BOLETÍN JUDICIAL Nº 231 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Remates

Títulos Supletorios

Citaciones

Avisos

Edictos Matrimoniales

Edictos en lo Penal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR N° 178-2013

ASUNTO: Restricción para la concesión de permisos con goce de salario relacionados con lo que dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en sesión N° 90-13, celebrada el 19 de setiembre de 2013, artículo LXXVII, dispuso comunicarles que por las limitaciones presupuestarias existentes, salvo casos excepcionales que demuestren una comprobada afectación al servicio público se restringirá la concesión de permisos con goce de salario, otorgados conforme lo faculta el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en todos los programas presupuestarios y sin excepción de puesto o proyecto.

En los casos en que la necesidad sea comprobada, únicamente se concederán nuevos permisos a oficinas judiciales o puestos específicos para sustituir por períodos menores de 7 días.

Además en toda gestión que implique erogación, incluidas las que gestionen trámites de suplencia, debe necesariamente adjuntarse certificación de contenido presupuestario.

San José, 14 de octubre de 2013.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077939). Secretaria General

CIRCULAR N° 179-2013

ASUNTO: Uso del formulario físico F90, hasta que se implemente el Sistema Automatizado para el Control de Vehículos (SICOVE).

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 92-13, celebrada el 26 de setiembre de 2013, artículo XVIII, acordó comunicarles que respecto al punto 1.16 de la Política hacia Cero Papel, que establece la sustitución del uso de formularios impresos por digitales, en lo que se refiere específicamente a la solicitud de vehículos, no es posible su digitalización hasta tanto se implemente el Sistema Automatizado para el Control de Vehículos denominado SICOVE, que será desarrollado por la Unidad de Tecnología de Información del Organismo de Investigación Judicial; por lo tanto se deben mantener por el momento, los controles internos que existen sobre la solicitud de vehículos con el formulario físico F90.

San José, 15 de octubre de 2013.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077940). Secretaria General

CIRCULAR Nº 180-2013

ASUNTO: Obligación de analizar los procesos y recursos informáticos disponibles para implementar la Política hacia Cero Papel.

A LAS JEFATURAS DE LOS DESPACHOS Y OFICINAS

JUDICIALES SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 92-13, celebrada el 26 de setiembre de 2013, artículo XVIII, acordó comunicarles su obligación de analizar los procesos y recursos informáticos disponibles, a fin de determinar aquellas actividades que están generando mayor consumo de papel y que pueden realizarse en medios electrónicos, lo cual le permitirá al despacho u oficina judicial emitir lineamientos internos para implementar la Política hacia Cero Papel.

San José, 15 de octubre de 2013.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077941). Secretaria General

CIRCULAR N° 181-2013

ASUNTO: Reiteración de la circular 43-98, sobre “Procesos con elevación a juicio en que los imputados son servidoras o servidores judiciales”.

A LOS TRIBUNALES PENALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 93-13, celebrada el 2 de octubre de 2013, artículo CI, acordó reiterarles la circular N° 43-98, denominada “Procesos con elevación a juicio en que los imputados son servidoras o servidores judiciales”, que indica “el deber de informar de aquellos casos elevados a juicio en que los imputados son servidoras o servidores judiciales, así como de su resolución final”.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077942). Secretaria General

CIRCULAR Nº 182-2013

ASUNTO: Modificación del punto VIII, de la circular No. 006-13, sobre “Nombramientos en propiedad en plazas vacantes, modificación y ampliación a las Circulares 84-2011 y 10-2012”.

A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES DEL PAÍS

Y ASOCIACIONES GREMIALES DEL PODER JUDICIAL

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 93-13, celebrada el 2 de octubre de 2013, artículo XCIV, acordó modificar la circular Nº 006-2013, publicada en el Boletín Judicial N° 23 del 1 de febrero de 2013, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“El Consejo Superior en sesión Nº 100-12, celebrada el 15 de noviembre de 2012, artículo L, autorizó la ampliación del modelo extraordinario de llenado de vacantes a través de concursos por antecedentes, para las plazas nuevas o vacantes, generadas a partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, inclusive.

A continuación se resumen los aspectos más relevantes de este proceso:

I. Publicación de concursos: Para las plazas vacantes la Sección de Reclutamiento y Selección promoverá la realización de un concurso por antecedentes, con fundamento en lo que establece el artículo 21 del Estatuto de Servicio Judicial, en el que a las personas participantes se les exigirá únicamente cumplir con los requisitos estipulados en el Manual de Puestos.

Cerrado el concurso, el Departamento de Gestión Humana remitirá a la jefatura de la oficina una nómina, en la que se especifique el número de la(s) plaza(s) vacante(s) y los nombres de las personas que concursaron.

Contrario a la metodología anterior, ninguna persona será incluida de oficio en el concurso, indistintamente el tiempo en el cargo, por lo que únicamente las personas que se inscriban podrán integrar la nómina.

La jefatura respectiva deberá proponer en el plazo máximo de cinco días hábiles el nombramiento en propiedad, correspondiéndole verificar que la persona propuesta cumpla con todos los requisitos de la clase. La Sección de Reclutamiento y Selección previo a remitir al Consejo Superior la nómina, comprobará el cumplimiento de requisitos de la persona propuesta y en caso de que ésta los incumpla, se dejará sin efecto la proposición de nombramiento y la jefatura respectiva deberá realizar una nueva designación con base en la nómina original.

II. Por tratarse de concursos de antecedentes (por atestados), las personas que años atrás resultaron elegibles bajo cualquier otro sistema de selección, y al momento de publicarse un concurso deseen ser consideradas en la nómina de su interés, necesariamente deberán inscribirse en igualdad de condiciones que el resto de participantes.

III. Cadenas de vacantes: En las cadenas de vacantes que surjan producto de los movimientos al aplicar estas disposiciones, también se procederá de la forma indicada anteriormente durante el período de aplicación de este plan.

IV. Clases de puesto que no se consideran en este plan: Se exceptúan de lo resuelto en los puntos anteriores, las clases de puesto que necesariamente requieren de evaluaciones psicológicas tales como Auxiliar de Seguridad, Custodios de Detenidos, Investigadores 1, Agentes de Protección y cualquier otro que por la naturaleza de sus funciones requieren de la valoración de idoneidad mental para portar armas de fuego; así como los cargos de Juez, Defensor Público y Fiscal, que tienen un régimen particular, u otros en donde exista una ley o normativa específica que establezca procedimientos particulares en el proceso de reclutamiento y selección.

En los casos de plazas vacantes que requieren examen de idoneidad mental para portar armas, todos los oferentes serán sometidos al proceso de evaluación y quienes obtengan un resultado positivo serán incluidos en la nómina respectiva.

V. Para las clases policiales de grado superior al Investigador 1, también se proceder á con el nombramiento mediante nómina cumpliendo con los demás requisitos de la clase de puesto.

VI. Las propuestas de nombramiento deberán contar con el consentimiento del jefe o jefa titular de la oficina, una vez que se haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos solicitados para el cargo de interés, de la persona que se proponga. Además, deberá indicar las razones por las que justifica la designación; tomando en cuenta, la eficiencia, la experiencia en labores propias o de índole similar al cargo, régimen disciplinario, antigüedad y cualesquiera otros factores que justifiquen la idoneidad para el puesto.

No se podrá proponer a ninguna persona que no integre la nómina.

VII. Formulario electrónico de inscripción: La presentación de solicitudes de participación en los concursos para las plazas vacantes, se hará únicamente mediante un formulario electrónico, por lo tanto, no se dará trámite a solicitudes que ingresen por algún otro medio (salvo aquellos casos en que el Departamento de Gestión Humana expresamente indique lo contrario).

A este formulario electrónico de inscripción se podrá tener acceso a través de Internet e Intranet, por lo que los jefes de despacho y los administradores regionales deberán facilitar a sus colaboradores, el uso de las microcomputadoras que tengan conexión a las redes para que puedan inscribirse, así como velar por la debida divulgación de los concursos a lo interno de sus oficinas.

En caso de que alguna persona estime que no se le brindaron las facilidades para realizar el trámite, deberá hacerlo de conocimiento del Departamento de Gestión Humana, antes del cierre del concurso respectivo, caso contrario las gestiones no serán recibidas por considerarse extemporáneas.

De igual manera, si alguna persona desea que se le excluya de alguna nómina (clase de puesto y oficina), deberá comunicarlo a la Sección de Reclutamiento y Selección, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al cierre del concurso.

VIII. Período de prueba: Las disposiciones vigentes sobre el per íodo de prueba se aplicarán conforme lo dispone el Estatuto de Servicio Judicial (art. 33 y 34), a las personas que resulten nombradas bajo este procedimiento. Si existe interés institucional y la debida autorización de su superior jerárquico, las personas que están en período de prueba pueden ser nombradas en ascenso, sin embargo, el tiempo que permanezcan ascendidas no les será computado para el período de prueba.

El Departamento de Gestión Humana, a través de Trabajadores Sociales, realizará estudios de vida y costumbres (estudio sociolaboral) para determinar que la persona nombrada reúne las condiciones mínimas requeridas en el aspecto laboral, social y personal.

Dicho estudio se estará realizando inicialmente a las personas propuestas en propiedad, y los resultados se presentarán a las jefaturas de los despachos u oficinas donde fue nombrado o nombrada el o la servidora, para lo que corresponda, antes del vencimiento del periodo de prueba.”

IX. Los jefes de despacho no deberán remitir ninguna propuesta de nombramiento en propiedad que no haya sido originada por un trámite del Departamento de Gestión Humana, es decir, necesariamente deberán esperar la comunicación oficial de este Departamento, una vez que se haya tramitado el concurso para la plaza de interés.

X. No es necesario que las personas interinas soliciten ningún tipo de constancia o certificación de tiempo servido, en virtud de que tal verificación del requisito de experiencia se realizará de manera oficiosa en el momento oportuno, con base en los sistemas informáticos que maneja el Departamento de Gestión Humana, y únicamente para la persona que sea propuesta en el cargo, tal como se indicó en el apartado I.

XI. Conformación simultánea de registros de postulantes: Estos lineamientos extraordinarios se estarán aplicando en forma simultánea junto con la conformación de los registros de postulantes del nuevo modelo de selección aprobado por el Consejo Superior (Circular de la Secretaría de la Corte N° 10-2012); es decir, por un lado las personas interesadas en ocupar un puesto en propiedad deberán participar en los concursos por antecedentes, mientras que quienes deseen realizar los exámenes para integrar los registros de postulantes (para nombramientos interinos y meritorios) podrán esperar las convocatorias según la zona geográfica de interés. La metodología y fines de ambos procesos son completamente diferentes e independientes entre sí.

XII. Por ser una medida de contingencia, lo dispuesto se aplicará a las vacantes disponibles hasta el 31 de diciembre del 2013, incluyendo las que surjan producto de las cadenas que se originen de estos nombramientos.

San José, 22 de octubre de 2013.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077943). Secretaria General

CIRCULAR N° 183-2013

Asunto: Deber de revisar y establecer controles para que el ingreso de la información a los sistemas informáticos, se realice de forma completa.

A LAS JUEZAS COORDINADORAS, JUECES

COORDINADORES, COORDINADORAS Y

COORDINADORES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior, en sesión N° 94-13, celebrada el 3 de octubre de 2013, artículo XLIII, acordó comunicarles que los despachos judiciales que laboran con los denominados “sistemas viejos”, deben revisar y establecer los controles necesarios, de forma que se mitigue razonablemente el riesgo de que el personal omita el registro de cualquier información dentro del sistema de lo contrario se sentarán las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

San José, 22 de octubre de 2013.

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077944). Secretaria General

CIRCULAR N° 184-2013

ASUNTO: Actualización de la circular N° 30-2008 sobre las Buenas Prácticas, para notificar, citar, localizar y presentar personas. Además sobre señalamiento y realización efectiva de debates, y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de la Institución.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 98-13, celebrada el 17 de octubre de 2013, artículo XXXII, acordó actualizar la circular N° 30-2008, y comunicarles su obligación de cumplir con lo dispuesto, que literalmente dice:

1. A los despachos y oficinas judiciales que deban notificar, citar o comunicar, deben de tener presente los siguientes puntos:

a).- Detallar claramente la siguiente información:

Al momento de solicitar datos para la identificación de personas usuarias, con el propósito de facilitar su exacta y pronta ubicación posterior, deben tomar toda la información posible, para que luego sea incluida en las cédulas de notificación y/o boletas de citación, entre ellos se debe recopilar:

• Nombre completo (en lo posible incluir el “conocido como” y de ser necesario aportar fotografías recientes) de la persona a notificar, citar o entregar cualquier comunicado judicial.

• Indicar el número de cédula y/o pasaporte de la persona.

• Dirección completa del domicilio (de forma exacta, coherente y clara con calles, avenidas, número y color de casa, o en su defecto punto de referencia y puntos cardinales).

• En lo posible presentar un recibo de cobro de los servicios públicos de luz, agua o teléfono o bien presentar una fotografía del lugar donde se debe llegar.

• Teléfonos de habitación, celular y trabajo; teléfono de una persona familiar, vecina cercana y de confianza que pueda dar referencia de la ubicación.

• Se debe procurar verificar con terceros, cuando tengan sospechas de información inexacta o falsa.

• De ser posible indicar el lugar de trabajo de la persona (se recomienda aportar fotografías del lugar de trabajo) y la hora en la que se puede localizar, además indicar si la persona tiene diferentes horarios de trabajos y cuales. Con la finalidad de ser utilizadas y aportadas en la orden de notificación, citación o cualquier otra comunicación judicial.

• Motivar a las personas usuarias para que hagan uso de la clave que les permitirá recibir notificaciones, por medio del sistema de la página Web en los casos que corresponda.

b) Sobre confección de cédula de notificación, boleta de citación o comunicado judicial, se debe incluir:

• Incluir toda la información recopilada en el punto anterior donde corresponda.

• Fecha y hora en la cual se realizará la diligencia; además, de mencionar el lugar donde se llevará a cabo e indicar claramente el lugar donde se realizará la audiencia.

• Es importante que se indique de forma clara, la oficina de comunicaciones judiciales o el despacho judicial al que corresponde realizar la diligencia.

• De no existir obstáculo legal, indicar si se trata de una persona imputada, testigo, ofendida, demandada, actora, querellante u otros, a la vez indicar el tipo de delito. Lo anterior con el fin de prever cómo actuar ante la persona.

• Hacer uso de la posibilidad de gestionar viáticos, para asegurar el traslado y la alimentación de las personas testigos de bajos recursos que así lo requieran.

• Firma de la persona encargada, con el respectivo sello de la oficina o la firma digital cuando esta corresponda.

• Finalmente, quien la confecciona debe consignar el nombre y número de teléfono de la oficina o extensión de la persona a la cual puedan dirigirse las consultas referentes a la diligencia solicitada.

c) Otras Buenas Prácticas importantes:

• En el momento que se recibe una denuncia, de ser factible, se debe señalar fecha para la audiencia, se debe notificar en el acto a la o las partes presentes e inmediatamente se debe elaborar la citación o notificación a las partes ausentes.

• Revisar los expedientes con 15 días de anticipación, para evitar la suspensión de los debates o de audiencias, con el fin de determinar si fueron efectuadas todas las gestiones necesarias a las partes involucradas en la causa.

• Efectuar un recordatorio del señalamiento, una semana antes de su celebración, a fin de evitar la inasistencia de las partes por olvido, o para poder gestionar de la manera más efectiva el orden de comparecencia de las personas testigos, en caso de que alguno tenga un impedimento a una hora o en un día particular.

• En los casos que se cuente con el apoyo de la tecnología utilizarla para realizar las comunicaciones a través de correo electrónico, fax, mensajes cortos de texto a celulares, como recordatorio a las partes de la fecha de la audiencia.

• Fijar señalamientos de audiencia en horario accesible, contemplando las particularidades de la zona, sea: tomando en consideración el tiempo en los desplazamientos de las partes que provienen de zonas alejadas.

• Realizar la citación, notificar o comunicar con la mayor anticipación posible, a fin de que las partes puedan gestionar permisos o disponer asuntos personales que habiliten su asistencia al señalamiento.

• Se debe hacer una gestión y una cédula de citación por cada persona a notificar o citar. Incluso una persona puede ser notificada y citada en el mismo acto, dejando las correspondientes constancias.

• Cada gestión debe enviarse como mínimo con dos copias, una para realizar la diligencia y otra para el recibido del despacho con su respectiva boleta de citación. Tomando en consideración que el único papel utilizado, es para salvaguardar el derecho de accesibilidad a la justicia, con relación a las personas que no cuentan con medios tecnológicos.

• Actualizar en el expediente de forma constante y cada vez que se dé un cambio de la dirección o de la última notificación, citación o comunicación llevada a cabo.

• Cuando las partes involucradas brindan como medio de notificación el estrado judicial, es importante solicitarles un medio adicional para recordarles la fecha de la audiencia.

• En el caso de personas imputadas presas, la servidora o el servidor judicial deberá recordar al centro de atención institucional para la presentación puntual de la persona requerida, recordando la fecha y hora del señalamiento, dos o tres días antes de que se realice a efecto de coordinar lo necesario.

• Utilización del sistema de agenda única en las dependencias judiciales que cuenten con este tipo de tecnología, a efecto de disminuir o eliminar choques en los señalamientos.

• Coordinar con los representantes legales de las instituciones estatales y demás instituciones autónomas (Municipalidades, CCSS, INS, JAPDEVA, ICE, RECOPE, PANI, entre otros) involucradas en los procesos para que se presenten a la audiencia donde sean requeridos.

• Realizar reuniones de coordinación con la Fuerza Pública de la localidad con la finalidad de indicarles la importancia de la efectividad de la citación y notificación de las partes del proceso.

• Hacer uso de la videoconferencia en los casos que proceda.

• Se reitera la importancia de la puntualidad del tribunal en las salas de audiencias, así como la necesidad de una dirección del debate respetuoso y eficiente, que permita un espacio razonable a las partes para ejercer la defensa de sus intereses y a la vez impida las pérdidas innecesarias de tiempo. Asimismo, si por algún motivo el debate es suspendido o reprogramado el juez o jueza tramitadora, o quien designe, deberá informar de manera oportuna a las personas las razones de la decisión adoptada.

• Cuando se trate de personas con discapacidad, la cédula de notificación deberá ir acompañada de un documento en un formato accesible de audio, digital, electrónico, Braille o cualquier otro, conforme a los avances tecnológicos y las políticas institucionales de accesibilidad.

• Facilitar el servicio de intérprete, de signos o de los medios tecnológicos que permitan recibir en forma comprensible la información; con este propósito la institución velará por obtener los recursos humanos, materiales y económicos para este fin.

• Maximizar la realización de las notificaciones, citaciones o comunicaciones en forma electrónica.

2. Aspectos que debe considerar la Técnica o el Técnico en Comunicaciones Judiciales:

a) La notificación o citación, puede hacerse por diferentes medios para garantizar que la persona solicitada por el despacho judicial, efectivamente se haga presente en el momento que se requiere; por lo cual se puede solicitar su apersonamiento y motivar a las personas usuarias para que hagan uso de la clave que les permitirá recibir notificaciones por medio del sistema de la página Web en los casos que corresponda.

b) Deben dejar constancia en forma clara del resultado de su gestión y devolver al despacho u oficina requirente a la brevedad las diligencias respectivas.

3. A despachos judiciales o cualquier otra oficina del Poder Judicial que necesiten localizar o presentar personas, debe tener presente lo siguiente:

a) Agotar todas las vías para localizar a las personas requeridas, sea por medio de números telefónicos, correos electrónicos, dirección o alguna persona por medio de la cual se les pueda localizar. En caso de que el resultado sea negativo, enviar la gestión oportuna a la Sección de Localización y Presentaciones del Organismo de Investigación Judicial en San José o a las Delegaciones, Subdelegaciones y Unidades Regionales de ese Organismo según corresponda, a efecto de ejecutar una localización o presentación para poder llevarla al despacho judicial.

b) Deben aportar toda la información posible, con el propósito de facilitar su exacta y pronta ubicación de la persona a la cual se le debe localizar o presentar.

c) Indicar fecha y hora en la cual se realizará la diligencia.

d) Indicar el tipo de servicio que se va a llevar a cabo: localización o presentación.

e) De no existir obstáculo legal, indicar si se trata de una persona imputada, testigo, ofendida, demandada, actora, querellante u otros, a la vez indicar el tipo de delito. Lo anterior con el fin de prever cómo actuar ante la persona.

f) Firma del Jefe del Despacho, con el respectivo sello de la oficina, o la firma digital cuando esta corresponda.

g) Indicar el nombre y número de teléfono de la oficina o extensión de la Técnica o Técnico Judicial al cual puedan dirigirse las consultas referentes a la diligencia solicitada.

4. Para la Sección de Localizaciones y Presentaciones de San José, las Delegaciones, Subdelegaciones y las Oficinas Regionales del Organismo de Investigación Judicial del país, debe tener presente lo siguiente:

Utilizar la base de datos respectiva con las direcciones donde se ha logrado ubicar la persona que se ordenó localizar o presentar, la cual les resultará de ayuda en casos futuros.

a) En cuanto a las localizaciones, es importante que también se investigue con una persona familiar, vecina u otro tipo de fuentes a considerar, para la pronta localización de las personas.

b) Las servidoras y los servidores que tienen la función de localizar y presentar personas, deben dejar constancia en forma clara del resultado de su gestión, e indicar al requirente la dirección donde la persona fue ubicada.

5. Otras buenas prácticas por materia.

Materia Penal:

a) Seguir el Protocolo de medidas para el señalamiento y realización efectivo de debates en los tribunales de juicio y el Protocolo para evitar la suspensión de audiencias en los Juzgados Penales.

b) Los casos en que el señalamiento implique más de veinte días hábiles en la agenda, serán consultados con el juez o jueza coordinadora del tribunal, quien verificará si ello se justifica y de ser así, buscará que el señalamiento se haga procurando en lo posible no entorpecer el trabajo ordinario de los tribunales.

c) El horario de inicio del debate en la mañana será las ocho horas y en la tarde las trece y treinta horas, por cuanto esto permite un aprovechamiento mayor del tiempo laboral. Se entiende que se cuenta con diez audiencias por semana en el servicio ordinario. Lo anterior sin perjuicio de los casos en los que, atendiendo a criterios razonables, se puedan señalar un mayor número de debates.

d) Los tribunales de juicio no deben remover audiencias ya señaladas de los juzgados penales a efecto de ubicar sus propias audiencias nuevas o de continuación de juicios. En casos de extrema excepción, en que la única solución posible sea escoger entre uno u otro señalamiento, deberá decidirse de común acuerdo con el coordinador o coordinadora del Juzgado Penal, quien al emitir su criterio atenderá además de las razones jurídicas, las razones de gestión de su despacho, así como las causas originadas en la gestión del tribunal, como el uso que se hace de los tiempos laborales, el uso eficiente de la agenda y el cumplimiento de las directrices contenidas en esta circular; asimismo deberán ser consultadas las partes, de forma que no se afecte el servicio público a su cargo tampoco.

e) Para efecto de hacer los señalamientos, se entenderá que en el caso simple se dan los siguientes supuestos:

4 testigos (30 min. cada uno).	2 horas
Incorporación de la prueba documental.	20 minutos
Una defensora o defensor (Conclusiones).	20 minutos
Un fiscal (Conclusiones).	20 minutos

f) Excepciones al caso simple: Siguiendo los anteriores parámetros, a algunos casos se les debe considerar especiales en atención a estos otros criterios:

Por tipo de delito y víctimas. Delincuencia Económica, Delitos contra la Libertad Sexual y Homicidios pueden requerir más tiempo de debate. Asimismo, personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y personas con discapacidad deben ser consideradas especialmente al momento de programar debates. En esos casos, con un criterio de razonabilidad, debe el juez/a tramitador/a extender el tiempo para su recepción.

Caso de mayor complejidad. Por ser casos de excepción pueden ser resueltos, con la intervención del Juez/a Coordinador/a, lo que no obsta para considerar válido el establecimiento de algunos principios generales que se apliquen de forma general.

Para este efecto, las partes proponentes pueden indicar el tiempo necesario extraordinario para la declaración de sus testigos de previo a la programación del debate, si hubiera alguna razón que lo justifique.

g) Los debates con privados de libertad deben agendarse en un horario en que las personas imputadas ya hayan podido ser trasladados a la sede del tribunal: a partir de las diez de la mañana o en la audiencia de la tarde. De ese modo, las personas testigos, defensoras defensores y fiscales emplearían el tiempo anterior al señalamiento en otras labores propias del cargo. También se podrían programar debates de casos simples que puedan completarse de previo al inicio del debate de la causa con la persona imputada detenida.

h) Implementar la práctica de que, si la persona imputada se encuentra libre, se le cite al despacho a efecto de verificar que es localizable, y notificarle personalmente en dicho momento de la fecha y hora del debate. Lo anterior, para evitar el gasto de recursos en citaciones a juicio cuya realización no será posible por rebeldía.

i) Al solicitar dictámenes médicos u otro tipo de pericias, debe consignarse la fecha de debate, de ser ello posible, con el fin de que las respectivas solicitudes sean evacuadas en orden de prioridad, y así evitar suspensiones de debates a la espera de prueba técnica.

j) Es importante que se ponga a disposición de las juezas y los jueces penales del país, en forma efectiva, el Sistema de Información para la Administración Penitenciaria (SIAP), que contiene información sobre la situación jurídica e información penitenciaria de las personas que se encuentran descontando una sentencia condenatoria (centro donde se encuentra, si está en prisión preventiva, las penas pendientes, en otros aspectos). Esta información permitiría a los Despachos penales administrar mejor el tiempo para el señalamiento de audiencias y juicios.

Materia Contencioso Administrativa:

a) Respecto de las citaciones de personas testigos y peritos, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, que establece que una vez fijada la hora y fecha para la celebración del debate oral y público, cada parte debe citar y hacer comparecer sus testigos y peritos, para lo cual quedan a su disposición las cédulas de citación en el Despacho. Solo en los casos en que éstos no comparezcan y se demuestre previamente o durante el debate que la persona testigo o perito fue debidamente citado, el Tribunal ordenará su presentación por medio de la Fuerza Pública. Si en autos consta medio o lugar para localizar o notificar al perito, el Tribunal realizará la citación respectiva a juicio.

b) La jurisdicción contencioso administrativa requiere, para su acceso, de patrocinio letrado que le permita a las partes plantear sus demandas en forma debida. Así lo establece el CPCA en distintos artículos, a saber, 87, 100.2, 102.c, así como el 46 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. De forma que en principio, debido a que el diligenciamiento testimonial es carga de la parte, les corresponde a éstas o a sus representantes, hacer llegar a las personas testigos y peritos a las audiencias donde sean requeridos; con las salvedades que establece ese mismo artículo, sobre la intervención de la fuerza pública y la actuación oficiosa del Tribunal cuando se cuenta con medio o lugar para localizar o notificar al perito.

c) Para enviar las gestiones, debe indicarse que la normativa aplicable a la materia contencioso administrativa establece plazos más cortos y flexibles en virtud de que los derechos que se protegen en el proceso contencioso administrativo -interés público, derechos fundamentales, justicia cautelar, entre otros-, así lo exigen. El artículo 143, inciso 4) establece que cuando se haya señalado la celebración de una audiencia oral para el recurso extraordinario de casación, la resolución que ponga en conocimiento la ampliación del recurso deberá ser notificada a la parte contraria, al menos con dos días hábiles de antelación. En los artículos 24 (plazo para la audiencia de medida cautelar) y 145 (plazo para suspensión de audiencia oral en recurso de casación); se establecen plazos de “hasta por tres días”, con lo que el plazo puede ser incluso menor a tres días.

d) En los artículos; 61 (plazo para subsanación de la demanda); 13.3 (plazo para oponerse a la intervención del coadyuvante); 24.1 (plazo de la audiencia sobre la solicitud de la medida cautelar); 25.2 (plazo para la ejecución de la medida cautelar ya dispuesta); 30 (plazo para interponer el recurso de apelación contra el auto que resuelve la medida cautelar); 47 (plazo de la audiencia para la acumulación de varios procesos); 50.2 (plazo de la audiencia de traslado de los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia preliminar); 132 (plazo para el recurso de revocatoria contra autos); 133 (plazo para el recurso de apelación); 159 (plazo para referirse y oponerse a la multa por incumplimiento de requerimientos del juez ejecutor); se establece un plazo de tres días para el cumplimiento del requerimiento respectivo. En el artículo 61 (plazo para subsanación de la demanda en procesos de trámite preferente) se establece un plazo de veinticuatro horas para la subsanación respectiva.

Materia de Familia:

En los Juzgados de Pensiones Alimentarias del país, la audiencia temprana se debe de realizar en un plazo no mayor de 10 días, de lo contrario deberán proceder conforme lo establece la Ley de Pensiones Alimentarias, por lo que en cada Jurisdicción deberán coordinar con la Defensa Pública, considerando los recursos con que cuentan para atender este tipo de asuntos.

San José, 23 de octubre de 2013

Silvia Navarro Romanini

1 vez.—(IN2013077945). Secretaria General

SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad.

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

TERCERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 13-011311-0007-CO que promueve Asociación de Desarrollo Integral de La Reserva Indígena Cabecar de Talamanca, se ha dictado la resolución que literalmente dice: Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos del cinco de noviembre del dos mil trece. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por José Luis Villanueva Ríos, en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Reserva Indígena Cabecar de Talamanca, para que se declaren inconstitucionales las siguientes disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 37801-MEP publicado en La Gaceta N° 135 del 15 de julio del 2013. Del artículo 8 la frase “La apertura”; del artículo 15 los párrafos primero y segundo y los incisos 1), 2), 3) y 4); del artículo 18 la frase “que será convocado por las autoridades del Ministerio de Educación”. Del artículo 19 la frase “de la totalidad de los habitantes del territorio”. El artículo 20; del artículo 21 desde las palabras “La elección.” hasta el final. Del artículo 22 inciso 3) la palabra “Consulta”; del artículo 23 la frase “Por los Consejos Locales de Educación”; el inciso b) del artículo 24, del inciso d) del artículo 24 la frase “ante el Consejo Local de Educación Indígena”; del inciso a) del artículo 25 la frase “preponderantemente” y el inciso b) del mismo artículo. Del primer párrafo del artículo 27, la frase “debidamente inscritas ante el Consejo Local de Educación Indígena” y del segundo párrafo del artículo 27 la frase “por el Consejo Local de Educación Indígena”; del artículo 28 la frase “establecidos en el presente Decreto”; del artículo 29 los incisos a), b) y c) y el artículo 31. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Las normas se impugnan en cuanto violan: 1. El derecho de consulta, contenido en los artículos 6 del Convenio Internacional N° 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque el texto del decreto ejecutivo no fue consultado. El texto elaborado originalmente por el Ministerio de Educación Pública difiere en cuestiones esenciales del que alguna vez se sometió a consideración de los gobiernos locales del Caribe. Manifiesta que no todo en el Decreto N.37801-MEP les afecta negativamente, por lo que no solicita su total nulidad, sino solamente la de las normas que sí les afectan por violar otros de sus derechos. 2. El derecho a la educación, contenido en los artículos 76, 77 y 78 de la Constitución Política y artículos 26 y 27 del Convenio Internacional N° 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y artículos 14 y 15 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cuestiona la constitucionalidad de la palabra “apertura”, del artículo 8 y el artículo 31 del decreto mencionado, que resultan inconstitucionales porque entorpece el proceso de apertura de centros educativos en territorios indígenas, poniendo como requisito una consulta que no es necesaria, porque la apertura de esos centros es un derecho regulado en el Capítulo Único del Título VII de la Constitución Política. En ese mismo sentido podría resultar inconstitucional la palabra “consulta” contenida en el inciso 3 del artículo 22, por lo que pide se declaren inconstitucionales o si la Sala considera pertinente interpretarlos correctamente en el sentido de que la consulta solo es necesaria en tanto se afecten negativamente los derechos de educación de los pueblos indígenas. Sobre el derecho a la educación cultural. En cuanto al inciso a) del artículo 24 del Decreto 37801-MEP, que garantiza que todo el personal de los niveles de educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo “esté compuesto por indígenas de su propia cultura y su propio territorio y que sean hablantes certificados de su idioma materno”; señala que aunque ello es lo ideal, la norma es inconstitucional por discriminatoria e irracional, porque aunque el idioma propio es un aspecto muy importante de la cultura indígena, no es lo menos el resto de las tradiciones, cosmovisión, historias y aspiraciones. No existe ninguna justificación para que los indígenas de la propia cultura y del propio territorio sean excluidos o asimilados a no indígenas, por no saber hablar el idioma materno. Una persona indígena de la propia cultura que no hable idioma materno, en igualdad de atestados académicos, solamente debería estar por debajo de quienes sean de la propia cultura y hablen ese idioma, colocándose por encima de cualquier otro aspirante. Considera que el inciso b) del artículo 24 es inconstitucional, porque omite considerar a las personas indígenas del propio territorio y de la propia cultura que no hablan el idioma materno como aspirantes a ocupar un cargo docente o administrativo con preferencia a cualquier otra persona que, en igualdad de estudios académicos, nos sean de la propia cultura y que no hablen el idioma del territorio involucrado, porque esto violenta el derecho a una educación cultural y es contrario al principio de razonabilidad constitucional. Señala que el artículo 25 incurre en vicios semejantes, pero agravados, porque nada justifica que las condiciones culturales establecidas para la contratación de personal de la educación inicial, preescolar y del primero y segundo ciclo tengan que variarse con relación al personal del tercer ciclo. En cuanto a la palabra “preponderantemente” del inciso a) del artículo 25, considera que es inconstitucional por ser contrario al derecho a la educación cultural indígena, pues con ello se permitiría que personas no indígenas que no conozcan la cultura y que no hablen el idioma sean contratados en igualdad de condiciones con quienes si reúnen esos requisitos. Manifiesta que el inciso b) del artículo 25 permite que en el tercer ciclo de educación, la contratación se hará en igualdad de condiciones entre indígenas y no indígenas, por lo que, de no ser declarada la inconstitucionalidad de la palabra “preponderantemente” de los incisos a) y b) del artículo 25, solicita se interprete conforme dicha norma. 3.- Derecho a tener sus propias Instituciones Representativas (contenido en los artículos 2, 4, 5, 6, 8 y 12 del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y los considerandos 7 y 10 así como los artículos 3, 4, 5, 18, 19, 20, 32 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Manifiesta que antes del Decreto N° 37801-MEP las Asociaciones de Desarrollo Indígenas como instituciones representativas de los pueblos indígenas, tenían asignadas funciones en el sistema educativo, pero el Decreto N° 37801-MEP crea estructuras ajenas a los pueblos indígenas atribuyéndole a los Consejos Locales de Educación funciones que solo competen a las instituciones representativas de esos pueblos. El párrafo 1 del artículo 15 les atribuye la potestad de ser consultados de manera obligatoria por parte de las autoridades educativas nacionales, regionales y circuitales del MEP, lo que es violatorio del artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT y del artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas. Además el párrafo segundo del artículo 15 transfiere a los Consejos Locales las atribuciones que hasta entonces correspondían a los Consejos Directivos de los verdaderos gobiernos locales, las ADIs. Por lo anterior, estima que las frases “establecidas en el presente decreto”del artículo 28 y de los incisos a), b) y c) del artículo 29 del Decreto 37801-MEP, frases que hacen referencia a la consulta que deberá hacerse a los consejos locales de Educación para el nombramiento de personal docente y administrativo, confiriéndole potestades a éste que le corresponden al gobierno local indígena. Igual motivo es aplicable al inciso 2 del artículo 15, que puede resultar inconstitucional si se entiende que las labores de colaboración las realizará el Consejo Local al margen del Gobierno Local, sin deber de informar a éste sobre sus gestiones. De igual forma, el inciso 4) del artículo15 confiere a los Consejos Locales de Educación la facultad de designar al representante del Territorio ante el Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena, por lo que se otorga a un órgano que no es la institución representativa del pueblo indígena una potestad que solo le compete al pueblo, de conformidad con el artículo 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por esas mismas razones considera inconstitucional la parte final del artículo 21 desde las palabras “La elección del representante” hasta finalizar esa norma, porque desarrolla la forma de elegir a ese representante. Del artículo 18, considera inconstitucional la frase “que será convocado por las autoridades del Ministerio de Educación”, pues considera que es una intromisión del gobierno, en este caso del Ministerio de Educación, viola la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas. Igual argumento cabe para alegar la inconstitucionalidad del artículo 20 del decreto cuestionado. Considera que la frase “de la totalidad de los habitantes del territorio, contenida en el artículo 19 del Decreto cuestionado es inconstitucional por falta de razonabilidad constitucional, ya que hace imposible destituir a los miembros del Consejo Local de Educación, aunque incumplan sus funciones o abusen en el ejercicio de las mismas, pues ni en las elecciones nacionales acuden a las urnas la totalidad de los ciudadanos. Sobre el artículo 23 del Decreto 37801-MEP, atribuye a los Consejos Locales de Educación otra atribución en detrimento de la autonomía de los pueblos indígenas. Señala que en el artículo 24 inciso d) dispone que los “educadores de cultura”, deben demostrar “ante el Consejo Local de Educación” su conocimiento de la cultura, a pesar de que son los ancianos de la comunidad los que deberían valorar estos aspectos. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación al accionante proviene de la defensa de un interés que atañe a una colectividad, que en este caso es el pueblo Cabécar de Talamanca. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Gilbert Armijo Sancho, Presidente a. í.

San José, 6 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077426) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 13-011887-0007-CO que promueve Soluciones Educativas y Tecnológicas Sociedad Anónima, se ha dictado la resolución que literalmente dice: Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y tres minutos del treinta y uno de octubre del dos mil trece. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fabián Volio Echeverría, en su condición de apoderado especial judicial de Soluciones Educativas y Tecnológicas, Sociedad Anónima, para que se declare inconstitucional la norma no escrita contenida en el criterio vertido por la Contraloría General de la República en las resoluciones N° R-DCA-393-2012 de las 10:00 horas del 30 de julio del 2012, N° R-DCA-77-2013, y N° 8706 (DCA-1982) de 27 de agosto del 2012, que modifica de hecho el artículo 22 inciso c) de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por estimarlo contrario al artículo 73 constitucional. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. La norma se impugna en cuanto modificó expresamente lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de FODESAF, Ley N° 5662, en cuya virtud los patronos o las personas que realicen, total o parcialmente, actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con FODESAF, como requisito previo para participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de Concesión de Obra Pública, la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre y el Código de Minería. De este modo, y a partir del nuevo criterio sostenido por la Contraloría General de la República en las resoluciones mencionadas, se ha permitido que empresas que inicialmente se encontraban morosas con FODESAF participen y resulten adjudicatarias de la licitación pública N° 2012LN-000002-03 “Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector informática por demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Central Occidental”, pese al contenido de la norma legal aludida. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación accionante proviene del párrafo 1º del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al tener como asunto base el recurso de apelación que se interpuso ante la Contraloría General de la República el pasado 10 de septiembre de 2013, en que se invocó la inconstitucionalidad de la norma no escrita impugnada como medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima vulnerado. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial, sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese./Gilbert Armijo Sancho, Presidente a. í.

San José, 5 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077428) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 13-011491-0007-CO que promueve Rosa María Vindas Chaves, se ha dictado la resolución que literalmente dice: Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia; San José, a las ocho horas y cero minutos del ocho de noviembre del dos mil trece. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Rosa María Vindas Chaves, mayor, divorciada, cédula de identidad número 0401370406, vecina de Heredia; contra el artículo 25 inciso ch2) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal a Distancia, publicado en La Gaceta 201 del 20-10-2000, por estimarlo contrario a los artículos 11, 33, y 192 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Rector de la Universidad Estatal a Distancia. La norma se impugna en cuanto establece un período determinado de nombramiento (contrato a plazo fijo) para un puesto que la accionante considera está sujeto a las condiciones, lineamientos y principios laborales inderogables, aplicables al empleo público, y además porque dichos puestos están amparados a reglas de estabilidad, que sólo pueden ser quebrantadas en virtud de una Ley de la República. Señala que el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal a Distancia es un Reglamento Interno emitido por ella misma, de manera que se trata de una norma reglamentaria, y no de una Ley de la República, conforme lo determinan los artículos 123 y concordantes de la Constitución Política. Alega que la normativa impugnada lesiona los artículos 11, 33, y 192 de la Constitución Política. Explica que por acuerdo de la sesión número 1907-2008, artículo IV, inciso 7, del 13 de marzo de 2008, el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia la nombró como Jefa de la Oficina de Recursos Humanos por un período de 6 años del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2014. Agrega que mediante sesión número 2270-2013, artículo VI, inciso 2) del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada el 24 de julio del 2013, y en virtud del próximo vencimiento de su nombramiento como Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, se ordenó sacar a concurso su puesto, decisión que se ejecuta mediante la Comunicación de la Apertura del Concurso Interno número 13-15, publicado el 10 de setiembre pasado, y tuvo como sustento legal el artículo 25 inciso ch2) del Estatuto Orgánico de dicha entidad universitaria, aquí cuestionado. Ofrece como asunto base a la acción el proceso de conocimiento planteado ante la jurisdicción contenciosa, cursado mediante auto de las 5:17 horas del 8 de octubre del 2013, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial de San José. Solicita que se declare con lugar la acción y se anule la norma impugnada. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la accionante proviene del proceso ordinario de conocimiento planteado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, cursado mediante auto de las 5:17 horas del 8 de octubre del 2013, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del Segundo Circuito Judicial de San José, en el cual se invocó la inconstitucionalidad de la norma impugnada. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado, y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Ernesto Jinesta Lobo, Presidente a. í.

San José, 8 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077429) Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que en la Acción de Inconstitucionalidad que se tramita con el número 11-004241-0007-CO promovida por Lemuel Byram López, contra los artículos 31 de la ley número 7302, “Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, y los artículos 47, 48, 49, 50 y 51 del decreto ejecutivo 33080mtss-h, que es reglamento a la ley 7302, por estimarlos contrarios a los artículos 11, 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política, se ha dictado el voto número 2013-014986 de las quince horas y cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre del dos mil trece, que literalmente dice:

“Se declara sin lugar la acción. Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández Gutiérrez salvan el voto y declaran con lugar la acción. El Magistrado Cruz pone nota.”

San José, 14 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077431) Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ,que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 12-002423-0007-CO promovida por Ligia Fallas Fernández, Milena Hidalgo Corrales, Sergio Fernando Jiménez Guevara contra de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas N° 6836, por estimarla contraria a los artículos 21, 33, 50, 56, 68, 73, 74, 176 y 184 de la Constitución Política, se ha dictado el voto número 2013-014736 de las quince horas y cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre del dos mil trece, que literalmente dice: “Se declara sin lugar la acción.”

San José, 14 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077432) Secretario

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 12-014902-0007-CO promovida por Johnny Jiménez Altamirano contra el artículo 2 del Fondo de Ayuda y Socorro Mutuo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, se ha dictado el voto número 2013-014936 de las catorce horas y treinta minutos del trece de noviembre del dos mil trece, que literalmente dice: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 2 del Fondo de Ayuda y Socorro Mutuo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de emisión de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese en el Diario Oficial “La Gaceta” y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Comuníquese a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Notifíquese.” Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidado eliminación indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del voto.

San José, 14 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077433) Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 13-005096-0007-CO promovida por Asociación Univerdadla Salle, José Julián Ruiz Monzón contra los artículos 1, 2, 3 y 20 de la Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), número 8256 del dos de mayo del dos mil dos y los artículos 2 y 4 de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), número 8798 del dieciséis de abril del dos mil diez, por estimarlos contrarios a lo dispuesto en los artículos 46, 33, 79 y 80 de la Constitución Política, se ha dictado el voto número 2013-014737 de las quince horas y cincuenta y cinco minutos del seis de noviembre del dos mil trece, que literalmente dice:

“Se rechaza de plano la acción planteada.”

San José, 14 de noviembre del 2013.

Fabián Barboza Gómez,

(IN2013077434) Secretario

PRIMERA PUBLICACIÓN

Remesa: 20601

Paquetes: 23

Agendas: 13

Libro: 14

Año: 1974 al 2011

Asunto: Documentación administrativa: 1 paquete con informes mensuales, trimestrales y anuales de 1990 al 2006, 1 paquete con registro de cédulas identidad entregadas 1993 a 1996, 1 paquete con reportes mensuales de caja chica 1997 a 1999, 1 paquete con reportes de oficios de remisión 2001 al 2010, 1 paquete consecutivos de oficios recibidos 2001 al 2005, 2 paquete con correo certificado 2002 al 2011, 2 paquete con proposición de nombramiento 2003 al 2011, 1 paquete con registro de asistencia 2003 al 2011, 2 paquete con circulares 2003 al 2011, 1 paquete con registro de entrega al notificador 2004 al 2007, 1 paquete con registro copias de sentencia 2004 al 2010, 4 paquete con control de fax entregados 2002 al 2011, 4 paquete con consecutivos de oficios 2002 al 2010, 1 paquete con registros de oficios enviados 2011. 13 agendas de señalamiento del 2003 al 2011. 1 libro de juramentación 1941 a 1987, 1 libro de juramentación 1987 al 2002, 1 libro certificado 1974 a 1995, 1 libro con registro de control de evidencia 1986 al 2008,1 libro certificado 2004 al 2009, 1 libro comisión de 1981 a 1994, 1 libro comisión de 1987 a 1996, 1 libro comisión de 1996 al 2008, 1 libro comisión del 2004 al 2008, 1 libro con reportes de boletas con control de seguridad 1998 al 2006, 1 libro con registro de tener a la orden 2003 al 2008, 1 libro con registro de apelaciones 2002 al 2008, 1 libro de número de sentencia 2006 al 2009, 1 libro con registros de firmas de órdenes de apremio 2008 al 2009.

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso.

San José, 12 de agosto del 2013.

MBA. Ana Eugenia Romero Jenkins

(IN2013077812) Subdirectora Ejecutiva

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional para la Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 01-2009 de fecha 26 de febrero del 2009, artículo II y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 58-09 celebrada el 2 de junio del 2009, artículo LV. De la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en sesión N° 02-2010, celebrada el 15 de noviembre del 2010, artículo XI, y la aprobación del Consejo Superior en sesión N° 03-2011, del 18 de enero del 2011, artículo XLV. De la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 03-2006 de fecha 1° de setiembre del 2006, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 73-06 celebrada el 28 de setiembre del 2006, artículo LIII. De la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 03-2011 de fecha 16 de noviembre del 2011, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 11-12 celebrada el 9 de febrero del 2012, artículo LXVIII, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Boletas de tránsito del año 1997, 2002 al 2006, expedientes de Tránsito del año 1989, 1993, 1995, 1996 y 1999 al 2001, expedientes de Violencia Doméstica del año 2002 al 2008, expedientes de Faltas y Contravenciones del año 1980 a 1982, 1991, 1994 a 1997, 2000 y 2002 al 2007, expedientes Civiles del año 1955, 1995 al 2001 y expedientes Laborales del año 1979, 1983 a 1985, 1998 a 2000 del Juzgado Contravencional de Menor Cuantía de Orotina, Alajuela. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Faltas y contravenciones:

Remesa: 20612

Año: 1980

Paquetes: 1

Expedientes: 1