CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

TERCERA PUBLICACIÓN

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad.

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 08-14900-0007-CO promovida por la Defensoría de los Habitantes de la República y Freddy Pacheco León en contra de los artículos 34, inciso ch) y 97 inciso g) del Código de Minería. Ley 6797 del 04-10-1982 y sus reformas, se ha dictado el voto número 17155-2009 de las catorce horas del cinco de noviembre del dos mil nueve, que literalmente dice:

“Se declara con lugar la acción en forma unánime, contra los artículos 34, inciso ch) y 97, inciso g) del Código de Minería y en consecuencia, se anulan por inconstitucionales y por conexidad los artículos 24, inciso ch) y 105 párrafo primero del Código de Minería. En cuanto al artículo 6 del Código de Minería, por mayoría se declara que éste no resulta inconstitucional, siempre que sea interpretado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política en los términos de esta sentencia. Por unanimidad, se declara sin lugar la acción en relación al artículo 3º inciso m) de la Ley Forestal. Por mayoría se rechaza por el fondo respecto al artículo 19 inciso b) de la Ley Forestal. En relación a los artículos 1º y 2º del Decreto Ejecutivo Número 34801-MINAET del 13 de octubre de 2008, por mayoría se rechaza de plano la acción. En cuanto a las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, números 3638-2005-SETENA de las 9:25 horas del 12 de diciembre de 2005 y 170-2008-SETENA de las 12:50 horas del 4 de febrero de 2008, por unanimidad se rechaza de plano. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. En relación con la inconstitucionalidad declarada de los artículos 34 inciso ch) y 97 inciso g) del Código de Minería, los Magistrados Armijo, Cruz y Molina dan razones adicionales. Asimismo, salvan el voto y declaran inconstitucional el artículo 6º del Código de Minería con sus consecuencias; y en cuanto al Decreto Nº 34801-MINAET salvan el voto y ordenan continuar con el curso conforme se estableció en el voto Nº 2008-17292. Los Magistrados Armijo y Molina también declaran inconstitucional el artículo 19 inciso b) de la Ley Forestal con sus consecuencias. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.”

Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto

San José, 6 de noviembre del 2009

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009098287). Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la Acción de Inconstitucionalidad número 12598-07 promovida por Enrique Rojas Franco en contra del artículo 8º de 32493 de 9 de marzo de 2005; 14 y 23 de Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y Servicio Notarial de julio 2005; 8 y 20 de los actuales y recientemente vigentes lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial de mayo 2007; resolución 838-2006 Dirección de Notariado, se ha dictado el voto número 17156-2009 de las catorce horas con un minuto del cinco de noviembre del dos mil nueve, que en lo que interesa dice:

“Se rechaza de plano la acción, en cuanto a los lineamientos 14 y 23 de la Dirección Nacional de Notariado, y la resolución número 838-2006 de la Dirección Nacional de Notariado. En lo restante, se declara sin lugar la acción. El Magistrado Vargas declara con lugar la acción en todos sus extremos y con sus consecuencias.”

San José, 6 de noviembre del 2009.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009098289). Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintinueve de octubre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 09-009753-0007-CO interpuesta por Constructora Carlos Muñoz Sociedad Anónima, para que se declare inconstitucional el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su texto original y según reforma operada por el artículo 217.4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley número 8508 de 28 de abril del 2006 por estimarlo contrario a los artículos 33 y 41 de la Constitución Política. La norma se impugna en cuanto la posibilidad de que la representación del Estado pueda ampliar en un tercio el plazo conferido en el proceso, constituye una discriminación odiosa que crea una desigualdad procesal en perjuicio del ciudadano, lo que infringe los numerales 33 y 41 de la Carta Magna. Por los mismos motivos debe ser declarada la inconstitucionalidad del texto original del numeral 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 30 de octubre del 2009

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009098454). Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas cincuenta minutos del veintinueve de octubre del dos mil nueve, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 09-006130-0007-CO interpuesta por Eric Thormaehlen Hanke en su condición de representante de Coricafe Sociedad Anónima; para que se declaren inconstitucionales los artículos 5º y 7º de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Alajuela, que es Ley número 8236, por estimarlos contrarios a los principios constitucionales de no confiscatoriedad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad contemplados en la Constitución Política. Las normas se impugnan en cuanto la fórmula utilizada para el cálculo del impuesto de patentes que utiliza el cantón de Alajuela arroja en determinados casos, como el de la accionante, un monto que absorbe la totalidad y más de la renta final disponible. Señala que su representada es una empresa cuya actividad es la exportación de café, actividad que por su naturaleza ha sido declarada como de interés público y específicamente regida por la Ley de Régimen de Relaciones de Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café. Indica que con fundamento en los artículo 5 y 7 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Alajuela, su representada debe cancelar a la Municipalidad una suma que representa aproximadamente el 105% de la renta neta antes del pago del impuesto sobre la renta y el 150% de la renta disponible después del pago citado. Se considera vulnerado el principio de no confiscatoriedad que está relacionado con la inviolabilidad de la propiedad privada. Este principio está directamente relacionado con el impacto y magnitud que un determinado impuesto tiene sobre la situación económica del contribuyente y no de la tarifa alícuota del impuesto en cuestión, aisladamente considerada. La confiscación de la propiedad del contribuyente tiene que analizarse precisamente en relación con el efecto confiscatorio que genera la aplicación de un tributo sobre el derecho de propiedad y no a la luz de un dato abstracto como lo es la tarifa del tributo. En ese sentido, si la tarifa del impuesto de patente fuera 100 veces mayor, es decir, un 15% por ciento en vez de un 0.15%, pero se calculará sobre la renta neta de su representada, se obtendría una suma menor. Aduce que no es posible hablar de ausencia de confiscatoriedad, simplemente por el hecho de que la tarifa del impuesto sea relativamente bajo, dado que lo es realmente importante es la conjunción de esa tarifa con la base imponible del impuesto y el impacto económico sobre el contribuyente en particular. Variando la base imponible del impuesto, aún si se aumenta 100 veces la tarifa del impuesto, se termina pagando una cantidad siete veces menor que con la actual configuración del impuesto. Señala que todo impuesto que tome como base de cálculo la renta bruta del contribuyente, independientemente del porcentaje de su tarifa, es desde su creación inconstitucional en su aplicación al caso particular, puesto que tendrá que pagarse incluso por un contribuyente que tenga pérdidas o ganancias exiguas. Menciona que el efecto potencialmente confiscatorio de los artículos 5º y 7º cuestionados, ha pasado relativamente desapercibido en nuestro sistema tributario, precisamente, porque su metodología de cálculo afecta más a unos contribuyentes que a otros. En ese sentido, cuantos más altos sean los márgenes de utilidad de una empresa o actividad, menos se ve afectada por este impuesto, mientras que para empresas que tiene un margen de utilidad reducido y que por ende, para que el negocio sea rentable requieren de altos volúmenes de transacciones, el impacto es mucho mayor. Además, agrega que el reducido margen de utilidad con que opera su representada, no es producto de una decisión empresarial, sino de que la actividad de comercialización y exportación de café opera con precios regulados por ley. Añade que el impuesto de patentes siempre se calculará con base en las rentas brutas y por eso mientras que para algunos contribuyente el peso de dicho impuesto puede ser muy pequeño e incluso insignificante, para su representada, tendrá un efecto absolutamente confiscatorio, fruto del desprecio que dicha modalidad de cálculo tiene sobre la capacidad económica del contribuyente y que termina por confiscar más del 100% de la renta disponible de su representada. Alega que tal acción supone el quebranto de los principios constitucionales de no confiscatoriedad, de igualdad y de capacidad contributiva, pues no toman en cuenta la situación jurídica particular en la que se encuentra su representada. Por otra parte, expone que el tributo de patente que pretende cobrarle la Municipalidad de Alajuela a su representada ignora por completo el principio de capacidad económica, pues al calcularse sobre una base de ingresos brutos, para nada toma en consideración si el contribuyente tiene capacidad económica para hacer frente al tributo, pues se deberá cancelar el tributo se tengan pérdidas o ganancias exiguas. El mantenimiento de la metodología de cálculo del impuesto en discusión puede ser incluso la causa de quiebra de una empresa como su representada, si se insiste en el cobro de un impuesto aunque no existan utilidades o capacidad económica. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 30 de octubre del 2009

Gerardo Madriz Piedra

(IN2009098456). Secretario

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

HACE SABER:

Que dentro del proceso Disciplinario por Índices, tramitado bajo el expediente 09-001129-0624-NO, establecido por Dirección Nacional de Notariado contra el notario Marvin Abarca Chaves, se dictó la resolución que literalmente dice: “Dirección Nacional de Notariado. San José, nueve horas diez minutos, del veintinueve de junio del año dos mil nueve. Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, en mi condición de Director Nacional de Notariado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 140 y 150 del Código Notarial, inicio proceso disciplinario notarial, contra el notario Marvin Abarca Chaves, carné 13053, cédula: 01-0758-0194, basándome en los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Primero: El Código Notarial, y el Reglamento del Archivo Notarial para la presentación de Índices Notariales, impone a los notarios públicos el deber de presentar quincenalmente los índices notariales, cuenten o no con tomo de protocolo, hayan o no autorizado instrumentos públicos, dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento. La no presentación del índice se sanciona con un mes de suspensión por cada índice no presentado (inciso j) del artículo 143 del Código Notarial). Segundo: Según información suministrada por el Archivo Notarial, certificada por esta Dirección y cuyo original se conserva en el Archivo del despacho, al notario Marvin Abarca Chaves, no ha presentado los índices correspondientes a las siguientes quincenas: primera de abril, segunda de abril, primera de mayo, segunda de mayo, primera de junio, segunda de junio, primera de julio, segunda de julio, primera de agosto, segunda de agosto, primera de setiembre, segunda de setiembre, primera de octubre, segunda de octubre, primera noviembre, segunda de noviembre, primera de diciembre y segunda de diciembre del 2005, primera de enero, segunda de enero, primera de marzo, segunda de marzo, primera de abril, segunda de abril, primera de mayo, segunda de mayo, primera de junio, segunda de junio, primera de julio, segunda de julio, primera de agosto, segunda de agosto, primera de setiembre, segunda de setiembre, primera de octubre, segunda de octubre, primera noviembre, segunda de noviembre, primera de diciembre y segunda de diciembre del 2006, primero de abril, segunda de abril, primera de mayo, segunda de mayo, primera de junio, segunda de junio, primera de julio, segunda de julio, primera de agosto, segunda de agosto, primera de setiembre, segunda de setiembre, primera de octubre, segunda de octubre, primera noviembre, segunda de noviembre, primera de diciembre y segunda de diciembre 2007, primera de enero, segunda de enero y primera de febrero del 2008. Tercero: De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional en Voto Nº 8197-99, el presente proceso disciplinario administrativo es de mera constatación, por lo que constando que el notario Marvin Abarca Chaves omitió presentar el índice indicados se le suspende con un mes por cada índice, sea un total de 63 meses. Conforme lo establece el artículo 148 del Código Notarial, la suspensión impuesta se mantendrá durante todo el tiempo que subsista el incumplimiento. Cuarto: A efecto de garantizar el debido proceso y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 del Código Notarial, se le concede el plazo de ocho días hábiles, para que acredite mediante documento idóneo, haber cumplido con la presentación de los índices señalados, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá a ejecutar la suspensión impuesta. En caso de demostrar que ha cumplido, antes de la notificación de ésta resolución, se dará por terminado este proceso y de hacerlo en fecha posterior, la sanción se reducirá a la mitad. En caso de que la suspensión ya haya empezado a regir, se aplicará la misma reducción, siempre que el tiempo transcurrido así lo permita. Señalamiento para notificaciones: Dentro del mismo plazo concedido, deberá el notario Marvin Abarca Chaves, indicar lugar dentro del perímetro de este Circuito Judicial, donde atender futuras notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores que se dicten, se les tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas; igual consecuencia se producirá si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente, con la posibilidad de señalar un número de fax donde atender notificaciones, el cual deberá estar instalado dentro del territorio nacional; bajo apercibimiento de que si el medio escogido, imposibilitare la notificación por causas ajenas al despacho, se producirán iguales consecuencias a las señaladas con respecto a la notificación automática, dentro del plazo de veinticuatro horas. Notifíquese al notario Marvin Abarca Chaves, en su oficina notarial (Voto Nº 8197-99, de la Sala Constitucional), ubicada en: San José, Desamparados, urbanización El Diamante, casa 20-B, la dirección reportada por el notario a esta Dirección y que consta en el Registro Nacional de Notarios. Se comisiona al Juzgado Contravencional de Desamparados.

San José, 28 de octubre del 2009.