BOLETÍN
JUDICIAL N° 22 DEL 3 DE FEBRERO DEL 2022
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SECRETARÍA
GENERAL
SALA
CONSTITUCIONAL
JUZGADO
NOTARIAL
TRIBUNALES DE TRABAJO
Causahabientes
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Remates
Títulos
Supletorios
Citaciones
Avisos
Edictos
Matrimoniales
Edictos
en lo Penal
CIRCULAR N° 4-2022
Asunto: Listado de circulares
emitidas por el Poder Judicial relacionadas con las Poblaciones vulnerables
Versión 1.
A TODOS LOS DESPACHOS
JUDICIALES DEL PAÍS
SE LES HACE SABER QUE:
El Consejo Superior en sesión 97-21, celebrada el 11 de noviembre de
2021, artículo LV, dispuso a solicitud de la Contraloría de Servicios del Poder
Judicial mediante oficio N° CSJ593-2021 del 27 de
octubre de 2021, elaborar un listado de las circulares emitidas en el Poder
Judicial sobre poblaciones vulnerables las cuales se indican a continuación:
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CIRCULAR N° 84-2000 |
Asunto: Atención de
usuario que muestre carné de Ciudadano de Oro.- |
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CIRCULAR N° 138-2003 |
Asunto: Reiteración y
adición a la Circular N° 84-2000 sobre “Atención de
usuario que muestre carné de Ciudadano de Oro”.- |
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CIRCULAR Nº 61-08 |
Asunto: Políticas
para garantizar el adecuado acceso a la justicia de la población Adulta
Mayor. |
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CIRCULAR Nº 81-08 |
Asunto: Política de
Igualdad para las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial. |
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CIRCULAR Nº 149-08 |
Asunto: Reiteración
de la Circular 61-08 sobre “Políticas para garantizar el adecuado acceso a la
justicia de la población Adulta Mayor”, publicada en el Boletín Judicial
Nº 98-08 del 22 de mayo de 2008. |
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CIRCULAR N° 01-09 |
Asunto: Uso de
carátulas “color terracota” (rojo marrón), en los expedientes en los que
figure como parte una persona adulta mayor. |
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CIRCULAR N° 05-09 |
Asunto: Iniciativas
para favorecer la aplicación de las políticas de acceso a la justicia de la
población adulta mayor. |
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CIRCULAR N° 11-09 |
Asunto: Modificación
de la Circular 05-09 sobre las “Iniciativas para favorecer la aplicación de
las políticas de acceso a la justicia de la población adulta mayor”,
publicada en el Boletín Judicial 18 del 27 de enero de 2008. |
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CIRCULAR N° 37-09 |
Asunto: Ampliación de
la Circular N° 01-09 sobre el “Uso de carátulas
“color terracota” (rojo marrón), en los expedientes en los que figure como
parte una persona adulta mayor.”, publicada en el Boletín Judicial N° 12 del 19 de enero de 2009. |
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CIRCULAR N° 67-09 |
Asunto: Aclaración de
la Circular Nº 32-09 sobre “Políticas de
accesibilidad para las personas con discapacidad”, publicada en el Boletín
Judicial Nº 105 del 2 de junio de 2009. |
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CIRCULAR N° 55-2010 |
Asunto: Comunicación
de la lista de Centros de Atención de la Persona Adulta Mayor, conformada por
cercanía a los circuitos y oficinas judiciales. |
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CIRCULAR N° 066-2010 |
Asunto: Plan piloto
de entrega de boletas a los usuarios de los despachos que conocen sobre
violencia doméstica y pensiones alimentarias, con el fin de obtener
información que permita para facilitar la toma de decisiones dirigidas a
mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de
vulnerabilidad. |
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CIRCULAR Nº 119-10 |
Asunto: Cumplimiento
de las políticas de accesibilidad para la población adulta mayor.- |
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CIRCULAR N° 167-10 |
Asunto: “Directrices
para reducir la Revictimización de Personas en Condición de Discapacidad en
Procesos Judiciales”.- |
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CIRCULAR N° 168-10 |
Asunto: “Directrices
para reducir la Revictimización de Niños, Niñas y Adolescentes en Condición
de Discapacidad en Procesos Judiciales”.- |
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CIRCULAR Nº 15-2011 |
Asunto: Sobre el
deber de los jueces y juezas de pensiones alimentarias de aplicar el artículo
2 de la Ley de Pensiones Alimentarias y de utilizar todos los medios posibles
a su alcance para hacer llegar documentos básicos al expediente antes de
rechazar un proceso alimentario.- |
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CIRCULAR Nº 63-2011 |
Asunto: Política
Judicial dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las Niñas,
Niños y Adolescentes en Costa Rica.- |
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CIRCULAR N° 65-2011 |
Asunto: Derecho al
Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de
Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica.- |
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CIRCULAR N° 65-2011 |
Asunto: “Política de
Acceso a la Justicia Penal Juvenil”.- |
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CIRCULAR Nº 89-2011 |
Asunto: 1) Artículo
21 de la Ley de Notificaciones Judiciales. 2) Deber de brindar atención
prioritaria a los abogados y abogadas con carné de oro.- |
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Circular Nº 105-2011 |
Asunto: 1)
Reiteración de las circulares: - Nº 60-95 y Nº 32-96, relacionadas con el envío de expedientes a los
distintos Tribunales Superiores y Salas de la Corte.-;-
Nº 10-09 y 11-09, relacionadas con el deber de
identificar correctamente los expedientes cuando unas de sus partes son
indígenas o adultas mayores.-; - Nº 82-11,
responsabilidad del técnico o técnica judicial que se encarga de la grabación
del debate.-; 2) Remisión y verificación de los de los “CD” junto con el
expediente.- |
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CIRCULAR Nº 123-11 |
Asunto: “Política
Respetuosa de la Diversidad Sexual”. |
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CIRCULAR Nº 163-2012 |
Asunto: Atención de
los casos donde se encuentra involucrada una persona adulta mayor. Colaboración conjunta CONAPAM y CCSS. |
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CIRCULAR Nº 011-2013 |
Asunto: “Buenas
Prácticas de Gestión Judicial”, para aplicar en los Despachos Judiciales,
según corresponda.- |
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CIRCULAR Nº 027-2013 |
Asunto: Aplicar las
políticas aprobadas por la institución para garantizar una respuesta pronta y
adecuada.- |
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CIRCULAR Nº 107-2013 |
Asunto: Obligación de
brindar atención prioritaria a las personas adultas mayores.- |
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CIRCULAR Nº 117-2013 |
Asunto: “Plan
Institucional de Equiparación de Oportunidades para Poblaciones en Condición
de Vulnerabilidad 2013-2017”. – |
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CIRCULAR Nº 148-2013 |
Asunto: Obligación de
brindar atención oportuna de la Defensa Pública a las personas que presentan
algún grado de vulnerabilidad.- |
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CIRCULAR Nº 164-2013 |
Asunto: Reglas para
el dictado de sentencias orales en la jurisdicción penal de adultos y penal juvenil.- |
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CIRCULAR Nº 194-2013 |
Asunto: “Protocolo
para la acreditación de la idoneidad de intérpretes judiciales de LESCO”.- |
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CIRCULAR Nº 131-2014 |
Asunto: Entrega de
resoluciones en forma escrita.- |
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CIRCULAR N° 60-2015 |
Asunto: Abordaje de
casos de personas que se presumen cuenta con alteración mental o una
enfermedad psicosocial y se duda de su comprensión para el cumplimiento de
medidas de protección que se ordenan en materia de violencia doméstica.- |
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CIRCULAR N° 67-2015 |
Asunto: Atención
prioritaria y trámite preferente para las personas adultas mayores en los
servicios judiciales.- |
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CIRCULAR N° 82-2015 |
Asunto: Reiteración
de la Circular No 63-11, sobre “Política Judicial dirigida al Mejoramiento
del Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica”. |
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CIRCULAR Nº 83-2015 |
Asunto: Reiteración
de la Circular N° 117-13, sobre “Plan Institucional
de Equiparación de Oportunidades para Poblaciones en Condición de
Vulnerabilidad 2013-2017”. – |
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CIRCULAR N° 176-2015 |
Asunto: Política
Institucional para el Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes del
Poder Judicial y su Plan de Acción.- |
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CIRCULAR N° 192-2015 |
Asunto: “Protocolo de
Atención Inmediata a personas menores de edad, víctimas y testigos en sede
penal”.- |
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CIRCULAR N° 176-2015 |
Asunto: Política
Institucional para el Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes del
Poder Judicial y su Plan de Acción.- |
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CIRCULAR N° 207-2015 |
Asunto: Política Institucional para garantizar el
Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores.- |
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CIRCULAR N° 207-2015 |
Asunto: Política Institucional para garantizar el
Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores.- |
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CIRCULAR N° 170-2016 |
Asunto: Aprobación y
entrada en vigencia de la Ley 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía
Personal de las Personas con Discapacidad.- |
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CIRCULAR N° 188-2016 |
Asunto: Reiteración
de la circular N° 67-2015 sobre “Atención
prioritaria y trámite preferente para las personas adultas mayores en los
servicios judiciales”.- |
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CIRCULAR Nº 189-2016 |
Asunto: Reiteración
de la Circular N° 117-13, sobre “Plan Institucional
de Equiparación de Oportunidades para Poblaciones en Condición de
Vulnerabilidad 2013-2017”. – |
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CIRCULAR N° 190-2016 |
Asunto: Reiteración
de la circular N° 207-2015, sobre “Política
Institucional para garantizar el Acceso a la Justicia de Personas Adultas
Mayores”.- |
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CIRCULAR N° 116-2017 |
Asunto: Reiteración
de la circular N° 164-13 “Reglas para el dictado de
sentencias orales en la jurisdicción penal de adultos y penal juvenil”.- |
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CIRCULAR N° 174-2017 |
Asunto: Reiterar las
circulares emitidas por la Corte Plena atinentes al “Acceso a la Justicia de
las Personas en Vulnerabilidad Social”.- |
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CIRCULAR N° 3-2018 |
Asunto: Sobre la
obligación de notificar a las personas con discapacidad, conforme a sus
necesidades específicas.- |
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CIRCULAR N° 104-2018 |
Asunto: Reiteración
de la circular N° 174-2017 sobre “Reiteración de
las circulares emitidas por la Corte Plena atinentes al “Acceso a la Justicia
de las Personas en Vulnerabilidad Social”.- |
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CIRCULAR No 173-2019 |
Asunto: “Modificación
a la Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en
condiciones de vulnerabilidad”. |
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“CIRCULAR N° 76 -2019 |
Asunto: Importancia
de conocer, estudiar y aplicar los convenios e instrumentos internacionales
relacionados con los derechos humanos de las personas en condición de
vulnerabilidad. |
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CIRCULAR N° 202-2019 |
Asunto: Disposiciones
normativas de acatamiento obligatorio respecto de los términos a emplearse al
momento de referirse a las personas en situación de discapacidad. |
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CIRCULAR N° 19-2020 |
Asunto: Aclaración de
la Circular Nº 67-09 sobre “Políticas de
accesibilidad para las personas con discapacidad”.- |
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CIRCULAR N° 96-2020 |
Asunto: Modificación
de los puntos 2.2.1.6.3 y 2.2.1.6.4 de la circular N°
66-2020. |
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CIRCULAR N° 128-2020 |
Asunto: Reiteración
de la Circular N° 51-2020, sobre “Motivo de
suspensión de audiencia en agenda cronos”. |
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CIRCULAR N° 143-2020 |
Asunto: Modificación
del punto 2.2.1.6.3 de la circular N° 66-2020, en relación al marco regulatorio general para la tutela
del derecho a la salud y la vida de las personas servidoras del Poder
Judicial, personas usuarias y sus familias y garantizar la continuidad de los
de servicios judiciales, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por
el virus COVID-19 |
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CIRCULAR N° 173 -2020 |
Asunto: Observaciones
finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Costa
Rica, sobre la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. |
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CIRCULAR N° 178-2020 |
Asunto:
Consentimientos informados y acuerdo intersectorial en los procesos de
Justicia Penal Restaurativa. |
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“CIRCULAR N° 168-2020 |
Asunto: Informe del
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal |
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CIRCULAR N° 201-2020 |
Asunto: Adición a la
Circular N° 175-2020 referente al Protocolo para
Actuaciones Judiciales en materia agraria, durante la Emergencia Nacional por
Covid-19. |
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CIRCULAR N° 223-2020 |
Asunto: Obligación de
uso del libro de pase a fallo y de reparto automático de asuntos en materias
de Familia y Pensiones Alimentarias. |
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CIRCULAR N° 227-2020 |
Asunto: Lineamientos
para la realización de puestas en posesión y desalojos de personas en
situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas,
entre otras, pertenecientes a pueblos indígenas, en situación de
discapacidad, adultas mayores y menores de edad. |
|
CIRCULAR N° 254-2020 |
Asunto: Protocolos
que se requieren con motivo del abordaje de la emergencia nacional presentada
por COVID-19.- |
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CIRCULAR N° 268-2020 |
Asunto: “Reiteración
de la circular 140-2017“Reglas Prácticas Sobre la Reforma Procesal Laboral”,
principalmente la Sección II y la obligatoriedad de los juzgados de estimar
la cuantía al momento de realizar el traslado de la demanda. |
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CIRCULAR N° 269-2020. |
Asunto:
Implementación en el Poder Judicial de la disposición “LS-PG-007.
Lineamientos básicos de conducta para reducir el riesgo de transmisión de
COVID-19, asociados a la responsabilidad individual”. |
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CIRCULAR N°262-2020 |
Asunto: Estándares
internacionales en materia de derechos humanos aplicables en el marco de los
desalojos forzosos a poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, incluyendo personas indígenas, adultas
mayores, niñas y niños, entre otras.”- |
|
CIRCULAR N° 290-2020 |
Asunto: Protocolo de
atención por fases conforme a las alertas emitidas por el Poder Ejecutivo
ante la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, de
aplicación para los despachos judiciales que conocen la materia Civil, Cobro
y Laboral. |
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CIRCULAR N° 291-2020 |
Asunto: Protocolo de
atención por fases conforme a las alertas emitidas por el Poder Ejecutivo
ante la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, de
aplicación para los despachos judiciales que conocen la materia de Tránsito. |
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CIRCULAR N° 28-2021 |
Asunto: Protocolo de
atención por fases conforme a las alertas emitidas por el Poder Ejecutivo
ante la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, de
aplicación para los despachos judiciales que conocen la materia Civil, Cobro
y Laboral. |
|
CIRCULAR Nº 32-2021 |
Asunto: Lineamientos
para las personas servidoras judiciales en relación con las Medidas
Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el
Estado, y la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos
referida a personas indígenas. |
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CIRCULAR N° 38-2021 |
Asunto: Nueva versión
del protocolo denominado “DGH-004: Condiciones de trabajo por COVID-19.” |
|
CIRCULAR N° 152-2021 |
Asunto: Acceso a la
justicia para las personas privadas de la libertad. Notificación de las
resoluciones judiciales por parte de los Juzgados de Ejecución de la Pena del
país. |
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CIRCULAR N° 254-2021 |
Asunto: Reiteración
de la Circular Nº 63-2011 sobre la “Política Judicial
dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y
Adolescentes en Costa Rica”.- |
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CIRCULAR N° 257-2021 |
Asunto: Reiteración
de la circular No 192-2015, sobre el “Protocolo de Atención Inmediata a
personas menores de edad, víctimas y testigos en sede penal”.- |
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CIRCULAR N° 251-2021 |
Asunto: Reiteración
de la circular N° 101-2005 sobre la “Obligación de
dar trato preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, menores
de edad, indígenas, víctimas y personas en situación especial.- |
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CIRCULAR N° 252-2021 |
Asunto: Reiteración
de la circular No 182-2005, sobre la “Obligación de brindar un trato
preferencial a las personas con discapacidad, adultos mayores, menores de
edad, indígenas, víctimas y personas con una situación especial”.- |
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CIRCULAR N° 253-2021 |
Asunto: Reiteración
de la Circular Nº 92-2005, sobre “Reglas Prácticas
para reducir la Revictimización de las Personas Menores de edad en los
procesos penales”.- |
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CIRCULAR N° 255-2021 |
Asunto: Reiteración
de la circular No 182-2005, sobre la “Obligación de brindar un trato
preferencial a las personas con discapacidad, adultos mayores, menores de
edad, indígenas, víctimas y personas con una situación especial”.- |
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CIRCULAR N° 258-2021 |
Asunto: Reiteración
de la circular N° 174-2017 sobre “Reiteración de
las circulares emitidas por la Corte Plena atinentes al “Acceso a la Justicia
de las Personas en Vulnerabilidad Social”.- |
Las anteriores circulares se podrán accesar en el siguiente link:
https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos?download=5194:circularessobre-poblaciones-vulnerables
San José, 27 de enero de 2022.
Msc. Irving Vargas Rodríguez
Subsecretario
General interino
1 vez.—O.C.
N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.— ( IN2022619958 ).
CIRCULAR N° 21-2022
ASUNTO: Modificación
el punto 1.3. de la Fase 3: Alerta Naranja de la Circular N°
288-2020 denominada Protocolo de Atención sobre las Medidas que deben de
ejecutar los despachos Agrarios ante la emergencia por COVID-19, según el color
de la alerta -amarilla, naranja y roja en que se encuentren y conforme a las
zonas en alerta definidas por el Ministerio de Salud.
A TODOS LOS DESPACHOS
JUDICIALES
QUE CONOCEN MATERIA AGRARIA, DE PRIMERA
Y SEGUNDA INSTANCIA
SE LES HACE SABER QUE:
La Corte Plena en sesión Nº 01-2022, celebrada
el 10 de enero del año en curso, artículo XL, aprobó modificar la Circular N° 288-2020 denominada “Protocolo de Atención sobre las
Medidas que deben de ejecutar los despachos Agrarios ante la emergencia por
COVID-19, según el color de la alerta -amarilla, naranja y roja en que se
encuentren y conforme a las zonas en alerta definidas por el Ministerio de
Salud”, en el sentido de que el punto 1.3 de la Fase 3: Alerta Naranja, en
adelante se lea de la siguiente forma:
“1.3. Audiencias y Actos Procesales: las audiencias en el despacho, salas de audiencias,
o in situ se continuarán realizando siempre que se pueda garantizar a las
personas asistentes el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de
Salud, Corte Plena y el Consejo Superior, relacionadas entre otras, con las
condiciones de higiene, distancias entre las personas y cantidad de asistentes.
En todo caso dichas audiencias se regirán por las reglas dispuestas en el
Protocolo para Actuaciones Judicial en Materia Agraria vigente. En los casos en
donde se decida suspender la audiencia deberá indicarse la justificación
razonada y dejarla consignada en el informe que se remita.”
Publíquese por una única vez en el Boletín Judicial.
San José, 24 de enero de 2022.
Licda.
Silvia Navarro Romanini,
Secretaria
General
1 vez.—O.C.
Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.— ( IN2022620236 ).
ASUNTO: Acción
de Inconstitucionalidad
A
LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA
HACE SABER:
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Para los efectos del
artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en
la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número
19-018591-0007-CO promovida por Credomatic Costa Rica S. A., Jose Ignacio
Cordero Ehrenberg contra el artículo 12, inciso g), del Reglamento a la Ley del
Impuesto sobre la Renta por estimarlo contrario al principio de mensurabilidad
de las potestades administrativas, el cual deriva del principio de legalidad,
se ha dictado el voto número 2022-000981 de las nueve horas veinte minutos del
doce de enero de dos mil veintidós, que literalmente dice:
«Se declara sin lugar la
acción de inconstitucionalidad.»
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña,
Secretario
O.C. N° 364-12-2021B.—Sol. Nº 68-2017-JA.—( IN2022619727 ).
Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se
tramita con el N° 18-015934-0007-CO, promovida por
Hugo Lenin Hernández Navas, Sindicato
Nacional de Enfermería contra los artículos 375
y 376, inciso d), del Código de Trabajo, por estimarlos contrarios a los
artículos 33 y 61 de la Constitución Política y a los principios de
razonabilidad y de interdicción de la arbitrariedad, así como a los Convenios
Nos. 87 y 98 de la OIT y los ordinales 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha
dictado el voto N° 2022-001015 de las doce horas
quince minutos del doce de enero de dos mil veintidós, que literalmente dice:
«Por mayoría se
declara sin
lugar la acción. Los Magistrados
Salazar Alvarado y Pacheco Salazar consignan nota. El Magistrado Rueda Leal da
razones diferentes. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar
la acción.»
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña,
Secretario
O.C. N° 364-12-2021B.—Sol. N° 68-2017-JA.—( IN2022619729 ).
Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y
90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la
Acción de Inconstitucionalidad que se tramita con el número 18-005745-0007-CO
promovida por Asdrúbal Rivera Villanueva contra el Decreto Ejecutivo Nº 34312 de 6 de febrero de 2008, “Declaratoria de
Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del
Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el
Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de
Electricidad”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 31 de 13 de febrero de 2008, por estimarlo contrario a
los artículos 11, 50 y 89 de la Constitución Política, así como el Convenio Nº 169 de la OIT, se ha dictado el voto número 2022-001622
de las trece horas cero minutos del diecinueve de enero de dos mil veintidós,
que literalmente dice:
«Se declara parcialmente
Con Lugar la
acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312-MP-MINAE de 06 de febrero de 2008, denominado
“Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las
obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en
adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de
Electricidad”. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la
fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de
buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, de
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos en el
sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta la información
obtenida durante la vigencia y recolección de la misma, no será necesario
volver a repetir las acciones y estudios si cumplieron la función técnica y
científica para el cual fueron diseñados para el proyecto, así como para
fundamentar las solicitudes que correspondan ante la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental, las que se podrían considerar válidas para esos propósitos,
todo a juicio de esta. Todo lo anterior a fin de no repetir las acciones que
eviten perturbar los derechos de las comunidades indígenas y su territorio. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de
aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por
prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos
fueren materialmente o
técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos
adquiridos de buena fe. Así, esta declaración se hace sin perjuicio de los
acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las
asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como
resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria.
En lo demás, se declara sin
lugar la acción. Los Magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y
declaran sin lugar la acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al Instituto Costarricense de
Electricidad. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta
y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación
indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del
voto.
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña
Secretario
O.C. Nº 364-12-2021B.—Sol. Nº 68-2017-JA.—( IN2022619733 ).
Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y
90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la
acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 17-015584-0007-CO
promovida por Elías Soley Soler contra el artículo 3 de la Ley No. 9383, se ha dictado el
voto número 2022-001574 de las nueve horas quince minutos del diecinueve de
enero de dos mil veintidós, que literalmente dice:
«Estése el accionante, a lo resuelto por la Sala
Constitucional en la sentencia N°
2020-019274 de las 14:20 horas del 7 de octubre de 2020 y la resolución No.
2020-019632, de las 13:33 horas del 9 de octubre de 2020. El magistrado Rueda
Leal pone nota.»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación
indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del
voto.
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña
Secretario
O.C. N° 364-12-2021B.—Sol. N° 68-2017-JA.—( IN2022619758 ).
Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo
primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la Acción de
inconstitucionalidad que se tramita con el número 17-014286-0007-CO promovida
por Vivian Porras Zamora contra el artículo 6° de la Ley Nº 9381
de 29 de julio de 2016, se ha dictado el voto número 2022-000980 de las nueve
horas veinte minutos del doce de enero de dos mil veintidós, que literalmente
dice:
«Estése, la parte accionante, a lo resuelto por la
Sala Constitucional en la sentencia 2021-003276, de las 12:45 horas del 17 de
febrero de 2021. El Magistrado Cruz Castro pone nota separada. El Magistrado
Rueda Leal pone nota.»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación
indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del
voto.
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña
Secretario
O.C. N° 364-12-2021B.—Sol. Nº 68-2017-JA.—( IN2022619759 ).
Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo
primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de
inconstitucionalidad que se tramita con el número 17-014285-0007-CO promovida
por Isela del Carmen Sandí Gómez contra el artículo 6° de la Ley N° 9381 de 29 de julio de 2016, se ha dictado el voto
número 2022-001573 de las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de
dos mil veintidós, que literalmente dice:
«Estese la parte
accionante, a lo resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia 2021-003276, de las 12:45 horas del
17 de febrero de 2021.»
Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación
indicada, rige a partir del momento que se indica en la parte dispositiva del
voto.
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña,
Secretario
O.C. Nº 364-12-2021B.—Sol. Nº 68-2017-JA.—( IN2022619761 ).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 21-025921-0007-CO que promueve Juan
Carlos Hidalgo Bogantes, se ha dictado la resolución que literalmente dice:
«Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho
horas cincuenta y dos minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós. Se
da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Juan Carlos
Hidalgo Bogantes, para que se declaren inconstitucionales el artículo 21 de la
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Reglamento del
Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo de los Empleados de la Caja Costarricense de
Seguro Social y el Reglamento del Fondo de Estabilidad Laboral y Garantía
Social, este último aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social en los artículos 32 de la sesión N°
7656 del 30 de mayo de 2002, 10 de la sesión número 7657 del 6 de junio de 2002
y 9 de la sesión número 7659, celebrada el 13 de junio de 2002, por estimarlos
contrarios a los artículos 33 y 73 de la Constitución Política, los principios
de razonabilidad y proporcionalidad y el artículo 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría
General de la República y al Presidente Ejecutivo de
la Caja Costarricense de Seguro Social. Las normativa
se impugna por cuanto, según se indica, el artículo 21 de la Ley Constitutiva
de la C.C.S.S. y los reglamentos conexos y derivados, crearon un privilegio
odioso y sin sostenibilidad financiera en contra del contribuyente, quien es el
que termina pagando el Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamos (FRE), el Fondo
Capital de Retiro Laboral (FOCARE) y el Fondo de Estabilidad Laboral y Garantía
Social. Aduce que resulta, no solo alarmante el hecho que se tomara el 3% de
los trabajadores en beneficio de una casta, sino que hoy por hoy, los
beneficios otorgados son superiores al 3%, lo cual se refleja en el Informe de
Gestión 2020. Refiere que, mediante simples acuerdos de Junta Directiva de la
C.C.S.S., se amplió el artículo 21 aquí impugnado, y se otorgó otro 1% de los
fondos de los costarricenses. Por ello, solicita que se declare la
inconstitucionalidad de lo actuado por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, y se elimine de la vida jurídica el artículo 32
de la sesión N° 7656, el artículo 10 de la sesión
número 7657 y el artículo 9° de la sesión número 7659, celebradas por su orden,
el 30 de mayo, el 6 y 13 de junio de 2002, que dispuso aprobar el Reglamento
del Fondo de Estabilidad Laboral y Garantía Social regalando otro l%. Refiere
que la seguridad social está en crisis por los abusos de quienes deben servir,
pues se apropian del 4% del costo de la planilla de casi 60 mil trabajadores
para trasladarlos a fines privados. Es decir, al costo de la planilla, le suman
un 4% adicional y los retiran a un fondo privado para otorgar privilegios y
beneficios para un grupo que se supone está para servir al pueblo. Así, se
tiene que un 1% es extraído a los fondos de los asegurados, más un 3%. En el
caso particular, señala que estamos frente un acto desprovisto de una
justificación objetiva y razonable, dado que los funcionarios de la C.C.S.S.
cuentan con todos los derechos y garantías, ya que el FRE, el FOCARE y el resto
de los beneficios no contienen un criterio objetivo, y mucho menos razonable,
lo cual queda evidenciado con la grave situación actuarial que presenta. Por
otra parte, su finalidad es completamente
abusiva, al dotar de privilegios y una tercera pensión a funcionarios que
durante toda su vida han disfrutado de estabilidad laboral y respeto de todos
sus derechos. Por su parte, esta Sala ha señalado que la Administración Pública
puede otorgar determinados incentivos o beneficios a sus trabajadores, cuando
estos estén amparados en razones objetivas que busquen una mejor
prestación del servicio público (sentencia 2006-17437). En este caso, indica que el artículo 21 aquí impugnado no
busca mejorar el servicio público, por el contrario, lo empeora al sustraer
fondos necesarios para su prestación, con el fin de otorgar privilegios a un
grupo determinado. Ni siquiera están vinculados con el rendimiento del
funcionario de la C.C.S.S., es solo un privilegio. Aduce que se viola
flagrantemente el artículo 33 de la Constitución Política, por lo siguiente: 1-
Los trabajadores de la C.C.S.S. disfrutan de la mayor estabilidad laboral y
social y tienen debidamente garantizados todos sus derechos, por lo cual el PRE
y el FOCARE son un privilegio. El trabajador de la C.C.S.S. recibe 14 salarios
al año, pago completo de horas extra, vacaciones y demás derechos que acompañan
a un Estado de Derecho, por lo que el FRE y el resto de los beneficios aquí
impugnados, es un exceso insufrible con el dinero del pueblo. 2- Los
trabajadores de la C.C.S.S., al igual que el resto de ciudadanos,
se encuentran cubiertos por los planes de pensiones ordinarios, están protegidos
por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el régimen obligatorio de
pensión complementaria. Por ende, una tercera pensión es un privilegio carente
de razonabilidad. 3- Los trabajadores de la C.C.S.S. cotizan, como el resto de
los ciudadanos, a los regímenes de pensiones ordinarios, pero no cotizan para
la tercera pensión que otorga el FRE y el resto de normas
aquí impugnadas, lo cual lo hace más irrazonable, desproporcional y desigual la
existencia del FRE. 4- El FRE se financia con los aportes de los patronos y los
trabajadores, menos los propios trabajadores de la C.C.S.S., ellos no cotizan
para esa tercera pensión. 5- Los patronos y trabajadores, con los aportes de
las demás personas, financian salarios competitivos y dos pensiones para los trabajadores
de la C.C.S.S., por lo que, estima que ser obligado a pagar un privilegio, como
es el FRE, es crear una desigualdad inaceptable en un Estado de Derecho. 6- La
C.C.S.S. no puede prestarse para generar desigualdad. Hoy por hoy, miles de
costarricenses que vivieron toda su vida en la pobreza y la informalidad, se
encuentran a la espera de una pensión por el régimen no contributivo. Ese
régimen es la señal correcta, democrática e igualitaria que persigue el fin
social de la C.C.S.S. Pero hoy, ese régimen sigue sin cobijar a miles de
personas para entregar una tercera pensión a un selecto grupo de trabajadores
de la C.C.S.S. quienes han disfrutado de estabilidad y calidad de vida durante
toda su vida, y que a la postre disfrutan y disfrutarán de dos pensiones en su
edad de retiro. 7- El FRE es un insulto a la solidaridad del
costarricense y una clara violación al principio de igualdad. Aunado a ello,
indica que el artículo 21 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. es una clara
violación al artículo 73 constitucional, el cual establece que los fondos de la
seguridad social “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades
distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los
seguros sociales”. Utilizar el aporte de los contribuyentes para una tercera
pensión exclusiva de los funcionarios de la C.C.S.S. es transferir los fondos a
un fin que no era el que motivó la creación, dado que precisamente dichos
funcionarios de la C.C.S.S. cuentan con el I.V.M. y el seguro de salud, como el
resto de los ciudadanos y con lo que se cumple con el fin que establece la
norma. Se está utilizando el dinero de la salud y pensión de los costarricenses
para otorgar un privilegio sin contenido financiero. La única excepción que
podría verse en un Estado solidario es utilizar los fondos para financiar un
régimen no contributivo, el cual tiene como beneficiarios a aquellos ciudadanos
que tuvieron toda una vida laboral marginados de las garantías y derechos que
como trabajador les correspondían, y que, para garantizar una vejez digna, se les asigna un monto solidario.
Sin embargo, el FRE y el resto de beneficios son todo
lo contrario, lo que hacen es revertir el principio de solidaridad y
convertirlo en un abuso inconcebible, y por esa razón acude a este control de
constitucionalidad, para devolver un poco de justicia y solidaridad a un pueblo
altamente mancillado por los abusos de cierta clase en el sector público. La
situación empeora cuando el cotizante se ve obligado a suscribir un seguro de
salud y pensión con la C.C.S.S. y no tiene libertad para decidir dónde poner su
dinero para la salud y pensión, ni poder evaluar el manejo financiero como
elemento para decidir. Es decir, somos cautivos de este sistema, y los abusos
no pueden ser castigados con el retiro del sistema. Denuncia abusos del uso de
los fondos públicos. La crisis que enfrenta hoy la seguridad social no pasa
únicamente por la reducción en las cotizaciones, debido al fuerte desempleo
(del cual es responsable el alto costo de las mismas cargas sociales), pasa
también por la manifiesta corrupción y despilfarro de los fondos, pero en gran
medida pasa por los abusos que se han dado a lo interno por parte de su cúpula,
que han utilizado la seguridad social como un fin para ellos mismos y no para la
colectividad. Las cotizaciones a la seguridad social en Costa Rica son las más
altas dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), superando países como Francia y España. Es decir,
el modelo hoy privilegia la seguridad social, provocando incluso un incentivo
perverso para el desempleo, debido a lo costoso que es. Pero, aun así,
recibiendo año con año miles de millones del pueblo y el empresariado, la
gestión es desastrosa, y el 4% que hoy se expropia en beneficio de los
empleados de la C.C.S.S., es un insulto para un pueblo trabajador y una clara
violación al principio de igualdad y, sobre todo, al artículo 73 de la
Constitución Política. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se
refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La
legitimación directa del accionante proviene del segundo párrafo del artículo
75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por involucrar las normas
impugnadas la administración de fondos públicos, al tratarse de los aportes de
todos los cotizantes a la Caja Costarricense de Seguro Social. Publíquese por
tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición
de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La
publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los
órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de
inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos
o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto,
disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras
la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se
extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la
interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y
aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden
los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales
en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los
procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y
aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los
alcances del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-,
en los casos de acción directa, como ocurre en esta acción, que se acude en
defensa de los intereses difusos, no opera el efecto suspensivo de la interposición
(véase voto N°
537-91 del Tribunal Constitucional). Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en
sede administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de
agotamiento de vía administrativa,
lo cual supone la interposición de
un recurso de alzada o de reposición contra
el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la norma, no procede la
suspensión de su eficacia y
aplicabilidad. En otras palabras, en todos aquellos asuntos
donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía
administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe
continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto administrativo
favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no impugnado-. Dentro
de los quince días posteriores a la primera publicación
del citado aviso, podrán apersonarse
quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con
interés legítimo, a fin de
coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su
caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación
con el asunto que les interese. Se hace
saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de
Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la
Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la
vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y
condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta
resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los
siguientes medios: documentación física presentada directamente en la
Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio
del Sistema de gestión en línea; o bien, a la dirección de correo electrónico
Informes-SC@poderjudicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la
recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás
documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual
van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma
de la persona responsable
que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su
firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en
la Ley de
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº
8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos
generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de
Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes.
Notifíquese. /Fernando Castillo Víquez, Presidente./.-».
San José, 26 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña,
Secretario
O.C. Nº 364-12-2021B.—Sol. Nº 68-2017-JA.—( IN2022619920 ).
PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
Exp: 18-016960-0007-CO
Res.
Nº 2021025969
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las
doce horas y quince minutos el diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno.
Acción de inconstitucionalidad promovida por Otto Claudio Guevara Guth,
mayor, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad número
0105440893, vecino de Escazú; contra los artículos 34, 37, 44, 45, 46, 48, 57,
58, 60, 68 y 69, de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa
Rica. Interviene la Procuraduría General de la República, el Gerente General
del Banco Nacional de Costa Rica y el Secretario General
del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:43 horas
del 26 de octubre de 2018, el accionante solicita se declare la
inconstitucionalidad de los artículos 34, 37, 44, 45, 46, 48, 57, 58, 60, 68 y
69, de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica. El
accionante manifiesta que el numeral 34 violenta el principio de razonabilidad,
proporcionalidad y equilibro presupuestario, en tanto concede a los empleados
que hayan cumplido veinte años de servicio continuo, o a las madres que tengan
quince años de servicio continúo en el Banco, el importe de veinte meses de
cesantía con su renuncia. Asimismo, dispone un tope de veinte años de cesantía
para los empleados que se jubilen, pensionen o a los causahabientes de los que
fallezcan. En ese mismo sentido, el artículo 37, de la Convención Colectiva,
establece tres tipos de pluses salariales derivados de la misma causa, lo que a
su parecer constituye un uso abusivo de fondos públicos, que conculca los
principios constitucionales de razonabilidad, economía y eficiencia, al
establecer un privilegio injustificado. Por otra parte, los artículos 44, 45,
46 y 48, de la Convención Colectiva establecen ayudas por concepto de gastos de
sepelio, matrimonio, nacimiento o adopción de hijos, así como incentivos por
estudios universitarios, lo que a su parecer resulta ilegítima, en el tanto se
trata de conductas que no generan ningún beneficio a la institución que
justifique ese pago. En lo que atañe a los numerales 57, 58 y 60, de la
Convención Colectiva, manifiesta que dichas disposiciones convencionales
disponen la existencia a lo interno del Banco de un Comité de Clasificación y
Valoración de Puestos conformado por miembros del Sindicato y la
Administración, que interviene en la reasignación de puestos, en la
modificación y ampliación de escalas salariales, aumento de salarios mínimos, y
en general en revisión de salarios y escalas, lo que a su parecer violenta el
principio de legalidad, al delegar una potestad exclusiva de la Junta Directiva
de la institución. En lo que respecta a los artículos 68 y 69, de la Convención
Colectiva, afirma que estas disponen la creación de una Junta de Relaciones de
Trabajo a la que se dotó de potestades disciplinarias al disponer que resolverá
lo relativo al ámbito disciplinario, violentando con ello el principio de
legalidad, así como los artículos 41 y 42, de la Ley Orgánica del Sistema
Bancario Nacional, al delegar una competencia exclusiva del Gerente General.
2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover
esta acción de inconstitucionalidad, el recurrente señala que le asiste del
párrafo 2°, del artículo 75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en
cuanto se apersona para la defensa de intereses difusos.
3.- Por resolución de las 11:54 horas del 29 de octubre de 2018, se le
previno al accionante que aportara una certificación del texto de la VII
Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica vigente y homologada por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
4.- El 7 de noviembre de 2018, el accionante aportó la certificación del
texto de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica de
conformidad con la resolución de las 11:54 horas del 29 de octubre de 2018.
5.- Por resolución de las 8:57 horas del 8 de noviembre de 2018, se dio curso a la acción, confiriéndole
audiencia a la Procuraduría General de la República, al Gerente General del
Banco Nacional de Costa Rica y al Secretario General
del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA).
6.- Mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2018, Julio Jurado
Fernández, Procurador General de la República rindió su informe, en él señala
que la acción es admisible por lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo
75, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En concreto, porque en la
materia objeto de análisis no existe una lesión individual y directa que
permita a una persona específica afirmar la titularidad de un interés directo
que permita una acción por vía incidental. Asimismo, en virtud de la
transcendencia de la regulación convencional en el sector público sobre la
actividad político-administrativa y económica del país, es admisible sostener
la existencia de un interés que atañe a la colectividad en su conjunto, el cual
permite a todo ciudadano el acceso a la jurisdicción constitucional. Al
respecto véanse las Resoluciones N° 2006-17438 de las
19:36 horas y N° 2006-17439 de las 19:37 horas, ambas
del 29 de noviembre de 2006, así como la N°
2015-004247 de las 09:05 horas del 25 de marzo de 2015, de la Sala
Constitucional.
Desde la perspectiva de la Administración Pública, aun cuando el reconocimiento de beneficios laborales se sustenta en
una potestad administrativa de contenido discrecional, lo cierto es que en este
y otros casos similares deben valorarse los motivos en los que se fundamenta el
ejercicio de esa potestad, así como los efectos que produce en la
gestión administrativa y financiera interna de las dependencias públicas, y las
condiciones mismas del funcionario de que se trate.
Se refiere al “principio de mensurabilidad de las
potestades administrativas”; todo con estricto apego a disposiciones normativas de orden superior,
derivadas incluso de la propia jurisprudencia constitucional, como fuente
formal no escrita del ordenamiento, por demás vinculante en la materia (art.
13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).
Como reglas jurídicas de aplicación general, en la jurisprudencia de esa
Sala se ha insistido en lo siguiente: El otorgamiento de beneficios laborales,
en general, debe generarse con base en fundamentos razonables -debe cumplir con las exigencias de legitimidad, idoneidad,
necesidad y proporcionalidad (Resoluciones N°
2006-007261 de las 14:45 horas del 23 de mayo de 2006, N°
2006-014641 de las 14:42 horas del 4 de octubre de 2006 y N°
2006-17438 de las 19:36 horas del 29 de noviembre de 2006). Así, un beneficio
se convierte en privilegio cuando no encuentra una justificación razonable que
lo ampare (N° 2006-006347 de las 16:58 horas del 10
de mayo de 2006).
La gestión de fondos públicos debe sujetarse a los principios de
moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo que
impone una prohibición de derrochar o administrar tales recursos como si se
tratase de fondos privados, pues no existe discrecionalidad total de las
Administraciones Públicas para crear fuentes de gasto (Sentencia N° 2006-006347 op. cit., N° 2006-06728 de las 14:43 horas del 17 de mayo de 2006 y N° 2012-003267 de las 16:01 horas del 7 de marzo de 2012).
Cualquier gasto que la Administración Pública pretenda realizar debe ser
capaz de satisfacer un interés público o bien implicar una actividad de
beneficio para la institución (Resoluciones N°
2006-014641 y N° 2006-17438 op.
cit.); y, consecuentemente, para los usuarios de esos servicios (Resolución N° 2006-17593 de las 15:00 horas del 6 de diciembre de
2006).
Si el beneficio laboral se traduce en una ventaja económica por
reconocimiento de una conducta personal del servidor (incentivo), dicha
conducta, desde el punto de vista de la eficiencia, debe guardar relación con
una mayor y mejor prestación del servicio, si no podría constituirse en un
privilegio infundado (Resoluciones N° 2006-6728, N° 2006-014641, N° 2006- 17438 op. cit. y N° 2012-003267).
No basta entonces con que las Administraciones Públicas (art. 1, de la
LGAP), por medio de la negociación colectiva y, en concreto, con la convención
colectiva, tengan competencia para autorregular bilateralmente las condiciones
o relaciones de empleo por acuerdo de partes - representantes de la
Administración y del personal-. Deben hacerlo atendiendo expresamente los
principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Administrativo.
Así, las disposiciones normativas de las convenciones colectivas de
trabajo, y demás normas infralegales, deben ajustarse
a las normas legales laborales existentes, las que pueden superar cuando se
trate de conceder beneficios a los trabajadores, siempre y cuando no se afecten
o deroguen disposiciones de carácter imperativo y en el tanto no entren en
contradicción con normas, valores y principios de rango constitucional; con lo
que se quiere decir que las convenciones colectivas de trabajo quedan sujetas y
limitadas por normas de orden público (entre otras muchas, ver la Resolución N° 2007-018485 de las 18:02 horas del 19 de diciembre de
2007, Sala Constitucional) y su fuerza de ley le está conferida en tanto se
haya acordado de forma válida con arreglo al ordenamiento jurídico (ver, entre
otras, las Resoluciones N° 2010- 000783 de las 15:21
horas del 3 de junio de 2010 y N° 2011-000566 de las
9:35 horas del 20 de julio de 2011, Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia).
Sobre la línea jurisprudencial que ha establecido esa Sala con respecto
al otorgamiento de cesantía en el sector público, y a las reglas que deben
observarse al regular ese instituto por vía de convención colectiva.
En diversas resoluciones, esa Sala ha admitido que, por la vía de la
convención colectiva, las instituciones públicas y sus trabajadores puedan
negociar, dentro de ciertos márgenes, el tope de la cesantía, pactando plazos
mayores a los dispuestos en el Código de Trabajo; no obstante, se ha enfatizado
en que dichos topes no pueden quedar totalmente al arbitrio de las partes.
Las instituciones públicas tienen el deber de evitar pactar rompimientos
del tope de cesantía que impliquen un uso indebido de fondos públicos, que
afecten los servicios públicos que está llamada a brindar la institución, o que
carezcan de razón objetiva alguna que permita la diferenciación establecida a
favor de ese grupo de funcionarios. Transcribe la Sentencia de la Sala
Constitucional N° 5798-2014 de las 16:33 horas del 30
de abril de 2014.
Importa advertir que, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, es evidente que aquellas disposiciones
convencionales que prevén un pago de cesantía sin tope alguno, sea porque no
establecen un límite para el número de años a reconocer para el pago de la indemnización, son irrazonables por
constituir un uso indebido de fondos públicos, las que constituirían una carga
desproporcionada para el erario público. Cita la
Sentencia N° 2013-11087 de las 15:30 horas del 21 de
agosto de 2013.
Es importante insistir en que, al momento de fijar por la vía de una
convención colectiva un tope de cesantía superior al mínimo legal, es necesario
que se proteja y resguarde el buen estado de los fondos públicos. Tal y como lo
expresó el Constituyente Facio en la sesión del 25 de octubre de 1949,
tratándose del auxilio de cesantía con cargo a los fondos públicos, el monto de
dicha indemnización debe establecerse de tal forma que sea adecuada y
soportable para el erario público. Se transcribe la
intervención del diputado constituyente Facio. Cabe señalar, que esa Sala había
establecido, en diversas resoluciones, que el tope máximo de cesantía en el
sector público no debía superar los veinte años (ver Resoluciones N° 2006-06727 de las 14:42 horas del 17 de mayo de 2006, N° 2006-17437 op. cit., N° 2006-17439 de las 19:37 horas del 29 de noviembre de
2006, N° 2006-17593 de las 15:00 horas del 6 de
diciembre de 2006, N° 2008-001002 op.
cit., N° 2011-006351 de las 14:35 horas del 18 de mayo
de 2011, N° 2013-11086 de las 15:30 horas del 21 de
agosto de 2013 y N° 2014-005798 op.
cit.); no obstante, recientemente resolvió que el tope máximo razonable es de
doce años de cesantía (Sentencia N° 2018-8882 de las
16:30 horas del 5 de junio del 2018).
De conformidad con el artículo 63, de la Constitución Política, el pago
del auxilio de cesantía sólo procede ante un despido injustificado -sin justa
causa-, por los perjuicios que ocasiona la ruptura de la relación sin motivo
imputable al trabajador; contrario sensu, cuando el despido es con justa causa,
o cuando obedece a la renuncia voluntaria del trabajador o a un acuerdo previo
con su patrono, no procede el pago de la referida indemnización (ver
Resoluciones N° 2006-17437 de las 19:35 horas del 29
de noviembre de 2006, N° 2006-17437 de las 19:35
horas del 29 de noviembre del 2006, N° 2006-017743 de
las 14:33 horas del 11 de diciembre de 2006 y N°
2008-001002 de las 14:55 horas del 23 de enero de 2008, Sala Constitucional).
Efectivamente, según se advirtiera recientemente en el Dictamen
C-158-2018 de 28 de junio de 2018, la jurisprudencia vinculante de la Sala
Constitucional (arts. 7º, de la Ley General de Administración Pública y 13, de
la Ley de la Jurisdicción Constitucional) ha sido abundante en la línea de
estimar contrario a la Constitución Política el pago de cesantía por renuncia.
Importa advertir que recientemente, se han dictado dos resoluciones más que
ratifican la tesis expuesta, basada en la jurisprudencia de la Sala
Constitucional. Se trata de las Sentencias N°
2018-7690 de las 14:45 horas del 15 de mayo del 2018, relacionada con la
Convención Colectiva del SINART S.A.; y la Sentencia N°
2018-8882 del 5 de junio del 2018, relativa a la Convención Colectiva del Banco
Crédito Agrícola de Cartago. A raíz de lo expuesto, el otorgamiento de cesantía
a partir del despido justificado del servidor, de su renuncia, o del convenio
al que arribe con su patrono, es contrario a la Constitución Política.
En cuanto al reconocimiento del auxilio de cesantía en caso de
jubilación, pensión por incapacidad permanente, o por muerte, considera que
dicha posibilidad es acorde con lo dispuesto en el artículo 85, inciso e), del
Código de Trabajo.
Cabe señalar que la validez constitucional del pago de cesantía por
jubilación, por pensión (con motivo de una incapacidad
permanente) y por muerte, ha sido avalada por esa Sala, al expresar que
la citada cesantía (…) “… es una expectativa de derecho, en el sentido de
que sólo tiene acceso al mismo, quien ha sido despedido sin justa causa, el que
se vea obligado a romper su contrato de trabajo por causas imputables al
empleador, aquél que se pensione o que se jubile, el que fallezca o, en caso de
quiebra o insolvencia del empleador; no reconociéndose suma alguna en caso de
renuncia o de despido justificado; siempre salvo norma interna o pacto en
contrario”. (Sentencia N° 2000-8232 de las 15:04
horas del 19 de setiembre del 2000).
En la misma línea, esa Sala ha indicado que “… la jubilación y el fallecimiento del trabajador
constituyen causas de extinción de la relación laboral, en las que el contrato
de trabajo no concluye por responsabilidad del patrono, de ahí que resulte
impropio otorgar algún tipo de pago por concepto de preaviso, en concordancia con
el ordinal 28 del Código de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que
para estas dos causas de terminación del contrato laboral (jubilación y
fallecimiento del trabajador), persistirá el reconocimiento del auxilio de
cesantía bajo las reglas indicadas…”. (Sentencia N°
2014-0005798 op. cit.).
La inconstitucionalidad del tope de cesantía en el Banco Nacional ha
sido un tema escandalosamente recurrente desde su V Convención Colectiva
(Resolución N° 2011-006351 de las 14:35 horas del 18
de mayo de 2011, dada en expediente N°
07-012763-0007-CO); cuestión en la que se reincide en la Sexta Convención
Colectiva (Resolución N° 2013-006871 de las 15:05
horas del 22 de mayo de 2013, dada en Exp:
11-010751-0007-CO). Y ahora en la VII Convención Colectiva de Trabajo se vuelve
incurrir flagrantemente en ese mismo vicio, en el tanto el monto establecido de
veinte años, supera por mucho el tope que, por norma no escrita -
jurisprudencia vinculante-, ha fijado esa Sala como parámetro razonable en el
Sector Público y que actualmente es de doce años (Resolución N° 2018-8882 op. cit); verificándose entonces un uso indebido de fondos
públicos en detrimento de los servicios que presta la institución, y por ende, se recomienda declarar parcialmente
inconstitucional lo así dispuesto en el artículo 34, de la Sétima Convención
Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, en cuanto excede el citado
parámetro de doce años no superables que se han estimado como tope razonable
por concepto de cesantía en el Sector Público. En segundo lugar, lo mismo
ocurre en cuanto admite el pago de cesantía por renuncia del trabajador; pago
que, conforme a la jurisprudencia constitucional, resulta del todo
improcedente.
En los casos de cesantía por jubilación o pensión y muerte del
trabajador, no es inconstitucional, pues con ello se consolida el auxilio de
cesantía previsto por los ordinales 85, incisos a) y e), del Código de Trabajo.
El problema eventualmente estaría en que aquel pago podría exceder, en algunos
casos, el límite de los doce años previstos en la jurisprudencia
constitucional. En consecuencia, en cuanto este último aspecto la acción de
inconstitucionalidad debe declararse sin lugar, en el entendido que en esos
supuestos el pago de las prestaciones comprende sólo la cesantía, no así el
preaviso y que el monto a reconocer por dicho concepto no puede superar los
doce años.
A partir de la Resolución N° 2009-04528 de las
15:56 horas del 18 de marzo de 2009, la Sala cambia radicalmente la posición
que hasta entonces había mantenido en su jurisprudencia y establece que los
diferendos relacionados con la existencia e intervención de las Juntas de
Relaciones Laborales, como órganos bipartitos permanentes, e incluso sobre el
carácter vinculante de sus dictámenes, carecen de relevancia constitucional, en
el tanto hacen referencia, entre otras cosas, al debido proceso legal, y por
ende, no pueden ser conocidos en esta sede. Posición que hasta la fecha se
mantiene (Entre otras, las Resoluciones N° 2018-04294
de las 11:30 horas del 15 de marzo de 2018, N°
2017-003504 de las 09:30 horas de 7 de marzo de 2017, N°
2015-013959 de las 09:05 horas del 4 de setiembre de 2015 y N°
2015-014359 de las 09:45 horas del 11 de setiembre de 2015).
Así que considerando tanto el contenido normativo de los artículos
impugnados de la convención colectiva referidos a competencias otorgadas a la
Junta de Relaciones Laborales, como los argumentos con base en los cuales se
acusa su invalidez, todo apunta a que la controversia no encierra directamente
algún conflicto de constitucionalidad que deba ser analizado por esa Sala.
Véase que el diseño y reparto o atribución específicas de competencias
incididas en este asunto, son de una clara base legal. De modo que estaríamos
ante un asunto de mera legalidad, ajeno a la competencia de la Sala y de
resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria, por tratarse en el fondo de
hacer prevalecer lo dispuesto en la ley formal respecto de la atribución de
algunas competencias, como las de organización y dirección, respecto de las
cuales el poder de decisión debe residir en los órganos jerárquicos
respectivos, sobre las cuales la Constitución deja en realidad un amplio margen
de configuración (artículos 11, 121 inciso 1) y 171, Constitucionales). En
consecuencia, se impone declarar la inadmisibilidad de los agravios indicados,
referidos a la Junta de Relaciones Laborales, por tratarse en realidad de
aspectos de legalidad ordinaria, en tanto la acción se dirige en realidad a
hacer prevalecer normas infraconstitucionales.
Algo similar al tópico de la Junta de Relaciones Laborales, ocurre con
el denominado Comité paritario de Clasificación y Valoración de puestos, pues
considerando tanto el contenido normativo de los artículos impugnados de la
convención colectiva referidos a competencias otorgadas a dicho Comité, como
los argumentos con base en los cuales se acusa su invalidez, todo apunta a que
la controversia no encierra directamente algún conflicto de relevancia
constitucional que deba ser analizado en esta sede. Recuérdese que el principio
de autoorganización en las Administraciones Públicas, en las distintas materias relacionadas con su
organización administrativa, está referido, fundamentalmente, a la
facultad para establecer sus propias estructuras organizativas, de conformidad
con los límites que establezca el Legislador.
Véase entonces que el diseño y reparto o atribución específicas de
competencias incididas en este asunto, son de una clara base legal. De modo que
estaríamos ante un asunto de mera legalidad, ajeno a la competencia de la Sala
y de resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria, por tratarse en el fondo
de hacer prevalecer lo dispuesto en la ley formal respecto de la atribución de
algunas competencias, como las de organización y dirección, respecto de las
cuales el poder de decisión debe residir en los órganos jerárquicos
respectivos, sobre las cuales la Constitución deja en realidad un amplio margen
de configuración (artículos 11, 121 inciso 1) y 171, Constitucionales).
En consecuencia, se impone declarar la inadmisibilidad de los agravios
indicados, referidos al Comité paritario de Clasificación y Valoración de
puestos, por tratarse en realidad de aspectos de legalidad ordinaria, en tanto
la acción se dirige en realidad a hacer prevalecer normas infraconstitucionales.
El incentivo por anualidad es un plus salarial que se reconoce a los
servidores públicos a través del sistema de méritos; es decir, no es un premio
a la antigüedad ni es automático, aunque toma en cuenta el reconocimiento de
los años servidos y de la experiencia adquirida, se encuentra supeditado a que
el servidor tenga una calificación de bueno o superior en el año anterior al
reconocimiento de esta.
Al respecto el artículo 5, de la Ley de Salarios de la Administración
Pública, es claro en señalar que sólo procederá el pago de la anualidad, cuando
el trabajador tenga una calificación de bueno o superior en el año anterior, ya
que como lo indica el propio artículo el incentivo premia el mérito del
servidor para efectuar las labores que le han sido encomendadas (Dictámenes
C-50- 2015, C-069- 2016 y C-087-2017, entre otros). Además, transcribe la
Sentencia N° 2010-05867 de las 14:30 horas de 24 de
marzo de 2010 de la Sala Constitucional.
La Ley de Salarios de la Administración Pública no regula el sobresueldo
quinquenal o decenal previsto en la Convención Colectiva impugnada. Tampoco es
en todas las instituciones del Estado que se otorga ese beneficio adicional por
el tiempo de servicio (Dictamen C-169-93 de 24 de diciembre de 1993). Y resulta
innegable que ambos institutos comparten identidad con la anualidad, pues
tienen una misma base objetiva o causa: constituyen sobresueldos o pluses
salariales otorgados en reconocimiento del tiempo que permanece un trabajador
al servicio de una determinada institución.
En un primer momento, se estimó inconstitucional el establecer
incentivos económicos generales por los años de servicio prestados, adicionales
a los aumentos por antigüedad, sin que los mismos guarden relación con el
mejoramiento o eficiencia de la prestación de servicio, como gratificación a un
esfuerzo mínimo del beneficiario en el desempeño de las funciones propias de su
cargo; esto por carecer de razón objetiva para el pago de este tipo de
incentivos y constituir, en consecuencia, una desproporcionada utilización de
fondos públicos. (Entre otras las Sentencias N° 2007-01145 de las 15:22 horas del 30 de enero de 2007 y N° 2010-005221 de las 16:30 horas del 16 de marzo de 2010).
Así que el obligarse a cancelar, por ejemplo, quinquenios, aun cuando ya la
institución reconoce aumentos anuales por antigüedad, ello se consideró
constitucionalmente desmesurado (Resolución N°
2006-17438 de las 19:36 horas del 29 de noviembre de 2006).
No obstante, a partir del 2014, la Sala más que matizar su posición al respecto, la varió
diametralmente al reconocer que “(…) el hecho de que se establezcan varios
incentivos económicos sobre un mismo supuesto, con un sentido complementario o
de mejora en el control y calidad del
servicio público, no implica, per se, una infracción al derecho
constitucional concretamente: al principio de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad;
especialmente si el incentivo, además de atender a situaciones
particulares o el contexto en que se lleva a cabo la relación laboral mejora el
ingreso del trabajador y, si a su vez protege al interés público (…) hoy bajo
una mejor ponderación de este Tribunal no tiene vigencia esa línea
jurisprudencial dado que se ha estimado la constitucionalidad de este tipo de
normas en otras Convenciones Colectivas de Trabajo, especialmente en un
contexto de un régimen de competencia más abierto de empresas o de servicios
económicos del Estado (...)”. (Resolución N°
2014-001227 de las 16:21 hrs. del 29 de enero de
2014).
Consideramos que “un beneficio se conviene en privilegio cuando no
encuentra una justificación que razonablemente lo ampare” y este el caso del
triple reconocimiento de anualidades por antigüedad, quinquenio y decenio, pues
todos estos incentivos, por su conformación normativa en la convención
colectiva, responden a una misma causa: la experiencia adquirida del empleado
al prestarle servicios al Estado en un año, en cinco años, en diez años, pagado
uno sobre otro como simple premio personal y gratuito. Por lo cual, a nuestro
juicio carecen de motivación clara de razonabilidad constitucional en un
régimen de empleo público en el que, desde una debida orientación teleológica,
los incentivos económicos no deben establecerse con miras a mejorar o
beneficiar la situación de un funcionario o colectivo de funcionarios determinado,
sino con la exclusiva finalidad de mejorar el servicio público, según las
necesidades reales objetivamente demostradas, y por ello estima que el artículo
37, de la Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica podría resultar
inconstitucional.
Para la Procuraduría General el otorgamiento de una suma de dinero para
atender los gastos propios del fallecimiento de un empleado del Banco Nacional
no es irrazonable, ni desproporcionado, pues se trata de una especie de
reconocimiento por los servicios prestados, que a la vez permite colaborar con
la familia del trabajador para superar una situación difícil, como lo es su
muerte. Cita la Sentencia N° 2006-6729 de las 14:44
horas del 17 de mayo de 2006).
A pesar de lo anterior, esta Procuraduría no considera razonable que se
otorgue un subsidio económico -por más exiguo que pudiera estimarse su cuantía-
cuando quien fallece no es el trabajador, sino un familiar suyo. Esto debido a
que entre el Banco y el familiar del trabajador no existe vínculo alguno, como
sí lo hay entre la esa institución y sus empleados. (Transcribe la Sentencia N° 2007-1144 de las 15:21 horas de 30 de enero de 2007).
Considera esta Procuraduría que el subsidio económico por fallecimiento
es válido en la medida en que se otorgue con motivo del deceso de un trabajador
o empleado del Banco, no así de familiares de éste, pues con respecto a éstos,
ese “beneficio” no encuentra respaldo en una causa legítima, lo que implica una
liberalidad de la Administración totalmente irrazonable y desproporcionada.
La Sala ha sostenido anteriormente que beneficios similares de carácter
remunerativo, que pretenden ofrecer una ayuda al trabajador en una situación
particular, en las que las circunstancias le imponen gastos adicionales a los
regulares, en el tanto se tratan de una suma fija y por un valor poco
significativo en el universo presupuestal de la institución, y que se gira por
única vez, no conlleva una disposición abusiva de fondos públicos en detrimento
de los contribuyentes (Resolución N° 2006-17438 de
las 19:36 horas del 29 de noviembre de 2006).
Sin embargo, preferimos apartarnos de ese precedente y si bien no
cuestionamos que el Banco Nacional de Costa Rica, o cualquier otro ente de la
Administración Pública, pueda reconocer determinados incentivos o beneficios a
sus trabajadores, lo cierto es que consideramos que ello debe constituir una
medida idónea para remunerar una exigencia especial del puesto de trabajo, que
implique determinadas calificaciones profesionales o habilidades a quienes lo
desempeñen, o bien para compensar un riesgo particular que caracteriza el
desempeño de tales funciones, sea un riesgo material (por ejemplo, labores
físicamente peligrosas) o uno de carácter legal (por ejemplo, trabajo
susceptible de generar responsabilidad civil). Un beneficio, en cambio, se
convierte en privilegio cuando no encuentra una justificación que
razonablemente lo ampare. De modo que, en el ámbito de la relación de servicio,
podría considerarse válido que el Estado o la Administración reconocieran a sus
trabajadores, de forma excepcional e individual, desde un punto de vista
económico, los denominados pluses como forma de incentivo, pero ello en el
tanto se trate de un reconocimiento por una conducta personal y en el ejercicio
de sus funciones, que supere el debido cumplimiento de la prestación de
trabajo. Desde una debida orientación teleológica, los incentivos económicos no
deben establecerse con miras a mejorar o beneficiar la situación de un
funcionario o colectivo de funcionarios determinado, sino con la exclusiva
finalidad de mejorar el servicio público, según las necesidades reales
objetivamente demostradas.
Así que cuando ese reconocimiento es general y no guarda relación alguna
con una conducta o cualidad del trabajador, ni con la mayor o mejor prestación
del servicio público, sino que por el contrario, por
el simple hecho de formar parte de la institución es acreedor del beneficio
-como ocurre en este caso- (Sentencia N° 2006-06729),
se podría estar en presencia de un privilegio que, como tal, no puede encontrar
sustento constitucional. Véase entonces, que aquel “beneficio” no encuentra
respaldo en una causa legítima, lo que implica una liberalidad de la
Administración totalmente irrazonable y desproporcionada, independientemente de
lo exiguo que pudiera parecer su cuantía individualmente considerada.
De modo que la subvención económica por matrimonio prevista en la
Convención Colectiva del Banco Nacional resulta inconstitucional.
Por su parte, no desconocemos que la Sala ha mantenido el criterio según
el cual, beneficios similares de carácter remunerativo, que pretenden ofrecer una ayuda al trabajador en una
situación particular, en las que las circunstancias le imponen gastos
adicionales a los regulares, en el tanto se tratan de una suma fija y por un
valor poco significativo en el universo presupuestal de la institución, y que
se gira por única vez, no conlleva una disposición abusiva de fondos públicos
en detrimento de los contribuyentes (Resolución N°
2006-17438 de las 19:36 horas del 29 de noviembre de 2006, N°
2006-17440 de las 19:38 horas del 29 de noviembre de 2006 y N°
2007-1145 de las 15:22 horas del 30 de enero de 2007).
No obstante, preferirnos apartarnos de esa línea
jurisprudencial y sugerir también la eventual inconstitucionalidad de esta
norma convencional, pues como
puede inferirse sin mayor dificultad, con ella se establece una especie de
donación de recursos públicos a favor del trabajador, sin que exista una
conducta o cualidad de su parte que justifique dicho pago, sino que por el
contrario por el simple hecho de formar parte de la institución es acreedor de
tal beneficio, sin que haya incluso relación alguna de tal beneficio con los
fines propios del Banco; lo cual resulta irrazonable y desproporcionado,
independientemente de lo exiguo que parezca su cuantía individualmente
considerada. Motivo por el cual la cláusula descrita resulta a nuestro juicio
inconstitucional.
El artículo 48, del Convenio Colectivo de Trabajo impugnado, referido al
incentivo por estudios realizados y que sean de interés para el Banco, no es
irrazonable constitucionalmente hablando, con él se cumple con lo dispuesto por
el artículo 67, de la Constitución Política, en tanto favorece la preparación
técnica y cultural de los trabajadores, y al mismo tiempo cumple con lo
ordenado genéricamente en el numeral 50 ibídem, ya
que indirectamente se constituye en un mecanismo de redistribución de la
riqueza y movilidad social de los trabajadores. Asimismo, no puede ignorarse
que la mejor preparación de los empleados redundará en una mayor eficiencia en
la prestación de los servicios públicos que presta el Banco a sus usuarios, con
lo que en última instancia se beneficia toda la colectividad (Véase al respecto
la Sentencia N° 2007- 01144 de las 15:21 horas del 30
de enero de 2007, Sala Constitucional). Todas estas razones nos llevan a
estimar que la norma en cuestión, en cuanto se refiere a los trabajadores del
Banco Nacional, no es discriminatoria, ni puede afirmarse que imponga a cargo
de fondos públicos una exacción indebida o irregular, sino que, por el
contrario, se trata de disposiciones idóneas para el cumplimiento de deberes
estatales y patronales para con los trabajadores de dicha institución pública.
Así las cosas, en cuanto a este extremo, la presente acción deberá también ser
desestimada.
7.- Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2018, Gustavo
Adolfo Vargas Fernández, Gerente General interino del Banco Nacional de Costa
Rica manifiesta que, es conocedor de las competencias constitucionales con las
que cuenta el Tribunal y de los controles constitucionales que deben darse en
torno a todas las convenciones colectivas de trabajo en el sector público.
Asimismo, los instrumentos de negociación se encuentran subordinados a las
normas y principios constitucionales respetando parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad. Afirma que la entidad bancaria será respetuosa y acatará de
inmediato las decisiones judiciales que este máximo Tribunal resuelva en la
presente acción.
8.- Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2018, Harold Isaac
Reyes Flores, Secretario General del Sindicato de
Empleados del Banco Nacional de Costa Rica manifiesta que, el recurrente carece
de legitimación porque no ha indicado cual es el interés que comparte o el
perjuicio individual, tampoco demuestra que sea cliente de la entidad bancaria,
o si los derechos otorgados a los trabajadores le causan un perjuicio
individual. Por otra parte, estima que las convenciones colectivas no están
comprendidas dentro de los supuestos del artículo 73, de la Ley de Jurisdicción
Constitucional. En segundo lugar, los Órganos de Control de la OIT, en
particular la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, en reiteradas ocasiones le ha advertido al Estado costarricense
y al Poder Judicial, que la anulación de cláusulas convencionales a través de
esta vía, contraviene los Convenios en materia de
libertad sindical que el país tiene ratificados, Convenios 87 y 98 de la OIT.
Destaca que la Ley N° 9343, del 25 de enero de 2016,
denominada Reforma Procesal Laboral, introdujo un importante cambio en esta
materia. El artículo 713, del Código de Trabajo, reserva a la jurisdicción
contencioso- administrativa la competencia para anular normas propias del
contenido negocial de una convención colectiva de trabajo. Recalca que la
doctrina seguida por la jurisprudencia de la Sala Segunda, máximo tribunal
laboral del país sostiene que el ordenamiento jurídico costarricense, ha dotado
a la convención colectiva del carácter de ley profesional en los artículos 61,
de la Constitución Política y 54, del Código de Trabajo, con la finalidad que
las normas jurídicas creadas de manera autónoma,
puedan surtir los efectos buscados por las partes. La Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, con base en la documentación y
comentarios que le han hecho llegar los responsables de las Misiones de Alto
Nivel que han visitado el país ha advertido al Estado costarricense y la propia
Sala Constitucional, que la intervención por parte de este Tribunal anulando
cláusulas de convenciones colectivas de trabajo no se aviene a lo dispuesto en
los Convenios 87 y 98, de la OIT.
Referente al artículo 34, de la Convención Colectiva de Empleados,
explica que el pago del auxilio de cesantía con topes superiores a los que
establece el Código de Trabajo es algo que nuestro ordenamiento jurídico tiene
posibilitado desde hace más de treinta años, cuando se aprobó la Ley de Asociaciones
Solidaristas, número 6970 del 7 de noviembre de 1980. Dicha ley establece el
pago del auxilio de cesantía a cargo del empleador, público o privado, sin
ningún tipo de tope de años y como derecho real, es decir, su reconocimiento
procede bajo cualquier supuesto con independencia de la causa que extinga la
relación laboral. Afirma que la Sala al conocer del proyecto de Ley de
Protección al Trabajador indicó que no existe ningún impedimento constitucional
para que el auxilio de cesantía se reconozca como derecho en hipótesis
distintas al despido sin justa causa, pues lo que la norma constitucional
ordena es que siempre que el despido sea incausado
debe otorgarse la indemnización correspondiente, por ello no existe ningún
impedimento constitucional ni mucho menos legal para que en un convenio
colectivo se establezca el pago del auxilio de cesantía por renuncia del
trabajador, independientemente de la causa extintiva del vínculo laboral y
cubriendo todos los años laborados lo que incluye incluso el despido sin
responsabilidad patronal cuando el trabajador incurra en alguna de las causales
previstas en el artículo 81, del Código de Trabajo.
Recalca que la Misión Directa de la OIT que visitó el país en el año
1991 y la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la OIT, verificó que la diferenciación de reglas para el pago del auxilio de
cesantía constituye un evidente trato discriminatorio entre los trabajadores
asociados a una organización solidarista y los afiliados a un sindicato. Esta
discriminación de la que venimos hablando, quedaría evidenciada de manera
particular dentro del propio Banco Nacional, donde además del Sindicato SEBANA
existe la Asociación Solidarista ASEBANACIO a la cual el Banco transfiere el
aporte de cesantía a favor de todos sus asociados. De dársele razón al
accionante en lo que plantea contra el artículo 34, de la Convención Colectiva
y el derecho del auxilio de cesantía que en él se regula, implicaría que este
derecho quedará reconocido como derecho real que se paga sin límite de años
únicamente a favor de los asociados a dicha Asociación, pero no así para los
afiliados al sindicato firmante del convenio colectivo. Reitera que el artículo
34, de nuestra Convención Colectiva, no adolece de ningún vicio de inconstitucionalidad
como erróneamente lo considera el accionante. Esta norma tiene pleno sustento
en el principio de la autonomía colectiva, consagrado en el artículo 62, de
nuestra Constitución Política. El tope de veinte años es legítimo, porque, amén
que tiene fundamento en el principio de legalidad constitucional y legalidad
presupuestaria (690 y 695 CT), tampoco altera el principio de equilibrio
presupuestario, cuya provisión presupuestaria está totalmente controlada,
planificada y además, fiscalizada por la Contraloría
General de la República. Sostiene que imponer un tope de doce años por auxilio
de cesantía, resulta incompatible con este desarrollo progresivo que ha tenido
el auxilio de cesantía en nuestro país. El tope de doce años que determinó esta
Sala Constitucional quiebra cualquier equivalencia, porque reduce
sustancialmente ese capital de trabajo, en el orden de un 40% menos, otrora
fijado hasta un máximo de veinte años, cuyo recorte está fuera de todos los
límites de razonabilidad, proporcionalidad y deviene, por tanto, arbitrario y
totalmente injusto.
Considera que es totalmente improcedente la acción de
inconstitucionalidad contra los artículos 68 y 69, de la Convención Colectiva.
El reproche contra las normas convencionales se fundamenta, de manera principal
y directa, en una pretendida violación de los numerales 11, 89 y 90, de la Ley
General de Administración Pública, en relación con los artículos 41 y 42, Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Afirman que la Sala en la Sentencia N° 2009-4528 definió que la competencia en materia disciplinaria, sea en la Junta de Relaciones de Trabajo debe
ser atendido en la vía ordinaria. El Banco Nacional de Costa Rica constituye
una empresa estatal, cuyo régimen de empleo es de naturaleza laboral, disciplinado
por el inciso 2), del artículo 112, de la Ley General de la Administración
Pública.
Asimismo, estima improcedente la acción contra los numerales 57, 58 y
60, de la Convención Colectiva de Trabajo, por considerar que son un tema de
legalidad ordinaria, y nuevamente cita el Voto N°
2009-4528 emitido por la Sala Constitucional.
La norma convencional evidencia que el Comité de Clasificación y
Valoración se trata de un órgano consultivo, que le compete dictar una
recomendación, cuya resolución definitiva queda reservada a la Gerencia
General. No existe ninguna delegación de potestades, transferencias de
competencias, mucho menos de carácter vinculante porque a este órgano paritario
únicamente se le atribuyó examinar las reclamaciones individuales interpuestas
por los trabajadores y dictar las recomendaciones pertinentes, manteniéndose
incólume la competencia del Gerente General para resolver, en definitiva, lo
procedente. Tampoco se le atribuyó a ese órgano paritario ninguna potestad
reglamentaria y mucho menos que declinara la competencia que le confiere a la
Junta Directiva General el artículo 34, Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional.
Estima que es improcedente la acción contra el artículo 37, de la
Convención Colectiva de Trabajo. No es exacto que esta disposición conceda tres
tipos de pluses salariales por la misma causa, a saber: la antigüedad laboral.
El quinquenio que reconoce el párrafo segundo, del artículo 37, constituye una
norma transitoria. Esta disposición se aplica exclusivamente a aquellos
empleados que al 1° de enero de 1982, no estaban en escalafón, para el efecto
del reconocimiento de la anualidad, cuya máxima antigüedad reconocible será
hasta el 1° de enero de 1967. No obstante, la norma convencional estableció que
se reconocerá un 3% adicional por cada quinquenio o fracción mayor o igual a
tres años, a los trabajadores que ingresaron a laborar antes de 1967. Al tenor
de esta disposición transitoria, se trató de solucionar la problemática de
aquellos trabajadores que ingresaron a laborar antes de 1° de enero de1982,
fecha a partir de la cual entró a regir la Ley N°
6835, que modificó el artículo 12, de la Ley de Salarios de la Administración
Pública, que reconoció la antigüedad acumulada en el sector público. El
quinquenio que comprende esta norma transitoria exclusivamente se aplicó a
aquellos trabajadores que ingresaron a laborar antes de 1° de enero de 1967. El
sobresueldo del 3% del salario base de la respectiva categoría, corresponde a
la remuneración que se reconoce al trabajador por la experiencia acumulada en
el desempeño de sus funciones. Este reconocimiento está directamente vinculado
al desempeño del puesto, porque la experiencia acumulada del servidor
contribuye a mejorar la eficiencia y la prestación de los servicios bancarios.
El decenio que reconoce la norma convencional también tiene una justificación
objetiva y razonable, porque su finalidad es estimular el arraigo laboral del
funcionario, sea conservar un personal altamente calificado.
Manifiesta que es improcedente la acción contra los artículos 44, 45, 46
y 48, de la Convención Colectiva. En relación a los
gastos de sepelio y los relativos al nacimiento o adopción de hijos que se
establece en los artículos 44 y 46, respectivamente, se trata de aportes que
responden a situaciones extraordinarias que comportan o gastos adicionales a
las familias o situaciones de riesgo familiar que afectan los ingresos del
trabajador y de toda su familia. Debe además tomarse en cuenta que por la
naturaleza extraordinaria que tiene el evento que sirve de supuesto fáctico a
la norma, la contribución patronal no altera gravemente las finanzas de la
institución. El
contenido económico que
se establece en estos artículos, se podrá
constatar fácilmente en todos los casos,
se trata de sumas claramente determinadas, cuyos montos son totalmente
razonables y proporcionados para el fin que se atiende. En este sentido, lo
estipulado en el artículo 45 como aporte por matrimonio es casi simbólico si se
toma en cuenta el costo real que puede tener por ejemplo una boda en
nuestro medio.
El incentivo por estudios realizados, debe
tenerse en cuenta no solamente que las sumas allí establecidas como incentivos
son muy bajas, sino también el hecho de que el incentivo está pensado para
interés del banco y siempre que la base académica sea de interés para el Banco.
Estos incentivos no son automáticos, sino que quedan sujetos a la decisión que
al respecto tome la Dirección de Recursos Humanos, que en todo caso conserva la
potestad de denegarlos si considera que la solicitud del interesado no atiende
a los intereses del banco, los cuales quedan también condicionados a la
aprobación definitiva de la Gerencia General, los cuales han sido respaldados
por la jurisprudencia de la Sala.
Solicita a la Sala se rechace la acción de
inconstitucionalidad, tomando en cuenta que la vía procesal para impugnar la Convención Colectiva, y
remitir al accionante a la vía contencioso- administrativa conforme lo
establece el artículo 713, del Código de Trabajo. Subsidiariamente, y para el
caso de que se entre al análisis de fondo de la solicitud de
inconstitucionalidad de los artículos impugnados, pedimos expresamente que se
declare sin lugar la acción en todos sus extremos.
9.- Por resolución de las 13:24 horas de 22 de enero de 2019, la Sala
Constitucional tiene por contestadas las audiencias conferidas.
10.- Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019,
Luis Fernando Alvarado Arce, funcionario de Banco Nacional de Costa Rica
manifiesta que por resolución de las 8:57 de 8 de noviembre de 2018 esta Cámara
le dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad y expresamente
dispuso: “Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por OTTO
CLAUDIO GUEVARA GUTH, cédula de identidad 1-544-893, para que se declaren inconstitucionales
los artículos 34, 37, 44, 45, 46, 48, 57, 58, 60, 68 y 69 de la VII Convención
Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, por estimarlos contrarios a los
artículos 10, 11, 33 y 63 de la Constitución Política”. Respecto al efecto
suspensivo de la acción de inconstitucionalidad esta respetable Sala
Constitucional dimensionó los efectos de la siguiente manera: “Igualmente, lo
único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la
resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los
que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición
interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas
que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente”.
Los días 6 y 9 de julio del año 2018 se le notificó -al igual que a los señores
Manrique Chacón Vargas y Edgar Fonseca Montero el oficio de traslado de cargos,
la apertura del expediente administrativo sancionador número 2018-06-032 por
parte de la oficina de relaciones laborales del Banco Nacional de Costa Rica.
Que la administración pública (BNCR) y los funcionarios públicos Patricia
Chaves Bermudez y Maikol Mora Calderón señalaron
comparecencia oral y privada para los días 7, 9 y 10 de mayo del 2019, usando
como norma procesal el artículo 68, de la VII de la Convención Colectiva del
Banco Nacional de Costa Rica. En dicha audiencia se le hizo ver al órgano
director del Banco Nacional de Costa Rica que el proceso sancionador
2018-06-032 está fundamentado y aplicado en el artículo 68, de la VII
Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica y que por ende el mismo
debe ser suspendido hasta que la presente acción se resuelva. No obstante, el
órgano argumentó que no iba a suspender el procedimiento esto a pesar de que en
el desarrollo de la audiencia en todo momento se ha aplicado el artículo 68, de
la citada convención.
11.- Por Resolución N° 2019-018944 de las 9:20
horas del 4 de octubre de 2019, la Sala Constitucional resolvió el escrito formulado
por Luis Fernando Alvarado Arce.
12.- Mediante escrito presentado el 30 de junio de 2020, aparece oficio N° 20-000551- 0505-LA de fecha 25 de junio de 2020, del Msc. Juan Pablo Carpio Álvarez, Juez del Juzgado de Trabajo
de Heredia, en el que solicita a la Sala se le indique el estado actual de la
acción de inconstitucionalidad N° 18-16960-0007-CO.
13.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 81,
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los números
234, 235 y 236, del Boletín Judicial, los días 17, 18 y 19 de diciembre de
2018.
14.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85, de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la
Sala el numeral 9 ibidem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en
principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
15.- Por resolución de las 13:24 horas del 22 de enero de 2019, la
Presidencia de la Sala Constitucional, tuvo por contestadas las audiencias
conferidas a la Procuraduría General de la República, al Gerente General del
Banco Nacional de Costa Rica y al Secretario General
del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA), en la
resolución de las 8:57 horas del 8 de noviembre de 2018, que dio curso a esta
acción. En esta resolución, se turnó la acción al magistrado ponente, a quien
por turno corresponde el estudio de fondo.
16.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- SOBRE EL OBJETO DE LA ACCIÓN. El accionante reclama la
inconstitucionalidad de los artículos 34, 37, 44, 45, 46, 48, 57, 58, 60, 68 y
69, de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, los cuales
se impugnan por cuanto, según el recurrente, son contrarios a los derechos
protegidos en los artículos 10, 11, 33 y 63, de la Constitución Política, así
como los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad, economía, eficiencia, equilibro presupuestario y por
considerar que establecen beneficios desmedidos, arbitrarios, desproporcionados
e ilegales a favor de los trabajadores del Banco Nacional de Costa Rica. Señala
que su reclamo de inconstitucionalidad está dirigido a los siguientes
beneficios:
1.- Sobre el pago de la cesantía sin límite y
hasta por el tope máximo de veinte meses, según está contemplado en el artículo
34.
2.- Sobre el auxilio de cesantía por renuncia
del trabajador, en los términos en que se establece en el artículo 34.
3.- Sobre el pago de cesantía sin límite y
hasta por el tope máximo de veinte meses, por motivos de jubilación, pensión o
a los causahabientes de los que fallezcan según está contemplado en el artículo
34.
4.- Sobre las anualidades que se reconocen a
las personas trabajadoras según lo dispuesto en el artículo 37.
5.- Sobre el beneficio económico para gastos de
sepelio, según lo dispuesto en el artículo 44.
6.- Sobre el
beneficio económico por subvención matrimonial, según lo dispuesto en el
artículo 45.
7.- Sobre el beneficio económico por gastos de
nacimiento o adopción, según lo dispuesto en el artículo 46.
8.- Sobre los incentivos por estudios
realizados en beneficio del banco, según lo dispuesto en el artículo 48.
9.- Sobre las facultades del Comité de
Clasificación y Valoración de Puestos, según lo dispuesto en los artículos 57,
58 y 60.
10.- Sobre las facultades de la Junta de
Relaciones de Trabajo, según lo dispuesto en los artículos 68 y 69.
Al estimar el accionante que las citadas normas son inconstitucionales
en los términos en los que lo argumenta para cada uno de los artículos,
solicita a la Sala que así sea declarado.
II.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE
ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que
deben ser satisfechas a efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el
fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la
acción de inconstitucionalidad. En un primer término, se exige la existencia de
un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, sea en un
procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la
inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que
se considera lesionado. En los párrafos segundo y tercero, la ley establece, de
manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo (como
en la especie, según se explicará más adelante), cuando por la naturaleza del
asunto no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de
intereses difusos o colectivos, o bien, cuando la acción es planteada
directamente por el Contralor General de la República, el Procurador General de
la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los
Habitantes. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de un asunto previo pendiente
de resolver en sede administrativa, es necesario que se trate del procedimiento
que agote de la vía administrativa, que de conformidad con el artículo 126, de
la Ley General de la Administración Pública, es a partir del momento en que se
interponen los recursos ordinarios ante el superior jerarca del órgano que
dictó el acto final, pues de lo contrario, la acción resultaría inadmisible.
Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la
determinación explícita de la normativa impugnada debidamente fundamentada, con
cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos,
la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la
acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones),
así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la
inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en
caso de no ser satisfechos por el accionante, pueden ser prevenidos para su
cumplimiento por la Presidencia de la Sala.
III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTE EN EL CASO
CONCRETO. El promovente de este proceso de inconstitucionalidad manifiesta
encontrarse legitimado para acudir a esta jurisdicción de conformidad con el
supuesto establecido en el párrafo segundo, del artículo 75, de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Aduce la defensa de intereses difusos, pues en su
consideración, los trabajadores del Banco Nacional de Costa Rica deben
ajustarse a las normas legales laborales existentes, las que pueden superar
cuando se trata de conceder beneficios a los trabajadores, siempre y cuando no
se afecten o derogue disposiciones de imperativo. Explica que la norma
convencional pactada tiene que ver con el uso, manejo y disposición de los
recursos públicos comprometidos. Este Tribunal considera que lleva razón el
accionante y, por ende, le asiste la legitimación para accionar ante esta
jurisdicción. Como bien lo señala la Procuraduría General, la acción es
admisible por lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 75, de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional. En concreto, porque en la materia objeto de
análisis no existe una lesión individual y directa en cabeza de persona alguna,
que permita afirmar la titularidad de un interés directo que dé entrada a la
acción por vía incidental. Por el contrario, se trata de la afectación de intereses
difusos atinentes al buen manejo de los fondos públicos, concretamente los
recursos del Banco Nacional de Costa Rica. La tutela de este tipo de intereses
atañe a la colectividad en su conjunto y, en consecuencia, al ser el accionante
una parte de esta colectividad, tienen una legitimación válida para presentar
esta acción de inconstitucionalidad.
El concepto de intereses difusos ha sido desarrollado por esta Sala
Constitucional de la siguiente forma:
“(…) Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil
identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala-
los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se
confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que
frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas
determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los
intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su
conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos
en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un
interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o
potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se
trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas
circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses
difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por
ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados
en tal carácter”. (Sentencia N° 1993-3750 de las
15:00 horas del 30 de julio de 1993).
Además, en Sentencia Nº 2006-007261 de las
14:45 horas del 23 de mayo de 2006, este Tribunal indicó lo siguiente en cuanto
a la legitimación para la defensa del buen manejo de los fondos públicos:
“(…) La actividad financiera del Estado supone
el cumplimiento de criterios de economía y eficiencia al utilizarse los fondos
públicos, es decir de racionalización que impide legal y moralmente el derroche
y da el derecho a la colectividad de exigir la eficacia y eficiencia del uso de
los dineros que destina al financiamiento del Estado. Estos deberes se imponen
a la Administración en general, lo cual incluye sin duda a la empresa pública,
y tal vez con mayor rigor aún, después de todo son fondos públicos utilizados a
favor de empleados sujetos a un régimen privado. Esta Sala ha reconocido que la
legitimación para la defensa del buen manejo de fondos públicos es un interés
difuso, de tal forma que los accionantes, pueden cuestionar en esta vía la
constitucionalidad de las normas que autorizan esos gastos directamente en su
condición de ciudadanos, sin necesidad de ninguna otra legitimación especial o
acreditación de la vía incidental”.
Corolario de lo expuesto, la Sala estima que la parte accionante ostenta
legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas
convencionales aludidas, sin que para ello sea necesario contar con un asunto
previo que le sirva de base a la acción. Por consiguiente, se admite la
legitimación del accionante.
IV.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL PARA CONOCER DE ALEGATOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE
CONVENCIONES COLECTIVAS. El Secretario General del Sindicato de Empleados del
Banco Nacional de Costa Rica cuestiona en esta acción que el objeto de este
proceso no es propio de la competencia de la jurisdicción constitucional. Se
trata entonces de un aspecto formal que debe abordarse como parte del análisis
de admisión de este proceso, lo cual se hace de seguido.
Por Sentencia N° 2018-008882 de las 16:30
horas del 05 de junio del 2018, este Tribunal señaló que es competente para
conocer sobre la constitucionalidad de cláusulas contenidas en las convenciones
colectivas:
“V.- Un último punto a considerar respecto de la admisión de este
proceso, tiene que ver con la objeción planteada por el Sindicato apersonado,
referida a la falta de competencia de esta Sala para conocer de este tipo de
reclamos, por tratarse de convenciones colectivas protegidas por convenios
internacionales que impiden su revisión por las autoridades nacionales, excepto
por razones formales o reclamos por incumplimiento de derechos mínimos. Esta
objeción surge cada vez que se pretende revisar la constitucionalidad de
cláusulas convencionales mediante acciones de inconstitucionalidad y ahora se
suma a este punto el hecho de que, a través de la Ley número 9343 recientemente
emitida, el Estado costarricense ha plasmado de forma expresa, en el artículo
713 del Código de Trabajo, la regla recién citada por los defensores del
instrumento laboral, con lo cual se busca proteger las negociaciones colectivas
frente a la posibilidad de la revisión de los aspectos sustantivos acordados
por las partes. Sobre este tema, la mayoría del Tribunal ha valorado el nuevo
estado de cosas y estima apropiado mantener la línea de pensamiento recogida en
sus antecedentes, entre los que pueden citarse los siguientes:
“III.- Sobre el fondo. Lo primero que debe señalar la mayoría de esta
Sala, es su jurisprudencia reiterada, en la que ha sostenido que las
disposiciones de las convenciones colectivas de trabajo están sujetas a los
mecanismos de control de constitucionalidad (véase, en ese sentido, las
sentencias Nos. 2004-9992, 2006-7261, así como la más reciente la No. 2015-4247
de las nueve horas cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil quince,
entre otras). Las disposiciones convencionales, como disposiciones normativas
que son, deben cumplir como cualquier otra norma del ordenamiento jurídico con
los valores, los principios y normas constitucionales; en tal sentido, las
cláusulas pueden conceder márgenes superiores a los mínimos legales contenidos
en la legislación laboral, siempre apegados a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Ahora bien, para pasar al meollo del reclamo de la acción de
inconstitucionalidad, éste radica en determinar si el Estado puede negociar
colectivamente con sus trabajadores, empleados o servidores públicos, mejorías
en sus derechos y deberes que nacen de una relación estatutaria. (…) (ver
Sentencia 2015-7221 de las 9 horas 40 minutos del 20 de mayo de 2015)”.
Además, en la Sentencia N° 2015-10292 de las
11:00 horas del 8 de julio de 2015 se detalló:
“Se ha indicado, además, que sin demérito
alguno de que la negociación colectiva sea un derecho reconocido
constitucionalmente y por instrumentos internacionales de la Organización
Internacional del Trabajo, lo cierto es que su contenido se encuentra también
subordinado a las normas y principios constitucionales, en el tanto sus
decisiones implican consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública.
De modo que su adopción y validez no queda únicamente sujeta a la mera
verificación del procedimiento de adopción, sino también a un análisis de fondo
cuando este se requiera, en tanto su contenido debe ajustarse a las normas y
principios constitucionales. Las obligaciones contraídas por las instituciones
públicas y sus empleados, como ocurre en este tipo de negociaciones, pueden ser
objeto del análisis de razonabilidad, economía y eficiencia, con el objeto de
evitar que a través de una convención colectiva, sean
limitados o lesionados derechos de los propios trabajadores, o para evitar que
se haga un uso abusivo de fondos públicos. (…) ”.
De manera que para esta Sala el análisis transcrito y reiterado en la
Sentencia N° 2018-008882 de las 16:30 horas del 05 de
junio del 2018, confirma que el órgano de control de constitucionalidad es
competente para estudiar, valorar e incluso anular cláusulas de convenciones
colectivas vigentes en instituciones públicas e instituciones autónomas. Dichas
cláusulas podrán ser estudiadas bajo los parámetros de razonabilidad, economía
y eficiencia, para impedir que se haga un uso abusivo de fondos públicos, o
bien se menoscaben los derechos de los trabajadores.
El mandato del artículo 713, del Código de Trabajo mencionado, no puede
tener la virtud de desactivar la obligación de las autoridades
públicas de someterse a los criterios constitucionales de razonabilidad
y proporcionalidad que impone el Derecho de la Constitución, los cuales, si
bien les permiten un margen de discrecionalidad, les impone a la vez la
prohibición de transgredir sus límites, bajo sanción de nulidad, por lesión a
la Constitución Política. De igual manera, tampoco podría dicha norma oponerse
válidamente a la competencia revisora de la Sala, cuyo sustento es el artículo
10 Constitucional y opera justamente respecto de los actos de las autoridades públicas para declarar, en caso necesario, su
nulidad por ser disconformes con el Derecho de la Constitución, tal como se
explicó. Así las cosas, debe quedar claro entonces que, las disposiciones de
las Convenciones Colectivas de Trabajo, están sujetas a los mecanismos de
control de constitucionalidad, puesto que su contenido se encuentra también
subordinado a las normas y principios constitucionales, en el tanto sus
decisiones implican consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública,
sin que sea posible interpretar que una norma legal, como lo es el artículo
713, del Código de Trabajo, haya reformado tácitamente el artículo 10
Constitucional, en cuanto a las competencias de esta Sala.
V.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Artículos 57, 58, 60, 68 y
69, de la VII Convención Colectiva de Trabajo.
1) SOBRE EL
COMITÉ DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE PUESTOS. (Artículos 57, 58
y 60, de la VII Convención Colectiva de Trabajo).
El accionante estima que los numerales 57, 58 y 60, de la VII Convención
Colectiva de Trabajo, disponen la existencia a lo interno del Banco de un
Comité de Clasificación y Valoración de Puestos conformado por miembros del
Sindicato y la Administración, que interviene en la reasignación de puestos, en
la modificación y ampliación de escalas salariales, aumento de salarios
mínimos, y en general en revisión de salarios y escalas, lo que a su parecer
violenta el principio de legalidad, al delegar una potestad exclusiva de la
Junta Directiva de la institución.
Los artículos 57, 58 y 60, de la VII Convención Colectiva de Trabajo del
Banco Nacional de Costa Rica, indican:
“Artículo 57. Sistemas de Clasificación y Valoración.
El Banco mantendrá actualizados los sistemas de
clasificación y valoración de puestos, garantizando su revisión permanente por
sectores u oficinas. Para este fin, la Dirección de Recursos Humanos,
presentará para su análisis y recomendación, al Comité de Clasificación y
Valoración, conforme lo establece el artículo 58 de la esta Convención, los
asuntos relativos a la materia de su conocimiento.
El Comité de Clasificación velará porque los
procedimientos que se tramiten en este Comité se realicen en forma imparcial.
El Comité de Clasificación velará en todos los aspectos por la apropiada
aplicación del Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos y le
corresponderá hacer las adecuaciones que sometan a su consideración. El Banco
pagará el recargo de funciones a partir de la fecha en que se cuente con la
recomendación del Comité de Clasificación y Valoración de Puestos debidamente
aprobada por la Gerencia, cuando se reasigne un puesto a otra clase de superior
categoría; en estos casos se actuará de acuerdo con lo indicado en el párrafo
del artículo 39. Asimismo, aprobará el Manual de Clasificación de Clases y los
requisitos específicos para cada una de las clases. La Dirección de Recursos
Humanos someterá al Comité de Clasificación para su conocimiento y aval, todo
lo concerniente a la implantación de la polifuncionalidad. Los
empleados y empleadas están obligados a desempeñar cualquier grupo de
funciones que sean propias de su clase de puesto y por consiguiente será
polifuncional dentro de la misma. Es entendido que el Banco se compromete a
brindarle de previo la capacitación necesaria para polifuncionar.
El Comité de Clasificación verificará que los módulos de capacitación sean
impartidos en forma imparcial y en apego a los requisitos establecidos para las
respectivas clases. En caso de las Oficinas Regionales ninguno
de los empleados y empleadas están obligados a polifuncionar
y/o rotar a una oficina distinta en la que está nombrado. En el caso de las
dependencias de las Oficinas Centrales, los empleados y
empleadas podrán polifuncionar en las
diferentes Direcciones Corporativas, siempre y cuando no implique traslado territorial.
La capacitación constituye en derecho de los empleados y empleadas y el Banco
se compromete a realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance, con el
propósito de que la orientación y la formación que se les brinde,
contribuya a la superación laboral y personal, y a mejorar la productividad y
eficiencia en el trabajo. Los empleados y empleadas que se sientan perjudicados
por la implantación o funcionamiento del Sistema de Clasificación y Valoración
de Puestos, podrán acudir ante el Comité de
Clasificación para que sea definido su planteamiento. La resolución que dicte
el Comité, el empleado o empleada la podrá apelar ante la Junta de Relaciones
de Trabajo.
Artículo 58. Revisión de la Clasificación y
Valoración de Clases y las Escalas de Sueldos.
Se mantendrá el Comité de Clasificación y
Valoración en forma permanente, constituido por dos empleados o empleadas
nombradas por la Gerencia y dos representantes del Sindicato. El Banco se
compromete a procurarles, a los miembros que conforman el Comité, la
capacitación y formación que requieran para el eficaz cumplimiento de sus
funciones. Este Comité, se reunirá ordinariamente una vez al mes, para efectos
de revisión de los asuntos que le hayan sometido o que por propia iniciativa
necesita conocer; extraordinariamente, cuando lo solicite una de las partes.
Las recomendaciones de dicho Comité,
serán sometidas a la Gerencia para su resolución. Los casos rechazados, se
informarán a la persona interesada, quien podrá apelar ante la Junta de
Relaciones de Trabajo.
Como un reconocimiento adicional, a aquellos empleados y empleadas con mejores calificaciones dentro del
SEDI, el Banco, dentro de sus posibilidades, les brindará cursos que promuevan
su desarrollo. El quórum se establece con tres miembros; si, en la primera
convocatoria no se reúne dicho quórum, se hará una segunda convocatoria, para
que la sesión se realice en las próximas 72 horas. Si, en esta última
convocatoria no se reúne el quórum, los asuntos serán resueltos por la Gerencia
General.
Tal y como se establece en el artículo 7 de
esta Convención Colectiva, la Presidencia de este Comité recaerá en una persona
representante de la Administración y la vicepresidencia de la
misma, se adjudicará al Sindicato en forma acostumbrada. En caso de
empate, el asunto será sometido a la Gerencia General para su resolución.
Artículo 60. Modificación de escalas salariales
Al tenor de lo dispuesto en los artículos 57,
58 y 59 anteriores, el Banco podrá modificar y ampliar sus propias escalas
salariales:
a) Cuando
haya aumento de los salarios mínimos respecto de los sectores que afecten a los empleados y empleadas del Banco.
b) Cuando
deban hacerse revisiones de clases que impliquen reasignación, reclasificación
o revaloración de las mismas, como resultado de la dinámica
de la Institución, determinada por los intereses y fines del Banco, y
particularmente por la necesidad de mejoramiento del servicio que presta.
c) Cuando
sea necesario revisar los salarios, con el objetivo de que no pierdan su
competitividad de mercado.
d) Cuando sea necesario revisar las escalas, con el
objetivo de que las diferencias salariales sean equitativas y
razonables.
e) Es
entendido que cualquiera de las acciones anteriores que impliquen modificación
de las escalas salariales, serán del conocimiento del Comité de Clasificación y
Valoración de Puestos, para lo dispuesto en el Artículo 58 de esta Convención.
2) SOBRE LA JUNTA DE RELACIONES
LABORALES Y SU PARTICIPACIÓN EN
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.
(Artículos 68 y 69, de la Convención Colectiva de Trabajo).
El accionante alega que los artículos 68 y 69, de la Convención
Colectiva, disponen la creación de una Junta de Relaciones de Trabajo a la que
se dotó de potestades disciplinarias al disponer que resolverá lo relativo al
ámbito disciplinario, violentando con ello el principio de legalidad, así como
los artículos 41 y 42, de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, al
delegar una competencia exclusiva del Gerente General.
La Procuraduría General de la República, al analizar el contenido
normativo de los artículos impugnados referidos a competencias otorgadas a la
Junta de Relaciones de Trabajo encierra directamente algún conflicto de
relevancia constitucional que deba ser analizado en esta sede. El principio de
autoorganización en las Administraciones Públicas, en las distintas materias
relacionadas con su organización administrativa, está referido,
fundamentalmente, a la facultad para establecer sus propias estructuras
organizativas, de conformidad con los límites que establezca el Legislador, y
por ende presentan una clara base legal. De modo que estaríamos ante un asunto
de mera legalidad, ajeno a la competencia de la Sala y de resorte exclusivo de
la jurisdicción ordinaria, por tratarse en el fondo de hacer prevalecer lo
dispuesto en la ley formal respecto de la atribución de algunas competencias,
como las de organización y dirección, respecto de las cuales el poder de
decisión debe residir en los órganos jerárquicos respectivos, sobre las cuales
la Constitución deja en realidad un amplio margen de configuración (artículos
11, 121 inciso 1) y 171 Constitucionales), en consecuencia, se debe declarar
inadmisibles los agravios indicados.
Las normas consensuales establecen:
“Artículo 68. Funciones de la Junta de
Relaciones de Trabajo.
El organismo denominado “Junta de Relaciones de
Trabajo”, además de las funciones señaladas en otros artículos de esta
Convención, tendrá las siguientes:
a) Intervenir
conciliatoriamente en los problemas individuales o colectivos que se susciten
entre el Banco y quienes laboran en él.
b) Conocer
y pronunciarse sobre las cuestiones laborales que el Banco o el Sindicato le
sometan, siempre y cuando sean materia de su competencia.
c) Rendir
los informes que se le soliciten relacionados con la aplicación de la presente
Convención, dentro de un plazo no mayor de una semana.
d) Participar
en las actuaciones en que se le reciba declaración a quienes se les imputen
hechos que puedan dar lugar, a la aplicación de sanciones disciplinarias de
suspensión sin goce de salario o despido. En todos aquellos asuntos remitidos a
la Dirección de Recursos Humanos, por faltas
leves que no ameriten la aplicación de sanciones disciplinarias mayores a una
suspensión sin goce de salario de un día, podrá seguirse un procedimiento
abreviado, mediante el cual quién ocupe el cargo de Dirección de Recursos
Humanos, le hará el traslado de cargos al empleado o empleada, para que esté
por escrito, y dentro de un plazo no mayor a ocho días, a partir de habérsele
hecho efectiva la notificación, brinde por escrito las explicaciones y
justificaciones sobre la falta que se le atribuya en el ejercicio de sus
funciones y ofrezca la prueba de descargo, a efectos de determinar lo
correspondiente; procediendo luego a su valoración y el dictado de la resolución
final por parte de la Dirección de Recursos Humanos.
e) Es
entendido que el empleado o empleada a quién se le imputen faltas y cuyo caso
deba elevarse a la Junta de Relaciones de Trabajo, tendrá derecho a una
comparecencia oral y privada que se llevará a
cabo en la sede de la Oficina de Relaciones Laborales, a efectos de verificar
la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final.
La comparecencia también podrá llevarse a cabo
en otra sede cuando, por motivos de economía y celeridad administrativa, así lo
demanden. Dicha dependencia deberá adoptar todas las medidas probatorias
necesarias, aún de no haber sido propuestas por las partes y aún en contra de
la voluntad de éstas.
La citación a la comparecencia se realizará con
un plazo de quince días hábiles, salvo en aquellos casos en que
por su naturaleza, por atribuirse alguna falta leve al empleado o empleada, que
no amerite aplicación de sanciones disciplinarias mayores a una suspensión sin
goce de salario de un día, la instrucción se efectúe mediante un procedimiento
abreviado. La notificación al empleado o empleada contendrá el texto íntegro
del acto con indicación de los recursos procedentes, del Órgano que los
resolverá, de la instancia ante la cual deben interponerse, así como del plazo
para interponerlos.
Es entendido que los recursos de revocatoria
con apelación en subsidio contra el acto inicial de apertura, así como contra
aquel que deniegue la prueba, serán resueltos por la Oficina de Relaciones
Laborales. La apelación la resolverá la Junta de Relaciones de Trabajo. Los
plazos del procedimiento, por la interposición de los recursos ordinarios establecidos en este artículo,
interrumpen temporalmente el procedimiento, mientras se realiza el análisis y
se resuelvan los mismos; así como por incapacidad médica o caso fortuito del
empleado o empleada, debidamente comprobado.
La Junta de Relaciones de
Trabajo, por intermedio de la Oficina de Relaciones Laborales, podrá citar al
empleado o empleada, a quién se le atribuyan faltas en el desempeño de sus
funciones, así como a cualquier tercero para que rinda declaración sobre los
hechos que se investigan.
El citado deberá comparecer personalmente y no
por medio de apoderado. En la citación deberá indicarse:
a) El
nombre y dirección del órgano que cita.
b) Nombre
y apellidos conocidos por la persona citada.
c) El
asunto al que se refiere la citación, la calidad en que se cita a la persona y
el fin para el cual se cita.
d) El
empleado o empleada citada debe comparecer personalmente.
e) El
término dentro del cual es necesaria la comparecencia o bien el día, la hora y
el lugar de la comparecencia del empleado o empleada citado, pudiendo
habilitarse el tiempo necesario, hasta su conclusión. En aquellos casos en donde la comparecencia se suspenda, para
la reanudación de la misma deberá notificarse al
empleado o empleada investigado, así como a todas las partes, con un plazo no
menor a los tres días hábiles.
f) Los
apercibimientos a que queda sujeto el empleado o empleada citado, con
indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones.
g) Breve enumeración de toda la documentación pertinente que sobre el caso exista.
h) Prevención
al empleado o empleada que debe presentar toda la prueba antes o en el momento
de la comparecencia, debiendo ser la prestación previa por escrito.
i) Indicación de que puede hacerse acompañar de un
abogado o abogada y además participará un representante del Sindicato.
Toda citación deberá ir firmada por el Órgano
Instructor, haciendo el traslado de cargos respectivos, según los hechos
reportados ante la Dirección de Recursos Humanos.
El plazo de citación para la comparecencia se
hará quince días hábiles antes de la misma, salvo en aquellos casos por faltas
leves que no ameriten elevarse a la Junta de Relaciones de Trabajo.
Si el empleado o empleada citada no
compareciere, sin justa causa, la Oficina de Relaciones Laborales podrá citarla
nuevamente, o a su discreción, continuar y decidir el caso con los elementos de
juicio existentes.
El empleado o empleada y su abogado o abogada, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento
a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir
certificación de la misma, corriendo el costo de las copias y certificaciones
por cuenta del solicitante.
La ausencia injustificada de la parte no
impedirá que la comparecencia se lleve a cabo.
En la comparecencia el
empleado o empleada investigado tendrá derecho a:
a) Ofrecer
su prueba.
b) Obtener
su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante.
c) Pedir
confesión a la contraparte o testimonio a la Administración, preguntar y
repreguntar a testigos y peritos suyos o de la contraparte.
d) Aclarar,
ampliar o reformar su petición o defensa inicial.
e) Proponer
alternativas y sus pruebas.
f) Formular
conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la
comparecencia.
g) Las
conclusiones deberán hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad del
derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia.
Cuando no hubiere sido
posible hacerlo en la comparecencia, dichas conclusiones podrán presentarse
por escrito después de la misma, dentro de un plazo no mayor a los tres días
siguientes a su finalización.
Se convocará a una segunda
comparecencia únicamente cuando haya sido imposible en la primera dejar listo el
expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes, así lo requieran.
Terminada la comparecencia el asunto se remitirá
a los miembros de la Junta de Relaciones de Trabajo para su resolución.
La Junta de Relaciones de Trabajo en pleno
resolverá únicamente lo que corresponda al ámbito disciplinario.
La responsabilidad de tipo civil será
determinada únicamente por la representación de la Administración ante dicho
Órgano. La resolución respectiva será firmada por tres miembros de esa
representación, independientemente de que sean titulares o suplentes. Si la
votación de la Junta de Relaciones de Trabajo en lo referente al ámbito
disciplinario es de empate, se volverá a conocer el asunto en sesión
extraordinaria que deberá celebrarse dentro de los tres días hábiles
siguientes.
De persistir el empate resolverá el asunto la
Gerencia General dentro del término de 8 días hábiles. El acto final dictado
por la Junta de Relaciones de Trabajo, deberá
notificarse al empleado o empleada debidamente firmado por la persona que ocupe
el puesto de Presidencia o Vicepresidencia de ese órgano, con indicación de los
recursos que caben contra tal acto. Previo a la aplicación de cualquier sanción
disciplinaria, el Banco podrá separar al empleado o empleada, con goce de
salario, cuando haya indicios que hagan presumir la existencia de dolo o falta
grave, todo a criterio de la Dirección de Recursos Humanos, con vista de los
elementos que procedan, lo cual se hará de conocimiento de la Junta de
Relaciones de Trabajo, en un plazo no mayor de ocho días hábiles a partir de la
separación. La Dirección de Recursos Humanos podrá ubicar temporalmente en otro
puesto al empleado o empleada, mientras se realiza la investigación
correspondiente, previa motivación y fundamentación por parte de los superiores
del empleado o empleada, de los cargos que se le atribuyen.
En todo caso, la ubicación temporal o separación
no significan traslado territorial ni degradación de sus funciones. Cualquiera
de las acciones anteriores deberá ser comunicada a los miembros que integran la
Junta de Relaciones de Trabajo, con copia para el Sindicato. Tanto la ubicación
temporal como la separación del puesto, serán hasta
por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, en el
entendido que toda prescripción queda interrumpida durante ese plazo. De no
comprobarse causa que amerite el despido, el empleado o empleada será
reinstalado en su puesto inmediatamente. En caso de despido del empleado o
empleada, al plantear éstos el correspondiente juicio laboral y resultara con
lugar su acción en sentencia judicial, el Banco está obligado, a opción del
empleado o empleada, a reinstalarlo en el mismo puesto y con las mismas
condiciones que tenía antes de producirse el despido, así como a pagar los
salarios caídos desde el día del despido hasta el día de la efectiva
reinstalación. Cuando la plaza haya sido suprimida o cuando otro empleado o
empleada esté ocupando la plaza en propiedad, el empleado o empleada será
reinstalado en un puesto similar, en las mismas condiciones que tenía antes de
ordenarse el despido, sin que esto implique traslado territorial, ni
degradación en sus funciones; en cuyo caso se requerirá el pronunciamiento de
la Junta de Relaciones de Trabajo. En caso de que las partes acuerden la no
reinstalación, se pagarán al empleado o empleada, además de los salarios
caídos, las prestaciones legales correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en esta Convención. Si hay falta de causa para el despido, el
empleado o empleada separado o trasladado, será reinstalado en su puesto
inmediatamente. En toda investigación que sea de competencia de la Junta de
Relaciones de Trabajo participarán los representantes de los
empleados y empleadas que designe el Sindicato. Es entendido que los
participantes en la instrucción deberán de mantener una actitud objetiva e
imparcial. Quedan a salvo las disposiciones que al respecto se derivan de la
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. El
empleado o empleada se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
De los recursos. En el procedimiento cabrán los
recursos ordinarios de Revocatoria y Apelación únicamente contra el acto que lo
inicie, contra el que deniegue la comparecencia oral y cualquier prueba y
contra el acto final. Dichos recursos deberán interponerse, dentro del término
de veinticuatro horas, salvo contra el acto final, que deberá interponerse
dentro de los tres días siguientes, ambos plazos contados a partir de la última
comunicación del respectivo acto. Cuando se trate de la denegación de la prueba
en la comparecencia podrán establecerse esos recursos, en cuyo caso la prueba y
razones del recurso podrán ofrecerse en el acto o dentro de los plazos
respectivos. Los recursos podrán también interponerse haciéndolo constar en el
acta de la notificación respectiva, siendo potestativo usar ambos recursos
ordinarios o uno solo de ellos. Será inadmisible el que interponga después de
los plazos antes indicados. Los recursos ordinarios de revocatoria y apelación
contra el acto que inicie el procedimiento, contra el que deniegue la
comparecencia oral o cualquier prueba, se interpondrán ante la Oficina de
Relaciones Laborales. La Oficina de Relaciones Laborales como Órgano
Instructor, será la responsable de resolver los recursos de revocatoria; la
apelación la resolverá la Junta de Relaciones de Trabajo. En aquellos casos en
donde se aplique el procedimiento abreviado y el empleado o empleada resultare
inconforme con la resolución final dictada por la Dirección de Recursos
Humanos, podrá interponer dentro del tercer día hábil el correspondiente
recurso de revocatoria y/o apelación ante la Junta de Relaciones de Trabajo. La
resolución que se dicte en el procedimiento abreviado seguido contra un
empleado o empleada, deberá ser informada a la Junta
de Relaciones de Trabajo. Los recursos de revocatoria y apelación contra el
acto final dictado por la Junta de Relaciones de Trabajo y/o representantes de
la Administración, se interpondrán dentro del plazo de tres días hábiles, ante
la Oficina de Relaciones Laborales, quien será la encargada de canalizarlos
conforme proceda. El recurso de revocatoria, ya sea
que lo tenga que decidir, según corresponda, la Oficina de Relaciones Laborales
o la Junta de Relaciones de Trabajo, se resolverá dentro de los ocho días
posteriores a su presentación, pudiéndose reservar su resolución si así
correspondiera, para cuando se dicte el acto final, en cuyo caso deberá
comunicarlo a la persona interesada.
El recurso de apelación se tramitará
limitándose a emplazar a las partes ante la instancia correspondiente, ya sea
la Junta de Relaciones de Trabajo, Gerencia General, a la que se remitirá el
expediente sin admitir ni rechazar el recurso, adjuntándose un informe sobre
las razones del mismo.
El recurso de apelación deberá ser resuelto
dentro de los ocho días hábiles posteriores al recibo del expediente.
Artículo 69. Integración.
La Junta de Relaciones de Trabajo a que se
refiere el artículo anterior, estará integrada por tres representantes del
Sindicato y tres representantes del Banco. Habrá cuatro suplentes por cada
grupo o parte; tanto los titulares como sus respectivos suplentes, serán
nombrados por sus mandantes en las condiciones en que cada uno estime
conveniente. El desempeño de estos cargos será gratuito. Los representantes
serán designados a más tardar un mes después de haberse firmado la presente
Convención; los patronales, por la Gerencia General del Banco; los de los empleados y empleadas por la Junta Directiva del
Sindicato. Estos nombramientos serán revocables a decisión de cada uno de los
mandantes. Previo acuerdo de las partes, se puede
llamar a determinada persona para que con su criterio técnico se refiera al
caso y los miembros de la Junta puedan formar criterio”.
VI.- ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL. Esta Sala, en la Sentencia Nº 2009- 04528 de las 15:56 horas de 18 de marzo de 2009,
se pronunció sobre las funciones del Comité de Clasificación y Valoración de
Puestos y las Juntas de Relaciones Laborales
en la Undécima Reforma a la Quinta Convención Colectiva del Banco Nacional de
Costa Rica, y determinó que tales aspectos debían ser atendidos en la vía de
legalidad, en razón de su competencia. Así, esa
Sentencia indicó:
“VI.-
Debe hacerse notar sin embargo que los anteriores antecedentes tienen un elemento común
que obliga a realizar una precisión en aras de la correcta decisión en el caso
que ahora nos ocupa. Concretamente, en los casos transcritos -incluido el
antecedente sobre el que se elaboran sus consideraciones la accionante y la
Procuraduría- la disputa giraba en torno a las potestades de funcionarios
municipales, respecto de los cuales existen normas constitucionales que de
forma concreta y específica delimitan sus funciones. Se trata de los artículos
169 y 170 Constitucionales, los cuales la Sala entendió y tomó como el
fundamento jurídico-constitucional concreto sobre el cual fundar la
intangibilidad de competencias de la Municipalidad (en concreto del Ejecutivo
Municipal con la ley anterior y del Alcalde Municipal
con el nuevo Código Municipal), las cuales se pretendían trasladar a Juntas de
Relaciones Laborales. En ese orden de cosas, el caso actual difiere en su
esencia de tales antecedentes porque no están en juego los citados artículos
169 y 170 Constitucionales y de hecho lo que se alega es la infracción del
artículo 188 Constitucional, así como de los artículos 11 y 121 inciso 1) de la
Carta Fundamental. Pero ninguno de estos últimos tiene la contundencia
necesaria respecto de la atribución específica de competencias a funcionarios u
órganos específicos de una institución autónoma como el Banco Nacional, como
para que se reconozca y declare la infracción directa alegada. Al contrario, los
textos son más bien amplios e indeterminados en ese aspecto:
“Artículo 188.- Las instituciones autónomas del
Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en
materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión”.
“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son
simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que
la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben
prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La
acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública…”.
“Artículo 121.- Además de las otras
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la
Asamblea Legislativa:
1) Dictar
las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo
dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones (…)”.
De estas normas queda claro
que más bien el diseño particular y reparto y atribución específicos de las
competencias en las instituciones autónomas como el Banco Nacional serán
resorte del legislador, y así ha sido entendido al emitirse tanto la Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, como la propia Ley General de
Administración Pública que son las que, concretamente, atribuyen competencias a
personas y funcionarios allí determinados y en particular al Gerente. Así
planteado el asunto, todo parece apuntar a que la controversia en este caso es
entre lo dispuesto por la Convención Colectiva, versus lo establecido por la
normativa de alcance legal, emitida al tenor del amplio marco que permiten los
artículos 11, 121 inciso 1) y 188 Constitucionales, de manera que –prima facie-
estaríamos frente a un asunto de mera legalidad ajeno a la competencia de esta
Sala y de resorte exclusivo de la jurisdicción contencioso administrativa,
según lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional, ello por tratarse en el
fondo de hacer prevalecer lo específicamente dispuesto por una ley formal,
respecto de una cuestión como la atribución de algunas competencias como las de
organización del personal en instituciones autónomas, sobre las que la
Constitución deja un amplio margen de decisión.
VII.- Apoya la perspectiva
anterior el criterio jurisprudencial
que a lo largo de los años ha establecido este Tribunal mediante reiterados
pronunciamientos respecto de reclamos por supuesta violación al principio de
legalidad. Así, se ha sostenido por ejemplo en la sentencia número 2004-04865
de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del cinco de mayo del dos
mil cuatro:
“IV.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN EN RAZÓN DEL OBJETO DE IMPUGNACIÓN. Por último, estima la
Sala que la acción es inadmisible en razón del objeto, toda vez que el reclamo
que se hace es de exceso de la potestad reglamentaria, con afectación del
régimen de ascenso en la carrera de servicio exterior; bajo la alegación de que
la norma reglamentaria impugnada (artículo 82 del Reglamento al Estatuto del
Servicio Exterior de la República, Decreto Ejecutivo número 29.428-RE, de
treinta de marzo del dos mil uno) excede el contenido de la ley de referencia
(Estatuto de Servicio Exterior de la República, en la Ley número 3530, de cinco
de agosto de 1965). En este sentido, la Sala ha sido conteste en estimar que
reclamos de esta naturaleza deben ventilarse en la jurisdicción contenciosa,
jurisdicción a la que por disposición del Constituyente (artículo 49 de la
Constitución Política) le corresponde dilucidar las cuestiones de legalidad,
ello con el fin de mantener una uniforme distribución de las competencias y el
respeto de todas las reglas que conforman la Constitución Política. Como se ha
señalado en forma reiterada y repetida por este Tribunal:
“Es claro que cualquier impugnación como la que
se plantea, conlleva implícita una presunta violación a la Constitución
Política, dado que de ella se deriva todo el ordenamiento jurídico, pero en la
propia Constitución existe un reparto de competencias con el fin de garantizar
al ciudadano una manera de proteger las distintas clases de derechos e intereses
que posee. De esa forma, se regulan en la Constitución Política, las
jurisdicciones contenciosa y de trabajo (artículos 49 y 70) y es dentro de este
contexto que debe incrustarse la jurisdicción constitucional, en el entendido
que su competencia se complementa y no se superpone a las señaladas, a los
fines de protección del ciudadano” (en este sentido, entre otras ver las
sentencias número 0843-95, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del
catorce de febrero de mil novecientos noventa y cinco, 0404-96, de las quince
horas treinta y tres minutos del veintitrés de enero, 3379- 96; de las diez
horas cincuenta y siete minutos del cinco de julio, 6471-96, de las quince
horas treinta y nueve minutos del veintisiete de noviembre, 6692-96; de las
dieciséis horas tres minutos del diez de diciembre, 6689-96, de las quince
horas cincuenta y cuatro minutos del diez de diciembre, todas de mil
novecientos noventa y seis, y 4261-97, de las dieciséis horas tres minutos del
veintidós de julio de mil novecientos noventa y siete).
Es claro que deslindar la jurisdicción
constitucional de la común se torna delicado, ya que la infracción al principio
de legalidad se desprende precisamente de normas de rango constitucional
-artículos 11, 49, 121 y 140 de la Constitución Política-; y lo que
precisamente se solicita es que se haga prevalecer ese principio al declarar la
existencia de violación de preceptos legales por parte de la disposición
reglamentaria impugnada. No obstante la trascendencia de este principio, para
que pueda invocársele fructíferamente debe haberse quebrantado por lo menos,
otra norma o principio constitucional, cuando de la jurisdicción constitucional
se trata, lo cual no se da con las normas impugnadas, en tanto lo que se
reclama es la infracción de los principios de separación de poderes (de
funciones), el principio de legalidad, la reserva legal en la regulación de los
derechos fundamentales, la potestad reglamentaria, y el principio de
irretroactividad de la ley. La opinión contraria terminaría por diluir la
distinción entre asuntos constitucionales y asuntos de mera legalidad -si
hablamos del artículo 11-, en tanto no podrían diferenciarse las infracciones
de la Constitución de las infracciones de orden legal”.
Y más recientemente en la sentencia 2007-11152
se señaló que:
“(…) Entiende la Sala entonces que se está de
forma clara frente a una disconformidad con la manera particular de concretar
el mandato legislativo en la sede reglamentaria, en lo tocante a la concreta
determinación -con aplicación de reglas de ciencia y técnica- de las conductas
que fueron ordenadas por el Legislador en las disposiciones de la Ley de
Protección al Trabajador y la discusión es -como lo demuestran las distintas
participaciones de todas las partes- si unos u otros sistemas de cálculo y
cobro son los más apropiados para robustecer el sistema y proveer los mayores
beneficios posibles a todos los involucrados. Se trata, a juicio de la Sala de
una discusión sobre la adecuación de la disposición reglamentaria para alcanzar
de mejor forma el fin buscado por la ley, tema que sin ningún género de duda
corresponde dilucidar a la jurisdicción contenciosa. Cabe agregar que, con lo
anterior no se está señalando que los temas de razonabilidad y proporcionalidad
sean de exclusiva competencia de la jurisdicción contenciosa, porque, como lo
demuestra su abundante jurisprudencia, esta Sala se ha abocado a conocer y
resolver enorme cantidad de casos en donde se reclamaba la falta de
razonabilidad y proporcionalidad pero en el desarrollo de las normas y
principios constitucionales, más no la falta de razonabilidad en el desarrollo
de normas y disposiciones de rango legal. En otros términos, para la Sala es
jurídicamente apropiado distinguir por un lado el reclamo de falta de
razonabilidad y proporcionalidad que pueda padecer un precepto (usualmente de
rango legal o supralegal) al ser confrontado con el Derecho de la Constitución,
materia que será de competencia de la Sala Constitucional, y por otro lado el
reclamo de falta de razonabilidad y proporcionalidad que puede revelar una
norma infralegal al confrontarla con lo dispuesto y
querido por una norma de rango legal, materia que sin duda alguna debe
corresponder al juez contencioso, en tanto no pasa de ser un reclamo para hacer
valer la voluntad de la ley”.
Así las cosas, cabe concluir que el reclamo
planteado en esta acción debe ser rechazado de plano por tratarse igualmente de
un asunto de legalidad ordinaria, en tanto la acción se dirige a hacer
prevalecer las normas de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y de la
Ley General de Administración Pública y no lo dispuesto expresa o
implícitamente en el texto constitucional.
VIII.- Es necesario dejar expresamente
establecido que la decisión recién expuesta involucra un replanteamiento y
reversión de la jurisprudencia sostenida por la Sala en algunas ocasiones al
conocer reclamos en contra de potestades de Juntas de Relaciones Laborales
contenidas en instrumentos de derecho laboral colectivo negociados dentro de
empresas estatales. Tal fue la situación de la sentencia número 7085-1998, que
resolvió una acción de inconstitucionalidad donde se discutían las competencias
de una Junta de Relaciones Laborales puesta en funcionamiento en el ámbito de
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y en donde este Tribunal optó por
declarar la existencia de una infracción tanto a lo dispuesto por el 20 inciso
e) de la Ley Constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
No.5889 de 8 de marzo de 1976 y sus sucesivas reformas, como también –y de
forma indirecta- a los artículos 121 inciso 1) y 129 Constitucionales. De la
misma forma se actuó en la sentencia número 3936- 2008 del doce de marzo de dos
mil ocho- en la que se declaró con lugar una la acción planteada contra los
artículos que establecían un carácter vinculante a las decisiones de la Junta
de Relaciones Laborales de la Refinadora Costarricense de Petróleo. No
obstante, y como se señaló, un nuevo replanteamiento de la cuestión permite
concluir que los argumentos contenidos en las dos últimas decisiones señaladas,
no son suficientes para radicar el tema en la jurisdicción constitucional, pues
como se ha sostenido, tal
argumentación haría que la Sala absorbiera todos y cualquier reclamo por
lesión a lo dispuesto por una norma de rango legal, situación que a todas luces
no solo resulta inconveniente, sino también contraria a la voluntad del
Constituyente que estableció una jurisdicción especial para estos temas como
parte del ámbito de la justicia ordinaria.
IX.- Conclusión. De todo lo que se expuso se
concluye que esta acción de inconstitucionalidad debe rechazarse de plano en lo
que se refiere a los numerales 61 aparte V y 68 de la Undécima Reforma a la
Quinta Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica , pues en ellas
regulan los temas de la evaluación del desempeño y la aplicación del régimen
disciplinario, situaciones ambas que son totalmente ajenas a lo planteado en el
asunto base, de manera que su cuestionamiento en esta acción no constituye un
medio razonable para la defensa de los derechos e intereses de la accionante en
el asunto que sirve de base para esta gestión. Además, y en relación con los
demás artículos impugnados también procede el rechazo de plano de la acción
planteada, pues los reclamos se dirigen solo de forma claramente indirecta
contra normas constitucionales y en realidad el eje del reclamo radica en la
infracción a las potestades legales del Gerente dispuestas en la Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional y la Ley General de Administración Pública,
cuestiones éstas que son competencia de la Jurisdicción contencioso
administrativa, en tanto no rozan de forma directa norma alguna de la
Constitución Política, según se explicó”.
Al respecto, la Sala reitera los argumentos expuestos en la
jurisprudencia parcialmente transcrita, al considerar que las funciones del
Comité de Clasificación y Valoración de Puestos y de la Junta de Relaciones
Laborales son temas que deben ser atendidos en la vía de legalidad en razón de su competencia. Nótese que los Sistemas de
Clasificación y Valoración de puestos, se encuentran inmersos en las potestades
de la auto regulación de las instituciones autónomas, sea para su organización
administrativa, lo cual encuentra sustento en los artículos 11, 121 inciso 1),
de la Constitución Política. De manera que los agravios expuestos resultan
inadmisibles. La misma situación es aplicable a las Juntas de Relaciones
Laborales y su participación en procedimientos disciplinarios, por hacer
referencia al debido proceso legal. Aunado a lo anterior, este Tribunal ha
sostenido que las decisiones de las Juntas de Relaciones Laborales de las
instituciones públicas no son vinculantes para los jerarcas dotados de potestad
disciplinaria (cfr. sentencias de esta Sala N° 1993-06218,
N° 1994-00339, N°
1995-04551, N° 1999-01463, N°
2000-4863, N° 2001-00871, N°
2002-03292, N° 2003-10853, N°
2003-11421 y N° 2004-01218). Por lo anterior, la
acción resulta inadmisible; y, en consecuencia, se rechaza de plano la acción
planteada contra los artículos 57, 58, 60, 68 y 69, de la VII Convención
Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica.
VII.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE
ADMISIBILIDAD. De lo
expuesto, se determina que el accionante cuenta con legitimación suficiente
para promover esta demanda de inconstitucionalidad en los términos dichos y ha
cumplido con los requisitos formales estipulados en los numerales 78 y 79, de
la Ley de Rito. Por otra parte, en cuanto al objeto de la impugnación, se
concluye la competencia general de este Tribunal para examinar el clausulado de
la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica; sin
embargo, se inadmiten los reclamos concretos planteados contra los artículos
57, 58, 60, 68 y 69, de la Convención Colectiva, por estimarse materia de
legalidad ordinaria, según se explicó.
VIII.- SOBRE EL RECLAMO PLANTEADO CONTRA EL
ARTÍCULO 34, DE LA VII CONVENCIÓN COLECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.
CESANTÍA. TOPE SUPERIOR A LOS DOCE AÑOS. CASOS DE RENUNCIA, PENSIÓN O MUERTE.
El accionante reclama que el artículo 34, de la VII Convención
Colectiva, violenta el principio de razonabilidad, proporcionalidad y equilibro
presupuestario, en tanto concede a los empleados que hayan cumplido veinte años
de servicio continuo, o a las madres que tengan quince años de servicio
continúo en el Banco, el importe de veinte meses de cesantía con su renuncia.
Asimismo, dispone un tope de veinte años de cesantía para los empleados que se
jubilen, pensionen o a los causahabientes de los que fallezcan.
Al respecto, la referida cláusula dispone:
“Artículo 34. Prestaciones.
Como beneficio adicional para los empleados y empleadas que tengan cumplidos 20 años de
servicios continuos en el Banco y las madres que tengan 15 años de servicio
continuo en el Banco, al renunciar tendrán derecho a recibir el importe del
auxilio de cesantía, con el tope máximo que se indica adelante, salvo que haya
incurrido en alguna causa justificada para su despido.
El Banco pagará
prestaciones legales a los empleados y empleadas que
se jubilen, pensionen o a los causahabientes de los que fallezcan, sin ninguna
limitación en cuanto al monto de su salario y hasta por el tope máximo de 20
meses de cesantía, que operará de la siguiente manera:
Por cada año de servicio o fracción no menor de
seis meses, el empleado o empleada tendrá derecho a un mes de salario por
concepto de auxilio de cesantía. En situaciones especiales, previo estudio
psicológico o social, o de conveniencia para la institución, la Gerencia
General podrá conceder el pago de prestaciones a solicitud del interesado, de
acuerdo con el tope máximo de 20 meses o según corresponda, dependiendo de la
fecha de ingreso al Banco. En casos especiales, por razones presupuestarias o
técnicas, el Banco podrá posponer la aceptación de la renuncia hasta seis
meses.
A los empleados o empleadas del Banco que
ingresen a partir de la firma de la Undécima Reforma a la V Convención
Colectiva, el Banco les pagará prestaciones legales cuando se jubilen,
pensionen, o a los causahabientes de los que fallezcan, o por situaciones
especiales, sin ninguna limitación en cuanto al monto de su salario, y hasta
por el tope máximo de 20 meses de cesantía”.
IX.- SOBRE EL ROMPIMIENTO DEL TOPE DE CESANTÍA.
Cuando un trabajador queda cesante
de forma injustificada, el ordenamiento jurídico le acredita el pago del
auxilio de cesantía.
El artículo 29, del Código de Trabajo, establece las reglas para
determinar el monto que corresponda como pago por cesantía en atención al
tiempo de servicio del trabajador; sin embargo, también dispone de manera
expresa que:
“(…)
4. En
ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho
años de relación laboral.
(…)”.
Lo anterior significa que, como auxilio de cesantía,
no se podrá indemnizar más que los últimos ocho años de la relación laboral,
siendo éste el tope establecido por el Código de Trabajo que, como se ha venido
sosteniendo, contiene mínimos que deben ser tutelados y respetados a los
trabajadores.
Por su parte, la jurisprudencia de esta Sala ha
establecido que es posible mejorar, a través de los instrumentos normativos de las Convenciones
Colectivas, ciertas condiciones mínimas de los trabajadores que superen las
establecidas en la legislación laboral, siempre y cuando se respeten presupuestos
normativos y jurisprudenciales de este mismo Tribunal Constitucional. Por ello,
es posible que se acuerden topes de cesantía mayores a los establecidos en el
Código de Trabajo. Para la mayoría de la Sala, los veinte años no resultan
razonables por desproporcionados; de ahí, que fijó el tope en doce años. Así,
por Sentencia N° 2018-008882 de las 16:30 horas del 5
de junio de 2018, sostuvo como conclusión que:
“Por otra parte, en lo referido al pago de auxilio de cesantía sin
límite de tiempo por reestructuración, fusión absorción o situaciones
parecidas, se concluye que efectivamente es inconstitucional la disposición de
ese tipo de pago sin límite de tiempo y además, se modifica la jurisprudencia
de la Sala que sostenía como razonable un tope máximo de 20 años, al entenderse
que dicha cantidad de años resulta desproporcionado respecto de los pagos que
reciben los demás trabajadores estatales cuyos beneficios también se financian
con fondos públicos. En concordancia con lo anterior la Sala entiende que un
tope máximo de 12 años es decir el 50 por ciento de mejora en el pago de
auxilio de cesantía, cumple con los requisitos de proporcionalidad vistas las
condiciones actuales del país, y no vacía el derecho de negociación colectiva
en ese punto. El Magistrado Cruz Castro salva el voto y declara sin lugar la
acción en este aspecto”.
La Sala, para llegar a la anterior conclusión, revisó su jurisprudencia,
la analizó y posteriormente estimó que, en las actuales coordenadas en tiempo y
espacio, por la situación financiera del Estado costarricense, debía reexaminar
su posición original. Y ello se hizo, fundamentado en lo siguiente, según el
citado precedente N° 2018-008882 de las 16:30 horas
del 5 de junio de 2018:
“Luego, en una buena cantidad ocasiones
posteriores, como por ejemplo en las sentencias 2006-14423; 2006-17439;
2006-17441; 2011-6351; 2012-10985;
2013-6871; 2013-11503;
2013-11455; 2013-11457; 2014-5798;
2014-13758 el Tribunal ha tenido oportunidad de valorar la cuestión, sin que en
ninguna de ellas se hayan producido -desde la perspectiva argumentativa-
agregados de relevancia a lo que ya se ha transcrito. De tal forma, serán tales
argumentos empleados por la Sala, a saber: i) vinculación del beneficio con la
antigüedad del empleado (lo que sustenta su proporcionalidad), ii) su utilidad como estímulo para la permanencia dentro de
la institución, evitando la salida de funcionarios y
funcionarias de experiencia, y; iii) la
existencia de un límite o “techo” razonable, los que se confronten nuevamente
con los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
XX.- En apariencia, el primero de los argumentos (el vínculo del
beneficio con la antigüedad del empleado) parecería ser poco discutible, en el
tanto en que las cláusulas convencionales en general y la recogida la
Convención colectiva de Bancrédito, establecen un
beneficio que reconoce el pago de auxilio de cesantía los trabajadores
favorecidos, de la mano con su antigüedad al servicio de la institución y por tanto, directamente proporcional a ella. El problema
que la mayoría de la Sala encuentra aquí -y que no parece haber sido abordado
específicamente con anterioridad- surge cuando la magnitud del beneficio se
contrasta, no solo a lo interno del conjunto de empleados favorecidos por la
Convención, como se hizo en las sentencias citadas, sino cuando la magnitud de
ese pago de auxilio de cesantía se analiza dentro del universo completo de los
servidores públicos en sentido amplio; esta extensión del marco comparativo se
justifica en el tanto en que para todos los empleados al servicio de las
instituciones estatales, la fuente de financiamiento de ese pago por auxilio de
cesantía es una y la misma: los tributos y los precios públicos que pagan todos
las personas que habitan la República. Y no obsta que, tanto en este caso como
en muchos otros, se trate de empresas estatales actuando en un mercado en
competencia y administrando fondos de consumidores, ahorrantes y prestatarios,
pues, en el tanto en que tales instituciones son del Estado y cuentan con su
respaldo, su salud y prácticas financieras pueden ser -y son de hecho-
sumamente relevantes para las finanzas públicas, como lo demuestra con claridad
la conocida condición actual de Bancrédito y las
estimaciones que se han dado sobre la afectación que su cierre tendrá en
presupuesto nacional.
Así pues, debe afirmarse que las disposiciones de naturaleza económica
que acuerden los administradores de las
instituciones públicas cuando negocian colectivamente con sus
trabajadores, no pueden evadir la necesaria coherencia y proporcionalidad en
relación con lo que constituye el marco general de beneficios económicos que el
Estado (en su concepto amplio) ha venido reconociendo a lo largo del tiempo, en
favor de sus trabajadores, ni puede dejarse de tomar en cuenta las
posibilidades financieras de las entidades en general y la manera en que estas
disposiciones van a incidir en los gastos y obligaciones económicas estatales,
dado que tales compromisos determinan y son determinadas a la vez por las
distintas variables y situaciones económicas y repercuten directamente en la
situación económica general del país.
Al asumir este enfoque, la mayoría de la Sala verifica la existencia de
una amplísima brecha entre el pago de auxilio de cesantía aplicable a la enorme
mayoría de los servidores públicos, cuyo tope es de ocho años, y el pago que
recibirán los trabajadores del Banco Crédito Agrícola y otros trabajadores
estatales cubiertos también por convenciones colectivas que, en idénticas
circunstancias, podrían recibir un desembolso directo en su favor de hasta 20
meses de salario por el mismo auxilio de cesantía. Se trata de una diferencia
de un ciento cincuenta por ciento, (150%) que desde la perspectiva de la
mayoría de quienes integramos esta Sala, resulta abismal y
por ende, debería contar claros e incontestables argumentos que la justifiquen,
pero que más bien carece de ellos y resulta desproporcionada e insostenible en
semejante magnitud.
Debe recordarse, por una parte, que esta Sala, en sintonía con el
desarrollo de los derechos fundamentales vinculados con el entorno laboral, ha
ejercido con gran mesura su labor de control constitucional en esta materia,
comprendiendo que la naturaleza fundamental del derecho de negociación
colectiva -uno de los pilares fundamentales del derecho al trabajo- tiene como
finalidad legítima el mejoramiento de las condiciones laborales de los
trabajadores y ello conlleva necesariamente la generación de diferenciaciones y
disparidades que de modo alguno son injustas o ilógicas en sí mismas y menos
aún pueden tildarse de inconstitucionales, por el mero hecho de beneficiar a un
grupo de personas que ha logrado tales reivindicaciones a través del
instrumento de la negociación colectiva. Pero lo anterior no puede desactivar
completamente la necesidad de que las mejoras a las cuales se compromete el
Estado sean proporcionadas y razonables, no solo respecto de la condición en
que quedan los demás trabajadores estatales no protegidos por convenciones colectivas, sino respecto la carga que la
sociedad debe soportar para cubrir tales sumas. De tal modo, una diferencia del
150 por ciento (es decir, una diferencia a mitad de camino entre un doble y un
triple de las sumas normales) entre lo que pueda corresponder a unos servidores
públicos por encima de todos los otros por el mismo concepto
se ubica mucho más allá de lo puede entenderse como proporcionado y
aceptable como reivindicación legítima en la condición de los trabajadores estatales.
Por otra parte, y en relación con este mismo tema de la desproporción en
esta particular forma de disposición de sumas del erario estatal, debe
apuntarse que otra razón para estimar desproporcionado este tope de 20 años, es
que dicho gasto presenta la característica de ser una mera transferencia de
fondos desde las arcas públicas directamente al patrimonio del trabajador, sin
que tal traslado sea matizado por opciones de mejora económica o ventajas para
terceros o para la economía del país como un todo. Esta última alternativa, en
la que cual acopian recursos de distintas fuentes, incluida la estatal, para
financiar entre otras mejoras económicas, las relacionadas con el pago del
auxilio de cesantía, es lo que caracteriza a los denominados fondos de ahorro y
jubilaciones, a las asociaciones solidaristas e incluso a las figuras de la ley
de protección al trabajador, que -por ello mismo- pueden distinguirse netamente
de la figura del simple aumento del tope de pago de auxilio de cesantía que se
analiza aquí. Para el Tribunal, esas figuras recogen mecanismos de mejora en la
condición de los trabajadores, pero lo hacen a través del empleo de mecanismos
de redistribución de riqueza mucho más sofisticados y con una participación más
moderada de las arcas públicas. Además, debe apuntarse que muchos de los Fondos
de Ahorro y por supuesto todas las Asociaciones Solidaristas y las ventajas de
la Ley de Protección al Trabajador, han pasado por el escrutinio y aprobación
legislativa, lo cual les otorga -de entrada- una legitimación mucho mayor
frente a los compromisos financieros adquiridos por el Estado y que afectan a
la colectividad. Por todo lo anterior, ajuste a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad de los recursos estatales entregados a los trabajadores,
al abrigo de estas figuras jurídicas recién mencionadas no puede juzgarse con
la misma medida que los simples rompimientos de tope para pagos por auxilio de
cesantía, los cuales no pasan de ser meras transferencias, según se explicó y
que por lo tanto requieren un escrutinio mucho más estricto, que no se logra
superar cuando estamos frente un tope de 20 meses de salario.
XXI.- En cuanto a la segunda justificación encontrada en los antecedentes de la Sala para
la validez de un tope de 20 años, como máximo pago por auxilio de cesantía,
(utilidad como estímulo para la permanencia dentro de la institución, evitando
la salida de funcionarios y funcionarias de experiencia) observa la mayoría un
cambio de perspectiva, pues la justificación de tal decisión se apoya en el
beneficio que lograría la institución con el rompimiento del tope en el pago de
auxilio de cesantía. Visto así, la mayoría entiende que tal perspectiva resulta
patentemente débil no solo para justificar la amplia diferencia entre un pago por
auxilio de cesantía con tope de ocho años y uno con tope de 20 años, sino -en
particular- para intentar justificar un límite específico de 20 años para tal
beneficio. En cuanto al primer punto, el razonamiento de este Tribunal
transcurre en un sentido similar al expuesto en el considerando anterior en
tanto resultaría aceptable que, como parte de sus potestades y su competencia,
la institución intente retener a sus empleados con experiencia y puede resultar
aceptable que intente hacerlo a través del reconocimiento de un rompimiento de
tope para el pago de auxilio de cesantía (aunque el acierto de esta medida en
particular para lograr ese fin, es un tema sumamente discutible); sin embargo,
la consecución de esa meta no puede dejar de atender los límites impuestos por
el principio de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de fondos públicos,
los cuales nos revelan en este caso un amplio desajuste entre la finalidad
perseguida (retención de empleados) y el alto costo de ello, vista la alta
erogación que significa tener que destinar hasta 20 salarios para lograr esa
lealtad y compromiso, más aún si tomamos en cuenta que las convenciones
colectivas en general contienen variedad de mejoras laborales que, desde la
perspectiva de la institución, buscan todas ellas lograr mejores condiciones
para sus empleados, de modo que quieran mantenerse a su servicio. No existe por
ende un motivo claro y contundente que justifique, desde este punto de vista
particular, el alto costo de romper el tope de auxilio de cesantía y llevarlo
hasta los veinte años, para logar retener a los empleados con experiencia. Por
otro lado, cabe señalar que el argumento analizado, es también inválido para
defender en particular un tope específico de veinte años como el fijado por la
Sala, pues, si retener a los empleados con experiencia es importante, no se
comprende cómo podría lograrse ello eliminando justamente una medida más
efectiva para ello como lo era el pago de auxilio de cesantía sin límite de
tiempo, y poniendo un tope de 20 años, luego de los cuales el empleado (ya con
20 años de experiencia y adiestramiento) no tendría ningún estímulo adicional
para quedarse.
XXII.- El tercer punto señalado en los antecedentes de la Sala para
reconocer validez a los rompimientos del tope de pago de auxilio de cesantía es
la existencia de un límite o “techo” razonable: como puede comprenderse de los
antecedentes, este argumento surge esencialmente de la posición desfavorable de
la Sala respecto de algunas cláusulas convencionales sometidas al control de
constitucionalidad, en las que autorizaban el pago de auxilio de cesantía sin
límite de tiempo. Más allá de ello, la determinación de 20 años como tope
máximo, no contó -ni ha contado- con mayor justificación por parte del Tribunal
y en tal sentido, lamentablemente la sentencia mencionada en los antecedentes
(2006-6730 de las 14:45 horas del 17 de mayo de 2006) no contiene referencia
alguna al tema del tope de 20 años como se señaló. De lo anterior se concluye
entonces que este tercer argumento, -aun cuando conserva su validez para
oponerse a los pagos de auxilio de cesantía sin límite temporal, no ofrece
argumentos de peso en contra de la conclusión de la mayoría de esta Sala
respecto de que 20 años como tope máximo de pago de auxilio de cesantía es irrazonable
por desproporcionado, según se explicó ampliamente en los dos considerandos
anteriores.
XXIII.- Dicho lo anterior, la mayoría de la Sala debe enfrentar la
necesidad de determinar entonces un límite o “techo” para aquellas cláusulas
convencionales que pudieran llegar a negociarse respecto del rompimiento de
tope en el pago de auxilio de cesantía, y para ello encontramos dos ideas
principales que deben orientar la decisión: por una parte está el hecho de que
una mera equiparación con el tope de ocho años, establecido en el Código de
Trabajo, significaría -en los hechos- una virtual exclusión de esta materia de
la posibilidad de negociación colectiva, lo que se convertiría en una
limitación injustificada al ejercicio de ese derecho cuya naturaleza fundamental
ha sido reconocida por el Tribunal. De otra parte, en sentido opuesto existe la
necesidad de tomar en cuenta un sentido de proporcionalidad -que ha llevado a
rechazar un tope máximo de 20 años en los considerandos anteriores- y de
valorar el entorno económico en que operan -y se espera que operen por los
próximos años- las finanzas públicas de las que se nutren directa y
exclusivamente, los rompimientos de tope para el pago directo de auxilio de
cesantía al trabajador. No puede ser ajeno a este tipo particular de decisiones
el hecho público y notorio de que nuestro país atraviesa una seria encrucijada
respecto de la calidad y cantidad del gasto público y del aporte económico que
los distintos sectores están dispuestos a entregar para la manutención de nuestro
Estado social y democrático de derecho. Sería inaceptable que
en este entorno, la Sala dejase de tomar en cuenta esa acuciante situación, que
este tipo de negociaciones podrían empeorar más si no se realiza un adecuado
balance de todos los elementos en juego. Por lo dicho, estima la Sala que la
negociación colectiva en este punto concreto del rompimiento de tope de pago
para el auxilio de cesantía, no debe exceder un tope
de doce (12) años, lo cual permite un respetable margen de negociación a las partes
de las convenciones colectivas en el sector público, que -eventualmente- les
permitiría elevar hasta un 50 por ciento el piso de 8 años que establece el
Código de Trabajo para este tipo concreto de prestación a cargo del patrono
público. Se atiende así a las pretensiones legítimas que podrían entrar en
juego, al permitirse un margen de negociación que se considera relevante, pero
sin que se afecten sensiblemente las finanzas públicas en un momento histórico
donde su austero y cuidadoso manejo tiene una destacada prioridad para la
propia subsistencia de nuestra institucionalidad.
Como conclusión respecto de este punto, la mayoría de la Sala concuerda en que el pago de
auxilio de cesantía acordado en la cláusula 47 párrafo segundo de la Convención
de Bancrédito no puede realizarse sin tope alguno y
que -por las razones expuestas- dicho tope no puede mantenerse en veinte (20)
años como se había venido sosteniendo, sino que el máximo que podría pagarse en
este supuesto es un mes de salario por cada año laborado hasta un tope máximo
de doce (12) años. De tal manera, cuando proceda la cancelación de tales sumas
ello se realizará -en cuanto al monto de auxilio de cesantía a pagar- en
similares condiciones y términos recogidos en la Convención o en la legislación
aplicable para aquellos supuestos de terminación del contrato por causas no
atribuibles a la voluntad del trabajador, pero en el entendido de que las sumas
pagadas no podrían exceder el reconocimiento de más de 12 años de servicio”.
Las razones dadas para el caso trascrito, son
las mismas para el que nos ocupa. Al revisar el artículo 34, de la VII
Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, establece el pago de la
cesantía en veinte años, situación que, a la luz del precedente citado, ha
dejado de tener un fundamento que lo justifique desde la perspectiva de la
razonabilidad de las normas. Precisamente, el fin del precedente, no solo fue
discutir la situación particular de BANCRÉDITO, sino que también, establecer
una línea jurisprudencial que respondiera a la difícil situación fiscal y
financiera que atraviesa el Estado costarricense.
De ahí que se reafirma la importancia de no entorpecer un margen de
negociación entre las partes permitiendo elevar el mínimo legal establecido en
el Código de Trabajo (de ocho años por el auxilio de cesantía) hasta en un 50%
(cincuenta por ciento). Es decir, para que la disposición convencional sea
razonable, es posible que el mínimo legal de ocho años pueda incrementarse en
cuatro años más, de manera que el tope máximo de cesantía debe radicarse en
doce años. Por ello, debe concluirse que el artículo 34, de la VII Convención
Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, bajo estudio, es inconstitucional,
en cuanto permite el pago del monto por auxilio de cesantía con un exceso a los
doce años.
Por último, la Sala aclara que el límite máximo de cesantía no afecta el
rompimiento de tope autorizado por ley en el caso de Asociaciones Solidaristas,
Fondos de Ahorro y Ley de Protección al Trabajador, tal como se indicó en la
Sentencia N° 2018-008882 de las 16:30 horas del 5 de
junio de 2018:
“Por otra parte, y en relación con este mismo tema de la desproporción
en esta particular forma de disposición de sumas del erario estatal, debe
apuntarse que otra razón para estimar desproporcionado este tope de 20 años, es
que dicho gasto presenta la característica de ser una mera transferencia de
fondos desde las arcas públicas directamente al patrimonio del trabajador, sin que tal traslado sea matizado por opciones de
mejora económica o ventajas para terceros o para la economía del país como un
todo. Esta última alternativa, en la que cual acopian recursos de distintas
fuentes, incluida la estatal, para financiar entre otras mejoras económicas,
las relacionadas con el pago del auxilio de cesantía, es lo que caracteriza a
los denominados fondos de ahorro y jubilaciones, a las asociaciones
solidaristas e incluso a las figuras de la ley de protección al trabajador, que
-por ello mismo- pueden distinguirse netamente de la figura del simple aumento
del tope de pago de auxilio de cesantía que se analiza aquí. Para el Tribunal,
esas figuras recogen mecanismos de mejora en la condición de los trabajadores,
pero lo hacen a través del empleo de mecanismos de redistribución de riqueza
mucho más sofisticados y con una participación más moderada de las arcas
públicas. Además, debe
apuntarse que muchos de los Fondos de Ahorro y por supuesto todas las
Asociaciones Solidaristas y las ventajas de la Ley de Protección al Trabajador,
han pasado por el escrutinio y aprobación legislativa, lo cual les otorga -de
entrada- una legitimación mucho mayor frente a los compromisos financieros
adquiridos por el Estado y que afectan a la colectividad. Por todo lo anterior,
ajuste a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de los recursos
estatales entregados a los trabajadores, al abrigo de estas figuras jurídicas
recién mencionadas no puede juzgarse con la misma medida que los simples
rompimientos de tope para pagos por auxilio de cesantía, los cuales no pasan de
ser meras transferencias, según se explicó y que por lo tanto requieren un
escrutinio mucho más estricto, que no se logra superar cuando estamos frente un
tope de 20 meses de salario”.
X.- SOBRE EL ALEGATO DE LA RENUNCIA. El artículo impugnado regula
como beneficio adicional para los empleados que tengan cumplidos veinte años de
servicios continuos en el Banco y las madres que tengan quince años de servicio
continuo en el Banco, que al renunciar tendrán derecho a recibir el importe del
auxilio de cesantía, con el tope máximo que se indica adelante, salvo que haya
incurrido en alguna causa justificada para su despido.
Para iniciar el análisis de este numeral, debe partirse del artículo 63,
de la Constitución Política, que establece:
“Los trabajadores despedidos sin justa causa
tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un
seguro de desocupación”.
Igualmente, no puede dejarse de lado lo dispuesto en el artículo 29, del
Código de Trabajo, según el cual:
“Si el contrato de trabajo por tiempo
indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas
previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el
patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes
reglas (…)”.
Es claro, entonces, que tanto la voluntad del Constituyente, como la del Legislador, ha sido
la protección del trabajador como parte débil que es de la relación laboral; y,
por ello, se creó el auxilio de cesantía como una indemnización para cuando es
objeto de despido sin justa causa, siendo su objetivo el colaborar con sus
gastos económicos y necesidades mientras se puede ubicar en un nuevo trabajo.
Bajo esta perspectiva, el pago del auxilio de cesantía sólo procede cuando el
fin de la relación se produce por decisión unilateral del patrono y como una
consecuencia lógica del rompimiento del contrato de trabajo; criterio que ha
sido sostenido y reiterado por la Sala en múltiples pronunciamientos.
Igualmente, se ha afirmado por este Tribunal que, por el contrario, cuando el
rompimiento del contrato de trabajo obedece a una causa imputable al
trabajador, no se justifica el pago del auxilio de cesantía, pues no existe una
razón que lo legitime (ver en tal sentido la Sentencia N°
2006-017437 de las 19:35 horas del 29 de noviembre de 2006). La Sala ha
señalado, además que, si se permite el pago de cesantía por renuncia del
trabajador, se estaría desnaturalizando la figura que fue creada sólo para
casos de despido por voluntad del patrono.
Esta Sala, en la Sentencia Nº 2018-008882 de
las 16:33 horas de 5 de junio de 2018, analizó:
“XVI.- (…)
Ahora bien, las prestaciones laborales de la
legislación de trabajo cubre las consecuencias económicas del rompimiento de la
relación laboral por causas imputables al Patrono, sin embargo, la normativa
municipal lo regula a contrapelo de la jurisprudencia de la Sala, que ha
indicado que: “Tal como lo dispone el numeral 63 Constitucional ya comentado,
la indemnización está prevista para los casos de despido sin justa causa, pues
es una consecuencia lógica del rompimiento del contrato de trabajo por decisión
unilateral del patrono. Sin embargo, en aquellos casos donde el rompimiento del
contrato de trabajo obedece a una causa imputable al trabajador, no se
justifica el pago del auxilio de cesantía, pues no existe una causa que lo
legitime´. Sentencia No. 2006-017743.
El artículo 63 de la Constitución Política
establece que: “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a
una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de
desocupación”.
Según se ha explicado en
anteriores sentencias de la Sala, así como la doctrina constitucional que
inspira el Código de Trabajo, la cesantía es el mecanismo de indemnización para
el trabajador despedido sin justa causa, de manera que esta institución
jurídica surge a la vida jurídica por la ruptura de la relación laboral que
hace voluntariamente el Patrono. Se resarce mediante el pago de un monto
líquido. Los artículos 14 inciso d), 15 y 24 inciso d), e), f), g) y h) del Reglamento,
sin embargo, parten de un supuesto contrario, el pago de este monto por
renuncia, lo cual contradice el espíritu de este instituto. Lo mismo sucede con
el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo en cuanto recoge los
efectos presupuestarios de la renuncia presentada por el trabajador municipal,
para asegurarse el pago de las indemnizaciones en el presupuesto municipal.
Así, los porcentajes que señala el numeral 14 y 24 en este caso, hasta el pago
de la totalidad de años laborados para el trabajador que renuncia, así como en
el artículo 15, que obliga a la Municipalidad que incorpore estas obligaciones
pecuniarias en los presupuestos ordinarios o extraordinarios de la
Municipalidad, y las sanciones por no hacerlo, colisionan con los principios
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, y son inconstitucionales
porque albergan el pago de la cesantía por renuncia del servidor. Para este
tipo de normas, la Sala reconoce la existencia de irregularidades
constitucionales, porque hay un uso indebido de los recursos públicos. En razón de lo expuesto, lo propio es declarar con lugar la
acción, en cuanto a estos extremos” (el destacado no es del original).
Igualmente, en la sentencia número 2013-11457
de las 15:05 minutos del 28 de agosto de 2013, se transcribió y reafirmó dicho
razonamiento, esta vez en relación con normas de similar contenido en la
Convención Colectiva de la Municipalidad de Turrialba y se concluyó que:
“(…) Por otra parte, corresponde declarar con
lugar la acción en cuanto al inciso e) del artículo 60 de la Convención
Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Turrialba, en cuanto reconoce la
indemnización por renuncia, en sustento de la jurisprudencia constitucional que
determina la infracción de los principios de, igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad, de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.”
Poco tiempo después,
mediante sentencia número 2014-5798 16:33 horas del 30 de abril de 2014, que analizó el mismo tema, pero en relación con la
Convención Colectiva de Municipalidad de Santa Ana, se mantuvo el criterio, se
reiteró la sentencia número 13-11457 ya citada y se agregó:
“Ante este panorama,
corresponde declarar con lugar la acción también en cuanto a este extremo,
anulando por inconstitucional el punto e) del mencionado numeral 53 de la
Segunda Convención Colectiva suscrita entre la ANEP y la Municipalidad de
Santa, dado que no cabe el pago de tales prestaciones legales (preaviso y
cesantía) en los casos de renuncia del trabajador, pues el rompimiento del
contrato de trabajo obedece a una causa imputable al mismo y no al patrono, de
ahí que no tenga derecho a este pago”.
De los elementos de juicio anteriores cabe
concluir, primero, que el artículo 47 párrafo primero de la Convención de Bancrédito no puede entenderse de otra forma que no sea
como una autorización a la Gerencia General para pagar auxilio de cesantía a
los trabajadores que han renunciado voluntariamente, dado que los servidores
que concluyen su relación por razones ajenas a su propia voluntad no dependen
de tal autorización de la Gerencia General, en tanto ostentan más bien un
derecho subjetivo a recibir tales sumas por disposición del artículo 63
constitucional y su desarrollo legislativo, y; segundo, que esa lectura del
artículo 47 párrafo primero -que autoriza el pago de auxilio de cesantía en
caso de renuncia- resulta inconstitucional por contravenir -como lo afirmado
por este Tribunal en las sentencias transcritas- los principios de
proporcionalidad y razonabilidad en el uso de fondos públicos, así como lo
dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política. Por ello procede la
anulación de dicha norma contenida en el párrafo primero del artículo 47 de la
Convención de Bancrédito”.
En criterio de la Sala, el pago de auxilio de cesantía al trabajador que
renuncie resulta inconstitucional. Nótese, que al permitir dicho pago se
estaría regulando otros supuestos de terminación del contrato o relación
laboral causada por conductas u omisiones del empleador o patrono. La
legislación laboral reconoce el pago del auxilio de cesantía, en los supuestos
señalados por el artículo 83, del Código de Trabajo; es decir, en casos como la
terminación de la relación laboral a partir de comportamientos irregulares y
graves imputables a un empleador. Se trataría de conductas perjudiciales y de
mala fe, que no debe soportar el trabajador, como la falta de pago de un
salario completo, de actitudes tácitas e implícitamente hostiles en perjuicio
del (de la) servidor (a), violación de normas relacionadas con los riesgos del
trabajo, o que afecten su moral, o se acuda a la injuria, calumnia o vías de
hecho, entre otros. La norma impugnada permite que se autorice el pago de
auxilio de la cesantía por la renuncia voluntaria del trabajador. En tal
sentido, debe declararse con lugar la acción en cuanto regula la renuncia del
trabajador como supuesto para el pago de la cesantía, en perjuicio de los
principios de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de fondos públicos,
así como lo dispuesto en el artículo 63, de la Constitución Política. Por ello
procede la anulación de dicha norma contenida en el párrafo primero, del
artículo 34, de la Convención de cita.
XI.- SOBRE LOS SUPUESTOS IMPUGNADOS DE “JUBILACIÓN O PENSIÓN” Y “O A
LOS CAUSAHABIENTES DE LOS QUE FALLEZCAN”. En la acción también se impugnan los
supuestos reconocidos en el artículo 34, de la VII Convención Colectiva de
Trabajo, sea el pago del auxilio de cesantía a los empleados que se jubilen,
pensionen o a los causahabientes de los que fallezcan.
Al respecto, la Sentencia N° 2019-012747 de
las 12:12 horas del 10 de julio de 2019 al analizar el artículo 119, de la
Segunda Convención Colectiva de Trabajo del Instituto Tecnológico de Costa
Rica, textualmente dispuso lo siguiente:
“C.- Sobre los supuestos impugnados de
“incapacidad permanente”, “pensión” y “muerte”. En la acción también se
impugnaron otros supuestos reconocidos en el artículo 119, de la Segunda
Convención Colectiva de Trabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en
cuanto regula aquellos en que procede el pago del auxilio de cesantía. En
cuanto a esos extremos impugnados, de interés para este caso, se abordará la
incapacidad permanente, y de segundo, los de pensión y muerte.
La Sala debe avocarse a determinar si el pago
del auxilio de cesantía a los trabajadores que se retiran de sus labores por
una incapacidad permanente, o porque se acogen al derecho a la jubilación o
pensión, así como por el fallecimiento del trabajador, son inconstitucionales,
como se pide declarar. Sobre este punto, lleva razón la Procuraduría General
que es el artículo 85, del Código de Trabajo, el que establece las
consecuencias de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad
para el trabajador, y sin perjuicio de las prestaciones legales a que tuviere
derecho.
“ARTÍCULO 85.
Son causas que terminan con el contrato de
trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los
derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las
prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo
ordenado por el presente Código o por disposiciones especiales:
a) La
muerte del trabajador; […]
e) Cuando el trabajador se acoja a los
beneficios de jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por
la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los diversos sistemas de
pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de Elecciones, por
las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades.
(Así adicionado este inciso por el artículo 2,
de la Ley No. 5173 del 10 de mayo de 1973.)
Las prestaciones a que se refiere el aparte a)
de este artículo, podrán ser reclamadas por cualquiera de los parientes con
interés que se indican posteriormente, ante la autoridad judicial de trabajo
que corresponda. Esas prestaciones serán entregadas por aquella autoridad a
quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya necesidad de tramitar juicio
sucesorio para ese efecto y sin pago de impuestos.
Esas prestaciones corresponderán a los parientes
del trabajador, en el siguiente orden:
1) El
consorte y los hijos menores de edad o inhábiles;
2) Los
hijos mayores de edad y los padres; y
3) Las
demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos.
Las personas comprendidas en los incisos
anteriores tienen el mismo derecho individual, y sólo en falta de las que
indica el inciso anterior entran las que señala el inciso siguiente.
(Así adicionados estos tres párrafos por el
artículo 1, de la Ley No.2710 del 12 de diciembre de 1960.)
[…]”.
La Procuraduría General de la República estima
que es posible el pago de cesantía cuando estuviere motivada en una incapacidad
permanente, la que podría dar paso a la jubilación o pensión, y en este
sentido, cita la Sentencia N° 2000- 8232 de las 15:04
horas del 19 de septiembre de 2000. En
esta sentencia, se indicó que:
“… es una expectativa de derecho, en el sentido
de que sólo tiene acceso al mismo, quien ha sido despedido sin justa causa, el
que se vea obligado a romper su contrato de trabajo por causas imputables al
empleador, aquel que se pensione o que se jubile, el que fallezca o, en caso de
quiebra o insolvencia del empleador; no reconociéndose suma alguna en caso de
renuncia o despido justificado; siempre salvo norma interna o pacto en
contrario”.
La Sala debe reafirmar este precedente, sin
perjuicio de reconocer que en una Convención Colectiva se pueda establecer como
supuesto jurídico válido el que cuando la persona cumpla con los requisitos
necesarios para su pensión o jubilación (incluso por incapacidad o invalidez)
reciba el auxilio de cesantía. Para reforzar tal idea, el Código de Trabajo
permitiría el supuesto de que en una incapacidad permanente declarada por la
autoridad competente (Caja Costarricense de Seguro Social o el respectivo
asegurador de Riesgos del Trabajo), en personas que aún no han adquirido la
expectativa al derecho a una pensión o jubilación, se pueda también establecer,
en la Convención Colectiva, la posibilidad del pago del auxilio de cesantía por
incapacidad permanente debidamente declarada, en cuyo caso puedan recibirlo.
¿Cómo exigir lo contrario cuando en la terminación de la relación laboral no
hay voluntad del trabajador, sino que una enfermedad o accidente laboral que
precipita al trabajador en una incapacidad que lo pone en riesgo social, al
impedirle procurar sus propios medios de subsistencia a través del trabajo
contratado? El párrafo 1°, del artículo 29, del Código de Trabajo establece:
“Si el contrato de trabajo por tiempo
indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas
previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el
patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía […]” (Lo resaltado es agregado).
De este modo, la Convención Colectiva de
Trabajo no hace más que precisar los términos que el Código de Trabajo al
recoger los supuestos de incapacidad permanente, muerte y pensión, de modo que,
en esos casos específicos, la Convención Colectiva no se está creando derechos
ex novo; por el contrario, se trata de una
reiteración de los recaudos legales existentes en el ordenamiento jurídico, y
ello, no puede considerarse inconstitucional.
Así, lo que procede es declarar sin lugar la
acción contra los supuestos de la incapacidad permanente, muerte y pensión del
trabajador, a que se refiere el artículo 119, de la Segunda Convención
Colectiva de Trabajo del Instituto Tecnológico de Costa Rica; no obstante, se
reafirma que sólo resultaría constitucional el pago del auxilio de cesantía que
no supere los doce años, conforme fue declarado supra, respecto de la
Convención Colectiva que nos ocupa” (ver sentencia 2019-012747 de las 12 horas
12 minutos del 10 de julio de 2019)”.
Ahora bien, el artículo 34, de la VII Convención Colectiva del Banco
Nacional, es similar al expuesto en el precedente de cita, al establecer
supuestos en los cuales corresponde el pago de la cesantía, sea a los empleados y empleadas que se jubilen, pensionen o a los
causahabientes de los que fallezcan, términos similares al contenido del
artículo 119, de la Segunda Convención Colectiva del Instituto Tecnológico de
Costa Rica. Dado que este Tribunal no encuentra ningún motivo para variar el
criterio vertido en la sentencia transcrita supra, se aplica igual razonamiento
vertido en dicha resolución, concluyéndose que estos supuestos son una
reiteración de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, artículo 29, del Código de Trabajo, en tanto concluye el
contrato de trabajo por otra causa ajena a la voluntad del trabajador y ello no
puede considerarse inconstitucional. Así, lo que procede es declarar sin lugar
la acción en este extremo; no obstante, se reafirma que sólo resultaría
constitucional el pago del auxilio de cesantía que no supere los doce años,
conforme fue declarado supra, respecto de la Convención Colectiva que nos
ocupa.
XII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. Coincido
con mis compañeros, en el sentido que el rompimiento del auxilio de cesantía debe tener un tope de doce años, conforme a
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y del uso eficiente de los
fondos públicos, pero las razones que me llevan a este replanteamiento de la
cuestión son las que a continuación paso a explicar. En primer lugar, no
resulta lógico, razonable y justo que, mientras para la mayoría de los (as)
trabajadores de este país, que son quienes trabajan para el sector privado, su
tope está fijado en ocho años, en el caso de los trabajadores del sector
público, donde se ha roto el tope, éste sea de veinte años, lo que
representanta una diferencia de un ciento cincuenta por ciento entre unos y
otros sin que haya una justificación objetiva y razonable. Desde mi
perspectiva, la diferenciación entre unos y otros no puede ser superior al
cincuenta por ciento. Por otra parte, si a lo anterior agregamos que los
empleados y funcionarios públicos reciben salarios más altos que los que
reciben los empleados del sector privado, la diferenciación tiende a
agudizarse. En efecto, si bien ha existido algún grado de discusión sobre este
extremo, lo cierto del caso es que en las categorías
no gerenciales y profesionales, el salario de los empleados públicos supera al
de los empleados del sector privado entre un veinticuatro y veintisiete por
ciento. En tercer término, no puedo dejar de lado el hecho de que los salarios
de los funcionarios y empleados públicos son financiados por medio de los
tributos y los precios públicos que pagan todos los (as) habitantes de la
República, por lo que no resulta lógico, justo ni proporcional que con los
recursos provenientes de esas fuentes de financiamiento se pague por concepto
de prestaciones hasta lo equivalente a veinte años de servicio. Así las cosas,
me separo del criterio de mis colegas y establezco que, conforme a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y el uso eficiente de los
recursos públicos, el tope que se paga por concepto de cesantía no puede
exceder de los doce años.
XIII.- SOBRE LA ANTIGÜEDAD. RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO,
DECENIO Y QUINQUENIO. (Artículo 37, de la VII Convención Colectiva de
Trabajo). Arguye el accionante, que el artículo 37, de la Convención Colectiva,
establece tres tipos de pluses salariales derivados de la misma causa, lo que,
a su parecer, constituye un uso abusivo de fondos públicos, que conculca los
principios constitucionales de razonabilidad, economía y eficiencia, al
establecer un privilegio injustificado.
La cláusula en cuestión establece:
“Artículo 37. Reconocimiento de Antigüedad.
El Banco conviene en hacer un reconocimiento
por concepto de antigüedad, intercalando para ello un nuevo párrafo en el
artículo 53 del Reglamento de Administración de Personal que diga: “Asimismo,
como reconocimiento al tiempo de servicio en la Institución, el Banco concederá
a los empleados y empleadas, un aumento de salario equivalente a un 3% del
salario básico de la categoría correspondiente por cada año de servicio, y
adicionalmente, un 3% por cada decenio de servicio, hasta un máximo de tres,
que se reconocerá al cumplir el décimo, vigésimo y trigésimo año”.
Tratándose de empleados y
empleadas que no están dentro del escalafón para efectos de este
beneficio, su tiempo de trabajo se contará a partir del 1° de enero de 1982, o
sea, que no tendrá carácter retroactivo. No obstante, la máxima antigüedad
reconocible lo será hasta el 1° de enero de 1967, aunque se reconocerá un 3%
adicional por cada quinquenio o fracción mayor o igual a tres años, anterior a
esa fecha; incorporándose por lo tanto a este artículo, lo acordado por la
Junta Directiva General, en el artículo 11 de la Sesión N°
9898.
Para este efecto, los años de servicio se
computarán conforme al procedimiento que establece el párrafo final del
artículo 53 del Reglamento de Administración de Personal”.
Resulta pertinente transcribir la Resolución N°
2019-021859 de las 17:30 horas de 6 de noviembre de 2019:
“XVII.- (…) Sobre el particular, la Sala ha mantenido la tesis de que
las anualidades son incentivos necesarios que, ante el incremento del costo de
vida, permiten a los trabajadores mantener su poder adquisitivo, lo cual no
sólo los beneficia a ellos, sino a toda la sociedad. Al analizarse la
constitucionalidad del artículo 30, del Estatuto de Personal de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED), aprobado por el Consejo Universitario en Sesión Nº 464, artículo VI, acuerdo Nº
549 del 29 de noviembre de 1983 y sus reformas, esta Sala señaló lo siguiente:
“VI.-
Sobre el reconocimiento diferenciado de anualidades en los precedentes de la Sala. Esta Sala, en anteriores
ocasiones, ha tenido la oportunidad de evaluar algunas situaciones en las que
se ha demandado la inconstitucionalidad de una norma relacionada con la
anualidad y sus diferencias entre distintos grupos de servidores públicos. A
manera de ejemplo, en la sentencia número 2006-17440 de las 19:38 horas del 29
de noviembre de 2006, la parte accionante reclamó que la Convención Colectiva
de Trabajo del Consejo Nacional de Producción reconocía un porcentaje mayor al
de los demás trabajadores, determinando este Tribunal en esa oportunidad que
establecer el monto de las anualidades era una política salarial de cada
institución. En esa sentencia se consideró lo siguiente: “Esta Sala no estima
que el hecho de que se fije un porcentaje de anualidad mayor a los funcionarios
del Consejo Nacional de Producción con respecto a los demás trabajadores,
resulte discriminatorio, pues ello responde a la política salarial de cada
institución y encuentra sustento en la Ley de Salarios de la Administración
Pública. Sin embargo, lo que sí puede esta Sala valorar es la razonabilidad del
monto fijado, pues un uso abusivo de esta atribución,
puede significar un evidente menoscabo a las finanzas públicas. Es en cuanto a
este punto que la Sala observa la inconstitucionalidad de una parte de la norma
impugnada, pues establece que la antigüedad se pagará con un “mínimo” del 3%
anual sobre los salarios base, con lo cual es evidente que dicha cláusula no
establece un tope, y que en consecuencia, faculta para
que la Administración disponga ilimitadamente de los recursos públicos. Ello
sin duda resulta contrario al Derecho de la Constitución, pues constituye una
liberalidad desproporcionada a favor del Consejo Nacional de Producción que no
puede justificarse. En consecuencia, dada la apertura normativa de la cláusula
en cuestión, esta Sala estima procedente anular la frase “un mínimo de”
contenida en el artículo 36 de la Convención Colectiva analizada”. La Sala
estimó en esa oportunidad que la inconstitucionalidad no se producía al hacer
una diferenciación en los montos otorgados por anualidad, sino más bien por no
ponerse un monto máximo a ésta, con el evidente menoscabo que ello implicaba
para la hacienda pública. Del mismo modo, en sentencia número 2006-014653, este
Tribunal rechazó un recurso relacionado con el pago diferenciado de anualidades
a diversas clases de trabajadores, por cuanto se estimó que no lesiona el
principio de igualdad el que se cancelara distintos rubros por concepto de
anualidad a diferentes tipos de trabajadores, si existen razones que
justifiquen ese trato diferenciado. Igualmente, en la sentencia número
2010-005867, encontró conforme a la Constitución al principio de igualdad que
el artículo 25 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas
establezca el reconocimiento de una anualidad en un 3,5% calculada sobre el
salario base, a los profesionales en enfermería, a diferencia de los demás
profesionales en ciencias médicas, a quienes se les asignaba un 5,5% sobre el
salario base, para cuyo efecto citó los criterios jurisprudenciales supra
citados. Lo expuesto evidencia la tesis de este Tribunal Constitucional en
cuanto a que se puede válidamente realizar una diferenciación en relación con
el pago o reconocimiento de anualidades a trabajadores, siempre que tal
diferenciación se fundamente en elementos razonables, como el tipo de
administración pública para la que se trabaja, la clase de puesto que se
desempeña, o la mayor o menor responsabilidad y complejidad de las tareas o
labores asignadas a cada grupo ocupacional” (Sentencia N°
2015-010248 de las 9:00 horas del 8 de julio del 2015).
Como se ha venido mencionando, para la Sala es
posible establecer en las Convenciones Colectivas de Trabajo, mecanismos que
garanticen o que busquen preservar el poder adquisitivo de los salarios de los
funcionarios, con lo que se pretende instrumentalizar un sistema que evite que
el patrimonio de los empleados de la institución se vea afectado por el aumento
en el índice de precios, o afectado por la falta de una adecuada y justa
política salarial. Igualmente, este Tribunal ha señalado que la negociación
colectiva puede establecerse como un instrumento constitucionalmente posible
para el más adecuado reparto de la riqueza y bienestar contenido en el artículo
50 Constitucional, si se busca establecer una política salarial justa, o un
balance en el costo de la vida o preservar el poder adquisitivo de los salarios
de los funcionarios (ver en tal sentido la Sentencia N°
17439-2006 de las 19:37 horas del 29 de noviembre de 2006). Ahora bien, la
dificultad radica en que esos instrumentos dirigidos a preservar el poder
adquisitivo del salario de los empleados, sea compatible con la Constitución
Política, para que no se conviertan en privilegios injustificados. En el caso
que nos ocupa, la Sala interpreta que el beneficio salarial de reconocimiento
de anualidades en un 4% a partir del 2008, es justamente de uno de esos
mecanismos que intentan evitar un desmejoramiento salarial de los empleados de
la Municipalidad de Moravia; pues, de no darse ese tipo de ajustes, se podría
provocar la migración de los empleados que tienen vastos conocimientos y
experiencia en el acontecer municipal, para otros sectores cuyos salarios son
más competitivos. Aunado a lo anterior, debe decirse que
en el caso de la norma impugnada, el porcentaje establecido para el aumento de
las anualidades, es fijo y, por ende, está debidamente delimitado para evitar
abusos en el gasto de fondos públicos. Ambas circunstancias constituyen un
elemento de razonabilidad para justificar la norma y permiten a este Tribunal
concluir que el artículo 53, inciso b), de la Convención Colectiva de Moravia,
está acorde con el Derecho de la Constitución”.
En consecuencia, la negociación colectiva puede establecer instrumentos
que permitan una política salarial justa, o un balance en el costo de la vida o
preservar el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios siempre y
cuando no se conviertan en privilegios injustificados. Por ello, el trabajador
tendrá derecho a los aumentos porcentuales de salario por cada año de servicio
eficiente, lo que implica que existe o debe existir un sistema de evaluación
del desempeño del trabajador, con el que se hace acreedor del aumento escalonado.
(Sentencia N° 2006-17438 y Sentencia N° 2020-8254). En el caso que nos ocupa, la Sala interpreta
que el beneficio salarial del reconocimiento “a los empleados y empleadas, un
aumento de salario equivalente a un 3% del salario básico de la categoría
correspondiente por cada año de servicio, y adicionalmente, un 3% por cada
decenio de servicio, hasta un máximo de tres, que se reconocerá al cumplir el
décimo, vigésimo y trigésimo año”, es un mecanismo que intenta evitar un
desmejoramiento salarial de los empleados del Banco Nacional de Costa Rica; y,
por ende la migración de funcionarios con conocimientos y experiencia del
Sistema Bancario Nacional. Asimismo, el aumento de las anualidades está
delimitado en porcentajes concretos para evitar abusos en el gasto de fondos
públicos, circunstancias que constituyen un elemento de razonabilidad para
justificar la norma y permiten a este Tribunal concluir que el artículo 37, de
la Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa Rica, no presenta vicios de
inconstitucionalidad y por ello está acorde con el Derecho de la Constitución,
siempre y cuando se otorguen condicionados a la aprobación de la evaluación del
desempeño.
XIV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL, CON RESPECTO AL
ARTÍCULO 37. En el caso de marras, establezco que la anualidad es otorgada
de manera automática, sin que se establezca ningún tipo de mecanismo de
evaluación del desempeño. En ese tanto, considero que son aplicables mutatis
mutandis- los argumentos que expuse en la sentencia n.°
2014-001227 de las 16:21 horas del 29 de enero de 2014:
“El suscrito Magistrado consigno este voto salvado por las razones que
de seguido se exponen. Considero que la acción de inconstitucionalidad debió
haberse declarado parcialmente con lugar contra los artículos 156 de la
Convención Colectiva de RECOPE 2011-2012 (pero por razones diferentes a las de
mayoría) y 13 de las Normas para la Evaluación del Desempeño de esa misma
institución. I.- Sobre la relevancia constitucional de la evaluación del
desempeño durante el ejercicio de la función pública. La evaluación de
desempeño consiste en aquellos procedimientos, métodos o estrategias comúnmente
utilizados para evaluar o medir el recurso humano de algún centro de trabajo.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término
“evaluar” significa: “determinar el valor o importancia de una cosa o de las
aptitudes, conducta. etc., de una persona”. Es decir, la evaluación del
desempeño de una persona significa estimar el valor que tiene una persona en
términos productivos así como apreciar el
desenvolvimiento del individuo en su cargo o funciones. Estos procedimientos
tienden a medir y calificar el rendimiento de un empleado con base en
parámetros previamente definidos. Este examen acerca de la calidad laboral de
un individuo pasa por el respeto a uno de los principios constitucionales más
importantes para el ejercicio de la función pública: la idoneidad comprobada.
Este requisito -de rango constitucional- para el desempeño de cargos públicos
ha sido potenciado por la jurisprudencia de la Sala a lo largo de los años.
Verbigracia, recientemente, en sentencia número 2013-013202 de las 9:05 horas
del 4 de octubre de 2013, este TribunaI indicó que el
artículo 192 de la Constitución Política garantiza el acceso y nombramiento de
los servidores públicos sobre la base de la idoneidad comprobada. En
concordancia con el artículo 191 constitucional, todo régimen público de empleo
tiene la finalidad o propósito de garantizar la eficiencia de la
Administración, la cual se puede alcanzar, entre otras formas, mediante un
procedimiento de evaluación del desempeño que se realice de forma periódica a
cada uno de los servidores públicos. Este principio de idoneidad comprobada
también fue desarrollado en la sentencia número 1696-92 de las 15:30 horas del
23 de agosto de 1992, en la que se indicó: “(…) En aquellas fechas, muchos de
los servidores públicos, eran removidos de sus puestos para dar cabida a los
partidarios del nuevo gobierno, lesionando el funcionamiento de la administración
pública. Precisamente para atacar este mal, un grupo de constituyentes propugnó
la creación de ese instrumento jurídico a fin de dotar a la Administración
Pública de una mayor eficiencia administrativa y funcional”. De igual forma, en
sentencia número 0140-93 de las 16:05 horas del 12 de enero de 1993, se
ampliaron los conceptos anteriores: “(...)
Desde una perspectiva histórico- jurídica, los dos artículos antes transcritos
son el producto de un intenso debate en el seno de la Asamblea Constituyente de
1949, que tuvo por objeto: -Eliminar la práctica del “botín” -como se le
llamó-, aludiendo al comportamiento
que los políticos habían tenido tradicionalmente, consistente en que con
cada nuevo Gobierno o Administración, se despedía a los servidores públicos,
para poner en su lugar a los seguidores del partido político ganador; y,
-Conformar una Administración Pública con recursos humanos de la mejor calidad
y condición (moral, técnica y científicamente hablando), a efecto de hacerla
eficiente para el cumplimiento de sus objetivos”. La idoneidad comprobada
significa que es condición necesaria para el nombramiento y mantenimiento de
los servidores públicos tener o reunir las características y condiciones que
los faculten para desempeñarse óptimamente en el trabajo, puesto o cargo
público; es decir, reunir los méritos que la función demande. En sentencia número 1696-92 se expuso que; “(...) la idoneidad
de los servidores públicos no solamente debe entenderse en un sentido
especifico, “académica” o “física” por ejemplo, sino que debe más bien asumirse
como una conjunción de elementos o factores de diversa Índole que, valorados en
su conjunto producen que una persona resulte ser la más idónea para el cargo”.
El Estado debe implementar políticas en las instituciones estatales para
establecer los requisitos adecuados para desempeñar un puesto, los cuales
además deben basarse en parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
Precisamente, la importancia de la evaluación del desempeño de los funcionarios
públicos radica en reexaminar constantemente
si los requisitos y méritos que permitieron a una persona ingresar al régimen
de empleo público se mantienen a través del tiempo, en aras de garantizar la
eficiencia en la prestación de los servicios públicos propios del
Estado. Estos principios constitucionales han sido, a su vez, recogidos en la
Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada en la V Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública
y Reforma del Estado, celebrada Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 26 al 27
de junio de 2003. En tal instrumento se estatuyó, entre otros principios
rectores de todo el sistema de función pública, que el mérito, desempeño y
capacidad son criterios orientadores del acceso, la carrera y las restantes
políticas de recursos humanos, lo que evidentemente incluye la gestión de
empleo público (artículo 8). Como lo han señalado los precedentes de esta Sala,
el cumplimiento de estos elementos básicos de
la función pública, solamente pueden ser alcanzados si la propia Administración
Pública establece medios adecuados que posibiliten la contratación de personal
debidamente capacitado y con un marco ético apropiado, toda vez que el empleado
público es quien finalmente ejecuta el servicio público y, en consecuencia,
quien define, con su accionar cotidiano, el rumbo y la forma en que el Estado
cumple sus tareas (ver sentencia número 2010- 021051). A mayor
abundamiento, en doctrina se ha dicho que los sistemas de evaluación del
desempeño se deben adecuar a los criterios de transparencia, objetividad,
imparcialidad y no discriminación. Cada Administración determinará la
periodicidad de las evaluaciones, los órganos encargados de su realización, así
como los procedimientos aplicables que deberán respetar los principios citados.
De esta manera, de la capacidad para combinar métodos de valoración que
garanticen la objetividad y el respeto a los principios de mérito y capacidad
depende el éxito del sistema. Entre los factores que se pueden evaluar está la
conducta profesional así como el rendimiento o logro
de resultados. No solamente son relevantes los aspectos a valorar (es decir,
qué valorar), sino también en igual medida los métodos de valoración (cómo
valorar). La plasmación de los principios de mérito, capacidad e idoneidad en
el texto Constitucional no determina su aplicación exclusivamente en el
procedimiento de ingreso a la función pública (que es el campo en el que la
Sala ha tenido más oportunidad de potenciar), sino que prolongan su vigencia a
lo largo de la vida laboral del funcionario público, de manera que son
igualmente exigibles durante la pertenencia y permanencia en el régimen de
empleo público. La ratio iuris de la evaluación del desempeño en la función
pública precisamente procura examinar la vigencia de méritos, capacidades,
aptitudes e idoneidad durante la permanencia de una persona en el aparato
estatal. La evaluación del desempeño no solo conlleva beneficios para la parte
patronal (v.gr., tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los trabajadores,
alcanzar una mejor comunicación, planificar y organizar más adecuadamente las
labores, identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en
determinada área. etc.), sino que los brinda también para los propios
trabajadores, al permitirles conocer los aspectos de comportamiento y desempeño
que su patrono más valoriza en sus colaboradores, pone en evidencia las
expectativas de su superior y, además, se brinda la oportunidad para hacer una
autoevaluación y autocrítica en su desarrollo laboral. Los mecanismos para
controlar el desempeño de un servidor público en sus funciones diarias permiten
también a la Administración constatar si aquellas personas que se han superado
y obtenido nuevos conocimientos y destrezas en su campo,
están aplicándolos durante el ejercicio de su cargo y, con esto, evaluar si el
servicio público prestado se está viendo beneficiado con este tipo de personal
calificado. Con ello se garantiza que permanezcan en la función pública
aquellas personas, cuyo aporte en el campo laboral sea altamente positivo.
Resulta imposible aspirar al buen funcionamiento de los servicios públicos, si
el recurso humano de la Administración no posee el dominio del campo científico
requerido y el nivel de razonamiento necesario para el desempeño óptimo de sus
funciones, y si estos requerimientos no se reevalúan constantemente. Como se
dijo en la sentencia número 2012-07163 de las 16:00 horas del 29 de mayo de
2012. en la que fungí como Magistrado Ponente, un pilar fundamental del sistema
democrático es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, lo que
demanda, entre otras exigencias, que el administrado se fie del correcto
funcionamiento de la Administración; esto implica irremediablemente, amén de
cuestiones éticas y de personalidad, que el funcionario domine la materia en
que trabaja y tenga un nivel de razonamiento apropiado, a lo que debe estribar
la gestión de empleo público. Estas cualidades y aptitudes no solo deben ser
evaluadas por la Administración al momento de ingresar al régimen de empleo
público, sino que deben ser constantemente reexaminadas en aras de mantener la
confianza de la ciudadanía en la calidad de sus instituciones. Asimismo, se
debe destacar que la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos es
de tan alto valor que mediante la reforma del año 2000 el Constituyente
Derivado quiso otorgarle raigambre constitucional. En concreto, es el artículo
11, párrafo 2°, de la Carta Política el que reconoce la importancia de la
evaluación de resultados de la Administración Pública, al señalar lo siguiente:
“(...) La Administración Pública es sentido amplio, estará sometida a un
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento
de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados
y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones
públicas”. En consecuencia, en este estado de las cosas, la evaluación del
desempeño de los funcionarios públicos ya no es solo una exigencia legal ni reglamentaria (como se verá adelante), sino constitucional,
con la que se pretende alcanzar una buena y eficiente gestión pública. En
conclusión, la importancia de la utilización de diversos instrumentos que
tiendan a evaluar el desempeño en la función pública encuentra su razón de ser en altos principios constitucionales potenciados
reiteradamente por la jurisprudencia de esta Sala, principalmente la idoneidad
comprobada del artículo 192 constitucional y el texto del ordinal 11 también de
la Constitución. II.- Sobre la inconstitucionalidad del artículo 156 de la
Convención Colectiva de Trabajo de RECOPE 2011-2012. En primer lugar, es
preciso pronunciarse sobre el tema del doble pago por concepto de anualidades
que reciben los trabajadores de RECOPE, en virtud de los beneficios obtenidos a través de su convención colectiva y
de los que también les reconoce la Ley de Salarios de la Administración Pública
(Ley Nº 2166 y sus reformas). Tal como lo expone la
parte accionante, a la generalidad de los servidores que conforman el sector
público se les reconoce un único incentivo económico según sus años de servicio
con la Administración Pública. Tal beneficio o plus salarial es comúnmente
denominado como anualidades, que se idearon como un reconocimiento de la
Administración para premiar, aparentemente, la experiencia adquirida por los
funcionarios que, de manera continua, le han prestado sus servicios, aunque,
como se verá adelante, en realidad está condicionado al rendimiento del
servidor. Esta figura encuentra su fundamento normativo justamente en la Ley de
Salarios de la Administración Pública, en la que se reconoce este incentivo a
favor de todos los funcionarios que brindan sus servicios a la Administración
Pública, dentro de los cuales se encuentran los servidores de RECOPE. Ahora
bien, el artículo 155 de la Convención Colectiva de RECOPE remite a la escala
de salarios de la Ley de Salarios de la Administración Pública, en los
siguientes términos: “Articulo 155.- La escala de salarios establecida en la
Ley de Salarios de la Administración Pública, será aplicada a los trabajadores
a que este Convenio se refiere. Se continuará reconociendo cada uno de los
pasos siguientes de dicha escala, conforme los trabajadores vayan adquiriendo
su derecho al disfrute de vacaciones”. Sin embargo, en el ordinal 156 de la
Convención nuevamente se reconoce a favor de los trabajadores de RECOPE otro
pago por el mismo concepto de anualidades: “Artículo 156. Los trabajadores
mantendrán y recibirán un aumento del porcentaje de la anualidad del cuatro por
ciento al cinco por ciento del salario base por cada año laborado, que han
venido recibiendo en virtud de negociaciones anteriores”. Ante este panorama,
tenemos dos normas de la convención colectiva que reconocen a favor de los
trabajadores de RECOPE dos montos diferentes por un único concepto: anualidades
o años de servicio. Esto, en mi consideración, es abiertamente
inconstitucional. No comparto la tesis de que este doble pago por el rubro de
anualidades esté adecuadamente fundado en el objetivo de reducir la brecha
salarial entre cierto grupo de trabajadores de RECOPE y los demás funcionarios
de la Administración Pública. Tal fin se debe alcanzar a través de mecanismos
naturales y directos, como el aumento del salario base, y no mediante vías que
impliquen beneficios desproporcionados, como ocurre en la especie, en que los
trabajadores de RECOPE reciben doble paga por un mismo concepto: la anualidad.
Ante tal situación, opto por preservar la constitucionalidad del numeral 155 de
la Convención de cita, no solo porque no ha sido objeto de la acción, sino
también porque dicha norma se limita a asignar el beneficio de la anualidad
previamente reconocido en la Ley N° 2166 y que se
extiende a los trabajadores de RECOPE. Ahora bien, como la anualidad que estimo
constitucional es la reconocida en la Ley de Salarios de la Administración
Pública, es preciso efectuar algunas acotaciones en torno a este incentivo. En
primer lugar, el artículo 5 de esta Ley de Salarios exige una evaluación de
méritos para proceder con el pago de las anualidades en el sector público. Así
reza el texto legal: “(…) Los aumentos anuales serán concedidos por méritos a
aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de “bueno”, en
el año anterior, otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma
categoría, hasta llegar al sueldo máximo’” (lo subrayado no corresponde al
original). En la práctica, este pago ha sido concedido de modo automático, es
decir, sin que de previo se verifique si la calificación del servidor
beneficiado ha sido de “buena”. A tenor de este artículo 5 mencionado, así como
en concordancia con los principios constitucionales de idoneidad comprobada
(numeral 192 de la Constitución Política) y evaluación de resultados (ordinal
11 de la Constitución Política), el pago de la anualidad no debe ser
automático, como ha operado a la fecha, sino que se debe atribuir solo a
aquellos servidores que destaquen en el desempeño en sus funciones públicas. Es
decir, en verdad la anualidad no es un plus salarial fijado como reconocimiento
a la experiencia del servidor en una institución, sino más bien un premio a la
“buena experiencia” que se haya tenido con tal funcionario, o
mejor dicho, a su” buen desempeño”. Como se vio anteriormente, el artículo 11,
párrafo 2º, de la Constitución establece la imperiosa necesidad de evaluar los
resultados de la gestión pública. Es cierto que a la fecha no existe una ley
regulatoria en el país que busque uniformar la aplicación efectiva de las
evaluaciones de desempeño en el ámbito de la función pública; empero, ello no
demerita la relevancia de la evaluación en tanto principio constitucional que
debe orientar la gestión de la Administración Pública. En mi criterio, el texto
del artículo 11, párrafo 2°. de la Constitución estatuye un mandato claro e
inequívoco: se deben evaluar los resultados en la gestión pública. Así las
cosas, en este contexto en que. por un lado, la citada norma constitucional
impone la evaluación de los resultados de la gestión pública, y, por el otro,
el ordinal 5 de la Ley de Salarios exige una evaluación de méritos previa al
pago de las anualidades, cobra mayor sentido la necesidad de una ley
refutatoria de la evaluación de desempeño en la Administración, porque esta
facilitaría el pago de las anualidades con base en los méritos. Corolario de lo
expuesto, estimo pertinente declarar la inconstitucionalidad del artículo 156
de la Convención Colectiva de Trabajo de RECOPE 2011-2012, por devenir en un
privilegio intolerable y, además, aprovecho para señalar que el pago de
anualidades establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública (N° 2166), concretamente en su numeral 5, exige que previo a
su reconocimiento sea efectuada una evaluación del desempeño, pues tal pago solo procede cuando el servidor
es calificado al menos con un “bueno”. Ergo, las anualidades establecidas en la
Ley Nº2166 no son, de ninguna manera, automáticas, en virtud de lo cual tampoco
lo son las que se dan conforme al artículo 155 de la Convención
Colectiva citada. III.-Sobre la inconstitucionalidad del numeral 13 de las
Normas para la Evaluación del Desempeño de RECOPE y el premio al mínimo
esfuerzo. Por otra parte, estimo que el artículo 13 de las Normas para la
Evaluación del Desempeño de RECOPE reconoce el pago de un incentivo salarial a
funcionarios que no precisamente destacan por su excelencia. Esta disposición
prohíbe acreditar dicho incentivo salarial a aquellos servidores de RECOPE que
obtengan una calificación inferior a 70 en la evaluación de desempeño
correspondiente; a contrario sensu, a los empleados que superen el 70 (aunque
sea una calificación mínima), sí se les cancela dicho incentivo. Esto
significa, ni más ni menos, que un funcionario que obtenga una calificación de
70 en su evaluación de desempeño recibirá el mismo incentivo salarial que aquel
cuya eficiencia y calidad en el ejercicio de la función pública sea
sobresaliente y, por ende, haya recibido una nota de 90 o superior. Revisadas
las Normas para la Evaluación del Desempeño de RECOPE, no se constató que
existiera alguna disposición tendente a reconocer una escala que permitiera
graduar el monto del pago de tal beneficio en función de la calificación
obtenida, cuando esta fuere superior a 70. Esto significa inexorablemente que
el artículo 13 de las Normas para la Evaluación del Desempeño de RECOPE premia
el mínimo esfuerzo de algunos y, en consecuencia, devalúa la calidad de otros,
al tratar por igual a trabajadores en situaciones evidentemente diferentes.
Subrayo que lo evaluación del desempeño de los funcionarios tiene que ser el
punto clave para la procedencia o no de este incentivo salarial. Bien aplicado,
este resulta sumamente beneficioso en aras de un servicio público eficiente,
pues permite mantener en el ejercicio de la función pública a aquellas personas
que no solamente demostraron ab initio ser aptas para ocupar el puesto, sino
que también a través del tiempo siguen demostrando esas cualidades de idoneidad
y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Ahora bien
para evaluar el adecuado ejercicio de las funciones públicas de un servidor
resulta obvio pensar que antes deben haberse definido las expectativas, metas y
objetivos que se pretenden cumplir en el grupo laboral correspondiente. En la
medida que estos propósitos de la gestión pública se encuentren debidamente
preestablecidos y conocidos por todos, será más transparente precisar cuáles
fueron alcanzados y quiénes cumplieron un papel fundamental para lograrlos. En la especie, el artículo 13 de las Normas para
la Evaluación del Desempeño de RECOPE viene a premiar a aquellos funcionarios
que. luego de la evaluación de desempeño correspondiente, la superan sin
mayores méritos. Tal como se encuentra redactada la norma, el incentivo salarial
regulado no solo va dirigido a aquellos funcionarios que sobresalen por
sus logros, sino también a aquellos que realizan el mínimo esfuerzo. De ahí que
una disposición tan complaciente contravenga el espíritu de la evaluación de
desempeño en la función pública que se pretendió resguardar en el ordinal 11 de
la Constitución Política, así como el principio de idoneidad comprobada
desarrollado en el artículo 192 constitucional, por lo que tal norma la declaro
francamente inconstitucional. Independientemente
de lo anterior, el artículo 13 de las Normas para la Evaluación del Desempeño
de RECOPE también resulta inconstitucional, pues si partimos del supuesto de
que el beneficio de la anualidad del ordinal 155 de la Convención Colectiva de
RECOPE 2011-2012 remite a la anualidad tal como está regulada en el ordinal 5
de la Ley de Salarios de la Administración Pública (que exige que aquella solo
sea reconocida al funcionario cuyo rendimiento ha sido calificado al menos como
“bueno”), entonces arribamos fácilmente a la conclusión de que en ambos el
beneficio salarial depende del nivel de desempeño del funcionario, por lo que
nuevamente se estaría ante el doble
pago de un plus salarial a partir de una misma causa “.
XV.- SOBRE LOS SUBSIDIOS DE ECONÓMICOS. AYUDAS PARA
GASTOS DE SEPELIO. El accionante
arguye que el artículo 44, de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de
Costa Rica, establece ayudas para gastos de sepelio, lo que a su parecer
resulta ilegítimo, en el tanto esas erogaciones no generan ningún beneficio a
la institución que justifique ese pago.
Se transcribe textualmente la cláusula:
“Artículo 44. Ayudas para Gastos de Sepelio.
El Banco concederá ayuda por concepto de gastos
de sepelio en los casos y por las sumas que se detallan a continuación:
a) ₡
700000,00 por fallecimiento de empleado (a).
b) ₡
400.000,00 por fallecimiento del cónyuge o hijos (as) dependientes directos del
empleado (a).
c) ₡
300.000,00 por fallecimiento de cualquiera de los progenitores.
Cuando se trate de fallecimiento de empleado
(a), la ayuda se entregará a quién haya designado por escrito; si no existiera
tal designación se hará la entrega a la persona que demuestre haber pagado o
asumido la responsabilidad de pago de los gastos del sepelio”.
Esta Sala, en la Resolución Nº 2021-000171 de
las 12:01 horas de 6 de enero de 2021, en la acción de inconstitucionalidad
formulada contra la Convención Colectiva de Trabajo de la Imprenta Nacional,
indicó, en lo que interesa:
“XIV.- Atinente al artículo
44 de la Convención impugnada, redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez. El
actor manifiesta que el pago establecido en esta norma carece de razón
objetiva, por cuanto no guarda
relación con el giro de actividades de la Administración, el rendimiento del
trabajador o la mejoría de los servicios. Además, reclama que se beneficia a
familiares de los funcionarios. La Procuraduría señala que la Sala no ha
encontrado reparo en disposiciones semejantes, siempre que la ayuda económica
sea razonable y no constituya una carga desproporcionada para los fondos
públicos. Sin embargo, subraya que la norma permite que la institución ayude
también cuando se trata de la muerte del cónyuge del trabajador, sus padres o
hijos. Estima razonable girar ayudas en caso de muerte del trabajador, pero no
cuando se pretende sufragar los gastos de funeral de terceros. La Procuraduría
también cuestiona la indeterminación con respecto al salario base de
referencia. El representante sindical considera que este numeral es una ayuda
para el gasto imprevisible que significa la muerte de un familiar cercano.
Considera que el monto es insignificante para la Administración, pero sí
aliviana la carga financiera de una muerte.
La norma cuestionada dispone:
“ARTÍCULO 44.
La Imprenta contribuirá para los gastos de
funeral de sus trabajadores (as), cónyuge o compañero (a) de hecho, padres e
hijos con el equivalente a un 50% del salario base establecido por el Gobierno.
En el caso de fallecimiento de un hijo si ambos padres son trabajadores de la Imprenta
este beneficio cubrirá únicamente a uno de ellos.
Para lo anterior los trabajadores (as) deberán
acreditar sus beneficiarios ante la Sección de Recursos Humanos por medio del
formulario respectivo”.
La Sala se pronunció recientemente con respecto
a una disposición análoga en los siguientes términos:
“XIV.- Sobre el reclamo planteado contra el
artículo 49, párrafo 1°, de la Convención Colectiva de la Municipalidad de
Moravia, en tanto contempla la entrega de ¢100000 a la persona trabajadora por
el fallecimiento de alguno de los familiares ahí estipulados, o bien a la
persona designada por el trabajador en caso de su fallecimiento.
Este artículo dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 49: Por fallecimiento de hijos (as),
madre o padre, esposa (o) o compañera (o) y trabajador, monto cien mil colones
¢100.000,00 al trabajador que presente el acta de defunción. Se otorgará solo
un beneficio por familia. El trabajador designará a la persona autorizada para
retirar el beneficio en caso de su fallecimiento.
(…)”.
Los accionantes piden que
se declare la inconstitucionalidad de este artículo en cuanto prevé el otorgamiento de una suma de dinero por el
fallecimiento de los familiares cercanos ahí estipulados, o bien al
beneficiario designado por el trabajador en caso de que éste fallezca.
Consideran que ese primer párrafo de la norma transcrita,
ratifica la tendencia liviana de disponer de los recursos públicos del gobierno
local para fines que le son ajenos ya que, por causa del fallecimiento de
familiares, se le regala al trabajador un monto de
¢100000
colones;
situación que no tiene vínculo alguno con el trabajo ni con la
relación laboral por lo que la municipalidad no debería
hacer
reconocimiento alguno a sus
trabajadores cuando ocurra un evento de ese tipo. Por su parte, en cuanto al
criterio de los representantes de la Municipalidad de Moravia, debe decirse que
el Alcalde Municipal, a quien se adhirió el Presidente del Concejo Municipal,
considera que la norma no resulta inconstitucional porque a la luz de otras convenciones
colectivas de ayuntamientos similares en tamaño y presupuesto a Moravia, se
tutelan en igualdad de condiciones las ayudas patrimoniales a los trabajadores,
siendo inclusive que existen otros municipios que incluyen beneficios idénticos
o hasta superiores, como la Municipalidad de Montes de Oca. Señala que la
erogación que implica a la luz de la situación financiera de su representada,
no genera un impacto financiero y presupuestario considerable pues el
ayuntamiento no tiene deudas significativas, no presenta déficit, y el gasto
que genera ni siquiera alcanza un 0.05% con respecto a los ingresos corrientes
de los períodos presupuestarios del 2013, 2014 y 2015, de modo tal que éste no
representa un impacto considerable en las finanzas municipales, considerando
que, por tales razones, no se vulneran los principios constitucionales
alegados. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la
Municipalidad de Moravia (SITRAMUMO), aduce que el beneficio de ¢100000 colones
que la administración municipal entrega a un trabajador en caso de muerte de un
hijo, los padres, o su pareja, a pesar de que se trata de un monto
insignificante para la administración, implica una ayuda importante para el
trabajador por cuanto pretende alivianar un gasto imprevisible, bastante
costoso, y que no solamente afecta la esfera patrimonial de la persona, sino
también y, en gran medida, su estabilidad emocional, pues: hijos (as), madre o padre, esposa (o) o compañera
(o). Así las cosas, esta Sala concluye que la norma es inconstitucional en
cuanto establece la entrega de un beneficio económico por fallecimiento de
familiares del trabajador, no así en caso de que sea éste quien fallece pues,
en ese supuesto, sí está acorde con el Derecho de la Constitución la entrega de
ese monto de dinero a sus familiares para afrontar los gastos propios de un
funeral.” (Sentencia n.° 2019-021859 de las 17:30
horas del 6 de noviembre de 2019).
La Sala considera que el razonamiento expuesto
en la resolución transcrita es aplicable a este caso. Es decir, es
constitucionalmente válido que el patrono entregue un monto de auxilio o ayuda
cuando se trata del fallecimiento del trabajador, mas no así de sus familiares.
En ese tanto, se declara con lugar la acción y se eliminan las frases “cónyuge
o compañero (a) de hecho, padres e hijos” y “En el caso de fallecimiento de un
hijo si ambos padres son trabajadores de la Imprenta este beneficio cubrirá
únicamente a uno de ellos.” de la norma cuestionada. Con respecto a la
manifestación de la Procuraduría General de la República, en torno a cuestionar
qué constituye un salario base, la Sala estima que tal determinación debe
hacerse en la sede de legalidad, sin que ello afecte la constitucionalidad de
la norma”.
Al respecto, la Sala reitera el criterio vertido en la jurisprudencia
transcrita al establecer que es constitucional el artículo 44, inciso a), de la
VII Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional. Se confirma que, la
entrega de ₡ 700.000.00, a la familia del trabajador fallecido resulta
legítima, para coadyuvar con los gastos del sepelio, por la existencia del
vínculo entre la entidad bancaria y el exempleado, por no representar una carga
excesiva en el presupuesto institucional, ser un caso excepcional y en
aplicación del principio de solidaridad humana -con la familia del trabajador
fallecido-. En consecuencia, se declara sin lugar la acción en este extremo.
Por otra parte, este Tribunal establece que los incisos b) y c), del
artículo 44, de la Convención Colectiva, son inconstitucionales por establecer
que es ilegítimo e irrazonable que al funcionario bancario se le entreguen
fondos públicos por la muerte de su cónyuge, hijos (as) dependientes directos -
₡ 400.000.00 - o a sus progenitores - ₡ 300.000-. Nótese, que no
existe una relación directa entre el núcleo familiar del trabajador con la
entidad bancaria y por ello resulta contrario a las reglas sobre el adecuado
manejo de la Hacienda Pública, por el uso indebido de fondos públicos. En
consecuencia, se declara con lugar la acción y por ello se eliminan esos
incisos de la norma consensual.
XVI.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CASTILLO
VÍQUEZ Y RUEDA LEAL, CON RESPECTO AL ARTÍCULO 44 inciso b) y c) CON REDACCIÓN
DEL SEGUNDO. Tal como manifestamos en la sentencia n.° 2019-021859 de las 17:30 horas del 6 de noviembre de
2019, consideramos que este Tribunal debe seguir la línea trazada en la
sentencia n.° 2006-6729 de las 14:44 horas del 17 de
mayo de 2006, cuando aceptó la posibilidad de que, por medio de una convención
colectiva, se reconozca una suma de dinero para colaborar con los gastos
derivados de la muerte de un familiar cercano, pues ello es una ayuda para
enfrentar una situación difícil y que genera gastos extraordinarios. Estimamos
que este tipo de colaboraciones constituyen, en el fondo, un gesto de
solidaridad con la familia del doliente que busca colaborar con una sepultura
digna, en consonancia con los principios derivados del numeral 74
constitucional. Precisamente, en virtud de lo anterior, no consideramos que la
disposición impugnada sea inconstitucional, sobre todo si se toma en cuenta que
las sumas reconocidas son razonables y se giran únicamente cuando se da una
situación infrecuente y particularmente crítica para el servidor o su familia.
XVII.- SOBRE LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS. SUBVENCIÓN
MATRIMONIAL. CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE CADA HIJO (A). El accionante arguye que los artículos 45 y
46, de la VII Convención Colectiva del Banco
Nacional de Costa Rica, establecen ayudas para gastos por concepto de subvención
matrimonial, por el nacimiento o adopción de cada hijo, lo que a su parecer
resulta ilegítimo, en el tanto esas erogaciones no generan ningún beneficio a
la institución que justifique ese pago.
Se transcriben textualmente las cláusulas:
“Artículo 45. Subvención Matrimonial.
El Banco girará la suma de ₡150.000,00 al
empleado (a) que contraiga matrimonio, previa comprobación de la boda
efectuada.
Artículo 46. Contribución para Gastos por
Nacimiento o adopción de cada hijo (a).
El Banco otorgará la suma de ₡225.000,00
para gastos de nacimiento o adopción de cada hijo (a), previa presentación del
certificado de nacimiento o la certificación emitida por el Juzgado de Familia
correspondiente.
Las gestiones correspondientes para disfrutar
del presente incentivo, deberán realizarse ante la
Dirección de Recursos Humanos.
Cuando por el mismo hecho, varios empleados
(as) del Banco, tengan derecho al cobro de la misma asignación establecida en
este artículo y los artículos 44, 45 y 46 de esta Convención Colectiva, sólo
una de ellas podrá hacer efectivo el cobro”.
Esta Sala, en la Sentencia N° 2006-17438 de
las 19:36 horas de 29 de noviembre de 2006, al conocer sobre la ayuda económica
por matrimonio o nacimiento de hijos en la Convención Colectiva del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, indicó:
“VII.- Ayuda por matrimonio e hijos. De igual
forma, señalan los accionantes que resulta inconstitucional lo dispuesto en los
incisos D) y E) del artículo 26 de la Convención Colectiva analizada, pues
consideran que es una prebenda económica que no tiene justificación racional ni
proporcional. Al respecto, establecen dichas normas:
“(...)
D- SUBVENCIÓN MATRIMONIAL
El Banco girará la suma de ¢6.000.00 al
empleado que contraiga matrimonio previa comprobación de la boda efectuada.
E- CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS POR NACIMIENTO DE
CADA HIJO
El Banco otorgará la suma de ¢ 5.000.00 para
gastos por nacimiento de cada hijo. Esta contribución se hará efectiva previa
presentación del certificado de nacimiento o adopción.”
Consideran los actores que esta norma implica
una ilegítima disposición de fondos públicos, contraria a las reglas sobre el
adecuado manejo de la Hacienda Pública. Esta Sala no comparte dicho criterio,
pues estima que el auxilio impugnado representa un beneficio de carácter
remunerativo que pretende ofrecer una ayuda al trabajador en una situación
particular, en que las circunstancias le imponen gastos adicionales a los
regulares. Se trata además de una suma fija, por un valor relativamente poco
significativo en el universo del presupuesto de la institución, y que en todo
caso es girada únicamente si el trabajador o trabajadora contrae matrimonio o
tiene un hijo. Considera la Sala que, en tales circunstancias, el
establecimiento de un beneficio como el ahora impugnado, no conlleva una
abusiva disposición de fondos públicos, en detrimento de los y las
contribuyentes, de modo que en cuanto a este extremo,
debe desestimar la presente acción de inconstitucionalidad”.
Posteriormente, esta Sala, en la Sentencia N°
2020-019811 de las 13:01 horas de 14 de octubre de 2020, indicó:
“V.- SOBRE EL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL BANCO POPULAR Y
DE DESARROLLO COMUNAL. Sobre los beneficios económicos por matrimonio o
nacimiento de hijos (as).- La acción de
inconstitucionalidad impugna también el artículo 24 de dicha convención
colectiva que señala: “...Artículo 24. Subvenciones del banco otorgará a su
personal en caso de matrimonio o nacimiento de hijos e hijas, una suma en
dinero, previa comprobación del hecho, según el siguiente detalle: a)
Subvención Matrimonial. La suma de ¢ 100,000.00 al funcionario o funcionaria
que contraiga matrimonio previa comprobación. b) Contribución para gastos por
nacimiento de cada hijo o hija. La suma de ¢ 100,000.00 para gastos por
nacimiento de cada hijo o hija. Esta contribución se hará efectiva previa
presentación del certificado de nacimiento o adopción.”
Respecto a esta norma el accionante reclama que
se crean privilegios económicos de los cuales no gozan el resto de los
trabajadores, además de que se trata de dinero proveniente de fondos públicos.
Ciertamente, puede interpretarse que estas disposiciones contravienen diversos
principios constitucionales, pues este tipo de beneficios sociales para los
hijos de los trabajadores (contraer matrimonio y nacimiento de hijos) implica
una utilización de fondos públicos con destinos estrictamente privados, lo que
no estaría sustentado en los principios de moralidad, legalidad, austeridad y
razonabilidad en el gasto público, en relación con lo expuesto (ver sentencias No. 2006-6347, No.
2000-6728 y No. 2012-3267), ya que los beneficios a favor de esas personas no
se vería reflejado en un plus para el Banco, y no está relacionado con el
trabajo que se presta, sino con temas de la vida privada del trabajador.
Así mismo, más recientemente, en la sentencia
2019- 9226, la Sala declaró inconstitucional el artículo 106 de la Convención
Colectiva de Recope, que establecía un subsidio por el nacimiento de cada hijo,
con base en el mismo razonamiento de los votos supra citados, en el sentido de
que excede los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, otorgar
subsidios o ayudas económicas a familiares de trabajadores, con fondos públicos.
En razón de lo anterior, se declara inconstitucional, el
artículo 24 de la V Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal”.
En el caso concreto, la Sala estima que las cláusulas 45 y 46, de la VII
Convención Colectiva de Trabajo, son inconstitucionales, por considerar que el
beneficio económico otorgado a un empleado (a) por matrimonio -la suma de ₡150.000,00-
, por el nacimiento o adopción de un hijo -la suma de ₡ 225.000,00,
lesionan los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad del
gasto público, ya que, con este tipo de ayudas se utilizan fondos públicos para
beneficiar la vida privada del trabajador, lo que constituye un privilegio y
por ello se traduce en un gasto desproporcional del erario público. En razón de lo anterior, se declaran inconstitucionales los
artículos 45 y 46, de la VII Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional
de Costa Rica.
XVIII. - SOBRE LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS. INCENTIVO
AL EMPLEADO O EMPLEADA POR ESTUDIOS REALIZADOS AL SERVICIO DEL BANCO. El accionante arguye que el artículo 48, de la Convención, establece
subsidios económicos a los funcionarios que realicen estudios al servicio del
banco, lo que a su parecer resulta ilegítimo, en el tanto la erogación no
genera ningún beneficio a la institución que justifique ese pago.
Se transcribe textualmente la cláusula:
“Artículo 48. Incentivo al Empleado o Empleada
por Estudios Realizados al Servicio del Banco.
A partir de la fecha en que entra
en vigencia la presente Convención, y sin efecto retroactivo, el Banco
reconocerá en forma adicional, aumentos semanales de salario (en el rubro
Reconocimiento Especial), a los empleados y empleadas que después del 1 de
enero de 1974 hayan cursado o cursen carreras universitarias, o hayan obtenido
títulos universitarios y estudios contables, según la siguiente escala:
a) Estudios
de Contabilidad.
Empleado o empleada que ocupa puesto de
Contaduría Privada, incorporada al Colegio de Profesionales de Contaduría
Pública y Privada (C.P.C.P.): Incentivo de ₡ 1.972,94 semanal.
b) Estudios Universitarios.
Para ver la imágenes solo en La Gaceta con formato PDF
A todos aquellos empleados y
empleadas que, a partir del 1 de enero de 1974 hayan aprobado años
académicos completos, o su equivalente en créditos de una misma carrera, o que
obtengan títulos de pregrado, grado y postgrado académico, les serán
reconocidos los aumentos por esos conceptos, de acuerdo con la escala indicada.
Tratándose de los empleados y
empleadas que soliciten este incentivo y que laboran a partir del 9 de
diciembre de 1997, se establece el siguiente sistema de incentivo por estudios
realizados:
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Gaceta con formato PDF
En estos casos se aplicarán, en lo pertinente,
las disposiciones anteriormente establecidas.
Los empleados y empleadas que el Banco contrate en su condición de
profesional, para el desempeño de puestos que requieran esa calidad, no se les
hará el reconocimiento indicado. Tampoco corresponderá este reconocimiento por
estudios realizados antes de ingresar al Banco.
Cuando se presente el
título correspondiente a una segunda licenciatura, se reconocerá la suma de ₡ 8.515,17 semanales, siempre que la
base académica sea de interés para el Banco. En caso de que sea denegada la
gestión por la Dirección de Recursos Humanos, el empleado o empleada interesado
podrá someterla a la Junta de Relaciones de Trabajo, para su calificación. La
Junta de Relaciones de Trabajo velará por el cumplimiento de lo dispuesto en
este artículo.
La Administración de lo que dispone este
artículo, es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos.
Los empleados o empleadas interesados
presentaran a la Dirección de Recursos Humanos, los atestados correspondientes,
emanados de la universidad en que cursó los estudios.
El reconocimiento se hará a partir de la
vigencia de la correspondiente “Acción de Personal”. La solicitud deberá ser
atendida con la mayor diligencia. Para acogerse al beneficio aquí contemplado,
bastará que los empleados y empleadas presenten
certificación del Departamento de Registro o Escuela de la Universidad
respectiva, en que haga constar que obtuvo el grado académico correspondiente,
no siendo obligatoria, en consecuencia, la presentación del título, para este
fin.
El Banco reconocerá sumas extra-escala
de salarios a todas (sic) los empleados y empleadas
que participen en programas de capacitación, externos o internos, que se
consideren de gran interés para el desarrollo de sus actividades, previa
determinación del nivel de los mismos y de conformidad con el criterio, que al
respecto brinde la Dirección de Recursos Humanos y la aprobación definitiva por
parte de la Gerencia General. Se otorgará un reconocimiento equivalente al
nivel que corresponda, dentro de lo establecido en la escala de este artículo,
de acuerdo con la cobertura, duración, intensidad y excelencia del programa
respectivo.
Es entendido, que tales reconocimientos se
harán en aquellos casos, en que se trate de programas constituidos por módulos,
que conllevan a la formación integral, en áreas específicas y que tiendan a la
satisfacción de necesidades reales de formación de los
empleados y empleadas que laboran en el Banco.
Becas y Sistemas de Pagos.
El otorgamiento de becas y el sistema de pagos
quedará a criterio del Banco, según intereses institucionales y la
disponibilidad del presupuesto.
El otorgamiento de becas y el sistema de pagos
estará regulado por la normativa que estipule la Gerencia General y la
Administración será responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos; salvo
aquellos derechos de los que actualmente gozan los empleados
y empleadas. El Comité de Clasificación y Valoración de Puestos velará
que las becas sean impartidas en forma imparcial y en apego a lo establecido en
el correspondiente instructivo.
Reintegro por Estudios.
Procederá el Reintegro por estudios cuando
estos sean de interés para el Banco y la persona beneficiada adquiera el
compromiso de llevarlos exitosamente hasta su culminación.
En el caso de estudios a nivel de postgrado,
corresponderá a la persona que ocupe la Gerencia General, la aprobación de los mismos, en razón de las necesidades del Banco y de
conformidad con los requerimientos, que a nivel profesional se determine en el
“Manual Descriptivo de Clases”, previo concurso interno, en los términos que
decida la Administración. Este sistema regirá únicamente para aquellas carreras
universitarias cuya base académica sea de interés para el Banco. Para estos
efectos, la Dirección de Recursos Humanos informará, en el mes de enero de cada
año, cuáles son las carreras de interés para el Banco. El trámite de pago se
hará por materias aprobadas, cuando se trate de estudios universitarios; y por
módulos o años aprobados, cuando se trate de estudios comerciales, técnicos u
otros. En todos los casos, los reintegros por estudios,
se tramitarán conforme a las partidas presupuestadas al efecto.
Queda a salvo los derechos de los empleados y empleadas que actualmente disfrutan de este
sistema.
Reconocimiento económico a empleados
y empleadas del Banco que brindan instrucción.
El Banco brindará un reconocimiento económico a
aquellos empleados y empleadas, que sean designados
para brindar cursos de capacitación en los programas de entrenamiento, que
lleve a cabo la Dirección de Recursos Humanos, de conformidad con las normas
establecidas en el Reglamento que al efecto aprobó la Junta Directiva General y
a los intereses institucionales, en cuanto al perfeccionamiento profesional de
los recursos disponibles. Los nuevos montos definidos para los diferentes
grados académicos, rigen para quienes obtengan los
respectivos títulos, posterior a la firma de esta Convención. Para el resto,
sigue vigente lo establecido a la fecha”.
Esta Sala, en la Resolución Nº 2007-01145 de
las 15:22 horas de 30 de enero de 2007, en la acción de inconstitucionalidad
contra la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Nacional de Costa Rica, se
pronunció sobre el pago de incentivos a los funcionarios de la entidad bancaria
que realicen estudios al servicio de la institución. En esa oportunidad se
indicó:
“X.- Incentivo por estudios. Estiman los
promoventes de esta acción que lo dispuesto en el artículo 48 de la Convención
Colectiva del Banco Nacional resulta también inconstitucional, pues reconoce el
pago de una suma adicional de acuerdo con el nivel de estudios alcanzados, lo
cual significa la erogación anual de millones de colones, en menoscabo de las
finanzas públicas. Al respecto, establece el citado artículo en el conducente:
“Artículo 48: Incentivo al
Personal por Estudios Realizados
al Servicio del Banco.
A partir de la fecha en que entra
en vigencia la presente Convención, y sin efecto retroactivo, el Banco
reconocerá, en forma adicional, aumentos semanales de sueldo (en el rubro de
Reconocimiento Especial), a aquellos empleados que después del 1 de enero de
1974 hayan cursado o cursen carreras universitarias, o hayan obtenido títulos
universitarios y estudios contables, según la siguiente escala:
(...)”.
Sobre el particular, debe indicarse que ya esta
Sala ha reconocido que los entes de la Administración Pública pueden otorgar
determinados incentivos o beneficios a sus trabajadores, para remunerar una
exigencia especial del puesto de trabajo, que implique determinadas
calificaciones profesionales o habilidades a quienes lo desempeñen, o bien para
compensar un riesgo particular que caracteriza el desempeño de tales funciones,
sea un riesgo material (por ejemplo, labores físicamente peligrosas) o uno de carácter legal (por ejemplo, trabajo susceptible
de generar responsabilidad civil). Por tanto, un beneficio de esta naturaleza, se convertiría en privilegio únicamente cuando
no encuentra una justificación que razonablemente lo ampare. En el caso del
incentivo impugnado, esta Sala estima que constituye un instrumento para lograr
mayor idoneidad, calidad, permanencia y eficiencia en el puesto, ya que
pretende estimular a los trabajadores para que realicen estudios universitarios
y contables, y que con ello alcancen una mayor preparación para el ejercicio de
sus funciones. Por supuesto que ello se entiende en la medida que dichos
estudios sean de importancia para el Banco Nacional de Costa Rica, pues la
finalidad es que el trabajador cuente con mayor preparación, generando un
beneficio a la institución. En otras palabras, la razonabilidad de la norma
radica en que la mayor especialización del trabajador va a resultar en un
beneficio para el campo de aplicación en la Institución, de tal forma que la norma
es válida en tanto reconozca estudios relacionados con la función que se
presta. Por los motivos expuestos, la acción debe desestimarse en cuanto a este
extremo”.
En el caso concreto, la Sala confirma que la cláusula cuestionada no
presenta vicios de inconstitucionalidad. De acuerdo con la jurisprudencia
parcialmente transcrita, se corrobora que el pago de ese incentivo se
circunscribe a los empleados o empleadas que realicen estudios técnicos o
superiores en materias o carreras de interés para el banco -a manera de
ejemplo, contaduría pública y privada, banca, finanzas, economía u otras-. Es
importante enfatizar, que los incentivos únicamente se otorgarán cuando el tipo
de estudios enriquezca la labor que desempeña el funcionario en la institución,
y por ello represente mayor preparación, idoneidad, eficiencia en las
actividades al servicio del banco. Por lo anterior, no resulta irrazonable o
ilegítimo la erogación de recursos públicos en este supuesto. En consecuencia,
el artículo 48, de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa
Rica, no es inconstitucional; y, por ello, la acción debe desestimarse en este
extremo.
XIX.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Si bien coincido con el voto, que declara
parcialmente con lugar esta acción, por las razones en él contenidas, en
tratándose de Convenciones Colectivas de Trabajo, considero oportuno agregar lo
siguiente: La Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías
Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones
colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y
sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto
de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás
materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Este derecho
humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo
(Convenio 98), lo pueden ejercer o llevar a cabo tanto en el sector privado
laboral, como en el empleo público, siempre y cuando, éstos últimos, no
realicen gestión pública. Al tener valor normativo, se incardina en el sistema
de fuentes del Derecho, por lo que, su clausulado, ha de someterse a las normas
de mayor rango jerárquico y ha de respetar el cuadro de derechos fundamentales
acogidos en nuestra Constitución Política. De esta forma, las convenciones
colectivas de trabajo, se encuentran sometidas al
Derecho de la Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar
conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad,
prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad,
sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de
legalidad presupuestaria. En esos supuestos, debe velar, esta Sala, por el
orden constitucional, según sus competencias.
XX.- CONCLUSIÓN GENERAL. La Sala, al analizar la acción de
inconstitucionalidad promovida contra los artículos 34, 37, 44, 45, 46, 48, 57,
58, 60, 68 y 69, de la VII Convención Colectiva del Banco Nacional de Costa
Rica, concluye lo siguiente:
1) Se
rechaza de plano la acción contra los artículos 57, 58, 60, 68 y 69, por ser
temas de legalidad ordinaria.
2) Es
inconstitucional el artículo 34, en cuanto al pago de los montos por auxilio de
cesantía mayores a un tope de doce años, por lesión al principio de
razonabilidad. El Magistrado Castillo Víquez da razones diferentes.
3) Es
inconstitucional el auxilio de cesantía por renuncia del trabajador, en los
términos en que se establece en el artículo 34, por lesionar el principio de
razonabilidad, proporcionalidad y equilibro presupuestario.
4) Es
constitucional el pago de cesantía por motivos de jubilación, pensión o a los
causahabientes de los empleados que fallezcan según está contemplado en el
artículo 34, que no supere los doce años.
5) Es
constitucional el pago de anualidades que se reconocen a las personas
trabajadoras según lo dispuesto en el artículo 37. Evita el desmejoramiento salarial de los empleados y está delimitado en
porcentajes concretos para evitar abusos en el gasto de fondos públicos,
circunstancias que constituyen un elemento de razonabilidad. El Magistrado
Rueda Leal salva el voto y declara inconstitucional este artículo.
6) Es
constitucional el artículo 44, inciso a), sea la entrega de una suma fija a los
dolientes del trabajador fallecido. Resulta legítima por la existencia del
vínculo entre la entidad bancaria y el ex empleado,
por no representar una carga excesiva en el presupuesto institucional, ser un
caso excepcional y en aplicación del principio de solidaridad humana.
7) Es
inconstitucional el beneficio económico para gastos de sepelio, según lo
dispuesto en los incisos b) y c), del artículo 44. Resulta contrario a las
reglas sobre el adecuado manejo de la Hacienda Pública, por el uso indebido de
fondos públicos.
Los Magistrados Castillo Víquez y Rueda Leal
salvan el voto y declaran sin lugar la acción.
8) Es
inconstitucional el beneficio económico por subvención matrimonial, según lo
dispuesto en el artículo 45. Lesionan los principios de moralidad, legalidad,
austeridad y razonabilidad del gasto público, ya que, con este tipo de ayudas
se utilizan fondos públicos para beneficiar la vida privada del trabajador, lo
que constituye un privilegio y por ello se traduce en un gasto desproporcional
del erario público.
9) Es inconstitucional el beneficio económico por gastos de
nacimiento o adopción, según lo dispuesto en el artículo 46. Lesionan los
principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad del gasto
público, ya que, con este tipo de ayudas se utilizan fondos públicos para
beneficiar la vida privada del trabajador, lo que constituye un privilegio y
por ello se traduce en un gasto desproporcional del erario
público.
10) Es
constitucional el pago de incentivos por estudios realizados en beneficio del
banco, según lo dispuesto en el artículo 48.
XXI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber
aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en
algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético,
óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser
retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a
partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido
todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo
dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder
Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión N°
27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín
Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en
el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar la acción. En consecuencia, se anulan
por inconstitucionales las siguientes normas:
1) Por
unanimidad, el artículo 34, de la VII Convención Colectiva de Trabajo del Banco
Nacional de Costa Rica, en cuanto al pago de los montos por auxilio de cesantía
-cuando en derecho corresponda- mayores a un tope de doce años. El Magistrado
Castillo Víquez da razones diferentes.
2) Por
unanimidad, el artículo 34, de la VII Convención Colectiva de Trabajo del Banco
Nacional de Costa Rica, al reconocer el pago de los montos por auxilio de
cesantía por renuncia del trabajador.
3) Por
mayoría, los incisos b) y c), del artículo 44. Los Magistrados Castillo Víquez
y Rueda Leal salvan el voto y declaran sin lugar la acción.
4) Por
unanimidad el artículo 45.
5) Por
unanimidad el artículo 46.
Se declara sin lugar la acción de las siguientes normas:
1) Por
unanimidad, contra el pago de auxilio de cesantía por concepto de jubilación,
pensión o a los causahabientes de los empleados o empleadas que fallezcan,
contenido en el artículo 34, de la VII Convención Colectiva de Trabajo del
Banco Nacional de Costa Rica, siempre y cuando no supere el tope de la cesantía
de los doce años.
2) Por
mayoría, el artículo 37. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara
inconstitucional este artículo.
3) Por
unanimidad, el artículo 44, inciso a).
4) Por
unanimidad, el artículo 48.
Se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad presentada contra
los artículos 57, 58, 60, 68 y 69.
El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota.
Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de
los derechos adquiridos de buena fe. Notifíquese este pronunciamiento a las
partes apersonadas y la Procuraduría General de la República. Comuníquese esta
sentencia a la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo.
Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese
íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese.-
/Fernando Castillo V. Presidente/Paul Rueda L. /Nancy Hernández L. /Luis Fdo.
Salazar A./Jorge Araya G. /Anamari Garro V./Alicia
Salas T. /.-
San José, 27 de enero del 2022.
Luis
Roberto Ardón Acuña,
Secretario
1 vez.—O.
C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—(
IN2022619919 ).
HACE SABER:
A: Registro Nacional, Archivo Nacional, Dirección Nacional de Notariado y Registro Civil: que
en el proceso disciplinario notarial N°
18-000160-0627-NO, de Registro Civil, contra Jaime Jesús Flores Cerdas, (cédula
de identidad N° 1-0538-0086), el Juzgado
Disciplinario Notarial mediante sentencia: 2021000636 de las diecisiete horas
treinta y ocho minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintiuno,
dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de tres meses
de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales
después de su publicación en el Boletín Judicial.
San José, 17 de diciembre del 2021.
Msc. Francis Porras León,
Juez
Decisor
1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620128 ).
Se cita y emplaza a
los que en carácter de 0107670989, fallecida el 26 de
enero del año 2012, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores
a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las
diligencias de Proceso de Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers
Fallecidas bajo el Número 22-000004-1441-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 22-000004-1441-LA. Por a favor de María Yelvis Hernández Sequeira.—Juzgado
Contravencional de Coto Brus (Materia Laboral), 27 de enero del año
2022.—Licda. Johanna Quesada Monge, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—(
IN2022619960 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Gerardo
Gamboa Salazar 0203870200, fallecido el 02 de mayo del año 2021, se consideren
con derecho, para que dentro del improrrogable lapso
de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de Consig.
Prest. Sector Privado bajo el Número 21-000459-1288-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 21-000459-1288-LA. Promovido por Ileana Acuña Maroto
a favor de Gerardo Gamboa Salazar.—Juzgado de
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, 30 de julio del año
2021.—M.Sc. Martha Chaves Chaves,
Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022619963
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Matilde Ángela Guzmán Guzmán 0301050540, fallecida el 11 de octubre del año
2021, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de Proceso de Consignaciones de
Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número 22-000034-0641-LA, a
hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85
y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial.
Expediente N° 22-000034-0641-LA. Por Caja
Costarricense de Seguro Social a favor de Matilde Ángela Guzmán Guzmán.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 26 de enero
del año 2022.—M.Sc. Andrea Gutiérrez Vargas, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022619992
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Ivonne Del Carmen Rodríguez Leal 0501540508, fallecida el 16
de noviembre del año 2021, se consideren
con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de Proceso de
Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número
22-000110-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000110-0641-LA. Por Caja Costarricense de Seguro Social a favor de Ivonne
Del Carmen Rodríguez Leal.—Juzgado de Trabajo de
Cartago, 25 de enero del año 2022.—M.Sc. Andrea Gutiérrez Vargas, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620019
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Eduardo
Alexis Brenes Gómez 0107890147, fallecido el 07 de junio del año 2007, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Proceso de Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo
el Número 22-000103-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000103-0641-LA. Por BAC San José Pensiones Operadora de
Planes de Pensiones Complementarias Sociedad Anónima a favor de Eduardo Alexis
Brenes Gómez.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 25
de enero del año 2022.—M.Sc. Andrea
Gutiérrez Vargas, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620020 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Mario
Gerardo Guzmán Mata 0700380628, fallecido el 23 de noviembre del año 1998, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Proceso de Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo
el Número 22-000010-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000010-0641-LA. Por Operadora de Planes de Pensiones Complementarias
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. a favor de Mario Gerardo Guzmán Mata.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 25 de enero del
año 2022.—M.Sc. Andrea Gutiérrez Vargas, Jueza.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620021
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Mainor
Humberto Vásquez Araya, cédula de identidad número 3-0287-0128, quien fue
mayor, casado, pensionado, domicilio Cartago, Tejar, Barrio Los Ángeles, de la
pulpería El Arbolito 200 metros al suroeste, fallecido el 26 de octubre del año
2021, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de Proceso de Consignaciones de
Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número 22-000116-0641-LA, a
hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos
85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial.
Expediente N° 22-000116-0641-LA. Promovida por Ana
Yanci Gómez Dominguez, cédula de identidad número
1-0758-0703 a favor de Mainor Humberto Vásquez Araya.—Juzgado
de Trabajo de Cartago, 25 de enero del año 2022.—Lic. Luis Diego Vargas Vargas, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620022
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Rafael Antonio González Balladares, cédula de identidad
número 3-0245-0675, quien fue mayor, casado, domicilio Cartago, Central,
Guadalupe, 50 metros al Oeste de la entrada principal de la Urbanización El
Valle, casa 11-C, laboró para RECOPE, fallecido el 06 de enero del año 2022, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Proceso de Consignaciones de Prestaciones
Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número 22-000106-0641-LA, a hacer valer
sus derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 22-000106-0641-LA. Promovida por Ana Mora Solano,
cédula de identidad número 3-0251-0992 a favor de Rafael Antonio González Balladares.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 24 de
enero del año 2022.—Lic. Luis Diego Vargas Vargas,
Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620023 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes
de Delia Janett Sing
Bennett, cédula de identidad número 7-0080-0179, quien fue mayor, divorciada, funcionario pública,
domicilio Limón, Matina, laboró para el Instituto Nacional de la Mujer,
fallecido el 21 de octubre del año 2021, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de Proceso de
Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número
22-000093-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000093-0641-LA. Promovido por Roberto Andrés Calderón Sing,
cédula de identidad número 1-1357-0941 a favor de Delia Janett Sing Bennett.—Juzgado de
Trabajo de Cartago, 20 de enero del año 2022.—Lic. Luis Diego Vargas Vargas, Juez.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620024
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de José Manuel Bonilla Zúñiga, cédula de identidad número
3-0190-0958, quien fue mayor, casado, pensionado, Cartago, Oreamuno, San
Rafael, del parque 350 metros suroeste, fallecido el 28 de setiembre del año 2021, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Proceso de Consignaciones de Prestaciones
Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número 22-000098-0641-LA, a hacer valer
sus derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 22-000098-0641-LA. Promovida por María De Los Ángeles Umaña,
cédula de identidad número 3-0181-0956 a favor de José Manuel Bonilla Zúñiga.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 20 de enero
del año 2022.—Lic. Luis Diego Vargas Vargas, Juez.—1 vez.—O.
C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620039 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de German Enrique Segura Ledezma, con cédula de identidad número
3-0217-0207, vecino de La Unión, fallecido el 15 de julio del año 2016, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Consig. Prest. Sector
Privado bajo el Número 21-000685-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-000685-0641-LA.—Juzgado
de Trabajo de Cartago, 07 de junio del año 2021.—Luis Diego Vargas Vargas, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620041
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Pablo Iván de Los Ángeles Aguilar
Redondo 0302450726, fallecido el 26 de junio del año 2018, se consideren con
derecho, para que dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de consig.
prest. sector privado bajo el Número 21-000819-0641-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código
de Trabajo. Expediente N° 21-000819-0641-LA. Por
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal Sociedad a favor de Pablo Iván de Los Ángeles Aguilar Redondo.—Juzgado de Trabajo de Cartago,
25 de enero del 2022.—Msc. Andrea Gutiérrez Vargas, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620042
).
Se cita y emplaza a los que
en carácter de causahabientes de Leonel Enrique Moya Mora, quien fue mayor,
soltero/a, maestro de obras, con cédula de identidad número 0204280678, y falleció el 07 de octubre del año 2020, se consideren con derecho,
para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de consig. prest. sector privado bajo el número
21-000408-0694-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial, expediente N°
21-000408-0694-LA.—Juzgado Civil y Trabajo del
Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San
Ramón) (Materia Laboral), 15 de
diciembre del año 2021.—Licda. Yorleny Bello Varela, Juez(a) Decisor(a).—1
vez.—O.C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620046 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de José Luis
Loria González quien fue mayor, casado, Contador, vecino de San Juan de San
Ramón, 150 metros sur del Aserradero, Urbanización Rolando Cruz, cédula de
identidad 0601810514, laboró para COOPESANRAMÓN
R.L., y falleció el 22 de setiembre del año
2021, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de consig.
Prest. Sector privado bajo el Número 21-000393- 0694-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código
de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-000393-0694-LA.—Juzgado
Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) (Materia Laboral), 11 de noviembre del año 2021.—Licda. Yorleni Bello Varela, Jueza Decisora.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620047 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Luis Enrique Víquez Oviedo quien fue mayor, divorciado,
chófer, vecino de San José, Santa
Ana, Urbanización Jorge Volio, primera alameda, ante penúltima casa a mano
derecha, portador de la cédula N° 0202861039, y
falleció el 26 de febrero del año 2015, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de consig. prest. sector privado bajo el Número
21-000332-0694-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido
por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N°
21-000332-0694-LA.—Juzgado Civil y Trabajo
del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón)
(Materia Laboral), 16 de diciembre del 2021.—Licda. Yorleni
Bello Varela, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620048
).
Se cita y emplaza a los que, en carácter de
causahabientes de Edwin Martín Rojas Arguedas, quien
fue mayor, casado, chambero, vecino de Alajuela, San Ramón, Valle Azul, cédula
de identidad número 0502660759, y falleció el 23 de mayo del año 2019, se
consideren con derecho, para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Consig. Prest. Sector
Privado bajo el número 21-000112-0694-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-000112-0694-LA.—Juzgado
Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) (Materia
Laboral), 15 de abril del año 2021.—Licda. Yorleny Bello Varela, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620050 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Sergio Alberto Monge García 0110260348, fallecido el
04 de noviembre del año 2007, se consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de proceso de
consignaciones de prestaciones laborales de pers
fallecidas bajo el Número 22-000037-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 22-000037-0639-LA. A favor de Sergio Alberto Monge García.—Juzgado
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 19
de enero del 2022.—Licda. Lucía Alpízar Pérez, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620065 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Rodrigo Arturo Muñoz Aguilar 0110090869, fallecido el 23 de
abril del año 2021, se consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de proceso de
consignación de prestaciones bajo el Número 21-001773-0639-LA, a hacer valer
sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del
Código de Trabajo. Expediente N° 21-001773-0639-LA. A
favor de Rodrigo Arturo Muñoz Aguilar.—Juzgado
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela,
17 de enero del 2022.—Licda. Lucía Alpízar Pérez, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620066 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Ricardo Isaac Del Socorro Quesada Gatjens, cédula 0600950971, fallecido el 31 de agosto del año 2020, se consideren con derecho, para
que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de proceso de consignación de prestaciones bajo el N°
22-000010-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000010-0639-LA. Por Ricardo Isaac Del Socorro Quesada Gatjens.—Juzgado Trabajo
del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 18 de enero del 2022.—Lic. Ronny
Arias Corrales, Juez(a).—1 vez.—O. C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620067
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Cristhofer Chacón Alfaro cédula 0117280915, fallecido el 29
de marzo del año 2018, se consideren con derecho, para que, dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de Consig. Prest. Sector Privado bajo el Número
21-001593-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-001593-0639-LA. A favor de Cristhofer Chacón Alfaro.—Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de
Alajuela, 13 de enero del año 2022.—Lic. Ronny Arias Corrales, Juez.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud
Nº 68-2017-JA.—( IN2022620068 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Álvaro Jenkins Morales 0201190213, fallecido el 24 de
diciembre del año 2018, se consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho
en las diligencias de proceso de consignación
de prestaciones laborales bajo el número 21-001735-0639-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código
de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-001735-0639-LA. A favor de Álvaro Jenkins Morales.—Juzgado Trabajo del Primer Circuito Judicial de
Alajuela, 05 de enero del año 2022.—Licda. Lucia Alpízar Pérez, Jueza.—1
vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620069 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Santos Adrián Esquivel Castro, cédula N° 0501410574, fallecido el
18 de agosto del año 2021, se consideren
con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de proceso de
Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers Fallecidas bajo el Número
21-001733-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido
por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N°
21-001733-0639-LA. A favor de Santos Adrián Esquivel Castro.—Juzgado
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela,
05 de enero del 2022.—Lic. Ronny
Arias Corrales, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620070
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Roberto Encarnación Ramos Rodríguez, con cédula de residencia
número 155817684015, fallecido el 28 de mayo del año 2021, se consideren con
derecho, para que dentro del improrrogable
lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se
apersonen ante este Despacho en las diligencias de consig.
prest. sector privado bajo el número 21-001702-0639-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 21-001702-0639-LA. Promovido por María Evangelista
Ramos Rodríguez Vital a favor de Roberto Encarnación Ramos Rodríguez.—Juzgado
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 17 de diciembre del año
2021.—Licda. Lucía Alpízar Pérez, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud
Nº 68-2017-JA.—( IN2022620071 ).
Se cita y emplaza a los que en
carácter de causahabientes de Jorge Luis Espinoza Mena N°
0600310658, fallecido el 01 de junio del año 2021, se consideren con derecho,
para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de consignación de prestaciones sector privado bajo el N°
21-001526-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-001526-0639-LA. Por a favor de Jorge Luis Espinoza Mena.—Juzgado
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 29 de octubre del 2021.—Lic. Antonio de Jesús Céspedes
Ortiz, Juez.—1 vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620072 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Carlos
Alberto Salgado Chavarría,
cédula
de identidad número 0206270199,
fallecido el 14 de setiembre del año 2014, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de proceso de consignaciones de prestaciones
laborales de pers fallecidas bajo el Número
22-000110-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 22-000110-0639-LA. Promovidas por Mariana Chavarría Ortiz a favor de Carlos
Alberto Salgado Chavarría.—Juzgado Trabajo del Primer Circuito
Judicial de Alajuela, 26 de enero del 2022.—Lic. Ignacio
Saborío Crespo, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620073
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Flor María
Carrillo Masis, 0303080057, fallecida el 06 de febrero del año 2007, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de proceso de consignaciones de prestaciones
laborales de persona fallecidas bajo el número 22-000113-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000113-0639-LA. Promueve Rolando García Carrillo, fallecida Flor María
Carrillo Masis.—Juzgado Trabajo del Primer Circuito
Judicial de Alajuela, 27 de enero del año 2022.—Licda. Rebeca Ruiz
Chamorro, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620074
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Jesús Alvarado Rodríguez cédula de identidad
número 0202800041, fallecido el 19 de diciembre del año 2018, se consideren con
derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de Proceso de Consignaciones de Prestaciones Laborales de Pers
Fallecidas bajo el Número 22-000108-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 22-000108-0639-LA. Por a favor de Jesús Alvarado Rodríguez.—Juzgado
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 26 de enero del año
2022.—Licda. Rebeca Ruiz Chamorro, Jueza.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620088
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de,
fallecido(a) el 23 de octubre del año 2021, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Proceso de Consignaciones de Prestaciones Laborales de Personas Fallecidas
bajo el Número 22-000114-0639-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad
con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese
una vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000114-0639-LA. Promovido por Carmen Campos Zúñiga, fallecido Juan José
Rodríguez Araya.—Juzgado Trabajo del Primer
Circuito Judicial de Alajuela, 27 de enero del año 2022.—Lic. Ignacio
Saborío Crespo, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620089
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido José Arnoldo
Rivas Ruiz, quien portó la identificación DI155821282908 y falleció el día 02
de abril del 2021, promovido por Zona Cinco Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-713052; se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Consig. Prest. Sector Privado bajo el Número
21-001332-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-001332-0173-LA.—Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 16 de agosto del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620090 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Yoryis Omar Hernández Centeno, quien portó la cédula de identidad
número 115970972 y falleció el día 21 de diciembre del 2020, promovido por
Betzaida Beatriz Díaz Zapata, cédula de
identidad N° 702640989; se consideren con derecho,
para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Consig. Prest. Sector Público bajo el número
21-002917-0173-LA, a hacer valer
sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 21-002917-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 06 de
diciembre del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante,
Jueza Tramitadora.—1 vez.—O.C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620130
).
Se cita y emplaza a los que, en carácter de
causahabientes de Mario Alberto Carrillo León, N°
0503970823, fallecido el 24 de diciembre del año 2021, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles,
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de proceso de consignaciones de prestaciones laborales de pers. Fallecidas, bajo el número 22-000017-0643-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000017-0643-LA. A favor de Mario Alberto Carrillo León.—Juzgado de Trabajo de
Puntarenas, 27 de enero del año 2022.—Licda. Daniela González Sanahuja,
Jueza Decisora.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620131
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Oscar
Mejías Duran, casado, adulto mayor, pensionado, vecino de San Ramón, Santiago,
400 metros suroeste del Bar Las Brisas, cédula de identidad número 2-0218-0875
y quién falleció el 09 de octubre de 2021; se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de proceso de distribución de prestaciones de persona fallecida bajo el Número
22-000016- 0694-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000016-0694-LA.—Juzgado Civil y Trabajo del
Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) (Materia Laboral), 25 de
enero del año 2022.—Licda. Yorleni Bello Varela,
Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620132 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Wálter
Mauricio Monge Solano, N° 0108770996, fallecido el 18
de noviembre del año 2021, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de proceso de consignaciones de prestaciones
laborales de pers. fallecidas bajo el número
22-000059-0643-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial, expediente N°
22-000059-0643-LA. Por Operadora de Pensiones Complementarias y Capitalización
de la Caja Costarricense de Seguro Social a favor de Wálter Mauricio Monge Solano.—Juzgado de Trabajo de Puntarenas,
24 de enero del año 2022.—Msc. Allan Roberto Espinoza
Martínez, Juez Decisor.—1
vez.—O.C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620134 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Julio Cesar Zamora Campos, N°
0604540194, fallecido el 29 de diciembre del año 2021, se consideren con
derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de proceso de consignaciones de prestaciones laborales de
personas fallecidas bajo el N° 22-000034-0643-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad
con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese
una vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
22-000034-0643-LA. Promovido por Abonos del Pacifico S. A. a favor de Julio
Cesar Zamora Campos.—Juzgado de Trabajo de
Puntarenas, 20 de enero del 2022.—Msc. Luis Diego
Charpantier Vargas, Juez.—1
vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620135 ).
Se cita y emplaza a los que, en carácter de causahabientes del
trabajador fallecido Álvaro Herbert Ocampo Valenciano, quien portó la cédula de
identidad 4-0134-0588 y falleció el día 04 de noviembre del 2021, promovido por
Andrés Felipe Ocampo Cerdas, cédula de identidad 117230011; se consideren con
derecho, para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de consignación de prestaciones sector público bajo el N° 21-002804-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-002804-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 19 de
noviembre del 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante,
Juez(a).—1 vez.—O. C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620149
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Oscar Alberto Hoffmann Giralt, quien portó la cédula de identidad N° 1-0416-1092 y falleció el día 10 de julio del 2021, promovido por Cecilia Madrigal Porras, cédula
de identidad N°
1-0409-0785; se consideren con derecho, para que, dentro del improrrogable
lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se
apersonen ante este Despacho en las diligencias de Consig.
Prest. Sector público bajo el Número 21-003026-0173-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código
de Trabajo. Expediente N° 21-003026-0173-LA.—Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 16 de diciembre del 2021.—M.Sc. Susana Porras
Cascante, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620156
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido José Jeremías Quintero Morante, quien portó la cédula de identidad
601200342, y falleció el día 07 de noviembre del 2018, promovido por Maritza
Del Carmen Arauz Cedeño (sin cédula ni documento de identificación); se consideren
con derecho, para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de consignación de prestaciones sector público bajo el N° 21-002502-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-002502-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 16 de
diciembre del 2021—M.Sc. Susana Porras Cascante, Jueza.—1 vez.—O. C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620157
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Alejandra De Jess Vargas Zúñiga,
quien fue mayor, cédula de identidad N° 0108660662, y
quien falleció el 08 de octubre del 2020, se consideren con derecho para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este despacho en las diligencias de
consig. prest. sector privado bajo el N° 21-000888-0505-LA, a hacer valer sus derechos de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Expediente N° 21-000888-0505-LA.—Juzgado de Trabajo de Heredia, 5 de enero del 2022.—Lic.
Óscar Mario Segura Rodríguez, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620158
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes del trabajador fallecido Anastasio Miranda Guzmán, quien portó
la cédula de identidad 203300707 y falleció el día 28 de julio del 2021,
promovido por Alejandra Del Carmen Carmona Sánchez, cédula de identidad
106500665; se consideren con derecho, para que dentro
del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de
este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de consig. Prest. Sector público bajo el Número
21-002946-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-002946-0173-LA.—Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 07 de diciembre del año
2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620159
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Edwin Eduardo Alvarado Badilla, quien fue mayor, con cédula
de identidad N° 0205120773, y falleció el 03 de mayo
del año 2018, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable
lapso de ocho días hábiles, posteriores a la publicación de este edicto, se
apersonen ante este Despacho en las diligencias de consig.
prest. sector privado, bajo el número 21-002094-0505-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código
de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-002094-0505-LA.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 18 de noviembre del año 2021.—M.Sc.
María Angélica Fallas Carvajal, Jueza Decisora.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud
N° 68-2017-JA.—( IN2022620160 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Xindy Hernández Chinchilla, quien fue
mayor, con cédula de identidad N° 0110130436, y
falleció el 25 de marzo del año 2015, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de consig. prest. sector privado bajo
el Número 21-002069-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 21-002069-0505-LA.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 10 de noviembre del 2021.—Msc. María Angélica Fallas Carvajal, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620161 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Jorge Luis
Salazar Arguedas quien fue mayor, con cédula de identidad 0104490888 y falleció
el 26 de mayo del año 2006, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de consig. Prest. Sector privado bajo el Número
21-002009-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-002009-0505-LA.—Juzgado de Trabajo de Heredia, 08 de noviembre
del año 2021.—Msc. María Angélica Fallas Carvajal, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620162
).
Se cita y emplaza a los que
en carácter de causahabientes de Esteban Eduardo López Castillo, quien fue
mayor, con cédula de identidad N° 0111350256, y quien
fallecido el 14 de octubre del 2021, se consideren con derecho para que dentro
del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de
este edicto, se apersonen ante este despacho en las diligencias de consig. prest. sector privado bajo el N°
21-002008-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 21-002008-0505-LA.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 5 de noviembre del 2021.—Msc.
María Angélica Fallas Carvajal, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620163 ).
Se cita y emplaza a los que, en carácter de
causahabientes de Isaac Alejandro Morales Taylor, con cédula de identidad N° 1-1429-0819, y quien falleció el 30 de mayo del año
2021, se consideren con derecho, para que, dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante
este Despacho en las diligencias de Consig. Prest.
Sector privado bajo el Número 21-001989-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Expediente N° 21-001989-0505-LA.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 01 de noviembre del 2021.—Msc. María Angélica Fallas Carvajal, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620164 ).
Se cita y emplaza a los que, en carácter de
causahabientes de Miguel Ángel Alcázar Porras, quien fue
mayor, con cédula de identidad N° 0203740264, y
falleció el 05 de agosto del 2021, se consideren con derecho para que, dentro
del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de
este edicto, se apersonen ante este despacho en las diligencias de Consig. Prest. Sector Privado bajo el N°
21-001956-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N°
21-001956-0505-LA.—Juzgado de Trabajo de Heredia,
26 de octubre del 2021.—Msc. María Angélica Fallas
Carvajal, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620177
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Miguel Ángel Obregón Gómez 0601670627, fallecido el 24 de
agosto del año 2020, se consideren
con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de proceso de consignaciones de prestaciones laborales de pers fallecidas bajo el Número 22-000188-0505-LA, a hacer
valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550
del Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial.
Expediente N° 22-000188- 0505-LA. Por Shinka
Stoyanova Ivanova a favor de Miguel Ángel Obregón Gómez.—Juzgado de Trabajo de Heredia, 12 de enero del
año 2022.—Msc. Priscila Marín Leiva, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620178
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de María Del Mar Umaña Soto, fallecida el 09 de junio
del 2020, se consideren con derecho para que dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este despacho en las diligencias de proceso de consignaciones de
prestaciones laborales de pers fallecidas bajo el N° 22-000153-0505-LA, a hacer valer sus derechos de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Expediente N° 22-000153-0505-LA, por Aurora
Soto Rodríguez, a favor de María Del Mar Umaña Soto.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 10 de enero del 2022.—Msc.
Priscila Marín Leiva, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620181 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de José
Gabriel Gerardo Núñez Ugalde 0401030764, fallecido el 20 de setiembre del año
2021, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de
ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de proceso de consignaciones de
prestaciones laborales de pers fallecidas bajo el
Número 22-000159-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 22-000159-0505-LA. Por a favor de José Gabriel Gerardo Núñez Ugalde.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 10 de enero del 2022.—Msc. Priscila Marín Leiva, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud
N° 68-2017-JA.—( IN2022620182 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Carol De Los Ángeles Delgado
Morales, 0401760997, fallecida el 20 de abril del 2020, se consideren con
derecho para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este despacho en
las diligencias de proceso de consignaciones de prestaciones laborales de
personas fallecidas bajo el N°
21-002377-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 21-002377-0505-LA, por Óscar Alberto Zumbado Quesada, a favor de Carol
De Los Ángeles Delgado Morales.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 4 de enero del 2022.—Licda. Priscila Marín Leiva,
Jueza.—1 vez.—( IN2022620183 ).
Se cita y emplaza a los que
en carácter de causahabientes de
Walter Raúl Campos Salas, 0401340946, fallecido
el 05 de junio del 2016, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este despacho en
las diligencias de consig. prest. sector privado bajo
el N° 21-002354-0505-LA, a hacer valer sus derechos de conformidad
con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente
N°
21-002354-0505-LA, por Manuel Enrique Campos Salas, a favor de Walter Raúl Campos Salas.—Juzgado de Trabajo de Heredia, 17 de diciembre
del 2021.—Msc. Priscila Marín Leiva, Jueza.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620184
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Eric Alberto Valenciano Araya 0107210034, fallecido el 27 de
octubre del año 2021, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de consig. prest. sector público bajo el Número
21-002297-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550
del Código de Trabajo. Expediente N°
21-002297-0505-LA. Por Virginia Miranda Monge a favor de Eric Alberto
Valenciano Araya.—Juzgado de Trabajo
de Heredia, 17 de diciembre del 2021.—Msc.
Priscila Marín Leiva, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620185 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Estela Del
Carmen Castillo Rodríguez 0502130982, fallecida el 16 de octubre del año 2021,
se consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de consig. prest. sector público bajo el Número
21-002241-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 21-002241-0505-LA. Por Carlos Enrique Vargas Monge a
favor de Estela Del Carmen Castillo Rodríguez.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 01 de diciembre del 2021.—Msc. Priscila Marín Leiva, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620186 ).
Se cita y emplaza a los que
en carácter de causahabientes de
Manuel De Jesús Segura Campos,
0203280408, fallecido el 29 de enero del 2021, se consideren con derecho para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
despacho en las diligencias de consig. prest. sector
privado bajo el N° 21-002224-0505-LA, a hacer valer sus derechos de conformidad con
lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N°
21-002224-0505-LA, por Olga Marta
Araya Salazar, a favor de Manuel De Jesús Segura Campos.—Juzgado
de Trabajo de Heredia, 01 de diciembre del 2021.—Msc.
Priscila Marín Leiva, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620188 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Carlos Salazar Herrera, quien fue mayor, casado, pensionado,
cédula de identidad número 3-0182-0877, con último domicilio en Paraíso de
Cartago, y falleció el 11 de enero del año 2021; se consideren con derecho,
para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
del proceso de consignación de prestaciones, que se tramita bajo el expediente
número 22-000027-0641-LA, a hacer
valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550
del Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial,
expediente N° 22-000027-0641-LA. Promovidas por María de los Ángeles
Jiménez Gutiérrez, cédula de identidad número 3-0188-1177.—Juzgado de Trabajo de
Cartago, 10 de enero del año 2022.—Msc. Rónald Figueroa Acuña, Juez Decisor.—1
vez.—O.C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620228 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Omar
Cordero Rodríguez, quien fue mayor, casado, pensionado, cédula de identidad
número 3-0164-0851, con último domicilio en San Francisco de Cartago, y
falleció el 22 de setiembre del año 2018; se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias del
proceso de consignación de prestaciones, que se tramita bajo el expediente
número 22-000015-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 22-000015-0641-LA. Promovidas
por Vera Madriz Calderón, cédula de identidad número 3-0184-0475.—Juzgado de
Trabajo de Cartago, 07 de enero del año 2022.—Msc.
Ronald Figueroa Acuña, Juez.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(
IN2022620230 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Estiven
Miguel Solano Torres, cédula de identidad N°
1-1438-259, y de Mael Tatiana Arce Bermúdez, cédula
de identidad N° 1-1212-164, ambos fallecidos el 03 de
junio de 2012, se consideren con derecho, para que, dentro del improrrogable
lapso de ocho días hábiles, posteriores a la publicación de este edicto, se
apersonen ante este Despacho en las diligencias de proceso de consignaciones de
prestaciones laborales de pers. Fallecidas, bajo el número 22-000114-0641-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 22-000114-0641-LA. Por Cinthia Patricia Arce Bermúdez,
cédula de identidad N° 1-932-683, tutora legal de los
menores Keissi y Santiago, ambos Solano Arce, por el
fallecimiento de Estiven Miguel Solano Torres, cédula de identidad N° 1-1438-259 y Mabel Tatiana Arce Bermúdez, cédula de identidad
N° 1-1212-164. Publíquese.—Juzgado
de Trabajo de Cartago, 26 de enero de 2022.—Licda. Kattia Sequeira Muñoz,
Jueza Decisora.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620231
).
Se cita y emplaza a los que, en carácter de causahabientes
de Carlos Manuel Castillo Bonilla, cédula de identidad N°
1-604-612, fallecido el 05 de setiembre del 2021, se consideren con derecho, para que, dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de proceso de
consignaciones de prestaciones laborales de pers.
fallecidas bajo el N° 22-000100-0641-LA, a
hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85
y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial.
Expediente N° N° 22-000100-0641-LA.
Promovido por Noemy Mercedes Mora López, cédula de identidad N° 1-650-504 por el fallecimiento de Carlos Manuel Castillo
Bonilla, cédula de identidad N° 1-604-612. Publíquese.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 26 de
enero del 2022.—Licda. Kattia Sequeira Muñoz, Jueza.—1 vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620233 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de David
Sanabria Zúñiga, cédula de identidad N°
3-111-032, fallecido el 15 de octubre de 2021, se consideren con derecho para
que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este despacho en las diligencias
de proceso de consignaciones de prestaciones laborales de pers
fallecidas bajo el N° 22-000081-0641-LA, a
hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por los artículos 85
y 550 del Código de Trabajo. Expediente N°
22-000081-0641-LA. Promovido por María Del Carmen Rivera Rivera,
cédula de identidad N° 3-130-888, por el
fallecimiento de David Sanabria Zúñiga, cédula de identidad N°
3-111-032.—Juzgado de Trabajo de Cartago, 24 de enero del 2022.—Licda.
Kattia Sequeira Muñoz, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620235 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Orlando Acosta Juárez 0503150526, quien fue mayor, Casado/a,
escolaridad primaria incompleta, quién era vecino de Montenegro, Bagaces,
Guanacaste y falleció en Bagaces, Guanacaste en fecha 03 de octubre de 2021, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de proceso de
consignaciones de prestaciones laborales de pers
fallecidas bajo el Número 21-000058-1560-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-000058-1560-LA en favor de Cinthya de los Ángeles Molina
Molina.—Juzgado Contravencional de Bagaces (Materia
Laboral), 10 de enero del año 2022.—Licda. Eliana María Hernández Vanegas,
Jueza.—1 vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620237 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Jonathan
Arrieta Mairena, con cédula de identidad N°
05-0369-0081, quien era mayor de edad, soltero, con 22 años al momento del
fallecimiento, vecino de Bagaces, Guanacaste, escolaridad primaria completa,
quién falleció el 12 de febrero de 2012 se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Consig. Prest. Sector Privado bajo el número
21-000027-1560-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-000027-1560-LA. Proceso promovido por Ana Gabriela Sandoval Sandoval a favor de Kiara Arrieta Sandoval.—Juzgado Contravencional de Bagaces (Materia Laboral), 26 de
agosto del año 2021.—Licda. Eliana María Hernández
Vanegas, Jueza.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620238
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Julio Zeneido Bermúdez González,
cédula 06-0201-0784, quien mayor de edad, soltero en unión libre con la
promovente, vecino de Bagaces, de Soda La Carreta 200 m norte Bagaces,
Guanacaste, y fallecido el diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve, se
consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de consig. prest. sector público bajo el N°
20-000045- 1560-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
20-000045-1560-LA. Por a favor de.—Juzgado
Contravencional de Bagaces (Materia Laboral), 05 de marzo del año
2021.—Licda. Karina Pizarro García, Jueza.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620239
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Víctor Hugo Arguedas Arce, quien fue mayor, con cédula de
identidad 0106690138, y falleció el 30 de setiembre del año 2021, se consideren
con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de consig. pago sector privado bajo
el Número 21-002149-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-002149-0505-LA.—Juzgado de Trabajo de Heredia,
24 de noviembre del año 2021.—Msc. María Angélica
Fallas Carvajal, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620240 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Zaida María
Obando Elizondo 0501680488, quien fue mayor, soltera, pensionada, laboró para
el Ministerio de Educación, y falleció el 02
de abril del año 2020, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de consig. prest. sector público bajo el Número
20-000136-0868-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Expediente N° 20-000136-0868-LA. Por Waddy
Obando Elizondo, cédula número 0502020790 a favor de Zaida María
Obando Elizondo, cédula N° 0501680488.—Juzgado
Civil y Trabajo del Segundo Circuito
Judicial de Guanacaste (Nicoya) (Materia Laboral), 17 de
enero del 2022.—Licda. Diana Jeannette Peraza Retana, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620275 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Álvaro Enrique Torres Martínez 0701030132, fallecido
el 04 de octubre del año 2013, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de Consig. Prest. Sector Privado bajo
el Número 21-000066-1542-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-000066-1542-LA. Por Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de
Seguro Social y Operadora de Pensiones del Banco Popular a favor de Álvaro
Enrique Torres Martínez y Yocelyn Katiana
Torres Hernández.—Juzgado Contravencional de Matina
(Materia Laboral), 28 de setiembre del año 2021.—Msc.
Víctor Manuel Orozco Zarate, Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620391 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Nelson
Enrique Lobo Arias 0701290090, fallecido el 20 de octubre del año 2014, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Proceso de Consignación de Prestaciones Laborales
de Pers Fallecidas bajo el Número 21-000249-0868-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 21-000249-0868-LA. Por Shirley Viviana Segura Sosa
cédula 0111000662 a favor de Nelson Enrique Lobo Arias cédula 0701290090.—Juzgado
Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) (Materia
Laboral), 21 de enero del año 2022.—Licda. Diana Jeannette Peraza Retana, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620394
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Juan Carlos López Hurtado con cédula de identidad
06-0363-0589, quien era mayor de edad, soltero, con 34 años al momento del
fallecimiento, vecino de Calle Blancos, Goicoechea, San José, y falleció el 24
de julio de 2021, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Consig. Prest. Sector Privado bajo el Número
21-000446-0942-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-000446-0942-LA. Por a favor de .—Juzgado Civil y
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) (Materia Laboral),
05 de enero del año 2022.—Licda. Brenda Celina Calvo De La O. Jueza.—1 vez.—O.
C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620397 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Mario
Alberto del Carmen Ramírez Cascante 0700700579, fallecido el 20 de setiembre
del año 2021, se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de Consig.
Prest. Sector Público bajo el Número 21-000092-1542-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 21-000092-1542-LA. Por Operadora de Pensiones
del Banco de Costa Rica A Favor De Elizabeth Cascante Román.—Juzgado
Contravencional de Matina (Materia Laboral), 06 de diciembre del año 2021.—Lic. Carlos
Manrique Martínez Durán, Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620398 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Avendaño Bermúdez Antonio, quien portó la cédula de identidad 3 0137
0661, y falleció el día 24 de diciembre del 2019, promovido por Mejía Vindas
Ana Isabel, cédula de identidad 1 0298 0083; se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de Consig. Prest. Sector Público bajo
el Número 21-000512-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-000512-0173-LA.—Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 15 de marzo del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620401 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Isidro Muñoz Jirón, quien portó la cédula de identidad 5 0110 0022 y
falleció el día 03 de noviembre del 2018, promovido por Cinthya Muñoz Tenorio,
cédula de identidad 1 0832 0620; se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles
posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en
las diligencias de Consig. Prest. Sector Público bajo
el Número 21-000916-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una
vez en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-000916-0173-LA.—Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 26 de mayo del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620402 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Eduardo Antonio Méndez Rodríguez, quien portó la cédula de identidad
número N° 601820677, y falleció el día 19 de junio
del 2015, promovido por Elia Lilliana Cubillo Hernández, cédula de identidad
número 108150995, y Priscilla Méndez Cubillo, cédula de identidad número
604550949; se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso
de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen
ante este Despacho en las diligencias de Consig.
Prest. Sector Público bajo el Número 21-002765-0173-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del
Código de Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente
N° 21-002765-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 12 de
noviembre del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante,
Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620403
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes del trabajador fallecido Fernando Alberto Cerdas Chinchilla,
quien portó la cédula de identidad 104020469 y falleció el día 09 de mayo del
2013, promovido por Ana Cecilia Chacón Cordero, cédula de identidad 104510091;
se consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de Consig.
Prest. Sector Público bajo el Número 21-002731-0173-LA, a hacer valer sus
derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo.
Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21- 002731-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 11 de
noviembre del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante,
Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620404
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Stamley Beita
Lobo, quien portó la cédula de identidad 1 0796 0793, y falleció el día 09 de
mayo del 2021, promovido por la sociedad Comunicaciones Digitales de
Entretenimiento CDE Sociedad Anónima, cédula de identidad 3-101-703953; se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las Diligencias de Consig. Prest. Sector
Privado bajo el Número 21-001114-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-001114-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 29 de
octubre del año 2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620428
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Víctor De Jesús Céspedes Paniagua, cédula
de identidad número 4-0067- 0778, y falleció el día 23 de setiembre del 2021,
promovido por María Calderón Barquero, portadora de la cédula de identidad
número 1-0227-0484; se consideren con derecho, para que
dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Consig. Prest. Sector Público bajo el Número
21-002614-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-002614-0173-LA.—Juzgado de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 28 de octubre del año
2021.—M.Sc. Susana Porras Cascante, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620429
).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes del trabajador
fallecido Edgar Araya Campos, quien portó la cédula de identidad 600740622 y
falleció el día 09 de julio del 2021, promovido por María Rosa Alvarado
Villalobos, cédula de identidad N° 202630897; se
consideren con derecho, para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Consig. Prest. Sector
Público bajo el Número 21-002448-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de
conformidad con lo establecido por los artículos 85 y 550 del Código de
Trabajo. Publíquese una vez en el Boletín Judicial. Expediente N° 21-002448-0173-LA.—Juzgado
de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 07 de
octubre del año 2021.—Licda. Melissa Chaves Agüero, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud
N° 68-2017-JA.—( IN2022620430 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de
causahabientes de Víctor Fidel Jiménez Sequeira cédula 0700980490, fallecido el
24 de noviembre del año 2020, mayor, casado una vez, peón y vecino de Turrialba, se
consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días
hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este
Despacho en las diligencias de Proceso de Consignación de Prestaciones bajo el
Número de expediente 22-000045-1001-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad
con lo establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese
una vez en el Boletín Judicial.—Juzgado Civil, Trabajo y Agrario de Turrialba
(Materia Laboral), 28 de enero del año 2022.—Lic. Randall Gómez Chacón,
Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620495 ).
Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Sandra
Marina Álvarez Mendoza 122200417100, fallecida el 21 de
febrero del año 2013, se consideren con derecho, para que, dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la
publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias
de Consig. Prest. Sector Privado bajo el Número
21-001894-0505-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido
por los artículos 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez en
el Boletín Judicial. Expediente N°
21-001894-0505-LA. Por Juan Álvarez
Mendoza a favor de Sandra Marina Álvarez Mendoza.—Juzgado de Trabajo de Heredia, 24 de enero
del año 2022.—Licda. Catherine Alejandra Rodríguez Calderón, Jueza.—1 vez.—O.
C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620506 ).
Se cita y emplaza a los que
en carácter de causahabientes de Raymundo Martín Martínez Ruiz, nacido el 16/03/1968, cédula de identidad
número 155815635213, quien fue vecino de Guanacaste, Liberia, barrio La
Gallera, fallecido el 25/10/2015, se consideren con derecho, para que dentro del
improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este
edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de Consig. Prest. Sector Privado bajo el Número
21-000493-0942-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 85 y 550 del Código de Trabajo. Publíquese una vez
en el Boletín Judicial. Expediente N°
21-000493-0942-LA. Por a favor de .—Juzgado Civil y
Trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) (Materia
Laboral), 05
de enero del año 2022.—Licda. Brenda Celina Calvo De La O, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620510 ).
Resolución N° AJD-RES-21-2022.
Expediente N° AJ-157-2021. Dirección General De Servicio Civil.
Asesoría Jurídica, a las ocho horas del once de enero del dos mil veintidós. Se
le informa de la gestión despido sin responsabilidad patronal instaurada
por la señora Ministra de Justicia y Paz, contra la accionada Ana Guiselle Goodwin Agüero, el día veintidós de diciembre de
dos mil veintidós, en la cual según manifestación de la parte actora,
supuestamente bajo su responsabilidad y deber incurrió en los siguientes cargos
que se le imputan: “… En atención al reporte de presuntas inconsistencias en la
asistencia a su centro de trabajo por parte de la señora Ana Guiselle Goodwin Agüero, por medio de los oficios
DGlRH-URL-210-2021, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, que
suscribe el señor Giovanni Morales Sánchez, jefe del departamento Gestión
Institucional de Recursos Humanos y DGlRH-URC-0930-2021 del dieciséis de
diciembre de dos mil veintiuno, firmado por el señor José Alberto Herrera
Santamaría, Jefe de la Unidad de Registro y Control en el departamento Gestión
Institucional de Recursos Humanos, remitidos a la Asesoría Jurídica de este
ministerio; se presume que además de haber incurrido en acciones que conforme
la normativa interna de este ministerio constituyen faltas graves a los deberes
y obligaciones que como funcionaria pública y especialmente de esta
institución, debe observar y aplicar en el desarrollo de la labor asignada,
incurriendo en causal justa de despido, como consecuencia de aparentemente
haberse ausentado de sus labores sin autorización de sus superiores, y además
causa justa o justificación válida por más de dos días consecutivos y alternos
dentro del mismo mes calendario, específicamente en octubre y noviembre de dos
mil veintiuno. Hechos. I.—Ausencias injustificadas durante todo el mes de
octubre dos mil veintiuno. Sin comunicado previo a su superior inmediato u otra
autoridad, así como reporte tiempo después de alguna situación de fuerza mayor
u otra justificación válida para no acudir a su trabajo, asimismo, omisión de
justificación determinante de motivos que le habrían impedido presentarse a
trabajar en determinadas fechas o todo el mes, la señora Ana Guiselle Goodwin Agüero, se ausentó de su centro de trabajo
prácticamente durante todo octubre de dos mil veintiuno, siendo los únicos días
que podrían ser justificados, el primero, del cuatro al seis y el ocho de
octubre, que según consulta efectuada a través del sistema de la Caja
Costarricense de Seguro Social se encontraba incapacitada, lo cual constituye causal de despido. ll.—Ausencias injustificadas durante todo el mes de
noviembre de dos mil veintiuno. Sin comunicado previo a su superior inmediato u
otra autoridad, así como reporte tiempo después de alguna situación de fuerza
mayor u otra justificación válida para no acudir a su trabajo, asimismo,
omisión de justificación determinante de motivos que le habrían impedido
presentarse a trabajar en determinadas fechas o todo el mes, por lo que la
señora Ana Guiselle Goodwin Agüero, se ausentó por
completo de su centro de trabajo durante todo noviembre de dos mil veintiuno,
configurándose causal de despido. III.—Que la señora Goodwin Agüero, desde
finales de dos mil veinte a la fecha, ha presentado serios problemas de
inconsistencia en la asistencia a su centro de trabajo, afectando la dinámica
de trabajo de la oficina donde labora, debido que su ausencia ha generado
retrasos y recargo de trabajo en las demás personas, para poder atender las
tareas asignadas a dicha instancia.”. Contraviniendo con su supuesto actuar lo
estipulado en los artículos 7, incisos 3), 17); 40, 48, 52, 136, 140 inciso 4)
del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Justicia y Paz y 81
inciso g) del Código de Trabajo. A efecto de averiguar la verdad real de los
hechos, y en resguardo del debido proceso y del derecho de defensa se le otorga
a la parte accionada acceso al expediente administrativo, mismo que consta de
15 folios, el cual se encuentra en la Asesoría Jurídica de la Dirección General
de Servicio Civil, ubicada de la esquina noroeste de la Plaza de la Cultura,
300 metros norte, calle 3, avenidas 5 y 7, San José, para que, dentro del plazo
de Diez Días Hábiles, contados a partir del día siguiente al recibo de
la notificación de este acto, proceda a rendir por escrito su oposición a los
cargos que se le atribuyen, presentando toda la prueba de descargo que tuviere.
Toda la documentación aportada a este expediente puede ser consultada y
fotocopiada a costa de las partes en esta Asesoría Jurídica, advirtiéndole que,
por la naturaleza dicha de este expediente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 39 Constitucional y el principio procesal consagrado en el
numeral 272 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con
el contenido del artículo 25.4 del Código Procesal Civil: se declara el mismo de acceso restringido sólo a las partes y a sus
representantes legales; siendo lo aquí ventilado de interés para la Asesoría
Jurídica y las partes mencionadas, por lo que puede incurrir en responsabilidad
civil, penal o de otra naturaleza, la persona que hiciere uso indebido o no
autorizado de la información que aquí se consigne. Se le informa a la parte
accionada que, a toda audiencia que se realice, con el fin de evacuar prueba
testimonial, confesional, pericial, inspecciones oculares o cualquier otra
diligencia probatoria tendientes a verificar la verdad real de los hechos,
tiene derecho a hacerse asistir por un profesional en Derecho, además de
peritos o cualquier especialista que considere necesario durante la tramitación
del presente procedimiento. Se previene a la
parte accionada, que en la primera gestión que realice ante este Despacho, debe
señalar como medio para atender notificaciones una dirección de correo
electrónico, según lo establecido en la Ley de Notificaciones N° 8687 del 4 de diciembre del 2008, bajo
apercibimiento que en caso contario quedará notificado de forma automática
dentro de las 24 horas siguientes de conformidad con el artículo 11 de
la Ley de Notificaciones Judiciales. Se producirá igual consecuencia cuando la
notificación no se pueda efectuar en el medio señalado, sea porque fuere
impreciso, no existiere, se encontrare descompuesto o presentare inconvenientes técnicos a nivel físico o lógico. La
no presentación de la oposición hará presumir la renuncia al ejercicio de
ese derecho en esta etapa procedimental de conformidad con el artículo 90
inciso d) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Además
se le advierte a las partes, la necesidad de cumplir con lo estipulado en el
artículo 75 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en cuanto al deber
de proporcionar cuantas copias sean necesarias para cada una de las partes del proceso, de aquellos escritos
y documentos que deseen aportar al expediente. En el caso de
presentar prueba, tanto los originales como las copias, deben presentarse
conforme lo dispuesto por el Tribunal de Servicio Civil, mediante el oficio N° TSC-A-047-2017 del 08 de mayo de 2017, que dicta lo
siguiente en el punto 10: “El expediente no debe tener un grosor que dificulte
su revisión y que afecte su conservación, por lo que cada tomo de un expediente
o legajo no debe sobrepasar un grosor de más de 2 centímetros.(…)”; de modo que
la documentación presentada debe cumplir, con lo estipulado supra. Queda a
disposición de las partes la presentación de escritos por medio de la dirección
de correo electrónico recepcion.ajuridica.dgsc@gmail.com con copia a
asesoria_recepcion@dgsc.go.cr, los cuales deberán ajustarse a lo señalado en
los artículos 8 y 9 de la Ley N° 8454 del 30 de
agosto de 2005 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos
Electrónicos”, pero deberán contar con la firma
digital debidamente validada. Ahora bien, como requisito indispensable para el
reconocimiento de su equivalencia funcional, los escritos presentados mediante
correo electrónico deberán presentarse posteriormente en disco compacto, tanto
el original para el expediente como la copia para la parte. De no oponerse
a la gestión de despido dentro del plazo señalado o bien si el servidor hubiere
manifestado su conformidad, se procederá al traslado del expediente al Tribunal
de Servicio Civil, quien dictará el despido, en definitiva, sin más trámite,
según lo establece el inciso c) del artículo 43 del Estatuto de Servicio Civil.
De conformidad con el numeral 58.1 del Código Procesal Civil, esta resolución
es una de mera providencia, en atención a que se trata de una resolución de
mero trámite, contra la cual no se dará recurso, según lo señala el artículo
65.9 del Código de previa cita. Comisión: De conformidad con lo que dispone
el artículo 94 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, para diligenciar
la notificación de esta resolución, se comisiona a los Licenciados Alexander
Vega Cerdas y Sarai Ulloa Mora, funcionarios de
Procedimientos Administrativos de la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Justicia y Paz y para tal efecto, se adjunta el Acta de Notificación, la cual debe ser devuelta a este Despacho,
debidamente firmada por la accionada, la señora Ana Guiselle
Goodwin Agüero. Solamente él debe firmar
dicha acta y entregársele todos los documentos (sea la resolución
AJD-RES-21-2022, el escrito de gestión de despido con 15 folios, pues esta
notificación es Personal. Considerando que
esta Dirección General tiene plazos perentorios para realizar la instrucción de
la gestión de despido presentada por la señora Ministra
de Justicia y Paz, este trámite deberá realizarse en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de la recepción de la comisión. En caso de
no poder diligenciar lo anterior, deberá informarlo por escrito a este
Despacho, exponiendo la razón de tal imposibilidad y devolviendo todos los
documentos enviados por esta Asesoría Jurídica. Una vez que se notifique, se
debe enviar el acta de notificación por correo electrónico o entregarse
personalmente e informarse así al teléfono 2586-8311. Para cualquier consulta,
puede hacerse al número telefónico 2586-8311. Por último, se pone en
conocimiento de las partes, que, en el caso de las resoluciones firmadas con
firma digital, los archivos digitales de las mismas se encuentran en custodia de esta Asesoría Jurídica. Notifíquese.—Alejandra Barrantes Monge, Abogada Instructora.—Irma Velásquez Yánez, Directora de Asesoría Jurídica.—1 vez.—O.
C. N° 4600031751.—Solicitud N° 325334.—(
IN2022620078 ).
SEGUNDA
PUBLICACIÓN
En
este Despacho, con una base de ocho millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta
colones con cuarenta y ocho céntimos, libre de gravámenes prendarios, pero
soportando colisión bajo el número de sumaria 18-000310-0496-TR; sáquese a
remate el Vehículo Placa: MKV315, Marca: Nissan, Estilo: VERSA, Categoría:
automóvil, Capacidad: 5 personas, año fabricación: 2017, color: negro, Vin: 94DBCAN17JB100924, Cilindrada: 1600 c.c. Para tal
efecto se señalan las nueve horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las nueve
horas quince minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, con la base
de seis millones doscientos veinte mil novecientos cinco colones con treinta
y seis céntimos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las nueve horas quince minutos del veinticuatro de
marzo de dos mil veintidós, con la base de dos millones setenta y tres mil seiscientos
treinta y cinco colones con doce céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Publíquese el edicto de ley, para lo cual
deberá el interesado cancelar ante la Imprenta nacional los respectivos
derechos de publicación, previa revisión del Edicto a fin de cotejar que el
mismo no contenga errores que ameriten enmienda, caso en el cual deberá
indicarlo al despacho dentro del tercer día para proceder con la respectiva
corrección. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Banco
BAC San José S. A. contra Manrique Alfredo Varrs
Arias. Expediente:19-016156-1044-CJ.—Juzgado
Primero Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 18
de enero del año 2022.—Licda. María Karina Zúñiga Cruz, Jueza Decisora.—(
IN2022619883 ).
En este Despacho, con una base de veinte millones novecientos cincuenta
mil seiscientos cuatro colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero
soportando servidumbre trasladada (citas: 326-10637-01-0901-001); sáquese a
remate la finca del partido de Alajuela, matrícula número 189787, derecho 001,
la cual es terreno con 1 casa. Situada en el Distrito 4-San Antonio, Cantón
1-Alajuela, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte Isidro Rodríguez
Elizondo; al sur Octavino Argüello Alpízar; al este José Antonio Madrigal y al oeste Saida Rodríguez
Elizondo. Mide: trescientos cincuenta y dos metros con veintiocho decímetros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las ocho horas treinta minutos del
veinticinco de abril de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las ocho horas treinta minutos del diez de mayo de dos
mil veintidós con la base de quince millones setecientos doce mil novecientos
cincuenta y tres colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin
oferentes, para el tercer remate se señalan las ocho horas treinta minutos del
dieciocho de mayo de dos mil veintidós con la base de cinco millones doscientos
treinta y siete mil seiscientos cincuenta y un colones exactos (25% de la base
original). Notas: Se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso monitorio dinerario de Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L. contra Greivin Adolfo Rodríguez Tobal,
Johnny Segura Soto.
Expediente:20-000696-1157-CJ.—Juzgado de
Cobro del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Hora y fecha de emisión:
catorce horas con cincuenta y nueve minutos del catorce de enero del dos mil veintidós.—Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—( IN2022619885 ).
En este Despacho, Con una
base de tres millones trescientos noventa y dos mil colones exactos, libre de
gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada citas: 375-02919-01- 0873-002;
practicado bajo las citas: 2018-433379-01-0001-001; sáquese a remate la finca
del partido de San José, matrícula número 366383, derecho 001,002, la cual es
terreno para construir con 1 casa lote 274. Situada en el distrito 9- Pavas,
cantón 1-San José, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle
pública; al sur, alameda; al este, lote 273 y al oeste, lote 275. Mide: ochenta
y cinco metros con ochenta y seis decímetros cuadrados. Para tal efecto, se
señalan las catorce horas cero minutos del veintiuno de abril de dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las catorce
horas cero minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós con la base de
dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil colones exactos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
catorce horas cero minutos del tres de mayo de dos mil veintidós con la base de
ochocientos cuarenta y ocho mil colones exactos (25% de la base original).
Notas: Se les informa a las personas interesadas en participar en la almoneda
que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a
favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la
primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria
de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo contra Esteban Josué Gutiérrez Zúñiga,
Xinia María Zúñiga Brenes Expediente N° 21-013455-1170-CJ.—Juzgado
Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de
San José, 16 de diciembre del año 2021.—Sirlene
de los Ángeles Salazar Muñoz, Jueza Decisora.—( IN2022619949 ).
En este Despacho, con una base de veinte millones de colones exactos,
libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones
citas: 301-07471-01-0901-001, prohibiciones ref:2181 573 001 citas: 301-
07471-01-0902-001; sáquese a remate la finca del partido de Alajuela, matrícula
número 548616-000, la cual es terreno de pastos. Situada en el Distrito 2-Buena
Vista, Cantón 15-Guatuso, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte:
Miguel Ángel Campos Rojas; al sur: Olger Campos Arce; al este: Miguel Ángel
Campos Rojas y al oeste: calle pública
con un frente a ella de 40 metros con 90 centímetros, y Carlos Eduardo Campos
Arce. Mide: cuarenta y seis mil sesenta metros cuadrados. plano: a-1925929-2016
metros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las catorce horas treinta minutos
del treinta de mayo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las catorce horas treinta minutos del siete de junio de
dos mil veintidós con la base de quince millones de colones exactos (75% de la
base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan
las catorce horas treinta minutos del quince de junio de dos mil veintidós con
la base de cinco millones de colones exactos (25% de la base original). Notas:
Se le informa a las personas interesadas en participar
en la almoneda que en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Dayane Ramon Villalobos
González contra Carlos Eduardo Campos Arce. Expediente: 21-005749-1202-CJ.—Juzgado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de
Alajuela. Hora y fecha de emisión: siete horas con cincuenta y dos minutos
del treinta de setiembre del dos mil veintiuno.—Giovanni
Vargas Loaiza, Juez Decisor.—( IN2022619977 ).
En este Despacho, con una base de veintiséis millones
novecientos treinta y dos mil quinientos cuarenta colones con ochenta y dos
céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre
trasladada citas: 365-11024-01-0844-001; sáquese a remate la finca del partido
de San José, matrícula número 349808, derecho 000, la cual es
terreno p/construir con 1 casa. Situada en el distrito 2-Cinco Esquinas, cantón
13-Tibás, de la provincia de San José. Colinda: al norte, lote 1 y OVI, S. A.; al sur, lote 3; al este, OVI, S.
A.; y al oeste, calle pública. Mide: sesenta y un metros con nueve decímetros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las catorce horas cero minutos del ocho
de marzo del dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se
efectuará a las catorce horas cero minutos del dieciséis de marzo del dos mil
veintidós con la base de veinte millones ciento noventa y nueve mil
cuatrocientos cinco colones con sesenta y dos céntimos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
catorce horas cero minutos del veinticuatro de marzo del dos mil veintidós con
la base de seis millones setecientos treinta y tres mil ciento treinta y cinco
colones con veintiún céntimos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria
de Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima contra Alejandro
Bonilla Cruz. Expediente N° 15-005658-1012-CJ.—Juzgado
Especializado de Cobro del Segundo Circuito
Judicial de San José, Sección Tercera, 21 de julio del 2021.—Msc. Cristian Mora Acosta, Juez Tramitador.—(
IN2022620027 ).
En este Despacho, con una base de quince
millones seiscientos setenta mil colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando medianería, citas:
314-00223-01-0015-001, demanda de divorcio, citas: 2014-150755-01-0001-001;
sáquese a remate la finca del partido de Puntarenas, matrícula número
veintiséis mil diecisiete, derecho 000, la cual es lote N.167, terreno para
construir con una casa. Situada en el distrito: 12-Chacarita, cantón:
01-Puntarenas, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, calle pública
con frente de 9 metros 60 centímetros; al sur, Ledis Cortés Gómez; al este,
Lidia Aguirre Bogarin y al oeste, Zeneida Noguera
Ordóñez. Mide: ciento noventa y cuatro metros con cincuenta decímetros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las diez horas cero minutos del
dieciséis de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las diez horas cero minutos del veinticuatro de marzo de
dos mil veintidós, con la base de once millones setecientos cincuenta y dos mil
quinientos colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin
oferentes, para el tercer remate se señalan las diez horas cero minutos del uno
de abril de dos mil veintidós, con la base de tres millones novecientos
diecisiete mil quinientos colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Víctor Manuel Cruz
Rivera. Expediente N° 12-101546-0432-CI.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, Hora y fecha de
emisión: veintiuno horas con treinta y ocho minutos del catorce de enero del dos mil veintidós.—Lic. Luis Carrillo
Gómez, Juez.—( IN2022620028 ).
En este Despacho, Con una base de seis millones
colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de
Cartago, matrícula número 61337-000, la cual es terreno naturaleza: Solar con 1
casa. Situada en el distrito 1-Oriental cantón 1-Cartago de la provincia
Cartago. Colinda: al norte José Piedra
Calderón; al sur calle pública con 8 metros; al
este Francisco Navarro Calderón y al oeste Oscar Flores Calvo. Mide: ciento
cuarenta y siete metros con setenta y cuatro decímetros cuadrados metros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las nueve horas treinta minutos del diez
de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se
efectuará a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil
veintidós con la base de cuatro millones quinientos mil colones exactos (75% de
la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se
señalan las nueve horas treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil
veintidós con la base de un millón quinientos mil colones exactos (25% de la
base original). Notas: Se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de sucesión de Flor de María
Matamoros Calvo contra Miguel Francisco Quesada Arbustini.
Expediente:19-018507-1164-CJ.—Juzgado Especializado
de Cobro de Cartago, 13 de enero del año 2022.—Yanin Torrentes Ávila, Juez/a Tramitador/a.—( IN2022620034 ).
En este Despacho, con una base de tres
millones de colones exactos, libre de
gravámenes prendarios, pero soportando colisiones 19-002844-0174-TR Juzgado de Tránsito
del Segundo Circuito Judicial de San Jose; sáquese a remate el vehículo BNK675.
Marca: Hyundai, Estilo: Tucson, Categoría: automóvil, capacidad: 5 personas,
año fabricación: 2007, color: gris, VIN: KM8JM12B57U534302 y cilindrada: 2000
c.c. Para tal efecto se señalan las ocho horas cuarenta y cinco minutos del
ocho de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se
efectuará a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de
dos mil veintidós con la base de dos millones doscientos cincuenta mil colones
exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer
remate se señalan las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de
marzo de dos mil veintidós con la base de setecientos cincuenta mil colones
exactos (25% de la base original). Notas: Se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Julissa
Santamaria Cubero contra La Teja Diez S. A. Publíquese el edicto de ley, para
lo cual deberá el interesado cancelar ante la Imprenta nacional los respectivos
derechos de publicación, previa revisión del Edicto a fin de cotejar que el
mismo no contenga errores que ameriten enmienda, caso en el cual deberá
indicarlo al despacho dentro del tercer día para proceder con la respectiva
corrección. Expediente N° 20-013158-1044-CJ.—Juzgado Primero Especializado de Cobro del Primer
Circuito Judicial de San José, 26 de enero del año 2022.—Ximena Lucía
Jiménez Soto, Jueza Decisora.—( IN2022620052 ).
En este Despacho, con una base de novecientos setenta y cinco mil
colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el
vehículo 767664, Marca: Hyundai, Estilo: Accent Euro, Categoría: Automóvil, Capacidad: 5 personas,
Número
Chasis: KMHVA21LPVU269789,
Año
Fabricación: 1997. Para tal efecto se señalan las dieciséis horas cero minutos del
veintiuno de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores,
el segundo remate se efectuará a las dieciséis horas
cero minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós con la base de
setecientos treinta y un mil doscientos cincuenta colones exactos (75% de la
base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan
las dieciséis horas cero minutos del seis de abril de dos mil veintidós
con la
base de doscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta colones exactos
(25% de la base original). Notas: Se le informa a las
personas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de
este despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha
fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso monitorio
dinerario
de Jorge Luis del
Socorro Segura Suárez contra Isabel Andrea Céspedes Pena. Expediente N°
19-000339-0295-CI.—Juzgado de Cobro de
Grecia, hora y fecha de emisión: once horas con cuarenta y cuatro minutos
del veintiocho de enero del dos mil veintidos.—Patricia
Eugenia Cedeño Leitón, Jueza Decisora.—( IN2022620054 ).
En este Despacho, con una
base de dieciocho millones novecientos cuarenta y tres mil colones exactos
, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre sirviente
citas: 235-06820-01- 0901-001 servidumbre trasladada citas:
337-02413-01-0902-001 servidumbre trasladada citas: 337-02413-01-0903-001
servidumbre de paso citas: 566-16189-01-0001-001; sáquese a remate la finca del
partido de Alajuela, matrícula número 572526 001 y 002, la cual es terreno
solar.- Situada en el distrito 4-Cirrí Sur, cantón 6-Naranjo, de la provincia
de Alajuela.- colinda: al norte, calle publica con un frente de 14 mts 02 cms; al sur, Transportes Cirrí Sur S. A.; al este Transportes Cirrí
Sur S. A. y al oeste calle publica con un frente de 20 mts
con 08 cms.- mide: doscientos ochenta y seis metros
cuadrados plano: A-2039403-2018. Para tal efecto, se señalan las diez horas
treinta minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós. De no haber
postores, el segundo remate se efectuará a las diez horas treinta minutos del
treinta y uno de marzo de dos mil veintidós con la base de catorce millones
doscientos siete mil doscientos cincuenta colones exactos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
diez horas treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós con la
base de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta
colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta.- Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-LA Vivienda De Ahorro Y Préstamo
Contra Marcela Patricia Oses Marin, Rigoberto Villalta Luna. Expediente N° 22- 000085-1204-CJ.—Juzgado
de Cobro de Grecia, hora y fecha de emisión: catorce horas con diez
minutos del catorce de enero del dos mil veintidós.—Maricruz Barrantes Córdoba,
Jueza Decisora.—( IN2022620151 ).
En este Despacho, con una base de catorce millones ochocientos cincuenta
mil colones exactos ,soportando servidumbre
trasladada citas: 272-04855-01-0002-001 servidumbre trasladada citas:
315-06740-01-0902-001 servidumbre de paso citas: 476-08662-01-0004-001
servidumbre de líneas eléctricas y de paso citas: 2014-215434-01-0003-001
servidumbre de paso citas: 2014-215434-01-0004-001 servidumbre de aguas
pluviales citas: 2014-215434-01-0005-001 servidumbre de acueducto citas:
2014-215434-01-0006-001, sáquese a remate la finca del partido de Alajuela,
matrícula número 519926-000, derecho, la cual es terreno naturaleza: Lote dos:
terreno para construir. Situada en el distrito 2-San Miguel, cantón 6-Naranjo de la provincia de Alajuela.
Linderos: norte, Grupo Nelro S. A., sur, Guillermo
Morales Fallas, Grupo Nelro S. A., este, servidumbre
de paso con 22,61 metros, oeste, Benedicto Cruz Conejo. Mide: trescientos
veintidós metros cuadrados. Plano: A-1740884-2014. Para tal efecto, se señalan
las diez horas cero minutos del diecisiete de marzo del dos mil veintidós. De
no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las diez horas cero
minutos del treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, con la base de once
millones ciento treinta y siete mil quinientos colones exactos (75% de la base
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las
diez horas cero minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós con la base
de tres millones setecientos doce mil quinientos colones exactos (25% de la
base original). Notas: Se le informa, a las personas interesadas en participar
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución
hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Eliseth Alvarado Arrieta, Hilda Lourdes Alvarado Arrieta. Expediente N°
22-000084-1204-CJ.—Juzgado de Cobro de
Grecia, hora y fecha de emisión: catorce horas con veintiocho minutos del
dieciocho de enero del dos mil veintidós.—Patricia Eugenia Cedeño Leitón, Juez/a Tramitador/a.—( IN2022620152 ).
En este Despacho, con
una base de ciento cincuenta mil dólares exactos, libre de gravámenes , pero
soportando servidumbre trasladada citas: 300-15319-01-0901-001, servidumbre
de aguas pluviales citas: 571-42931-01-0007-001,servidumbre de acueducto
y de paso de a y a
citas: 2017-603834-01-0150-001; sáquese a remate la finca del partido de
Alajuela, matrícula número 77503-F derecho cero cero cero, la cual es terreno finca filial primaria
individualizada número ciento treinta y ocho apta para construir que se
destinara a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos
pisos. Situada en el distrito 7-Puente de Piedra ,
cantón 3-Grecia, de la provincia de Alajuela.- Colinda: al norte noreste: con
un frente de área común de nueve metros con sesenta y cinco centímetros.
noroeste: lote ciento treinta y siete. sureste: con lote ciento treinta y
nueve. suroeste: con sucesión otto kooper vega. mide:
doscientos cuarenta y seis metros con ocho decímetros cuadrados . Valor porcentual: 0.6802721. valor medida: 0.0065. Plano:
A-1362127-2009. Para tal efecto, se señalan las trece horas treinta minutos del
diecisiete de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las trece horas treinta minutos del treinta y uno de
marzo de dos mil veintidós con la base de ciento doce mil quinientos dólares
exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer
remate se señalan las trece horas treinta minutos del veintiuno de abril de dos
mil veintidós con la base de treinta y siete mil quinientos dólares exactos
(25% de la base original). Notas: se le informa a las
personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho.
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con
un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual
Alajuela-LA Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Johnny Alexander Segura
Aguilar. Expediente N° 22-000077-1204-CJ.—Juzgado de Cobro de Grecia, hora y fecha de
emisión: diecisiete horas con veintisiete minutos del veinte de enero del dos
mil veintidós.—Licda. Patricia Eugenia Cedeño Leitón, Jueza Tramitadora.—(
IN2022620153 ).
En este Despacho, con una base de cinco millones trescientos noventa y
nueve mil colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando
reserva de ley de aguas en las citas 424-7021-01-0143-001; sáquese a remate la
finca del partido de San José, matrícula N°
658768-000, derecho 000, la cual es terreno para construir. Situada en el
distrito 01 San Isidro de El General, cantón 19 Pérez Zeledón, de la provincia
de San José. Colinda: al norte, Heriberto Robles Morera; al sur, Wilba Del Sur Sociedad Anónima, Albertina Quesada Vargas y
Miguel Ureña Robles; al este, calle pública, Albertina Quesada Vargas y Miguel
Ureña Robles, y al oeste, Heriberto Robles Morera. Mide: doscientos ochenta y
nueve metros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las trece horas treinta
minutos del quince de marzo del dos mil veintidós. De no haber postores, el
segundo remate, se efectuará a las trece horas treinta minutos del veintitrés
de marzo del dos mil veintidós, con la base de cuatro millones cuarenta y nueve
mil doscientos cincuenta colones exactos (75% de la base original), y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las trece horas
treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, con la base
de un millón trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta colones
exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa, a las personas
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-La
Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Catalina Benavides Quesada. Expediente N° 22-000044-1200-CJ.—Juzgado
de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), hora
y fecha de emisión: quince horas con veintinueve minutos del catorce de enero
del dos mil veintidós.—Xinia Vindas Mejía, Jueza Tramitadora.—( IN2022620154 ).
En este Despacho, Con una base de seis
millones de colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando
reservas de ley de aguas y ley de caminos públicos citas: 501-18875-01-0088-
001 limitaciones del IDA Ley 2825 art.67 citas: 501-18875-01-0102-001; sáquese
a remate la finca del partido de Guanacaste, matrícula número 129280 - derecho
001 y 002, la cual es naturaleza: terreno para construir lote G-F-52 situada en
el distrito 4-Belen cantón 5-Carrillo de la provincia de Guanacaste Linderos: norte,
lote 6,7,8,9. Sur, granja familiar 51, este, calle publica, oeste, lote 6 Mide:
mil ochenta y ocho metros con dieciocho decímetros cuadrados
plano:G-0644247-2000. Para tal efecto, se señalan las nueve horas cero minutos
del catorce de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las nueve horas cero minutos del veintidós de marzo de
dos mil veintidós con la base de cuatro millones quinientos mil colones exactos
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate
se señalan las nueve horas cero minutos del treinta de marzo de dos mil
veintidós con la base de un millón quinientos mil colones exactos (25% de la
base original). Notas: Se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela - La
Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Carlos María Solís Sanchez,
Melanea Severina Mendoza
Angulo. Expediente N° 21-003358-1206-CJ.—Juzgado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de
Guanacaste (Santa Cruz), hora y fecha de emisión: diez horas con cincuenta
y dos minutos del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno.—Lic. Víctor
Hugo Martínez Zúñiga, Juez Tramitador.—( IN2022620155 ).
En este Despacho, con una base de dos millones cuatrocientos veinte mil
colones exactos, libre de gravámenes, pero soportando Calle Ref:
1295-320-018 citas: 295-08664-01-0901-001, sáquese a remate la finca del
partido de Alajuela, matrícula número cuatrocientos mil trescientos cincuenta y
uno, derecho cero cero cero,
la cual es terreno para construir. Situada en el distrito: 05-Palmira, cantón:
11-Zarcero, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, resto de Walter
Rodrigo Alvarado Carranza; al sur, resto de Walter Rodrigo Alvarado Carranza;
al este, Servidumbre de Paso con un frente a esta de 16 metros con 70 cmt lineales; y al oeste, María Cecilia Alvarado
Carranza. Mide: ciento setenta y tres metros con siete decímetros cuadrados.
Plano: A-0758797-2001. Identificador Predial: 211050400351. Para tal efecto, se
señalan las catorce horas cero minutos del catorce de marzo de dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las catorce
horas cero minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, con la base de
un millón ochocientos quince mil colones exactos (75% de la base original) y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las catorce horas
cero minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, con la base de
seiscientos cinco mil colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas,
la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha
fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución
hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra
María Marlenne Durán Salazar. Expediente N° 21-002858-1204-CJ.—Juzgado
de Cobro de Grecia. Hora y fecha de emisión: veinte horas con treinta
minutos del veinte de enero del dos mil veintidós.—Licda.
Patricia Eugenia Cedeño Leitón, Jueza Tramitadora.—( IN2022620165 ).
En este Despacho, con una base de doce millones setecientos mil colones
exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la finca del
partido de Guanacaste, matrícula N°
101507 derechos 001 y 002. Que se
describe así: naturaleza: terreno para construir Lote 5. Situada en el distrito
1-Nicoya, cantón 2-Nicoya de la provincia
de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública, sur, Asociación Pro Vivienda de
Nicoya, este, calle privada, oeste, Gregoria Cortes Carrillo. Mide: trescientos
dieciocho metros con tres decímetros cuadrados. Plano: G-0847250-1989. Para tal
efecto, se señalan las nueve horas cero minutos del diez de marzo del dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las nueve
horas cero minutos del dieciocho de marzo del dos mil veintidós, con la base de
nueve millones quinientos veinticinco mil colones exactos (75% de la base
original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las
nueve horas cero minutos del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, con la
base de tres millones ciento setenta y cinco mil colones exactos (25% de la
base original). Notas: Se le informa, a las personas interesadas en participar
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo
contra Marco Antonio Matarrita Obregón, Marlene María Jiménez Noguera. Expediente N°
21-002855-1206-CJ.—Juzgado de Cobro del
Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz), hora y fecha de
emisión: seis horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de octubre del
dos mil veintiuno.—Víctor Hugo Martínez Zúñiga, Juez Tramitador.—( IN2022620166
).
En este Despacho, con
una base de cuatro millones cien mil colones exactos, libre de gravámenes y
anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de San José, matrícula
número seiscientos diecisiete mil trescientos catorce, derecho cero cero cero, la cual es terreno
para construir. Situada en el distrito: 01-San Isidro del General, cantón:
19-Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Minor Vargas Chaves; al sur, Juan Rafael Rojas Zúñiga; al
este, Juan Rafael Rojas Zúñiga y al oeste, calle publica y Marco Arturo
Fernández Olsen. Mide: trescientos cuarenta metros cuadrados. Para tal efecto,
se señalan las nueve horas cero minutos del quince de marzo de dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las nueve horas
cero minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, con la base de tres
millones setenta y cinco mil colones exactos (75% de la base original) y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las nueve horas cero
minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, con la base de un
millón veinticinco mil colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo
contra Fernando Alberto Barrantes Román. Expediente N°
21-001421-1200-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer
Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), Hora y fecha de emisión:
trece horas con treinta y tres minutos del diecisiete de Diciembre del dos mil
veintiuno.—Lic. Franz Castro Solís, Juez Tramitador.—( IN2022620167 ).
En la puerta exterior este Despacho, de conformidad con el artículo
157.4 del Código Procesal Civil, se ordena sacar a remate los bienes retenidos
en el presente asunto, libre de gravámenes y anotaciones; para tal efecto para
el primer remate se señalan las trece horas y treinta minutos del cuatro de
marzo de dos mil veintidós, de la siguiente manera: 1) Máquina de bordado
(marca Brother, modelo PR-620, serie U61935-A8b114758/Estado: bueno, en uso):
con la base de dos millones noventa y un mil cuarenta y ocho colones con
dieciocho céntimos; 2) Máquina de bordado (marca Brother Industrial
BAS-416A-01/Estado: bueno, en uso): con la base de dos millones novecientos
treinta mil quinientos cinco colones exactos; 3) Máquina de láser (marca: Red Sail
Laser, serie LEBT2108, modelo M500, fecha de manufactura agosto 2015/Estado:
bueno, en uso) con la base de dos millones trescientos ochenta y siete mil
trescientos noventa y nueve colones exactos; 4) Compresor RHP (marca Powermate, serie S.N 1303108S3502349 Mod PLA
3706056.02/Estado: bueno, en uso) con la base de cuatrocientos noventa y nueve
mil seiscientos cuarenta y tres colones exactos; 5) compresor 21 galones (marca
Central Pneumatic, mod 94667 120 vac/Estado:
Bueno, en uso) con la base de sesenta y siete mil novecientos cuarenta colones
exactos; 6) Máquina de grabados (sin indicación de marca, serie ni modelo tiene
cámara de chorro de tamaño 56 cm x 40 cm x 90 cm (similar a la Central Pneumatic 40 Lb. Capacity Floor Abrasive Blast Cabinet), con motor Central Machinery
Induction motor de 1 Hp, 0,75 kW. 120 vac, 7 amperios, con filtro de aire, manguera de 280 cm de
largo en diámetro de 2”, es de color rojo, con base en angular de 6 cm x 6 cm,
con una toba piramidal para recibir la arena usada de medidas 57 cm x 87 cm de
base y 40 cm de altura/Estado: bueno en uso), con la base de doscientos
cuarenta y siete mil trescientos treinta y cinco colones con treinta y tres
céntimos; 7) 17 sobres de marmol con pedestal de
máquina de cocer, (Estado: bueno, en uso) con la base
de un millón ciento cinco mil colones exactos; 8) 11 mesas de vidrio con patas
niqueladas, (Estado: bueno, en uso), con la base de cuatrocientos noventa y
cinco mil colones exactos; 9) Computadora AOC (monitor AOC, teclado Dell, mouse
Argom, CPU Dell serie CN-OYD544-70821-636-X1H7 con
placa FNT Nº 2/Estado: bueno, en uso) con la base de
ciento cincuenta mil colones exactos. De no haber postores, el segundo remate
se efectuará a las trece horas y treinta minutos del catorce de marzo de dos
mil veintidós, con las siguientes bases: 1) Máquina de bordado (marca Brother,
modelo PR-620, serie U61935-A8b114758/Estado: bueno, en uso): con la base de un
millón quinientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y seis colones con
trece céntimos; 2) Máquina de bordado (marca Brother Industrial BAS_416A-01/Estado:
bueno, en uso): con la base de dos millones ciento noventa y siete mil
ochocientos setenta y ocho colones con setenta y cinco céntimos; 3) Máquina de
láser (marca: Red Sail
Laser, serie LEBT2108, modelo M500, fecha de manufactura agosto 2015/Estado:
bueno, en uso) con la base de un millón setecientos noventa mil quinientos
cuarenta y nueve colones con veinticinco céntimos; 4) Compresor RHP (marca Powermate, serie S.N 1303108S3502349 Mod PLA
3706056.02/Estado: bueno, en uso) con la base de trescientos setenta y cuatro
mil setecientos treinta y dos colones con veinticinco céntimos; 5) Compresor 21
galones (marca Central Pneumatic, mod 94667 120 vac/Estado: bueno, en uso) con la base de cincuenta mil
novecientos cincuenta y cinco colones exactos; 6) Máquina de grabados (sin
indicación de marca, serie ni modelo tiene cámara de chorro de tamaño 56 cm x
40 cm x 90 cm (similar a la Central Pneumatic 40 Lb. Capacity Floor Abrasive Blast Cabinet), con motor Central
Machinery Induction motor
de 1 Hp, 0,75 kW. 120 vac, 7 amperios, con filtro de
aire, manguera de 280 cm de largo en diámetro de 2”, es de color rojo, con base
en angular de 6 cm x 6 cm, con una toba piramidal para recibir la arena usada
de medidas 57 cm x 87 cm de base y 40 cm de altura/Estado: bueno en uso), con
la base de ciento ochenta y cinco mil quinientos un colones con cuarenta y
nueve céntimos; 7) 17 sobres de mármol con
pedestal de máquina de cocer, (Estado: bueno en uso)
con la base de ochocientos veintiocho mil setecientos cincuenta colones
exactos; 8) 11 mesas de vidrio con patas niqueladas, (Estado: bueno en uso),
con la base de trescientos setenta y un mil doscientos cincuenta colones
exactos; 9) Computadora AOC (monitor AOC, teclado Dell, mouse Argom, CPU Dell serie CN-OYD544-70821-636-X1H7 con placa
FNT Nº 2/Estado: bueno en uso) con la base de ciento
doce mil quinientos colones exactos; (sumas que representan el 75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
trece horas y treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós,
con las siguientes bases: 1) Máquina de bordado (marca Brother, modelo PR-620,
serie U61935-A8b114758,/Estado: bueno en uso): con la base de quinientos
veintidós mil setecientos sesenta y dos con cuatro céntimos; 2) Máquina de
bordado (marca Brother Industrial BAS416A-01/Estado: bueno en uso): con la base
de setecientos treinta y dos mil seiscientos veintiséis colones con veinticinco
céntimos; 3) Máquina de láser
(marca: Red Sail Laser, serie LEBT2108, modelo M500,
fecha de manufactura agosto 2015/Estado:
bueno en uso) con la base de quinientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta
y nueve colones con setenta y cinco céntimos; 4) Compresor RHP (marca Powermate, serie S.N 1303108S3502349 Mod PLA 3706056.02/Estado:
bueno en uso) con la base de ciento veinticuatro mil novecientos diez colones
con setenta y cinco céntimos; 5) Compresor 21 galones (marca Central Pneumatic, mod 94667 120 vac/Estado:
bueno en uso) con la base de dieciséis mil novecientos ochenta y cinco colones
exactos; 6) Máquina de grabados (sin indicación de marca, serie ni modelo tiene
cámara de chorro de tamaño 56 cm x 40 cm x 90 cm (similar a la Central Pneumatic 40 Lb. Capacity Floor Abrasive Blast Cabinet), con motor Central Machinery
Induction motor de 1 Hp, 0,75 kW. 120 vac, 7 amperios, con filtro de aire, manguera de 280 cm de
largo en diámetro de 2”, es de color rojo, con base en angular de 6 cm x 6 cm,
con una toba piramidal para recibir la arena usada de medidas 57 cm x 87 cm de
base y 40 cm de altura/Estado: bueno en uso), con la base de sesenta y un mil
ochocientos treinta y tres colones con ochenta y tres céntimos; 7) 17 sobres de
mármol con pedestal de máquina de cocer,
(estado: bueno en uso) con la base de doscientos setenta y seis mil doscientos
cincuenta colones exactos; 8) 11 mesas de vidrio con patas niqueladas,(Estado:
bueno en uso), con la base de ciento veintitrés mil setecientos cincuenta
colones exactos; 9) Computadora AOC (monitor AOC, teclado Dell, mouse Argom,
CPU Dell serie CN-OYD544-70821-636-X1H7 con placa FNT Nº2/Estado: bueno en uso), con la
base de treinta y siete mil quinientos colones exactos; (montos que corresponde
al 25% de la base original). Se remata por ordenarse así en proceso incidente
de cobro de alquileres insolutos de Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y
Plusvalia contra FNT del Norte Sociedad Anónima, expediente N° 17-000279-0307-CI. Nota: publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta.—Juzgado Civil
del Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora y fecha de emisión: quince
horas con quince minutos del diez de enero del dos mil veintidós.—Lic. Ramón Meza Marín, Juez/a Decisor/a.—(
IN2022620195 ).
En este Despacho, con una base de quince millones cien mil colones
exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo
CRH-500, Kia Sportage, año: 2018, color: rojo, Vin:
KNAPM81AAJ7391743, chasis: KNAPM81AAJ7391743. Para tal efecto se señalan las
trece horas treinta minutos del diez de marzo del dos mil veintidós. De no
haber postores, el segundo remate se efectuará a las trece horas treinta
minutos del dieciocho de marzo del dos mil veintidós, con la base de once
millones trescientos veinticinco mil colones exactos (75% de la base original)
y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las trece horas
treinta minutos del veintiocho de marzo del dos mil veintidós, con la base de
tres millones setecientos setenta y cinco mil colones exactos (25% de la base
original). Notas: Se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Asimismo, se
le hace saber al oferente que su postura deberá ser presentada según la moneda
establecida como base para remate (es decir, que debe presentar el cheque o el
dinero en colones o dólares según la base de remate), de lo contrario no se
aceptarán ofertas en moneda distinta a la que indica el edicto. Publíquese este
edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Banco de Costa Rica contra
Erick Josué Sancho Salazar. Expediente N°
20-004549-1206-CJ.—Juzgado de Cobro
del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste
(Santa Cruz), Hora y fecha de emisión: dieciocho horas con ventiuno minutos del uno de noviembre del dos mil ventiuno.—Lic. Víctor
Hugo Martínez Zúñiga, Juez Tramitador.—( IN2022620209 ).
En este Despacho, con una base de setecientos ochenta y dos mil ciento
sesenta y nueve colones con once céntimos, libre de gravámenes y anotaciones;
sáquese a remate el vehículo placa: BSC648. Marca: Hyundai. Estilo: Accent GLS. Categoría: automóvil.
Capacidad: 5 personas. Año fabricación: 2010. Color: plateado. VIN: e
KMHCL41ABAU516902. N° motor: no aplica. Cilindrada:
1600 c.c. Combustible: gasolina. Para tal efecto se señalan las catorce horas cero
minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós. De no haber postores, el
segundo remate se efectuará a las catorce horas cero minutos del diecinueve de
abril de dos mil veintidós con la base de quinientos ochenta y seis mil
seiscientos veintiséis colones con ochenta y tres céntimos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
catorce horas cero minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós con la
base de ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos colones con
veintiocho céntimos (25% de la base original). Notas: Se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Credibrothers S. A. contra Barnal
Enrique Salas Murillo. Expediente
21-004847-1157-CJ.—Juzgado de Cobro del
Primer Circuito Judicial de Alajuela, hora y fecha de emisión: diecinueve
horas con cuatro minutos del dieciocho de junio del dos mil
veintiuno.—Elizabeth Rodríguez Pereira, Jueza Decisora.—( IN2022620211 ).
En este Despacho, con una base de diez millones
quinientos mil colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a
remate la finca del Partido de Puntarenas, matrícula N°
72932, derecho 000, la cual es terreno para construir con una casa. Situada en
el distrito 08 Barranca, cantón 01 Puntarenas de la provincia de Puntarenas.
Colinda: al norte: Eladio Núñez López; al sur: Mario Montero
Morales; al este: calle pública con 10.22 mts.; y al
oeste: José Gómez Ugarte.
Mide: ciento cincuenta y un metros con setenta y tres decímetros cuadrados.
Para tal efecto se señalan las ocho horas treinta minutos del siete de junio de
dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las
ocho horas treinta minutos del quince de junio de dos mil veintidós, con la
base de siete millones ochocientos setenta y cinco mil colones exactos (75% de
la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se
señalan las ocho horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil
veintidós, con la base de dos millones seiscientos veinticinco mil colones
exactos (25% de la base original). Notas: Se les informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo de Negocios S. A.,
contra Grisel Ruiz Herrera. Expediente N°
20-012700-1338-CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas.
Hora y fecha de emisión: quince horas con cuarenta y ocho minutos del siete de
enero del dos mil veintidós.—Anny Hernández Monge, Jueza Decisora.—( IN2022620213 ).
En este Despacho, con una base de ocho millones
novecientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cuatro colones con un céntimos,
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el: vehículo Placa: PWR274,
Marca: Kia, Estilo: Picanto,
Color: Gris, Capacidad: Para cinco personas, Año: 2019, Categoría: Automóvil,
Serie, Chasis y Vin: KNAB3512BKT315067, Número de Motor: G4LAJP056084, Cilindrada: 1248 c.c., Combustible: Gasolina. Para
tal efecto se señalan las catorce horas treinta minutos del dos de marzo
de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a
las catorce horas treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintidós con la
base de seis millones setecientos trece mil trescientos ochenta y ocho colones
con un céntimos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las catorce horas treinta minutos del dieciocho de
marzo de dos mil veintidós con la base de dos millones doscientos treinta y siete
mil setecientos noventa y seis colones exactos (25% de la base original).
Notas: Se le informa a las personas interesadas en
participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el
mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en
proceso ejecución prendaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Paula González
Umanzor. Expediente N° 21-000461-1763-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito
Judicial de San José, Sección Primera, 12 de enero del año 2022.—Lic. Esteban Herrera Vargas, Juez Tramitador.—(
IN2022620229 ).
primera PUBLICACIÓN
En
este Despacho, con una base de trece millones quinientos sesenta mil
cuatrocientos veintisiete colones con cuarenta y dos céntimos, libre de
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo: HB003814. Marca: JAC,
Estilo: HK 6738 K, Categoría: Buseta, Capacidad: 30 personas, Serie:
LJ16AR5D3F2000073, Carrocería: Buseta, Tracción: 4x2,
Número Chasis: LJ16AR5D3F2000073, Año Fabricación: 2015,
Color: Blanco, Vin: LJ16AR5D3F2000073. Para tal
efecto se señalan las nueve horas treinta minutos del cinco de mayo de dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las nueve
horas treinta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, con la base de
diez millones ciento setenta mil trescientos veinte colones con cincuenta y
siete céntimos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las nueve horas treinta minutos del veintitrés de mayo
de dos mil veintidós, con la base de tres millones trescientos noventa mil
ciento seis colones con ochenta y seis céntimos (25% de la base original).
Notas: Se le informa a las personas interesadas en
participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el
mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en
proceso ejecución prendaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Sonia
Quesada Sancho, Expediente N° 21-007419-1158-CJ.—Juzgado de Cobro de Heredia, hora y fecha de
emisión: diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del
dos mil veintiuno.—Lic. German Valverde Vindas, Juez Tramitador.—( IN2022620288
).
En este Despacho, con una base de seis millones trescientos ochenta y
ocho mil ochocientos dos colones con treinta y dos céntimos, libre de
gravámenes hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones, bajo las
citas: 387-01526-01-0901-001, 387-01526-01-0902-001, Reservas de Ley de Aguas y
Ley de Caminos Públicos, bajo las citas: 453-06978-01-0208-001; sáquese a
remate la finca del Partido de Alajuela, matrícula N°
482436-000, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 2-Buena
Vista, cantón 15-Guatuso de la provincia de Alajuela.
Colinda: al norte: frente a calle pública de
catorce metros noventa y cinco centímetros;
sur: Carlos Rojas Berrocal; este: Carlos Rojas Berrocal; oeste: Carlos Rojas
Berrocal. Mide: doscientos noventa y siete metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. Plano: A-1008120-2005. Para
tal efecto se señalan las trece horas treinta minutos del treinta de mayo de
dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las
trece horas treinta minutos del siete de junio de dos mil veintidós, con la
base de cuatro millones setecientos noventa y un mil seiscientos un colones con
setenta y cuatro céntimos (75% de la base original) y de continuar sin
oferentes, para el tercer remate se señalan las trece horas treinta minutos del
quince de junio de dos mil veintidós, con la base de un millón quinientos
noventa y siete mil doscientos colones con cincuenta y ocho céntimos (25% de la
base original). Notas: se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria
de Cooperativa de Ahorro y Crédito Refraccionario de
la Comunidad de San Ramón R.L., contra Jener Mauricio Soto Madrigal. Expediente N° 21-002216-1202-CJ.—Juzgado
de Cobro del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Hora y fecha de
emisión: siete horas del veintiocho de junio del dos mil veintiuno.—Viviana
Salas Hernández, Jueza Decisora.—( IN2022620313 ).
En este Despacho, con una base de once
millones ochocientos veinte mil colones exactos, libre de gravámenes
hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones citas:
297-14096-01-0901-019 y servidumbre de paso citas: 2010-41519-01-0002-001;
sáquese a remate la finca del partido de Puntarenas, matrícula número
197540-000, la cual es terreno lote para construir.- Situada en el distrito
2-Volcán, cantón 3- Buenos Aires, de la provincia de Puntarenas.- Colinda: al
norte, Juan Reyes Mejías Blanco; al sur, Juan Reyes Mejías Blanco; al este,
Juan Reyes Mejías Blanco y al oeste calle pública. Mide: diez mil metros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las quince horas cero minutos del tres
de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se
efectuará a las quince horas cero minutos del once de marzo de dos mil
veintidós con la base de ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil colones
exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer
remate se señalan las quince horas cero minutos del veintiuno de marzo de dos
mil veintidós con la base de dos millones novecientos cincuenta y cinco mil
colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de
Enrique Padilla Bonilla contra Cecilia María Abarca Zúñiga. Expediente N° 19-006978-1158-CJ.—Juzgado
de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), hora
y fecha de emisión: diecisiete horas con catorce minutos del trece de enero del
dos mil veintidós.—Lic. Carlos Contreras Reyes, Juez Tramitador.—( IN2022620328
).
En este Despacho, con una base de dos mil trescientos cuarenta y tres
dólares con dos centavos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate
el vehículo MOT-645811, marca: Katana; estilo: SMX
categoría: motocicleta, capacidad: 2 personas, serie: LKXYCML41J0007481, peso
vacío: 0, carrocería:
motocicleta, peso neto: 110 kgrms. Para tal efecto se
señalan las once horas quince minutos del catorce de marzo de dos mil
veintidós. De no haber postores el segundo remate se efectuará a las once horas
quince minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, con la base de mil
setecientos cincuenta y siete dólares con veintisiete centavos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
once horas quince minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, con la
base de quinientos ochenta y cinco dólares con setenta y seis centavos (25% de
la base original). Notas: se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Motos Suki
Sociedad Anónima, contra Jurguen
Eduardo Miranda Glazgew. Expediente N° 21-000606-1207-CJ.—Juzgado
de Cobro de Puntarenas. Hora y fecha de emisión: seis horas con cincuenta y
tres minutos del ventitrés
de noviembre del dos mil veintiuno.—Douglas Quesada
Zamora, Juez Decisor.—( IN2022620345 ).
En este Despacho, con una base de tres millones
quinientos mil colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero
soportando servidumbre trasladada; citas: 336-16151-01-0901-001; sáquese a
remate la finca del partido de Alajuela, matrícula número trescientos noventa y
un mil quinientos noventa y dos, derecho cero cero
uno y cero cero dos, la cual es terreno con solar.
Situada en el Distrito 5-Tacares, Cantón 3-Grecia, de la provincia de Alajuela.
Colinda: al noreste: Mario Jiménez Álvarez. Al noroeste: Inversiones Graralama R Y A S. A. al sureste: Inversiones Guaralame R Y A S. A. Y al suroeste: Inversiones Guaralama S. A. Y calle pública con 3,00 metros de
frente. Mide: ciento noventa metros con dieciséis decímetros cuadrados. Plano:
A-0869164-2003. Identificador predial:203050391592. Para tal efecto, se señalan
las diez horas treinta minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. De no
haber postores, el segundo remate se efectuará a las diez horas treinta minutos
del veintidós de marzo de dos mil veintidós con la base de dos millones
seiscientos veinticinco mil colones exactos (75% de la base original) y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las diez horas
treinta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós con la base de
ochocientos setenta y cinco mil colones exactos (25% de la base original).
Notas: Se les informa a las personas interesadas en participar en la almoneda
que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a
favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la
primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada
para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria
de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Elizabeth
Chacón Solórzano, José Alberto Trejos Monge. Expediente:22-000107-1204-CJ.—Juzgado de Cobro de Grecia. Hora y fecha de
emisión: veintiuno horas con cincuenta minutos del veintitrés de enero del dos
mil veintidós.—Karina Chaves Vega, Jueza Decisora.—(
IN2022620354 ).
En este Despacho, con una base de dos millones
trescientos mil colones exactos, libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre
trasladada citas: 383-04379-01-0961-002 y servidumbre trasladada citas:
400-07010-01-0900-001; sáquese a remate la finca del Partido de Alajuela,
matrícula N° 249670, derechos 001 y 002, la cual es
terreno, terreno para construir con una casa, lote 13-C. Situada en el distrito
1-Grecia, cantón 3-Grecia de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte: lote
12-C; al sur: lote 14-C; al este: Gutiérrez
y Bolaños LTDA; y al oeste: calle pública
con 9,39 mts. Mide: ciento treinta y seis metros con
veintiún decímetros cuadrados. Plano: A-0920929-1990,
identificador predial: 203010249670. Para tal efecto se señalan las ocho horas
cero minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores,
el segundo remate se efectuará a las ocho horas cero minutos del uno de abril
de dos mil veintidós, con la base de un millón setecientos veinticinco mil
colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las ocho horas cero minutos del veintidós de abril de
dos mil veintidós, con la base de quinientos setenta y cinco mil colones
exactos (25% de la base original). Notas: se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo
Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo,
contra Eric Rolando Sandoval Quirós, Erick
Andrey Sandoval Hernández, Juana María Hernández
Barquero. Expediente N° 22-000096-1204-CJ.—Juzgado de Cobro de Grecia. Hora y fecha de
emisión: veintiún horas con cuarenta y
cuatro minutos del veintitrés de
enero del dos mil veintidós.—Karina
Chaves Vega, Jueza Decisora.—( IN2022620355 ).
En este Despacho, con una base de cincuenta y seis millones trescientos
mil colones exactos, libre de gravámenes, pero soportando servidumbre
trasladada citas: 309-18379-010901-001; sáquese a remate la finca del partido
de Alajuela, matrícula número 362699-000, derecho cero cero
cero, la cual es terreno inculto con una casa.
Situada en el distrito 3-San José, cantón N 3-Grecia, de la provincia de
Alajuela. Colinda: al norte, Andrea Alfaro Porras; al sur, Franro
de Grecia Sociedad Anónima; al este, calle pública con un frente a la misma de
once metros con ochenta y ocho centímetros, y al oeste, Teresita Alfaro
Murillo. Mide: quinientos veinticinco metros con cuarenta y siete decímetros
cuadrados. Plano: A-0346070-1996. identificador predial: 203030362699. Para tal
efecto, se señalan las catorce horas treinta minutos del diecisiete de marzo
del dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a
las catorce horas treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil
veintidós, con la base de cuarenta y dos millones doscientos veinticinco mil
colones exactos (75% de la base original), y de continuar sin oferentes, para
el tercer remate, se señalan las catorce horas treinta minutos del veintiuno de
abril del dos mil veintidós, con la base de catorce millones setenta y cinco
mil colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le informa, a las
personas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho.
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con
un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se
remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual
Alajuela-La Vivienda de Ahorro y Préstamo contra Orlando Araya Núñez.
Expediente N° 22-000086-1204-CJ Juzgado de Cobro
de Grecia, hora y fecha de emisión: catorce horas con treinta y seis
minutos del veintiocho de Enero del dos mil veintidós.—Patricia
Eugenia Cedeño Leitón, Jueza Tramitadora.—(
IN2022620356 ).
En este Despacho, con una base de dieciocho millones cuatrocientos mil
colones exactos, libre de gravámenes, pero soportando plazo de convalidación
(rectificación de medida) citas: 2018-59398-01-0010-001; sáquese a remate la
finca del partido de Alajuela, matrícula número 228708, derecho cero cero cero la cual es terreno con
1 casa y patio. Situada en el distrito 7-Brisas, cantón 11-Zarcero, de la
provincia de Alajuela. Colinda: al norte, calle pública; al sur, Florencio Rodríguez Hidalgo; al
este, Florencio Rodríguez Hidalgo; y al oeste, Arnoldo Rodríguez Quirós. Mide: doscientos un metros
cuadrados. Plano: A-2008580-2017. Identificador predial: 211070228708.
Para tal efecto, se señalan las catorce horas cero minutos del diecisiete de
marzo del dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará
a las catorce horas cero minutos del treinta y uno de marzo del dos mil
veintidós con la base de trece millones ochocientos mil colones exactos (75% de
la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se
señalan las catorce horas cero minutos del veintiuno de abril del dos mil
veintidós con la base de cuatro millones seiscientos mil colones exactos (25%
de la base original). Notas: Se les informa a las personas interesadas en
participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el
mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por
dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en
proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y
Préstamo contra William Otoniel Araya Arias.
Expediente N° 22-000082-1204-CJ.—Juzgado
de Cobro de Grecia, hora y fecha de emisión:
diecisiete horas con veintisiete minutos del veinte de enero del dos mil
veintidós.—Patricia Eugenia Cedeño Leitón, Jueza Tramitadora.—( IN2022620357 ).
En este Despacho, con una base de veinticuatro millones quinientos
cincuenta mil colones, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la
finca del partido de Alajuela, matrícula número 310532-000, la cual es terreno
para construir con una casa. Situada en el distrito 4 San Antonio, cantón 1
Alajuela, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, lote 19; al sur,
alameda Las Mandarinas; al este, lote 4 y al oeste, lote 2. Mide: noventa y
seis metros cuadrados. Plano: A-0949583-1991. Para tal efecto, se señalan las
quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de marzo de dos mil
veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las quince
horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós
con la base de dieciocho millones cuatrocientos doce mil quinientos colones
(75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate
se señalan las quince horas cuarenta y cinco minutos del seis de abril de dos
mil veintidós con la base de seis millones ciento treinta y siete mil
quinientos colones (25% de la base original). Notas: se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo
Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo
contra Floribeth Rugama Huete, Mainor de los Ángeles Aguilar Huete, Omar Jonathan Quedo
Bustos, expediente N° 21-005621-1157-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de
Alajuela, hora y fecha de emisión: quince horas con treinta y seis minutos
del ocho de junio del dos mil veintiuno.—Cinthia Pérez Moncada, Juez/a
Tramitador/a.—( IN2022620358 ).
En este Despacho, con
una base de treinta y seis mil dólares exactos, libre de gravámenes
hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada citas:
375-00773-01-0901-001, servidumbre trasladada citas: 375-00773-01-0907-001,
servidumbre trasladada citas: 375- 00773-01-0908-001; sáquese a remate la finca
del partido de San José, matrícula número 477919, derechos 003 y 004, la cual
es terreno lote D-27, terreno para construir con una casa y un apartamento
planta alta y planta baja. Situada en el distrito 7-Purral, cantón
8-Goicoechea, de la provincia de San José. Colinda: al norte alameda 4; al sur
lote D - 28 y Asociación María Argentina de Goicoechea; al este lote D - 26 y
Asociación María Argentina de Goicoechea y al oeste calle pública. Mide: ciento
cincuenta y dos metros con sesenta y tres decímetros cuadrados. Para tal
efecto, se señalan las diez horas cuarenta minutos del cuatro de marzo de dos
mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las diez
horas cuarenta minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós con la base de
veintisiete mil dólares exactos (75% de la base original) y de continuar sin
oferentes, para el tercer remate se señalan las diez horas cuarenta minutos del
veintidós de marzo de dos mil veintidós con la base de nueve mil dólares
exactos (25% de la base original). Notas: Se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de
Propiedades de la Pradera Sociedad Anónima contra German Rivera González.
Expediente N° 21-014642-1170-CJ.—Juzgado
Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 08
de octubre del año 2021.—Licda. María del Carmen Vargas González, Jueza.—(
IN2022620361 ).
En este Despacho, con una base de diez millones novecientos mil colones
exactos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la finca del
partido de San José, matrícula número
487832-000, la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el
distrito 01-San Isidro de El General, cantón 19-Pérez
Zeledón, de la provincia de San José.
Colinda: al norte, calle pública;
al sur, Santiago Quirós Chinchilla; al este,
Hilda Navarro Acuña; y al oeste, Enrique López
Araya. Mide: ciento noventa y cuatro metros con ochenta y cuatro decímetros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las quince horas cero minutos del dos de
marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se
efectuará a las quince horas cero minutos del diez de marzo de dos mil
veintidós con la base de ocho millones ciento setenta y cinco mil colones
exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer
remate se señalan las quince horas cero minutos del dieciocho de marzo de dos
mil veintidós con la base de dos millones setecientos veinticinco mil colones
exactos (25% de la base original). Notas: Se les informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Roy Rodriguez Araya contra
Ronald Gerardo López Araya. Expediente N° 21-003811-1200-CJ, Juzgado de Cobro del Primer
Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), hora y fecha de emisión:
quince horas con trece minutos del diecinueve de enero del dos mil veintidós.—Carlos Contreras Reyes, Juez Tramitador.—(
IN2022620369 ).
En este Despacho, 1. Con una base de trece millones
novecientos once mil doscientos noventa y siete colones con noventa y seis
céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la finca del
partido de Puntarenas, matrícula número ciento setenta y dos mil ciento treinta
y tres, derecho cero cero cero,
la cual es terreno para construir. Situada en el distrito: 03-Potrero Grande,
cantón: 03-Buenos Aires, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, Odili Mora Robles; al sur, calle pública con 12.90 metros;
al este, Odile Mora Robles y al oeste, Amparo Elozondo
Monge. Mide: tres mil seiscientos veinticuatro metros cuadrados. Para tal
efecto, se señalan las quince horas treinta minutos del uno de marzo del dos
mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate, se efectuará a las
quince horas treinta minutos del nueve de marzo del dos mil veintidós, con la
base de diez millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y
tres colones con cuarenta y siete céntimos (75% de la base original), y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las quince horas
treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, con la base de
tres millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos veinticuatro
colones con cuarenta y nueve céntimos (25% de la base original). 2. Con una
base de doce millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y
cinco colones con cuatro céntimos, libre de gravámenes hipotecarios, pero
soportando condic y restriref:
2183 093 001 citas: 0287-00014095-01-0901-014, prohib.
reservasref:2183 093 001 citas 0287-00014095-01-0902-003; sáquese a remate la
finca del partido de Puntarenas, matrícula número ciento ochenta y tres mil
ochocientos seis, derecho cero cero cero, la cual es terreno construido con patio. Situada en
el distrito: 01-Buenos Aires, cantón: 03-Buenos Aires, de la provincia de
Puntarenas. Colinda: al norte, Flory Vargas Vidal; al sur, Jacqueline Vargas
Bolívar; al este, Flory Vargas Vidal, y al oeste, calle pública. Mide:
doscientos uno metros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las quince horas
treinta minutos del uno de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el
segundo remate se efectuará a las quince horas treinta minutos del nueve de
marzo del dos mil veintidós, con la base de nueve millones setecientos cuarenta
y siete mil trescientos veintiséis colones con veintiocho céntimos (75% de la
base original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan
las quince horas treinta minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós
con la base de tres millones doscientos cuarenta y nueve mil ciento ocho
colones con setenta y seis céntimos (25% de la base original). Notas: Se le
informa, a las personas interesadas en participar en la almoneda que, en caso
de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Comisión Nacional de Préstamos
para La Educación (CONAPE) contra Wally Andrey Herrera
Bonilla, Wally Martin Herrera Vargas. Expediente N° 20-003385-1764-CJ.—Juzgado
de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), Hora
y fecha de emisión: diez horas con ocho minutos del diez de enero del dos mil
veintidós.—José Ricardo Cerdas Monge, Juez Tramitador.—( IN2022620377 ).
En este Despacho, se rematarán los siguientes bienes: 1) libre de
gravámenes hipotecarios, pero soportando condiciones citas:
361-05377-01-0813-001; sáquese a remate la finca del partido de Guanacaste,
matrícula número doscientos veintinueve mil quinientos uno, derecho 000 naturaleza:
terreno para construir. Situada en el distrito 2-Santa Cecilia, cantón 10-La Cruz de la provincia de Guanacaste.
Linderos: norte, calle pública de 17 m; sur,
Marcelino Vega Medrano; este, Marcelino Vega Medrano y oeste, Gumersindo Chaves
Guevara. Mide: mil setecientos un metros cuadrados.
Plano: G-2066718-2018 con una base de siete millones cuatrocientos noventa y
siete mil ochocientos siete colones con treinta y cinco céntimos; 2) libre de
gravámenes hipotecarios, pero soportando condiciones citas:
361-05377-01-0813-001; sáquese a remate la finca del partido de Guanacaste,
matrícula número doscientos veintinueve mil quinientos cuarenta y dos, derecho
000. Naturaleza: terreno para construir. Situada en el distrito 2-Santa
Cecilia, cantón 10-La Cruz de la
provincia de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública
de 17 metros; sur, Marcelino Vega Medrano; este, Gumersindo Chaves Guevara y
oeste, Gumersindo Chaves Guevara. Mide: quinientos ochenta y cuatro metros
cuadrados. Plano: G-2066717-2018 con una base de tres millones cuatrocientos
treinta y dos mil quinientos cincuenta colones con cincuenta y nueve céntimos,
para lo cual se señalan las nueve horas cero minutos del ocho de marzo de dos
mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las nueve
horas cero minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós; con la base de
1) Cinco millones seiscientos veintitrés mil trescientos cincuenta y cinco
colones con cincuenta y un céntimos (75% de la base original); 2) Dos millones
quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos doce colones con noventa y cuatro
céntimos (75% de la base original y de continuar sin oferentes, para el tercer
remate se señalan las nueve horas cero minutos del veinticuatro de marzo de dos
mil veintidós; con la base de 1) Un millón ochocientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y un colones con ochenta y cuatro céntimos (25% de la
base original); 2) Ochocientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y siete
colones con sesenta y cinco céntimos (25% de la base original). Notas: se le informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Coopealianza R.L contra
Marco Vinicio Aguirre Vega, expediente N°
21-002637-1205-CJ.—Juzgado de Cobro del Primer
Circuito Judicial de Guanacaste, hora y fecha de emisión: doce horas con
dieciséis minutos del tres de enero del dos mil
veintidós.—Rolando Valverde Calvo, Juez Decisor.—(
IN2022620378 ).
En este Despacho, con una base de ciento sesenta y un millones
novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro colones con
cuarenta y dos céntimos, libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate la
finca del partido de: Alajuela, matrícula N°
346060, duplicado: horizontal: derecho: 000, naturaleza: terreno de repastos.
Situada en el distrito: 02-San Pedro, cantón: 02-San Ramón, provincia:
Alajuela. Linderos: norte, Lote uno; sur, Adilio
Ferreto Arroyo, este, camino público con frente de 228.88 metros, oeste, Resto
de Ganadería Rodríguez Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mide: cuarenta y
seis mil trescientos cincuenta y siete metros con setenta y siete decímetros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las nueve horas y treinta minutos del
trece de junio del dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate,
se efectuará a las nueve horas y treinta minutos del veintiuno de junio del dos
mil veintidós, con la base de ciento veintiún millones cuatrocientos sesenta y
ocho mil novecientos setenta y cinco colones con ochenta y un céntimos (75% de
la base original), y de continuar sin oferentes, para el tercer remate, se
señalan las nueve horas y treinta minutos del veintinueve de junio del dos mil
veintidós, con la base de cuarenta millones cuatrocientos ochenta y nueve mil
seiscientos cincuenta y ocho colones con sesenta céntimos (25% de la base
original). Notas: Se le informa, a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Caja Costarricense de Seguro Social contra Allan y Silvia
S. A., Inversiones Capitales de Hoy S A Expediente N°
12-001399-1012-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro
del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Tercera, 24 de noviembre
del 2021.—M.Sc. Hellen Viviana Segura Godínez, Jueza tramitadora.—( IN2022620387 ).
En este Despacho, con una base de tres millones seiscientos noventa y
seis mil novecientos colones exactos, libre de gravámenes; sáquese a remate el
vehículo CL221017, marca: Toyota, estilo:
Tacoma, categoría: carga liviana, capacidad: 3 personas, camioneta
pick-up caja abierta o cam-pu, 4X2, año 1995, color
negro, 2400 c.c. Para tal efecto se señalan las ocho horas cero minutos del
veintiuno del abril del dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las ocho horas cero minutos del veintinueve de abril del
dos mil veintidós con la base de dos millones setecientos setenta y dos mil
seiscientos setenta y cinco colones exactos (75% de la base original) y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las ocho horas cero
minutos del once de mayo del dos mil veintidós con la base de novecientos
veinticuatro mil doscientos veinticinco colones exactos (25% de la base
original). Notas: Se le informa a las personas
jurídicas interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con
cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho.
Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con
un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata
por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Elvira Altagracia Rodríguez Hernández
contra Jorge Eduardo Rodríguez
Rojas. Expediente N° 21-000790-1203-CJ.—Juzgado de Cobro del Tercer
Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón), 15 de diciembre
del 2021.—José Luis Camareno
Castro, Juez Decisor.—( IN2022620448 ).
En este Despacho, con una base de once millones de colones exactos,
libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones
citas: 295-17564-01-0905-002; sáquese a remate la finca del partido de
Guanacaste, matrícula número 177831, derecho 000, la cual es terreno para
construir. Situada en el Distrito 4-San Pablo Cantón 9-Nandayure de la
Provincia de Guanacaste finca se encuentra en zona catastrada linderos:
noreste: Carlos Luis Gómez Morera noroeste: Carlos Luis Gómez Morera sureste:
Blas Alejandro Gómez Morera suroeste: calle pública
con un frente de treinta metros. Mide: tres mil setecientos siete metros
cuadrados plano: G-1388826-2009 identificador predial:509040177831. Para tal
efecto, se señalan las diez horas treinta minutos del catorce de febrero de dos
mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las diez
horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós con la base
de ocho millones doscientos cincuenta mil colones exactos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
diez horas treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintidós con la base de
DOS millones setecientos cincuenta mil colones exactos (25% de la base
original). Notas: Se les informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Marco Vinicio
Mayorga Hernández. Expediente:21-001798-1206-CJ.—Juzgado
de Cobro del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Santa Cruz). Hora y
fecha de emisión: catorce horas con veintisiete minutos del veintinueve de
Setiembre del dos mil veintiuno.—Hannia Isabel Núñez
Rodríguez, Juez/a Tramitador/a.—( IN2022620451 ).
En este Despacho, con una base de veintisiete mil
trescientos treinta y nueve dólares con setenta y dos centavos, libre de
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo PB-002849, marca Toyota, estilo Hiace, categoría microbús, color plateado, año 2017,
capacidad 16 personas, número de serie JTFSK22P6H0025254, chasis
JTFSK22P6H0025254, vin JTFSK22P6H0025254, características del motor: número
de motor 5L6286386, cilindrada 3000 cc, potencia 68 KW, marca Toyota, modelo LH222L-LEMDE,
cilindros 4, combustible diésel. Para tal efecto se señalan las nueve horas
treinta minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veintidós. De no haber
postores, el segundo remate, se efectuará a las nueve horas treinta minutos del
cuatro de marzo del dos mil veintidós, con la base de veinte mil quinientos
cuatro dólares con setenta y nueve centavos (75% de la base original), y de
continuar sin oferentes, para el tercer remate, se señalan las nueve horas
treinta minutos del catorce de marzo del dos mil veintidós, con la base de seis
mil ochocientos treinta y cuatro dólares con noventa y tres centavos (25% de la
base original). Notas: Se le informa, a las personas interesadas en participar
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución prendaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Alexander Antonio
Chinchilla Sánchez. Expediente N° 21-000364-1207-CJ.—Juzgado de Cobro de Puntarenas, hora y fecha de
emisión: nueve horas del dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno.—Douglas
Quesada Zamora, Juez Decisor.—( IN2022620481 ).
En este Despacho, con una base de tres millones ochocientos ochenta y
siete mil seiscientos setenta y cuatro colones con ochenta y siete céntimos,
libre de gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo BHD038, marca:
Suzuki, estilo: SX4, categoría: automóvil,
carrocería: sedan 4 puertas hatchback, año fabricación:
2015, color: azul y serie, vin, chasis:
JS2YA21S4F6101646. Para tal efecto se señalan las trece horas treinta minutos (1:30
p.m.) del siete de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las trece horas treinta minutos (1:30 p.m.) del quince de
marzo de dos mil veintidós con la base de dos millones novecientos quince mil
setecientos cincuenta y seis colones con quince céntimos (75% de la base
original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se señalan las
trece horas treinta minutos (1:30 p.m.) del veintitrés de marzo de dos mil
veintidós con la base de novecientos setenta y un mil novecientos dieciocho
colones con setenta y dos céntimos (25% de la base original). Notas: publíquese
el edicto de ley, para lo cual deberá el interesado cancelar ante la Imprenta
nacional los respectivos derechos de publicación, previa revisión del edicto a
fin de cotejar que el mismo no contenga errores que ameriten enmienda, caso en
el cual deberá indicarlo al despacho dentro del tercer día para proceder con la
respectiva corrección. Se le informa a las personas
jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con
cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La
anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de
Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de
Scotiabank de Costa Rica S.A. contra Sandra María
Guevara Cordero, expediente N° 19-021203-1044-CJ.—Juzgado Primero Especializado de Cobro del Primer
Circuito Judicial de San José, 07 de enero del año 2022.—Audrey Abarca Quiros, Juez/a Decisor/a.—( IN2022620482 ).
En este despacho, con una base de cuatro millones ochocientos setenta y
un mil seiscientos treinta y ocho colones con treinta y seis céntimos, libre de
gravámenes y anotaciones; sáquese a remate el vehículo BQF055, Marca: Scion, Estilo: XB, Categoría: Automóvil, Capacidad: 5
personas, Serie / Chasis / Vin: JTLKT324664070450,
Carrocería: Sedán 4 puertas, Tracción:
4x2, Año Fabricación: 2006, Color: Negro, N°
Motor: 1NZC053472, combustible: gasolina. Para tal efecto se señalan las nueve
horas cero minutos del catorce de junio de dos mil veintidós. De no haber
postores, el segundo remate se efectuará a las nueve horas cero minutos del
veintidós de junio de dos mil veintidós, con la base de tres millones
seiscientos cincuenta y tres mil setecientos veintiocho colones con setenta y
siete céntimos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las nueve horas cero minutos del treinta de junio de
dos mil veintidós, con la base de un millón doscientos diecisiete mil novecientos
nueve colones con cincuenta y nueve céntimos (25% de la base original). Notas:
Se le informa a las personas interesadas en participar
en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá
ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
ejecución prendaria de Carlos Luis Murillo Rodríguez contra Ana Valeria Aguilar
Vargas. Expediente N° 20-003303-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer
Circuito Judicial de San José, 16 de diciembre del año 2021.—Licda. Heilim María
Badilla Alvarado, Jueza Decisora.—( IN2022620524 ).
En este Despacho, con una base de treinta y seis millones ciento setenta
y cuatro mil colones exactos, libre de gravámenes y anotaciones pero con
servidumbre de paso citas: 426-06250-01-0008-001, servidumbre ecológica y
limitaciones citas: 426-06250-01-0010-001,servidumbre de paso citas:
426-06250-01-0014-001, servidumbre ecológica y limitaciones citas:
426-06250-01-0016-001, servidumbre de paso citas: 426-06250-01-0020-001,
servidumbre ecológica y limitaciones citas: 426-06250-01-0022-001; sáquese a
remate la finca del partido de Limón, matrícula número sesenta y ocho mil
ciento cuarenta y tres, derecho 000, horizontal F la cual es terreno finca
filial primaria individualizada número once apta para construir que se
destinara a uso habitacional y que podrá tener una altura máxima de dos pisos.
Situada en el distrito Cahuita, cantón Talamanca, de la provincia de Limón.
Colinda: al norte, zona verde; al sur, finca filial doce; al este, zona verde y
al oeste, acceso vehicular. Mide: quinientos sesenta y uno metros con dieciocho
decímetros cuadrados. Para tal efecto, se señalan las catorce horas treinta
minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós. De no haber postores,
el segundo remate se efectuará a las catorce horas treinta minutos del ocho de
marzo de dos mil veintidós con la base de veintisiete millones ciento treinta
mil quinientos colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin
oferentes, para el tercer remate se señalan las catorce horas treinta minutos
del dieciséis de marzo de dos mil veintidós con la base de nueve millones
cuarenta y tres mil quinientos colones exactos (25% de la base original).
Notas: Se le informa a las personas interesadas en
participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque certificado, el mismo
deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de
antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en
proceso ejecución hipotecaria de Sociedad Administradora del Condominio
Horizontal Residencial Samarcanda, Walfes Walfes S.A. contra Vasumati S.A.
Expediente N° 20-005110-1208-CJ.—Juzgado
de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 12 de noviembre
del año 2021.—Karina Alexandra Pizarro García, Jueza.—( IN2022620533 ).
En este Despacho, con una base de once mil dólares exactos, libre de
gravámenes hipotecarios, pero soportando servidumbre trasladada citas 404-08542-01-0004-001; sáquese a remate la finca
del partido de San José, matrícula número 1-400476-000,
derecho cero cero cero, la
cual es terreno con una casa lote 7-E. Situada en el distrito Hospital, cantón San José,
de la provincia de San José.
Colinda: al norte, lote 6-E; al sur, lote 8-E; al este, calle y al oeste,
servidumbre. Mide: ochenta y siete metros con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados. Para tal efecto, se señalan las diez horas treinta minutos del siete
de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se
efectuará a las diez horas treinta minutos del quince de marzo de dos mil
veintidós con la base de ocho mil doscientos cincuenta dólares exactos (75% de
la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer remate se
señalan las diez horas treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil
veintidós con la base de dos mil setecientos cincuenta dólares exactos (25% de
la base original). Notas: Se le informa a las personas
interesadas en participar en la almoneda que en caso de pagar con cheque
certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este despacho. Publíquese
este edicto por dos veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo de
cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata por
ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Manrique Antonio Lara Bolaños
contra Luis Alejandro de Je Acuña Naranjo. Expediente N°
20-015897-1044-CJ.—Juzgado Primero Especializado de
Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 14 de enero del año
2022.—Yessenia Brenes González, Jueza Decisora.—( IN2022620538 ).
En este Despacho, con una base de veintidós millones de colones exactos,
soportando hipoteca de primer grado citas: 2019-46846301-0002-001- acreedor
Banco Nacional de Costa Rica, sáquese a remate la finca del partido de
Alajuela, matrícula número 227851 derecho cero cero cero la cual es terreno con una casa. Situada en el
distrito 2- San Miguel, cantón 6- Naranjo, de la provincia de Alajuela.
Colinda: al norte, al norte, calle pública
con 11,16 metros; al sur, Víctor
Espinoza Pérez; al este, servidumbre de paso en medio, Ángela Sandoval Cordero y Katia Ramírez Sandoval y al oeste, Asociación de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de
San Miguel Oeste de Naranjo. Mide: doscientos uno metros cuadrados. Plano:
A-1600409-2012. Para tal efecto, se señalan las nueve horas treinta minutos del
diecisiete de marzo de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de
marzo de dos mil veintidós con la base de dieciséis millones quinientos mil
colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las nueve horas treinta minutos del veintiuno de abril
de dos mil veintidós con la base de cinco millones quinientos mil colones
exactos (25% de la base original). Notas: se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso monitorio dinerario de Construgrecia Rovicar S.A. contra
María de los Ángeles
Rodríguez Pérez,
Pauleth Daniela Pérez
Carmona, expediente N° 20-001460-1204-CJ.—Juzgado de Cobro de Grecia, hora y fecha de
emisión: siete horas con cincuenta minutos del catorce de enero del dos mil
veintidós.—Patricia Eugenia Cedeño Leitón, Jueza Tramitadora.—( IN2022620577 ).
En este Despacho, con una base de ocho millones trescientos cuarenta y
seis mil cuatrocientos cincuenta y un colones exactos, libre de gravámenes y
anotaciones; sáquese a remate la finca del partido de Alajuela, matrícula: 196009-003, naturaleza: terreno con 1
casa. Situada en el distrito 7-El Rosario, cantón
6-Naranjo de la provincia de Alajuela. Linderos: norte, Romelia Castro Cordero;
sur, calle Castro Cordero; este, Romelia Castro Cordero y oeste, Romelia Castro
Cordero. Mide: cuatrocientos un metros con cincuenta y
dos decímetros cuadrados. Plano: A-0366067-1979. Para
tal efecto, se señalan las ocho horas treinta minutos del catorce de febrero de
dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo remate se efectuará a las
ocho horas treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós con la
base de seis millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y
ocho colones con veinticinco céntimos (75% de la base original) y de continuar
sin oferentes, para el tercer remate se señalan las ocho horas treinta minutos
del dos de marzo de dos mil veintidós con la base de dos millones ochenta y
seis mil seiscientos doce colones con setenta y cinco céntimos (25% de la base
original). Notas: Se les informa a las personas interesadas en participar en la
almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser
emitido a favor de este despacho. Publíquese este edicto por dos veces
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco días de antelación
a la fecha fijada para la subasta. Se remata por ordenarse así en proceso
monitorio dinerario de Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L. contra
Dayana Lisette Alcázar Ledezma, José Ángel Alcázar Vásquez, expediente N° 19-001972-1204-CJ.—Juzgado
de Cobro de Grecia, hora y
fecha de emisión: dieciocho horas con once minutos del nueve de noviembre del
dos mil veintiuno.—Patricia Eugenia Cedeño Leitón,
Jueza Tramitadora.—( IN2022620596 ).
En este Despacho, con
una base de veintitrés millones de colones exactos, libre de gravámenes
hipotecarios, pero soportando reservas y restricciones bajo las citas:
301-01526-01-0902-006, condiciones bajo las citas: 301-01526-01-0903-003,
prohibición ref: 2212 067 001 bajo las citas
301-01526-01-0904-003; sáquese a remate la finca del partido de Alajuela,
matrícula número 154418-000, la cual es terreno agricultura. Situada en el
distrito 3-Cote cantón 15-Guatuso, de la provincia de Alajuela. Colinda: al
norte, Río Que Quer; sur, Adán Castillo Rio Que Quer; este, Quebrada Salto; oeste, Río Que Quer. Mide: setecientos cincuenta y un mil ochocientos
noventa y seis metros con noventa y nueve decímetros cuadrados. Plano:
A-0005854-1974. Para tal efecto, se señalan las quince horas cero minutos del
veintisiete de junio de dos mil veintidós. De no haber postores, el segundo
remate se efectuará a las quince horas cero minutos del cinco de julio de dos
mil veintidós con la base de diecisiete millones doscientos cincuenta mil
colones exactos (75% de la base original) y de continuar sin oferentes, para el
tercer remate se señalan las quince horas cero minutos del trece de julio de
dos mil veintidós con la base de cinco millones setecientos cincuenta mil
colones exactos (25% de la base original). Notas: Se le
informa a las personas interesadas en participar en la almoneda que en caso de
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor de este
despacho. Publíquese este edicto por dos veces consecutivas, la primera
publicación con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha fijada para la
subasta. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Álvaro
Enrique Hernández Quesada contra Rancho La Libertad Ltda. Expediente N° 21-003039-1202-CJ.—Juzgado
de Cobro del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, hora y fecha de
emisión: nueve horas con treinta y siete minutos del treinta y uno de Agosto
del dos mil veintiuno.—Pablo Asdrúbal López Vindas, Juez Decisor.—(
IN2022620611 ).
Se hace saber: Que
ante este Despacho se tramita el expediente N° 19-000001-0507-AG
donde se promueven diligencias de información posesoria por parte de Ada
Esmeralda Torres Lobo quien es mayor, divorciada, ama de casa, vecina Heredia,
Los Arcos de Cariari, casa ochenta y ocho, cédula N°
7-0062-0109, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la
Propiedad, el terreno que se describe así: Finca cuya naturaleza es potreros.
Situada en Jiménez, en el distrito segundo Jiménez, cantón segundo Pococí, de
la provincia de Limón. Colinda: al norte, Zaida Torres Lobo y quebrada sin
nombre; al sur, calle pública con una media lineal de cincuenta y seis metros
con cincuenta y tres centímetros, al este, Roberto Araya Lobo y al oeste, Ada
Esmeralda Torres Lobo, tal como lo indica el plano catastrado número
L-1930696-2016. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir No pesan
cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto evadir
la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima las
presentes diligencias y el inmueble en la suma de cinco millones de colones.
Que adquirió dicho inmueble por donación, y hasta la fecha lo ha mantenido en
forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe y a título de
dueño por más de 30 años. Que no existen condueños. Que los actos de posesión
han consistido en mantenimiento y cultivos. Que no ha inscrito mediante el
amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros inmuebles. Se emplaza a
todos los interesados en estas diligencias de
Información Posesoria, a efecto de que dentro del
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen
ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Lo anterior se ordena así en
proceso información posesoria de Ada Esmeralda Torres Lobo. Expediente Nº 19-000001-0507-AG. Nota: Este edicto debe de publicarse
por una sola vez y con la mayor brevedad en el Boletín Judicial de conformidad
con el artículo 5 de la Ley de Informaciones Posesorias.—Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 26 de enero del año 2022.—Lic. Óscar Andrés Segura
Navarro, Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022619965 ).
Se hace saber: que ante este Despacho se tramita el
expediente N° 22-000009-0689-AG donde se promueven
diligencias de información posesoria por parte de Ana Patricia Pérez Hernández quien es mayor,
estado civil soltera, vecina de Chires, Puriscal,
portadora de la cédula de identidad vigente que exhibe número 01-0687-0716,
profesión agricultora, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro
Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca cuya naturaleza
es potrero, charral, frutales y construcción de casa de habitación. Situada en
el distrito Chires, cantón Puriscal, de la provincia
de San José. Colinda: al norte, Carlos Gerardo Monge Jiménez y
Dunia Paola Del Carmen Monge Jiménez; al sur, Cachet Agua de Costa Rica
Sociedad Anónima, yurro sin nombre y Ana Patricia Pérez Hernández; al este,
Wilbert Alberto Sandí Rojas y Evelin Patricia Chinchilla Pérez; y al oeste,
calle pública con un frente a ella de ciento cincuenta metros con ocho
centímetros lineales. Mide: treinta y nueve mil trescientos noventa y dos
metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número
SJ-2200791-2020. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir no
pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto
evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima
tanto el inmueble como las presentes diligencias en la suma de diez millones de
colones cada una. Que adquirió dicho inmueble por donación, y hasta la fecha lo
ha mantenido en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe y
a título de dueño por más de diecisiete años y seis meses (tomando en
consideración la posesión derivada de la cual se beneficia). Que no existen
condueños. Que los actos de posesión han consistido en construcción y
mantenimiento de cercas, siembra y cuido de árboles frutales, regeneración
vegetal de las zonas más quebradas y áreas de protección, chapeas de zonas
verdes, todo tipo de cuido y mantenimiento general del inmueble. Que no ha
inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros
inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a
todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto
de que dentro del plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus
derechos. Proceso información posesoria, promovida por Ana Patricia Pérez Hernández. Expediente N° 22-000009-0689-AG.—Juzgado Agrario del Segundo
Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 27 de enero del
2022.—Dra. Vanessa Fisher González, Jueza Agraria.—1
vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620017 ).
Raquel Eunice Pastrana Hernández, mayor, divorciada una vez,
comerciante, vecina de Guanacaste, Liberia, cédula cinco-trescientos sesenta y
nueve-setecientos ochenta y uno, promueve información posesoria. Pretende
inscribir a su nombre en el Registro Inmobiliario, libre de gravámenes y cargas
reales, el inmueble que se describe así: Terreno de potrero y montaña; situado
en San Jorge, Mogote [distrito tercero], de Bagaces [cantón cuarto], de la
provincia de Guanacaste. Linderos: norte, La Esperanza de Jehová Yireh S. A., Deco Creativa S. A., sur, Ganadera el Mojote de San José S. A., este, Quebrada El Infierno, y
oeste, calle pública y Ganadera el Mojote de San José
S. A. Según plano catastrado G-dos millones ciento trece mil ciento cincuenta y
ocho-dos mil diecinueve, mide de extensión catorce hectáreas seis mil diez
metros cuadrados. Manifiesta que no está inscrito, que carece de título
inscribible y que no pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio,
no tiene condueños, ni pesan cargas reales ni gravámenes sobre el inmueble. Lo
adquirió por compraventa de La Esperanza de Jehová Yireh
S. A. el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Estima el inmueble en tres
millones de colones y el proceso en un millón de colones. Por el plazo de un
mes contado a partir de la publicación de este edicto, se cita a todas las
personas interesadas para que se apersonen en defensa de sus derechos.
Expediente N° 21-000125-0387-AG, informacion
posesoria de Raquel Eunice Pastrana Hernández. Nota: Publíquese este edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial.—Juzgado Agrario de Primer Circuito Judicial de
Guanacaste, Liberia, 14 de enero del dos mil veintidós.—Lic. José Francisco
Chacón Acuña, Juez.—1 vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620129 ).
Se hace saber: que ante este Despacho se tramita el
expediente N° 21-000421-0930-CI donde se promueve
información posesoria por parte de Estefanie Pamela
Araya Solís, quien es mayor, estado civil soltera, vecina de Bella Vista,
Guápiles, portadora de la cédula número 0304920069, operaria en planta de
lácteos, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la
Propiedad, el terreno que se describe así: finca ubicada en la provincia de
Limón, la cual es terreno solar con una casa y un estanque. Situada en el
distrito Guápiles, cantón Pococí. Colinda: al norte, con calle pública; al sur, con Floribeth Umaña Badilla; al este, con quebrada sin nombre y
al oeste, con servidumbre agrícola. Mide: cinco mil trescientos noventa y seis
metros cuadrados. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir no
pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto
evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima
dicho inmueble en la suma de seis millones de colones. Que desde que adquirió
dicho inmueble con plano catastrado número 7-2218428-2020, y hasta la fecha lo
ha mantenido en forma pública, pacífica y quieta. Que los actos de posesión han
consistido en la construcción de una casa de dos pisos de madera y dos estanques así como mantenimiento del área verde. Que no ha
inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros
inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a
todos los interesados en estas diligencias de información posesoria, a efecto
de que dentro del plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus
derechos. Proceso información posesoria, promovida por Estefanie
Pamela Araya Solís, expediente N°
21-000421-0930-CI-8. Nota: publíquese este edicto en el Boletín Judicial.—Juzgado
Civil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, 01 de diciembre
del año 2021.—Licda. Lilliana Garro Sánchez, Jueza Decisora.—1 vez.—(
IN2022620201 ).
Se hace saber que, ante
este Despacho se tramita el expediente N°
210008680640CI, donde se promueve Información Posesoria por parte de Yorleny
Monestel Cordero, quien es mayor, soltera, ama de casa, cédula identidad 01-0960-0707,
Roxana Monestel Cordero quien es mayor, soltera, ama de casa, cédula de
identidad 01-0903-0321 y Ana Cristina Monestel Cordero quien es mayor, soltera,
ama de casa, cédula identidad 01-0781-0417. A fin de inscribir a su nombre y
ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: finca
ubicada en la provincia de Cartago, la cual es terreno construcción (casa de
habitación). Situada en el distrito cuarto San Rafael, cantón tercero La Unión,
provincia tres Cartago, Colinda: al norte, con calle pública; al sur, con Río
Chiquito; al este, con Juan Ramon Vargas y al oeste, con Lourdes Campos Chaves.
Mide: doscientos nueve metros cuadrados. Indica el promovente que sobre el
inmueble a inscribir pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información
no tiene por objeto evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso
sucesorio y estima dicho inmueble en la suma de doce millones de colones. Que
adquirió dicho inmueble, y hasta la fecha lo ha mantenido en forma pública, pacífica
y quieta. Que los actos de posesión han consistido en mantenimiento y limpieza
del lote y la casa de habitación que se encuentra ahí. Que no ha inscrito
mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros inmuebles,
según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a todos los
interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que,
dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto,
se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso Información
Posesoria, promovida por Ana Cristina Monestel Cordero. Expediente N° 210008680640CI-3.—Juzgado
Civil de Cartago. Hora y fecha de emisión: trece horas con diez minutos del
veinticuatro de enero del dos mil veintidós.—M.Sc. Alonso Oviedo Betrano, Juez.—1 vez.—( IN2022620216 ).
Se hace saber: Que ante este Despacho se tramita el
expediente N° 21-000549-0181-CI donde se promueve
información posesoria por parte de Donald Ariel Benavides Álvarez quien es
mayor, estado civil Casado/a, vecino de San José, Uruca, portador de la cédula
número 0801180826, profesión Empresario, a fin de inscribir a su nombre y ante
el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca
ubicada en la provincia de San José, la cual es terreno construido
Apartamentos. Situada en el Distrito Cinco, San Felipe, Cantón Diez,
Alajuelita. Colinda: al norte con Sofia Esperanza Martínez Vásquez; al sur con
Stephanie Rocío Zúñiga Sánchez y Geyner Hernández
Mora; al este con calle pública, medida lineal frente calle pública de seis metros y al
oeste con Inversiones Inmobiliarias Marvi S A Y.
Mide: Cuarenta y Nueve Metros con Cuarenta y Dos Decímetros Cuadrados. Indica
el promovente que sobre el inmueble a inscribir 1-501857-000 pesan cargas reales
o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto evadir la tramitación
y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima dicho inmueble en la
suma de tres millones quinientos mil colones exactos colones. Que adquirió
dicho inmueble por compraventa y hasta la fecha lo ha mantenido en forma
pública, pacífica y quieta. Que los actos de posesión han consistido en dar
mantenimiento, arreglos en la infraestructura, pintura, limpieza para su
conservación, uso y disfrute. Que no ha inscrito mediante el amparo de la Ley
de Informaciones Posesorias, otros inmuebles, según se constata del Registro
Público de la Propiedad. Se emplaza a todos los interesados en estas
diligencias de Información Posesoria, a efecto de que
dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto,
se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. proceso información
posesoria, promovida por Donald Ariel Benavides Álvarez.
Expediente:21-000549-0181-CI-8.—Juzgado Civil
Hatillo, San Sebastián y Alajuelita. Hora y fecha de emisión: diez horas
con siete minutos del nueve de diciembre del dos mil veintiuno.—Licda.
Adriana Brenes Castro, Jueza.—1 vez.—( IN2022620217 ).
Se hace saber: Que ante este Despacho se tramita el
expediente N° 17-000074-0390-CI, donde se promueve
Información Posesoria por parte de Hilda María González Sancho, quien es mayor,
estado civil soltera, vecina de: Hojancha centro, Guanacaste, contiguo al Banco
Nacional de Costa Rica, portadora de la cédula de identidad número: 02-0253-0707,
profesión ama de casa, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro
Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca ubicada en la
provincia de Guanacaste, la cual es terreno para construir. Situada en el
distrito primero-Hojancha, cantón once-Hojancha. Colinda: al norte, con Noemy
Sancho Vargas y Denis Quirós Ruiz; al sur, con Xinia Sussy
Vásquez Rodríguez, María Isabel González Sancho y Rafael Morales Chaves; al
este, con Denis Quirós Ruiz, Rafael Morales Chaves y calle pública; y al oeste,
con María de los Ángeles Gorjales Sancho. Mide: trescientos cincuenta y cuatro
metros cuadrados. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir
G-1833994-2015, pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no
tiene por objeto evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso
sucesorio y estima dicho inmueble en la suma de dos millones quinientos mil
colones exactos. Que adquirió dicho inmueble donación, y hasta la fecha lo ha
mantenido en forma pública, pacífica y quieta. Que los actos de posesión han
consistido en construcción de casa, cuido y limpieza en general del predio. Que
no ha inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros
inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a
todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto
de que, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso
Información Posesoria, promovida por Hilda María González Sancho. Expediente N° 17-000074-0390-CI-0. Nota: Publíquese este edicto en el Boletín
Judicial por una sola vez.—Juzgado Civil y
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) (Materia Civil),
hora y fecha de emisión: once horas con veintiuno minutos del quince de
diciembre del dos mil veintiuno.—Lic. Carlos Eduardo Arce Matarrita, Juez.—1 vez.—(
IN2022620249 ).
Se
cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión notarial de Francisco
Chacón Vega, mayor, soltero, pensionado, vecino de Guadalupe de Goicoechea, con cédula de identidad número uno-cero dos
treinta y dos-cero cero noventa y cuatro, para que dentro del plazo de quince
días contados a partir de la publicación comparezcan a esta notaría, situada a
trescientos cincuenta metros al Sur del Bac San José, en el distrito primero de
Moravia, San José, a reclamar sus derechos. Se apercibe a los interesados que,
si no se apersonaren dentro del término indicado, la herencia pasará a quien
corresponda. (Publicar una vez, artículo 126 del Código Procesal Civil.).—San José, a las doce horas del día veintiocho de enero
del dos mil veintidós.—Lic. Mario Morales
Villalobos, Notario Público.—1 vez.—( IN2022619962 ).
Se emplaza: A todos los herederos, legatarios,
acreedores, y en general a todos los interesados en la sucesión de Anabelia Chacón Castro, quien fue mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de
Desamparados, cédula de identidad número 1-0291-0016, para que dentro del plazo
de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan
a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a los que crean tener mejor
derecho a la herencia, de que, si no se presentan en el plazo citado, aquella
pasará a quien corresponda. Expediente N° 19-000625-0217-CI,
Sucesión de Anabelia Chacón Castro. Nota: Publíquese
este edicto en el Boletín Judicial por una sola vez.—Juzgado
Civil del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados, trece horas
con treinta y dos minutos del veintiocho de enero del dos mil ventidos.—Licda. Johanna Montealegre Cortés, Jueza
Decisora.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022619966 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta Notaría por Rodrigo Ávila
López mayor, soltero, comerciante, vecino de San José Norte de Atenas,
trescientos metros al norte de la Escuela, con cédula de identidad número
dos-trescientos treinta y uno-seiscientos sesenta y cuatro a las doce horas del
tres de diciembre del año dos mil veintiuno y comprobado el fallecimiento, esta
Notaría declara abierto el proceso sucesorio testamentario de Roderico Ávila
Cubero, mayor, casado una vez, comerciante, vecino San José Norte de Atenas,
cédula de identidad número dos-ciento treinta y ocho-quinientos diecinueve, fallecido
el tres de marzo de mil novecientos noventa y seis. Se cita y emplaza a todos
los interesados para que dentro del plazo máximo de
treinta días naturales, contados a partir de la publicación de este edicto,
comparezcan ante esta Notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del Lic.
Ronald Francisco Ramírez Garita, Atenas, costado sur de los Tribunales de
Justicia, Centro Comercial Plaza la fuente local cinco.—Lic.
Ronald Francisco Ramírez Garita.—1 vez.—( IN2022619972 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría
por Catalina de la Trinidad Ramírez Castro, celebrada a las diecinueve horas
del diecisiete de enero del dos mil veintidós y comprobado el fallecimiento,
esta notaría declara abierto el proceso sucesorio ab intestato de quien en vida
fuera Luz Dolores Castro Alvarado, mayor, viuda de primeras nupcias,
pensionada, cédula número: tres-ciento ocho-ciento sesenta, vecina de La Francia,
Cairo, Siquirres, Limón, de la escuela cien norte, fallecida el nueve de
setiembre del dos mil veinte en la Francia del Cairo, Siquirres, Limón. Se cita
y emplaza a todos los interesados para que, dentro del plazo máximo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este edicto comparezcan ante esta
notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del Lic. José Roberto Thomas Solís, Siquirres, Limón, cien
sur y cien oeste de los tribunales, teléfono: 84053156. El original fue
retirado por Catalina de la Trinidad Ramírez Castro, a las diez horas del
veinticuatro de enero del dos mil veintidós.—Lic. José
Roberto Thomas Solís, Notario.—1 vez.—( IN2022619976 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría
por Hernán Valverde Salazar, mayor, viudo, agricultor, vecino de Guácimo de
Atenas, cédula nueve-cero treinta y nueve-cero sesenta y tres a las doce horas
del veintiocho de enero del año dos mil veintidós y comprobado el
fallecimiento, esta notaría declara abierto el proceso sucesorio testamentario
de Felicia Arias Ramos, mayor, casada una vez, de oficios del hogar, vecina de
Guácimos de Atenas, con cédula de identidad número dos-doscientos sesenta y
ocho-doscientos veinticinco, fallecida el cinco de enero de dos mil dieciséis.
Se cita y emplaza a todos los interesados para que
dentro del plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la
publicación de este edicto, comparezcan ante esta Notaría a hacer valer sus derechos. Notaría
del Lic. Ronald Francisco Ramírez Garita, Atenas, costado sur de los Tribunales
de Justicia, Centro Comercial Plaza la fuente local cinco.—Lic.
Ronald Francisco Ramírez Garita, Notario.—1 vez.—( IN2022619980 ).
Sucesión testamentaria. Mediante acta de apertura otorgada ante esta
notaría por Elizabeth Arias López, cédula N°
2-0246-0859, y habiéndose comprobado el fallecimiento del causante, esta
Notaría declara abierto el proceso sucesorio con testamento de quien en vida
fuera Rónald
Soto Calderón, mayor, casado una vez, cirujano ortopedista, cédula N° 2-0184-0268, cuyo último domicilio fue Alajuela, avenida
4, calles 3 y 5, 275 metros al este del Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
nacido el 3 de julio 1936 y fallecido el 15 de julio 2003. Se cita y emplaza a
todos los legatarios, acreedores y en general a todos los interesados para que dentro del plazo máximo de quince días hábiles, contados
a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta Notaría a
hacer valer sus derechos. No se tiene como parte a la Procuraduría General de
la República, tal como ésta lo ha indicado. Notaría Lic. Yesenia Mora Jiménez,
oficina Alajuela, San Mateo, Labrador, Oricuajo de
Pacas Don Leo 250 metros sur, correo electrónico juridicosmora@gmail.com, telféfono
8880-4282.—25 de enero del 2022.—Lic. Yesenia Mora Jiménez, Notaria.—1
vez.—( IN2022619981 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría
por Hannie Lorena Achío Fuentes, cédula cuatro-ciento
treinta y tres-quinientos cuarenta, esta notaría declara abierto el proceso
sucesorio ab intestato de quien en vida fue: Teresita Marta De Jesús Fuentes
Granados, mayor, casada una vez, comerciante, vecina de Cañas, Guanacaste,
frente al Bar Jaque Mate, cédula de identidad número cuatro-cero setenta y
nueve-cero trece, fallecida el trece de julio de dos mil veintiuno. Se cita y
emplaza a todos los interesados para que dentro del
plazo máximo de treinta días naturales a partir de la publicación de este
edicto, comparezcan ante esta notaria a hacer valer sus derechos. Notaría de la
Licda. Ester Cecilia Solano Jerez, en Cañas, Guanacaste, del Banco Nacional,
cien metros norte y veinticinco metros oeste, teléfono N°
2669-0850.—Licda. Ester Cecilia Solano Jerez, Notaria.—1
vez.—( IN2022619983 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría
por María José Arias Ortega, cédula
número uno-uno cinco seis ocho-cero cuatro siete cinco, a as a las diecisiete
horas cincuenta minutos del veintidós de enero de dos mil veintidós, y
comprobado el fallecimiento de la causante; en esta notaría se declara abierto
el proceso sucesorio ab intestato de quien en vida fuera Yolanda Arias Ortega,
mayor, soltera, operaria de Envasa, con cédula de identidad número siete-cero
cero seis nueve-cero tres cinco dos, y vecina de San José, Tibás, León Trece,
del Supermercado El Generaleño,
cincuenta metros al oeste, diez metros al norte, casa esquinera, numero
quinientos sesenta y seis, fallecido el día veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve. “Se emplaza a los herederos, legatarios, acreedores, y demás
interesados en la sucesión del causante fuera Yolanda Arias Ortega, mayor,
soltera, operaria de Envasa, con cédula de identidad número siete-cero cero
seis nueve-cero tres cinco dos, y vecina de San José, Tibás, León Trece, del
Supermercado El Generaleño, cincuenta metros al
oeste, diez metros al norte, casa esquinera, numero quinientos sesenta y seis,
fallecido el día veintinueve de agosto de dos mil diecinueve; para que dentro
del plazo improrrogable de treinta días, contados a partir de la publicación de
este edicto, se apersonen ante mi notaría en defensa de sus derechos, y dentro
del Proceso Sucesorio en Sede Notarial, bajo apercibimiento de que en caso de
no hacerlo, la herencia pasará a quien por derecho corresponda. Asimismo, se
les advierte de la obligación o deber de señalar lugar o medio para escuchar
notificaciones. Expediente Sucesorio en Sede Notarial 001-2022-JCM. Notaría del
Licenciado Josué Calderón Muñoz. Situada en San
José, Curridabat, del Cementerio Municipal, cien metros sur, Condominio El
Corral, H-treinta y tres. Tel 8359-9704.—Curridabat, dieciséis horas del
veintiséis de enero de dos mil veintidós.—Lic. Josué Calderón Muñoz,
Notario.—1 vez.—( IN2022619995 ).
El suscrito notario hace constar que en mi notaría,
mediante escritura número treinta y nueve, del veintisiete de enero del dos mil
veintidós, comparecieron Lizeth Vanessa Pico Blanco y Nohora Eugenia Blanco
Arango a efecto de tramitar proceso sucesorio en sede notarial de conformidad
con el artículo ciento veintinueve del Código Notarial de quien en vida fue
Jorge Alberto Pico Gómez, mayor, casado una vez, ingeniero civil, ciudadano
colombiano con pasaporte de su país número A N siete ocho uno cinco nueve ocho,
cédula de ciudadanía colombiana número uno tres ocho cuatro seis uno dos dos, vecino de Colombia, Santander, Bucaramanga, Carrera
treinta y nueve, Número cuarenta y uno-doce, Edificio Monteverde, apartamento
mil quinientos uno. Quien falleció el veintiocho de julio del dos mil veintiuno. Se nombra como
albacea, a la señora Nohora Eugenia Blanco Arango, quien acepta el cargo.
Conforme el articulo ciento quince del Código Procesal Civil, se cita y emplaza
a todos los interesados para que, dentro del plazo de treinta días a partir de
esta publicación, se apersonen en defensa de sus derechos, bajo el
apercibimiento de que, si no lo hicieren en tiempo y forma, la herencia pasará
a quien en derecho corresponda. San José, 28 de enero del dos mil veintidós.
Expediente Número 001-2022.—Lic. Gastón Sancho Cubero, Notario Público.—1 vez.—(
IN2022619997 ).
Se emplaza a herederos e interesados de la sucesión de quien en vida fue
Rafael Arturo Quesada Mayorga, mayor, casado una vez, pensionado, cédula de
identidad número uno-cero doscientos ochenta y ocho-cero setecientos
veintiséis, vecino de Moravia, Residencial Los Colegios Norte, de la entrada
principal cien metros al norte y cien metros al noreste, a apersonarse ente mi
Notaría para hacer valer sus derechos dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la publicación de este aviso.—San José, cinco de noviembre de dos
mil veintidós.—Licda. Guiza Pinchanski Binderoski, Notaria Pública.—1 vez.—( IN2022620000 ).
Se hace saber en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien
en vida se llamó: Agustín Rodríguez Aguilar,
mayor, estado divorciado, asistente jurídico, cédula de identidad N° 0301610413 y vecino de Turrialba, Santa Rosa. Se indica
a las personas herederas, legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan
un interés legítimo en el proceso que deberán presentarse a gestionar en el
plazo de quince días contados a partir de la publicación de este edicto.
Expediente: 22-000008-0341-CI-8.—Juzgado Civil,
Trabajo y Agrario de Turrialba. Hora y fecha de emisión: trece horas con
cincuenta y uno minutos del veinticuatro de enero del dos mil veintidós.—Licda.
Ivannia Cristina Jiménez Castro, Jueza.—1 vez.—(
IN2022620004 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría
por María Fernanda Salas Hidalgo; mayor, del hogar, soltera, vecina de Alajuela
- San Carlos - La Fortuna, cien metros al oeste del Hotel La Fortuna, taxista,
con cédula de identidad número dos-cero seis cuatro cinco-cero cinco cinco uno, en San José, a las ocho horas del día veintidós del mes de diciembre
del año dos mil veintiuno, y comprobado el fallecimiento de: María Isabel Salas Hidalgo,
mayor, soltera, taxista, vecina de Alajuela - San Carlos - La Fortuna, cien
metros al oeste del Hotel La Fortuna, cédula de identidad número: dos-cero tres nueve
cinco-cero ocho siete nueve, esta notaría ha declarado abierto su
proceso sucesorio AB Intestato. Se cita y emplaza a todos los herederos,
legatarios, acreedores y en general a todos los interesados para que, dentro
del plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir
de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta notaría a hacer valer sus
derechos. No se tiene como parte a la Procuraduría General de la República, tal como está lo
ha indicado. Notaría del Lic. Diego Armando Hernández Solís. Oficina en San José, San José, San Francisco de Dos Ríos, Residencial El Bosque
del final del boulevard trescientos metros al este casa doscientos
veinticinco-I. Expediente: 2021-03.—Lic. Diego Armando Hernández Solís, Notaria.—1
vez.—( IN2022620006 ).
Se hace saber que, en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de Nautilio Morales Miranda, divorciado, número de cédula
6-0159-0980, vecino de Alajuela, hijo de Ulises Morales Morales
y de Elia Miranda Román; se emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y
en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de 30 días
contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer
sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la
herencia de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien
corresponda. Expediente 001-2015. Notaría de la licenciada Scarlet
Román Hernández, Centro Colón, Bufete Robles Oreamuno, Piso 14, Paseo Colón,
San José. Notario Público.—San José, 28 de enero del
2022.—Licda. Scarlet Román Hernández, Notaria.—1
vez.—( IN2022620012 ).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de la señora
Ligia Arroyo González, quien en vida fue mayor de edad, casada una vez, señora
de su casa, vecina de San José, Tibás, San Juan, de la iglesia católica,
doscientos veinticinco metros este, casa número cuarenta y uno, y portó la
cédula de identidad número dos-trescientos dieciocho-quinientos dieciséis, para
que, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de
publicación de este edicto, comparezcan, ante esta notaría, ubicada en San
José, Barrio Naciones Unidas, avenida treinta y cuatro, diagonal treinta y dos,
de la esquina noroeste de la Escuela Naciones Unidas, setenta y cinco metros noreste,
a reclamar sus derechos, y se apercibe a los que crean tener calidad de
herederos, que si no se presentaren, dentro del término indicado, la herencia
pasará a quien corresponda. Expediente número uno-dos mil veintidós. Notaría
del Notario Público Mario Alberto Valladares Guilá.—San José, siete de
enero del dos mil veintidós.—Lic. Mario Alberto Valladares Guilá,
Notario.—1 vez.—( IN2022620013 ).
Se hace saber en este Tribunal de Justicia, se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Hilda María Solera Ovares, mayor,
estado civil casada, profesión u oficio pensionada, nacionalidad Costa Rica,
con documento de identidad N° 0202470042 y vecina de
Ciudad Quesada, San Carlos, barrio San Antonio. Se indica a las personas
herederas, legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un interés
legítimo en el proceso, que deberán presentarse a gestionar en el plazo de
quince días contados a partir de la publicación de este edicto. Expediente N° 22-000028-0297-CI-4.—Juzgado
Civil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Hora y fecha de emisión:
trece horas con cincuenta y uno minutos del veintiuno de enero del dos mil veintidós.—Lic.
Adolfo Mora Arce, Juez Decisor.—1 vez.—( IN2022620018 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta Notaría por Alexis Gerardo
Álvarez Rojas, Irene Patricia Álvarez Rojas y Olga Yessenia Álvarez Rojas, a las diez horas del treinta de
enero del año dos mil veintidós y comprobado el fallecimiento, esta notaría
declara abierto el proceso sucesorio notarial de quien en vida fuera Hormidas Gerardo Álvarez Vargas, mayor, costarricense, jubilado, divorciado, vecino de Heredia,
Sarapiquí, Horquetas, Colonia Victoria, del Bar Kike, dos kilómetros al este,
doscientos metros al sur y quinientos al este a mano izquierda junto al Centro
turístico Los Laureles, cédula de identidad número seis cero cero ocho dos cero nueve uno tres. Se cita y emplaza a
todos los interesados para que dentro del plazo máximo
de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan
ante esta Notaría a hacer valer sus derechos. Notaría de la Licenciada Kattia
Campos Marín, Oficina Abierta en San José, Moravia, setenta y cinco metros al
norte del Colegio Emma Gamboa, teléfono 8378-5650 o 2297-0425.—MSC.
Kattia Campos Marín, Notaria Pública.—1 vez.—(
IN2022620025 ).
Se hace saber: Que ante la notaría del Lic. Mauricio Camacho Villalobos,
Santo Tomas de Santo Domingo de Heredia, quinientos veinticinco sur de la
Basílica, se tramita el proceso sucesorio de quien en vida fue: Francisco Reyes
Bolaños, mayor, casado una vez, constructor, vecino de Heredia, Santo Domingo
de la Basílica de Santo Domingo quinientos metros al sur frente al antiguo
Súper La Bodeguita, portador de la cédula de identidad seis-ciento
cuarenta-ciento treinta y cuatro. Se cita a los herederos, legatarios,
acreedores y en general a todas las personas interesadas para que, dentro del
plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este edicto,
comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que
crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese
plazo pasará a quien corresponda. Expediente N° 0001-2022.—Lic. Mauricio Camacho Villalobos, Notario. Fax
número
2566-2380.—1 vez.—(
IN2022620033 ).
Se cita a los interesados en el proceso sucesorio notarial de María Teresa Rojas Vargas, quien fue mayor, casada
una vez, ama de casa, cédula tres-ciento setenta y cuatro- trescientos cuarenta
y dos, vecina de Navarro Del Socorro, Cartago, quien falleció el dos de
diciembre del dos mil veinte, a reclamar sus derechos en mi oficina en Cartago,
calle 5 avenidas 1 y central. Se apercibe si nadie se presenta dentro del plazo
de ley, la herencia pasará a quien corresponda.—Cartago,
31 de enero del 2022.—Lic. Juan Pablo Navarro Solano, Notario.—1 vez.—(
IN2022620035 ).
Se cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores, y en general
a todos quienes pueden resultar interesados o creen tener derechos en la
sucesión en sede notarial, de quien en vida fue Juan Bolívar Quirós Leitón,
quién fuera costarricense, mayor, casado una vez, agricultor, portador de la
cédula de identidad número tres-cero uno cuatro cuatro-cero seis cero ocho,
vecino de Cartago, Llano Grande, de la Iglesia Católica, trescientos metros al
sur, para que dentro del plazo de quince días contados a partir de la
publicación de este edicto que se hará por una sola vez en el Boletín
Judicial, se apersonen a hacer valer sus derechos ante esta notaría,
ubicada en Cartago, Llano Grande, costado sur de la Iglesia Católica, contiguo
al Centro Social Tenampa, apercibidos de que si no hicieren dentro del plazo
dicho, la herencia pasará a quien corresponda, Los
presuntos herederos universales, los presuntos legatarios y albacea propietario
realizaron las manifestaciones establecidas en el artículo ciento veintiséis
del Código Procesal Civil, mediante el acta número uno de las diecisiete horas
del día veintinueve de enero del año dos mil veintidós, mediante la cual se
solicitó la apertura del presente proceso sucesorio en sede notarial,
expediente número cero cero cero
uno-dos mil veintidós.—Lic. Luis Diego Delgado Vargas, Abogado y Notario
Público, carné veinticinco mil cuatrocientos ochenta y seis.—1 vez.—(
IN2022620049 ).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la
sucesión de quien en vida fuere Gerardo Olger Elpidio Díaz Vargas, mayor de edad,
costarricense, casado una vez, comerciante, portador de la cédula de identidad
número: uno-setecientos cuarenta y nueve-cuatrocientos setenta y nueve, vecino
del distrito de Jacó, cantón de Garabito, provincia de Puntarenas,
contiguo Economy Rent a
Car, para que en el plazo de treinta días hábiles comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo el apercibimiento de que si no lo hacen dentro del término antes
indicado, el haber hereditario pasará a quien ( es ) corresponda (n).
Expediente: 001-2022 Sucesión notarial de Gerardo Olger Elpidio Diaz Vargas,
tramitada bajo la notaría del Lic. Luis Diego Chaves Solís, ubicado en Jacó, cantón de Garabito,
provincia de Puntarenas, Urbanización Jacó Sol, casa cinco B.—Lic.
Luis Diego Chaves Solís, Notario.—1 vez.—(
IN2022620055 ).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de quien en
vida fuere Ana María Jiménez Valverde, mayor
de edad, costarricense, ama de casa, casada una vez, portadora de la cédula de
identidad número: nueve-cero cero noventa y dos-novecientos veintisiete, vecina
del distrito de Jacó, cantón de Garabito,
provincia de Puntarenas, Jacó, Barrio
Copey, frente al Súper Dragón para que en el plazo de treinta días hábiles
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que, si no lo
hacen dentro del término antes indicado, el haber hereditario pasará a quien
(es) corresponda (n). Expediente: 001-2021 Sucesión Notarial de Ana María Jiménez Valverde, tramitada bajo la notaría del licenciado Luis Diego Chaves Solís,
ubicado en Jacó, cantón de Garabito,
provincia de Puntarenas, Urbanización Jaco Sol, casa cinco B.—Lic. Luis Diego
Chaves Solís, Notario Público.—1
vez.—( IN2022620056 ).
Se cita y emplaza a los posibles interesados en el
sucesorio ab-inestato de quien en vida fue Elvira María Francisca Rodríguez Hernández, a efecto en el plazo
de treinta días contabilizados a partir de la publicación del presente edicto,
se apersonen a mi oficina, situada en el cantón de Palmares, provincia de
Alajuela, frente a la Etapa Básica de la UCR, para hacerla valer sus derechos
de no presentarse reclamo alguno la herencia pasará a quienes correspondan
según la normativa legal.—Palmares, a las diecisiete horas y cinco minutos del
nueve de diciembre del dos mil veintiuno.—Licda. Adriana Francisca Hidalgo Sanchez, Notaria, carnet
N° 25951.—( IN2022620081 ).
Se tiene por abierto el sucesorio extrajudicial de
quien en vida fue: Yineth Vallejos Vásquez, cédula cinco-cero doscientos
cuarenta y cuatro-cero ciento noventa y seis. Se cita a todos los interesados,
para que dentro del término común de quince días, a
partir de la publicación de este edicto, se apersonen a hacer valer sus
derechos. Albacea Baudilio Zárate Sánchez. Expediente N° 001-2022.—Heredia, veintiocho de
enero del año dos mil veintidós.—Lic. Rafael Ángel
Salazar Fonseca, Notario Público.—1 vez.—( IN2022620085
).
Acta de apertura de proceso sucesorio de quien en vida se llamó Leonard Barbagallo, mayor, de nacionalidad estadounidense, casado
una vez, pensionado, portador del pasaporte de su país número uno dos siete
tres cero tres cero cinco siete, vecino de Estados Unidos, New York; promovido
por Vivian María Barbagallo, mayor, de un sólo
apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, soltera, ama de casa,
pasaporte de su país número cinco dos cero cero siete
uno ocho uno uno; vecina de Estados Unidos, New York.
Por este medio se cita a los herederos, legatarios, acreedores e interesados
para que dentro de un plazo de quince días comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo el apercibimiento a los que crean tener derecho a la herencia,
de que si no se presentan en este plazo, aquella
pasará a quien corresponda. Todo en conformidad con lo dispuesto en el Código
Procesal Civil y los artículos 129 y siguientes del Código Notarial, ante la
notaría pública de la suscrita, situada en Santa Ana, doscientos metros al sur
y doscientos oeste del Servicentro JSM.—Licda. Daniela
Madrigal Rodríguez, Notaria.—1 vez.—( IN2022620121 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría por Guillermo
Francisco Morera Castro, mayor, soltero, máster en banca y finanzas, vecino de
Palmares ciento cincuenta metros al del cementerio, cédula número
dos-quinientos cuarenta y cuatro-cero ochenta y cinco a las dieciséis horas del
veintiocho de enero del año dos mil veintidós y comprobado el fallecimiento,
esta notaría declara abierto el proceso sucesorio testamentario de Marta Eugenia
Castro Vargas, mayor, viuda, de oficios del hogar, vecina de Palmares, con
cédula de identidad número dos-trescientos diez-setecientos once, fallecida el
quince de junio de dos mil veintiuno. Se cita y emplaza a todos los interesados
para que dentro del plazo máximo de treinta días
naturales, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante
esta Notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del Lic. Rónald Francisco Ramírez Garita,
Atenas, costado sur de los Tribunales de Justicia, Centro Comercial Plaza la
fuente local cinco (Publicar 1 vez en el Boletín Judicial).—Lic. Rónald Francisco Ramírez
Garita, Notario.—1 vez.—( IN2022620124 ).
Acta de apertura de proceso sucesorio de quien en vida se llamó: Carlos
Manuel Víquez Hidalgo, mayor, divorciado una vez,
portador de la cedula de identidad numero dos-cero trescientos veintiséis-cero
trescientos sesenta, vecino de Alajuela, el Roble, Condominio Málaga, casa
número diez; promovido por Paula María Víquez Hidalgo, mayor, casada una vez,
recepcionista, vecina de Alajuela, El Roble, Condominio Málaga, casa número
diez, portadora de la cédula de identidad número
dos-cero seiscientos veintiuno-cero ciento cincuenta y dos. Por este medio se
cita a los herederos, legatarios, acreedores e interesados para que dentro de
un plazo de quince días comparezcan a hacer valer sus derechos bajo el
apercibimiento a los que crean tener derecho a la herencia de que si no se
presentan en este plazo aquella pasará a quien corresponda. Todo en conformidad
con lo dispuesto en el Código Procesal Civil y los artículos 129 y siguientes
del Código Notarial, ante la notaría pública de la suscrita, situada en Santa
Ana, doscientos metros al sur y doscientos oeste del Servicentro JSM.—Licda. Daniela Madrigal Rodríguez, Notaria.—1 vez.—(
IN2022620133 ).
Se cita y emplaza a todos los herederos y
legatarios y demás interesados en la sucesión ab intestato extrajudicial en
sede notarial, de quien en vida se llamó: Jorge Eliezer Heredia Fonseca,
costarricense, quien fue mayor, casado una vez, Empresario, vecino de Pavas, Rohrmoser, Condominio Villa L Oeste, número tres, cedula de
identidad número 8-0116-0066, fallecido el día 05 de diciembre del año 2021,
para que en un plazo de quince días contados a partir de la primera publicación
de este aviso, se apersonen ante esta Notaria, situada en San Jose, Montes de
Oca, San Pedro, Barrio Los Yoses, costado Oeste de Centro Comercial Plaza Vivo
Los Yoses, casa número 43, con el apercibimiento de que si no comparecen dentro
del plazo de ley, la herencia pasara a quien corresponda. Expediente 0001
-2022.—San José, 29 de enero del 2022.—Lic. Juan Luis Jimenez
Succar, Notario.—1 vez.—(
IN2022620142 ).
Se hace saber en este Tribunal de Justicia, se tramita el proceso
sucesorio de quien en vida se llamó Alexander Alberto Gaitán Alvarado, mayor,
estado civil divorciado, profesión u oficio agricultor, nacionalidad Costa
Rica, con documento de identidad N° 0900870071, y
vecino Alajuela, Los Chiles frontera norte de la escuela el parque 25 metros
sur y 100 metros este. Se indica a las personas herederas, legatarias,
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de
la publicación de este edicto. Expediente N°
22-000008-0297-CI-7.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela,
Hora y fecha de emisión: nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de
enero del dos mil veintidós.—Lic.
Adolfo Mora Arce, Juez Decisor.—1 vez.—( IN2022620145 ).
Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Eduardo Antonio De La Guarda
Montero Vargas, mayor, estado civil, profesión Pensionado, nacionalidad
costarricense, con documento de identidad 5-0103-0233 y vecino de San José,
Desamparados. Se indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras y en
general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que deberán
presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de la
publicación de este edicto. Nota: Publíquese este edicto en el Boletín Judicial
por una sola vez. Expediente:21-000313- 0180-CI.—Juzgado
Civil del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados. Hora y fecha
de emisión: diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de
setiembre del dos mil veintiuno.—Licda. Johanna
Montealegre Cortés, Jueza Decisora.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620150
).
Se hace saber: en este Tribunal de Justicia se tramita el proceso
sucesorio de quien en vida se llamó Grace María
de Los Ángeles Obando Hernández, mayor, estado civil casada, del hogar,
nacionalidad Costa Rica, con documento de identidad N°
0302290889 y vecina de Desamparados. Se indica a las personas herederas, legatarias,
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de
la publicación de este edicto. Expediente N°
22-000009-0217-CI-3.—Juzgado Civil del Tercer Circuito
Judicial de San José (Desamparados), hora y fecha de emisión:
ocho horas del dieciocho de enero del dos mil veintidós.—Johanna Montealegre Cortés,
Jueza Decisora.—1 vez.—( IN2022620189 ).
Yo, Patricia Rivero Breedy, notaria con
oficina en San José, Avenida cinco calle veintinueve,
Barrio Escalante, edificio Breedy Abogados Nº 25, hago constar que ha comparecido ante mi notaría la
señora Marta Isabel Méndez Soto, a solicitar que
se tramite extrajudicialmente y de acuerdo con los artículos ciento veintinueve
del Código Notarial y ciento quince y siguientes del Código Procesal Civil, la
sucesión del señor Edgar Trigueros Mejía.
En consecuencia cito a todos los interesados para que dentro del plazo de
quince días contados a partir de la publicación de este único aviso, concurran
a mi notaría, a hacer valer sus derechos bajo el apercibimiento de que si no lo
hicieren dentro del término indicado la herencia pasará a quien legalmente corresponda.—San José, 28 de enero de 2022.—Licda. Patricia
Rivero Breedy, Notaria Pública.—1 vez.—( IN2022620198
).
Se hace saber: en este Tribunal de Justicia se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó José Joaquín Soto Picado, mayor,
estado civil casado, pensionado, nacionalidad Costa Rica, con documento de identidad
N° 0104410378 y vecino de Guatuso de Patarrá,
frente a la entrada a Urbanización Los Guisaros. Se indica a las personas
herederas, legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un interés
legítimo en el proceso, que deberán presentarse a gestionar en el plazo de
quince días contado a partir de la publicación de este edicto. Expediente N° 21-000085-0217-CI-5.—Juzgado Civil del Tercer
Circuito Judicial de San José (Desamparados), 23 de
febrero del 2021.—Henry Steven Sanarrusia Gómez, Juez Decisor.—1 vez.—( IN2022620210 ).
Se hace saber en este tribunal de justicia se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó: José Martín Mayorga Rodríguez,
mayor, estado civil casado, una vez, profesión u oficio comerciante,
nacionalidad costarricense, con documento de identidad N°
0107940289 y vecino de Pococí, La Rita, Barrio La Pajarera. Se indica a las
personas herederas, legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un
interés legítimo en el proceso, que deberán presentarse a gestionar en el plazo
de quince días contado a partir de la publicación de este edicto. . Expediente N°
21-000437-0930-CI-9.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de la Zona
Atlántica, 03 de diciembre del 2021.—Licda. Lilliana Garro Sánchez, Jueza.—1 vez.—( IN2022620212 ).
Se emplaza a herederos, legatarios, acreedores e interesados en las
Sucesión de Hilario Antonio Angulo Vargas, mayor, casado una vez, educador
pensionado, con cédula N° 5-104-693, vecino de
Filadelfia, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
de la publicación de este aviso, se apersonen a ésta notaría ubicada en
Filadelfia de Carrillo, Guanacaste, 50 oeste del Banco Nacional, a hacer valer
sus derechos, bajo el apercibimiento de que si no se presentaren en ese plazo,
la herencia pasará a quien corresponda. Notaría del Lic. Luis Roberto Paniagua
Vargas, teléfono 2688-8661, fax 2688-8682, email: robert8661@yahoo.com.—Filadelfia, 29 de enero del 2022.—Lic.
Luis Roberto Paniagua Vargas, Notario.—1
vez.—( IN2022620214 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría, por la señora
Rosalba Otárola Alvarado, a las diecisiete horas del catorce de enero del año
dos mil veintidós y comprobado el fallecimiento, esta notaría declara abierto
el proceso sucesorio intestato de quien en vida fuera Marta Estrella Otárola
Alvarado, cédula dos-cero cuatro uno nueve-cero ocho ocho
cuatro, quien al fallecer era mayor, viuda una vez, comerciante y vecina San
José, Escazú, Bello Horizonte, Urbanización Zarate, casa veintitrés. Se cita y
emplaza a todos los interesados para que, dentro del plazo máximo de quince
días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta
notaría a hacer valer sus derechos. Notaría de la licenciada Cristina Roper Williams, San José, Sabana sur, de la Librería
Universal, cien metros al sur y cincuenta metros al oeste, Teléfono 8835-7535
(Publicar 1 vez en el Boletín Judicial).—Licda.
Cristina Roper Williams, Notaria Pública.—1 vez.—(
IN2022620218 ).
Por escritura veintiséis, folio trece vuelto,
del tomo primero del protocolo del Licenciado Luis Carlos Vargas Solano Notario
Público con oficina en San José, se inicia el Proceso Sucesorio Notarial
0001-2022 del señor Lidio Delgado Retana, quién en vida fue mayor, casado una
vez, decorador, vecino de San José, Alajuelita, cédula 1-380-034. Comprobada la
definición del Causante, se declara abierto el proceso sucesorio notarial. Se
nombra a Evelyn Delgado González como Albacea Provisional, quién comparece en
este acto, acepta y jura cumplir con el cargo. Existen los preceptos legales
de: herederos plenamente capaces, acuerdo entre los herederos, no hay ninguna
discrepancia en cuanto a la sucesión. Se nombra como
Perito Valuador al Arquitecto Bernal Badilla Ureña, para que otorgue el avalúo
respectivo de los bienes inventariados. Se ordena extender el Edicto de Ley, el
cual deberá ser publicado en el diario Oficial La Gaceta, se emplaza a
los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados para
que, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento, a los que
crea tener derecho a la herencia de que si no se presentan en el plazo aquella
pasará a quién corresponda, para lo cual deberán señalar lugar para recibir
notificaciones.—San José, a las 15:00 horas del 28 de enero del 2022.— Lic.
Luis Carlos Vargas Solano, Notario Público.—1 vez.—( IN2022620232 ).
Se hace saber: En este
tribunal de justicia se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó
Luz Marina de Jesús Méndez Leal, mayor, estado civil Viuda, profesión u oficio
Desconocido, nacionalidad Costa Rica, con documento de identidad 0600860398 y
vecina de Esparza, Puntarenas. Se indica a las personas herederas, legatarias,
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de
la publicación de este edicto. Expediente N° 21-
000429-0642-CI - 9.—Juzgado Civil de Puntarenas, hora y fecha de
emisión: diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de enero del dos
mil veintidós.—Yeimy Jiménez Alvarado, Jueza
Decisora.—1 vez.—( IN2022620242 ).
Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita el proceso
sucesorio de quien en vida se llamó Ana Felicia Solano Leandro, mayor,
costarricense, casada, ama de casa, vecina de Paraíso de Cartago, con documento
de identidad 0302070423. Se indica a las personas herederas, legatarias,
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de
la publicación de este edicto. Expediente:220000030640CI-6.—Juzgado
Civil de Cartago. Hora y fecha de emisión: diez horas con treinta y siete
minutos del seis de enero del dos mil veintidós.—Licda.
Franciny Gutiérrez López, Jueza.—1 vez.—( IN2022620251 ).
Se hace saber: en este tribunal de justicia se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Silvana Leandro Sánchez, mayor,
casada, ama de casa, costarricense, con documento de identidad 0301670503 y
vecina de Paraíso de Cartago. Se indica a las personas herederas, legatarias,
acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que
deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de
la publicación de este edicto. Expediente N°
22-000004-0640-CI-0.—Juzgado Civil de Cartago, hora y fecha de emisión:
diez horas con treinta y siete minutos del diez de enero del dos mil veintidós.—Lic. Allan Barquero Duran, Juez Decisor.—1 vez.—(
IN2022620252 ).
Se hace saber: En este tribunal de justicia se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Ana María Leandro Sánchez,
mayor, casada, oficios domésticos, costarricense, con documento de identidad N° 0301260142 y Rafael Ángel Rigoberto Solano Martínez,
mayor, viudo, pensionado, costarricense, con documento de identidad 0300970440,
ambos vecinos de Paraíso de Cartago. Se indica a las personas herederas,
legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el
proceso, que deberán presentarse a gestionar lo que corresponda en el plazo de
quince días contado a partir de la publicación de este edicto. Expediente N° 22-000010-0640-CI.—Juzgado
Civil de Cartago, hora y fecha de emisión: catorce horas con siete minutos
del siete de enero del dos mil veintidós.—Licda. Franciny
Gutiérrez López, Jueza.—1 vez.—( IN2022620253 ).
Se hace saber: en este Tribunal de Justicia se tramita el proceso
sucesorio de quien en vida se llamó Francisco Leandro Sánchez, mayor, estado
civil casado en primeras nupcias, profesión u oficio pensionado, nacionalidad
costarricense, con documento de identidad N°
3-0141-0644 y vecino de Paraíso de Cartago. Se indica a las personas herederas,
legatarias, acreedoras y en general a quienes tengan un interés legítimo en el
proceso, que deberán presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado
a partir de la publicación de este edicto, expediente N°
220000110640CI-0.—Juzgado Civil de Cartago, hora y fecha de emisión:
diecinueve horas con veintiocho minutos del once de enero del dos mil veintidós.—Lic.
Allan Barquero Durán, Juez Decisor.—1 vez.—(
IN2022620254 ).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión en sede notarial de
quien en vida fue la señora María Lilia Espinoza Castillo,
mayor, costarricense, casada una vez, ama de casa, quien fue portadora de la cédula número cinco-cero
cero siete seis-cero cinco nueve siete, vecina de San José, Colima de Tibás, Urbanización Los Almendros, sucesión abierta mediante
resolución de las dieciséis horas del veintiuno de enero de dos mil veintidós, para que dentro del
plazo perentorio de quince días hábiles, contados a partir
de la publicación de este edicto, comparezcan a reclamar sus derechos, lo cual podrán hacerlo en Heredia,
Santo Domingo, San Miguel, cien metros sur y ciento veinticinco oeste de la
escuela Castilla, teléfono 8825-3544, correo electrónico
roaguilar@abogados.or.cr Se apercibe a los que crean tener derecho a la
herencia que, si no se presentan dentro de dicho plazo, la herencia pasará a quien por derecho
corresponda. Sucesión en sede notarial de María Lilia Espinoza Castillo,
expediente N° 001-2022.—Heredia, Santo Domingo, 31 de
enero de 2022.—Lic. Roberto Aguilar Rodríguez, Notario.—1
vez.—( IN2022620257 ).
Se cita y emplaza a todos los interesados en la sucesión de Silvio
Navarro Fuertes, mayor, casado una vez, cédula 1– 556 –948, vecino de San José, Paso Ancho, de la casa del Tanque 200 metros
este, 25 norte, segunda casa a mano izquierda, para que dentro del plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a
hacer valer sus derechos y se apercibe a los que crean tener la calidad de herederos,
que si no se presentan dentro del plazo citado, la herencia pasara a quien
corresponda. Expediente 002-2021. Notaría
del Lic. Bismarck Adonis Gómez Zúñiga, ubicada en San José, Desamparados, 350
metros sur de música fundación, verjas de colores.—San
José, 31 de enero del 2022.—Lic. Bismarck Adonis Gómez Zúñiga, Notario.—1
vez.—( IN2022620264 ).
Se hace saber en este tribunal de justicia se tramita
el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Elsie Solís Sánchez, mayor,
estado civil viuda segunda nupcias, profesión u oficio Oficios Domésticos,
nacionalidad Costa Rica, con documento de identidad 0202170961 y vecina de
Bijagua de Upala. Se indica a las personas herederas, legatarias, acreedoras y
en general a quienes tengan un interés legítimo en el proceso, que deberán
presentarse a gestionar en el plazo de quince días contado a partir de la
publicación de este edicto. Expediente N°
21-000105-1143-CI-7.—Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial
de Alajuela, Sede Upala (Materia Civil), 07 de enero del 2022.—Lic. Jainer Alonso Gamboa Muñoz, Juez Decisor.—1
vez.—( IN2022620304 ).
Mediante acta de apertura otorgada ante esta notaría por Juan Vianey
Núñez Mora; se declara abierto el proceso sucesorio
notarial de Rogelio Zumbado Cartín, mayor, divorciado, empresario,
vecino de La Villalobos de Horquetas, contiguo al Rancho Sara, cédula de
identidad N° 2-0335-0056. Se cita y emplaza a todos
los interesados para que dentro del plazo máximo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto,
comparezcan ante esta Notaría a hacer valer sus derechos. Notaría del Lic.
German Vega Ugalde, Río Frío de Horquetas, Sarapiquí, Finca Seis, frente a M
Express, teléfono 8926-9513. Email: germanvega98@hotmail.com. (Publicar 1 vez
en el Boletín Judicial).—Lic. German Vega
Ugalde, Notario.—1 vez.—( IN2022620305 ).
Se cita y emplaza a todas las personas que
tuvieren interés en el depósito de la personas menores
de edad Leandro Arias Aguirre, Keylor Esteban Aguirre Murillo y Horianna Valeska Aguirre Murillo, para que se apersonen a
este Juzgado dentro del plazo de treinta días que se contarán a partir de la
última publicación del edicto ordenado. Expediente N°
21-001282-0292-FA. Clase de Asunto Actividad Judicial No Contenciosa (Depósito
Judicial).—Juzgado de Familia del Primer Circuito
Judicial de Alajuela, a las ocho horas dieciocho minutos del seis de
setiembre de dos mil veintiuno. 06 de setiembre del año 2021.—M.Sc. Jenniffer de los Ángeles
Ocampo Cerna, Jueza Decisora.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022619083 ). 3
v. 3.
Licda. María Del Milagro Montero Barrantes,
Jueza Juzgado Familia de Grecia. Al señor Allan José Soto Gallardo y a
toda persona que tuviera interés se le comunica. Se cita y emplaza a todas las personas
que tuvieren interés en el depósito
judicial de la persona menor Anderson Josue Soto
Varela, para que se apersonen a este Juzgado dentro del plazo de treinta días
que se contarán a partir de la última publicación del edicto ordenado. Juzgado
de Familia y Violencia Doméstica de Grecia (Materia de Familia). De las
presentes diligencias de depósito
judicial de la persona menor de edad Anderson Josué Soto Varela, promovidas por el Patronato
Nacional de la Infancia, se confiere traslado por tres días a Angie Vanessa
Varela Jiménez y Allan José Soto Gallardo,
a quienes se les previene que en el primer escrito que presente(n) debe(n)
señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que
mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el
transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se
producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el
medio señalado. Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales
N° 8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La
Gaceta N° 20, del 29 de enero de
2009. Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el
Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2
de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que,
si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso
exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden
utilizarlo también como teléfono. “Se exhorta a las partes a que suministren un
número de teléfono “celular”, con el fin de enviar avisos y recordatorios de
actuaciones del despacho. Esta petición es para cubrir nuestras necesidades
internas de trámite procesal, buscando la agilización del
mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos
explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones.” Igualmente se les invita a utilizar “El Sistema de Gestión
en Línea” que además puede ser utilizado como medio para recibir
notificaciones. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del Poder
Judicial, http://www.poderjudicial. go.cr Si desea más información contacte al
personal del despacho en que se tramita el expediente de interés. Asimismo, por
haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de
Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007,
artículo LV, se le solicita a las partes de este
asunto que resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente
información: a) Lugar de trabajo, b) Sexo, c) Fecha de nacimiento, d) Profesión
u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil, g)
Número de cédula, h) Lugar de residencia. Notifíquese a Allan José Soto Gallardo por medio de edicto, que se publicará por tres
veces consecutivas en el Boletín Judicial, se cita y emplaza a todos los
que tuvieren interés en este asunto, para que se apersonen dentro del plazo de
treinta días que se contarán a partir de la última publicación del edicto
ordenado. Depósito provisional: Tal como
lo solciita la representante legal de la entidad
promotora del proceso y con fundamento en la pruea documental que cosnta en
autos se ordena depositar provisionalmente a la persona menor de edad Anderson
Josué Soto Varela bajo la responsabilidad de la señora María Del Carmen Jiménez Castro. Expediente N° 21-000774-0687-FA. Clase de Asunto depósito
judicial.—Juzgado de Familia y
Violencia Doméstica de Grecia
(Materia de Familia).—Licda. María Del Milagro Montero Barrantes, Jueza.—O.
C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022619090 ). 3
v. 3.
Licda. Marjorie Salazar Herrera, Jueza, Juzgado
de Familia de Grecia. El proceso de depósito
Judicial N° 21-000775-0687-FA del
Patronato Nacional de la Infancia contra Isabel de Los Ángeles Barrantes
Corrales y Jorge Luis Valverde Berrocal se dictó la resolución que dice: A las
diez horas con treinta y tres minutos del veintitrés de noviembre del año dos
mil veintiuno. De las presentes diligencias de depósito de las personas menores
Jorge Mathías Valverde Barrantes, promovidas por el
Patronato Nacional de la Infancia, se confiere traslado por tres días a Isabel
de Los Ángeles Barrantes Corrales y Jorge Luis Valverde Berrocal, a quienes se
les previene que en el primer escrito que presente(n) debe(n) señalar un medio
para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga,
las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de
veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual
consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.
Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La
Gaceta N° 20, del 29 de enero de
2009. Notifíquese esta resolución a Jorge Luis Valverde Berrocal, personalmente
o por medio de cédulas y copias de ley en su casa de habitación, o bien en su
domicilio real. Artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales. Para estos
efectos, se comisiona a la oficina de Comunicadores Judiciales de estos
Tribunales. En caso de que el lugar de residencia consistiere en una zona o
edificación de acceso restringido, se autoriza el ingreso del(a) funcionario(a)
notificador(a), a efectos de practicar la notificación, artículo 4 de la Ley de
Notificaciones Judiciales. Notifíquese a la señora Isabel de Los Ángeles
Barrantes Corrales por medio de edicto, que se publicará por tres veces
consecutivas en el Boletín Judicial, y se cita y emplaza a todos los que
tuvieren interés en este asunto, para que se apersonen dentro del plazo de
treinta días que se contarán a partir de la última publicación del edicto
ordenado. Se deposita provisionalmente a la persona menor de edad Jorge Mathías Valverde Barrantes, bajo la responsabilidad
de la señora María Digna Berrocal Monestel. Publíquese por tres veces consecutivas. Expediente N°
21-000775-0687-FA. Clase de asunto actividad judicial no contenciosa depósito judicial.—Juzgado
de Familia y Violencia Doméstica de Grecia (Materia de Familia), a las diez
horas con cuarenta y dos minutos del veintitrés de noviembre del año dos mil
veintiuno. 23 de noviembre del año 2021.—Licda. Marjorie Salazar Herrera, Jueza.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022619513
). 3 v. 2.
Se cita y emplaza a todas
las personas que tuvieren interés en el depósito de la persona menor de edad
Joshua Porras Rodríguez, para que se apersonen a este Juzgado dentro del plazo
de treinta días que se contarán a partir de la última publicación del edicto ordenado. Expediente N° 200021270292FA. Clase de asunto actividad judicial no
contenciosa
de depósito judicial.—Juzgado de Familia del Primer
Circuito
Judicial de Alajuela, 24 de
setiembre del 2021.—Licda. Jorleny María Murillo Vargas, Jueza.—O.
C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—(
IN2022619939 ). 3 v. 2.
Se cita y emplaza a todas
las personas que tuvieren interés en el depósito de la persona menor de edad
Valeria de La Rosa Vargas, para que se apersonen a este Juzgado dentro del
plazo de treinta días que se contarán a partir de la última publicación del
edicto ordenado. Expediente N° 210020160292FA. Clase de Asunto
Depósito Judicial.—Juzgado de Familia
del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 10 de enero de 2022.—Msc. Francinni Campos León, Jueza.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022619961 ). 3
v. 1.
Se cita y emplaza a todas
las personas que tuvieren interés en el depósito de la persona menor de edad Brithany Dayan Álvarez González, para que se apersonen a
este Juzgado dentro del plazo de treinta días que se contarán a partir de la
última publicación del edicto ordenado. Expediente N°
21-001968-0292-FA. Clase de Asunto Actividad Judicial no Contenciosa.—Juzgado
de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 17 de noviembre del
año 2021.—Licda. Jorleny María Murillo Vargas,
Jueza.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620281 ). 3
v. 1.
Se avisa a: Ana Lucía Chinchilla Picado, cédula de identidad N° 1-1615-0216, de domicilio y de demás calidades desconocidas, representado por el curador
procesal Licenciado Mariano Alfredo Solórzano
Olivares, se le hace saber que existe proceso N°
20-000445-0673-NA de declaratoria judicial de abandono de la persona menor de
edad: Danna Paola Hurtado Chinchilla, establecido por el Patronato Nacional de
la Infancia en contra de Ana Lucía Chinchilla Picado y Pablo Rodolfo Hurtado
González, que en resolución dictada por el Juzgado de Niñez y Adolescencia del
Primer Circuito Judicial de San José, a las veintidós horas y veintidós minutos
del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: Se le
concede el plazo de diez días para que se pronuncie sobre la misma y ofrezca
prueba de descargo si es del caso de conformidad con el artículo 305 del Código
Procesal Civil. Se les advierte a los accionados que, si no contestan en el
plazo dicho, el proceso seguirá su curso, de oficio se le declarará rebelde y
se tendrá por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos.
Notifíquese. Licda. Katherine Isabel Meza Chaves, Jueza.—Juzgado
de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 28 de
enero de 2022.—Msc. José Valverde Leitón, Juez.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022619957 ).
Lic. Wálter Alvarado Arias Juez del Juzgado Segundo de Familia
de San José; hace saber a Luis Ricardo Cajina Rosales, documento de identidad N° 0111780936, casado/a, oficial de seguridad, vecino de
desconocido, que en este Despacho se interpuso un proceso abreviado en su
contra, bajo el expediente número 20-000238-0187-FA donde se dictaron las
resoluciones que literalmente dicen: de la anterior demanda ordinaria de
divorcio por sevicia con cobro de daño moral establecida por el accionante Grettel Patricia Chaves Agüero se confiere traslado
al accionado Luis Ricardo Cajina Rosales por el plazo perentorio de treinta
días, para que se oponga a la demanda o manifieste su conformidad con la misma.
Dentro del plazo de cinco días podrá oponer excepciones previas. Al contestar
negativamente deberá expresar con claridad las razones que tenga para su
negativa y los fundamentos legales en que se apoya. Respecto de los hechos de
la demanda, deberá contestarlos uno a uno, manifestando categóricamente si los
rechaza por inexactos, o si los admite como ciertos o con variantes o
rectificaciones. En la misma oportunidad deberá ofrecer las pruebas que
tuviere, con indicación en su caso del nombre y las generales de ley de los
testigos y los hechos a que se referirá cada uno. Se le previene a la parte
demandada, que en el primer escrito que presente debe señalar un medio para
atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las
resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro
horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia
cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado. Artículos 11,
34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°
8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20, del 29 de enero de 2009. Con
respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el Consejo
Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de
setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si
desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso
exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden
utilizarlo también como teléfono. “Se exhorta a las partes a que suministren un
número de teléfono “celular”, con el fin de enviar avisos y recordatorios de
actuaciones del despacho. Esta petición es para cubrir nuestras necesidades
internas de trámite procesal, buscando la agilización del
mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos
explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones.” Asimismo, por
haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de
Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007,
artículo LV, se le solicita a las partes de este
asunto que resulten ser personas físicas que se sirvan suministrar la siguiente
información: a) lugar de trabajo, b) sexo, c) Fecha de Nacimiento, d) Profesión
u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) Estado civil, g)
Número de cédula, h) Lugar de residencia. II. III. Lo anterior se ordena así en
proceso abreviado de Grettel Patricia Chaves Agüero contra Luis Ricardo
Cajina Rosales; expediente Nº 20-000238-0187-FA.
Nota: publíquese este edicto por única vez en el Boletín Judicial o en
un periódico de circulación nacional. Los plazos comenzarán a correr tres días
después de aquél en que se hizo la publicación.—Juzgado
Segundo de Familia de San José, 27 de enero del año 2022.—Lic. Wálter
Alvarado Arias, Juez Decisor.—1 vez.—O.C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022619968
).
Licenciado Walter Francisco Alvarado Arias, Juez del Juzgado Segundo de
Familia de San José, a Gabriel Jaime Toro Hincapie,
en su carácter personal, quien es mayor, casado/a, comerciante, vecino(a) de,
cédula CC79281386, se le hace saber que en demanda proceso abreviado de nulidad
de matrimonio, bajo el expediente N°
19-001000-0187-FA, establecida por Procuraduría General de La República contra
Gabriel Jaime Toro Hincapie y Thais Matilde Balzer Molina, se ordena notificarle por edicto, La
Sentencia N° 2022000123 de las ocho horas treinta y
uno minutos del veinticinco de enero del dos mil veintidós que en lo conducente
dice: Por tanto, con fundamento en todo lo anteriormente expuesto se estima
pertinente al final del asunto puesto en conocimiento de este despacho
judicial, accederá la pretensión del representante legal de la entidad que
promueve el proceso y por ende declarar con lugar el presente proceso abreviado
de nulidad de matrimonio interpuesta por el representante legal de la
Procuraduría General de La República en contra de los señores Gabriel Jaime
Toro Hincapie de nacionalidad colombiana y Thais
Matilde Balzer Molina, por ende, se ordena: a) Se
declara Sin Lugar la Excepción de Falta de Derecho interpuesta por la curadora
procesal del demandado Toro Hincapie. b) Se decreta
la nulidad absoluta del vínculo matrimonial entre los demandados Gabriel Jaime
Toro Hincapie de nacionalidad colombiana y la señora
Thais Matilde Balzer Molina inscrito en el Registro
Civil, Registro de Matrimonios de la provincia de San José, al tomo 0453; folio
091; asiento 0181; c) Se ordena la nulidad absoluta de todo el proceso y acto
final administrativo que confirió o aprobó la naturalización a favor del señor
Gabriel Jaime Toro Hincapie con fundamento en su
matrimonio con la señora Thais Matilde Balzer Molina
ante el Registro Civil de Costa Rica, mediante el cual el mismo obtuvo la
nacionalidad costarricense por naturalización. Tales beneficios deberán ser
considerados como absolutamente nulos conforme lo establece el numeral 19 del
Código de Familia, así como todos los que se deriven de éste. d) Se ordena la
nulidad absoluta de cualquier trámite llevado a cabo o que realice la Dirección
General de Migración y Extranjería de Costa Rica tendiente a conceder
Residencia temporal, permanente o cualesquiera otro beneficio
migratorio al señor Gabriel Jaime Toro Hincapie
de nacionalidad colombiana, con ocasión de su matrimonio con la señora Thais
Matilde Balzer Molina Tales beneficios deberán ser
considerados como absolutamente nulos. En caso de que el señor Toro Hincapie haya obtenido la condición migratoria de Residente
temporal o permanente en Costa Rica (cédula de residencia 117000295915) con
sustento en su matrimonio simulado y absolutamente nulo con la señora Balzer Molina, dicho beneficio deberá considerarse también
como absolutamente nulo. Deberá comunicarse lo pertinente a la Dirección
General de Migración y Extranjería de Costa Rica e) Se ordena la modificación
de las inscripciones de nacimiento de las personas menores de edad Mayte
Fabiola y Mariel Nazareth ambas apellidos Toro Balzer. Deberá eliminarse de las mismas el apellido Toro
como apellido paterno y el nombre del señor Gabriel Jaime Toro Hincapié como el
nombre de su padre. Ambas personas menores de edad serán inscritas
registralmente con los apellidos de su madre. Es decir, como Mayte Fabiola y Mariel Nazareth ambas
apellidos Balzer Molina. Se ordena inscribir
lo así dispuesto ante el Registro de Nacimientos de la provincia de San José al
tomo 1963; folio 177; asiento 354 en el caso de Mayte Fabiola y al tomo 2055;
folio 436; asiento 872 en el caso de Mariel Nazareth. f.) Ninguno de los
demandados registra bienes muebles o inmuebles en Costa Rica. En caso de que
aparezcan bienes, derechos o valores en titularidad o posesión de alguno de los
demandados, adquiridos dentro del enlace matrimonial, cuya nulidad absoluta se
ordena a través de esta resolución, se ordena excluirlos de toda consideración
de ganancialidad. Permanecerán en patrimonio o posesión personal exclusiva de
su dueño o poseedor (a) y se inscribirán bajo su estado civil de persona
soltera. g) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del Código
Procesal Civil, notifíquese esta sentencia a la parte accionada con domicilio
desconocido, señor Gabriel Jaime Toro Hincapie
mediante Edicto que se publicará en el Boletín Judicial o bien otro medio
similar. Expídase el mismo; y h) Se exime del pago de costas a la parte
demandada, por cuanto la actitud procesal de la demandada Balzer
Molina y la ausencia del señor Toro Hincapie
así como la falta de elementos de prueba que desacreditaran la tesis de la
entidad promotora del proceso, propiciaron el resultado antes expuesto; ya que
no hubo mayor oposición al respecto. i) Publíquese la parte dispositiva de esta
resolución por única vez en el Boletín Judicial, de conformidad con lo
que establece el artículo 263 del cuerpo normativo supra citado. j) Por haber
cumplido con las labores propias del cargo designado, solicítese a la
Administración del Primer Circuito Judicial de San José cancelar los honorarios
de la persona profesional en derecho que figura como curadora procesal,
Licenciada Milena Soto Osorio, por un monto de setenta y cinco mil colones
exactos más el trece por ciento de I.V.A dicho monto por concepto de impuesto
al valor agregado, según aplicación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas
Públicas y Circulares de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, para un
total de ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta colones sin céntimos. Una
vez aprobados los mismos, se estará comunicando el número de autorización para
que dicha abogada presente ante este despacho la factura por sus servicios
profesionales, consignando el número asignado a fin de proceder a realizar el
visto bueno. Una vez firme la sentencia se ordena mediante ejecutoria disponer
su inscripción ante el Registro Civil sección de Matrimonios de la provincia de
San José al tomo 0453; folio 091; asiento 0181. Asimismo, se emitirá ejecutoria
para que se inscriba lo ordenado ante la sección de nacimientos ambas de la
provincia de San José al tomo 1963; folio 177; asiento 354 en el caso de Mayte
Fabiola y al tomo 2055; folio 436, asiento 872 en el caso de Mariel Nazareth
ambas Balzer Molina. Se comunicará asimismo ante la
Dirección General de Migración y
Extranjería con relación al otorgamiento de la cédula residencia 117000295915 a
nombre del señor Toro Hincapie. Se informa que se
cuenta con la posibilidad de impugnar la presente resolución dentro del plazo
de ley ante el superior. Nota: Publíquese este edicto por única vez en el Boletín
Judicial o en un periódico de circulación nacional. Los plazos comenzarán a
correr tres días después de aquél en que se hizo la publicación.—Juzgado
Segundo de Familia de San José.—Lic. Walter Francisco Alvarado Arias,
Juez.—1 vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022619969 ).
Licenciado Wálter
Francisco Alvarado Arias, juez del Juzgado Segundo de Familia de San José, a
Valentín Rosa Gil, mayor de edad, dominicano, casado
una vez, identificación pasaporte dominicano número PEM0390798, oficio
desconocido, se le hace saber que en demanda proceso abreviado de nulidad de
matrimonio, bajo el expediente N° 17-000244-0187FA,
establecida por Procuraduría General de la República
contra Gil Valentín Rosal y Rosaura de la
Trinidad Padilla Moya, se ordena notificarle por edicto, la sentencia N° 2022000098 de las ocho horas veinticinco minutos del
veinte de enero de dos mil veintidós que en lo conducente dice: por tanto, con
fundamento en todo lo anteriormente expuesto se estima pertinente al final del
asunto puesto en conocimiento de este despacho judicial, accederá la pretensión del representante legal de la
entidad que promueve el proceso y por ende declarar con lugar el presente
proceso abreviado de nulidad de matrimonio interpuesta por el representante
legal de la Procuraduría General de la República en contra de los señores
Valentín Rosa Gil de nacionalidad dominicana y Rosaura
de la Trinidad Padilla Moya; por ende, se ordena: a.-) Se decreta la nulidad
absoluta del vínculo matrimonial entre los demandados Valentín Rosa Gil de nacionalidad dominicana y la
señora Rosaura de la Trinidad Padilla Moya debidamente inscrito en el Registro
Civil, Registro de Matrimonios de la Provincia de San José, al Tomo
1-0526-276-0551; b.-) Se ordena la nulidad absoluta de todo el proceso y de ser
el caso, del acto final administrativo que confirió o eventualmente aprobó la
naturalización del señor Valentín Rosa
Gil ante el Registro Civil de Costa Rica, mediante el cual éste eventualmente
pudo llegar a obtener la nacionalidad costarricense por naturalización, por
intermedio de la figura del matrimonio con la señora Padilla Moya. Tales
beneficios deberán ser considerados como absolutamente nulos conforme lo
establece el numeral 19 del Código de Familia c.-) Se ordena la nulidad
absoluta de cualquier trámite llevado a cabo, se encuentre pendiente o
realizara la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica
tendiente a conceder Residencia o cualesquiera otro beneficio
migratorio al señor Valetín Rosa Gil de nacionalidad dominicana. Tales beneficios
deberán ser considerados como absolutamente nulos. En caso de que el documento
de identidad Dimex 121400136702 corresponda una
cédula de residencia o similar o cualquier otro trámite o beneficio migratorio
concedido por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense
al señor Valentín Rosa Gil, con ocasión de
su matrimonio con la señora Padilla Moya cuya nulidad absoluta se está
decretando a través de la presente resolución, se ordena que ese etatus migratorio y documento de identificación deberán
correr la misma suerte y ordenar así su nulidad absoluta con sustento en lo que
dispone el numeral 19 del Código de Familia, por lo que se comunicará lo
pertinente mediante oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería.
d.-) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del Código Procesal
Civil, notifíquese esta sentencia a la parte accionada con domicilio
desconocido, señor Valentín Rosa
Gil mediante Edicto que se publicará en el Boletín Judicial o bien otro medio
similar. Expídase el mismo; y e.-) Se exime del pago de costas a la parte
demandada, por cuanto la contestación y apersonamiento al proceso de la señora
Padilla Moya, su colaboración con el proceso al presentarse a rendir
confesional en autos y la ausencia del señor Rosa Gil propiciaron el resultado
antes expuesto; ya que no hubo oposición al respecto. f.-) Publíquese la parte
dispositiva de esta resolución por única vez en el Boletín Judicial, de
conformidad con lo que establece el artículo 263 del cuerpo normativo supra
citado. g.-) Por haber cumplido con sus labores propias del cargo designado,
solicítese a la Administración del Primer Circuito Judicial de San José
cancelar los honorarios de la persona profesional en derecho que figura como
curador procesal, Licenciado Juan José Alvarado Quirós, por un monto de setenta
y cinco mil colones exactos más el trece por ciento de I.V.A dicho monto por
concepto de impuesto al valor agregado, según aplicación de la Ley de
Fortalecimiento de Finanzas Públicas y Circulares de la Dirección Ejecutiva del
Poder Judicial, para un total de ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta
colones sin céntimos. Una vez aprobados los mismos, se estará comunicando el
número de autorización para que dicha abogada presente ante este despacho la
factura por sus servicios profesionales, consignando el número asignado a fin
de proceder a realizar el visto bueno. Una vez firme esta sentencia se ordena
mediante ejecutoria su debida inscripción ante el Registro Civil sección de
Matrimonios de la provincia de San José al Tomo 526; Folio 276, Asiento 551.
Así como mediante ejecutoria que se expedirá ante el registro nacional de
bienes muebles para lo que resulte de su competencia. Se informa que se cuenta
con la posibilidad de impugnar la presente resolución dentro del plazo de ley ante
el superior y el auto de adición y aclaración de las once horas cuarenta y dos
minutos del veinte de enero de dos mil veintidós que indica: ¨Por haberse
omitido en forma involuntaria, conforme la oportunidad que brindan los
numerales 158 y 161 del Código Procesal
Civil, de oficio de adiciona y aclara la parte dispositiva de la sentencia
dictada en este asunto a las ocho horas veinticinco minutos del veinte de enero
de dos mil veintidós, en tanto se agrega que el bien mueble placa BQF479 en
titularidad registral del señor Rosa Gil se excluye de toda condición de
ganancialidad, así como cualquier otro bien, derecho o valor en titularidad o
posesión de cualquiera de los demandados, por lo que permanecerá en patrimonio
personal exclusivo de su titular y se inscribirá registralmente bajo su estado
civil de persona soltera. Así se analizó
y ordenó en la parte considerativa de la sentencia. En lo demás se mantiene
incólume la resolución de cita. Nota: publíquese este edicto por única vez en
el Boletín Judicial o en un periódico de circulación nacional. Los plazos
comenzarán a correr tres días después de aquél en que se hizo la publicación.—Juzgado Segundo de Familia de San José.—Licenciado
Wálter
Francisco Alvarado Arias, Juez Decisor.—1 vez.—O.C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022619991
).
Lic. Walter Alvarado Arias, Juez del Juzgado Segundo de Familia de San
José; hace saber a Cesar Baquedano Maldonado documento de identificación
C153189, de nacionalidad nicaragüense, de domicilio desconocido, que en este
Despacho se interpuso un proceso de autorización de salida del país, en su
contra promovido por Kimberly María Oviedo Mora, bajo el expediente N° 20-000210-0187-FA, donde se dictó la sentencia
2021001058 de las diez horas veinticuatro minutos del veintinueve de setiembre
de dos mil veintiuno que en lo interesa dice: “Por tanto: con base en lo
expuesto y en artículos 5, 16 y 105 del Código de Niñez y Adolescencia, así
como en numeral 151, siguientes y concordantes del Código de Familia, se declara
con lugar las presentes diligencia de Solicitud de Permiso de Salida del País,
establecida por Kimberly María Oviedo Mora, contra de Cesar Baqueado Maldonado,
representado por el curador procesal Eduardo Robert Cruz Ramírez en
consecuencia: 1) Se autoriza la salida del país permanente de la persona menor
de edad: María José Baqueado Oviedo, en compañía de su madre o de la persona de
confianza que esta autorice, hacia los destinos que esta determine en su
momento. 2) Se autoriza a la madre de la menor a gestionar en forma individual,
en favor de dicha menor, la emisión de pasaporte o su renovación, ante la
Dirección General de Migración y Extranjería, en el momento que sea necesario,
pudiendo a su vez resguardar dicho documento, así como a gestionar en forma
individual, en favor del referido menor María José Baqueado Oviedo, la
expedición de las visas de ingreso en los países que así lo requieran. 3)
Quedan entendido las partes de que las salidas del país deberán de implicar el
retorno al país, ya que es en Costa Rica, donde tienen su residencia habitual
las personas menores de edad, además las salidas del país no podrán afectar el
calendario académico de los menores, a menos que la salida tenga como propósito
una actividad académica, deportiva, cultural o que sea una situación
extraordinaria médica o personal (fallecimiento de familiares, por ejemplo). 4)
Se hace la advertencia legal de que el incumplimiento malicioso del presente
acuerdo, por cualquiera de las partes, deviene eventualmente en el delito de desobediencia
a la autoridad, asimismo se hace ver a ambas partes en cuanto a las salidas del
país que si lo incumplen, el menor deberá de retornar a su domicilio habitual
en Costa Rica, además de las consecuencias penales ya citadas, el progenitor
incumplidor podría cometer el delito de sustracción de menor conforme el
numeral 192 bis del Código Penal, que conlleva pena de prisión, asimismo el
progenitor no incumpliente podría ejercer las
potestades que le otorga el Convenio de la Haya, para sustracción de menores.
Por la naturaleza del presente proceso se dicta esta sentencia sin especial
condenatoria en costas” Nota: Publíquese este edicto por única vez en el Boletín
Judicial o en un periódico de circulación nacional. Los plazos comenzarán a
correr tres días después de aquél en que se hizo la publicación.—Juzgado
Segundo de Familia de San José.—Lic. Walter Alvarado Arias, Juez.—1 vez.—O.
C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620016 ).
Se avisa a: Marco Vinicio Vargas Gómez, que en este Juzgado se tramita
expediente Proceso Medida Especial de Protección promovido por el Patronato
Nacional de la Infancia Expediente N° 210020390292FA,
donde se solicita medidas de protección a favor de las personas menores de edad
Mathías Vargas Sánchez, Isaac Mauricio Vargas
Sánchez y Shannon Adele Soto Sánchez. Se le concede el plazo de tres días
naturales, para que manifieste su conformidad o se oponga a este proceso. Lo
anterior, por ordenarse así en Proceso Protección a la Niñez y la Adolescencia
promovido por el Patronato Nacional de la Infancia Expediente N° 210020390292FA.—Juzgado de Familia del Primer Circuito
Judicial de Alajuela, 17 de enero de 2022.—Msc. Francinni Campos León, Jueza.—1
vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620043 ).
La licenciada Katherine Meza Chaves, Jueza del Juzgado
de Familia de Puntarenas hace saber, que en expediente N° 21-000344-0673-NA,
correspondiente a un Proceso de Solicitud de Depósito Judicial, promovido
por el Patronato Nacional de la Infancia, interviniente Karren de Los Ángeles
Herrera Chaves, se dictó la sentencia N° 2021001299, de las quince horas
treinta y ocho minutos del ocho de diciembre del dos mil
veintiuno, que en lo conducente reza así: Resultando. Primero: (...) Segundo: (...) Tercero:
(...) Considerando. I.—Hechos probados. II.—Sobre el fondo del asunto. Por
tanto. De acuerdo a lo expuesto y artículos 51 de la
Constitución Política; 2, 5 y 140 y siguientes del Código de Familia; 3 de la
Convención de los Derechos del Niño, 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia
y 796 y 854 y siguientes del Código Procesal Civil, se acoge la solicitud y se
ordena el depósito judicial de la persona menor de edad Abrahan
de Los Ángeles Herrera Chaves en Daniel González Berrocal y su esposa Ivannia Prendas Quesada. Firme esta resolución, deberán
apersonarse al despacho los depositarios nombrados para el acto de aceptación del cargo.
Hágase saber.—Juzgado de Familia de Puntarenas.—Diego
Acevedo Gómez, Juez de Familia.—1 vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620044 ).
Se avisa, al señor Pablo Martín Araya Hernández, mayor, de domicilio
desconocido, mismos representados por el curador procesal Licenciado Mauricio
Alvarado Prada, se le hace saber que existe proceso N°
18-000613-0673-NA, de Sumario de Depósito Judicial de la persona menor de edad
Ismael Araya Escobar establecido por el Patronato Nacional de la Infancia en
contra de Nathaly Nicolle
Escobar Granados y Pablo Martín Araya Hernández, que en resolución dictada por
el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José a las once horas y cuatro minutos del
catorce horas cincuenta y cinco minutos del doce de enero de dos mil veintiuno,
que en lo conducente dice: se le concede el plazo de cinco días a dichos
accionados para que se pronuncie sobre la misma y ofrezcan prueba de descargo
si es del caso de conformidad con los artículo 433 del Código Procesal Civil.
Se le advierte a los accionada que, si no contesta en el plazo dicho, el
proceso seguirá su curso. Notifíquese. Licda. Nelda Jiménez Rojas. Teléfono del
Juzgado de Niñez y Adolescencia 2295-3115.—Juzgado de Niñez y
Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 26 de enero de
2022.—Licda. Nelda Jiménez Rojas, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620097 ).
Se avisa, a la señora María Luisa
Viva Aburto, mayor, de domicilio desconocido, misma representada por la
curadora procesal licenciada Ligia María
López Alvarado, se le hace saber que existe proceso N°
20-000020-0673-NA de suspensión de autoridad parental de las personas menores
de edad Engel Santiago García Viva y Eithan Matías
García Viva establecido por el Patronato Nacional de la Infancia en contra de
María Luisa Viva Aburto y Néstor Javier García
Molina, que en resolución dictada por el Juzgado de Niñez y Adolescencia del
Primer Circuito Judicial de San José, a las ocho horas y veintidós minutos del
veinticinco de febrero del dos mil veinte, que en lo conducente dice: se le
concede el plazo de diez días a dicha accionada para que se pronuncie sobre la
misma y ofrezcan prueba de descargo si es del caso de conformidad con los
artículos 159 del Código de Familia, 262 y 263 del Código Procesal Civil. Se le
advierte a la accionada que, si no contesta en el plazo dicho, el proceso
seguirá su curso con una audiencia oral y privada conforme con el artículo 123
del Código de Familia y una vez recibida la prueba se dictará sentencia.
Notifíquese. Licda. Diana Rojas Elizondo.—Juzgado
de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 21 de
enero del 2022.—Licda. Nelda Jiménez Rojas, Jueza.—1 vez.—O. C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620098 ).
Se avisa a la señora Katherine Dayanna Vargas
Arley, de domicilio y demás calidades desconocidas, que
en este Juzgado, se tramita el expediente N°
21-000422-0673-NA, correspondiente a diligencias no contenciosas de depósito
judicial, promovidas por Patronato Nacional de la Infancia, donde se solicita
que se apruebe el depósito de la persona menor de edad Cristel
Zamara Álvarez Vargas. Se le concede el plazo de tres días naturales, para que
manifieste (n) su conformidad o se oponga (n) en estas diligencias.—Juzgado
de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 21 de
enero de dos mil veintidós.—Licda. Nelda Jiménez Rojas, Jueza Decisora.—1
vez.—O.C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620099 ).
Se avisa a los señores Emilio Castillo Marago y Sandra Ramírez Carvajal, de domicilio y demás
calidades desconocidas, que en este Juzgado, se
tramita el expediente 22-000001-0673-NA, correspondiente a diligencias no
contenciosas de depósito judicial, promovidas por Patronato Nacional de la
Infancia, donde se solicita que se apruebe el depósito de la persona menor de
edad Nathalia Castillo Ramírez. Se les concede el
plazo de tres días naturales, para que manifiesten su conformidad o se opongan
en estas diligencias.—Juzgado de Niñez y
Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 20 de enero de dos
mil veintidós.—Licda. Nelda Jiménez Rojas, Jueza.—1 vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022620100 ).
Licenciado Carlos Sánchez Miranda, juez del Juzgado de Familia del
Segundo Circuito Judicial de San José, a Nicole Marie Beckstead,
en su carácter personal, quien es mayor, estadounidense, casada una vez, de
domicilio desconocido, cédula de pasaporte N°
P076693040, se le hace saber que en demanda abreviado de divorcio, establecida
por Juan Carlos Tercero Segura contra Nicole Marie Beckstead,
se ordena notificarle por edicto, la resolución que en lo conducente dice:
Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, a las quince
horas treinta y seis minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.
De la anterior demanda abreviada de divorcio establecida por el accionante Juan
Carlos Tercero Segura, se confiere traslado a la accionada Nicole Marie Beckstead representada por el curador procesal Gerardo
Sánchez Rodríguez por el plazo perentorio de diez días, para que se oponga a la
demanda o manifieste su conformidad con la misma. Dentro del plazo de cinco
días podrá oponer excepciones previas. Al contestar negativamente deberá
expresar con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos
legales en que se apoya. Respecto de los hechos de la demanda, deberá
contestarlos uno a uno, manifestando categóricamente si los rechaza por
inexactos, o si los admite como ciertos o con variantes o rectificaciones. En
la misma oportunidad deberá ofrecer las pruebas que tuviere, con indicación en
su caso del nombre y las generales de ley de los testigos y los hechos a que se
referirá cada uno. Se le previene a la parte demandada, que en el primer
escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el
apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores
quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas,
incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la
notificación no se pueda efectuar en el medio señalado. Artículos 11, 34, 36 y
50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 del
28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20,
del 29 de enero de 2009. Con respecto al medio, se le hace saber a las partes
lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N°
65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008,
en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación,
dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos,
por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono. “Se exhorta a las partes
a que suministren un número de teléfono “celular”, con el fin de enviar avisos
y recordatorios de actuaciones del despacho. Esta petición es para cubrir
nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del mismo,
pero en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo
legal para la recepción de notificaciones.” Notifíquese a la parte demandada;
la presente demanda, por medio de un edicto que se publicará en el Boletín
Judicial o en un Diario de Circulación Nacional; para los efectos del artículos 263 del Código Procesal Civil. Inclúyase en el
mismo los datos que sean necesarios para identificar el proceso. Los plazos
comenzarán a correr tres días después de aquel en que se haga la publicación.
Expídase y publíquese. Se reserva la contestación de la demanda realizada por
el curadora procesal, para ser conocida en el momento procesal oportuno.—Juzgado de Familia del Segundo Circuito
Judicial de San José.—MSc. Carlos Sánchez
Miranda, Juez Decisor.—1 vez.—O.C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—(
IN2022620136 ).
Se avisa al señor: Houssam
El Chaar, mayor, comerciante, de nacionalidad
libanés, pasaporte N° RL0966234, demás calidades y
domicilio desconocido, que dentro del proceso abreviado nulidad matrimonio N°
14-000816-0186-FA establecido por Procuraduría General de la República, que se tramita en
este juzgado, se dictó la sentencia N° 146-2019 de las nueve horas
cuarenta y seis minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve, cuya parte
dispositiva dice: “Por tanto: de conformidad con lo expuesto, normas legales
citadas, este proceso de nulidad de matrimonio formulado por El Estado, contra
los señores Houssam El Chaar
y Astrid Yasmín González Fonseca, se resuelve de la siguiente manera: 1) Se declara
sin lugar la presente demanda. 2)
Notifíquese al codemandado Houssam El Chaar la parte dispositiva de esta sentencia por medio de
Edicto, que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial. 3) Se
condena al Estado al pago de las costas procesales y personales de este asunto.
4) De una vez se ordena girar los honorarios de curador procesal al Licenciado
Álvaro Francisco Vargas Arce, cédula de identidad N°
4-0134-0568; una vez firme esta sentencia realícese la respectiva comunicación
para su efectivo pago a la administración de este circuito judicial.—Juzgado
Primero de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, 19 de enero de
2022.—MSC. Marilene Herra Alfaro, Jueza.—1
vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620137 ).
Se avisa que en este Despacho bajo el expediente número
21-000863-0687-FA, solicitud de adopción, de la persona menor Brittany Alondra
Barahona, promovida por Christian Gerardo Barahona Amador y Haydee Lucía Rodríguez
Salas, con intervención del Patronato Nacional de la Infancia, y de los
interesados directos a quienes se les concede el plazo de cinco días para
apersonarse o formular oposiciones. A los interesados directos se les
comunicará por medio de un aviso que se publicará en el Boletín Judicial
de conformidad con lo prescrito por el numeral 131 del Código de Familia. Para
notificar al ente aludido, se comisiona a la Oficina de Comunicaciones
Judiciales y Otras Comunicaciones. Se le previene a la parte promovente
presentar un Estudio Psicosocial actualizado
por medio del Departamento de Adopciones del Patronato.—Juzgado
de Familia y Violencia Doméstica de Grecia
(Materia de Familia).—Licda. María
Magdalena Alfaro Barrantes, Jueza.—1 vez.—O. C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620179
).
Se avisa a la señora Melissa Paola Castro Salazar, de
domicilio y demás calidades desconocidas que, en este Juzgado, se tramita el
expediente 21-000820-0673-NA, correspondiente a diligencias no contenciosas de
depósito judicial, promovidas por Patronato Nacional de la Infancia, donde se
solicita que se apruebe el depósito de la persona menor de edad Thiago Jesús
Castro Salazar y Gael Esteban Castro Salazar. Se le concede el plazo de tres
días naturales, para que manifieste (n) su conformidad o se oponga (n) en estas
diligencias.—Juzgado de Niñez y Adolescencia del
Primer Circuito Judicial de San José, 03 de noviembre del dos mil
veintiuno.—Licda. Nelda Jiménez Rojas, Jueza.—1 vez.—O.C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620279 ).
Licenciada Jorleny María Murillo Vargas, Jueza del Juzgado de Familia
del Primer Circuito Judicial de Alajuela, a Walter Isaac Álvarez Quesada, N° 0502880319, y Yorleny María González Matamoros, cédula N° 2-508-468, en su carácter personal se le hace saber que
en demanda Actividad Judicial No Contenciosa, establecida por contra Walter Isaac
Álvarez Quesada, se ordena notificarle por edicto, la resolución que en lo
conducente dice: De las presentes diligencias de depósito de la persona menor
de edad Brithany Dayan Álvarez González, promovidas
por el Patronato Nacional de la Infancia, se confiere traslado por tres días a
Yorleny María González Matamoros y Walter Isacc
Álvarez Quesada, a quienes se les previene que en el primer escrito que
presente(n) debe(n) señalar un medio para atender notificaciones, bajo el
apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores
quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas,
incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la
notificación no se pueda efectuar en el medio señalado. Artículos 11, 34, 36 y
50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 del
28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20,
del 29 de enero de 2009. Con respecto al medio, se le hace saber a las partes
lo dispuesto por el Consejo Superior, en Sesión N°
65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular N° 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax
como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y
recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como teléfono.
“Se exhorta a las partes a que suministren un número de teléfono “celular”, con
el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho. Esta
petición es para cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal,
buscando la agilización del mismo, pero en ningún momento sustituye los medios
establecidos explícitamente en lo legal para la recepción de notificaciones.”
Igualmente se les invita a utilizar “El Sistema de
Gestión en Línea” que además puede ser utilizado como medio para recibir
notificaciones. Para acceder a este sistema ingrese la página oficial del Poder
Judicial, http://www.poderjudicial.go.cr Si desea más información contacte al
personal del despacho en que se tramita el expediente de interés. Asimismo, por
haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de
Género del Poder Judicial, Sesión N° 78-07 celebrada
el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a
las partes de este asunto que resulten ser personas físicas que se sirvan
suministrar la siguiente información: a) Lugar de trabajo, b) Sexo, c) Fecha de
Nacimiento, d) Profesión u oficio, e) Si cuenta con algún tipo de discapacidad,
f) Estado civil, g) Número de cédula, h) Lugar de residencia. Edicto de Auto de
Traslado y Otros Documentos: Siendo que no se conoce el domicilio de los
accionados, y no se cuenta con un lugar donde puedan ser notificados, al tenor
del ordinal 263 del Código Procesal Civil de 1989, vigente en materia de
familia, se ordena publicar la presente resolución en el Boletín Judicial.
Asimismo, solicítese a la Sección de Planillas de la Caja Costarricense del
Seguro Social, certificación que indique si aparecen reportados como
asalariados, además solicítese a la Dirección General de Migración y
Extranjería, certificación de entradas y salidas del país. Una vez que se
cuente con dicha información se procederá a designar el curador procesal
respectivo. En otro orden de ideas, se le indica al PANI, que debe aportar la
prueba documental que ofrece en su escrito inicial, toda vez que no consta en
autos dichas probanzas. Edicto de Aviso: Por medio de edicto, que se publicará
por tres veces consecutivas en el Boletín Judicial, se cita y emplaza a
todos los que tuvieren interés en este asunto, para que se apersonen dentro del
plazo de treinta días que se contarán a partir de la última publicación del
edicto ordenado. Depósito Provisional: El régimen de medidas cautelares, como
instituto del derecho procesal, establece la necesidad para el otorgamiento de
dos presupuestos básicos, por un lado tenemos que debe de estar presente la
apariencia del buen derecho, esto es que de los autos se tenga que
efectivamente el derecho que se solicita en la demanda (pretensión material)
tenga alguna oportunidad de triunfar en el litigio, al menos que se derive la
existencia de los mínimos presupuestos para lo pretendido (derecho y
legitimación); y por otro lado se hace necesario que permanezca para su dictado
el peligro en la demora, sea que la necesidad de tomar la medida cautelar se da
en virtud de que si no se hace se puede perder el derecho invocado si es que se
concede en sentencia. Por lo anterior y considerando quien resuelve, que se
cumple con los elementos legales acoger la gestión en razón de que ha existido
negligencia por parte del padre y la madre de la persona menor de edad, en lo
que refiere a sus obligaciones para con la persona menor de edad, y dado que el
Patronato Nacional de la Infancia ha solicitado que la niña Brithany
Dayan Álvarez González, sea depositado a judicialmente en el hogar de su abuela
materna Susan Josefa Matamoros Castro, en el tanto se tramita el proceso
argumentando un riesgos social. Y en aplicación a la La
Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados
Partes de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño (artículo 5.2) y además señala que ellos “velarán porque
el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen,
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser
necesaria en un caso particular, por ejemplo, en un caso en que el niño sea
objeto de maltrato o descuido por parte de sus padre o
cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de
residencia del niño. (Artículo 9.1), se dispone acoger como
medida cautelar el depósito provisional de las personas menores de edad Brithany Dayan Álvarez González, en el hogar de la señora
Susan Josefa Matamoros Castro, a quienes se les previenen que deberán de
presentarse a este juzgado en el plazo de cinco días hábiles a aceptar el
cargo. En este mismo orden, deberá el ente administrativo informa a los depositarios sobre el deber de presentarse al
juzgado Licda. Jorleny
María Murillo Vargas, Jueza. Nota: Publíquese por una única vez.—Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela.—Licda. Jorleny María Murillo Vargas. Jueza Decisora.—1
vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620280 ).
Han comparecido a este
Despacho solicitando contraer matrimonio civil Evelyn Umaña Araya, mayor,
soltera, auxiliar en cafetería, cédula de identidad número 0207400463, vecina
de Bajo el INVU Alajuela, hija de Marta Araya Morales y Medardo Umaña Pérez,
nacida en Alajuela, el 14 de junio 1995, con 26 años de edad, y Mario José
Hernández Henríquez, mayor, soltero, guarda se seguridad, de nacionalidad
salvadoreña, pasaporte número B04529756, vecino de Bajo el INVU Alajuela, hijo
de María Elena Guadalupe Hernández Henríquez y Guillermo Henríquez Valle,
nacido en el Salvador, el 15 de noviembre 1991, actualmente con 30 años de
edad. Si alguna persona tiene conocimiento de algún impedimento para que este
matrimonio se realice, está en la obligación de manifestarlo en este Despacho
dentro de los ocho días siguientes a la publicación del edicto. Expediente N° 22-000082-0292-FA.—Juzgado
de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela, Alajuela, 12 de enero
del año 2022.—Msc. Luz Amelia Ramírez Garita, Jueza.—1 vez.—O. C. N° 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022619956 ).
Han comparecido ante esta
notaría solicitando contraer matrimonio civil los contrayentes Micah James Ibbetson, de
nacionalidad estadounidense, mayor, divorciado, instalador, vecino de Nueva
York, Henrietta, 44 Sweet Briar
knoll, con pasaporte A02279681; y Mirnali
Natalia Ibarra Alvarado, de nacionalidad venezolana, mayor, ingeniera civil,
vecina de Venezuela, Estado Aragua, urbanización Plaza jardín 47, con
pasaporte número 132441436. Si alguna persona tuviere conocimiento de
que existe algún impedimento legal para que dicho matrimonio se lleve a cabo
deberá manifestarlo ante esta notaría dentro del término de ocho días contados
a partir de la publicación del edicto.—31 de enero de
2022.—Licda. Clara Alvarado Jiménez, Notaria, 10841, Tel 22617000.—1 vez.—(
IN2022620084 ).
Ante la notaria Jazmín Rodríguez Hernández, con oficina en Alajuela,
Edilberto Astorga Diaz, nicaragüense, hijo de Luciano y María, permiso laboral N°
155832353911 y Sebastián Cubero Segura, hijo de Marco y Emilce, cédula N° 1-1339-0185, ambos vecinos de San Rafael de Alajuela, han requerido la celebración de matrimonio civil.
Si existe oposición a la unión solicitada esta deberá hacerse valer ante esta
notaría dentro del plazo de ocho días
naturales después de la publicación de
este edicto.—Licda. Jazmín
Rodríguez Hernández, Notaria.—1 vez.—( IN2022620173 ).
Han comparecido a este Despacho solicitando
contraer matrimonio civil Hernán de Los Ángeles Leiva Villalta, mayor, soltero,
peón de explotaciones agrícolas, cédula de identidad número 0602210811, vecino
de Caracol norte, un kilómetro al fondo de la carretera interamericana, casa de
color rosada, de cemento, hijo de Amelia Villalta Mora y José María Leiva Mora, nacido en Centro, Golfito,
Puntarenas, el 18/03/1969, con cincuenta y dos años de edad, y Zulay del Carmen
Chinchilla Mora, mayor, Soltera, comerciante, cédula de identidad número
0106260285, vecina de la misma dirección del
anterior, hija de Juana Mora Picado y Virgilio Chinchilla Méndez, nacida en San
Isidro P Zeledón San José, el 18/12/1962, actualmente con cincuenta y nueve
años de edad. Si alguna persona tiene conocimiento de algún impedimento para
que este matrimonio se realice, está en la obligación de manifestarlo en este
Despacho dentro de los ocho días siguientes a la publicación del edicto.
Expediente N° 22-000075-1304-FA.—Juzgado
de Familia y Violencia Doméstica del Segundo Circuito Judicial de
la Zona Sur (Corredores) (Materia Familia), Corredores, Ciudad Neily, 31 de enero del año 2022.—Licda. Katia Soto
Barahona, Jueza.—1 vez.—O.C. N°
364-12-2021B.—Solicitud N° 68-2017-JA.—( IN2022620278
).
Han comparecido a este Despacho solicitando
contraer matrimonio civil Hernán de los Ángeles Leiva Villalta, mayor, soltero,
Peón de explotaciones agrícolas, cédula de identidad número 0602210811, vecino
de Caracol norte, un kilómetro al fondo de la
carretera interamericana, casa de color rosada, de cemento, hijo de Amelia
Villalta Mora y Jose María Leiva Mora, nacido en Centro, Golfito, Puntarenas,
el 18/03/1969, con cincuenta y dos años de edad, y Zulay del Carmen Chinchilla
Mora, mayor, Soltera, comerciante, cédula de identidad número 0106260285,
vecina de la misma dirección del anterior, hija de Juana Mora Picado y Virgilio
Chinchilla Méndez, nacida en San Isidro P Zeledón San José, el 18/12/1962, actualmente con cincuenta
y nueve años de edad. Si alguna persona tiene conocimiento de algún
impedimento para que este matrimonio se realice, está en la obligación de
manifestarlo en este Despacho dentro de los ocho días siguientes a la
publicación del edicto. Exp. Nº22-000075-1304-FA.—Juzgado
de Familia y Violencia
Doméstica del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores)
(Materia Familia), Corredores, Ciudad Neily, 31 de
enero del año 2022.—Licda. Katia Soto Barahona, Jueza.—1 vez.—O.C. N° 364-12-2021B.—Solicitud N°
68-2017-JA.—( IN2022620396 ).
La suscrita Daberat
Vindas Leitón, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y
Delitos Conexos, se le comunica a Edgar Arnoldo Robles del Castillo, cédula N° 113760439, quien según el registro del Ministerio de
Seguridad Pública es el dueño de un arma de fuego tipo pistola, marca Hi-Point,
Modelo C9, calibre 9mm, serie P1360098, por lo que deberá presentarse ante la
Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, ubicada en San José,
Barrio González Lahmann, Edificio Tribunales de Justicia, segundo piso, a fin
de manifestar su interés como tercero interesado, bajo la sumaria N° 19-000036-0622-PE, contra Eddy Gutiérrez Canales y
Otros, por el delito de Venta de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública. De
modo que, se procede a comunicarle por medio de edicto que se publicará tres
veces en el Boletín Judicial”. Confeccionándose el oficio de estilo.—Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos
Conexos.—Licda. Dáberat Vindas Leitón, Fiscal Auxiliar.—O.
C. Nº 364-12-2021B.—Solicitud Nº
68-2017-JA.—( IN2022619066 ). 3
v. 3.
La suscrita Daberat
Vindas Leitón, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y
Delitos Conexos, se le comunica a Edgar Arnoldo Robles del Castillo, cédula N° 113760439, quien según el registro del Ministerio de
Seguridad Pública es el dueño de un arma de fuego tipo pistola, marca:
Hi-Point, modelo: C9, calibre 9mm, serie: P1360098, por lo que deberá
presentarse ante la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos,
ubicada en San José, Barrio González Lahmann, Edificio Tribunales de Justicia,
segundo piso, a fin de manifestar su interés
como tercero interesado, bajo la sumaria N°
19-000036-0622-PE, contra Eddy Gutiérrez Canales y Otros, por
el delito de Venta de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública. De modo que, se
procede a comunicarle
por medio de edicto que se publicará tres veces en el Boletín Judicial.—Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.—Licda. Dáberat
Vindas Leitón, Fiscal Auxiliar.—O. C. N° 364-12-2021B.— Solicitud
N° 68-2017-JA.—( IN2022619100 ). 3
v. 3.
Juzgado Penal de Cartago. Por haberse requerido así en la causa penal
número 20-003720-0058-PE, por el delito de Receptación, seguido en contra de
ignorado, en perjuicio de la Administración de Justicia. Mediante resolución
las nueve horas veinticuatro minutos del
veinte de abril de dos mil veintiuno, se ordena comunicar por edicto al dueño
registral o tercero interesado con mejor derecho, se presente al Juzgado Penal
de Cartago con la prueba idónea para que se le haga entrega de: “Una de la
motocicleta placa M145220, marca katana, estilo
scooter bws-r, color rojo, año 2019”, caso contrario
transcurrido tres meses de la publicación del edicto caducará toda acción del interesado
para interponer cualquier reclamo y se dispondrá de manera automática su
donación, de conformidad con la Ley 6106 sobre Comiso y Donaciones. Nota:
publíquese este edicto por una sola vez en el Boletín Judicial.—Cartago, 20 de abril del
año dos mil veintiuno.—Licenciado. Eduardo Arias Hernández, Juez Penal.—1 vez.—O.C. Nº
364-12-2021B.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2022620390 ).