CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

TERCERA PUBLICACIÓN

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las siete horas y treinta minutos del trece de octubre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 09-010348-0007-CO que promueve la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, para que se declaren inconstitucionales los artículos 100 y 130 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 7317 y sus reformas a partir de la Ley Nº 8689 de diciembre del 2008, por estimar que infringen los principios de igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, tipicidad e inocencia. Las normas se impugnan en cuanto se considera que el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, viola el principio de igualdad, porque la norma no efectúa ningún tipo de diferenciación, colocando a todas las personas en un mismo supuesto, sin contemplar que algunos estén en situaciones distintas al contar con permisos o autorizaciones extendidos por las autoridades pertinentes, para verter aguas residuales. Considera además que la norma impugnada violenta la razonabilidad de igualdad, pues no trata de manera desigual a quienes están en un diverso supuesto fáctico, por contar con permisos para verter aguas residuales, colocándolos en situación de igualdad respecto al resto de personas que no cuentan con tales habilitaciones. A su juicio, la norma no es necesaria ni idónea para el fin que se pretende satisfacer, sino que se optó por la medida más gravosa para la esfera jurídica de las personas, a pesar de que dicho fin se puede lograr a partir del artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida, que establece prácticamente el mismo texto que la disposición cuestionada, con la diferencia de que no establece la pena privativa de libertad como castigo y contempla el tema de los sistemas de tratamiento de desechos y aguas. Señala además que el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre lesiona el principio de tipicidad, pues al no prever ningún tipo de excepción para el caso de aquellos agentes económicos que obtienen previamente una autorización de vertido de sustancias contaminantes, genera una colisión entre la conducta típica y el reproche jurídico penal de la acción, entre la tipicidad y la culpabilidad. Así, las personas que han obtenido un permiso de vertido de aguas contaminantes, actuarían bajo la creencia interna de que su acción no es penada, pues se encuentran amparados a la normativa que autoriza la conducta, sin embargo, dada la redacción de la norma, la conducta sería típica. Afirma que hay muchas disposiciones normativas que permiten verter aguas contaminantes en los cuerpos receptores, respetando, claro está, ciertos límites o parámetros permisibles, entre las cuales están la Ley Orgánica del Ambiente, El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo Nº 33601-MINAE-S del 9 de agosto del 2006. El Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos Decreto Ejecutivo Nº 34431-MINAE-S de 9 de agosto del 2006, entre otros. Sin embargo, por una indebida técnica legislativa, la norma carece de la correcta formulación normativa que se exige para todo tipo penal, derivada del artículo 39 Constitucional. Cita la sentencia 2006-9170, en la que la Sala hizo referencia a dos tipos de vertidos contaminantes permitidos y uno prohibido, distinción que no se respeta en la norma cuestionada, estableciéndose como conducta típica el simple acto de “arrojar” aguas, desechos o sustancias contaminantes, sin tomar en cuenta que algunos de esos actos supuestamente ilícitos podrían estar autorizados por una normativa previa y específica. Sobre la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en primer término alega el accionante que la norma viola la presunción de inocencia consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política, pues si bien existe la figura de la responsabilidad objetiva, aplicada en otras ramas del derecho diferentes a la penal, en ella siempre subsiste una atribuibilidad del hecho y un reproche jurídico-penal de índole patrimonial, derivado de un nexo causal entre el agente responsable subjetivamente y el ente o sujeto responsable objetivamente. Sin embargo, la norma impugnada establece una responsabilidad objetiva sin nexo causal entre el agente y la persona física o jurídica que bien podría ser ajena al daño, en especial cuando señala que la responsabilidad solidaria se extiende -sin establecer mayor justificación- a “las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona infractora”. La carga de la prueba se invierte, puesto que la ley presume una culpabilidad concurrente de la persona física o jurídica a quien se le atribuye la responsabilidad solidaria, lo cual viola el principio de inocencia. En cuanto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, alega que el artículo 130 establece un efecto jurídico que bien podría ser incausado, en caso de que las personas físicas o jurídicas deban responder solidariamente, aunque sean totalmente ajenas al daño ocurrido. Si logran demostrar su inocencia y falta de responsabilidad (dolosa o culposa) con respecto al acto antijurídico desarrollado por el agente infractor, debería eximírsele del deber de pagar daños y perjuicios, como sucede en otros casos de responsabilidad objetiva. Sin embargo, el artículo 130 sanciona a todos por igual, constituyendo una norma irrazonable y desproporcionada que establece una responsabilidad solidaria violatoria del principio de inocencia y la necesaria demostración de culpabilidad. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo impugnado no se dicte resolución final, de conformidad con lo expuesto, hasta tanto no sea resuelta la presente acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos es dictar la sentencia, o bien el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deban aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 14 de octubre de 2009.

Gerardo Madriz Piedra,

(IN2009091592) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas y veintiséis minutos del treinta de septiembre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad Nº 09-014039-0007-CO que promueve Alberto Baraquiso Leitón, apoderado especial judicial de Inmobiliaria Luz Clarita S. A., BYG Importadora de Vehículos Limitada, Parqueo Público Guadalupe S. A., Estacionamientos Ticos GM S. A., Balmoral Star S. A., Parqueo Público Plaza Mayor S. A., Parqueo Amón y Afines del Norte S. A., Inmobiliaria de Estacionamiento Público Calle Cuarenta S. A., Luiswal del Norte S. A., Inversiones Comerciales Mayjos S. A., y Abdelrahman S. A., cédula jurídica, para que se declaren inconstitucionales el Decreto Ejecutivo Nº 35379-MOPT de 13 de julio de 2009, publicado en el Alcance número 28 a La Gaceta Nº 139 del 20 de junio de 2009 y el numeral 1º del Decreto Ejecutivo Nº 34583-MOPT de 19 de junio del 2008, publicado en La Gaceta Nº 123 del 26 de junio de 2008, por estimarlos contrarios a los artículos 11, 20, 22, 33, 45, 46, 121 inciso 7), 128 y 180 de la Constitución Política. Las normas se impugnan en cuanto se restringen, vía Decreto, la libertad de comercio. El accionante cuestiona la idoneidad de la medida aplicada en el Reglamento técnico, de acuerdo al informe contenido en el oficio Nº DGIT-0626-2009 de fecha 9 de julio de 2009. Relata que al analizar la razonabilidad técnica del Decreto Ejecutivo 354379-MOPT, se tiene que esa normalización se destinó a regular el acceso y tránsito de vehículos a un perímetro restringido, durante días y horas determinadas, a partir de los últimos dígitos del número de placa. Como efectos sancionatorios, se preceptúa que aquel vehículo que fuera sorprendido dentro del “anillo de restricción”, está sujeto a multas e, incluso, al despojo de sus placas. En tesis de principio, aduce que el Decreto lo que busca es disminuir la cantidad de automotores que transitan en el área de restricción, a fin de reducir los tiempos de recorrido en los denominados “corredores”, en horas críticas y, consecuentemente, economizar el consumo de combustible. Pero advierte también, que el espíritu principal del Decreto proviene de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres que, como tal, está dirigida a regular todo lo concerniente al ejercicio de la libertad de tránsito -estricto sentido-, respecto al empleo de automotores por particulares. Es decir, afirma que aunque la normativa tenga un fin de alcance general, debe circunscribirse meramente al ejercicio del uso de vehículos para uso particular pues, de lo contrario, el espíritu del Decreto recaería sobre otras esferas no propias de su competencia en razón de la materia, lo que atenta contra el principio de legalidad constitucional. Con base en lo afirmado, señala que en el caso propio se lesiona el ejercicio de un derecho fundamental que no debe ser abordado ni restringido por el Decreto en cuestión, sea la libertad de comercio, en íntima integración sistemática con el derecho a la libre escogencia del medio de transporte, contenido en la libertad de tránsito. Bajo esa línea, expresa que incluso la Procuraduría General de la República ha advertido que si el derecho de escogencia del medio de transporte integra el contenido esencial de la libertad de comercio, cualquier Directriz o Decreto tendente a restringir ese derecho, resulta inconstitucional. En consecuencia, insinúa que es necesario armonizar ambos derechos - la libertad de tránsito y la libertad de comercio- de tal forma que éstos se compatibilicen bajo el mismo techo que las informa, a fin de dar sentido a1 ejercicio de las prerrogativas que se ven conculcadas por la acción u omisión del Estado. Aclara que para el normal ejercicio de la actividad comercial de sus representadas, es indispensable el uso de unidades de transporte inferior a seis toneladas, de manera que, existe una necesidad de determinar el medio de transporte idóneo para que se pueda desplegar a cabalidad el ejercicio de su actividad comercial, ya que resulta materialmente imposible que las diferentes mercaderías puedan llegar oportunamente a su destino, sino es a través de la utilización de esos camiones de carga mediana inferiores a seis toneladas. Además, alega que en este particular, hay situaciones jurídicamente consolidadas que gozan de respaldo legal y constitucional, con antelación al advenimiento de la restricción vehicular que contiene el Decreto Ejecutivo cuestionado. Acusa que, es imposible para sus representadas montar toda la mercadería en taxis, autobuses o aeroplanos, pero diferente es el caso de un ciudadano que, por ejemplo, necesite acudir a una cita de cualquier tipo, extremo en el cual puede determinar la forma de desplazarse. Reitera que cuando de por medio exista una restricción para vehículos que tengan como fin exclusivo el ejercicio de una actividad meramente comercial y, cuyo empleo es indispensable para que ese ejercicio pueda llevarse a cabo con normalidad, el derecho de escogencia del medio de transporte como contenido esencial de la libertad de tránsito debe ser respetado y no lesionado. De esta forma, en la razonabilidad técnica del Decreto Ejecutivo Nº 35379-MOPT, las normas elegidas no resultan adecuadas para regular la materia comercial integrada con el derecho a la libre escogencia, pues esa norma se fija en regular el derecho al libre tránsito -estricto sensu-, aun cuando en sus efectos se involucran temas no propios de su competencia, como lo es el caso de la libertad de comercio regulada por el numeral 46 de la Constitución Política. Ahora bien, en cuanto a la razonabilidad jurídica, específicamente la ponderativa, aduce que los antecedentes que motivaron el nacimiento del Decreto Ejecutivo en cuestión, no pueden derivar la misma limitante para todos los tipos de vehículos, pues el destino de uso que se le dé a los automotores particulares es muy distinto al de los camiones con peso inferior a seis toneladas, empleados éstos últimos para ejercer una actividad comercial con fines públicos; por lo que, la restricción aplicada no puede ser igual para todos los casos, precisamente, en razón del destino de uso que se le brinde a cada vehículo y, consecuentemente, por los efectos que esa actividad va a tener en la sociedad. Sobre la razonabilidad de igualdad, apunta que el Decreto de cita establece una excepción de la restricción para aquellos camiones cuyo peso sea superior a seis toneladas, pero excluye de ese beneficio a otros camiones idénticos en uso y destino, sólo por la diferencia de peso - menos de seis toneladas-. Esa exclusión resulta irrazonable porque no hay un criterio técnico que justifique tal diferenciación, cuando en realidad se supone que tanto los camiones de menos de seis toneladas o aquellos mayores a ese peso, realizan una misma función comercial, de manera que la excepción apuntada deviene en arbitraria y lesiva del derecho propugnado en el ordinal 33 de la Constitución Política. Finalmente, respecto a la razonabilidad en el fin previsto por el Decreto impugnado, estima se restringe el derecho al comercio, el cual se ve limitado en atención a esa característica de peso. Bajo esa consideración, expresa que el Decreto Ejecutivo en cuestión tiene un fin claro, sea la reducción de tiempos en el traslado de vehículos en las llamados “corredores” en horas críticas y, en consecuencia, el ahorro de combustible. No obstante, dicha norma pretente alcanzar ese fin a través de una serie de restricciones que vinculan --inconstitucionalmente- el ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales, como lo son, la libre escogencia del medio de transporte con la actividad propia del ejercicio del derecho al comercio. En consecuencia, afirma que no se puede pretender que el Estado, para alcanzar el fin indicado, vulnere el ejercicio de esos derechos cuando no se encuentra en competencia reglamentaria para hacerlo, pues la Ley inspiradora del Decreto únicamente permite reglamentar el ejercicio del libre tránsito, pero no, la integración de otros derechos de superior jerarquía, puesto que la actividad comercial se encuentra encerrada dentro de una naturaleza mixta, es decir, la privada, en el ejercicio que tiene cada comerciante y, la pública, entendida como el norte hacia donde va dirigida esa actividad empresarial. Por otro lado, asevera que la exigencia de que los vehículos cuyo peso sea menor a seis toneladas estén sujetos a tal restricción, no resulta razonable, por cuanto no se evidencia el interés público que se pueda derivar de tal exigencia, ya que la adecuación de las condiciones del vehículo al servicio objeto de la autorización administrativa, independientemente del pesaje que tenga, tiene un fin empresarial idéntico, elemento que al final de cuentas, es el que debe de primar; máxime que no tiene incidencia alguna para el servicio público el que los dueños de camiones inferiores a seis toneladas puedan ejercer normalmente su actividad empresarial. Agrega que requerir que un camión de determinado peso no pueda circular en las horas normales y necesarias para el desarrollo de la actividad comercial, no mejora ni perjudica en modo alguno, la eficiencia de la restricción cuestionada, además que es público y notorio que esos camiones no se constituyen en un porcentaje considerable de la flotilla vehicular que circula por la Gran Área Metropolitana. En consecuencia, explica que regular una actividad que la Ley de Tránsito no autoriza, en aras del interés público y la seguridad de los ciudadanos, como ocurre con el transporte de mercaderías en camiones de peso inferior a seis toneladas, debe constreñirse a establecer normas de seguridad y de organización que permitan tales objetivos, como por ejemplo, que la administración tenga plenamente individualizados los vehículos que prestan ese servicio y excepcionarlos de la restricción por igual; pero no puede tal reglamentación, limitar irrazonablemente los medios por los cuales deba desarrollarse la libertad de empresa, bajo esquemas meramente subjetivos de la administración y sin ningún criterio técnico que lo justifique o avale. No existe en este caso un acto administrativo válido y motivado, que dé cabida al interés público de la restricción en cuestión para el ejercicio de la actividad comercial, así como tampoco, se desprenden razones de moral, orden público o de afectación a terceros. Además, revela que el acto en cuestión carece de motivación, pues no existe expediente administrativo, ni en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ni en su Comisión Técnica de Transportes, que demuestre un estudio técnico de viabilidad que justifique la restricción de los vehículos inferiores a seis toneladas respecto al horario impuesto. De este modo, propugna que el artículo en cuestión también resulta inconstitucional por violentar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Bajo esta inteligencia, estima que el Ejecutivo pudo alcanzar el fin perseguido por el Decreto, por otro medio que produjera una limitación menos gravosa a los derechos fundamentales antes mencionados, ello con la implantación, por ejemplo, de una excepción ante la restricción para todos los camiones de carga y no sólo para algunos, con lo que concluye que el medio escogido no es razonable para amparar el fin propuesto. Ahora, reclama la inconstitucionalidad del decreto, por la forma jurídica adoptada, en atención al principio de reserva de ley. La normativa constitucional, dice, así como la que contempla la Ley General de la Administración Pública, da lugar a cuatro corolarios, a saber: a) el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente por ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales; b) sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear nuevas, en respeto riguroso de su contenido esencial; c) que ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer; y, d) finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían un abandono de la propia reserva de ley. Arguye, de ese modo, una tesis de inconstitucionalidad contra el Decreto en pugna, por cuanto reclama que éste infringe en forma abierta el régimen de regulación de la libertad de tránsito integrada a la libertad de comercio, prerrogativas tuteladas en forma expresa en los artículos 28 y 46 constitucionales, pues el régimen de regulación de los derechos fundamentales es materia reservada a la ley. Relata que es importante indicar que en el caso bajo estudio, se está frente a un Decreto el cual es un acto administrativo atípico de alcance general pero no normativo, en tanto establece lineamientos de política general en relación a fines, objetivos y metas, para la administración descentralizada. El Decreto en cuestión, se constituye entonces, en un acto administrativo de racionalidad que tiene como finalidad orientar la gestión administrativa en un determinado ámbito o actividad, como una manifestación de la tutela administrativa, con el objetivo de hacer efectivas las potestades, dirección y coordinación que se reconocen al Poder Ejecutivo en el artículo 140 incisos 4) y 8) de la propia Constitución Política. Por ello, las ordenanzas deben ser generales, es decir, no individualizadas a una institución en concreto, ya que lo contrario se traduciría en una orden. Por ende, el Decreto cuestionado se constituye en una verdadera orden dictada en una relación de jerarquía y con un mandato específico, y en esa condición, debe circunscribirse al ámbito organizacional de la Administración, sin que pueda reputarse de la misma un contenido normativo, y por ello, tampoco puede incidir negativamente en derechos de terceros (subjetivos), y mucho menos, en derechos fundamentales. Por ello, reafirma que el Decreto analizado redunda en un exceso de la potestad de dirección que se reconoce al Poder Ejecutivo, en tanto incide directamente en uno de los elementos esenciales que determinan y facultan el ejercicio de dos derechos fundamentales integrados, en este caso, la libertad de tránsito con la de comercio; por cuanto, en ese numeral se establece de manera clara y precisa la restricción de la utilización de determinado medio de transporte (vehículos particulares u otros) en una zona o circunscripción territorial definida, además, del horario y el parámetro a utilizar - número de finalización de la placa de circulación -. Es decir, se implementa el dónde, la hora y el cómo, en relación con la restricción de libertades fundamentales, como lo es la de tránsito integrada con la de comercio. Además, dice que en ningún momento se aclara que la medida sea temporal o transitoria, con lo que se crea un grado de incertidumbre e inseguridad jurídica, que convierte la restricción en una limitación “ad perpetuam”. En síntesis, menciona que al tratarse de una suspensión de la libertad de tránsito integrada al ejercicio de una actividad comercial, se requiere que la emisión de la limitación se estatuya por medio de una ley formal y material, esto es, aprobada por la Asamblea Legislativa a través de los procedimientos ordinarios de formación de las leves -artículo 124 de la Constitución Política v el Reglamento de la Asamblea-. Concluye por lo expuesto, que el Decreto Ejecutivo aludido quebranta en forma abierta el régimen de regulación de los derechos fundamentales -inconstitucionalidad por la forma jurídica adoptada, al no ser la prevista en las normas superiores que conforman el Derecho de la Constitución-. Por otra parte, arguye la existencia de una lesión al principio de legalidad por un exceso en la potestad de reglamentación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Presidencia de la República. En esa inteligencia, expone que el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública sólo puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo. De esta manera, precisa que el inciso 3) del artículo 140 Constitucional regula lo que se denomina la potestad reglamentaria ejecutiva, por medio de la cual se emiten reglamentos ejecutivos que complementan, desarrollan, aplican o ejecutan una ley anterior. Este tipo de reglamentos manifiestan con mayor potencia las características propias de la potestad reglamentaria. A saber, el reglamento ejecutivo es una norma subordinada a la ley, la complementa, no puede derogarla, modificar su contenido, dejarla sin efecto, o contradecir sus preceptos. Por otra parte, los reglamentos de organización se regulan en el inciso 18) del citado artículo constitucional, especialmente referidos a la materia del régimen interior de los despachos del Poder Ejecutivo. Se caracterizan por no requerir de una ley previa y porque se dan específicamente para el ámbito de la organización administrativa. Tanto unos reglamentos como los otros, deben respetar ciertos límites que son propios de la potestad reglamentaria en general. De esos límites le interesa destacar el principio de jerarquía normativa regulado en el artículo 7º de la Constitución y la primacía de la ley. Esa prioritaria situación de la ley respecto del reglamento, surge de su legitimidad, de su carácter soberano, y por esa razón el reglamento se convierte en norma secundaria y subordinada, incluso en el ámbito organizativo interno que es propio de la potestad reglamentaria, porque puede ser total o parcialmente regulado por la ley. Bajo este preámbulo, manifiesta que el Decreto Ejecutivo en cuestión está inspirado, principalmente, en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Tal cuerpo de normas, fue creado para regular una libertad esencial, la de tránsito. Allí es precisamente donde dice, hay un vicio de inconstitucionalidad severo, porque las normas contenidas en el Decreto Ejecutivo citado pretendiendo regular cuestiones estrictamente de tránsito, se involucran o inciden en otros derechos o libertades fundamentales que no son susceptibles de normalización por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo el cobijo de la Ley de Tránsito por Vías Públicas. De esta forma, hace ver que la naturaleza y el régimen de la Ley de Tránsito por Vías Públicas, no permiten al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ni a la Presidencia de la República, establecer limitaciones o restricciones a la libertad de empresa integrada sistemáticamente a la de tránsito, pues los reglamentos ejecutivos de esas leyes sólo pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas, ni crear las no establecidas por ellas, ello por respeto a su “contenido esencial”. Como otro punto, señala la irrazonabilidad y desproporcionalidad de la medida, según constata de la expresión “con un peso superior al tipo C2+ (6 toneladas)”, pues el artículo tercero en párrafo final del Decreto Ejecutivo número 35379-MOPT, contiene una excepción para los vehículos de carga, que concluye que “Para los vehículos de carga con un peso superior al tipo C2 6 la restricción horaria se ha establecido y seguirá operando conforme las disposiciones del Decreto Ejecutivo N’ 34583-MOPT del 19 de junio de 2008, publicado en La Gaceta N° 123 del 26 de junio de 2008”. Por su parte, refiere que las disposiciones expuestas en el artículo anterior, están preceptuadas de la siguiente forma: “Artículo 1°-Restricción vehicular. Todo vehículo automotor de carga, con un peso superior al máximo permitido para la vehículo tipo C2+ (6 toneladas), según el Reglamento de Circulación par Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, Decreto N° 31363 MOPT, no podrá circular de lunes a viernes, inclusive, por las siguientes vías públicas de uso circulatorio ordenado, en el horario y rutas establecidas en el siguiente cuadro…”. En concreto, reclama que la norma dicha exceptúa del horario de restricción a aquellos automotores de carga pesada cuyo peso sea superior a seis toneladas. Bajo este marco, para ese supuesto el horario se reduce significativamente a hora y media de restricción vehicular. Ya en la práctica, considera que la restricción comentada prohíbe la circulación de los vehículos no exceptuados en un perímetro establecido en el numeral 3° de ese Decreto que incluye todo el centro de San José y su periferia. Por ende, hace hincapié en que las principales sucursales donde se registra la mayor cantidad de afluencia de clientes de sus representadas y, por ende, las que registran mayores ganancias para esas empresas, se encuentran ubicadas dentro de ese perímetro, lo que en aplicación de la normativa dispuesta por el Decreto en mención restringe que las unidades de transporte -todas inferiores a seis toneladas- puedan ingresar al área de restricción a dejar y reenviar nueva mercadería a otras sucursales, durante las horas normales en que se realiza tal actividad empresarial. Lo anterior, a su parecer, demuestra que no es cierto que las normas cuestionadas no limiten la actividad comercial, pues no existen posibilidades de abastecer a los negocios en horas fuera de la restricción, cuando se tiene un horario amplísimo que abarca las principales horas donde los negocios tienen abiertas sus puertas al público y, en consecuencia, se hace imperiosa la necesidad que ese constante tráfico de mercaderías se materialice a cualquier hora del día. Asimismo, agrega que con lo dicho, se constata una desproporcionalidad e irrazonabilidad de la excepción impuesta con la implementación de la frase “con un peso superior al tipo CZ+ (6 toneladas)”, pues no existe en el Decreto Ejecutivo razonamiento alguno, ni fundamentos claros o precisos, por los cuales se permita que los vehículos de carga superior a seis toneladas puedan gozar de un privilegio frente al resto de los automotores de carga cuyo peso sea menor al de seis toneladas. En esa línea, la actividad empresarial de los comerciantes propietarios de esos camiones se ve .favorecida significativamente, en detrimento de aquellos cuyos camiones sean inferiores a ese peso. Analiza que todos esos camiones de carga- sin distingo de peso- ejercen una misma función dentro del marco del ejercicio del comercio, pues esa clase de automotores no pueden ser concebidos para fines meramente particulares respecto a su uso, sino a un fin particular con destino público, sea el de llevar materia prima o similares para el normal desarrollo de una actividad comercial concreta, indistintamente del peso que tengan. Incluso, al recurrir a la lógica, argumenta que los camiones superiores al pesaje establecido por el Ejecutivo, provocan un mayor congestionamiento vial por su gran tamaño, y a su vez, presentan un mayor consumo de combustible por necesitar de motores cuya cilindrada es superior a aquellas unidades inferiores a seis toneladas. Dice que en el caso de sus poderdantes, son empresas que tienen en sus flotillas camiones inferiores a seis toneladas que son esenciales para que sus actividades comerciales puedan llevarse a cabo con total normalidad. Si las mercancías o productos no pueden ser trasladados de bodegas centrales a las sucursales -o viceversa-, la actividad comercial se ve mermada considerablemente, con las eventuales consecuencias pecuniarias que de ahí se deriven. Reiterado ha sido jurisprudencialmente por la Sala Constitucional que las normas deben contener un juicio de razonabilidad y proporcionalidad de la medida impuesta frente al fin perseguido; con lo cual, al no existir elementos técnicos que justifiquen la implementación de la frase cuestionada como parámetro diferenciador, su contenido esencial se vacía al punto que provoca una discriminación arbitraria y abierta que, indefectiblemente, produce un exceso en la potestad reglamentaria por parte del Ejecutivo. Incluso, denota que en atención a la redacción del decreto 35379, el artículo remite a lo dispuesto en el numeral 1° del Decreto Ejecutivo Nº 34583-2008, el cual establece una serie de excepciones, con lo que se ve la intención del Ejecutivo de no involucrar los efectos del Decreto en cuestión en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como lo es, precisamente, el del comercio, en el caso de los taxis y en las actividades destinadas al turismo. Con estas medidas también, se afecta el ejercicio de la libertad de comercio de los parqueos ubicados dentro del anillo de restricción, que en este caso lesionan los intereses de las sociedades que representa, las cuales tienen como fin comercial el alquiler de espacios en parqueos privados, para que vehículos de diferente tipo puedan aparcarse en ese lugar mientras sus dueños realizan diferentes labores. En concreto, afirma que los parqueos denominados Parqueo Público Calderón G, Parqueo Aurola, Parqueo Herdocia, Parqueo Avenida siete, Parqueo Dent, Parqueo Alameda, Parqueo Papacitos, Parqueo Recesos, Parqueo Adrián, Parqueo Santa Teresita, Parqueo Santa Lucía, Parqueo los Consultorios, Parqueo Calle Central, se encuentran localizados dentro del área que comprende el anillo de restricción vehicular, con horarios de 6 de la mañana a las 8 de la noche. Refiere que esos negocios son muy grandes, y cuentan con muchos espacios para aparcar diferentes tipos de unidades, tales como camiones medianos y grandes, vehículos particulares y vehículos destinados a empresas privadas, de manera que el sólo hecho de que se impida el ingreso de unidades vehiculares por el último dígito de placa durante todo el día, incide sensiblemente en su actividad comercial. Expresa que el nuevo decreto se fundamentó en un estudio comparativo, con y sin restricción vehicular, elaborado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, que determinó que, en promedio, cada conductor tardaba un 16% más de tiempo en su travesía por los principales corredores viales del centro de San José, desde que la Sala Constitucional suspendió la medida. Destaca que dicho documento se realizó, únicamente, en la franja que abarca las horas denominadas “pico” dentro del anillo de restricción, a saber de 6:00 a 8:30 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Por lo anterior, se aprecia que el Decreto en cuestión establece una limitación irrazonable y no idónea para mitigar el problema del congestionamiento vial en San José. En efecto, si se tiene del informe “Evaluación del Impacto Producido por Eliminar la Restricción Vehicular por el número de Placa en San José” que los problemas apuntados se dan entre un rango específico de horas críticas, pues lo lógico es que el Ejecutivo imponga una medida ajustada proporcionalmente al problema que la origina, de tal manera que si se demostró que existe un ahorro en los tiempos de tránsito por determinados “corredores” del anillo de restricción, el Reglamento puede imponer limitaciones razonables de acuerdo a esos resultados, sea que la restricción pueda establecerse únicamente a las horas críticas cuyo estudio reveló, y no, desproporcionadamente, a horas que no se determina con claridad y certeza que resultarán afectadas por los tiempos de travesía en esos corredores viales. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo impugnado no se dicte resolución final, de conformidad con lo expuesto, hasta tanto no sea resuelta la presente acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos es dictar la sentencia, o bien el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deban aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 13 de octubre de 2009.

Gerardo Madriz Piedra,

(IN2009091593) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas y treinta minutos del siete de septiembre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad Nº 09-012767-0007-CO que promueven Alberto Luis Salom Echeverria, Grettel Ortiz Álvarez, José Joaquín Salazar R., Leda María Zamora Chaves, Lesvia Margarita Villalobos Salas, Marvin Rojas Rodríguez, Olivier Pérez González, Orlando Manuel Hernández Murillo, Patricia Quirós Quirós, Patricia Romero Barrientos, Rafael Elías Madrigal Brenes y Ronald Solís D., mayores, diputados de la Asamblea Legislativa, para que se declare inconstitucional la Moción de Orden aprobada por el Plenario de la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria número 57 del diecisiete de agosto del dos mil ocho. Este acto se impugna en la medida en que establece que no existe régimen sancionatorio alguno dentro del ordenamiento jurídico para conocer de la gestión de “Cancelación de credenciales” interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional y la Procuraduría de la Ética Pública contra Fernando Sánchez Campos por la presunta infracción a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Estiman los accionantes que en virtud de dicho acto, se lesionaron los principios democráticos, de participación y representación política, participación de las minorías, así como lo dispuesto en los artículos 41 y 11 de la Constitución Política. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo impugnado no se dicte resolución final, de conformidad con lo expuesto, hasta tanto no sea resuelta la presente acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos es dictar la sentencia, o bien el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deban aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 13 de octubre de 2009.

Gerardo Madriz Piedra,

(IN2009091594) Secretario

JUZGADO NOTARIAL

HACE SABER

Que en el proceso disciplinario notarial N° 06-001118-0627-NO, de Inversiones Loma Rubia del Oeste Sociedad Anónima contra Luis Antonio Cubillo Pacheco, este Juzgado mediante resolución N° 458-2009 de las ocho horas cincuenta y dos minutos del ocho de mayo del dos mil nueve, dispuso imponerle al notario público Luis Antonio Cubillo Pacheco, cédula de identidad número 1-777-380, la corrección disciplinaria de dos meses, de suspensión en el ejercicio de la función notarial, y se mantendrá mientras el notario no compruebe la debida devolución de los documentos mencionados, sea directamente al representante de la sociedad accionante, o por depósito ante este Juzgado. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 14 de agosto del 2009.