“Con instrucciones de la Integrante Milena Conejo Aguilar, se somete a conocimiento el correo electrónico del 17 de noviembre de 2014, que remitiera la licenciada Argili Gómez Siu, Sub Contralora de Servicios, en que expuso lo siguiente:

“…hacerle de conocimiento la preocupación de esta Contraloría por los hechos que el pasado viernes 14 noviembre nos narró el Lic. Ian Berrocal Azofeifa, Juez del Juzgado de Menor Cuantía del III Circuito Judicial de San José (Desamparados), en relación con la conducta del abogado litigante Sergio Alvarado Muñoz, para con él y el personal del Juzgado, siendo que los intimida, insulta y les falta el respeto.

En ese sentido, el Lic. Berrocal Azofeifa, remite para conocimiento del Consejo el escrito que se adjunta el cual narra los hechos que se han presentado con el abogado Alvarado Muñoz, y en la cual esta Contraloría considera importante que el Consejo Superior lo conozca de manera urgente, de ser posible en la sesión de mañana martes, dado lo delicado del tema, además ante una posibilidad de riesgo, siendo que para este jueves 20 de noviembre el Juzgado tiene programada una audiencia a las dos de la tarde, en el que estar á presente el Lic. Alvarado Muñoz, y por ese motivo, solicita valorar la posibilidad de que cuenten para ese día, de al menos un guarda de seguridad, dado que el Juzgado no tiene ese recurso.

(...)”

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Seguidamente, se transcribe la nota del máster Ian Berrocal Azofeifa, Juez del Juzgado de Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de San José, que dice:

“Por medio de la presente nota me dirijo a ustedes con el respeto debido en aras de hacer del conocimiento de ese Consejo una situación particular que se nos presenta en el Juzgado de Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados.

En la oficina mencionada, se tramita el proceso sumario de desahucio número 12-100231-0237-CI (245-1-12) seguido por Sonia María Lizano Chaves en contra de José Michael Cascante Oviedo y Jacqueline Roxana Naranjo Fernández por falta de pago de las rentas comprendidas entre el siete de diciembre de dos mil once y el siete de junio de dos mil doce. Figura como abogado director de la parte actora el señor Manuel Enrique Núñez Carrillo y como abogado director de la parte demandada el señor Sergio Alvarado Muñoz.

Ese expediente ha seguido la tramitación que normalmente corresponde a cualquier asunto de similar naturaleza; sin embargo, ha sucedido que el señor abogado Sergio Alvarado en al menos cuatro ocasiones se ha contactado con la oficina ya sea vía telefónica o personalmente bajo una actitud y un comportamiento que transgrede el principio de probidad y que ante todo nos ha generado una situación de agobio y de malestar general en el Despacho.

La primera situación no me es posible precisarla en el tiempo pero ocurrió con motivo del expediente antes citado y en ella tuvo participación la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. En dicha oportunidad, el señor Alvarado Muñoz se comunicó directamente con mi persona vía telefónica al Juzgado manifestando su disconformidad con la tramitación del proceso judicial de desahucio e indicando que la línea estaba abierta y que la conversación estaba siendo escuchada, al menos por la demandada y una persona de la Contraloría de Servicios, recuerdo que en dicha ocasión manifestó que había más personas escuchando la conversación pero es un detalle que no puedo ahora precisar con la exactitud del caso por el tiempo que ha pasado. Ante las afirmaciones que efectuó el señor Alvarado en esa oportunidad, decidí no seguir conversando en la línea telefónica y le pedí a la persona de la Contraloría de Servicios que me llamara directamente porque la forma en que se estaba tramitando el asunto me parecía irregular e impropia. Posteriormente esa persona se comunica conmigo y más tarde lo hace la señora Lena White en ese momento Contralora General, quien me aseguró que ese no era un procedimiento de la Contraloría y que por consiguiente, ella misma trataría de hablar con el abogado Alvarado Muñoz para hacerle ver la forma impropia en la que había manejado la situación. Desconozco si esa conversación se dio.

La segunda oportunidad, tampoco me es posible precisarla temporalmente toda vez que ya ha transcurrido mucho tiempo desde que ocurrió, pero aproximadamente fue en los primeros meses del año 2013, el señor Sergio Alvarado se presenta al despacho a solicitar el expediente 12-100231-0237-CI (245-1-12) que es un proceso de desahucio, él señor le indica a la compañera Dayana Vindas, que es la encargada en ese momento de la atención al público, que él había presentado un escrito, la compañera revisa la papelera donde se encuentran los escritos recibidos y no lo encuentra y se lo comunica el señor, él solicita hablar con el Juez y al no encontrarse toda vez que andaba en un reunión en los Tribunales en San José, solicita hablar con la coordinadora, quien en ese momento se encontraba en ese puesto era la señora María Fernanda Barboza, ella habla con el señor; en ese momento Dayana Vindas encuentra el escrito y se le informa al señor Alvarado que aquí se encontraba, él señor Alvarado de una forma muy prepotente, nos indicó que nos iba a poner una denuncia ante Inspección Judicial por cuanto una persona que no sabe de la atención al público no debería estar en ese puesto y que se le estaba negando información ya que no habíamos encontrado el documento cuando él lo solicitó.

Posteriormente, en el proceso de desahucio la sentencia de primera instancia fue dictada en abril de dos mil trece y el expediente fue elevado en apelación presentada por el abogado Alvarado Muñoz y su clienta. Con motivo de diversas razones, entre ellas las gestiones presentadas por la parte demandada, el expediente no llegó a tener una sentencia de segunda instancia sino hasta el día cuatro de setiembre de dos mil catorce lo que propició que la parte actora presentara una nueva demanda en contra de la señora Jackeline en vía monitoria reclamando el desalojo por la falta de pago de los meses comprendidos entre julio de dos mil doce y diciembre de dos mil trece.

En dicho asunto, se dictó el auto intimatorio como corresponde y se tuvo oposición de la parte demandada, no obstante el día dos de julio de dos mil catorce, al ser las once de la mañana aproximadamente, la técnico judicial María Fernanda Barboza quien está encargada de la tramitación de ambos asuntos (el sumario y el monitorio) recibió una llamada del abogado Alvarado Muñoz en la cual le solicitó el nombre completo y el puesto ocupado, indicándole que en este despacho se tramitaba el expediente número 12-100231-0237-CI (245-01-12) y que la llamada era para informarle que iba a interponer una denuncia ante la Inspección Judicial por cuanto en la oficina se había tramitado el proceso monitorio arrendaticio teniendo conocimiento de que a su vez se tramitaba el otro desahucio con las mismas partes y que en la tarde iba a remitir las copias de la denuncia interpuesta en contra de mi persona y en contra de la técnico judicial María Fernanda, por ser la que tramitó el expediente, aun teniendo conocimiento de ambos procesos. Le indicó además que la tenía en altavoz y que la estaba escuchando la demandada Jackeline Fernández junto con dos testigos. El abogado a su vez le indicó que un auxiliar que no sabe de derecho no debe tramitar ese proceso y que mi persona firma las resoluciones sin leer lo cual le preocupa porque solo en ese despacho le ha ocurrido tal situación pese a que él tiene mucho tiempo de litigar en materia civil. También le indicó que al proceso monitorio no se le debía dar curso porque había que enviarlo a la vía que correspondiera a lo cual la técnico judicial le indicó que como parte podía gestionar lo que correspondía y se le resolvería lo respectivo de igual manera se resolvería el escrito presentado por su clienta en el monitorio, informando que eso no era una contestación sino una apelación y que la contestación la presentaría luego. Le dijo que si ya sabía del sumario porque resolvió el monitorio si el ya había hablado en varias ocasiones con ella, a lo cual le contestó que ella no recordaba porque en este despacho se tramitan muchos procesos, entre ellos laborales, monitorios, abreviados, ejecuciones de sentencia, sucesiones, y que no es posible revisar en cada proceso si existe uno similar, anterior. Finalmente la técnico judicial le indicó que si iba a presentar la queja él estaba en todo su derecho de hacerlo y que seguiríamos el trámite correspondiente.

Esta información se tiene detallada porque una vez que la técnico judicial María Fernanda Barboza me comentó lo ocurrido le pedí que levantara una minuta que describiera lo ocurrido, la cual se encuentra archivada en la oficina misma que pongo a disposición de ese Consejo en caso de ser requerida.

Posteriormente, el día veintisiete de octubre de dos mil catorce ocurrió una situación en el despacho que realmente nos preocupa dado que la molestia del señor Alvarado Muñoz se traduce en conductas y conversaciones que con la mayor humildad del caso consideramos, se salen de lo estrictamente profesional tornándose en una situación bastante complicada de manejar y que nos ha causado agobio y sentimientos de preocupación, que nos han alterado a la técnico judicial María Fernanda Barboza y a mi persona, en nuestro estado anímico y en la normalidad con la que desempeñamos nuestras funciones.

El día en cuestión, el señor Alvarado Muñoz se comunicó nuevamente vía telefónica a la oficina, y fue atendido por la técnico judicial Marianela Monge, quien me informó de la llamada porque el señor Alvarado quería hablar conmigo vía telefónica. En ese momento decidí no atender al señor Alvarado telefónicamente en virtud de los antecedentes ya descritos y con motivo de que estaba ocupado en las funciones propias de mi cargo, por lo que la técnico judicial Marianela Monge se ocupó de la llamada y de brindarle la información respectiva, no obstante, según me informó, el señor Alvarado se comunicó al menos en tres ocasiones porque la llamada se cortaba.

Al cabo de media hora a una hora aproximadamente, el señor Alvarado junto con la demandada Jackeline Fernández se presentó a la oficina, esto ocurrió entre las tres y treinta y las cuatro y treinta de la tarde del lunes veintisiete de octubre del presente año. Según me informaron los técnicos judiciales desde que se presentaron estuvieron grabando por medio de un teléfono celular el proceder del personal del despacho, y luego solicitaron hablar con mi persona, en un primer momento deseaban que yo los atendiera en la ventanilla del despacho, no obstante, preferí atenderlos en la sala de juicios de la oficina, ya que esta cuenta con dispositivos de grabación de audio y de video. Los dispositivos de grabación de video están presentes en toda la primera planta del despacho.

El señor Alvarado Muñoz se presentó a indicarme que en el proceso habían anomalías ya que se habían estado notificando resoluciones en medios distintos del que él había señalado, situación de la cual no habíamos hecho caso y de la cual se había enterado diez minutos antes. El señor Alvarado manifestó que de oficio debíamos corregir la situación porque era un error del despacho. En virtud de lo anterior, le expliqué al señor Alvarado que el expediente lo habíamos recién recibido, ya que tenía más de un año de estar en el juzgado de mayor cuantía con motivo de la apelación, y considerando mi persona, sin que lo siguiente fuera directamente comunicado: a) lo voluminoso del asunto (el principal cuenta con 421 folios junto a tres legajos de apelación por inadmisión) y b) que el expediente había sido revisado desde que se recibió pues tenemos esa costumbre en el despacho cuando se reciben asuntos de apelación, le indiqué al señor Alvarado que con motivo de que su observación tocaba con una nulidad del proceso, debía presentar la gestión correspondiente por escrito con la formalidad del caso, ya que al ser un proceso sumario (escrito) era importante también informar a la parte contraria para garantizar así el debido proceso.

En ese momento para mí era importante que el señor Alvarado señalara en concreto cuales eran las resoluciones presuntamente mal indicadas, pues en caso contrario, no hay obligación alguna de dictar una resolución diciendo que todo el expediente está debidamente notificado, si fuera ese el supuesto.

En ese momento el señor Alvarado me indicó que así lo presentaría pero también me hizo saber que ya había denunciado al juez Freddy Bolaños del Juzgado de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, ante la Fiscalía y ante la Inspección Judicial, con motivo de una situación similar, a lo cual le contesté que como empleados públicos que somos estamos expuestos a ese tipo de situaciones. A su vez le consulté a la señora Jackeline quien estaba presente, si ella estaba grabando la conversación, obteniendo un si como respuesta, con motivo de ello, les indiqué a ambos que a razón de que la sala está equipada con equipos de grabación de audio y video ellos también estaban siendo grabados. También le indiqué al señor Alvarado que desde el inconveniente con la Contraloría no se le atendían llamadas telefónicas (lo cual si deseo aclarar fue inexacto de mi parte porque la única llamada que no se le atendió fue la de ese mismo día y eso fue únicamente por mi persona ya que la técnica judicial encargada de la recepción si recibió la llamada y la atendió como correspondía y así lo hace ver el señor Alvarado en la grabación) tomando en cuenta la falta de respeto y actitud insultante de la cual hemos sido objeto en la oficina, con motivo de las situaciones ya descritas, a lo cual el señor Alvarado sumamente molesto contestó: que me iba a querellar por tales manifestaciones, además me indicó que yo era una persona prepotente (aclaro que no conozco al abogado Alvarado, y fue el primer contacto personal que tuve con él), que no me gustaba respetar y que yo no era Dios, sino una simple persona física que trabaja y a la cual le paga el Estado y no para maltratar y humillar a la gente como lo han sentido él y su clienta, que no me gusta respetar ni hablar por teléfono porque yo no atiendo llamadas, me indicó además que yo estaba parcializado, que tengo otras intenciones y que si me habían grabado es porque él sabe que yo soy capaz de inventar cualquier cosa, manifestándome en ese momento las siguientes palabras: -quiere que me le arrodille don Ian ..., frase que manifestó al menos en dos ocasiones, indicándome que según el ve las cosas yo soy un monarca o un rey.

Señores y señoras del Consejo Superior, tengo ya aproximadamente catorce años de trabajar para el Poder Judicial, once años específicamente en el Juzgado de Menor Cuantía de Desamparados. Las personas técnicas judiciales que trabajan en el despacho y las que han trabajado ahí, saben y pueden dar fe de que yo nunca dejo de atender una llamada telefónica de una persona usuaria ni tampoco dejo de atenderlas cuando se presentan al despacho, salvo que me encuentre en una audiencia de práctica de pruebas o bajo alguna circunstancia de trabajo especial, en cuyo caso se le indica a la persona que puede volver o llamar luego, si lo estima conveniente.

A lo largo de mi trayectoria en el Poder Judicial, nunca he sido sancionado ni acusado por estar parcializado, por maltratar y por humillar a las personas usuarias, abogados y abogadas, técnicos y técnicas judiciales que han trabajado bajo mi supervisión, y tengo muy clara mi condición como servidor de la Institución. También, tengo muy claro y es un hecho que siempre le he tratado de transmitir al personal que labora en mi oficina, que en el ejercicio cotidiano nos vamos a encontrar con personas molestas, porque lamentablemente la actividad de las Instituciones del Estado, no es bien recibida por el común de las personas, pero no por ello, dejamos de hacer nuestro trabajo como corresponde.

Las circunstancias que hemos estado viviendo con motivo de esta situación, nos abruman y son agobiantes; desde mi perspectiva (circunstancia que con toda la humildad del caso espero ustedes puedan compartir conmigo), esta situación ya sobrepasa por mucho los límites de lo que como funcionarios públicos estamos obligados a tolerar. La situación desde que se presentó con la Contraloría de Servicios, ha sido molesta, porque si una persona usuaria desea denunciar a un Juez o a una Técnico Judicial, simplemente debe acudir al departamento de Inspección Judicial y gestionar ahí su queja, y no hacer uso de esa posibilidad para ponernos en conocimiento de lo que posiblemente hará como reiteradamente lo ha estado haciendo el señor Alvarado Muñoz. Innecesario del todo resultaba indicarme que también al juez Freddy Bolaños ya lo había denunciado por una circunstancia similar a la de la presunta nulidad que venía describiendo.

Posterior a eso, el señor Alvarado se retiró, y la conversación fue escuchada por todo el personal de mi oficina, excepto el notificador quien se encontraba en el segundo piso. Tal y como se indicó esa conversación, quedó registrada en audio y en video, el cual presentaré ante ese Consejo, en caso de que se me requiera.

Desde mi perspectiva es evidente que la molestia de la parte demandada y su abogado deviene del resultado del proceso, pues la sentencia de primera instancia en la cual se ordenó el desalojo, fue finalmente confirmada por segunda instancia, de igual manera que fueron rechazadas todas y cada una de las apelaciones por inadmisión (tres en total) que fueron presentadas así como los incidentes de nulidad que se gestionaron en ese proceso.

Ahora bien, como una solicitud adicional y con motivo de la tramitación del proceso monitorio que está señalado para el día Jueves de esta semana a las dos de la tarde, nos causa preocupación el hecho de que las situaciones descritas están fuera de la normalidad de un usuario molesto y para ese día habrá que recibir a la demandada Jackeline Fernández y a su abogado, el señor Alvarado Muñoz, por lo que con el respeto del caso, solicito de forma vehemente a ese Consejo, me permita contar con al menos una persona que pueda brindarnos la seguridad correspondiente el día de la audiencia indicada, ya que nuestro despacho, no cuenta con ese recurso.

(…)”

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Se acordó: 1.) Tener por hechas las manifestaciones de la licenciada Argili Gómez Siu, Sub Contralora de Servicios 2.) Tomar nota de lo señalado por el máster Ian Berrocal Azofeifa. 3.) Remitir a la Dirección Ejecutiva para que valore la solicitud que se realiza sobre el tema de la seguridad en el Juzgado Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de San José, durante la cita audiencia. 4.) Trasladar a estudio individual del Integrante que por turno corresponda, la denuncia que se hace contra el licenciado Sergio Alvarado Muñoz.”

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El licenciado Mena Ayales, en ese momento integrante de este Consejo, en oficio N° CS-188-2014 de 9 de diciembre en curso, le solicitó al licenciado Ian Berrocal Azofeifa, en su condición dicha, remitir la grabación realizada el 27 de octubre último, en el Juzgado de Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de San José, sobre conversación sostenida con el licenciado Sergio Alvarado Muñoz. A esos efectos, en nota recibida el 11 de este mes, el licenciado Berrocal adjuntó CD que contiene el audio que interesa, así como una minuta de la situación que se presentó el 2 de julio del 2014, entre el licenciado Alvarado y la señora María Fernanda Barboza Calderón, Técnica Judicial del citado Juzgado, y correo electrónico del señor Alex Sánchez, servidor del Departamento de Seguridad, sobre colaboración brindada el 20 de noviembre anterior, en que se llevó a cabo audiencia oral del proceso monitorio arrendaticio en el cual don Sergio funge como abogado de la parte demandada.

De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto N° 2001-11596, de las 9:05 del 9 de setiembre del 2001, referente al procedimiento a seguir en materia disciplinaria de los artículos 216 a 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la imposición directa de correcciones disciplinarias a los abogados litigantes, se acordó: Conferir audiencia al licenciado Sergio Alvarado Muñoz, para que en el término de 5 días después de notificado este acuerdo, se refiera a los hechos atribuidos, ejerza su defensa y de considerarlo procedente, ofrezca las pruebas que estime pertinentes; para lo cual se le trasladará copia de la reseña presentada por el licenciado Ian Berrocal Azofeifa, Juez del Juzgado de Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de San José, así como de la grabación y de la minuta de que se dio cuenta.

Se previene al licenciado Alvarado Muñoz, que debe señalar como medio para atender notificaciones, número de fax, cuenta de correo electrónico o cualquier otro medio que permita la seguridad del acto de comunicación conforme a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley de Notificaciones N° 8687 del 4 de diciembre del 2008. En caso de no cumplir con esta prevención, las resoluciones que se dicten posteriormente se le notificarán de forma automática, conforme lo dispone el artículo XI de la referida Ley de Notificaciones.”

Licda. Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General

Exonerado.—(IN2015036602).

N° 04-2015

A LOS SEÑORES: JUAN GERARDO UGALDE LOBO

Y CARLOS MANUEL ARIAS CASTRO

SE LES HACE SABER:

Que el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 5-15 celebrada el 20 de enero del año en curso, tomó el acuerdo que en lo conducente dice:

“ARTÍCULO XLV

Documento 10483-10, 201-15

El máster Francisco Arroyo Meléndez, Jefe de la Dirección de Gestión Humana, mediante oficio Nº JP-11-15 del 7 de enero de 2015, hizo de conocimiento lo siguiente:

“En atención a los Oficios Nº 12266, 12419 y 12610-14 con el visto bueno de esta Jefatura, me permito remitirle el Informe AL.DP. Nº 032-14 elaborado por la Msc. Priscilla Rojas Muñoz Asesora Jurídica de esta Dirección.”

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Seguidamente, se transcribe el informe AL.DP. Nº 032-14, que dice:

“La Secretaria General de la Corte mediante oficios números: 12266/12419 y 12610-14 puso en nuestro conocimiento los siguientes acuerdos adoptados por el Consejo Superior:

*Acuerdo*	*Sesión*
“Devolver las diligencias a la Dirección de Gestión Humana, para que amplíe su informe en el sentido de que deberá referirse en cada caso indicado de manera individual de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Poder Judicial; a efecto de determinar si la persona se encuentra en la obligación de suspender el disfrute de su beneficio o no, tomando en consideración los presupuestos fácticos que le caracterizan y las disposiciones normativas que le resultan aplicables.”	Nº 97-14 celebrada el 6 de noviembre del año en curso, artículo XLVI.
“Tomar nota de lo manifestado por la señora... y remitirlo a la Dirección de Gestión Humana para que valore el planteamiento que se hace y remita a este Consejo las recomendaciones que estime	Nº 98-14 celebrada el 11 de noviembre del año en curso, artículo LXXXV.
“Tomar nota del informe AL.DP. Nº 024-14, elaborado por la Asesoría Legal de la Dirección de Gestión Humana y aclarar que como bien se indica, lo que este Consejo pretende es que se realice un análisis concreto en cada caso de manera individual, por lo que devuelve el estudio para que se amplíe en dichos términos	Nº 100-14 celebrada el 18 de noviembre del año en curso, artículo LXVII

En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior en los acuerdos recién trascritos a continuación se hace el análisis requerido, con base en la información suministrada por el Departamento de Financiero Contable:

A. PERSONAS JUBILADAS JUDICIALES REGULADAS POR

LA LEY N° 8 DE 1937 JUBILADAS POR INCAPACIDAD

ABSOLUTA Y PERMANENTE LABORANDO

Nombre	Observaciones
(…)	(…)
Juan Gerardo Ugalde Lobo	Trabaja en empresa privada, lo propio y Universidad Pública
(…)	(…)

__________

¹ Artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8 de 1937.

² Artículos 231 y 232 ibidem.

³ Artículo 233 ibidem

Aunado a ello, se debe tomar en consideración lo dispuesto por la Sala Constitucional mediante resolución N° 3692 de las 11:31 horas del 15 de marzo de 2013: “En el sub-lite, se observa que, efectivamente, a un funcionario judicial activo sí se le reconoce la posibilidad de ejercer la docencia, en tanto que, a uno jubilado o retirado se le restringe esa misma oportunidad y, aún más, se brinda un trato diferenciado a los jubilados que son docentes de un centro público respecto de los que ejercen la docencia en un centro privado de enseñanza superior universitaria. No existen, ni se aportan, motivos objetivos y razonables que justifiquen ese tratamiento dispar, por lo que se produjo una discriminación que infringe el principio y el derecho a la igualdad. Resulta contrario al derecho al desarrollo de los pueblos que a las personas jubiladas o retiradas, que han acumulado experiencias y conocimiento, se les impida o se les establezca cortapisas para ejercer la docencia en un centro de enseñanza superior.” En razón de lo anterior, quien ostente la condición de persona jubilada judicial puede ejercer la docencia en universidades públicas y no estar en la obligación de suspender el disfrute de su jubilación; según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Finalmente se debe anotar que la imposibilidad de laborar lo es en el sector público y no en el sector privado, por cuanto nuestros legisladores no establecieron ese supuesto como una limitante.

De conformidad con lo anterior, esta Asesoría concluye que ninguna de las personas enlistadas debe suspender el beneficio de su jubilación.

B. PERSONAS JUBILADAS JUDICIALES REGULADAS

POR LA LEY N° 7333 DE 1994 JUBILADAS

POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y

PERMANENTE LABORANDO

Nombre	Observaciones
(…)	(…)
Carlos Manuel Arias Castro	Trabaja en lo propio
(…)	(…)

Criterio legal: A estas personas les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de cita que reza: “Al jubilado o pensionado, se le suspenderá del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de economía mixta. / También se podrá suspender, según las circunstancias, el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última situación.” (Énfasis agregado) Este numeral, a diferencia del anterior, sí hizo distinción entre las personas jubiladas y en el segundo párrafo hace especial referencia a aquellas que en razón de una enfermedad fueron jubiladas, quienes en caso de encontrarse trabajando deben suspender el disfrute del beneficio. En relación con este último punto considera esta Asesoría que al no señalar nuestros legisladores dónde no debe prestarse el servicio, sea el sector público o el sector privado, se tienen por contemplados ambos; por cuanto, tal y como se indicó líneas atrás, no es dable distinguir donde la ley no distingue.

En esa línea de pensamiento, en criterio de esta Asesoría, quienes se encuentran enlistadas en el cuadro anterior están contemplados en el presupuesto de hecho de la norma antes trascrita, toda vez que actualmente se encuentran trabajando y, por ende, estaban en la obligación de suspender el disfrute de su jubilación desde el primer día en que empezaron a laborar.

C. PERSONAS PENSIONADAS JUDICIALES

REGULADAS POR LA LEY Nº 8 DE 1937

LABORANDO

Nombre	Observaciones
(…)	(…)

Criterio legal: A estas personas les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de cita que reza: “Al jubilado o pensionado se le suspenderá del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, de sus Bancos, de sus instituciones nacionales, de las Municipalidades y de las Juntas de Educación.” De conformidad con dicho texto, toda persona pensionada que estuviera en ese presupuesto de hecho debía suspender el disfrute de su pensión. No obstante, la Sala Constitucional mediante resolución N° 16564 de las 14:50 horas del 5 de noviembre de 2008 llevó a cabo una interpretación que hizo que a partir de esa fecha naciera para quienes ostentan la condición de persona pensionada judicial la posibilidad de devengar “sueldo del Estado, de sus Bancos, de sus instituciones nacionales, de las Municipalidades y de las Juntas de Educación” y la pensión respectiva. En ese sentido, la sentencia mencionada señaló: “Se interpreta conforme al Derecho de la Constitución que el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es inconstitucional en la medida que se interprete que el concepto de ³pensionado´ ahí contenido, no incluye a los familiares ³beneficiarios´ del trabajador, sino únicamente a los pensionados directos (ex trabajadores) del Poder Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial.”

Adicionalmente no se omite indicar que la imposibilidad de laborar lo era en el sector público y no en el sector privado, por cuanto nuestros legisladores no establecieron ese supuesto como una limitante.

En consecuencia, de conformidad con lo anterior, las personas contempladas en este apartado no están en la obligación de suspender el beneficio de pensión, por no existir un fundamento legal que conlleve a ello.

D. PERSONAS PENSIONADAS JUDICIALES

REGULADAS POR LA LEY N° 7333 DE 1994

LABORANDO

Nombre	Observaciones
(…)	(…)

Criterio legal: A estas personas les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de cita que reza: “Al jubilado o pensionado, se le suspenderá del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de economía mixta. / También se podrá suspender, según las circunstancias, el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última situación.” De conformidad con dicho texto, toda persona pensionada que estuviera en ese presupuesto de hecho debía suspender el disfrute de su pensión. No obstante, la Sala Constitucional mediante resolución N° 16564 de las 14:50 horas del 5 de noviembre de 2008 llevó a cabo una interpretación que hizo que a partir de esa fecha naciera para quienes ostentan la condición de persona pensionada judicial la posibilidad de devengar “sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de economía mixta” y la pensión respectiva. En ese sentido, la sentencia mencionada expresamente señaló: “Se interpreta conforme al Derecho de la Constitución que el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es inconstitucional en la medida que se interprete que el concepto de ³pensionado´ ahí contenido, no incluye a los familiares ³beneficiarios´ del trabajador, sino únicamente a los pensionados directos (ex trabajadores) del Poder Judicial. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial.”

Por consiguiente, estas personas no están en la obligación de suspender el beneficio de pensión, por no existir un fundamento legal que conlleve a ello.

Conforme lo expuesto se deja rendido el informe solicitado por el Consejo Superior para que este, dentro de las atribuciones que le fueron conferidas, resuelva lo que derecho corresponda.”

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En sesión Nº 40-14 celebrada el 2 de mayo de 2014, artículo XXVIII, se solicitó a la Asesoría Legal de la Dirección de Gestión Humana, que indicara a este Consejo si en los casos que señaló la Auditoría en el oficio Nº 342-30-AFJP-2014 de 24 de marzo de 2014, se aplica lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Posteriormente, en sesión Nº 60-14 del 3 de julio de 2014, artículo LX, se conoció el criterio de la Dirección de Gestión Humana, en el cual se indicó que los casos expuestos por la Auditoría de personas ex servidoras judiciales que al día de hoy ostentan la condición de jubiladas en razón de la incapacidad absoluta y permanente que les fue dictaminada, se encuentran dentro del presupuesto fáctico contemplado en el segundo párrafo del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 7333) y, en consecuencia, debieron suspender su derecho de jubilación durante el tiempo que estuvieron desempeñando un empleo.

Por lo que previamente a resolver la correspondiente se tuvo por rendido el informe y se le concedió audiencia por el término de ocho días hábiles contados a partir del recibo de este acuerdo, a los señores y señoras..., Juan Gerardo Ugalde Lobo,…, Jubilados y Jubiladas Judiciales, para lo que a bien estimaran manifestar en relación con el informe rendido por el citado Departamento.

Después, en sesión Nº 71-14 celebrada el 7 de agosto de 2014, artículo LVII, se tomó nota del informe sobre el resultado del cruce de base de datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con la Caja Costarricense del Seguro Social del I Trimestre del año 2014 y se remitió a la Dirección de Gestión Humana a fin de que rindiera criterio legal y un análisis de cada uno de los casos. Además, se le concedió audiencia por el término de ocho días hábiles contados a partir del recibo de este acuerdo, a los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Poder Judicial indicadas en los anexos 1 y 2 del oficio Nº 1028-TE-2014, para lo que a bien estimaran manifestar en relación con el informe, y la aplicación del artículo 234, párrafo segundo que en lo que interesa señala: “También se podrá suspender, según las circunstancias, el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última situación”, con excepción de a quienes ya se les concedió audiencia conforme se dispuso en sesión Nº 60-14 del 3 de julio de 2014, artículo LX.

Posteriormente, en sesión Nº 86-14 del 30 de setiembre del 2014, artículo LXXXVI, previamente a resolver lo correspondiente, se le solicitó informe al Departamento de Personal a fin de que se refiriera a los casos de los jubilados y jubilada judiciales…., quienes se jubilaron al amparo de la ley de 1937.

Asimismo en sesión Nº 87-14 del 2 de octubre de 2014, se dispuso lo siguiente:

Artículo LVII	“Trasladar la gestión presentada por la señora…., Jubilada Judicial, a la Dirección de Gestión Humana para que sea considerada en el estudio solicitado en sesión Nº 71-14 del 7 de agosto de 2014, artículo LVII.”
Artículo LXIX	“Trasladar la gestión de la señora…, a la Dirección de Gestión Humana para que lo considere en el criterio legal solicitado por este Consejo en sesión Nº 71-14 del 7 de agosto del año en curso, artículo LVII.”
Artículo LXXII	“Trasladar la gestión de la señora…. a la Dirección de Gestión Humana para que lo considere en el criterio legal solicitado por este Consejo en sesión Nº 71-14 del 7 de agosto del año en curso, artículo LVII.”
Artículo XLV	“Trasladar la gestión de la señorita..., a la Dirección de Gestión Humana para su estudio e informe.”

De la misma manera, en sesión Nº 88-14 del 7 de octubre de 2014, artículo LXXV, previamente a resolver lo correspondiente, se trasladaron las manifestaciones que hizo la señora... a la Dirección de Gestión Humana para que realizara un análisis integral relativo a la situación expuesta en el acuerdo antes citado e informe a este Consejo.

Luego, en sesión Nº 97-14 del 6 de noviembre de 2014, artículo XLVI, previamente a resolver lo que correspondiera, se dispuso devolver las diligencias a la Dirección de Gestión Humana, para que ampliara su informe en el sentido de que debía referirse en cada caso indicado de manera individual de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del Poder Judicial; a efecto de determinar si la persona se encuentra en la obligación de suspender el disfrute de su beneficio o no, tomando en consideración los presupuestos fácticos que le caracterizan y las disposiciones normativas que le resultan aplicables.

En la verificada Nº 98-14 del 11 de noviembre de 2014, artículo LXXXV, se tomó nota de lo manifestado por la señora..., mismas que se remitieron a la Dirección de Gestión Humana para que valorara el planteamiento que se hizo e indicara a este Consejo las recomendaciones que estimara pertinentes.

Finalmente, en sesión Nº 100-14 del 18 de noviembre de 2014, artículo LXVII, se tomó nota del informe AL.DP. Nº 024-14, elaborado por la Asesoría Legal de la Dirección de Gestión Humana, se aclaró que como bien se indica, lo que este Consejo pretende es que se realice un análisis concreto en cada caso de manera individual, por lo que devolvió el estudio para que se ampliara en dichos términos.

Se acordó: 1) Tener por rendido el informe de la Dirección de Gestión Humana. 2) Previamente a resolver lo que corresponda en cuanto a la situación de los Jubilados y Jubiladas por incapacidad absoluta y permanente por la Ley N° 7333 de 1994 cuyas respuestas indican que laboran en lo propio, solicitar a la Dirección de Gestión Humana, que en plazo de quince días contados a partir de la comunicación de este acuerdo, proceda a realizar un análisis de cada uno de los casos con el fin de determinar los motivos que determinaron la incapacidad absoluta y permanente, si son asalariados o bien si laboran en lo propio, y así proceder conforme corresponda.”

Licda. Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General

Exonerado.—(IN2015036604).

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL

TERCERA PUBLICACIÓN

Remesa: Q 2 L 07

Expedientes: 203

Paquetes: 3

Año: 2007

Asunto: Pensiones alimentarias: 203 sin sentencia.

Remesa: Q 4 L 08

Expedientes: 4

Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: Pensiones alimentarias: 4 sin sentencia.

Remesa: Q 2 L 10

Expedientes: 144

Paquetes: 2

Año: 2010

Asunto: Pensiones alimentarias: 144 Sin sentencia.

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036775).

Remesa: A 9 P 98

Carpetas: 38

Agendas: 13

Libros: 9

Año: 1998 al 2013

Asunto: Documentación Administrativa: 1 Libro de Recibidos 2011 al 2012.

1 carpeta de Registro de entrega al notificador 2011.

Tres Agendas de Señalamientos 2011.

1 carpeta Registro de Asistencia 2011.

1 carpeta de Correspondencia Certificada 2011.

1 carpeta de Lista de Expedientes Fotocopiados 2011.

1 carpeta Correspondencia Recibida y Enviada 2011.

1 carpeta Listado de Expedientes Fotocopiados 2007.

1 carpeta de Listado de Sentencias de Segunda Instancia 2007.

1 carpeta de Registro de Asistencia 2007.

1 carpeta Correspondencia Enviada 2007.

1 carpeta Correspondencia Certificada 2007.

5 carpetas de Listado de Sentencias de I instancia 2007.

1 carpeta de Conciliación Bancaria 2007 al 2011.

Tres Agendas de señalamientos 2007.

1 Libro de Recibidos 2007.

1 carpeta Correspondencia Recibida 2007.

1 carpeta de Registro de Entrega al Notificador 2007.

1 carpeta de Informes Laborales 2007.

Una carpeta de Testimonios de Piezas 2007.

1 Libro de Recibidos 2010.

1 carpeta de Testimonios de Piezas 2010.

1 carpeta de Reporte de Notificaciones 2010.

1 carpeta de Correspondencia Enviada 2010.

Tres Agendas de Señalamientos 2010.

1 carpeta de Registro Entrega al Notificador 2010.

1 carpeta de Listado de Correo Certificado 2010.

1 carpeta de Informes Laborales 2010.

1 carpeta de Registro de Expedientes Fotocopiados 2010.

1 carpeta de Correspondencia Recibida 2010.

1 carpeta de Registro de Asistencia 2010.

1 carpeta de Control de entrega al notificador 2010.

Dos Agendas de Señalamientos 2005.

1 Libro de Conocimiento 2009.

1 carpeta de Registro de Entrega al Notificador 2009.

1 carpeta de Reporte de Asistencia 2009.

1 Libro de Recibidos 2009 al 2010.

1 carpeta de Correspondencia Certificada 2009.

1 carpeta de Correspondencia Certificada 2013.

1 carpeta de Registro de Asistencia 2013.

1 carpeta de Listado de Expedientes Fotocopiados 2013.

2 Agendas de Señalamientos 2013.

1 Libro de Conocimientos 2001.

1 Libro de Conocimientos 2003.

1 carpeta de Registro de Nombramientos y Juramentos 1998 al 2005.

1 carpeta de Conciliaciones Bancarias 1998 al 2006.

1 Libro de Comisiones 1998 al 2002.

1 Libro de Pasado a Fallo 1998 al 2009.

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles luego de la primera publicación de este aviso.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036778).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta N° 03-2011 de fecha 16 de noviembre del 2011, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en Sesión Nº 11-12 celebrada el 09 de febrero del 2012, artículo LXVIII. De la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta Nº 01-2009 de fecha 26 de febrero del 2009, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en Sesión Nº 58-09 celebrada el 02 de junio del 2009, artículo LV. De la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta N° 03-2006 de fecha 01 de setiembre del 2006, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en Sesión N° 73-06 celebrada el 28 de setiembre del 2006, artículo LIII. Se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de expedientes de Familia del año 2005 al 2010, expedientes de Violencia Doméstica del año 2009 al 2011, expedientes Civiles del año 2005 al 2007 y expedientes Laborales del año 2000 al 2011 del Juzgado Civil y Trabajo de Aguirre y Parrita, Puntarenas. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Violencia Doméstica:

Remesa: V 6 P 09

Expedientes: 649

Paquetes: 7

Año: 2009

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.

Remesa: V 4 P 10

Expedientes: 582

Paquetes: 7

Año: 2010

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.

Remesa: V 3 P 11

Expedientes: 834

Paquetes: 6

Año: 2011

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica.

Penal Juvenil:

Remesa: T 6 P 00

Expedientes: 76

Paquetes: 2

Año: 2000

Asunto: Expedientes de Penal Juvenil:

1 Abuso deshonesto, 2 agresión con arma, 1 amenazas a la autoridad, 1 atípico, 2 daños, 1 desobediencia a la autoridad, 3 tenencia de drogas, 1 falsificación de documento, 1 golpes, 9 hurtos, 1 hurto agravado, 1 hurto menor, 3 hurtos simples, 15 Infracciones ley de tránsito, 1 injurias, 3 lesiones, 1 lesiones culposas, 1 lesiones graves, 1 lesiones levísimas, 1 palabras obscenas, 1 proposiciones irrespetuosas, 2 receptaciones, 16 robos agravados, 1 robo simples, 3 robos con fuerza sobre las cosas, 2 tentativas de suicidio, 1 tenencia de drogas. Expedientes con sobreseimiento definitivo, desestimaciones y sentencia absolutorias firmes.

Remesa: T 3 P 01

Expedientes: 87

Paquetes: 2

Año: 2001

Asunto: Expedientes de Penal Juvenil: 1 Violación, 6 agresiones con arma, 7 abusos deshonestos, 3 amenazas, 1 circulación de moneda falsa, 2 daños, 1 desacato, 1 desobediencia a la autoridad, 3 tenencia de drogas, 1 exhibicionismo, 8 golpes, 6 hurtos, 1 hurto agravado, 1 tentativa de hurto simple, 3 infracciones a ley de armas, 11 infracciones a la ley de tránsito, 1 injurias, 2 lesiones, 1 lesiones culposas, 2 lesiones levísimas, 5 palabras obscenas, 1 perturbación a la tranquilidad, 2 receptaciones, 1 robo, 8 robos agravados, 1 robo con violencia sobre las personas, 2 robos simples, 2 tenencia de drogas, 1 uso de sustancia ilícitas, 2 tentativas de violación. Expedientes con sobreseimiento definitivo, desestimaciones y sentencia absolutorias firmes.

Remesa: T 2 P 02

Expedientes: 114

Paquetes: 3

Año: 2002

Asunto: Expedientes de Penal Juvenil: 32 Inf. Ley de Tránsito, 6 abusos deshonestos, 7 agresiones, 5 agresiones con arma, 4 amenazas, 3 daños, 2 denuncias calumniosas, 1 desacato, 1 difamación, 1 violación de domicilio, 3 tenencia de drogas, 6 golpes, 4 hurtos, 1 hurto agravado, 3 hurtos menores, 1 Infracción Ley psicotrópicos, 2 infracciones ley fauna silvestre, 1 Infracción Ley Fauna, 2 injurias, 4 lesiones, 2 palabras obscenas, 1 perturbación a la tranquilidad, 14 robos, 2 tentativas de suicidio, 1 tenencia de droga, 1 uso documento falso, 3 violaciones, 1 tentativa de violación. Expedientes con sobreseimiento definitivo, desestimaciones y sentencia absolutorias firmes.

Remesa: T 2 P 03

Expedientes: 154

Paquetes: 2

Año: 2003

Asunto: Expedientes de Penal Juvenil: 6 Abusos deshonestos, 1 agresión, 5 agresiones con arma, 9 amenazas, 1 circulación de moneda falsa, 5 daños, 1 desacato, 1 desobediencia, 1 violación de domicilio, 6 consumo de droga, 21 tenencias de drogas, 1 tráfico de drogas, 1 falta a la moral, 2 golpes, 7 hurtos, 4 hurtos agravados, 4 hurtos menores, 2 hurtos simples, 9 Infracción Ley Psicotrópicos, 4 Infracción Ley de Armas, 2 Infracción derechos de autor, 1 Infracción Ley de Fauna, 21 Infracción Ley Tránsito, 3 lesiones, 1 lesiones culposas, 1 lesiones graves, 2 lesiones levísimas, 9 palabras obscenas, 1 perturbación a la tranquilidad, 1 portación de armas, 1 robo, 4 robos agravados, 2 robos simples, 2 robos con fuerza sobre las cosas, 2 tentativas de suicidio, 1 tenencia de drogas, 4 transportes de drogas, 3 violaciones, 1 violación agravada, 1 tentativa de violación. Expedientes con sobreseimiento definitivo, desestimaciones y sentencia absolutorias firmes.

Civil Varios:

Remesa: C 21 P 01

Expedientes: 2

Paquetes: 1

Año: 2001

Asunto: Expedientes de Civil:

1 Medida cautelar en abandono.

1 Diligencia de utilidad y necesidad sentencia c/I.

Remesa: C 18 P 02

Expedientes: 4

Paquetes: 1

Año: 2002

Asunto: Expedientes de Civil: 4 Actos preparatorios.

Remesa: C 12 P 05

Expedientes: 6

Paquetes: 1

Año: 2005

Asunto: Expedientes de Civil:

1 Medida cautelar en abandono.

3 Diligencia de utilidad y necesidad sentencia c/I.

1 Desahucio, archivado.

1 Cambio de nombre, sentencia c/I.

Remesa: C 6 P 06

Expedientes: 6

Paquetes: 1

Año: 2006

Asunto: Expedientes de Civil:

1 Prendario, archivado.

1 Medida cautelar, archivado.

1 Desahucio, archivado.

1 Cambio nombre, sentencia c/I.

2 Utilidad y Necesidad, 1 c/I y 1 archivado.

Remesa: C 5 P 07

Expedientes: 3

Paquetes: 1

Año: 2007

Asunto: Expedientes de Civil:

1 Medida Cautelar, archivada.

1 Desahucio, archivado

1 Prendario, archivado.

Familia Varios:

Remesa: F 3 P 05

Expedientes: 47

Paquetes: 1

Año: 2005

Asunto: Expedientes Familia:

11 Interrelación familiar, sin lugar o archivados por arreglo extrajudicial.

3 Reconocimiento unión de hecho, inadmisible o archivado.

4 Separación Judicial, sin lugar y archivado.

9 Conflicto de autoridad parental, sin lugar y archivados.

1 Impugnación Paternidad, sin sentencia (archivado).

5 Investigación Paternidad, sin sentencia (archivado).

3 Mutuo Acuerdo, sin sentencia (archivado y abandonado).

3 Matrimonios, no celebrados

1 Insania, con lugar.

7 Divorcios, sin sentencia (archivados).

Remesa: F 3 P 06

Expedientes: 24

Paquetes: 1

Año: 2006

Asunto: Expedientes Familia:

4 Investigación Paternidad, sin sentencia (archivado).

9 Conflicto de autoridad parental, sin lugar y archivados.

1 Insania, con lugar.

3 Reconocimiento unión de hecho, inadmisible o archivado.

2 Interrelación familiar, sin lugar o archivados por arreglo extrajudicial.

1 Autorización a menor para salida del país, archivado.

1 Divorcio en abandono.

3 Separaciones Judiciales, sin lugar y archivado.

Remesa: F 3 P 07

Expedientes: 28

Paquetes: 1

Año: 2007

Asunto: Expedientes Familia:

1 Reconocimiento unión de hecho, archivado.

1 Interrelación familiar, sin lugar.

5 Matrimonios, no celebrados.

6 Divorcios, sin sentencia (archivados).

4 Investigación Paternidad, sin sentencia (archivado).

4 Conflicto de autoridad parental, sin lugar y archivados.

7 Reconocimiento Hijo Mujer Casada, sin lugar, abandono y archivado.

Remesa: F 3 P 08

Expedientes: 42

Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: Expedientes Familia:

2 Mutuo Acuerdo, sin sentencia (archivado y abandonado).

1 Medida de Protección en sede judicial, archivado.

2 Diligencias de utilidad y necesidad en abandono.

2 Reconocimiento unión de hecho, archivado.

8 Conflicto de autoridad parental, sin lugar y archivados.

3 Interrelación familiar, sin lugar y archivado.

7 Reconocimiento Hijo Mujer Casada, sin lugar, abandono y archivado.

1 Impugnación Paternidad, sin sentencia (archivado).

3 Investigación Paternidad, sin sentencia (archivado).

11 Divorcios, sin sentencia (archivados).

2 Depósito Judicial.

Remesa: F 3 P 09

Expedientes: 27

Paquetes: 1

Año: 2009

Asunto: Expedientes Familia:

1 Reconocimiento unión de hecho, archivado.

3 Investigación Paternidad, sin sentencia (archivado).

1 Mutuo Acuerdo, sin sentencia (archivado y abandonado).

2 Divorcios, sin sentencia (archivados).

8 Conflicto de autoridad parental, sin lugar y archivados.

10 Interrelación familiar, sin lugar y archivado.

1 Reconocimiento Hijo Mujer Casada en abandono.

1 Diligencias de utilidad y necesidad, archivado.

Remesa: F 2 P 10

Expedientes: 25

Paquetes: 1

Año: 2010

Asunto: Expedientes Familia:

6 Matrimonios, no celebrados.

3 Divorcios, sin lugar.

5 Conflicto de autoridad parental, sin lugar y archivados.

3 Impugnación Paternidad, sin sentencia (archivado).

1 Investigación Paternidad, sin sentencia (archivado).

1 Reconocimiento unión de hecho, archivado.

1 Depósito Judicial, archivado.

1 Reconocimiento Hijo Mujer Casada en abandono.

4 Interrelación familiar, archivado.

Laboral Varios:

Remesa: L 19 P 00

Expedientes: 49

Paquetes: 2

Año: 2000

Asunto: Expedientes Laborales:

34 Ordinario laborales, terminados o abandonados.

7 Riesgos Laboral, con sentencia o archivados.

1 Huelga, con sentencia

7 Pensiones Invalidez, terminados o abandonados.

Remesa: L 17 P 01

Expedientes: 69

Paquetes: 2

Año: 2001

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Prestaciones de Trabajador Fallecido, archivado.

1 Conmutación de Renta, terminado.

7 Pensiones Invalidez, terminados o abandonados.

18 Riesgos Laborales con sentencia o archivados.

42 Ordinarios Laborales, terminados o abandonados.

Remesa: L 16 P 02

Expedientes: 78

Paquetes: 3

Año: 2002

Asunto: Expedientes Laborales:

22 Riesgos Laborales, con sentencia o archivados.

44 Ordinarios Laborales terminados o abandonados.

12 Pensiones Invalidez, terminados o abandonados.

Remesa: L 15 P 03

Expedientes: 36

Paquetes: 1

Año: 2003

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Declaratoria de Huelga archivado.

12 Riesgos Laborales con sentencia o archivados.

15 Ordinarios Laborales terminados o abandonados.

7 Pensiones Invalidez, terminados o abandonados.

1 Prestaciones de Trabajador Fallecido, archivado.

Remesa: L 15 P 05

Expedientes: 2

Paquetes: 1

Año: 2005

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Conmutación de Renta, terminado.

1 Prestaciones de Trabajador Fallecido, terminado.

Remesa: L 9 P 08

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Conmutación de Renta, archivado.

Remesa: L 6 P 09

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2009

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Prestaciones de Trabajador Fallecido, terminado.

Remesa: L 4 P 10

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2010

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Prestaciones de Trabajador Fallecido, terminado.

Remesa: L 4 P 11

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2011

Asunto: Expedientes Laborales:

1 Prestaciones de Trabajador Fallecido, terminado.

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva dentro del plazo de ocho días hábiles luego de la primera publicación de este aviso.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036780).

Remesa: P 37 A 00

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2000

Asunto: Penal Varios: 1 Expediente: Agresión (1 sobreseimiento firme).

Remesa: P 23 A 02

Expedientes: 10

Paquetes: 1

Año: 2002

Asunto: Penal Varios: 10 Expedientes: 1 Lesiones Leves, 1 Usurpación, 1 Resistencia Agravada, 1 Libramiento de Cheques sin Fondos, 1 Lesiones Culposas, 1 Infracción Ley Forestal, 2 Estafas, 1 Desobediencia a la Autoridad y Fraude de Simulación, 1 Infracción Ley de Armas (7 sobreseimiento firme y 3 con desestimación).

Remesa: P 17 A 04

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2004

Asunto: Penal Varios: 1 Expedientes: 1 Infracción Ley Forestal (1 sobreseimiento firme).

Remesa: P 21 A 05

Expedientes: 32

Paquetes: 1

Año: 2005

Asunto: Penal Varios: 32 Expedientes: 29 Retenciones Indebidas, 1 Usurpación, 1 Lesiones Leves y 1 Robo Simple (32 sobreseimientos firmes).

Remesa: P 18 A 06

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2006

Asunto: Penal Varios: 1 Expedientes: 1 Infracción Ley Forestal (1 sobreseimiento firme).

Remesa: P 22 A 07

Expedientes: 5

Paquetes: 1

Año: 2007

Asunto: Penal Varios: 5 Expedientes: 2 Agresiones con Arma, 1 Robo, 1 Lesiones Culposas y 1 Agresión con Arma y Lesiones Levísimas (5 sobreseimientos firmes)

Remesa: P 29 A 08

Expedientes: 3

Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: Penal Varios: 3 Expedientes: 2 Hurtos y 1 Hurto Simple (3 sobreseimientos firmes).

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036782).

Remesa: O 22 A 98

Sobres: 289

Carpetas: 38

Ampos: 153

Libros 20

Año: 1998-2011

Asunto: Documentación Administrativa: Sobres: 289 con Negativos Fotográficos años 1998-2011, Carpetas: 5 de Reconocimiento fotográfico años 2007-2010, 4 de Solicitudes de revelado de rollos 1999-2011 y 29 álbum Fotográfico 2008-2010.

Ampos: 1 Presentaciones 2006, 5 Remisión de detenidos 2007-2011, 2 órdenes de libertad 2010-2011, 4 tener a la orden 2010-2011, 6 Control de detenidos 2003-2011, 4 Reseñas 2001-2008, 30 Copias Denuncias 2005-2010, 6 de Mercadería 2006-2009, 11 de Correspondencia 2007-2010, 16 Diligencias Menores 2007-2010, 14 Consecutivos Oficios 2007-2010, 5 Viáticos 2007-2010. 6 Circulares 2006-2010, 5 Criminalísticos 2005-2009, 3 personas desaparecidas 2006-2008, 5 Extravío 2006-2010, 01 Reporte Personales 2010, 1 Control Interno Plan Operativo 2003-2006, 5 Correos Electrónicos 2007-2010, 5 Levantamiento de Gravamen 2006-2009, 3 Documentos Varios 2006-2009, 1 Entrega de Denuncias 2009, 4 Estadísticas 2008-2010, 1 Roles Mensuales 2010, 3 Autoevaluaciones 2005-2007, 1 Gastos Confidenciales 2007, 2 Documentos Fuerza Pública 2008-2010, 1 Reporte Trimestral 2010, 1 Acta de Entrega 2007, 1 Certificados de defunción.

Libros: 1 Entrada General de Remisiones 2007-2011, 1 Control de Boletas 2010, 3 Libro General de Registro de Casos 98-2008, 3 Libro de Conocimiento 2002-2009, 1 Control de Evidencias 2007, 4 Asistencia 2008-2009, 2 Control de Prácticas 2009-2010, 1 Libro de reuniones 2006-2008, 1 Objetos Decomisados 2006, 1 Capturas 1998, 2 Actas 1999, 2005.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036783).

Remesa: A 15 A 04

Expedientes: 216

Paquetes: 09

Año: 2004-2009

Asunto: Expedientes Administrativos:

01 paquete con 03 Expedientes Administrativos (Sociales, Psicológicos, Psicosociales) del año 2004

01 paquete con 25 Expedientes Administrativos (Sociales, Psicológicos, Psicosociales) del año 2005.

01 paquete con 15 Expedientes Administrativos (Sociales, Psicológicos, Psicosociales) del año 2006.

01 paquete con 05 Expedientes Administrativos (Sociales, Psicológicos, Psicosociales) del año 2007.

01 paquete con 04 Expedientes Administrativos (Sociales, Psicológicos, Psicosociales) del año 2008.

04 Paquetes con 164 expedientes administrativos (Sociales, Psicológicos y Psicosociales) del año 2009.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036784).

Remesa: P 30 A 08

Expedientes: 7

Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: 7 Expedientes: 1 Robo Simple, 1 Robo Simple en grado de tentativa, 1 Querella de Injurias, Calumnias, 1 Tenencia Ilegal de Arma Permitida, 1 Receptación, 1 Agresión con Arma y Daños y 1 Estafa (3 sobreseimientos firmes y 4 Sentencias Absolutorias).

Remesa: P 26 A 09

Expedientes: 5

Paquetes: 1

Año: 2009

Asunto: 5 Expedientes: 1 Robo Simple, 1 Conducción Temeraria, 1 Querella por Injurias y Calumnias, 1 Apropiación y Retención Indebida y 1 Incumplimiento o Abuso Patria Potestad (5 Sentencias Absolutorias).

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036786).

Remesa: A 107 S 98

Paquetes: 25

Ampos: 51

Libros: 16

Agendas: 16

Año: 1998 - 2013.

Asunto: Documentación administrativa. 44 ampos con Reportes y Registro (Registro de escritos y ordenes presentados en el RDD, Registro de notificaciones devueltas por la OCN, Registro de los usuarios en el SDJ, Registro de los comprobantes de fax, Registro de Quejas y Recursos presentadas en la Sala Constitucional, Registro de los expedientes entregados al Archivo Judicial, Registro de la solicitud de vacaciones), del año 2006 a 2013; 1 ampo con Vacaciones de Personal del año 2009 al 2010, 2 ampos de informes mensuales y trimestrales del año 2005 al 2009, 1 ampo de sentencias del año 2008, 2 ampos de circulares del año 2005 al 2012, 1 ampo de oficios del año 2006.

16 libros de controles de expedientes de apelación, incompetencia y fallo del año 1999 al 2008.

16 Agendas de señalamientos del año 2006 al 2012.

1 paquete de registro de asistencia del año 2007 al 2013, 8 paquetes de Control de correo certificado del año 2005 a 2013, 5 paquetes de correspondencia del año 2011 al 2013, 10 paquetes de reporte y registros (Registro de los usuarios en el SDJ, Registro de escritos y ordenes presentados en el RDD, control de expedientes, Registro de notificaciones devueltas por la OCN) del año 1998 al 2012, 1 paquete de préstamo de expedientes del año 2004 al 2006.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036789).

Remesa: O 23 A 97

Paquetes: 109

Ampos: 14

Años: 1997 al 2011

Asuntos: Documentación Administrativa: Capturas canceladas de los años que se detallan a continuación: 1997-1 paquete, 2000-2004 1 paquete, 2005 4 paquetes, 2006 4 paquetes, 2007 22 paquetes, 2008 23 paquetes, 2009 19 paquetes, 2010 18 paquetes, 2011 17 paquetes. Correspondencia enviada 2007-2011 11 ampos y estadística 2009-2011 3 ampos.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036791).

Remesa: L 17 L 01

Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2001

Asunto: Laboral: 1 Diligencias por muerte

Remesa: L 13 L 06

Expedientes: 69

Paquetes: 2

Año: 2006

Asunto: Laboral: 14 Diligencias por muerte, 3 Prestaciones por muerte, 47 Infracciones a la Constitutiva de la CCSS, 4 Infracción a la ley del Ministerio de Trabajo, 1 Prestaciones Legales.

Remesa: L 10 L 07

Expedientes: 50

Paquetes: 1

Año: 2007

Asunto: Laboral: 10 Diligencias por muerte, 37 Infracciones a la Constitutiva de la CCSS, 2 Infracción a la ley del Ministerio de Trabajo, 1 Consignación de Prestaciones.

Remesa: L 9 L 08

Expedientes: 59

Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: Laboral: 19 Diligencias por muerte, 37 Infracciones a la Constitutiva de la CCSS, 3 Infracción a la ley del Ministerio de Trabajo.

Remesa: L 3 L 09

Expedientes: 76

Paquetes: 2

Año: 2009

Asunto: Laboral: 33 Diligencias por muerte, 1 Prestaciones por muerte, 36 Infracciones a la Constitutiva de la CCSS, 4 Infracción a la ley del Ministerio de Trabajo, 1 Reajuste de Pago de Pensión, 1 Consignación de Prestaciones.

Remesa: L 1 L 10

Expedientes: 53

Paquetes: 1

Año: 2010

Asunto: Laboral: 19 Diligencias por muerte, 29 Infracciones a la Constitutiva de la CCSS, 5 Infracción a la ley del Ministerio de Trabajo.

Remesa: L 1 L 11

Expedientes: 45

Paquetes: 1

Año: 2011

Asunto: Laboral: 13 Diligencias por muerte, 16 Infracciones a la Constitutiva de la CCSS, 15 Infracción a la ley del Ministerio de Trabajo, 1 Consignación de Prestaciones.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036792).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta N° 01-2009 de fecha 26 de febrero de 2009, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 58-09 celebrada el 02 de junio del 2009, artículo LV, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Legajos Paralelos del año 2006 al 2012 de la Fiscalía Penal Juvenil de Alajuela. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa: T 7 A 06

Legajos Paralelos: 179

Paquetes: 3

Año: 2006-2012

Asunto: Legajos Paralelos con sobreseimiento definitivo: 2 legajos paralelos del año 2006, 5 legajos paralelos del año 2008, 11 legajos paralelos del año 2009, 29 legajos paralelos del año 2010, 44 legajos paralelos del año 2011, 46 legajos paralelos del año 2012.

Legajos Paralelos con absolutoria: 2 legajos paralelos del año 2009, 9 legajos paralelos del año 2010, 17 legajos paralelos del año 2011, 14 legajos paralelos del año 2012.

Dan fe que el proceso de selección en el despacho cumplió con lo establecido en circular N° 36-2010 de la Secretaría General de la Corte.

San José, 8 de junio de 2015.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán,

Subdirector Ejecutivo

Exonerado.—(IN2015036793).

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA
DEL PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SEGUNDA PUBLICACIÓN

El Consejo de la Judicatura, el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial abren concursos para integrar listas de elegibles para los cargos de Juez y Jueza:

Concurso	Cargos de Juez y Jueza	Inicio de Exámenes (Convocatoria General)	Modalidad
CJ-14-15	Juez (a) 1 genérico	27/10/2015	Oral
CJ-15-15	Juez (a) 2 ejecución de la pena	25/08/2015	Oral
CJ-16-15	Juez (a) 3 civil	14/10/2015	Oral
CJ-17-15	Juez (a) conciliador	29/09/2015	Oral
CJ-18-15	Juez (a) 3 contencioso administrativo	22/09/2015	Oral
CJ-19-15	Juez (a) 3 laboral	08/09/2015	Oral
CJ-20-15	Juez (a) 3 familia	08/09/2015	Oral
CJ-21-15	Juez (a) 3 notarial	18/08/2015	Oral
CJ-22-15	Juez (a) 3 penal juvenil	04/08/2015	Oral
CJ-23-15	Juez (a) 3 penal	08/09/2015	Oral
CJ-24-15	Juez (a) 4 agrario	01/09/2015	Oral
CJ-25-15	Juez (a) 4 civil	11/08/2015	Oral
CJ-26-15	Juez (a) 4 contencioso administrativo	01/09/2015	Oral
CJ-27-15	Juez (a) 4 penal	04/08/2015	Oral
CJ-28-15	Juez (a) 5 Apelaciones Penal Juvenil	04/08/2015	Oral

En la convocatoria general, día en que se asignar án las fechas para examen, NO se admitirán aspirantes que se presenten después de la hora señalada en el comunicado que hará la Sección Administrativa de la Carrera Judicial.

I. REQUISITOS:

GENERALES:

P Ser costarricense, ciudadano(a) en ejercicio.

P Estar incorporado o incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (Deberá remitirse el certificado de incorporación en formato electrónico).

P Si no es funcionario del Poder Judicial, aportar la cuenta cliente del Banco de su elección.

ESPECÍFICOS:

Además de los requisitos generales, las personas que oferten deben cumplir con los requerimientos que establece el Manual de Clasificaci ón de Puestos y demás disposiciones vigentes del marco jurídico costarricense y contar con lo siguiente:

Concurso CJ-17-15 Juez(a) Conciliador

• Haber aprobado cursos formales en materia de Mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, con duración de 80 horas o en su defecto el certificado que le acredite como mediador(a).

Concurso CJ-21-15 Juez(a) 3 Notarial

• Requisitos establecidos en la Ley 7764 del 17 de abril de 1998, publicada en La Gaceta Nº98 del 22 de mayo de 1998, artículo 3 y transitorios VII y XI:

• [...] c) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad reconocida por las autoridades educativas competentes; además, haber estado incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo. [...]

Concurso CJ-24-15 de Juez(a) 4 Agrario

• Ser abogado con experiencia de más de cinco años en la profesión y poseer título debidamente expedido o reconocido en Costa Rica.

• Haber obtenido una especialización en derecho agrario, o contar con una experiencia no menor de tres años en la enseñanza o en la práctica de esa rama del derecho.

• Rendir caución por el monto que fije la Corte Suprema de Justicia, antes de entrar en el ejercicio del cargo. (Así reformado por Ley N°7333, La Gaceta N° 124 del 1° de julio de 1993, Alcance N° 24).

Concursos CJ-24-15 de Juez(a) 4 Agrario, CJ-25-15 Juez(a) 4 Civil, CJ-26-15 Juez(a) 4 Contencioso Administrativo, CJ-27-15 Juez(a) 4 Penal debe contar con al menos 30 años de edad.

Concurso CJ-28-15 de juez(a) 5 Apelaciones Penal Juvenil

• Contar con al menos 35 años de edad.

• Haber ejercido la profesión durante diez años, salvo en los casos en que se trate de funcionarios judiciales con práctica jurisdiccional no menor de cinco años.

II. FASES QUE CONSTITUYEN LOS CONCURSOS

1) Inscripción electrónica en el concurso.

2) Quienes cumplan con los requisitos establecidos, deberán realizar exámenes orales o según lo determine el Consejo de la Judicatura para cada categoría y materia.

3) Entrevista por parte de los y las integrantes del Consejo de la Judicatura.

4) Valoraciones por parte de los y las profesionales de la Unidad Interdisciplinaria de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial en las áreas de psicología, medicina y trabajo social.

5) Cierre del concurso por parte del Consejo de la Judicatura.

6) Ingreso de promedios de las personas que resulten elegibles al respectivo escalafón, una vez que el Consejo de la Judicatura haya dictado el acto final del concurso.

III. ACERCA DE LA INSCRIPCIÓN:

P Inscripción electrónica: Es imprescindible que las personas oferentes se inscriban a través del Sistema Administrativo de la Carrera Judicial mediante la OFERTA ELECTRÓNICA DE SERVICIOS en la dirección electrónica https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SACJ/.

La inscripción será única y exclusivamente por este medio y queda registrada en línea automáticamente. Se habilitan las veinticuatro horas hasta la fecha de vencimiento del período de inscripción del concurso.

Los TEMARIOS de las pruebas están disponibles en la dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/personal/juecesyjuezas.htm por lo que no se suministrarán por otro medio.

P Procedimiento para ingresar al Sistema Administrativo de la Carrera Judicial

Intranet: http:intranet/personal/juecesyjuezas.htm

Internet: http:www.poder-judicial.go.cr/personal/juecesyjuezas.htm

1. Seleccione el ícono Sistema Administrativo de la Carrera Judicial.

2. Si ya registró una contraseña en un concurso anterior, únicamente digite el número de cédula en formato de diez caracteres, la contraseña y proceda con la inscripción.

3. Si es primera vez que ingresa al sistema SACJ, debe seleccionar la opción “cambiar contraseña” indicar el número de cédula en formato de diez dígitos, llenar el espacio que dice “nueva contraseña” confirmarla y presionar inmediatamente cambiar. En el menú del sistema, seleccionar la opción “Concursos para conformar las listas de elegibles para jueces y juezas”

4. Para la correcta inscripción en los concursos, es preciso que complete todos los espacios requeridos en el formulario. Al final del proceso de inscripción, el sistema le brindará un comprobante mediante el cual se asegura que éste se efectúo con éxito. Caso contrario la solicitud será desestimada.

5. De acuerdo con el procedimiento que se señala a continuación, los atestados deberán remitirse en formato electrónico, a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial al cierre del concurso, o a más tardar dentro de los ocho días hábiles posteriores a la fecha de su vencimiento. Esta disposición rige para quienes oferten por primera vez o hayan presentado los atestados en un período mayor a dos años.

IV. DOCUMENTOS A PRESENTAR

P Bachiller de secundaria. (Deberá remitirse en formato electrónico, ver punto V)

P Licenciatura en Derecho. (Deberá remitirse en formato electrónico, ver punto V)

P Incorporación al Colegio de Abogados. (Deberá remitirse en formato electrónico, ver punto V)

P Si no es funcionario del Poder Judicial, aportar la cuenta cliente del Banco de su elección.

OTROS:

P Fotografía. (Indispensable presentarla al momento en que se le efectúe la valoración médica)

P Encontrarse al día con las obligaciones en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

P Cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial, el Reglamento de Carrera Judicial y demás disposiciones vigentes.

P Es indispensable que las personas que resulten elegibles en los concursos y que lleguen a ocupar cargos en la Judicatura, realicen los cursos definidos por la institución para cada categoría y materia que se imparten por la Escuela Judicial (entre otros Sistema de Gestión, Depósitos Judiciales) y los cursos virtuales en materia de equidad de género, accesibilidad, servicio público de calidad, sistema de gestión, hostigamiento sexual y acoso psicológico en el trabajo. Además, deberán mostrar dominio en cuanto al empleo de paquetes informáticos básicos de oficina y de uso institucional.

P Tener experiencia en supervisión de personal (deseable).

P Experiencia en la tramitación y la resolución de asuntos judiciales (deseable).

V. PROCEDIMIENTO PARA REMITIR LOS ATESTADOS EN

FORMATO ELECTRONICO.

1) Escanear documentos y crear un archivo digital el cual se requiere que sea indispensablemente en formato PDF, con un máximo tres megas.

2) Ingresar a la dirección electrónica: https://pjenlinea.poder-judicial.go.cr/SACJ/

3) Seguir los pasos señalados anteriormente en relación con la contraseña.

4) En el menú de inscripción, seleccionar la opción “buzón para agregar atestados”.

5) En “selección tipo de atestado”, seleccionar “documento”.

6) En “archivo a adjuntar”, elegir “examinar”, debe buscar el archivo digital PDF que contiene los documentos escaneados y adjuntarlos.

7) En la barra superior, presionar “subir atestados”.

8) Los documentos quedan agregados en forma automática en un buzón que será revisado por la Sección Administrativa de la Carrera Judicial.

VI. DE LOS COMPONENTES POR VALORAR:

P Examen: Las personas aspirantes deberán rendir una prueba sobre la materia específica ante un Tribunal Examinador, la cual será obligatoriamente grabada en audio, no así la parte deliberativa.

La nota del examen se multiplicará por el valor indicado: 75 para el grado I, categorías de juez-jueza 1, 2 y 3; 70 para el grado II, categorías de juez-jueza 4 y 5. El resultado se dividirá entre 100 para obtener el porcentaje correspondiente.

El examen no representa el promedio de elegibilidad, por cuanto el porcentaje de la prueba deberá ponderarse con otros factores, tales como: experiencia, promedio académico, entrevista, publicaciones, docencia, postgrados y capacitación.

P Entrevista: Quienes tengan posibilidad de quedar elegibles se someterán a una entrevista con dos integrantes del Consejo de la Judicatura, la cual versará sobre la organización del Poder Judicial, la actividad jurisdiccional en general y específica del área a la que se aspira, aspectos del sistema jurídico costarricense y sobre la cultura jurídica de la persona aspirante. Será obligatoriamente grabada en audio, no así la parte deliberativa.

P Experiencia profesional: Se califica a partir de la fecha de Incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Si como profesional en Derecho, posee experiencia laboral externa al Poder Judicial, se deberá aportar en formato electrónico (ver punto V), lo siguiente:

v Abogado(a) litigante: Declaración jurada no protocolizada sobre los periodos que fungió como abogado(a) o notario(a) y comprobante de Tributación Directa, además de cualquier otro documento que compruebe en forma idónea dicha experiencia.

v Empresa o institución: Constancia emitida por esta que especifique:

1. El o los puestos desempeñados.

2. Requisitos y especialidad del o de los puestos profesionales.

3. La fecha de rige y vence de los períodos laborados.

4. Si durante su permanencia solicitó o no permisos sin goce de salario. En caso de que los haya disfrutado, se debe señalar el período.

5. El motivo de salida.

6. Si hubo o no pago de prestaciones y, en caso afirmativo, con cuál ley.

En concordancia con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Carrera Judicial, a aquellas personas que ya cuenten con elegibilidad y que participen en un concurso de una misma categoría y materia, se les considerar á la experiencia ya acreditada, sin variar la fecha establecida conforme al numeral anterior. Se podrá computar nueva experiencia únicamente si ya ha superado el plazo de dos años desde el anterior corte.

P Promedio académico: Para promediar este componente, debe remitir en formato electrónico (ver punto V) la certificación de notas de la carrera universitaria.

P Publica Clones: La guía para la calificación de los y las participantes en la Carrera Judicial contempla, únicamente, el reconocimiento de ensayos y libros atinentes a la disciplina del Derecho, previo estudio y reconocimiento de la Unidad de Componentes Salariales del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial.

P Docencia: Únicamente se reconocerá la docencia

universitaria. La persona interesada debe remitir en formato electrónico, ver punto V, la constancia con membrete emitida por la universidad donde fue docente, en la cual especifique el nombre del curso, el cuatrimestre o semestre, según el caso, y el año cuando la impartió.

P Postgrado: Se reconocerán dos puntos por la especialidad, por la aprobación del Programa de Formación General básica para Jueces y Juezas o especialidad universitaria; tres puntos por la maestría y cinco puntos por el doctorado. El tope máximo en este rubro es de cinco puntos y no es acumulativo, el o los títulos deberán remitirse en formato electrónico, ver punto V.

P Capacitación recibida: Se reconocerán los certificados de capacitación en la Carrera Judicial, siempre que contengan la cantidad de horas establecidas; la capacitación sea impartida por alguna institución de renombre, atinente a la disciplina del Derecho y sea realizada luego de la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el o los certificados deberán remitirse en formato electrónico, ver punto V.

P Evaluaciones médicas, de trabajo social y psicológicas: A quienes tengan posibilidad de quedar elegibles, se les realizarán evaluaciones médicas, de trabajo social y psicológicas, cuyos resultados serán parte integral del proceso de selección. La información derivada de su participación en este concurso será utilizada por los órganos decisorios.

P Promedio final de elegibilidad: Se hará en el mismo momento a todas las personas participantes de un mismo concurso, por cuanto consta de un procedimiento único, con fases de cumplimiento iguales para los y las participantes. Esta regla aplica para las personas que ya cuentan con elegibilidad y realizan examen para mejorar la nota. Salvo disposición contraria por el Consejo de la Judicatura.

Si el promedio final es inferior a 70, no procederá en el futuro la modificación del promedio obtenido mediante la recalificación de los distintos factores. Consejo de la Judicatura, sesión CJ-36-2001, artículo VIII, celebrada el 23 de octubre de 2001.

P Convalidación del promedio de elegibilidad: Procede convalidar el promedio obtenido en un concurso a otro de inferior categoría en la misma materia, esta gestión se realiza a solicitud de parte y una vez que el Consejo de la Judicatura haya dictado el acto final del concurso donde está participando. Para ello, deberá haber obtenido un promedio igual a 70 o superior. Esta regla aplica para las personas que ya cuentan con elegibilidad y realizan examen para mejorar la nota.

VII. SOBRE LA CONVOCATORIA PARA ASIGNAR FECHAS DE EXAMEN, EXCLUSIÓN, REPROGRAMACIÓN Y SANCIÓN.

P Los oferentes que se inscriban y no continúen con el proceso, serán descalificados en ese acto con la aplicación de la norma establecida en el artículo 75 de la Ley de Carrera Judicial, así como los que no se presenten a la convocatoria general o se presenten a esta después de la hora indicada.

P Convocatoria para asignar fechas de examen: Todas las personas debidamente inscritas en estos concursos serán convocados en una misma fecha y hora. De acuerdo con la asistencia se les asignará en forma discrecional la fecha, hora y el lugar del examen, en el entendido de que las evaluaciones inician ese día con al menos seis participantes y al resto de oferentes se les establecerá a partir del día hábil siguiente, de modo que la fecha definitiva se definirá de acuerdo con la cantidad de asistentes, por lo tanto, deberán de tomarse las medidas correspondientes para que puedan asistir a ésta y en caso de que no les corresponda efectuar la prueba ese mismo día, puedan asistir en la fecha que se determine y que, se reitera, continuarán a partir del día siguiente. Asimismo, se les informa que no se aceptarán correos solicitando fecha de examen el mismo día de la convocatoria.

P Exclusión: No se aceptarán solicitudes de exclusión del concurso una vez inscrito, excepto por motivos de fuerza mayor y debidamente justificados, cuya valoración le corresponder á al Consejo de la Judicatura, para lo cual deben presentar los comprobantes respectivos en forma oportuna.

P Reprogramación: Proceden en casos calificados debidamente justificados, cuya valoración le corresponderá al Tribunal Examinador, para lo cual debe remitir en formato electrónico(escaneado) la solicitud y los comprobantes que acrediten su gestión en los cinco días hábiles posteriores a la fecha del examen.

No se aceptarán solicitudes de reprogramación o exclusión por asuntos de trabajo, salvo en casos emergentes que serán valorados por el Tribunal Examinador o el Consejo de la Judicatura, respectivamente.

En los casos que ya se hubiera cambiado la cita inicial, salvo motivos de fuerza mayor que serán valorados por el Consejo de la Judicatura, no se dará trámite a solicitudes de reprogramación de examen.

• De la sanción: En concordancia con lo establecido en el artículo 75 de la Ley del Sistema de Carrera Judicial, no podrán participar en estos concursos aquellas personas que fueron descalificadas de un concurso anterior de la misma categoría y materia, cuya descalificación ya le haya sido comunicada por la Sección Administrativa de la Carrera Judicial. Si no se le hubiera comunicado si podrá participar.

Asimismo, todas las personas que se inscriban en los concursos y no continúen con el proceso, o no se presenten a la convocatoria en la fecha indicada o habiéndose presentado y asignado cita de examen no realice la prueba, serán descalificadas de forma inmediata en este acto, por lo que no podrán participar en el concurso siguiente.

Quienes obtengan en el examen específico nota superior al 70, pero si sumados los componentes evaluables no logran alcanzar en el concurso un promedio final igual o superior al 70, “aplazados”, no quedarán elegibles. Por lo tanto, se les aplicará la sanción estipulada en el numeral 75 de la Ley de Carrera Judicial.

CJ-14-15 Juez (a) 1 Genérico