BOLETÍN JUDICIAL N° 171 DEL 6 DE SETIEMBRE DEL 2016

TRIBUNALES DE TRABAJO

Causahabientes

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Remates

Edictos Matrimoniales

Edictos en lo Penal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR N° 108-2016

ASUNTO: Reiteración sobre la facultad de notificar a los propietarios registrales mediante publicación de edicto.

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

QUE CONOCEN MATERIA DE TRÁNSITO

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 66-16 celebrada el 12 de julio de 2016, artículo XXVII, aprobó el acuerdo tomado por la Comisión Interinstitucional de Tránsito en sesión Nº 04-2016 celebrada el 18 de abril en curso, artículo VI y dispuso reiterar a todas las Autoridades Judiciales del país que conocen materia de tránsito, sobre la facultad de notificar a los propietarios de los vehículos a través de edicto, de conformidad con lo que establece el artículo 172 de la Ley de Tránsito vigente.

San José, 26 de julio de 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057658 ).

CIRCULAR N° 109-2016

ASUNTO: Guía de Conducta para las Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios al Poder Judicial.

A LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD

Y ADMINISTRACIONES REGIONALES

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 63-16 celebrada el 30 de junio de 2016, artículo LVII, acordó aprobar la “Guía de conducta para las empresas proveedoras de bienes y servicios al Poder Judicial”, elaborada por la Secretaría Técnica de Ética y Valores en conjunto con las Comisiones de Ética y Valores, Género, Transparencia y Asuntos Ambientales que literalmente dice:

“1. PRESENTACIÓN. ⁽¹⁾

El Poder Judicial ha definido como misión en su Plan Estratégico para los años 2013-2017 la siguiente:

“Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran”.

Para el logro de esta misión, en diversas oportunidades se requiere la intervención de empresas proveedoras las cuales, por medio de los procedimientos de contratación resultan adjudicadas, sea para el suministro de un bien específico o para la prestación de un servicio por un período de varios años, lo anterior en los términos de cantidad y calidad acordados en dichas contrataciones.

Esto permite la continuidad de los servicios que presta en aras de una administración de justicia oportuna.

La coexistencia de los diferentes agentes (tanto internos como externos) durante estos procesos de contratación y de la ejecución de los contratos, podría propiciar espacios para la realización de actividades que podrían catalogarse como actos contrarios a la ética o a las normas que rigen el actuar del Poder Judicial en esta materia.

[1]Para la elaboración de este documento, se tomó como base el Código de Ética para proveedores de la empresa WEG. Disponible en http://www.weg.net/files/docs/codigo_etica/WEG-Codigo_de_Etica_para_Proveedores.pdf

Así las cosas, el Poder Judicial pretende que las empresas proveedoras observen los más altos estándares éticos al llevar a cabo las actividades comerciales con la institución y tengan claridad sobre cuál sería la conducta que se espera, así como a lo interno, ya se ha definido normativa relacionada con el tema, y se cuenta además con un Manual de Valores Compartidos que orienta la conducta y la actitud esperada por parte de los y las empleadas del Poder Judicial.

La necesaria relación entre las empresas proveedoras y el personal del Poder Judicial para la materialización de los objetivos propuestos, hace que las empresas proveedoras se configuran en un eslabón más en la cadena de valor institucional, vinculándose a la institución en una relación de orden comercial pero que además se debe sensibilizar y adoptar en sus empresas una gestión basada en criterios de orden económico, social, ambiental, moral y técnicos.

El Poder Judicial siendo el responsable de la administración de la justicia, espera de sus empresas proveedoras de bienes y servicios un comportamiento acorde de total observancia de lo establecido por las distintas normas que rigen la contratación administrativa y la forma de adquirir los recursos necesarios en el ámbito público; pero también, que las personas y empresas que se vinculan con la institución tengan también conductas acordes con los principios éticos, el respeto a los derechos humanos y el cuido del medio ambiente.

2. CONDUCTA ESPERADA.

Las empresas que proveen bienes y servicios al Poder Judicial deben acatar las prohibiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa (N° 7494) y su Reglamento, así como en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422) y su Reglamento, y cualquiera otra normativa que regule su participación en los procedimientos de contratación, sea normativa externa o interna del Poder Judicial.

2.1. Regalos, viajes y otros beneficios.

Para eliminar posibles irregularidades en el proceso de compras, queda establecido que:

• Está prohibido el ofrecimiento por parte de las empresas proveedoras, y cualquiera persona física o jurídica vinculada a ellas, de dádivas (en dinero o especies), viajes, regalos o cualquier otra especie de favorecimiento para los empleados y empleadas del Poder Judicial y sus familiares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 bis inciso h de la Ley de Contratación Administrativa.

• La recepción, por parte de las personas que laboran en el Poder Judicial, de dádivas, pasajes aéreos, viajes, cualquier tipo de regalos y cortesías ofrecidas por las empresas proveedoras o cualquiera persona física o jurídica vinculada a esas empresas, para visitas y/o participaciones en eventos de naturaleza técnica, solamente podrá ser aceptada excepcionalmente solo si es aprobada por el Consejo Superior, según dicta la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como el Reglamento para el registro, control y uso de activos del Poder Judicial.

• Las empresas proveedoras, oferentes y potenciales adjudicatarias, no pueden ni deben invitar o participar en eventos públicos o privados organizados o patrocinados por su empresa, actividad económica o afines, a los empleados y empleadas del Poder Judicial, que tengan algún tipo de poder de decisión o participación en el proceso de contratación, desde el punto de vista técnico, legal o financiero, con el fin de ofrecer o dar bienes a la institución, promocionar sus productos o servicios para el Poder Judicial, así como para tratar de obtener algún tipo de favorecimiento o ventaja en los procedimientos de contratación del Poder Judicial.

• El Poder Judicial, para efectos de conocer mejor el mercado de algún bien o servicio, podrá solicitar asesoría a las empresas, en el tanto se cumpla lo establecido en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

• Todas las transacciones que se realicen por parte de las empresas proveedoras deben ser efectuadas con honestidad e integridad.

2.2. Información y confidencialidad.

• Las empresas proveedoras así como el personal del Poder Judicial, deben garantizar el entendimiento y la transparencia de la información necesaria para cotizar, contratar, comprar y suministrar los productos y servicios que se adquieren para satisfacer un requerimiento institucional.

• Las empresas proveedoras deben mantener en sigilo toda información a las que tengan acceso o que les sea confiada como parte de la relación contractual, sea esta propiedad del Poder Judicial o de las demás partes interesadas, inclusive datos personales de quienes laboran en el Poder Judicial.

• Salvo lo que indica la normativa vigente como información pública, está prohibido obtener, utilizar, reproducir y/o divulgar hechos, datos y/o información del Poder Judicial, en beneficio propio o de terceros.

2.3. Acceso y Permanencia en las Instalaciones del Poder Judicial.

• Las empresas proveedoras tendrán el deber de elegir y vigilar al personal a su cargo, y serán responsables de las conductas en que incurran que resulten contrarias a la normativa y los compromisos que rigen el accionar del Poder Judicial, sea que se trate de personal de su empresa, subcontratistas o personal de éstas.

• Todo el personal de la empresa proveedora o de las subcontratistas, debe respetar, comportarse, expresarse y dirigirse conforme a las normas de ética, respeto, decoro y vestimenta vigentes en la institución, dentro de las instalaciones internas y externas del Poder Judicial; así mismo, deben respetar los controles de acceso, identificación, seguridad y cualquier otra restricción que se considere pertinente para su permanencia en las instalaciones de Poder Judicial.

• Está prohibido que el personal de las empresas proveedoras que prestan servicios en las instalaciones del Poder Judicial, utilicen, vendan o tengan a su haber, bebidas alcohólicas o drogas ilícitas. Nadie podrá permanecer en las instalaciones del Poder Judicial afectado o bajo el efecto del uso de tales substancias.

• El personal de las empresas contratadas o subcontratadas debe ser informado, particularmente las mujeres, que existe en el Poder Judicial un Reglamento contra el Hostigamiento Sexual dirigido a la protección de personas víctimas de ese tipo de conductas, sean empleadas permanentes de la institución o personal de contratación externa cuando quien acosa es empleado del Poder Judicial. Ante eventos de ese tipo, informar a las personas afectadas que pueden recurrir a la Secretaría Técnica de Género.

• El personal de las empresas contratadas o subcontratadas debe ser informado, que el Poder Judicial cuenta con una Política Ambiental la cual promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por lo tanto deben prevenir y reducir la generación de residuos así como ahorrar agua y energía, siempre que sea posible.

2.4. Actos de Corrupción.

• El Poder Judicial condena la corrupción en todas las instancias, así como la oferta de ventajas indebidas de cualquier especie.

• Las empresas proveedoras deben prevenir la ocurrencia de comportamientos ilegales, combatiendo la corrupción y el fraude, a fin de evitar conflictos de interés en las relaciones con el sector público, con el sector privado y/o con la sociedad civil.

• El Poder Judicial condena y reprocha las prácticas de empresas que incumplan con la legislación tributaria, laboral, ambiental, o cualquier otra norma legal, como forma de practicar precios y condiciones de suministros más competitivos. Cuando se conozca de estas situaciones, inmediatamente se iniciará con el procedimiento legal que corresponda.

2.5. Responsabilidad Social.

2.5.1 Medio Ambiente.

• En línea con la Política Ambiental y al Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial, las empresas proveedoras deben operar y actuar para no perjudicar el medio ambiente, la salud y la seguridad, garantizando el cumplimiento de la legislación y de los reglamentos vigentes tanto en Costa Rica como en el país de donde se extraen las materias primas y se fabrican o comercializan los bienes finales como productos terminados.

• Las empresas proveedoras deben procurar la implementación de un Plan de Gestión Ambiental debidamente certificado por una autoridad competente, o en su defecto un Programa de Manejo Integral de Residuos de acuerdo a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos N°8839 aprobado por las instancias correspondientes, como uno de los elementos a aportar al momento de participar en los procedimientos de contratación que impulsa el Poder Judicial.

• La empresa será responsable de cualquier riesgo de trabajo, así como de los daños causados a las personas internas y externas, a las cosas o al medio ambiente que se produzcan con motivo de los trabajos a realizar, deberá tomar las previsiones necesarias para prevenir, disminuir o mitigar la probabilidad de ocurrencia de tales daños.

2.5.2 Condiciones de empleo y explotación del Trabajo Adulto Mayor e Infantil.

• En sus operaciones las empresas proveedoras deben cumplir la legislación laboral vigente que ampara y protege a las personas que contrata, tanto en sus condiciones de trabajo como en el respeto a un ambiente laboral libre de cualquier forma de violencia u hostigamiento sexual o laboral y el pago de salarios dignos acordes con la legislación nacional.

• El Poder Judicial condena la práctica del trabajo infantil en desapego de la normativa vigente, el trabajo en condición de esclavitud de mujeres, personas adultas mayores o cualquier otra, sea en la empresa proveedora o en el ciclo de vida de sus productos o materia prima producida en otros países.

2.5.3 Diversidad e inclusión.

• Las empresas proveedoras deben respetar la diversidad, no admitiéndose discriminación o prejuicio en razón de la etnia, religión, cultura, edad, sexo, convicción política, nacionalidad, región, estado civil, orientación sexual o identidad de género, condición física y/o intelectual.

• Además, dentro de sus políticas de empleo deberá dar en igualdad de condiciones y oportunidades acceso al trabajo a personas con alguna discapacidad, así como a mujeres jefas de hogar y en general a personas pertenecientes a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

• En esta línea, la Presidencia de la Corte Suprema de Poder Judicial ha impulsado aspectos de Responsabilidad Social en el quehacer de la institución. Como parte de estos esfuerzos el Consejo Superior aprobó en la Sesión N° 104-15 celebrada el 26 de noviembre del año 2015, artículo CIII, asignar puntos adicionales a las personas físicas o jurídicas interesadas en vender servicios al Poder Judicial, como una forma de promover acciones concretas en materia de Responsabilidad Social y por este medio lograr una mayor participación de mujeres jefas de familia y de personas con alguna discapacidad en las compras que realiza el Poder Judicial.

• Así las cosas, se estará otorgando puntaje adicional a las personas físicas o jurídicas que oferten servicios y que logren demostrar con la documentación idónea o certificación, las siguientes condiciones:

1. Empresas que son dirigidas o contratan mujeres jefas de hogar: 3 puntos adicionales.

2. Empresas que dentro de sus planillas contraten al menos un 3% de personas con discapacidad: 3 puntos adicionales.

3. PYMES que sean dirigidas por mujeres jefas de hogar o contraten al menos un 5% de personas con discapacidad: 3 puntos adicionales.

• Se espera que las empresas proveedoras de bienes y servicios al Poder Judicial, adopten dentro de sus políticas de empleo, la inserción de personas de estos grupos sociales en condición de vulnerabilidad, con lo cual podrán obtener puntaje adicional en los procedimientos de contratación.”

San José, 26 de julio del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—(IN2016057659).

CIRCULAR N° 110-2016

ASUNTO: Denuncias por acoso sexual callejero o acoso sexual en espacios públicos.

A LAS JUEZAS Y JUECES DE JUZGADOS

CONTRAVENCIONALES Y AL PERSONAL

AUXILIAR DE ESOS JUZGADOS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 63-16 celebrada el 30 de junio de 2016, artículo LVIII, acordó autorizar a las Juezas y Jueces de Juzgados Contravencionales y al Personal Auxiliar de esos Juzgados, para que:

“Toda vez que una persona se presente a denunciar “acoso sexual callejero” deben recibirse tales denuncias entendiendo que si bien dicha categorización no existe tal cual en la normativa nacional, las conductas señaladas en el artículo 392, incisos 3, 4, 5, 6 y 8 del Código Penal y que refieren a: Palabras o actos obscenos; proposiciones irrespetuosas; tocamientos; exhibicionismo o miradas indiscretas, pueden ser constitutivas de acoso sexual callejero; por tanto debe tomarse la denuncia con el mayor detalle y ofrecer a la persona denunciante toda la información necesaria para darle el trámite legal procedente.

Contravenciones contra las buenas costumbres

Artículo 392.—Se impondrá de cinco a treinta días multa:

Palabras o actos obscenos

3) A quien, en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los demás, profiriere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas.

Proposiciones irrespetuosas

4) A quien expresare a otras frases o proposiciones irrespetuosas, le dirigiere ademanes groseros o mortificantes, o le asediare con impertinencias de hecho, orales o escritas.

Tocamientos

5) A quien se aprovechare de las aglomeraciones de personas para tocar, en forma grosera o impúdica, a otra persona sin su consentimiento.

Exhibicionismo

6) A quien, en lugar público, se mostrare desnudo o exhibiere sus órganos genitales.

Miradas indiscretas

8) A quien mirare, en cualquier forma, hacia el interior de una casa habitada, con el propósito de violar la intimidad de sus habitantes.

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)”

San José, 26 de julio del 2016.

Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057660 ).

CIRCULAR N° 111-2016

ASUNTO: Lista de abogadas y abogados suspendidos en el ejercicio de su profesión, actualizada al 26 de julio de 2016.

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesiones N° 14-03 y 97-03, celebradas el 27 de febrero y 16 de diciembre de 2003, en ambas, artículos LII, hago de su conocimiento y para los fines consiguientes, la lista de los profesionales suspendidos en el ejercicio de la profesión ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, según correo electrónico del citado Colegio Profesional.

LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS

EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ACTUALIZADA

AL 26 DE JULIO DE 2016

Para ver imagen solo en Boletín Judicial con formato PDF

* La suspensión se mantendrá hasta que cumpla la condena impuesta en sede penal.

** La suspensión será hasta la revocación de medida cautelar o finalización del proceso penal.

*** Inhabilitación del ejercicio de la Abogacía y Notariado por Medida Cautelar. Res, Juzgado Penal Pérez Zeledón de las 13:35 del 14/12/2015 Exp. 12-000974-0485-PE **** Inhabilitación del ejercicio de la Abogacía y Notariado por Medida Cautelar. Res, Juzgado Penal de Corredores Exp. N° 10-202045-0456-PE.

### Inhabilitación del ejercicio de la Abogacía y Notariado por Medida Cautelar dictada por Juzgado Exp. 05-0022756-0042-PE.

***** Suspendido hasta que cancele la multa máximo 12/05/2021.

### Inhabilitación en el ejercicio de la abogacía por medida cautelar dictada por el Colegio, derivado de condenatoria penal Exp. 00-200095-0486-PE, vigente hasta que no se dicte lo contrario.

San José, 27 de julio de 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057661 ).

CIRCULAR N° 112-2016

ASUNTO: Actualización de información en sistemas informáticos, conforme a la circular N° 87-2015 sobre “Circulares referentes al deber de las personas servidoras judiciales, personal de apoyo y profesionales de mantener actualizados los sistemas informáticos que apoyan la gestión de los despachos judiciales”

A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LOS DESPACHOS

Y OFICINAS JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN

REGIONAL DE CARTAGO

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 57-16, celebrada el 9 de junio de 2016, artículo XIV, acordó instar a las servidoras y servidores de los despachos y oficinas judiciales, de la Administración Regional de Cartago, para que desarrollen la cultura de mantener actualizada la información en los sistemas informáticos, conforme a la circular 27-2016 emitida por la Secretaría General de la Corte, en la que se reitera el comunicado N° 87-2015 sobre “Circulares referentes al deber de las personas servidoras judiciales, personal de apoyo y profesionales de mantener actualizados los sistemas informáticos que apoyan la gestión de los despachos judiciales” que literalmente dice:

“El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 38-15, celebrada el 23 de abril de 2015, artículo LII, acordó reiterar las siguientes circulares, que se refieren a la debida actualización de los sistemas informáticos que apoyan la gestión en los despachos judiciales:

Para ver imagen solo en Boletín Judicial con formato PDF

San José, 28 de julio del 2016.

Sylvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057662 ).

CIRCULAR Nº 113-2016

ASUNTO: Obligación de anotar el ingreso y salida de todas las personas (personal judicial o terceras personas) que ingresen a las instalaciones del Poder Judicial fuera de la jornada ordinaria laboral.

A LAS ADMINISTRACIONES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 53-16 celebrada el 31 de mayo de 2016, artículo LIII, acordó reiterar a las Administraciones Judiciales el compromiso de informar a los guardas de seguridad su deber de anotar el ingreso y salida de todas las personas (personal judicial o terceras personas) que entren al edificio fuera de la jornada ordinaria laboral; siendo responsabilidad de las antes mencionadas Administraciones ser vigilantes del cumplimiento efectivo de todos los controles de seguridad establecidos

San José, 28 de julio del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057663).

CIRCULAR Nº 117-2016

ASUNTO: Lista de abogadas y abogados suspendidos en el ejercicio de su profesión, actualizada al 27 de junio de 2016.

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesiones Nº 14-03 y 97-03, celebradas el 27 de febrero y 16 de diciembre de 2003, en ambas, artículos LII, hago de su conocimiento y para los fines consiguientes, la lista de los profesionales suspendidos en el ejercicio de la profesión ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, según correo electrónico del citado Colegio Profesional.

LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS

EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

ACTUALIZADA AL 27 DE JUNIO DE 2016

Para ver imagen solo en Boletín Judicial con formato PDF

* La suspensión se mantendrá hasta que cumpla la condena impuesta en sede penal.

** La suspensión será hasta la revocación de medida cautelar o finalización del proceso penal

*** Inhabilitación del ejercicio de la Abogacía y Notariado por Medida Cautelar. Res, Juzgado Penal Pérez Zeledón de las 13:35 del 14/12/2015 Exp. 12-000974-0485-PE.

**** Inhabilitación del ejercicio de la Abogacía y Notariado por Medida Cautelar. Res, Juzgado Penal de Corredores Exp. N°10-202045-0456-PE.

### Inhabilitación del ejercicio de la Abogacía y Notariado por Medida Cautelar dictada por Juzgado Exp. 05-0022756-0042-PE.

***** Suspendido hasta que cancele la multa máximo 12/05/2021.

### Inhabilitación en el ejercicio de la abogacía por medida cautelar dictada por el Colegio, derivado de condenatoria penal Exp. 00-200095-0486-PE, vigente hasta que no se dicte lo contrario.

San José, 4 de agosto del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057665 ).

CIRCULAR Nº 119-2016

Asunto: Reiteración de la circular N° 106-15 “Evitar la comisión de practicar pruebas confesionales y testimoniales, salvo en los casos justificables”.

A LOS JUZGADOS PENALES JUVENILES Y AUTORIDADES

JUDICIALES DEL PAÍS QUE CONOCEN

MATERIA LABORAL

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 56-16, celebrada el 7 de junio de 2016, artículo XLVIII, acordó reiterarles la circular Nº 106-15, sobre “Evitar la comisión de practicar pruebas confesionales y testimoniales, salvo en los casos justificables”, del 25 de junio de 2015, que literalmente indica:

“El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 46-15 celebrada el 14 de mayo de 2015, artículo LXXIII, dispuso acoger la recomendación hecha por parte de la Comisión de la Jurisdicción Civil, en el acuerdo tomado en sesión Nº 1-2015 celebrada el 20 de febrero de 2015, artículo I , en el sentido de, instar a las juezas y jueces civiles del país, para que eviten comisionar la práctica de pruebas confesionales y testimoniales, salvo cuando la distancia o la circunstancias particulares lo justifiquen (condiciones de accesibilidad). Lo anterior para no afectar el principio de inmediación y concentración”.

Así como extenderla a todos lo a las autoridades judiciales del país que conocen materia laboral.

San José, 5 de agosto del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General.

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057666 ).

CIRCULAR Nº 121-2016

ASUNTO: Modificación al Capítulo VIII de las Inversiones del Reglamento al Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES

DEL PAIS Y PÚBLICO EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena, en sesión N° 21-16, celebrada el 20 de junio de 2016, artículo VI, dispuso aprobar la “Modificación al Capítulo VIII de las Inversiones” del Reglamento al Título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“(…)

CAPÍTULO VIII

De las inversiones

Artículo 32.—El Fondo de Jubilaciones y Pensiones contará con un Comité de Inversiones y un Comité de Riesgos.

Artículo 33.—El Comité de Inversiones estará integrado de la siguiente manera:

a) Un representante del Consejo Superior quien presidirá el Comité, con voz y voto.

b) El Director(a) Ejecutivo(a), quien será el vicepresidente con voz y voto.

c) Asesor(a) Externo(a) al Poder Judicial, voz y voto.

d) El jefe del Departamento Financiero Contable, con voz.

e) El Asesor Interno de Inversiones - Departamento Financiero Contable-, con voz.

f) El jefe del Subproceso de Ingresos -Departamento Financiero Contable-, con voz.

Adicionalmente, el Comité contará con un Secretario Técnico quien será la persona coordinadora la Unidad de Inversiones y se encargará de asistir al presidente y al vicepresidente, en labores tales como: elaboración de las actas, seguimiento a los acuerdos y preparación de informes técnicos para presentación a los órganos de dirección. La participación de este servidor(a) será en calidad de invitado.

Podrá participar en el Comité de Inversiones, el coordinador(a) de la Unidad de Riesgos en calidad de invitado a efecto de informar sobre los acuerdos tomados por el Comité de Riesgos.

Artículo 34.—Los requisitos para miembros de Comité de Inversiones serán:

a) Deben ser personas de reconocida y probada honorabilidad, así como conocimiento en materia económica, financiera y bursátil, la cual deberá quedar debidamente acreditada y documentada.

b) No haber sido sancionadas administrativamente durante los dos últimos años.

c) No haber sido suspendidos, separados o inhabilitados para ocupar cargos administrativos o de dirección en entidades reguladas o supervisadas por los órganos de regulación o supervisión financiera.

d) Los miembros no podrán estar ligados entre sí por parentesco o consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado. En el caso del miembro externo dicha incompatibilidad se extenderá a los funcionarios de la entidad que mantengan posiciones de decisión o dirección.

e) Para la persona Asesora Externa:

I. No haber sido condenado mediante sentencia firme, por la comisión dolosa de algún delito durante los diez últimos años.

II. No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión culposa de delitos contra la buena fe de los negocios o la confianza pública durante los cinco últimos años.

III. No podrá formar parte de calificadoras de riesgo o de emisores.

La Dirección Ejecutiva será la encargada de acreditar los requisitos señalados en este apartado.

Artículo 35.—El quórum y los acuerdos se determinará de la siguiente manera:

a) El quórum requerido es de dos terceras partes de los miembros con voto, y los acuerdos se emitirán por mayoría de los miembros presentes.

b) En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.

c) En ausencia del Presidente, la coordinación estará a cargo del Vicepresidente.

d) Serán firmes en el acto los acuerdos conocidos y declarados por el Comité de Inversiones.

e) Este procedimiento se aplica igualmente en el caso de sesiones extraordinarias.

En el caso de los votos negativos o en caso de que algún miembro se abstenga a votar, este criterio deberá quedar debidamente razonado y justificado en el Acta.

Artículo 36.—Corresponde las siguientes atribuciones al Comité de Inversiones:

a) Proponer anualmente, la Política de Inversiones que recomiende el Departamento Financiero Contable, para que sea sometida a discusión y aprobación por parte del Consejo Superior y la Corte Plena.

b) La política de inversiones deberá incluir al menos los objetivos de inversión de la cartera administrada, criterios de diversificación por sector, emisor, plazo, moneda, liquidez.

c) Autorizar la estrategia de inversiones en apego a la Política de Inversiones, considerando las propuestas del Departamento Financiero Contable y del Comité de Riesgos.

d) Conocer y hacer de conocimiento al Consejo Superior, sobre los informes mensuales de la gestión del portafolio, elaborados y presentados por el Departamento Financiero Contable.

e) Velar por el seguimiento y cumplimiento de la Política de Inversiones aprobada por Corte Plena, por la gestión propia de las inversiones, teniendo a la vista los informes técnicos presentados el Departamento Financiero Contable, la Unidad de Inversiones, la Unidad de Riesgo y el Comité de Riesgo.

f) Conocer y emitir criterio en caso de ser necesario sobre los planes de reducción de riesgos que al efecto presente el Comité de Riesgos.

g) Sesionar una vez al mes de forma ordinaria y todas las veces que sea requerido de forma extraordinaria. Ante situaciones extraordinarias de cierre por vacaciones colectivas se podrá dejar de sesionar durante ese período

Artículo 37.—Corresponderá al Secretario Técnico del Comité de Inversiones apoyar técnicamente al Comité de Inversiones, a cuyo efecto estará a cargo de la elaboración de la propuesta de agenda, levantar el acta de la sesión y comunicar los acuerdos tomados por el Comité de Inversiones, los cuales se resguardarán de forma electrónica.

Artículo 38.—Corresponderá a la Unidad de Inversiones las siguientes atribuciones:

a) Aplicar las Políticas de Inversión de conformidad con lo establecido por la Corte Plena.

b) Presentar al menos mensualmente una propuesta de estrategia de inversión, o bien, cuando se estime pertinente dado las condiciones económicas y del mercado de valores.

c) Elaborar los informes mensuales de la gestión del portafolio así como cualquier otro informe técnico que requiera el Comité de Inversiones.

d) Proponer al Comité de Inversiones para su aprobación, las metodologías para identificar, medir y monitorear las distintas opciones de colocación del mercado financiero y bursátil.

Artículo 39.—El Comité de Riesgos estará integrado de la siguiente manera:

a) El Subdirector(a) Ejecutivo(a), quien presidirá el Comité, con voz y voto.

b) Un representante de la Unidad de Control Interno del Consejo Superior, como vicepresidente, con voz y voto.

c) El o la persona Asesora Externa al Poder Judicial, con voz y voto.

d) El jefe de Proceso de Tesorería, con voz.

e) El Coordinador(a) de la Unidad de Riesgos, con voz.

Adicionalmente, el Comité contará con un Secretario Técnico quien será la persona coordinadora de la Unidad de Riesgos y se encargará de asistir al presidente y al vicepresidente, en labores tales como: elaboración de las actas, seguimiento a los acuerdos y preparación de informes técnicos para presentación a los órganos de dirección. La participación de este servidor(a) será en calidad de invitado.

Artículo 40.—Los Requisitos para miembros de Comité de Riesgos serán:

a) Deben ser personas de reconocida y probada honorabilidad, así como conocimiento en materia económica, financiera y análisis de riesgos, la cual deberá quedar debidamente acreditada y documentada.

b) No haber sido sancionadas administrativamente durante los dos últimos años.

d) Los miembros no podrán estar ligados entre sí por parentesco o consaguinidad o afinidad, hasta el tercer grado. En el caso del miembro externo dicha incompatibilidad se extenderá a los funcionarios de la entidad que mantengan posiciones de decisión o dirección.

e) Para la persona Asesora Externa:

I. No haber sido condenado mediante sentencia firme, por la comisión dolosa de algún delito durante los diez últimos años.

II. No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión culposa de delitos contra la buena fe de los negocios o la confianza pública durante los cinco últimos años.

III. No podrá formar parte de calificadoras de riesgo o de emisores.

La Dirección Ejecutiva será la encargada de acreditar los requisitos señalados en este apartado.

Artículo 41.—El quórum para que pueda sesionar válidamente el Comité de Riesgos será de dos terceras partes de los miembros con voto. Los acuerdos serán adoptados por mayoría y los acuerdos se emitirán por mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, el voto del Presidente del Comité valdrá doble (voto de calidad).

En el caso de los votos negativos o en caso de que algún miembro se abstenga a votar, este criterio deberá quedar debidamente razonado y justificado en el Acta.

Artículo 42.—Las atribuciones del Comité de Riesgos serán las siguientes.

a) Proponer anualmente, la Política de Riesgos que recomiende el Departamento Financiero Contable, para que sea sometida a discusión y aprobación por parte del Consejo Superior y la Corte Plena. Con al menos una revisión anual.

b) Proponer para aprobación de la Dirección Ejecutiva los límites de exposición al riesgo para cada tipo de riesgo identificado.

c) Autorizar el informe de riesgos en apego a la Política de riesgos, considerando las propuestas del Departamento Financiero Contable.

d) Conocer y hacer de conocimiento al Consejo Superior, sobre los informes mensuales de la gestión de riesgos, elaborados y presentados por el Departamento Financiero Contable.

e) Velar por el seguimiento y cumplimiento de la Política de Riesgos aprobada por Corte Plena. Así como los límites aprobados por la Dirección Ejecutiva, teniendo a la vista los informes técnicos presentados el Departamento Financiero Contable.

f) Conocer y emitir criterio en caso de ser necesario sobre los planes de reducción de riesgos.

h) Sesionar una vez al mes de forma ordinaria y todas las veces que sea requerido de forma extraordinaria. Ante situaciones extraordinarias de cierre por vacaciones colectivas se podrá dejar de sesionar durante ese período.

g) Referirse a las nuevas operaciones de inversión, para lo que deberá indicarse el tipo de riesgo y en cuanto afectaría el nivel de riesgo del portafolio de inversiones su adquisición, previo a su discusión en el Comité de Inversiones.

h) Revisar y avalar el contenido de los lineamientos para la Administración de Riesgos relacionados con el proceso de Inversiones.

Artículo 43.—Corresponderá al Secretario Técnico del Comité de Riesgos apoyar técnicamente al Comité de Riesgos, a cuyo efecto estará a cargo de la elaboración de la propuesta de agenda, levantar el acta de la sesión y comunicar los acuerdos tomados por el Comité de Riesgos, los cuales se resguardarán de forma electrónica.

Artículo 44.—Le corresponderá a la Unidad de Riesgos las siguientes atribuciones:

a) Aplicar las Políticas de Riesgos de conformidad con lo establecido por la Corte Plena y los límites de tolerancia de exposición al riesgo aprobados por la Dirección Ejecutiva.

b) Elaborar los informes mensuales de la gestión de riesgos, así como cualquier otro informe técnico que requiera el Comité de Riesgos.

c) Proponer al Comité de Riesgos para el análisis y aprobación las metodologías, para identificar, medir y monitorear los distintos tipos de riesgos financieros, así como los límites establecidos.

d) Vigilar que la Administración de Riesgos sea integral de conformidad con lo normado en este reglamento y considere los riesgos financieros relacionados con las inversiones en que incurran los Fondos Institucionales.

e) Recomendar la disminución de la exposición al riesgo a los límites previamente aprobados cuando lo considere pertinente.

Artículo 45.—El Consejo Superior, Dirección de Gestión Humana y La Dirección Ejecutiva promoverá la actualización y capacitación que reciban los integrantes del Comité de Inversiones, del Comité de Riesgos, de la Unidad de Inversiones y de Riesgos, y de todos los responsables de la realización de las inversiones.

Artículo 46.—Los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, deben ser invertidos de conformidad con lo establecido en los artículos 81, inciso 12 y artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a las políticas definidas por la Corte Plena, y de acuerdo a las recomendaciones que efectúen Comités de Riesgos e Inversiones, mediante una adecuada administración de la cartera de inversiones, procurando que se garanticen los mejores rendimientos, liquidez, seguridad, solidez económica y que el rendimiento de la cartera de inversión no sea inferior a la tasa técnica actuarial que se determine.

Artículo 47.—Cuanto convenga la compra y venta de los títulos valores se utilizarán los mecanismos que ofrezca el mercado financiero costarricense, mediante la intermediación financiera de un Puesto de Bolsa. También, los títulos valores se pueden adquirir o vender directamente con el emisor (ventanilla), o comprar a través de una negociación directa o por medio de las entidades bancarias.

Artículo 48.—Se podrán contratar los servicios de uno o más Puestos de Bolsa, para la intermediación financiera y la custodia de los valores que adquieran, mediante la firma del respectivo contrato.

Artículo 49.—Los puestos de bolsa con los que se lleguen a firmar los contratos, se encargarán de gestionar la debida custodia física de los títulos valores, al igual que de los macrotítulos o anotación en cuenta electrónica de los recursos económicos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, garantizando la seguridad y conservación de los valores.

La custodia se realizar á, en el caso de los títulos físicos en las bóvedas que para los efectos asigne el Puesto de Bolsa o bancos del Estado y los macrotítulos mediante la anotación en cuenta electrónica en la Central de Valores o bancos del Estado.

Los costos de custodia estarán considerados dentro de los costos de intermediación bursátil; y en el caso de las negociaciones directas se cancelarán en forma independiente, conforme se pacte en el contrato de servicios bursátiles.

Artículo 50.—El Departamento Financiero Contable, mensualmente debe realizar inventarios de los títulos valores o macrotítulos que mantienen en los diferentes entes que los custodian, para constatar y garantizar la existencia real de los recursos dinerarios invertidos, así como también verificar que la información de los títulos valores, coincida con los registros que para tales casos se llevan en el Subproceso de Ingresos de ese Departamento.

Artículo 51.—El Departamento Financiero Contable deberá rendir informes trimestrales a la Dirección Ejecutiva, quien a su vez deberá informar al Consejo Superior, sobre la distribución de la cartera de inversiones, los intereses ganados, rendimientos, así como cualquier otro aspecto que coadyuve a la toma de decisiones.

CAPÍTULO IX

De los préstamos

Artículo 52.—Los préstamos con recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones serán otorgados a los sujetos que establece el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 53.—Los recursos concedidos a los sujetos que establece el 238 de la LOPJ en calidad de crédito a los servidores, jubilados y pensionados judiciales, se realizarán conforme al reglamento de crédito aprobado por Corte Plena en sesión N° 16-11, del 30 de mayo de 2011, artículo XXIX y sus reformas.

CAPÍTULO X

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

FONDO DE JUBILACIONES YPENSIONES

Artículo 54.—El Departamento Financiero Contable deberá presentar ante la Dirección Ejecutiva, y esta a su vez exponer al Consejo Superior, trimestralmente, los estados financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cumpliendo con lo establecido en la normativa contable que resulte aplicable al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, sin perjuicio de los informes que se soliciten en el momento que se requiera.

Artículo 55.—Anualmente, la Dirección Ejecutiva, deberá realizar las gestiones necesarias para que se efectúe una auditoría externa al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, con el fin de evaluar la veracidad, confiabilidad y razonabilidad de las cifras que conforman cada una de las cuentas contables, resumidas en los estados financieros del Fondo, sin detrimento de las evaluaciones que ejecute la Auditoría Interna del Poder Judicial en el momento que lo estime oportuno y conveniente.

CAPÍTULO XI

De los estudios actuariales

Artículo 56.—La Dirección Ejecutiva, deberá realizar las gestiones necesarias para que se realice al menos cada dos años un estudio actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a efecto de medir entre otros aspectos, su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazos.

Artículo 57.—El estudio actuarial debe ejecutarse considerando las distintas variables en esta materia, que permita proyectar la situación actuarial en el corto, mediano y largo plazos, y en apego estricto a los requerimientos que se establecen en el pliego de condiciones para la contratación.

Artículo 58.—El referido estudio será puesto en conocimiento de las organizaciones laborales del Poder Judicial.

El Consejo Superior y la Corte Plena tomaran las decisiones pertinentes en lo que a cada órgano corresponde, para el adecuado funcionamiento y salud actuarial, económica y financiera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

CAPÍTULO XII

Disposiciones finales

Artículo 59.—Lo no previsto en este reglamento será resuelto por el Consejo Superior. En todo caso de duda, salvo lo dispuesto en la ley, privará el principio pro-fondo.

Artículo 60.—Este reglamento rige a partir de su publicación y deroga el Reglamento N° 2 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones Judiciales del siete de julio de mil novecientos treinta y nueve”.

CAPÍTULO XIII

Disposiciones transitorias

Transitorio I.—A partir de la aprobación de los ajustes propuestos al presente Reglamento, las personas integrantes de los Comités de Inversiones y Riesgos, deberán acreditar los requisitos indicados en los artículos N° 34y N° 40 en un plazo no mayor a 2 años”.

San José, 8 de agosto del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057667 )

CIRCULAR Nº 78-2016

Asunto: Medidas alternas para minimizar las notificaciones negativas referente a la materia de cobro.-

A LOS DESPACHOS JUDICIALES QUE CONOCEN

MATERIA DE COBROS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 17-16 celebrada el 23 de febrero del 2016, artículo LXXIV, acordó reiterar a los despachos judiciales que conocen la materia de cobros; que en casos donde no corresponda la notificación por edicto, procedan según los artículos N° 21 y 22 de la Ley de Notificaciones Judiciales que a continuación se detallan:

El artículo 21 de dicha ley, establece 1) la figura del domicilio registral entendiéndose por domicilio, la casa de habitación de las personas físicas y la sede social para las jurídicas. Con esta disposición, el legislador pretendió que toda persona debe estar localizable para recibir notificaciones judiciales, actualizando la dirección de su casa de habitación o la sede social en los Registros Civil y Mercantil. De no hacerlo y ante la imposibilidad de notificar, se produce el nombramiento de un curador procesal conforme a lo dispuesto por el artículo 23.

Además, el artículo 22 permite señalar un domicilio contractual, que está referido solo a la casa de habitación, el domicilio real de la persona física o el domicilio social o real de la jurídica, que tiene como fin facilitar la notificación personal. De incumplir y resultar imposible notificarle en dicho domicilio, igualmente se procederá a nombrar curador procesal conforme al artículo siguiente.

San José, 11 de mayo del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057692 ).

CIRCULAR Nº 104-2016

Asunto: Reiteración de las circulares Nos. 109-2015 y 227-2015 “Impedimento para conciliar en casos de hostigamiento sexual y los procesos ordinarios por hostigamiento sexual que se deben notificar a la Defensoría de los Habitantes de la República”.-

A LOS DESPACHOS JUDICIALES QUE CONOCEN

MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 57-16, celebrada el 9 de junio de 2016, artículo XVII, acordó reiterarles tanto la circular Nº 109-2015, sobre “Impedimento para conciliar en casos de hostigamiento sexual”, del 25 de junio de 2015, que literalmente indica:

“El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 50-15 celebrada el 28 de mayo de 2015, artículo LXXIII, con base en el comunicado de la licenciada Marcela Arroyave Sandino, Coordinadora de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, dispuso comunicar a los despachos judiciales del país que conocen materia relacionada con el Hostigamiento Sexual, las pautas que literalmente dicen:

1-Se le recuerda al personal judicial que la normativa vigente no contempla etapa de conciliación en la tramitación de casos de hostigamiento sexual.

2-Al ser el hostigamiento sexual una forma de violencia en el que se ven vulnerados los derechos humanos de las víctimas, convocar a las partes a una conciliación, expone a la víctima a la revictimización, aumenta el daño y expone a las personas denunciantes a nuevas situaciones de violencia.”

Como la Circular Nº 227-2015, “Sobre los procesos ordinarios por hostigamiento sexual que se deben notificar a la Defensoría de los Habitantes de la República” del 30 de noviembre de 2015, que literalmente indica:

“El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 98-15, celebrada el 5 de noviembre de 2015, artículo CII, a solicitud de la Defensoría de los Habitantes de la República, acordó comunicarles a los despachos judiciales del país que deben de realizar las acciones correspondientes a fin de garantizar que los asuntos que se notifiquen a la Defensoría de los Habitantes de la República, al amparo de las disposiciones del artículo 7 de la Ley Nº 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión Nº 59-2003 del 12 de agosto del 2003, artículo LXIV, constituyan procesos ordinarios por hostigamiento sexual.”

San José, 21 de julio de 2016.

Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057693 ).

CIRCULAR Nº 105-2016

ASUNTO: Informe N° 24-PP-2016 sobre la “aprobación de las Directrices Técnicas para la Formulación de la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y el Anteproyecto de Presupuesto 2016”.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 52-16 celebrada el 26 de mayo de 2016, artículo XLII, acordó comunicar a los despachos Judiciales del País lo indicado por la Dirección de Planificación en el informe N° 24-PP-2016 que literalmente dice:

“En sesión Nº 101-14 del 20 de noviembre de 2014, artículo LXXIX, el Consejo Superior aprobó las Directrices Técnicas para la Formulación de la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y el Anteproyecto de Presupuesto 2016, siendo que de la directriz 112 hasta la 118 se regula todo lo concerniente a la elaboración de los planes anuales operativos del 2016.

Más recientemente, el pasado 1° de octubre del 2015, mediante circular 5-2015 de la Dirección de Planificación, se emitió un recordatorio a nivel nacional relacionado con la elaboración y entrega de los Planes Anuales Operativos para el periodo 2016.

Al respecto me permito indicar lo siguientes aspectos:

1. Como resultado del proceso de revisión que se efectúa en la Sección de Planes y Presupuesto, a pesar de las disposiciones establecidas se presentaron los siguientes inconvenientes:

· Algunas oficinas y despachos envían los PAO sin el visto bueno de las autoridades competentes; según se ha indicado por parte de las administraciones regionales ello obedece a que las oficinas incumplen con los plazos de entrega y luego lo remiten de forma tardía directamente a la Dirección de Planificación.

· Se identificaron PAO en los que no asocian sus objetivos a los ejes transversales y en algunos casos también se asocia un mismo objetivo a los 5 ejes transversales, aun sin tener relación.

· Se presentan PAO incompletos, para los que no se incluye la información de meta, indicador o actividades.

· Las oficinas envían la documentación en formatos y plantillas diferentes a las oficializadas.

· Se incluye numeración inconsistente entre los componentes del PAO (objetivo, metas, actividades).

· No se utiliza el nombre correcto de las oficinas y despachos. Incluso algunos PAO son remitidos sin identificarse el nombre de la dependencia correspondiente.

· Se utilizaron temas estratégicos y ejes transversales de Planes Estratégicos Institucionales anteriores.

· Se ha detectado la omisión del lenguaje inclusivo en la redacción de los PAO y muchas faltas de ortografía en los componentes, no utilización de verbos infinitivos en los objetivos y actividades, así como metas que no indican el período de cumplimiento.

Los aspectos antes indicados deberían ser corregidos por el encargado correspondiente antes de remitir los PAO a la Dirección de Planificación, sin embargo, parece que no se está profundizando en la revisión tal como se necesita.

2. Los PAO del 2016 se encuentran publicados en la intranet judicial, en la página de la Dirección de Planificación, específicamente en la ruta: Oficinas / Administrativo / Planificación /Planes y Presupuesto / Plan Anual Operativo / Índice Temático / 2016

3. Es importante reiterar que en caso de ser necesario realizar modificaciones al plan anual operativo, cada oficina o despacho judicial tiene la potestad para proponer los cambios que considere pertinentes, siempre y cuando no contravenga los objetivos indicados en la Programación Anual de Objetivos y Metas o el Plan Estratégico Institucional y comunicarlas a la Dirección de Planificación.

Se hace la salvedad, que los eventuales ajustes deben ser comunicados de previo al Consejo de Administración del Circuito en el caso de los despachos judiciales y a la encargada o encargado del programa las dependencias auxiliares de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial).

Las modificaciones se realizan únicamente durante el primer trimestre del año, una vez pasado ese periodo los planes no pueden ser modificados.

4. Todas las oficinas y despachos judiciales responsables de elaborar Plan Anual Operativo 2016 lo presentaron, con excepción de la Dirección de Gestión Humana y la Dirección General del O.I.J.

En el caso de la Dirección General del O.I.J., a pesar de que se le solicitó indicaron que no lo elaboran al ser el ente gerencial del Organismo de Investigación Judicial.

Por su parte, en cuanto a la Dirección de Gestión Humana, mediante oficio UICC-255-2015 del 8 de octubre anterior, el Lic. José Luis Bermúdez Obando, informó que la Dirección a su cargo presentaría su Plan Anual Operativo 2016 hasta finales del mes de enero del 2016 y fundamentó esta decisión básicamente en dos argumentos.

En primer lugar, señaló que la prórroga solicitada se debía a que con el cambio de jefatura de esta oficina, había surgido la necesidad de valorar algunos aspectos organizativos como misión, visión y valores. En segunda instancia, se señaló la necesidad de definir una nueva estrategia y línea de acción de trabajo, con el fin de desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo, para el alcance de los objetivos estratégicos institucionales del Poder Judicial y de esa Dirección.

No obstante lo anterior, mediante oficio 1955-PLA-2016 se instó a la Dirección de Gestión Humana a presentar su PAO 2016 a más tardar el 7 de diciembre anterior y aprovechar el primer trimestre de este año durante la fase denominada de “Reprogramación”, para hacer una revisión de su propuesta de PAO y de ser necesario, plantear los ajustes que consideren pertinentes.

Sin embargo, mediante oficio UICC-285-2015 del 1 de diciembre del año anterior, la Dirección de Gestión Humana señaló que no era posible contar con la elaboración del PAO 2016 hasta el próximo mes de marzo, en virtud de los siguientes argumentos:

“(…)

1. Como se indicó 1. en el oficio UICC-251-2015, producto del cambio de la dirección a mi cargo, se determinó la necesidad de replantear aspectos organizativos, previo a establecer una nueva estrategia y línea de acción de trabajo.

2. En concordancia, se realizó la contratación de los talleres denominados ¿Cómo realizar el Plan Estratégico de Gestión Humana 2016-2018?, los cuales dieron inicio la semana anterior y asisten todas las jefaturas y coordinaciones dependientes de esta Dirección. Esta capacitación tiene como propósito para su conclusión en febrero 2016, la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Dirección.

3. Es evidente que en los procesos de cambio, se muestra la resistencias, por esta razón se realiza dicha contratación, para que un ente externo sensibilice y acompañe el proceso y sea productivo, para alcanzar dicha meta se requiere del trabajo de equipo de los jefes y coordinadores de esta Dirección, a los cuales se les está asignando actividades que deben realizar para ser evaluados por la empresa en los talleres, generando una carga adicional en sus actividades diarias, por lo tanto sobre el tema de planeación se está trabajando pero no será hasta finalizar este proceso que se tendrán claras las metas alcanzar por cada una de las áreas.

4. Si bien es cierto que previo a realizar cualquier cambio a los planes aprobados por el Consejo, estos deben ser nuevamente aprobados por los entes superiores, resulta contraproducente el doble esfuerzo de elaborar un Plan Anual Operativo que no se llevara a cabo, y que deberá reescribirse a inicio del próximo año con los objetivos que realmente se van a realizar, a fin de crear una lógica con el nuevo Plan Estratégico quinquenal de Gestión Humana.

5. Es claro, tal y como usted lo indica, que durante el primer trimestre de cada año existe una fase denominada de “Reprogramación”, durante la cual, en caso de ser necesario, se pueden plantear los ajustes que se consideren pertinentes, el problema, como se indicó en el punto anterior, no se trata de “ajustes” sino de todo un nuevo planteamiento, sin dejar del todo de lado lo que se ha establecido en el plan Estratégico Institucional y Administrativo”.

5. Las directrices de formulación presupuestaria que regulan el tema de los Planes Anuales Operativos motivan a las oficinas y despachos judiciales para que al redactar los objetivos se consideren los Ejes Transversales definidos en el Plan Estratégico Institucional 2013-2018, a saber: Servicio Público de Calidad, Acceso a la Justicia, Género, Ética y Valores y Medio Ambiente.

Adicionalmente, se hace énfasis en diversos temas de carácter obligatorio que deben ser considerados al momento de plantear los objetivos y metas de los PAO, evidentemente en función de la labor sustantiva que cumple cada instancia dentro de la organización, los cuales generalmente responden a situaciones coyunturales, por lo que pueden ir cambiando en el tiempo.

En este sentido, para el 2016, entre estos temas se sobresaltó la necesidad de incorporar objetivos afines a:

1. Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena en sesión 33-2014, artículo XIX;

2. Directrices Generales sobre el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales “Luis Paulino Mora Mora”, aprobadas por Corte Plena en sesión 29-15, del 27 de julio de 2015, artículo XXII;

3. Política de Participación Ciudadana, aprobada por Corte Plena en sesiones 26-15 y 28-15, del 6 y 20 de julio de 2015, artículo XIV;

4. Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes, aprobada por Corte Plena en sesión N°35-15 celebrada el 21 de setiembre del 2015, artículo XXXIV.

Considerando lo indicado, como parte del proceso de revisión se hizo una contabilización de los objetivos afines a los cinco ejes transversales institucionales y a los temas indicados, con el siguiente resultado:

En la tabla anterior se puede apreciar que existe una cultura institucional por ligar los objetivos y metas a los ejes transversales, sin embargo se debe reforzar el uso del instrumento, en este caso el PAO, para impulsar temas institucionales de interés jerárquico.

Se adjunta el archivo completo con la contabilización:

Para ver imagen solo en Boletín Judicial con formato PDF

6. Finalmente, cabe indicar que para la elaboración de los PAO 2016 se implementó un plan piloto con la Defensa Pública y el Primer Circuito Judicial de Alajuela, el cual consistió en utilizar la herramienta tecnológica desarrollada por el O.I.J., específicamente el Módulo PAO del Sistema Integrado de Información Policial.

En el caso del Primer Circuito Judicial de Alajuela, durante la elaboración e incorporación de los PAO de las oficinas y despachos judiciales de este Circuito Judicial, se tuvo como enlace a la Licda. Serlene Arias Gutiérrez, Profesional 2 de la Administración Regional de Alajuela, con la cual se resolvieron las distintas consultas surgidas tanto habituales como las de utilización y aplicación del Módulo PAO. Dentro de esta fase no se presentaron inconvenientes en la plataforma tecnológica de complejidad para el desarrollo de los planes.

El 13 de noviembre pasado mediante correo suscrito por la Licda. Arias Gutiérrez, adjuntó todos los planes de las distintas oficinas y despachos judiciales con el formato del Sistema Módulo PAO, siendo estos últimos los verificados y analizados por la Sección de Planes y Presupuesto para su corrección respectiva en el Sistema Módulo PAO.

Por su parte, en el caso de la Defensa Pública se presentaron inconvenientes durante la fase de capacitación de las personas usuarias, debido a que algunos coordinadores no eran muy diestros en el manejo de los sistemas computarizados, situación que provocó que desde ese momento el Plan Piloto no contó con la aceptación que se esperaba.

En este sentido, aproximadamente en 10 casos no fue posible que las personas asistieran a las capacitaciones, por lo que fue necesario que personal de la Administración de la Defensa Pública se apersonara a cada una de las oficinas a realizar la capacitación (La Fortuna, Los Chiles, Golfito, Cóbano, etc.)

Durante las capacitaciones se presentaron varios inconvenientes, como por ejemplo, no reconocimiento de los usuarios, problemas con el reconocimiento de la oficina en el Sistema, no permitía guardar e imprimir la información, problemas con los servidores de respaldo de información, entre otros.

Estos inconvenientes se trataron de atender con rapidez en coordinación con personal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, quienes brindaron el soporte técnico correspondiente, sin embargo, conforme se inició la implementación del uso del sistema los problemas aumentaron, ya que en varias oficinas no fue posible que las personas usuarias ingresaran, aunado a problemas de conexión, especialmente en las zonas fuera del área metropolitana, situación que provocó atraso en la implementación y elaboración de los PAO de la Defensa Pública.

Lo anterior, se unió al hecho de cambios en la Administración de este Programa, que incidieron en el desarrollo del Proyecto.

Toda esta situación generó que la Defensa Pública no presentará sus PAO en la fecha establecida (15 de octubre), mientras se solucionaban los inconvenientes descritos, siendo que los presentaron hasta el 8 de diciembre y se señaló que los PAO no contemplaban la revisión por parte de la Administración, dado el atraso y el poco tiempo disponible para finalizar.

7. Finalmente, cabe señalar que para la elaboración de los PAO 2017 se pretende expandir el uso de esta importante herramienta en más centros de responsabilidad hasta lograr su utilización a nivel nacional, para lo que se requiere el apoyo directo de la Dirección Ejecutiva, Administradoras y Administradores de los Circuitos y encargados de centros de responsabilidad.”

San José, 21 de julio del 2016.

Silvia Navarro Romanini,

Secretaria General

1 vez.—Exonerado.— ( IN2016057694 ).

CIRCULAR Nº 107-2016

Asunto: Autorización del cambio de características de los vehículos que presenta la persona usuaria ante el Registro Nacional manteniendo la anotación de gravamen judicial.-

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

QUE CONOCEN MATERIA DE TRÁNSITO

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión Nº 66-16 celebrada el 12 de julio del 2016, artículo XXVI, acogió el acuerdo tomado por la Comisión Interinstitucional de Tránsito en sesión Nº 04-2016 celebrada el 18 de abril de 2016, artículo III, en el cual se dispuso comunicar a todas las Autoridades Judiciales del país que conocen materia de tránsito, que procedan a autorizar el cambio de características de los vehículos o placas que presenta la persona usuaria ante el Registro Nacional, manteniendo la anotación del gravamen judicial como garantía procesal.

San José, 26 de julio del 2016.

Silvia Navarro Romanini

Secretaria General.

1 vez.—Exonerado.—( IN2016057695 ).

JUZGADO NOTARIAL

HACE SABER A:

Gilberto José Ángel Escobar Cascante, mayor, notario público, cédula de identidad número 5-153-501, de demás calidades ignoradas; Que en proceso disciplinario notarial número 15-000882-0627-NO establecido en su contra por Dirección Nacional de Notariado, se han dictado las resoluciones que literalmente dicen: “Juzgado Notarial, a las dieciséis horas y trece minutos del cuatro de enero de dos mil dieciséis.- Se tiene por establecido el presente proceso disciplinario notarial de Dirección Nacional de Notariado contra Gilberto José Ángel Escobar Cascante, a quien se confiere traslado por el plazo de ocho días; dentro de ese plazo debe informar respecto de los hechos denunciados mediante oficio número 120-2015 de fecha 02 de diciembre del año 2015 y ofrecer la prueba de descargo que estime de su interés. Asimismo, se le previene que dentro del plazo citado, debe indicar medio en el cual recibir notificaciones, ya sea: Correo electrónico, fax, casillero o en estrados, en el entendido de que, mientras no lo haga, o si la notificación no se pudiere efectuar por el(los) medio(s) señalado(s) por la parte, las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán automáticamente notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, incluidas las sentencias. De manera simultánea como máximo y dentro de los ya citados, podrán señalarse dos medios distintos o iguales para recibir notificaciones, pero deberá indicarse en forma expresa, cuál de ellos se utilizará como principal; en caso de omisión, será esta Autoridad la que realizará la elección. Si se señalare correo electrónico, la cuenta de correo deberá de estar acreditada por el Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial. En caso de señalar fax, éste deberá de estar instalado dentro del territorio nacional. Asimismo se le previene que si no escogiere alguno de los medios anteriormente detallados u otro medio autorizado para atender notificaciones, deberá necesariamente designar en estrados; si no lo hiciere se producirán iguales consecuencias a las señaladas respecto a la notificación automática. En caso de señalar en estrados, se hace saber a la parte, que las listas de los procesos se exhibirán para su consulta, en la Oficina Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José (tercer piso del Edificio de los Tribunales de Justicia de este Circuito Judicial), los días martes y jueves de cada semana.- Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono.- “Se exhorta a las partes a que suministren un medio de localización lo más ágil y eficiente posible, particularmente recomendamos un “celular o un correo electrónico”, siendo mucho mejor señalar las dos alternativas a la vez.- Esta petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones.-” Asimismo, por haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este asunto que resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente información: a) lugar de trabajo, b) sexo, c) Fecha de Nacimiento, d) Profesión u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil, g) Número de cédula, h) Lugar de residencia.- De conformidad con los artículos 153 del Código Notarial y 19 de la Ley de Notificaciones, notifíquesele esta resolución a la parte denunciada, mediante cédula y copias de ley; ya sea personalmente o en su casa de habitación o domicilio registral. Al respecto, se debe tener en cuenta que si la notificación es en la casa de habitación del denunciado o en su domicilio registral, la cédula de notificación y copias podrán ser recibidas por cualquier persona que aparente ser mayor de quince años o por la propia persona denunciada; pero si la notificación se realiza en el lugar de trabajo u oficina, esta debe ser entregada únicamente a la persona denunciada . Tome nota la parte denunciada que, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 2010-8722, y por el Tribunal Disciplinario Notarial en votos 265-2012 y 70-2015, es obligación de los notarios que ejercen como tales el tener actualizados sus datos personales en cuanto a las direcciones de oficina y lugar para atender notificaciones. La notificación en la casa de habitación de la parte denunciada ubicada en San José, Goicoechea, Ipís, Ciudadela Facio, de la Cruz Roja, doscientos metros al este, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales y Otras Comunicaciones; Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea). La notificación en el domicilio registral de la parte denunciada ubicada en Heredia, San Francisco, Bernardo Benavides (Invu), Urbanización La Esperanza etapa número dos casa cincuenta y siete, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales y Otras Comunicaciones; Circuito Judicial de Heredia. La notificación en la oficina notarial de la parte denunciada ubicada en San José, calle 11, entre avenidas ocho y diez, del Aya Paseo de los Estudiantes, cien metros al este y cincuenta al norte, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones Judiciales y Otras Comunicaciones; Primer Circuito Judicial de San José. En el caso de que la notificación de esta resolución deba realizarse en un lugar o zona de acceso restringido, se ordena permitir el ingreso al funcionario notificador , a fin de realizar la diligencia encomendada; y en caso de que se impida tal ingreso, se tendrá por válida la notificación con la entrega de la cédula correspondiente a la persona encargada de regular la entrada. (artículos 4, 11, 34, 36, 39, 47, 58 y 59 de la Ley de Notificaciones Judiciales vigente N°8687, publicada en La Gaceta N° 20 del jueves 29 de enero del 2009). Obténgase, por medio de intranet, las direcciones reportadas por la parte denunciada en La Dirección Nacional de Notariado y Registro Civil. Conforme al numeral 153, párrafo IV del Código Notarial, remítase mandamiento a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, para que certifique si la parte denunciada tiene apoderado inscrito en ese Registro. En caso de tenerlo, remita copia literal certificada del poder en que así conste. Notifíquese. Licda. Derling Talavera Polanco, Juez/a Tramitador/a.” y “Juzgado Notarial. San José a las nueve horas y treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis. En vista de que han sido fallidos los intentos por notificarle al Licenciado(a) Gilberto José Ángel Escobar Cascante, la resolución dictada a las dieciséis horas y trece minutos del cuatro de enero del dos mil dieciséis en las direcciones reportadas en la Dirección Nacional de Notariado y el último domicilio registral reportado en el Registro Civil (ver folio 24 vuelto y 25 frente, así como las actas de notificación de folios 40, 41, 42, 45, 48), y siendo que no tiene apoderado inscrito ante el Registro de Personas Jurídicas (folio 51), de conformidad con lo dispuesto por el párrafo IV del artículo 153 del Código Notarial, se dispone notificarle al citado profesional esa resolución así como la presente, por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial; comuníquese a la Imprenta Nacional. Se le hace saber al denunciado(a) que los hechos que se le atribuyen corresponden a la presunta autenticación de firmas en un poder especial fechado el dieciséis de diciembre del dos mil catorce, para gestionar la renovación o reposición de placas del vehículo placa 308591. Conforme lo dispone el citado numeral, comuníquese ésta resolución a la Jefatura de Defensores Públicos, con el fin de que se le nombre un defensor público al denunciado(a) Gilberto José Ángel Escobar Cascante, cédula de identidad 5-153-501. Notifíquese. Se publicará por una vez en el Boletín Judicial.

San José, 27 de julio del 2016