Derecho debe permitirse que todos tengan oportunidad de acudir ante los tribunales de justicia demandando el amparo de un derecho lesionado o discutido, y que los jueces atiendan sus gestiones conforme lo dispone la ley. En la materia tratada, el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, que es el sistema público de cobertura de necesidades sociales, individuales y de naturaleza económica desarrollado a partir de la acción histórica de la previsión social, y que ha llegado a convertirse en una de las señas de identidad del Estado social o de bienestar social (ver al respecto la resolución Nº 846-92 de las 13:30 horas del 27 de marzo de 1992). De manera que al impedirle al administrado discutir ante los tribunales de justicia las resoluciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por la aplicación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en sede jurisdiccional, se infringe el principio de seguridad social que el constituyente dispuso en la creación del seguro social y dentro de éste, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Por tanto:

Se evacua la consulta en el sentido de que es inconstitucional la parte del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que dice “En cualquiera de las circunstancias previstas en este artículo, salvo que el término de prescripción fuere menor, ningún interesado podrá discutir ante los tribunales de trabajo las resoluciones de la Caja que tengan más de un año de haber quedado firmes.” Esta sentencia es declarativa y su efecto retroactivo a la fecha de vigencia de la norma consultada. Publíquese esta sentencia íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en la Gaceta. Notifíquese al consultante.”

Indica además, que pese que esa resolución constitucional fue emitida en el año 1995, posteriormente, mediante reforma parcial a la citada Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (según artículo 85 de la Ley Número 7983 del 16 de febrero del año 2000) se impuso un nuevo plazo al administrado para impugnar las resoluciones administrativas que dicte la Caja Costarricense del Seguro Social ante los Tribunales de Justicia, con el agravante de que ahora es de seis meses. Por lo que aprecia, que el actual texto legal viene a repetir la anterior hipótesis, limitándose el derecho al acceso a la justicia jurisdiccional, al juez natural y a la cosa juzgada material. Argumenta, que el plazo señalado en el texto actual del mencionado artículo 55, precluye para siempre la posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional.

En tales términos, solicita que se emita criterio acerca de la constitucionalidad del nuevo plazo que tiene el administrado para recurrir ante los Tribunales de Justicia, conforme lo dispone el párrafo del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Número 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas.

III.—Análisis de la Normativa Consultada, y su Constitucionalidad:

Considera este Órgano Asesor que el párrafo vigente del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que expresa, “El plazo para impugnar ante los tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de seis meses.”, no contraviene el Derecho de la Constitución.

Dicha norma legal, establece, literalmente:

“Artículo 55.- Las controversias suscitadas por la aplicación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y las promovidas por la aplicación de las leyes y los reglamentos por parte del Servicio de Inspección o contra él, serán substanciadas y resueltas por el despacho correspondiente y contra lo que este Servicio decida, cabrá recurso de apelación ante la Gerencia de División correspondiente, siempre que se interponga ante la oficina que dictó la resolución, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación respectiva.

El pronunciamiento deberá dictarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se promovió el recurso.

Las demás controversias que se promuevan con motivo de la aplicación de esta ley o sus reglamentos, serán substanciadas y resueltas por la Gerencia de División respectiva. Contra lo que esta decida, cabrá recurso de apelación ante la Junta Directiva, el cual deberá interponerse ante la misma Gerencia de División que dictó la resolución impugnada, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. El pronunciamiento de la Junta Directiva deberá dictarse dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se planteó el recurso.

Cada Gerente de División conocerá de los asuntos atinentes a su competencia, según la materia de que se trate. Si alguno estima que un caso no le corresponde, lo remitirá de oficio sin más trámite a la División respectiva. El plazo para impugnar ante los tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de seis meses.”

(Así reformado por el artículo 85 de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000)

(Lo resaltado en negrilla no es del texto original)

En primer lugar, es pertinente observar lo que ha señalado esa Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la distinción de los términos previstos en los artículos 61 y 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que es importante para la comprensión del criterio de este Órgano Asesor en relación con el quid de la consulta formulada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. Así, en lo conducente, expresó:

“El artículo 61 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y 23 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, en lo que interesan dicen. “ El derecho para reclamar el otorgamiento de las pensiones de invalidez, prescribe en dos años, y para las de muerte en diez años...” El artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una norma conexa y complementaria de las anteriores, en lo que interesa, señala: “... En cualquiera de las circunstancias previstas en este artículo, salvo que el término de prescripción fuera menor, ningún interesado podrá discutir ante los Tribunales de Trabajo las resoluciones de la Caja que tengan más de un año de haber quedado firmes”. Los artículos 61 y 23 citados, contemplan claramente lo referente a la prescripción para ejercer el derecho a una pensión, en este caso concreto por invalidez. Por su parte el artículo 55, establece hipótesis claras de caducidad, al contemplar a su vez que ningún interesado podrá discutir ante los Tribunales de Trabajo las resoluciones de la Caja que tengan más de un año de haber quedado firmes. Ahora bien, se debe tener clara la aplicación concreta de estos artículos, de manera tal que, mientras no se haya solicitado pensión alguna, rigen los términos establecidos en los artículos 61 y 23 citados, o sea, que el período de prescripción contemplado en dichos artículos, lo es para reclamar el otorgamiento de pensión; pero una vez ejercido ese derecho entra a regir inmediatamente y como artículo complementario, el 55 citado, el cual establece el término de caducidad de un año que opera por la inactividad del interesado, cuando, inconforme con resoluciones desfavorables y firmes de la Caja Costarricense de Seguro Social, no acude a discutirlas ante los Tribunales de Trabajo en tiempo y forma”.

(Lo resaltado no es del texto original)

(Véase sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Nº 8 de las 15:30 horas del 5 de enero de 1994.)

En consonancia con la citada normativa, puede notarse de lo transcrito , que dentro del ordenamiento jurídico en estudio, existen dos momentos trascendentales para el administrado, ya sea para hacer valer o reclamar el derecho a obtener una pensión por invalidez, en cuyo caso prescribe en dos años, o bien por muerte del beneficiario directo, que prescribe en diez años; y el momento a través del cual, aquél puede ejercer el derecho para impugnar una resolución firme de la Caja , que le es desfavorable a sus propios intereses. El primero, es el dispuesto claramente en el mencionado artículo 61, y que sobra decir es el plazo de la prescripción; y el segundo, o sea el contenido en el mencionado artículo 55, que es el término de la caducidad.

Puede explicarse también de lo anteriormente expuesto, que ambas normas no sólo son diáfanas al establecer la finalidad que cada una de ellas persigue dentro del ordenamiento jurídico, si no también que los plazos categóricos estipulados en esa normativa tienen su sustento en razones de seguridad y certeza jurídica, tal y como lo ha subrayado ese honorable Tribunal Constitucional, al expresar “… que el establecimiento de obstáculos por parte del legislador que impiden la posibilidad de impugnar ciertos actos por no haberse ejercido ese derecho dentro del plazo que establece la ley, efectivamente obedece a razones de seguridad jurídica, pues se quiso poner un límite para el ejercicio de aquel derecho.” (Sentencia Número 1995-05545, de 15:03 horas del 11 de octubre del 1995).

Es bien sabido que la seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, sin el cual un Estado Social de Derecho podría garantizar la certeza de que la situación jurídica de sus ciudadanos no será modificada más que por procedimientos regulares, debidamente predeterminados; es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento a qué atenerse jurídicamente; o bien, cuáles son sus derechos y obligaciones. Asimismo indica la mayoría de la doctrina, que desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes, en tanto le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública. Por ello, con toda razón Vicenc Aguado i Cudolà sostiene que tanto la prescripción como la caducidad “…viene a ser en realidad mecanismos destinados a garantizar que el interés general se satisfaga en un tiempo determinado, evitando situaciones de inseguridad jurídica a los ciudadanos.” (“Prescripción y caducidad en el ejercicio de potestades administrativas”, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. Madrid, 1999, p.19)

De ahí la importancia de la existencia del instituto de la caducidad en nuestra legislación nacional, que tanto la doctrina como la jurisprudencia, son contestes en definirlo como aquel presupuesto de carácter excepcional, autorizado por ley, aplicable al sobrevenir el plazo para el ejercicio de un derecho o impugnación de un determinado acto o actuación, imputable generalmente por la inercia o abandono del propio titular por su inactividad. En esa medida, los tribunales ordenan de oficio o a gestión de parte interesada, el archivo de las acciones o reclamaciones de derechos, por haber corrido con holgura el plazo correspondiente, extinguiéndose de esa manera un determinado derecho o acción. Así, y en tratándose del tema de la Seguridad Social en general, la autorizada doctrina ha indicado, que la caducidad puede definirse como:

“…aquel instituto por el cual, a falta de actividad del sujeto titular de un derecho durante un determinado período de tiempo, y por el transcurso del mismo, dicho derecho se extingue; la caducidad se aplica exclusivamente a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, de ahí que se haya de deslindar con carácter previo dicho carácter (sobre este particular cabe citar la doctrina del Tribunal Supremo en la que se califican como prestaciones de Seguridad Social, a efecto de aplicar las reglas de caducidad, las que estuvieron a cargo del Régimen de Previsión de los Médicos de Asistencia-Farmacéutica y Entidades Aseguradoras de Accidentes de Trabajo, y que se integraron en el Sistema de Seguridad Social, STS de 16 de junio de 2005, rec.3862/2004), que recoge la doctrina anterior). La caducidad se define por oposición y en relación con la institución de la prescripción extintiva; ambas tienen idéntica consecuencia: la extinción de una acción o derecho…”

(Cardenal Carro (Miguel), Palomar Olmeda (Alberto), Sempere Navarro (Antonio V.), Hierro Hierro (Francisco Javier) “Diccionario de Seguridad Social”, Editorial Aranzadi S. A. Camino de Galar, 15 31190 Cizur Menor (Navarra) 2006, p. 115)

Al distinguir este Órgano Asesor el instituto de la caducidad con el de la prescripción, observa que efectivamente entre ambos existe un punto de convergencia, cual es el de poner término a la incertidumbre jurídica que puede suscitarse en diversas acciones o derechos que no son reclamados o solicitados en su oportunidad por los titulares, presumiéndose por parte de éstos, una inercia o abandono en virtud de su inactividad para ejercer en lo correspondiente. Pese a ello, se observan notables diferencias que valen reseñar de la siguiente forma:

-La caducidad se vincula con el ejercicio de los llamados derechos potestativos o poderes jurídicos, cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, protegiendo el interés general.

-La prescripción, en cambio, protege el interés particular del sujeto pasivo de un derecho o acción frente a reclamaciones intempestivas, cuando ya no cabía esperarlas o se ha perdido las pruebas precisas para la defensa.

-La caducidad no es susceptible de interrupción ni suspensión, por lo que el plazo para la impugnación de un acto o ejercicio de un derecho, corre inevitablemente. No así en la prescripción, la cual puede interrumpirse mediante determinadas actuaciones administrativas o jurídicas, según sea el caso; ampliándose, ipso facto, el término legal para el ejercicio del derecho o reclamo correspondiente. En la primera figura, no es necesario que la alegue una de las partes del procedimiento, ya que puede obtenerse de oficio. En la segunda, sólo es declarable a petición de parte.

-En lo que atañe propiamente al derecho que se pierde en uno y otro instituto por el transcurso del tiempo, nuestro Tribunal Constitucional mediante sentencia Número 2000- 00878 de las 16:12 horas del 26 de enero del 2000, ha señalado atinadamente que la prescripción es “ una institución jurídica en virtud de la cual, por la inactividad y negligencia del interesado en un plazo definido en la ley, se pierde el disfrute de un derecho, según lo define la doctrina, al señalar que “ en la prescripción, el derecho nace con duración indefinida y sólo se pierde cuando haya negligencia en usarlo “ (Roberto Ruggiero , en su libro Instituciones de Derecho Civil , traducido de la cuarta edición italiana por Ramón Serrano Sureño y José Santacruz Teijeiro , Editorial Reus S. A., Madrid, España, 1929). De manera que, la prescripción extingue la acción o pretensión, no así el derecho en sí, a diferencia de la caducidad, institución semejante a la prescripción en tanto en ella también opera el tiempo como causa extintiva, pero se repite, del derecho, de modo que se impide la adquisición del derecho por el transcurso inútil del término legal, o lo que es lo mismo, “ la pretensión a cuyo ejercicio se prefija un término, nace originariamente con esta limitación de tiempo, de modo que no puede ser hecha valer cuando haya transcurrido “ (Roberto Ruggiero, Op . Cit.). En estos mismos términos ha sido entendida por la jurisprudencia constitucional, al referirla a la omisión o inercia del beneficiario, que ha dejado transcurrir un determinado plazo sin ejercer su derecho y en base a ello, lo pierde, o al menos pierde el beneficio inmediato que le habría significado, pero sin que implique necesariamente que ese derecho le desaparezca del todo, lo que de alguna manera configura una renuncia de derechos por parte del beneficiario (sentencia número 05969-93, de las quince horas veintiún minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres). y es precisamente dentro de esta concepción, que este Tribunal ha señalado que:

“IV. Es cierto que el instituto de la prescripción no es en su esencia inconstitucional, puesto que ayuda a integrar un principio básico del ordenamiento, cual es el de la seguridad jurídica “(sentencia número 05969-93, supra citada).”

En esa medida, el Tribunal del Derecho de la Constitución ha explicado claramente que el establecimiento de esa clase de plazos como el que nos atañe en este estudio, constituye un elemento ordenador de las relaciones sociales, pues “ si se dejase abierta la posibilidad de accionar en procura de derecho, sin respetar el cumplimiento de plazos y términos por el transcurso del tiempo, las relaciones entre las personas se tornarían inseguras, indefinidas, y cada cual podría reclamar “sine die” por sus derechos, no importando lo sucedido en el pasado. Se daría una alteración mayúscula en el control para los propios obligados, porque nunca podrían tener por descargada una obligación como la de otorgar derechos no pedidos o simplemente no utilizados por el beneficiario, que tendría repercusiones sobre otros ámbitos de la actividad de las personas, como el costo de las operaciones (comerciales, industriales, etc.) y de los servicios en el mercado.” (Sentencia Nº 2000-00878, citada)

A mayor abundamiento, la citada doctrina ha señalado que, “en la prescripción, el eje de las reflexiones es el elemento subjetivo; en efecto, el eventual titular de un derecho no solicita el inicio del procedimiento de reconocimiento de un derecho a prestación de Seguridad Social. Por tanto, la prescripción encuentra su fundamento en la necesidad de poner fin a situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos, y en la presunción de abandono de los mismos por el titular, consecuencia directa de su inactividad. En la caducidad el elemento subjetivo mantiene un papel secundario, y lo relevante es el elemento objetivo de la ausencia de ejercicio del derecho a la mensualidad correspondiente. En este caso, el fundamento de la caducidad se halla en el intento de salvaguarda de un interés general y social, de carácter público, conectado directamente con la promoción de espacios de seguridad jurídica, al margen de consideraciones de orden subjetivo. En segundo lugar, y frente a la prescripción, que se ha de alegar a instancia de parte, (STA de 5 de octubre de 1994 ® 1994,7750), se ha de destacar el carácter automático de la caducidad, lo que hace que se deba apreciar de oficio. En efecto, se trata de una cuestión de orden público procesal, que opera ex lege, sin necesidad de ser alegada de parte (STS de 4 de mayo de 1984, ® 1984, 2956). “(véase, Cardenal Carro (Miguel), Palomar Olmeda (Alberto), Sempere Navarro (Antonio V.), Hierro Hierro (Francisco Javier) Ibid , p. 117)

De lo analizado hasta aquí, este Órgano Asesor concluye con toda propiedad, que el plazo estipulado en el artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social no viene en modo alguno a infringir el derecho al acceso a la justicia jurisdiccional, al juez natural y a la cosa juzgada material . Todo lo contrario, tal instituto tiene su sustento en razones de seguridad y certeza jurídica y del resguardo del interés general sobre el derecho definido. En todo caso, válido es también resaltar en palabras de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no se ejercite, por ejemplo, el derecho a las diversas hipótesis previstas en el artículo 61 de la citada Ley, rigen los términos de prescripción que allí se establecen; pero una vez que se ejerza ese derecho, rige inmediatamente y como artículo complementario lo establecido en el numeral supracitado , es decir el plazo de seis meses para que el interesado pueda impugnar ante los Tribunales de Justicia, aquellas resoluciones firmes de la Caja que supone no son acordes con sus intereses; o bien, puede el administrado impugnar en el mismo plazo las resoluciones derivadas de la aplicación de las leyes y reglamentos por parte del Servicio de Inspección o contra él. (Sentencia Número 08 de las 15:30 horas del 05 de enero de 1994)

De esa forma considera este Órgano Asesor que el plazo de caducidad establecido en la norma en cuestión no es en sí misma, inconstitucional, siendo más bien suficiente para que el administrado o interesado pueda hacer valer su derecho o acción ante los tribunales de justicia a los efectos de impugnar las resoluciones firmes que dicte la Caja. Sin que con ello, implique el quebrantamiento del principio a la Seguridad Social que tutela el artículo 73 constitucional, o bien los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, Números 102, (relativo éste a la Norma Mínima de Seguridad Social,- ratificado en nuestro ordenamiento, por la Ley Número 4737, de 29 de marzo de 1971) y el Convenio 130 (relativo a la asistencia médica y prestaciones, -ratificado mediante Ley Número 4737, de 29 de marzo de 1971), o algún otro instrumento de carácter internacional.

Finalmente, no está demás indicar, que si bien por disposición del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y doctrina que le informa, la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, ciertamente no lo es para esa honorable Sala. Sin embargo, y en virtud del fundamento expuesto a través de este análisis, es nuestro criterio, que contrario a lo dispuesto en la sentencia constitucional número 1995-5545 de las quince horas con tres minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el plazo de caducidad estipulado en la norma consultada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, no contraviene el Derecho de la Constitución.

IV.—Conclusión:

Con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política, 61 y 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como la abundante jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y doctrina atinente, es criterio de este Órgano Asesor, que el plazo estipulado en el mencionado artículo 55, que expresa, “El plazo para impugnar ante los tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de seis meses.”(Así reformado por el artículo 85 de la Ley Nº 7983 de 16 de de febrero del año 2000)”, no es contrario al Derecho de la Constitución.

4º—En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

Considerando:

I.—La presente consulta ha sido formulada de conformidad con el artículo 101 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y cumple los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley.

II.—Conforme se ha descrito en los antecedentes, la duda sobre la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social radica en que, a pesar de existir una previa declaratoria de inconstitucionalidad del texto anterior de esa norma, anulado por sentencia número 5545 de 15:03 hrs. de 11 de octubre de 1995, que establecía un plazo un año para impugnar las resoluciones de la Caja, el texto vigente, según la reforma legislativa realizada en el año 2000, dispuso un plazo de seis meses al efecto.-

III.—Aunque respetable, la Sala no comparte la opinión de la Procuraduría General de la República, a favor de la constitucionalidad de la norma consultada, expuesta literalmente en el “Resultando” segundo, con fundamento en argumentos de seguridad jurídica y de su consideración sobre los supuestos de aplicación de los términos previstos en los artículos 61 y 55 de la Ley Constitutiva de la Caja y los dos momentos trascendentales para el administrado, sea para hacer valer o reclamar el derecho a obtener una pensión por invalidez, en cuyo caso prescribe en dos años, o por muerte del beneficiario directo, que prescribe en diez, y el momento en el cual se puede ejercer el derecho para impugnar una resolución firme de la Caja desfavorable a los propios intereses, distinguiendo entre un término de prescripción, en el primer caso y de caducidad, en el segundo. La reforma operada en el artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social entraña el mismo vicio de constitucionalidad declarado en la sentencia número 5545 de 15:03 hrs. de 11 de octubre de 1995, que constituye jurisprudencia vinculante, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”. “Omnes” incluye, por supuesto, al legislador, que al reformar el artículo 55, contra lo dispuesto en una sentencia vinculante de esta Sala y agravando el vicio de constitucionalidad declarado por la Sala en 1995 también violó la Constitución.-

IV.—Porque, en efecto, aquél término de un año previsto en el texto anteriormente anulado por la Sala, por contrario al principio de seguridad social (v. sentencia 5545-95, Considerando II), resulta reducido a la mitad por la norma consultada, que no hace si no menoscabar en forma aún más grave, los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de seguridad social; además, ese plazo de un año para impugnar judicialmente las resoluciones administrativas de la Caja resulta considerablemente menor que el previsto para los actos de otras administraciones (v. arts. 39 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo), con lo cual, de mantenerse ese plazo, se consagraría una evidente desigualdad, en perjuicio de quienes son objeto de actos desfavorables por parte de la Caja y, tomando en consideración la índole de las resoluciones de esa institución, relativas al desempeño de sus cometidos sociales y vinculadas a derechos y beneficios sociales que la Constitución califica de irrenunciables (art. 74), resulta una afrenta al Derecho de la Constitución la limitación señalada. Por esto, la Sala reitera lo expresado en la sentencia número 5545 de 15:03 hrs. de 11 de octubre de 1995, en cuanto consideró que:

“el tema consultado refiere a que el artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social número 17 de 22 de octubre de 1943, reformado por ley Nº 6914 de 28 de noviembre de 1983, no permite a los administrados ocurrir a los tribunales para que se les haga justicia, pues al fenecer el plazo contenido en él, precluye para siempre la posibilidad de acceso a la vía jurisdiccional. Al respecto, la Procuraduría General de la República señaló que el plazo de caducidad ahí establecido no resulta inconstitucional, pues tiene su fundamento en los valores de certeza y seguridad jurídica. Considera la Sala que el establecimiento de obstáculos por parte del legislador que impiden la posibilidad de impugnar ciertos actos por no haberse ejercido ese derecho dentro del plazo que establece la ley, efectivamente obedece a razones de seguridad jurídica, pues se quiso poner un límite para el ejercicio de aquel derecho. Sin embargo, dentro del sistema jurídico del Estado Social de Derecho debe permitirse que todos tengan oportunidad de acudir ante los tribunales de justicia demandando el amparo de un derecho lesionado o discutido, y que los jueces atiendan sus gestiones conforme lo dispone la ley. En la materia tratada, el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, que es el sistema público de cobertura de necesidades sociales, individuales y de naturaleza económica desarrollado a partir de la acción histórica de la previsión social, y que ha llegado a convertirse en una de las señas de identidad del Estado social o de bienestar social (ver al respecto la resolución Nº 846-92 de las 13:30 horas del 27 de marzo de 1992). De manera que al impedirle al administrado discutir ante los tribunales de justicia las resoluciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por la aplicación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en sede jurisdiccional, se infringe el principio de seguridad social que el constituyente dispuso en la creación del seguro social y dentro de éste el régimen de Invalidez Vejez y Muerte”.

V.—Como la anulación del plazo actualmente previsto para la impugnación de las resoluciones administrativas firmes de la Caja conduce a un vacío legal, en cuanto al término de prescripción cuestionado y, con ello, a una situación de incertidumbre jurídica, es necesario aplicar lo previsto en el párrafo segundo del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para esta clase de situaciones, el cual dispone que:

La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.

En consecuencia, a fin de dictar una regla para evitar que la anulación que se dispone en esta sentencia produzca graves dislocaciones a la seguridad, se establece que el plazo máximo para incoar el proceso judicial contra las resoluciones de la Caja Costarricense de Seguridad Social será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el reclamo del respectivo derecho de fondo. Por tanto:

Se evacua la consulta en el sentido de que es inconstitucional, del artículo 55 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la parte que dispone que “El plazo para impugnar ante los tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de seis meses”. En ejercicio de las potestades otorgadas a la Sala en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dispone que el plazo máximo para incoar el proceso judicial contra las resoluciones de la Caja Costarricense de Seguridad Social será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el reclamo del respectivo derecho de fondo. Esta sentencia es declarativa y su efecto es retroactivo a la fecha de vigencia de la norma consultada. Publíquese esta sentencia íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en la Gaceta. Notifíquese al consultante, a la Asamblea Legislativa y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. /Adrián Vargas B. /Presidente a. i. /Gilbert Armijo S. /Ernesto Jinesta L. /Fernando Cruz C. /Rosa María Abdelnour G. /Horacio González Q. /Jorge Araya G.

San José, 19 de agosto del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(72523). Secretario

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

PRIMERA PUBLICACIÓN

HACE SABER:

Que dentro del Proceso de Cese Forzoso, tramitado bajo el expediente 09-000586-0624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado contra la notaria Maura Gómez Brenes, se dictó la resolución que literalmente dice: “Dirección Nacional de Notariado, San José, nueve horas treinta y nueve minutos, del veintitrés de julio del año dos mil nueve. La notaria Maura Gómez Brenes, cédula: 108770601, carné: 14269, fue debidamente notificada del presente proceso (ver folio 24), no se apersonó ni acreditó haber cancelado las cuotas debidas del Fondo de Garantía que generaron este proceso, razón por la cual se le declara cesado forzosamente a partir de la firmeza de la presente resolución y se mantendrá durante todo el tiempo que subsista la causa que lo generó (artículo 148 Código Notarial). Notifíquese esta resolución final por medio de publicación en el Boletín Judicial. Contra la misma caben los recursos de revocatoria y de apelación. Una vez firme, empezará a regir el cese decretado, tomará nota el Registro de Notarios, y se remitirán las comunicaciones respectivas y se publicará el aviso en el Boletín Judicial.

San José, 6 de agosto del 2009.