BOLETÍN JUDICIAL Nº 42 DEL 02 DE MARZO DEL 2010

JUZGADO NOTARIAL

TRIBUNALES DE TRABAJO

Causahabientes

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Edictos Matrimoniales

Edictos en lo Penal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional para la Selección y Eliminación de Documentos CISED en acta Nº 03-2006, del 1º de setiembre de 2006, artículo I, aprobada por el Consejo Superior en sesión Nº 83-06, del 2 de noviembre del 2006, artículo XLIV, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Expedientes de Violencia Doméstica de los años 2006 al 2007 del Juzgado Especializado contra la Violencia Doméstica de Alajuela, La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa: V 5 A 06

Expedientes: 2760

Paquetes: 38

Año: 2006

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica

Remesa: V 1 A 07

Expedientes: 2485

Paquetes: 36

Año: 2007

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso. Publíquese dos veces más en el Boletín Judicial.

Alfredo Jones León

(IN2010014009) Director Ejecutivo

PRIMERA PUBLICACIÓN

Sección de Asesoría Legal.—San José, a las once horas del dieciocho de febrero de dos mil diez. No habiendo sido posible localizar a Víctor Julio Carvajal Solano, cédula Nº 03-0315-0287, y en virtud de seguirse causa administrativa por no haber presentado el informe pericial desde el 19 de junio de 2009, pese a que había aceptado el cargo previamente, notifíquese por medio de Edicto la resolución, dictada por esta Dirección que literalmente dice: Inicio del procedimiento Nº 3592-08.—Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, a las once horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil nueve. A fin de determinar lo que administrativamente corresponda, se le concede al señor a fin de determinar lo que administrativamente corresponda, se le concede al señor Víctor Julio Carvajal Solano, cédula Nº 3-315-287, mayor, costarricense, perito, cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente del recibo de la notificación de esta resolución, para que informe por escrito, aportando las pruebas de descargo que considere pertinentes, respecto a la queja presentada por el Juzgado Civil de Cartago. Específicamente se le atribuye al señor Carvajal Solano no haber presentado el informe pericial solicitado desde el 19 de junio del año en curso, pese a que había aceptado el cargo previamente; lo anterior dentro del Expediente Nº 07-000809-0640-CI. Asimismo, se inicia este procedimiento de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos en el Poder Judicial y se nombra Directora del Procedimiento Administrativo a la Licenciada Ana Patricia Álvarez Mondragón, con las facultades que le confiere la Ley General de Administración Pública al órgano director del procedimiento; a efecto de que en aplicación del debido proceso realice la instrucción pertinente, tendiendo a verificar la verdad real de los hechos que sirva de motivo al acto final. Esta resolución se notifica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º y siguientes de la Ley de Notificaciones Nº 8687 del 4 de diciembre de 2008 y el artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, reformado mediante la citada Ley. Se previene al señor Carvajal Solano, que en el término de cinco días hábiles, debe señalar como medio para atender notificaciones, número de fax, o cuenta de correo electrónico o cualquier otro medio que permita la seguridad del acto de comunicación, conforme a lo dispuesto en el capítulo III de la citada Ley de Notificaciones. En caso de no cumplir con esta prevención, las resoluciones que se dicten posteriormente se le notificarán de forma automática, conforme lo dispone el artículo 11 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales. Notifíquese. Exp. Administrativo PE-182-09/.

Lic. Alfredo Jones León

(IN2010015665) Director Ejecutivo

SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Expediente Nº 09-006254-0007-CO.—Res. Nº 2009013590.—Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.—San José, a las catorce horas y cuarenta y un minutos del veintiséis de agosto del dos mil nueve.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Jeffry Madrigal Angulo, mayor, casado, portador de la cédula de identidad número 1-987-368, vecino de Gravilias de Desamparados; contra el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 12915-E-P-del 31 de agosto de 1981 que es Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente. Intervino también en el proceso Ana Lorena Brenes Esquivel en representación de la Procuraduría General de la República.

Resultando:

1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de abril del 2009, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nº 12915-E-P-del 31 de agosto de 1981. Alega que la norma lesiona los artículos 56 y 192 de la Constitución Política, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de libre elección del trabajo, de igualdad y no discriminación en el acceso a los cargos públicos. El artículo impugnado sanciona al funcionario que renuncia expresamente a un nombramiento excluyéndolo del Registro de Oferentes por el resto del curso lectivo sin tomar en consideración las razones por las cuales tuvo que hacerlo. Destaca el accionante que la desestimación de los nombramientos por parte de los oferentes, en muchos casos, tiene una causa legítima que la justifica, como sería que el nombramiento ofrecido no llene las aspiraciones o necesidades del docente. Desde ese punto de vista, resulta desproporcionado e irracional la existencia de una norma en el ordenamiento jurídico que permita al Ministerio de Educación Pública castigar a un servidor, con la exclusión del Registro de Elegibles por todo el curso lectivo, privándolo de su derecho a laborar en otro centro educativo de su interés, donde pueda satisfacer sus aspiraciones.

2º—A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto existe un recurso de amparo que se tramita en el expediente número 09-004632-0007-CO, en el cual mediante resolución de las once horas seis minutos del veintisiete de marzo del 2009 se otorgó plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra la norma impugnada.

3º—Por resolución de las catorce horas veinticinco minutos del doce de mayo del dos mil nueve (visible a folio 21 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República.

4º—La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 25 a 37. Sobre la legitimación expresa su conformidad en tanto fue la misma Sala la que legitimó al actor para que interpusiera la acción. En relación con el fondo estima que el análisis de la norma cuestionada debe realizarse exclusivamente desde la perspectiva del derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos, como garantía del sistema estatutario docente. Nuestra Constitución reconoce dentro del elenco de derechos fundamentales innominados, de los que son titulares tanto los nacionales como los extranjeros, el derecho de acceder a los cargos públicos o a la función pública, derecho que se encuentra implícitamente plasmado en los artículos 33, 191 y 192 de la Constitución Política. La aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad es consustancial al diseño profesional de la función pública, que relega a la categoría de excepcional el sistema de acceso y provisión de puestos de trabajo por razones de emergencia, confianza política o discrecionalidad técnica de manera que se trate solamente de situaciones estricta y razonablemente justificadas. Este derecho es un derecho de configuración legal, que no es indiscriminado e ilimitado, sino que debe ejercerse dentro del respeto a los principios y preceptos constitucionales preestablecidos. De ahí deriva un derecho a la no restricción injustificada de las condiciones de acceso, conforme al cual queda prohibida la imposición de condiciones para el ingreso a la función pública por norma de rango inferior a la ley. La Procuraduría General estima que en ese contexto no resulta legítimo que una norma de rango infra legal, como la aquí cuestionada, disponga una causal de inelegibilidad absoluta por la que se excluye al docente que haya renunciado durante dicho curso a nombramiento en propiedad obtenido por concurso público o a nombramiento interino o sustituto, de cualquier nombramiento interino o sustituto durante el mismo curso lectivo. Recomienda acoger la acción.

5º—Según resolución de las diez horas diez minutos del siete de julio del dos mil nueve, se aceptó la solicitud de coadyuvancia activa de Lena Felicia Bogantes Gutiérrez, cédula de identidad número 6-316-352, Francisco Johanny Zúñiga Talavera, cédula de identidad número 7-105-790, Dorian Efraín Leitón Jiménez, cédula de identidad número 1-951-653 y José Francisco Barrantes Artavia, cédula de identidad número 1-954-584 (ver folio 72).

6º—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 102, 103 y 104 del Boletín Judicial, de los días 28 y 29 de mayo y 1° de junio de 2009 (folio 24).

7º—En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,

Considerando:

I. Sobre la admisibilidad. La acción es admisible, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 73 a 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues su objeto es de los indicados en los numerales 10 de la Constitución Política y 73 de la Ley citada. El actor cuenta con legitimación procesal fundamentada en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley referida pues mediante resolución de las once horas seis minutos del veintisiete de marzo del dos mil nueve, dictada en el recurso de amparo que se tramita en el expediente número 09-004632-007-CO, la Sala le otorgó plazo para la interposición de una acción de inconstitucionalidad.

II.—Objeto de la impugnación. La norma dispone:

“Artículo 9º—Quienes durante el curso renuncien a nombramiento en propiedad, obtenido por concurso público para el curso lectivo de que se trate, nombramiento interino o sustituto no podrán ser nombrados para ningún otro puesto con carácter de interno o sustituto durante el mismo curso lectivo.”

III.—Sobre el fondo. Derecho de acceso a la función pública. Ciertamente, el tema de fondo que plantea la norma impugnada se refiere al ejercicio del derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, cuestión que está ineludiblemente relacionada con el aspecto de idoneidad. Del contenido de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política se infiere la existencia del derecho de acceso al empleo público. En este sentido, el artículo 191 dispone que un estatuto regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con fundamento en lo que son los principios básicos del régimen de empleo público, a saber, escogencia por idoneidad y estabilidad en el empleo, derivados del artículo 192 constitucional. Así lo expresó la Sala Constitucional en la sentencia 140-93 de las 16-05 horas del 12 de enero de 1992:

“(…)La Constitución exige para el ingreso al Servicio Civil idoneidad comprobada y el desempeño de la función pública, requiere, además, eficiencia. El primero de estos dos principios significa que es condición necesaria para el nombramiento de los servidores públicos, “con las excepciones que esta Constitución o el Estatuto de Servicio Civil determinen”, tener o reunir las características y condiciones que los faculten para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o cargo público, es decir, reunir los méritos que la función demande. El segundo significa no sólo la realización de los cometidos públicos (“eficacia”, como se entiende en la Ciencia de la administración), sino también, llevarlos a cabo de la mejor manera (buena calidad y menores o mínimos costos, por ejemplo).”

Sobre el tema del acceso al empleo público, este Tribunal ha señalado que contrario a lo que sucede en otras latitudes, la Constitución no contiene ningún artículo donde se reconozca de modo expreso la existencia de un derecho fundamental a acceder a las funciones y cargos públicos. No obstante, a través de su jurisprudencia la Sala ha reconocido, expresamente o implícitamente, su existencia como derecho fundamental, entendiendo que es un corolario imprescindible e ineludible del principio de igualdad, que impregna diversas disposiciones constitucionales y es el sustrato de diversos derechos de aquella naturaleza, del derecho al trabajo, y, en esencia, del carácter democrático de la comunidad nacional. Por ello, no es necesario insistir en el reconocimiento del derecho de todos a acceder a los cargos públicos -y no solamente a los de elección popular- en condiciones de igualdad, descontado desde luego el régimen de requisitos aplicable en cada caso. Siguiente este criterio, en la sentencia número 3529-96 la Sala señaló que ese derecho es comprensivo no solo del ingreso al cargo, sino del derecho a desempeñar el cargo de acuerdo con lo que está legalmente establecido (derecho a desarrollar las facultades, deberes y responsabilidades) y del derecho a la permanencia en él -noción que adhiere a la llamada “estabilidad laboral”-, de manera que el funcionario o servidor público solamente puede ser removido del cargo al que accedió en virtud de causas legalmente previstas a ese efecto, y previo procedimiento que garantice su derechos de audiencia y defensa. Es así como el ejercicio de este derecho va más allá del mero ingreso al cargo y comprende también la estabilidad y su desempeño.

IV.—Sobre el principio de reserva legal en materia de empleo público. El artículo 192 constitucional dispone que la regulación del derecho fundamental de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos está reservado a la ley. Sobre este aspecto la Sala se pronunció en el voto 140-93 ya citado:

“Ahora bien, la Constitución se limitó a enunciar esos principios y dejó su desarrollo a una ley -especial por su denominación y por la materia-, cuando dispuso que “un Estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos”. En consecuencia, es el Legislador ordinario quien tiene el cometido constitucional de elaborar la regulación de la relación de empleo público. Empero -y esto es vital- esa facultad sólo podrá ejercitarse válidamente, dentro del marco infranqueable fijado por los cánones constitucionales referidos; todo ello sin perjuicio, por supuesto, del ejercicio de la potestad reglamentaria conferida al Poder Ejecutivo, prevista en los incisos 3) y 18) del artículo 140 la Carta Política (véase en relación con algunos de los aspectos aquí tratados, los Votos de esta Sala, Nos. 1696-92 y 3409-92). IV.—El Estatuto del Servicio Civil, por su origen, naturaleza y ubicación dentro de la Constitución Política, responde al concepto de lo que la doctrina iuspublicista europea conoce como “ley orgánica”, que se refiere a las que en forma básica, regulan determinadas instituciones del Estado, especialmente las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y que, sin implicar en sí mismas una diferencia de rango formal con el resto de las leyes emanadas del Poder Legislativo, su aprobación debe sujetarse, estrictamente, a las disposiciones constitucionales que le dan contenido. Y se ha llamado “estatuto”, con lo que la Constitución Política le da la connotación, desde el punto de vista de la dogmática jurídica, a lo que tradicionalmente se reconoce como el acto normativo que contiene las disposiciones fundamentales sobre la organización y el funcionamiento de un ente u órgano público. Esto quiere decir que se concibe al Servicio Civil como una estructura especial u organización, cuya pertenencia legítima al mismo, le concede al servidor el disfrute pleno de sus beneficios y la protección especial de un derecho fundamental, la estabilidad, en los términos ya determinados por esta Sala (véase entre otros, Voto Nº 743-92). En resumen, el Estatuto del Servicio Civil, aunque es una ley ordinaria y por ello susceptible de ser reformada, adicionada, complementada o disminuida en su contenido por otra ley, siempre debe ser el resultado de la observancia precisa, al menos, de los principios que definen su marco constitucional.”

Este Tribunal ha señalado que la regulación legal del derecho incluye no solo los requisitos de admisión, sino las condiciones de permanencia, así como las causas de remoción, las prohibiciones e incompatibilidades. El derecho de acceder a los cargos públicos o a la función pública es entonces, un derecho de configuración legal. Por ello, es válido que el legislador establezca determinados requisitos en tanto estos respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad constitucionalmente previstos. La Sala ha considerado que la “idoneidad” a la cual alude la Constitución Política no se refiere solamente a las condiciones “académicas” o “físicas”, sino que se trata de un conjunto de elementos o factores de distinta naturaleza que en su conjunto provocan que una persona sea la más idónea para ocupar un cargo determinado. Si la Constitución Política dispone que la “idoneidad comprobada” es el requisito primordial a observar para acceder al empleo público y constituyendo aquella ley superior a cuyas disposiciones y principios se subordinan en el plano jurídico las personas y los poderes públicos, las normas inferiores necesariamente deberán respetar ese núcleo esencial por ella dispuesto.

El régimen de empleo público supone un proceso selectivo depurador para acceder a la función pública; solo de manera excepcional, se permite la designación de un funcionario según criterios discrecionales, de confianza política o por razones de emergencia. El Régimen de Carrera Docente es un sistema de méritos en el cual, ante una vacante o sustitución del titular en un puesto docente por períodos mayores a un año, la Administración está obligada a llenar la plaza, aún de manera interina, con el oferente mejor calificado. En dicha selección deberán respetarse las garantías de igualdad, mérito y capacidad y se tomará como base las nóminas para elegibles elaboradas al efecto por la Dirección General del Servicio Civil. Cuando se trata de nombramientos por períodos menores a un año, el artículo 96 párrafo segundo del Estatuto autoriza el nombramiento de quien resulte “más idóneo”, sin tener que respetar el orden descendente de la nómina de elegibles. En este sentido, este Tribunal ha señalado a través de su jurisprudencia que la discrecionalidad no autoriza a la Administración a realizar nombramientos de manera arbitraria; siempre y en cada caso, deberá tomar en consideración un conjunto de elementos legalmente determinados y otros configurados por la apreciación subjetiva de la Administración, que permitan seleccionar al “más idóneo” (en este sentido ver votos 2001-5708 de 26 de junio y 11109-2002 de 22 de noviembre).

Si bien este derecho es un derecho de configuración legal, ello no impide, claro está, que se pueden dictar otras normas, por ejemplo de carácter reglamentario, con el objeto de instrumentalizar de manera óptima la aplicación de la normativa legal. Estas normas, sin embargo, deberán respetar el contenido de lo dispuesto en la ley. De aquí que violaría el contenido de ese derecho, cualquier restricción a las condiciones de acceso y permanencia en la función pública establecido por normas de rango inferior. En esa situación está la norma impugnada a través de esta acción, la cual dispone a título de sanción, un motivo de inelegibilidad absoluta por el cual se excluye de cualquier nombramiento interino o sustituto durante el mismo curso lectivo, a quien haya renunciado durante dicho curso a un nombramiento en propiedad, sea por concurso público o por nombramiento interino o sustituto. Tal disposición se convierte en un motivo de exclusión de entrada, sin consideración alguna, que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que prevé la Constitución Política. La Sala ha analizado ampliamente el principio de reserva legal y ha señalado:

“II.—Sobre el principio de reserva legal.

“XV.—Lo anterior da lugar a cuatro corolarios de la mayor importancia para la correcta consideración de la presente acción de inconstitucionalidad, a saber:

En primer lugar, el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales —todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables—;

En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su “contenido esencial”; y

En tercero, que ni aun en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer; de donde resulta una nueva consecuencia esencial:

Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley.” (sentencia Nº 3550-92 de 16:00 horas de 24 de noviembre de 1992)

En este caso, el artículo impugnado –norma reglamentaria-, contiene una cláusula de impide ser elegido, lo que supone una restricción al derecho de acceso a la función y cargos públicos. Ello constituye una vulneración evidente al principio de reserva ley y al de acceso en condiciones de igualdad, a la función pública, pues excluye de entrada, a un grupo determinado de funcionarios de los concursos de provisión para ciertos puestos de la Administración. Esa causa de exclusión se convierte tácitamente, en una verdadera presunción irrazonada de inidoneidad para el desempeño de la función, en relación con personas que podrían reunir las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo del puesto en concurso.

V.—Sobre el principio de razonabilidad. El accionante manifiesta que la norma viola también el principio de razonabilidad, el cual la Sala ha elevado a la categoría de parámetro de constitucionalidad. No obstante que no acredita debidamente y con prueba idónea, la irrazonabilidad jurídica de la norma que impugna, la Sala ha manifestado que en ausencia de esa fundamentación, puede asumir el papel de contralor de la razonabilidad de las leyes, en aquellos supuestos en los cuales la irrazonabilidad es manifiesta. La doctrina alemana hizo un aporte importante a este tema al lograr identificar claramente sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que ya han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia constitucional:

“... La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea “exigible” al individuo... (Sentencia de esta Sala número 03933-98, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho).

En la sentencia número 08858-98, de las dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se indicaron las pautas para su análisis, tanto de los actos administrativos como de las normas de carácter general:

Así, un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: es necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados.”

Analizada la norma, la Sala no encuentra un bien o interés concreto de la colectividad cuya tutela justifique la limitación al derecho de acceso al empleo público que aquella contiene; la norma no es necesaria. Si se presume que el motivo para su promulgación fue el deseo del legislador de procurar una mejor organización y mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, ello podría haberse logrado sin necesidad de lesionar derechos individuales como el de acceso al empleo público o principios como el de legalidad. La norma entonces no resulta idónea. Finalmente, tampoco es proporcional, en tanto al no existir un interés público concreto que tutelar, la limitación al derecho fundamental que impone es por mucho, superior al posible beneficio que con ella se pretende lograr.

VI.—Conclusión. El artículo 9º del Decreto Ejecutivo Nº 12915-E-P vulnera el principio de reserva legal, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que, para el acceso a la función pública, se derivan del artículo 192 de la Constitución Política y el principio de razonabilidad. Por tanto:

Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el artículo 9º del Decreto Ejecutivo N° 12915-E-P, Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. / Ana Virginia Calzada M., Presidenta a. í. / Adrián Vargas B. / Gilbert Armijo S. / Ernesto Jinesta L. / Fernando Cruz C. / Rosa María Abdelnour G. / Roxana Salazar C.

San José, 16 de febrero del 2010.

Gerardo Madriz Piedra

1 vez.—(IN2010014648) Secretario

PRIMERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas y treinta minutos del uno de febrero del dos mil diez, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 10-000782-0007-CO que promueven Gabriel Rivas Ducca, mayor, casado, biólogo, vecino de San José, en su condición de Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Asociación de Comunidad de Ecologistas La Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica (Coeco Ceiba-Amigos de la Tierra) cédula jurídica 3-002-248583, Juan Luis Salas Villalobos, mayor, costarricense, casado, agricultor, vecino de Alajuela cédula 2-407-895 en su condición de Presidente con Facultades de Apoderado General con límite de suma de la Asociación para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), cédula jurídica 3-002-447045, María Lidiette Hernández Navarro, mayor, costarricense, soltera, cédula de identidad 9-095-417, vecina de Cartago, en su condición de Secretaria General con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), cédula jurídica número 3-011-409238, Heidi Murillo Quesada, mayor, costarricense, soltera, cédula de identidad 2-522-758, contadora, vecina de Alajuela, en su condición de representante con facultades suficientes para este acto de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) cédula jurídica 3-002-116993, Orfa Dalila Condega Pérez, mayor, costarricense, agricultora, cédula 2-527-519 vecina de Alajuela, en su condición de Presidenta de la Asociación Regional de Mujeres Campesinas del Cantón de los Chiles, cédula jurídica 3-002-547714; Eva Carazo Vargas, mayor, costarricense, en unión libre, psicóloga social, cédula 1-893-621, vecina de San José, Silvia Rodríguez Cervantes, mayor, casada, socióloga, profesora emérita de la Universidad Nacional, cédula 8-760-931, vecina de Heredia, Eduardo Aguilar Espinoza, mayor, soltero, agroecólogo, cédula 4-164-494, vecino de San José, José María Villalta Flórez-Estrada, mayor, costarricense, en unión libre, abogado, cédula 1-977-645 vecino de San José, Nancy Hidalgo Dittel, mayor, costarricense, Ingeniera Agrónoma, cédula de identidad 1-461-501 vecina de Cartago, José Oviedo Chaves, mayor, costarricense, agricultor, cédula 1-506-146, vecino de San Antonio de Escazú, Fabián Pacheco Rodríguez, mayor, costarricense, ingeniero agrónomo, integrante de la Asociación de Ecología Social (AESO), cédula de identidad 1-1017-021, vecino de San José, Jaime Enrique García González, mayor, costarricense, casado, doctor en Ciencias Agrícolas, cédula 1-0533-0503, vecino de San José, Grace García Muñoz, mayor, costarricense, soltera, socióloga, cédula 1-0896-0508, vecina de San José y Alejandra Bonilla Leiva, mayor, costarricense, casada, cédula 3-208-425 todos integrantes de la Red Nacional de Coordinación en Biodiversidad, para que se declare inconstitucionalel Decreto Ejecutivo Nº 34958 MINAET-COMEX, publicado en el Alcance Nº 53 de La Gaceta Nº 242 del 15-12-2008. “Reglamento al artículo 80 de la Ley de Biodiversidad”, por estimarlo contrario a los artículos 1, 9 y 50 de la Constitución Política. La norma se impugna en cuanto lesiona el derecho de participación ciudadana en los asuntos relacionados con el Gobierno de la República, derivado del Principio Democrático (artículo 9 párrafo primero de la Constitución Política), específicamente el derecho de participación en el proceso de emisión de normas de aplicación general, susceptibles de afectar directamente el derecho de la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, incluyendo la protección efectiva de la biodiversidad y sus elementos asociados. Estos derechos fueron violentados durante el procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo para la aprobación del reglamento impugnado con lo que se lesiona también el precepto 50 constitucional, según el cual toda persona está legitimada para denunciar los actos que infrinjan este derecho y exigir la reparación del daño causado, pues en la medida en que se afecta el derecho del pueblo a participar, se está obstaculizando el ejercicio de esa amplia legitimación que nuestra Constitución reconoce. El Decreto impugnado, tiene por objeto regular la materia ambiental, en concreto la protección de la biodiversidad nacional y sus elementos asociados, como el conocimiento tradicional de las comunidades locales derivado de su uso o conservación. Reglamenta el artículo 80 de la Ley de Biodiversidadn número 7788, de fundamental importancia para garantizar la protección de la biodiversidad. Su consecuencia directa es la limitación, restricción e incluso modificación de los efectos y alcances de la norma legal. Sin embargo, el reglamento no fue sometido a un proceso de información o consulta a la población costarricense de previo a su promulgación definitiva, incumpliéndose de esta forma la obligación de consulta de los anteproyectos de disposiciones de carácter general, establecida en el artículo 361.2 de la Ley General de la Administración pública, por lo que se negó a la población en general, que tiene un interés difuso en la protección efectiva de la biodiversidad nacional, como las organizaciones representativas de intereses generales o corporativos que igualmente pueden resultar afectos por cualquier innovación o modificación normativa que incida sobre elementos que protegen elementos de la biodiversidad, lo que viola el derecho constitucional a la participación ciudadana y el principio democrático, pues la introducción expresa del principio de participación en la Constitución, efectuada en la reforma del año 2003, implica que la participación del pueblo en la toma de decisiones dejó de ser una medida opcional e implica que la administración pública tiene el deber ineludible de crear mecanismos eficaces y generar las condiciones necesarias para que dicha participación pueda darse, así como cumplir con la aplicación de los mecanismos existentes. Antes de la vigencia de esta modificación al artículo 9 constitucional, el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la obligación de consultar anteproyectos de normas de aplicación general contenida en el artículo 361.2 de la Ley General de la Administración Pública (2002-6515), sin embargo, ello cambió a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, tal y como lo reconoció la Sala en la sentencia 2005-14659 de las 14:24 horas del 21 de octubre de 2005. El procedimiento de aprobación del reglamento impugnado en esta acción también lesiona de manera severa el derecho consagrado en el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política que incluye el derecho de toda persona a participar en aquellos asuntos donde se discuta una posible afectación al ambiente, contemplado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El procedimiento de promulgación de la norma reglamentaria impugnada violó las normas y principios constitucionales ya indicados, porque el reglamento se encuentra directamente vinculado a una norma esencial para la protección del ambiente y la biodiversidad, como es el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad (7788), que establece un mecanismo de control previo para garantizar que cualquier solicitud de concesión de derechos de propiedad intelectual sobre innovaciones relacionadas con elementos de la biodiversidad, se realice respetando los objetivos, fines y principios de la Ley de Biodiversidad y los convenios internacionales para la protección de la diversidad biológica firmados por Costa Rica. Para ello la ley crea un requisito de consulta obligatoria a la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) que deberán cumplir todas aquellas oficinas estatales encargadas de tramitar y resolver solicitudes de derechos de propiedad intelectual, cuando esas solicitudes versen sobre invenciones derivadas de elementos de la biodiversidad o que involucren dichos elementos, esta consulta es de efecto vinculante. Este mecanismo de consulta obligatoria fue establecido por el legislador en razón de que la CONAGEBIO es el órgano técnico especializado del Estado costarricense en materia de acceso, uso y protección de la biodiversidad y sus elementos. El citado mecanismo de consulta es una garantía que busca evitar que se otorguen derechos relacionados con elementos de la biodiversidad, sin haber cumplido con los requisitos establecidos en la normativa nacional para el uso y acceso de los elementos de la biodiversidad, que atentan contra su “conservación y uso ecológicamente sostenible” o que afecten otros derechos protegidos por nuestra legislación y los convenios internacionales, como el derecho a la protección del conocimiento tradicional de las comunidades locales derivado de la biodiversidad. En el caso de Costa Rica –que es un país megadiverso- el control previo establecido en el artículo 80 de la Ley 7788 es una consecuencia del carácter de bienes demaniales que ostentan las “propiedades bioquímicas o genéticas de los elementos de la biodiversidad silvestres o domesticados”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Biodiversidad. Estos son bienes de dominio público protegidos según los principios derivados del artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política, de tal suerte que su acceso, uso y aprovechamiento por particulares solo puede producirse mediante autorización previa del Estado costarricense, cumpliendo las normas de acceso y demás requisitos del capítulo V de la Ley de Biodiversidad. Por eso el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad exige que en la consulta previa a la CONAGEBIO debe aportarse el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de dicha comisión. Este certificado es el documento que permitiría determinar el origen de los elementos de la biodiversidad utilizados en el desarrollo de la “invención” que se pretende patentar o someter a otras formas de propiedad intelectual y rastrear de donde provino el material genético o bioquímico derivado de la biodiversidad nacional y verificar que fue obtenido y utilizado de forma lícita. El Reglamento impugnado afecta la aplicación de normativa esencial para el cumplimiento de los compromisos asumidos por Costa Rica en el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado mediante ley número 7416 de 28 de julio de 1994 y limita considerablemente el ámbito de aplicación y los efectos del precepto legal contenido en el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, con consecuencias directas sobre su efectividad para cumplir los fines perseguidos por el legislador, porque limita los motivos por los cuales la CONAGEBIO puede realizar una oposición fundada, a pesar de que la ley no establece esta limitación (artículo 3). Adicionalmente, el reglamento limita el efecto vinculante de la oposición fundada de CONAGEBIO, establecida en el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, pues en aspectos tan relevantes como el incumplimiento de las normas de acceso, la omisión de aportar el certificado de origen del material utilizado o el consentimiento previamente informado, se indica que estos aspectos serán parte de un informe, no de una oposición fundada de efecto vinculante, como dice la ley. Finalmente, permite otorgar derechos adquiridos de propiedad intelectual (patentes) a quienes han incumplido las normas de acceso y han hecho un uso indebido de los elementos de la biodiversidad nacional, pues aunque la CONAGEBIO determine que tales invenciones se desarrollaron a través de prácticas ilícitas, haciendo uso indebido del patrimonio nacional o ignorando derechos de las comunidades locales reconocidos en la propia ley e instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por el país, el efecto inmediato de la norma cuestionada es que la constatación de tales prácticas ilícitas no pueda impedir jurídicamente que quienes las realizaron deriven derechos adquiridos (patentes) sobre las invenciones obtenidas por esta vía. Esto se concreta en la limitación impuesta a la potestad de oposición fundada de la CONAGEBIO y a su efecto vinculante, sino también en lo establecido en los artículos 5, 6, y 7 del reglamento, que reconoce que el cumplimiento de las normas y requisitos para el acceso, uso y explotación de los elementos de la biodiversidad podrá realizarse de forma “sobreviniente.”. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo impugnado no se dicte resolución final, de conformidad con lo expuesto, hasta tanto no sea resuelta la presente acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos es dictar la sentencia, o bien el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado, en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deban aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 10 de febrero del 2010.

Gerardo Madriz Piedra

(IN2010014646) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las ocho horas treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil diez, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 10-000477-0007-CO interpuesta por Maureen Ballestero Vargas en su condición de diputada a la Asamblea Legislativa, para que se declare inconstitucional el artículo 262 del Código Electoral, por estimarlo contrario a los principios de legalidad, división de poderes, reserva constitucional en materia de cancelación de credenciales, autorregulación del Parlamento y a lo dispuesto en los artículos 9, 11, 33, 35, 99, 102 incisos 3) y 5), 111, 112, 121 incisos 9) y 22) de la Constitución Política. La norma se impugna en cuanto confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la competencia para cancelar las credenciales de los Miembros de los Supremos Poderes, especialmente de los Diputados a la Asamblea Legislativa, sin que exista fundamento constitucional para ello. Refiere que el constituyente estableció taxativamente las causales por las cuales los Miembros de los Supremos Poderes pueden perder su credencial. Dichas causales se encuentran expresamente previstas en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política. En consecuencia, el artículo 262 del Código Electoral, en cuanto autoriza al Tribunal Supremo de Elecciones para cancelar las credenciales a los diputados, incurre en una clara violación del citado principio constitucional de que las causales para la pérdida de credenciales de los Miembros de los Supremos Poderes son taxativas y reguladas directamente por la Constitución. Ninguna de las normas constitucionales le asignan al Tribunal Supremo de Elecciones la competencia de dictar la sentencia o sanción final en casos de denuncias contra los diputados ni contra los otros Miembros de los Supremos Poderes, ni permiten que sea cancelada la credencial de un diputado. La competencia del Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia se circunscribe por mandato constitucional a la investigación de los casos de parcialidad política de los funcionarios públicos y a actividades políticas de funcionarios a quienes esté prohibido ejercerlas. Por esa razón, el artículo 262 del Código Electoral es abiertamente inconstitucional por sustraer de la Asamblea Legislativa o de la Corte Suprema de Justicia, las competencias constitucionales de juzgar a los Miembros de los Supremos Poderes, y por violentar el principio constitucional de juez natural. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 04 de febrero del 2010

Gerardo Madriz Piedra

(IN2010014647) Secretario

JUZGADO NOTARIAL

HACE SABER:

Que en el proceso disciplinario notarial N° 05-000389-627-NO, de María Teresa Fernández Ramírez contra el notario Gerardo Machado Ramírez, este Juzgado mediante resolución número 450-F-2009 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo del dos mil nueve, dispuso imponerle al citado notario Gerardo Machado Ramírez (cédula de identidad 3-191-1110) la corrección disciplinaria de dos meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Dicha sanción, regirá, al amparo del artículo 161 del Código Notarial, ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 29 de enero del 2010.