CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

TERCERA PUBLICACIÓN

Asunto: Acción de inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

Que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente número 10-008059-0007-CO interpuesta por Hilman Salazar Ruiz contra el inciso h) del artículo 133 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del cinco de julio del dos mil diez. Visto el escrito presentado por el accionante en la Secretaría de la Sala a las catorce horas treinta minutos del dos de julio de este año, se resuelve: Se corrige el error material que contiene la resolución de las quince horas treinta minutos del veinticuatro de junio del dos mil diez, en el sentido de que se indicó que la norma que impugna el señor Salazar Ruiz es el inciso h) del artículo 131 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres, cuando lo correcto es que impugna el Inciso h) del artículo 133 de esa misma Ley. En lo demás se mantiene incólume la citada resolución. Notifíquese y publíquese. /Ana Virginia Calzada Miranda /Presidenta.”

San José, 5 de julio del 2010

Gerardo Madriz Piedra

Exonerado.—(IN2010056829) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las catorce horas veinte minutos del veintinueve de junio del dos mil diez, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 10-006667-0007-CO interpuesta por Francisco Saborío Elguezabal, para que se declare inconstitucional el artículo 2 párrafo tercero del Código Electoral, Ley número 8765 del 2 de setiembre del 2009 por estimarlo contrario a los artículos 7 y 33 de la Constitución Política, 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 7 y 21 inciso 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La norma se impugna en cuanto establece un mecanismo de alternancia por género que no es más que una limitación tanto para los candidatos y candidatas a puestos de elección popular como para la persona que vota por estos. La norma en su párrafo segundo da un imperativo legal de que los porcentajes entre los géneros sean de 50-50 para las delegaciones, nóminas y los demás órganos, por lo que obligar más al votante y a los asambleístas cantonales y nacionales de los respectivos partidos políticos, y restringirlos a elegir a una mujer-hombre o hombre-mujer en sus nóminas es una limitación ilegítima a los derechos políticos. Se viola el artículo 33 de la Constitución Política, porque impedir que mujeres u hombres estén ubicados consecutivamente implica una discriminación a personas muy preparadas, tanto mujeres como hombres, de tener más posibilidades de ser elegidos, pues no es lo mismo estar de primero, que de segundo, tercero o cuarto en una nómina. El artículo 2 párrafo tercero viola también el artículo 23 inciso uno, apartado c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Además el inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala las razones por las cuales la ley puede reglamentar los derechos políticos, entre las cuales no se encuentra el género pues no debe haber reglamentación en este apartado, ya que tanto las mujeres como los hombres deben tener las mismas oportunidades en lo concerniente a los derechos políticos y no tener ningún tipo de limitación. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 1º de julio del 2010

Gerardo Madriz Piedra

Exonerado.—(IN2010056830) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las trece horas cincuenta minutos del veintidós de junio del dos mil diez, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad Nº 10-008015-0007-CO, interpuesta por Randall Martínez Chinchilla, para que se declare inconstitucional el artículo 93 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por estimarlo contrario a los artículos 18, 33, 39, 40, 41, 45 y 50 y a los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y capacidad económica o contributiva. La norma se impugna por cuanto contra el accionante se sigue una causa penal, donde se le acusa de haber cometido la acción típica descrita en el artículo por este medio cuestionado. Dicho tipo penal dispone que el agente retenedor o perceptor de tributos o, el contribuyente del impuesto general sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo que, tras haberlos retenido o percibido o cobrado no los entregue al Fisco dentro del plazo debido, será sancionado con prisión de cinco a diez años, siempre que la suma supere doscientos salarios base. Para determinar el monto mencionado, se considerarán las sumas percibidas, retenidas o cobradas, pero no enteradas en el lapso del año calendario. Conforme a la norma en estudio, se señala que la sanción que se impone por retener dolosamente las sumas correspondientes al impuesto general sobre las ventas y el impuesto selectivo de consumo, será de 5 a 10 años de prisión; no obstante, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social establece una pena menor y más flexible al sujeto que no entregue a la Caja el monto de las cuotas obreras obligatorias, ya que remite al artículo 216 del Código Penal, el cual, estatuye que la pena a imponer a la persona que retenga una suma mayor a 10 salarios base, será de seis meses a diez años. Se indica que con ello, a una conducta que consiste en retener una suma que también se adeude al Estado o a sus instituciones, se le aplica una sanción menor que a otra, pese a que la conducta es la misma. Por ende, la penalidad de 5 a 10 años que contempla el numeral tachado de inconstitucional provee un trato discriminatorio y desproporcionado. Además, según se desprende del artículo 59 del Código Penal, sólo tendrán derecho al beneficio de ejecución condicional de la pena los condenados por la retención indebida de cuotas obreras de la Caja, ya que con la disposición de un límite menor de 6 meses y uno superior de 10 años de prisión, el juez está en la posibilidad de valorar qué pena merece la conducta de un acusado, en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Empero, el tipo penal en estudio, dada su penalidad, impediría la aplicación de ese beneficio a favor de cualquier condenado. Como se aprecia, el artículo 93 otorga un tratamiento más duro a la misma conducta genérica, ya que tanto la retención de cuotas de la Caja, como la retención del impuesto general sobre las ventas o del selectivo de consumo, son de orden tributario. En ese mismo sentido, se aduce que la sentencia de la Sala Constitucional Nº 8191-2000, señala que los criterios de proporcionalidad y gradualidad deben analizarse de manera lógico-sistemática; de allí que, la rigidez de la sanción, más la duración de la pena en el tiempo y la importancia del bien jurídico tutelado, permiten arribar a la constitucionalidad o no, de una norma sancionatoria. En el caso de la norma cuestionada, se impone una sanción tan rígida, que no permite su adaptación a la gravedad de la conducta, ya que el mínimo de la pena en caso de encontrar culpable al investigado, nunca podrá ser inferior a 5 años; con lo que no es posible tomar en cuenta la mínima culpabilidad del endilgado, o bien, la existencia de dolo o de una grave situación financiera de la empresa. Así, la sanción resulta muy grave, respecto del bien jurídico protegido, por cuanto, toda conducta calificada como retención de tributos, será sancionada siempre con un mínimo de 5 años, con lo que lo único que se toma en cuenta es el monto de la deuda y no el proceder del acusado. Incluso, se explica que la Sala Constitucional ya ha reconocido que es posible inferir que una sanción resulta excesiva, y por ende, desproporcional e irrazonable, cuando al compararla con otras similares, la pena en ella descrita comprenda extremos más severos. Incluso, al tenor de lo estimado por la Procuraduría General de la República, para que una pena legal cumpla con el principio de proporcionalidad, debe responder a la gravedad de la conducta típica y estar configurada de forma tal, que permita imponer la sanción judicial de acuerdo con las circunstancias de responsabilidad de cada caso concreto, sin que pierda la condición de proporcionalidad. Así, en el examen de proporcionalidad de la pena, lo que corresponde es recurrir al recurso de la comparación entre penalidades, mecanismo que permite determinar la escala de valores de la que parte el sistema. Ahora bien, acorde con el texto de la sentencia Nº 5236-99 de la Sala Constitucional, cita que para realizar el juicio de razonabilidad, la doctrina estadounidense establece que en primer término debe examinarse la llamada razonabilidad técnica, para luego entrar al estudio de la razonabilidad jurídica. De esta manera, cita que si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no resulta razonable. Se agrega a lo dicho que otro vicio de inconstitucionalidad, recae en el diferente plazo de prescripción de la pena de retención indebida que contempla el ordinal 45 de la Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social. El artículo 56 de ese cuerpo normativo, determina que la acción penal y la pena, en cuanto a las faltas contempladas en esa Ley, prescribirán en el término de dos años contados a partir del momento en que la institución tenga conocimiento de la falta. Contrario a lo anterior, el numeral 91 del Código Tributario, declara que la prescripción de los delitos tributarios se atiene a las disposiciones generales que se deriven de los Códigos Penal y Procesal Penal. Otra causa de tratamiento discriminatorio, tiene que ver con los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento del pago debido. Por política de Tributación Directa, los arreglos o fraccionamiento del impuesto no pueden exceder de dos años, pero los arreglos de pago permitidos por el Reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social, pueden tener un plazo de 6 años. La Dirección General de Tributación Directa cuenta con la Directriz Nº DRAC/SDC-011-99 de “Lineamientos generales provisionales para el trámite de aplazamientos y fraccionamientos de pago en los impuestos administrados por esta dependencia”, que se dictó en defecto de la omisión a lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ordena la emisión de un reglamento que regule los casos y la forma en que la Administración Tributaria ejercerá la facultad discrecional de allanarse al aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. Omisión legal que coloca en estado de indefensión al contribuyente y, que puede provocar la apertura de procesos penales, como el que ahora sufre el accionante. La directriz citada contiene plazos máximos de entre 2 y 6 meses, así como porcentajes mínimos de pago inicial que oscilan entre el 30% y el 50 %, parámetros que no tienen relación con la situación económica financiera del deudor, circunstancias que habilitarían la concesión de aplazamientos y fraccionamientos. Con ello, entran en tensión 2 principios, el de la exigibilidad de los tributos causados y el principio reconocido constitucionalmente de capacidad económica o contributiva. Es evidente entonces que, sin esa flexibilidad, la exigencia indiscriminada del tributo podría llevar a la quiebra o cierre de la empresa, y además, producir efectos sociales, económicos y recaudatorios negativos, lo que constituye una violación al principio constitucional de capacidad económica o retributiva. Aduce que la Administración Tributaria ha concedido, aún de manera reciente, plazos de arreglo mayores a los establecidos en la directriz de cita a favor de otros contribuyentes, con lo que se quebrantó lo tutelado en la norma 33 de la Constitución Política y, es la razón - dice el accionante - por la que el artículo acusado de inconstitucionalidad es contrario a los numerales 33, 39 y 41 de la Carta Magna. Finalmente, en virtud de los extremos de la pena que contempla el artículo 93 cuestionado, y según lo dispuesto por el Ministro de Hacienda en nota Nº DM-132-2008 de 4 de febrero del 2008, el artículo 36 del Código Procesal Penal no permite la aplicación del instituto de la conciliación a favor de una persona investigada por este delito. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (Resoluciones Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 1º de julio del 2010.

Gerardo Madriz Piedra

Exonerado.—(IN2010056832) Secretario

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas Nos. 08-012174-0007-CO y 09-008798-0007-CO, interpuestas por César Hines Céspedes, Enrique Rojas Franco, Diego Moya Meza y Manrique Jiménez Meza contra los artículos 3º, inciso a), del Código Procesal Contencioso Administrativo, 4º, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Jurisprudencia de la Sala Primera de Casación que, de conformidad con el último numeral citado, remitía las controversias surgidas en el marco de una relación estatutaria o de empleo público a la jurisdicción laboral, se dictó el VOTO Nº 11034-2010 de las catorce horas y cincuenta y un minutos de veintitrés de junio de dos mil diez, que literalmente dice:

«Se dimensionan los efectos del Voto Nº 9928-2010 de las 15 horas de 9 de junio de 2010, en el siguiente sentido: Las causas pendientes de ser resueltas ante la Jurisdicción Laboral a la fecha de publicación íntegra de esa sentencia en el Boletín Judicial, serán conocidas y resueltas, definitivamente, por ese orden jurisdiccional, para lo cual si se trata de una pretensión que, por su contenido material y régimen jurídico aplicable, se rige por el Derecho Administrativo, el órgano jurisdiccional laboral deberá aplicarlo. Se exceptúan de lo anterior, los procesos que sirvieron de asunto previo o base a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, en los que deberán readecuarse los procesos, si resulta posible o conducente, o tramitarse, desde un inicio, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo auto de pase de la Jurisdicción Laboral. Todos los asuntos planteados a partir del día siguiente a la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial deberán ser interpuestos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o Laboral, según corresponda por el contenido material o sustancial de la pretensión y el régimen jurídico aplicable. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a la Procuraduría General de la República, los accionantes, los coadyuvantes y las autoridades judiciales que conocen del asunto previo. Comuníquese a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y de la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia.»

Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

San José, 30 de junio del 2010.

Gerardo Madriz Piedra,

C-Exonerado.––(IN2010056834) Secretario

SEGUNDA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas treinta minutos del veinticuatro de junio del dos mil diez, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 10-008059-0007-CO interpuesta por Hilman Salazar Ruiz para que se declare inconstitucional el artículo 131 inciso h) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres; por estimarlo contrario a lo dispuesto en los artículos 28, 41 y 45 de la Constitución Política. La norma se impugna en cuanto establece que se impondrá una multa de un cuarenta por ciento de un salario base mensual correspondiente al auxiliar administrativo 1, que aparece en la relación de puestos del Poder Judicial, de conformidad con la Ley del Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se conoce la infracción de tránsito, sin perjuicio de las sanciones conexas. Estima el accionante que la sanción prevista vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, si se toma en cuenta que asciende a la suma de 117.360 colones más un treinta por cierto adicional que se cobra sobre el valor de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, a favor del Patronato Nacional de la Infancia, lo que da un total de 152.568 colones. Adicionalmente, la infracción se sanciona además con la disminución de diez puntos de un total de cincuenta que se asignan a cada persona, lo que significa que con solo estacionar en una zona demarcada con raya amarilla se pierden el veinte por ciento de los puntos otorgados. Alega que la infracción está equiparada en cuanto a la sanción, multa y disminución de puntaje a otras conductas cuyo ejercicio está plenamente demostrado con múltiples estudios técnicos, que sí constituyen en todos los casos un grave peligro para la seguridad vial, en perjuicio de terceras personas, tales como no dar prioridad de paso al tren, al entrar a una rotonda no ceder el paso al vehículo que viaje por dentro, que un vehículo de carga viaje con carga suelta, dañar o alterar los semáforos o señales de tránsito, alterar el taxímetro o “maría” etc. Refiere que el salario mensual de un chofer es de aproximadamente 195.441.85 colones, lo que significa que esa multa representa más de tres cuarta partes de ese salario, lo que demuestra que la misma es irrazonable y desproporcionada. Estacionar en zona demarcada con raya amarilla, no constituye ninguna amenaza para la seguridad vial y cuando mucho, podría ocasionar durante un cortísimo lapso, un leve congestionamiento de tránsito. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 2 de julio del 2010.

Gerardo Madriz Piedra,

Exonerado.—(56833) Secretario

PRIMERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que por resolución de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de junio del dos mil diez, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad número 10-007524-0007-CO interpuesta por Ricardo Harbottle Chinchilla en su condición de Apoderado Especial Judicial de Marco Tulio Portilla Mora, para que se declare inconstitucional el segundo párrafo del inciso c) del artículo 9 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, el cual dispone: “...Si como resultado de dichas investigaciones se comprobare que los candidatos no poseen aptitud satisfactoria, se podrá, en forma temporal o indefinida, no tramitar las ofertas o la elegibilidad del candidato.” Manifiesta el apoderado del accionante que la norma en cuestión lesiona los artículos 39, 40, 42 y 56 de la Constitución Política. La impugna porque permite a la Dirección General del Servicio Civil inhabilitar a una persona para ingresar al Servicio Civil, facultad que se convierte en una sanción de carácter punitivo con carácter indefinido impuesta por una autoridad administrativa, la cual además, solo puede decretarse mediante ley, y no a través de un reglamento. Adicionalmente la inhabilitación permanente constituye una sanción perpetua, que además, limita el derecho al trabajo. Así se informa para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas.

San José, 29 de junio del 2010.

Gerardo Madriz Piedra

Exonerado.—(IN2010056831) Secretario

JUZGADO NOTARIAL

HACE SABER:

Que en el proceso disciplinario notarial Nº 08-000112-0627-NO, de Registro Nacional contra la notaria Ana Patricia Gómez Quesada, este Juzgado mediante resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veintiocho de mayo del dos mil diez, se dispuso dejar sin efecto la sanción comunicada el trece de noviembre del dos mil nueve, en el Boletín Judicial Nº 221 y los oficios correspondientes de la notaria Ana Patricia Gómez Quesada, cédula número 6-174-724. Comuníquese a la Dirección Nacional de Notariado, Archivo Notarial, Registro Nacional y al Registro Civil. Expídase y publíquese el edicto respectivo en el Boletín Judicial.

San José, 22 de junio del 2010.