CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA

Al señor Charles Anthony McDow, de domicilio ignorado, se hace saber que en diligencias de exequátur promovidas por Sushila Patricia Katiyar Flores, contra él, para obtener el exequátur de una sentencia de divorcio dictada por la Corte del Distrito 53avo. Distrito Judicial del Condado de Travis, Texas, Estados Unidos de América, en proceso de divorcio seguido entre las mismas partes. La petición se apoya en el artículo 705 del Código Procesal Civil, y el exequátur tiene por objeto inscribir el divorcio en Costa Rica. La Sala procedió a nombrar un curador para que represente al señor McDow. Al efecto se ha dictado la resolución que dice: “Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.—San José, a las nueve horas cinco minutos del veinticuatro de febrero del dos mil nueve. Por efectuado el depósito de los honorarios del curador, acerca de la solicitud que formula la señora Sushila Patricia Katiyar Flores, por intermedio de su apoderada especial judicial, Lic. Jessica María Hernández Quesada, tendiente a que se ponga el exequátur de ley a la ejecutoria de la sentencia de divorcio que acompaña, se concede audiencia por el plazo de diez días al señor Charles Anthony McDow, a quien se le previene que en el acto de ser notificado o separadamente por escrito, debe señalar casa u oficina dentro del perímetro judicial de la ciudad de San José para oír notificaciones. Asimismo, indicar en el territorio nacional un medio adecuado al efecto, el cual, por ahora, puede ser el fax o el casillero electrónico debidamente habilitado para su recepción por el Departamento de Informática del Poder Judicial. Mientras no lo haga, cualquier resolución posterior que se dicte se le tendrá por notificada con el solo transcurso de veinticuatro horas. Igual consecuencia se producirá si el lugar señalado fuere impreciso o incierto, o ya no existiere; o si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho. En ambos casos, la omisión producirá las consecuencias de la notificación automática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales. Tramítese el asunto con intervención del curador Lic. Luis Alberto Sáenz Zumbado y hágasele saber la audiencia, a fin de que se sirva manifestar lo que estime conveniente acerca de la solicitud de exequátur. De conformidad con el artículo 263 del Código Procesal Civil, notifíquese al señor Charles Anthony McDow la petición inicial y la presente resolución, por medio de un edicto que se publicará una vez en el Boletín Judicial. Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente a. í.”.

San José, 24 de febrero del 2009.

Francisco Bolaños Moreira

1 vez.—RP2009130085.—(IN2009081154) Notificador

SALA CONSTITUCIONAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad.

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las catorce horas y diecisiete minutos del primero de setiembre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad Nº 09-009272-0007-CO, interpuesta por Fabio Enrique Delgado Hernández, en su condición de Presidente del Partido Rescate Nacional y Rafael Varela Granados, como Secretario General del Partido Unión Patriótica, para que se declaren inconstitucionales el Decreto Nº TSE-06-2009 aprobado en sesión ordinaria Nº 54-2009 del 4 de junio del 2009 “Reglamento de notificaciones por correo electrónico para los partidos políticos”, por ser contrario a los numerales 33, 39, 25 y 27 de la Constitución Política. Impugna además la segunda frase del artículo 104 y la frase final del artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, por estimarlos contrarios a los artículos 33, 39, 25 y 27. El Decreto Nº 06-2009 TSE se impugna por cuanto, si bien el artículo 58 inciso o) del Código Electoral señala a los partidos su obligación de mantener un lugar para recibir notificaciones, pero ni esta norma ni el artículo 106 de la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil dicen en ningún momento que ese medio debe ser exclusivamente un correo electrónico como se pretende mediante el decreto cuestionado. Por lo anterior, y dado que ese medio no está lo suficientemente popularizado ni está al alcance de todos los partidos políticos, imponerlo como única forma de notificación de acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, viola el derecho de los partidos de señalar una casa, un local, un fax o bien un correo electrónico según sea su conveniencia. Respecto a la segunda frase del numeral 104 y la frase final del artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, alegan que la notificación por estrados de las resoluciones de la Dirección General del Registro Civil en materia electoral es arcaica y riñe con el derecho de los administrados de conocer por un medio cierto y seguro aquellos actos y resoluciones que les pueden afectar. Esta forma de notificar impide el ejercicio del derecho de impugnar, a no ser que se cuente con recursos para enviar permanentemente a un funcionario que revise la pizarra todos los días a efecto de poder tener control sobre aquéllas resoluciones que les pueden perjudicar. Todas las disposiciones impugnadas a juicio de los accionantes infringen el principio de igualdad, pues riñen con otras disposiciones de rango legal que regulan la comunicación y notificación al administrado de las disposiciones que afecten sus intereses, el derecho de defensa, que supone el derecho a ser correctamente notificado por un medio seguro, que en general respete el principio de certeza y seguridad jurídica, el derecho de asociación en partidos políticos, por cuanto debe respetarse su derecho de recibir notificaciones y comunicaciones por medios que cumplan las garantías dichas; y el derecho de petición y pronta resolución, que igual supone que se debe respetar la obligación de notificar por un medio idóneo y seguro al administrado. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Por la proximidad de la fecha de la convocatoria a elecciones para el período constitucional 2010-2014, y en vista de que se cuestionan disposiciones de carácter general relativas a la forma de notificar las resoluciones del Registro Civil en materia electoral y los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, en aplicación analógica del párrafo segundo del numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las normas cuestionadas deben seguirse aplicando, hasta tanto la Sala no indique lo contrario, a fin de evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales, en el proceso electoral que se avecina.

San José, 2 de setiembre del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009081344) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas cincuenta y cinco minutos del diez de setiembre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad Nº 09-11671-0007-09, interpuesta por Roberto Delgado Quesada, en su condición de regidor propietario de la Municipalidad de San José, contra el criterio jurisprudencial vertido en la resolución Nº 2158-E-2007 de las diez horas quince minutos del veintiocho de agosto del dos mil siete, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Estima el accionante que la misma es contraria a lo dispuesto en los artículos 20, 22, 33 y 34 de la Constitución Política, en cuanto se obliga los regidores municipales a residir en un lugar determinado. Además señala que a dicho criterio no se le dio ninguna publicidad y además, en su caso, se pretende aplicar retroactivamente. Indica que el artículo 22 del Código Municipal es claro al señalar como requisito para ser regidor, el estar inscrito electoralmente con dos años de anterioridad en el cantón en que se ha de servir el cargo, pero no se exige la residencia efectiva. Considera que para establecer una sanción como es la pérdida de credenciales en puestos de elección popular, debe existir propiamente una norma de carácter legal que establezca esa sanción y no lo puede hacer ningún ente público sin previa ley, que lo disponga expresamente. En virtud del principio democrático y de libre participación, no puede desconocerse la voluntad popular, sino bajo las normas expresas e indubitablemente establecidas por la Constitución y la ley. La Constitución no señala ningún requisito de vecindad para poder acceder a cargos municipales de elección popular. Aduce que en el expediente legislativo donde se tramitó y aprobó el Código Municipal no existe ninguna explicación acerca de la razón por la cual se cambió la redacción anterior, la cual sí establecía como requisito ser vecino del cantón en que ha de servir. El artículo 22 del Código Municipal excluye toda posibilidad de que se exija que el domicilio sea un requisito sine qua non, sólo para ser elegido regidor. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (Resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 16 de setiembre del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009081360) Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero y 88 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la Acción de Inconstitucionalidad Nº 08787-08, promovida Asociación Justicia para la Naturaleza en contra del artículo 7 último párrafo de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Nº 7317 del 30-10-92, se ha dictado el Voto Nº 14288-09 de las quince horas diecinueve minutos del nueve de setiembre del dos mil nueve, que en lo que interesa dice:

“Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anulan por inconstitucionales las palabras “creación y” del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Protección de Vida Silvestre, Ley Nº 7317, publicada en La Gaceta Nº 235 del 7 de diciembre de 1992. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma impugnada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese.”

Se hace saber que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que la vigencia de la(s) norma(s) aquí anulada(s) rige(n) a partir de la primera publicación de este aviso.

San José, 10 de setiembre del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009081361) Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad Nº 02994-09, promovida Enrique Montoya Morales, Edwin Quirós González, Estrella Madrigal Jiménez, Ana Grace Mora Muñoz y Amancio Rojas Retana, en contra de las cláusulas 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 19 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Puriscal y sus trabajadores, aprobada el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos, se ha dictado el Voto Nº 14280-09 de las quince horas con once minutos del nueve de setiembre del dos mil nueve, que en lo que interesa dice:

“Se rechaza de plano la acción en relación con las cláusulas, novena, décima, décimo primera y décimo tercera de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Puriscal y sus trabajadores, aprobada el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos. En cuanto las restantes cláusulas impugnadas, a saber, octava, décimo quinta y décimo novena, se declara sin lugar la acción planteada. -Notifíquese.-

Los Magistrados Calzada Miranda y Jinesta Lobo salvan el voto y rechazan de plano en su totalidad la acción planteada por razones separadas.”

San José, 10 de setiembre del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009081371) Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad Nº 01795-09, promovida Edwin Duartes Delgado, en contra del artículo 144, inciso e) del Código Notarial, se ha dictado el Voto Nº 14281-09 de las quince horas con doce minutos del nueve de setiembre del dos mil nueve, que en lo que interesa dice:

“Se declara sin lugar la acción”

San José, 10 de setiembre del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009081372) Secretario

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

PRIMERA PUBLICACIÓN

HACE SABER:

Que dentro del proceso de Disciplinario por Índices, tramitado bajo el expediente 09-000971-0624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado contra el notario Jorge Alberto Carrera Medaglia, se dictó la resolución que literalmente dice: “Dirección Nacional de Notariado. San José, once horas seis minutos, del seis de julio del año dos mil nueve. Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, en mi condición de Director Nacional de Notariado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 140 y 150 del Código Notarial, inicio proceso disciplinario notarial, contra el notario Jorge Alberto Cabrera Medaglia, carné 5362, cédula 107420451, basándome en los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Primero: El Código Notarial, y el Reglamento del Archivo Notarial para la presentación de Índices Notariales, impone a los notarios públicos el deber de presentar quincenalmente los índices notariales, cuenten o no con tomo de protocolo, hayan o no autorizado instrumentos públicos, dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento. La no presentación del índice se sanciona con un mes de suspensión por cada índice no presentado (inciso j) del artículo 143 del Código Notarial). Segundo: Según información suministrada por el Archivo Notarial, el notario Jorge Alberto Cabrera Medaglia, no ha presentado los índices correspondientes a las siguientes quincenas: I enero 2007, II enero 2007, I febrero 2007, II febrero 2007, I marzo 2007, II marzo 2007, I abril 2007, II abril 2007, I mayo 2007, II mayo 2007, I junio 2007, II junio 2007, I julio 2007, II julio 2007, I agosto 2007, II agosto 2007, I setiembre 2007, II setiembre 2007, I octubre 2007, II octubre 2007, I noviembre 2007, II noviembre 2007, I diciembre 2007, II diciembre 2007, I enero 2008, II enero 2008, I febrero 2008, II febrero 2008, I marzo 2008, II marzo 2008, I abril 2008, II abril 2008.-tercero: De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional en Voto Nº 8197-99, el presente proceso disciplinario administrativo es de mera constatación, por lo que constando que el notario Jorge Alberto Cabrera Medaglia al dictado de esta resolución, según consulta al Archivo Notarial (por medio de Internet en su Sistema Index) no ha presentado los índices indicados se le suspende con un mes por cada índice, sea un total de treinta y dos meses. Conforme lo establece el artículo 148 del Código Notarial, la suspensión impuesta se mantendrá durante todo el tiempo que subsista el incumplimiento y la misma comenzará a regir al octavo día después de su publicación en el Boletín Judicial (artículo 161 Código Notarial). Cuarto: A efecto de garantizar el debido proceso y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del Código Notarial, se le concede el plazo de ocho días hábiles, para que acredite mediante documento idóneo, haber cumplido con la presentación de los índices señalados, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá a ejecutar la suspensión impuesta. En caso de demostrar que ha cumplido, antes de la notificación de ésta resolución, se dará por terminado este proceso y de hacerlo en fecha posterior, la sanción se reducirá a la mitad. En caso de que la suspensión ya haya empezado a regir, se aplicará la misma reducción, siempre que el tiempo transcurrido así lo permita. Contra esta resolución únicamente cabe el recurso de revocatoria. Señalamiento para notificaciones: Dentro del mismo plazo concedido, deberá el notario Jorge Alberto Cabrera Medaglia, indicar lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se les tendrán por notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente, con la posibilidad de señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Notifíquese al notario Jorge Alberto Cabrera Medaglia, por medio de la Oficina Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José en su oficina notarial ubicada en: San José, del Itan, 100 este, 300 sur; de no prosperar la notificación en dicho lugar, practíquese la misma en la casa de habitación del notario, ubicada en: en ambos casos se tomarán las direcciones reportadas por el notario a esta Dirección y que constan en el Registro Nacional de Notarios. Si no se lograre localizar al notario en ninguno de los lugares antes citados, procédase a notificar por medio de edicto (Voto Nº 8197-99, de la Sala Constitucional).

San José, 24 de agosto del 2009.