En uso de las atribuciones que les confieren los incisos 3), 18) y 20) del artículo 140 y 146 de la Constitución Política, 25 inciso 1º y 28, párrafo segundo inciso b) de la Ley General de Administración Pública y artículo 8 del Decreto Ley Nº 832 del 4 de noviembre de 1949.

Considerando:

I.—Que el artículo 6º del Decreto Ley Nº 832 del 4 de noviembre de 1949, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de realizar el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de Salarios.

II.—Que en virtud del vencimiento del período correspondiente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, procedió de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 832, a publicar el Aviso de Ley, llamando a la presentación de las ternas correspondientes para cada uno de los representantes de los sectores empleador y de los trabajadores.

III.—Que presentada las ternas por parte de los Sectores Empleador y de los trabajadores, se procede a la elección de los miembros directores y suplentes, según corresponde en derecho. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Nombrar a los nuevos directores propietarios y suplentes del Consejo Nacional de Salarios para el período correspondiente del 1º de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2009, pudiendo ser reelectos, a las siguientes personas:

Representantes propietarios del Sector Empresarial: Ana María Conejo Elizondo, cédula de identidad Nº 1-873-428; Adolfo Gutiérrez Jiménez, cédula de identidad Nº 1-500-142; Zaida Solano Valverde, cédula de identidad Nº 1-877-357 y Eugenio Pignataro Pacheco, cédula de identidad Nº 9-024-829, en calidad de miembro suplente.

Representantes propietarios del Sector de los Trabajadores: Rodrigo Aguilar Arce, cédula de identidad Nº 2-245-354; Dennis Cabezas Badilla, cédula de identidad Nº 9-045-939; Gilberth Bermúdez Umaña, cédula de identidad Nº 1-475-697 y Olger Chaves Miranda, cédula de identidad Nº 4-095-564, en calidad de miembro suplente.

Representantes propietarios del Estado: Javier Gamboa Calderón, cédula de identidad Nº 4-137-928; Gerardo Lizano Vindas, cédula de identidad Nº 1-372-066; German Saborío Segura, cédula de identidad Nº 1-186-496 y María Gabriela Sancho Carpio, cédula de identidad Nº 1-865-419, en calidad de miembro suplente.

Artículo 2º—Rige a partir del 4 de enero del 2006.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días del mes de enero del dos mil seis.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Trejos Ballestero.—1 vez.—(Solicitud Nº 14838).—C-23120.—(D-32841-6330).

Nº 32868-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, la Ley de Aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942, La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, Decreto Ejecutivo N° 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997.

Considerando:

I.—Que el artículo 50 Constitucional establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas.

II.—Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de octubre de 1996, el agua es un bien de dominio público y el Estado debe procurar los instrumentos necesarios para tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, en armonía con dicha legislación la Ley 7152 del 5 de junio de 1990, el Ministerio del Ambiente y Energía es el rector del Sector Ambiente y Energía, y tiene competencias para la gestión de los recursos hídricos del país bajo el desarrollo y aplicación de los principios generales de la citada ley en armonía con las leyes de otras instituciones del Estado y los objetivos nacionales, para el beneficio de la sociedad costarricense.

III.—Que de conformidad con la Ley N° 276 del 26 de agosto de 1942, y sus reformas el Ministerio del Ambiente y Energía es el ente rector del recurso hídrico correspondiéndole disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia; y autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía a establecer un canon por concepto de aprovechamiento de agua y que en la actualidad debe reflejar los costos procedentes del reconocimiento del agua como un bien con valor económico, ambiental y social.

IV.—Que el inciso 4) del artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 30480-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de junio del 2002, establece que la política nacional en materia del recurso hídrico debe reconocer el principio del valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos, y que deberá incorporarse en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes.

V.—Que tanto en la Cumbre del Milenio del 2000 como en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 2002, desarrolladas dentro del marco del Sistema de Naciones Unidas, Costa Rica se ha sumado a los esfuerzos internacionales que buscan resolver los problemas de orden global y con miras a ello se han planteado una serie de objetivos a ser cumplidos por los países, en particular en relación con la necesidad de que se tomen medidas concretas con la finalidad de avanzar hacia la gestión integrada del recurso hídrico y a mejorar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.

VI.—Que el Plan Nacional de Desarrollo “Monseñor Víctor Manuel Sanabria 2002-2006”, como marco político superior del Gobierno de la República, dispone la necesidad de formular políticas de protección al ambiente que permitan el desarrollo amigable logrando la preservación y equilibrio con el medio y de potenciar la riqueza natural costarricense como legado para las futuras generaciones y el mundo; siendo que en materia de gestión de recursos hídricos los retos se orientan a procurar que las diferentes instituciones ordenen sus competencias en forma clara y definida, para facilitar el uso racional del recurso hídrico, la fiscalización y tutela del proceso; y se establezca una adecuada valoración del recurso en su explotación e internalización de los servicios y daños ambientales asociados con su conservación, reconociendo el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla con responsabilidad generacional.

VII.—Que el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Nº 7593, establece la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad ambiental a la hora de fijar tarifas, precios y tasas de los servicios públicos.

VIII.—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 26635-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 2 de febrero de 1998, se emitió la última normativa referente al canon por concepto de aprovechamiento de agua, el cual refleja una estructura desactualizada que solo contempla los costos administrativos básicos de atención del trámite de concesiones y no incluye otros componentes importantes como son la investigación, el control, monitoreo, conservación integral del recurso hídrico; que permitan avanzar hacia esquemas más consolidados para la administración óptima del agua y donde se reconozca el valor agregado del agua subterránea proveniente de los acuíferos como sistema hidrogeológico mucho más complejo que el superficial.

IX.—Que conforme la Ley Forestal Nº 7575, el bosque y las plantaciones forestales inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente brindando un servicio ambiental de protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; donde las áreas silvestres protegidas del Estado y las áreas protegidas privadas, son ecosistemas que coadyuvan a la sostenibilidad del régimen hídrico y consecuente administración de la oferta de agua en cada una de las microcuencas o cuencas, a fin de garantizar su aprovechamiento multiuso, con prioridad al abastecimiento de agua para el consumo humano, por tanto se debe reconocer el servicio de protección del recurso hídrico que prestan estas áreas.

X.—Que conforme la Directriz 035-MINAE publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 217 del 5 de noviembre del 2004, mediante la cual se dispone que el ajuste del canon de aprovechamiento de recurso hídrico se constituyen en parte de las acciones gubernamentales encaminadas hacia el cumplimiento de una política de tarifas ambientales en función del costo económico y social de la prestación del servicio hídrico y que todos los ciudadanos de la República, personas física o jurídicas, públicas y privadas incluyendo a las instituciones de gobierno que aprovechan el agua bajo la figura legal de una concesión administrativa o autorización dada por ley, cualquiera que sea el título en que amparen sus derechos, para el aprovechamiento de aguas en cualquiera de sus modalidades de uso, deberán cancelar los respectivos montos por concepto de canon de aprovechamiento o acceso al agua que disfrutan, de conformidad las fijaciones que disponga el Poder Ejecutivo; para lo cual deberán tomar las previsiones presupuestarias o económicas pertinentes. Por tanto,

Decretan:

CAPÍTULO I

Canon por concepto de aprovechamiento de aguas

Artículo 1º—El canon por aprovechamiento del agua debe utilizarse como instrumento económico para la regulación del aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.

CAPÍTULO II

De los aprovechamientos del agua

Artículo 2º—Conforme lo dispuesto en la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942 y la Directriz 035-MINAE publicada en La Gaceta Nº 217 del 5 de noviembre del 2004, todos los ciudadanos de la República, personas físicas o jurídicas, públicas y privadas incluyendo a las instituciones de gobierno que aprovechan el agua bajo la figura legal de una concesión administrativa o autorización, cualquiera que sea el título en que amparen sus derechos, para el aprovechamiento de aguas en cualquiera de sus modalidades de uso, deberán cancelar los respectivos montos por concepto de canon. Para efectos de la gestión de cobro se agruparán los usos en las siguientes grandes categorías principales, a saber:

a) Consumo Humano: Agua en concesión o inscrita, destinada a satisfacer las necesidades básicas de consumo, limpieza y saneamiento, sean estas suministradas por medio de un servicio público o autoabastecidas por un acueducto propio. Contempla al uso doméstico que conforme lo estipula el artículo 37 de la Ley de Aguas es el suministro de agua para satisfacer las necesidades de los habitantes, el riego de cultivos de terrenos que no excedan de media hectárea; el lavado de atarjeas y el suministro de aguas para surtir bocas contra incendios o hidrantes.

b) Industrial: Agua utilizada en los procesos de producción de actividades industriales tales como metalúrgica; química; farmacéutica; pinturas; alimentaria; textilera, minería; entre otras.

c) Comercial: Agua de insumo de un producto final tales como bebidas alcohólicas o no; embotellado de agua; o bien en actividades de lavandería, lavado de autos; entre otras.

d) Agroindustrial: Agua utilizada por las empresas agrícolas en procesos de arrastre, limpieza de productos, enfriamiento o generación de vacíos en actividades tales como ingenio; beneficiado; concentrado, lavado y empaque de frutas y/o verduras frescas o preparadas; entre otros.

e) Turístico: Aprovechamiento del agua por empresas que ofrecen un servicio de hotelería; recreación; restaurante; bar; piscinas; entre otros.

f) Agropecuario: Aprovechamiento del agua en la reproducción, crianza y aprovechamiento de fauna y en la agricultura en actividades de riego y fumigación.

g) Acuicultura: Aprovechamiento del agua en la reproducción, crianza y aprovechamiento de fauna de agua dulce y marina.

h) Fuerza Hidráulica: Aprovechamiento del agua en la generación de electricidad o desarrollo fuerza mecánica.

Para efectos del cobro de canon en el uso agroindustrial se entenderá por no consuntivo del agua, en aquellos procesos de enfriamiento, producción de vacíos entre otros, en los cuales el recurso una vez aprovechado se reintegra al cauce de la fuente original en cantidad y calidad igual o mejor sin necesidad de que exista de por medio un sistema de tratamiento y este se realice en forma casi inmediata a su derivación, sin que exista trasvase a otra cuenca o microcuenca, ni competencia por su uso con otras demandas de agua. En el caso de los proyectos que desarrollen las fuerzas hidráulicas de las aguas en la generación de electricidad o fuerza mecánica son aprovechamientos catalogados como uso no consuntivo del recurso hídrico.

CAPÍTULO III

Del canon e implementación

Artículo 3º—El canon por concepto de aprovechamiento de aguas contempla el valor de uso y el servicio ambiental de protección al recurso hídrico.

Artículo 4º—El canon de aprovechamiento se calcula diferenciando para los diversos usos, considerando el valor agregado de las aguas subterráneas y contempla los costos: administrativos de gestión, monitoreo hidrológico y meteorológico, planificación, control, investigación, así como los costos de conservación, mantener, recuperar los ecosistemas y las cuencas hidrográficas en las zonas de importancia de régimen hídrico, como las áreas silvestres protegidas del Estado.

Artículo 5º—Toda persona física o jurídica, pública o privada, deberá reconocer, el pago del canon de aprovechamiento de agua al Ministerio del Ambiente y Energía a través de su Departamento de Aguas, el cual se cobrará con base al volumen, en unidades de metros cúbicos anual, asignado en concesión o inscrito conforme el Registro Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Cauces. El canon anual será el resultado del producto del volumen de agua asignado en concesión o inscrito, por el valor del canon para cada uso y diferenciado según se trate de agua superficial o subterránea, mediante la fórmula, Canon anual = (Volumen de Agua en metros cúbicos por año) X (colones por metro cúbico para agua superficial o subterránea), donde los valores de colones por metro cúbico están dados en el siguiente pliego:

(1) (2)

Uso Canon

(Colones / m³)

Agua Agua

superficial subterránea

Consumo Humano 1,46 1,63

Industrial 2,64 3,25

Comercial 2,64 3,25

Agroindustrial 1,90 2,47

Turismo 2,64 3,25

Agropecuario 1,29 1,40

Acuicultura 0,12 0,16

Fuerza Hidráulica 0,12 -

Artículo 6º—Para promover e incentivar la producción de energía limpia a partir del uso de recursos renovables, los proyectos de fuerza hidráulica menores a 2000 kw de potencia instalada reconocerán un monto de 0.06 colones por metro cúbico anual en concesión y los menores de 500 kw de potencia instalada cuya energía se destine al consumo propio reconocerán un monto de 0.03 colones por metro cúbico anual en concesión.

Artículo 7º—El caso del uso de agua para el riego de los cultivos de arroz, caña de azúcar, pastos y café por tratarse de cultivos extensivos tradicionales, expuestos a condiciones especiales de mercado, deberán reconocer un monto de 0.12 colones por metro cúbico anual de agua para agua superficial en concesión y 0,16 colones por metro cúbico de agua subterránea en concesión.

Artículo 8º—El uso de agua en la agroindustria e industria que mediante la incorporación de buenas prácticas estipuladas en el reglamento que se promulgue de conformidad con el artículo 26 del presente decreto y cumplan con las características y procesos estipulados en la definición de uso no consuntivo normada en el artículo 2, pagarán un monto de 0.15 colones por metro cúbico anual por la proporción del volumen de agua en concesión equivalente al uso no consuntivo; debiendo reconocer 1,90 colones por metro cúbico anual por la proporción del volumen de agua con características de uso consuntivo.

Artículo 9º—Dada la particularidad del distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) dentro del cual se presta un servicio público de riego por parte del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) bajo un esquema de suministro de agua condicionado a la prioridad hidroeléctrica, el SENARA cancelará un valor total de canon de 0,12 colones por metro cúbico por año, que se cobrará gradualmente conforme lo estipula el artículo 10 siguiente.

Artículo 10.—El canon se implementará gradualmente en un período de siete años. En el caso de los usos de consumo humano, industrial, comercial, agroindustrial, turismo, agropecuario y acuicultura el primer año se cobrará el 10% del valor total; incrementándose en forma acumulada cada año un 15% del valor en los restantes seis años, hasta alcanzar en el año siete el 100% del canon. En el caso del uso del agua para aprovechar su fuerza hidráulica se cobrará el 20% del valor total el primer año; incrementándose en un 30% en forma acumulada en el año tres y en el año cinco otro 30%, finalmente se incrementa el restante 20% para alcanzar en el año siete el 100% del canon.

El canon por aprovechamiento de agua se podrá implementar en un período de tiempo menor a lo estipulado en el párrafo anterior, en el caso de que así se convenga con un sector o usuario del agua, mediando un acuerdo voluntario con el MINAE. Para lo cual el interesado debe formalizar por escrito la solicitud ante el Departamento de Aguas y se tendrá 10 días para resolverla.

Artículo 11.—A partir del octavo año el Ministerio del Ambiente y Energía aplicará un incremento a los valores del canon total en cada uno de los usos, calculado con base en la inflación acumulada del año anterior, conforme los datos del Banco Central y regirá a partir del mes de enero de cada año siguiente.

CAPÍTULO IV

Del control y política de inversión

Artículo 12.—Al Ministro del Ambiente y Energía le corresponde velar por el buen uso de los recursos, asegurando el cumplimiento de los fines del presente Decreto. Le corresponderá al Órgano Asesor creado mediante el Decreto 26635-MINAE, proponer las políticas y someterlas a la aprobación por parte del Ministro Rector, con relación a las prioridades de los gastos de los recursos provenientes del canon, velando por que la inversión se realice con fines de una gestión integrada del recurso hídrico y en consonancia con los artículos 13,14 y 15 siguientes. Todos los acuerdos de este Órgano, serán consignados en un libro de actas abierto para tal efecto.

Artículo 13.—El 50% de los ingresos totales serán destinados a facilitar una gestión integral de aguas a nivel nacional realizada por el Departamento de Aguas. Se podrán financiar los siguientes rubros:

a) Gestión de control y seguimiento, referido a las labores administrativas y de campo para la verificación y monitoreo a fin de garantizar el cumplimiento de los términos del aprovechamiento de agua conforme lo dispuesto por la administración, lo que implica acciones y actividades en todo el territorio nacional.

b) Gestión de desarrollo, referido a la evolución científica y operativa con la constante implementación de acciones que permita a la administración ejercer en todo el territorio nacional y en forma eficiente la gestión del recurso hídrico, para conseguir el uso sostenible del recurso.

c) Incorporación en la gestión del agua, del equipo tecnológico idóneo y actualizado.

d) Mantener acción constante de investigación para desarrollar el conocimiento científico sobre el régimen del recurso hídrico y su gestión.

e) Monitoreo meteorológico e hidrológico en todo el territorio nacional, para garantizar la sostenibilidad en la generación de los datos meteorológicos e hidrológicos básicos para conocer la oferta regional y su comportamiento en el tiempo, por medio de la inversión, operación y mantenimiento de estaciones hidrológicas y meteorológicas del Instituto Meteorológico Nacional y otras instituciones de Estado, en estas últimas conforme lo establecido en el artículo 16 del presente decreto.

f) Dotar de recursos humanos, tecnológicos y logísticos para garantizar la gestión hídrica en todo el territorio nacional.

g) Desarrollo de Infraestructura de aprovechamiento y protección para el manejo eficiente de la oferta y demanda del recurso hídrico, que propongan las instituciones del Estado, entes privados, organismos de cuenca conformados legalmente o impulsados por el seno del Órgano Asesor, siempre de conformidad con los planes y programas nacionales de gestión del recurso hídrico.

h) Promover y financiar proyectos y acciones destinadas a la conservación, restauración, protección y uso sostenible de las cuencas hidrográficas y de los recursos hídricos que propongan las instituciones del Estado, entes privados organismos de cuenca conformados legalmente o sean propuestas por el Órgano Asesor, de conformidad con los planes y programas nacionales de gestión del recurso hídrico.

Artículo 14.—El restante 50% de los ingresos totales por concepto del canon, deberán invertirse en la cuenca que los genera a través del servicio de protección del recurso hídrico, en conservación, mantenimiento y recuperación de ecosistemas, tanto en áreas privadas como en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tales como los Parques Nacionales y Reservas Biológicas. En ambas casos, se aplicarán en zonas de importancia para sostenibilidad del régimen hídrico y consecuente con la oferta de agua en cada una de las microcuencas o cuencas, a fin de garantizar su aprovechamiento multiuso.

Para el cumplimiento de lo anterior, se destinará del monto anterior, el 50% al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dineros que se ejecutarán mediante transferencia presupuestaria para financiar las siguientes acciones:

a) Promover y financiar proyectos y acciones destinadas a la conservación, restauración, protección y uso sostenible de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas, Parques Nacionales y Reservas Biológicas de conformidad con los planes y programas nacionales de gestión del recurso hídrico.

b) Operación y mantenimiento de las Áreas Silvestres Protegidas, en razón del servicio ambiental protección del recurso hídrico.

c) Pago de tierras privadas en áreas silvestres protegidas estatales tales como los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, en razón de consolidar el servicio ambiental de protección del recurso hídrico que prestan.

El restante de este componente, se deberá trasladar mediante transferencia presupuestaria al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para financiar el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a terrenos privados dentro de la cuenca donde se genere el servicio ambiental de protección del agua y se ubiquen en zonas de importancia para la sostenibilidad comprobada del régimen hídrico, de acuerdo con los criterios que se definan en los Planes y Programas Nacionales en esta materia.

De esta última partida se podrá transferir recursos económicos a las Municipalidades para que financien programas propuestos dirigidos a la consolidación de compra de tierras con fines de protección de áreas de recarga acuífera y protección de nacimientos de importancia cantonal.

Artículo 15.—Al emitirse los criterios de asignación de los recursos económicos provenientes del canon por aprovechamiento de agua en el Programa de Pago por Servicios Ambientales, debe priorizarse la protección de fuentes destinadas al abastecimiento de agua para consumo de la población, tanto de los entes públicos como privados; en especial de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados.

CAPÍTULO V

Del reconocimiento

Artículo 16.—El Ministerio del Ambiente y Energía mediante resolución razonada y justificada con base en informe de recomendación del Órgano Asesor de Agua, podrá reconocer como parte del pago del canon por aprovechamiento de agua a aquellas instituciones del Estado, el costo de operación y mantenimiento de sus redes o estaciones hidrometeorológicas que presten servicios de monitoreo hidrológico y meteorológico del recurso hídrico. La Institución objeto del reconocimiento quedará obligada a invertir el monto reconocido en operar, mantener y ampliar la cobertura de red de monitoreo y colocará a disposición del público la información correspondiente; condición que el Departamento de Aguas deberá velar por su cumplimiento. No se permite con estos recursos cubrir gastos administrativos de las instituciones que prestan el servicio de monitoreo.

Para el efectivo cumplimiento, deberá cada institución mediante solicitud formal gestionar ante el Departamento de Aguas el reconocimiento correspondiente durante el mes de junio de cada año, aplicable para el siguiente período; adjuntando certificación de contador público autorizado, de los gastos correspondientes, desglosando en los rubros de operación y mantenimiento de la red existente y de la inversión propuesta en ampliación de la red, los cuales deben estar debidamente autorizados en el presupuesto institucional. Toda propuesta de inversión para ampliar la cobertura en materia de la red hidrológica y meteorológica debe corresponder con lo estipulado en el artículo 18 del presente decreto.

Artículo 17.—Se faculta al Ministerio del Ambiente y Energía para que mediando resolución razonada y justificada con base en informe de recomendación del Órgano Asesor de Agua y por medio de transferencia presupuestaria, financiar proyectos de investigación en materia de aguas subterráneas que se encuentren en los planes y programas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. De igual forma estará facultado a financiar el desarrollo de proyectos de manejo, conservación y protección del recurso hídrico planteados por la Comisión para el Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE) creada mediante la Ley 8023. Ambos casos deberán estar contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. No se permite con estos recursos cubrir gastos administrativos y operativos.

Artículo 18.—El Departamento de Aguas en coordinación con el Órgano Asesor de Aguas, deberá establecer las prioridades de nuevas estaciones hidrológicas y meteorológicas, así como áreas de investigación en materia de agua subterráneas y superficiales, que se requieran para garantizar los datos para una gestión eficiente del recurso hídrico.

Artículo 19.—A las instituciones públicas o empresas privadas que en la actualidad o en el futuro tengan firmados o firmen convenios o contratos con el Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal (FONAFIFO) de reconocimiento de Pago por Servicios Ambientales, el MINAE les reconocerá durante la vigencia del contrato o convenio, el monto anual pagado a FONAFIFO, como parte del monto correspondiente a lo estipulado en el capítulo II y lo dispuesto en el artículo 14 del presente Decreto. Una vez rescindido o finalizado el contrato, la empresa deberá realizar el pago total del canon al Departamento de Aguas.

Para el efectivo cumplimiento, deberá la institución pública o empresa privada interesada solicitar ante el Departamento de Aguas el reconocimiento correspondiente durante el mes de junio de cada año, aplicable para el siguiente período; adjuntando certificación de FONAFIFO en donde se indique el monto anual que ha convenido con esta y el plazo de inversión. Debiéndose cumplir para su reconocimiento, con lo estipulado en el artículo 14 del presente Decreto.

CAPÍTULO VI

De la gestión de cobro

Artículo 20.—El canon será cobrado por el Departamento de Aguas en forma trimestral adelantado y le aplicará lo correspondiente al recargo y caducidades conforme lo contemplado en la Ley de Aguas. Para su administración los dineros recaudados serán depositados en la cuenta del Banco Nacional Nº 197633-1 a nombre del Departamento de Aguas-Instituto Meteorológico Nacional.

Artículo 21.—Toda institución del Estado o ente privado prestatario de un servicio público de suministro de agua poblacional, electricidad, riego o acuicultura, con el fin de reconocer al MINAE el pago del canon correspondiente, deberá incorporarlo en la estructura tarifaria como el costo por la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico para que sea reconocido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos o cualquier otra instancia que proceda y así pueda ser cobrado al usuario final por parte de la empresa prestataria del servicio, esto, con base en el consumo de agua prestado a cada cliente.

Artículo 22º—El cobro de este canon se implementará a partir del sexto mes de la entrada en vigencia del presente Decreto.

CAPÍTULO VII

De los incentivos

Artículo 23.—A los quince días de la entrada en vigencia del presente Decreto, el MINAE conformará una comisión con el fin de que en el plazo máximo de tres meses proponga un Decreto Ejecutivo mediante el cual se desarrolle un reglamento de buenas prácticas en la utilización y manejo del agua como insumo de las diferentes actividades productivas, también deberá desarrollar el protocolo para las empresas que en forma voluntaria deseen acogerse a un Plan de Uso Eficiente de Recurso Hídrico (PUERH), así como el detalle de un régimen de incentivos.

La comisión estará conformada por el Jefe del Departamento de Agua quien coordinará, tres funcionarios representantes de instituciones del sector hídrico y tres representantes del sector productivo elegidos en el seno de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). De los cuales uno provendrá del sector agropecuario propuesto por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y otro provendrá del sector industrial. La comisión será precedida por el Jefe del Departamento de Aguas y tendrá como sitio de sesiones las instalaciones de dicho Departamento.

Artículo 24.—Se entenderá por Plan de Uso Eficiente del Recurso Hídrico (PUERH), aquel instrumento por medio del cual, las diferentes empresas con actividades productivas que utilicen el agua como insumo, a través de buenas prácticas, puedan proponer y justificar, en un plazo definido y autorizado, la disminución de su dotación normal de gasto de agua por unidad de producción.

El PUERH será elaborado en forma voluntaria por las empresas que desean acogerse a los incentivos propuestos. El mismo será aprobado, de previo a su implementación, por el Departamento de Aguas del MINAE y fiscalizado por medio de auditorías externas especializadas, cuyo costo será reconocido por la empresa sometida al Plan.

Artículo 25.—Sólo aquellas empresas que voluntariamente hayan presentado ante el Departamento de Aguas del MINAE la solicitud formal con el PUERH haya sido aprobado, podrán acogerse al régimen de incentivos.

Este régimen de incentivos podrá contener, entre otras compensaciones, la exención temporal conforme el Plan propuesto del pago del canon, el reconocimiento parcial de la inversión en tecnología para el uso eficiente del agua, de acuerdo con el listado de buenas prácticas establecido. En cualquiera de los casos se podrá reconocer hasta un máximo del 50% del monto total del canon, lo cual será reglamentado.

Artículo 26.—El reglamento con el detalle de buenas prácticas para el uso eficiente del agua, del régimen de incentivos, el registro y los requisitos de las auditorías, deberán publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, en un plazo máximo de seis meses después de la entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 27.—Las empresas que a la entrada en vigencia del decreto de incentivos tengan incorporado en su proceso productivo el desarrollo de buenas prácticas en la utilización del agua, podrán voluntariamente someterse al plan de incentivos solicitando por medio de la presentación del PUERH su incorporación. Deberán cumplir con los requisitos de las buenas prácticas definidas en el reglamento y el protocolo que se establezca.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones generales

Artículo 28.—En el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. (ESPH S. A.) para lo referente al uso poblacional en concesión y en vista que actualmente ha incorporado el servicio ambiental de protección del recurso hídrico en la tarifa de servicio, cancelará al Departamento de Aguas solo lo correspondiente al valor por el derecho de uso del agua equivalente a 0,73 colones por metro cúbico anual en aguas superficiales y 0,81 colones por metro cúbico anual de agua subterránea. La ESPH S. A. deberá ajustarse a lo que el MINAE disponga en cuanto a la normalización por el Pago del Servicio Ambiental por concepto del servicio de protección del recurso hídrico.

Artículo 29.—Conforme el artículo 6 de la Ley de Aguas, los pozos artesanales correspondientes a los excavados manualmente con pico y pala, con características de diámetro mínimo de un metro y profundidad máxima de 30 metros, con fin de extraer agua para destinar el uso doméstico, no requieren de concesión para su aprovechamiento, por tanto no les cubre el pago por concepto de canon de aprovechamiento de agua.

Artículo 30.—El Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberán informar en forma periódica por escrito al Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía sobre todos los aprovechamientos de agua que realizan para el cumplimiento de sus fines; detallando en cada una como mínimo lo referente al nombre de la fuente, ubicación cartográfica de punto de toma y desfogue (cuando proceda), caudal derivado, registro de aforos de la fuente aprovechada y cualquier otro elemento o característica que consideren procedente reportar para el efectivo registro de su aprovechamiento.

Artículo 31.—El MINAE deberá realizar todos los ajustes necesarios para garantizar la implementación efectiva y transparente del canon.

Artículo 32.—El MINAE deberá mantener constante monitoreo acerca de la implementación del canon con el fin de que se pueda identificar y realizar los ajustes que se consideren procedentes que permita la sostenibilidad del canon, para lo cual en el plazo de tres años de la vigencia del presente derecho deberá realizar su evaluación.

Artículo 33.—Se adiciona un inciso i) al artículo 5 del Decreto 26635-MINAE publicado en La Gaceta Nº 22 del lunes 2 de febrero de 1998, para que se lea de la siguiente manera “ i) un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria”.

CAPÍTULO IX

Disposiciones transitorias

En el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial La Gaceta, se deberá disponer de los recursos humanos y logísticos al Departamento de Aguas, necesarios para hacer los ajustes correspondientes en el sistema informático de cobro y de registro nacional de aprovechamiento de aguas y cauces, así como para realizar las comunicaciones, publicidad y procesos necesarios para la efectiva implementación de las disposiciones aquí contenidas. Los concesionarios que así lo ameriten deberán solicitar formal ajuste de los caudales aprovechados en concesión, para lo cual el Departamento de Aguas deberá facilitar el proceso de revisión y resolución. Así mismo, el MINAE promoverá por la vía de Decreto Ejecutivo la realización de un período de amnistía para permitir la legalización de aprovechamiento de agua actualmente al margen de la Ley, lo cual debe ser reglamentado en ese decreto.

El Ministro de Ambiente y Energía deberá gestionar ante quien corresponda los ajustes presupuestarios y modificación de los topes de gasto correspondientes a las gestiones del Departamento de Aguas, Instituto Meteorológico Nacional y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en relación con los ingresos esperados por concepto del canon y conforme al período de siete años de ajuste.

Mediando informe razonado y justificado, el Ministro del Ambiente y Energía gestionará la autorización para la creación de nuevas plazas al Departamento de Aguas tendientes a garantizar una gestión integral nacional del recurso hídrico y que serán financiadas con los recursos económicos provenientes de este canon.

En el plazo de los seis meses de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se deberán realizar los ajustes necesarios para la normalización de los parámetros para fijar los montos de reconocimiento del servicio de protección del recurso hídrico a través del Pago de Servicios Ambientales conforme lo disponga así el FONAFIFO.

Hasta tanto no se implemente el nuevo canon conforme lo dispuesto en el artículo 22 del presente Decreto, continuará aplicándose durante los seis meses siguientes a la publicación de esta norma, lo estipulado en el Decreto Nº 26625-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 18 del 27 de enero de 1998; el cual cumplidos esos seis meses se deroga y continuará vigente el presente Decreto.

Artículo 34.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil cinco.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro del Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi.—1 vez.—(Solicitud Nº 35448).—C-295920.—(D32868-6440).

Nº 32872-MP-MOPT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA

Y DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 121, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política y con fundamento en lo establecido por la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas; la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles Ley Nº 7001; el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494, y el artículo 66 del Reglamento General de Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo Nº 25038-H del 6 de marzo de 1996).

Considerando:

1º—Que el servicio de transporte de carga y pasajeros por medio de ferrocarriles en el país se ha visto afectado por la falta de recursos económicos que permitan darle el adecuado mantenimiento al sistema ferroviario y principalmente a su infraestructura, sin que se hubieran emprendido medidas efectivas para su mejoramiento y ampliación.

2º—Que a partir del año 1995 el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) se vio enfrentada a la decisión del Poder Ejecutivo en el sentido de no transferir más recursos a las instituciones involucradas en el transporte ferroviario de personas y bienes, situación que determinó prácticamente el cierre del INCOFER así como el despido de casi todo su personal, de donde su capacidad de trabajo a la fecha se encuentra muy limitada.

3º—Que en virtud del costo actual de los hidrocarburos en el mercado internacional, el Estado debe emprender las medidas necesarias para promover el ahorro en los combustibles tradicionales, promoviendo a su vez el uso de mecanismos alternos para el transporte de carga y pasajeros que posibiliten una disminución en los recursos económicos cada vez más crecientes que deben destinarse para el pago de las obligaciones derivadas de la importación de los hidrocarburos.

4º—Que dentro de este contexto la rehabilitación del servicio de transporte de pasajeros y de carga por vía ferroviaria a cargo del INCOFER constituye una de las alternativas viables para el ahorro en los combustibles tradicionales.

5º—Que dentro de los objetivos fundamentales del INCOFER, definidos en su Ley Orgánica número 7001, se encuentran los de rehabilitar, estructurar y modernizar, tanto lo que se refiere a las vías e instalaciones, como en lo que respecta a su material tractivo y equipo rodante, para lograr así una eficiente administración y prestación del servicio de transporte por ferrocarril de carga y pasajeros.

6º—Que una de las funciones primordiales del INCOFER consiste en coadyuvar a fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga.

7º—Que ante las limitaciones que enfrenta actualmente el INCOFER para asumir la prestación de los servicios de transporte de carga y personas por vía ferroviaria en la forma requerida de acuerdo a las exigencias del país, una alternativa consiste en buscar y promover la colaboración con particulares.

8º—Que el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que los tipos de contratación regulados en dicha ley, no excluyen la posibilidad para la Administración de definir, por vía reglamentaria, cualquier otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés general.

9º—Que el artículo 66 del Reglamento General de Contratación Administrativa dispone que la Administración podrá, por vía de reglamento, definir cualquier otro tipo contractual que no se encuentre dentro de los inicialmente definidos, pero en tal evento de previo deberá consultar a la Contraloría General de la República la respectiva reglamentación que se pretenda emitir, con el objeto de armonizar conceptos, normas y procedimientos así como asegurar que se ajuste a los principios constitucionales básicos.

10.—Que conforme lo establece el artículo 66 del Reglamento General de Contratación Administrativa, el INCOFER sometió oportunamente a consideración y consulta de la Contraloría General de la República, el proyecto denominado “Reglamento de contratos de concierto con empresas privadas para la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición y mantenimiento de equipos, material tractivo y rodante, patios, vías, instalaciones físicas e infraestructura ferroviaria del INCOFER”.

11.—Que el contrato de concierto según la forma propuesta a la Contraloría General de la República por parte del INCOFER en el referido proyecto de reglamento, deviene en la figura jurídica idónea para el desarrollo de las actividades necesarias requeridas en cuanto al mantenimiento de los equipos y material rodante ferroviarios, así como su desarrollo, para financiar proyectos de rehabilitación y restauración de equipos y material rodante ferroviarios, actualmente en deterioro, para lograr su reinserción en la actividad y explotación ferroviaria, dada la existencia de razones de interés público que justifican el uso de esta figura jurídica para la mejor satisfacción del interés general.

12.—Que la Contraloría General de la República mediante oficio número 11089 DAGJ-2650-2005 del 5 de setiembre del 2005, resolvió emitir criterio afirmativo, en relación con el mencionado proyecto de reglamento, regulador de la figura jurídica del contrato de concierto dentro del ámbito que procura el INCOFER, estableciendo los criterios y principios jurídicos sobre los cuales debe emitirse dicha reglamentación.

13.—Que el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, mediante acuerdo firme número 2252, tomado en la sesión ordinaria 1432-2005 celebrada el día 3 de octubre del 2005, aprobó el presente Reglamento, por encontrarlo conforme con el ordenamiento jurídico costarricense, ajustarse a lo establecido al efecto por la Contraloría General de la República y constituir la mejor opción jurídica para la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición y mantenimiento de equipos, material rodante, patios, vías, instalaciones físicas e infraestructura ferroviaria del INCOFER. Por tanto,

Decretan:

El siguiente,

Reglamento de Contratos de Concierto con Empresas Privadas para la Reconstrucción, Remodelación, Restauración, Rehabilitación, Adquisición y Mantenimiento de Equipos, Material Tractivo

y Rodante, Patios, Vías, Instalaciones Físicas e Infraestructura Ferroviaria del Instituto

Costarricense de Ferrocarriles

Artículo 1º—Competencia y atribuciones del INCOFER para el uso de la figura del contrato de concierto. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) podrá gestionar la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición y mantenimiento de equipos, material tractivo y rodante, patios, vías, instalaciones físicas, e infraestructura ferroviaria con miras a su reinserción en la actividad y explotación ferroviaria, utilizando la figura contractual del contrato de concierto.

Artículo 2º—Del contrato de concierto. El concierto es una figura jurídica de gestión de servicios públicos, mediante el cual la Administración (INCOFER) pacta con una empresa privada existente (concertista), constituida por usuarios del servicio de transporte ferroviario, la realización de prestaciones y servicios (reparación, rehabilitación, restauración, remodelación y mantenimiento de equipos y material tractivo y rodante vital para una efectiva prestación del servicio de transporte ferroviario), labores que atenderá con sus propios medios, durante un período de tiempo determinado, y sujetándose a las condiciones que se establezcan en el respectivo contrato.

Artículo 3º—Objeto del contrato de concierto. El objeto del contrato de concierto, incluye la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición y mantenimiento de equipos, material tractivo y rodante, patios, vías, instalaciones físicas, e infraestructura ferroviaria necesarios para una efectiva prestación del servicio público de transporte de carga y pasajeros por ferrocarril y servicios conexos, de tal forma que la red ferroviaria administrada por virtud de ley por INCOFER pueda cumplir con sus objetivos en una forma más eficiente y acorde con las necesidades de interés general.

Artículo 4º—De las empresas concertistas. La empresa concertista estará conformada por uno o más usuarios del servicio público de transporte ferroviario que se beneficien de la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición y mantenimiento de equipos, material tractivo y rodante, patios, vías, instalaciones físicas, e infraestructura ferroviaria. Para efectos de suscribir un contrato de concierto, en caso de ser los clientes interesados más de uno, deberán agruparse de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento mediante participaciones en conjunto o por medio de consorcio.

Artículo 5º—De la comisión de contratos de concierto. Intégrese una Comisión de Contratos de Concierto, la cual estará conformada por el Gerente de Operaciones, el Gerente Administrativo, el Jefe o encargado del Departamento de Proveeduría y un representante del Departamento Legal, todos funcionarios del INCOFER. Su sede para la recepción de documentos será el Departamento de Proveeduría de dicha entidad.

Entre sus miembros se nombrará un Presidente y un Secretario y durarán en ese cargo un año, pudiendo ser reelectos. La Comisión se reunirá ordinariamente una vez por semana. El Secretario levantará las actas de las sesiones de la Comisión, comunicará sus acuerdos y recomendaciones, que se tomarán por mayoría absoluta.

Artículo 6º—Funciones de la comisión. La Comisión tendrá las siguientes competencias funcionales:

a) La tramitación de los proyectos de contratos de concierto, las cuales deberá diligenciar de acuerdo a las disposiciones que se establecen en este Reglamento;

b) Efectuar la recomendación correspondiente para la selección del concertista ante el Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido por el presente Reglamento.

En lo no previsto por este Reglamento, el funcionamiento de la Comisión de contratos de concierto se regirá por los artículos 49 al 58 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 7º—Procedimiento de contratación del concertista. La contratación de la empresa concertista deberá realizarse con apego al siguiente procedimiento:

7.1 Presentación de los proyectos de concierto: La Junta Directiva del INCOFER autorizará al Presidente Ejecutivo o alguno de sus Gerentes, para que presente ante la Comisión de Contratos de Concierto a que se refiere el presente Reglamento, los proyectos que bajo la naturaleza jurídica de los contratos de concierto, consideren necesarios para la buena marcha del Instituto. Dicha presentación se realizará mediante la entrega en un solo acto, de toda la documentación que respalde el proyecto y que contendrá los análisis administrativos que de previo se realicen y que concluyan que lo propuesto es una opción importante y necesaria para el mejoramiento de las condiciones de operación del Instituto. Los clientes actuales o potenciales del ferrocarril, así como otras empresas privadas interesadas en un proyecto de concierto, también podrán presentar sus propuestas por iniciativa propia a manera de anteproyectos, los cuales podrán dirigir directamente a la Comisión de Contratos de Concierto para su análisis y trámite correspondiente, pero en tal caso hará llegar el interesado copia de dicha solicitud a la Junta Directiva del INCOFER.

7.2 Requisitos de las propuestas de las empresas privadas: La presentación de los proyectos por parte de las empresas privadas interesadas deberán contener al menos, la siguiente información y documentación:

a) Nombre, razón social, cédula jurídica o documento de identificación, domicilio, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y nombre del o los representantes legales, cuando el proponente sea una persona jurídica, o aún siendo una persona física, cuando haya designado mandatarios. Si se trata de una persona jurídica, deberá acompañar, antecedentes que acrediten su existencia legal y las facultades de representación de sus mandatarios, y la certificación de personería jurídica con no más de un mes de haber sido emitida. Si se tratare de varias personas jurídicas, la información de todas ellas y un documento que explique la formas de participación de todas las empresas en el procedimiento.

b) Nombre y descripción general del proyecto y las razones para considerar que contribuye con los objetivos del INCOFER, precisando su ubicación geográfica y los efectos (resultados) que traería consigo su realización.

c) Descripción de la índole del proyecto de que se realizaría, ya sea de la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición o mantenimiento de equipos, material tractivo y rodante, patios, vías, instalaciones físicas o infraestructura ferroviaria.

d) Estimación de la inversión requerida por el concertista y la forma prevista para aportarla.

e) Estudios de factibilidad financiera, legal y técnica que permitan a la Administración valorar la razonabilidad del proyecto y sus fundamentos.

f) Estados financieros auditados de los últimos tres períodos.

g) Referencias bancarias y crediticias.

h) Información general sobre las condiciones económicas que tendría el contrato.

i) Indicación de los distintos riesgos que tiene la iniciativa privada y la forma en que se propone que los asuma cada parte que intervendrá.

7.3 Resolución inicial de apertura del procedimiento de contratación de concierto:

Presentado un proyecto de concierto a la Comisión de Contratos de Concierto, ésta deberá emitir una resolución inicial debidamente razonada en donde declare que el proyecto solicitado por las empresas privadas o propuesto por las instancias competentes a que se refiere el presente reglamento puede tramitarse según los procedimientos establecidos en dicha reglamentación.

La respectiva resolución indicará los términos mínimos de las condiciones generales y objetivos que deberá cumplir el proyecto. Esa resolución deberá emitirla la Comisión en un plazo que no podrá ser mayor de 30 días naturales.

Cuando la Comisión determine que debe rechazarse la solicitud o propuesta, deberá hacerlo dentro del plazo antes mencionado y por medio de acto debidamente justificado. En tales casos el interesado podrá interponer recurso de revocatoria ante la Comisión y apelación en subsidio ante la Junta Directiva del INCOFER en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, sujetándose en lo restante a las disposiciones contenidas en lo conducente por la Ley General de la Administración Pública.

7.4 Invitación de participación a los clientes actuales y potenciales cuando se genere un proyecto de Concierto a lo interno:

La Comisión, una vez emitida la resolución correspondiente en sentido afirmativa, mediante la cual aprueba la realización del proyecto, deberá tramitar ante la Proveeduría del INCOFER que se publique una invitación en al menos dos diarios de circulación nacional a efecto de promover la mayor participación posible, dirigida tanto a los clientes actuales y potenciales del ferrocarril que pudieran tener interés en el proyecto, como a aquellos otros que también manifiesten un interés en el proyecto a través de la presentación de una oferta, brindándoles un plazo máximo de treinta días hábiles y mínimo de quince días hábiles para que presenten sus propuestas.

Las empresas interesadas deberán presentar ante la Comisión de Contratos de Concierto su propuesta por escrito, anexando los estudios que respalden la viabilidad del proyecto mediante la figura del contrato de concierto tal y como se dispone por el presente Reglamento.

7.5 Valoración de las propuestas:

Para la valoración de las propuestas de las empresas privadas con miras a realizar su recomendación ante el Consejo Directivo, la Comisión tendrá los estudiará y seleccionará con base en los siguientes presupuestos:

a) Obtener una reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición o mantenimiento de equipos, material tractivo y rodante, patios, vías, instalaciones físicas, e infraestructura ferroviaria de primera calidad, según el tipo de obra que se trate.

b) Recibir una garantía de que el concertista es una empresa solvente, con un historial acreditado.

7.6 Criterios obligatorios para la calificación:

A los efectos de calificación final de las propuestas o proyectos, deberán tomarse en cuenta los siguientes criterios:

a) Precio: Se le asignará a la propuesta que hubiere cotizado el menor precio total de las obras un cincuenta por ciento. Para las restantes propuestas, si las hubiera, se les asignará el porcentaje resultante de dividir el precio de la oferta menor entre el precio de la oferta a evaluar multiplicado por el porcentaje máximo a obtener.

b) Volúmenes de carga a transportar durante el contrato de concierto: Se le asignará un veinticinco por ciento a la propuesta cuyos volúmenes de carga que se vayan a transportar durante el plazo del contrato correspondan al mayor volumen de carga. Para las restantes ofertas, si las hubiere, se les asignará el porcentaje resultante de dividir el volumen de carga de la oferta a evaluar entre el volumen de carga mayor multiplicado por el porcentaje máximo a obtener.

c) Plazo de concierto: Se le asignará un quince por ciento a la propuesta cuyo plazo de vigencia que se propone para el contrato de concierto corresponda al menor, Para las restantes ofertas, si las hubiera, se les asignará el porcentaje resultante de dividir el plazo de la oferta menor entre el plazo de la oferta a evaluar multiplicado por el porcentaje máximo a obtener.

d) Volúmenes de carga transportados por ferrocarril con anterioridad: Se le asignará un diez por ciento a la propuesta cuyos volúmenes de carga que hubiere transportado anualmente por ferrocarril durante los últimos diez años, obteniendo un promedio anual, represente el mayor de los volúmenes transportados en comparación con las restantes. Si hubiere otros oferentes con menor volumen de carga transportada, se les asignará el porcentaje resultante de dividir el volumen de carga de la oferta a evaluar entre el volumen de carga mayor multiplicado por el porcentaje máximo a obtener.

7.7 Selección del concertista:

La Comisión de Contratos de Concierto, contará con un máximo de treinta días naturales para el estudio de las propuestas, y transcurrido ese plazo deberá recomendar por escrito, mediante informe motivado, dirigido al Consejo Directivo, la selección de la mejor propuesta presentada por los oferentes.

El Consejo Directivo del INCOFER, por simple mayoría, será el órgano encargado de conferir al oferente cuya propuesta hubiere sido recomendada por la Comisión de Contratos de Concierto, la condición de concertista seleccionado. Para tomar dicho acuerdo, contará con un plazo que no superará los diez días naturales, una vez recibida la recomendación respectiva.

El Consejo Directivo acogerá la recomendación de la Comisión de Contratos de Concierto salvo cuando existieren razones de orden técnico debidamente fundamentadas que justifiquen apartarse de la recomendación de la Comisión de Contratos de Concierto.

7.8 Recursos:

Contra la resolución que dicte el Consejo Directivo cabrá recurso de revocatoria ante el propio Consejo y de apelación ante la Contraloría General de la República, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa.

En lo conducente, la Ley General de la Administración Pública regirá las demás reglas y requisitos de los recursos indicados en cuanto a plazo de interposición y demás requisitos de forma y fondo.

7.9 Confección del contrato:

Una vez adjudicada en firme la oferta respectiva consorcio, el Consejo Directivo del INCOFER ordenará al Departamento Legal la confección del contrato de concierto.

Para su elaboración, la Comisión de Contratos de Concierto brindará al Departamento Legal el detalle por escrito de las condiciones que de acuerdo a este Reglamento y al proyecto aprobado, deberá contener el contrato con indicación del plazo, monto del mismo y demás especificaciones y estipulaciones que se requieran, de acuerdo con la oferta presentada y el acto de adjudicación, para que una vez confeccionado el contrato, a su vez sea enviado al Consejo Directivo para su aprobación.

El contrato deberá ser suscrito entre el Presidente Ejecutivo del INCOFER y el concertista y de inmediato deberá ser enviado para su respectivo refrendo, bien sea por parte de la Contraloría General de la República o de la Unidad Interna de Refrendos, según el monto de la contratación, todo lo anterior de acuerdo con el Reglamento para el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública de la Contraloría General de la República o con el Reglamento de Refrendo Interno de las Contrataciones del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, según corresponda.

Artículo 8º—Obligaciones de la empresa concertista. La empresa concertista estará obligada al cumplimiento de lo expresamente pactado en el respectivo contrato de concierto, así como todo aquello que sea consecuencia de la propia naturaleza de las obras y servicios contratados, según la buena fe, el uso y la ley.

Artículo 9º—Especificaciones técnicas de las obras y servicios objeto del contrato de concierto. Todas las obras o prestaciones objeto del contrato de concierto y que se contemplan en el presente reglamento, se ejecutarán de conformidad con los diseños, planos, especificaciones, y detalles técnicos que el INCOFER le indique a la empresa concertista, respetando en todo caso los estándares de calidad y normas de ingeniería generalmente aceptadas.

Los términos de referencia que elabore INCOFER, indicarán las circunstancias y proveerá los mecanismos necesarios para garantizar que una vez vigente el contrato de concierto, se de un desarrollo ordenado de los procesos de reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición y mantenimiento ya contratadas, tanto desde el punto de vista técnico como financiero.

La supervisión de la construcción o ejecución de las obras o prestaciones será realizada por INCOFER, quedando el concertista obligado a acatar las normas de orden técnico que en esta materia de construcción de obras indique INCOFER.

En los procesos de reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición o mantenimiento, el concertista deberá cumplir con las normas de protección al ambiente que establezcan las autoridades respectivas conforme a la normativa vigente.

Artículo 10.—Permisos para la realización de las obras. De previo a la realización de las obras o prestaciones contratadas por parte de la empresa concertista, el INCOFER tramitará los permisos de ingreso a sus Instalaciones y todo trámite tendiente a poner a disposición de la empresa concertista los bienes inmuebles donde se construirán las obras incluidas en el contrato. Asimismo le pondrá en disposición de los bienes muebles, equipo y material rodante que comprenda el contrato.

Artículo 11.—Propiedad de las obras. Las obras ferroviarias serán siempre propiedad del INCOFER. En aquellos casos en donde se construyere en terrenos que no son propiedad del Estado, una vez construidas las obras ferroviarias o ejecutadas las tareas a cargo del contratista que indica el presente Reglamento y el respectivo contrato, reglamento, las obras pasarán a ser propiedad del INCOFER.

Artículo 12.—Financiamiento. El financiamiento para la construcción de las obras objeto de el contrato de concierto, así como un eventual mantenimiento o adquisición pactados de dicha infraestructura corren por cuenta del concertista.

Es entendido que el proceso constructivo de las obras se realiza bajo responsabilidad de la empresa concertista y bajo su propia cuenta y riesgo.

Artículo 13.—Retribución económica. El INCOFER retribuirá al concertista las obras por él construidas o ejecutadas, mediante el cobro de una tarifa contractual promovedora del concierto, la cual, dentro de los límites mínimos y máximos de la banda tarifaria autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), al Instituto, mediante resolución RRG-2676-2002 de las 8:30 horas, del 26 de julio del 2002 o mediante autorizaciones que posteriormente emane esa Autoridad, represente una ventaja aplicable ya sea por el plazo suficiente para que el concertista recupere la inversión efectuada mediante el concierto, o bien a partir del criterio del valor monetario de la carga transportada.

Según las condiciones particulares del caso, podrá aplicarse un plazo de recuperación que se establezca en el contrato, o bien el criterio del valor monetario de la carga transportada, y el INCOFER cobrará la tarifa promovedora, pudiendo utilizarse uno u otro criterio, ambos o el que primero se cumpla.

La decisión respecto al tipo de criterio a utilizar en cada caso, deberá estar suficientemente razonada desde el punto de vista técnico y en función de las particularidades del negocio, al momento de adjudicar el proyecto y negociar la forma de pago.

En el caso en que se diere una modificación de los pliegos tarifarios definidos por la ARESEP, la tarifa del concertista deberá mantener, en términos porcentuales, la diferencia respecto a la tarifa fijada por este organismo regulador para la generalidad de los casos.

La tarifa del concertista no podrá estar fuera del rango definido por la ARESEP en cualquiera de los casos antes descritos.

Artículo 14.—Condiciones de ejecución de las obras ferroviarias. El concertista realizará los trabajos de la reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, adquisición o mantenimiento que se hayan pactado según este reglamento, de acuerdo con las condiciones que establezca el INCOFER, asegurando en todo caso, el cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público, como son la igualdad de trato a los usuarios, continuidad, confiabilidad, adaptación, eficiencia y eficacia.

Las condiciones y requerimientos para la ejecución de las obras de construcción por el concertista mediante el contrato de concierto, serán las mismas que aplica el INCOFER.

Artículo 15.—Condiciones de mantenimiento de las obras construidas por el concertista. Cuando así se pacte expresamente entre las partes, el mantenimiento de las obras construidas mediante el contrato de concierto correrán por cuenta del concertista, que deberá ajustarse a las condiciones técnicas y normas de calidad establecidas por INCOFER.

Artículo 16.—Supervisión de las obras. Es obligación del INCOFER realizar durante la vigencia del contrato una supervisión permanente de las obras a cargo del concertista.

Asimismo, es obligación de INCOFER velar porque la prestación del servicio se lleve a cabo de acuerdo con la normativa que regula el servicio público y en la forma que mejor satisfaga las necesidades de los usuarios.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ejercerá sus competencias y atribuciones, de conformidad con lo que se establece en la Ley Nº 7593.

Si las obras o el mantenimiento a cargo del concertista resultan inadecuados, previo debido proceso, la Administración está facultada para realizarlas directamente, en cuyo caso el costo de las mismas correrá por cuenta del concertista.

Artículo 17.—Titularidad de los servicios. La Administración contratante mantendrá, en todo momento, la titularidad de los servicios que se vean mejorados mediante el contrato de concierto, y responderá ante terceros por la operación propia de la actividad, sin perjuicio de la responsabilidad contractual en que incurra la empresa concertista por incumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 18.—Limitaciones del contrato de concierto. El contrato de concierto no implica en modo alguno traspaso o administración de las obras, mejoras y derechos de la Administración a favor del concertista. Tampoco conlleva el derecho para el concertista para arrendar ni imponer ningún tipo de gravámenes sobre la obra construida.

Artículo 19.—Tarifas del ferrocarril. En virtud del contrato de concierto respectivo, el concertista no podrá percibir en modo alguno tarifas por ningún servicio de transporte ni cobrar suma alguna a los usuarios por ningún concepto. El derecho a percibir las tarifas de transporte ferroviario es exclusivo del INCOFER.

Las tarifas de transporte por ferrocarril correspondientes al sector que se vea beneficiado por las obras ejecutadas mediante el contrato de concierto, serán aquellas fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 20.—Plazo del contrato de concierto. El plazo del contrato de concierto, será aquel que resulte necesario para que el concertista pueda recuperar la inversión realizada, mediante el cobro de la tarifa contractual promovedora del concierto, que se encuentre autorizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

El plazo de recuperación empezará a correr una vez que estén construidas las obras y el INCOFER haya emitido la correspondiente declaratoria de puesta en operación.

A los efectos correspondientes, el plazo de recuperación de la inversión se establecerá en el contrato respectivo, de acuerdo con las estipulaciones de este Reglamento, y en ningún caso será superior a veinte años.

El concertista deberá entregar a la Administración las obras y demás infraestructura necesaria para brindar el servicio, en condiciones adecuadas de conservación, operación y mantenimiento.

Artículo 21.—Rescate de la obra. La Administración tendrá la facultad para rescatar la obra objeto del contrato de concierto en cualquier momento, cuando por razones de interés público así se determine, pagando al concertista únicamente la suma que reste para la recuperación total de la inversión, todo ello con apego al debido proceso.

Artículo 22.—Causas de resolución del contrato. Serán causas que faculten al INCOFER para la de resolución del contrato de concierto:

a) El incumplimiento del concertista en cuanto a las obligaciones derivadas del contrato, de manera que afecte gravemente la prestación del servicio.

b) La quiebra o insolvencia del concertista.

c) La extinción de la persona jurídica del concertista.

d) El rescate por parte de la Administración del servicio, previa indemnización al concertista.

e) El mutuo acuerdo entre la Administración y el concertista y

f) Aquellas otras que se señalen en el contrato de concierto.

Artículo 23.—Modificaciones a la relación contractual. Es potestad de INCOFER, a través de su Consejo Directivo ejercer el derecho de modificar unilateralmente el Contrato de Concierto.

Cuando el INCOFER en el legítimo ejercicio de sus potestades y atribuciones acuerde modificaciones que afecten el equilibrio financiero del contrato, deberá compensar al concertista, de manera que se restablezcan las condiciones consideradas al momento de suscripción del contrato.

Artículo 24.—Cesión del contrato. El concertista no podrá ceder o traspasar en modo alguno, el contrato de concierto, salvo con autorización previa y escrita de la Administración.

Artículo 25.—Garantía de cumplimiento. El concertista deberá rendir una garantía de cumplimiento, la cual será determinada en el respectivo contrato de concierto, de acuerdo con las normas y principios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa.

Durante el período de recuperación de la inversión, el concertista deberá mantener vigente una garantía de cumplimiento que podrá ser rendida con una vigencia original de un año, debiendo ser prorrogada sucesivamente por períodos iguales, hasta la conclusión del contrato. Esta garantía de cumplimiento se rendirá con base en la estimación anual del costo de operación y mantenimiento que se defina entre las partes, según los criterios que se determinen en el contrato respectivo.

Artículo 26.—Recomendaciones del concertista. El concertista tendrá el derecho a presentar recomendaciones, tanto de carácter general como específico a la Administración, con el propósito de fijar mecanismos, principios y cambios necesarios a fin de mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios.

Artículo 27.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los quince días del mes de diciembre del dos mil cinco.

Publíquese.—ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Randall Quirós Bustamante.—1 vez.—(Solicitud Nº 22775).—C-269520.—(D32872-6339).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº 1025-P.—San José, 9 de enero del 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, señaladas en el artículo 135 de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Único.—Con motivo de participar en Visita Oficial a la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a fin de participar de la Toma de Posesión del señor Manuel Zelaya Rosales, como Presidente electo de esa Nación.

ACUERDA:

Artículo 1º—Llamar al ejercicio de la Presidencia de la República a la señora Primera Vicepresidenta, Señora Lineth Saborío Chaverri.

Artículo 2º—Rige desde las 6:37 horas, del 26 de enero, a las 20:50 horas, del 27 de enero del 2006.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—Solicitud Nº 12-2006).—C-8820.—(5832).

Nº 1031-P.—San José, 3 de enero del 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en los artículos 139 de la Constitución Política y el 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, licenciado Roberto Tovar Faja, cédula Nº 1-322-908, Jefe de la Delegación Oficial, la cual participará en la Reunión de Cancilleres con el propósito de establecer una estrategia Mesoamericana común en torno al Proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza, a realizarse en la Ciudad de México, México del 8 al 9 de enero del 2006.

Artículo 2º—Los pasajes y gastos por concepto de viaje del señor Ministro corren por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto bajo el programa 079-Actividad Central. De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viáticos para Funcionarios Públicos, se le adelanta la suma de US$255,00 diarios, para un total de US$510. Todo sujeto a liquidación.

Artículo 3º—Se le autoriza al señor Ministro el pago por concepto de llamadas internacionales.

Artículo 4º—Se le encargará la atención de esta cartera al señor Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Marco Vinicio Vargas Pereira.

Artículo 5º—Rige del 8 al 9 de enero del 2006.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud Nº 43524-M. Relaciones Exteriores).—C-12120.—(6341).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nº 091-MP.—San José, 26 de octubre del 2005

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140, inciso 1) y 146 de la Constitución Política y en los artículos 145 y 157 de la Ley General de la Administración Pública.

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo Nº 071-MP del dieciséis de marzo de dos mil cinco, publicado en La Gaceta Nº 81 del día veintiocho de abril de dos mil cinco, se procedió a separar de su puesto, con responsabilidad patronal, a la oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, señorita Maricruz Bejarano Jara, cédula de identidad número uno-mil cincuenta-trescientos sesenta.

2º—Que por error material en dicho acuerdo, se consignó que el despido se fundamentaba en los artículos 80 del Código de Trabajo y 36 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, siendo que en realidad el mismo se fundamentó únicamente en lo dispuesto por el artículo 140, inciso 1) y 146 de la Constitución Política.

3º—Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública faculta a la Administración para rectificar en cualquier tiempo los errores materiales o de hecho y los aritméticos.

4º—Que el Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia, en sesión de las catorce horas, del treinta de setiembre del dos mil cinco, artículo sexto del acta 019-2005 dispone ordenar a la Asesoría Legal de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional la rectificación del acuerdo 071-MP.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Rectificar el error material contenido en el acuerdo Nº 071-MP del 16 de marzo del 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 81 del 28 de abril del 2005, relacionado con las normas citadas que constituyen el fundamento legal de dicho acuerdo, para que se lea así:

“Con fundamento en los artículos 140, inciso 1) y 146 de la Constitución Política.”

Artículo.2º—En todo lo demás, el contenido del acuerdo Nº 071-MP se mantiene sin modificación alguna.

Artículo 3º—La rectificación acordada tiene efecto retroactivo a la fecha de emisión del acuerdo Nº 071-MP, sea el 16 de marzo del 2005, manteniéndose así los demás elementos de este acto.

Artículo 4º—Rige a partir de su firma.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 16-2006).—C-21470.—(5834).

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Nº 375-05-G.—San José, 22 de setiembre del 2005

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en las atribuciones que le confiere los artículos 140 y 146 de la Constitución Política.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Autorizar a la señorita Natalia Córdoba Ulate, portadora de la cédula de identidad número 1-1091-113, Asesora de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, (DINADECO) para que viaje a la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 17 al 22 de octubre del 2005, ambas fechas inclusive, con el fin de participar en el “Curso de Acción Social Ong y Voluntariado”, que será impartido por la Agencia Internacional de Cooperación Española.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de pasajes aéreos y gastos menores serán cubiertos con cargo al Título 106, Programa 049, Subpartida 142 “Gastos de Viaje al Exterior”. Además se le reconocerán gastos de viaje de transporte terrestre al interior de Cartagena de Indias por un monto de 100 US dólares, con cargo y aplicación a la subpartida 132 “Transporte de o para el Exterior”, programa 049: DINADECO- Ministerio de Gobernación y Policía.

Artículo 3º—Rige a partir del 17 de octubre y hasta el 22 de octubre del 2005, inclusive.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 24111).—C-13220.—(5836).

Nº 463-2005-MGP.—San José, 4 de noviembre del 2005

LA PRIMERA VICEPRESIDENTA

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 y 146 de la Constitución Política:

ACUERDAN:

Artículo 1º—Autorizar a la señora Karla Montero Soto, portadora de la cédula de identidad número 1-765-247, Profesional Bachiller de DINADECO, para que viaje a la ciudad de Quito, República de Ecuador, del 23 al 29 de noviembre del 2005, ambas fechas incluidas, con el fin de participar en el “Primer Congreso Nacional de Defensores”.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de pasajes aéreos serán cubiertos con cargo al Título 106, Programa 049, Subpartida 142 “Gastos de Transporte al Exterior”. Los gastos por concepto de viáticos serán cubiertos con cargo al Título 106, Programa 049, Subpartida 132 “Gastos de Viaje al Exterior”

Artículo 3º—Rige a partir del 23 de noviembre y hasta el 29 de noviembre del 2005.

LINETH SABORÍO CHAVERRI.—El Ministro de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 24109).—C-11020.—(5837).

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

Nº 001-06-PLAN.—San José, 2 de enero del 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 1) y 146 de la Constitución Política y 25 y 27.1 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Aceptar la renuncia presentada por el señor Marco Antonio Zamora Soto, cédula de identidad número 2-364-433, al cargo de Director Ejecutivo y Oficial Mayor del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a partir del 1° de enero del 2006. Se le agradece por los servicios prestados.

Artículo 2º—Nombrar al señor Giovanni Barroso Freer, cédula de identidad número 1-637-486, como Director Ejecutivo con recargo de la Oficialía Mayor del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Artículo 3º—Rige a partir del 2 de enero del 2006.

Publíquese.—ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Jorge Polinaris Vargas.—1 vez.—(Solicitud Nº 37103).—C-9920.—(5838).

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nº 038-MICIT.—San José, 26 de julio del 2005

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En uso de las facultades que le confiere los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, y el artículo 7 inciso i) de la Ley 8316, Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Designar a Natalia María Barboza Vargas, pasaporte 205740999, a fin de que participe en el Programa “Master en Biotecnología” que se realizará en Madrid, España del 17 de octubre del 2005 al 30 de junio del 2006.

Artículo 2º—Los gastos serán cubiertos de la siguiente manera: Alojamiento y Mantenimiento Comité Organizador del país Sede (España) y el pasaje aéreo la interesada.

Artículo 3º— Rige a partir del 17 de octubre del 2005 al 30 de junio del 2006.

Publíquese.—ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Ciencia y Tecnología, Fernando Gutiérrez Ortiz.—1 vez.—(Solicitud Nº 5).—C-9920.—(5839).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

R-524-MINAE.—Dirección de Geología y Minas.—San José a las ocho horas del veintiséis de octubre del dos mil cinco. Expediente N° 25-2003.

Resultando:

1º—El señor Ricardo Herrera Monge, mayor, casado una vez, ingeniero eléctrico, vecino de Puente Casa de Florencia de San Carlos, cédula de identidad número 2-259-771, en calidad de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Quebrador San Carlos S. A., cédula de personería jurídica número 3-101-053031, solicita a nombre de su representada, concesión de explotación de materiales (piedra, grava y arena) del cauce de dominio público del Río Arenal con las siguientes características:

Localización Geográfica:

Sito en: San Josecito, distrito: 11 Cutris, cantón: 10 San Carlos, provincia 2 Alajuela.

Hoja Cartográfica:

Hoja Fortuna, escala 1:50.000 del I. G. N.

Localización Cartográfica:

Entre coordenadas generales: 275114.55 - 476211.51 y 275091.81 - 476253.02 límite aguas abajo; 275343.07 - 477612.93 y 275260.52 -477614.13, límite aguas arriba.

Área Solicitada:

13 ha 7375.56 m², según consta en plano aportado al folio 55, mismo que debe utilizarse para la revisión en el campo del amojonamiento.

Derrotero:

Coordenadas del vértice Nº 1-275114.55 norte y 476211.51 este.

Línea Acimut Distancia (mts)

1-2 018º 35’ 91.56

2-3 025º 50’ 48.72

3-4 039º 29’ 86.91

4-5 034º 10’ 127.59

5-6 034º 10’ 107.16

6-7 053º 52’ 63.40

7-8 116º 45’ 157.14

8-9 106º 02’ 162.55

9-10 105º 59’ 60.86

10-11 130º 48’ 147.66

11-12 117º 20’ 116.50

12-13 106º 30’ 112.27

13-14 073º 46’ 165.40

14-15 055º 32’ 81.09

15-16 085º 10’ 144.56

16-17 082º 04’ 65.65

17-18 179º 10’ 82.55

18-19 267º 11’ 65.35

19-20 248º 14’ 106.04

20-21 347º 20’ 55.62

21-22 236º 12’ 171.79

22-23 213º 40’ 136.91

23-24 274º 22’ 123.88

24-25 308º 40’ 131.19

25-26 308º 40’ 93.50

26-27 325º 15’ 168.10

27-28 290º 05’ 184.54

28-29 296º 44’ 179.26

29-30 214º 07’ 34.07

30-31 214º 04’ 97.47

31-32 214º 04’ 125.52

32-33 205º 29’ 183.81

33-34 212º 25’ 28.40

34-1 298º 43’ 47.33

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el 18 diciembre del 2003, área y derrotero aportados el 28 de julio del 2004.

2º—El plazo recomendado es por 10 años según memorando DGM-CZN-101-2004, suscrito por la geóloga Enid Gamboa.

3º—Revisión de documentación técnica. DGM-40-2004

“Se acepta el presente estudio al satisfacer los requerimientos técnicos estipulados para este fin: Geología regional y local, estudio hidrológico, cálculo de reservas dinámicas (mediante estudio comparativo de Schoklitch, Meyer-Peter-Muller y Ackers & WHITE) y estáticas (volumen promediando áreas derivadas de 12 secciones transversales y con componente z:1.5 metros), análisis de calidad de los materiales (por el laboratorio LANNAME,) programa de explotación, referencias financieras (estados de resultados y balance de situación al 30 de setiembre del 2003 del Quebrador San Carlos S. A.), maquinaria propuesta certificada por Registro de la Propiedad.

La comprobación de campo a este estudio se efectuó el 13 de febrero del 2004 conjuntamente con la hidrogeóloga responsable del estudio MSc. Sandra Arredondo Li, verificándose la veracidad de la información.

Pendiente para su aprobación los siguientes puntos:

ü Proyección de Flujo de Efectivo a 5 años.

ü Descripción por componente del sistema de beneficio a instalar con especificación de marca, si es nuevo o usado. Incluir diagrama de flujo con capacidades, tiempos y movimientos, tipo de energía.

ü Perfil longitudinal del sector del río solicitado, pueden emplearse las secciones transversales incluidas en este estudio”.

DGM-ZN-101-2004

“La información complementaria al presente estudio satisface los requerimientos emitidos en el oficio DGM-CZN-040-2004, por lo que se procede a su aprobación y a emitir las especificaciones técnicas del título:

1) La concesión comprende sistema de beneficio mediante el uso de una trituradora de mandíbulas Ferroni modelo SVIII y un cono rotatorio marca CEDAR-RAPIDS RC36 serie 49147.

2) Se establece un lapso de hasta seis meses para labores preoperativas: construcción de rampas, centros de acopio, infraestructura básica (planteles, oficinas) y otros. De requerirse, por asuntos de fuerza mayor, una extensión de este lapso, deberá de previo plantearse a la DGM.

3) Al término de esta fase y de previo al inicio de la fase operativa, el concesionario rendirá informe a la DGM con el diseño de sitio definitivo.

4) El Sistema de extracción será tipo “barrido laminar” por bloques secuenciales de aguas abajo a aguas arriba y cubriendo todo el ancho de la sección hidráulica a una gradiente que no exceda el 0.90%. Para verificar esta condición, se deberá, al término de cada año de labores, replantear y presentar a esta Dirección las secciones longitudinales y transversales levantadas durante la elaboración del presente estudio de factibilidad.

5) Guardará una zona mínima de protección hacia las márgenes de 5 metros y taludes no superiores a 45º.

6) La maquinaria de extracción será una excavadora tipo Komatsu serie 200 y tres vagonetas de 12 m³.

7) Dicha maquinaria deberá operar y mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento, libre de fugas y emisiones de contaminantes (grasas aceites, humo u otros). Para su verificación el concesionario deberá llevar al día un protocolo de revisión y mantenimiento de la misma con indicación de la unidad, ciclos de revisión, resultados y responsable asignado.

8) No se autoriza el uso de cargadores como maquinaria de extracción.

9) Al término de los tres primeros años de vigencia se renovará la flotilla de maquinaria por modelos que no superen los cinco años de antigüedad.

10) La distancia de tránsito máxima de maquinaria y equipo a lo largo del cauce no podrá exceder los 200 metros, de ser mayor, deberá habilitarse nuevos accesos laterales.

11) No se permitirá la construcción de accesos o espolones perpendiculares al río, los mismos deberá ser oblicuos y siguiendo la dirección de la corriente.

12) No se permitirá el ingreso a los frentes de explotación (río) de vagonetas que no sean las incluidas en el Estudio de Factibilidad y autorizadas por la DGM como parte del equipo de explotación.

13) El plazo de vigencia recomendado es de hasta diez años a una tasa de explotación diaria máxima de 250 m³”.

3º—El material a explotar es arena, piedra y grava.

4º—El acceso es por vía pública.

5º—Estudio Previo Ambiental: Por resolución Nº 1043-2003-SETENA acordó: “...Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y otorgar la declaratoria de viabilidad ambiental del proyecto, quedando condicionado, dentro de un plazo de 15 días contados a partir del día posterior a la notificación de este acuerdo a cumplir con lo siguiente:

1) Se establece un monto de garantía de US $7 000 dólares (siete mil dólares americanos netos) el cual debe ser depositado en la cuenta de custodia de garantías ambientales Nº 7297-MINAE-Fondo Nacional Ambiental (SETENA) en el Banco Nacional de Costa Rica.

2) Se debe nombrar a un Responsable Ambiental que debe tener su inscripción vigente en el registro de consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado.

3) Presentar ante la unidad legal de esta Secretaría, un libro de bitácora de 100 folios para habilitarlo. Se establece una periodicidad de 3 meses durante la fase operativa, para la presentación de los informes regenciales ante la SETENA. Con base a estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener el proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores del proceso de Monitoreo y Seguimiento Ambiental de la SETENA, en las inspecciones que ésta efectúe.

4) En cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Plenaria de la SETENA en la sesión 006 de 1997 y de la aplicación de los términos del artículo 18 del Reglamento sobre los Procedimientos de la SETENA (Decreto Ejecutivo Nº 25705-MINAE) se le comunica al interesado que cuenta con un plazo de 15 días a partir de la presente notificación para presentar el original y copia del primer testimonio de la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) en escritura pública, la cual contemple compromisos adquiridos en el Plan de Gestión Ambiental, en el Estudio de Impacto Ambiental e incluyendo los siguientes:

§ Considerar los resultados de los estudios hidrogeológicos presentados al momento de realizar la extracción.

§ Realizar el control topográfico de la concesión con la periodicidad sugerida en el EIA (cada tres meses).

§ Incluir los compromisos de la página 5 del anexo al EIA respecto al control por eventual aumento de la turbidez del agua del río.

§ Considerar aumentar la distancia de protección con respecto al vado y al puente de hamaca del tramo aguas arriba del expediente Nº 675-01 en 500 m, tal y como fue sugerido durante la reciente gira de inspección.

La DJCA deberá ser entregada con el recibido por parte de la Municipalidad correspondiente.

5) Finalmente se indica que se conocen los términos de los artículos 20, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Nº 7554 y de los artículos 52, 53, 54 y 55 del Decreto Ejecutivo Nº 25705-MINAE, en lo referente a las sanciones a que se verá sujeta la actividad, en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental efectuada ante la SETENA. Esto por cuanto, en la misma, se han establecido los términos técnicos razonablemente predecibles para el pronóstico y prevención de un potencial daño ambiental, por lo cual el cumplimiento de estos compromisos por parte del desarrollador lo hará responsable directo del daño ambiental producido y sujeto, por tanto, a las sanciones que establece la ley…”

6) Recomendaciones Técnicas: