Partimos de una realidad que horroriza a nuestra poblaci�n: la condici�n de pobreza extrema de la cuarta parte de los infantes y j�venes entre los 12 y los 17 a�os. Este proyecto pretende disminuir las brechas de ese tipo que afectan a las personas que en el cercano futuro ser�n los ciudadanos y ciudadanas de este pa�s; de estas personas la cuarta parte se encuentra en condiciones de pobreza, de acuerdo con los �ltimos informes recogidos hasta en los medios de comunicaci�n. Se hace evidente la necesidad de abordar este tema, en forma sistem�tica y con amplitud; no debemos consternarnos por las impresionantes estad�sticas. Es imprescindible dejar de ver simples n�meros; debemos humanizarnos, sentir esta problem�tica a fin de generar respuestas con conciencia y solidaridad social. Este dato mismo debe ser un justificante suficiente para la reflexi�n y la acci�n inmediata en este tema.

La pobreza no se define exclusivamente en t�rminos econ�micos (�) tambi�n significa malnutrici�n, reducci�n de la esperanza de vida, falta de acceso a agua potable, condiciones de insalubridad, enfermedades, analfabetismo, imposibilidad de acceder a la escuela, la cultura, la asistencia sanitaria, el cr�dito y a ciertos bienes.

Estamos ante una pobreza sectorial que coexiste con una riqueza en aumento en Costa Rica. Mientras unos pocos se vuelven m�s ricos, una importante parte de la poblaci�n infantil y juvenil sufre condiciones paup�rrimas.

Tambi�n es preciso salir al paso de las fuertes discriminaciones y segregaci�n social, que tienen lugar en el seno de la sociedad. Para ello, es vital que los infantes y j�venes tengan oportunidades; es menester que puedan acceder a los recursos m�nimos que les permitan sobrepasar la l�nea marginal de pobreza.

La pobreza suele confinar en tierras marginales a los pobres que viven en el medio rural; as� contribuye a acelerar la erosi�n social y a incrementar la vulnerabilidad ecol�gica, pues estas viviendas ocasionan desprendimientos de tierras y otros conflictos propios de las barriadas marginales. La pobreza tambi�n lleva a la deforestaci�n, por el uso inadecuado de la madera y de otros recursos empleados ah� para cocinar, calentar, construir casas y productos artesanales; esos grupos vulnerables se ven privados de bienes fundamentales y aceleran su descenso en la espiral de la pobreza y la degradaci�n medioambiental.

Adem�s, el bienestar de cada uno de nosotros tambi�n depende, en gran parte, de la existencia de un nivel de vida m�nimo para todos y todas y, especialmente, para las poblaciones infantiles y juveniles.

La reducci�n de la pobreza y la universalizaci�n de los derechos humanos se convierte as� en una necesidad absoluta para la supervivencia de la especie humana y es preciso actuar, aunque solo sea por ego�smo inteligente, porque la prosperidad de un reducido n�mero de personas no puede durar, si se enfrenta la extrema pobreza de las mayor�as menos favorecidas y m�s vulnerables.

El hambre cr�nica permanente, es mucho m�s grave que las hambrunas que los medios de comunicaci�n airean peri�dicamente, dando la impresi�n de que se trata de puntuales desabastecimientos, atribuibles a los propios pa�ses azotados por el hambre. Acabar con el hambre y la pobreza debe ser una prioridad para todos y todas, un objetivo que justifique la creaci�n de una alianza nacional contra el hambre y la pobreza infantil y juvenil.

Por ello, se precisa realizar una aut�ntica movilizaci�n ciudadana, que se traduzca en participaci�n en todo tipo de acciones, tales como una Campa�a Pobreza Cero, que debe implementarse por medio de �rganos de alto rango que lideren la lucha, sometiendo cualquier otra necesidad para que la pobreza se convierta en la m�s alta prioridad, especialmente en los casos en que las afectadas son la ni�ez y la adolescencia del pa�s.

Por las razones expuestas, se presenta a conocimiento de la honorable Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACI�N DEL COMIT� INTERINSTITUCIONAL DE

LA ALIANZA NACIONAL CONTRA LA POBREZA

INFANTIL Y JUVENIL

ART�CULO 1.- Creaci�n

Cr�ase el Comit� Interinstitucional de Alianza contra la Pobreza Infantil y Juvenil, adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como mecanismo consultivo de coordinaci�n interinstitucional y de interacci�n con la sociedad civil organizada. Dicho Comit� estar� conformado por los siguientes miembros:

a) El ministro de la Presidencia, quien lo presidir�.

b) El presidente ejecutivo del IMAS, quien ocupar� la Secretar�a Ejecutiva T�cnica del Comit�.

c) El ministro de Educaci�n P�blica.

d) El ministro de Trabajo y Seguridad Social.

e) El presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

f) El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

ART�CULO 2.- Entes territoriales

En las municipalidades se constituir�n comit�s de alianza contra la pobreza infantil y juvenil, seg�n su competencia.

ART�CULO 3.- Funciones del Comit�

El Comit� tendr� las siguientes funciones:

a) Actuar como �rgano consultor y asesor, encargado de formular pol�ticas y programas de las entidades responsables, relacionados con la lucha contra la pobreza juvenil e infantil.

b) Evaluar, semestralmente, la situaci�n de pobreza de los j�venes y ni�os en el territorio nacional, a fin de realizar un diagn�stico del problema.

c) Recomendar la adopci�n de medidas que permitan la coordinaci�n interinstitucional e intersectorial, a fin de garantizar su atenci�n inmediata.

d) Proponer acciones conjuntas para la sensibilizaci�n y capacitaci�n de las entidades y de la sociedad respecto de la pobreza infantil y juvenil.

e) Evaluar los programas que permitan insertar a los adolescentes e infantes en el Sistema Educativo nacional, formal o informal. Para ello, el Comit� le solicitar� al Ministerio de Educaci�n P�blica tomar en cuenta sus conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar el ingreso y mantenimiento integral del grupo en atenci�n.

f) Presentar, semestralmente, ante la Asamblea Legislativa un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al objeto de la presente Ley, as� como de los resultados de estas y el uso de los recursos asignados.

g) El Comit� tendr� organizaci�n propia y una agenda anual de trabajo. Como m�nimo, constituir� subcomit�s de atenci�n, lucha y comunicaci�n.

ART�CULO 4.- Secretar�a T�cnica Permanente

El IMAS asumir� funciones de la Secretar�a T�cnica Permanente del Comit�, y tendr� a su cargo las siguientes funciones:

a) Cumplir las labores secretariales del Comit�.

b) Convocar a las sesiones del Comit�, conforme a lo previsto en esta Ley y a las instrucciones impartidas por su presidente.

c) Compilar los informes, estudios y documentos que deban ser objeto de estudio, an�lisis, revisi�n o evaluaci�n por parte del Comit�.

d) Proponer la adecuaci�n de los programas existentes en los diversos �rdenes y dirigidos a la lucha contra la pobreza.

e) Gestionar la evaluaci�n peri�dica de la calidad de atenci�n en la lucha contra la pobreza.

f) Promover, por medio del PANI, la divulgaci�n de los derechos del joven y de los ni�os y ni�os en condiciones de pobreza.

g) Proponer y gestionar estrategias para monitorear el cumplimiento de la ley en los entes territoriales.

h) Proponer y gestionar las l�neas de formaci�n, para los distintos sectores que integran el Comit�, en materia de detecci�n, prevenci�n y atenci�n de la pobreza juvenil e infantil.

i) Ejecutar los recursos en forma expedita, por medio de un reglamento especial, que incorpore los principios de contrataci�n administrativa, el cual deber� ser propuesto a m�s tardar 30 d�as despu�s de la publicaci�n de esta Ley.

j) Las dem�s funciones que le asigne el Comit�.

ART�CULO 5.- Sesiones

El Comit� se reunir� en sesiones ordinarias cada dos meses y, en forma extraordinaria, cuando sea convocado por su presidente.

ART�CULO 6.-Recursos

Autor�zase al IMAS para que administre, por medio del Comit�, una cuenta especial y la personer�a jur�dica; a dicha cuenta ingresar�n los recursos captados para la atenci�n integral de la pobreza juvenil e infantil. El Poder Ejecutivo reglamentar� la materia.

Entre las fuentes espec�ficas que podr�n dirigir recursos a esa cuenta especial, se incluyen las siguientes:

a) Las partidas que se le asignen en el presupuesto nacional.

b) El cincuenta por ciento (50%) de los recursos asignados a la deuda pol�tica adelantada que se gira a los partidos pol�ticos.

c) Las donaciones.

d) Los recursos provenientes de la cooperaci�n nacional e internacional.

e) Los dem�s recursos que obtenga por cualquier t�tulo.

El Poder Ejecutivo reglamentar� lo concerniente a la creaci�n y administraci�n de la cuenta, as� como los procedimientos para recibir y administrar los recursos provenientes de donaciones y de cooperaci�n internacional mencionados en este art�culo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la cooperaci�n econ�mica internacional.

ART�CULO 7.- Medidas de control

La Contralor�a General de la Rep�blica ejercer� la inspecci�n, la vigilancia y el control sobre la utilizaci�n de los recursos que integren la cuenta citada en el art�culo anterior.

Las entidades que ejecuten recursos provenientes de dicha cuenta, rendir�n un informe detallado de las actividades desarrolladas con cargo a ellos. Este informe ser� rendido ante el Comit� y la Contralor�a General de la Rep�blica.

El control a que se refiere este art�culo se ejercer� sin perjuicio de los dem�s controles que establece de manera general el ordenamiento jur�dico para este tipo de cuentas.

ART�CULO 8.- Normas aplicables

En cuanto a contrataciones que se requieran para luchar contra la pobreza, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley no se le aplicar�n al Comit� Interinstitucional de Alianza contra la Pobreza Infantil y Juvenil las siguientes leyes:

a) La Ley para el equilibrio financiero del Sector P�blico para el a�o 1984, N� 6955, y sus reformas, de 24 de febrero de 1984.

b) La Ley N� 7494, Contrataci�n administrativa, de 2 de mayo de 1995.

c) La Ley org�nica de la Contralor�a General de la Rep�blica, N� 7428, de 7 de setiembre de 1994.

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Juventud, Ni�ez y Adolescencia.

San Jos�, 14 de febrero del 2008.�1 vez.�C-99080.�(55924).

D�A INTERNACIONAL DEL NI�O POR NACER

Expediente N� 16.944

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La vida humana es un derecho de todo ser humano. Este derecho no puede ni debe ser violado bajo ninguna circunstancia. Ninguna persona posee la potestad para decidir si otra persona debe o no vivir. No obstante, la realidad en la que convivimos presenta otro escenario totalmente diferente.

La complejidad creada en torno al momento de inicio de la existencia de la vida humana, ha propiciado que muchos se enganchen de ello para finalizar, anticipadamente, la vida de un nuevo ser humano. Lo anterior, bajo varios argumentos, uno de ellos y el m�s com�n es el de indicar que dicho ser que crece en el vientre de su progenitora, a�n no es un ser vivo. La finalizaci�n de una vida que apenas empieza a emerger, no es m�s que un atentado t�cito contra el derecho inalienable de todo ser humano de vivir, m�s a�n cuando este carece de las capacidades b�sicas de defensa y se trata de un ser indefenso que no puede luchar por su propia supervivencia.

Todos estos factores producen un flagelo mundial que repercute en el aumento de la desvalorizaci�n de la vida, que cobra cada vez m�s fuerza en la sociedad en general. El menosprecio hacia la maternidad crece a un ritmo acelerado, repercutiendo en el pensamiento de las mujeres quienes, en medio de una situaci�n de incertidumbre y desesperaci�n, llegan a la triste conclusi�n de considerar su estado de embarazo como una mala enfermedad o un problema urgente que debe resolverse lo antes posible. Se ha minimizado el verdadero significado de la concepci�n, en detrimento directo de la vida misma.

Por lo anterior, es imperante clarificar el proceso de iniciaci�n de la vida humana, milagro que surge a partir de la uni�n entre un hombre y una mujer y que da como resultado la formaci�n de un cigoto, cuyo producto culminar� con el desarrollo de un ser humano �nico e irrepetible. No es una cosa o un problema que debe ser solucionado, es un nuevo ser con derechos, al igual que cualquier otro ser humano.

�En el momento de la uni�n del �vulo materno con el espermatozoide paterno ocurre el proceso de fecundaci�n. La ciencia ha demostrado que desde el momento de la fecundaci�n, el cigoto (c�lula surgida de esta uni�n) combina los cromosomas del �vulo y el espermatozoide, creando una realidad completamente nueva. S�lo horas despu�s de surgir, el cigoto comienza una intensa actividad celular de especializaci�n, que permite determinar qu� parte de esta microsc�pica realidad terminar� convertida en el cerebro, el coraz�n, la columna vertebral o los m�sculos del nuevo ser humano. Sus dimensiones microsc�picas no cambian el hecho de que este nuevo ser es un ser humano plenamente nuevo e independiente. Desde ese instante el nuevo ser ya es una unidad en cuerpo y alma, �nica e irrepetible, tiene toda la informaci�n gen�tica necesaria para seguir desarroll�ndose hasta llegar a ser una persona adulta�.1

�(...) cu�ndo empieza una nueva vida humana- ning�n cient�fico dudar�a en responder que en el �momento de la fecundaci�n�; es decir, cuando de dos realidades distintas -el �vulo y el espermatozoide- surge una realidad nueva y distinta -el cigoto- con una potencialidad propia y una autonom�a gen�tica, ya que, aunque dependa de la madre para subsistir, su desarrollo se va a realizar fundamentalmente de acuerdo con su propio programa gen�tico(...).�2

Es aqu�, a partir de la etapa de la fecundaci�n, que en el vientre materno se inicia una carrera dividida por diferentes etapas en las cuales, el nuevo ser comenzar� a adquirir nuevas funciones d�a con d�a, por ejemplo, se puede hacer menci�n de algunas de estas etapas. Cuando el ni�o posee tan solo 20 d�as de haber sido concebido ya cuenta con los fundamentos de su cerebro, espina dorsal y el resto de su sistema nervioso, a los 40 d�as ya posee actividad cerebral, y controla 40 conjuntos de m�sculos y a esta altura de su vida sus p�rpados se cierran para proteger sus ojos de la luz, a la cual es sensible.3

En este punto, vale la pena recalcar que nuestra legislaci�n actual defiende el derecho a la vida, por ejemplo, en el C�digo Civil, en el art�culo 31 se estipula que �La existencia de la persona f�sica principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 d�as antes de su nacimiento�.4

Al cumplir 63 d�as, unas 9 semanas de embarazo, el neonato poseer� huellas digitales que ser�n �nicas, no existir� otro ser humano con las mismas huellas; ya el beb� dormir�, despertar� y ejercitar� sus m�sculos, abrir� y cerrar� la boca y doblar� los dedos de los pies. A las 12 semanas, ya todos los �rganos y sistemas del cuerpo del beb� estar�n funcionando, despu�s de aqu� su principal actividad ser� crecer, incrementar su tama�o, tal y como lo han hecho todos los seres humanos que han tenido el privilegio de existir ⁴^.

Es en este punto que surgen varias interrogantes al respecto: �c�mo se puede permitir la muerte de un ser indefenso que crece en el vientre de su madre, ajeno a todo lo que pasa a su alrededor y a las situaciones que provocaron su concepci�n, ya sean estas favorables o no?; si un infante con tal solo 20 d�as de haber sido concebido ya posee los fundamentos b�sicos de su cerebro, �se puede considerar que no es un ser humano? Este nuevo beb� que se desarrolla tranquilo en las entra�as de su madre, no ha hecho nada para que lo condenen a morir, para que le sea negado el derecho que todo ser humano ha tenido de existir, crecer y simplemente vivir.

En este sentido, es deber de este Congreso defender los derechos fundamentales de los seres humanos ante todo y, en particular, el derecho a la vida, y frenar el enga�o de querer presentar la eliminaci�n de un hijo como la soluci�n a un problema que, �nicamente, culminar� en la trasgresi�n a la vida y a la agresi�n misma de la mujer, la cual, tarde o temprano, sufrir� las consecuencias de una mala decisi�n tomada en un momento de angustia.

Este proyecto, pretende hacer un alto en el camino y crear conciencia en la poblaci�n sobre el respeto a la vida y al ser humano, en todas sus etapas, principalmente, cuando estos son seres indefensos. Es un llamado a defender lo m�s preciado que poseemos, la vida, sin la cual todo lo dem�s carece de sentido.

Hoy, es urgente y necesario cumplir con esta misi�n, defendiendo el derecho a vivir de todos los costarricenses nacidos o no nacidos, y aportar herramientas legales que auxilien a la mujer embarazada y permitan facilitarle la decisi�n de traer al mundo una nueva vida que no le pertenece a ella, ni a ninguna otra persona. Por medio de esta iniciativa, se quiere transmitir a la sociedad una vocaci�n de humanidad y amor al pr�jimo por medio del respeto a la vida de los neonatos de una forma m�s clara y espec�fica, en la cual se exprese la protecci�n al derecho fundamental de todo ser viviente, su vida.

Bajo esta perspectiva de respeto y derecho a la vida, vale la pena hacer menci�n que esta iniciativa concuerda con lo expuesto tanto en la legislaci�n nacional como internacional, al respecto la Convenci�n de los Derechos del Ni�o, en su art�culo 1, expone lo siguiente: �...se entiende por ni�o todo ser humano menor de dieciocho a�os de edad�,5 lo cual significa que el ni�o por nacer estar�a amparado bajo esta legislaci�n internacional que posee jerarqu�a constitucional�.

_____________

1 http://www.aciprensa.com/utiles/myprint/print,php.

2 http://w3.cnice.mec.es/tematicas/genetica/2005_04/2005_04_05.html.

3 Asamblea Legislativa. Registro Digital. C�digo Civil. Ley N.� 0063. 28 setiembre de 1887.

4 Junta Departamental de Montevideo. Uruguay. Versi�n Taquigr�fica. Discurso: D�a Internacional del Ni�o por Nacer. Iafigliola Carlos. Marzo 2007.

5 Convenci�n de los Derechos del Ni�o. Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Resoluci�n 44/25, de 20 de noviembre de 1989. En las pr�ximas referencias atinentes a este documento, t�mese nota de la fuente.

En este sentido, el art�culo 2, inciso 1) de la Convenci�n antes mencionada, dispone que �Los Estados partes respetar�n los derechos enunciados en la presente Convenci�n y asegurar�n su aplicaci�n a cada ni�o sujeto a su jurisdicci�n, sin distinci�n alguna, independientemente de la raza, color, el sexo, el idioma, la religi�n, la opini�n pol�tica o de otra �ndole, el origen nacional, �tnico o social o cualquier otra condici�n del ni�o, de sus padres o de sus representantes legales�. Del mismo modo, el art�culo 3 establece �En todas las medidas concernientes a los ni�os que tomen las instituciones p�blicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los �rganos legislativos, una consideraci�n primordial a que se atender� ser� el inter�s superior del ni�o�.

De igual manera, nuestra Carta Magna en el art�culo 21 de Derechos y Garant�as Individuales, indica que �La vida humana es inviolable�. Por otra parte ya existe un decreto ejecutivo (N.� 28043-S, de 19 agosto de 1999), que apoya esta iniciativa mediante el cual el Poder Ejecutivo declar� el 27 de julio de cada a�o como el D�a Nacional de la �Vida antes de Nacer�, no obstante, se considera pertinente celebrar esta fecha conjuntamente con los otros pa�ses del mundo que ya han promulgado el 25 de marzo como la fecha de celebraci�n del D�a del Ni�o por Nacer, tal es el caso de pa�ses tales como: Guatemala (1999); Chile (1999); Nicaragua (2000); Rep�blica Dominicana (2001); Per� (2002), M�xico, Eslovaquia y Filipinas, pa�ses en los cuales se ha celebrado durante varios a�os esta fecha, con gran acogida entre la poblaci�n que est� a favor de la vida.

Siguiendo este ordenamiento jur�dico, la presente iniciativa pretende implementar en el pa�s la celebraci�n del D�a del Ni�o por Nacer equipar�ndola a la fecha internacional, cuyo fin es reconocer los derechos de los ni�os y las ni�as que a�n no han nacido pero que, no por ello dejan de ser seres vivientes que merecen el respeto y la protecci�n de la sociedad. Por lo tanto, atendiendo a toda esta legislaci�n y el contexto social que se est� viviendo, es que ponemos a disposici�n de los se�ores y las se�oras diputadas el presente proyecto de ley para su discusi�n y aprobaci�n.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

D�A INTERNACIONAL DEL NI�O POR NACER

ART�CULO 1.- Decl�rase el 25 de marzo como el D�a Internacional del Ni�o por Nacer.

ART�CULO 2.- Este d�a se dedicar� a la realizaci�n de actividades por medio del Ministerio de Educaci�n en los centros educativos, con el fin de hacer conciencia sobre el aborto y las secuelas negativas que genera en las mujeres este tipo de pr�cticas. Asimismo, pretende ense�ar sobre el derecho de la vida humana y dar a conocer las diferentes etapas de crecimiento del ni�o dentro del vientre materno.

Rige a partir de su publicaci�n.

Guyon Holt Massey Mora

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Juventud, Ni�ez y Adolescencia.

San Jos�, 27 de febrero del 2008.�1 vez.�C-95320.�(55925).

APROBACI�N DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE

ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Expediente N� 16.947

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales fue aprobada por Costa Rica mediante la Ley N� 7475, de 20 de diciembre de 1994, publicada en el diario oficial La Gaceta N� 245, de 26 de diciembre de 1994. Espec�ficamente en el Anexo 1C, se recoge el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC).

Uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organizaci�n Mundial del Comercio (en adelante OMC) es promover la innovaci�n tecnol�gica, logrando un equilibrio entre los intereses de los productores y de los usuarios de los conocimientos tecnol�gicos, de modo que se favorezca el bienestar social y econ�mico. Este equilibrio no siempre es f�cil de lograr. En particular, en la esfera de las patentes de productos farmac�uticos se suscitan mayores tensiones al confrontarse por un lado, la necesidad de ofrecer incentivos para la investigaci�n y el desarrollo de nuevos productos farmac�uticos, con el proporcionar un mayor acceso posible a los medicamentos, por el otro.

Entre los medios que contiene el Acuerdo sobre los ADPIC para alcanzar el equilibrio entre estos fines, igualmente leg�timos, la OMC reconoce algunas flexibilidades a sus Miembros relacionadas con el grado de protecci�n otorgada a los derechos de propiedad intelectual de forma tal que puedan alcanzar sus objetivos sociales y tecnol�gicos. Concretamente, en el caso de las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC permite que los gobiernos establezcan ciertas limitaciones en el otorgamiento de las patentes, fijen excepciones basadas en la investigaci�n (cl�usula Bolar), tomen medidas para impedir que los titulares de las patentes abusen de sus derechos, o permitan las importaciones paralelas y las licencias obligatorias.

En el caso espec�fico de las patentes farmac�uticas, los Miembros de la OMC han precisado, aclarado y reforzado las flexibilidades permitidas, al suscribir la Declaraci�n de Doha sobre los ADPIC y la Salud P�blica, en noviembre de 2001 en esa ciudad. En dicha Declaraci�n, los Miembros de la OMC establecieron que el Acuerdo sobre los ADPIC deb�a aplicarse e interpretarse de manera que permitiese apoyar la salud p�blica, promoviendo tanto el acceso de medicamentos existentes como la creaci�n de otros nuevos. Se convino que dicho Acuerdo no imped�a que los Miembros de la OMC adoptasen medidas con el objeto de proteger la salud p�blica. Tambi�n se enfatiz� la capacidad de los pa�ses de hacer uso de las licencias obligatorias y de las importaciones paralelas, asimismo se prorrogaron hasta el a�o 2016 las exenciones a favor de los pa�ses menos desarrollados, en relaci�n con la protecci�n mediante patente de los productos farmac�uticos.

En esta ocasi�n, no fue posible alcanzar acuerdos en todas las �reas, quedando pendiente adoptar una decisi�n sobre la mejor forma de incorporar una mayor flexibilidad para que los pa�ses cuyas capacidades en el sector farmac�utico fueran insuficientes o inexistentes, pudieran hacer uso efectivo de las licencias obligatorias para medicamentos patentados, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC.

Este tema se relaciona con el apartado f) del art�culo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los productos fabricados al amparo de licencias obligatorias se usar�n �principalmente para abastecer al mercado interno�. En la pr�ctica, esta disposici�n ha representado un obst�culo tanto para los pa�ses que tienen capacidad de fabricar medicamentos, como para los que no la tienen. En el caso de los primeros, les ha limitado la cantidad que pueden exportar cuando el medicamento se produce al amparo de una licencia obligatoria; y en el caso de los segundos, que carecen de capacidad de fabricaci�n, estos requerir�an importar medicamentos para hacer uso efectivo de una licencia obligatoria.

Para resolver este problema provisionalmente, el 30 de agosto de 2003 los Miembros de la OMC adoptaron una Decisi�n mediante la cual se acuerda modificar algunas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, para permitir a los pa�ses con capacidad insuficiente o inexistente de fabricaci�n de medicamentos, hacer uso efectivo de las licencias obligatorias de medicamentos patentados. Esta Decisi�n contiene tres exenciones b�sicas:

� A los pa�ses exportadores les exime de sus obligaciones en el marco del apartado f) del art�culo 31, de forma que cualquier pa�s Miembro pueda exportar productos farmac�uticos fabricados al amparo de licencias obligatorias para atender las necesidades de los pa�ses importadores.

� A los pa�ses importadores les exime de las obligaciones que les corresponden con respecto al pago de la remuneraci�n para el titular de una patente con arreglo a una licencia obligatoria, a fin de evitar la duplicaci�n del pago; solo se exige el pago de la remuneraci�n por el lado de la exportaci�n.

� A los pa�ses en desarrollo y menos adelantados les exime de las limitaciones de las exportaciones, con el objeto de que puedan exportar dentro del territorio de un acuerdo comercial regional, cuando por lo menos la mitad de sus miembros hayan sido considerados como pa�ses menos adelantados en el momento de la adopci�n de la Decisi�n. De esa forma, los pa�ses en desarrollo pueden aprovechar las econom�as de escala.

Estas condiciones est�n destinadas a asegurar que los pa�ses beneficiarios puedan importar medicamentos gen�ricos sin menoscabo de los sistemas de patentes, particularmente de los pa�ses desarrollados. Incluyen medidas para impedir que los medicamentos se desv�en hacia mercados inapropiados y disposiciones que obligan a los gobiernos usuarios del sistema a mantener informados a todos los dem�s Miembros, aunque no se requiere la aprobaci�n de la OMC.

Las exenciones previstas en la Decisi�n de agosto de 2003 fueron provisionales. La soluci�n definitiva se acord� mediante la Decisi�n del Consejo General de la OMC de 6 de diciembre de 2005, en la cual se adopt� un Protocolo de Enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC. Costa Rica particip� en dicha reuni�n del Consejo General, representada por nuestro Embajador Permanente ante la OMC, uni�ndose al consenso para aprobar la indicada Decisi�n. La enmienda, que introduce un nuevo art�culo 31 bis y un Anexo al Acuerdo sobre los ADPIC, incorpora las exenciones acordadas mediante la Decisi�n de 30 de agosto de 2003 y entrar� en vigor cuando dos tercios de los Miembros de la OMC la hayan aceptado.

Seg�n el Protocolo, el mismo estar� abierto a la aceptaci�n de los Miembros de la OMC hasta el 1� de diciembre de 2007 o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia Ministerial de la OMC. Al 18 de junio de 2007, los siguientes pa�ses han aceptado la enmienda: Estados Unidos (17 de diciembre de 2005), Suiza (13 de septiembre de 2006), El Salvador (19 de septiembre de 2006), Rep�blica de Corea (24 de enero de 2007), Noruega (5 de febrero de 2007), India (26 de marzo de 2007) y Filipinas (30 de marzo de 2007).

Como pa�s en desarrollo, para Costa Rica resulta fundamental poder aprovechar todas las flexibilidades que el Acuerdo sobre los ADPIC puede proporcionar, especialmente en un tema tan sensible como lo es el acceso efectivo y oportuno a los medicamentos. Por ello, es de gran importancia aprobar el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, cuyo objetivo primordial consiste en aclarar las disposiciones establecidas en el art�culo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, de forma tal que se garantice un uso efectivo de las licencias obligatorias a todos los pa�ses Miembros de la OMC.

En virtud de lo anterior, se somete a conocimiento y aprobaci�n de las se�oras y los se�ores diputados de la Asamblea Legislativa, el presente proyecto de ley de Aprobaci�n del Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACI�N DEL PROTOCOLO POR EL QUE SE

ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

ART�CULO �NICO.- Apru�base el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C) aprobado por la Ley N.� 7475, de 20 de diciembre de 1994, denominada Aprobaci�n del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, cuyo texto es el siguiente:

�PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Genova

6 December 2005

PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Los Miembros de la Organizaci�n Mundial del Comercio,

Habida cuenta de la Decisi�n del Consejo General contenida en el documento WT/L/641, adoptada de conformidad con el p�rrafo 1 del art�culo X del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizaci�n Mundial del Comercio (�el Acuerdo sobre la OMC�);

Convienen en lo siguiente:

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el �Acuerdo sobre los ADPIC�) ser� enmendado, en el momento en que entre en vigor el Protocolo de conformidad con el p�rrafo 4, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo del presente Protocolo, insertando el art�culo 31 bis a continuaci�n del art�culo 31 e insertando el Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC a continuaci�n del art�culo 73.

2. No se podr�n hacer reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Protocolo sin el consentimiento de los dem�s Miembros.

3. El presente Protocolo estar� abierto a la aceptaci�n de los Miembros hasta el 1� de diciembre de 2007 o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia Ministerial.

4. El presente Protocolo entrar� en vigor de conformidad con el p�rrafo 3 del art�culo X del Acuerdo sobre la OMC.

5. El presente Protocolo ser� depositado en poder del Director General de la Organizaci�n Mundial del Comercio, quien remitir� sin dilaci�n a cada uno de los Miembros una copia autenticada de este instrumento y notificaci�n de cada aceptaci�n del mismo efectuada de conformidad con el p�rrafo 3.

6. El presente Protocolo ser� registrado de conformidad con las disposiciones del Art�culo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil cinco, en un solo ejemplar y en los idiomas espa�ol, franc�s e ingl�s, siendo cada uno de los textos igualmente aut�ntico.

ANEXO AL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA

EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Art�culo 31 bis

1. Las obligaciones que corresponden a un Miembro exportador en virtud del apartado f) del art�culo 31 no ser�n aplicables con respecto a la concesi�n por ese Miembro de una licencia obligatoria en la medida necesaria para la producci�n de un producto o productos farmac�uticos y su exportaci�n a un Miembro o Miembros importadores habilitados de conformidad con los t�rminos que se enuncian en el p�rrafo 2 del Anexo del presente Acuerdo.

2. Cuando un Miembro exportador conceda una licencia obligatoria en virtud del sistema expuesto en el presente art�culo y el Anexo del presente Acuerdo, se recibir� en ese Miembro una remuneraci�n adecuada de conformidad con el apartado h) del art�culo 31, habida cuenta del valor econ�mico que tenga para el Miembro importador el uso autorizado en el Miembro exportador. Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el Miembro importador habilitado, la obligaci�n que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado h) del art�culo 31 no ser� aplicable respecto de aquellos productos por los que se reciba en el Miembro exportador una remuneraci�n de conformidad con la primera frase de este p�rrafo.

3. Con miras a aprovechar las econom�as de escala para aumentar el poder de compra de productos farmac�uticos y facilitar la producci�n local de los mismos: cuando un pa�s en desarrollo o menos adelantado Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial regional, en el sentido del art�culo XXIV del GATT de 1994 y la Decisi�n de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y m�s favorable, reciprocidad y mayor participaci�n de los pa�ses en desarrollo (L/4903), en el cual la mitad como m�nimo de las actuales partes sean pa�ses que figuran actualmente en la Lista de pa�ses menos adelantados de las Naciones Unidas, la obligaci�n que corresponde a ese Miembro en virtud del apartado f) del art�culo 31 no ser� aplicable en la medida necesaria para que un producto farmac�utico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos otros pa�ses en desarrollo o menos adelantados partes en el acuerdo comercial regional que compartan el problema de salud en cuesti�n. Se entiende que ello ser� sin perjuicio del car�cter territorial de los derechos de patente en cuesti�n.

4. Los Miembros no impugnar�n al amparo de los apartados b) y c) del p�rrafo 1 del art�culo XXIII del GATT de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las disposiciones del presente art�culo y del Anexo del presente Acuerdo.

5. El presente art�culo y el Anexo del presente Acuerdo se entienden sin perjuicio de los derechos, obligaciones y flexibilidades que corresponden a los Miembros en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del art�culo 31, incluidas las reafirmadas en la Declaraci�n relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud P�blica (WT/MIN(01)/DEC/2), ni de su interpretaci�n. Se entienden tambi�n sin perjuicio de la medida en que los productos farmac�uticos producidos al amparo de una licencia obligatoria puedan exportarse conforme a las disposiciones del apartado f) del art�culo 31.

ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. A los efectos del art�culo 31 bis y del presente Anexo:

a) por �producto farmac�utico� se entiende cualquier producto patentado, o producto manufacturado mediante un proceso patentado, del sector farmac�utico necesario para hacer frente a los problemas de salud p�blica reconocidos en el p�rrafo 1 de la Declaraci�n relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud P�blica (WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estar�an incluidos los ingredientes activos necesarios para su fabricaci�n y los equipos de diagn�stico necesarios para su utilizaci�n19;

b) por �Miembro importador habilitado� se entiende cualquier pa�s menos adelantado Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado20 al Consejo de los ADPIC su intenci�n de utilizar el sistema expuesto en el art�culo 31 bis y en el presente Anexo (�el sistema�) como importador, quedando entendido que un Miembro podr� notificar en todo momento que utilizar� el sistema en su totalidad o de manera limitada, por ejemplo, �nicamente en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso p�blico no comercial. Cabe se�alar que algunos Miembros no utilizar�n el sistema como Miembros importadores21 y que otros Miembros han declarado que, si utilizan el sistema, lo har�n s�lo en situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia;

c) por �Miembro exportador� se entiende todo Miembro que utilice el sistema a fin de producir productos farmac�uticos para un Miembro importador habilitado y de exportarlos a ese Miembro.

2. Los t�rminos a que se hace referencia en el p�rrafo 1 del art�culo 31 bis son los siguientes:

a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados22 hayan hecho al Consejo de los ADPIC una notificaci�n², en la cual:

i) especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o productos necesarios23;

ii) confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuesti�n, a menos que sea un pa�s menos adelantado Miembro, ha establecido de una de las formas mencionadas en el Ap�ndice del presente Anexo, que sus capacidades de fabricaci�n en el sector farmac�utico son insuficientes o inexistentes para el producto o los productos de que se trata; y

iii) confirme o confirmen que, cuando un producto farmac�utico est� patentado en su territorio, ha concedido o tiene intenci�n de conceder una licencia obligatoria de conformidad con los art�culos 31 y 31 bis del presente Acuerdo y las disposiciones del presente Anexo24;

b) la licencia obligatoria expedida por el Miembro exportador en virtud del sistema contendr� las condiciones siguientes:

i) s�lo podr� fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del Miembro o los Miembros importadores habilitados, y la totalidad de esa producci�n se exportar� al Miembro o Miembros que hayan notificado sus necesidades al Consejo de los ADPIC;

_____________

19 Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado b) del p�rrafo 1.

20 Se entiende que no es necesario que esa notificaci�n sea aprobada por un �rgano de la OMC para poder utilizar el sistema.

21 Australia, Canad�, Comunidades Europeas con, a los efectos del art�culo 31 bis y del presente Anexo, sus Estados miembros, Estados Unidos, Islandia, Jap�n, Noruega, Nueva Zelandia y Suiza.

22 Las organizaciones regionales a que se refiere el p�rrafo 3 del art�culo 31 bis podr�n efectuar notificaciones conjuntas que contengan la informaci�n exigida en este apartado en nombre de Miembros importadores habilitados que utilicen el sistema y sean partes en ellas, con el acuerdo de esas partes.

23 La Secretar�a de la OMC pondr� la notificaci�n a disposici�n del p�blico mediante una p�gina dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.

24 Este inciso se entiende sin perjuicio del p�rrafo 1 del art�culo 66 del presente Acuerdo.

ii) los productos producidos al amparo de la licencia se identificar�n claramente, mediante un etiquetado o marcado espec�fico, como producidos en virtud del sistema. Los proveedores deber�n distinguir esos productos mediante un embalaje especial y/o un color o una forma especiales de los productos mismos, a condici�n de que esa distinci�n sea factible y no tenga una repercusi�n significativa en el precio; y

iii) antes de que se inicie el env�o, el licenciatario anunciar� en un sitio Web25 la siguiente informaci�n:

- las cantidades que suministra a cada destino a que se hace referencia en el inciso i) supra; y

- las caracter�sticas distintivas del producto o productos a que se hace referencia en el inciso ii) supra;

c) el Miembro exportador notificar�26 al Consejo de los ADPIC la concesi�n de la licencia, incluidas las condiciones a que est� sujeta.27 La informaci�n proporcionada incluir� el nombre y direcci�n del licenciatario, el producto o productos para los cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o las cantidades para las cuales �sta ha sido concedida, el pa�s o pa�ses a los cuales se ha de suministrar el producto o productos y la duraci�n de la licencia. En la notificaci�n se indicar� tambi�n la direcci�n del sitio Web a que se hace referencia en el inciso iii) del apartado b) supra.

3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para los fines de salud p�blica impl�citos en su importaci�n, los Miembros importadores habilitados adoptar�n medidas razonables que se hallen a su alcance, proporcionales a sus capacidades administrativas y al riesgo de desviaci�n del comercio, para prevenir la reexportaci�n de los productos que hayan sido efectivamente importados en sus territorios en virtud del sistema. En el caso de que un Miembro importador habilitado que sea un pa�s en desarrollo Miembro o un pa�s menos adelantado Miembro tropiece con dificultades al aplicar esta disposici�n, los pa�ses desarrollados Miembros prestar�n, previa petici�n y en t�rminos y condiciones mutuamente acordados, cooperaci�n t�cnica y financiera con el fin de facilitar su aplicaci�n.

4. Los Miembros se asegurar�n de que existan medios legales eficaces para impedir la importaci�n a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de conformidad con el sistema y desviados a sus mercados de manera incompatible con las disposiciones del mismo, y para ello utilizar�n los medios que ya deben existir en virtud del presente Acuerdo. Si un Miembro considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal efecto, la cuesti�n podr� ser examinada, a petici�n de dicho Miembro, en el Consejo de los ADPIC.

5. Con miras a aprovechar las econom�as de escala para aumentar el poder de compra de productos farmac�uticos y facilitar la producci�n local de los mismos, se reconoce que deber� fomentarse la elaboraci�n de sistemas que prevean la concesi�n de patentes regionales que sean aplicables en los Miembros a que se hace referencia en el p�rrafo 3 del art�culo 31 bis. A tal fin, los pa�ses desarrollados Miembros se comprometen a prestar cooperaci�n t�cnica de conformidad con el art�culo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con otras organizaciones intergubernamentales pertinentes.

6. Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de tecnolog�a y la creaci�n de capacidad en el sector farmac�utico con objeto de superar el problema con que tropiezan los Miembros cuyas capacidades de fabricaci�n en el sector farmac�utico son insuficientes o inexistentes. Con tal fin, se alienta a los Miembros importadores habilitados y a los Miembros exportadores a que hagan uso del sistema de manera que favorezca el logro de este objetivo. Los Miembros se comprometen a cooperar prestando especial atenci�n a la transferencia de tecnolog�a y la creaci�n de capacidad en el sector farmac�utico en la labor que ha de emprenderse de conformidad con el p�rrafo 2 del art�culo 66 del presente Acuerdo y el p�rrafo 7 de la Declaraci�n relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud P�blica, as� como en otros trabajos pertinentes del Consejo de los ADPIC.

7. El Consejo de los ADPIC examinar� anualmente el funcionamiento del sistema con miras a asegurar su aplicaci�n efectiva e informar� anualmente sobre su aplicaci�n al Consejo General.

AP�NDICE DEL ANEXO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Evaluaci�n de las capacidades de fabricaci�n en el sector farmac�utico

Se considerar� que las capacidades de fabricaci�n en el sector farmac�utico de los pa�ses menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes.

En el caso de los dem�s pa�ses importadores Miembros habilitados, podr� establecerse que son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricaci�n del producto o de los productos en cuesti�n de una de las maneras siguientes:

____________

25 El licenciatario podr� utilizar a tal efecto su propio sitio Web o, con la asistencia de la Secretar�a de la OMC, la p�gina dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.

26 Se entiende que no es necesario que esa notificaci�n sea aprobada por un �rgano de la OMC para poder utilizar el sistema.

27 La Secretar�a de la OMC pondr� la notificaci�n a disposici�n del p�blico mediante una p�gina dedicada al sistema en el sitio Web de la OMC.

i) el Miembro en cuesti�n ha establecido que no tiene capacidad de fabricaci�n en el sector farmac�utico;

ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricaci�n en este sector, el Miembro ha examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusi�n de cualquier capacidad que sea propiedad del titular de la patente o est� controlada por �ste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades. Cuando se establezca que dicha capacidad ha pasado a ser suficiente para satisfacer las necesidades del Miembro, el sistema dejar� de aplicarse.�

Certifico que el texto que antecede es copia conforme del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005 de cuyo texto original es depositario el Director General de la Organizaci�n Mundial del Comercio.

Director General

Embajada de Costa Rica en Suiza

Schwarztorstrasse 11-3007 Berna

Tel. 031372 7887 Fax. 031372 7834 e-mail: embajada.costa.rica@thenet.ch

La suscrita, Roxana Tinoco Brenes, Agregado y C�nsul de la Embajada de Costa Rica en Berna, Suiza, certifica que la firma que aparece en el documento adjunto que dice Melissa RODRIGUES, es aut�ntica por ser la que utiliza en calidad de funcionaria del Departamento de las Instituciones del cant�n de Ginebra.

En fe de lo cual firmo y sello el presente Protocolo, sin asumir responsabilidad alguna en cuanto al contenido del documento a las 15:00 horas del d�a 30 del mes de agosto de 2007.

N� de orden: 542/07/6.10

Derechos a pagar en Costa Rica

Roxana Tinoco Brenes

Agregado y C�nsul

ROBERTO GAMBOA CHAVERRI

DIRECTOR DE LA DIRECCI�N DE ASESOR�A LEGAL

DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICA:

Que los anteriores veintitr�s folios, debidamente numerados del uno al veintitr�s, que lleva calzado el sello de la Asesor�a Legal del Ministerio de Comercio Exterior, son copia fiel y exacta de la certificaci�n de la fotocopia del texto denominado �PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC�, hecho en Ginebra, Suiza el seis de diciembre del dos mil cinco, la cual fue emitida por el se�or Pierre Natural, Notario P�blico de Ginebra, Suiza, el d�a dos de agosto del dos mil siete, que he tenido a la vista en esta fecha y ha sido devuelta para su custodia a la Direcci�n General de Comercio Exterior de este Ministerio. Es Todo. -----------------------------------------------------------

Extiendo la presente certificaci�n a solicitud de la Direcci�n General de Comercio Exterior, a el fin de que sea presentada ante la Asamblea Legislativa para el tr�mite de aprobaci�n del protocolo indicado; en San Jos� a las trece horas del d�a veintid�s de octubre del a�o dos mil siete.-----------

Rige a partir de su publicaci�n.

Dado en la Presidencia de la Rep�blica. San Jos�, a los dos d�as del mes de noviembre del a�o dos mil siete.

�scar Arias S�nchez

PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

Marco Vinicio Ruiz Guti�rrez

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San Jos�, 27 de febrero del 2008.�1 vez.�C-218200.�(55928).

APROBACI�N DEL CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA

Y COOPERACI�N T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

TRIBUTARIAS Y ADUANERAS DE CENTROAM�RICA

Expediente N� 16.948

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Convenio de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica entre las administraciones tributarias y aduaneras de Centroam�rica fue suscrito en San Jos�, el 25 de abril de 2006.

Este Convenio fue suscrito, en el marco de Secretar�a de la Integraci�n Econ�mica Centroamericana (SIECA) por las Rep�blicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El proceso de globalizaci�n econ�mica actual demanda la facilitaci�n de las operaciones comerciales, por lo que se ha hecho necesario que las administraciones aduaneras se modernicen y presten un servicio acorde con las necesidades de la comunidad comercial. Un elemento clave para alcanzar estos objetivos ha sido la cooperaci�n y asistencia entre las aduanas de diferentes pa�ses.

Adem�s del objetivo de buscar la facilitaci�n de procedimientos de despacho de mercanc�as, las aduanas deben cumplir con la misi�n fiscalizadora que les fue impuesta por sus respectivos gobiernos. En este caso, tambi�n, resulta imprescindible contar con la colaboraci�n y apoyo de los servicios de aduanas de otros pa�ses, con objeto de intercambiar informaci�n que coadyuve a la prevenci�n, investigaci�n y represi�n de los il�citos aduaneros. La cooperaci�n entre los pa�ses constituye un elemento fundamental en la lucha contra el fraude, la evasi�n y la elusi�n tributarias, en el marco de la estrecha colaboraci�n que requiere el desarrollo de las relaciones econ�micas internacionales.

La implementaci�n de este mecanismo se manifiesta mediante la voluntad com�n de evitar y controlar las pr�cticas de defraudaci�n, evasi�n y elusi�n tributarias, con la asistencia y ayuda rec�procas, a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos fiscales nacionales, observando los principios b�sicos de equidad, respeto y beneficio mutuo que se deben los pa�ses.

El intercambio de informaci�n, en todas sus modalidades, es uno de los principales instrumentos para el control y prevenci�n de la defraudaci�n y la evasi�n tributarias.

Con la creaci�n de este instrumento jur�dico, las administraciones tributarias y aduaneras buscan cumplir y hacer cumplir la legislaci�n tributaria y aduanera relacionada con las transacciones comerciales internacionales, nacionales y regionales, para asegurar a los Estados Parte los recursos necesarios para garantizar a sus habitantes un nivel de bienestar en constante crecimiento.

Se�ores diputados, como puede apreciarse, la aprobaci�n de este Convenio es congruente con la pol�tica interior y exterior de nuestro pa�s en materia de transparencia y rendici�n de cuentas, en la medida en que las administraciones tributarias se comprometen a prestarse asistencia mutua y cooperaci�n-t�cnica en las funciones de gesti�n, fiscalizaci�n y recaudaci�n de los recursos p�blicos, partiendo de que el adecuado reparto de la riqueza constituye un mecanismo para el desarrollo de los pa�ses.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento y aprobaci�n de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley adjunto, para la aprobaci�n de Costa Rica del �CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACI�N T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS DE CENTROAM�RICA.�

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACI�N DEL CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA

Y COOPERACI�N T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

TRIBUTARIAS Y ADUANERAS DE CENTROAM�RICA

ART�CULO �NICO.- Apru�base, en cada una de sus partes, el �CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACI�N T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS DE CENTROAM�RICA�, cuyo texto es el siguiente:

�CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACI�N

T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

Y ADUANERAS DE CENTROAMERICA

San Jos�, Costa Rica, 25 de abril de 2006

LOS GOBIERNOS DE LAS REP�BLICAS DE COSTA RICA,

EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA

CONSCIENTES: que la integraci�n econ�mica es un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo econ�mico y social de los pa�ses centroamericanos, como medio para alcanzar el bienestar de sus habitantes y que, para su realizaci�n, los Estados Parte han adquirido compromisos indispensables, entre los cuales el establecimiento de la Uni�n Aduanera, es una necesidad inminente;

CONVENCIDOS: que la asistencia mutua y la cooperaci�n t�cnica entre los pa�ses constituyen un elemento fundamental en la lucha contra el fraude, la evasi�n y la elusi�n tributaria, as� como el contrabando y la defraudaci�n aduanera, en el marco de la estrecha colaboraci�n que requiere el desarrollo de las relaciones econ�micas entre los pa�ses centroamericanos;

CONSIDERANDO: que la asistencia mutua y la cooperaci�n t�cnica deben manifestarse en la voluntad y acciones comunes entre las Administraciones Tributar�as y Aduaneras, que les permitan actuar conjuntamente para prevenir, investigar y sancionar las conductas que involucren el incumplimiento de la legislaci�n y reglamentaci�n asociada con los tributos y su administraci�n nacional o regional, mediante el intercambio de datos e informaci�n, as� como acciones de intercambio de cooperaci�n t�cnica horizontal;

CONSIDERANDO: que es responsabilidad de las Administraciones Tributarias y Aduaneras cumplir y hacer cumplir la legislaci�n tributaria y aduanera relacionada con las transacciones comerciales internacionales, nacionales y regionales, para asegurar a los Estados Parte los recursos necesarios para garantizar a sus habitantes un nivel de bienestar en constante crecimiento;

CONSIDERANDO: que es necesario regular formas especiales de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica con el objeto de prevenir, investigar y sancionar las infracciones, defraudaciones e il�citos contemplados en la legislaci�n tributaria y aduanera, nacional o regional, respetando los principios del debido proceso, seg�n se trate de acciones administrativas y judiciales;

TENIENDO EN CUENTA: los intereses comunes y voluntad para la adopci�n de medidas concretas entre los pa�ses de la regi�n, mediante la facilitaci�n de las relaciones comerciales, as� como el acertamiento para la consolidaci�n de un territorio aduanero com�n centroamericano;

POR TANTO: Han decidido suscribir el presente Convenio, a cuyo efecto, han designado a sus representantes Plenipotenciarios a saber:

Su Excelencia el se�or Presidente Constitucional de la Rep�blica de Costa Rica, al se�or David Fuentes Montero, Ministro de Hacienda,

Su Excelencia el se�or Presidente Constitucional de la Rep�blica de El Salvador, al se�or H�ctor Gustavo Villatoro, Director General de Aduanas.

Su Excelencia el se�or Presidente Constitucional de la Rep�blica de Guatemala, a la se�ora Mar�a Antonieta Del Cid de Bonilla, Ministra de Finanzas P�blicas.

Su Excelencia el se�or Presidente Constitucional de la Rep�blica de Honduras, a la se�ora Rebeca Patricia Santos, Subsecretaria de Inversiones y Cr�dito P�blico.

Su Excelencia el se�or Presidente Constitucional de la Rep�blica de Nicaragua, al se�or Juan Sebasti�n Chamorro, Viceministro de Hacienda y Cr�dito P�blico.

Quienes, despu�s de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de hallarse en buena y debida forma, acuerdan el siguiente:

CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACI�N

T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

Y ADUANERAS DE CENTROAMERICA

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Art�culo 1. Definiciones

Para la Aplicaci�n de este Convenio se entiende por:

a. Administraci�n o Administraciones: Las Administraciones Tributarias o Aduaneras de los Estados Parte.

b. Administraci�n Requerida: La Administraci�n Tributaria o Aduanera de un Estado Parte a la que se le presenta la solicitud de asistencia mutua o de cooperaci�n t�cnica.

c. Administraci�n Requirente: La Administraci�n Tributaria o Aduanera de un Estado Parte que realiza la solicitud de asistencia mutua o de cooperaci�n t�cnica.

d. Asistencia Mutua: Es la colaboraci�n en el intercambio de informaci�n y documentaci�n en materia tributaria y aduanera entre las Administraciones de los Estados Parte.

e. Autoridad Competente: Es el funcionario superior de la Administraci�n Tributaria o Aduanera de los Estados Parte o el que �ste delegue.

f. Cooperaci�n T�cnica: Es la prestaci�n de recursos humanos, tecnol�gicos, financieros y otros que otorgue una Administraci�n a otra en el marco del presente Convenio.

g. Estados Parte: Los Estados respecto de los cuales haya entrado en vigor el presente Convenio.

Art�culo 2. Objeto

El presente Convenio tiene por objeto establecer las disposiciones y mecanismos, a trav�s de los cuales las Administraciones, se prestar�n asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica en las funciones de gesti�n, fiscalizaci�n y recaudaci�n. Para tales efectos se estar� sujeto a los principios generales siguientes:

a. Legalidad: Es el que exige actuar dentro de las atribuciones y competencias conferidas por las legislaciones de los Estados Parte y los instrumentos jur�dicos de la integraci�n econ�mica centroamericana;

b. Confidencialidad: Es el que obliga a las Administraciones a mantener con car�cter de confidencial la informaci�n y documentaci�n obtenida con arreglo al presente Convenio de conformidad con la legislaci�n de los Estados Parte.

c. Celeridad: Es el que garantiza obtener respuesta en el menor tiempo posible.

d. Reciprocidad: Es el que otorga igualdad en el trato y correspondencia en las relaciones entre las Administraciones con arreglo a este Convenio.

Art�culo 3. Competencia

Corresponde a las Administraciones de los Estados Parte la aplicaci�n del presente Convenio.

Art�culo 4. �mbito de aplicaci�n

El presente Convenio se aplicar� entre las Administraciones, y la informaci�n y documentaci�n obtenida con arreglo a las disposiciones del mismo, es para su uso exclusivo.

El Presente Convenio se aplicar� a la informaci�n y documentaci�n relacionada con los impuestos vigentes, a toda legislaci�n que los modifique o establezca nuevos tributos, con posterioridad a la firma de este Convenio.

Art�culo 5. Aplicaci�n territorial

El presente Convenio se aplicar� en los territorios de los Estados Parte.

Art�culo 6. Atribuciones de las Administraciones

Para la aplicaci�n del presente Convenio las Administraciones tendr�n las atribuciones siguientes:

a) Crear o designar las unidades administrativas para atender los requerimientos;

b) Solicitar o recibir los requerimientos de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica;

c) Establecer el proceso administrativo para atender los requerimientos;

d) Coordinar acciones con las dem�s autoridades nacionales para atender la solicitud de la Administraci�n requirente cuando proceda;

e) Compatibilizar entre si los sistemas inform�ticos, con el fin de crear una base �nica de informaci�n;

f) Velar por el fiel cumplimiento del presente Convenio;

g) Gestionar los recursos necesarios para la aplicaci�n del presente Convenio;

h) Autorizar al personal designado por el pa�s requirente para que presencie en el territorio de la Administraci�n requerida, las actividades que �sta realice para atender la solicitud formulada;

i) Desarrollar procedimientos armonizados entre si que faciliten la aplicaci�n del presente Convenio;

j) Las dem�s que las Administraciones consideren necesarias.

Art�culo 7. Acreditaci�n del personal designado

El personal designado por las Administraciones para llevar a cabo las actividades a las que se refiere el literal h) del art�culo 6 de este Convenio, deber� presentar a la autoridad competente de la Administraci�n requerida, la acreditaci�n o designaci�n con las actividades a realizar.

El personal designado no podr� excederse de las facultades que se le otorguen, en virtud de la designaci�n formulada al amparo del presente Convenio.

CAPITULO II

Asistencia Mutua y Cooperaci�n T�cnica

Art�culo 8. Reglas generales de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica

El presente Convenio constituye la base legal para requerir y proporcionar la asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica entre las Administraciones de los Estados Parte, as� como para obtener y proporcionar informaci�n y documentaci�n relacionada con:

a) Datos generales o de identificaci�n de personas naturales o jur�dicas, en su calidad de contribuyentes, representantes legales, as� como de accionistas, socios o part�cipes de otras entidades sociales o colectivas sin personalidad jur�dica; o bien como clientes, acreedores o proveedores de otros contribuyentes.

b) Transacciones u operaciones comerciales, financieras, industriales, de propiedad intelectual o de cualquier otra actividad econ�mica.

c) Cualquier otra tendiente a asegurar la correcta imposici�n y recaudaci�n de los tributos.

Art�culo 9: Confidencialidad de la informaci�n

Toda informaci�n prove�da por una Administraci�n requerida a una Administraci�n requirente es de car�cter confidencial. La informaci�n ser� usada s�lo para el cumplimiento de las funciones y facultades propias de la Administraci�n requirente.

Cada Administraci�n adoptar� y mantendr� procedimientos para garantizar la confidencialidad de la informaci�n.

Art�culo 10. Excepci�n a la obligaci�n de proporcionar asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica

Las Administraciones proporcionar�n en condiciones de reciprocidad, asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica, excepto cuando disposiciones constitucionales lo impidan.

Art�culo 11. Solicitud de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica

Para requerir asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica las Administraciones deber�n formular la solicitud respectiva ante la Administraci�n requerida, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Convenio.

Las Administraciones de los Estados Parte, se prestar�n asistencia mutua espont�nea cuando lo consideren conveniente, sin que para ello sea necesaria solicitud.

Art�culo 12. Forma y contenido de las solicitudes de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica

Las solicitudes de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica, se formular�n por escrito y podr�n enviarse por cualquier medio, incluso electr�nico, y deber�n contener como m�nimo los datos siguientes:

a) Nombre de la persona autorizada para realizar la solicitud;

b) Objeto, motivo o fundamento de la solicitud;

c) Descripci�n de la asistencia mutua o cooperaci�n t�cnica que se solicita.

Las Administraciones podr�n aceptar solicitudes verbales, pero �stas deber�n ser confirmadas por escrito cumpliendo con los requisitos a los que se refiere el p�rrafo anterior, previo a la obtenci�n de la informaci�n y documentaci�n solicitada.

Art�culo 13. Cooperaci�n t�cnica especializada

Las Administraciones podr�n prestarse cooperaci�n t�cnica especializada, durante per�odos establecidos, para contribuir a la modernizaci�n de sus estructuras, organizaci�n y m�todos de trabajo. Para tal efecto, las Administraciones designar�n el personal especializado y el equipo tecnol�gico necesario, de acuerdo a lo convenido.

Art�culo 14. Solicitud de investigaci�n

A solicitud de la Administraci�n requirente, la Administraci�n requerida podr� efectuar acciones de control, investigaci�n o de obtenci�n de informaci�n sobre operaciones aduaneras o tributarias en su territorio, que puedan ser relevantes o esenciales para la prestaci�n de la asistencia mutua. Cuando la Administraci�n requerida reciba la solicitud, �sta deber� comunicar a la Administraci�n requirente, la capacidad o disponibilidad para atender la solicitud, en un plazo m�ximo de cinco (5) d�as h�biles.

Art�culo 15. Plazo para atender solicitudes de asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica

La Administraci�n requerida dar� respuesta a la solicitud de la Administraci�n requirente, en el plazo m�ximo de quince (15) d�as h�biles, contados a partir del d�a siguiente de la recepci�n oficial de la solicitud.

Cuando la Administraci�n requerida no pueda suministrar la asistencia mutua o cooperaci�n t�cnica en el plazo indicado, informar� a la Administraci�n requirente sobre las razones para no dar cumplimiento en tiempo con la solicitud recibida, o en su caso indicar� las acciones adoptadas para la obtenci�n de la informaci�n requerida, as� como del plazo en que se compromete a proporcionarla.

En los casos en los que la Administraci�n requerida no sea competente legalmente para tramitar y suministrar la informaci�n o documentaci�n solicitada, lo har� del conocimiento de la Administraci�n requirente, indic�ndole los motivos del impedimento.

A falta de respuesta dentro de los plazos establecidos en el presente art�culo, la Administraci�n requirente lo har� del conocimiento de la autoridad superior de la Administraci�n requerida, a efecto que se suministre la informaci�n o documentaci�n solicitada o, en su caso, se indiquen los motivos del incumplimiento.

Art�culo 16. Utilizaci�n como medios de convicci�n o prueba

La informaci�n y documentos obtenidos por la Administraci�n requirente con arreglo al presente Convenio, podr�n ser utilizados como medios de convicci�n o prueba en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales.

Art�culo 17. Rectificaci�n y actualizaci�n de informaci�n

La Administraci�n que suministre datos o informaci�n ser� responsable de su exactitud. Cuando se determine que se han transmitido datos o informaci�n inexactos, la Administraci�n que los suministr� proceder� a su rectificaci�n e informar� de forma inmediata a la Administraci�n requirente.

Cuando la Administraci�n requerida detecte que los datos o informaci�n suministrados han sido modificados, la Administraci�n requerida informar� inmediatamente de ello a la Administraci�n requirente para su actualizaci�n, dejando la constancia respectiva.

Art�culo 18. Registro

Las Administraciones llevar�n un registro actualizado para el control de la asistencia mutua y cooperaci�n t�cnica proporcionada entre ellas.

Art�culo 19. Protecci�n de los datos personales objeto de intercambio

Cuando las Administraciones intercambien informaci�n y documentaci�n de los contribuyentes o sus representantes legales, �stas tendr�n en cuenta en cada caso las exigencias para la protecci�n de los datos obtenidos de car�cter personal.

Art�culo 20. Cobertura de gastos

Para la atenci�n de la asistencia mutua o cooperaci�n t�cnica solicitada, la Administraci�n requerida asumir� los gastos en que incurra para obtener y suministrar la informaci�n y documentaci�n respectivas, excepto cuando se trate de gastos que no puedan cubrirse con el presupuesto asignado para el funcionamiento de la Administraci�n, �stos correr�n a cargo de la Administraci�n requirente.

CAPITULO III

Disposiciones Finales

Art�culo 21. Competencia para la interpretaci�n del Convenio

Las controversias que surjan entre las Administraciones, en relaci�n a la aplicaci�n e interpretaci�n del presente Convenio, ser�n conocidas y resueltas en el foro del Consejo de Ministros de Integraci�n Econ�mica (COMIECO), ampliado con los Ministros de Hacienda o Finanzas P�blicas de los Estados Parte.

Art�culo 22. Reservas a la aplicaci�n del Convenio

Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, no se podr�n formular otras reservas para su aplicaci�n.

Art�culo 23. Adhesi�n

El presente convenio quedar� abierto a la adhesi�n de cualquiera de los Estados Parte suscriptores del Tratado General de Integraci�n Econ�mica Centroamericana y el Protocolo de Guatemala.

Los instrumentos de adhesi�n se depositar�n ante la autoridad depositaria designada en el presente Convenio.

Art�culo 24. Modificaciones

Todo Estado Parte, podr� proponer modificaciones al presente Convenio mediante Anexos o Adenda, los cuales deber�n ser presentados al depositario, quien los notificar� a los dem�s Estados Parte para su discusi�n y aceptaci�n.

Los Estados Parte decidir�n conjuntamente su adopci�n o rechazo, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

Las modificaciones entrar�n en vigencia de conformidad con las disposiciones del �ltimo p�rrafo del art�culo 27 del presente Convenio.

Art�culo 25. Denuncia

Cualquiera de los Estados Parte podr� denunciar el presente Convenio mediante notificaci�n escrita a la Secretar�a General del Sistema de Integraci�n Centroamericana (SG-SICA). Tal instrumento de denuncia deber� incluir una explicaci�n de las razones que la motivan.

La denuncia surtir� efecto al cabo de tres (3) meses desde la fecha en que la Secretar�a General del Sistema de Integraci�n Centroamericana (SG-SICA) haya recibido la notificaci�n correspondiente, o en la fecha que se indique en la notificaci�n de denuncia, si �sta fuere posterior.

La Secretar�a General del Sistema de la Integraci�n Centroamericana (SG-SICA) notificar� la denuncia del Convenio a los dem�s Estados Parte dentro del plazo de ocho (8) d�as h�biles posteriores a su recepci�n.

Art�culo 26. Depositario

El depositario del presente Convenio ser� la Secretar�a General del Sistema de Integraci�n Centroamericana (SG-SICA).

Art�culo 27. Aprobaci�n y vigencia

El presente Convenio est� sujeto a la aprobaci�n por los Estados Parte, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

Este instrumento entrar� en vigor para los dos primeros depositantes ocho (8) d�as despu�s de la fecha en que el segundo pa�s deposite el instrumento de ratificaci�n y, para los dem�s, ocho (8) d�as despu�s de la fecha de dep�sito de su respectivo instrumento.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Convenio en la ciudad de San Jos�, Rep�blica de Costa Rica, el veinticinco de abril de dos mil seis.

Por el Gobierno de la Rep�blica Por el Gobierno de la Rep�blica

de Costa Rica: de El Salvador:

David Fuentes Montero H�ctor Gustavo Villatoro

Ministro de Hacienda Director General de Aduanas

Por el Gobierno de la Rep�blica Por el Gobierno de la Rep�blica

de Guatemala: de Honduras:

Mar�a Antonieta Del Cid de Bonilla Rebeca Patricia Santos

Ministra de Finanzas P�blicas Subsecretaria de Inversiones

y Cr�dito P�blico

Por el Gobierno de la Rep�blica de Nicaragua

Juan Sebasti�n Chamorro

Viceministro de Hacienda y Cr�dito P�blico�

Infrascrito Secretario General de la Secretar�a de Integraci�n Econ�mica Centroamericana (SIECA) CERTIFICA: Que las ocho fotocopias que anteceden a la presente hoja de papel bond, impresas �nicamente en su anverso, rubricadas y selladas con el sello de la SIECA, reproducen fielmente el texto del Convenio de Asistencia Mutua y Cooperaci�n T�cnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroam�rica, suscrito en San Jos�, Costa Rica, el veinticinco de abril de dos mil seis, de cuyos originales se reprodujeron. Y a solicitud de la Embajada de Costa Rica en Guatemala, extiendo la presente copia certificada en la ciudad de Guatemala, el veinticinco de julio de dos mil seis.---------------------------

Haroldo Rodas Melgar

Secretario General

JORGE ARTURO AGUILAR CASTILLO

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE TRATADOS

DIRECCI�N GENERAL DE POL�TICA EXTERIOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

CERTIFICA:

Que las anteriores diez fotocopias son fieles y exactas al texto original del �CONVENIO DE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACI�N T�CNICA ENTRE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS DE CENTROAMERICA�, suscrito en San Jos�, Costa Rica, el d�a 25 de abril de dos mil seis.�. Se extiende la presente certificaci�n, para los efectos legales correspondientes, en la Oficina Asesora de Tratados - Direcci�n General de Pol�tica Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los treinta d�as del mes de octubre del a�o dos mil siete.------------------------------------------------------

Firma ilegible

Rige a partir de su publicaci�n.

Dado en la Presidencia de la Rep�blica, San Jos�, a los treinta d�as del mes de octubre de dos mil siete.

�scar Arias S�nchez

PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

Bruno Stagno Ugarte

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San Jos�, 27 de febrero de 2008.�1 vez.�C-255820.�(55929).

LEY MARCO DE CONCESI�N DE AGUAS PARA LA

GENERACI�N DE ENERG�A HIDROEL�CTRICA

Expediente N� 16.949

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Cuando en el a�o de 1996 se public� en el Diario Oficial la Ley N� 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos (Aresep), se derog� la Ley N� 258, Ley del Servicio Nacional El�ctrico, elimin�ndose con ello, el mecanismo que deb�a de seguir cualquier interesado para obtener una concesi�n de agua para la generaci�n de energ�a hidroel�ctrica, o bien para renovar las concesiones ya existentes. Este error cost� que a la fecha, el Estado costarricense no cuente con el medio legal id�neo para otorgar concesiones para la generaci�n de energ�a hidr�ulica y que el sistema el�ctrico costarricense se haya visto disminuido al punto de tener que enfrentar apagones a mediados del a�o 2007.

Si bien es cierto, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad, as� como la Aresep trataron de llenar el vac�o existente en el ordenamiento con la interpretaci�n de otras leyes y decretos, la Procuradur�a General de la Rep�blica (PGR) en reiterados pronunciamientos, y por �ltimo la Sala Constitucional con la sentencia 10466-2000, impidieron que esos esfuerzos rindieran frutos.

En el voto anteriormente mencionado la Sala Constitucional indic�: �La Sala estima que al derogarse la Ley N� 258, se dej� sin ley marco todo lo referente a las concesiones de agua para la explotaci�n de energ�a, precisamente el supuesto del que se ocupa el inciso 14) del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica.� (Resaltado no pertenece al original)

Este vac�o en el ordenamiento, lo que ha provocado es que nuestro pa�s no haya podido maximizar toda su capacidad de generaci�n de energ�a hidroel�ctrica. Seg�n un reporte del peri�dico La Naci�n del 10 de junio del 2007, la capacidad instalada para la generaci�n hidroel�ctrica del pa�s permite generar 1290 megavatios, pero existe un potencial de 5087 megavatios, que no son aprovechados por la falta de legislaci�n que permita otorgar las concesiones. Adicionalmente, la falta de esta legislaci�n esta generando que no se produzca energ�a amigable con el ambiente y que se tenga que recurrir a fuentes contaminantes. Seg�n esa misma nota, para el a�o 2007 se utilizaron 934.000 barriles de diesel y solo en el per�odo de enero a mayo 40.042 barriles de bunker para la generaci�n de energ�a, afect�ndose con esto el ambiente y los derechos de las futuras generaciones. En relaci�n con este �ltimo aspecto, la Sala Constitucional en el voto indicado supra manifest�: �El desarrollo jurisprudencial de esta Sala permite sostener que la ley marco que se echa de menos, no podr�a ser similar a la Ley N.� 258 del 18 de agosto de 1941 y sus reformas, ni a la vigente Ley de Aguas, pues esos �marcos� resultar�an insuficientes para lograr la adecuada regulaci�n de la explotaci�n racional del recurso h�drico. No basta con establecer que una determinada cuenca tiene potencial hidroel�ctrico, como lo exig�a la derogada Ley de SNE, es necesario planificar la instalaci�n de este tipo de proyectos de manera que, entre otros aspectos a considerar, se tome en cuenta que no se impida a las futuras generaciones -cuyos derechos se encuentran tutelados por el Derecho de la Constituci�n- disfrutar del recurso h�drico y los dem�s recursos naturales, como por ejemplo, para la preservaci�n de la fauna, los ecosistemas, el clima, garantizar la navegaci�n y el disfrute esc�nico y art�stico entre otros.� (Resaltado no pertenece al original)

Tomando en consideraci�n lo expuesto por la Sala y los par�metros que expres� la Procuradur�a en la opini�n C-445-2007; uno de los �ltimos pronunciamientos emitidos alrededor de este tema, donde se�al� las condiciones que debe contener una ley que venga a regular el tema del otorgamiento de concesiones de agua para la generaci�n de energ�a hidroel�ctrica que en lo que interesa dice: �El legislador debe establecer las condiciones bajo las cuales se explotar� el agua para generar energ�a, el procedimiento para otorgar la concesi�n, las obligaciones y derechos del concesionario, las potestades de la Administraci�n concedente, dentro de las cuales es fundamental la de fiscalizaci�n y la sancionatoria, los derechos de los usuarios del servicio, el r�gimen de tarifas y c�nones que deben cubrirse a favor de la Administraci�n y del Estado por el uso del demanio y, en su caso, por el control que sobre �l ejerce.� (Resaltado no pertenece al original), el suscrito diputado presenta para la consideraci�n de los otros diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY MARCO DE CONCESI�N DE AGUAS PARA LA

GENERACI�N DE ENERG�A HIDROEL�CTRICA

ART�CULO 1.- Objeto de la ley

La presente Ley establece el marco regulatorio para obtener concesiones de aprovechamiento de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio p�blico del territorio nacional al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica, para la generaci�n de energ�a hidroel�ctrica, por parte de empresas privadas. El otorgamiento de estas concesiones le corresponder� al Ministerio de Ambiente y Energ�a, de acuerdo con lo establecido en el transitorio V de la Ley N� 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos.

ART�CULO 2.- Procedimiento para otorgar concesiones

Las empresas privadas que pretendan utilizar la fuerza de las aguas de dominio p�blico en el territorio nacional para generar energ�a hidroel�ctrica deber�n presentar la respectiva solicitud de concesi�n al Minae, acompa�ada con la aprobaci�n del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretar�a T�cnica Nacional Ambiental (Setena), dicha solicitud deber� contener al menos:

1.- Raz�n social o nombre del solicitante.

2.- Demostraci�n del t�tulo leg�timo que le permite usar la finca sobre la que se pretende el aprovechamiento, con indicaci�n de su naturaleza, situaci�n, cabida y linderos reales.

3.- Fuente y cuencas que se pretende aprovechar, as� como fuente y cuencas adonde se pretende retornar las aguas utilizadas, con la indicaci�n, para ambos, de las coordenadas cartogr�ficas de los puntos de toma y descarga, seg�n corresponda en escala 1:50000.

4.- Nombre del lugar, distrito o localidad donde se intenta instalar la explotaci�n.

5.- Caudal de agua solicitado, expresado en metros c�bicos por segundo y ca�da total que se quiere utilizar, expresada en metros.

6.- Potencia te�rica que se pretende aprovechar, expresada en kilovatios.

7.- Plazo en el que se planea emprender los trabajos.

8.- Energ�a por generar en kilovatios-hora, por a�o y destino.

9.- T�rmino requerido para que la planta comience a funcionar.

10.- Eficiencia del sistema turbogenerador.

Adicionalmente, junto con la solicitud debe de presentarse los planos y las descripciones que justifiquen el proyecto que se desarrollar�, con la indicaci�n precisa de los puntos de captaci�n y devoluci�n de las aguas, en su caso, a fin de apreciar la seriedad de los estudios que justifican la explotaci�n racional del agua.

En todo caso, la concesi�n respectiva se otorgar� sin perjuicio de tercero con mejor derecho.

ART�CULO 3.- Vigencia de las concesiones

El plazo m�ximo de explotaci�n de una concesi�n de agua para la generaci�n de energ�a hidroel�ctrica ser� de veinticinco a�os y comenzar� a contarse a partir del inicio de la operaci�n comercial de la planta hidroel�ctrica.

Estas concesiones podr�n ser renovadas por un per�odo igual, siempre y cuando cumplan los principios generales del servicio p�blico que presten y las condiciones de la concesi�n otorgada.

ART�CULO 4.- Obligaciones del concesionario

Todas aquellas personas f�sicas o jur�dicas, que reciban una concesi�n de explotaci�n de agua para la generaci�n de energ�a el�ctrica al amparo de esta Ley, estar�n sometidos a cumplir y respetar todas las obligaciones que en materia de cuido y mantenimiento del recurso h�drico se�alen la Ley de aguas, N� 276, de 27 de agosto de 1942, Ley org�nica del ambiente, N� 7554, de 4 de octubre de 1995 y la Ley de biodiversidad, de 27 de mayo de 1998.

ART�CULO 5.- Derechos del concesionario

Los concesionarios de una explotaci�n de agua para la generaci�n de energ�a hidroel�ctrica gozar�n de todos los beneficios que se indican en la Ley N� 7200, Ley que autoriza la generaci�n el�ctrica aut�noma o paralela, de 28 de setiembre de 1990, y de lo dispuesto en los art�culos 8, 9 y 10 de la Ley N� 8345, Ley de participaci�n de las cooperativas de electrificaci�n rural y de las empresas de servicios p�blicos municipales en el desarrollo nacional.

ART�CULO 6.- Extinci�n de las concesiones

Las concesiones se extinguir�n por las siguientes razones:

1.- Expiraci�n del plazo para el cual fueron otorgadas.

2.- Cesaci�n del objeto para el cual se destinaba el aprovechamiento de la concesi�n.

3.- Caducidad declarada administrativamente por el Minae, previa audiencia a los interesados.

ART�CULO 7.- Causales de cese

Ser�n causas del cese de concesiones:

1.- La falta de uso y aprovechamiento de las aguas por un per�odo de tres a�os, consecutivos.

2.- La aplicaci�n de las aguas a usos distintos de los se�alados en la concesi�n.

3.- La contravenci�n de las disposiciones legales o de las obligaciones impuestas en la concesi�n.

4.- No tener al servicio la planta dentro del plazo fijado en la concesi�n, sin justa causa.

5.- Haber sido condenado el concesionario por lo menos dos veces, por tomar en perjuicio de tercero, un volumen de agua mayor que aquel para el que est� autorizado por la concesi�n.

6.- El traspaso total o parcial de la concesi�n o de las obras referidas en ella.

7.- La no ejecuci�n, por parte del concesionario, de las obras que durante el plazo de la concesi�n se le hayan ordenado para prevenir da�os a otros concesionarios o a poblaciones tributarias del mismo caudal de agua, seg�n el plan de manejo ambiental de la Setena.

ART�CULO 8.- Faltas administrativas

Se faculta al Minae para que, previa realizaci�n del procedimiento administrativo ordinario establecido en el libro de la Ley general de la Administraci�n P�blica, N� 6227, de 2 de mayo de 1978, imponga una multa de diez salarios base, al concesionario que falte al mantenimiento adecuado de las obras realizadas para prevenir da�os a otros concesionarios o a poblaciones tributarias del mismo caudal de agua, seg�n el Plan de Gesti�n Ambiental de la Setena, durante el plazo contemplado por la concesi�n.

Ser� causal de caducidad de la concesi�n, en los t�rminos indicados en los art�culos 6 y 7 de la presente Ley, la reincidencia del concesionario en la falta administrativa descrita en el p�rrafo anterior.

La prestaci�n no autorizada del servicio ocasionar� la aplicaci�n de lo dispuesto en los art�culos 38 y 44 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos, N� 7593, de 9 de agosto de 1996, y sus reformas.

ART�CULO 9.- R�gimen de tarifas y c�nones

La Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos ser� la encargada de regular las tarifas y c�nones que las empresas privadas que generen energ�a hidroel�ctrica deban cancelar a favor de la Administraci�n por el uso del demanio, conforme a lo se�alado por la Ley N.� 7593.

Rige a partir de su publicaci�n.

Luis Antonio Barrantes Castro

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Ambiente.

San Jos�, 27 de febrero del 2008.�1 vez.�C-104100.�(55930).

AUTORIZACI�N AL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO

DE PAQUERA DE PUNTARENAS, A DONAR DOS INMUEBLES

A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA LA

CONSTRUCCI�N DE UN CENTRO DE ATENCI�N

INTEGRAL CEN-CINAI, EN LA COMUNIDAD

DE LABERINTO

Expediente N� 16.950

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El art�culo 50 de nuestra Constituci�n Pol�tica establece que el Estado procurar� el mayor bienestar a todos los habitantes del pa�s, organizando y estimulando la producci�n y el m�s adecuado reparto de la riqueza.

Los art�culos 55 y 56 constitucional, establece el derecho de protecci�n especial de la madre y del menor, con la colaboraci�n de las instituciones del Estado. Igualmente, se establece que el trabajo es un derecho del individuo y un deber con la sociedad.

Los art�culos 71 y 74 de la Constituci�n Pol�tica establecen una protecci�n especial para las mujeres y para los menores de edad en su trabajo, as� como la promoci�n de acciones que tengan orientaci�n a principios de justicia social y de solidaridad nacional.

Que la construcci�n de infraestructura a nivel nacional facilite el acceso al trabajo a las madres cabezas de familia o jefas de hogar constituye un elemento muy importante, para mejorar el acceso real al empleo y al mejoramiento de ingresos familiares en aquellos sectores sociales donde la madre es la jefa de hogar y principal, o �nica, fuente de ingresos de la familia.

Que el programa CEN-CINAI es un instrumento estatal que brinda facilidades a las mujeres con hijos menores y que tienen que trabajar, ofreci�ndoles un medio que atiende a sus hijos mientras ellas trabajan, mediante programas de cuido y educaci�n integral de los mismos.

Que con frecuencia se requiere de la participaci�n municipal, quien aporta el terreno, para poder construir las instalaciones donde funcionar�n los programas CEN-CINAI, que tanto benefician a los sectores sociales m�s necesitados.

Que el distrito de Paquera de Puntarenas tiene una extensi�n de 337 kil�metros cuadrados, y cuenta con una poblaci�n aproximada a las 7.000 personas. Es un distrito con muchas necesidades sociales, y donde los �ndices de pobreza y de desocupaci�n son muy altos en relaci�n con otros cantones del pa�s; presenta una alta incidencia de violencia intrafamiliar, y se presenta como una comunidad vulnerable para personas menores de edad.

Que la Asociaci�n de Desarrollo de la comunidad de Laberinto, y la Junta Peninsular de Protecci�n a la Ni�ez y Adolescencia PANI-paquera, han estado trabajando en la b�squeda de alternativas de cuido integral para ni�os y ni�as de esa localidad.

Esta comunidad conformada por m�s de 120 familias de muy escasos recursos, no incluy� en su planificaci�n servicios b�sicos como escuela, centro de salud y CEN-CINAI, y la poblaci�n depende para obtener esos servicios de las instalaciones que existen en Paquera centro, lo que la obliga a desplazarse a m�s de 2.5 kil�metros.

Que el Concejo Municipal del Distrito de Paquera de Puntarenas, est� interesado en que se construyan unas instalaciones del programa CEN-CINAI en la comunidad de Laberinto, y estar�a dispuesta a donar al Ministerio de Salud, dos inmuebles municipales ubicados en dicha comunidad para ese fin.

Que el Concejo Municipal del distrito de Paquera, en la sesi�n ordinaria N� 348, de 8 de noviembre de 2007, en su art�culo 7, inciso b), conoci� la solicitud de donaci�n de dos lotes municipales ubicados en la urbanizaci�n Laberinto de Paquera, planteada por la Asociaci�n de Desarrollo de Laberinto en representaci�n de los vecinos de dicho lugar, y de la Junta de Protecci�n a la Ni�ez y Adolescencia PANI-Paquera, para que sean traspasados al Ministerio de Salud con el fin espec�fico de la construcci�n de un edificio para establecer el CEN-CINAI. El ente municipal acogi� favorablemente est� petici�n.

Que por las razones anteriormente expuestas, se presenta el presente proyecto de ley, para conocimiento y discusi�n de los se�ores diputados y diputadas, solicitando de antemano se sirvan aprobar el texto que a continuaci�n se indica, para autorizar las donaciones de terrenos municipales a favor del Ministerio de Salud.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACI�N AL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO

DE PAQUERA DE PUNTARENAS, A DONAR DOS INMUEBLES

A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA LA

CONSTRUCCI�N DE UN CENTRO DE ATENCI�N

INTEGRAL CEN-CINAI EN LA COMUNIDAD

DE LABERINTO

ART�CULO 1.- Autor�zase al Concejo Municipal del distrito de Paquera de Puntarenas, con c�dula de persona jur�dica n�mero 3-014-339600, para que done y traspase al Ministerio de Salud, con c�dula de persona jur�dica n�mero 2-100-042010, los inmuebles ubicados en la provincia de Puntarenas, e inscritos en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, al Sistema de Folio Real, as�: 1) El primer inmueble inscrito bajo la matr�cula 6-121.217-000, que es terreno para construir, numerado como lote 25, situado en el distrito 5� de Paquera, cant�n I de Puntarenas, provincia de Puntarenas. Linda al norte con Roc�o Moj�ca, al sur con Roc�o Moj�ca, al este con calle p�blica, y al oeste con Roc�o Moj�ca. Mide 273.41 metros cuadrados, y tiene plano catastrado bajo el n�mero P-0739232-2001. 2) El segundo inmueble inscrito bajo la matr�cula 6-121.194-000, que es terreno para construir, numerado como lote 2, situado en el distrito 5� de Paquera, cant�n I de Puntarenas, provincia de Puntarenas. Linda al norte con Albertina Klunder, al sur con calle p�blica, al este con Roc�o Moj�ca, y al oeste con Roc�o Moj�ca. Mide 360.70 metros cuadrados y tiene plano debidamente catastrado bajo el n�mero P-739.194-2001.

ART�CULO 2.- El Ministerio de Salud destinar� los terrenos donados para la construcci�n de las instalaciones de un centro de atenci�n integral CEN-cinai en la comunidad de Laberinto de Paquera.

ART�CULO 3.- El acueducto que existe operando en los terrenos descritos y que es administrado por la Junta Administrativa del Acueducto de Laberinto continuar� funcionando y se respetar� el acceso, derecho de mantenimiento y administraci�n que realiza la Junta Administrativa. El Ministerio de Salud, el Concejo Municipal de Paquera y cualquier otra instituci�n del Estado, si fuere necesario, mediante convenio que suscribir�n, establecer�n por acuerdo de partes las condiciones que sean necesarias para garantizar la operaci�n y funcionamiento del acueducto para la comunidad de Laberinto.

ART�CULO 4.- El traspaso de ambos inmuebles, se les exime del pago de impuestos de traspaso, derechos de registros y timbres de todo tipo.

Rige a partir de su publicaci�n.

Xinia Nicol�s Alvarado

DIPUTADA

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

San Jos�, 27 de febrero de 2008.�1 vez.�C-56450.�(55931).

REFORMA DE VARIOS ART�CULOS DE LA LEY ORG�NICA

DEL AMBIENTE (FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL

AMBIENTAL ADMINISTRATIVO)

Expediente N� 16.951

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Tribunal Ambiental Administrativo fue creado por la Ley org�nica del ambiente, N� 7554, y sus reformas, del 4 de octubre de 1995. El cap�tulo XXI establece que la naturaleza jur�dica del Tribunal es un �rgano de desconcentraci�n m�xima del Ministerio de Ambiente y Energ�a.

Es el Tribunal el �rgano encargado a nivel administrativo de prevenir, mitigar, estabilizar, compensar y sancionar por da�os al ambiente y los recursos naturales por medio de procedimientos ordinarios administrativos, previstos en la Ley general de la Administraci�n P�blica. Le corresponde conocer y resolver en sede administrativa, de oficio o por denuncia, todas las violaciones contra la legislaci�n tutelar del ambiente y los recursos naturales, que cometan las personas f�sicas o jur�dicas, p�blicas y privadas.

Dentro de los elementos que podemos destacar es que nadie puede subrogarse o avocarse, ni aun el propio ministro del ramo, la decisi�n de los asuntos que conozca el Tribunal, d�ndole as� una desconcentraci�n m�xima de acuerdo con los t�rminos del art�culo 83 de la Ley general de la Administraci�n P�blica.

El Tribunal mediante la aplicaci�n del procedimiento ordinario administrativo determina la verdad real de los hechos denunciados, nadie puede avocarse sus competencias, ni revisar su conducta, el Tribunal Ambiental Administrativo est� sustra�do por disposici�n de ley, a las �rdenes, instrucciones y circulares del superior. Los fallos agotan la v�a administrativa.

Las resoluciones que prescriba son de acatamiento estricto y obligatorio para cualquier particular o instituci�n del Estado, bajo la condici�n de que su no acatamiento constituye el delito de desobediencia a la autoridad, establecido en el art�culo 307 del C�digo Penal.

El Tribunal Ambiental Administrativo esta organizado en tres �reas. La primera es el �rea de la Judicatura, integrada por tres jueces (homologados a juez cuatro del Poder Judicial, grado m�nimo de licenciatura en una carrera a fin), con experiencia m�nima de cuatro a�os. Adem�s, se tienen nombrados seis asistentes legales de los cuales solo dos tienen c�digo presupuestario del Tribunal, los restantes son plazas de otras direcciones del Ministerio de Ambiente y Energ�a, en calidad de pr�stamo.

El �rea T�cnica coordinada por un profesional, grado m�nimo de licenciado, el cual es ingeniero forestal.

El �rea Administrativa la coordina un profesional grado m�nimo de licenciado en administraci�n o carrera af�n, una secretaria y un operador de equipo m�vil, que a su vez funge como notificador.

Como se denota el personal que labora en el Tribunal es muy escaso para atender en tiempo y forma todas las denuncias que se presentan a esta instancia Administrativa, raz�n por la cual este proyecto de ley busca autorizar la creaci�n de nuevas plazas para fortalecer el trabajo del Tribunal Ambiental Administrativo.

Otro elemento que se introduce con esta reforma es darle estatus legal, en forma igual que al Tribunal Fiscal Administrativo, Tribunal Registral y Tribunal Aduanero, de la base salarial que aplica para las personas que prestan sus servicios en el Tribunal Ambiental Administrativo, con el fin de equipar la escala salarial de sus funcionarios, de acuerdo con la carga de responsabilidad que el ejercicio de sus funciones conlleva.

El Tribunal es nombrado por per�odos de seis a�os, por parte del Consejo Nacional Ambiental, con el vencimiento del nombramiento de las personas que integran este cuerpo colegiado se entra a un proceso de rezago institucional, que va en detrimento del cumplimiento de las funciones dadas por ley, el cual considera la proponente que puede ser solucionado con la modificaci�n del art�culo 104 que reconoce la pr�rroga de las personas que han sido nombradas formalmente por el Consejo Nacional Ambiental, a fin de dar provecho a la experiencia institucional y profesional que han generado y lograr una estabilidad a favor de la funci�n p�blica.

Asimismo, se requiere otorgar una estabilidad financiera tanto al Tribunal, como a otras instituciones estatales que colaboran como ellos, como lo es por ejemplo: el Sistema Nacional de �reas de Conservaci�n, el Departamento de Aguas, el Ministerio de Salud, entre otras, en la atenci�n de las denuncias por medio de la imposici�n de multas y da�os ambientales.

Por los motivos expuestos, es que los se�ores diputados y las se�oras diputadas acogemos para su tr�mite esta iniciativa de ley, propuesta por los integrantes del Tribunal Ambiental Administrativo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE VARIOS ART�CULOS DE LA LEY ORG�NICA

DEL AMBIENTE (FORTALECIMIENTO DEL TRIBUNAL

AMBIENTAL ADMINISTRATIVO)

ART�CULO 1.- Modif�canse los art�culos 103, 104, 106 y 111 de la Ley org�nica del ambiente, N.� 7554, de 4 de octubre de 1995, y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

�Art�culo 103.- Creaci�n del Tribunal Ambiental Administrativo

Cr�ase el Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San Jos� y competencias en todo el territorio nacional.

Ser� un �rgano de desconcentraci�n m�xima del Ministerio de Ambiente y Energ�a, con competencia exclusiva e independencia funcional y financiera en el desempe�o de sus atribuciones. Sus fallos agotan la v�a administrativa y sus resoluciones ser�n de acatamiento estricto y obligatorio.

Art�culo 104.- Integraci�n del Tribunal

El Tribunal Ambiental Administrativo estar� integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento del Consejo Nacional Ambiental, por un per�odo de seis a�os, previo concurso de antecedentes. Ser�n juramentados por el presidente de este Consejo.

Una vez finalizado el per�odo de nombramiento se proceder� a la reelecci�n de los miembros en funciones, salvo que se declare que alguno no es elegible en virtud de que haya incurrido en alguna causa grave que amerite su remoci�n, previo procedimiento legal a fin de garantizar sus derechos laborales y su derecho de defensa.�

�Art�culo 106.- Principios jur�dicos

El Tribunal Ambiental Administrativo deber� realizar sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediaci�n de la prueba. Deber� ajustar su actuaci�n al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidos en el presente c�digo y, supletoriamente, a la Ley General de la Administraci�n P�blica, libro segundo, cap�tulo del procedimiento ordinario, N� 6227, y sus reformas.

As� como el C�digo Procesal Contencioso-Administrativo, N� 8508, y sus reformas, la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales, N� 7637, y sus reformas y la Ley org�nica del Poder Judicial, N� 7333, y sus reformas, en lo que sean aplicables supletoriamente.�

�Art�culo 111.-Competencia del Tribunal

El Tribunal Ambiental Administrativo ser� competente para:

a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, p�blicas o privadas, por violaciones a la legislaci�n tutelar del ambiente y los recursos naturales.

b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislaci�n tutelar del ambiente y los recursos naturales.

c) Establecer, en v�a administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relaci�n con los da�os producidos por violaciones de la legislaci�n tutelar del ambiente y los recursos naturales.

d) Anotar las denuncias ambientales en la correspondiente matr�cula del Registro de Bienes Inmuebles y Muebles del Registro P�blico.

e) Inhabilitar al infractor ambiental de cualesquiera permisos ambientales en faltas iguales a las sancionadas por sentencia firme, por un per�odo de seis meses a tres a�os. Al efecto el Tribunal Ambiental Administrativo deber� llevarse un registro de infractores ambientales.

f) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo ser�n irrecurribles y dar�n por agotada la v�a administrativa.�

ART�CULO 2.- Adici�nase un art�culo 104 bis a la Ley org�nica del ambiente, N� 7554, del 4 de octubre de 1995, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

�Art�culo 104 bis.- Escala salarial

La retribuci�n econ�mica de los integrantes propietarios del Tribunal debe ser igual al sueldo de las personas miembras del Tribunal Superior del Poder Judicial.

Para el resto de los servidores p�blicos que laboran en el Tribunal Ambiental Administrativo se establecer� un r�gimen especial de salarios, que deber� equipararse entre otros a los niveles profesionales y de experiencia similar de los cargos equivalentes de esos tribunales superiores o de otros �rganos del Poder Judicial donde se desempe�en cargos iguales o similares.�

ART�CULO 3.- Autorizaci�n creaci�n de plazas

Autor�zase a la Autoridad Presupuestaria la creaci�n de nuevas plazas para que laboren a tiempo completo en el Tribunal Ambiental Administrativo en el cumplimiento de las labores que le encomienda la Ley org�nica del ambiente y su Reglamento.

ART�CULO 4.- Autorizaci�n pr�stamos institucionales

Autor�zase a las entidades p�blicas y al Ministerio de Ambiente y Energ�a a suscribir convenios para el pr�stamo de recursos materiales y humano calificado, de acuerdo con las necesidades del Tribunal Ambiental Administrativo.

Rige a partir de su publicaci�n.

Maureen Ballestero Vargas Jos� Merino del R�o

Salvador Quir�s Conejo Ofelia Taitelbaum Yoselewich

Ovidio Ag�ero Acu�a Jos� Luis V�squez Mora

Luis Carlos Araya Monge Grettel Ortiz �lvarez

Patricia Romero Barrientos

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Ambiente.

27 de febrero del 2008.�1 vez.�C-98460.�(56107).

MODIFICACI�N DEL INCISO C) DEL ART�CULO 48

DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL

Expediente N� 16.952

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Antes de referirnos a la propuesta de modificaci�n del inciso c) del numeral 48 del Estatuto de Servicio Civil que presentaremos a su consideraci�n, resulta necesario conocer el esp�ritu que nuestros legisladores constituyentes de 1949, dispusieron respecto del r�gimen del servidor p�blico, en nuestra Constituci�n Pol�tica, el cual ha sido, en gran parte, la base de nuestro actual estado social de derecho.

Del an�lisis de las actas de discusi�n de los t�tulos referentes a las instituciones aut�nomas y el Servicio Civil, se constata que los constituyentes pretendieron darle rango constitucional al R�gimen de Servicio P�blico, los siguientes prop�sitos:

A) Desconcentrar el Poder del Ejecutivo en cuanto a las nuevas funciones encomendadas al Estado, y sus influencias pol�tico-electorales sobre su funcionamiento.

B) Darles una conveniente soluci�n a los graves efectos que los cambios de gobierno provocaban sobre el personal de la Administraci�n P�blica, ante la falta de un instrumento jur�dico adecuado que los protegiera.

C) Crear un �nico r�gimen estatutario, que regulara, en equidad, las relaciones entre todos los servidores p�blicos y el Estado.

Prueban esos prop�sitos los siguientes extractos:

- �[...] Las disposiciones del T�tulo XIII entrar�n en vigencia el mismo d�a que la Ley de Servicio Civil, la cual se aplicar� gradualmente, de tal modo que en un plazo (sic) no mayor de diez a�os, cubra la totalidad de los servidores p�blicos. [...]�. (Tomo III, Actas de la Asamblea Nacional Constituyente N� 132, pp. 120 y 121. El subrayado no pertenece al original).

- �[...] La Ley de Servicio Civil deber� entrar en vigor no antes del 8 de noviembre de 1950 ni despu�s del 1 de junio de 1953, seg�n lo disponga la Asamblea Legislativa. Esa ley podr�, adem�s, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la Administraci�n P�blica; en todo caso, dicha ley deber� cubrir a la totalidad de los servidores p�blicos incluidos en el inciso 2) a m�s tardar el 8 de noviembre de 1959. En tanto no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente y el respectivo Ministro de Gobierno podr�n nombrar y remover libremente a todos los servidores p�blicos de su dependencia. [...]� (Tomo III, Actas de la Asamblea Nacional Constituyente N� 133, p. 133 (El subrayado pertenece al original).

- �[...] En la Constituci�n que estamos terminando de elaborar, hay dos art�culos que se refieren al despido de los trabajadores; uno, el n�mero 65, que dice as�: �Los trabajadores despedidos sin justa causa tendr�n derecho a una indemnizaci�n, etc.�, y el otro, el n�mero 194, que dice as�: �... los servidores p�blicos ... solo podr�n ser removidos de sus puestos por las causales de despido justificado que exprese la legislaci�n de trabajo, o en el caso de reducci�n forzosa de servicios, ya sea por falta absoluta de fondos o para conseguir una m�s eficaz y econ�mica organizaci�n de los mismos�. El primero se refiere a los trabajadores de la empresa particular; el segundo, a los trabajadores del Estado. Seg�n este �ltimo, estando en vigencia el estatuto de Servicio Civil, bien podr�a despedirse a empleados, sin responsabilidad ni gravamen alguno para el Estado, siempre que fuera �por las causales de despido justificado que expresa la legislaci�n de trabajo, o en el caso de reducci�n forzosa de servicios, ya sea por falta absoluta de fondos o para conseguir una m�s eficaz y econ�mica organizaci�n de los mismos, o sea, estando en vigor el Estatuto, los despidos que se tiene en prop�sito efectuar para equilibrar el presupuesto y mejorar la organizaci�n administrativa, podr�a llevarse a cabo sin necesidad del transitorio, ya que es la misma Constituci�n la que dice que en tal caso hay libertad para efectuar la destituci�n. Sin embargo, como el Servicio Civil no entrar� en vigencia, seg�n lo dispuesto tambi�n por esta Constituyente, antes de noviembre de 1950, bien podr�a ser que hubiera que efectuar los despidos antes de su vigencia. Y entonces, �cu�l ser�a la situaci�n? La que indica el art�culo 65 le�do, en consonancia con el C�digo de Trabajo, que extiende a los servidores p�blicos, en tanto en cuanto no est� establecido el Servicio Civil, las garant�as y derechos que el mismo c�digo acuerda para el trabajador particular: es decir habr�a que pagarle al despedido prestaciones sociales. Pero la Constituci�n, en el art�culo le�do, solo establece el auxilio de cesant�a, y no dice cu�l es su monto ni c�mo se le fija. Es el C�digo de Trabajo el que regula y reglamenta el principio. Entonces, se�ores Diputados, resulta que la Asamblea Legislativa de ma�ana podr�a perfectamente, sin violar la Constituci�n porque estar�a siempre cumpli�ndose el mandato de que el trabajador despedido sin causa justa se le d� una indemnizaci�n; se le estar�a dando esa indemnizaci�n s�lo que ajustada y condicionada al momento financiero dif�cil por el que corresponde dar a los Congresos ordinarios. [...]� (Tomo III, Actas de la Asamblea Nacional Constituyente N� 174, pp. 550 y 551. (El subrayado no pertenece al original).

- �[...] el transitorio, a su juicio es el monumento m�s grande de inmoralidad que pueda haber aprobado la Asamblea Nacional Constituyente. No es que la discusi�n se ha desplazado a planos pol�ticos -dijo-, sino que el transitorio ha provenido de terrenos pol�ticos. Se est� atropellando derechos leg�timos de los trabajadores. O se consagran esos derechos para todos los ciudadanos de Costa Rica, sin discriminaci�n, o no se consagran. Desde el momento en que se declaran en interinidad todos los empleados p�blicos se est� atentando contra su dignidad poni�ndolos en entre dicho, como si estuvieran complicados en estafas electorales. Debe respet�rseles su dignidad por encima de cualquier otra consideraci�n. Mientras sean honrados tienen el derecho de que se les respete en su dignidad. Si hemos establecido en la Constituci�n la obligaci�n de los patronos de respetar a sus trabajadores no se justifica que el Estado -el patrono por excelencia- viole impunemente los derechos de sus trabajadores. Agreg� luego que el transitorio no se va a prestar s�lo a la reorganizaci�n administrativa. En el fondo no es m�s que una miserable venganza pol�tica [...]� (Tomo III, Actas de la Asamblea Nacional Constituyente N� 175, p. 564. (El subrayado no pertenece al original).

Por las citas anteriores, no queda duda de que el constituyente de 1949 decidi� consagrar a nivel constitucional, lo referente al servicio p�blico, dentro de un R�gimen Estatutario que inclu�a la totalidad de los funcionarios y las funcionarias del Estado, es decir, que cubr�a tanto a quienes laboraban en las instituciones aut�nomas, como a quienes laboraban para el Poder Central, es decir, que se pretendi� establecer un r�gimen general para todo el Sector P�blico.

Eso se corrobora a�n con mayor fuerza en la disposici�n transitoria que se dispuso para el art�culo 140, incisos 1) y 2) de la Constituci�n Pol�tica, la cual se cita a continuaci�n:

�[...] La Ley de Servicio Civil no entrar� en vigencia antes del ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta ni despu�s del primero de junio de mil novecientos cincuenta y tres, seg�n lo acuerde la Asamblea Legislativa. Esa ley podr�, adem�s, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la Administraci�n P�blica; en todo caso, dicha ley deber� proteger a la totalidad de los servidores p�blicos incluidos en el inciso segundo del art�culo 140, a m�s tardar el ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve. Mientras no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente de la Rep�blica y el respectivo Ministro de Gobierno, podr�n nombrar y remover libremente a todos los funcionarios de su dependencia, incluso a los Directores y Gerentes de las Instituciones Aut�nomas y a los integrantes de las Juntas y organismos oficiales, cuyos nombramientos hubieran sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constituci�n, a�n cuando tales designaciones lo fueren por per�odo fijo. [...]� (El subrayado no pertenece al original)

No obstante lo anterior, el d�a 14 de abril de 1953, el Ministro de Trabajo y Previsi�n Social present� a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Estatuto de Servicio Civil1; pero referido �nicamente a las personas servidoras del Poder Ejecutivo; en �l se indicaba lo siguiente:

�[...] Prev� la Constituci�n vigente, en su art�culo 140 y en el respectivo transitorio, la existencia de una Ley de Servicio Civil que regule las relaciones de la Administraci�n con sus servidores. En acatamiento a ese mandato el Poder Ejecutivo integr� una Comisi�n Redactora a la cual le fue encomendada la tarea de preparar un proyecto de Estatuto de Servicio Civil que sirviera de base para el estudio y la definitiva promulgaci�n de aquella ley. [...]� (Folio 2) El subrayado no pertenece al original).

Posteriormente, la Comisi�n redactora de dicho proyecto manifest�:

�[...] ha tratado de realizar su cometido teniendo como norte los sagrados intereses del Estado y correlativamente los de sus servidores; en tal virtud, el Proyecto est� enmarcado dentro de las normas generales que rigen el Servicio Civil y las limitaciones que tuvo a bien recomendar el Poder Ejecutivo [...]�. (Folio 3). El subrayado no es del original).

No obstante la claridad de pensamiento expuesta por nuestros constituyentes y plasmada finalmente en los numerales 191 y 192 de nuestra Constituci�n Pol�tica, es evidente que, en los dos textos antes transcritos, contradictoriamente el Poder Ejecutivo elabor� un proyecto que circunscribe �nicamente a sus funcionarios, y prescinde del concepto de Administraci�n P�blica.

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en lo que interesa, claramente manifest�:

�[...] Exist�a para el Estado un deber de aprobar un estatuto para el Estado, pero que conforme a la exposici�n de motivos del proyecto del Estatuto del Servicio Civil, preparado por iniciativa del Poder Ejecutivo, se abstuvo de emitirlo en cuanto a la Administraci�n P�blica en general y lo limit� en cuanto a su alcance, lo que produjo las consecuencias e interpretaciones aplicativas de una normativa ajena a lo pretendido por el Constituyente. [...]� (Voto N� 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992). (El subrayado no pertenece al original)

Es notorio que la verdadera intenci�n del constituyente era crear un �nico r�gimen laboral administrativo, en consecuencia, resulta incuestionable que la ausencia de un r�gimen jur�dico �nico, que regule apropiadamente las relaciones entre el Estado y todos sus servidores, quebranta el art�culo 191 de la Constituci�n Pol�tica, lo cual lleva tambi�n al quebrantamiento del art�culo 11 de la Carta Magna pues, �[...] toda norma u acto inconstitucional lo viola, por definici�n, en tanto que consagra el principio de legalidad seg�n el cual los funcionarios p�blicos no pueden ejercer otras funciones que las que les est�n otorgadas por el ordenamiento y este no las otorga en ning�n caso para realizar los que sean contrarios a la Constituci�n [...]� (Sala Constitucional, Resoluci�n N� 550-91, de las 18:50 horas del 15 de marzo de 1991)

_____________

1 Expediente Legislativo N.� 1581.

Entonces, queda claro que, ante la inexistencia de un r�gimen de servicio p�blico adecuado a la Constituci�n Pol�tica, se quebrant� el principio de legalidad, no solo porque a la Ley que se emiti� -Estatuto del Servicio Civil- se le dieron alcances parciales, al regular �nicamente las relaciones de servicio entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, sino porque, adem�s, en el Estatuto en menci�n, si bien se regularon algunos aspectos de la relaci�n de los servidores con el Estado, como son los relativos a derechos, deberes de los servidores, su selecci�n, clasificaci�n, promoci�n, traslados, disciplina y r�gimen de despido -entre los m�s importantes-, se dejaron sin regular otros aspectos no menos importantes, verbigracia, la regulaci�n del propio r�gimen econ�mico de esa relaci�n y el sometimiento de los otros entes del Estado al R�gimen de Servicio P�blico.

Sin embargo, ese vac�o no autoriza y mucho menos justifica, la existencia de las abismales diferencias salariales, que observamos en la actualidad entre las personas funcionarias de las distintas instituciones que conforman el Estado costarricense.

A lo expuesto, respecto a la existencia de un �nico r�gimen estatutario para todo el Sector P�blico ideado por nuestros constituyentes, debemos agregar que ellos propusieron, adem�s, una equitativa y justa distribuci�n de la riqueza, seg�n los principios de justicia social y solidaridad nacional, de modo tal que, en nuestra Carta Magna quedaron plasmados principios fundamentales, como son la igualdad ante la ley, el justo reparto de la riqueza por parte del Estado, el derecho al trabajo, derecho a un salario m�nimo y el derecho a la no discriminaci�n, entre otros; todos contemplados en los numerales 33, 50, 56, 57, 68 y 74 de ese importante documento constitucional.

Asimismo, gran cantidad de tratados internacionales, entre otros el Tratado de Versalles2, de 1919; la Declaraci�n universal de los derechos humanos3, as� como el Pacto sobre derechos econ�micos, sociales y culturales4; todos debidamente ratificados por Costa Rica, confirman la doctrina de justicia social, que indicamos, la cual se refleja en nuestra Carta Pol�tica.

Sin embargo, pese a haberse establecido, clara y categ�ricamente, que en nuestro pa�s no debe existir ning�n tipo de discriminaci�n salarial, sobre todo dentro de la propia funci�n p�blica, lamentablemente y seg�n se ver� en los textos, noticias y cuadros comparativos, que agregamos como anexos a esta propuesta, esto no ha sido as�, d�ndose de un modo injusto, infundado y hasta ilegal, una exorbitante diferencia salarial entre los profesionales del Servicio Civil y sus hom�logos del resto de los Poderes de la Rep�blica.

El numeral 48 del Estatuto de Servicio Civil regula y determina el r�gimen de salarios de los servidores p�blicos sometidos a �l; sin embargo, su actual redacci�n no permite que los sueldos de dichos servidores se ajusten, t�cnica y peri�dicamente, a la realidad econ�mico-social del pa�s, como s� ocurre con el resto de los trabajadores p�blicos y privados; de ah� que con el transcurso del tiempo se haya ido generando una odiosa distorsi�n, en perjuicio de los servidores amparados al R�gimen de Servicio Civil, dado que, a la Direcci�n General de Servicio Civil, no se le proveen herramientas eficaces para que realice los ajustes necesarios con el fin de que esto no suceda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, pretendemos que se reforme el actual inciso c) del citado numeral 48, con el prop�sito de evitar que en lo sucesivo contin�e gest�ndose esta injusta situaci�n, sobre todo, si tomamos en consideraci�n que, de conformidad con la Teor�a del Estado como patrono �nico, de aplicaci�n obligatoria en el �mbito de la funci�n p�blica, cualquiera que sea la instituci�n para la cual se preste el servicio, se labora para un mismo patrono, que vendr�a a ser aquel; por tanto, en esa medida resulta absolutamente procedente la equiparaci�n de los salarios de sus funcionarios, cualquiera que sea la instituci�n p�blica en la que se presten servicios.

As� las cosas, se somete a la consideraci�n de las se�oras diputadas y de los se�ores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

MODIFICACI�N DEL INCISO C) DEL ART�CULO 48

DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL

ART�CULO �NICO.- Ref�rmase el inciso c) del numeral 48 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N� 1581, de 30 de mayo de 1953, cuyo texto dir�:

�Art�culo 48.- Los sueldos de los funcionarios y empleados protegidos por esta Ley, se regir�n de acuerdo con las siguientes reglas:

[...]

c) Para la fijaci�n de los sueldos, se tomar�n en cuenta las condiciones fiscales, las modalidades de cada clase de trabajo, el costo de vida, los salarios prevalecientes para puestos an�logos tanto en las dem�s instituciones p�blicas como en las empresas privadas, as� como los dem�s factores estipulados en el C�digo de Trabajo.

_____________

2 Primer instrumento internacional que consign� el principio de igualdad aplicado a la materia salarial. �El principio del salario igual, sin distinci�n de sexo, por un trabajo de igual valor�. Art�culo 427.

3 Del 10 de diciembre de 1948, reconoci� el derecho a un salario igual por un trabajo igual, sin ninguna discriminaci�n. Art�culo 23, inciso 2).

4 Sent� el principio de una remuneraci�n igual por un trabajo de igual valor, sin distinci�n alguna. Art�culo 7 incisos a) e i).

Para mantener el poder adquisitivo de dichos salarios, la Direcci�n General de Servicio Civil, por medio de su director general, cada dos a�os deber� realizar estudios t�cnicos, con independencia de los aumentos semestrales por costo de vida que peri�dicamente se fijen para todo el Sector P�blico y, con base en dichos estudios, determinar�, mediante resoluci�n, la escala salarial que equipare los salarios del personal profesional y administrativo de dicho R�gimen con los salarios del resto de los servidores de la Administraci�n P�blica.

La resoluci�n dictada para ese efecto oportunamente deber� ser puesta en conocimiento del Poder Ejecutivo, el cual deber� formular el proyecto de presupuesto ordinario que habr� de regir en el siguiente per�odo fiscal, para ello, tomar� en cuenta la propuesta resultante con el fin de incluirla en el sistema oficial de retribuci�n para todas las clases de puestos clasificados en el Manual descriptivo de puestos, conforme lo dispone el presente cap�tulo.

[...]�

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Asuntos Sociales.

25 de febrero del 2008.�1 vez.�C-166180.�(56108).

REFORMA DEL C�DIGO DE EDUCACI�N, LEY N.� 7, DE 18 DE

AGOSTO DE 1944, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL

LA GACETA N.� 187, DE 23 DE AGOSTO DE 1944,

PARA ASEGURAR LA ENSE�ANZA

OBLIGATORIA DE LENGUAJES

ESPECIALES

Expediente N.� 16.953

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Estad�sticamente es aceptable se�alar que cerca del 10% de la poblaci�n de un pa�s la constituyen personas con discapacidad. Los datos m�s recientes de Costa Rica con una poblaci�n de 4.4 millones, se estima que un 9,32% de los habitantes (410.000 personas) tienen alguna limitante por discapacidad.

Con base en esos datos debemos suponer que entre la poblaci�n con discapacidad un porcentaje importante lo componen personas no videntes y no oyentes. Aplicando la misma analog�a de investigaciones realizadas en otros pa�ses, podemos afirmar que un 25% de la poblaci�n de Costa Rica est� relacionada con un medio social extra e intra familiar en el cual al menos un familiar directo es una persona con discapacidad. De este 25% un alto porcentaje son personas no videntes o no oyentes.

Con la creaci�n de la Sala Constitucional y la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicci�n Constitucional, la Constituci�n Pol�tica se constituy� en norma superior del ordenamiento jur�dico de aplicaci�n directa e inmediata, normativa que incluye los derechos humanos tutelados por los instrumentos internacionales de ese tipo porque los constitucionaliz� por medio de la reforma del art�culo 48 de la Constituci�n Pol�tica, motivo por el que dejaron de ser un compromiso a desarrollar por nuestro pa�s y pasaron a ser derecho positivo que el Estado costarricense debe garantizar, es por ello que fundamentamos este proyecto en convenciones que tratan el tema de referencia, concretamente en la Convenci�n Interamericana para la Eliminaci�n de todas las formas de Discriminaci�n contra las Personas con Discapacidad y la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantizan a las personas con discapacidad la eliminaci�n de todos los obst�culos que le impidan el pleno desarrollo de su personalidad en sociedad; es por ello que en materia de educaci�n las instituciones estatales y privadas se encuentran en el deber de ofrecerle a las personas no videntes y sordas, los instrumentos y el entorno necesario para acceder a la educaci�n en igualdad de oportunidades con sus compa�eros y a una comunicaci�n con las personas que le rodean en ese ambiente sin limitante alguna, sin descartar, que esa garant�a la deben encontrar en sus relaciones interpersonales en la vida diaria, que necesariamente tiene soporte a partir de la inclusi�n en la educaci�n primaria de la ense�anza de los lenguajes braille y lesco, que es cuanto se pretende con el proyecto que nos ocupa.

LA CONVENCI�N INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACI�N DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACI�N CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Aprobada en la primera sesi�n plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999), se refiere al tema que nos ocupa en los siguientes t�rminos:

�ART�CULO II

Los objetivos de la presente Convenci�n son la prevenci�n y eliminaci�n de todas las formas de discriminaci�n contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integraci�n en la sociedad.

ART�CULO III

Para lograr los objetivos de esta Convenci�n, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de car�cter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra �ndole, necesarias para eliminar la discriminaci�n contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integraci�n en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuaci�n, sin que la lista sea taxativa:

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminaci�n y promover la integraci�n por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestaci�n o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreaci�n, la educaci�n, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades pol�ticas y de administraci�n;

b) La sensibilizaci�n de la poblaci�n, a trav�s de campa�as de educaci�n encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

A partir de la creaci�n de la Sala Constitucional y la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicci�n Constitucional, en nuestro ordenamiento jur�dico la Constituci�n Pol�tica es de aplicaci�n directa e inmediata y, de igual forma los instrumentos internacionales, aun los no ratificados por Costa Rica, cuando tutelen derechos fundamentales no protegidos por nuestra Carta Fundamental, motivo por el que tienen rango supra constitucional�.

Por su parte, la CONVENCI�N SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD dispone al respecto:

�Art�culo 1. Prop�sito

El prop�sito de la presente Convenci�n es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias f�sicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participaci�n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem�s.

Art�culo 2. Definiciones

A los fines de la presente Convenci�n:

La �comunicaci�n� incluir� los lenguajes, la visualizaci�n de textos, el Braille, la comunicaci�n t�ctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de f�cil acceso, as� como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicaci�n, incluida la tecnolog�a de la informaci�n y las comunicaciones de f�cil acceso;

Por �lenguaje� se entender� tanto el lenguaje oral como la lengua de se�as y otras formas de comunicaci�n no verbal;

Por �discriminaci�n por motivos de discapacidad� se entender� cualquier distinci�n, exclusi�n o restricci�n por motivos de discapacidad que tenga el prop�sito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los �mbitos pol�tico, econ�mico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminaci�n, entre ellas, la denegaci�n de ajustes razonables;

Por �ajustes razonables� se entender�n las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las dem�s, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales�.

�Art�culo 4. Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminaci�n alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

1. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra �ndole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convenci�n;

2. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y pr�cticas existentes que constituyan discriminaci�n contra las personas con discapacidad;

3. Tener en cuenta, en todas las pol�ticas y todos los programas, la protecci�n y promoci�n de los derechos humanos de las personas con discapacidad;...�

�Art�culo 9. Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptar�n medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las dem�s, al entorno f�sico, el transporte, la informaci�n y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al p�blico o de uso p�blico, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluir�n la identificaci�n y eliminaci�n de obst�culos y barreras de acceso, se aplicar�n, entre otras cosas, a:...�

�Art�culo 21. Libertad de expresi�n y de opini�n y acceso a la informaci�n

Los Estados Partes adoptar�n todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresi�n y opini�n, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar informaci�n e ideas en igualdad de condiciones con las dem�s y mediante cualquier forma de comunicaci�n que elijan con arreglo a la definici�n del art�culo 2 de la presente Convenci�n, entre ellas:

1. Facilitar a las personas con discapacidad informaci�n dirigida al p�blico en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnolog�as adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

2. Aceptar y facilitar la utilizaci�n de la lengua de se�as, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicaci�n y todos los dem�s modos, medios y formatos de comunicaci�n accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

3. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al p�blico en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen informaci�n y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

4. Alentar a los medios de comunicaci�n, incluidos los que suministran informaci�n a trav�s de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

5. Reconocer y promover la utilizaci�n de lenguas de se�as�.

�Art�culo 24. Educaci�n

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educaci�n. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminaci�n y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurar�n un sistema de educaci�n inclusivo a todos los niveles as� como la ense�anza a lo largo de la vida, con miras a:

1. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

2. Desarrollar al m�ximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, as� como sus aptitudes mentales y f�sicas;

3. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurar�n que:

1...;

2...;

3...;

4...;

5....

3. Los Estados Partes brindar�n a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participaci�n plena y en igualdad de condiciones en la educaci�n y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptar�n las medidas pertinentes, entre ellas:

1. Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicaci�n aumentativos o alternativos y habilidades de orientaci�n y de movilidad, as� como la tutor�a y el apoyo entre pares;

2. Facilitar el aprendizaje de la lengua de se�as y la promoci�n de la identidad ling��stica de las personas sordas;

3. Asegurar que la educaci�n de las personas, y en particular los ni�os y las ni�as ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicaci�n m�s apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su m�ximo desarrollo acad�mico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptar�n las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que est�n cualificados en lengua de se�as o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formaci�n incluir� la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicaci�n aumentativos y alternativos apropiados, y de t�cnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurar�n que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educaci�n superior, la formaci�n profesional, la educaci�n para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminaci�n y en igualdad de condiciones con las dem�s. A tal fin, los Estados Partes asegurar�n que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad�.

Con este Tratado nuestro pa�s responde a sus compromisos adquiridos por medio de los convenios citados sobre estas l�neas, con el fin de concederle a las personas no videntes y sordas el acceso a una interrelaci�n interpersonal en sus centros educativos en igualdad de condiciones con sus compa�eros y educadores, quienes a la vez tendr�n conciencia de su deber de comunicarse con las personas con esas discapacidades sin discriminaci�n alguna para garantizarles un ejercicio pleno a su derecho a la educaci�n, informaci�n y expresi�n.

Aun sin datos estad�sticos veraces, de cu�nta es la poblaci�n NO OYENTE Y NO VIDENTE, para determinar la poblaci�n meta del proyecto, la informaci�n emp�rica disponible induce a la conclusi�n irrefutable de la imperiosa necesidad de dotar a toda la poblaci�n del conocimiento y dominio b�sico de las t�cnicas de comunicaci�n especial, con los no videntes mediante el BRAILLE y con los NO OYENTES con el lenguaje LESCO.

La interacci�n social en todas sus formas, conlleva inexorablemente a una mayor y mejor comunicaci�n interpersonal, sobre todo porque la tecnolog�a y la legislaci�n internacional e interna exigen la inclusi�n en igualdad de condiciones de las personas no videntes y no oyentes en la din�mica socioecon�mica de nuestra cotidianidad.

De lo anterior deriva la necesidad de que el Estado promueva los conocimientos, medios, mecanismos e instrumentos necesarios para ofrecerle a la sociedad en general el dominio pleno y no circunstancial y perecedero, de los lenguajes especiales de referencia, para evitar que se constituya en obst�culo al desarrollo integral de las personas no oyentes y no videntes.

Por tanto propongo al conocimiento y escrutinio de las se�oras y los se�ores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL C�DIGO DE EDUCACI�N, LEY N.� 7, DE 18 DE

AGOSTO DE 1944, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL

LA GACETA N.� 187, DE 23 DE AGOSTO DE 1944,

PARA ASEGURAR LA ENSE�ANZA

OBLIGATORIA DE LENGUAJES

ESPECIALES

ART�CULO �NICO.- Ref�rmanse el art�culo 18 y el inciso a) del art�culo 19 del C�digo de Educaci�n, Ley N.� 7, de 18 de agosto de 1944, publicada en el diario oficial La Gaceta N.� 187, de 23 de agosto de 1944, que en adelante dir�n:

�Art�culo 18.- Las actividades fundamentales de la escuela primaria ser�n las siguientes:

Educaci�n Moral y C�vica;

Educaci�n Agr�cola e Industrial;

Educaci�n F�sica y Art�stica;

Idioma nacional y Lenguaje de Se�as Costarricense

Geograf�a e Historia;

Estudio de la Naturaleza.

Art�culo 19.- El m�nimum de conocimientos y requisitos necesarios para la obtenci�n del certificado de conclusi�n de estudios primarios ser� el siguiente:

a) Saber leer corrientemente y darse cuenta de lo le�do; saber expresar con relativa correcci�n lo que se conoce de cualquier asunto, y saber redactar y escribir cartas y documentos sencillos. Adem�s, saber los principios b�sicos del Lenguaje de Se�as Costarricense.�

Rige a partir de su publicaci�n.

�scar L�pez Arias

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Asuntos Sociales.

3 de marzo del 2008.�1 vez.�C-103480.�(56109).

CREACI�N DEL MONUMENTO NATURAL SANTA ANA

Expediente N.� 16.954

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El cant�n de Santa Ana tiene una serie de atracciones naturales de notable belleza: En el distrito Uruca se encuentra un importante bosque primario y secundario t�pico del Pac�fico Central (Centro de Conservaci�n Santa Ana); asimismo, puede apreciarse en este sitio natural, una variedad de especies de aves y �rboles en v�as de extinci�n.

El distrito de Pozos cuenta con una reserva de vida silvestre, atravesada por el ca��n del r�o Virilla, en el que se observan exquisitos bosques primarios y riparios.

Desde los cerros Real de Pereira y Alto de Las Palomas se visualiza el valle de Santa Ana, desde los cerros de la Zona Protectora de Escaz� y se advierte la Isla Venado y un segmento del golfo de Nicoya.

Por su parte, el distrito Salitral posee un mosaico de cerros como el Tapezco, el Empalme, Matinilla y otros, de los cuales nacen varias quebradas, adem�s de que constituyen tambi�n elementos paisaj�sticos de enorme belleza. Los suelos de estos cerros est�n dedicados al pastoreo y al cultivo de cebolla, hortalizas, frijoles, caf�, y ca�a de az�car. Matinilla y Pabell�n presentan adem�s del t�pico paisaje rural, zonas con bosque primario y secundario, en el que se observan gran variedad de especies de flora y fauna.

En el sector sur del cant�n, se ubica la Zona Protectora de los cerros de Escaz� (conjunto de monta�as localizadas al sur oeste de San Jos�, con un �rea de 7.060 hect�reas) que representa uno de los �ltimos conjuntos naturales cercanos al Valle Central; esta Zona Protectora comprende seis cantones: Santa Ana, Mora, Escaz�, Alajuelita, Puriscal y Aserr�. Esta Zona Protectora fue concebida para proteger, mantener y regular los suelos, el r�gimen hidrogr�fico o para que actuara como agente regulador del clima o el ambiente.

Durante la �poca seca, en todo el cant�n puede apreciarse la floraci�n de �rboles como Roble Sabana, Carao, Corteza Amarillo, Laurel, Candelillo, Por�, Guachipel�n, Vainillo, Poro-Poro, Llama del Bosque y Malinche. Tambi�n en este cant�n se aprecian con gran singularidad el paso de las garzas, las aves migratorias y la proliferaci�n de chicharras.

Teniendo en cuenta este entorno natural que debe preservarse y cuidarse, la Municipalidad de Santa Ana, est� abocada a rescatar el sitio denominado Centro de Conservaci�n Santa Ana, declar�ndolo Monumento Natural para la preservaci�n de su biodiversidad para las actuales y futuras generaciones.

El sitio que hoy d�a se denomina Centro Conservaci�n Santa Ana, es un �rea de cincuenta hect�reas trescientos sesenta y ocho metros cuadrados, ubicados en el distrito de Uruca, Santa Ana, que cuenta con tres ambientes distintos: pastizales llamados charrales, bosques secundarios y cuenta con un bosque secundario de cerca de cuarenta a�os, que colinda con un bosque ripario de exquisita riqueza y belleza de la Meseta Central.

En este sitio, existen especies arb�reas en peligro de extinci�n, que han crecido naturalmente y se encuentran m�s de sesenta especies de aves. En el sector este del Centro Conservaci�n Santa Ana, todav�a se conservan �rboles de B�lsamo y de Crist�bal de cuarenta a�os. Este sitio tiene adem�s una casona y un museo agr�cola con su trapiche antiguo.

Para los santane�os y santane�as, este sitio representa, no solo un espacio para la conservaci�n de la naturaleza, sino un lugar de valor hist�rico invaluable. Nuestro pasado es motivo de orgullo. Desde este lugar, en 1856, se congreg� el pueblo de Santa Ana y de all� partieron, Policarpio Sand�, Juan Robles, Reyes R�os, Pedro Aguilar, Juli�n Volio, Ana Tiburcio Fern�ndez, para combatir al filibustero invasor.

Para los santane�os y santane�as, preservar este lugar como monumento natural representa un deber con el pasado y las personas que ofrendaron sus vidas en el siglo XIX y para personas como el se�or Lorne Pringle Ross Ashley, quien so�� con un pulm�n verde en el oeste del Valle Central.

Don Lorne Ross, con mucha inteligencia, con mucha sabidur�a, con mucho desprendimiento, en 1976, vendi� a un precio simb�lico el inmueble al Estado, cuyo destino espec�fico fue desarrollar un parque zool�gico y bot�nico natural para el beneficio de la comunidad. Don Lorne Ross, don� parte de su patrimonio con el prop�sito de preservar la flora y fauna para el disfrute de la comunidad de Santa Ana.

En el pasado, la comunidad de Santa Ana ha defendido ese inmueble de segregaciones para usos no compatibles con la conservaci�n y regeneraci�n natural.

Otros concejos municipales han reiterado, que cualquier afectaci�n a esa finalidad significar�a un detrimento al deber de la Municipalidad, de procurar el derecho a un ambiente sano, consagrado en el art�culo 50 de la Constituci�n.

En raz�n de lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato suscrito entre el Mirenem, actual Ministerio del Ambiente y Energ�a, y la Fundaci�n Pro Zool�gico, para la administraci�n del Centro de Conservaci�n Santa Ana vence el 3 de marzo de 2014, y de conformidad con el acuerdo municipal por el ambiente adoptado en la sesi�n extraordinaria N.� 3, celebrada el 1 de junio de 2006, y que en la sesi�n ordinaria N.� 71, celebrada el 2 de octubre de 2007, el Concejo Municipal acord� solicitar a la Asamblea Legislativa, la aprobaci�n del proyecto de ley que se propone a continuaci�n, presentado a la consideraci�n de los se�ores diputados y las se�oras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACI�N DEL MONUMENTO NATURAL SANTA ANA

ART�CULO 1.- Ref�rmase el art�culo 1 y 2 de la Ley N.� 7369, Ley que autoriza el traslado de la administraci�n de los zool�gicos Parque Sim�n Bol�var y el de Santa Ana para que se excluya al zool�gico de Santa Ana (hoy Centro de Conservaci�n Santa Ana) de esta normativa y en su lugar se lea as�:

�Art�culo 1.- El Ministerio del Ambiente y Energ�a podr� suscribir convenios, por un plazo de diez a�os renovables, con instituciones estatales, municipalidades, universidades y organismos sin fines de lucro, tales como asociaciones y fundaciones que posean experiencia en el apoyo y el manejo de zool�gicos, para que se encarguen de la administraci�n, el manejo y el desarrollo del Zool�gico Sim�n Bol�var.

En los citados convenios, se establecer�n cl�usulas que aseguren al Estado la eficiencia por parte del administrador del zool�gico, as� como los mecanismos adecuados de supervisi�n, que el Ministerio considere pertinentes; previa aprobaci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica.

El incumplimiento de una o m�s cl�usulas del convenio respectivo, por parte del administrador, ser� causa justa para rescindir el convenio sin responsabilidad alguna para el Estado.

Art�culo 2.- Los terrenos e infraestructura del Zool�gico Sim�n Bol�var, as� como los espec�menes de cualquier naturaleza, con que cuenten o lleguen a contar, formar�n parte del patrimonio del Estado y no podr�n salir, bajo ning�n concepto, de su dominio.�

ART�CULO 2.- Cr�ase el Monumento Natural Santa Ana, en el �rea conocida como Centro de Conservaci�n Santa Ana o zool�gico de Santa Ana, cuya administraci�n, manejo y desarrollo estar� a cargo de la Municipalidad de Santa Ana.

ART�CULO 3.- El terreno e infraestructura correspondiente al Centro de Conservaci�n Santa Ana, as� como los espec�menes de cualquier naturaleza con que cuente, formar�n parte del demanio municipal y estar� sometido al plan de manejo, recuperaci�n y reposici�n que elabore la Municipalidad, siguiendo los principios, criterios e indicadores de sostenibilidad oficialmente aprobados por el ente competente.

ART�CULO 4.- La Municipalidad de Santa Ana recaudar� y administrar� el precio de ingreso al Monumento Natural Santa Ana, as� como cualquier otro ingreso derivado de su operaci�n; que utilizar� exclusivamente, para fines propios del Monumento Natural.

ART�CULO 5.- El precio de ingreso ser� fijado por el Concejo Municipal de Santa Ana, tomando en consideraci�n el costo efectivo de mantenimiento, m�s un diez por ciento (10%) de utilidad.

Una vez fijado el precio, entrar� en vigencia treinta d�as despu�s de su publicaci�n en La Gaceta.

ART�CULO 6.- Cr�ase el timbre Monumento Natural Santa Ana, cuyas denominaciones ser�n de quinientos colones (�500,00) y de mil colones (�1.000,00).

Este timbre ser� emitido por el Banco Central de Costa Rica.

El timbre Monumento Natural Santa Ana deber� ser cancelado en los siguientes casos:

a) En la certificaci�n de estar al d�a, en la Municipalidad de Santa Ana, con los impuestos municipales y de bienes inmuebles, se cancelar� un timbre de quinientos colones (�500,00).

b) En las certificaciones de propiedad por consulta al sistema del Registro Nacional, emitidos por la Municipalidad de Santa Ana, se cancelar� un timbre de quinientos colones (�500,00).

c) En los certificados de uso de suelo emitidos por la Municipalidad de Santa Ana, se cancelar� un timbre de mil colones (�1.000,00).

d) En las ofertas para participar en los procedimientos de contrataci�n administrativa que promueva la Municipalidad de Santa Ana, se cancelar� un timbre de mil colones (�1.000,00).

ART�CULO 7.- Con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, la Municipalidad de Santa Ana debe haber promulgado el Reglamento Municipal de uso p�blico del Monumento Natural Santa Ana.

ART�CULO 8.- Comisi�nase a la Notar�a del Estado para que formalice la escritura de traspaso de las fincas con Folio Real N.� 252974, 252976 y 252978, reuni�n de fincas descritas en el plano catastrado N.� SJ-280318-1995 y la finca con Folio Real N.� 252970 descrita en el plano catastrado N.� 280319-1995 a favor de la Municipalidad de Santa Ana. Asimismo, se autoriza a la Procuradur�a General de la Rep�blica para que corrija los defectos que el Registro P�blico se�ale.

TRANSITORIO �NICO.- En caso de que existan causas de extinci�n, antes del vencimiento, que provocaren el cese de los efectos del contrato para la administraci�n del Centro de Conservaci�n Santa Ana, suscrito entre el Mirenem, hoy Ministerio del Ambiente y Energ�a, y la Fundaci�n Pro Zool�gico; la presente Ley empezar� a regir desde el mismo d�a en que le corresponda al Ministerio del Ambiente y Energ�a, retomar la administraci�n del Centro de Conservaci�n Santa Ana.

O en su defecto, si el contrato de concesi�n del Centro de Conservaci�n Santa Ana contin�a su curso normal, la presente Ley empezar� a regir el 4 de marzo de 2014, d�a posterior inmediato al vencimiento de dicho contrato.

Ofelia Taitelbaum Yoselewich

DIPUTADA

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Ambiente.

3 de marzo del 2008.�1 vez.�C-100340.�(56110).

REFORMA Y ADICI�N DE UN ART�CULO DE LA LEY

N.� 8220, PROTECCI�N AL CIUDADANO DEL EXCESO

DE REQUISITOS Y TR�MITES ADMINISTRATIVOS

Expediente N.� 16.956

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley N.� 8220, Protecci�n al ciudadano del exceso de requisitos y tr�mites administrativos, de 4 marzo de 2002, pretende que todo administrado en ejercicio de su derecho de petici�n, informaci�n y/o derecho a acceso a la justicia administrativa, obtenga por parte de todo funcionario p�blico, entidad u �rgano p�blico, informaci�n sobre los tr�mites y/o requerimientos, en forma tal, que garantice la resoluci�n de sus gestiones ante el funcionario, entidad u �rgano p�blico. Sin embargo de todos es conocido que estas solicitudes, en un alto porcentaje no tienen respuesta, toda vez que muchos de estos casos no se resuelven a tiempo, por parte de la Administraci�n.

Las pr�cticas vigentes en la Administraci�n P�blica son con frecuencia el mayor inconveniente con el que se enfrentan los administrados, toda vez que en muchas ocasiones los tr�mites se prolongan con tiempo indefinido; a esto se le debe agregar, tr�mites que se solicitan a los administrados por duplicado o en algunos casos hasta triplicado; o en otros procesos, los funcionarios p�blicos no son claros cuando de dar informaci�n al administrado se trata. En muchas ocasiones se sabe que el administrado debe desplazarse de un lugar a otro motivado por la inoperancia de un funcionario p�blico, sin considerar los altos costos que esto implica no solo para el administrado, sino a la Administraci�n P�blica, y es entonces donde nace la pregunta. �Qui�n se responsabiliza de estos costos?

A esto, debemos agregarle las veces que un administrado debe presentar informaci�n o documentos que ya tienen en la instituci�n, o en un monitor de una computadora, pero que la desidia, la falta de conocimiento y capacitaci�n en muchos casos de un funcionario p�blico hace que un administrado siga presentando documentos.

La falta de protecci�n con la que cuentan los administrados es evidente, pero lo m�s grave de estos engorrosos tr�mites a que se deben someter los administrados, est� en que en la gran mayor�a de las veces deben subyugarse a la disposici�n del criterio del servidor p�blico que est� de turno.

Incluso, en muchas ocasiones un administrado es obligado sin ninguna necesidad a presentarse personalmente a la ventanilla u oficinas de una instituci�n para poder obtener informaci�n y as� poder cumplir con los requisitos que demanda un tr�mite solicitado. Podr�amos mencionar que en muchos casos, la descoordinaci�n de los mandos superiores o las autoridades competentes hacen que estos tr�mites por parte de los administrados se prolonguen todav�a m�s. Ante esta situaci�n planteada, nos preguntamos.

�D�nde queda la protecci�n al ciudadano del exceso de requisitos y tr�mites administrativos?

En este sentido es importante recordar que los art�culos 27 y 41 de la Constituci�n Pol�tica, establecen el derecho de petici�n y pronta resoluci�n y obliga al Estado a recibir peticiones de los administrados as� como dar una pronta resoluci�n, asimismo, el art�culo 32 de la Ley de Jurisdicci�n Constitucional exige al funcionario p�blico una acci�n positiva y clara ante la petici�n de un ciudadano, y define que dependiendo de la complejidad del caso se debe dar respuesta dentro de los diez d�as siguientes a la recepci�n de la petici�n, o bien aplicar lo que establece la Ley General de la Administraci�n P�blica en el art�culo 261.

Como lo indicamos en l�neas anteriores los costos de esta falta de atenci�n pronta y cumplida que lleva la negligencia por parte de un funcionario p�blico �qui�n la debe asumir?

Es importante subrayar, que el objetivo primordial de este proyecto es el establecimiento de sancionar, de manera que se pueda dar una aplicaci�n real de la normativa, y que el funcionario p�blico tenga conocimiento absoluto de las consecuencias de su abuso de autoridad o incumplimiento de deberes, por lo que pretendemos hacerle ver al funcionario p�blico lo siguiente:

1.- El objetivo de la Administraci�n P�blica es dar un servicio sin abusos, sin excesos que afecten al administrado y a la Administraci�n P�blica y permitir una mejor labor tal como se establece en el art�culo 11 de la Ley General de la Administraci�n P�blica.

2.- Que el servidor p�blico debe ser m�s objetivo en el cumplimiento de su deber y que tenga en cuenta que su funci�n es servir, y hacerlo con celeridad, calidad y con la responsabilidad y obligaci�n que debe asumir de la funci�n que desempe�a ante el administrado y ante la Administraci�n P�blica.

3.- Se aplicar� el C�digo Penal cap�tulo de los delitos contra los deberes de la funci�n p�blica art�culos 331 y 332.

Por las razones anteriormente expuestas se pone a consideraci�n de esta honorable Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA Y ADICI�N DE UN ART�CULO DE LA LEY

N.� 8220, PROTECCI�N AL CIUDADANO DEL EXCESO

DE REQUISITOS Y TR�MITES ADMINISTRATIVOS

ART�CULO 1.- Ref�rmase el art�culo 10 de la Ley N.� 8220, de 4 marzo de 2002, y l�ase de la siguiente manera:

�Art�culo 10.- Responsabilidad de la Administraci�n y el funcionario

El administrado podr� exigir responsabilidad tanto a la Administraci�n P�blica como al funcionario p�blico por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta Ley.

La responsabilidad de la Administraci�n se regir� por lo establecido en los art�culos 190 y siguientes de la Ley General de la Administraci�n P�blica; la responsabilidad civil y administrativa del funcionario p�blico, por sus art�culos 199 y siguientes, y 358 y siguientes; la responsabilidad penal del funcionario p�blico conforme lo dispuesto en el art�culo 11 de esta Ley y en los numerales 331 y 332 del C�digo Penal.

Para los efectos de responsabilidad personal del funcionario p�blico, se aplicar� el procedimiento administrativo sumario dispuesto en la Ley General de la Administraci�n P�blica, y se considerar�n como faltas graves los siguientes incumplimientos espec�ficos de la presente Ley:

a) No aceptar la presentaci�n �nica de documentos, o bien exigir m�s requisitos de lo que legal y razonablemente corresponda seg�n as� se demuestre en sede administrativa o judicial.

b) No respetar las competencias.

c) No dar publicidad a los tr�mites ni sujetarse a la ley.

d) No informar sobre el tr�mite.

e) No resolver ni calificar dentro del plazo establecido.

f) Incumplir el procedimiento del silencio positivo.

g) No coordinar institucionalmente.

h) Irrespetar el tr�mite ante �nica instancia administrativa.

Cuando se declare la responsabilidad personal del funcionario p�blico en sede administrativa o contencioso-administrativa se impondr�n, por su orden, seg�n la gravedad del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente, las siguientes sanciones una vez la resoluci�n quede firme:

a) Amonestaci�n escrita, �nicamente por primera vez.

b) Suspensi�n sin goce de sueldo de hasta un mes.

c) Despido sin responsabilidad patronal.�

ART�CULO 2.- Adici�nase un nuevo art�culo 11 a la Ley N.� 8220, Protecci�n al ciudadano del exceso de requisitos y tr�mites administrativos, de 4 marzo de 2002, que se lea de la siguiente manera:

�Art�culo 11.- Retardo ileg�timo

Se impondr� pena de tres meses a dos a�os de prisi�n al funcionario p�blico que no emita respuesta dentro del d�a h�bil siguiente a una solicitud de declaratoria de silencio positivo conforme a lo dispuesto en el inciso a) del art�culo 7 de esta Ley.

Igual pena se aplicar� cuando la respuesta sea denegatoria del silencio y posteriormente se demuestre a instancia del interesado por la v�a aplicable que la solicitud correspondiente cumpl�a con todos los requisitos establecidos al efecto.

No obstante, cuando el funcionario p�blico se niegue a reconocer la validez y eficacia de un acta notarial realizada con fundamento en lo preceptuado en el inciso b) del art�culo 7 de esta Ley, la pena aplicable ser� de seis meses a cuatro a�os de prisi�n, siempre que dicha acta haya sido realizada por la omisi�n de respuesta en cuanto al silencio positivo y no se haya demostrado en sede competente que el silencio positivo era improcedente.�

Rige a partir de su publicaci�n.

Carlos Manuel Guti�rrez G�mez Luis Antonio Barrantes Castro

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Asuntos Sociales.

4 de marzo del 2008.�1 vez.�C-90440.�(56111).

AUTORIZACI�N A LA MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA PARA

SEGREGAR UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y DONAR

LOS TERRENOS SEGREGADOS A PERSONAS F�SICAS

Expediente N� 16.957

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el cant�n de Hojancha, por situaciones de diversa naturaleza, se levantaron construcciones dentro de la zona p�blica de la zona mar�timo terrestre, que seg�n la Ley N� 6043 es �la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las �reas que quedan al descubierto durante la marea baja�.

Estas edificaciones se realizaron sin autorizaci�n de esa Municipalidad, pues la Ley de la zona mar�timo terrestre es enf�tica al determinar que, salvo excepciones establecidas en la ley, la zona p�blica no puede ser objeto de ocupaci�n bajo ning�n t�tulo ni en ning�n caso; y nadie podr� alegar derecho alguno sobre esta. Dicha �rea debe dedicarse al uso p�blico y en especial al libre tr�nsito de las personas.

En virtud de ese mandato legal y en consonancia a lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley de marras, la Municipalidad de Hojancha procedi� al desalojo y demolici�n de las construcciones que se encontraban en esa situaci�n; pero esta actuaci�n gener� un nuevo problema para el Municipio, pues varias familias de escasos recursos se quedaron sin vivienda y sin un terreno en donde construirla. Si bien la Municipalidad al ejecutar lo referente al manejo de la zona mar�timo terrestre, espec�ficamente en cuanto al tema del desalojo y demolici�n de construcciones en la zona p�blica, no contrae ninguna obligaci�n de reubicar a las personas desalojadas, se presenta una situaci�n de �ndole social, y es por ese motivo que esa Municipalidad considera necesario brindar una soluci�n a las familias que afrontan esta problem�tica.

Es as� como nace la idea de ese Municipio de reubicar a varias personas que se encuentran en la situaci�n descrita en el p�rrafo anterior, segregando de un inmueble de su propiedad varios lotes y don�ndolos a cada una de las personas que se describen en el proyecto, todos de escasos recursos econ�micos a fin de que en ese terreno edifiquen su vivienda.

Este objetivo lo plasma la Municipalidad de Hojancha mediante Acuerdo Municipal tomado en sesi�n ordinaria N� 092-008 efectuada el 4 de febrero de 2008, en este se identifica mediante n�mero de plano catastrado cada uno de los terrenos a donar a las familias que fueron desalojadas.

Asimismo, se solicita incluir una cl�usula de reversi�n de la propiedad, que se�ale que si la propiedad objeto de donaci�n, deja de cumplir o no continua con el fin que motiv� la donaci�n, dicha propiedad retorna a esa Municipalidad.

La inclusi�n de esta cl�usula de reversi�n se hace con fundamento en lo se�alado por la Procuradur�a General de la Rep�blica en su opini�n jur�dica N� 096-2007 que indic� que aunque el C�digo Civil proh�be incluir cl�usulas de reversi�n en los contratos de donaci�n, esta norma rige las relaciones contractuales privadas y �trat�ndose de fondos p�blicos, definici�n en la que est� comprendida los bienes p�blicos, conforme al art�culo 9 de la Ley Org�nica de la Contralor�a General de la Rep�blica es totalmente viable que el legislador, mediante norma especial prevaleciente ante norma general del C�digo Civil, establezca cl�usulas de reversi�n como la indicada, a fin de que en caso de disoluci�n del ente privado (donatario), el bien retorne a la entidad p�blica donante, con ocasi�n de la especial tutela que reviste los fondos p�blicos�.

En virtud de lo anterior, y dado que en ese mismo acuerdo la Municipalidad de Hojancha decidi� solicitarme la preparaci�n de esta iniciativa (Oficio SCMH-0041-008), me permito presentar a consideraci�n de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACI�N A LA MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA PARA

SEGREGAR UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y DONAR

LOS TERRENOS SEGREGADOS A PERSONAS F�SICAS

ART�CULO 1.- Autor�zase a la Municipalidad de Hojancha, c�dula jur�dica N� 3-014-042102, a segregar de un inmueble de su propiedad inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, Partido de Guanacaste, bajo el Sistema de Folio Real matr�cula N� 85472-000 y que se describe de la siguiente manera: terreno de potrero, agricultura y zona destinada a calle p�blica, situado en el distrito Hojancha, cant�n Hojancha, provincia de Guanacaste, con una medida de diez mil veintitr�s metros con setenta y siete dec�metros cuadrados; los lotes correspondientes a los siguientes planos catastrados: G-1110970-2006, G- 1108726-2006, G- 1108725-2006, G- 1108914-2006, G-1108722-2006, G-1108916-2006, G-1108727-2006, G-1110969-2006.

Los beneficiarios de los terrenos segregados, ser�n las personas se�aladas en el art�culo 2 de la presente Ley, y deber�n destinar los inmuebles a construir sus respectivas casas de habitaci�n.

ART�CULO 2.- La Municipalidad de Hojancha donar� los terrenos segregados a las personas que se indican a continuaci�n:

N�mero de parcela	Nombre	N�mero de c�dula	N�mero de plano catastrado
O	Jos� Cecilio Garc�a Garc�a	5-250-356	G-1110970-2006
C	Luis Angel Morales Espinoza	5-285-884	G-1108726-2006
B	Abiud Mora Villalobos	6-070-539	G-1108727-2006
K	Saturnino L�pez Mendoza	5-149-702	G-1108916-2006
J	N�lban L�pez Ju�rez	5-222-357	G-1108722-2006
I	Eladio L�pez Ju�rez	5-163-034	G-1108914-2006
D	Lucina Fajardo L�pez	5-264-029	G-1108725-2006
N	Israel Villalobos L�pez	5-186-441	G-1110969-2006

ART�CULO 3.- Si los inmuebles donados dejan de cumplir, o no contin�an con el fin que motiv� la donaci�n, el o los inmuebles deber�n retornar a la entidad donante.

Rige a partir de su publicaci�n.

Gilberto Jerez Rojas

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

4 de marzo del 2008.�1 vez.�C-65860.�(56112).

DECLARACI�N COMO BENEM�RITO DE LA PATRIA PARA EL

HISTORIADOR, JURISTA, EDUCADOR, AGRICULTOR

PIONERO DE LA CULTURA Y DEFENSOR DE LA

PATRIA DON PEDRO P�REZ ZELED�N

Expediente N� 16.958

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de acuerdo legislativo tiene como objetivo declarar como Benem�rito de la Patria al ciudadano don Pedro P�rez Zeled�n, lo anterior con fundamento en lo que jur�dicamente dispone el inciso 16) del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica y los art�culos 85, 87, 195 y 196 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Considerando:

- Que hoy m�s que nunca se requiere resaltar las virtudes de honorabilidad y dedicaci�n a la Patria de los ciudadanos que se han distinguido en la realizaci�n de su vida, particularmente en el ejercicio de la funci�n p�blica, caso ejemplar de don Pedro P�rez Zeled�n, quien en su funci�n de jurista, subsecretario de Educaci�n, presidente de la Corte Suprema de Justicia, diputado y ministro de Relaciones Exteriores, funciones en favor de la patria desempe�adas por m�s de quince a�os del siglo XIX y veintiocho a�os del siglo XX, una carrera de casi cinco d�cadas en la que se destac� por su entrega a laborares propias de nuestra Costa Rica, tanto en la construcci�n y el fortalecimiento del sistema jur�dico costarricense y la educaci�n, como en una lucha incansable por la soberan�a territorial costarricense. Don Pedro P�rez Zeled�n se distingui� siempre por su humanismo, sensatez y disciplina. Como funcionario p�blico sobresali� en su trabajo por su servicio de largo alcance a la naci�n, rigiendo con sabidur�a y teniendo siempre presente, en sus decisiones, el mayor beneficio para todos los habitantes de esta noble Costa Rica.

- Que en virtud de lo que estipula el art�culo 196 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual permite que a los ciudadanos se les otorgue la condici�n de benem�rito de la Patria por los eminentes servicios prestados a la naci�n, se propone que ese merecido reconocimiento se le otorgue al se�or Pedro P�rez Zeled�n.

- Que la democracia de una naci�n la hacen sus hombres y mujeres al anteponer los intereses comunes a los personales; la construyen las personas amantes del progreso, quienes trabajan por �l pero sin necesidad de ensuciar su prestigio, ni ser presas de los embrujos extranjeros. As�, la democracia es labrada por quienes no temen alzar vehementemente su voz en los momentos decisivos para la Patria, prestan sus servicios, muchas veces ad hon�rem, e impiden a toda costa sacrificar los dineros del Estado. A estos ciudadanos que forjaron los valores de Costa Rica, es necesario rendirles honor y reconocerles el cr�dito que tienen para convertirse en benem�ritos de la Patria.

- Que tal es el caso de don Pedro P�rez Zeled�n, un insigne ciudadano de este pa�s que merece este m�ximo t�tulo honor�fico que otorga la Patria, por su labor a�n no reconocida. Este personaje que naci� el 4 de enero de 1854 -hace m�s de ciento cincuenta a�os- fue modelo de desempe�o y honorabilidad, valores que le permitieron procurar lo mejor para todos sus conciudadanos. Don Pedro, a fin de producir la mayor suma posible sin recargos para el contribuyente, organiz� de manera responsable la renta p�blica.

- Que el Lic. Pedro P�rez Zeled�n no se limit� al ejercicio de jurista, que le vali� los cr�ditos para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, secretario de Gobernaci�n y asesor de diferentes ministerios, sino tambi�n se gan� la confianza de los mandatarios en otros campos, quienes le invitaron a participar en la confecci�n tanto de programas de estudio de las mejores escuelas, como de reglamentos, planes y cuanto ayudara a concebir una ense�anza p�blica de calidad, en la que se practicara el mandato de 1869 de don Jes�s Jim�nez, el cual distingue a la ense�anza por ser p�blica, obligatoria y costeada por el Estado.

- Que este ilustre costarricense retribuy� el c�mulo de informaci�n, por medio de una visi�n enmarcada en el ideal de consolidar una mejor formaci�n p�blica para los costarricenses en general. Su concepto educativo mezcl� con br�o los valores, las ventajas de la educaci�n t�cnico-profesional y el papel de las casas de ense�anza destinadas a la formaci�n de las mujeres, que antecedieron a las escuelas normales. Por su af�n de dotar a la educaci�n costarricense de un marco jur�dico funcional, forj�, junto a don Mauro Fern�ndez Acu�a, la Ley general de educaci�n com�n, que permiti� la renovaci�n de las organizaciones responsables del aprendizaje.

- Que el aporte de don Pedro a la consolidaci�n de una legislaci�n educativa democr�tica no ha sido bien valorado. El m�rito ha sido atribuido �nicamente al ministro de Instrucci�n P�blica del momento, don Mauro Fern�ndez, y se ha olvidado que la elaboraci�n de la Ley general de educaci�n fue, en gran medida, obra de don Pedro P�rez, cuando era el subsecretario de Educaci�n.

- Que en un momento hist�rico cuando la reci�n formada Rep�blica de Costa Rica sufr�a los embates de la corrupci�n, tres factores le costaron el destierro pol�tico al distinguido combatiente: su clara formaci�n humanista, su posici�n como director del peri�dico El ciudadano, y su pluma incisiva y cr�tica, que no se detuvo ante las injusticias. No obstante, la dr�stica medida aplicada para apagar a tan inquebrantable ciudadano, nunca logr� asfixiar en �l su sincero deseo de servir. Como un labrador m�s, fue recibido entonces en una tierra rica, constructora de su herencia y que a�os m�s tarde, durante la fundaci�n del cant�n XIX de la provincia de San Jos�, supo rendirle homenaje a este preclaro hijo de la Patria, al bautizar el nuevo cant�n con el nombre de P�rez Zeled�n.

- Que su destierro a Dota lo convierte en un notable pionero de la regi�n de Los Santos y del sudeste de Costa Rica, que con sus esfuerzos contribuy� al desarrollo de la zona, por la formaci�n de ideales en los j�venes, por su trabajo agr�cola e incorporaci�n en la industria maderera, as� como por su aporte a la construcci�n y mejora de los caminos. De ah� que por su ejemplo como persona de confianza y destacado fil�ntropo merezca que actualmente la Escuela de Copey de Dota y la Escuela Pedro P�rez Zeled�n, en San Isidro de El General, lleven su nombre.

- Que en pocas ocasiones, la credibilidad y la confianza se han convertido en las �nicas herramientas de las que una persona se vale para representar a su pa�s en una disputa lim�trofe e impedir la p�rdida de seiscientas mil hect�reas de territorio nacional; sin embargo, el Lic. Pedro P�rez Zeled�n, fiel creyente de que no �hay por qu� sentarse a llorar sobre las ruinas�, sac� la casta y, de nuevo, enardecido por su inter�s por la Patria antes que por cualquier sufrimiento personal, redobl� sus h�biles gestiones en el extranjero y logr� validar la soberan�a territorial del pa�s sobre las tierras de Talamanca y Sixaola, mientras aqu�, en su Patria, la vida lo despojaba de la amada presencia de su esposa y de su hija menor.

- Que el Lic. Pedro P�rez Zeled�n, como historiador, jurista, educador, embajador, agricultor, pionero de la cultura y soldado defensor de la Patria, demostr� que un hombre humilde no precisa condiciones pol�ticas para responder ante la sociedad, el Estado, el honor y la familia. Por eso, reconocer por fin tan loables gestiones por salvaguardar, de manera justa, el inter�s com�n antes que los de �ndole personal, acreditan el empe�o por mantener un estado proteccionista, administrador del desvalido y el indigente, m�ritos dif�ciles de encontrar en estos tiempos.

- Que como historiador conoci� a fondo el pasado de su Patria y que parte de sus trabajos los dej� plasmados en el libro Gregorio Jos� Ram�rez y otros relatos, texto que se rescata por obra y trabajo del historiador costarricense Carlos Mel�ndez, ECR 1971. Mel�ndez reconoce, en el pr�logo de este libro, que son pocos los costarricenses que han hecho un trabajo hist�rico tan valioso como el de don Pedro P�rez Zeled�n, quien en estos ensayos nos presenta, en forma magistral, a personalidades como el Dr. Jos� Mar�a Castro Madriz, al bachiller Osejo, a Mauro Fern�ndez Acu�a, entre otros, quienes tuvieron distinguida participaci�n en el tiempo de la Patria.

- Que estamos en el compromiso de arrebatar del olvido la imperecedera colaboraci�n del Lic. Pedro P�rez Zeled�n, un centinela de los intereses de la Rep�blica y formador de la democracia actual. Reconocer a quien lo merece, es cumplir hoy con una deuda c�vica: asumir el compromiso de la Patria con este ex parlamentario, el Lic. Pedro P�rez Zeled�n, quien en diversas oportunidades no se neg� a entregar a otros ilustres ciudadanos el honor de ser benem�ritos.

- Que durante su carrera p�blica supo defender los intereses nacionales con probidad y honorabilidad, por lo que en muchas oportunidades la Patria le encomend� su defensa.

La vida p�blica de este insigne ciudadano puede resumirse de la siguiente manera:

- Desde 1880, su vinculaci�n con las regiones de Dota, Tarraz� y el valle de El General, debido al destierro pol�tico, derivaron en m�ltiples propuestas de desarrollo para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Este af�n motiv� que, en 1931, los legisladores honraran su memoria al bautizar con su nombre el cant�n m�s importante del sudeste del pa�s.

- En 1886, el gobierno de Bernardo Soto Alfaro env�a a don Pedro P�rez Zeled�n a Europa y Estados Unidos, a fin de que contrate los mejores profesores e investigue las nuevas t�cnicas educativas que se estaban implementando en esos sitios.

- Entre 1887 y 1888, don Pedro P�rez asumi� por primera vez la defensa de los derechos de Costa Rica en el arbitraje de l�mites con Nicaragua, y buena parte de sus alegatos fueron pr�cticamente transcritos en el laudo Cleveland, cuando los nicarag�enses pusieron en duda la vigencia del tratado Ca�as Jerez. El laudo legitim� a Costa Rica para que ejerciera, en el r�o San Juan, la navegaci�n comercial y aquella con fines de polic�a de frontera; es decir, para evitar el contrabando y el tr�fico de drogas y armas. Todas sus argumentaciones han cobrado vigencia, en la actualidad, en la Corte de La Haya, con la disputa sobre los derechos de Costa Rica (de libre navegaci�n comercial y vigilancia armada) en el r�o San Juan.

- En 1888, Pedro P�rez Zeled�n es nombrado acad�mico de la Real Academia Espa�ola de Jurisprudencia y Legislaci�n, y sus aportes se convierten en beneficios directos as� como en el fortalecimiento de las leyes de nuestro pa�s.

- En 1891, como agente financiero de Costa Rica en Londres, defendi� exitosamente los intereses nacionales, al rescatar una considerable cantidad de dinero que corr�a el riesgo de perderse, ante la liquidaci�n de la Casa de Murieta, trabajo que realiz� ad hon�rem.

- Entre 1892 y 1898, fue designado primer ministro de Relaciones Exteriores y luego presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

- En 1894 ejerci� como magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones y, en 1895, como juez de la Corte Suprema.

- En 1895, como directivo del Colegio de Abogados, fue designado para participar en la redacci�n del foro, junto con los licenciados Mauro Fern�ndez y Ricardo Jim�nez.

- En 1897, fue nombrado secretario de la Comisi�n de L�mites con Nicaragua, comisi�n que se encarga del trazado de la correspondiente l�nea fronteriza.

- En 1899, por su reconocida capacidad como consultor internacional, actu� como mediador en el conflicto entre Nicaragua y El Salvador.

- En 1904, fue diputado del Congreso Constitucional, desde donde impuls� valiosas iniciativas; este nombramiento lo repiti� en 1905, 1906 y 1910.

- En 1907 asumi� la presidencia del Colegio de Abogados.

- En 1910 se hizo cargo de la defensa de Costa Rica en la disputa lim�trofe con Panam� y, en setiembre de 1914, logr� la sentencia del juez Edward Douglas White, presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, seg�n la cual Costa Rica recuperaba de manera definitiva la regi�n de Talamanca y el dominio exclusivo sobre el golfo Dulce, soluci�n que constituye otro motivo de eterna gratitud de los costarricenses a su memoria.

- En 1910 se desempe�� como profesor de la Escuela de Derecho. En sus estudios de historia nacional, mostr� una vocaci�n por conocer los or�genes de nuestras clases sociales, particularmente de las m�s humildes.

- En 1919, el presidente de la Rep�blica, Francisco Aguilar Barquero, nombra a don Pedro P�rez Zeled�n como titular en la cartera de Fomento.

- Que, por todos estos atestados, es hora de que la Patria brinde a la memoria de don Pedro P�rez Zeled�n el justo reconocimiento, puesto que sus m�ritos son suficientes. As� que, de una vez por todas, demos a este ilustre costarricense el t�tulo de Benem�rito de la Patria.

Por lo anterior, someto a la consideraci�n de las se�oras diputadas y de los se�ores diputados, el siguiente proyecto de acuerdo:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

DECLARACI�N DE BENEM�RITO DE LA PATRIA PARA EL

historiador, jurista, educador, agricultor,

pionero de la cultura y defensor de la

Patria DON PEDRO P�REZ ZELED�N

ART�CULO 1.- Decl�rase Benem�rito de la Patria a don Pedro P�rez Zeled�n.

Rige a partir de su aprobaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Honores.

26 de febrero del 2008.�1 vez.�C-97200.�(56113).

AUTORIZACI�N AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERG�A

PARA QUE DONE LA MADERA DECOMISADA

Expediente N� 16.959

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley tiene como finalidad evitar que la madera decomisada, desarraigada o en abandono se pierda sin ser aprovechada por la sociedad o, incluso, por el propietario.

La realidad que se palpa, todos los d�as, evidencia que la madera se pierde en los mismos patios del Ministerio de Ambiente y Energ�a, por ejemplo, en Chacarita de Osa.

En ese puesto del Minae hay entre veinticinco y treinta millones de colones en madera decomisada. En ese patio de dicho Ministerio se incaut� madera hace m�s de 15 a�os y hoy, lamentablemente, se encuentra convertida en polvo.

Por ello, presento a consideraci�n de las se�oras diputadas y los se�ores diputados el presente proyecto de ley, e insto a su aprobaci�n.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACI�N AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERG�A

PARA QUE DONE LA MADERA DECOMISADA

ART�CULO 1.- Ref�rmanse el inciso q) del art�culo 6 y los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 65 de la Ley forestal, N.� 7575, de 13 de febrero de 1996. Los textos dir�n:

�Art�culo 6.-

[...]

q) Donar la madera decomisada al Ministerio de Justicia y Gracia, para que por medio de los centros penitenciarios del pa�s y con la cooperaci�n del Instituto Nacional de Aprendizaje, se elaboren pupitres y dem�s mobiliario, los cuales ser�n donados al Ministerio de Educaci�n P�blica, a fin de equipar las escuelas y los colegios p�blicos, o bien, se utilicen en las asignaturas de ebanister�a, torno, carpinter�a y entre otras. Los privados de libertad laboraran en estos proyectos y devengar�n las retribuciones acostumbradas en los centros penitenciarios. Asimismo, la Administraci�n Forestal donar� las maderas que lleguen a su poder como producto de desastres naturales o ampliaci�n de carreteras, cuando no se conozca a sus leg�timos propietarios. El acto de donaci�n ser� inmediato y en caso de que se determine judicialmente que el decomiso fue ilegal, se resarcir� al decomisado los da�os y perjuicios en ejecuci�n de sentencia.�

�Art�culo 65.-

[...]

Se autoriza al Ministerio de Ambiente y Energ�a para que, por medio de la Administraci�n Forestal, done al Ministerio de Justicia y Gracia la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliaci�n de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. Cuando por eventos naturales o caso fortuito la madera de cualquier especie se encuentre desarraigada, podr� ser aprovechada por su due�o, previa autorizaci�n del Ministerio de Ambiente y Energ�a.

El Ministerio de Justicia y Gracia destinar� esa madera a fabricar mobiliario por medio de los centros penitenciarios y con la cooperaci�n del Instituto Nacional de Aprendizaje, as� como para reparar infraestructura en escuelas y colegios p�blicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de ebanister�a, torno, carpinter�a y otras que impartan escuelas y colegios estatales.�

ART�CULO 2.- Autor�zase al Ministerio de Ambiente y Energ�a para que realice un inventario, en todo el pa�s, de las maderas de su propiedad que, por cualquier raz�n, se encuentren en abandono y las done al Ministerio de Justicia y Gracia, siempre que se desconozcan los leg�timos propietarios o, en caso de decomiso.

El acto de donaci�n ser� inmediato y en caso de que se determine judicialmente que el decomiso fue ilegal, se resarcir� al decomisado los da�os y perjuicios en ejecuci�n de sentencia.

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Gobierno y Administraci�n.

27 de febrero de 2008.�1 vez.�C-43900.�(56114).

MODIFICACI�N DE LOS ART�CULOS 41, 43, 59, 62, 66, 69, 70, 74 Y 159

DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL Y DEROGACI�N DE SUS

ART�CULOS 44, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 81 Y 82

Expediente N� 16.960

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Sala Constitucional, desde su creaci�n, y la Asamblea Legislativa han ayudado a conformar un marco de respeto a los derechos de los servidores p�blicos, con especial �nfasis en el respeto al debido proceso, el cual a la fecha se encuentra plenamente consolidado. Por otro lado, tambi�n han eliminado los excesos de concesiones y protecciones no justificadas de los empleados p�blicos, las cuales atentaban contra la eficiencia del Sector P�blico.

Dentro de estos �ltimos casos se encuentra el Estatuto de Servicio Civil, el cual protege, a los funcionarios p�blicos, en general, y en particular a los docentes, de un modo que, en los tiempos actuales, resulta exagerado.

El Estatuto del Servicio Civil establece cinco (5) etapas procesales en alzada o de consulta obligatoria, que convierten el proceso sancionatorio en todo un calvario, cuya duraci�n se puede medir ya no en meses sino en a�os; mientras tanto, el acusado, separado o no de su puesto en la Administraci�n, goza de su salario.

Este proyecto pretende eliminar algunos de esos pasos para agilizar el proceso, sin menoscabo alguno del debido proceso de los empleados y funcionarios p�blicos involucrados.

En virtud de lo anterior, someto a la consideraci�n legislativa el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

MODIFICACI�N DE LOS ART�CULOS 41, 43, 59, 62, 66, 69, 70, 74 Y 159

DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL Y DEROGACI�N DE SUS

ART�CULOS 44, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 81 Y 82

ART�CULO 1.- Adici�nanse al Estatuto de Servicio Civil, las siguientes disposiciones:

a) Al art�culo 41, un p�rrafo final, cuyo texto dir�:

�Art�culo 41.-

[...]

�La administraci�n dispone de un plazo de tres meses para ejercer la potestad disciplinaria, a partir de la fecha de la comisi�n del hecho, en los casos de inmediata constataci�n, y desde la fecha en que tenga conocimiento certero del hecho, en los dem�s supuestos.�

b) Al art�culo 43, un p�rrafo final, cuyo texto dir�:

�Art�culo 43.-

[...]

�El fallo del Tribunal del Servicio Civil agotar� la v�a administrativa.�

c) Al art�culo 59, un p�rrafo final, cuyo texto dir�:

�Art�culo 59.-

[...]

La administraci�n tiene un plazo de tres meses para ejercer la potestad disciplinaria, a partir de la comisi�n del hecho en los casos de inmediata constataci�n y desde que se tiene conocimiento certero del hecho en los dem�s supuestos.�

ART�CULO 2.- Modif�canse las siguientes disposiciones del Estatuto de Servicio Civil:

a) El nombre del cap�tulo IV del t�tulo II, que en adelante dir�:

�CAP�TULO IV

R�GIMEN DISCIPLINARIO Y SUS PROCEDIMIENTOS�

b) El art�culo 62, cuyo texto dir�:

�Art�culo 62.- Toda falta grave podr� ser sancionada con el despido sin responsabilidad para el Estado. No obstante, previo examen de la naturaleza de la falta y los antecedentes del servidor, el ministro de Educaci�n P�blica podr� conmutar dicha sanci�n por el descenso del servidor al grado inmediato inferior, en caso de que sea posible, o bien, por suspensi�n del cargo sin goce de sueldo por un per�odo entre tres (3) y seis (6) meses.

La violaci�n de las disposiciones a que se refieren los incisos d) y e) del art�culo 58, ser� sancionada, por una sola vez, con la suspensi�n, sin goce de sueldo por un per�odo de uno (1) a tres (3) meses.�

c) El �ltimo p�rrafo del art�culo 66, cuyo texto dir�:

�Art�culo 66.-

[...]

Contra las resoluciones del director del Departamento de Personal, dictadas en los procedimientos a que se refiere este cap�tulo, excepto las comprendidas en el primer p�rrafo de este mismo art�culo, cabr�n los recursos de revocatoria y de apelaci�n, ante el Tribunal del Servicio Civil, cuando sean interpuestos dentro del plazo de los cinco (5) d�as h�biles posteriores al dictado de la resoluci�n. Este Tribunal resolver� en definitiva y devolver� los autos al director del Departamento de Personal para su ejecuci�n.�

d) Los art�culos 69, 70, 74 y 159, cuyos textos dir�n:

�Art�culo 69.- Si de la instrucci�n no resulta m�rito para continuar las diligencias, el director del Departamento de Personal, mediante resoluci�n razonada, ordenar� el archivo del expediente; en caso contrario, formular�, por escrito, los cargos que resulten, y le dar� un traslado al servidor por un t�rmino de diez (10) d�as, lo que se le notificar� al servidor personalmente o en la direcci�n que conste en el expediente que maneja el Departamento de Personal. Dentro del plazo indicado, el servidor deber� presentar, por escrito, sus descargos y ofrecer las pruebas en abono de ellos.

Cuando, sin justa causa, el servidor no presente sus descargos dentro del plazo que le concede el p�rrafo anterior, se entender� que renuncia a ese derecho.

Art�culo 70.- Recibido el descargo del acusado, el instructor proceder� a evacuar la prueba, con las mismas formalidades prescritas en el art�culo 68 y siguientes de este Estatuto.

Una vez presentado el descargo, toda la documentaci�n relacionada con el procedimiento deber� ser presentada en la oficina que tramite el asunto, bajo pena de inadmisibilidad.�

�Art�culo 74.- Cuando el Tribunal haya vertido el fallo, lo comunicar� al director de Personal para su ejecuci�n o lo elevar� al conocimiento del ministro de Educaci�n, para los efectos del art�culo 62 de este Estatuto.

El ministro deber� disponer lo conducente, en el t�rmino de dos (2) meses, contado a partir del recibo del fallo, plazo en el que caducar� la acci�n.�

�Art�culo 159.- Cuando el servidor reciba la evaluaci�n y calificaci�n de sus servicios, dispondr� de un per�odo m�ximo de diez (10) d�as h�biles para formular su recurso de apelaci�n, ante el director regional respectivo. El fallo de este �ltimo ser� el definitivo, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 157 del presente Estatuto, el servidor se haya mostrado conforme con dicha evaluaci�n y calificaci�n y su jefe superior inmediato del servidor las mantenga.�

ART�CULO 3.- Der�ganse los art�culos 44, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del Estatuto de Servicio Civil.

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Asuntos Sociales.

27 de febrero de 2008.�1 vez.�C-70870.�(56115).

REFORMA DEL ART�CULO 166 DEL

C�DIGO DE TRABAJO

Expediente N.� 16.961

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En los �ltimos diez a�os, Costa Rica ha experimentado un proceso de cambio en su estructura econ�mica: el pa�s disminuy� su dependencia de las exportaciones de caf�, banano y otros productos tradicionales, en tanto se ha orientado a buscar nuevas fuentes de divisas para pagar sus d�ficits comerciales; a ra�z de esta situaci�n, los productos y servicios no tradicionales han cobrado importancia, en particular el turismo, que gener� 689 millones de d�lares en 1996, lo que corresponde al 23% de las divisas generadas por las exportaciones.

Dicha actividad ha sido el mayor y mejor generador de empleo durante los �ltimos diez a�os; en concreto, el turismo abri� 128,000 nuevos empleos, lo que significa el 44% del total generado. El empleo tur�stico total representa un 12% de la fuerza laboral ocupada en Costa Rica. Debe tenerse en cuenta que los est�ndares internacionales indican que, por cada empleo generado en el sector hotelero, se crean dos o tres empleos tur�sticos directos y tres empleos indirectos; en otras palabras, por cada empleo generado por el sector hotelero, surgen entre cinco y seis nuevas fuentes de trabajo. El empleo indirecto se genera en sectores como transporte, comunicaciones, comercio y dem�s actividades proveedoras de insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de la actividad.

Otro important�simo efecto de la actividad tur�stica es su relaci�n con el �mbito rural. A diferencia de la tendencia tradicional de la actividad econ�mica costarricense, el 71.5% de la oferta tur�stica se ubica fuera del Valle Central, en particular en zonas hasta entonces muy deprimidas de Guanacaste, Puntarenas y Lim�n. Es evidente el impacto de esta actividad sobre el desarrollo de comunidades que durante muchos a�os han estado al margen del crecimiento econ�mico. Hay que considerar tambi�n el efecto multiplicador que tiene la inversi�n hotelera sobre otros subsectores productivos, tales como el agr�cola, el industrial y el comercial.

El papel clave del turismo se manifiesta tambi�n en las amplias oportunidades que ofrece a la microempresa. En Costa Rica, el 73% de los hoteles tienen menos de veinte habitaciones y el 92% menos de cincuenta habitaciones.

La actividad tur�stica bien orientada es tambi�n una importante fuerza en pro de la conservaci�n del ambiente; los recursos naturales se conservan, al tiempo que son aprovechados para generar empleo y bienestar.

A pesar de que el turismo en nuestro pa�s representa la fuente de ingreso m�s importante y genera gran cantidad de empleos especializados, los hoteles y restaurantes de las zonas tur�sticas enfrentan serios problemas para contratar personal id�neo que pueda brindar servicios de calidad al turista.

Las localidades donde se encuentran ubicados dichos establecimientos no cuentan con la cantidad y calidad necesarias de profesionales, t�cnicos y personal en general, para atender los requerimientos necesarios en sitios de alta afluencia tur�stica. Por ello, estos centros deben contratar personal domiciliado en otros sitios del pa�s, especialmente personas que radican en el �rea metropolitana. Lo anterior conlleva que a estas personas se les deban suministrar facilidades para pernoctar con su familia, as� como alimentaci�n digna.

Las empresas tur�sticas hoteleras ven con agrado el otorgar beneficios de habitaci�n y alimentaci�n que finalmente favorezcan al trabajador y a su familia; as�, las familias de los colaboradores pueden tener una integraci�n m�s cercana con ellos y disfrutar al m�ximo el tiempo juntos, dentro de un ambiente digno. Asimismo, las empresas cuentan con personal motivado y descansado que disfruta de una alimentaci�n balanceada y saludable.

No obstante, debido a las necesidades y los requerimientos de las zonas tur�sticas, el personal que labora en estos lugares se caracteriza por ser muy inestable y es f�cil ver como se desplaza de un sitio tur�stico a otro, seg�n las mejores propuestas salariales y conveniencias personales.

Esa situaci�n, adem�s de la obligaci�n que se le impone al empresario de pagar tanto las prestaciones legales ordinarias como otros porcentajes derivados de regal�as o beneficios adicionales, hace que los patronos se vean perjudicados. Lo mismo sucede con el rubro conocido como salario en especie, que se deriva de los beneficios adicionales que el empleador proporciona al colaborador, en virtud de la buena fe laboral, el deseo de continuidad y el fortalecimiento de los v�nculos familiares.

Con el prop�sito de prevenir que los empresarios tur�sticos hoteleros y afines busquen otras formas de contrataci�n a destajo que perjudiquen a los trabajadores del �rea, considero oportuno presentar la reforma del art�culo 166 del C�digo de Trabajo, a fin de que se exima de esas cargas al sector hotelero y gastron�mico. Asimismo, se pretende que los empresarios contin�en brind�ndole al trabajador las condiciones id�neas para cumplir su labor en esas zonas, sin que tengan que abandonar a sus familias o alquilar �pocilgas� a precios irracionales, como los que se cobran en las zonas tur�sticas.

Por las razones expuestas, someto a la consideraci�n de las se�oras diputadas y los se�ores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ART�CULO 166 DEL

C�DIGO DE TRABAJO

ART�CULO �NICO.- Ref�rmase el art�culo 166 del C�digo de Trabajo, de 23 de agosto de 1943. El texto dir�:

�Art�culo 166.- Por salario en especie se entiende �nicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitaci�n, vestidos y dem�s art�culos destinados a su consumo personal inmediato.

Los beneficios de alimentaci�n y habitaci�n otorgados a los empleados de los hoteles o restaurantes que se encuentren a m�s de cincuenta kil�metros de la capital, no se entender�n como salario en especie, sino como rubros de car�cter gratuito, salvo que as� lo acuerden las partes, expresamente y por escrito.

En las explotaciones agr�colas o ganaderas, se considerar� tambi�n remuneraci�n en especie el terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos.

Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneraci�n en especie, esta se estimar� equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario que perciba en dinero el trabajador.

No obstante lo dispuesto en los tres p�rrafos anteriores, no se computar�n, como salario en especie, los suministros de car�cter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podr�n ser deducidos en dinero del salario ni tomados en cuenta para la fijaci�n del salario m�nimo.�

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Asuntos Sociales.

3 de marzo de 2008.�1 vez.�C-59585.�(56116).

REFORMA DE LOS ART�CULOS 140 Y 153 DE LA LEY DE PESCA

Y ACUICULTURA N� 8436, DE 1� DE MARZO DE 2005

Expediente N� 16.962

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde el d�a 1� de marzo de 2005, hace exactamente tres a�os, se encuentra vigente la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley N� 8436). Con su vigencia se pretendi� castigar la pesca comercial o deportiva en las �reas silvestres protegidas; sin embargo, la realidad ha demostrado que los efectos que se quisieron lograr han quedado escritos en una ley que lamentablemente result� muy d�bil y que ha permitido la impunidad. Ha quedado al descubierto que los delitos espec�ficos que se detallan en esta Ley, en contraposici�n con el C�digo Penal vigente, implementaron penas o sanciones, que no han logrado la prevenci�n de conductas il�citas y que potencialmente pueden ser lesivas para el medio ambiente y para el patrimonio hidrobiol�gico de nuestro pa�s. La advertencia fue d�bil y el da�o que se puede ocasionar podr�a ser irreversible.

Han quedado en evidencia las debilidades en las sanciones que impone la normativa vigente. En los �ltimos cinco a�os se han presentado 71 denuncias por pesca ilegal pero solo cuatro terminaron con una sentencia. Lo m�s preocupante es que la normativa que se propone reformar, adem�s de generar la impunidad, ha dejado en el desamparo a las aguas protegidas de nuestro mar territorial y a un tesoro como la Isla del Coco, patrimonio de la humanidad.

Nuestro deber como legisladores, se centra hoy en el establecimiento de sanciones reales y contundentes que sean aplicables y acordes con el da�o que se produce en los ecosistemas de nuestros mares y zonas protegidas. El objetivo es que las futuras generaciones puedan tambi�n disfrutar las riquezas naturales con las que hemos sido bendecidos. Se trata adem�s de prevenir, de hacer conciencia y de enviar un mensaje claro y contundente, a extranjeros y a nacionales, de que en nuestro pa�s no se tolerar� la explotaci�n no autorizada de las riquezas ictiol�gicas.

Casos presentados como el de la embarcaci�n atunera Tiuna, que el 29 de enero de 2008 fue sorprendida pescando dentro del �rea de protecci�n de la Isla del Coco, nos demuestra que un vac�o normativo impone a nuestros jueces la preocupante obligaci�n de no aplicar una medida cautelar como la prisi�n preventiva a personas que fueron capturadas pescando en aguas protegidas, porque la normativa vigente no se lo permite. Esta lamentable realidad debe de ser corregida. La Isla del Coco, se encuentra entre los lugares candidatos a ser denominados como una de �Las 7 maravillas naturales del mundo�; por lo tanto, el deterioro que pueda padecer tambi�n debe ser considerado como un agravio a la humanidad misma. Se deben tomar medidas urgentes para evitar que esta y otras de nuestras riquezas naturales se vean comprometidas o, inclusive, sean saqueadas.

La Ley de Pesca que nos rige deroga t�citamente el art�culo 258 del C�digo Penal, con lo cual pr�cticamente se dio carta abierta para que inescrupulosos puedan saquear los recursos naturales de nuestras zonas silvestres mar�timas protegidas, como es el caso de la Isla del Coco, entre otros. Evidentemente, la aplicaci�n de una ley espec�fica sobre una normativa general prevalece, y ese predominio ha dado como resultado que todas las aguas protegidas de nuestro mar territorial se encuentren desamparadas, ante la explotaci�n a la cual se han visto sometidas. Esto dada la imposibilidad en la que se encuentran nuestros tribunales de aplicar las medidas cautelares necesarias para eventualmente imponer las sanciones que procedan.

El imperativo de resolver conforme al Derecho procesal penal, que adem�s de regirse por el principio de aplicar la ley m�s favorable al reo, tambi�n debe considerar la especialidad de la normativa vigente, nos ha confrontado con la imperiosa necesidad de actuar de inmediato y realizar las reformas necesarias para que efectivamente se apliquen sanciones. Tal y como lo indic� nuestra Sala Constitucional ante la consulta facultativa de constitucionalidad realizada al proyecto de ley N.� 15.065, �se puede apreciar, que se trata de conductas graves que da�an o ponen en riesgo el medio ambiente y la preservaci�n de los recursos hidrobiol�gicos, con la consecuente afectaci�n de la econom�a y la seguridad alimentaria nacionales... Incluso la alta penalidad resulta proporcionada a la lesividad o peligrosidad de las conductas sancionadas�. (Resoluci�n N� 2004-10484 de las 9:52 horas de 24 de setiembre de 2004)

Por ejemplo, en el mencionado caso de la embarcaci�n atunera �Tiuna�, el juez del Tribunal de Juicio de Puntarenas que conoci� de este proceso, dispuso que �es improcedente cualquier medida cautelar, a�n cuando pueda existir el peligro de fuga porque no se puede privar de la libertad a una persona si la ley no lo permite�. Esta resoluci�n, deja al descubierto una debilidad que puede marcar el destino de nuestras riquezas pisc�colas y que pone en riesgo, como es el caso, entre otros, a la Isla del Coco.

Con base en los argumentos dichos con todo respeto, me permito presentar a conocimiento de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley, cuyo texto expresa:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ART�CULOS 140 Y 153 DE LA LEY DE PESCA

Y ACUICULTURA N� 8436, DE 1� DE MARZO DE 2005

ART�CULO 1.- Ref�rmese el art�culo 140 de la Ley de pesca y acuicultura, N� 8436, para que se lea de la siguiente manera:

�Art�culo 140.-

Se impondr� pena de prisi�n de tres a cinco a�os a quien persiga, capture, hiera, mate, trasiegue o comercie quelonios, mam�feros marinos o especies acu�ticas declaradas en peligro de extinci�n protegidas por convenios internacionales aplicables a Costa Rica, en el mar territorial. Si la conducta es cometida en la zona econ�mica exclusiva por embarcaciones nacionales o extranjeras, al infractor se le impondr� una multa de 40 a 80 salarios base, de conformidad con el art�culo 2 de la Ley N� 7337, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 6 de la Ley N� 8325.

La pena ser� de seis meses a tres a�os de prisi�n para quien retenga, con fines comerciales, las especies se�aladas en el p�rrafo anterior, o comercie sus productos o subproductos.�

ART�CULO 2.- Ref�rmese el art�culo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura, N� 8436, para que se lea de la siguiente manera:

�Art�culo 153.-

A quien autorice o ejerza cualquier tipo de actividad pesquera en las �reas silvestres protegidas indicadas en el primer p�rrafo del art�culo 9 de esta Ley, ser� sancionado con prisi�n de tres a seis a�os. Adem�s, se le impondr� una multa de 40 a 80 salarios base.

Si la actividad pesquera es realizada en la zona protegida de la Isla del Coco, patrimonio de la humanidad, la pena de prisi�n ser� de tres a doce a�os, y se impondr� una multa de 50 a 100 salarios base.

Tanto en los casos generales de las �reas silvestres protegidas como en el de la Isla del Coco, cuando se trate flagrante delito, se cancelar� la respectiva licencia o autorizaci�n. Al funcionario p�blico que autorice el ejercicio de la pesca en estas �reas, adem�s, se le aplicar�n las sanciones administrativas que correspondan y con respeto al debido proceso.�

Rige a partir de su publicaci�n.

Fernando S�nchez Campos

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Ambiente.

26 de marzo de 2008.�1 vez.�C-72125.�(56117).

SISTEMA ONCOL�GICO NACIONAL

Expediente N� 16.963

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con este proyecto de ley se crea el Sistema Oncol�gico Nacional, integrado por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Este sistema implementar� la Red Oncol�gica Nacional y crear� la Unidad Oncol�gica Nacional adscrita al Hospital M�xico. El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social definir�n y ejecutar�n las pol�ticas nacionales relacionadas con la prevenci�n, la investigaci�n oncol�gica, la capacitaci�n, la prestaci�n de servicios, la docencia, as� como la evaluaci�n y fiscalizaci�n del Plan nacional.

Financiamiento

El tema del financiamiento es una de las mayores preocupaciones, pues es fundamental para el funcionamiento y la operaci�n del Sistema Oncol�gico Nacional. Para tales efectos, los gastos se sufragar�n con el dinero proveniente de las utilidades de la Junta de Protecci�n Social de San Jos�, por la venta de loter�a.

Para ese fin, este proyecto de ley destina un seis por ciento sobre todas las utilidades de la Junta de Protecci�n Social de San Jos�, as� como un impuesto por cada licencia que otorgue el Ministerio de Econom�a, Industria y Comercio a los sport book que operen desde el territorio nacional. Adem�s, del cincuenta por ciento de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado Loter�a Instant�nea que anteriormente se le giraba al Instituto Costarricense contra el C�ncer y que con esta propuesta se va a girar a las asociaciones y fundaciones de cuidados paliativos o del control del dolor, acreditadas ante el Ministerio de Salud, que presten servicios de asistencia bio-psicosocial y espiritual a los pacientes en fase terminal.

Es necesario aclarar que el dinero que se destinar� al Sistema Oncol�gico Nacional, procede del dinero generado como producto del exceso de ingresos sobre gastos que fueron girados por la Junta de Protecci�n Social, por medio del impuesto del doce por ciento a los premios de loter�a, al Instituto Costarricense contra el C�ncer para la construcci�n de un hospital que a la fecha no se ha construido, el monto aproximado es de cincuenta millones de d�lares, seg�n informe N.� DFOE-SOC-9-2008, de 21 de febrero de 2008, de la Divisi�n de Fiscalizaci�n Operativa y Evaluativo, �rea de Servicios Sociales de la Contralor�a General de la Rep�blica, y seg�n informe de la gesti�n desarrollada por el ICCC para el cumplimiento de sus fines.

En este proyecto se crea el Sistema Oncol�gico Nacional, el cual tendr� entre sus funciones la prevenci�n, la investigaci�n, la capacitaci�n, la docencia, la asesor�a, la fiscalizaci�n, el tratamiento, la evaluaci�n y la educaci�n de la poblaci�n sobre el c�ncer. Para ello se deroga la Ley N.� 7765, Creaci�n del Instituto Costarricense contra el C�ncer, y el patrimonio del Instituto pasar� a la Caja Costarricense de Seguro Social con el objetivo de que sea esta la que fortalezca el Sistema Oncol�gico Nacional.

Para darle conexidad dentro de un todo a la infraestructura instalada actualmente en el pa�s, el Sistema Oncol�gico Nacional se integra bajo las pol�ticas, los planes, los programas, los recursos y los establecimientos de salud creados para combatir el c�ncer y bajo un plan estructurado de pol�ticas p�blicas nacionales contra el c�ncer denominado Plan nacional contra el c�ncer.

Pese a que el Instituto Costarricense contra el C�ncer que fue creado mediante Ley N.� 7765, cuyo objetivo primordial era la construcci�n de un centro hospitalario a cargo de un ente p�blico no estatal, es decir, que no perteneciera a la Caja Costarricense de Seguro Social, este centro hospitalario nunca se construy�.

En s�ntesis, el actual Instituto, creado para construir un hospital, seg�n el informe de la Contralor�a General de la Rep�blica del a�o 2008, en diez a�os de vigencia de la ley no ha dado resultados: �(�) No obstante el presente estudio permite concluir que el Instituto Costarricense contra el C�ncer, no ha cumplido tal y como corresponde con los fines establecidos en su Ley Org�nica, ya que luego de haber trascurrido casi diez a�os aun se continua discutiendo si se construye o no el hospital, despu�s de haber acumulado recursos por aproximadamente US$50 millones.

Las labores desarrolladas en torno a la prevenci�n e investigaci�n del c�ncer han sido d�biles, las de investigaci�n pr�cticamente nulas, a la fecha no se ha conformado el comit� de Bio�tica y una investigaci�n y en cuanto a la prevenci�n los esfuerzos son realizados sin una adecuada planificaci�n estrategia sobre la incidencia y la mortalidad y los diferentes tipos de c�ncer a nivel regional, se ha actuado conforme a una demanda informal de los servicios�.

Es evidente el malestar de la poblaci�n respecto de la disminuci�n de la calidad de los servicios de salud, a saber: largas filas, mala atenci�n, falta de mam�grafos, aceleradores lineales, equipo de braquioterapia y servicio de oftalmolog�a, as� como lentitud en las cirug�as, entre otros problemas. Es m�s, algunos han opinado que existe un desmantelamiento doloso de los servicios de salud p�blica, lo cual representa, para la sociedad costarricense, el deterioro de su bienestar y calidad de vida.

La Defensor�a de los Habitantes en el informe, oficio N� 01078-2001-DRH, manifest�: �Pese a la coincidencia de los diversos actores sociales en la necesidad de garantizar estos servicios, los mismos se han visto seriamente deteriorados en los �ltimos a�os. Se observa en la evoluci�n de este modelo, una mayor tecnificaci�n y profesionalismo en el personal y los mecanismos de curaci�n utilizados en los hospitales nacionales, contrastando con un franco deterioro en la calidad de los servicios b�sicos en los niveles locales de atenci�n. Tambi�n se acredita una falta de planificaci�n de los servicios de acuerdo con la demanda esperada, raz�n por la cual las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social han tenido que improvisar medidas de contenci�n y extraordinarias para atender con prontitud la demanda del servicio, cuyo crecimiento no fue considerado a nivel presupuestario ni en la asignaci�n interna de recursos. Esta situaci�n, adem�s, se refleja en un acelerado deterioro de los equipos m�dicos y la omisi�n de una pol�tica de sustituci�n y mantenimiento oportuno de los mismos. Lo anterior es tan sensible que el pa�s es testigo, cada vez con mayor frecuencia de la suspensi�n de servicios de cirug�a por falta de respiradores, por deficiencia en los equipos o bien por carencia de s�banas limpias. [...]�

La Defensor�a de los Habitantes, en el oficio N.� 01078-2001 DHR, y en los informes de labores de los a�os 1999 y 2000, tambi�n se ha pronunciado al respecto: �La Defensor�a de los Habitantes desde hace ya varios a�os ha demandado una oportuna y adecuada calidad en la atenci�n de los pacientes con c�ncer. Ha insistido en que estos servicios resultan m�s baratos brind�ndolos la Caja y se ha pronunciado porque la compra de servicios sea una opci�n temporal y excepcional, no una situaci�n permanente. De hecho la Defensor�a de los Habitantes ha estado denunciando el franco deterioro de los servicios de apoyo de oncolog�a que hacen que a pesar de que se tenga un diagn�stico temprano, no se inicie el tratamiento oportunamente y se comprometa con ello las posibilidades de sobrevivencia de los pacientes. Por ello, pareciera que el problema no est� en las instalaciones de los hospitales nacionales sino en la calidad de los servicios tanto de cirug�a, como de tratamiento y servicios de apoyo�.

Ante esta realidad, se desprende la necesidad de crear el Sistema Oncol�gico Nacional, integrado a una red oncol�gica nacional, donde se fortalezcan los dem�s hospitales de la Caja y tambi�n se construya la Unidad Oncol�gica Nacional adscrita al Hospital M�xico, por reunir este condiciones especiales tales como espacio f�sico, ubicaci�n geogr�fica y equipo.

La visi�n de los constituyentes permiti� que el art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica sirviera de fundamento para un sistema basado en el principio de la solidaridad social, administrado por un ente aut�nomo cuyos fondos y reservas no podr�an ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a su cometido.

Uno de los desaf�os del sector salud es hacer frente a la enfermedad del c�ncer. Al respecto, se ha determinado que en un a�o los ingresos perdidos por las personas que mueren ascienden, por ejemplo en el 2005, a 27 millones de d�lares, monto equivalente a un cero coma cinco por ciento del PIB; en el caso del c�ncer los ingresos laborales representan un diez por ciento de ese total.

El sistema de salud tiende a concentrarse en actividades curativas: no cuenta con una estrategia clara sobre intervenciones de bajo costo y alta efectividad que logren el diagn�stico temprano y oportuno en la poblaci�n y aten�en el impacto en los costos de atenci�n.

En el an�lisis de la mortalidad por los cinco grandes grupos de causas, hasta el a�o 2001, se observa la misma tendencia, es decir, la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio ocupa el primer lugar, le siguen los tumores malignos, en tercer lugar est�n las causas externas, siguen las enfermedades del sistema respiratorio y, en quinto lugar, se encuentran las enfermedades del aparato digestivo. A continuaci�n se presenta un cuadro con el comportamiento por a�os.

Mortalidad anual seg�n los grupos de causas m�s frecuentes, Costa Rica,

1999-2003 (Tasas por 10.000 habitantes)

Causa de muerte	1999	2000	2001	2002	2003 10,5 8,2 4,6 3,7 2,7
Enfermedades del sistema circulatorio	11,9	12,4	12,1	11,0
Tumores	8,1	8,1	8,5	7,9
Causas externas	4,7	4,8	4,4	4,5
Enfermedades del sistema respiratorio	4,1	3,9	3,9	3,1
Enfermedades del sistema digestivo	2,6	2,7	2,5	2,6

Fuente: INEC-Ministerio de Salud.

El c�ncer es uno de los m�s importantes problemas de salud p�blica en Costa Rica. Seg�n el Registro Nacional de Tumores de Costa Rica, cada a�o se diagnostican m�s de 7500 casos nuevos (si estos se distribuyeran uniformemente durante el a�o, se podr�a afirmar que en el pa�s m�s o menos cada hora se diagnostica un caso de c�ncer).

En relaci�n con la mortalidad, el grupo de las neoplasias malignas ocupa el segundo lugar por todas las causas de muerte, solo superado por las enfermedades del sistema circulatorio. El c�ncer ocasiona m�s de un veinte por ciento de todas las muertes.

En el a�o 2003 murieron 3405 habitantes a causa del c�ncer. Si estos casos se distribuyeran uniformemente durante el a�o, se podr�a afirmar que en el pa�s muri� un habitante por c�ncer cada tres horas.

Seg�n las estad�sticas, por cada mill�n de habitantes existen 1500 casos nuevos de c�ncer; de estos, la tercera parte son de detecci�n temprana, otra tercera parte se encuentran localizados pero avanzados, en este caso el objetivo es incrementar la sobrevida, y la �ltima tercera parte son casos terminales o avanzados, que deben recibir tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida. Para el a�o 2007 se estimaba que se diagnosticar�an alrededor de 9842 casos nuevos y para el 2010 se estima que el n�mero ser� aproximadamente 10954 casos nuevos.

Mortalidad por tumores malignos en mujeres

El c�ncer de est�mago ocup� por mucho tiempo el primer lugar por muertes en mujeres, pero fue desplazado al segundo lugar por las neoplasias malignas de la gl�ndula mamaria; este cambio se present� en el a�o 2002. Queda esperar la tendencia que seguir� en los pr�ximos a�os.

Un fen�meno similar al anterior se ha observado con las neoplasias malignas de cervix y colon. Luego de que la mayor parte del tiempo el c�ncer de cuello uterino ocupaba el tercer lugar por mortalidad, es desplazado al cuarto lugar por el c�ncer de colon, en el a�o 2002. Es evidente la tendencia creciente del c�ncer de colon en las mujeres. Probablemente, las pol�ticas de prevenci�n y tratamiento de lesiones premalignas, tanto en c�ncer de est�mago como c�ncer de cerviz, hayan contribuido a este cambio. Cabe destacar que el quinto lugar, si bien es cierto es ocupado por la neoplasia maligna del pulm�n, la diferencia es muy estrecha con otro tipo importante de c�ncer, el de h�gado, el cual, incluso en varios a�os, ha superado las muertes por c�ncer de pulm�n. Podr�amos afirmar que el quinto lugar es compartido por estos dos tipos de c�ncer.

Mortalidad en hombres por tumores malignos

El c�ncer de est�mago es el que ocasiona la mayor cantidad de muertes en los hombres. Este tipo de c�ncer a pesar de que muestra una franca tendencia al descenso (una reducci�n porcentual en las tasas de mortalidad de m�s de un treinta y cinco por ciento), sigue siendo el m�s importante en este g�nero. Sin embargo, el c�ncer de pr�stata, que durante mucho tiempo ha ocupado el segundo lugar, empieza a mostrar un acercamiento importante al c�ncer g�strico (incluso, desde inicios de la d�cada de mil novecientos noventa hasta el a�o 2003, ha mostrado un incremento porcentual de m�s del cincuenta por ciento). En el tercer lugar se encuentran las neoplasias malignas del pulm�n, las cuales han mantenido una posici�n constante en el tiempo, sin mostrar variaciones significativas. En el cuarto y quinto lugar se ubican el c�ncer de colon e h�gado, respectivamente.

Aspectos t�cnicos por considerar

El Sistema Oncol�gico Nacional estar� compuesto de la siguiente forma:

- Direcci�n (Planificaci�n) Ministerio Salud y CCSS.

- Red Oncol�gica Nacional; centros de diagn�stico y tratamiento, fortalecimiento de unidades oncol�gicas institucionales, centros de diagn�stico (hospitales regionales y perif�ricos).

El Sistema Oncol�gico Nacional tiene los siguientes objetivos:

1) Dotar a dos hospitales nacionales de centros de diagn�stico y tratamiento del paciente con c�ncer

- Hospital M�xico (adultos).

- Hospital Nacional de Ni�os (ni�os).

2) Fortalecer las unidades oncol�gicas institucionales

- Hospital Dr. Rafael �ngel Calder�n Guardia.

- Hospital San Juan de Dios.

- Hospital Dr. Max Peralta (Cartago-c�ncer g�strico).

3) Dotar a hospitales regionales y perif�ricos de centros de diagn�stico

- Hospital Dr. Enrique Baltodano Brice�o.

- Hospital Monse�or Sanabria.

- Hospital de San Carlos.

- Hospital San Rafael de Alajuela.

- Hospital San Vicente de Pa�l.

- Hospital Dr. Escalante Pradilla.

- Hospital Ciudad Nelly.

- Hospital de Gu�piles.

- Hospital de Lim�n.

- Hospital de la Anexi�n.

- Hospital William Allen.

Por las razones expuestas, presento el siguiente proyecto de ley a la consideraci�n de las se�oras diputadas y los se�ores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

SISTEMA ONCOL�GICO NACIONAL

CAP�TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART�CULO 1.- Inter�s p�blico

Decl�rase de inter�s p�blico la enfermedad del c�ncer, as� como la prevenci�n, la investigaci�n, la capacitaci�n, la docencia, el diagn�stico temprano, el tratamiento, el control del dolor y el cuidado paliativo del c�ncer.

ART�CULO 2.- Rector�a

Al Ministerio de Salud, como rector del sector salud, le corresponde ejercer la rector�a en materia de c�ncer en el �mbito nacional.

CAP�TULO II

SISTEMA ONCOL�GICO NACIONAL

ART�CULO 3.- Creaci�n

Cr�ase el Sistema Oncol�gico Nacional, como el conjunto de pol�ticas nacionales relacionadas con la prevenci�n, la investigaci�n oncol�gica, la capacitaci�n, la prestaci�n de servicios y la docencia; asimismo, incluye la evaluaci�n y fiscalizaci�n del Plan nacional.

El Sistema Oncol�gico Nacional funcionar� de conformidad con el Plan nacional contra el c�ncer, el Plan nacional de salud y el Plan nacional de desarrollo.

ART�CULO 4.- Direcci�n del Sistema Oncol�gico Nacional

El Sistema Oncol�gico Nacional estar� dirigido por el Ministerio de Salud, representado por el ministro, y por la Caja Costarricense de Seguro Social, representada por el presidente ejecutivo.

ART�CULO 5.- Nombramiento de un director ejecutivo

La persona que ocupe el cargo de directora o director ejecutivo, reunir� los siguientes requisitos:

a) Estar incorporada al Colegio de M�dicos y Cirujanos.

b) Tener una especialidad en salud p�blica y/o

administraci�n hospitalaria.

c) Tener conocimientos y experiencia en administraci�n, como m�nimo dos a�os.

ART�CULO 6.- Plan nacional contra el c�ncer

Corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social ejecutar las pol�ticas program�ticas de prevenci�n, diagn�stico temprano, atenci�n, tratamiento, asistencia psicosocial y espiritual, control del dolor y cuidado paliativo del c�ncer y la docencia.

ART�CULO 7.- Objetivos del Sistema Oncol�gico Nacional

Al Sistema Oncol�gico Nacional le corresponder� la prevenci�n, investigaci�n, capacitaci�n, docencia, asesor�a, fiscalizaci�n, evaluaci�n y recomendaci�n en materia oncol�gica. Asimismo, le corresponder� la educaci�n de la poblaci�n sobre esta materia.

ART�CULO 8.- Funciones

Al Sistema Oncol�gico Nacional le corresponden las siguientes funciones:

a) Velar por la aplicaci�n de los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y cualesquiera otros que requieran los pacientes que padecen c�ncer, as� como hospitalizar a los pacientes para la aplicaci�n de dicho tratamientos, incluidos los correspondientes a las complicaciones y enfermedades intercurrentes al c�ncer.

b) Velar por la aplicaci�n ambulatoria, cuando proceda, de los tratamientos para dicha enfermedad.

c) Velar por la realizaci�n de las cirug�as de alta complejidad y riesgo, as� como trasplantes de pacientes con c�ncer.

d) Velar por que se brinden todos los servicios m�dicos, quir�rgicos, psicosociales y farmac�uticos que requiera el paciente con c�ncer.

e) Participar en las labores de investigaci�n en materia oncol�gica.

f) Realizar, en el �mbito nacional, todas las funciones propias de un hospital especializado.

ART�CULO 9.- Unidad Oncol�gica Nacional

Cr�ase la Unidad Oncol�gica Nacional adscrita al Hospital M�xico.

CAP�TULO IV

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA ONCOL�GICO NACIONAL

ART�CULO 10.- Utilidades de la Junta de Protecci�n Social

Se destina un seis por ciento (6%) sobre las utilidades de la Junta de Protecci�n Social de los premios de loter�a. El producto de este seis por ciento (6%) de las utilidades se distribuir� de la siguiente manera:

a) El setenta por ciento (70%) para el Sistema Oncol�gico Nacional. La Caja Costarricense de Seguro Social distribuir� este monto de la siguiente forma: un setenta y cinco por ciento (75%) para el funcionamiento y operaci�n del albergue y un quince por ciento (15%) al fortalecimiento de las unidades oncol�gicas de la red de hospitales, cl�nicas y Ebais de la Caja.

b) Un diez por ciento (10%) para el Ministerio de Salud, que lo destinar� a las funciones propias del Programa Nacional de Vacunaci�n.

c) Un cinco por ciento (5%) para el Ministerio de Salud, que lo destinar� a las funciones de prevenci�n, capacitaci�n e investigaci�n del Sistema Oncol�gico Nacional.

d) Un cinco por ciento (5%) para el Consejo T�cnico de Asistencia M�dico Social, para programas de salud preventiva.

e) Un cinco por ciento (5%) a la Asociaci�n pro Hospital Dr. Ra�l Blanco Cervantes, para equipo m�dico.

f) Un tres por ciento (3%) para ser distribuido entre las juntas administrativas de las escuelas de ense�anza especial.

g) Un uno por ciento (1%) para equipamiento de la Cl�nica Oftalmol�gica.

h) Un uno por ciento (1%) para el servicio oftalmol�gico del Hospital M�xico.

La Junta de Protecci�n Social de San Jos�, en el plazo de diez d�as h�biles posteriores al vencimiento de la liquidaci�n, realizar� la distribuci�n del seis por ciento (6%) de las utilidades. Por cada d�a de atraso en el giro de este dinero, la entidad deber� cancelarles a los beneficiarios un inter�s equivalente a la mayor tasa de inter�s activa que cobren los bancos estatales.

ART�CULO 11.- Impuesto a los sport book de las empresas de enlace de llamadas de apuestas electr�nicas

Las empresas dedicadas a la recepci�n y el procesamiento de datos que generan apuestas electr�nicas deber�n pagar al Estado una licencia de operaci�n, de acuerdo con la cantidad de personas que se encuentren trabajando en relaci�n de dependencia.

El Ministerio de Econom�a, Industria y Comercio (MEIC) deber� asignar a un �rgano id�neo la implementaci�n de un registro de dichas empresas. Ser� terminantemente prohibido el funcionamiento, en Costa Rica, de empresas dedicadas al enlace de apuestas electr�nicas que no se encuentren inscritas en dicho registro.

Para la inscripci�n referida en el p�rrafo anterior, el MEIC exigir� el pago de una tarifa o canon, lo cual dar� derecho a que la empresa obtenga la licencia de funcionamiento por un per�odo anual. La tarifa corresponder� a uno de los montos establecidos en la siguiente tabla:

N�mero de trabajadores	Tarifa del tributo
Hasta 20	Quince millones de colones (�15.000.000,00)
De 21 hasta 60	Veinticinco millones de colones (�25.000.000,00)
De m�s de 61	Treinta y cinco millones de colones (�35.000.000,00)

Lo anterior no perjudicar� el cobro de los dem�s tributos a cargo de la empresa inscrita, de conformidad con la ley.

Los representantes de la empresa ser�n solidariamente responsables con esta, por la falta de presentaci�n de la declaraci�n y el pago del canon establecido en el presente art�culo.

En materia de sanciones, a este tributo ser�n aplicables las disposiciones contenidas en el C�digo de Normas y Procedimientos Tributarios, particularmente en cuanto al cierre de negocios.

En el plazo de sesenta d�as naturales, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Ministerio de Hacienda deber� levantar el registro de contribuyentes de dicho impuesto.

Los bancos del Sistema Bancario Nacional abrir�n cuentas bancarias a las empresas dedicadas a los sport book, que obtengan la licencia indicada en este art�culo.

El hecho generador de este impuesto ocurre para lo siguiente:

a) Debe ser cancelado anualmente, los primeros diez d�as de cada a�o.

b) Su primer pago debe realizarse a partir del momento en que se otorgue la licencia; sin considerar el mes en el que esta fue expedida, el monto se debe cancelar completo.

c) El acto que suceda primero.

La aplicaci�n del impuesto se entender� a partir de que el Ministerio de Industria y Comercio otorgue la licencia y que la resoluci�n sea debidamente notificada al permisiario, en el lugar se�alado en la solicitud.

A partir de la vigencia de esta Ley, la administraci�n tributaria, de oficio, actualizar� trimestralmente el monto del impuesto creado en esta Ley, conforme a la variaci�n del �ndice de precios al consumidor que determine el Instituto Nacional de Estad�stica y Censos; el monto resultante de la actualizaci�n deber� comunicarse.

La administraci�n y fiscalizaci�n del impuesto creado en esta Ley corresponde a la Direcci�n General de Tributaci�n, as� como su recaudaci�n. La distribuci�n ser� conforme se establece en el art�culo 10 de esta Ley.

ART�CULO 12.- Autorizaci�n a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Autor�zase a la CCSS para que reciba todos los recursos y el patrimonio que se le asignan mediante esta Ley. Para tales efectos, dispondr� de una cuenta separada para la construcci�n, el funcionamiento y la operaci�n de la Unidad Oncol�gica Nacional adscrita al Hospital M�xico, as� como para el fortalecimiento de las unidades oncol�gicas de la red.

ART�CULO 13.- Cuenta separada del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud dispondr� de una cuenta separada, autorizada por la Tesorer�a Nacional de acuerdo con el art�culo 66 de la Ley N.� 8131, para la ejecuci�n de las funciones que se le asignan mediante esta Ley.

ART�CULO 14.- Autorizaci�n para donar y recibir donaciones

El Estado, las instituciones aut�nomas, semiaut�nomas y las empresas p�blicas estatales, as� como las municipalidades y dem�s entidades de derecho p�blico, quedan autorizados para donar bienes o suministrar servicios de cualquier clase, en forma gratuita, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de que esta Instituci�n los destine directamente a la prestaci�n de los servicios que brindar� el Sistema Oncol�gico Nacional.

Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social para que reciba donaciones o servicios de cualquier clase por parte de cualquier entidad de derecho p�blico y privado, sean estas nacionales o internacionales, para que los destine a los servicios que brinda el Sistema Oncol�gico Nacional.

CAP�TULO V

DISPOSICIONES FINALES

ART�CULO 15.- Traspaso de bienes

Se traspasan a la CCSS todos los bienes muebles e inmuebles, fondos, t�tulos valores, recursos econ�micos que ingresaron mediante el transitorio IV de la Ley N.� 7765, de 17 de abril de 1998, y sus reformas, provenientes de donaciones, subvenciones del super�vit presupuestario de la Junta de Protecci�n Social de San Jos� de los a�os 1993 y 1994, o bien, derivados del impuesto creado sobre todos los premios de loter�a, las apuestas deportivas, el juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja Costarricense y dem�s patrimonio perteneciente al Instituto Costarricense contra el C�ncer, c�dula de persona jur�dica N.� 3-007-228810 que hasta la fecha han sido destinados y presupuestados para la construcci�n de un centro hospitalario.

Dichos bienes y recursos ser�n depositados y administrados en la cuenta separada que se establece en el art�culo 16 de esta Ley.

ART�CULO 16.- Inscripci�n de bienes

Autor�zase a la Caja Costarricense de Seguro Social para que inscriba a su nombre lo siguiente:

a) El inmueble inscrito en el Registro Nacional, Secci�n de Propiedades, partido de San Jos�, matr�cula de Folio Real N� 492681-000, con una medida de 46.229 metros con 92 dec�metros cuadrados, propiedad del Instituto Costarricense contra el C�ncer, c�dula de persona jur�dica N� 3-007-228810.

b) Los bienes muebles inscritos por lo dispuesto en la Ley N� 7765, Creaci�n del Instituto Costarricense contra el C�ncer.

Se autoriza a la Procuradur�a General de la Rep�blica para que mediante la Notar�a del Estado otorgue las escrituras correspondientes y formalice e inscriba en el Registro P�blico todos los bienes inmuebles que se traspasan mediante esta Ley. Asimismo, se exonera del pago de impuestos nacionales y municipales, timbres de toda clase y derechos de inscripci�n.

c) El dinero en efectivo y los t�tulos valores que en la actualidad est�n a nombre del Instituto Costarricense contra el C�ncer, conforme a la Ley N.� 7765, ser�n destinados a la atenci�n de la lucha contra el c�ncer, de la siguiente manera:

1) Un quince por ciento (15%) para la construcci�n de la Unidad Oncol�gica Nacional, creada en esta Ley.

2) El cincuenta por ciento (50%) para los hospitales M�xico, Nacional de Ni�os, Dr. Calder�n Guardia, San Juan de Dios y Dr. Max Peralta.

3) Un treinta y cinco por ciento (35%) para los hospitales Dr. Enrique Baltodano Brice�o, Monse�or Sanabria, San Vicente de Pa�l, Dr. Escalante Pradilla, William Allen, La Anexi�n, as� como para los hospitales de San Carlos, de San Rafael de Alajuela, de Ciudad Nelly, de Gu�piles y de Lim�n.

ART�CULO 17.- Exoneraci�n

Exon�rase a la Caja Costarricense de Seguro Social del pago de todos los tributos, los aranceles, las contribuciones, las exacciones, las tasas y sobretasas que puedan pesar sobre los bienes y servicios que importe o adquiera en el pa�s para uso del Sistema Oncol�gico Nacional y la Unidad Oncol�gica.

ART�CULO 18.- Reforma de la Ley N� 7342

Ref�rmase el art�culo 11 de la Ley N.� 7342, Creaci�n de la loter�a popular denominada tiempos, y sus reformas, de 16 de abril de 1993. El texto dir�:

�Art�culo 11.- El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado Loter�a instant�nea, se girar� directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda, para los programas de inversi�n en vivienda y los programas del fondo de subsidios para la vivienda que maneja esta Instituci�n. El cincuenta por ciento (50%) restante, se girar� directamente a las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o control del dolor que apoyan a las unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y que presten servicios de asistencia bio-psicosocial y espiritual a los pacientes en fase terminal. Estas unidades deben ser creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro P�blico. Para la efectiva distribuci�n de este �ltimo porcentaje, el Consejo T�cnico de Asistencia M�dico Social del Ministerio de Salud, ser� el encargado de determinar e informar a la Junta de Protecci�n Social el monto o la cuota por asignar para cada una de las instituciones beneficiarias; esto de acuerdo con la cantidad de pacientes referidos y atendidos, en forma efectiva, justificada y demostrada por cada una de dichas instituciones.�

ART�CULO 19.- Ref�rmase el inciso d) del art�culo 1 de la Ley de distribuci�n de loter�a nacional, N.� 1152, de 13 de abril de 1950, reformada por la Ley N.� 8193, de 17 de diciembre de 2001. El texto dir�:

�Art�culo 1.-

[...]

d) Del ochenta y tres por ciento (83%), la Junta de Protecci�n Social de San Jos� retendr� el sesenta y siete por ciento (67%) en beneficio del Hospital San Juan de Dios y del Asilo Nacional de Insanos (Chapu�), y un tres por ciento (3%) en beneficio de la Asociaci�n Hogar Manos de Jes�s por Atenci�n del Anciano Abandonado, de Guadalupe de Cartago y de la Casa Hogar T�a Tere. El treinta por ciento (30%) restante lo distribuir� seg�n lo indique la Direcci�n General de Asistencia, cuyo Consejo T�cnico determinar� las cuotas para cada instituci�n beneficiaria, de acuerdo con el n�mero y costo de estancia diaria, as� como la importancia m�dico-social entre las siguientes instituciones de asistencia m�dica:

- Hospital de Alajuela

- Hospital de Cartago

- Hospital de Heredia

- Hospital de Liberia

- Hospital de Puntarenas

- Junta de Protecci�n Social de Lim�n

- Asociaci�n de Desarrollo Espec�fico Cl�nica para Enfermos Alcoh�licos (Adepea)

- Preventorio Roosevelt de Coronado

- Ministerio de Salud, el cual deber� destinarlo a la ejecuci�n de las funciones del Instituto Costarricense contra el C�ncer

- Cruz Roja Costarricense.�

ART�CULO 20.- Derogaci�n

Der�gase la Ley N� 7765, Creaci�n del Instituto Costarricense contra el C�ncer, y sus reformas.

ART�CULO 21.- Reglamentaci�n

El Poder Ejecutivo reglamentar� la presente Ley dentro de los noventa d�as siguientes a su promulgaci�n. La ausencia de reglamento no impedir� su aplicaci�n.

TRANSITORIO I.-

Los donativos y dem�s aportes materiales, intelectuales o pecuniarios, as� como los r�ditos e impuestos dados por ley, que se hagan al Instituto Costarricense contra el C�ncer, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se entender�n destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el funcionamiento y la operaci�n del Sistema Oncol�gico Nacional.

TRANSITORIO II.-

Las prestaciones y los derechos laborales del personal que a la fecha de vigencia de la presente Ley se encuentren laborando para el Instituto Costarricense contra el C�ncer, ser�n reconocidos por la Caja Costarricense de Seguro Social.

TRANSITORIO II.-

Las obligaciones pecuniarias que a la fecha hayan sido contra�das y deban ser honradas por el Instituto Costarricense contra el C�ncer, ser�n asumidas y pagadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, con los fondos que mediante esta Ley se le transfieren.

TRANSITORIO IV.-

Quienes antes de la promulgaci�n de la presente Ley recibieron becas de posgrado fuera del pa�s y por tal motivo suscribieron convenios con el Instituto Costarricense contra el C�ncer, quedan obligados a mantener tales compromisos con el Sistema Oncol�gico Nacional.

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Gobierno y Administraci�n.

4 de marzo del 2008.�1 vez.�C-290320.�(56118).

REFORMA DE LOS ART�CULOS 84, 85 Y 87 DE LA LEY SOBRE

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTR�PICAS, DROGAS

DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS,

N.� 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

Expediente N.� 16.964

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El deporte, la diversi�n y los juegos constituyen una forma amena de aprender valores y lecciones que duran toda la vida. Promueven la amistad y el juego limpio, nos ense�an a trabajar en equipo y nos aportan disciplina, respeto y las habilidades necesarias que har�n de los ni�os y ni�as unos adultos comprometidos. Adem�s, contribuyen a preparar a los j�venes para hacer frente a los retos futuros y adoptar posiciones de liderazgo en el seno de sus comunidades.

Todos reconocemos la funci�n esencial del deporte y la actividad f�sica en la vida de la infancia y la juventud. El deporte y la diversi�n, adem�s de ser un medio para alcanzar los principales objetivos de la sociedad, constituyen objetivos en s� mismos, dado que garantizan el derecho de todos los ni�os y ni�as a jugar. Todos los ni�os y ni�as tienen derecho a un comienzo saludable; todos los ni�os y ni�as tienen derecho a una educaci�n. Y todos los adolescentes tienen derecho a poder convertirse en ciudadanos responsables y comprometidos.

La pr�ctica regular de deportes y juegos desde la primera infancia y durante la adolescencia es esencial para el desarrollo f�sico, mental, psicol�gico y social y mantener a sus practicantes alejados de los vicios y las drogas, que tanta mella han hecho en la juventud costarricense, que ya ni en las aulas de escuelas y colegios est�n a salvo.

La participaci�n en actividades deportivas puede fortalecer la salud de la infancia, mejorar el rendimiento escolar y contribuir a reducir el nivel de delincuencia. Los deportes son especialmente beneficiosos para las ni�as, pues contribuyen a desmontar los estereotipos de g�nero. Las celebraciones deportivas y los juegos se emplean para educar a las familias sobre cuestiones sanitarias como la importancia de la vacunaci�n y la prevenci�n del VIH/SIDA. El deporte constituye un medio eficaz para llegar a aquellos ni�os, ni�as y adolescentes que a menudo padecen discriminaci�n o exclusi�n, como los hu�rfanos, los discapacitados, los que han sido v�ctimas de la explotaci�n sexual, y los ni�os y ni�as de comunidades ind�genas.

Los programas deportivos y recreativos est�n ofreciendo entornos seguros, que fomentan relaciones estables entre la infancia y los adultos, as� como en el seno de la infancia misma. Estos programas est�n brindando a los ni�os y ni�as de todas las edades la oportunidad de expresarse, de ser escuchados, de aportar sus opiniones e ideas y convertirse en agentes del cambio. Est�n contribuyendo a crear comunidades y una sociedad m�s justa y pac�fica.

Por ello, debemos buscar m�s recursos para fomentar el deporte mediante la organizaci�n adecuada, la construcci�n de infraestructura y la capacitaci�n debida, que puedan servir a la noble misi�n de sacar adelante la ni�ez y la juventud del pa�s, alejarlos de las drogas y ense�arlos a ser m�s solidarios y a trabajar en equipo, mediante la ense�anza y la pr�ctica de los deportes colectivos.

El Estado costarricense ha decidido por ley, que todos los bienes muebles e inmuebles, veh�culos, instrumentos, equipos, valores, dinero y dem�s objetos utilizados en la comisi�n de los delitos de narcotr�fico, as� como los diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, ser�n decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de la causa y lo mismo proceder� respecto de las acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jur�dicas vinculadas con estos hechos.

En la actualidad, la instituci�n destinataria de esos recursos se ha visto en problemas para poder disponer adecuadamente de todos ellos y darles un uso efectivo, los plazos de ejecuci�n de programas se atrasan y las bodegas se llenan de bienes decomisados.

En virtud de lo anterior:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ART�CULOS 84, 85 Y 87 DE LA LEY SOBRE

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTR�PICAS, DROGAS

DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS,

N.� 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

ART�CULO �NICO.- Modif�case la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotr�picas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, N.� 7786 y sus reformas, en las siguientes disposiciones:

a) Ref�rmase el art�culo 84. El texto dir�:

�Art�culo 84.- De ordenarse cualquiera de las medidas mencionadas en el art�culo anterior, los bienes deber�n ponerse en dep�sito judicial, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del Instituto Costarricense sobre Drogas. Previo aseguramiento por el valor del bien, para garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destrucci�n, el Instituto Costarricense sobre Drogas deber� destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente Ley, y a la promoci�n del deporte por medio del Instituto Costarricense del Deporte, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo, podr� administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, seg�n convenga a sus intereses. Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenar� de inmediato la anotaci�n respectiva y la comunicar� al Instituto Costarricense sobre Drogas. Los beneficios de la administraci�n o del fideicomiso se utilizar�n para la consecuci�n de los fines de ambos institutos.

[...]� (El resto queda igual)

b) Ref�rmase el art�culo 85. El texto dir�:

�Art�culo 85.- La autoridad judicial depositar� el dinero decomisado en la cuenta corriente del Instituto Costarricense sobre Drogas y, de inmediato, le remitir� copia del dep�sito efectuado. De los intereses que produzca, el Instituto deber� destinar:

a) El cuarenta por ciento (40%) al cumplimiento de los programas preventivos, del consumo, tratamiento y rehabilitaci�n que desarrolla el IAFA.

b) El veinte por ciento (20%) deber� girarlos al Icoder para programas de promoci�n, organizaci�n, infraestructura deportiva y capacitaci�n.

c) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos.

d) Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo destino sea el se�alado en el art�culo anterior.�

c) Ref�rmase el art�culo 87. El texto dir�:

�Art�culo 87.- Si, en sentencia firme, se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes muebles e inmuebles, as� como de los valores o el dinero en efectivo mencionados en los art�culos anteriores, el Instituto podr� conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, donarlos a entidades de inter�s p�blico, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevenci�n o represi�n de las drogas, o subastarlos. En ning�n caso, el plazo para proceder a realizar lo anterior, podr� sobrepasar los seis meses calendario.

Cuando se trate de dinero en efectivo, valores o el producto de bienes subastados, el Instituto Costarricense sobre Drogas deber� destinar:

a) El cuarenta por ciento (40%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al menos la mitad ser� para los programas de prevenci�n del consumo, tratamiento y rehabilitaci�n que desarrolla el IAFA.

b) El veinte por ciento (20%) deber� girarlos al Icoder para programas de promoci�n, organizaci�n, infraestructura deportiva y capacitaci�n.

c) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos.

d) Un diez por ciento (10%) al seguimiento y mantenimiento de los bienes comisados.�

Rige a partir de su publicaci�n.

�scar Eduardo N��ez Calvo

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente Especial de Narcotr�fico.

26 de marzo de 2008.�1 vez.�C-84020.�(56119).

REFORMA DE LOS ART�CULOS 8, 9, 4 Y ADICI�N DE

UN ART�CULO 9 BIS DE LA LEY DE CORREOS DE

COSTA RICA N� 7768 Y SUS REFORMAS

Expediente N� 16.965

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley de Correos N� 7768, de 24 de abril de 1998, que transform� la Direcci�n Nacional de Comunicaciones en la empresa Correos de Costa Rica S.A., como correo oficial de la Rep�blica, fue omisa en algunos aspectos relacionados con las emisiones postales que le corresponde ejecutar a la empresa.

En primer lugar, no se incorpor�, como una de las funciones de Correos de Costa Rica, la realizaci�n de las emisiones postales, por lo que se subsana este error, mediante la adici�n de un inciso f), al art�culo 4 de la ley mencionada para incorporar, en forma general, la nueva funci�n.

En segundo lugar, es necesario reformar el inciso i) del art�culo 8 para incorporar la aprobaci�n de los planes de emisi�n de sellos postales, en forma espec�fica, como una funci�n de la Junta Directiva, pues hoy, en la ley se�alada con anterioridad, dicha funci�n se encuentra en manos de una Comisi�n Ad Hon�rem, que no tiene responsabilidad legal ni administrativa alguna. Siendo que la Junta Directiva es la responsable de definir y aprobar las pol�ticas institucionales y las estrategias de desarrollo empresarial, no es conveniente que la funci�n de aprobar los planes de emisi�n de sellos postales, est� fuera de sus atribuciones.

En tercer lugar, es necesario reformar el art�culo 9, sobre la integraci�n de la Comisi�n T�cnica Filat�lica, de forma tal que ninguna de las instituciones u organizaciones que la componen, tenga supremac�a sobre las otras en n�mero de miembros, tal y como sucede en la actualidad, donde las asociaciones filat�licas tienen dos representantes, rompiendo el principio de igualdad entre las partes. Tambi�n se incorpora la duraci�n en los cargos por un per�odo de cuatro a�os y la posibilidad de que sus miembros puedan ser reelectos.

En cuarto lugar, se adiciona un art�culo 9 bis para que, ante la falta de responsabilidad penal o administrativa de sus integrantes, la Comisi�n T�cnica Filat�lica solo pueda emitir criterio sobre las propuestas sometidas a su consideraci�n, quedando a discrecionalidad de la Junta Directiva, si las aprueba o no.

En virtud de lo anterior, someto a consideraci�n de las se�oras y se�ores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ART�CULOS 8, 9, 4 Y ADICI�N DE

UN ART�CULO 9 BIS DE LA LEY DE CORREOS DE

COSTA RICA N� 7768 Y SUS REFORMAS

ART�CULO 1.- Modif�case la Ley de Correos de Costa Rica, N� 7768, de 24 de abril de 1998, y sus reformas, en la siguiente forma.

a) Ref�rmase el inciso i) del art�culo 8 que se leer� as�:

�Art�culo 8.- Funciones de la Junta Directiva

[...]

i) Aprobar los planes de emisi�n de sellos postales. La impresi�n, emisi�n y custodia de los sellos estar�n a cargo de Correos de Costa Rica.

[...]�

b) Ref�rmase el art�culo 9, que se leer� as�:

�Art�culo 9.- Integraci�n de la Comisi�n T�cnica Filat�lica

La Comisi�n T�cnica Filat�lica estar� integrada por cinco miembros, quienes trabajar�n en forma ad hon�rem, durar�n en sus cargos cuatro a�os y podr�n ser reelectos. La integrar�n:

a) Un representante del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

b) Un representante de la Comisi�n Nacional de Conmemoraciones Hist�ricas.

c) Un representante de Correos de Costa Rica.

d) Un representante del Ministerio de Educaci�n P�blica.

e) Un representante de las asociaciones filat�licas de Costa Rica, escogido de una terna que las asociaciones someter�n a conocimiento del Poder Ejecutivo.�

c) Adici�nase un nuevo inciso f) al art�culo 4, ajust�ndose la numeraci�n de los incisos subsiguientes, que se leer� as�:

�Art�culo 4.- Funciones de Correos de Costa Rica

[...]

f) Realizar las emisiones postales.�

d) Adici�nase un art�culo 9 bis que se leer� as�:

�Art�culo 9 bis.- Funciones de la Comisi�n T�cnica Filat�lica

Las funciones de la Comisi�n T�cnica Filat�lica ser�n las siguientes:

a) Conocer de todas las propuestas de emisiones filat�licas, sean de car�cter ordinario anual o especiales, que le sean remitidas por el Gerente General, de conformidad con el Manual respectivo de Correos de Costa Rica.

b) Emitir criterio t�cnico sobre las propuestas de emisiones postales.

Queda a criterio de la Junta Directiva, aceptar o no los criterios de la Comisi�n T�cnica Filat�lica.�

ART�CULO 2.- El Poder Ejecutivo reglamentar� la presente Ley en un plazo de 60 d�as a partir de su publicaci�n.

Rige a partir de su publicaci�n.

�scar Eduardo N��ez Calvo

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente de Gobierno y Administraci�n.

26 de marzo de 2008.�1 vez.�C-55200.�(56120).

REFORMA DEL ART�CULO 1 DE LA LEY N� 8114, DE

4 DE JULIO DE 2001, LEY DE SIMPLIFICACI�N

Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS

Expediente N� 16.966

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

JUSTIFICACI�N:

Con el prop�sito de salvaguardar el bienestar de todos los y las costarricenses, me mantengo firme en la adopci�n de medidas que atiendan asuntos que afectan adversamente a ciertos sectores del pa�s, especialmente, a los m�s vulnerables.

Ahora que los precios de la gasolina est�n extremadamente altos y la ciudadan�a costarricense con ah�nco se esfuerza por llenar sus tanques de gasolina, percibo que ha llegado el momento oportuno para actuar en su favor, alivi�ndole la carga de los altos costos. S�, aprobar esta exenci�n del impuesto a la gasolina, que aqu� propongo, ser� la mejor manera de empezar.

El constante aumento en el precio de la gasolina, en los �ltimos a�os, ha desencadenado un golpe en los bolsillos de los y las costarricenses, toda vez, que el costo es trasladado a los usuarios de servicio de transporte p�blico. Lo cual significa que cada vez es m�s dif�cil solventar el traslado por medio de autobuses y taxis, siendo el �nico medio de transporte de la mayor�a del pueblo costarricense, tanto de clase media y baja. Adem�s, los bajos salarios, los aumentos exorbitantes a la canasta b�sica y a los servicios b�sicos como: los servicios de agua, luz y tel�fono, son problemas que nos aquejan diariamente.

Por esta raz�n, propongo una gradual exoneraci�n del impuesto de la gasolina para los taxis y transporte en autobuses, y, de este modo, mitigar el impacto econ�mico que con frecuencia enfrentan los y las costarricenses en su bolsillo.

Al materializarse la exoneraci�n en el precio de la gasolina que aqu� propongo, las personas usuarias ahorrar�an m�s combustible al pa�s ya que no viajar�an en sus propios autom�viles, es decir, esta iniciativa promueve el ahorro nacional en cuanto al consumo de hidrocarburos.

Por dem�s est� demostrado, que al ser mayor la capacidad del transporte p�blico y, al ser m�s bajo el costo de su uso, con respecto de los veh�culos particulares, se podr� promocionar e incentivar que los y las costarricenses lo utilicen con mayor frecuencia, m�xime si prospera la exoneraci�n aqu� propuesta, que adem�s generar�a menos congesti�n y por ende, menos gasto de gasolina en el pa�s.

Recientemente, en el Diario Extra, sali� el precio r�cord al que ha llegado el barril de crudo $100.01 y tambi�n el gasto que genera un veh�culo por minuto de espera en una conglomeraci�n o �presa�, seg�n el habla popular, lo que representa alrededor de nueve colones el minuto. Solo calculemos el ahorro que puede generar esta iniciativa y las ventajas que se obtendr�an: menos importaci�n de gasolina, un ambiente menos contaminado, disminuci�n en las tarifas de autobuses al igual que de los taxis y, en general, el transporte p�blico ser�a m�s accesible para todas las personas.

Aproximadamente diez a�os atr�s se pod�an observar las largas filas de clientes esperando alg�n taxi, es decir, hab�a m�s clientes que taxis. Hoy en d�a, la situaci�n es muy diferente, largas filas de taxis esperando que un cliente los aborde, pues ahora, no resulta rentable abordar un taxi, debido al alto costo que en la actualidad se encuentra en 405 colones el primer kil�metro, 390 colones por kil�metro adicional y 3,000 colones por hora de espera.

Por lo cual, esta iniciativa propone adem�s de reflejar la exoneraci�n en el costo del pasaje, tanto de usuarios de autob�s como de taxis, como de instrumento para combatir la crisis econ�mica que nos aqueja a todas y todos los costarricenses.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ART�CULO 1 DE LA LEY N.� 8114, DE

4 DE JULIO DE 2001, LEY DE SIMPLIFICACI�N

Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS

ART�CULO 1.- Modif�case el p�rrafo segundo del art�culo 1 de la Ley N.� 8114, de 4 de julio de 2001. El texto dir�:

�Art�culo 1.- Objeto, hecho generador y sujetos pasivos

Establ�cese un impuesto �nico por tipo de combustible, tanto de producci�n nacional como importado, seg�n se detalla a continuaci�n:

TIPO DE COMBUSTIBLE	IMPUESTO EN COLONES POR LITRO (�)
Gasolina regular	80,00
Gasolina s�per	83,25
Di�sel	47,00
Asfalto	16,00
Emulsi�n Asf�ltica	12,00
Bunker	8,00
LPG	16,00
Jet Fuel A1	48,00
Av Gas	80,00
Queroseno	23,00
Di�sel pesado (Gas�leo)	15,00
Nafta pesada	11,00
Nafta liviana	11,00

Se except�a del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las l�neas a�reas y los buques mercantes o de pasajeros en l�neas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el combustible que utiliza la Asociaci�n Cruz Roja Costarricense, los taxis, los autobuses que posean concesi�n y permisos emitidos por el Consejo de Transporte P�blico, as� como la flota de pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con la Ley N� 7384.

[...]�

ART�CULO 2.- Una vez aplicada la exoneraci�n, el costo por pasaje, tambi�n deber� ajustarse ya sea modalidad autob�s o taxi, seg�n corresponda, en el porcentaje y mediante los procedimientos que establece la Aresep.

TRANSITORIO I.- Para efectos del cumplimiento de esta Ley la exoneraci�n se realizar� gradualmente en los siguientes plazos y proporciones: cada semestre se exonerar� un 33.33% por ciento hasta alcanzar el ciento por ciento de la exoneraci�n indicada en el art�culo 1 de esta Ley.

TRANSITORIO II.- Las rebajas en el costo de pasajes del transporte p�blico ser�n aplicables a partir de la publicaci�n en el Diario Oficial.

TRANSITORIO III.- La Aresep proceder� a fijar los nuevos montos por concepto de pasaje de transporte p�blico de oficio, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley N� 7593, de 9 de agosto de 1996.

Rige a partir de su publicaci�n.

�scar L�pez Arias

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente de Asuntos Hacendarios.

27 de marzo de 2008.�1 vez.�C-73380.�(56121).

REFORMA DEL ART�CULO 153 DE LA LEY N.� 8436, LEY DE

PESCA Y ACUICULTURA, DE 1 DE MARZO DE 2005

Expediente N.� 16.967

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

JUSTIFICACI�N:

Con bastante alarma el peri�dico La Naci�n vuelve a dar cuenta de un error legislativo que pone en evidente peligro uno de los bienes jur�dicos m�s preciados de los costarricenses: el medio ambiente.

El d�a lunes 3 de marzo de 2008 el peri�dico La Naci�n informa en su primera p�gina:

�Error legislativo deja sin protecci�n a la Isla del Coco

La misma situaci�n ocurre con la pesca ilegal en otras aguas del mar territorial

Infractor se expone a multa de 60 salarios, que ser�an �14 millones

CARLOS ARGUEDAS C.

Un error legislativo en La Ley de Pesca y Acuicultura, aprobada por los diputados hace tres a�os, dej� desprotegida a la Isla del Coco ante los pescadores ilegales.

La misma situaci�n ocurre con todas las aguas protegidas del mar territorial costarricense.

El art�culo 153 de la citada ley, vigente desde el 1.� de marzo del 2005 y cuyo impulsor fue el actual ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, dej� t�citamente derogado el art�culo 258 del C�digo Penal que castigaba con una pena de 3 a 15 a�os de prisi�n a quien pescara ilegalmente.

La normativa vigente castiga �la pesca comercial o deportiva en las �reas silvestres protegidas� con una multa de 20 a 60 salarios base (�14 millones, m�ximo) y la cancelaci�n de la licencia.

El ministro Benavides arguy� que cuando se tramit� la ley en el Congreso nadie les advirti� sobre las debilidades para sancionar la pesca ilegal en la Isla del Coco y en todas las aguas protegidas del mar territorial.

En el caso de la Isla del Coco, la desprotecci�n qued� de manifiesta en la reciente resoluci�n del juez Marvin Cerdas Angulo, del Tribunal de Juicio de Puntarenas, cuando dispuso eliminar las medidas cautelares al capit�n y los 21 tripulantes de la embarcaci�n atunera Tiuna, capturada el 29 de enero pescando en aguas protegidas de aquella isla.

En la resoluci�n, a la cual tuvo acceso La Naci�n, el juez se�ala: �Como ciudadano podr�a decir que me preocupa mucho la situaci�n que puede ocurrir en la Isla del Coco, por lo que significa para Costa Rica y para la humanidad (...) Sin embargo, en este caso, m�s all� de las argumentaciones de ciudadano com�n y corriente, mi posici�n es la de juzgador y debo resolver conforme a derecho procesal penal�.

Argumento. Para el juez, el caso del Tiuna tiene que resolverse con lo dispuesto en el art�culo 153 de la Ley 8436, llamada Ley de Pesca y Acuicultura, vigente desde el 1.� de marzo el 2005.

Seg�n Cerdas, no es aplicable el art�culo 258 del C�digo Penal, el cual reprime con prisi�n de 3 a 15 a�os al que �realizare en r�os navegables, en el mar territorial (...) la explotaci�n no autorizada de las riquezas ictiol�gicas�.

Un antecedente. Como fundamento de su fallo, el juez alude a la sentencia n�mero 662 del Tribunal de Casaci�n Penal del Tercer Circuito de Alajuela, emitida el 10 de diciembre del 2007.

En ese fallo, los jueces Alberto Alp�zar, Jorge Luis Morales y Jaime Robleto establecieron (en un caso por pesca ilegal en la Isla del Coco seguido contra Leyvin Gonz�lez Fern�ndez) que la norma aplicable es el art�culo 153 de la Ley de Pesca y no el art�culo 258 del C�digo Penal.

Para el Tribunal de Casaci�n, aunque las leyes (de Pesca y la que cre� el C�digo Penal) tienen una jerarqu�a igual, debe regir lo que indica el art�culo 12 del C�digo Penal: �Si con posterioridad a la comisi�n de un hecho punible se promulgare una nueva ley, se regir� por la que sea m�s favorable al reo�. En este caso, es la Ley de Pesca.

Por esa raz�n, sostuvo el juez Marvin Cerdas, �es improcedente cualquier medida cautelar (para la tripulaci�n), aun cuando pueda existir el peligro de fuga porque no se puede privar de la libertad a una persona si la ley no lo permite�.

Cerdas aclar� que el barco sigue en condici�n de decomisado.

El Ministerio P�blico, en tanto, present� un recurso de revocatoria al levantamiento de las medidas cautelares, que fue declarado inadmisible.�

Se�oras y se�ores diputados, la informaci�n es concluyente, se sustenta en resoluciones judiciales y pone en evidencia que en estos momentos en la Isla del Coco y en nuestras aguas del mar territorial, reina la impunidad y los infractores, tanto de pesca deportiva como comercial, �nicamente son sujetos de sanciones econ�micas y no penales, cuando resulta muy claro, que la acci�n t�pica y antijur�dica desplegada por los mismos, lesiona un bien jur�dico tutelado por medio de la Constituci�n Pol�tica y de m�ltiples tratados internacionales, debidamente ratificados por nuestro pa�s.

Es por las razones expuestas y considerando que este tipo de errores deben de ser reparados a la brevedad posible, es que someto a la consideraci�n y deliberaci�n del Plenario legislativo, la siguiente propuesta que restablece la sanci�n penal para este tipo de infracciones, que atenta incluso contra el patrimonio universal, como lo es y representa la Isla del Coco.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ART�CULO 153 DE LA LEY N.� 8436, LEY DE

PESCA Y ACUICULTURA, DE 1 DE MARZO DE 2005

ART�CULO �NICO.- Ref�rmase el art�culo 153 de la Ley N.� 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005, que en adelante dir�:

�Art�culo 153.- Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las �reas silvestres protegidas indicadas en el primer p�rrafo del art�culo 9 de esta Ley o en sus aguas territoriales, en su plataforma continental y en su z�calo insular de acuerdo con los principios del Derecho internacional, ser� reprimido con prisi�n de tres a quince a�os, la cancelaci�n de la respectiva licencia y con multa de veinte a sesenta salarios base, sin perjuicio del establecimiento de la responsabilidad civil que derive del da�o ecol�gico ocasionado. Si corresponde al funcionario p�blico que autoriz� el ejercicio de la pesca en estas �reas, se le aplicar�n las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso.� (La negrita es un resaltado nuestro).

Rige a partir de su publicaci�n.

�scar L�pez Arias

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente Especial de Ambiente.

27 de marzo de 2008.�1 vez.�C-80280.�(56122).

REFORMA DEL PRIMER P�RRAFO DEL ART�CULO 148

DE LA LEY N� 2, C�DIGO DE TRABAJO, PARA EL

ESTABLECIMIENTO DEL D�A 8 DE MARZO, D�A

INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO D�A

FERIADO DE PAGO OBLIGATORIO

Expediente N� 16.968

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

JUSTIFICACI�N:

La siguiente iniciativa de ley me fue propuesta por un costarricense que goza de todo mi respeto y aprecio por su demostrada lucha en favor de la mujer costarricense y m�s espec�ficamente, en favor de las educadoras de nuestro pa�s.

El se�or Gilberth D�az, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses, (SEC), me impuls� a incluir este proyecto en la corriente legislativa que claramente pretende establecer en nuestra legislaci�n como d�a feriado nacional y de pago obligatorio, cada 8 de marzo, fecha que ha sido declarada desde el a�o 1975 por parte de la Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU) como D�a Internacional de la Mujer.

El l�der del SEC parte de la idea, con la que concuerdo plenamente, de la importancia y el papel fundamental que juega la mujer en el desarrollo nacional, por lo que merece ser exaltada y dignificada, en el marco de una celebraci�n nacional que crea espacios para la discusi�n y difusi�n del importante aporte de las mujeres costarricenses a lo largo de nuestra historia.

No en vano la idea de celebrar un d�a internacional de la mujer surge hace noventa a�os, justamente a finales del siglo XIX, en medio de un mundo turbulento muy similar al que vivimos hoy a causa de la globalizaci�n.

Mujeres de todas las etnias, de todas las nacionalidades, culturas y razas, conmemoran el 8 de marzo, d�a que en principio deber�a ser absolutamente dedicado al an�lisis y a la reflexi�n de la situaci�n y el papel de la mujer en nuestro pa�s; raz�n que mueve esta iniciativa.

Muy a prop�sito de la propuesta de don Gilberth D�az conviene recordar que es una mujer sindicalista, propiamente del Sindicato de Obreras de la Confecci�n Alemana, quien propone esta maravillosa idea. El origen y fundamento del D�a Internacional de la Mujer no es otra cosa que, una lucha obrera que iniciaron las mujeres en 1857, mujeres que trabajaban en una f�brica textil de Nueva York y que salieron a marchar para exigir igualdad de salarios respecto del hombre.

A estas mujeres que discriminaron, que llamaron �locas�, por luchar por sus derechos, a quienes les quemaron su lugar de trabajo solo por marchar en las calles de New York, la intolerancia, la incomprensi�n, la falta de di�logo y la imposici�n de un peque�o grupo de poder, provoc� que murieran 129 obreras.

Por esta raz�n, primero que todo, en honor a las mujeres sindicalistas como Carmen Lyra, Adela Ferreto y tantas otras costarricenses y en desagravio a los ataques injustificados de que son v�ctimas generalmente, por la clase pol�tica, desconociendo entre otras cosas, el important�simo papel que muchas de ellas juegan dentro de las organizaciones sociales y laborales de Costa Rica, es que someto a consideraci�n la siguiente iniciativa.

Sirva tambi�n como prop�sito de este proyecto rendir un homenaje a mujeres sindicalistas valientes que dan la vida por sus derechos, creencias e ideales, a las educadoras, a quienes han alcanzado puestos p�blicos, a las estudiantes, a las obreras, a las amas de casa, a las empleadas de oficios dom�sticos y muy especialmente, a las mujeres con discapacidad quienes son doblemente discriminadas por esta sociedad.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL PRIMER P�RRAFO DEL ART�CULO 148

DE LA LEY N� 2, C�DIGO DE TRABAJO, PARA EL

ESTABLECIMIENTO DEL D�A 8 DE MARZO, D�A

INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO D�A

FERIADO DE PAGO OBLIGATORIO

ART�CULO �NICO.- Ref�rmase el p�rrafo primero del art�culo 148 del C�digo Penal que en adelante dir�:

�Art�culo 148.- Se considerar�n d�as feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 8 de marzo, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los d�as 2 de agosto y 12 de octubre tambi�n se considerar�n d�as feriados pero su pago no ser� obligatorio.�

Rige a partir de su publicaci�n.

�scar L�pez Arias

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de la Mujer.

San Jos�, 31 de marzo de 2008.�1 vez.�C-47045.�(56123).

AUTORIZACI�N A LA MUNICIPALIDAD DE BARVA

PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD

A LA FUNDACI�N DE PROTECCI�N Y VIGILANCIA

DE LOS RECURSOS NATURALES DE HEREDIA

FUPROVIRENA

Expediente N� 16.969

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Fundaci�n de Protecci�n y Vigilancia de los Recursos Naturales de Heredia (Fuprovirena), desde hace 15 (sic) se dedica a vigilar y proteger los recursos naturales del noroeste de la provincia de Heredia, desde el cerro Zurqu� hasta San Rafael de Vara Blanca.

Otros objetivos de la Fundaci�n, adem�s de vigilar y proteger los recursos naturales supra mencionados, desarrolla programas de educaci�n para ni�os y adolescentes, compra de terrenos para la ampliaci�n de cobertura del bosque naturales y protecci�n de mantos acu�feros.

La fundaci�n cuenta con diversos grupos voluntarios que colaboran con el Minae en vigilancia y protecci�n de los recursos naturales.

En raz�n de esa labor que realizan, han solicitado a la Municipalidad de Barva la donaci�n de una (sic) terreno ubicado en San Jos� de la Monta�a, con el �nico fin de construir oficinas administrativas que faciliten su labor en el sitio.

La Municipalidad de Barva ha mostrado su anuencia, como consta en el acuerdo tomado por ese Concejo en sesi�n extraordinaria N� 40-2007, celebrada el 21 de junio del 2007, al considerar que en la zona norte de este cant�n se encuentra una fuente fundamental para el abastecimiento de agua potable para gran parte del Gran �rea Metropolitana, lo que la convierte en una zona de alta sensibilidad y vulnerabilidad por representar una zona de carga-descarga acu�fera, raz�n que hace obligatorio maximizar los esfuerzos para la protecci�n de los (sic) reservorios de agua. Que los objetivos de la Fundaci�n son concordantes con la pol�tica de protecci�n ambiental dise�ada y ejecutada por la Corporaci�n Municipal, al vigilar, promocionar y proteger los recursos naturales de esta zona.

Asimismo, se ha considerado la experiencia de la Fundaci�n para la Protecci�n y Vigilancia de los Recursos Naturales de Heredia, tiempo en el que ha demostrado capacidad de gesti�n y de trabajo en pro de la protecci�n de los recursos naturales.

En raz�n de lo expuesto, respetuosamente solicito a los se�ores y las se�oras diputadas acoger y votar afirmativamente el siguiente proyecto de autorizaci�n.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACI�N A LA MUNICIPALIDAD DE BARVA

PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD

A LA FUNDACI�N DE PROTECCI�N Y VIGILANCIA

DE LOS RECURSOS NATURALES DE HEREDIA

FUPROVIRENA

ART�CULO 1.- Autor�zase a la Municipalidad del cant�n de Barva a donar a la Fundaci�n de Protecci�n y Vigilancia de los Recursos Naturales de Heredia (Fuprovirena), c�dula de persona jur�dica tres cero cero seis tres dos cuatro ocho ceros siete; el terreno de su propiedad que es finca inscrita en el Registro P�blico matr�cula de Folio Real n�mero 200916-000, que es terreno para construir. Este sitio se encuentra en el distrito 6�, San Jos� de la Monta�a, del cant�n II Barva, de la provincia de Heredia. El terreno cuenta con una medida de seiscientos treinta y siete metros con quince dec�metros cuadrados, plano de catastro n�mero H-1014701-2005.

ART�CULO 2.- Autor�zase la donaci�n para el �nico fin de construir las instalaciones administrativas de la Fuprovirena, y la consecuci�n de los fines de protecci�n vigilancia y educaci�n en temas ambientales que esta Instituci�n persigue. En caso de extinci�n de la Fundaci�n, o de que se le d� otro fin distinto al autorizado en esta, el inmueble volver� a ser posesi�n de la Municipalidad de Barva.

Esta Ley rige a partir de su publicaci�n.

Fernando S�nchez Campos

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

San Jos�, 26 de marzo de 2008.�1 vez.�C-42660.�(56124).

LEY PARA LA PREVENCI�N Y ELIMINACI�N

DE LA DISCRIMINACI�N

Expediente N� 16.970

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Se�oras y se�ores diputados:

Costa Rica es una rep�blica democr�tica libre e independiente. Los constituyentes, con el fin de hacer efectivos estos principios y garantizar la suprema dignidad de la persona humana en nuestro ordenamiento social y jur�dico, establecieron normas que confirman la igualdad de los costarricenses y eliminan todo tipo de discriminaci�n.

El art�culo 33 de la Constituci�n Pol�tica establece que �Toda persona es igual ante la ley y no podr� practicarse discriminaci�n alguna contraria a la dignidad humana�. La Sala Constitucional lo reafirma indicando que �Igualdad quiere decir, ante todo y sobre todos, paridad en cuanto al tratamiento de la dignidad humana y por tanto equivalencia a los derechos fundamentales se refiere (...)�.1

De conformidad con el citado art�culo constitucional, el art�culo 2 de la Declaraci�n americana de los derechos y deberes del hombre y al art�culo 24 de la Convenci�n americana sobre derechos humanos, toda persona es igual ante la ley y no podr� hacerse discriminaci�n alguna contraria a la dignidad humana. Con estos principios de respeto y tolerancia se garantiza una sociedad pac�fica, igualitaria y libre, donde todos puedan progresar con su propio esfuerzo sin temor a ser rechazados o perjudicados por discriminaciones degradantes.

En concordancia con lo expuesto, nuestro pa�s ha suscrito una amplia cantidad de convenios internacionales que garantizan el respeto a la igualdad ante la ley y la eliminaci�n de toda forma de discriminaci�n, entre ellos se encuentra la Convenci�n internacional sobre la eliminaci�n de todas las formas de discriminaci�n racial, la Declaraci�n de los derechos y deberes del hombre y el Pacto de San Jos�, Costa Rica.

Teniendo esto en cuenta, la Sala Constitucional ha dicho que: �De este principio de no discriminaci�n se deriva la obligaci�n de los poderes p�blicos, de tratar de igual forma a los que se encuentren en igualdad de condiciones de hecho, lo que constituye un l�mite a su actuaci�n, y se traduce en la prohibici�n de arbitrariedad. No obstante, es necesario distinguir la discriminaci�n de la diferenciaci�n, pues si bien est� prohibida la discriminaci�n, los poderes p�blicos pueden otorgar tratamientos diferenciados a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva, razonable y proporcional�.2

_____________

1 Voto N.� 7660-99 de la Sala Constitucional.

2 Voto N.� 6136-99 de la Sala Constitucional.

Se entiende por discriminaci�n toda distinci�n, exclusi�n o restricci�n que, basada en el origen �tnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condici�n social o econ�mica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religi�n, opiniones, orientaci�n sexual, estado civil, diversidad cultural o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Esta normativa nacional e internacional corresponde a un reconocimiento de una realidad hist�rica que debe ser cambiada, porque grupos humanos han sido tratados con discriminaci�n y desigualdad sin necesidad ni raz�n justificable, y partiendo de criterios de arbitrariedad. Esto hace necesario desarrollar un esquema b�sico de medidas positivas y compensatorias que permitan a estos grupos humanos acceder a una igualdad real desde sus propias realidades y diferencias.

La Sala Constitucional ha manifestado que: �debe darse un mismo trato a los iguales, y un trato diferente a los desiguales; debido a que las diferencias existentes entre los sujetos, justifican dar un trato diverso. Estas diferencias o situaciones particulares, constituyen lo que la Sala ha denominado en su reiterada jurisprudencia; elementos objetivos de diferenciaci�n, que justifican y ameritan un trato diferente conocido en la doctrina constitucional como �discriminaci�n positiva�, que consiste en dar un tratamiento especial a aquellas personas o grupos, que se encuentren en una situaci�n de desventaja con respecto a los dem�s. Este tratamiento diferenciado busca compensar esa situaci�n de desigualdad original; y se orienta al logro de una �igualdad real� entre los sujetos. Debe resaltarse que esa diferencia de trato no quebranta el principio de igualdad m�s bien, resulta de la aplicaci�n del mismo y de una adecuada interpretaci�n del Derecho de la Constituci�n. Existen diversos instrumentos jur�dicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situaci�n particular de los abor�genes, quienes tradicionalmente han sido marginados por razones hist�ricas, sociales, econ�micas y culturales. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta sus diferencias y que en ocasiones, tiende a verlos como seres incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos�.3

La discriminaci�n es una actitud que consiste en que unos seres humanos califiquen y traten a otros seres humanos como si fueran inferiores, lo que conduce a establecer trabas, restricciones e imposiciones que obstaculizan e incluso impiden el desarrollo pleno de las personas que est�n siendo discriminadas. La discriminaci�n, entonces, abarca factores educativos, trasmite estereotipos heredados, descalifica y margina a los sectores discriminados, promueve valores de intolerancia, rechazo y minusval�a y limita el acceso a la educaci�n formal e informal.

La discriminaci�n tambi�n abarca factores laborales: hostigamiento laboral, acoso laboral, despidos injustificados, negativa a acceder a empleos, diferencias salariales. Existe tambi�n una discriminaci�n a nivel socioecon�mico: la negaci�n del acceso a bienes y servicios, inaccesibilidad a programas crediticios y de capacitaci�n productiva, marginalizaci�n en los planes de salud, dificultades para acceder a la plena cobertura en planes de seguro, entre otros.

A nivel jur�dico la discriminaci�n se expresa como la ausencia de una normativa que garantice una efectiva protecci�n de los derechos, carencia de instancias para la atenci�n especializada de las denuncias, dificultad de acceso a una justicia pronta y cumplida, entre otros.

Estos principios generales del ordenamiento jur�dico costarricense, necesitan especificarse en leyes e instituciones que permitan combatir toda forma de discriminaci�n, generando as� una sociedad m�s democr�tica e inclusiva. Se trata, por tanto, de instrumentar las normas y estructuras para hacer efectiva la aspiraci�n a una sociedad m�s igualitaria, en la que se garanticen el respeto a la dignidad humana y se eliminen todas las formas de discriminaci�n que menoscaban no solo la libertad del ser humano, sino tambi�n la esencia democr�tica de nuestra naci�n.

Por lo anterior, se presenta ante la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA PREVENCI�N Y ELIMINACI�N

DE LA DISCRIMINACI�N

CAP�TULO I

OBJETIVOS

ART�CULO 1.- El objeto de esta ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminaci�n que se ejerzan contra cualquier persona, de conformidad con la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica y los convenios y tratados suscritos por el pa�s referentes a la prevenci�n y eliminaci�n de toda forma de discriminaci�n.

ART�CULO 2.- El Estado eliminar� toda forma de discriminaci�n en las instituciones p�blicas, para lo que adoptar�n las medidas que est�n a su alcance para que toda persona goce plenamente de sus derechos y libertades.

ART�CULO 3.- La Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, las municipalidades y las universidades, podr�n eliminar aquellos obst�culos que limiten en los hechos el pleno desarrollo de las personas as� como su efectiva participaci�n en la vida pol�tica, econ�mica, cultural y social del pa�s. Adem�s, las universidades p�blicas y privadas podr�n incorporar en su quehacer educativo la prevenci�n de todas las formas de discriminaci�n.

_____________

3 Voto N.� 3485-03 de la Sala Constitucional.

ART�CULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entender� por discriminaci�n toda distinci�n, exclusi�n o restricci�n que, basada en el origen �tnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condici�n social o econ�mica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religi�n, opiniones, orientaci�n sexual, estado civil, diversidad cultural o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

ART�CULO 5.- No se considerar�n conductas discriminatorias las siguientes:

a) Las acciones legislativas, educativas o de pol�ticas p�blicas positivas o compensatorias que, sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades.

b) Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempe�ar una actividad determinada.

c) Los requisitos acad�micos, de evaluaci�n y los l�mites por raz�n de edad.

d) Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempe�o del servicio p�blico y cualquier otro se�alado en los ordenamientos legales.

e) El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que tenga alguna enfermedad f�sica, emocional o mental.

f) Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que con base en las leyes, se hagan entre personas ciudadanas y no ciudadanas, y

g) En general, todas las que no tengan el prop�sito de anular o menoscabar los derechos, libertades o igualdad de oportunidades de las personas, ni de atentar contra la dignidad humana.

ART�CULO 6.- Corresponder� al ministro de Justicia:

a) Proponer y evaluar la ejecuci�n del Programa nacional para prevenir y eliminar la discriminaci�n, conforme a la legislaci�n aplicable.

b) Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinaci�n y dem�s instrumentos jur�dicos con �rganos p�blicos o privados, nacionales o internacionales en el �mbito de su competencia.

c) Difundir anualmente los avances, resultados e impactos de las pol�ticas, programas y acciones en materia de prevenci�n y eliminaci�n de la discriminaci�n, a fin de mantener informada a la sociedad.

d) Elaborar el Programa nacional para prevenir y eliminar la discriminaci�n, e informar a la Contralor�a General de la Rep�blica y a la Defensor�a de los Habitantes, sobre cualquier incumplimiento del mismo.

e) Otorgar un reconocimiento a las instituciones p�blicas o privadas y a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminaci�n. El reconocimiento ser� otorgado previa solicitud de parte interesada y acatando la recomendaci�n que al efecto presente la Asamblea Consultiva. El reconocimiento ser� de car�cter honor�fico, tendr� vigencia de un a�o y podr� servir de base para la obtenci�n de beneficios que, en su caso, establezca el Estado, en los t�rminos de la legislaci�n aplicable.

ART�CULO 7.- La interpretaci�n del contenido de esta Ley, as� como su cumplimiento por parte de las autoridades, ser� congruente con los instrumentos internacionales aplicables en materia de discriminaci�n de los que Costa Rica sea parte, as� como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y dem�s legislaci�n nacional aplicable. Para estos efectos, se deber� preferir el instrumento jur�dico que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.

CAP�TULO II

MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACI�N

ART�CULO 8.- Queda prohibida toda pr�ctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran conductas discriminatorias:

a) Limitar o impedir el derecho a la alimentaci�n, la vivienda, la educaci�n p�blica o privada, la capacitaci�n y formaci�n profesional, la recreaci�n, el deporte, la cultura, los servicios de atenci�n m�dica, la seguridad social y la contrataci�n de seguros, en los casos que la ley as� lo prevea.

b) Establecer contenidos, m�todos o instrumentos pedag�gicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condici�n de subordinaci�n.

c) Restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el trabajo, para quien cumpla los requisitos, y establecer diferencias en cualquier tipo de remuneraci�n, prestaciones y condiciones laborales para trabajos iguales.

d) Negar o limitar informaci�n sobre derechos en salud sexual y reproductiva, o impedir el libre ejercicio de la determinaci�n del n�mero y espaciamiento de los hijos e hijas.

e) Negar o limitar el acceso a la informaci�n y medios de prevenci�n de enfermedades e infecciones de todo tipo, a los servicios p�blicos de atenci�n m�dica, o impedir la participaci�n del paciente en las decisiones sobre su tratamiento m�dico o terap�utico, dentro de sus posibilidades y medios.

f) Impedir o condicionar la participaci�n equitativa en asociaciones civiles, pol�ticas o de cualquier otra �ndole.

g) Negar o condicionar el derecho al sufragio, a la elegibilidad y el acceso a todos los cargos p�blicos, as� como la participaci�n en el desarrollo y ejecuci�n de pol�ticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los t�rminos que establezcan las disposiciones aplicables.

h) Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administraci�n y disposici�n de bienes de cualquier otro tipo, en los casos y bajo los t�rminos que establezcan las disposiciones aplicables.

i) Impedir el acceso a la defensa legal y a que se imparta justicia, incluyendo a las personas menores de edad, en los casos que la ley as� lo disponga, as� como negar la asistencia de int�rpretes en procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables.

j) Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana.

k) Impedir la libre elecci�n de c�nyuge, conviviente o pareja.

l) Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el art�culo 4 de esta Ley, a trav�s de mensajes o im�genes en los medios de comunicaci�n.

m) Limitar o impedir la libre expresi�n de ideas, la libertad de pensamiento, conciencia o religi�n, o de pr�cticas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra el orden p�blico, la dignidad y la integridad humana.

n) Negar asistencia religiosa a personas privadas de libertad o que est�n internadas en instituciones de salud o atenci�n especial.

o) Restringir el acceso a la informaci�n, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jur�dicos internacionales aplicables.

p) Explotar o dar un trato abusivo o degradante a las personas.

q) Restringir o limitar el uso de la lengua materna, usos, costumbres y cultura, en actividades p�blicas o privadas, en t�rminos de las disposiciones aplicables.

r) Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamaci�n, injuria, persecuci�n o exclusi�n.

s) Realizar o promover el maltrato f�sico o psicol�gico por la apariencia f�sica, forma de vestir, hablar, gesticular o por mostrar p�blicamente su orientaci�n sexual, y

t) En general cualquier otra conducta discriminatoria en t�rminos del art�culo 4 de esta Ley.

CAP�TULO III

MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS A FAVOR

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ART�CULO 9.- Los �rganos p�blicos y las autoridades de gobierno, en el �mbito de su competencia, llevar�n a cabo, seg�n corresponda, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de los siguientes grupos de la poblaci�n: mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, hombres gay y mujeres lesbianas, ind�genas y afro-descendientes:

a) Incluir la tem�tica de la discriminaci�n en todos los niveles de la educaci�n de primer, segundo y tercer ciclo.

b) Incentivar la educaci�n mixta y con enfoque de g�nero, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las ni�as menores de edad y las mujeres en todos los niveles de educaci�n, al igual que la producci�n y difusi�n de libros y otros materiales con enfoque de g�nero, dirigidos a personas menores de edad.

c) Fomentar el desarrollo integral y garantizar los derechos de mujeres y ni�as menores de edad, y promover la creaci�n de centros de desarrollo infantil y guarder�as, incluyendo la atenci�n especializada para personas menores de edad con alguna discapacidad.

d) Instrumentar programas de tamizaje y atenci�n m�dica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrici�n infantiles.

e) Impartir educaci�n y ofrecer informaci�n completa y actualizada para preservar la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la paternidad responsable, y ofrecer informaci�n en prevenci�n del virus de inmunodeficiencia humana y otras infecciones de transmisi�n sexual.

f) Ejecutar las medidas necesarias para que ninguna persona menor de edad est� en situaci�n de explotaci�n laboral o sexual comercial o de indigencia, y procurar la recuperaci�n integral de las personas menores de edad con problemas de adicci�n o que sean v�ctima de abandono, explotaci�n o malos tratos.

g) Promover las condiciones necesarias para que las personas menores de edad puedan convivir con sus padres, tutores, o en ausencia de estos, el familiar m�s cercano, incluyendo pol�ticas p�blicas de reunificaci�n familiar para emigrantes y personas privadas de libertad.

h) Promover la creaci�n de instituciones que tutelen a las personas menores de edad privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales.

i) Promover los espacios f�sicos necesarios para una recreaci�n adecuada y libre de riesgos.

j) Proporcionar, en los t�rminos de la legislaci�n en la materia, asistencia legal y psicol�gica e int�rprete gratuitos, en los procedimientos judiciales o administrativos, en aquellos casos que sea procedente.

k) Garantizar el cumplimiento de la Ley N.� 7935, Ley integral para la persona adulta mayor.

l) Garantizar el cumplimiento de la Ley N.� 7600, Ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

m) Crear programas permanentes de capacitaci�n y actualizaci�n para los funcionarios p�blicos y ciudadan�a en general, sobre el tema de la orientaci�n sexual de las personas y las diversidades �tnicas, con el fin de que respeten la diversidad sexual, cultural y �tnica.

o) Garantizar el acceso a la seguridad social, cr�ditos bancarios y seguros a parejas del mismo sexo que demuestren una convivencia de m�s de tres a�os.

s) Establecer programas educativos biling�es y que promuevan el intercambio cultural,

t) Crear un sistema de becas que fomente la alfabetizaci�n, la conclusi�n de la educaci�n en todos los niveles y la capacitaci�n para el empleo, para poblaciones excluidas del sistema formal educativo,

u) Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constituci�n, y que se respete el derecho a ser asistidos, si as� lo solicitan, por int�rpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua materna,

x) Establecer programas educativos biling�es y que promuevan el intercambio cultural,

y) El Estado, por medio de sus instituciones p�blicas y de manera coordinada, estimular� el conocimiento de la diversidad cultural y �tnica, de su riqueza hist�rica y de los valores que aportan a la sociedad costarricense.

ART�CULO 10.- Los �rganos p�blicos y las autoridades judiciales adoptar�n las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminaci�n de las personas a que se refiere el art�culo 4 de esta Ley.

CAP�TULO IV

SECRETAR�A T�CNICA PARA

LA PREVENCI�N DE LA DISCRIMINACI�N

ART�CULO 11.- Cr�ase la Secretar�a T�cnica para la Prevenci�n de la Discriminaci�n, en adelante denominada �la Secretar�a�, dependiente directamente del ministro de Justicia. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Ministerio de Justicia facilitar� los recursos humanos y equipo necesarios para que la Secretar�a ejerza sus funciones.

ART�CULO 12.- Las funciones de la Secretar�a son:

a) Llevar a cabo acciones para prevenir y eliminar la discriminaci�n en el territorio nacional.

b) Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en materia de prevenci�n y eliminaci�n de la discriminaci�n.

c) Dise�ar estrategias e instrumentos, as� como promover programas, proyectos y acciones, para prevenir y eliminar la discriminaci�n, y someterlos para la aprobaci�n del ministro.

d) Verificar la adopci�n de medidas e implementaci�n de programas para prevenir y eliminar la discriminaci�n en las instituciones y organizaciones p�blicas y privadas, as� como expedir los reconocimientos respectivos.

e) En conjunto con el ministro de Justicia y la Defensor�a de los Habitantes, desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las pr�cticas discriminatorias en los �mbitos pol�tico, econ�mico, social y cultural.

f) Realizar estudios sobre los ordenamientos jur�dicos y administrativos vigentes en la materia, y proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan.

g) Divulgar los compromisos asumidos por el Estado en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia; as� como promover su cumplimiento en los diferentes �mbitos del Gobierno.

h) Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las pr�cticas discriminatorias en los medios de comunicaci�n.

i) Denunciar ante las autoridades competentes, presuntos actos y pr�cticas discriminatorias, en el �mbito de su competencia.

j) Tutelar los derechos de los individuos y los grupos objeto de discriminaci�n mediante asesor�a y orientaci�n.

k) Promover la presentaci�n de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en esta u otras disposiciones legales.

l) Establecer relaciones de coordinaci�n con instituciones p�blicas, locales y municipales, as� como con personas y organizaciones no gubernamentales, para la puesta en ejecuci�n de programas a los que se refiere esta Ley.

m) Solicitar a las instituciones p�blicas o a particulares la informaci�n necesaria para verificar el cumplimiento de este ordenamiento, en el �mbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislaci�n.

n) Representar al ministro de Justicia, cuando se le solicite, en las reuniones internacionales en materia de prevenci�n y eliminaci�n de discriminaci�n.

o) Impartir en instituciones p�blicas y privadas, cursos o seminarios que promuevan la igualdad de oportunidades.

p) Colocar en edificaciones p�blicas, por medio de instrumentos de difusi�n masiva, escritos o mensajes verbales en los que se promueva la modificaci�n de conductas discriminatorias.

q) Las dem�s establecidas en esta Ley y dem�s disposiciones aplicables.

ART�CULO 13.- La Secretar�a estar� a cargo de un secretario, quien ser� designado por el Consejo de Gobierno, de una terna presentada por el Ministerio de Justicia. Los candidatos deber�n contar con los siguientes requisitos: profesional en Derecho, Ciencias Pol�ticas o Ciencias Sociales, costarricense por nacimiento, con competencias en la materia y de reconocida solvencia moral.

ART�CULO 14.- Toda persona u organizaci�n de la sociedad civil, pol�tica y religiosa, podr� denunciar presuntas conductas discriminatorias y presentar ante la Secretar�a reclamos o quejas respecto a dichas conductas. Esta denuncia podr� ser presentada directamente o por medio de su representante.

La Secretar�a proceder�, en un plazo no mayor de diez d�as h�biles, a trasladar a la Defensor�a de los Habitantes o a las autoridades judiciales, seg�n corresponda, la denuncia respectiva; en cada caso, le dar� seguimiento al proceso que se origine a ra�z de la denuncia.

En ning�n momento la presentaci�n de una queja o reclamo ante la Secretar�a interrumpir� la prescripci�n de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la legislaci�n correspondiente.

ART�CULO 15.- Los empleados y autoridades p�blicas est�n obligados a auxiliar al personal de la Secretar�a en el desempe�o de sus funciones y rendir los informes que se les soliciten en el t�rmino establecido por ley.

ART�CULO 16.- Cuando el reclamo o queja no sea competencia de la Secretar�a, se proporcionar� al interesado la orientaci�n para que acuda a la autoridad o instituci�n p�blica que deba conocer del asunto. Si el quejoso o reclamante as� lo solicita, se le elaborar� una nota de referencia a la instituci�n p�blica correspondiente.

CAP�TULO V

ASAMBLEA CONSULTIVA

ART�CULO 17.- La Asamblea Consultiva es un �rgano de opini�n y asesor�a de las acciones, pol�ticas, programas y proyectos que desarrolle el Ministerio de Justicia en materia de prevenci�n y eliminaci�n de la discriminaci�n. Estar� integrada por dieciocho ciudadanos electos por las asociaciones y organizaciones de las siguientes comunidades:

a) Tres representantes de las comunidades ind�genas.

b) Tres representantes de organizaciones femeninas.

c) Tres representantes de organizaciones de personas con discapacidad.

d) Tres representantes de organizaciones de gays y lesbianas.

e) Tres representantes de organizaciones de afro-descendientes.

f) Tres representantes de organizaciones chinas.

Los integrantes de la Asamblea Consultiva no recibir�n retribuci�n, emolumento, o compensaci�n alguna por su participaci�n; durar�n en su cargo cuatro a�os y podr�n ser reelectos por un per�odo igual.

De su seno se designar� un presidente, quien presidir� las sesiones, y un secretario, que ser� responsable de tomar el acta de cada sesi�n, la que deber� ir firmada por �l y por el presidente. Durar�n en su cargo un a�o, y podr�n ser reelectos por per�odos iguales. Cualquiera de los dos podr�n ser removidas de sus cargos si dos terceras partes de la Asamblea lo indican as� por medio de una votaci�n.

ART�CULO 18.- Son facultades de la Asamblea Consultiva:

a) Expresar su opini�n ante el Ministerio de Justicia sobre el desarrollo de los programas y actividades que realice la Secretar�a y hacer las recomendaciones correspondientes.

b) Asesorar a la Secretar�a en cuestiones relacionadas con la prevenci�n y eliminaci�n de actos discriminatorios.

c) Contribuir al impulso de las acciones, pol�ticas p�blicas, programas y proyectos en materia de prevenci�n y eliminaci�n de la discriminaci�n.

d) Conocer el informe anual del ministro de Justicia referente a la prevenci�n y eliminaci�n de la discriminaci�n.

e) Escoger al merecedor del reconocimiento por acciones en contra de la discriminaci�n, y

f) Reunirse cuando sea convocada por siete de sus miembros para conocer de los asuntos para los que ha sido convocada.

ART�CULO 19.- El Consejo sesionar� v�lidamente cuando en la sesi�n se encuentren presentes m�s de la mitad de los miembros. Las resoluciones se tomar�n por mayor�a simple de los miembros presentes. En caso de empate, la votaci�n se repetir�, y en caso de resultar en un nuevo empate, se considerar� como desechada.

Las sesiones que celebre el Consejo ser�n ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevar�n a cabo por lo menos una vez cada tres meses, y las extraordinarias se celebrar�n cuando lo convoque por escrito el ministro de Justicia o la Presidencia del Consejo, con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipaci�n.

ART�CULO 20.- El presidente y el secretario del Consejo podr�n ser removidos de sus funciones y, en su caso, sujetos a responsabilidad, solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos de conformidad con las normas aplicables.

ART�CULO 21.- Los actos il�citos en que eventualmente incurriera alg�n miembro de la Asamblea Consultiva, relacionados con su quehacer originado por esta Ley, estar�n sujetos a lo establecido en el C�digo Penal y el C�digo Procesal Civil y dem�s leyes atinentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- En un plazo de 10 a�os de vigencia de esta Ley, el Ministerio de Justicia deber� haber establecido una delegaci�n de la Secretar�a, en por lo menos cada una de sus sedes regionales/provinciales.

TRANSITORIO II.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta que exista la partida correspondiente en el Presupuesto Ordinario o Extraordinario de la Rep�blica, el Ministerio de Justicia facilitar� el uso de los recursos humanos y materiales m�nimos para que el Consejo, su Secretaria T�cnica y la Asamblea Consultiva puedan ejercer sus funciones.

Rige a partir de su publicaci�n.

Ana Helena Chac�n Echeverr�a

DIPUTADA

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Especial de Derechos Humanos.

San Jos�, 13 de marzo del 2008.�1 vez.�C-278400.�(56125).

APROBACI�N DEL SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO

MARCO DEL MERCADO EL�CTRICO DE AM�RICA CENTRAL

Expediente N� 16.971

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La energ�a es un insumo estrat�gico y fundamental para el desarrollo humano sostenible de cualquier pa�s. Costa Rica, a pesar de contar con gran cantidad de recursos energ�ticos naturales, ha basado su desarrollo en un modelo que es vulnerable tanto energ�tica como econ�micamente y que es dependiente del uso intensivo de los combustibles derivados del petr�leo, fuente de energ�a con la que el pa�s no cuenta, oblig�ndolo a dedicar importantes porcentajes de sus ingresos por exportaciones al pago de la factura petrolera, que alcanz� en el 2006 valores cercanos a los 1.300 millones de d�lares.

Por otra parte, la volatilidad del mercado internacional del petr�leo, con constantes alzas de los precios, incide directamente en la econom�a nacional, incrementando el costo de vida e impactando toda la actividad econ�mica y social.

En ese sentido, la situaci�n de emergencia nacional originada por la crisis energ�tica del sector el�ctrico que ha vivido el pa�s, requiere urgentemente de la adopci�n de acciones por parte del Gobierno, para restablecer los niveles de calidad, seguridad y confiabilidad del sistema el�ctrico en el marco de la gesti�n ambiental, lo cual es indispensable para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del pa�s y de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

La crisis en el sector el�ctrico ha revelado una serie de debilidades que se han acumulado en el tiempo, entre las que sobresalen las barreras financieras y legales al desarrollo del Sistema El�ctrico Nacional (SEN), que han limitado la expansi�n de la capacidad de generaci�n y de transmisi�n, y en consecuencia, lesionan el inter�s p�blico. En este orden, se requiere tambi�n la participaci�n de la sociedad en la responsabilidad compartida que implica el ahorro y el uso eficiente de la energ�a.

Por otra parte, el crecimiento de la demanda de electricidad requiere para su debida atenci�n, de importantes inversiones en el sector el�ctrico. Para garantizar el desarrollo del sector energ�a a nivel nacional, de modo que pueda atender en forma eficiente y eficaz los requerimientos de nuestra sociedad, el Gobierno ha planteado una Pol�tica Energ�tica Nacional, coherente e integral, cuyo objetivo fundamental es fortalecer la seguridad energ�tica y abastecer la demanda de energ�a del pa�s mediante el incremento y diversificaci�n de fuentes aut�ctonas de energ�a que sean econ�mica, ambiental y socialmente viables y el ahorro y uso eficiente de la energ�a.

Para hacer esto posible, se requiere tambi�n, contar con un sector energ�tico modernizado y fortalecido, operando exitosamente como motor del desarrollo nacional, ofreciendo bienes y servicios energ�ticos a la sociedad costarricense con tecnolog�as limpias y modernas, contribuyendo no solo al desarrollo humano sino a propiciar una mayor competitividad del pa�s, con estricto respeto al ambiente.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, dispone como acciones estrat�gicas del Sector El�ctrico Nacional, las siguientes:

- Mejora tecnol�gica del Sector El�ctrico Nacional y restablecimiento de los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro de energ�a.

- Proyecto de Ley de la industria el�ctrica (Ley general de electricidad, que busca crear un ambiente de competencia regulada en el mercado mayorista de electricidad y resolver problemas estructurales presentes en la industria por muchos a�os, como la poca inclusi�n de actores nacionales en el esfuerzo de desarrollo y crecimiento de la industria, el aprovechamiento de todas las fuentes energ�ticas renovables y aut�ctonas que el pa�s tiene y crear las condiciones de inversi�n en la industria para responder efectiva y r�pidamente a las demandas crecientes de energ�a el�ctrica).

- Proyecto de ley de fortalecimiento de las entidades p�blicas del Sector Energ�tico.

- Desarrollo de la industria de biocombustibles y uso de biocombustibles en el Sector El�ctrico.

- Programa de eficiencia energ�tica del Sector Infraestructura y Transporte.

Ante los desaf�os que enfrenta el pa�s en esta materia, Costa Rica participa de la Iniciativa Energ�tica Mesoamericana la cual, tiene por objeto promover el desarrollo econ�mico y social de los pueblos de Mesoam�rica, propiciando una mayor y mejor cobertura del servicio el�ctrico y la conformaci�n de mercados el�ctricos mesoamericanos para atraer la participaci�n del Sector Privado, particularmente en el financiamiento de nuevos proyectos de generaci�n que demanda el desarrollo econ�mico de la regi�n, a fin de reducir el costo de la electricidad para los usuarios finales y mejorar la competitividad de las empresas. Asimismo, la iniciativa persigue promover el uso eficiente de los recursos naturales de la regi�n para la producci�n de energ�a el�ctrica, particularmente para beneficio de las comunidades rurales que actualmente no cuentan con servicio el�ctrico.

La participaci�n del Sector Privado requiere la armonizaci�n de normas y regulaciones entre los mercados, que quedar�n integrados mediante la construcci�n de l�neas de transmisi�n con capacidad suficiente. Un paso fundamental en esta direcci�n es el desarrollo del Sistema de Interconexi�n El�ctrica de los Pa�ses de Am�rica Central (Siepac), que integrar� f�sicamente los sistemas el�ctricos, armonizar� las reglas de los mercados de Panam�, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala para facilitar transacciones internacionales de electricidad. La estructura jur�dica b�sica del Siepac es el Tratado Marco suscrito por los Presidentes de los pa�ses de Am�rica Central y aprobados por los Congresos o Asambleas Legislativas de los seis pa�ses.

El Plan Puebla-Panam� propici� la reactivaci�n de los acuerdos necesarios entre los seis pa�ses para llevar adelante el proyecto Siepac.

En este sentido, la II Cumbre Presidencial de la Iniciativa Energ�tica Mesoamericana, celebrada en La Romana, Rep�blica Dominicana, el 3 de junio de 2006 y la Declaraci�n de la XXVIII Reuni�n Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Pa�ses del Sistema de la Integraci�n Centroamericana, celebrada en Panam� el 11 de julio de 2006, disponen la necesidad de armonizar, agilizar y actualizar los marcos legales y regulatorios nacionales con el Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central.

El Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central y su Protocolo, fue aprobado mediante la Ley N.� 7848, publicada en el diario oficial La Gaceta, el 3 de diciembre de 1998. Este Tratado y su Protocolo establecen una serie de responsabilidades para las Partes, que con el transcurrir del tiempo se requiere ajustar para lograr el mejor desempe�o de las funciones asignadas, por ellos, se ha promovido la emisi�n de este nuevo Protocolo que permite continuar a lo interno de nuestro pa�s con la consolidaci�n de la base jur�dica del Mercado El�ctrico para avanzar hacia la armonizaci�n regulatoria, considerando la competencia regulada en el mercado, la inclusi�n de actores m�ltiples y la atenci�n de la demanda el�ctrica del pa�s.

Los instrumentos jur�dicos, como el Segundo Protocolo, proporcionan a las entidades herramientas para desarrollarse y funcionar en contextos competitivos que beneficien a los usuarios, y por ende, al mercado el�ctrico mismo.

En ese sentido, el Segundo Protocolo, tiene como objeto:

a) Complementar las disposiciones del Tratado Marco adopt�ndolo al desarrollo del Mercado El�ctrico Regional;

b) Establecer las acciones u omisiones que constituyan incumplimientos a las disposiciones del Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central, sus protocolos, reglamentos y las resoluciones que emita la Comisi�n Regional de Interconexi�n El�ctrica (CRIE);

c) Establecer el r�gimen b�sico de sanciones que se aplicar�n por los incumplimientos; y,

d) Establecer los cargos regionales aplicables al Mercado El�ctrico Regional (MER) y desarrollar el r�gimen presupuestario y de fiscalizaci�n de los gastos de la CRIE.

El Segundo Protocolo contempla aspectos muy positivos para nuestro pa�s, a saber:

a) La inclusi�n de un marco regulatorio del MER m�s claro donde coexistan tanto el mercado el�ctrico regional y el sistema el�ctrico costarricense.

b) El fortalecimiento del marco institucional del MER mismo que soporta el marco institucional de cada pa�s en lo relacionado a los aspectos que tocan las reglas de importaci�n y exportaci�n de energ�a de las empresas el�ctricas de cada pa�s.

c) La creaci�n de la figura del Consejo Director del MER como �rgano rector del MER, aspecto que le agrega valor a las funciones de rector�a nacional en el sector el�ctrico costarricense.

d) Marco jur�dico para aspectos de calidad del servicio el�ctrico y pago o cobro de servicios el�ctricos como el de transmisi�n el�ctrica que permite clarificar y separar adecuadamente las responsabilidades de los pa�ses a nivel de nacional e internacional.

e) R�gimen claro de obligaciones y derechos de los operadores de mercado del MER que permite asignar responsabilidades y sanciones a los incumplimientos de los operadores ubicados en cada pa�s, que permite desarrollo mayor claridad y seguridad jur�dica a las transacciones internacionales que realiza Costa Rica en el mercado el�ctrico regional.

f) Clarificaci�n del rol y responsabilidad de las empresas el�ctricas de transmisi�n tanto a nivel nacional como internacional, que permite el ejercicio de cuentas separadas entre los beneficios y costos que corresponden a transacciones nacionales y las internacionales.

g) Clarificaci�n en la reglas de soluci�n de controversias entre pa�ses, o actores participantes del mercado el�ctrico regional.

h) Creaci�n de un marco de garant�as de debido proceso y derecho a los operadores del mercado el�ctrico regional.

i) Creaci�n de un marco sancionatorio claro y efectivo para lograr una mejor estabilidad, confiabilidad y seguridad de la red de transmisi�n el�ctrica regional y en general del funcionamiento del mercado el�ctrico regional, que favorece la posici�n de Costa Rica como un pa�s con niveles de confiabilidad y calidad el�ctrica m�s altos relativamente a los de otros pa�ses de la regi�n centroamericana.

j) Creaci�n de cargos al mercado como el de regulaci�n o el de operaci�n de mercado y sus formas de pago que permite el financiamiento y ejecuci�n transparente de los presupuestos de entes del mercado como la CRIE y el EOR, as� como el cargo o pago de estos cargos seg�n el nivel de participaci�n en el mercado el�ctrico regional, lo que permite el financiamiento aut�nomo de presupuestos v�a la operaci�n de transacciones internacionales en el MER.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento, y aprobaci�n de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley adjunto relativo a la �APROBACI�N DEL SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO EL�CTRICO DE AM�RICA CENTRAL�.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACI�N DEL SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO

MARCO DEL MERCADO EL�CTRICO DE AM�RICA CENTRAL

ART�CULO 1.- Apru�base en cada una de sus partes el �SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO EL�CTRICO DE AM�RICA CENTRAL� cuyo texto es el siguiente:

�SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL

MERCADO EL�CTRICO DE AM�RICA CENTRAL

Los Gobiernos de las Rep�blicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panam�, en adelante �las Partes�,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central, en adelante el Tratado, establece la emisi�n de los protocolos necesarios para el adecuado funcionamiento del Mercado.

SEGUNDO: Que la experiencia adquirida en los �ltimos a�os en los intercambios de energ�a el�ctrica entre los pa�ses de la regi�n ha puesto en evidencia la necesidad de modificar algunas normas del Tratado Marco a los fines de facilitar el cumplimiento de las disposiciones del mismo Tratado, en especial lo referente a la definici�n del Mercado El�ctrico Regional y habilitaci�n de agentes; red de transmisi�n regional, actividad de las empresas de transmisi�n regional y su remuneraci�n; funciones de la Comisi�n Regional de Interconexi�n El�ctrica (CRIE); la creaci�n de un Consejo Director del MER; armonizar y actualizar los marcos regulatorios nacionales con la Regulaci�n Regional; desarrollo del alcance y las v�as de soluci�n de controversias y la inclusi�n del cargo por el servicio de operaci�n.

TERCERO: Que es necesario identificar la instancia por medio de la cual los Gobiernos desempe�ar�n las funciones que les asigna el Tratado Marco.

Han acordado suscribir el presente Protocolo al Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central, el cual se regir� por lo siguiente:

OBJETO

Art�culo 1. El presente protocolo tiene por objeto:

a. Complementar las disposiciones del Tratado Marco adapt�ndolas al desarrollo del Mercado El�ctrico Regional;

b. Establecer las acciones u omisiones que constituyan incumplimientos a las disposiciones del Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central, sus protocolos, reglamentos y las resoluciones que emita la CRIE. Las resoluciones de la CRIE deben emitirse en estricto apego a las facultades que le confieren el Tratado Marco y sus Protocolos;

c. Establecer el r�gimen b�sico de sanciones que se aplicar�n por los incumplimientos a los que se refiere el literal b) anterior;

d. Establecer los cargos regionales aplicables en el Mercado El�ctrico Regional y desarrollar el r�gimen presupuestario y de fiscalizaci�n de los gastos de la CRIE;

MODIFICACIONES AL TRATADO MARCO

Art�culo 2. Reformar el art�culo 4 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, adicionando un primer p�rrafo que se leer� as�:

�El Mercado El�ctrico Regional es el �mbito en que se realizan las transacciones regionales de compra y venta de electricidad entre los agentes del mercado.�

Art�culo 3. Reformar el art�culo 5 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, el que se leer� as�:

�Las actividades del Mercado se realizar�n entre sus agentes, los que podr�n ser empresas dedicadas a la generaci�n, transmisi�n, distribuci�n y comercializaci�n de electricidad; as� como grandes consumidores. Todos los agentes de los mercados mayoristas nacionales, reconocidos como tales en las legislaciones nacionales y en la medida en que el ordenamiento constitucional de cada Parte lo permita, ser�n agentes del mercado el�ctrico regional y tendr�n los derechos y obligaciones que se derivan de tal condici�n. Los agentes podr�n llevar a cabo libremente y sin discriminaci�n alguna, la compra y venta de energ�a el�ctrica. Sin embargo, mientras la legislaci�n de un pa�s permita a una misma empresa la realizaci�n de dos o m�s actividades en la prestaci�n del servicio el�ctrico o la designaci�n de una sola empresa para realizar transacciones en el Mercado, �stas deber�n crear unidades de negocios separadas que permitan una clara identificaci�n de los costos de cada actividad. La participaci�n de los agentes en el Mercado se regir� por las reglas contenidas en este Tratado, sus protocolos y reglamentos.�

Art�culo 4. Reformar el art�culo 12 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, adicionando un segundo p�rrafo el que se leer� as�:

�Los sistemas interconectados nacionales de la regi�n, que conjuntamente con las l�neas de interconexi�n existentes y futuras entre los pa�ses miembros posibilitan las transferencias de energ�a y las transacciones en el Mercado El�ctrico Regional, integran la red de transmisi�n regional.�

Art�culo 5. Reformar el art�culo 13 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, el que se leer� as�:

�Las empresas de transmisi�n regionales no podr�n realizar las actividades de generaci�n, distribuci�n y comercializaci�n de electricidad, ni podr�n ser grandes consumidores.�

Art�culo 6. Reformar el art�culo 14 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, adicionando un segundo y un tercer p�rrafo los que se leer�n as�:

�Para determinar la remuneraci�n a que tendr�n derecho los agentes transmisores por el servicio de transmisi�n regional, la CRIE tendr� en cuenta los eventuales ingresos de cualquier negocio distinto al de la transmisi�n de energ�a el�ctrica, realizado usando dichas instalaciones.

Los cargos por el uso y disponibilidad de la red de transmisi�n regional considerar�n los cargos variables de transmisi�n, el peaje, el cargo complementario. El peaje y cargo complementario cobrados a los Agentes dedicados a la distribuci�n se trasladar�n a la demanda final.�

Art�culo 7. Reformar el art�culo 19 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, el que se leer� as�:

�La CRIE es el ente regulador y normativo del Mercado El�ctrico Regional, con personalidad jur�dica propia, capacidad de derecho p�blico internacional, independencia econ�mica, independencia funcional y especialidad t�cnica, que realizar� sus funciones con imparcialidad, y transparencia. Su domicilio estar� situado en uno de los pa�ses de Am�rica Central, a definir por los Gobiernos. Su duraci�n es la de este Tratado.�

Art�culo 8. Reformar el articulo 23 inciso j) del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional y agregar un� p�rrafo al final de la siguiente forma:

�j) Resolver los conflictos entre agentes del Mercado, organismos nacionales Operadores de Sistema y Mercado, entes reguladores de las Partes, Ente Operador Regional, derivados de la aplicaci�n de este Tratado, sus protocolos, reglamentos y resoluciones de la CRIE�

�Por Operadores de Sistema y Operadores Mercado nacionales en este protocolo se entender� al ente o entes nacionales designados como operador u operadores nacionales en lo que ata�e a las funciones y responsabilidades que se indique en el Tratado Marco y sus protocolos. Cada pa�s tendr� su propia definici�n interna de c�mo se organizaran las funciones de Operador de Mercado o de Sistema sea por una misma entidad o entidades separadas�

Art�culo 9. Reformar el art�culo 23 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, suprimiendo el literal �k) Habilitar a las empresas como agentes del Mercado�

Art�culo 10. Reformar el art�culo 23 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, adicionando el inciso p), el que se leer� as�:

�p) Conocer mediante recurso de Reposici�n, las impugnaciones a sus resoluciones.�

Art�culo 11. Reformar el art�culo 25 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, el que se leer� as�:

�El EOR es el ente operador del Mercado regional, con personalidad jur�dica propia y capacidad de derecho p�blico internacional, independencia econ�mica, independencia funcional y especialidad t�cnica, que realizar� sus funciones con imparcialidad y transparencia. Su domicilio estar� situado en uno de los pa�ses de Am�rica Central a definir por los Gobiernos. Su duraci�n es la de este Tratado.�

Art�culo 12. Reformar el art�culo 32 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional adicionando el literal d) y un p�rrafo al final que se leer�n as�:

�d) Realizar�n las acciones necesarias para armonizar gradualmente las regulaciones nacionales con la regulaci�n regional, permitiendo la coexistencia normativa del mercado regional y los mercados nacionales para el funcionamiento armonioso del MER.�

�Cada pa�s miembro definir� a lo interno su propia gradualidad en la armonizaci�n de la regulaci�n nacional con la regulaci�n regional�

Art�culo 13. Reformar el articulo 34 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, el que se leer� as�:

�Art�culo 34. Las controversias que surjan entre los agentes, Operadores de Sistema y Mercado nacionales, Ente Operador Regional y entes reguladores de las Partes, que no sean resueltas mediante negociaci�n, se someter�n a la CRIE, para que, de acuerdo a los procedimientos que establezca, resuelva el asunto, ya sea como amigable componedor a trav�s de la conciliaci�n o como �rbitro. La decisi�n en todo caso ser� definitiva y tendr� id�nticos efectos a un laudo arbitral.�

Art�culo 14. Reformar el art�culo 35 del Tratado Marco del Mercado El�ctrico Regional, el que se leer� as�:

�Art�culo 35. Las controversias que surjan entre los Gobiernos, relativas a la interpretaci�n o aplicaci�n del Tratado y sus Protocolos, se resolver�n mediante negociaci�n directa por la v�a diplom�tica. Si no se llegara a un entendimiento dentro de un plazo de seis meses los gobiernos podr�an mediante acuerdo expreso someterlas a un procedimiento de conciliaci�n por intermedio de la CRIE y, en su defecto se someter�n a un tribunal arbitral Ad-hoc, cuyos �rbitros ser�n nombrados seg�n lo acuerden las partes en controversia. El tribunal arbitral decidir� sobre la base de los principios del Derecho Internacional y adoptar� su propio procedimiento. El laudo arbitral pondr� fin a la controversia.�

REPRESENTACI�N DE LOS GOBIERNOS

Art�culo 15. Con el prop�sito de facilitar el cumplimiento a los compromisos de las Partes y coordinar la interrelaci�n con los Organismos Regionales del Mercado El�ctrico Regional, se crea el Consejo Director del Mercado El�ctrico Regional.

Art�culo 16. El Consejo Director del MER estar� constituido por un representante de cada Estado Parte, nombrados por el poder ejecutivo, que tengan competencia con la formulaci�n de la pol�tica de integraci�n el�ctrica de su pa�s con relaci�n al MER. El Consejo Director se reunir� cada vez que lo estime necesario, en sedes rotativas y sus costos de funcionamiento ser�n absorbidos por los entes estatales de donde proceda cada representante.

Art�culo 17. El Consejo Director ser� responsable de impulsar el desarrollo del MER y deber� adoptar las decisiones necesarias para lograr los objetivos y fines integrales del Tratado y sus Protocolos, para lo cual establecer� mecanismos de coordinaci�n con la CRIE y el EOR en el �mbito de responsabilidad de cada uno.

Art�culo 18. El Consejo Director del MER ser� responsable de:

a) Realizar la evaluaci�n de la evoluci�n del MER en conjunto con la CRIE a la que se refiere el Art�culo No. 6 del Tratado;

b) Formular las condiciones propicias para el desarrollo de plantas de generaci�n el�ctrica de car�cter regional a la que se refiere el Art�culo No. 9 del Tratado;

c) Procurar que se realicen gradualmente las modificaciones de las regulaciones nacionales armoniz�ndolas con la regulaci�n regional, para el funcionamiento adecuado del MER a que se refiere el Articulo No. 12 de este Protocolo;

d) Examinar las auditor�as a que se someta la CRIE y de considerarlo necesario podr� encomendarle la realizaci�n de auditor�as especiales de sus gastos, como el mecanismo de fiscalizaci�n previsto en el Art�culo 24 del Tratado Marco.

e) Facilitar el cumplimiento de las responsabilidades de los Gobiernos establecidas en el Tratado Marco y sus Protocolos

Art�culo 19. El Consejo Director se apoyar� en la CRIE y el EOR para cumplir con las atribuciones otorgadas por este Protocolo.

Art�culo 20. El Consejo, adoptar� su reglamento interno y decidir� sobre su organizaci�n y operatividad.

R�GIMEN B�SICO DE SANCIONES

Art�culo 21. La Comisi�n Regional de Interconexi�n El�ctrica (CRIE) vigilar� el cumplimiento de la Regulaci�n Regional, integrada por el Tratado, sus Protocolos, reglamentos y las resoluciones de la CRIE, e impondr� las sanciones que procedan de acuerdo a lo establecido en el presente protocolo.

PRINCIPIOS GENERALES

Art�culo 22. Podr�n imponerse sanciones �nicamente por los incumplimientos tipificados en este Protocolo, bajo los Procedimientos establecidos por la CRIE en los Reglamentos. Se entender� siempre que la imposici�n de una sanci�n no exime al infractor de cumplir con sus obligaciones derivadas de la aplicaci�n de la Regulaci�n Regional.

Art�culo 23. Los agentes del Mercado, as� como las entidades que sean designadas por los Gobiernos para cumplir las funciones de Operadores de Sistema y Mercado (OS/OM) y el Ente Operador Regional (EOR) est�n obligados a acatar, sujetarse y cumplir con lo dispuesto en la Regulaci�n Regional.

Art�culo 24. El r�gimen sancionatorio tiene como fin el garantizar la eficaz y uniforme aplicaci�n de la Regulaci�n Regional. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias a fin de garantizar la recta y efectiva aplicaci�n y cumplimiento de la Regulaci�n Regional.

Art�culo 25. El ejercicio de la potestad sancionadora establecida en el Tratado Marco corresponde a la CRIE la que, en su funci�n de supervisi�n y vigilancia del cumplimiento de la Regulaci�n Regional, podr� requerir el apoyo de las entidades o los organismos regionales o nacionales que correspondan.

Art�culo 26. La responsabilidad derivada de la aplicaci�n del r�gimen de sanciones, es independiente de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiera derivarse de la aplicaci�n del derecho interno de las Partes, que pudiera resultar aplicable en cada caso.

INCUMPLIMIENTOS

Art�culo 27. Constituye incumplimiento a la Regulaci�n Regional toda acci�n u omisi�n establecida en este Protocolo.

Art�culo 28. Los incumplimientos se clasificar�n en muy graves, graves y leves.

Art�culo 29. Las sanciones se aplicar�n a los agentes del Mercado El�ctrico Regional, a los Operadores de Sistema y Mercado de los Estados Parte (OS/OM), as� como al Ente Operador Regional (EOR), que luego del debido proceso resulten responsables.

Art�culo 30. Se clasifican como incumplimientos muy graves las siguientes conductas que ponen en grave riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad de la red de transmisi�n regional o del Mercado El�ctrico Regional y las que afecten de manera sistem�tica y deliberada la continuidad y calidad del servicio del mismo, que realicen los agentes de Mercado y las entidades que sean designadas por las Partes para cumplir las funciones de Operadores de Sistema y Mercado (OS/OMS) y el Ente Operador Regional (EOR):

a) Incumplimiento de las normas de acceso y conexi�n a la red de transmisi�n regional, as� como incumplimiento de las condiciones t�cnicas y econ�micas fijadas en el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE para la prestaci�n del servicio y operaci�n del sistema de transmisi�n.

b) Incumplimiento en la prestaci�n de los servicios auxiliares que defina el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE y, en general, el incumplimiento de las condiciones m�nimas requeridas para preservar la calidad de servicio y la seguridad de la operaci�n en el Mercado El�ctrico Regional.

c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas con respecto al sistema de medici�n comercial determinado en el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE, en particular, su alteraci�n, manipulaci�n, uso fraudulento o distinto del autorizado por el reglamento.

d) Incumplimiento, sin causa justificada, de la programaci�n e instrucciones operativas del Ente Operador Regional (EOR), incluyendo incumplimiento en la entrada y retiro programado de instalaciones y la falta de notificaci�n de cambios en el estado de equipos.

e) Negativa, resistencia o falta de colaboraci�n a entregar al EOR o la CRIE la informaci�n t�cnica, econ�mica o financiera que se solicite de conformidad con el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE, o bien la presentaci�n de informaci�n err�nea o falsa o la manipulaci�n de datos requeridos por el mismo reglamento.

f) Realizaci�n de acciones para la manipulaci�n de precios de electricidad y servicios auxiliares en el Mercado El�ctrico Regional o que configuren abuso de posici�n dominante y otras pr�cticas anticompetitivas que dificulten u obstaculicen el desarrollo o funcionamiento del Mercado El�ctrico Regional, que se detallan en el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE; as� como el incumplimiento de los l�mites de participaci�n m�xima de un agente en el Mercado El�ctrico Regional establecidos en el mismo reglamento.

g) Incumplimiento de requisitos, �rdenes o instrucciones para afrontar estados de emergencia para la restauraci�n del Sistema El�ctrico Regional integrado por los sistemas el�ctricos de los Pa�ses Miembros.

h) Renuencia a ajustarse a la Regulaci�n Regional, despu�s de la orden que al efecto hubiese recibido de CRIE, en el plazo que �sta indique.

i) Incumplimiento de las obligaciones econ�micas relacionadas con los cargos de la CRIE y del EOR.

j) Reiteraci�n de incumplimientos graves a partir del cuarto incumplimiento.

k) Otros incumplimientos de las obligaciones impuestas por la Regulaci�n Regional que ocasionen el efecto descrito en el primer p�rrafo de este art�culo.

Art�culo 31. Se clasifican como incumplimientos graves las conductas tipificadas en el art�culo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves, y adem�s los siguientes:

a) Mora o falta de pago de los compromisos comerciales contra�dos por transacciones comerciales realizadas en el Mercado El�ctrico Regional o por servicios de transmisi�n, recibidos en el Mercado El�ctrico Regional.

b) Falta de instalaci�n o de mantenimiento adecuado de equipos de maniobra y medici�n, control, protecci�n o comunicaci�n, que la Regulaci�n Regional establezca como necesarios para la adecuada operaci�n del Sistema El�ctrico Regional.

c) Incumplimiento de las obligaciones de suministrar, en tiempo oportuno o en el formato requerido, informaci�n relacionada con las ofertas de energ�a y el predespacho del Mercado El�ctrico Regional.

d) Incumplimiento de requisitos de prueba y auditor�as ordenadas por la CRIE y el EOR.

e) Reiteraci�n de incumplimientos leves, a partir del cuarto incumplimiento.

Art�culo 32. Se clasifican como leves los incumplimientos a la Regulaci�n Regional, que no se encuentren clasificados como incumplimientos grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los art�culos anteriores.

Art�culo 33. Los incumplimientos muy graves prescribir�n a los dos a�os, los graves al a�o y los leves a los seis meses. El plazo de prescripci�n comenzar� a contarse desde la �ltima fecha de ocurrencia del incumplimiento. Este plazo de prescripci�n se interrumpir� con el inicio del proceso sancionatorio.

SANCIONES

Art�culo 34. En el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE se establecer� el procedimiento de aplicaci�n, necesario para la correcta aplicaci�n de la Regulaci�n Regional en funci�n de la naturaleza y gravedad del incumplimiento, de la ventaja obtenida y del grado de responsabilidad.

Art�culo 35. La imposici�n de multas deber� prever que las conductas tipificadas como incumplimientos no resulten m�s beneficiosas para el responsable que el cumplimiento de las normas.

Art�culo 36. En la imposici�n de sanciones, deber� guardarse la debida adecuaci�n entre la gravedad del hecho constitutivo del incumplimiento y la sanci�n aplicada, consider�ndose especialmente los siguientes criterios para la graduaci�n de la sanci�n a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteraci�n.

b) Los perjuicios causados.

c) La reincidencia, en el t�rmino de un a�o, de m�s de un incumplimiento de la misma naturaleza cuando as� haya sido declarado por resoluci�n firme.

Art�culo 37. Los incumplimientos podr�n dar lugar a las sanciones siguientes:

a) Amonestaci�n o apercibimiento por escrito.

b) Multa.

c) Suspensi�n por un plazo de hasta tres meses para participar en el Mercado El�ctrico Regional.

Art�culo 38. Los incumplimientos muy graves ser�n sancionados por la CRIE con multa de hasta un mill�n de d�lares de los Estados Unidos de Am�rica, los graves de hasta doscientos mil d�lares de los Estados Unidos de Am�rica y los leves de hasta veinte mil d�lares de los Estados Unidos de Am�rica. Para el caso de incumplimientos reiterados el monto de las multas se incrementar� en un diez por ciento para el segundo incumplimiento y en un veinticinco por ciento para el tercero, en estos casos no ser�n aplicables los l�mites m�ximos establecidos en el presente art�culo.

Art�culo 39. En caso de reincidencia en cuatro oportunidades en el mismo incumplimiento en un t�rmino de dos a�os, la CRIE podr� declarar la suspensi�n para participar en el Mercado El�ctrico Regional cuando se tratare de incumplimientos muy graves o graves. En este caso la suspensi�n para participar en el Mercado El�ctrico Regional se aplicar� sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder.

Art�culo 40. Si como consecuencia del incumplimiento, el responsable obtuviera un beneficio cuantificable, la multa podr� alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido. En este caso no ser�n aplicables los l�mites m�ximos establecidos en el Art�culo 38 de este Protocolo.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Art�culo 41. El ejercicio de la potestad sancionadora deber� llevarse a cabo de acuerdo a los principios establecidos en este Protocolo y al procedimiento definido en el reglamento aprobado mediante Resoluci�n de la CRIE.

Art�culo 42. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separaci�n entre la fase instructora y la sancionadora.

Art�culo 43. En ning�n caso podr� imponerse una sanci�n sin que se haya cumplido con las reglas del debido proceso.

Art�culo 44. Los procedimientos sancionadores deben garantizar al presunto responsable, los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de los incumplimientos que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, as� como de la autoridad competente para imponer la sanci�n y del plazo y los recursos disponibles para oponer defensas o descargos.

b) A formular alegaciones y hacer uso de todos los medios de defensa establecidos en el procedimiento que resulte de aplicaci�n.

c) A tener acceso y conocer, en cualquier momento, tanto el expediente donde se tramita la causa, como el estado de la tramitaci�n de los procedimientos en los que tengan la condici�n de interesado, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

d) A hacerse representar y asesorar por abogados, t�cnicos y otras personas calificadas.

e) A ser notificado de la decisi�n que dicte la CRIE.

Art�culo 45. Durante el tr�mite del procedimiento sancionador, mediante resoluci�n motivada, la CRIE podr� imponer o adoptar medidas de car�cter provisional con el fin de prevenir perjuicios y asegurar la estabilidad del funcionamiento y las operaciones del Mercado El�ctrico Regional y el cumplimiento de la Regulaci�n Regional, y asegurar la eficacia de la resoluci�n final que pudiera recaer.

Art�culo 46. Se admitir�, evacuar� y evaluar� de oficio, a propuesta del presunto responsable o del presunto afectado, las pruebas que resulten ser pertinentes para la correcta determinaci�n de hechos y la determinaci�n de las responsabilidades.

Art�culo 47. La resoluci�n que ponga fin al procedimiento debe ser motivada y resolver� todas las cuestiones planteadas en el expediente.

Art�culo 48. En la resoluci�n final no se aceptar�n ni se tomar�n en cuenta hechos distintos de los alegados y determinados en el curso del procedimiento.

Art�culo 49. La resoluci�n final ser� ejecutoria y ejecutiva una vez agotadas todas las instancias recursivas previstas en el reglamento aprobado mediante resoluci�n de la CRIE. Su incumplimiento ser� considerado como incumplimiento muy grave. La imposici�n de una multa ser� considerada como una obligaci�n de pago de los compromisos comerciales contra�dos en el Mercado El�ctrico Regional.

Art�culo 50. En la resoluci�n se adoptar�n, en su caso, las disposiciones provisionales precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

Art�culo 51. Las Partes adoptar�n las medidas necesarias para garantizar la aplicaci�n uniforme y eficaz de este Protocolo, as� como los procedimientos de sanciones que en consecuencia se dicten.

CARGO POR REGULACI�N

Art�culo 52. Los recursos econ�micos requeridos para el funcionamiento de la CRIE provendr�n del cargo por regulaci�n del Mercado El�ctrico Regional y los dem�s ingresos previstos en el art�culo 24 del Tratado Marco.

Art�culo 53. Los ingresos derivados de la aplicaci�n de sanciones econ�micas ser�n asignados en partes iguales a la CRIE y el EOR

Art�culo 54. En el presupuesto de la CRIE se identificar�n las partidas que se financiar�n con el cargo por regulaci�n y las que se financiar�n con las otras fuentes de recursos establecidas en el Art. 24 del Tratado. La parte del presupuesto que se financiar� con el cargo por regulaci�n se dividir� en 12 cuotas iguales, una para cada mes del a�o. El pago mensual del cargo por regulaci�n ser� distribuido proporcionalmente para su pago entre la suma de energ�as demandadas o consumidas en los sistemas nacionales de los Pa�ses Miembros durante el mes correspondiente. En el Reglamento del Mercado El�ctrico Regional se desarrollar� la metodolog�a correspondiente.

Art�culo 55. El cargo por regulaci�n ser� pagado a la CRIE por los agentes que demanden o consuman energ�a en los Pa�ses Miembros, en funci�n de dicha energ�a.

Art�culo 56. El cargo por regulaci�n ser� liquidado por los agentes a su respectivo Operador de Sistema y Mercado, quien a su vez trasladar� lo recaudado al EOR juntamente con la liquidaci�n de las transacciones en el Mercado El�ctrico Regional.

Art�culo 57. El EOR conjuntamente con los Operadores de Sistema y Mercado nacional son las entidades encargadas de aplicar y recaudar el cargo por regulaci�n, debiendo entregar lo reclutado a la CRIE, dentro de los t�rminos establecidos por �sta.

Art�culo 58. El EOR conjuntamente con los Operadores de Sistema y Mercado nacional dar�n aviso a la CRIE, de los agentes que no realicen el pago del cargo por regulaci�n que les corresponda.

Art�culo 59. Cada uno de los agentes del Mercado El�ctrico Regional tiene la obligaci�n de hacer efectivos siempre los pagos resultantes del c�lculo del cargo por regulaci�n de acuerdo con la informaci�n contenida en el documento que para esos efectos notifique el EOR a los Operadores de Sistema y Mercado nacional.

Art�culo 60. La CRIE deber� contratar una auditor�a independiente sobre sus ingresos, gastos y la totalidad de su presupuesto, la cual ser� de acceso p�blico, La CRIE podr� auditar al EOR y a los Operadores de Sistema y Mercado nacionales de cada uno de los pa�ses, acerca de los ingresos que por raz�n del cargo por regulaci�n realicen.

PRESUPUESTO DE LA CRIE

Art�culo 61. Cada a�o, a m�s tardar en el mes de octubre, la CRIE aprobar�, mediante resoluci�n, su proyecto de presupuesto para el a�o siguiente con criterio de eficiencia econ�mica, administrativa y de transparencia. El proyecto de presupuesto deber� ser hecho p�blico a trav�s de su p�gina electr�nica, durante un per�odo de quince d�as calendario.

Art�culo 62. La CRIE deber� someter su proyecto de presupuesto a consideraci�n de los Entes Reguladores Nacionales, a m�s tardar el 15 de octubre de cada a�o. Los Entes Reguladores Nacionales enviar�n a la CRIE sus observaciones y recomendaciones de modificaci�n a m�s tardar el 1 de noviembre de cada a�o.

Art�culo 63. La CRIE incorporar� o desestimar� las observaciones y recomendaciones en forma razonada y remitir� la propuesta final de proyecto de presupuesto a los Entes Reguladores Nacionales a m�s tardar el 15 de noviembre de cada a�o.

Art�culo 64. El proyecto de presupuesto se tendr� por aprobado a m�s tardar el 1 de diciembre de cada a�o, salvo la objeci�n expresa de las dos terceras partes (2/3) de los Entes Reguladores Nacionales. En ese caso se tendr� por aprobado el presupuesto para el �ltimo per�odo presupuestario.

Art�culo 65. El presupuesto definitivo deber� ser hecho p�blico a trav�s de su p�gina electr�nica a m�s tardar el siguiente d�a h�bil despu�s de su aprobaci�n.

CARGO POR EL SERVICIO DE OPERACI�N

Art�culo 66. Los recursos econ�micos requeridos para el funcionamiento del EOR provendr�n del cargo por el servicio de operaci�n del Mercado El�ctrico Regional aprobado por la CRIE y los dem�s ingresos previstos en el art�culo 29 del Tratado Marco.

Art�culo 67. El cargo por el servicio de operaci�n ser� pagado mensualmente y se establece como el resultado de dividir la doceava parte del presupuesto anual del EOR, expresado en d�lares de los Estados Unidos de Am�rica, entre la suma de energ�as demandadas o consumidas en el mes en los sistemas nacionales, en los Pa�ses Miembros. La porci�n del presupuesto anual que no pueda financiarse mediante las otras fuentes de ingreso ser� financiada con el cargo por el servicio de operaci�n. La CRIE elaborar� y aprobar� la metodolog�a para la fijaci�n del cargo por el servicio de operaci�n aplicando el procedimiento que establezca el Reglamento del Mercado El�ctrico Regional.

Art�culo 68. El cargo por el servicio de operaci�n ser� pagado al EOR por los agentes que demanden o consuman energ�a en cada uno de los Pa�ses Miembros, en funci�n de dicha energ�a.

Art�culo 69. El cargo por el servicio de operaci�n ser� liquidado por los agentes a su respectivo Operador de Sistema y Mercado, quien a su vez trasladar� lo recaudado al EOR juntamente con la liquidaci�n de las transacciones en el Mercado El�ctrico Regional.

Art�culo 70. Cada uno de los agentes del Mercado El�ctrico Regional tiene la obligaci�n de hacer efectivos siempre los pagos resultantes del c�lculo del cargo por el servicio de operaci�n de acuerdo con la informaci�n contenida en el documento que para esos efectos notifique el EOR a los Operadores de Sistema y Mercado nacional.

SUSCRIPCI�N, RATIFICACI�N Y DENUNCIA

Art�culo 71. El presente Protocolo estar� sujeto a ratificaci�n y quedar� abierto a adhesi�n de otros Estados Americanos.

Art�culo 72. La Secretar�a General del Sistema de Integraci�n Centroamericana ser� el depositario del presente Protocolo quien enviar� copias certificadas a la Canciller�a de cada uno de los Estados Parte, a las cuales notificar� inmediatamente el dep�sito de cada uno de los instrumentos de ratificaci�n o adhesi�n.

Art�culo 73. El presente Protocolo entrar� en vigor a los diez d�as contados a partir de la fecha del dep�sito del segundo instrumento de ratificaci�n. Para los Estados que ratifiquen o se adhieren despu�s de esa fecha, entrar� en vigor a los diez d�as contados a partir del dep�sito de su instrumento de ratificaci�n o adhesi�n.

Art�culo 74. Cualquiera de las Partes en el presente Protocolo podr� denunciarlo siempre que simult�neamente denuncie el Tratado y el Primer Protocolo mediante notificaci�n escrita dirigida al depositario, con una antelaci�n de diez a�os, despu�s del d�cimo a�o de vigencia.

Art�culo 75. Al entrar en vigencia el presente Protocolo, la Secretar�a General del Sistema de la Integraci�n Centroamericana proceder� a enviar copia certificada a la Secretar�a General de las Naciones Unidas.

SUSCRITO en la Ciudad de Campeche, Rep�blica de M�xico, el diez de abril de dos mil siete, en seis ejemplares igualmente aut�nticos.

Bruno Stagno Ugarte Eduardo Calix L�pez

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Viceministro de Relaciones Exteriores

de la Rep�blica de Costa Rica de la Rep�blica de El Salvador

Gert Rosenthal Koenigsberger Milton Danilo Jim�nez Puerto

Ministro de Relaciones Exteriores Secretario de Relaciones Exteriores

de la Rep�blica de Guatemala de la Rep�blica de Honduras

Manuel Coronel Kautz Samuel Lewis Navarro

Viceministro de Relaciones Exteriores Primer Vicepresidente y Ministro de

de la Rep�blica de Nicaragua Relaciones Exteriores de la

Rep�blica de Panam�

ART�CULO 2.- Ref�rmase el art�culo 2 de la Ley N.� 7848, de 20 de noviembre de 1998, publicada en La Gaceta N� 235 de 3 de diciembre de 1998, alcance 88, que aprueba el Tratado Marco del Mercado El�ctrico de Am�rica Central y su Protocolo, el que se leer� as�:

Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como Estado contratante, as� como las funciones propias de los agentes del mercado que correspondan seg�n la legislaci�n interna, se asignan al Ministerio de Ambiente y Energ�a, como Instituci�n rectora del Sector El�ctrico Nacional.�

Rep�blica de Costa Rica

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Direcci�n General de Pol�tica Exterior

JORGE ARTURO AGUILAR CASTILLO

Jefe, Oficina Asesora de Tratados Internacionales

CERTIFICA:

Que las anteriores quince copias son fieles y exactas del texto original del �SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO EL�CTRICO DE AM�RICA CENTRAL� suscrito en la Ciudad de Campeche, Rep�blica de M�xico, el diez de abril de dos mil siete. Se extiende la presente certificaci�n, para los efectos legales correspondientes, en la Oficina Asesora de Tratados - Direcci�n General de Pol�tica Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los veintis�is d�as del mes de setiembre del a�o dos mil siete.

Rige a partir de su publicaci�n.

Dado en la Presidencia de la Rep�blica, San Jos�, a los veintis�is d�as del mes de setiembre de dos mil siete.

�scar Arias S�nchez

PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

Rodrigo Arias S�nchez

MINISTRO A. I. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San Jos�, 27 de marzo de 2008.�1 vez.�C-428890.�(56126).

REFORMA DEL ART�CULO 53 DEL C�DIGO

MUNICIPAL, LEY N� 7794

Expediente N� 16.972

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La administraci�n municipal es una de las �reas de la Administraci�n P�blica m�s compleja. Los funcionarios que ejercen cargos de apoyo en los concejos municipales tienen niveles de responsabilidad que hacen que dichas tareas requieran dedicaci�n especial, por ejemplo, el secretario debe asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias; adem�s, debe supervisar el trabajo del departamento de secretar�a.

No obstante, esos funcionarios no gozan del beneficio de horas extra, ni existe un plus que reconozca su dedicaci�n, lo que hace dif�cil que otros funcionarios se sientan interesados por ocupar el cargo de secretario municipal.

En el mismo orden de ideas, a los secretarios municipales les corresponde realizar tareas complejas como dirigir �rganos del debido proceso, llevar el control de los acuerdos, preparar las agendas y actas municipales, entre otras funciones, de ah� la necesidad de compensar estar labor en forma id�nea.

Por las razones expuestas, someto a la consideraci�n de las se�oras diputadas y los se�ores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ART�CULO 53 DEL C�DIGO

MUNICIPAL, LEY N� 7794

ART�CULO �NICO.- Ref�rmase el art�culo 53 del C�digo Municipal, Ley N� 7794, de 30 de abril de 1998. El texto dir�:

�Art�culo 53.- Cada concejo municipal contar� con un secretario, cuyo nombramiento ser� competencia del Concejo Municipal. El secretario �nicamente podr� ser suspendido o destituido de su cargo si existe justa causa; adem�s, por la naturaleza de sus funciones, tiene derecho al pago de un cuarenta y cinco por ciento (45%) por concepto de disponibilidad.

Ser�n deberes del secretario:

a) Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes del inicio de la sesi�n, para aprobarlas oportunamente, salvo lo se�alado en el art�culo 48 de este C�digo.

b) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley.

c) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad.

d) Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el Concejo Municipal.�

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

San Jos�, 5 de marzo de 2008.�1 vez.�C-31370.�(56127).

REFORMA DEL ART�CULO 83 DE LA LEY N� 833, DE

2 DE NOVIEMBRE DE 1949, Y SUS REFORMAS

Expediente N� 16.985

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde la constituci�n de Costa Rica como una rep�blica libre y soberana, el ordenamiento jur�dico costarricense ha acumulando normas que organizan el modo en que se relacionan los agentes sociales. Por ende, a lo largo de la vida republicana, existen importantes antecedentes de las leyes dictadas.

Es digno de tomar en cuenta que algunas de estas leyes no pierden vigencia y contin�an siendo pilares de nuestro sistema democr�tico; sin embargo, otras leyes, ya se han vuelto obsoletas, por la materia o que regulan y se han convertido en obst�culos para el buen desarrollo de las actividades de la ciudadan�a costarricense.

El problema expuesto aqueja, en algunos campos, nuestro orden legal; es un conflicto tan viejo como muchas de las leyes que es preciso reformar, si se quiere contar con un Estado eficiente y que cumpla su labor a cabalidad. Por tal raz�n, se propone reformar la Ley N.� 833, del a�o 1949, espec�ficamente en su art�culo 83, ya reformado una vez por la Ley N.� 1714, de 1953. Dicho art�culo fija en una suma m�xima de cinco mil colones (�5.000,00) el costo de las reparaciones que se desee realizar a las edificaciones sin contar con el permiso respectivo y la supervisi�n de un ingeniero responsable.

Evidentemente hoy cinco mil colones (�5.000,00) colones para realizar reparaciones en una edificaci�n, por ejemplo, en la casa, puede haber sido en el momento en que la norma entr� en vigencia un monto significativo; no obstante, en la actualidad no solo resulta irrisorio sino que constituye una traba para efectuar arreglos y trabajos de reparaci�n sin violentar la ley, puesto que obliga a cualquier ciudadano a solicitar los servicios de un ingeniero que se responsabilice ante la municipalidad de la supervisi�n y autorizaci�n de las obras por sencillas que sean.

El hecho de que esa ley, hoy por hoy, implique una traba en el diario vivir de la ciudadan�a, no quiere decir que la norma no sea buena en su esp�ritu buena, simplemente implica que est� desactualizada. Por tanto, motiva esta iniciativa de ley la necesidad de actualizar ese monto, de manera que sea representativo y se apegue a la realidad; para tal efecto, pueden tomarse en cuenta las limitaciones existentes. Por esto, se plantea utilizar como referente para actualizar el monto, el �ndice de precios de los insumos para la construcci�n de vivienda.

Tales reparaciones deben entenderse como �aquellos trabajos que no impliquen variar aspectos que modifiquen el dise�o original en cuanto a la estructura, la electricidad o elementos mec�nicos de la obra; dichos trabajos no requerir�n supervisi�n profesional�1.

El �ndice de precios de insumos para la construcci�n de vivienda se calcula utilizando una canasta conformada por veinticinco elementos. No obstante, surge como limitante el hecho de que los elementos incluidos en la lista vigente fueron seleccionados en 1976, es decir, hace m�s de treinta a�os, por lo que no responde a la realidad actual costarricense en el campo de la construcci�n, ya que, sin duda alguna, los materiales utilizados hoy son otros y han cambiado tanto la forma de construir como los patrones de consumo.

Ante este inconveniente, el �rea econ�mica del Departamento de Servicios T�cnicos de la Asamblea Legislativa ha realizado un estudio, en el cual, a manera de ilustraci�n y con base en el �ndice de precios de la construcci�n de viviendas a noviembre de 2007, ha determinado que el monto actualizado de dicha ley ser�a hoy la suma de novecientos dieciocho mil cuatrocientos doce colones con cincuenta c�ntimos (�918.412,50). Este c�lculo no est� lejos del presentado por la C�mara Costarricense de la Construcci�n, que al ser consultada estim� que hoy ese monto equivaldr�a a un mill�n de colones (�1.000.000,00)2.

Esto quiere decir que, si bien los materiales o elementos de la canasta de consumo referida fueron incluidos en ella m�s de tres d�cadas atr�s, esos mismos elementos, considerados al precio actual, vuelven m�s acorde con la realidad el monto se�alado en el art�culo cuya reforma se propone. As�, el �ndice de precios de insumos para la construcci�n de vivienda es el recurso disponible m�s adecuado para actualizar el monto establecido en el art�culo 83 de la Ley N.� 833, en cuanto a reparaciones a viviendas y, para los casos de edificios, la base de c�lculo puede ser el �ndice de precios de insumos para la construcci�n de edificios.

Realmente nos preocupa la necesidad de actualizar la legislaci�n; por ello, reconocemos que la norma objeto de la reforma propuesta constituye un serio inconveniente en materia de vivienda. La reforma pretendida tambi�n apunta hacia la actualizaci�n autom�tica de dicho monto en lo sucesivo, puesto que cualquier monto que hoy se fije no tardar� mucho en volverse obsoleto, dados los avances tan acelerados en materia de construcci�n en el mundo actual, inmerso en la globalizaci�n anticuada.

En ese sentido, lo m�s conveniente ser�a sujetar el c�lculo de dicho monto a la aplicaci�n de una f�rmula como la utilizada en los reajustes de precios de las licitaciones p�blicas, la cual se basa en las variaciones de la inflaci�n y los �ndices de precios. Sin embargo, para facilitar el trabajo de las municipalidades y garantizar la libre iniciativa de transformaci�n de la propiedad, por cuenta propia o de terceros, utilizaremos como referencia el salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, as� se garantiza la actualizaci�n autom�tica de los montos.

Considerando las observaciones del Departamento de Servicios T�cnicos y la opini�n de la C�mara Costarricense de la Construcci�n, proponemos actualizar el monto, sumando cinco salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial. Esta operaci�n da una cifra aproximada a los c�lculos t�cnicos referidos. Todo lo anterior contribuir�a significativamente a solucionar los problemas directos que enfrentan los ciudadanos y las municipalidades del pa�s, por ejemplo: la evasi�n de impuestos por licencias de permisos de construcci�n, los engorrosos tr�mites, el alto costo de contratar a un profesional para que confeccione y firme los planos constructivos, los cuales en muchos casos pueden costar m�s que la obra, y la exposici�n al cobro de multas, acusaciones judiciales y demoliciones por realizar los arreglos sin los permisos exigidos por ley.

La soluci�n propuesta permite, adem�s, que el personal utilizado para vigilar las construcciones que se realicen sin los permisos debidos (personal bastante numeroso por tratarse de una situaci�n en la que la misma ley, producto de una visi�n estrecha, invita a irrespetarla) puede dedicarse a labores m�s productivas. Adem�s, la iniciativa promueve que esta Ley, como cualquier otra, una vez actualizada pueda cumplirse como se debe y se evite as� que algunas municipalidades presenten, deliberadamente, montos superiores a los cinco mil colones (�5.000,00), contraviniendo la Ley3.

Por la situaci�n expuesta, someto a la consideraci�n de las se�oras diputadas y de los se�ores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ART�CULO 83 DE LA LEY N� 833, DE

2 DE NOVIEMBRE DE 1949, Y SUS REFORMAS

ART�CULO �NICO.- Modif�case el art�culo 83 de la Ley N� 833, de 2 de noviembre de 1949, y sus reformas, en las siguientes disposiciones:

�Art�culo 83.- Definici�n

Para los efectos de esta Ley, son ingenieros responsables, los profesionales en Ingenier�a o Arquitectura incorporados al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica para ejercer sus respectivas profesiones en sus distintas especialidades. Los ingenieros responsables son los �nicos facultados para autorizar solicitudes de licencia para obras de construcci�n y la obligaci�n de vigilar las obras para las cuales hayan solicitado o autorizado licencia. No obstante lo anterior, toda persona puede realizar, por cuenta propia o de terceros, reparaciones que no excedan del monto correspondiente a la suma de cinco salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial.

Las municipalidades que no tengan ingeniero municipal, deber�n remitir las solicitudes de construcci�n a la municipalidad m�s cercana que cuente con los servicios de un ingeniero civil incorporado.�

_____________

1 Oficio N.� 00740-CCC-2007

2 �dem

3 �dem

Rige a partir de su publicaci�n.

Alberto Salom Echeverr�a

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente de Asuntos Jur�dicos.

13 de marzo del 2008.�1 vez.�C-78560.�(56137).

AFECTACI�N AL R�GIMEN DE PATRIMONIO FAMILIAR PARA

TODA PROPIEDAD DONADA POR EL ESTADO PARA

DESTINARLA A VIVIENDA

Expediente N� 16.986

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La familia es el n�cleo fundamental de la sociedad y una de las formas de protegerla es amparando su patrimonio, pues solo la seguridad de los bienes econ�micos disponibles para su subsistencia puede asegurarles el desarrollo integral a sus miembros. Varios personajes destacados, referentes t�cnicos, expertos en el tema del Derecho de familia, han sostenido que esa protecci�n deber�a extenderse a los bienes econ�micos con que la familia cuenta y en cantidad suficiente para asegurar su subsistencia. Sin embargo, este amparo legal recae, prioritariamente, sobre la vivienda, debido a que esta se encuentra indisolublemente ligada a la calidad de vida de la familia. En consecuencia, se han desarrollado instituciones jur�dicas como el patrimonio de familia.

Hoy por hoy, la vivienda digna es considerada como un derecho fundamental de segunda generaci�n; incluso puede asumir el car�cter de derecho fundamental, cuando entra en estrecha relaci�n con uno de esa naturaleza, m�xime si de la familia forman parte hijos menores de edad, los cuales por el solo hecho de su menoridad cuentan con un fuero especial, de conformidad con el principio rector del inter�s superior de las personas menores de edad.

El patrimonio de familia, como instituci�n jur�dica, se orienta a proteger la casa de habitaci�n como uno de los haberes m�s importantes de la familia, consecuentemente, afecta el inmueble como patrimonio familiar, d�ndole el car�cter de inembargabilidad, en virtud de salvaguardar el patrimonio familiar de las pretensiones econ�micas de terceros.

El presente proyecto de ley pretende, esencialmente, que los terrenos donados por entidades p�blicas mediante tr�mite de autorizaci�n por ley y para uso de vivienda en beneficio de familias de escasos recursos econ�micos, sean donaciones constituidas en el Registro P�blico de la Propiedad bajo el r�gimen del patrimonio familiar; ello con el objeto de no desvirtuar el fin de las donaciones, que es garantizarles a las familias beneficiadas una vivienda en la cual sus miembros puedan desarrollarse y convivir dignamente.

En igual forma, esta iniciativa propone investir de uniformidad y compatibilidad el tr�mite de donaci�n, que en la Asamblea Legislativa se realiza mediante autorizaci�n por ley, cuando se relaciona con la pr�ctica legal de donar para hacer posible la construcci�n de viviendas en programas de desarrollo social. La idea es constituir en patrimonio familiar los bienes inmuebles otorgados, con base en lo estipulado en el art�culo 7 de la Ley de promoci�n de la igualdad social de la mujer, el cual reza: �La propiedad inmueble otorgada mediante programas de desarrollo social, deber� constituirse en patrimonio familiar�.

En los �ltimos a�os, se ha tenido conocimiento de los casos de ciertas familias en riesgo social beneficiarias de viviendas o terrenos propiedad del Estado, que venden o son presionadas a vender los bienes donados, una vez que les han sido adjudicados. Por tal raz�n, en resguardo del n�cleo familiar, resulta necesario innovar en nuestro ordenamiento jur�dico, con la figura de la afectaci�n al R�gimen de Patrimonio Familiar de los bienes as� donados.

El proyecto pretende acabar, al menos en lo posible, con esas pr�cticas indeseables y lesivas, estableciendo l�mites razonables a la libre disposici�n de los bienes donados por el Estado. Este prop�sito se logra al afectar jur�dicamente, bajo el R�gimen de Patrimonio Familiar, todos los bienes inmuebles donados por el Estado, desde el momento en que sean otorgados e inscritos en el Registro Publico de la Propiedad; la afectaci�n se realizar� para beneficiar tanto a los padres como a los hijos menores de edad o los ascendientes que habiten en el bien inmueble donado, y les dejar� a los padres la posibilidad de vender, enajenar o pignorar el bien inmueble donado, �nicamente cuando logren demostrar, ante el juez de familia respectivo y mediante proceso judicial, que la venta, enajenaci�n o pignoraci�n se diligencia por razones de utilidad y necesidad, para beneficio de la familia. En consecuencia, la venta de un bien donado por el Estado �nicamente procede cuando la autorice un juez de familia.

Por tanto, es menester restringir que los c�nyuges dispongan libremente del inmueble, aun cuando exista acuerdo de voluntad de ambas partes sobre c�mo disponer de �l, tal acuerdo va en detrimento de las personas menores de edad del n�cleo familiar. En consecuencia, es preciso enfatizar en que la �nica posibilidad de que los padres o responsables dispongan del inmueble donado por el Estado, ser� mediante una autorizaci�n judicial, avalada por un juez competente para cada caso concreto.

Una vez sobrevenida la mayor�a de edad de los hijos, los bienes permanecer�n en R�gimen de Patrimonio Familiar, para resguardar los derechos de los padres; as� se invertir� la protecci�n que esta iniciativa de ley se propone lograr, ello en raz�n de que una vez que todos los hijos hayan alcanzado la mayor�a de edad, ser�n los padres quienes puedan llegar a encontrarse en posici�n desventajosa o vulnerable, por alcanzar la condici�n de adultos mayores.

La presente iniciativa tiene por objeto erradicar algunas pr�cticas abusivas, habituales entre personas inescrupulosas beneficiarias de donaciones de bienes inmuebles del Estado, puesto que dichas pr�cticas contravienen la buena voluntad pol�tica. Al convertirse en ley este proyecto garantizar�a, mediante el cumplimiento de la labor de legislar, que esta Asamblea asume el deber supremo del Estado de velar por la protecci�n de la familia costarricense, principio fundamental de nuestro estado social de Derecho, consagrado en el art�culo 51 de nuestra Constituci�n Pol�tica.

Por las razones expuestas, someto a la consideraci�n de las se�oras diputadas y los se�ores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AFECTACI�N AL R�GIMEN DE PATRIMONIO FAMILIAR PARA

TODA PROPIEDAD DONADA POR EL ESTADO PARA

DESTINARLA A VIVIENDA

ART�CULO 1.- Af�ctase al R�gimen de Patrimonio Familiar, toda propiedad inmueble donada por el Estado mediante sus instituciones, programas de desarrollo social, tr�mites de autorizaci�n por ley o por cualquier otra modalidad legal vigente.

ART�CULO 2.- Para los efectos de esta Ley, las propiedades inmuebles otorgadas por el Estado quedar�n afectadas a partir de la fecha en que se autorice su donaci�n por parte del Estado y en el Registro P�blico de la Propiedad sean inscritas dentro del R�gimen de excepci�n aqu� previsto. La afectaci�n ser� en beneficio de los padres, los hijos menores de edad y los ascendientes que habiten el bien inmueble donado.

ART�CULO 3.- Los progenitores o responsables del n�cleo familiar podr�n vender, enajenar o pignorar el bien inmueble donado, �nicamente cuando, mediante proceso judicial de diligencias de utilidad y necesidad, se logre demostrar ante el juez de familia que efectivamente existen razones justificadas para hacerlo en beneficio de la familia. Solamente un juez podr� autorizar la venta del bien donado por el Estado.

ART�CULO 4.- Una vez que todos los hijos hayan alcanzado la mayor�a de edad, se invertir� en beneficio de los padres la protecci�n que dispone el art�culo 3 de esta Ley; por tanto, los bienes permanecer�n bajo el R�gimen de Patrimonio Familiar y as� se resguardar�n los derechos de los progenitores o responsables del n�cleo familiar.

Rige a partir de su publicaci�n.

Alberto Salom Echeverr�a

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente de Asuntos Jur�dicos.

14 de marzo del 2008.�1 vez.�C-75260.�(56290).

ADICI�N DE UN NUEVO CAP�TULO D�CIMO AL T�TULO II Y DE UN INCISO

AL ART�CULO 83 DEL C�DIGO DE TRABAJO, LEY N� 2, DE 27 DE

AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, LEY PARA GARANTIZAR EL

RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA DE LOS PERIODISTAS

Expediente N� 16.992

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La libertad de expresi�n y de prensa es un derecho fundamental tutelado en el art�culo 29 de nuestra Constituci�n Pol�tica que se�ala que �todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura�; as� como en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, seg�n la cual: �Toda persona tiene derecho a la libertad de expresi�n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n� (art�culo 13.2).

De estos derechos se deriva a su vez el derecho a la informaci�n que consiste en el derecho que tienen todas las personas que habitan la Rep�blica a recibir informaci�n de manera completa, veraz, objetiva, amplia y oportuna.

Tanto la libertad de expresi�n y de prensa, como el derecho a la informaci�n son pilares esenciales de cualquier sociedad democr�tica y en esa medida deben ser tutelados y garantizados.

En nuestro pa�s se ha venido dando por medio de la prensa nacional un importante debate en relaci�n con las limitaciones existentes para el ejercicio de la libertad de expresi�n y prensa. No obstante, este debate se ha centrado �nicamente alrededor de las restricciones que impone a los medios de comunicaci�n la legislaci�n penal sobre delitos contra el honor.

Otros aspectos que, objetivamente inciden en el libre ejercicio de las funciones de los periodistas, han sido absolutamente ignorados en la discusi�n sobre la situaci�n de la libertad de prensa en Costa Rica. Este es el caso de la coacci�n que pueden sufrir muchos profesionales del periodismo por parte de las empresas para las cuales trabajan, que, con base en la precariedad de su relaci�n laboral, los presionan para que informen de forma parcial y sesgada o dejen de informar sobre determinados asuntos de inter�s p�blico.

La libertad de expresi�n no solo es lesionada por las normas penales restrictivas que obligan a los periodistas a autocensurarse para no ser condenados. La libertad de expresi�n y de prensa tambi�n es lesionada cuando los medios de comunicaci�n colectiva formadores de opini�n p�blica, bajo el control de determinados grupos de poder, monopolizan el libre acceso a la difusi�n masiva de la informaci�n, difundiendo �nicamente algunos hechos noticiosos sobre asuntos de inter�s p�blico, ignorando otros, o informando parcialmente sobre ellos, en beneficio de los intereses particulares de sectores poderosos pol�tica y econ�micamente. Tambi�n vulneran la libertad de prensa las empresas period�sticas, cuando en su condici�n de patronos, le imponen restricciones injustificadas a los periodistas en el ejercicio de su profesi�n, bajo la amenaza de ser sancionados o despedidos.

As� lo ha entendido la Sala Constitucional al se�alar con contundencia que: �En principio, la libertad de expresi�n requiere que no haya individuos o grupos que, a priori, est�n excluidos del acceso a los medios de comunicaci�n social. La libertad de expresi�n �tambi�n requiere que los medios de comunicaci�n sean, en la pr�ctica, verdaderos instrumentos de esa libertad y no veh�culos para restringirla�. Con lo anterior solamente son compatibles condiciones en las que: a) haya pluralidad de medios de comunicaci�n social, b) prohibici�n de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera que sea la forma en que se manifieste y �la garant�a de protecci�n a la libertad e independencia de los periodistas�. (Sala Constitucional Voto N.� 2313-95. �nfasis agregado)

En este sentido, nuestra legislaci�n laboral, es omisa en otorgarle a los periodistas en su doble condici�n de trabajadores asalariados y profesionales responsables de garantizar el derecho de los ciudadanos a ser informados con amplitud y veracidad, las garant�as necesarias de respeto a sus derechos laborales y de que estos no van ser cercenados arbitrariamente por las empresas para las cuales laboran, como un mecanismo para obligarlos a callar o a no decir toda la verdad.

La principal amenaza para la libertad de prensa que cometen las empresas en perjuicio de los periodistas, se da precisamente ante la posibilidad de ser despedidos y quedarse sin su empleo por informar con objetividad e independencia, en un mercado laboral oligop�lico en el que la oferta de trabajo es notoriamente reducida. Consecuentemente, no basta con que el periodista pueda dar por terminado su contrato laboral, porque es justamente la amenaza de perder su empleo, el principal factor en el que se sustenta la coacci�n laboral que pueden sufrir los periodistas.

Ante esta situaci�n, lo ideal ser�a dotar a los periodistas de estabilidad laboral, de manera que solo puedan ser despedidos con justa causa, con lo cual se les garantizar�a la seguridad necesaria para poder ejercer de manera independiente su profesi�n.

Sin embargo, ante la inviabilidad pol�tica de esta propuesta en nuestro medio, en el cual adem�s, se permite el libre despido sin justa causa, al menos debe establecerse un mecanismo de protecci�n intermedio entre la estabilidad laboral y la situaci�n actual de absoluta desprotecci�n, que permita evitar que los periodistas sean despedidos, con ocasi�n de pr�cticas que atenten contra la libertad de prensa.

Es decir, se propone limitar el libre despido de los periodistas, cuando este es utilizado abusiva y arbitrariamente por las empresas period�sticas como un mecanismo para cercenar el ejercicio de la libertad de prensa, derecho tutelado por nuestra Constituci�n Pol�tica y la Convenci�n Americana de Derechos Humanos.

Con esta finalidad, mediante el presente proyecto de ley se pretende adicionar un nuevo cap�tulo d�cimo al t�tulo II del C�digo de Trabajo, titulado �Sobre el trabajo de los periodistas�. En las normas propuestas se identifican y se proh�ben una serie de conductas o pr�cticas laborales de las empresas period�sticas que atentan contra la libertad de prensa de los periodistas. Dentro de dichas pr�cticas se incluyen:

- Prohibir o impedir injustificadamente al periodista informar o investigar sobre hechos noticiosos o asuntos de inter�s p�blico con el objetivo de favorecer los intereses de alg�n grupo o persona.

- Obligar o presionar al periodista a ocultar informaci�n, omitiendo publicarla o recortando reportajes period�sticos, o para que le d� un determinado sesgo u orientaci�n a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posici�n o a excluir otros puntos de vista, en perjuicio del derecho a la informaci�n de la ciudadan�a.

- Sancionar o perjudicar ileg�timamente al periodista en el ejercicio de sus derechos laborales por publicar alg�n tipo de informaci�n siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesi�n.

- Despedir sin justa causa al periodista con motivo de la aplicaci�n de alguna de las pr�cticas se�aladas anteriormente, por oponerse a ellas, o por denunciarlas ante las autoridades competentes.

Sin excluir otras acciones que puedan ejercer los periodistas afectados por estas pr�cticas, como denunciarlas ante el Colegio de Periodistas, ante organismos internacionales de derechos humanos o acudir a la jurisdicci�n constitucional, se propone que estas pr�cticas puedan ser denunciadas sin represalias ante las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo, y si fuera del caso, juzgadas y sancionadas mediante los procedimientos contemplados en el C�digo de Trabajo para juzgar las faltas e infracciones contra las leyes laborales.

Asimismo, se establece un procedimiento jurisdiccional especial de car�cter sumario, a fin de que los periodistas despedidos injustificadamente con motivo de la aplicaci�n de las pr�cticas laborales se�aladas, puedan acudir ante los Tribunales de Trabajo, para que, en un plazo corto, se determine si el despido se debi� a la aplicaci�n de estas pr�cticas. De ser as�, se les otorgar� la posibilidad de elegir entre ser reinstalados en su puesto de trabajo o dar por terminado su contrato de trabajo con derecho al pago de los salarios ca�dos, el auxilio de cesant�a y una indemnizaci�n por los da�os y perjuicios causados.

La existencia de un procedimiento sumario para conocer de estos casos es indispensable, porque, de lo contrario, los periodistas se ver�an forzados a acudir a un juicio ordinario laboral para hacer valer sus derechos. Un proceso que podr�a durar m�s de tres a�os, tornando inoperantes estas disposiciones.

Por otra parte, se plantea la inclusi�n de la �cl�usula de conciencia� en nuestra legislaci�n mediante la adici�n de un nuevo inciso i) al art�culo 83 del C�digo de Trabajo, el cual establece las causales que facultan al trabajador a dar por terminado su contrato de trabajo sin perder el derecho a recibir el pago del auxilio de cesant�a.

Esta reforma tiene como finalidad permitir que los periodistas puedan dar por terminado su contrato laboral con responsabilidad patronal, es decir, con derecho al pago de la cesant�a cuando se les obligue a realizar un trabajo o una publicaci�n contrarios a sus valores o creencias o al C�digo de �tica Period�stica, o cuando la orientaci�n editorial del medio de prensa para el cual labora ri�a con dichos valores, principios y creencias.

El establecimiento de la cl�usula de conciencia, ya contemplada en la legislaci�n de muchos pa�ses, aunque por s� solo es insuficiente, representa un avance positivo en la direcci�n de abordar el problema de las limitaciones a la libertad de prensa por parte de las empresas period�sticas, ya que les otorga a los periodistas la posibilidad de ejercer su profesi�n con mayor independencia. Les garantiza una mayor protecci�n econ�mica, en caso de que decidan dar por terminada su relaci�n laboral con la empresa para la cual laboran, por re�ir las pol�ticas informativas de esta con sus m�s �ntimas convicciones.

Aunque la creaci�n de la cl�usula de conciencia ya ha sido planteada por otras iniciativas presentadas a la corriente legislativa en el pasado, como un proyecto de ley elaborado por el Colegio de Periodistas, se considera que este derecho no debe quedar �nicamente restringido al caso de que la empresa cambie su pol�tica informativa, por lo que se plantea de una manera m�s amplia, incluyendo otros supuestos, como por ejemplo, el hecho de que la divergencia surja en relaci�n con una informaci�n determinada.

Para que realmente exista libertad de expresi�n y de prensa, no basta con enunciados declarativos sobre la existencia de dichos derechos. Es necesario, adem�s, que existan mecanismos de protecci�n eficaces que garanticen que podr�n ser ejercidos en la pr�ctica y que las relaciones de poder inherentes a nuestra sociedad no los tornar�n en una simple aspiraci�n.

No puede existir verdadera libertad de prensa en Costa Rica, si no se les garantiza a los periodistas que ejercen su profesi�n como trabajadores asalariados las condiciones m�nimas para asegurar el respeto a sus derechos laborales y evitar que la amenaza de verse afectados en el ejercicio de estos, se constituya en una mordaza.

En virtud de las consideraciones expuestas presento ante la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobaci�n por parte de las se�oras diputadas y los se�ores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICI�N DE UN NUEVO CAP�TULO D�CIMO AL T�TULO II Y DE UN INCISO

AL ART�CULO 83 DEL C�DIGO DE TRABAJO, LEY N� 2, DE 27 DE

AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, LEY PARA GARANTIZAR EL

RESPETO A LA LIBERTAD DE PRENSA DE LOS PERIODISTAS

ART�CULO 1.- Adici�nase un nuevo cap�tulo d�cimo �Del trabajo de los periodistas� al t�tulo II del C�digo de Trabajo, Ley N.� 2, de 27 de agosto de 1943, que se leer� de la siguiente forma:

�T�TULO II

CAP�TULO D�CIMO

Del trabajo de los periodistas

Art�culo 114.- Se garantiza el respeto de la libertad de prensa de los periodistas en las relaciones laborales, por lo que se proh�be cualquier tipo de coacci�n, amenaza o censura, en el ejercicio de su profesi�n.

Art�culo 115.- Las empresas period�sticas no podr�n desarrollar pr�cticas laborales que limiten de forma ileg�tima el ejercicio de la libertad de prensa por parte de los periodistas que laboran bajo sus �rdenes.

Se considerar�n como pr�cticas laborales de las empresas period�sticas que limitan ileg�timamente la libertad de prensa de los periodistas las siguientes:

1.- Prohibir o impedir al periodista investigar o informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de inter�s p�blico.

2.- Obligar o presionar al periodista a ocultar informaci�n sobre asuntos de inter�s p�blico, omitiendo publicarla o recortando reportajes period�sticos con el fin de favorecer los intereses particulares de alg�n grupo o persona, en perjuicio del derecho de la ciudadan�a a obtener informaci�n veraz y oportuna.

3.- Obligar o presionar al periodista para que le d� un determinado sesgo u orientaci�n a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posici�n o a excluir otros puntos de vista.

4.- Sancionar o perjudicar ileg�timamente en el ejercicio de sus derechos laborales al periodista por publicar alg�n tipo de informaci�n siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesi�n.

Art�culo 116.- Sin perjuicio de otras acciones que pudieran proceder, las pr�cticas se�aladas en el art�culo anterior podr�n ser denunciadas ante la Inspecci�n General de Trabajo. Adem�s podr�n ser juzgadas mediante el establecimiento para el juzgamiento de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo establecido en el cap�tulo VI del t�tulo s�ptimo y se sancionar�n de acuerdo con las disposiciones del t�tulo X, secci�n segunda, ambos del presente C�digo.

Art�culo 117.- Se proh�be a las empresas period�sticas el despido sin justa causa de periodistas con motivo de la aplicaci�n de pr�cticas laborales que limitan ileg�timamente la libertad de prensa, por oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes.

El periodista que fuere despedido en contravenci�n con lo dispuesto en el p�rrafo anterior, podr� gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalaci�n inmediata en pleno goce de todos sus derechos, ofreciendo las pruebas en que sustente su reclamo.

Presentada la solicitud, el juez le dar� audiencia al empleador en los siguientes tres d�as. Vencido este t�rmino, convocar� a las partes a una audiencia para evacuar las pruebas ofrecidas. Dentro de los diez d�as siguientes a la realizaci�n de la audiencia, el juez ordenar� la reinstalaci�n, si fuere procedente, y, adem�s, le impondr� al empleador el pago de los salarios dejados de percibir.

El patrono o representante patronal que se niegue a efectuar la reinstalaci�n ser� condenado al pago del equivalente a un d�a del salario que corresponda, a favor del trabajador afectado, por cada d�a calendario en que no cumpla con dicha orden.

En caso de que el periodista no optara por la reinstalaci�n, el patrono deber� pagarle, adem�s del auxilio de cesant�a a que tuviere derecho y de los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, una indemnizaci�n por concepto de da�os y perjuicios ocasionados.�

ART�CULO 2.- Adici�nase un nuevo inciso i), corri�ndose la numeraci�n, al art�culo 83 del C�digo de Trabajo, Ley N� 2, de 27 de agosto de 1943, que se leer� as�:

�Art�culo 83.- Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo:

[...]

i) Cuando los periodistas invoquen la cl�usula de conciencia porque se les obligue a realizar un trabajo contrario a sus valores o creencias o al C�digo de �tica Period�stica, o porque la empresa para la cual trabajan cambie la pol�tica informativa, y su nueva orientaci�n editorial ri�a con aquellos. En estos casos, los trabajadores deber�n manifestarle a su patrono su decisi�n por escrito, indicando las razones que la motivaron.�

Rige a partir de su publicaci�n.

Jos� Merino del R�o

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pas� a estudio e informe de la Comisi�n

Permanente de Asuntos Sociales.

7 de abril del 2008.�1 vez.�C-138620.�(56708).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N� 34574-H

EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades concedidas en los incisos 3) y 18) del art�culo 140, art�culos 146, 185 siguientes y concordantes de la Constituci�n Pol�tica, art�culos 25, 27 y el ac�pite b) del inciso 2) del art�culo 28 de la Ley General de Administraci�n P�blica Ley N� 6227, del 2 de mayo de 1978, en la Ley de la Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos Ley N� 8131 del 18 de setiembre del 2001, art�culo 173 del C�digo de Trabajo, Decreto N� 33950-H Reglamento de Caja �nica y en el Decreto N� 32988-H-MP-PLAN Reglamento a la Ley de la Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos del 31 de enero del 2006.

Considerando:

I.�Que los sistemas de Control Interno deben estar orientados al buen pago, que deber� ser oportuno, eficaz y eficiente, pero que por situaciones de acci�n u omisi�n en los procesos que lo culminan, se crean situaciones de excepci�n de pagos y transferencias electr�nicas del Estado que no corresponden, por lo que ser�n responsables los funcionarios p�blicos o privados que participan en tales procesos, de conformidad con el art�culo 18 de la Ley de Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos N� 8131 y su Reglamento.

II.�Que el Manual de Control Interno para la Contralor�a General de la Rep�blica y las entidades y �rganos sujetos a su fiscalizaci�n, publicado en La Gaceta N� 107 del 5 de junio 2002, establece que deber�n distribuirse entre los diversos funcionarios y unidades de la instituci�n las fases que integran un proceso, transacci�n u operaci�n, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una �nica instancia.

III.�Que la Constituci�n Pol�tica en sus art�culos 185, 186 y 187, establece que es la Tesorer�a Nacional el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; siendo este organismo el �nico que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a t�tulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.

IV.�Que la Ley de Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos N� 8131, establece que las entidades y los �rganos comprendidos en el art�culo 1 de �sta Ley, estar�n obligados a suministrar la informaci�n econ�mica, financiera y de ejecuci�n f�sica de los presupuestos que el Ministerio de Hacienda le solicite, para el cumplimiento de sus funciones y la Tesorer�a Nacional deber� procurar el rendimiento �ptimo de los recursos financieros del Tesoro P�blico.

V.�Que el Decreto N� 32988-H-MP-PLAN Reglamento a la Ley N� 8131, dispone que a la Tesorer�a Nacional le corresponde velar por el correcto cumplimiento de las operaciones correspondientes a los procesos de percepci�n de las rentas a favor de la Administraci�n Central, a partir del momento en que se realice el correspondiente pago, cualquiera que sea su fuente, as� como de los pagos y transferencias electr�nicas que se realicen con cargo a ellas.

VI.�Que los actos u omisiones provenientes de funcionarios responsables de la informaci�n que alimentan los sistemas de pago actuales, podr�an perjudicar a los beneficiarios, usuarios y al Estado, como lo establece el T�tulo S�timo de la Ley General de la Administraci�n P�blica, N� 6227, de 2 de mayo de 1978, denominado �De la Responsabilidad de la Administraci�n y del Servidor P�blico�.

VII.�Que la Tesorer�a Nacional como �rgano constitucional facultado para efectuar los pagos a nombre del Estado, emitir� hacia los gestores de �stos la normativa correspondiente, que de conformidad con su �mbito de acci�n, permita las verificaciones, seguimientos, consultas y control de los movimientos que generan los pagos que no correspondan.

VIII.�Que es responsabilidad de las entidades p�blicas y privadas establecer los procedimientos y controles internos de los pagos que estos realicen, provenientes de fondos del Gobierno de la Rep�blica, a fin de evitar, identificar, verificar, controlar, recuperar y dar seguimiento a los que no corresponde acreditar a terceros e informar a la Tesorer�a Nacional, seg�n las disposiciones que �sta establezca. Por tanto,

Decretan:

Reglamento General para el control y recuperaci�n

de acreditaciones que no corresponden

CAP�TULO I

Disposiciones generales

Art�culo 1��Alcance: El presente reglamento va dirigido al Gobierno de la Rep�blica, �rganos gestores, a entidades deductoras, as� como a las personas f�sicas o jur�dicas a las que eventualmente les sean acreditadas sumas que no les corresponden.

Art�culo 2��Objetivo: Regular el control y recuperaci�n de las acreditaciones provenientes de fondos del Gobierno de la Rep�blica que no corresponden, estableciendo los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de los mismos.

Art�culo 3��Interpretaci�n:

a. Las normas contenidas en este reglamento deber�n ser interpretadas en la forma que mejor garantice la realizaci�n del fin p�blico al que se dirige, dentro del �mbito de los derechos e intereses del particular.

b. Deber� interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas, su naturaleza, el valor de la conducta y los hechos a que se refiere, con el af�n de resguardar y evitar un mal uso o irregular aprovechamiento de los fondos p�blicos por sujetos a quienes no les correspondan recibirlos.

CAP�TULO II

Definiciones

Art�culo 4��Definiciones: Para los fines del presente reglamento, se tendr�n las siguientes definiciones:

a. Administraci�n Central: Poder Ejecutivo Central y sus dependencias.

b. Accesorios: Cualquier suma que por concepto de pago se derive del derecho principal.

c. Acreditaci�n: Acto por medio del cual un cajero auxiliar ejecuta el dep�sito de las sumas ordenadas por la Tesorer�a Nacional, en la cuenta cliente de un acreedor del Estado o un receptor.

d. Caja �nica: Fondo com�n, administrado por la Tesorer�a Nacional, al que ingresan todos los recursos que perciba el Gobierno de la Rep�blica, cualquiera que sea su fuente, con cargo a los cuales se pagan las obligaciones que sus �rganos o entes hayan contra�do o se transfieren los recursos para que �stos realicen los pagos que correspondan.

e. Cajero auxiliar: Entidad autorizada que participa en el Sistema Interbancario de Negociaci�n y Pagos Electr�nicos (SINPE), del Banco Central de Costa Rica.

f. Directriz o lineamiento: Instrumento normativo por medio del cual se vincula a los �rganos destinatarios a cumplir con un fin, un medio o un objetivo determinado, reconoci�ndoseles plena libertad en cuanto a la elecci�n de las acciones necesarias para procurar su adecuada aplicaci�n.

g. Entidad Deductora: Persona jur�dica, legal y/o administrativamente autorizada por la Tesorer�a Nacional, para que se realicen en su favor deducciones por diferentes conceptos en los salarios y/o pensiones con cargo al presupuesto nacional, de los servidores p�blicos activos y/o pensionados

h. Gesti�n institucional: Es la acci�n que relaciona la planificaci�n con la ejecuci�n de los procesos internos de cada �rgano o ente, seg�n se trate, mediante la asignaci�n de recursos financieros y humanos. El objetivo de la gesti�n institucional es garantizar la obtenci�n efectiva de los resultados previstos en los instrumentos de planificaci�n, asegurando la calidad de los bienes y servicios.

i. Gobierno de la Rep�blica: La Administraci�n Central, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y �rganos auxiliares.

j. Jerarca: M�xima autoridad del �rgano o quien asuma la m�xima autoridad dentro del �rgano o ente, unipersonal o colegiado.

k. Ley N� 8131: Ley de la Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos.

l. �rganos Gestores: Poderes de la Rep�blica, sus entidades adscritas, y entidades p�blicas que presentan propuestas de pagos a la Tesorer�a Nacional.

m. Principio de eficacia: El logro de los resultados de manera oportuna, en directa relaci�n con los objetivos y metas.

n. Principio de eficiencia: La aplicaci�n m�s conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.

o. Principio de la �tica P�blica: El comportamiento de los funcionarios y funcionarias p�blicos(as) deber� darse en riguroso acato del principio de legalidad y de los principios generales del R�gimen de Servicio Civil, en concordancia con lo dispuesto por los Decretos 33146-MP y 33335-MP, en apego a los valores y responsabilidades de todo(a) servidor (a) p�blico(a), a las m�s estrictas normas de �tica en el ejercicio de la funci�n p�blica, al respeto, dignidad y a los derechos del trabajador (a).

p. Receptor: Cualquier persona f�sica o jur�dica a que se le ha acreditado un pago ordenado por la Tesorer�a Nacional.

q. Reglamento: Reglamento a la Ley de la Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos.

r. Rendici�n de cuentas: Obligaci�n de todo jerarca y funcionario de los entes u �rganos que conforman el Sistema de Administraci�n Financiera del Sector P�blico, consistente en informar y demostrar, con objetividad y transparencia, los resultados de la gesti�n institucional.

s. Subvenciones: Traslado de recursos p�blicos que realiza la Tesorer�a Nacional a favor de un tercero por ordenamiento de Ley de Presupuesto de la Rep�blica.

t. Titulares Subordinados: Funcionario de la administraci�n activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones.

u. Transferencia electr�nica: Instrucci�n electr�nica emitida por la Tesorer�a Nacional al cajero auxiliar, con el fin de poner una determinada suma de dinero a disposici�n de un tercero.

CAP�TULO III

Acreditaciones que no corresponden

Art�culo 5��Procedimientos y controles en la elaboraci�n de propuestas de pagos: De conformidad con la Ley N� 8131 y la normativa de control interno, los entes gestores deber�n establecer sistemas y procedimientos a los efectos de garantizar que los pagos que propongan a la Tesorer�a Nacional se ajusten a derecho y correspondan a sus beneficiarios.

Art�culo 6��Acreditaciones que no corresponden: Podr�n concretarse acreditaciones que no corresponden en los siguientes casos:

a) En pagos de salarios y sus accesorios del Gobierno de la Rep�blica.

b) En pagos de pensiones y sus accesorios con cargo al Fondo General de la Rep�blica.

c) Acreditaciones para acreedores y subvenciones a personas f�sicas o jur�dicas de car�cter p�blico o privado que no corresponden.

d) Acreditaciones a entidades deductoras.

Art�culo 7��Determinaci�n de los casos de acreditaciones que no corresponden: Las acreditaciones que no corresponden se determinar�n cuando medie dolo, culpa o negligencia del servidor p�blico en el cumplimiento de sus funciones, correspondiente en los casos se�alados en el art�culo 6 de este reglamento.

Art�culo 8��Pagos de salarios y sus accesorios que no corresponden: En aquellos casos en los que se determinen acreditaciones que no corresponden en los pagos de salarios, deber�n acatarse las siguientes acciones:

1. El receptor de un pago por concepto de salario y/o sus accesorios que no corresponde, ser� el primer responsable en devolver la suma correspondiente a la acreditaci�n que no le corresponde, mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo General de Gobierno o dep�sito a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorer�a Nacional, o en su defecto dar la autorizaci�n por escrito para que se deduzca por n�mina el neto, e informar� sobre dicha devoluci�n a la Unidad de Recursos Humanos de la respectiva entidad dentro de los ocho d�as siguientes a la acreditaci�n realizada a su favor. En cuanto a las deducciones aplicadas a favor de las Unidades Deductoras se seguir� el procedimiento dispuesto en el Art�culo 11 de este Reglamento.

2. De no concretarse el reintegro por parte del receptor conforme lo dispuesto en el inciso anterior, la Unidad de Recursos Humanos notificar� al receptor sobre la suma percibida indebidamente y su respectiva devoluci�n, mediante Entero de Gobierno, dep�sito a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorer�a Nacional o deducci�n por n�mina. En caso de que no prosperara el procedimiento seguido por la Unidad de Recursos Humanos para la recuperaci�n de dichas acreditaciones, estos �ltimos deber�n trasladar el expediente al �rea Jur�dica Institucional. La Direcci�n Administrativa Financiera de cada entidad o quienes ejerzan esas funciones deber�n proponer a la Tesorer�a Nacional el monto exiguo, siendo esta �ltima la encargada de aprobar o determinar el mismo.

3. Los Directores Administrativos Financieros o quienes ejerzan esas funciones, ser�n los encargados de establecer los procedimientos que deber�n aplicar las Unidades de Recursos Humanos, para el control y la recuperaci�n de los pagos de salarios que no corresponden.

4. Las Unidades de Recursos Humanos deber�n asimismo informar a la Tesorer�a Nacional de conformidad con lo establecido en el inciso s�timo del presente art�culo.

5. Los Directores de las Unidades de Recursos Humanos determinar�n si procede iniciar un procedimiento administrativo a los presuntos responsables generadores de acreditaciones que no corresponden de conformidad con el debido proceso y la normativa vigente, trasladando el expediente al �rea Jur�dica Institucional cuando as� corresponda.

6. Una vez agotado el proceso de recuperaci�n en la Unidad de Recursos Humanos se remitir� una copia de lo resuelto al expediente administrativo personal del funcionario(a) p�blico(a) que la produjo, para que sea tomado en cuenta en todos los �mbitos atinentes a su competencia, ya sea que se logre o no recuperar para el Estado las sumas que no corresponden.

7. El informe que las Unidades de Recursos Humanos deben remitir a la Tesorer�a Nacional contendr� la siguiente informaci�n:

a) Concepto de las sumas acreditadas que no corresponden.

b) Montos brutos y l�quidos de las sumas acreditadas.

c) Sujeto receptor con sumas acreditadas que no corresponden, indicando n�mero de c�dula, �rea en la cual labora y el puesto que desempe�a.

d) Gesti�n cobratoria realizada.

e) En caso de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y/o cobratorio a los sujetos generadores de sumas acreditadas que no correspondan indicar la etapa en la cual se encuentra; as� como las acciones pendientes de realizar.

f) Informar en detalle el monto y saldo pendiente de las sumas acreditadas que no corresponden.

Art�culo 9��Pagos de pensiones y sus accesorios que no corresponden: En aquellos casos en los que se determinen acreditaciones que no corresponden en los pagos de pensiones y sus accesorios, deber�n acatarse las siguientes acciones:

1. El receptor de un pago por concepto de pensi�n y sus accesorios que no corresponde, ser� el primer responsable en devolver la suma correspondiente a la acreditaci�n que no le corresponde, mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo General de Gobierno, dep�sito a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorer�a Nacional, o en su defecto dar la autorizaci�n por escrito para que se deduzca por n�mina el neto, e informar� sobre dicha devoluci�n a la Direcci�n Nacional de Pensiones (en adelante DNP) o a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (en adelante JUPEMA), seg�n sea el caso, dentro de los ocho d�as siguientes a la acreditaci�n realizada a su favor. En cuanto a las deducciones aplicadas a favor de las Unidades Deductoras se seguir� el procedimiento dispuesto en el art�culo 11 de este Reglamento.

2. De no concretarse el reintegro por parte del receptor conforme lo dispuesto en el inciso anterior, los encargados de pagos de DNP y JUPEMA notificar�n al receptor respecto de la suma percibida indebidamente y su respectiva devoluci�n mediante Entero de Gobierno, dep�sito a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorer�a Nacional o deducci�n por n�mina. En caso de no prosperar el procedimiento seguido por los encargados de pagos de la DNP y de JUPEMA; para la recuperaci�n de dichas acreditaciones, estos �ltimos deber�n trasladar el expediente al �rea Jur�dica Institucional, para lo que corresponda.

3. El Director Nacional de Pensiones y el Director Ejecutivo de la JUPEMA, ser�n los encargados de establecer los procedimientos que deber�n aplicar los encargados de pagos de la DNP y de JUPEMA, para el control y la recuperaci�n de los pagos de pensiones y sus accesorios que no corresponden.

4. Los encargados de pagos de la DNP y de JUPEMA deber�n asimismo informar a la Tesorer�a Nacional de conformidad con lo establecido en el art�culo ocho inciso s�timo del presente Reglamento.

5. Los Directores de la DNP y de JUPEMA, determinar�n si procede iniciar un procedimiento administrativo a los presuntos responsables generadores de acreditaciones que no corresponden por pago de pensiones y sus accesorios, de conformidad con el debido proceso y la normativa vigente, trasladando el expediente al �rea Jur�dica Institucional cuando as� corresponda.

6. Los encargados de pagos de la DNP y de JUPEMA, les corresponder� remitir una copia de lo resuelto al expediente administrativo personal del funcionario(a) p�blico(a) que la produjo, para que sea tomado en cuenta en todos los �mbitos atinentes a su competencia, ya sea que se logre o no recuperar para el Estado las sumas que no corresponden.

Art�culo 10.�Acreditaciones para acreedores y subvenciones a personas f�sicas o jur�dicas de car�cter p�blico o privado que no corresponden: En aquellos casos en los que se determinen acreditaciones que no corresponden a personas f�sicas o jur�dicas de car�cter p�blico o privado, deber�n acatarse las siguientes acciones:

1. El receptor de un pago por concepto de subvenciones o acreditaciones para acreedores que no corresponden, ser� el primer responsable de devolver la suma correspondiente a la acreditaci�n que no le corresponde, mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo General de Gobierno o por medio de las cuentas autorizadas por la Tesorer�a Nacional el total del monto l�quido acreditado en la cuenta correspondiente, e informar� a la entidad responsable de preparar la propuesta de pagos, dentro de los ocho d�as posteriores. En caso de existir deducciones aplicadas a favor de Unidades Deductoras se seguir� el procedimiento dispuesto en el Art�culo 11 de este Reglamento.

2. En caso de no prosperar el procedimiento seguido por las Unidades Financieras y/o la Tesorer�a Nacional para la recuperaci�n de dichas acreditaciones, deber�n trasladar el expediente al �rea Jur�dica Institucional para lo que corresponda.

3. Los Directores Administrativos Financieros de los entes gestores y el Tesorero Nacional seg�n sea el caso ser�n los encargados de establecer los procedimientos que deber�n aplicar las unidades o funcionarios a su cargo, para el control y la recuperaci�n de las subvenciones o acreditaciones que no corresponden.

4. Las Unidades Financieras mencionadas deber�n asimismo informar a la Tesorer�a Nacional de conformidad con lo establecido en el art�culo ocho inciso s�timo del presente Reglamento.

5. Los responsables de las Unidades Financieras y/o el Tesorero Nacional, seg�n sea el caso, determinar�n si procede o no iniciar un procedimiento administrativo a los presuntos responsables generadores de acreditaciones que no corresponden, de conformidad con el debido proceso y la normativa vigente, trasladando el expediente al �rea Jur�dica Institucional cuando as� corresponda.

6. Los responsables de las Unidades Financieras y/o el Tesorero Nacional, seg�n sea el caso, remitir�n una copia de lo resuelto al expediente administrativo personal del funcionario(a) p�blico(a) que la produjo, para que sea tomado en cuenta en todos los �mbitos atinentes a su competencia, ya sea que se logre o no recuperar para el Estado las sumas que no corresponden.

Art�culo 11.�Acreditaciones a entidades deductoras que no corresponden: En aquellos casos en los que se determinen acreditaciones que no corresponden a entidades deductoras, deber�n acatarse las siguientes acciones:

El Tesorero Nacional, ser� el encargado de establecer los procedimientos que deber�n aplicarse, para el control y la recuperaci�n de las acreditaciones que no corresponden a entidades deductoras. Esto por ser un proceso propio de la Tesorer�a Nacional.

Dicho procedimiento deber� contener las siguientes acciones:

a) Los representantes Legales de las Entidades Deductoras o a quienes �stos hayan autorizado, una vez notificado el monto acreditado por parte de la Tesorer�a Nacional, deber�n proceder a depositar mediante Entero de Gobierno en el Fondo General de Gobierno o en las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorer�a Nacional, a m�s tardar el d�a h�bil siguiente a que le fuera comunicado por la Tesorer�a Nacional, las sumas que no les corresponden.

b) En caso de no recuperarse las sumas acreditadas que no le corresponden a la Unidad o Entidad Deductora, en el plazo se�alado en el inciso anterior, la Tesorer�a Nacional proceder� a efectuar la deducci�n en la planilla siguiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurran los representantes legales por esa acci�n u omisi�n. Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en el convenio para el servicio suscrito entre las unidades deductoras y la Tesorer�a Nacional.

c) El Tesorero Nacional, determinar� si procede iniciar un procedimiento administrativo a los presuntos responsables en esta Dependencia generadores de acreditaciones que no corresponden, a entes o Unidades Deductoras, de conformidad con el debido proceso y la normativa vigente, trasladando el expediente al �rea Jur�dica Institucional cuando as� corresponda.

CAP�TULO IV

Responsabilidades y control

Art�culo 12.�Determinaci�n de responsabilidad: Toda responsabilidad ser� determinada de acuerdo con los procedimientos administrativos de la Ley General de la Administraci�n P�blica y dem�s normativas aplicables a la entidad competente, asegurando a las partes en todo momento, las garant�as constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real y efectiva y sin perjuicio de las medidas preventivas procedentes.

Art�culo 13.�Responsables del Sistema de Control Interno: Los titulares subordinados encargados de los procesos de las acreditaciones de conformidad al �mbito de su competencia ser�n los responsables de velar por el control interno de su gesti�n.

Art�culo 14.�Sistemas de Archivo: El archivo de la Administraci�n relacionado con el proceso de acreditaciones que no corresponden, deber� garantizar la custodia de la informaci�n desde la producci�n, recuperaci�n y seguimiento, para contar con informaci�n confiable y oportuna, disponiendo el responsable de un sistema de archivo que permita la f�cil localizaci�n de documentos, seg�n lo establecido en la Ley General de Archivo Nacional, N� 7202 del Sistema Nacional de Archivos, de 24 de octubre de 1990.

Art�culo 15.�Auditor�a al proceso de acreditaciones que no corresponden: El Jerarca de la Instituci�n deber� solicitar a la Auditor�a Interna de su dependencia, incluir en el programa de trabajo de esa dependencia, como m�nimo la realizaci�n de una auditor�a anual del proceso de pagos que no corresponden, con el fin de evaluar la suficiencia y la efectividad del sistema de control establecido. Del respectivo informe se deber� enviar una copia a la Tesorer�a Nacional, para lo que corresponda.

Art�culo 16.�Informes Bimensuales: Los Responsables de la Administraci�n de las acreditaciones que no corresponden realizar, en consideraci�n a las particularidades institucionales, deber�n remitir a la Tesorer�a Nacional para lo que corresponda, un informe bimensual, en donde detallar�n por mes y por separado, la producci�n, recuperaci�n, los pendientes y el acumulado de esas acreditaciones, as� como las acciones administrativas llevadas a cabo.

En el caso de las Unidades Deductoras este requerimiento no aplica debido a que la Tesorer�a Nacional tiene un proceso propio de recuperaci�n de acreditaciones que no corresponden.

Art�culo 17.�Informaci�n: El responsable Institucional de la gesti�n de acreditaciones que no correspondan deber� mantener en su Instituci�n la informaci�n atinente al proceso respectivo a disposici�n de los funcionarios de la Tesorer�a Nacional y de otros entes de control.

Art�culo 18.�Seguimiento: La Tesorer�a Nacional y otros entes de control podr�n llevar a cabo investigaciones cuando lo estimen conveniente, como seguimiento a la producci�n, recuperaci�n y al saldo pendiente de las acreditaciones que no corresponden.

CAP�TULO V

Disposiciones finales

Art�culo 19.�Normativa Supletoria: Para todo aquello no previsto en el presente Reglamento se aplicar�n supletoriamente la Ley de la Administraci�n Financiera de la Rep�blica y Presupuestos P�blicos N� 8131 y su Reglamento, la Ley General de la Administraci�n P�blica N� 6227, La Ley Contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica N� 8422, La Ley de Control Interno N� 8292, C�digo Procesal Contencioso Administrativo N� 8508 y dem�s normativa que resulte atinente, as� como a los lineamientos que emita la Tesorer�a Nacional.

Art�culo 20.�Derogatoria: Der�guese el Decreto N� 26580-H del 26 de noviembre de 1997 publicado en la Gaceta N� 9 del 14 de enero de 1998 y cualquier otra disposici�n que se le oponga.

Art�culo 21.�Vigencia: Rige a partir de su publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la Rep�blica.�San Jos�, a los catorce d�as del mes de mayo del dos mil ocho.

OSCAR ARIAS SANCH�Z.�El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Z��iga Ch.�1 vez.�(Solicitud N� 3072).�C-200660.�(D34574-56650).

N� 34575-S

EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren el art�culo 140, incisos 3) y 18 ), art�culos 146, 185 de la Constituci�n Pol�tica, art�culos 25, inciso 1), 27 inciso 1), 28, inciso 2) ac�pite b) de la Ley General de Administraci�n P�blica, Ley N� 6227 del 2 de mayo de 1978, art�culo 22, siguientes y concordantes de la Ley General de Control Interno, Ley N� 8292 del 31 de julio del 2002, Ley Org�nica de la Contralor�a General de la Rep�blica, Ley N� 7428 del 7 de septiembre de 1994 y sus reformas, Ley de Presupuesto Ordinario para 1989 Ley N� 7111 del 12 de diciembre de 1988, Ley contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica, Ley N� 8422 del 6 de octubre del 2004 y su Reglamento, Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector P�blico, publicado en La Gaceta N� 246 del 16 de diciembre del 2004 y en los �Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos , y las gestiones de nombramiento de dichos cargos� (L-I-2006-CO-DAGJ) emitidos por la Contralor�a General de la Rep�blica y publicados en La Gaceta N� 236 del 08 de diciembre del 2006 y resoluci�n de las trece horas del diecisiete de noviembre del dos mil seis N� R-CO-93-2006 de la Contralor�a General de la Rep�blica.

Considerando:

I.�Que la acci�n asesora de la Auditor�a General tiene como principal funci�n, contribuir al logro de los objetivos institucionales dentro del marco normativo vigente, la efectiva administraci�n del riesgo y las sanas pr�cticas aplicables a cada actividad.

II.�Que la Contralor�a General de la Rep�blica, de conformidad a la Ley N� 7428, es el �rgano rector del sistema de fiscalizaci�n superior de la Hacienda P�blica y le compete ejercer a trav�s de las diferentes t�cnicas la funci�n de auditor�a externa y como complemento la Ley General de control interno N� 8292, establece la obligatoriedad en cuanto a que el Ministerio de Salud cuente con una Auditor�a Interna, responsable de realizar auditor�as y estudios especiales de auditor�a.

III.�Que la Ley General de Control Interno N� 8292 dispone que los �rganos sujetos a esta ley tendr�n una Auditor�a Interna, la cual es parte fundamental del sistema de control interno institucional y del Sistema de Control y Fiscalizaci�n Superiores de la Hacienda P�blica y cuya acci�n fiscalizadora requiere ser reforzada conforme el marco legal y t�cnico que regula su gesti�n en defensa del inter�s p�blico.

IV.�Que el constante crecimiento, desarrollo y modernizaci�n del Ministerio, exige de un mayor y mejor control de las operaciones y procedimientos administrativos u operativos que se efect�an, as� como una mayor eficacia, eficiencia y econom�a en el empleo de los recursos en las Dependencias que conforman el Ministerio.

V.�Que en La Gaceta N� 236 del 08 de diciembre del 2006, se publicaron las �Directrices generales relativas al reglamento de organizaci�n y funcionamiento de las auditor�as internas del Sector P�blico.

VI.�Que en La Gaceta N� 246 del 16 de noviembre del 2004 se emiti� el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditor�a Interna en el Sector P�blico M-1-2004-CO-DDI que promueve un rango de referencia para el valor agregado que la Auditor�a Interna debe proporcionar a la gesti�n institucional.

VII.�Que en La Gaceta N� 236 del 8 de diciembre 2006, se emiti� el Manual de Normas Generales de Auditor�a para el Sector P�blico que establece est�ndares m�nimos para el ejercicio del proceso de auditor�a de manera uniforme, competente, �ntegra, objetiva e independiente.

VIII.�Que es necesario establecer una actualizaci�n del Reglamento de la auditor�a interna, con la finalidad de reglamentar esta de una forma m�s �gil y consistente con las nuevas t�cnicas de control interno contempladas en la Ley N� 8292, manuales, pronunciamientos, normativa atinentes y circulares de la Contralor�a General de la Rep�blica y las nuevas exigencias del Ministerio de Salud.

IX.�Que la Contralor�a General de la Rep�blica, mediante oficio N� DAGJ-049-2008 del 17 de enero de 2008 dio su aprobaci�n al presente Reglamento. Por tanto,

Decretan:

Reglamento de Organizaci�n y Funcionamiento

de la Auditor�a Interna del Ministerio de Salud

CAP�TULO I

Disposiciones generales

Art�culo 1��Objeto. El presente Reglamento regula las actividades, organizaci�n, objetivos, funciones y atribuciones de la Auditor�a Interna del Ministerio de Salud, seg�n lo dispone el art�culo 23 de la ley General de Control Interno.

Art�culo 2���mbito de aplicaci�n. El presente Reglamento es de car�cter obligatorio para todos los funcionarios de la Auditor�a Interna y funcionarios de la administraci�n activa en lo que les resulte aplicable.

Art�culo 3��Del presente Reglamento. Para la formulaci�n, modificaciones, aprobaci�n y promulgaci�n del presente Reglamento se estar� a lo dispuesto en las Directrices generales relativas al Reglamento de Organizaci�n y Funcionamiento de las Auditor�as Internas del Sector P�blico.

CAP�TULO II

De la organizaci�n

SECCI�N I

Concepto de Auditor�a Interna

Art�culo 4��Marco normativo. El ejercicio de la actividad de auditor�a interna se regir� fundamentalmente por lo que establece:

a) La Ley General de Control Interno.

b) La Ley y el Reglamento Org�nico del Ministerio de Salud.

c) El presente Reglamento.

d) El Manual de normas para el ejercicio de la auditor�a interna en el sector p�blico.

e) El Manual de normas generales de auditor�a para el sector p�blico.

f) Las Directrices generales sobre principios y enunciados �ticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios del Ministerio de Salud, auditor�as internas y servidores p�blicos en general.

g) La visi�n, misi�n, pol�ticas, directrices, procedimientos y dem�s instrucciones que dicte el Auditor Interno para orientar la gesti�n de la Auditor�a interna.

h) Otras normas legales, reglamentarias y t�cnicas que le sean aplicables a la Auditor�a Interna.

Art�culo 5��Concepto funcional de Auditor�a Interna. La auditor�a interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al Ministerio de Salud, puesto que ha sido creada para validar y mejorar sus operaciones. Su valor agregado est� directamente relacionado con su aporte a la administraci�n de riesgos, controles y procesos de direcci�n en la consecuci�n de los siguientes objetivos:

a) Proteger y conservar el patrimonio p�blico contra cualquier p�rdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

b) Exigir confiabilidad y oportunidad en la informaci�n.

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.

d) Cumplir con el ordenamiento jur�dico y t�cnico.

Art�culo 6��Establecimiento de ideas rectoras. El cargo de Auditor General corresponde al m�ximo nivel de competencia, responsabilidad y autoridad de la Auditor�a Interna. Es el l�der y rector del proceso de planificaci�n estrat�gica de la Auditor�a Interna y en ese contexto le corresponde definir su misi�n, visi�n, principales pol�ticas y los valores �ticos que deben tener en cuenta los funcionarios de la Auditor�a al conducirse en sus distintas relaciones internas y externas.

Art�culo 7��La Auditor�a y el Control Interno. La Auditor�a Interna es el componente org�nico del sistema de control interno, que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales y proporciona una garant�a razonable de que la actuaci�n del jerarca y el resto del personal del Ministerio de Salud se realiza conforme a la ley y sanas pr�cticas, mediante la efectividad del cumplimiento de sus competencias.

SECCI�N II

Independencia y objetividad

Art�culo 8��Prohibiciones. El Auditor General y el Subauditor, as� como el resto del personal de la Auditor�a Interna, tendr�n las siguientes prohibiciones:

a) Realizar funciones y actuaciones de administraci�n activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia. Tampoco pueden ser miembros de juntas directivas, comisiones de trabajo o similares, sin perjuicio de su participaci�n en dichos �rganos en el ejercicio de sus funciones de asesor�a.

b) Formar parte de un �rgano director de un procedimiento administrativo.

c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los de su c�nyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la existencia de un inter�s directo o indirecto del propio ente u �rgano. De esta prohibici�n se except�a la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral.

d) Participar en actividades pol�tico-electorales, salvo la emisi�n del voto en las elecciones nacionales y municipales.

e) Revelar informaci�n sobre las auditor�as o los estudios especiales de auditor�a que se est�n realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de la instituci�n.

Art�culo 9��Independencia funcional y de criterio. El Auditor General y el Subauditor, as� como el resto del personal de la Auditor�a Interna, ejercer�n sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los dem�s �rganos de la administraci�n activa. El Auditor General deber� establecer procedimientos formales para controlar que el funcionamiento de la Auditor�a Interna no se vea limitada por impedimentos que pongan en duda o peligro la objetividad e independencia de sus actuaciones.

Art�culo 10.�Objetividad individual. Es obligaci�n de los funcionarios de la Auditor�a Interna mantener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de intereses.

Art�culo 11.�Impedimentos del personal de la Auditor�a Interna. A efectos de no perjudicar su objetividad individual y �tica profesional, el personal de la Auditor�a Interna deber�:

a) Rechazar regalos o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su independencia e integridad, sin perjuicio del deber de denunciar tales hechos ante las instancias competentes.

b) Evitar relaciones de �ndole personal, sentimental, de negocios o de cualquier otra naturaleza con personal del Ministerio de Salud y otras personas, que puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad para actuar o que puedan afectar su independencia o la imagen de la Auditor�a Interna.

c) No utilizar su cargo oficial con prop�sitos privados.

d) Evitar relaciones que impliquen un riesgo de corrupci�n o que puedan suscitar dudas acerca de su objetividad e independencia. Si la independencia y objetividad se viesen comprometidas de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer al superior inmediato y dem�s partes involucradas. La naturaleza de esta comunicaci�n deber� ser por escrito.

e) Abstenerse de auditar operaciones espec�ficas de las cuales hayan sido previamente responsables como funcionarios de la Administraci�n, proveedores u otras relaciones.

f) Proveer servicios para una actividad en la que se tuvo responsabilidades o relaciones que puedan resultar incompatibles.

g) Ejecutar sus competencias de asesor�a y advertencia en relaci�n con operaciones de las cuales hayan sido previamente responsables.

h) Ser parte de grupos de trabajo, comisiones o similares que ejerzan funci�n propia de la administraci�n activa. Cuando su participaci�n sea solicitada por el jerarca al Auditor Interno, �sta ser� exclusivamente en su funci�n asesora, en asuntos de su competencia y no podr� ser de car�cter permanente.

Art�culo 12.�Atributos del personal de la Auditor�a. El Auditor General y el Subauditor, as� como el resto del personal de la Auditor�a Interna, deber�n conducirse de conformidad con lo dispuesto en el cap�tulo I de �Normas Personales� del Manual de normas generales de auditor�a para el sector p�blico, emitido por la Contralor�a General.

SECCI�N III

Ubicaci�n y estructura organizativa

Art�culo 13.�Rol de la Auditor�a Interna. La Auditor�a Interna es un �rgano asesor con independencia funcional �nico en el Ministerio de Salud respecto de su actividad de auditor�a interna, con dependencia org�nica del Ministro, brinda servicios de asesor�a con el prop�sito de que se alcancen los objetivos organizacionales. Su ubicaci�n dentro de la estructura institucional corresponde a la de un �rgano de muy alto nivel.

Art�culo 14.�Organizaci�n. La Auditor�a Interna es una sola unidad funcional, de acuerdo con la organizaci�n del Ministerio de Salud, internamente estar� organizada en las siguientes �reas: Gesti�n Administrativa y Financiera, Gesti�n de Rector�a de la Salud y Gesti�n de Tecnolog�as de Informaci�n. Cada una de estas �reas estar� a cargo de un Coordinador(a) de Auditor�a.

Corresponde al Auditor General definir la estructura organizativa y funcional de la Auditor�a Interna.

Esta estructura debe ser debidamente documentada y aprobada por el jerarca, todo conforme a las disposiciones, normas, pol�ticas y directrices que emita la Contralor�a General y la normativa que regula el Ministerio de Salud, a efecto de garantizar, entre otros, una administraci�n eficaz, eficiente y econ�mica de los recursos asignados, as� como la efectividad en el cumplimiento de sus obligaciones legales y t�cnicas.

SECCI�N IV

Del auditor y subauditor generales

Art�culo 15.�Direcci�n y administraci�n de la Auditor�a Interna. La Auditor�a Interna estar� bajo la responsabilidad de un Auditor General, un Subauditor y Coordinadores.

Corresponde al Auditor General la direcci�n superior y administraci�n de la Auditor�a Interna. En esta condici�n responder� por su gesti�n ante el Ministro de Salud.

El Subauditor depender� del Auditor General y ser� directamente responsable ante �ste por su gesti�n o ante el jerarca, cuando se encuentre ejerciendo interinamente el cargo de Auditor General.

Art�culo 16.�De los requisitos para ocupar el cargo de Auditor General y Subauditor. El Auditor General y el Subauditor deber�n cumplir en todo momento con los siguientes requisitos:

a) Ser costarricenses.

b) Ser contadores p�blicos autorizados.

c) Cumplir con los requisitos establecidos en los lineamientos para la descripci�n de las funciones y requisitos de los cargos de auditor interno y subauditor emitidos por la Contralor�a General de la Rep�blica.

d) Deber�n caracterizarse por su idoneidad para el puesto correspondiente.

e) Ser�n profesionales altamente capacitados en materia de auditor�a que cuenten con cuatro a�os de experiencia en la materia atinente al cargo.

Art�culo 17.�Nombramiento y remoci�n del Auditor General y Subauditor. El nombramiento del Auditor y Subauditor Interno lo har� el Ministro de Salud. Su nombramiento ser� de acuerdo con lo que establece el art�culo 31, de la Ley General de Control Interno, ser�n por tiempo indefinido y su jornada de trabajo a tiempo completo y se observar� lo dispuesto en los �Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de Auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos�, emitido por la Contralor�a General y publicado en La Gaceta N� 236, del 8 de diciembre del 2006.

El Auditor General y el Subauditor, seg�n lo dispone el art�culo 15 de la Ley Org�nica de la Contralor�a General y el art�culo 31de la Ley de Control Interno son inamovibles y solo podr�n ser suspendidos o destituidos de sus cargos por justa causa, previa formaci�n de expediente, con oportunidad suficiente de defensa as� como dictamen favorable previo de la Contralor�a General. Para lo anterior, se deber� observar lo dispuesto en los �Lineamientos sobre la garant�a de inamovilidad de los auditores y subauditores internos regulada en el art�culo 15 de la Ley Org�nica de la Contralor�a General de la Rep�blica�.

Art�culo 18.�Deberes del Auditor General. Sin perjuicio de otras obligaciones que le encomiende el jerarca atinentes a sus labores de asesor�a y fiscalizaci�n, y las establecidas en el manual de cargos del Ministerio de Salud, son deberes del Auditor General:

a) Programar, coordinar, dirigir y controlar la Auditor�a Interna. Para ello dictar� los lineamientos, directrices, pol�ticas e instrucciones pertinentes y aplicar� criterios adecuados en el ejercicio de las competencias y en las relaciones con los sujetos pasivos.

b) Conocer, aprobar y dar tr�mite a los informes que se produzcan como resultado de las auditor�as o estudios especiales que se realicen, pudiendo ampliarlos, resumirlos o mantenerlos tal y como le son enviados, con el fin de darlos a conocer al jerarca, direcciones y al personal bajo su cargo, seg�n corresponda.

c) A solicitud de la parte interesada, asesorar en forma oportuna en asuntos de su competencia, al Ministro de Salud, direcciones y al personal bajo su cargo.

d) Definir, establecer y mantener actualizadas las pol�ticas, procedimientos y pr�cticas requeridas por la Auditor�a Interna para cumplir con sus competencias, considerando en cada caso lo relativo a los procesos que ejecuta.

e) Definir, establecer y mantener actualizadas las pol�ticas, procedimientos y pr�cticas de acceso y custodia de la documentaci�n de la Auditor�a Interna, en especial de la informaci�n relativa a los asuntos de car�cter confidencial que se estipulan en el art�culo 6 de la Ley de Control Interno y el art�culo 8 de la Ley contra la Corrupci�n.

f) Formular, gestionar y mantener vigente el Reglamento de Organizaci�n y Funcionamiento de la Auditor�a Interna.

g) Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditor�a Interna

h) Presentar ante el jerarca un informe anual de la ejecuci�n del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la Auditor�a Interna, de la Contralor�a General y de los despachos de contadores p�blicos.

i) Dise�ar, documentar e implantar los procesos de los servicios que presta la Auditor�a Interna, referidos a los servicios de fiscalizaci�n posterior y los servicios preventivos, estableciendo instrumentos efectivos para su administraci�n.

j) Presentar el plan de trabajo de la Auditor�a Interna de conformidad con los lineamientos de la Contralor�a General y proponer al Ministro de Salud, los requerimientos de recursos necesarios para ejecutar dicho plan.

k) Proponer al Ministro de Salud, la creaci�n de plazas que considere indispensables para la debida prestaci�n de sus servicios preventivos y de auditor�a y dem�s recursos que estime necesarios.

l) Cumplir con pericia y debido cuidado profesional sus funciones, haciendo valer sus competencias con independencia funcional y de criterio y ser vigilantes de que su personal responda de igual manera.

m) Adquirir y aplicar los conocimientos, t�cnicas, valores, creencias y actitudes que fortalezcan la efectividad de la actividad de la Auditor�a Interna.

n) Presentar al final de su gesti�n un informe, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contralor�a General de la Rep�blica.

o) Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y tecnol�gicos en funci�n de los objetivos institucionales.

El Auditor General deber� establecer en el Manual Administrativo y T�cnico de la Auditor�a Interna, los procedimientos administrativos y mecanismos espec�ficos para operacionalizar estas funciones.

Art�culo 19.�Delegaci�n de funciones. El Auditor General podr� delegar en su personal sus funciones, utilizando criterios de idoneidad y conforme lo establece la Ley General de la Administraci�n P�blica, quedando el personal obligado a cumplir con el marco legal reglamentario y t�cnico que regula su accionar. Para tal delegaci�n el Auditor General implantar� los mecanismos que estime pertinentes.

Art�culo 20.�Funciones del Subauditor. Las funciones del Subauditor, entre otras afines a su cargo que le asigne el Auditor General y las establecidas en el manual de cargos del Ministerio de Salud, son:

a) Sustituir al Auditor General en sus ausencias temporales.

b) Colaborar con la organizaci�n, planificaci�n y direcci�n de las actividades de la Auditor�a Interna.

c) Asignar tareas y fijar plazos para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan de Trabajo de la Auditor�a Interna.

d) Supervisar el personal, dirigir, coordinar y controlar la ejecuci�n de los estudios que realiza la Auditor�a Interna.

e) Revisar los informes de las auditor�as realizadas y presentarlos al Auditor General para su aprobaci�n final.

f) Participar en la formulaci�n de pol�ticas y directrices de la Auditor�a Interna.

g) Atender con la diligencia y oportunidad requerida todas las instrucciones que le imparta el Auditor General en materia de dise�o, implementaci�n, direcci�n, evaluaci�n y mejora de la calidad de los procesos, procedimientos, productos y servicios de la Auditor�a.

Art�culo 21.�Pericia y cuidado profesional. El Auditor General y el Subauditor deber�n cumplir con pericia y debido cuidado profesional sus funciones, haciendo valer sus competencias con independencia funcional y de criterio, y vigilar�n adem�s porque el personal bajo su cargo act�e de igual manera.

SECCI�N V

Del personal de la Auditor�a Interna

Art�culo 22.�Administraci�n del personal. El Auditor General actuar� como jefe de personal de la Auditor�a Interna y en esa condici�n ejercer� todas las funciones que le son propias en la administraci�n de ese recurso. Por tanto, para los nombramientos, remociones, sanciones, concesi�n de licencias y cualquier otro tipo de movimiento, se deber� contar con su autorizaci�n. En el caso de que el Auditor General est� nombrado en forma interina, podr� ejercer esta potestad para el nombramiento y no as� para la disminuci�n de plazas.

Corresponde al Auditor General administrar su personal (planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, motivar, informar decisiones y brindar apoyo de capacitaci�n, entre otros) hacia el logro adecuado de objetivos y metas de la Auditor�a Interna, as� como garantizar un recurso humano competitivo en el ejercicio de las labores respectivas.

Art�culo 23.�Gesti�n de plazas vacantes. El Auditor General, gestionar� oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la dependencia a su cargo y, ser� obligaci�n de la Oficina de Recursos Humanos atender las vacantes en la Auditor�a con la prioridad requerida para cumplir con el plazo estipulado en el art�culo 28 de la Ley General de Control Interno.

Art�culo 24.�Cumplimiento de normativa jur�dica y t�cnica. Corresponde al Auditor General vigilar y tomar las decisiones pertinentes para que el personal bajo su cargo cumpla en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jur�dica y t�cnica pertinente, as� como con las pol�ticas, procedimientos pr�cticas y dem�s disposiciones administrativas que les sean aplicables. Los procedimientos administrativos y mecanismos espec�ficos que el Auditor General implemente para cumplir con esta funci�n de vigilancia, deber�n estar formalmente establecidos en el Manual Administrativo y T�cnico de la Auditor�a Interna, que se menciona en el art�culo 17 del presente reglamento.

Art�culo 25.�De los Coordinadores de Auditor�a. De conformidad con el Manual descriptivo de puestos del Ministerio de Salud y sin perjuicio de otras obligaciones que le encomiende el Auditor General, son deberes de los Coordinadores de Auditor�a, los siguientes:

a) Planear, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales de los equipos de auditores a su cargo.

b) Velar porque el programa de Auditor�a a desarrollar por cada uno de los equipos profesionales a su cargo, se cumpla atendiendo las pol�ticas, principios y normas t�cnicas de auditor�a, la normativa y la reglamentaci�n vigente y otras disposiciones de aplicaci�n obligatoria en los estudios que se supervisan y coordinan.

c) Planificar y coordinar en conjunto con el encargado del estudio o miembros de cada equipo de trabajo, la ejecuci�n de los estudios asignados, de acuerdo con el plan de trabajo de la Auditor�a.

d) Revisar, corregir, aprobar, comentar y remitir al Auditor General o al Subauditor, notas, memorandos, informes parciales y finales de los estudios que realicen los integrantes de los equipos de auditor�a bajo su supervisi�n y coordinaci�n.

e) Velar porque los equipos de trabajo bajo su cargo dispongan de los recursos necesarios para la realizaci�n de los estudios que se le asignen, as� como por el uso adecuado de los mismos.

f) Velar por el debido acatamiento de las disposiciones disciplinarias y reglamentarias internas de trabajo, as� como de aquellos aspectos de administraci�n de personal que, por designaci�n del Auditor General o Subauditor le competan.

g) Presentar al Auditor General un informe evaluativo de las labores y del trabajo realizado durante un per�odo determinado, as� como del resultado obtenido en la verificaci�n del cumplimiento de recomendaciones emitidas.

h) Organizar, asignar el trabajo y evacuar consultas del personal bajo su cargo a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de los fines de la Auditor�a.

i) Realizar estudios de auditor�a del m�s alto grado de complejidad.

Art�culo 26.�Nombramiento y remoci�n. De conformidad con el �Reglamento de Reclutamiento, Selecci�n y Promoci�n de los Recursos Humanos�, los Coordinadores de Auditor�a ser�n nombrados en forma indefinida y solo podr�n ser removidos de sus cargos cuando incurran en cualquiera de las causales que establece el C�digo de Trabajo, el Reglamento Aut�nomo de Servicios del Ministerio de Salud, o cuando no cumplan a cabalidad con las funciones que les corresponde.

SECCI�N VI

Del �mbito de competencias

Art�culo 27.��mbito de competencia. La Auditor�a Interna cumplir� su funci�n en relaci�n con los fondos p�blicos sujetos al �mbito de competencia del Ministerio de Salud, incluyendo fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar, o sobre fondos y actividades privadas de acuerdo con los art�culos 5 y 6 de la Ley Org�nica de la Contralor�a General de la Rep�blica, en el tanto �stos se originen en transferencias efectuadas por componentes dentro de la competencia del Ministerio de Salud.

Esta funci�n podr� ejercerla directamente o a trav�s de la contrataci�n de firmas externas.

El Auditor General deber� definir y mantener actualizado, en el instrumento correspondiente, el �mbito de acci�n de la Auditor�a, donde se incluyan expresamente los �rganos y entes sujetos a su fiscalizaci�n.

SECCI�N VII

De las relaciones y coordinaciones

Art�culo 28.�Relaciones y coordinaci�n. La Auditor�a Interna mantendr� relaciones y coordinaciones con el Ministro de Salud, la administraci�n activa, con los titulares subordinados del Ministerio de Salud y otras instancias internas y externas, fundamentalmente con la Contralor�a General de la Rep�blica, Instituciones de Control y fiscalizaci�n, Comisiones Legislativas, Ministerio P�blico, Procuradur�a General, denunciantes y otras pertinentes.

Corresponder� al Auditor General administrar esas relaciones y regular las de los dem�s funcionarios de la Auditor�a Interna con los �rganos internos y externos del �mbito de su competencia institucional, a fin de que se realicen de conformidad con el ordenamiento jur�dico y t�cnico aplicable.

Art�culo 29.�Suministro de informaci�n. Es facultad del Auditor Interno solicitar, proveer e intercambiar informaci�n, para el descargo de sus competencias, con entes externos que conforme a la ley correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de la coordinaci�n que con las autoridades superiores o m�ximos niveles gerenciales del Ministerio podr�a mediar al respecto, en tanto no se ponga en duda el cumplimiento del art�culo 6� de la Ley General de Control Interno y 8� de la Ley Contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica.

Art�culo 30.�Creaci�n de plazas. El Auditor General deber� proponer en forma debidamente justificada al Ministro de Salud, la creaci�n de plazas y servicios, as� como la dotaci�n de recursos que considere indispensables para el cumplimiento de su plan de trabajo y, en general para el buen funcionamiento de la Auditor�a Interna. Asimismo deber� comunicar al Ministro de Salud del impacto que sobre la fiscalizaci�n y el control tendr� la limitaci�n de recursos y sobre el riesgo que se asume y la eventual responsabilidad que podr�a imput�rsele al respecto.

Art�culo 31.�Asignaci�n de recursos. El jerarca del Ministerio de Salud deber� asignar a la Auditor�a Interna los recursos necesarios para la atenci�n de una estrategia de fiscalizaci�n razonable, la cual debe ser presentada por el Auditor General y debe estar sustentada en el estudio t�cnico pertinente, principalmente lo relativo al recurso humano m�nimo necesario para llevarla a cabo. Ser� tambi�n obligaci�n del Ministro de Salud disponer lo necesario ante las autoridades competentes, para que se gestionen esos recursos en forma oportuna y adecuada.

Art�culo 32.�Presupuesto y plan de adquisiciones. La Auditor�a Interna formular� sus proyectos anuales de presupuesto y del plan de adquisiciones, de conformidad con el ordenamiento jur�dico aplicable y lineamientos institucionales. En caso de discrepancia por dotaci�n de recursos presupuestarios entre la unidad responsable del an�lisis del anteproyecto de presupuesto institucional y la Auditor�a Interna, resolver� el m�ximo jerarca.

Art�culo 33.�Presupuesto para capacitaciones. El Auditor General, incluir� dentro del presupuesto anual, los recursos necesarios para capacitar adecuadamente al personal de la Auditor�a Interna.

Art�culo 34.�Asignaci�n equitativa de recursos. Ser� responsabilidad al Ministro de Salud y las instancias t�cnicas correspondientes, que la asignaci�n de recursos presupuestarios a la Auditor�a Interna, se realice de manera equitativa con respecto del resto de dependencias del Ministerio de Salud, en el entendido de que no exista un trato discriminatorio en caso de restricciones de orden presupuestario, de forma que se cubran los requerimientos imprescindibles para su adecuado desempe�o.

Esta asignaci�n deber� realizarse en las diferentes partidas y subpartidas correspondientes a los requerimientos propios y directos de la Auditor�a Interna. En el caso de que las instancias t�cnicas correspondientes efect�en una disminuci�n de recursos del presupuesto elaborado y presentado por la Auditor�a Interna, el mismo debe ser justificado ante el jerarca y el Auditor General informar� respecto al impacto de esta disminuci�n sobre la fiscalizaci�n y el control que tendr� la limitaci�n de recursos y sobre el riesgo que se asume y la eventual responsabilidad que podr�a imput�rsele al respecto.

Art�culo 35.�Registro separado del presupuesto. Ser� obligaci�n de la administraci�n del Ministerio de Salud, llevar un registro separado del monto asignado y aprobado para la Auditor�a Interna, detallado por objeto del gasto de manera que se controle con toda exactitud la ejecuci�n y modificaciones del gasto asignado y aprobado.

Art�culo 36.�Obligaci�n de asesorar a la Auditor�a. La Asesor�a Legal del Ministerio de Salud, estar� en la obligaci�n de atender de manera oportuna y efectiva, las necesidades de orden jur�dico de la Auditor�a Interna, que le permitan cumplir sus competencias.

Art�culo 37.�Protecci�n al personal de la Auditor�a. Cuando el personal de la Auditor�a Interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, el Ministerio de Salud dar� todo su respaldo jur�dico y t�cnico y cubrir� los costos para atender ese proceso hasta su resoluci�n final, todo de conformidad con las posibilidades presupuestarias, humanas y materiales del Ministerio. Para tales efectos, la Administraci�n designar� el personal id�neo para ejercer la defensa, el que contar� con el aval del Auditor General, o en su defecto, destinar� los recursos necesarios para su contrataci�n externa, para lo cual deber�n observarse los procedimientos que rigen la contrataci�n administrativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el art�culo N� 26 de la Ley de Control Interno.

Art�culo 38.�Asesor�a de profesionales. Cuando la Auditor�a Interna realice evaluaciones en campos diferentes a su especialidad, podr� contar, cuando las circunstancias lo requieran, con la asesor�a pertinente de profesionales en el �rea objeto de examen.

Art�culo 39.�Dependencia de profesionales asesores. Los profesionales en disciplinas distintas a las contables, financieras y administrativas que, en virtud de lo indicado en el art�culo anterior, participen en estudios de auditor�a estar�n bajo la autoridad de la Auditor�a Interna y los informes que rindan deben ser dirigidos al Auditor General o al Subauditor.

Art�culo 40.�Facilidades al personal de la Auditor�a. Ser� obligaci�n de todo funcionario o dependencia del Ministerio de Salud brindar las facilidades necesarias para que el personal de la Auditor�a Interna realice satisfactoriamente su labor. El incumplimiento de esta disposici�n ser� comunicada inmediatamente por parte de la Auditor�a al Nivel Gerencial, para que se apliquen las medidas pertinentes.

Art�culo 41.�Plazos para el suministro de informaci�n a la Auditor�a. La Auditor�a Interna se�alar� en cada caso el plazo en el cual debe suministrarse la informaci�n o documentos que solicite. Este plazo ser� establecido considerando la importancia y urgencia que lo solicitado represente para la oportuna ejecuci�n de sus funciones.

El incumplimiento de lo anterior deber� ser informado por la Auditor�a al jerarca para que ordene las medidas disciplinarias que correspondan.

Cuando una unidad o funcionario no pueda suministrar la informaci�n o los documentos solicitados dentro del plazo establecido, deber� comunicarlo as� a la Auditor�a dentro de los dos d�as h�biles siguientes al recibo de la solicitud. En casos debidamente justificados, la Auditor�a podr� prorrogar el plazo originalmente establecido para el suministro de la informaci�n requerida.

Art�culo 42.�Elevaci�n al Ministro de conflictos sobre plazos para suministro de informaci�n. Si en cualesquiera de los casos de incumplimiento a este Reglamento se�alados en los dos art�culos inmediatos precedentes el Nivel Gerencial no obstante las gestiones realizadas por el Auditor General, no tomara las medidas disciplinarias que correspondan o no se pronunciara al respecto dentro de un plazo prudencial, el Auditor General elevar� el asunto a conocimiento del Ministro para que este decida. Si el Auditor General estuviera en desacuerdo con la decisi�n tomada por ese �rgano Colegiado, as� lo har� constar por escrito dentro de los ocho d�as h�biles posteriores a la fecha en que se tome el acuerdo o se conozca el asunto, exponiendo las razones en que fundamenta su oposici�n.

CAP�TULO III

Del funcionamiento de la Auditor�a Interna

SECCI�N I

Competencias, deberes y potestades de la Auditor�a Interna

Art�culo 43.�Competencias. La Auditor�a Interna actuar� conforme a las competencias que le establecen:

a) Art�culo 22 de la Ley General de Control Interno.

b) Art�culo 10 de la ley Org�nica del Ministerio de Salud

c) Art�culo 80 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica.

d) Art�culo 14 del Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la Rep�blica.

e) Art�culo 11 de las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gesti�n, seg�n lo dispuesto en el inciso e) del art�culo 12 de la Ley General de Control Interno.

f) Otras leyes, Reglamentos y dem�s normativa de obligada observancia.

Art�culo 44.�Deberes por ley. El Auditor Interno y el personal de la Auditor�a Interna, para el desempe�o de sus competencias, tendr�n los deberes que se establecen en el art�culo 32 de la Ley General de Control Interno.

Art�culo 45.�Potestades por ley. El Auditor Interno y el personal de la Auditor�a Interna, para el desempe�o de sus competencias, tendr�n las potestades que se establecen en el art�culo 33 de la Ley General de Control Interno.

SECCI�N II

De los servicios que brinda la Auditor�a

Art�culo 46.�Servicios de fiscalizaci�n posterior. Comprender�n el desarrollo de auditor�as financieras, operativas, de sistemas de informaci�n o estudios especiales de auditor�a sobre aspectos espec�ficos, en cualesquiera unidades administrativas u operativas del Ministerio de Salud, en el momento en que se considere oportuno, con base en el plan de auditor�a, o de acuerdo con las prioridades del caso cuando medie petici�n de la Contralor�a General, la Ministra (o) de Salud, o cuando a criterio del Auditor General as� se justifique. Comprender�n tambi�n la realizaci�n de auditor�as o estudios especiales sobre fondos p�blicos sujetos a su competencia y sobre fondos y actividades privadas de acuerdo con los art�culos 5 y 6 de la Ley Org�nica de la Contralor�a General, as� como sobre unidades desconcentradas o sobre la prestaci�n de servicios prestados por terceros.

Ser� obligaci�n de las entidades, sujetos p�blicos o privados y unidades administrativas, mencionadas en el p�rrafo anterior y sobre las cuales se realicen estudios de auditor�a, brindar la informaci�n que requiera la Auditor�a Interna, en plazos y condiciones razonables que no entorpezcan su labor.

Art�culo 47.�Servicios preventivos. Comprenden la asesor�a, la advertencia y la autorizaci�n de libros. Las dos primeras deber�n versar sobre asuntos estrictamente de la competencia de la Auditor�a Interna y deber�n darse sin que se comprometa su independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus competencias. El trabajo derivado de los servicios preventivos se comunicar� mediante oficios u otros medios que la Auditor�a Interna considere conveniente y para ello el Auditor General definir� la forma y contenido de los documentos de conformidad con la normativa t�cnica aplicable.

El servicio de asesor�a ser� proporcionado en forma exclusiva por el Auditor General, de manera verbal o escrita, consiste en proveer criterios, opiniones u observaciones que coadyuven a la toma de decisiones sobre asuntos puntuales y no devienen en vinculante para quien los recibe. Las asesor�as se brindar�n a solicitud expresa del jerarca e implicar� verificar posteriormente lo actuado por ese �rgano respecto de la asesor�a prestada. En cuanto a otros niveles gerenciales, �stas podr�n darse de oficio o a solicitud y quedar� a criterio del Auditor Interno proporcionarla. Podr�n ser escritas o verbales.

El servicio de advertencia consiste en prevenir a la administraci�n activa sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a contrapelo del ordenamiento jur�dico y t�cnico, siempre y cuando sean del conocimiento de la Auditor�a Interna. Deber�n ser escritas e implicar� por parte de la Auditor�a Interna, verificar posteriormente lo actuado por la administraci�n.

Art�culo 48.�Comunicaci�n de los productos de fiscalizaci�n posterior. El resultado de los servicios de fiscalizaci�n posterior se comunicar�n mediante informes, los cuales ser�n b�sicamente de dos tipos: de control interno, incluidos los de seguimiento de recomendaciones y de responsabilidades (Relaciones de Hechos).

SECCI�N III

De la ejecuci�n de las auditor�as

Art�culo 49.�Recopilaci�n de evidencia en papeles de trabajo. La recopilaci�n de evidencia de los estudios de auditor�a recabada por parte de los funcionarios y equipos de trabajo de la Auditor�a Interna, se realizar� por medio de papeles de trabajo que se codificar�n y ordenar�n en c�dulas t�cnicamente elaboradas. Asimismo, los resultados obtenidos se sustentar�n con evidencia suficiente y competente, que facilite la toma de decisiones al jerarca y los titulares subordinados, respecto del tr�mite de las recomendaciones contenidas en el respectivo informe.

Art�culo 50.�Procesamiento de informaci�n. Los funcionarios de la Auditor�a Interna deber�n identificar, analizar, evaluar y registrar suficiente informaci�n de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. Adem�s, deben identificar la informaci�n suficiente, confiable, relevante y �til y basar sus hallazgos, conclusiones, recomendaciones y dem�s resultados del trabajo en adecuados an�lisis y evaluaciones. Por otra parte, deben registrar la informaci�n relevante que les permita apoyar los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y dem�s resultados del trabajo.

Art�culo 51.�Acceso a los registros de trabajo. El Auditor General deber� controlar el acceso a los registros y papeles de trabajo de los estudios que se realicen, de personas ajenas a la Auditor�a Interna. Deber� tomar las previsiones de modo que se requiera de su autorizaci�n o la de quien �l designe para que se pueda acceder a esta informaci�n. Adem�s, deber� establecer requisitos de custodia para los registros y documentaci�n del trabajo. Estos requisitos de retenci�n deben ser consistentes con las regulaciones pertinentes u otros requerimientos sobre este tema.

Art�culo 52.�Pericia y debido cuidado profesional. Los funcionarios de la Auditor�a Interna deber�n realizar su trabajo con pericia y cuidado profesional. Las personas asignadas a cada trabajo deber�n poseer, en conjunto, los conocimientos, t�cnicas y otras competencias para desempe�arlo adecuadamente.

Art�culo 53.�Pol�ticas de administraci�n y supervisi�n. El Auditor General emitir� pol�ticas para administrar y supervisar la ejecuci�n de los estudios contenidos en los planes de trabajo, con el objeto de asegurar su conformidad con las normas de auditor�a interna, las pol�ticas y los programas de auditor�a.

Art�culo 54.�Manual Administrativo y T�cnico de la Auditor�a Interna. El Auditor General deber� formular y mantener actualizado y en uso, un Manual de procedimientos de la Auditor�a Interna, con el objeto de que se cuente con un instrumento que defina las caracter�sticas y los procedimientos de auditor�a aplicables al Ministerio de Salud. Este Manual deber� emitirse conforme a los lineamientos generales que dicte la Contralor�a General sobre la materia, en especial lo establecido al respecto en el �Manual de normas generales de auditor�a para el sector p�blico� y en el �Manual de procedimientos de auditor�a para la Contralor�a y las entidades y �rganos sujetos a su fiscalizaci�n�. En este manual se establecer�n, entre otros aspectos, lo referente a los procedimientos a seguir para la obtenci�n, el an�lisis, registro, procesamiento y custodia de la informaci�n obtenida, as� como la supervisi�n del trabajo.

SECCI�N IV

De la comunicaci�n de resultados

Art�culo 55.�Conferencia final. Los resultados, conclusiones y recomendaciones se comentar�n, de previo a su comunicaci�n oficial, con el funcionario a quien se dirigen las recomendaciones, poseedor de la competencia y autoridad para ordenar su implantaci�n, a fin de promover el intercambio y retroalimentaci�n con respecto a �stos.

Las observaciones escritas que al respecto ese funcionario proporcione en la conferencia final, se contemplar�n en el respectivo informe de auditor�a y sobre ellas se manifestar�, de estimarlo necesario, la Auditor�a Interna.

La Auditor�a Interna s�lo deber� variar su criterio y, si es del caso, modificar el contenido de su informe, cuando as� se le demuestre con razones fundadas y a su entera satisfacci�n.

Se exceptuar�n de esa conferencia final los asuntos relacionados con el establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La Auditor�a Interna deber� documentar los resultados de la conferencia final de resultados.

Art�culo 56.�Obligaci�n de acudir a la conferencia final de resultados. Ser� obligaci�n de los funcionarios convocados, acudir a la presentaci�n verbal de los resultados del estudio y se podr� reputar como un eventual debilitamiento del sistema de control interno, la ausencia injustificada a dicha presentaci�n.

Art�culo 57.�Posibilidad de comunicar verbalmente resultados. Con el objeto de que las deficiencias se corrijan sobre la marcha, la Auditor�a Interna podr� comunicar a la Administraci�n verbalmente los resultados obtenidos durante la ejecuci�n de un estudio de control interno y luego informar� por escrito.

Art�culo 58.�Plazos de los informes. Los informes de control interno, parciales y finales, as� como las relaciones de hechos, est�n sujetos al tr�mite y los plazos improrrogables previstos en los art�culos que van del 36 al 38 de la Ley de Control Interno, excepto aquellos que la Contralor�a General determine. El incumplimiento de lo estipulado en los art�culos 36 al 38 anteriormente citados, es causal de responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en los art�culos 39 y 40 de la precitada ley.

Los plazos se�alados en los art�culos precitados empezar�n a correr a partir del recibo del informe por parte de los titulares subordinados o del jerarca, seg�n corresponda.

Art�culo 59.�Informes de auditor�a sobre entes privados. Los informes de auditor�a obre entes privados a los que el Ministerio de Salud ha concedido beneficios patrimoniales � gratuitos o sin contraprestaci�n alguna- y sus recomendaciones, se dirigir�n al jerarca del ente privado responsable de administrar los fondos transferidos, con sujeci�n a las normas legales y reglamentarias relativas a la conferencia y comunicaci�n de esos informes y, con copia al Ministro y a la unidad responsable de verificar los requisitos que deben cumplir los entes privados para que se le trasladen fondos.

Art�culo 60.�Obligaci�n de implantar las recomendaciones. El jerarca o el titular subordinado, una vez aceptadas las recomendaciones de la Auditor�a Interna, deber� girar por escrito, dentro de los plazos establecidos en los art�culos 37 y 36 de la Ley de Control Interno, respectivamente, la orden para su implantaci�n al responsable designado, con copia a la Auditor�a Interna. Dicha instrucci�n deber� emitirse dentro del plazo establecido en los art�culos citados.

Art�culo 61.�Registro de control de avance de implantaci�n de recomendaciones. Corresponder� al titular subordinado correspondiente, llevar un registro para controlar el avance de la implantaci�n de las recomendaciones y el cumplimiento del plazo establecido. Adem�s, rendir� cuentas al jerarca respecto del seguimiento si por orden de �ste se est�n implantando y ese mismo control, lo llevar� para aquellas que haya ordenado.

Art�culo 62.�Responsabilidad por incumplimiento de recomendaciones. Cabr� responsabilidad administrativa contra los funcionarios que incumplan las recomendaciones de la Auditor�a Interna, ordenadas por el jerarca o titular subordinado respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.

Art�culo 63.�Obligaci�n de iniciar el procedimiento administrativo recomendado por la Auditor�a Interna. El jerarca o el funcionario con la competencia para iniciar un procedimiento administrativo por recomendaci�n de la Auditor�a Interna, deber� tomar las medidas necesarias para que �ste se inicie dentro de los plazos que correspondan a fin de que se interrumpa la prescripci�n de la responsabilidad.

Se considerar� falta grave el no gestionar lo necesario para que �ste se inicie oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor prescriba.

SECCI�N V

De las relaciones de hechos

Art�culo 64.�Relaciones de hechos. El informe de auditor�a que se denomine relaci�n de hechos s�lo tratar� sobre asuntos de los que puedan derivarse posibles responsabilidades administrativas y civiles y, ha de contener los elementos necesarios para la identificaci�n de los presuntos responsables contra los cuales enderezar las acciones que se recomiendan y precisar los hechos an�malos o irregulares que se les atribuyen.

Art�culo 65.�Confidencialidad. Las relaciones de hechos y toda la informaci�n y documentaci�n de sustento producto de la investigaci�n de la Auditor�a Interna, en su poder, son de acceso restringido durante: la investigaci�n, la elaboraci�n de la relaci�n de hechos y su expediente y el traslado al jerarca u �rgano competente y, a�n posterior a ello hasta que la instancia competente dicte el acto final.

Cuando la relaci�n de hechos se genere por una investigaci�n cuyo origen es una denuncia, la Auditor�a Interna deber� tomar las medidas necesarias para que se guarde en todo momento y sin sujeci�n a l�mite de tiempo confidencialidad sobre la identidad del denunciante.

Todo lo anterior de conformidad con el art�culo 6� de la Ley General de Control Interno y 8� de la Ley Contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica.

Art�culo 66.�Solicitudes de la Asamblea Legislativa. Las solicitudes de la Asamblea Legislativa referidas a las relaciones de hechos, documentaci�n y pruebas que obren en poder de la Auditor�a Interna ser�n satisfechas en el tanto se trate de solicitudes que formule una comisi�n legislativa debidamente acreditada de conformidad con el inciso 23) del art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica y �sas no formen parte de una denuncia trasladada al Ministerio P�blico.

Art�culo 67.�Comunicaci�n. Las relaciones de hechos, se dirigir�n al Ministro y se acompa�an del respectivo expediente, el cual debe enviarse en estricto orden cronol�gico y debidamente foliado, con un �ndice de la prueba que la soporta. La identidad del denunciante y denuncia por �l suscrita no deben ser considerados como parte del expediente en cuesti�n. La Auditor�a Interna no tiene la obligaci�n de dar audiencia a los presuntos responsables que con motivo de la investigaci�n se�ale.

SECCI�N VI

Del tr�mite de denuncias

Art�culo 68.��mbito de competencia. La Auditor�a Interna dar� tr�mite �nicamente a aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relaci�n con el uso y manejo de fondos p�blicos o que afecten la Hacienda P�blica y lo regulado por la Ley Contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica.

Art�culo 69.�Principios generales. En la admisi�n de las denuncias se atender�n los principios de simplicidad, econom�a, eficacia y eficiencia.

Art�culo 70.�Confidencialidad de los denunciantes y de la informaci�n. La Auditor�a Interna guardar� confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que le presenten denuncias. La informaci�n, documentaci�n y otras evidencias de las investigaciones que efect�e la Auditor�a Interna, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, ser�n confidenciales durante la formulaci�n del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resoluci�n final del procedimiento administrativo, la informaci�n contenida en el expediente ser� calificada como informaci�n confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendr�n libre acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en el expediente administrativo, seg�n lo establecido en el art�culo 6 de la ley N� 8292 y el art�culo 8 de la Ley N� 8422.

Las autoridades judiciales podr�n solicitar la informaci�n pertinente, ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.

Art�culo 71.�Admisibilidad de las denuncias. La Auditor�a Interna recibir� cualquier tipo de denuncia, la cual examinar�, dentro de un plazo razonable. La admisibilidad de las mismas ser� definida de conformidad con lo que establece el art�culo 72 de este reglamento, dictando el acto respectivo, el cual deber� ser comunicado al denunciante que hubiera se�alado lugar para o�r notificaciones, rechaz�ndola o admiti�ndola. Las denuncias presentadas deben ser registradas de tal manera que el ciudadano y la Auditor�a Interna puedan identificarlas y darles seguimiento con facilidad y oportunidad. Lo anterior, seg�n el procedimiento que al efecto se haya establecido en la Auditor�a Interna.

Art�culo 72.�Formas de presentaci�n. Las denuncias podr�n presentarse en forma escrita, de manera verbal o excepcionalmente por cualquier otro medio, cuando las circunstancias as� lo exijan. Las denuncias an�nimas ser�n atendidas en el tanto aporten elementos de convicci�n suficientes y se encuentren soportadas en medios probatorios id�neos que permitan iniciar la investigaci�n, de lo contrario se archivar� la denuncia.

Art�culo 73.�Rechazo de las denuncias. La Auditor�a Interna rechazar� en cualquier momento, incluso desde su presentaci�n y mediante resoluci�n motivada:

a) Las denuncias que no sean de su competencia, en cuyo caso deber� canalizarlas a las instancias competentes de conformidad con la Ley de protecci�n al ciudadano del exceso de requisitos y tr�mites administrativos, N� 8220 del 4 del marzo de 2002.

b) Las denuncias que sean manifiestamente improcedentes o infundadas.

c) Las denuncias reiterativas que contengan aspectos que hayan sido atendidos, en cuyo caso se comunicar� al interesado lo ya resuelto.

d) Las denuncias que se refieran �nicamente a intereses particulares del ciudadano, con relaci�n a conductas u omisiones de la Administraci�n activa que les resulten lesivas de alguna forma, y para cuya soluci�n exista un procedimiento espec�fico contemplado en el ordenamiento jur�dico vigente.

e) Las gestiones que bajo el formato de denuncia, sean presentadas con la �nica finalidad de ejercer la defensa personal sobre situaciones cuya discusi�n corresponda a otras sedes, ya sean administrativas o judiciales.

El detalle y la relaci�n de los hechos denunciados deben ser claros, precisos y con el detalle necesario, de modo que permitan activar una investigaci�n. En caso de imprecisi�n de los hechos, se otorgar� al denunciante diez d�as h�biles para que complete la informaci�n que fundamenta la denuncia. Lo anterior, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de esta prevenci�n facultar� el archivo inmediato de la gesti�n, sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente como una nueva denuncia.

Art�culo 74.�Comunicaci�n al denunciante en caso de denuncias suscritas. Al denunciante se le deber� comunicar cualquiera de las siguientes resoluciones que se adopte de su gesti�n:

La decisi�n de desestimar la denuncia y de archivarla.

La decisi�n de trasladar la gesti�n para su atenci�n a lo interno del Ministerio de Salud o al Ministerio P�blico.

El resultado final de la investigaci�n que se realiz� con motivo de su denuncia. En caso de que tales resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o la interposici�n de un proceso judicial, se le comunicar� que se realiz� el estudio correspondiente y de su remisi�n a la autoridad competente, sin aportar informaci�n, documentaci�n u otras evidencias inherentes a la investigaci�n.

Las anteriores comunicaciones se realizar�n en el tanto haya especificado en dicho documento su nombre, calidades y lugar de notificaci�n.

Art�culo 75.�Denuncias ante la Auditor�a Interna sobre asuntos disciplinarios o con motivo de la prestaci�n de servicios a funcionarios del Ministerio de Salud. Ser�n trasladadas para el tr�mite que corresponda a la respectiva direcci�n o, en su defecto al superior inmediato del funcionario denunciado, con indicaci�n expresa de los art�culos 6� de la Ley General de Control Interno y 8� de la Ley Contra la Corrupci�n y el Enriquecimiento Il�cito en la Funci�n P�blica, el cual comunicar� al denunciante lo que corresponda.

Art�culo 76.�Resguardo de la identidad del denunciante. Todo papel de trabajo, raz�n de archivo o comunicaci�n a terceros generados por la Auditor�a Interna, resultado de la denuncia que recibiera, no deben consignar la identidad del denunciante.

SECCI�N VII

Del seguimiento de las recomendaciones

y servicios preventivos de la Auditor�a Interna

Art�culo 77.�Programa de seguimiento de recomendaciones. La Auditor�a Interna formular� y ejecutar� un programa de seguimiento enfocado a verificar la efectividad con que se implantaron sus recomendaciones, as� como las disposiciones de la Contralor�a General y dem�s recomendaciones de otros �rganos de control que hayan sido puestas en su conocimiento.

Art�culo 78.�Seguimiento de los servicios de advertencia. La Auditor�a Interna verificar� lo actuado por la Administraci�n respecto de las advertencias que le haya formulado, sin perjuicio de que seg�n corresponda, como resultado del seguimiento, emita informes de control interno o de responsabilidades, u otros pertinentes.

SECCI�N VIII

De la planificaci�n y programaci�n del trabajo de auditor�a

Art�culo 79.�Planificaci�n estrat�gica y anual. La Auditor�a Interna formular� la planificaci�n estrat�gica y anual de sus procesos, conforme a los lineamientos aplicables al Ministerio de Salud y para ello debe basarse en las normas contenidas en el manual de normas para el ejercicio de la auditor�a interna en el sector p�blico, en la valoraci�n de riesgo institucional hasta donde sea posible, con �nfasis en temas sensibles y del sistema de control interno, incluidos los referentes a la prevenci�n de la corrupci�n y del enriquecimiento il�cito.

Art�culo 80.�Plan anual de trabajo. La Auditor�a Interna confeccionar� y presentar� para su aprobaci�n jerarca, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Contralor�a General, un plan anual de trabajo que entrar� en vigor a partir del primer mes del a�o a que corresponde.

Art�culo 81.�Programas de trabajo espec�ficos. El programa espec�fico de trabajo de cada estudio de auditor�a, ser� dise�ado contemplando aquellos aspectos que se consideren de mayor inter�s para la Auditor�a Interna. Este programa deber� ser elaborado por el equipo de trabajo asignado al estudio y aprobado por el Auditor General o Subauditor.

Art�culo 82.�Modificaci�n al plan anual de trabajo. La Auditor�a Interna tendr� la competencia de elaborar, y modificar sus planes anuales de trabajo de conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio de que se atiendan sugerencias que le manifieste el jerarca y la obligaci�n que le asiste al Auditor General de dialogar y exponer su contenido y su relaci�n con el plan estrat�gico de fiscalizaci�n.

Art�culo 83.�Mejoramiento de la calidad. El Auditor General deber� formular criterios m�nimos para implementar, divulgar y mantener un programa de aseguramiento continuo de la calidad y mejora en los principales procesos de la Auditor�a Interna, que considere la aplicaci�n de la normativa jur�dica y t�cnica pertinente. Este programa ser� evaluado peri�dicamente tanto interna como externamente.

CAP�TULO IV

Disposiciones finales

Art�culo 84.�Responsabilidades del Auditor General sobre el presente reglamento. Son responsabilidades del Auditor General con respecto al presente reglamento, las siguientes:

a) Actualizar, divulgar y cumplir el presente reglamento, en la materia que le concierne.

b) Someter a la aprobaci�n del jerarca las modificaciones necesarias e incorporar a la versi�n final que se publique en el diario oficial La Gaceta, si proceden, las observaciones que el Jerarca realice, luego de la aprobaci�n de la Contralor�a General.

c) Someter a la Contralor�a General las discrepancias de criterio sobre las modificaciones que se propongan.

Art�culo 85.�Responsabilidades del Ministro sobre el presente reglamento. Son responsabilidades del jerarca con respecto al presente reglamento, las siguientes:

a) Divulgar el presente Reglamento y disponer las acciones necesarias para que todos los funcionarios del Ministerio de Salud lo cumplan.

b) Proponer al Auditor General las modificaciones que considere procedentes, las cuales una vez avaladas por �ste, deber�n publicarse en La Gaceta, luego de la aprobaci�n de la Contralor�a General.

Art�culo 86.�Obligaci�n de acatar las disposiciones del Reglamento. Las disposiciones de este reglamento, son de acatamiento obligatorio del personal de la Auditor�a Interna, y del resto de la Administraci�n activa del Ministerio de Salud, en lo que concierne a cada uno de ellos.

El incumplimiento injustificado de lo dispuesto en este Reglamento, ser� causal de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el Cap�tulo V de la Ley General de Control Interno y en la Ley Contra la Corrupci�n y su reglamento.

La determinaci�n de responsabilidades y aplicaci�n de las sanciones administrativas corresponde al �rgano competente, seg�n las regulaciones internas y la normativa que resulte aplicable.

Disposiciones transitorias

Transitorio �nico.�La Auditor�a Interna del Ministerio de Salud deber�, dentro del plazo m�ximo de 3 meses a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, adecuar sus pol�ticas y procedimientos a las regulaciones contempladas en el presente cuerpo normativo.

Art�culo 87.�Vigencia. Rige a partir de su publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la Rep�blica.�San Jos�, a los diez d�as del mes de marzo de dos mil ocho.

OSCAR ARIAS S�NCHEZ.�La Ministra de Salud, Dra. Mar�a Luisa �vila Ag�ero.�1 vez.�(Solicitud N� 473459).�C-475220.�(D-34575-56651).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA

DIRECCI�N GENERAL DE SERVICIO CIVIL

ASESOR�A JUR�DICA

AVISOS

N� 014-SC.�San Jos�, 16 de junio del 2008

Se hace saber que la Direcci�n General de Servicio Civil ha emitido las siguientes resoluciones:

DG-313-08.- Modifica el Manual de Especialidades del R�gimen de Servicio Civil con el fin de incluir el t�tulo de Ingeniero Tecn�logo especialidad Ingenier�a Forestal en las especialidades de Protecci�n Ambiental y Manejo de �reas de Conservaci�n y Forestal.

DG-314-08.- Modifica el Manual de Especialidades del R�gimen de Servicio Civil con el fin de incluir la carrera de T�cnico en Bibliotecolog�a y Recursos para el Aprendizaje en la especialidad Bibliotecolog�a.

DG-315-08.- Modifica el Manual de Especialidades del R�gimen de Servicio Civil para incluir la Carrera de Maestr�a en Salud P�blica �nfasis en Adolescencia y Juventud en la especialidad Educaci�n para la Salud.

DG-338-08.- Modifica el Manual de Clases Anchas (Resoluci�n DG-055-97 del 05 de junio de 1997 y sus reformas), con el fin de crear la clase Conserje de Centro Educativo.

DG-339-08.- Modifica la Resoluci�n DG-065-2008 con el fin de incluir las clases de Trabajador Miscel�neo 2, Generalista, T�cnico en Inform�tica 3, as� como modificar la clase T�cnico en Artes Gr�ficas en el art�culo 2�.

Publ�quese.�Jos� Joaqu�n Arguedas Herrera, Director General.�1 vez.�(Solicitud N� 20840).�C-13220.�(57385).

GOBERNACI�N Y POLIC�A

JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA NACIONAL

AVISO

PUBLICACI�N DE TERCERA VEZ

Se informa al comercio nacional y p�blico en general el extrav�o de los cheques Nos. 909 al 920, de la cuenta corriente N� 132180-1 y los cheques Nos. 9929 al 10000, de la cuenta corriente N� 41129-8, ambas del Banco Nacional de Costa Rica. Adem�s de los cheques Nos. 6985 al 6999, de la cuenta corriente N� 89302-1 en el Banco de Costa Rica, por ende no nos hacemos responsables del mal uso que se le pueda dar a estos t�tulos valores. Hacemos de conocimiento general, de que dichos cheques no han sido cambiados y muestran una orden girada de no pago. Lic. Nelson Loaiza Sojo, Director General.�C-Exento.�(56822).

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

PROVEEDUR�A INSTITUCIONAL

AVISO

PUBLICACI�N DE TERCERA VEZ

La Proveedur�a Institucional en cumplimiento con el �Manual de Normas T�cnicas en la Legalizaci�n de Libros�, seg�n su norma 318, inciso 318.01; informa el extrav�o de los siguientes libros: Actas de Menaje con fecha de apertura del 27/08/1999, Inventario Art�culos Especiales No Patrimoniables con apertura el 25/10/1999, Actas Recibo de Donaciones con apertura el 25/10/1999, Actas Desechos y Desusos de Bienes con apertura el 25/10/1999, Actas Traslados de Bienes con apertura el 25/10/1999, Actas Recibo de Obras con apertura el 26/04/2000 y Registro de Actas de Comisi�n de Donaciones con apertura el 23/03/2004. San Jos�, 13 de junio de 2008.�Lic. Jos� �ngel Soto Varela.�(Solicitud N� 49076).�C-21620.�(55871).

EDUCACI�N P�BLICA

DIRECCI�N DE GESTI�N Y EVALUACI�N DE LA CALIDAD

REPOSICI�N DE T�TULOS

EDICTOS

PUBLICACI�N DE tercera VEZ

Ante esta Direcci�n se ha presentado la solicitud de reposici�n del Diploma de Conclusi�n de Estudios de Educaci�n Diversificada en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 4, t�tulo N� 27, emitido por el Liceo Julio Fonseca Guti�rrez, en el a�o mil novecientos ochenta y tres, a nombre de Fonseca Chaves V�ctor Manuel. Se solicita la reposici�n del t�tulo indicado por p�rdida del t�tulo original. Se publica este edicto para o�r oposiciones a la reposici�n solicitada dentro de los quince d�as h�biles a partir de la tercera publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.�(55848).

PUBLICACI�N DE SEGUNDA VEZ

Ante esta Direcci�n se ha presentado la solicitud de reposici�n del Diploma de Conclusi�n de Estudios de Educaci�n Diversificada, �Rama Acad�mica� Modalidad Ciencias y Letras, inscrito en el tomo II, folio 52, t�tulo N� 82-065, emitido por el Liceo Unesco, en el a�o mil novecientos ochenta y dos, a nombre de Mu�oz Navarro Carlos Manuel. Se solicita la reposici�n del t�tulo indicado por p�rdida del t�tulo original. Se publica este edicto para o�r oposiciones a la reposici�n solicitada dentro de los quince d�as h�biles a partir de la tercera publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.�San Jos�, diecis�is del mes de mayo del dos mil ocho.�Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.�N� 41019.�(55964).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

AVISO

PUBLICACI�N DE SEGUNDA VEZ

De conformidad con la autorizaci�n extendida por el se�or Ministro de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripci�n de la reforma que acord� introducir a su Estatuto Social la organizaci�n social denominada Consorcio Cooperativo Red Ecotur�stica Nacional de Costa Rica R. L., siglas COOPRENA R. L., acordada en asamblea celebrada el 28 de marzo del 2008. Resoluci�n 999. En cumplimiento con lo dispuesto en el art�culo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Org�nica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripci�n correspondiente y se env�a un extracto de la inscripci�n para su publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma afecta los art�culos 23 y 58 del Estatuto.�San Jos�, 2 de junio del 2008.�Lic. Jos� Joaqu�n Orozco S�nchez, Jefe.�(55986).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE PATENTES DE INVENCI�N

AVISOS

PUBLICACI�N DE SEGUNDA VEZ

La se�ora Silvia Elena Chaves Quesada, mayor, casada, abogada, c�dula de identidad n�mero 2-414-725, vecina de Alajuela, en su condici�n de apoderada general�sima sin l�mite de suma de Distribuidora Florex Centroamericana S. A. de Costa Rica, solicita la Patente de Invenci�n denominada DESINFECTANTE PREMIUM BIODEGRADABLE. Es un invento que concierne al �rea de desinfecci�n y limpieza. El producto a proteger es el producto de desinfecci�n que contiene amonios cuaternarios y alcoholes alqu�licos etoxilados como surfactantes, adem�s de aroma y color, todo a altas concentraciones para su posterior diluci�n. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y dise�os quedan depositados, la Clasificaci�n Internacional de Dibujos y Modelos lndustriales Sexta Edici�n es A61 L, cuyo inventor es Carlos Enrique Araya Arias. La solicitud correspondiente lleva el n�mero 9743 y fue presentada a las 09:01:00 del 18 de febrero de 2008. Cualquier interesado podr� oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicaci�n de este aviso.�San Jos�, 28 de mayo del 2008. Publ�quese en el diario oficial La Gaceta y una vez en un peri�dico de circulaci�n nacional.�N� 41080.�(55958).

El se�or Romano Rodr�guez Pacheco, mayor, casado una vez, ingeniero en metalurg�a, c�dula de identidad n�mero 2-401-543, vecino de Alajuela, solicita la Patente de Invenci�n denominada BARCAZA PARA LA GENERACI�N EL�CTRICA EN CORRIENTES DE AGUA. Este proyecto consiste en una barcaza que soporta las h�lices de generaci�n de energ�a, proveyendo la plataforma que se requiere para resistir los esfuerzos que generan dichas h�lices, as� como servir de �rea para la colocaci�n de todos los equipos perif�ricos y espacio para el mantenimiento de los equipos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y dise�os quedan depositados, la Clasificaci�n Internacional de Dibujos y Modelos lndustriales Sexta Edici�n es F03B 17/06, cuyo inventor es Romano Rodr�guez Pacheco. La solicitud correspondiente lleva el n�mero 9719 y fue presentada a las 10:38:19 del 11 de febrero de 2008. Cualquier interesado podr� oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicaci�n de este aviso.�San Jos�, 23 de mayo del 2008. Publ�quese en el diario oficial La Gaceta y una vez en un peri�dico de circulaci�n nacional.�Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.�N� 41103.�(55959).

El se�or Luis Diego Acevedo Morales, mayor, casado, dibujante arquitect�nico, c�dula de identidad n�mero 1-455-220, vecino de San Jos�, solicita el modelo de utilidad denominado VIGA CARGADOR PREFABRICADA.

Para ver imagen solo en La Gaceta impresa o en formato PDF

Se refiere a una mejora introducida a la viga cargador, que genera una nueva forma de utilizarla en los procesos constructivos. La memoria descriptiva; reivindicaciones, resumen y dise�os quedan depositados, la clasificaci�n Internacional de Dibujos y Modelos Industriales s�tima edici�n es E04B, cuyo inventor es Luis Diego Acevedo Morales. La solicitud correspondiente lleva el n�mero 10030, y fue presentada a las 14:03:30 del 29 de mayo de 2008. Cualquier interesado podr� oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicaci�n de este aviso. Publ�quese en el diario oficial La Gaceta y en un peri�dico de circulaci�n nacional.�San Jos�, 30 de mayo del 2008.�Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.�N� 41148.�(55960).

AMBIENTE Y ENERG�A

INSTITUTO METEOROL�GICO NACIONAL

EDICTOS

PUBLICACI�N DE tercera VEZ

Exp. N� 5740A.�Agr�cola Los Trinos, solicita concesi�n de: 0,12 litros por segundo del r�o Reventado, efectuando la captaci�n en finca de su propiedad en Tierra Blanca, Cartago, Cartago, para uso agropecuario -riego - hortaliza. Coordenadas 214.000 / 549.500 hoja Istar�. Predios inferiores: Luis Danilo Aguilar Quir�s, Aida Lidia Brenes, Ana Aguilar Brenes y Jos� Manuel Aguilar Brenes. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicaci�n.�San Jos�, 13 de junio del 2008.�Departamento de Aguas.�J. M. Zeled�n Calder�n, Jefe.�N� 40861.�(55546).

Exp. 12940P.�Mansi�n Teodolinda S. A., solicita concesi�n de: 0.5 litros por segundo del pozo TI-10, efectuando la captaci�n en finca de Mansi�n Teodolinda S. A. en Tilar�n, Tilar�n, Guanacaste, para uso consumo humano. Coordenadas 275.468 / 432.436 hoja Tilar�n. Predios inferiores. No se aplican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicaci�n.�San Jos�, 9 de junio del 2008.�Departamento de Aguas.�J. M. Zeled�n Calder�n, Jefe.�(55562).

Expediente N� 2205A.�S.U.A. Margarita Jim�nez solicita concesi�n de: 0,25 litros por segundo del nacimiento 1, efectuando la captaci�n en finca de Clemente Vargas Rojas en Zaragoza, Palmares, Alajuela, para consumo humano y dom�stico. Coordenadas 224.900 / 486.450 hoja Naranjo. 0,25 litros por segundo del nacimiento 2, efectuando la captaci�n en finca de Clemente Vargas Rojas en Zaragoza, Palmares, Alajuela, para consumo humano y dom�stico. Coordenadas 224.900 / 486.350 hoja Naranjo. Predios inferiores: Fernando C�spedes Quesada. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicaci�n.�San Jos�, 16 de junio de 2008.�Departamento de Aguas.�J. M. Zeled�n Calder�n, Jefe.�(55895).

PUBLICACI�N DE SEGUNDA VEZ

Expediente 11144P.�Sardimar S. A., solicita concesi�n de aumento de caudal: 20,7 litros por segundo del pozo BC-517, efectuando la captaci�n en finca de D & T Fideicomiso S. A., en Puntarenas, Puntarenas, para uso agroindustrial-otro. Coordenadas 219.200/456.400 hoja Barranca. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicaci�n.�San Jos�, 12 de junio de 2008.�Departamento de Aguas.�J.M. Zeled�n Calder�n, Jefe.�(56312).

PUBLICACI�N DE PRIMERA VEZ

Expediente N� 12952A.�Jos� Rafael Carrillo Espinoza, solicita concesi�n de: 0.05 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captaci�n en finca de Jos� Rafael Carrillo Espinoza, en Monte Romo, Hojancha, Guanacaste, para uso dom�stico-consumo humano. Coordenadas: 221.222 / 384.385, hoja Matambu. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicaci�n.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Departamento de Aguas.�J. M. Zeled�n Calder�n, Jefe.�(56861).

Expediente N� 12944A.�Gesol, solicita concesi�n de: 0.054 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captaci�n en finca de Gepsol en Pozos de Santiago, Puriscal, San Jos�, para uso dom�stico-consumo humano. Coordenadas: 199.100 / 505.500, hoja Candelaria. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicaci�n.�San Jos�, 11 de junio del 2008.�Departamento de Aguas.�J. M. Zeled�n Calder�n, Jefe.�N� 41511.�(56866).

PODER JUDICIAL

RESE�AS

SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acci�n de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REP�BLICA

HACE SABER:

Que en la acci�n de inconstitucionalidad que se tramit� en el expediente n�mero 04-011870-0007-CO, promovida por Max Alberto Esquivel Faerron, mayor, casado, abogado, portador de la c�dula de identidad N� 1-691-926, vecino de Zapote, en su condici�n de defensor adjunto de los habitantes, contra la omisi�n del Poder Ejecutivo de aprobar y publicar la normativa que regula los estudios de equivalencia terap�utica para la inscripci�n de productos farmac�uticos multiorigen de riesgo sanitario, seg�n refiere el Transitorio I, del decreto ejecutivo N� 28466-S del 8 de febrero del 2000 que es el Reglamento de Inscripci�n, Control, Importaci�n y Publicidad de Medicamentos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de febrero del 2000, se dict� el voto n�mero 01003-2008 de las catorce horas y cincuenta y seis minutos del veintitr�s de enero del dos mil ocho, que literalmente dice:

Voto N� 01003-2008. Por tanto: �Se declara con lugar la acci�n de inconstitucionalidad interpuesta contra la omisi�n atribuida al Poder Ejecutivo de dictar, dentro de un plazo razonable, la normativa que regula los estudios de equivalencia terap�utica de los productos farmac�uticos de riesgo sanitario, as� como tambi�n, la omisi�n de actualizar, regularmente, las listas de productos farmac�uticos de riesgo sanitario. Asimismo, se declara inconstitucional la omisi�n del Ministerio de Salud de tomar las previsiones presupuestarias correspondientes para poner en pr�ctica estos controles en un plazo razonable. Res��ese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publ�quese �ntegramente en el Bolet�n Judicial. Notif�quese.

San Jos�, 18 de junio del 2008

Gerardo Madriz Piedra

1 vez.�(56727) Secretario

Que en la acci�n de inconstitucionalidad que se tramit� en el expediente n�mero 04-004903-0007-CO, promovida por Aldo Milano S�nchez, mayor, casado, abogado, vecino de San Rafael de Montes de Oca, c�dula de identidad n�mero 1-688-989, en su condici�n de apoderado especial judicial de la empresa Pfizer, Sociedad An�nima en contra del art�culo 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, adicionado mediante la Ley n�mero 6914 del veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, se dictaron los votos n�meros: 01557-2007 de las quince horas treinta y seis minutos del siete de febrero de dos mil siete, 02904-2007 de las diecisiete horas treinta y tres minutos del veintiocho de febrero del 2007 y el 06616-2007 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del diecis�is de mayo del dos mil siete, que literalmente dicen:

Voto 01557-2007. Por tanto: �Se declara con lugar la acci�n, y en consecuencia se anula por inconstitucional la frase �se podr�n realizar con la sola autorizaci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica� contenida en el art�culo 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro social, adicionado mediante la Ley n�mero 6914 del veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la disposici�n anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 91 de la Ley de la Jurisdicci�n Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta las contrataciones formalizadas y finiquitadas, ni las que se encuentran en proceso de ejecuci�n, con anterioridad a la publicaci�n del texto �ntegro de esta sentencia en el Bolet�n Judicial. En virtud de la declaratoria ordenada, y respecto del r�gimen recursivo y de intervenci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica, debe la Caja Costarricense del Seguro Social aplicar lo dispuesto en la Ley de la Contrataci�n Administrativa, n�mero 7494, reformada por la Ley n�mero 7612, y a lo indicado en sentencia n�mero 0998-98, de las once horas treinta minutos del diecis�is de febrero del a�o en curso, seg�n proceda de acuerdo con la cuant�a del negocio. Res��ese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publ�quese �ntegramente en el Bolet�n Judicial. Comun�quese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a la Contralor�a General de la Rep�blica y la Caja Costarricense del Seguro Social. Notif�quese. Los Magistrados Vargas y Cruz salvan el voto y declaran sin lugar la acci�n�

Voto: 02904-2007. Por tanto: �Se corrige el error material que contiene la resoluci�n n�mero 001557-2007 dictada a las quince horas treinta y seis minutos del siete de febrero de dos mil siete, el sentido que la sentencia a que se hace referencia en los considerandos y en el por tanto es la n�mero 998-98 de las once horas treinta minutos del diecis�is de febrero de mil novecientos noventa y ocho y no del �del a�o en curso� como por error se consign�. Notif�quese a las partes esta resoluci�n de manera conjunta con la resoluci�n n�mero 001557-2007 citada.�

Voto: 06616-2007. Por tanto: �Se corrige el error material que contiene el considerando XIX in fine de la resoluci�n n�mero 001557-2007, dictada a las quince horas treinta y seis minutos del siete de febrero de dos mil siete, en el sentido de que quienes salvan el voto y declaran sin lugar la acci�n, son �nicamente los Magistrados Vargas Benavides y Cruz Castro y no el Magistrado Armijo Sancho como por error se consign�.�

San Jos�, 18 de junio del 2008

Gerardo Madriz Piedra

1 vez.�(56728) Secretario

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS

Registro Civil � Departamento Civil

OFICINA DE ACTOS JUR�DICOS

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Ana Mar�a Grajales Villarreal, ha dictado una resoluci�n que en lo conducente dice: Resoluci�n N� 846-2008.�Registro Civil.�Departamento Civil.�Secci�n de Actos Jur�dicos.�San Jos�, a las once horas quince minutos del veintid�s de abril del dos mil ocho. Ocurso. Expediente N� 2400-2007. Resultando 1��, 2� Considerando: I.�Hechos probados:�, II.�Hechos no probados:�, III.�Sobre el fondo:� Por tanto: Rectif�quese el asiento de nacimiento de Ana Mar�a Salda�a �lvarez� en el sentido que los apellidos de la persona ah� inscrita son �Grajales Villarreal, hija de Pedro Grajales Lisondro y Andrea Villarreal, no indica segundo apellido, paname�os� y no como se consignaron.�Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.�Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. �.�1 vez.�N� 40993.�(55968).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Jorge Asdr�bal Henrriquez, ha dictado una resoluci�n que en lo conducente dice: Resoluci�n N� 1095-2008.�Registro Civil.�Departamento Civil.�Secci�n de Actos Jur�dicos.�San Jos�, a las catorce horas treinta minutos del veintid�s de mayo del dos mil ocho. Ocurso. Expediente N� 6870-08. Resultando: 1��, 2��, 3�� Considerando: I.�Hechos probados:�, II.�Hechos no probados:�, III.�Sobre el fondo:� Por tanto: Rectif�quese el asiento de nacimiento de SSkarley Dayyan Henr�quez Cantillo� en el sentido que el apellido del padre de la misma es �Henrriquez, no indica segundo apellido� y no como se consign�.�Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.�M.Sc. Ligia Mar�a Gonz�lez Richmond, Jefa.�1 vez.�N� 40998.�(55969).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Janitcia Mar�a Pinell Mej�a, ha dictado una resoluci�n que en lo conducente dice: Resoluci�n N� 801-08.�Registro Civil.�Departamento Civil.�Secci�n Actos Jur�dicos.�San Jos�, a las ocho horas y cuarenta y dos minutos del diecis�is de abril del dos mil ocho. Ocurso. Expediente N� 2711-08. Resultando: 1��, 2��, 3�� Considerando: I.�Hechos probados:�, II.�Hechos no probados:�, III.�Sobre el fondo:� Por tanto: Rectif�quese el asiento de nacimiento de Fiorella Stephanie Montero Pinel� en el sentido que el primer apellido de la madre de la persona ah� inscrita es �Pinell� y no como se consign�.�Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.�Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. �.�1 vez.�N� 41020.�(55970).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Mar�a Lourdes Alguera P�rez, ha dictado una resoluci�n que en lo conducente dice: Resoluci�n N� 1013-2008.�Registro Civil.�Departamento Civil.�Secci�n Actos Jur�dicos.�San Jos�, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecis�is de mayo del dos mil ocho. Ocurso. Expediente N� 6967-2008. Resultando 1��, 2�� Considerando: I.�Hechos probados:�, II.�Hechos no probados:�, III.�Sobre el fondo:� Por tanto: Rectif�quese el asiento de matrimonio de Geovanny Rodolfo �vila Rocha con Mar�a Lourdes Alguera P�rez� en el sentido que el segundo nombre del padre, as� como el segundo apellido de la madre de la c�nyuge son �Victoriano� y �Machado�, respectivamente y no como se consignaron.�Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.�M.Sc. Ligia Mar�a Gonz�lez Richmond, Jefa.�1 vez.�N� 41064.�(55971).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Teresa del Carmen Garc�a, ha dictado una resoluci�n que en lo conducente dice: Resoluci�n N� 949-2008.�Registro Civil.�Departamento Civil.�Secci�n Actos Jur�dicos.�San Jos�, a las nueve horas treinta minutos del trece de mayo del dos mil ocho. Ocurso. Expediente N� 6382-2008. Resultando: 1��, 2�� Considerando: I.�Hechos probados:�, II.�Hechos no probados:�, III.�Sobre el fondo:� Por tanto: Rectif�quese el asiento de matrimonio de Felipe Jes�s Montenegro D�az con Teresa del Carmen Garc�a S�nchez� en el sentido que el apellido de la c�nyuge es �Garc�a, no indica segundo apellido� hija de �Socorro Garc�a, no indica segundo apellido� y no como se consignaron.�Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.�M.Sc. Ligia Mar�a Gonz�lez Richmond, Jefa.�1 vez.�N� 41129.�(55972).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Greyle Moreno Alfaro, ha dictado una resoluci�n que en lo conducente dice: Resoluci�n N� 0856-01.�Registro Civil.�Departamento Civil.�Oficina Actos Jur�dicos.�San Jos�, a las ocho horas y treinta minutos del nueve de mayo del dos mil uno. Ocurso. Expediente N� 1437-04. Resultando: 1��, 2�� Considerando: I.�Hechos probados:�, II.�Hechos no probados:�, III.�Sobre el fondo:� Por tanto: Proc�dase a rectificar los asientos de nacimiento de Mariann Raquel Elizondo Alfaro y Mariel Rebeca Gonz�lez Elizondo� en el sentido que el nombre y los apellidos de la madre de las personas ah� inscritas son �Greyle Paula Moreno Alfaro� y no como se consign�. Notif�quese.�Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. �.�M.Sc. Ligia Mar�a Gonz�lez Richmond, Jefa.�1 vez.�(56044).

CONTRATACI�N ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

OBRAS P�BLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

Modificaci�n II al Plan Anual de Compras 2008

Les informa a todos los potenciales oferentes que a partir de la fecha de esta publicaci�n, se encuentra a su disposici�n la segunda modificaci�n al Plan Anual de Adquisiciones del Consejo de Seguridad Vial para el 2008, la cual se ubica en la direcci�n electr�nica: Https://www.hacienda.go.cr. en el link de Comprared.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Lic. Alexander V�squez Guill�n, Jefe.�1 vez.�(Solicitud N� 10999).�C-5280.�(57857).

CULTURA Y JUVENTUD

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Segunda modificaci�n programa de compras 2008

La Proveedur�a Institucional del Museo Nacional de Costa Rica, les informa a todos los interesados que a partir de esta fecha se ha realizado una modificaci�n al plan anual de compras y se encuentra disponible en la p�gina oficial del museo: www.museocostarica.go.cr, as� como en comprared, en la direcci�n www.haciendad.go.cr/cornprared a partir de esta publicaci�n.

San Jos�, 18 de junio del 2008.�Lic. Grace Castro Solano, Proveedora Institucional.�1 vez.�(Solicitud N� 07260).�C-9920.�(57414).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

�REA DE SALUD PURISCAL TURRUBARES

Modificaci�n presupuestaria por incentivos

compromiso de gesti�n 2007

La Direcci�n del �rea de Salud Desconcentrada Puriscal Turrubares (Unidad Ejecutora N� 2331), realiza la publicaci�n Presupuestaria para compras por incentivos compromiso de gesti�n 2007, de la siguiente manera:

Cuenta Monto

Presup. Descripci�n modificado � Descripci�n

2131 Actividades de capacitaci�n 700.000,00 Capacitaci�n a funcionarios

2153 Mantenimiento y reparaci�n

de equipo de transportes 1.205.000,00 Reparaci�n de ambulancias

2156 Mantenimiento y reparaci�n

de edificios 8.000.000,00 Instalar y construir estructura

met�lica y cambiar la

cubierta parcial del techo de

la Sede del �rea de Salud

2207 Textiles y vestuarios 1.200.000,00 Adquisici�n de un toldo

2231 �tiles de cocina y comedor 288.000,00 Adquisici�n de �tiles de

cocina y set de modelo de

alimentos en figuras pl�sticas

2310 Equipo y mobiliario de oficina 2.141.500,00 Adquisici�n de sillas,

ventiladores, archivos

met�licos, escritorios, biblioteca

y fotocopiadora

2315 Equipo de c�mputo 7.284.000,00 Adquisici�n de computadoras,

impresoras y Video Bin

2320 Equipo m�dico y de laboratorio 5.830.000,00 Adquisici�n de concentradores

de ox�geno, doppler fetal,

cuagul�metros

2340 Equipo para comunicaciones 1.668.000,00 Adquisici�n de radiograbadoras,

reproductor de vides, facs�mile,

tel�fonos y radio m�vil de

comunicaci�n

2390 Equipos varios 5.722.500,00 Adquisici�n de hornos

microondas, plantilla el�ctrica

juego de comedor, percoladores,

refrigeradoras, aires

acondicionados y compresor de

gases medicinales

Puriscal, 17 de junio del 2008.�Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director.�1 vez.�(57554).

LICITACIONES

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-UNIDAD EJECUTORA-

PR�STAMO BID 1377/OC-CR

PROGRAMA DE MODERNIZACI�N

DE LA ADMINISTRACI�N DE JUSTICIA

LICITACI�N P�BLICA NACIONAL N� 2008LN-000145-01

Adquisici�n de equipo de c�mputo y software para la Escuela Judicial

y la Procuradur�a General de la Rep�blica

El Programa de Modernizaci�n de la Administraci�n de Justicia, requiere contratar la instalaci�n y el equipo para atender el tema arriba se�alado, el cual forma parte de la segunda etapa del Programa Modernizaci�n de la Administraci�n de Justicia.

1. La Unidad Ejecutora del Programa de Modernizaci�n Poder Judicial-BID, recibir� ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del d�a 30 de julio del 2008, por parte de interesados en participar en este Concurso.

2. El costo de este concurso, se financiar� con recursos del Pr�stamo N� 1377/OC-CR, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Gobierno de Costa Rica, raz�n por la cual los bienes y servicios a ofertar deben provenir de un pa�s miembro del BID.

3. En la Unidad Ejecutora del Programa de Modernizaci�n Poder Judicial-BID, se encuentra a disposici�n de los interesados, el archivo electr�nico que contiene el cartel, el cual puede ser facilitado sin costo alguno. Si el interesado desea se le remita el documento v�a correo electr�nico, deber� solicitarlo v�a fax o v�a correo electr�nico a ezunigas@poder-judicial.go.cr, indicando claramente la direcci�n a la cual se le debe remitir el respectivo documento.

Cualquier otra informaci�n adicional, relativa al presente concurso podr� obtenerse en la siguiente direcci�n:

Unidad Ejecutora del Programa de Modernizaci�n Poder Judicial-BID. Edificio de la Defensa P�blica. Sita 250 metros este Caja Costarricense de Seguro Social, ave. Segunda, San Jos�, Costa Rica. Tel�fonos Nos. 2-2119832 y 2-2119886. Fax N� (506) 2-2565668. E-mail: ezunigas@poder-judicial.go.cr., www.poder-judicial.go.cr/bid.

4. Los diferentes concursos promovidos por la Unidad Ejecutora del Programa de Modernizaci�n Poder Judicial-BID, se regir�n por las Condiciones establecidas en la Ley N� 8273, �Ley del Pr�stamo�, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el d�a 23 de mayo del 2002, La Gaceta N� 98 y en forma supletoria la Ley de Contrataci�n Administrativa y su Reglamento de Contrataci�n Administrativa con sus recientes reformas.

San Jos�, 18 de junio del 2008.�Lic. Sonia Navarro Solano, Directora Ejecutiva.� 1 vez.�(57518).

LICITACI�N P�BLICA NACIONAL N� 2008LN-000144-01

Adquisici�n de equipo de c�mputo y software para la Defensa P�blica

y el Ministerio de Justicia y Gracia

El Programa de Modernizaci�n de la Administraci�n de Justicia, requiere contratar la instalaci�n y el equipo para atender el tema arriba se�alado, el cual forma parte de la Segunda Etapa del Programa Modernizaci�n de la Administraci�n de Justicia.

1. La Unidad Ejecutora del Programa de Modernizaci�n Poder Judicial-BID, recibir� ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del d�a 29 de julio del 2008, por parte de interesados en participar en este Concurso.

Cualquier otra informaci�n adicional, relativa al presente concurso podr� obtenerse en la siguiente direcci�n:

San Jos�, 18 de junio del 2008.�Lic. Sonia Navarro Solano, Directora Ejecutiva.�1 vez.�(57519).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

La Proveedur�a del Tribunal Supremo de Elecciones estar� recibiendo ofertas para las siguientes contrataciones:

Tipo de licitaci�n

N� de

contrataci�n

Descripci�n

Fecha y hora l�mite

para presentaci�n

de ofertas

P�blica

2008LN-000071-85001

Contrataci�n de

servicios de aseo

y limpieza en la Torre

Principal y en la Plaza

de la Libertad

Electoral, y de

Jardiner�a en las �reas

Verdes de los edificios

que componen la sede

central del Tribunal

Supremo de Elecciones

15-07-2008

10:00

a. m.

Abreviada

2008LA-000283-85001

Remodelaci�n

Reparaci�n de pisos en

varias oficinas de la

Sede Central del

Tribunal Supremo

de Elecciones

10-07-2008

10:00

a. m.

Los interesados en este concurso tienen el cartel a su disposici�n en forma gratuita en la p�gina Web del Tribunal www.tse.go.cr, link �TSE en la Red de Transparencia institucional/adquisiciones�, o en www.hacienda.go.cr link CompraRED; o podr�n obtenerlo en la Proveedur�a. Sita: Costado oeste del Parque Nacional en San Jos�, tercer edificio, planta baja, para lo cual deber� aportar un disco magn�tico (diskette) de 3.5 nuevo, dispositivo de almacenamiento masivo (llave maya), o mediante correo electr�nico, previa solicitud al fax 2256-6351, indicando los datos de la empresa, el responsable de a quien contactar y el correo electr�nico. (No se suministrar�n ejemplares impresos).

Departamento de Proveedur�a.�Lic. Allan Herrera Herrera, Proveedor a. �.�1 vez.�(N� 1148-2008).�C-22240.�(57557).

CONTRALOR�A GENERAL DE LA REP�BLICA

DIVISI�N DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

�REA ADMINISTRATIVA

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LP-000001-503

Contrataci�n de empresas que brinden servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo para la flotilla de veh�culos de la

Contralor�a General de la Rep�blica

La Contralor�a General de la Rep�blica recibir� ofertas, hasta las diez horas del d�a jueves 17 de julio del 2008, para la �Contrataci�n de empresas que brinden servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla de veh�culos de la Contralor�a General de la Rep�blica.

Los interesados podr�n retirar el cartel respectivo en la Unidad de Servicios de Proveedur�a, situada en el edificio anexo de la Contralor�a General en Sabana Sur, con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., previo pago de �160,00 (ciento sesenta colones exactos), que deber�n depositar en la Unidad de Servicios Financieros. Se les indica que podr�n encontrar el cartel en forma electr�nica en la direcci�n www.cgr.go.cr. en la l�nea correspondiente a �Avisos al P�blico�, sin embargo, para todos los efectos, prevalece el cartel sellado por la Unidad de Proveedur�a.

San Jos�, 18 de junio del 2008.�Unidad de Servicios de Proveedur�a.�Ing. Ronald Gustavo Monge Salazar, Jefe.�1 vez.�(O. C. N� 19577).�C-13880.�(57880).

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000011-BCCR

Adquisici�n de equipos clasificadores de billetes

para el Banco Central de Costa Rica

El Departamento de Proveedur�a del Banco Central de Costa Rica (BCCR), recibir� ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del d�a 16 de julio del 2008, seg�n reloj marcador de la Proveedur�a, para la adquisici�n de equipos clasificadores de billetes para el Banco Central de Costa Rica.

Los interesados pueden retirar el cartel en el Departamento de Proveedur�a de este Banco, edificio principal, avenidas central y primera, calles 2 y 4, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 9:15 a. m. a 4:00 p. m., sin costo alguno.

El cartel estar� disponible en forma gratuita, en la siguiente direcci�n:

http://www.bccr.fi.cr/documentos/proveeduria/publicacionesproveeduria.asp

a partir del d�a h�bil siguiente de la fecha de publicaci�n de este aviso en el Diario Oficial La Gaceta. Los interesados en participar y que adquieran el cartel por ese medio deber�n consignar la informaci�n que se solicita al accesar el cartel; el incumplimiento de este requisito exonera al BCCR la no comunicaci�n de posibles Fe de Erratas que se puedan generar en el concurso.

San Jos�, 19 de junio del 2008.�Departamento de Proveedur�a.�Rolando Protti B., Director.�1 vez.�(O. C. N� 9577).�C-13880.�(57539).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000024-01

Compra de hasta 60 archivadores para ampos, 100 cofres para

cajero, 190 casilleros est�ndar de doce compartimientos, 190

casilleros para esclusas, 150 muebles met�licos para cofres,

174 archivadores para registro de firmas, con entregas por

demanda, para un periodo de tres a�os, para apertura de

nuevas oficinas del Banco Nacional de Costa Rica

La Proveedur�a General del Banco Nacional de Costa Rica, recibir� ofertas por escrito, a las diez horas (10:00 a. m.) del 09 de julio del 2008, para la �Compra de hasta 60 archivadores para ampos, 100 cofres para cajero, 190 casilleros est�ndar de doce compartimientos, 190 casilleros para esclusas, 150 muebles met�licos para cofres, 174 archivadores para registro de firmas, con entregas por demanda, para un periodo de tres a�os, para apertura de nuevas oficinas del Banco Nacional de Costa Rica�.

El cartel puede ser retirado en la Oficina de Proveedur�a, situada en el edificio de la Direcci�n de Bienes del Banco Nacional de Costa Rica en La Uruca, previo pago de la suma de �2.000,00 (dos mil colones con 00/100).

La Uruca, San Jos�, 25 de junio del 2008.�Proveedur�a General.�Lic. Lorena Herradora Chac�n, Proveedora General.�1 vez.�(N� 2077-2008).�C-11880.�(57559).

COLEGIOS UNIVERSITARIOS

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIM�N

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000004-01

Compra de instrumentos musicales y equipo de sonido

El Colegio Universitario de Lim�n, CUNLIMON invita a participar en Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000004-01, correspondiente a la compra de instrumentos musicales y equipo de sonido. Los interesados pueden solicitar el cartel de Licitaci�n en nuestras instalaciones ubicadas 175 metros norte del M�s x Menos en Lim�n Centro, o comunicarse al tel�fono 2798-1349 ext. 103. Fecha l�mite de recepci�n de ofertas y apertura 22 de julio del 2008 a las 10:00 horas.

Dudas o consultas al 2798-1349 ext 103.

Lim�n, 16 de junio del 2008.�Proveedur�a-Bodega.�Nancy Hewitt Hines.�1 vez.�(57603).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

DIRECCI�N REGIONAL DE SERVICIOS

DE SALUD CHOROTEGA

Unidad Program�tica 2599

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000001-2599

Suministro Gas Propano, Hospital de Upala

Visita al sitio: 07/07/2008, 11:00 a. m., apertura del concurso: 15/07/2008, 10:00 a. m.

Vea detalles e informaci�n en la p�gina Web: http://www.ccss.sa.cr, enlace �Contrataci�n y otros servicios�.

Liberia, Guanacaste, 19 de junio del 2008.�Unidad Regional de Contrataci�n Administrativa.�Lic. Karolyn Brice�o Alem�n, Coordinadora.�1 vez.�(57410).

DIRECCI�N REGIONAL DE SERVICIOS

DE SALUD CHOROTEGA

Unidad Program�tica 2599

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000002-2599

Remodelaci�n parcial sede �rea de Salud La Cruz, Guanacaste

Visita al sitio: 09/07/2008, 10:00 a. m., apertura del concurso: 23/07/2008, 10:00 a. m.

Vea detalles e informaci�n en la p�gina Web: http://www.ccss.sa.cr, enlace �Contrataci�n y otros servicios�.

Liberia, Guanacaste, 19 de junio del 2008.�Unidad Regional de Contrataci�n Administrativa.�Lic. Karolyn Brice�o Alem�n, Coordinadora.�1 vez.�(57411).

�REA DE SALUD DESCONCENTRADA PURISCAL

COMPRA DIRECTA N� 2008CD-000017-2331

Arrendamiento de un local en la zona de Santiago de Puriscal, con

la intenci�n de ubicar el establecimiento del EBAIS Santiago 1

La Direcci�n M�dica del �rea de Salud Desconcentrada Puriscal Turrubares (Unidad Ejecutora 2331), comunica que a las 10:00 horas del d�a 02 de julio del 2008, recibir� ofertas para la Compra Directa 2008CD-000017-2331, por concepto de arrendamiento de un local en la zona de Santiago de Puriscal, con la intenci�n de ubicar el establecimiento del EBAIS Santiago 1.

Los interesados recoger el cartel en la Oficina de Compras de la Sede del �rea de Salud Desconcentrada Puriscal Turrubares, ubicada en Santiago de Puriscal, Barrio Coraz�n de Jes�s, 100 metros norte, 50 metros oeste y 30 metros al norte de la Estaci�n de Bomberos, en el horario de 7:00 a. m a 3:00 p. m.

Puriscal, 18 de junio del 2008.�Direcci�n M�dica.�Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director M�dico.�1 vez.�(57548).

COMPRA DIRECTA 2008CD-000019-2331

Arrendamiento de un local en la zona de Santiago de Puriscal, con

la intenci�n de ubicar el establecimiento del EBAIS Santiago 2

La Direcci�n M�dica del �rea de Salud Desconcentrada Puriscal Turrubares (Unidad Ejecutora 2331), comunica que a las 10:00 horas del d�a 03 de julio del 2008, recibir� ofertas para la Compra Directa 2008CD-000019-2331, por concepto de arrendamiento de un local en la zona de Santiago de Puriscal, con la intenci�n de ubicar el establecimiento del EBAIS Santiago 2.

Puriscal, 18 de junio del 2008.�Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director M�dico.�1 vez.�(57551).

COMPRA DIRECTA 2008CD-000021-2331

Arrendamiento de un local en la zona de Santiago de Puriscal,

con la intenci�n de ubicar la Cl�nica de Atenci�n

a la Mujer y el Adolescente

La Direcci�n M�dica del �rea de Salud Desconcentrada Puriscal Turrubares (Unidad Ejecutora 2331), comunica que a las 13:00 horas del d�a 03 de julio del 2008, recibir� ofertas para la Compra Directa 2008CD-000021-2331, por concepto de arrendamiento de un local en la zona de Santiago de Puriscal, con la intenci�n de ubicar la Cl�nica de Atenci�n a la Mujer y el Adolescente.

Puriscal, 18 de junio del 2008.�Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director M�dico.�1 vez.�(57552).

DIRECCI�N DE GESTI�N REGIONAL

Y RED DE SERVICIOS DE SALUD REGI�N HUETAR NORTE

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000003-2499

Servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes

�rea de Salud Santa Rosa de Pocosol

Los interesados en participar en la Licitaci�n Abreviada ver m�s detalles y corroborar informaci�n acceder la siguiente direcci�n: http://www.ccss.sa.cr.

Ciudad Quesada, 19 de junio del 2008.��rea de Contrataci�n Administrativa.�Lic. Vanesa Chaves Fern�ndez.�1 vez.�(57591).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000094-PROV

Mantenimiento de corazas protectoras de canalizaciones

en distintos puentes del territorio nacional

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitaci�n antes mencionada, que recibir� ofertas hasta las 9:00 horas del d�a 22 de julio del 2008, en la Proveedur�a de este Instituto, sita 400 metros norte de la esquina este del edificio central, para el suministro de lo siguiente:

Requerimiento:

Mantenimiento de corazas protectoras de canalizaciones en distintos puentes del territorio nacional.

Mayores especificaciones, condiciones generales y especiales podr�n adquirirse por medio de fotocopia cancelando el costo de la misma en la Proveedur�a de este Instituto, o accesando nuestra direcci�n electr�nica: https://www.grupoice.com/PELWeb/inicio.do.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Direcci�n de Proveedur�a.�Eugenio Fatj� Rivera, Coordinador - Licitaciones.�1 vez.�(O. S. N� 335364).�C-10560.�(57870).

LICITACI�N P�BLICA INTERNACIONAL N� 2008LI-000031-PROV

Adquisici�n de 20 gr�as aisladas para ser instaladas

en veh�culos marca Isuzu NPS71L, 4 x 4

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitaci�n antes mencionada, que recibir� ofertas hasta las 10:00 horas del 12 de agosto del 2008, en la Proveedur�a de este Instituto, sita 400 metros norte de la esquina este del edificio Central, para el suministro de lo siguiente:

Requerimiento:

Adquisici�n de 20 gr�as aisladas para ser instaladas en veh�culos marca Isuzu NPS71L, 4 x 4

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Direcci�n de Proveedur�a.�Eugenio Fatj� Rivera, Coordinador - Licitaciones.�1 vez.�(O. S. N� 335364).�C-10560.�(57872).

LICITACI�N P�BLICA INTERNACIONAL N� 2008LI-000028-PROV

Adquisici�n tubos de cloruro de polivinilo (PVC)

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitaci�n antes mencionada, que recibir� ofertas hasta las 14:00 horas del 12 de agosto del 2008, en la Proveedur�a de este Instituto, sita 400 metros norte de la esquina este del edificio Central, para el suministro de lo siguiente:

Requerimiento:

Adquisici�n tubos de cloruro de polivinilo (PVC).

Mayores especificaciones, condiciones generales y especiales podr�n adquirirse por medio de fotocopia cancelando el costo de la misma en la proveedur�a de este instituto, o accesando nuestra direcci�n electr�nica: https://www.grupoice.com/PELWeb/inicio.do

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Direcci�n de Proveedur�a.�Eugenio Fatj� Rivera, Coordinador de Licitaciones.�1 vez.�(O. S. N� 335364).�C-10560.�(57873).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000033-01

Contrataci�n de servicios de elaboraci�n de manual de pol�ticas,

est�ndares y procedimientos de la USIT y servicios

de definici�n e implementaci�n del sistema de

gesti�n de seguridad de la informaci�n

El Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje estar� recibiendo ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 15 de julio del 2008. Los interesados podr�n retirar el pliego de condiciones el cual tiene un costo de �500,00 en el �rea de Compras del Proceso de Adquisiciones sita 2.5 kil�metros al oeste del Hospital M�xico o bien ver la p�gina web del INA, direcci�n: http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles/

19 de junio del 2008.�Lic. Allan Altamirano D�az, Proceso de Adquisiciones.�1 vez.�(Solicitud N� 16345).�C-9260.�(57885).

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000018-PROVEE

Contrataci�n de empresa consultora para los servicios de diagn�stico,

propuesta arquitect�nica y constructiva para remodelaci�n

del edificio de la Gerencia Regional Brunca

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), recibir� ofertas hasta las once horas del d�a dieciocho de julio del 2008, para la licitaci�n en referencia, previo al pago de mil colones (�1.000,00), en la Caja General, podr�n retirar mediante el CD con el cartel respectivo conteniendo las especificaciones especiales y generales en la Proveedur�a del IMAS, sita: Barrio Francisco Peralta, de Pollos Kentucky 75 metros sur, primer piso, Edificio Central, San Jos�. Las modificaciones y aclaraciones al cartel estar�n disponibles en la p�gina www.imas.go.cr.

San Jos�, 20 de junio de 2008.�MBA. Ram�n Alvarado Guti�rrez. Proveedor General.�1 vez.�(57892).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE LA UNI�N

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000009-01

Contrataci�n de maquinaria con operaci�n para la colocaci�n de 905

toneladas de mezcla asf�ltica en caliente en calles del cant�n de La Uni�n

La Municipalidad de La Uni�n, por este medio, invita a participar en la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000009-01 e indica que recibir� ofertas hasta las 10:00 (a. m,) horas, del d�a lunes 01 de julio del 2008. El cartel puede ser retirado en la Oficina del Subproceso de Proveedur�a Municipal, en forma gratuita, estamos ubicados en Tres R�os, La Uni�n, Cartago, costado norte del Parque Central de Tres R�os, telfax 279-1070, correo electr�nico mduran@munilaunion.go.cr.

La Uni�n, 16 de junio del 2008.�Marvin Dur�n Vega, Proveedor Municipal.�1 vez.�(57861).

AVISOS

COMPA��A NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000009-PROV

Dispositivos a�reos rotantes (gr�as), para posicionamiento

de personal, tipo articulado telesc�pico, con

aislamiento de hasta 46 kv

Invita a participar en la siguiente licitaci�n:

Licitaci�n

Descripci�n

Apertura

Hora

Valor �

P�blica N�

2008LN-

000009-PROV

Dispositivos a�reos rotantes

(gr�as), para

posicionamiento

de personal, tipo articulado

telesc�pico, con aislamiento

de hasta 46 kv.

06/08/2008

13:00

1000,00

Regir� para esta licitaci�n la Ley y Reglamento de Contrataci�n Administrativa, as� como las condiciones especiales, que pueden retirar en nuestra Secci�n de Proveedur�a, 250 metros este de Pozuelo S. A., en la Uruca (frente a Ciudad Toyota, Plantel Virilla).

Jos� Antonio Salas Monge, Proveedor Institucional.�1 vez.�(57852).

ADJUDICACIONES

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCI�N EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de contrataci�n de referencia que el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesi�n N� 46-08, celebrada el 19 de junio del a�o dos mil ocho, dispuso declarar infructuosos los siguientes procedimientos:

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000015-PROV

Alquiler de local para ubicar la Defensa P�blica del

I Circuito Judicial de Guanacaste

��

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000016-PROV

Alquiler de local para ubicar al Tribunal Penal del

III Circuito Judicial de San Jos�, sede suroeste

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Proceso de Adquisiciones.�Lic. Ana Iris Olivares Leit�n, Jefa a. �.�1 vez.�(57517).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000130-85001

Compra de insumos para la elaboraci�n de tarjetas de identidad

de menores (TIM) por medio de impresoras CP80

La Proveedur�a del Tribunal Supremo de Elecciones comunica por este medio, que en el art�culo segundo de la sesi�n ordinaria N� 53-2008 celebrada el 19 de junio del a�o en curso y comunicado en oficio N� STSE-1995-2008, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso adjudicar el concurso de referencia a la oferta presentada por el Consorcio CR Soluciones/ABM, seg�n el siguiente detalle:

Consorcio CR Soluciones/ABM de Costa Rica S. A., lo siguiente
�tem	Cant.	Descripci�n	Precio unitario US$	Precio total US$
1	120	Cintas de colores YMCK-K para impresi�n de tarjetas PVC en impresoras CP-80.	129,63	15.555,60
2	160	L�mina protectora para impresi�n de tarjetas PVC en impresoras CP-80.	47,37	7.579,20
3	172	Cintas hologr�ficas para impresi�n de tarjetas PVC en impresoras CP-80.	186,38	32.057,36
Total adjudicado al Consorcio CR Soluciones/ABM:				55.192,16

Todo sujeto a las dem�s condiciones y especificaciones del cartel.

Allan Herrera Herrera, Proveedor a. �.�1 vez.�(N� 1151-2008).�C-30820.�(57558).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACI�N P�BLICA NACIONAL N� 2008LN-000010-01

Contrataci�n de servicios de impresi�n, personalizaci�n

y entrega de f�rmulas de dep�sito del Banco Nacional

Se comunica a los interesados en la Licitaci�n P�blica Nacional N� 2008LN-000010-01 que el Comit� de Licitaciones del Banco Nacional de Costa Rica, en el art�culo n�mero 4 de la sesi�n ordinaria n�mero 911-2008, celebrada el 29 de abril del 2008, acord�:

Adjudicar la Licitaci�n P�blica Nacional N� 2008LN-000010-01, promovida para la �Contrataci�n de servicios de impresi�n, personalizaci�n y entrega de f�rmulas de dep�sito del Banco Nacional�, a la �nica oferta presentada por la empresa Formularios Standard S. A., por un monto total de trescientos veintisiete colones con 70/100 (�327,70) i.v.i. para cada libro de dep�sito de cuarenta (40) f�rmulas, por un plazo de contrataci�n de un a�o, prorrogable en forma autom�tica por periodos iguales hasta un m�ximo de cuatro a�os en total, para lo cual el Banco comunicar� a la empresa adjudicataria su intenci�n de aplicar la pr�rroga como m�nimo un mes antes del vencimiento del contrato. Sin embargo, el Banco podr� dejar sin efecto el contrato en cualquier momento sin responsabilidad alguna de su parte, ya sea por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, o bien por inter�s institucional, sin perjuicio del debido resarcimiento al adjudicatario en este �ltimo caso.

Los dep�sitos deber�n ser entregados por parte del adjudicatario en las oficinas del Banco, de acuerdo al siguiente horario:

a- Lo solicitado por el Banco para la oficina 208 � 000 (Oficinas Centrales) desde las 9.00 horas hasta las 12 m. d., deber� entregarse a m�s tardar a las 3:30 p. m. en la Oficina de Servicio al Cliente, segundo piso Oficina Principal.

b- Lo solicitado de las 9:00 horas hasta las 12:00 m. d., para el resto de oficinas del Banco deber� entregarse a m�s tardar a las 3:30 p. m., en la Unidad de Correspondencia (piso N� 9 Oficina Principal).

c- Lo solicitado por la oficina 208 � 000, de las 12:00 m. d., hasta las 6:00 p. m., ser� entregado a m�s tardar a las 8:00 a. m. del d�a h�bil inmediato siguiente a la solicitud del Banco en las oficinas de Servicio al Cliente, segundo piso O.P.

d- Lo solicitado por el resto de las oficinas, de las 12:00 m. d., hasta las 3:45 p. m., debe entregarse a m�s tardar a las 6:45 p. m. del mismo d�a, en la oficina de Correspondencia.

e- Lo solicitado por el resto de las oficinas de las 3:45 p. m. hasta las 6:00 p. m., debe entregarse a m�s tardar a las 7:30 a. m. del d�a h�bil inmediato siguiente a la realizaci�n de la transmisi�n de los datos variables por parte del Banco, en la Oficina Proceso de Documentos (Correspondencia), actualmente localizada en el piso 9 de Casa Matriz del Banco.

Multas: En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario con el plazo de inicio del servicio objeto de esta contrataci�n, el Banco cobrar� una multa sobre el promedio diario de libros de dep�sito proyectado al inicio del presente cartel, (el equivalente al costo de 285 libros de dep�sito seg�n precio ofertado por el adjudicatario), por cada d�a natural del atraso, hasta lograr un 25% de la cantidad total mensual indicada en el cuadro de Condiciones Actuales, (el equivalente al 25% de 8.500 libros de dep�sitos mensuales, seg�n el precio ofertado por el adjudicatario), luego de lo cual se tendr� por incumplido el contrato sin responsabilidad para el Banco.

En caso de atraso con el plazo de entrega establecido en el punto 8 del apartado Condiciones Generales del presente cartel, se aplicar� una multa del 2% por cada hora de atraso sobre la cantidad de libros de dep�sito no entregados (seg�n el precio adjudicado), hasta llegar a una multa del 25% sobre la cantidad de libros de dep�sito no entregados (seg�n el precio adjudicado), luego de lo cual el Banco podr� dar por incumplido el contrato sin responsabilidad de su parte. Queda entendido que toda suma por concepto de multas ser� rebajada de las facturas presentadas al cobro por parte del adjudicatario.

Las f�rmulas de dep�sitos que una vez entregadas al Banco, presentaran defectos en su fabricaci�n atribuibles al adjudicatario, no ser�n canceladas por el Banco y deber�n ser repuestas por el adjudicatario, sin costo alguno para el Banco. Adicionalmente, a las f�rmulas entregadas defectuosas, se les aplicar� la multa indicada en el p�rrafo inmediato anterior en cuanto al atraso en la entrega respectiva.

Queda entendido que toda suma por concepto de multas ser� rebajada de las facturas presentadas al cobro por parte del adjudicatario.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Banco de recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, as� como el pago de da�os y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso o falta, e iniciar el debido proceso para sancionar al adjudicatario como proveedor del Banco.

Garant�a de cumplimiento: Al presentarse a firmar el contrato, el adjudicatario deber� presentar una garant�a de cumplimiento vigente por un monto m�nimo de US $10.000,00 (diez mil d�lares con 00/100) o en su equivalente en moneda nacional al d�a anterior de la firma del contrato, que ser� rendida en cualesquiera de las formas indicadas en el Reglamento General de la Contrataci�n Administrativa. La vigencia de esta garant�a empezar� a regir a partir de la fecha de firma del contrato y deber� mantenerse vigente hasta como m�nimo treinta (30) d�as h�biles posteriores a la finalizaci�n del plazo de contrataci�n.

Dicha garant�a debe ser rendida en la misma moneda en la cual se cotiz� por parte del (oferente o adjudicatario), al amparo de lo previsto en el art�culo 42 del Reglamento a la Ley de Contrataci�n Administrativa, salvo las garant�as rendidas mediante dep�sito en efectivo o transferencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en dicha norma para tal modalidad.

Se recuerda que en caso de presentar bonos o certificados, �stos se recibir�n por su valor de mercado y deber�n acompa�arse de una estimaci�n efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores legalmente reconocidas. Se except�an de la obligaci�n de presentar esta estimaci�n, los certificados de dep�sito a plazo emitidos por los bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo m�ximo exigido en las reglas del concurso para la garant�a respectiva.

En cumplimiento de la Directriz UIM/046/06/2000 de la Bolsa Nacional de Valores, cuando la garant�a sea rendida con t�tulos o valores que posean cupones, con el fin de asegurar la ejecuci�n del documento deber�n entregarse junto con el documento principal los citados cupones para que se tenga por bien rendida la garant�a. No obstante no se reconocer�n intereses por las garant�as mantenidas en dep�sito por el Banco, sin embargo, los que devenguen los t�tulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su leg�timo due�o o depositante.

La Uruca, San Jos�, 25 de junio del 2008.�Proveedur�a General.�Lic. Lorena Herradora Chac�n, Proveedora General.�1 vez.�(N� 2077-2008).�C-55460.�(57560).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000042-PCAD

Compra de grabador digital multicanal

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal hace del conocimiento de los interesados en la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000042-PCAD, �Compra de grabador digital multicanal� que la Comisi�n de Licitaciones Abreviadas, mediante Acta N� 71-2008 del 19 de junio 2008, resolvi� adjudicar en los siguientes t�rminos:

Duraliner S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-154909.

Objeto: 3 unidades grabador digital para montaje en Rack Multicanal, modelo DMR-1681DR.

Precio: $7.966,50 i.v.i., siete mil novecientos sesenta y seis US d�lares con 50/100.

Plazo de entrega: 20 d�as h�biles.

Dem�s condiciones, especificaciones y detalles en conformidad con lo se�alado en el pliego cartelario, la oferta y el informe de adjudicaci�n N� 186-2008, visible en el expediente administrativo.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Proceso de Contrataci�n Administrativa.�Lic. Maykel Vargas Garc�a, Coordinador.�1 vez.�(57417).

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000026-PCAD

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la m�quina

impresora y laminadora de tarjetas Datacard Modelo RP90

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hace del conocimiento de los interesados en la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000026-PCAD, �Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la m�quina impresora y laminadora de tarjetas Datacard modelo RP90� que la Comisi�n de Licitaciones Abreviadas, mediante Acta N� 068-2008 del 19 de junio 2008, resolvi� adjudicar en los siguientes t�rminos:

Agencias B�sicas Mercantiles ABM de Costa Rica S. A., c�dula jur�dica 3-101-027972-26.

Objeto: Contrataci�n de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la m�quina impresora y laminadora de tarjetas Datacard modelo RP90.

Precio por mes: �85.000,00 (ochenta y cinco mil colones exactos).

Plazo de prestaci�n contractual: El plazo del servicio ser� de 1 a�o, con opci�n de pr�rroga por per�odos iguales hasta un m�ximo de tres a�os adicionales, hasta completar un m�ximo de 4 a�os.

Dem�s condiciones, especificaciones y detalles en conformidad con lo se�alado en el pliego cartelario, la oferta y el informe de adjudicaci�n N� 182-2008, visible en el expediente administrativo.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Proceso de Contrataci�n Administrativa.�Lic. Maykel Vargas Garc�a, Coordinador.�1 vez.�(57454).

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000002-01

Contrataci�n de una empresa consultora, especializada en proyectos

de implementaci�n de microsoft project server y sharepoint services,

as� como en la creaci�n de metodolog�as y est�ndares para la

ejecuci�n de proyectos bajo la normativa PMI

(Project Management Institute)

El Banco Hipotecario de la Vivienda a trav�s de la Gerencia General, mediante resoluci�n motivada del diecisiete de junio del 2008, resolvi� declarar infructuoso el proceso de contrataci�n administrativa, Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000002-01, para la contrataci�n de una empresa consultora, especializada en proyectos de implementaci�n de microsoft project server y sharepoint services, as� como en la creaci�n de metodolog�as y est�ndares para la ejecuci�n de proyectos bajo la normativa PMI. (Project Management Institute).

Direcci�n Administrativa Financiera.�Lic. Margoth Campos Barrantes.�1 vez.�(57876).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

DEPARTAMENTO PROVEEDUR�A

LICITACION P�BLICA N� 2007LN-107047-UL

Empresas proveedoras para adquisici�n de equipo de c�mputo

El Instituto Nacional de Seguros, comunica a los interesados en la presente licitaci�n que la Junta Directiva en sesi�n N� 8895 del 26 de mayo del 2008, acuerdo VI, con sustento en las consideraciones de orden legal y t�cnico dictadas en oficio PROV-03613-2008 del 22 de mayo de 2008, el cual se tendr� como parte integral de este acuerdo, resuelve:

I. Modificar la adjudicaci�n (precalificaci�n) realizada en acuerdo XIII, sesi�n 8874, del 14 de enero del 2008 de la siguiente forma:

Rengl�n

Oferente precalificado

C�dula jur�dica N�

N� 2 Impresoras

N� 5 Componentes El Orbe

S. A.

N� 8 IS Productos de Oficina Centroam�rica S. A.

N� 6 TELERAD Telecomunicaciones Radiodigitales S. A.

N� 7 Documentos Digitales DIFOTO S. A.

3-101-111502

3-101-059552

3-101-049635

3-101-009515-19

Todos los dem�s t�rminos y condiciones permanecen invariables.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�MAP. Elizabeth Castro Fallas, Jefa.�1 vez.�(O. C. N� 18477).�C-11880.�(57877).

COLEGIOS UNIVERSITARIOS

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIM�N

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000002-01

Compra de tintas tonners y otros

El Proceso de Contrataci�n Administrativa del Colegio Universitario de Lim�n CUNLIMON hace del conocimiento de todos los interesados en la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000002-01, correspondiente a la compra de tintas tonners y otros, mediante acta del 18 de junio del 2008, resolvi� readjudicar en los siguientes t�rminos:

A la empresa Cosybo S. A.

59 Tinta para Impresora Epson Stylus C-83 color negra por un monto total de �377.600,00.

16 Tinta para Impresora Epson Stylus C-83 Celeste por un monto total de �67.200,00.

16 Tinta para impresora Epson Stylus C-83 Amarillo por un monto total de �67.200,00.

16 Tinta para Impresora Epson Stylus C-83 Rojo por un monto total de �67.200,00.

Por un monto total de �579.200,00.

A la empresa Siemens Enterprise Communications CAM S. A.

6 Tonner de Color Yellow para Impresora L�ser Lexmark C920 por un monto total de �1.028.195,64.

6 Tonner de Color Magenta para impresora L�ser Lexmark C920 por un monto total de �1.049.240,58.

6 Tonner de Color Cyan para Impresora L�ser Lexmark C920 por un monto total de �1.049.240,58.

6 Tonners de Color Black para Impreso Lexmark C920 por un monto total de �718.534,38.

99 Tintas par Impreso HP 6540 Color negra por un monto total de �967.315,64.

58 Tintas para Impresora HP 6540 Color por un monto total de �668.427,38.

42 Tintas para Impresora Lexmark P4350 negra por un monto total de �536.645,97.

25 Tintas para Impresora Lexmark P4350 color por un monto total de �391.460,94.

84 Tintas para Impresora Lexmark X8350 color negra por un monto total de �968.067,24.

70 Tintas para Impresora Lexmark X8350 Color por un monto total de �771.647,80.

Por un monto total de �8.148.776,14.

Dudas o consultas al 2798-1349 ext 103.

Lim�n, 19 de junio del 2008.�Proveedur�a-Bodega.�Nancy Hewitt Hines.�1 vez.�(57604).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN CARLOS

OFICINA DE COMPRAS

LICITACI�N P�BLICA 2008LN-000002-2401

Adquisici�n de reactivos para uso en el Laboratorio Cl�nico

Se informa a los proveedores que participaron en la Licitaci�n P�blica 2008LN-000002-2401, cuyo objeto es la adquisici�n de reactivos para uso en el Laboratorio Cl�nico, que el acto de adjudicaci�n de dicho procedimiento consta en la direcci�n: http://www.ccss.sa.cr.

San Carlos, 19 de junio del 2008.�Sub�rea de Contrataci�n Administrativa.�Lic. Ra�l Vargas Ram�rez, Coordinador.�1 vez.�(57543).

VENTA P�BLICA VP-004-2008

La Caja Costarricense de Seguro Social, avisa a los interesados en la Venta P�blica VP-004-2008, que la Direcci�n Financiera Administrativa mediante oficio DFA-714-08, con fecha de 19 de junio del 2008, acuerda adjudicar la Venta P�blica VP-004-2008 de la siguiente manera:

�tem	Descripci�n	Adjudicatario	Monto de la adjudicaci�n �
�tem N� 2	Casa de habitaci�n en Alajuelita, Las Bellotas.	�lvaro Ch�vez Araya, c�d.: 1-569-942	8.546.500,00
�tem N� 3	Casa de habitaci�n en Alajuelita, Linda Vista.	V�ctor Ram�rez N��ez, c�d.: 1-944-251	20.720.000,00
�tem N� 4	Lote en Alajuelita, Calle Cochea.	Ana Alvarado Mora, C�d.: 5-247-191	7.650.000,00
�tem N� 5	Casa de habitaci�n en Desamparados, San Miguel.	Ernesto Jim�nez Rojas, c�d.: 1-1005-250	9.000.100,00
�tem N� 6	Casa de habitaci�n en Pavas, Lomas.	Eddie Vargas Rojas, c�d.: 2-560-023	12.000.000,00
�tem N� 7	Casa de habitaci�n en Alajuela, San Rafael.	William Ramos Orellana, c�d. de residencia: 220-125664-6570	11.005.000,00
�tem N� 8	Casa de habitaci�n en Alajuela, La Garita	Ernesto Jim�nez Rojas, c�d.: 1-1005-250	8.000.100,00

Con respecto al �tem N� 1 se declara infructuoso por cuanto no recibi� ofertas v�lidas.

La cancelaci�n de los respectivos �temes debe efectuarse de conformidad con los t�rminos del cartel y la oferta.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Direcci�n Financiera.�Lic. M�ximo Pe�aranda Corea.�1 vez.�(57584).

HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDER�N GUARDIA

N�MERO DE CONCURSO: 2008LN-000006-3003

Ap�sitos y recolector de canister

La Sub�rea de Contrataci�n Administrativa, le comunica a los interesados en este concurso, que se resuelve adjudicar de la siguiente manera:

N�mero de concurso: 2008LN-000006-3003

Objeto de contrataci�n: Ap�sitos y recolector de canister.

�tems adjudicados: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Empresa adjudicada: Electr�nica y Computaci�n ELCOM S.A.

Monto adjudicado: $197.570.50.

Monto en letras: ciento noventa y siete mil quinientos setenta d�lares con 50/100.

Todo de acuerdo al cartel y la oferta presentada.

Ver detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Lic. Endry N��ez Salas, Coordinador.�1 vez.�(57856).

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000006-PROVEE

Contrataci�n de persona f�sica o jur�dica especializada en

construcci�n, para realizar las reparaciones y mejoras

del edificio de oficinas de empresas

comerciales del IMAS, Alajuela

A los interesados en la licitaci�n arriba indicada, se les comunica que se declara infructuosa, lo anterior, ya que no se presentaron ofertas.

San Jos�, martes 17 de junio del 2008.�MBA. Ram�n Alvarado Guti�rrez, Proveedor General.�1 vez.�(57890).

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000016-PROVEE

Mantenimiento y reparaciones varias en las oficinas

de la Gerencia Regional Lim�n

A los interesados en la licitaci�n arriba indicada, se les comunica que se declara infructuosa, lo anterior, ya que no se presentaron ofertas.

San Jos�, martes 17 de junio de 2008.�MBA. Ram�n Alvarado Guti�rrez, Proveedor General.�1 vez.�(57891).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000001-01

Disposici�n y tratamiento de los desechos s�lidos ordinarios,

residenciales y comerciales del cant�n de Moravia

Se les comunica a los interesados en el presente concurso, que mediante acuerdo N� 1375 de la sesi�n ordinaria N� 111 del 16 de junio del 2008, se adjudic� la presente licitaci�n a Empresas Berthier EBI de Costa Rica S. A., por ser la �nica oferente. Monto de la oferta: �8.500,00 por tonelada disposici�n y tratamiento de los desechos ordinarios. Tiempo de entrega: de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad. Forma de pago: la usual de la Instituci�n.

Moravia, 17 de junio del 2008.�Proveedur�a Municipal.�Jorge Monge P�rez, Proveedor.�1 vez.�(57854).

MUNICIPALIDAD DE LA UNI�N

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000007-01

Contrataci�n de obras, construcciones, adiciones y mejoras

de infraestructura vial del cant�n de La Uni�n

La Municipalidad de La Uni�n, por este medio, informa que seg�n acuerdo del Concejo Municipal N� SM 269-2008, sesi�n ordinaria N� 167, cap�tulo 2�, celebrada el jueves 12 de junio del 2008, se adjudica la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000007-01, de la siguiente manera:

� A la empresa Constructora C & L Hermanos S. A., por un monto de � 20,098,542.00 (veinte millones noventa y ocho mil quinientos cuarenta y dos colones con cero c�ntimos), por la totalidad de los �tem (5).

La Uni�n, 16 de junio del 2008.�Marvin Dur�n Vega, Proveedor Municipal.�1 vez.�(57860).

MUNICIPALIDAD DE BEL�N

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000008-01

Mano de obra, herramientas y equipo para corta, poda, y extracci�n

de diferentes tipos de �rboles y otros en varios sectores del cant�n

y la planta de tratamiento de aguas residuales de

la Urbanizaci�n Manantiales de Bel�n

La Unidad de Gesti�n de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Bel�n, avisa el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesi�n ordinaria N� 36-2008 celebrada el 17 de junio del 2008, en el cual se resuelve la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000008-01, �Mano de obra, herramientas y equipo para corta, poda, y extracci�n de diferentes tipos de �rboles y otros en varios sectores del cant�n y la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanizaci�n Manantiales de Bel�n�.

Se acuerda por unanimidad y en forma definitiva: Adjudicar la Licitaci�n Abreviada 2008LA-000008-01, de la siguiente manera: a la oferta N� 1: Empresa de Jardiner�a El Campesino J.C. S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-272468, �tem N� 1, por un monto de �1.050.000,00 (un mill�n cincuenta mil colones exactos 00/100). Oferta N� 2: Interconsultor�a de Negocios y Comercio IBT S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-180865, el �tem N� 2, por un monto de �2.250.000,00 (dos millones doscientos cincuenta mil colones exactos), por un a�o, pudi�ndose prorrogar hasta un m�ximo de cuatro a�os.

San Antonio de Bel�n, Heredia, 20 de junio del 2008.�Unidad de Bienes y Servicios.�Marcos Porras Quesada, Subcoordinador.�1 vez.�(O. C. N� 24569).�C-13220.�(57851).

LICITACI�N ABREVIADA N� 2008LA-000009-01

Servicios de alimentaci�n (Catering Service), para uso en las

actividades programadas por las diferentes unidades

de la Municipalidad de Bel�n

La Unidad de Gesti�n de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Bel�n, avisa el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesi�n Ordinaria N� 35-2008, celebrada el 10 de junio del 2008, en el cual se resuelve la Licitaci�n Abreviada N� 2008LA-000009-01, �Servicios de alimentaci�n (Catering Service), para uso en las actividades programadas por las diferentes unidades de la Municipalidad de Bel�n�.

Se acuerda por unanimidad y en forma definitiva adjudicar la Licitaci�n Abreviada 2008LA-000009-01, de la siguiente manera: A la oferta N� 1: Servicios de Alimentos y Bebidas V Y R S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-238487, �tem �nico.

San Antonio de Bel�n, Heredia 20 de junio del 2008.�Unidad de Bienes y Servicios.�Marcos Porras Quesada, Subcoordinador.�1 vez.�(O. C. N� 24569).�C-9260.�(58005).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR�LEO S. A.

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-903008-02

(Notificaci�n declaratoria infructuosa)

Contrataci�n de los servicios de alimentaci�n en las

instalaciones de la soda en Refiner�a Lim�n

Se informa que la Presidencia de RECOPE mediante oficio P-864-2008 de fecha 17 de junio del 2008, declara infructuoso el proceso licitatorio en referencia, lo anterior de acuerdo a lo indicado en el informe de declaratoria infructuosa rendido mediante oficio CBS-L-1402-2008 y a lo establecido en el art�culo 86 del Reglamento a la Ley de Contrataci�n Administrativa y 23 del Reglamento de Contrataciones de RECOPE.

Se desprende del citado informe que las dos ofertas presentadas a concurso, sea N� 1 por Man Gei Jim�nez Fung y N� 2 de Sodexho Costa Rica S. A., son inaceptables desde la perspectiva jur�dica; lo anterior, dado que el oferente N� 1 no cotiz� sobre la base indicada en la Secci�n II Requerimientos, al no incluir en su oferta los servicios de reposter�a, refrescos y caf�; por su parte, la oferta N� 2 no present� con su oferta el certificado de dep�sito de la garant�a de participaci�n, consider�ndose tal requisito como parte integral y elemento sustancial de la oferta.

Asimismo, se autoriza proceder con un nuevo proceso de contrataci�n, previo a los ajustes que dicte la Unidad T�cnica.

San Jos�, 19 de junio del 2008.�Direcci�n de Suministros.�Ing. Norma �lvarez Morales, Directora.�1 vez.�(O. C. N� 2008-05-0329).�C-9920.�(57533).

LICITACI�N ABREVIADA N� 2007LA-700235-02

(Notificaci�n declaratoria infructuosa)

Contrataci�n de los servicios de mano de obra, materiales

y equipo para la construcci�n del cuarto de operadores

de Caldera en el Plantel El Alto

Se informa que la Gerencia de Distribuci�n y Ventas de RECOPE mediante oficio GDV-269-2008 de fecha 13 de junio del 2008, declara infructuoso el proceso licitatorio en referencia, lo anterior de acuerdo a lo indicado en el informe de declaratoria infructuosa rendido mediante oficio CBS-L-1813-2008 y a lo establecido en el art�culo 86 del Reglamento a la Ley de Contrataci�n Administrativa y 23 del Reglamento de Contrataciones de RECOPE.

Se desprende del citado informe que la �nica oferta presentada a concurso por Compa��a Hermanos Navarro Sojo S. A., pese al cumplimiento de los requisitos legales establecidos, es t�cnicamente inaceptable al no indicar en su oferta informaci�n de car�cter imprescindible e insustituible, como lo es la marca, modelo y pa�s de origen del equipo.

Asimismo, se autoriza proceder con un nuevo proceso de contrataci�n, previo a los ajustes que dicte la Unidad T�cnica.

San Jos�, 19 de junio del 2008.�Direcci�n de Suministros.�Ing. Norma �lvarez Morales, Directora.�1 vez.�(O. C. N� 2008-05-0329).�C-9920.�(57535).

FE DE ERRATAS

PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS

Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

LICITACION P�BLICA N� 2008LN-000001-00200

Compra de materiales de construcci�n

Se les informa que existen aclaraciones y modificaciones al cartel de la Licitaci�n P�blica N� 2008LN-000001-00200, las cuales las pueden bajar de nuestra p�gina web: www.cne.go.cr o del Sistema de Compras de Ministerio de Hacienda, Comprared.

Lic. Julieta Murillo Zamora, Proveedora.�1 vez.�(Solicitud N� 49822).�C-5960.�(57874).

HACIENDA

PROVEEDUR�A INSTITUCIONAL

LICITACI�N P�BLICA N� 2007LN-000084-13402

Equipos y programas de c�mputo

Se avisa a todos los interesados en esta licitaci�n, para el programa Direcci�n General de Tributaci�n del Ministerio de Hacienda, que por resoluci�n de adici�n N� 110-2008, de la Licitaci�n P�blica 2007LN-000084-13402, de las 10:00 horas del d�a 13 de junio del 2008, se indica lo siguiente:

POR TANTO

De conformidad con los hechos expuestos, se procede a adicionar a la resoluci�n de adjudicaci�n N� 373-2007 de las 10:00 horas del 21 de diciembre del 2007, resoluci�n de modificaci�n N� 031-2008 de las 10:00 horas del 22 de febrero del 2008; de la Licitaci�n P�blica 2007LN-000084-13402 para �Equipos y programas de c�mputo�, para que en lo procedente se adicione lo siguiente:

Solicitud de pedido N� 2060820324 de fecha de emisi�n 18 de abril del 2008, por un monto �37.500.641,34 emitida por el programa Direcci�n General de Tributaci�n.

San Jos�, 13 de junio del 2008.�Marco A. Fern�ndez Uma�a, Proveedor Institucional.�1 vez.�(Solicitud N� 19082).�C-13220.�(57610).

OBRAS P�BLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000013-CV

Suministro de puentes modulares met�licos lanzables

Se comunica a las empresas interesadas en participar, que se encuentra disponible la Enmienda N� 2, en las Oficinas de la Proveedur�a, ubicadas de la rotonda de La Betania, 50 metros este y 10 metros norte, carretera a Guadalupe.

Asimismo el plazo para la recepci�n de ofertas se extender�, por lo tanto este Consejo recibir� ofertas de conformidad con los t�rminos cartelarios, hasta las 10:00 horas del 4 de julio del 2008, en las Oficinas de la Proveedur�a.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Unidad de Proveedur�a y Suministros.�MBA. Arturo Alvarado Moya, Jefe.�1 vez.�(Solicitud N� 1411).�C-6620.�(57879).

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCI�N EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000002-PROV

Compra de uniformes para personal del Sector Administrativo

y Organismo de Investigaci�n Judicial, bajo la

modalidad de entrega seg�n demanda

Se comunica a todos los interesados que en relaci�n con la publicaci�n en La Gaceta N� l16 del martes 17 de junio del 2008, se aclara que los montos totales anuales estimados para cada bloque adjudicado, son los siguientes:

A: Distribuidora E.G.O. S. A., c�dula jur�dica 3-101-156876.

Compra de varios uniformes para diversos puestos conforme al detalle de cada bloque:

Bloque N� 1: monto anual estimado �2.040.453,00.

Bloque N� 4: monto anual estimado �3.847.403,00.

Dem�s caracter�sticas y condiciones seg�n cartel, muestras y oferta presentada.

Total anual estimado adjudicado a este oferente: �5.887.856,00.

A: Ela Fashion S. A., c�dula jur�dica 3-101-258463.

Compra de varios uniformes para diversos puestos conforme al detalle de cada bloque:

Bloque N� 2: monto anual estimado �5.634.400,00.

Dem�s caracter�sticas y condiciones seg�n cartel, muestras y oferta presentada.

Total anual estimado adjudicado a este oferente: �5.634.400,00.

A: S�enz Fallas S. A., c�dula jur�dica 3-101-024614.

Compra de varios uniformes para diversos puestos conforme al detalle de cada bloque:

Bloque N� 3: monto anual estimado �9.598.500,00.

Dem�s caracter�sticas y condiciones seg�n cartel, muestras y ofertas presentadas.

Total anual estimado adjudicado a este oferente: �9.598.500,00.

Total anual estimado adjudicado �21.120.756,00.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Proceso de Adquisiciones.�Lic. Ana Iris Olivares Leit�n, Jefa a. �.�1 vez.�(57510).

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

GERENCIA GENERAL

LICITACI�N ABREVIADA 2008LA-000004-01

(Adici�n y correcci�n de resoluci�n de adjudicaci�n)

(en lo conduncente)

Considerando:

1.-) ...

2.-) ...

3.-) ...

4.-) ...

Por tanto: por las razones expuestas y con fundamento en los art�culos 145 y 157 de la Ley General de la Administraci�n P�blica y 26 inciso e) del Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo Aplicable a los Sujetos Fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores y Superintendencia de Pensiones, se acuerda adicionar y corregir el Considerando 9) y la parte dispositiva de la Resoluci�n dictada por esta Gerencia General, a las catorce horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho dentro del Procedimiento de Contrataci�n Administrativa Licitaci�n Abreviada 2008LA-000004-01, para que en adelante se lea as�:

Primero: Se corrige y adiciona el Considerando 9) de la resoluci�n dictada por esta Gerencia General, a las catorce horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho, para que en adelante se lea as�:

� 9.-) Que el art�culo 26 inciso e) del Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Autorizadas, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones dispone como funciones del Comit� de Auditor�a de este Banco la de proponer a la Junta Directiva u �rgano equivalente la designaci�n de la firma auditora o el profesional independiente y las condiciones de contrataci�n, una vez verificado el cumplimiento por parte de estos de los requisitos establecidos en dicho Reglamento, por lo que lo procedente es trasladar el respectivo expediente de contrataci�n administrativa al citado Comit� de Auditor�a con las recomendaciones correspondientes de la Direcci�n Administrativa y el aval de esta Gerencia General en el sentido de que se adjudique la licitaci�n a la Empresa Carvajal y Colegiados, todo con la finalidad de que se cumpla con el procedimiento establecido en esa norma sobre la adjudicaci�n final de la licitaci�n y su correspondiente validez y eficacia�.

Segundo: Se corrige y adiciona la parte dispositiva (Por tanto) de resoluci�n dictada por esta Gerencia General, a las catorce horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho, para que en adelante se lea as�:

�Por tanto, por las razones expuestas y normativa citada, la Gerencia General del Banco Hipotecario de la Vivienda acuerda: trasladar el procedimiento de contrataci�n administrativa, Licitaci�n Abreviada 2008LA-000004-01 para la contrataci�n de servicios profesionales de una Empresa para realizar la Auditor�a Externa de los estados financieros del Banco, para los per�odos que terminan al 31 de diciembre del 2008, 2009 y 2010 al Comit� de Auditor�a y a la Junta Directiva de esta entidad, para los efectos indicados en el art�culo 26 inciso e) del �Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Autorizadas, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. Rem�tanse los autos a los �rganos indicados�.

Tercero: en lo conducente y se�alado, queda modificado y corregido el acto administrativo indicado en el Considerando 1) de la presente resoluci�n...

San Jos�, a las catorce horas del diecinueve de junio del dos mil ocho.�Dr. Ennio Rodr�guez C�spedes, Gerente General.�Margoth Campos Barrantes, Directora Administrativa Financiera.�1 vez.�(57875).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-108032-UL

(Modificaci�n)

Mantenimiento de Sedes y Dependencias del INS

Se comunica a los interesados en el presente concurso, cuya invitaci�n se public� en el Diario Oficial La Gaceta N� 109 del 6 de junio del 2008, que:

El pliego de condiciones a sufrido variaciones en su Anexo N� 2 Detalle de caracter�sticas t�cnicas de los trabajos a realizar, en los renglones N� 3 Sede en Alajuela, N� 6 Sede en Cartago, N� 9 Sede en Turrialba, N� 12 Centro de Capacitaci�n y Recreaci�n, y Rengl�n N� 14 Edificio de Indemnizaciones (Aval�os Mercado de la Coca Cola), mismas que por su extensi�n no son publicadas, pero que podr�n ser retiradas en el Departamento de Proveedur�a, del Instituto Nacional de Seguros, 8 piso de sus oficinas centrales sin ning�n costo.

Todos los dem�s t�rminos y condiciones permanecen invariables.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�MAP. Elizabeth Castro Fallas, Jefa.�1 vez.�(O. C. N� 18477).�C-9260.�(57878).

INSTITUTO TECNOL�GICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO

LICITACI�N P�BLICA N� 2008LN-000005-APITCR

Adquisici�n de equipo para laboratorio

El Departamento de Aprovisionamiento por medio de la Oficina de Licitaciones, comunica que el cartel de la licitaci�n indicada ha sido modificado, los interesados pueden retirar las mismas en nuestras oficinas, de la sede central, Cartago.

Fecha y hora de la apertura se mantienen invariables.

Cartago, 20 de junio del 2008.�Lic. Walter Sequeira Fallas, Director.�1 vez.�(Solicitud N� 14445).�C-7280.�(57556).

MUNICIPALIDADES

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO

SEDE EN JICARAL

LICITACI�N ABREVIADA 2008-LA-000001-01 (Modificaci�n 1)

Consultor�a para el dise�o, planos y especificaciones t�cnicas

del edificio del Concejo Municipal de Lepanto

En La Gaceta N� 109, del d�a 06 de junio del 2008, sali� invitaci�n a Concurso: Licitaci�n Abreviada 2008-LA-000001-01-Consultor�a para el dise�o, planos y especificaciones t�cnicas del edificio del Concejo Municipal de Lepanto, situado en Jicaral de Lepanto de Puntarenas, promovido por el Concejo Municipal Distrito de Lepanto, en el cual por motivos de errores se modifican los siguientes puntos:

1. Se elimina del Cartel de Licitaci�n en el Punto 3. Productos esperados, el punto e. Direcci�n T�cnica de la ejecuci�n del Proyecto de Construcci�n del Edificio.

Se modifica el Punto 10. Criterios de valoraci�n: Quedando los puntos de la siguiente manera:

10. Criterios de valoraci�n: Para ser objeto de adjudicaci�n, las ofertas deber�n obtener una calificaci�n igual o superior a 70 puntos en el puntaje total, quedando seleccionado el participante que alcance el mayor puntaje, siempre y cuando cumpla con los requerimientos legales de este cartel.

La calificaci�n m�xima por la totalidad de los siguientes conceptos a evaluar ser� de 100 puntos. Las ofertas que tengan un puntaje inferior a 70 no ser�n objeto de adjudicaci�n.

Tabla N� 1
Ponderaci�n de factores a considerar
Criterio	Puntaje m�ximo
Experiencia	30
Plazo de ejecuci�n	20
Monto de la oferta	50

10.1 Experiencia del oferente (persona f�sica o jur�dica); se asignar� por este concepto un m�ximo de 30 puntos. Para ponderar la experiencia se considerar� el metraje dise�ado por el oferente en los �ltimos tres a�os de obras similares al objeto de la presente contrataci�n. Por esta raz�n, el oferente deber� incluir en su oferta un listado de las obras similares que haya dise�ado en los �ltimos tres a�os, con las referencias de propietarios, n�meros telef�nicos y direcciones de los propietarios o de sus representantes legales y las caracter�sticas constructivas de los distintos proyectos y su metraje constructivo.

Se asignar� por este concepto un punto por cada cien metros cuadrados dise�ados de obras similares en los �ltimos tres a�os, hasta un m�ximo de 3 000 m² (o sea una puntuaci�n m�xima de 30 puntos).

10.2 Plazo de ejecuci�n: Se calificar� con un puntaje m�ximo de 20 puntos y ser�n asignados a aquella oferta que cumpla con lo solicitado en este cartel y que represente el menor tiempo de ejecuci�n (d�as naturales). A esta oferta se le denominar� �Oferta Base en Tiempo�.

Para las otras ofertas el puntaje se asignar� de la siguiente manera:

PT= Tiempo oferta base (d�as naturales) * 20

Tiempo ofrecido (d�as naturales)

Donde PT = Puntaje obtenido con respecto al plazo de ejecuci�n de la oferta en estudio.

10.3 Monto de la oferta: Se calificar� aquella oferta que cumpla con lo solicitado en este cartel y que represente el menor precio con un m�ximo de 50 puntos y se denominar� �Oferta Precio Base�. Para las otras ofertas el puntaje se asignar� de forma inversamente proporcional conforme a la siguiente f�rmula:

Donde:

PP = Puntaje obtenido por precio por la oferta en estudio.

PO = Precio de la oferta en estudio.

POB = Precio de la oferta base.

Es por ello, que el plazo de recepci�n de las ofertas se extender� hasta el d�a 07 de julio del 2008, hasta las trece horas en las oficinas del Concejo Municipal Distrito de Lepanto, y a esa misma hora se realizar� la apertura de las ofertas recibidas hasta ese momento.

Jicaral, 17 de junio del 2008.�Pedro Rodr�guez S�nchez, Intendente Municipal.�1 vez.�(57588).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETR�LEO S. A.

LICITACI�N P�BLICA N� 2007LN-903075-02

Prorroga N� 3 y cuarta visita al sitio (Prensa libre)

Contrataci�n de los servicios de mano de obra, materiales y equipo

para el redise�o, reposici�n y puesta en funcionamiento

del horno de crudo en Refiner�a

Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en referencia, que la fecha de apertura y recepci�n de ofertas se prorrog� para el d�a 24 de setiembre del 2008 a las 10:00 horas.

Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en referencia que se realizar� una cuarta visita al sitio para explicar los alcances t�cnicos y dem�s aspectos relevantes de este concurso, la cual se llevar� a cabo el d�a 30 de junio del 2008 a las 10:00 horas en el edificio administrativo de la Refiner�a.

Para esta visita los oferentes deben venir con zapatos de seguridad, deben usar casco, pantal�n largo de algod�n tipo jeans y camisa de algod�n convencional con manga corta, no se permite el uso de camisetas.

San Jos�, 20 de junio del 2008.�Direcci�n de Suministros.�Ing. Norma �lvarez Morales, Directora.�1 vez.�(O. C. N� 2008-05-0329).�C-8580.�(57527).

JUNTA ADMINISTRATIVADEL SERVICIO

EL�CTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

LICITACI�N N� 2007LA-000025-01

Adquisici�n de equipo de seguridad para medidores

El Proceso Contratar Bienes y Servicios avisa que en la publicaci�n de La Gaceta N� 117 se public� la adjudicaci�n de la �Licitaci�n N� 2007LA-000025-01�, siendo correcto �Licitaci�n Abreviada 2008LA-000025-01�. En los dem�s aspectos se mantienen las condiciones de la publicaci�n original.

Cartago, 20 de junio del 2008.�Contratar Bienes y Servicios.�Lic. Abel G�mez L., Coordinador.�1 vez.�(Solicitud N� 17501).�C-7280.�(57625).

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

REGLAMENTO PARA DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS

Y TARIFAS POR CONCEPTO DE OMISIONES A LOS DEBERES

POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES

INMUEBLES EN SAN RAFAEL DE HEREDIA

Art�culo 1��Para efectos de este reglamento, se entiende como Omisiones a los Deberes por parte de los Propietarios de Bienes Inmuebles, el incumplimiento de las obligaciones que se deben cumplir de acuerdo a lo establecido en los art�culos 74 y siguientes de la Ley 7794 C�digo Municipal, la Ley 833 Ley de Construcciones, la Ley 5060 Ley de Caminos P�blicos, la Ley 4240 Ley de Planificaci�n Urbana y legislaci�n conexa.

Art�culo 2��La Municipalidad de San Rafael de Heredia deber� notificar un m�nimo de dos ocasiones mediante un plazo no menor de diez d�as h�biles entre cada una de ellas y la ejecuci�n del acto administrativo.

Art�culo 3��Dicha notificaci�n debe realizarse mediante correo certificado o mensajero municipal y ser� en la direcci�n declarada por el propietario del inmueble o en su defecto a alguna direcci�n que se localice posterior a un estudio respectivo o localizaci�n, para la cual deber� aportarse la copia respectiva. Para los casos de direcci�n declarada por el contribuyente, se tomar� por cierta aunque v�a correo o mensajero no se logre hacer efectiva la notificaci�n.

Art�culo 4��Para aquellos casos donde sea necesaria una segunda notificaci�n, la Municipalidad asignar� un cargo por concepto de Gasto Administrativo por un monto de dos mil quinientos colones exactos, (�2.500,00). Y para los casos donde no se cumple con lo notificado y se deba realizar el acto administrativo, se asignar� un cargo de siete mil quinientos colones exactos (�7.500,00).

Art�culo 5��Los cargos que se incurran por concepto de gasto administrativo, deber�n ser cancelados aunque el propietario del inmueble realice los trabajos solicitados antes de la ejecuci�n final del acto administrativo por parte de Ingenier�a Municipal.

Art�culo 6��Para todos los montos referidos en el punto n�mero 8 siguiente, la Municipalidad de San Rafael de Heredia cargar� por concepto de utilidad, de acuerdo con el art�culo 74 del C�digo Municipal, un 10% sobre el costo efectivo estipulad y posterior a ocho d�as naturales de la no cancelaci�n del cobro interpuesto, se aumentar� el costo en un 50% por concepto de multa, seg�n el art�culo 75 del C�digo Municipal.

Art�culo 7��En los casos donde la Municipalidad de San Rafael de Heredia, por cuestiones presupuestarias o de programaci�n no pueda realizar las acciones sustitutivas de las Omisiones de los Deberes de los Propietarios de Inmuebles, se proceder� como establece el art�culo 76 del C�digo Municipal.

Art�culo 8��Conforme lo autoriza el art�culo 76 ter. del C�digo Municipal, las multas ser�n incrementadas semestralmente en forma autom�tica, seg�n los �ndices de Precios al Consumidor emitidos por el Banco Central , quedando las mismas a la fecha as�:

a- Por incumplimiento del Inciso �a�, la multa ser� de �717,00; por metro lineal del frente total de su propiedad.

b- Por incumplimiento del Inciso �b�, la multa ser� de �956,00; por metro lineal del frente total de su propiedad.

c- Por incumplimiento del Inciso �c�, la multa ser� de �239,00; por metro cuadrado del �rea total de su propiedad.

d- Por incumplimiento del Inciso �d�, la multa ser� de �1.195,00; por metro cuadrado del frente total de su propiedad.

e- Por incumplimiento del Inciso �e�, la multa ser� de �478,00; por metro lineal del frente total de su propiedad.

f- Por incumplimiento del Inciso �f�, la multa ser� de �478,00; por metro lineal del frente total de su propiedad.

g- Por incumplimiento del Inciso �g�, la multa ser� de �1.195,00; por metro lineal del frente total de su propiedad.

h- Por incumplimiento del Inciso �h�, la multa ser� de �1.912,00; por metro lineal del frente total de su propiedad.

i- Por incumplimiento del Inciso �i�, la multa ser� de �1.195,00; por metro cuadrado del frene total de su propiedad.

Art�culo 9��Los cargos totales de las obras a realizar y las multas por Omisiones de los Deberes de los Propietarios de Inmuebles ser�n debidamente notificados mediante las boletas respectivas que se encuentran debidamente aprobadas por la Administraci�n.

Art�culo 10.�Las tarifas a aplicar por concepto de Omisiones de los deberes de los Propietarios de Inmuebles, se basar�n en la Tabla de Valores por Actividad y Lista de Materiales de Construcci�n del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y ser�n actualizadas de manera autom�tica, seg�n la publicaci�n oficial que se encuentra en la p�gina de dicha entidad.

Art�culo 11.�Para los trabajos constructivos contemplados en los incisos �d� y �h� del art�culo 75 del C�digo Municipal, referidos a construcci�n de aceras e instalaci�n de canoas y bajantes, la Municipalidad de San Rafael de Heredia podr� contratar los servicios a terceros, en cuyo caso transferir� el costo efectivo al due�o del inmueble, como se establece en el punto 5 de este Reglamento.

Art�culo 12.�Para las obras que se deban efectuar dentro del derecho de v�a o dominio p�blico, se actuar� de manera directo por parte de los funcionarios municipales o terceros que la Municipalidad de San Rafael de Heredia designe.

Art�culo 13.�Para los casos donde el acto administrativo requiera el ingreso a una propiedad privada, se actuar� con la presencia de un profesional debidamente autorizado para desempe�ar tal funci�n, ya sea interno o externo a la instituci�n, que d� fe p�blica del acto, mediante la confecci�n de una acta, donde manifieste que la intervenci�n por parte del Municipio se debe a la desobediencia por parte del propietario del inmueble, a seguir las recomendaciones del departamento respectivo, as� como la descripci�n de los actos que se ejecutaron.

Art�culo 14.�Este Reglamento deroga cualquier otro aprobado anteriormente y que se le oponga y regir� una vez cumplidos los requisitos establecidos en el art�culo 43 del C�digo Municipal.

Aprobado por unanimidad y en firme en sesi�n extraordinaria N� 173-2008 celebrada por el Concejo Municipal el jueves 15 de mayo del 2008.

San Rafael de Heredia, 27 de mayo del 2008.�Damaris Ruiz Rojas, Secretaria del Concejo Municipal.�1 vez.�(57009).

REMATES

BANCO CR�DITO AGR�COLA DE CARTAGO

DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR�A Y LICITACIONES

REMATE N� 1/2008

Venta de art�culos varios y equipo de c�mputo

Se les comunica a los interesados en este evento que los bienes a rematar son los siguientes:

�tem Cantidad Clase Marca Detalles generales Precio base

1 Indeterminada Partes de equipo de Varios Bulto global de partes de equipo de oficina �800.000.00

oficina y chatarra viejo y chatarra en estado de desecho

general y de funcionamiento.

2 Indeterminada CPU, monitores, Varios Bulto global de CPU�S, monitores, teclados y otros � 50.000.00

Teclados en estado de desecho general (chatarra)

y de funcionamiento

Se podr�n examinar los bienes los d�as 26-27-30 de junio y 01 de julio del 2008, de las 09:00 a las 11:00 horas previa coordinaci�n con el Sr. Mart�n Ortiz Astorga, al tel�fono 2573-7390 extensi�n 4120.

El remate ser� realizado el d�a 09 de julio del 2008, a las 11:00 horas, en el Departamento de Proveedur�a, ubicado 600 metros sur del Autobanco de Bancr�dito, Barrio La Lima, en el edificio del Dep�sito Agr�cola de Cartago y Almac�n Fiscal, provincia de Cartago, lugar donde podr�n retirar el pliego de condiciones a partir del d�a h�bil siguiente a esta publicaci�n.

San Jos�, 19 de junio del 2008.�Lic. Erica Granados S. Jefa.�1 vez.�(O. C. N� 10-2008).�C-19160.�(57855).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

SUCURSAL EN GU�PILES

AVISO

PUBLICACI�N DE TERCERA VEZ

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal Sucursal en Gu�piles, hace del conocimiento del p�blico en general, el extrav�o del siguiente certificado de ahorro a plazo fijo a la orden de Miguel Francisco Cabrera Ortega, c�dula 3-0191-0765:

Fecha

Certificado N� Monto $ vencimiento

16101760220239567 1.566,95 13-05-2008

Lo anterior para efectos de los art�culos 708 y 709 del C�digo de Comercio.

16 de mayo del 2008.�Lic. In�s Murillo Ortiz, Subgerente.�N� 40669.�(55579).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE DERECHO

EDICTOS

PUBLICACI�N DE TERCERA VEZ

Ad�n Luis Carmona P�rez, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podr� hacerlo mediante escrito dirigido al se�or Decano de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco d�as posteriores a la publicaci�n del tercer aviso.�Ciudad Universitaria �Rodrigo Facio�, 12 de junio del 2007.��rea de Investigaci�n.�Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.�N� 40747 �(55569).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Se comunica al se�or German Gerardo Abarca Valverde, la resoluci�n de las 11:00 horas del 12 de junio del 2008, dictada por este Despacho, en virtud de la cual se resuelve: I) Se le da audiencia al se�or German Abarca Valverde para que se pronuncie sobre la solicitud de salida del pa�s de Johan Yasmani Abarca Lo�iciga interpuesta ante esta instituci�n por la se�ora Girlania Lo�iciga Lo�iciga. II) Para efectos de llevar a cabo la audiencia oral y privada de conciliaci�n entre las partes se se�ala para las nueve horas del catorce de julio del dos mil ocho. De fracasar esta diligencia en forma inmediata se proceder� a recibirle declaraci�n a la persona menor de edad interesada sin intervenci�n de partes. Seguidamente se proceder� a evacuar la prueba testimonial ofrecida por las partes, reduci�ndose al n�mero de tres de conformidad con el art�culo 365 del C�digo Procesal Civil. Asimismo las partes podr�n aportar a los autos toda la prueba documental que estimen pertinente. III) Queda el expediente administrativo a disposici�n de las partes legitimadas. Recursos: Contra la presente resoluci�n procede el recurso de apelaci�n el cual deber� interponerse en el t�rmino de ocho d�as contados al d�a posterior a la notificaci�n de la presente resoluci�n, el cual ser� resuelto por la Presidencia Ejecutiva de esta entidad, ubicada en San Jos�, Barrio Luj�n, en las antiguas instalaciones de la Dos Pinos. Deber� adem�s se�alar lugar o medio electr�nico para recibir sus notificaciones dentro del per�metro de esta Oficina Local. Si el lugar se�alado fuere inexacto o incierto o el medio ineficaz, las resoluciones posteriores se tendr�n por notificadas con el solo transcurso de 24 horas despu�s de dictadas. Dicho recurso ser� inadmisible si es interpuesto pasado el plazo se�alado. Publ�quese dos veces consecutivas en La Gaceta y una vez en un diario de circulaci�n nacional.�Oficina Local de Alajuela, 12 de junio del 2008.�Lic. Marianela Ac�n Chan, Representante Legal.�(56030).

2 v. 2.

JUNTA DE PROTECCI�N SOCIAL DE CARTAGO

HERMANDAD DE LA CARIDAD DE CARTAGO

AVISO

Ante esta Junta de Protecci�n Social de Cartago, hoy Hermandad de la Caridad de Cartago, de conformidad con las disposiciones que emanan de los decretos Ejecutivo Nos. 32.833-S de fecha 3 de agosto de 2005 Reglamento General de Cementerios y 704 del 7 de setiembre de 1949, se han presentado: Jorge Arturo Campos Brenes, c�dula 3-255-577. Declaran bajo juramento de ley notificados que cualquier informaci�n falsa omisa o incorrecta anula totalmente el proceso de tramite o la resoluci�n del traspaso del derecho de arriendo y exoneran la Junta de Protecci�n Social de Cartago, hoy Hermandad de la Caridad de Cartago, de responsabilidades ante terceros de iguales o mejores derechos, manifiestan que son los �nicos y universales herederos de Carlos Luis Campos Brenes, parentesco sobrino del fallecido declarando que este derecho se encuentra a nombre de Carlos Luis y Carmen ambos de apellidos Campos Brenes de las fosas N� 1152 y N� 1198, de la Secci�n Concepci�n, del Cementerio General de Cartago, y que en virtud de lo anterior solicitan que se inscriba el mencionado derecho a Jorge Arturo Campos Brenes y Carmen Campos Brenes de calidades conocidas. Se mantiene invariable el plazo del contrato original. Lo anterior se hace del conocimiento de todos aquellos terceros de iguales o mejores derechos, para que puedan presentar las oposiciones de ley en el t�rmino de quince d�as naturales a partir de la publicaci�n del presente edicto.

Cartago, 6 de junio del 2008.�Lic. Ronald Brenes Mas�s, Gerente.�1 vez.�(56321).

R�GIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MORA

La Corporaci�n Municipal del cant�n de Mora, le transcribe acuerdo tomado de la sesi�n ordinaria N� 07-2008-2010, celebrada el 16 de junio del 2008, que textualmente dice:

Art�culo dieciocho, inciso dos: El Concejo Municipal acuerda publicar en el Diario Oficial La Gaceta la convocatoria a la nueva Audiencia P�blica el d�a 21 de julio del dos mil ocho, al ser las nueve horas, y finalizando con un tiempo a las doce medio d�a en el sal�n de sesiones del Concejo Municipal, ubicado en el edificio de la actual Casa de la Cultura de Mora, para conocer las modificaciones al art�culo diez del Reglamento de Zonificaci�n del Plan Regulador de Mora, publicado en La Gaceta n�mero doscientos cinco del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, y para conocer las propuestas verbales y por escrito que tengan a bien presentar los interesados ante el Concejo Municipal.

Por lo que las propuestas base de modificaci�n se consignan en el expediente correspondiente el cual puede consultarse en el Departamento de Desarrollo y Control Urbano en las oficinas actuales de la Municipalidad de Mora. Acuerdo definitivo.

Ciudad Col�n, 18 de junio del 2008.�Rosaura Cascante Cascante, Secretaria Municipal.�1 vez.�(57546).

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

ZONA MAR�TIMA TERRESTRE

EDICTOS

El Departamento de la Zona Mar�timo Terrestre de la Municipalidad de Carrillo, comunica que la sociedad Yitzak Investments Sociedad An�nima, con c�dula jur�dica N� 3-101-390912, representada por el se�or N�stor Iv�n Dom�nguez L�pez, quien es mayor, casado, administrador de empresas, de nacionalidad Mexicana, vecino de Fray Servando de Segovia N� 203, Jardines de Aguascalientes, Estados Unidos Mexicanos, portador del pasaporte de su pa�s N� 07310025985. Con base en la Ley Sobre la Zona Mar�timo Terrestre N� 6043 del 2 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo N� 7841-P del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesi�n un lote de terreno localizado en Playa Matapalo, distrito Sardinal, cant�n Carrillo, provincia de Guanacaste, mide: 11 445,37 m� y es terreno para darle un uso condicional de comercio tur�stico, seg�n el Plan Regulador vigente para la zona; los linderos son: al norte, zona p�blica; sur, calle p�blica; este, zona restringida; oeste: zona restringida. Se advierte que la presente publicaci�n no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de que el �rea, uso y frente quedan sujetas a las disposiciones del Plan Regulador aprobado para la zona y disposiciones del MINAE. Se conceden treinta d�as h�biles contados a partir de �sta �nica publicaci�n para o�r oposiciones, las cuales deber�n ser presentadas en �sta Municipalidad en papel sellado y con los timbres correspondientes, a dos tantos, adem�s deber� identificarse debidamente el opositor.�Filadelfia, 11 de junio del 2008.�Jos� Francisco Canales Canales, encargado.�1 vez.�N� 41268.�(56352).

El Departamento de la Zona Mar�timo Terrestre de la Municipalidad de Carrillo, comunica que la sociedad Lighthouse Consulting Support Services Sociedad An�nima, con c�dula jur�dica N� 3-101-500987, representada por el se�or Ricardo Alberto Guell Pe�a, quien, es mayor, soltero, estudiante, vecino de San Jos� 200 metros al este del Peri�dico La Rep�blica, portador de la c�dula de identidad N� 1-1149-530. Con base en la Ley Sobre la Zona Mar�timo Terrestre N� 6043 del 02 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo N� 7841-P del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesi�n un lote de terreno localizado en Playa Matapalo, distrito Sardinal, cant�n Carrillo, provincia de Guanacaste, mide: 13.998,88 m� y es terreno para darle un uso: Condicional de comercio tur�stico, seg�n el Plan Regulador vigente para la zona; los linderos son: al norte, zona p�blica; sur, calle p�blica; este, zona restringida; oeste, calle p�blica. Se advierte que la presente publicaci�n no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de que el �rea uso y frente quedan sujetas a las disposiciones del Plan Regulador aprobado para la zona y disposiciones del Minae. Se conceden treinta d�as h�biles contados a partir de esta �nica publicaci�n para o�r oposiciones, las cuales deber�n ser presentadas en esta Municipalidad en papel sellado y con los timbres correspondientes, a dos tantos, adem�s deber� identificarse debidamente el opositor.�Filadelfia, 11 de junio del 2008.�Jos� Francisco Canales Canales, Encargado.�1 vez.�N� 41269.�(56353).

El Departamento de la Zona Mar�timo Terrestre de la Municipalidad de Carrillo, comunica que la sociedad Millenium Venture Investments Sociedad An�nima, con c�dula jur�dica N� 3-101-499309, representada por el se�or Alberto Molina Salazar, quien es mayor, casado una vez, oficinista, comerciante, vecino de San Jos� 200 metros al este de la C�mara de Comercio, portador de la c�dula de identidad N� 1-705-525. Con base en la Ley Sobre la Zona Mar�timo Terrestre N� 6043 del 2 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo N� 7841-P del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesi�n un lote de terreno localizado en Playa Matapalo, distrito Sardinal, cant�n Carrillo, provincia de Guanacaste, mide: 32.808,68 m� y es terreno para darle los siguientes usos: Zona comercial, zona de protecci�n forestal y uso condicional de comercio tur�stico, seg�n el Plan Regulador vigente para la zona; los linderos son: al norte, zona p�blica; sur, calle p�blica; este, zona restringida; oeste, zona restringida. Se advierte que la presente publicaci�n no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de que el �rea uso y frente quedan sujetas a las disposiciones del Plan Regulador aprobado para la zona y disposiciones del Minae. Se conceden treinta d�as h�biles contados a partir de esta �nica publicaci�n para o�r oposiciones, las cuales deber�n ser presentadas en esta Municipalidad en papel sellado y con los timbres correspondientes, a dos tantos, adem�s deber� identificarse debidamente el opositor.�Filadelfia, 11 de junio del 2008.�Jos� Francisco Canales Canales, Encargado.�1 vez.�N� 41270.�(56354).

El Departamento de la Zona Mar�timo Terrestre de la Municipalidad de Carrillo, comunica que la empresa Corporaci�n Pac�fico Sur Sociedad An�nima, con c�dula jur�dica N� 3-101-115817, representada por el se�or John Pryon Worton de �nico apellido en raz�n de su nacionalidad estadounidense, quien es mayor, divorciado dos veces, comerciante, pasaporte ordinario vigente de su pa�s de origen N� 0579092260, vecino de Playas del Coco, Hotel Coco Palms. Con base en la Ley Sobre la Zona Mar�timo Terrestre N� 6043 del 2 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo, N� 7841-P del 16 de diciembre de 1977, solicita la reuni�n del terreno de las concesiones que actualmente se encuentran debidamente inscritas en el Registro General de Concesiones a nombre de las empresas Corporaci�n Pac�fico Sur Sociedad An�nima, c�dula jur�dica 3-101-115817y Las Pelonas RYB Sociedad An�nima, c�dula jur�dica 3-101-408650, ambas representadas por el se�or John Pryon Worton, inscritas en el partido de Guanacaste, matr�cula 634 Z 000 y 638 Z 000 respectivamente, as� como tambi�n se solicita la ampliaci�n de la misma en un �rea de 271,41 m�, para un total de la nueva �rea de 3.384,02 m� seg�n plano catastrado N� G-1215285-2008, de un lote de terreno localizado en Playas del Coco, distrito Sardinal, cant�n Carrillo, provincia Guanacaste, y es terreno para darle un uso tur�stico hotelero; los linderos son: al norte, zona restringida (Ana L�a Villegas, Mayorga); sur, calle p�blica con frente a esta de 55,92 mts.; este, calle p�blica con frente a esta de 62.29 mts., oeste, calle p�blica con frente a esta de 55.66 mts. Se advierte que la presente publicaci�n no otorga derecho alguno y, la misma se realiza sin perjuicio de que el �rea queda sujeto a las disposiciones del Plan Regulador aprobado para la zona. Se conceden treinta d�as h�biles contados a partir de �sta publicaci�n para o�r oposiciones, las cuales deber�n ser presentadas en �sta Municipalidad en papel sellado y con los timbres correspondientes, a dos tantos, adem�s deber� identificarse debidamente el opositor.�Filadelfia, 9 de junio del 2008.�Jos� Francisco Canales Canales, Encargado.�1 vez.�N� 41481.�(56355).

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante sesi�n ordinaria N� 102, celebrada el d�a 30 de mayo de 2008, acuerdo N� 06, acord� lo siguiente: moci�n presentada por el se�or Presidente Municipal: George Brown Hudson, secundada por el Regidor Marvin G�mez Bran, aprobada por el Concejo Municipal en plano, que dice:

Asunto: Aprobaci�n de acuerdo en firme.

El Concejo Municipal de Talamanca se adhiere a la publicaci�n del documento �Manual de Valores Base Unitarios por Tipolog�a Constructiva�, publicado en las p�ginas 29 a 60 del Diario Oficial La Gaceta N� 78, del mi�rcoles 23 de abril del 2008, por el �rgano de Normalizaci�n T�cnica del Ministerio de Hacienda.

Acuerdo aprobado por unanimidad.

Ciudad de Bribr�, Talamanca, 12 de junio del 2008.�Yorleny Obando Guevara, Secretaria de Concejo Municipal.�1 vez.�(56661).

AVISOS

CONVOCATORIAS

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN QUIROPR�CTICA DE COSTA RICA

La junta directiva del colegio de Profesionales en Quiropr�ctica de Costa Rica en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7912 del 2 de setiembre del 2001 y su Reglamento convoca a asamblea general extraordinaria a celebrarse en:

Fecha: S�bado, 26 de julio del 2008.

Lugar: San Jos�, San Pedro, Barrio Escalante, 50 metros norte y 100 metros oeste del Centro Cultural Norteamericano de Costa Rica.

Hora: 15:00 horas.

Agenda:

Comprobaci�n de qu�rum.

Lectura y aprobaci�n del orden del d�a.

Elecci�n de presidente y vocal III por el resto del per�odo que vence en noviembre del 2008.

Presentaci�n de candidatos para el cargo de presidente de la junta directiva.

Votaci�n y elecci�n de presidente de la junta directiva.

Presentaci�n de candidatos para el cargo de vocal III de la junta directiva.

Votaci�n y elecci�n de vocal III.

Juramentaci�n de los nuevos miembros electos para los cargos dichos.

Aprobaci�n y cierre de la sesi�n.

Se hace saber a los agremiados que la elecci�n de los miembros para el cargo de presidente y vocal III de la junta directiva se har� por simple mayor�a de los presentes. Asamblea ser� presidida por el Presidente. En caso de que no hubiera qu�rum a la hora se�alada se iniciar� la asamblea media hora despu�s. Publ�quese en el Diario Oficial La Gaceta.�Dr. Mark Abbott, Presidente a. �.�Dr. Ronnie Caprie, Secretario.�(56749).

2 v. 2.

Fecha: S�bado, 19 de julio del 2008.

Lugar: San Jos�, San Pedro, Barrio Escalante, 50 metros norte y 100 metros oeste del Centro Cultural Norteamericano de Costa Rica.

Hora: 15:30 horas.

Agenda:

Comprobaci�n de qu�rum.

Lectura y Aprobaci�n del Orden del D�a.

a) Palabras de la Dra. Lizbeth Quesada.

b) Explicaci�n de las funciones del Fiscal.

c) La ley migratoria y requisitos establecidos por la Junta para inscribirse como Colegiados.

Aprobaci�n y cierre de la sesi�n.

La asamblea ser� presidida por el Presidente. En caso de que no hubiera qu�rum a la hora se�alada se iniciar� la asamblea media hora despu�s. Publ�quese en el Diario Oficial La Gaceta.�Dr. Mark Abbott, Presidente a. �.�Dr. Ronnie Caprie, Secretario.�(56752).

2 v. 2.

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS,

FILOSOF�A, CIENCIAS Y ARTES

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosof�a, Ciencias y Artes convoca a sus miembros a la Asamblea General Extraordinaria CXII, a celebrarse el d�a s�bado 5 de julio del 2008, a las 13:00 horas en sus instalaciones ubicadas en Desamparados de Alajuela.

En caso de no alcanzar el qu�rum requerido, la Asamblea iniciar� una hora despu�s, de acuerdo con el art�culo 16 de la Ley Org�nica N� 4770.

Orden del d�a

I. Apertura y comprobaci�n del qu�rum.

II. Himno Nacional de Costa Rica.

III. Presentaci�n del primer informe del avance del Proyecto para la creaci�n del Centro de Informaci�n y Biblioteca Virtual.

IV. Autorizaci�n a la Junta Directiva para negociar la venta de finca propiedad con n�mero de folio real 3-067807-000 y para negociar la adquisici�n de un nuevo inmueble en el cant�n de Turrialba.

V. Presentaci�n, discusi�n y aprobaci�n del presupuesto extraordinario correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio del 2008 al 31 de marzo del 2009.

VI. Himno al Colegio.

VII. Clausura de la Asamblea.

La documentaci�n estar� disponible a partir del viernes 28 de junio en las sedes de San Jos� y Alajuela.

Lic. Yolanda Hern�ndez Ram�rez, Secretaria.�(56982).

2 v. 2.

CANAL CINCUENTA Y UNO SOCIEDAD AN�NIMA

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Canal Cincuenta y Uno Sociedad An�nima, con c�dula de persona jur�dica n�mero 3-101-236933, a realizarse en el domicilio social, sito en Ciudad Quesada, San Carlos, barrio San Vicente de Pa�l, 250 metros al sur del Hogar de Ancianos, en el edificio del Centro de Comunicaciones (Cenco) a las 8:00 horas del 12 de julio del 2008. En asamblea ordinaria se conocer�n los puntos a que se refiere el art�culo 155 del C�digo de Comercio y en asamblea extraordinaria se conocer� de lo siguiente: a) reforma de la cl�usula octava de los estatutos, a fin de que la representaci�n judicial y extrajudicial de la compa��a, as� como las facultades de apoderados general�simos sin l�mite de suma, correspondan al presidente, el secretario y el tesorero de la junta directiva, debiendo actuar conjuntamente al menos dos de ellos, y para que el plazo de los nombramientos de los directores y el fiscal rija por todo el plazo social, sin perjuicio de que la asamblea de accionistas revoque los nombramientos, y para que se eliminen los cargos de vicepresidente y vocal; b) nombramiento de nueva junta directiva; c) nombramiento de fiscal, y d) autorizaci�n para negociar la venta de la empresa. De no haber qu�rum a la hora se�alada, la asamblea se realizar� en segunda convocatoria una hora despu�s con los socios presentes.�Lindbergh Quesada �lvarez, Presidente.�1 vez.�N� 41838.�(57416).

AVISOS

PUBLICACI�N DE TERCERA VEZ

INMOBILIARIA LOS JARDINES S. A.

Para efectos de reposici�n, yo, Jos� Ram�n Castellanos Guedes, con c�dula de identidad N� 240-107029-1417, en mi condici�n de propietario de la acci�n y t�tulo N� 105, hago constar que he solicitado a Inmobiliaria Los Jardines S. A., la reposici�n de los mismos por haberse extraviado. Por el t�rmino de ley, se atender�n oposiciones en el departamento de Secretar�a de Junta Directiva, en el Cariari Country Club, San Antonio de Bel�n, Heredia, y transcurrido el mismo se proceder� a la reposici�n solicitada.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Jos� Ram�n Castellanos Guedes, propietario.�(55543).

PANADER�A LA SUPREMA SOCIEDAD AN�NIMA

Panader�a La Suprema Sociedad An�nima, c�dula de persona jur�dica n�mero tres-ciento uno-cero cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y uno, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n Directa, la reposici�n por extrav�o de los siguientes libros Acta de Asamblea de Socios, Actas de Consejo de Administraci�n. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente (legalizaci�n de Libros) Administraci�n Tributaria de San Jos�, en el t�rmino de ocho d�as, h�biles contados a partir de la �ltima publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Francisco Jara Castillo, Presidente.�N� 40716.�(55571).

ISLA DEL PINO S. A.

Isla del Pino S. A., c�dula jur�dica tres-ciento uno-ciento sesenta y ocho mil ciento ochenta y ocho, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n Directa de San Jos�, Legalizaci�n de libros, la reposici�n del siguiente libro de la sociedad: Registro de Accionistas, por lo que emplaza por ocho d�as h�biles a partir de esta publicaci�n a cualquier interesado para que formule oposici�n a la reposici�n ante la Tributaci�n, Secci�n Legalizaci�n de Libros.�San Jos�, diez de junio del dos mil ocho.�Lic. Guillermo Chac�n Mu�oz.�N� 40736.�(55572).

CIEN MIL SEIS S. A.

Cien Mil Seis S. A., c�dula de persona jur�dica n�mero tres-ciento uno-doscientos tres mil doscientos noventa y uno, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n Directa la reposici�n de los libros n�mero uno de Registro de Accionistas, Asamblea de Socios, Actas de Junta Directiva, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al contribuyente, Administraci�n Tributaria de San Jos�, en el t�rmino de ocho d�as h�biles despu�s de la �ltima publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.�Lic. Manfred Clausen Guti�rrez, Notario.�N� 40755.�(55573).

ANGIODECA

Angiodeca, c�dula jur�dica tres-ciento uno-ciento siete mil sesenta y cuatro, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n de los libros siguientes: un libro de diario, mayor, inventario y balance, y actas de consejo de administraci�n. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente (Legalizaci�n de libros), Administraci�n tributaria de San Jos�, en el t�rmino de ocho d�as h�biles contados a partir de la �ltima publicaci�n en el Diario Oficial La Gaceta.�Manfred Koberg Herrera.�N� 40784.�(55574).

Yo, Zamora Alvarado Yorleny, c�dula dos-quinientos trece-novecientos veintiuno, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n de los siguientes libros: Diario, Mayor, e Inventarios y Balances, todos n�mero uno. Quien se considere afectado puede presentar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente de la Administraci�n Tributaria de Alajuela, dentro del t�rmino de ocho d�as h�biles contados a partir de la publicaci�n de este aviso.�Lic. W�lter Cambronero Miranda, Notario.�(55633).

WIZAROS ENCANTADOS SOCIEDAD AN�NIMA

Wizaros Encantados Sociedad An�nima, c�dula jur�dica N� 3-101-323856, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n del libro de Actas de Asambleas de Socios N� 1. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia del Contribuyente, Administraci�n Tributaria de Heredia, en el t�rmino de ocho d�as h�biles, contados a partir de la �ltima publicaci�n de este aviso.�Alajuela, 6 de junio del 2008.�Lic. Flory Yal� De La Pe�a Rojas, Notaria.�(55829).

PUBLICACI�N DE PRIMERA VEZ

INVERSIONES COQUE S. A.

Inversiones Coque S. A., c�dula jur�dica tres-ciento uno-cero cincuenta mil quinientos ochenta y dos, solicita ante la Direcci�n General de la Tributaci�n Directa la reposici�n de los libros Diario n�mero uno, Mayor n�mero uno, Inventario y Balances n�mero uno y Actas Asamblea General n�mero uno. Quien se considere afectado, puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente (Legalizaci�n de Libros) Administraci�n Tributaria de San Jos�, en el t�rmino de ocho d�as h�biles a partir de la �ltima publicaci�n.�San Jos�, 9 de junio del 2008.�Rodolfo Mora Chaves, Vicepresidente.�N� 41018.�(55977).

KOSMETIX SOCIEDAD AN�NIMA

Kosmetix Sociedad An�nima, c�dula jur�dica 3-101-143253, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n del libro de Actas de Asamblea General de Accionistas. Quien se considere afectado dirigir la oposici�n a la Secci�n de Timbraje y Legalizaci�n de Libros, en el t�rmino de ocho d�as h�biles contados a partir de la �ltima publicaci�n del Diario Oficial La Gaceta.�Francisco Guti�rrez Useda, Presidente.�N� 41052.�(55978).

PLANINSA SOCIEDAD AN�NIMA

F�lix Antonio Imposimato Venturini, mayor, casado una vez, ingeniero, portador del pasaporte de su pa�s n�mero C uno siete nueve nueve ocho uno, vecino de la ciudad de Weston, estado de La Florida, Estados Unidos de Am�rica, en su condici�n de apoderado general�simo sin l�mite de suma de la compa��a Planinsa Sociedad An�nima, con c�dula jur�dica n�mero tres-ciento uno-doscientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Costa Rica, al tomo mil trescientos ochenta y ocho, folio cero quince, asiento cero cero cero diez, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n del siguiente libro: Actas Asamblea General n�mero dos. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente de la Administraci�n Tributaria de Heredia, dentro del t�rmino de ocho d�as h�biles a partir de la publicaci�n de este aviso.�Lic. V�ctor Hugo Castillo Mora, Notario.�N� 41084.�(55979).

PORTONES R�STICOS MARIO FLORES SOCIEDAD AN�NIMA

C�dula jur�dica tres-ciento uno-trescientos treinta y seis mil ciento setenta y seis, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n del libro de Accionistas, n�mero uno. Quien se considere afectado, puede dirigir su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente de la Administraci�n Tributaria de San Jos� en el t�rmino de ocho d�as h�biles contados a partir de la �ltima publicaci�n del Diario Oficial La Gaceta.�San Jos�, 16 de junio de 2008.�M.Sc. Dalays Castiblanco Vargas, Notaria.�N� 41121.�(55980).

LICIA COSTERA S. A.

Mar�a Isabel Ramos Montes de Oca, ha extraviado sus dos certificados de acciones n�meros uno y dos, que amparan dos acciones comunes y nominativas de seis mil colones cada una, y que comprende la totalidad del capital social de la firma Licia Costera S. A., con c�dula jur�dica N� 3-101-334197, por lo que solicita la reposici�n de los mismos de acuerdo con lo establecido por los art�culos 689 y 690 del C�digo de Comercio. Quien se considere afectado dirigir la oposici�n a la Secretar�a de la Junta Directiva, sita en San Jos�, avenida 10 bis, calles 21 y 23, N� 2161.�Mar�a Isabel Ramos Montes de Oca, Presidenta.�N� 41169.�(55981).

PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

INTERNACIONALES S. A. (PROHESA)

C�dula jur�dica 8-101-248047, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n n�mero uno de los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Consejo de Administraci�n, Actas Asamblea de Socios, Registro de Socios. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente de la Administraci�n Tributaria de San Jos�, dentro del t�rmino de ocho d�as h�biles a partir de la publicaci�n de este aviso.�(55984).

CENTRO TUR�STICO REGI�N NORTE EMPLEADOS

SEGURO SOCIAL SOCIEDAD AN�NIMA

El Centro Tur�stico Regi�n Norte Empleados Seguro Social Sociedad An�nima, cedula jur�dica N� 3-101-047753, solicita por extrav�o la reposici�n de las acciones N� 112 y 113, pertenecientes al se�or Orlando Herrera Rodr�guez, c�dula N� 2-0242-0982. Se hace saber la presente publicaci�n para cumplir con lo establecido en el art�culo seiscientos ochenta y nueve del C�digo de Comercio.�Alajuela, 4 de junio del 2008.�Lic. Carlos Luis Mar�n Mora, Presidente Junta Directiva.�(56064).

GESTI�N DE NEGOCIOS EL�CTRICOS

Y SISTEMAS-GENESYS SOCIEDAD AN�NIMA

Gesti�n de Negocios El�ctricos y Sistemas-Genesys Sociedad An�nima, c�dula jur�dica tres gui�n ciento uno gui�n trescientos cincuenta y dos mil cincuenta y seis, solicita ante la Direcci�n General de Tributaci�n, la reposici�n del siguiente libro: Acta de Asamblea de Socios, el libro n�mero dos. Quien se considere afectado puede manifestar su oposici�n ante el �rea de Informaci�n y Asistencia al Contribuyente de la Administraci�n Tributaria de Heredia, dentro del t�rmino de ocho d�as h�biles a partir de la publicaci�n de este aviso.�Lic. Viviana Vargas Gonz�lez, Notaria.�(56068).

CENTRO CAMPERO LOS REYES

�ngel Madrigal Madrigal, c�dula 1-365-851 y Luis Rodr�guez Escalante, c�dula n�mero 1-474-004 representantes con facultades de apoderados general�simos sin l�mite de suma de Centro Campero Los Reyes S. A., c�dula jur�dica 3-101-31342, inscrita en el Registro Mercantil al tomo: 1759 folio: 98, asiento: 178, hacemos constar que hemos iniciado la reposici�n de la acci�n y t�tulo de capital N� A00809-A a nombre de Farmacia Veterinaria Guadalupe, c�dula jur�dica N� 3-101-063699-14, por p�rdida de los mismos. Se escuchan oposiciones en Centro Campero Los Reyes, tel�fono 2438-0004.��ngel Madrigal Madrigal y Luis Rodr�guez Escalante, Apoderados General�simos.�(56320).

PUBLICACI�N DE UNA VEZ

ASOCIACI�N IGLESIA MISIONERA PUERTAS DEL CIELO

Yo, Marco Torrentes Herrera, c�dula de identidad cinco-dos dos cero-cero cuatro cero, en mi calidad de presidente y representante legal de la Asociaci�n Iglesia Misionera Puertas del Cielo, c�dula jur�dica 3-002-423356, solicito al Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jur�dicas la reposici�n de los libros primeros de Acta de Asamblea General, Acta de �rgano Directivo, Registro de Asociados, Diario, Mayor, Inventario y Balances, los cuales fueron extraviados, se emplaza por ocho d�as h�biles a partir de la publicaci�n a cualquier interesado a fin de o�r objeciones ante el Registro de Asociaciones.�San Jos�, 9 de junio de 2008.�Marco Torrentes Herrera, Presidente.�1 vez.�N� 41038.�(55982).

Ante m�, Edwin Javier Mojica Pochet, por medio de escritura otorgada a las 18 horas treinta minutos del 17 de junio del a�o 2008, se constituy� la sociedad de esta plaza denominada Inversiones Majevi S.A. Plazo social: 99 a�os. Capital social �ntegramente suscrito y pagado: 10.000,00 colones. La representaci�n judicial y extrajudicial corresponde al Presidente de la junta directiva quien es adem�s apoderado general�simo sin l�mite de suma.�San Jos�, 18 de junio del 2008.�Lic. Edwin Javier Mojica Pochet, Notario.�1 vez.�(56644).

Por escritura otorgada ante mi notar�a, a las 9:00 horas del d�a de hoy, se constituy� la sociedad: Kir Entertainment S. A. Capital �ntegramente suscrito y pagado.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Alfonso J. Jim�nez Meza, Notario.�1 vez.�N� 40735.�(55693).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, los se�ores Ronald Chaves D�az y Andrei Brenes Su�rez, constituyeron la sociedad CR Moros Corporation Group Sociedad An�nima, con capital social de cien mil colones, domicilio en San Jos�, Rohrmoser, de la casa de �scar Arias S�nchez, setenta y cinco metros sur, cuyo presidente es el se�or Chaves D�az y cuyo objeto es la industria, agricultura y comercio.�San Jos�, veinticuatro de marzo del dos mil ocho.�Lic. Hern�n Mora Vargas, Notario.�1 vez.�N� 40737.�(55694).

Francisco Cordero Vizca�no, Laura Cordero Torres y Diego Armando Torres Ag�ero, constituyen la sociedad denominada: Inversiones Dila S. A.�San Jos�, al ser las catorce horas del doce de junio del dos mil ocho.�Lic. William Elizondo Manzanares, Notario.�1 vez.�N� 40745.�(55695).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 14:00 horas del 12 de junio del 2008, se constituy� la sociedad Est�tica Dental Avanzada Shinespa Sociedad An�nima. Presidenta: Alexandra Montoya Mej�as, c�dula N� 4-158-597.�Barva, 12 de junio del 2008.�Lic. Isaac Montero Solera, Notario.�1 vez.�N� 40746.�(55696).

Por escrituras otorgadas ante m�, a las once, doce y trece horas del once de junio del dos mil ocho, el suscrito notario constituye las sociedades: Banja Luka Sociedad An�nima, Pula Labin Sociedad An�nima e Isla Solin Sociedad An�nima. Presidente apoderado general�simo.�San Jos�, once de junio del dos mil ocho.�Lic. Alberto Coto Esquivel, Notario.�1 vez.�N� 40756.�(55697).

Por escritura otorgada ante mi notar�a a las 9 horas 30 minutos del d�a 23 de abril del 2008, se disolvi� la sociedad an�nima denominada Importaciones Prima M.P. Sociedad An�nima, domiciliada en San Pablo de Heredia.�Lic. Rafael Mauricio Rodr�guez G., Notario.�1 vez.�N� 40757.�(55698).

Por escritura otorgada ante mi notar�a, a las 13:00 horas del d�a 5 de junio del 2008, se constituy� una sociedad an�nima denominada Sociedad Don Lalo y Do�a Cala Sociedad An�nima, domiciliada en San Isidro de Heredia, 100 metros sur del Palacio Municipal. Capital social 6.000 colones.�Lic. Rafael Mauricio Rodr�guez G. Notario.�1 vez.�N� 40759.�(55699).

Por escritura otorgada ante mi notar�a a las 17 horas 30 minutos del d�a 10 de junio del 2008, se constituy� una sociedad an�nima denominada Ideas del Sur Sociedad An�nima, domiciliada en Heredia, 125 oeste de la Cruz Roja. Capital social 6.000 colones.�Lic. Rafael Mauricio Rodr�guez G., Notario.�1 vez.�N� 40760.�(55700).

Por escritura otorgada ante mi notar�a, a las 13:10 horas del d�a 5 de junio del 2008, se constituy� una sociedad an�nima denominada Grupo Familia Jim�nez Z��iga Sociedad An�nima, domiciliada en San Isidro de Heredia, 100 metros sur del Palacio Municipal. Capital social 6.000 colones.�Lic. Rafael Mauricio Rodr�guez G. Notario.�1 vez.�N� 40761.�(55701).

Por escritura otorgada ante m�, a las quince horas del doce de junio del dos mil ocho, protocolic� acta de The Departed Limitada, de las ocho horas del diez de junio del dos mil ocho, mediante la cual se reformaron las cl�usulas quinta y sexta y se nombraron nuevo gerente y subgerentes.�Lic. Luis Enrique G�mez Portugu�s, Notario.�1 vez.�N� 40763.�(55702).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las doce horas del doce de junio de dos mil ocho, se constituye la sociedad Recicladora Badilla D�az S. A.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Ana Mar�a Faeth Mena, Notaria.�1 vez.�N� 40764.�(55703).

En mi notar�a, en esta fecha se constituye la sociedad Amore Per Roma Sociedad An�nima, con domicilio en San Jos�, Barrio Luj�n, del Banco Nacional de la Corte, doscientos cincuenta metros al sur y setenta y cinco oeste, con plazo de noventa y nueve, su presidenta comparece Laura Adami.�Lic. Juana Odil� Altamirano Urrutia, Notaria.�1 vez.�N� 40766.�(55704).

Por escritura otorgada ante m�, n�mero ciento ochenta y tres, visible al folio ciento nueve frente del tomo n�mero uno de mi protocolo, se constituy� la sociedad an�nima CJ Casa Uno Sociedad An�nima. Presidente: Orlando Cubero Blanco.�San Jos�, doce de junio del dos mil ocho.�Lic. Vanessa Jim�nez Jim�nez, Notaria.�1 vez.�N� 40767.�(55705).

Por escritura otorgada a las 10:00 horas del 12 de junio de 2008, protocolice acta de asamblea general extraordinaria de socios de Lopkapas Lk Sociedad An�nima, se reforma la cl�usula s�tima de la administraci�n. Se revoca junta directiva y el puesto de fiscal y se nombran de nuevo.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Fernando Mora Oreamuno, Notario.�1 vez.�N� 40768.�(55706).

Por escritura otorgada a las 9:00 horas del 9 de junio del 2008, protocolic� acta de asamblea general extraordinaria de socios de Imperial Eagle Lake Views Seven Sociedad An�nima, se reforma la cl�usula segunda del domicilio y s�tima de la Administraci�n. Se revoca junta directiva, fiscal y agente residente; y se nombran de nuevo.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Fernando Mora Oreamuno, Notario.�1 vez.�N� 40769.�(55707).

Por escritura otorgada a las 16:00 horas del 5 de junio del 2008, protocolic� acta de asamblea general extraordinaria de socios de Aguila Com Sociedad An�nima, por la que se reforma la cl�usula segunda del domicilio, la sexta de la Administraci�n.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Fernando Mora Oreamuno, Notario.�1 vez.�N� 40770.�(55708).

Por escritura firmada en mi notar�a, a las ocho horas del d�a seis de junio del dos mil ocho, Carlos Luis Delgado Cordero y Teresita, conocida como Teresa Rodr�guez L�pez, constituyeron la sociedad denominada Catesta Sociedad An�nima. Capital: cien mil colones. Presidente Carlos Luis Delgado Cordero.�Lim�n, 6 de junio del 2008.�Lic. Gerardo Mainieri J., Notario.�1 vez.�N� 40771.�(55709).

Por escritura n�mero ciento treinta y ocho-dos, otorgada ante m�, a las dieciocho horas del veintinueve de mayo del dos mil ocho, se protocoliza acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada Auto Bahn Express S. A., se acuerda modificar la cl�usula s�tima de los estatutos de la compa��a, se conoce, aprueba y acepta la renuncia presentada por la secretaria de la sociedad y se hace un nuevo nombramiento.�San Jos�, tres de junio del dos mil ocho.�Lic. Manfred Fischel Robles, Notario.�1 vez.�N� 40775.�(55710).

Por escritura otorgada ante m�, a las doce horas del veintiocho de mayo del dos mil ocho, se modifica las cl�usulas primera y cuarta del pacto constitutivo de la sociedad an�nima tres-ciento uno-cinco uno seis dos dos dos sociedad an�nima. Cl�usula primera: Nombre: Aqua Ventura.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Luis Diego Delgado Coronado, Notario.�1 vez.�N� 40776.�(55711).

Por escritura n�mero ciento ochenta y cuatro - tres, otorgada a las catorce horas y treinta minutos del doce de junio del dos mil ocho, ante la suscrita notaria, se cambia la cl�usula und�cima del pacto constitutivo y se acuerda hacer nuevo nombramiento del presidente de la junta directiva de la sociedad de este domicilio, denominada: Mystic Property Sociedad An�nima.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Ingrid Marcela Fallas Barrantes, Notaria.�1 vez.�N� 40777.�(55712).

Por escritura n�mero ciento cuarenta-tres, otorgada ante m�, a las doce horas treinta minutos del seis de junio del dos mil ocho, ante el suscrito notario se constituye la sociedad de este domicilio denominada: Oceanaire Manuel Antonio Sociedad An�nima. Corresponde representaci�n: Presidente y tesorero.�San Jos�, 6 de junio del 2008.�Lic. Manfred Fischel Robles, Notario.�1 vez.�N� 40778.�(55713).

Por escritura n�mero noventa y nueve del tomo sexto del protocolo del suscrito notario, se nombr� nueva junta directiva de la sociedad High Level Partnership Inc. S. A., siendo el presidente, German Gonz�lez Sandoval y se reform� la cl�usula cuarta del pacto social de dicha sociedad.�Heredia, once de junio del dos mil ocho.�Lic. Carlos Manuel S�nchez Gonz�lez, Notario.�1 vez.�N� 40794.�(55725).

Por escritura otorgada a las 10:00 horas del d�a 4 de junio del a�o 2008, se protocoliz� asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Gloxinea Azul Sociedad An�nima, en la cual se reforma el pacto constitutivo y junta directiva.�San Jos�, 5 de junio del a�o 2008.�Lic. Miguel V�lchez Camacho, Notario.�1 vez.�N� 40795.�(55726).

Por escritura otorgada a las 10:15 horas del d�a 4 de junio del a�o 2008, se protocoliz� asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Dos Mil Once Sociedad An�nima, en la cual se reforma el pacto constitutivo y junta directiva.�San Jos�, 5 de junio del a�o 2008.�Lic. Miguel V�lchez Camacho, Notario.�1 vez.�N� 40796.�(55727).

Por escritura otorgada a las 10:30 horas del d�a 4 de junio del a�o 2008, se protocoliz� asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Yoses Sur Sociedad An�nima, en la cual se reforma el pacto constitutivo y junta directiva.�San Jos�, 5 de junio del a�o 2008.�Lic. Miguel V�lchez Camacho, Notario.�1 vez.�N� 40797.�(55728).

Por escritura otorgada a las 10:45 horas del d�a 4 de junio del a�o 2008, se protocoliz� asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Entorno, Sociedad An�nima, en la cual se reforma el pacto constitutivo y junta directiva.�San Jos�, 5 de junio del a�o 2008.�Lic. Miguel V�lchez Camacho, Notario.�1 vez.�N� 40798.�(55729).

Por escritura otorgada a las 11:00 horas del d�a 4 de junio del a�o 2008, se protocoliz� asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Muebles Soto Sociedad An�nima, en la cual se reforma el pacto constitutivo y junta directiva.�San Jos�, 5 de junio del a�o 2008.�Lic. Miguel V�lchez Camacho, Notario.�1 vez.�N� 40799.�(55730).

Por escritura n�mero noventa y cuatro, otorgada ante esta notar�a, a las nueve horas del diez de junio del a�o dos mil ocho, se reform� la cl�usula quinta de la sociedad Belgorod Inc S. A.�Lic. Adriana Villalobos Brenes, Notaria.�1 vez.�N� 40800.�(55731).

Por escritura otorgada ante m�, el d�a de hoy, se protocoliza acta de la compa��a Los Pinos de Guanacaste Sociedad An�nima, mediante la cual se reforma la cl�usula d�cima de los estatutos sociales, se nombra nueva junta directiva y fiscal.�San Jos�, once de junio de dos mil ocho.�Lic. Carlos Enrique Anglada Soler, Notario.�1 vez.�N� 40801.�(55732).

Constituci�n de Calvo Vega Asociados Sociedad An�nima. Domicilio: Desamparados. Representaci�n: Presidente y vicepresidente. Capital social: Cien mil colones. Escritura otorgada por la notaria Ana Grettel Chaves Lor�a el primero de junio del dos mil ocho.�Lic. Ana Grettel Chaves Lor�a, Notaria.�1 vez.�N� 40802.�(55733).

Ante mi notar�a se constituy� la sociedad an�nima sin asignaci�n de nombre de fantas�a, con domicilio social en la ciudad de Alajuela, Orotina, Cebadilla, cien metros al sur de la Pulper�a Cebadilla, con capital suscrito y pago, representaci�n legal presidente y secretario, corresponder� al primero la representaci�n judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderado general�simo sin limite de suma, actuando separadamente. Es todo.�Orotina, al ser las quince horas del d�a veinte de mayo del a�o dos mil ocho.�Lic. Virialy Rojas Esquivel, Notaria.�1 vez.�N� 40804.�(55734).

Por escritura otorgada a las 10:00 horas del 12 de junio del 2008, Norma Cubillo Z��iga, Yolanda, Mar�a Eugenia y Erick, los tres de apellidos Jim�nez Cubillo, constituyen la sociedad La Nueva Cosecha N.Y.M.E. S. A. Presidenta: Norma Cubillo Z��iga.�Lic. Mar�a Cecilia Ruiz V�squez, Notaria.�1 vez.�N� 40805.�(55735).

En mi notar�a al ser las 16:00 horas del 11 de junio del 2008, se constituy� la sociedad an�nima Omayra S. A. Capital social �ntegramente suscrito y pagado. La representaci�n judicial y extrajudicial corresponder� al presidente con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma. Domicilio San Jos�, costado norte de la Catedral.�San Jos�, 11 de junio del 2008.�Lic. Yessenia L�pez Ch�vez, Notaria.�1 vez.�N� 40807.�(55736).

En esta notar�a, en Alajuela, a las diecisiete horas del diez de junio de dos mil ocho, escritura n�mero ciento sesenta y ocho-cuatro, Mar�a del Carmen Alfaro Alfaro y Carlos Eduardo Castillo Morera, constituyen una sociedad an�nima cuya denominaci�n social ser� el n�mero de c�dula jur�dica que le asigne el Registro Mercantil. Capital social: cien mil colones representado por diez acciones comunes y nominativas de diez mil colones cada una. Plazo: noventa y nueve a�os a partir de la fecha de la escritura de constituci�n. Domicilio social: Provincia de Alajuela, cant�n cero uno Alajuela, distrito cuatro San Antonio, en Urbanizaci�n Luz del Sol, casa n�mero cuarenta y dos. Presidenta: Mar�a del Carmen Alfaro Alfaro.�Lic. Jos� Fernando Sabor�o Jenkins, Notario.�1 vez.�N� 40809.�(55737).

Por escritura otorgada a las 8:00 horas de hoy, protocolic� acta de asamblea de accionistas de Radio Comunicaciones de Centroam�rica Ltda., donde se reforma cl�usula segunda de los estatutos, y se nombran nuevos gerente y subgerente.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. �dgar D�az S�nchez, Notario.�1 vez.�N� 40811.�(55738).

En asamblea general extraordinaria de accionistas de FRUMUSA Frutas del Mundo Sociedad An�nima, c�dula jur�dica n�mero tres-ciento uno-ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y siete, domiciliada en Heredia, de fecha dos de junio del dos mil ocho, a las ocho horas, se acuerda reformar la cl�usula quinta por aumento de capital. Escritura otorgada ante esta notar�a, a las doce horas del doce de junio del dos mil ocho.�Lic. Kattia Gamboa V�quez, Notaria.�1 vez.�N� 40813.�(55739).

La empresa Albareto State Limitada, modifica cl�usula de administraci�n y nombra presidente.�San Jos�, seis de mayo del a�o dos mil ocho.�Lic. Carlos Manuel Soto Estrada, Notario.�1 vez.�N� 40814�(55740).

Por escritura otorgada a las ocho horas del veintis�is de abril del dos mil ocho, Ana Lorena Salas Araya y Sue Yuann Wei Salas, constituyeron Insupro Sociedad An�nima. Plazo social: noventa y nueve anos. Capital social: Diez mil colones. Objeto: agricultura, ganader�a, industria y comercio en general. Presidenta: Ana Lorena Salas Araya.�San Ram�n, 26 de abril del 2008.�Lic. Rodolfo Espinoza Quesada, Notario.�1 vez.�N� 40815.�(55741).

Ante el notario p�blico Danny P�rez Matarrita, colegiado n�mero 14399 con oficina en Santa Cruz, Guanacaste, del Palacio Municipal doscientos metros al oeste y cien metros al sur, a las diez horas del ocho de agosto del dos mil siete, se constituy� la persona jur�dica Reno Express Solutions S. A., con un capital social de diez mil colones. Es todo.�Santa Cruz, Guanacaste, diez de junio del dos mil ocho.�Lic. Danny P�rez Matarrita, Notario.�1 vez.�N� 40817.�(55742).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a trece de junio del a�o dos mil ocho, se protocoliz� el acta de la sociedad Document Management Solutions DMS Sociedad An�nima. Se reforma la cl�usula quinta.�San Jos�, trece de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 40818.�(55743).

Por escritura otorgada ante el notario p�blico Lic. Renato Ortiz �lvarez, al ser las 10:00 horas del 10 de junio del 2008, se protocolizaron acuerdos de asamblea ordinaria y extraordinaria de Asociados de la Esperanza de Occidente Legado de la Familia Aguilar y Mora.�Lic. Renato Ortiz A., Notario.�1 vez.�N� 40819.�(55744).

Por escritura n�mero treinta y tres - tres, otorgada ante esta notar�a, a las quince horas del nueve de junio del dos mil ocho, se nombr� nueva junta directiva de la sociedad 3-101-488207 s. a., c�dula jur�dica 3-101-488207.�Lic. Sindy Priscilla Gonz�lez Chac�n, Notaria.�1 vez.�N� 40821.�(55745).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las veinte horas del doce de junio del presente a�o, se constituye cinco sociedades an�nimas. Es todo.�Lic. Paola Colombo Blanco, Notaria.�1 vez.�N� 40824.�(55746).

Mediante escritura n�mero doscientos noventa y siete otorgada ante la notaria Jessica Rodr�guez Jara, se constituy� sociedad an�nima y su presidente es el se�or Max Phillips Murillo.�San Rafael de Po�s, doce de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jessica Rodr�guez Jara, Notaria.�1 vez.�N� 40828.�(55747).

Luis Guillermo Mu�oz Arg�ello y Victoria Eugenia Rojas Esquivel, constituyen Mu�oz & Rojas S. A. Presidente con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma. Plazo: 99 a�os. Domicilio: ser� en Alajuela, Urbanizaci�n Ciruelas, casa diecinueve G, sin perjuicio de tener sucursales o agencias dentro o fuera del pa�s. Escritura otorgada en San Jos�, a las 17:00 horas del 9 de junio del 2008.�Lic. Botho Steinvorth Koberg, Notario.�1 vez.�N� 40831.�(55748).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 15:00 horas del 23 de mayo del 2008, se constituy� la entidad Chevalier Limitada. Gilles Mentrel Ch, gerente.�Lic. Jos� Enrique Brenes Montero, Notario.�1 vez.�N� 40835.�(55749).

Por escritura otorgada ante esta notar�a a las 16:00 horas del 23 de mayo del 2008, se constituy� la entidad Buffet Garni Limitada. Gilles Mentrel Ch, gerente.�Lic. Jos� Enrique Brenes Montero, Notario.�1 vez.�N� 40836.�(55750).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del cuatro de junio del dos mil ocho, Dervin Luna Arguedas y otro constituyeron la sociedad an�nima denominada Air Co S. A., siendo su presidente Dervin Luna Arguedas. Es todo.�Turrialba, a las ocho horas del seis de junio del dos mil ocho.�Lic. Carmen Mar�a Achoy Arce, Notaria.�1 vez.�N� 40837.�(55751).

En esta notar�a, a las once horas del doce de junio del dos mil ocho, mediante escritura ciento treinta y tres, se constituy� la compa��a cuya denominaci�n ser� su n�mero de c�dula de persona jur�dica asignado por el Registro Nacional, m�s las palabras sociedad an�nima. Domicilio: Tres Esquinas de Fortuna de San Carlos, Alajuela, doscientos cincuenta metros al suroeste del cementerio del lugar. Objeto: la ganader�a, el comercio, la industria, el turismo y bienes ra�ces. Plazo social: noventa y nueve a�os. Capital social: diez mil colones. Representado por diez acciones comunes y nominativas de un mil colones cada una. Presidente: Jorge Alberto Garc�a Araya, c�dula n�mero dos-trescientos setenta y siete-ochocientos cincuenta y seis, con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma.�Lic. Luis Gerardo Valenciano Salazar, Notario.�1 vez.�N� 40838.�(55752).

Por escritura otorgada ante mi notar�a, a las ocho horas del diecis�is de junio del dos mil ocho, se protocoliz� acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad an�nima denominada Abteil Sociedad An�nima. Revocatoria de poder, reforma cl�usulas segunda y sexta del pacto constitutivo y nombramiento de presidente, secretario, tesorero y fiscal.�Diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Irina Castro Gamboa, Notaria.�1 vez.�N� 40989.�(56171).

Que por la escritura n�mero 95, visible a folio 93 frente, se modific� el domicilio social, y se nombr� nueva secretaria y nuevo fiscal de Quijote del Sur S. A. Que por la escritura n�mero 96, visible a folio 93 vuelto, se modific� las cl�usulas primera, sexta, se nombr� gerente y gerente operativo de Finca Verde Lim�n SRL. Que por la escritura n�mero 97, visible a folio 99 frente, se modific� la cl�usula sexta y se nombr� gerente, gerente operativo y gerente financiero de Finca Amigo Azul SRL. Todas en el tomo X del protocolo del notario p�blico Lic. Eduardo Abarca Vargas.�Uvita de Osa, a las 9:00 horas del 13 de junio del a�o 2008.�Lic. Eduardo Abarca Vargas, Notario.�1 vez.�N� 40991.�(56172).

Ante esta notar�a, por medio de escritura p�blica n�mero 163 II, otorgada a las quince horas treinta minutos del 10 de junio del 2008, se protocoliz� el acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada Simply Better S. B Inc. Ltda., la cual se tomaron los siguientes acuerdos: Primero: Se modific� la cl�usula octava del pacto constitutivo. Segundo: Se removi� al gerente general y se realiz� el siguiente nombramiento (s): Gerente general uno: Robert Taylor Balch. Gerente general dos: Tony Lynne Balch.�Lic. Priscilla Solano Castillo, Notaria.�1 vez.�N� 41050.�(56202).

Por escritura otorgada a las doce horas del trece de junio del dos mil ocho, ante la notar�a del licenciado Norman Mory Mora, se constituye la sociedad an�nima denominada Rabzuc Enterprises Sociedad An�nima.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Norman Mory Mora, Notario.�1 vez.�N� 41051.�(56203).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a seis de junio del dos mil ocho, se constituye la sociedad de este domicilio Inversiones Flobago Sociedad An�nima. Plazo: noventa y nueve a�os. Representaci�n: presidente.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 41054.�(56204).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a seis de junio del dos mil ocho, se constituye la sociedad de este domicilio Inversiones Noenama del Norte Sociedad An�nima. Plazo: noventa y nueve a�os. Representaci�n: presidente.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 41055.�(56205).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a seis de junio del dos mil ocho, se constituye la sociedad de este domicilio Inversiones Eferlei del Norte Sociedad An�nima. Plazo: noventa y nueve a�os. Representaci�n: presidente.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 41056.�(56206).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a seis de junio del a�o dos mil ocho, se constituye la sociedad de este domicilio Desarrollos Everzu del Sur Sociedad An�nima. Plazo: noventa y nueve a�os. Representaci�n: presidente.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 41058.�(56208).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a seis de junio del a�o dos mil ocho, se constituye la sociedad de este domicilio Desarrollos Anferka de Costa Rica Sociedad An�nima. Plazo: noventa y nueve a�os. Representaci�n: presidente.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 41059.�(56209).

Por escritura otorgada ante m�, a las ocho horas del d�a seis de junio del a�o dos mil ocho, se constituye la sociedad de este domicilio Desarrollos Devekanti del Sur Sociedad An�nima. Plazo: noventa y nueve a�os. Representaci�n: presidente.�Lic. Eugenio Desanti Hurtado, Notario.�1 vez.�N� 41060.�(56210).

Mediante escritura 95-7 de las 12:10 horas del 30 de mayo del 2008, protocolic� la modificaci�n de estatutos, cl�usula segunda y se nombra nuevo subgerente y agente residente de Tandoori Interprises Limitada.�Huacas, 12 de junio del 2008.�Lic. Ricardo Ca�as Escoto, Notario.�1 vez.�N� 41061.�(56211).

Mediante escritura 97-7 de las 15:00 horas del 10 de junio del dos mil ocho, se constituy� la sociedad: Ludados Sociedad de Responsabilidad Limitada.�Huacas, 12 de junio del 2008.�Lic. Ricardo Ca�as Escoto, Notario.�1 vez.�N� 41062.�(56212).

Ante mi notar�a, el seis de junio del dos mil ocho, se constituye la Sociedad denominada Instituto T�cnico San Marcos Sociedad An�nima. Capital: veinticinco mil colones. Domicilio: San Marcos de Tarraz�, San Jos�, Costa Rica, altos de Librer�a La Central. Corresponde al presidente, la representaci�n judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado general.�Lic. Ricardo Arnoldo Valverde C�spedes, Notario.�1 vez.�N� 41077.�(56221).

Ante esta notar�a, a las 08:00 horas del 16 de junio del 2008, se constituy� la sociedad de esta plaza denominada Kamper Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un capital social de 10.000.00 colones por un plazo de noventa y nueve a�os, cuya gerente con facultades de apoderada general�sima sin l�mite de suma es la se�ora Janet Morris P�rez, mediante la escritura n�mero 253-12, del tomo doce de mi protocolo.�Cartago, 16 de junio del 2008.�Lic. Tatiana Fern�ndez Mora, Notaria.�1 vez.�N� 41078.�(56222).

Ante esta notar�a a las 13:00 horas del 10 de junio del 2008, se constituy� la sociedad de esta plaza denominada Alda Importadora Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un capital social de 100.000 colones, por un plazo de noventa y nueve a�os, cuyo gerente con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma es el se�or Alberto Luis Mora Jim�nez, mediante la escritura n�mero 197 del tomo ocho de mi protocolo.�Cartago, 16 de junio del 2008.�Lic. Lilliam Hidalgo �lvarez, Notaria.�1 vez.�N� 41079.�(56223).

Que por escritura n�mero ciento sesenta y dos-siete, otorgada a las catorce horas del veintiocho de mayo de dos mil ocho, ante la notar�a de la licenciada Yolanda Chinchilla Bonilla, se crea la sociedad an�nima denominada R & D Transportes Vargas Sociedad An�nima, con un plazo social de noventa y nueve a�os, y un capital social de diez mil colones, cuyo presidente con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma es Rodrigo Vargas Fern�ndez, c�dula n�mero uno- quinientos ochenta y ocho-cero cuarenta y siete.�San Isidro de P�rez Zeled�n, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Yolanda Chinchilla Bonilla, Notaria.�1 vez.�N� 41081.�(56224).

Mediante escritura n�mero cuarenta y tres-catorce, de las ocho horas con quince minutos del diecis�is de junio del dos mil ocho; se reforma la cl�usula quinta del capital de la sociedad F I Stelmar Sociedad An�nima.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Juan Carlos Segares Lutz, Notario.�1 vez.�N� 41083.�(56225).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las ocho horas del trece de junio del dos mil ocho, se modifican cl�usulas s�tima y segunda de la sociedad de esta plaza A Y A Computextos S. A.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Ana Giselle Barboza Quesada, Notaria.�1 vez.�N� 41086.�(56226).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las nueve horas del trece de junio del dos mil ocho, se constituye la sociedad an�nima Service Solutions Limitada.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Ana Giselle Barboza Quesada, Notaria.�1 vez.�N� 41087.�(56227).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las diecis�is horas con veinte minutos del doce de junio del dos mil ocho, se modifican cl�usulas s�tima, octava y segunda de la sociedad de esta plaza Inversiones Ecol�gicas San Antonio S. A.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Ana Giselle Barboza Quesada, Notaria.�1 vez.�N� 41088.�(56228).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 9:00 horas del 13 de agosto del a�o 2008, se constituy� la sociedad Construbloque del Atl�ntico Sociedad An�nima, pudiendo abreviarse el aditamento como S. A. Presidente con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma. Plazo cien a�os. Capital social totalmente suscrito y pagado.�Lim�n, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Floribeth G�mez Cubero, Notaria.�1 vez.�N� 41090.�(56229).

Por escritura otorgada ante m�, a las diez horas del doce de junio del dos mil ocho, se constituy� la sociedad Alco Equipments Inc. Sociedad An�nima. Plazo social cien a�os, capital social doce mil colones.�San Jos�, doce de junio del dos mil ocho.�Lic. Deborah Feinzaig Mintz, Notaria.�1 vez.�N� 41093.�(56230).

Por escritura p�blica otorgada ante esta notar�a a las 16 horas del 13 de junio del 2008, se protocoliz� acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Proyecto Estelavino Cinco S. A. c�dula jur�dica 3-101-419540, cambi�ndose el domicilio social de la sociedad y revocando los nombramientos de la junta directiva y fiscal, eligiendo en dichos puestos a nuevos miembros.�Lic. Roberto Villegas Espinoza, Notario.�1 vez.�N� 41094.�(56231).

Ante esta notar�a al ser las siete horas y treinta minutos, del once de junio del a�o dos mil ocho, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de RAC Servicentro M y T S. A. en la que se reforma la cl�usula: quinta.�Lic. Ingrid Brown Sequeira, Notaria.�1 vez.�N� 41098.�(56232).

Por escritura ciento ochenta y ocho, de las nueve horas del treinta de mayo del dos mil ocho del tomo dos del protocolo del licenciado Carlos Madrigal Mora, se constituy� la sociedad Dudas Razonables Sociedad An�nima, domiciliada en San Jos�, Rohrmoser, Boulevard, del Centro Comercial, Plaza Mayor, segunda etapa ciento cincuenta metros oeste, frente al Parque Llama del Bosque, capital social: diez mil colones, representaci�n: Presidente, Giovanny Montoya Mora, c�dula uno-seis siete nueve-uno cero dos, con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma, conforme al mil doscientos cincuenta y tres del C�digo Civil.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Carlos Madrigal Mora, Notario.�1 vez.�N� 41099.�(56233).

Por escritura ciento ochenta y ocho, de las nueve horas del treinta de mayo del dos mil ocho, del tomo dos del protocolo del licenciado Carlos Madrigal Mora, se constituy� la sociedad Inconsciente Metaf�sico Sociedad An�nima, domiciliada en San Jos�, Rohrmoser, Boulevard, del Centro Comercial, Plaza Mayor, segunda etapa ciento cincuenta metros oeste, frente al Parque Llama del Bosque, capital social: diez mil colones, representaci�n: Presidente, Jorge Mora Sinning, c�dula ocho-cero ocho cuatro-siete cero uno, con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma, conforme al mil doscientos cincuenta y tres del C�digo Civil.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Carlos Madrigal Mora, Notario.�1 vez.�N� 41100.�(56234).

Por escritura ciento noventa y ocho de las doce horas del treinta y uno de enero del dos mil siete, del tomo dos del protocolo del notario Carlos Madrigal Mora, se modifica la representaci�n, junta directiva, domicilio social y se aumenta el capital social, de la sociedad Ecociviles Ingenier�a Sociedad An�nima, c�dula jur�dica tres-ciento uno- doscientos noventa y dos mil ciento ochenta y siete, por todo el plazo social.�San Jos�, 13 de junio del 2008.�Lic. Carlos Madrigal Mora, Notario.�1 vez.�N� 41101.�(56235).

Por escritura otorgada a las diez horas del diecisiete de junio de dos mil ocho, se protocoliza acta de la sociedad Terru�o Teatral Costarricense S. A. en donde se acepta la renuncia del presidente y secretario y se nombra a Steven Jack Aronson presidente.�Lic. Rosario Salazar Delgado, Notaria.�1 vez.�N� 41106.�(56236).

Ante esta notar�a, por escritura otorgada a las nueve horas del d�a trece de junio del dos mil ocho, donde se protocolizan acuerdos de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada tres-ciento uno-quinientos treinta mil quinientos cincuenta y dos sociedad an�nima. Donde se acuerda modificar la cl�usula primera del pacto constitutivo y se modifica parte de la junta directiva.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Andr�s L�pez Vega, Notario.�1 vez.�N� 41107.�(56237).

Ante esta notar�a, por escritura otorgada a las diecis�is horas del d�a doce de junio de dos mil ocho, donde se protocolizan acuerdos de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada Jungla de Aventura del Atl�ntico S. A. Donde se acuerda modificar las cl�usulas segunda y novena del estatuto social y la cl�usula cuarta del pato social.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Rafael Manzanares Murillo, Notario.�1 vez.�N� 41108.�(56238).

Por escritura otorgada ante la notar�a del licenciado Jos� Francisco Sand� Murillo, a las 11:00 horas del d�a 28 de mayo del 2008, se constituy� la sociedad denominada Inversiones Karkris S. A., capital social: veinte mil colones, �ntegramente pagados mediante dos letras de cambio. Plazo social: 99 a�os. Domicilio: San Jos�, San Pedro, Vargas Araya de Perimercados, cien metros al este y veinticinco metros al norte, casa n�mero dieciocho. Presidenta: Marta Eugenia Torres Sol�rzano. Secretario: Eladio L�pez L�pez, tesorera Cristina L�pez Torres.�Lic. Jos� Francisco Sand� Murillo, Notario.�1 vez.�N� 41110.�(56239).

La suscrita Esther Moya Jim�nez, abogada y notaria, hago constar que con fecha 12 de junio del 2008, se protocoliz� la asamblea general extraordinaria de Esterillos Relax Playa Tropical S. A., donde se transforma la Sociedad de Responsabilidad Limitada.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Esther Moya Jim�nez, Notaria.�1 vez.�N� 41111.�(56240).

Por asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios, se modific� la cl�usula segunda del pacto social de la sociedad Distribuciones Industriales Miguel Quir�s S. A.�Cartago, 13 de junio del 2008.�Lic. Eduardo Cort�s Morales, Notario.�1 vez.�N� 41113.�(56241).

Por asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios, se modific� la cl�usula octava del pacto social de la sociedad The Farm Fresh Produce S. A.�Cartago, 13 de junio del 2008.�Lic. Eduardo Cort�s Morales, Notario.�1 vez.�N� 41114.�(56242).

En mi notar�a, a las 16:00 horas del 8 de mayo del 2008, se constituy� la sociedad Mavam M.C.V.P. S. A. Domicilio: San Jos�, cant�n Central, distrito Hatillo, Barrio Sagrada Familia, costado norte del Estadio Teodoro Picado. Objeto: comercio, industria, ganader�a, agricultura, construcci�n, prestaci�n de servicios de importaci�n y exportaci�n, y en especial la venta de servicios de maquila y limpieza. El plazo social es de noventa y nueve a�os. El presidente es el apoderado general�simo sin l�mite de suma. El capital social es la suma de cien mil colones, representado por diez acciones comunes y nominativas de diez mil colones cada una.�Lic. Virginia Portuguez S�nchez, Notaria.�1 vez.�N� 41118.�(56243).

Por escritura otorgada ante m�, a las 8:00 horas del 16 de junio del 2008, la sociedad 3-101-526975 sociedad an�nima, reforma la cl�usula novena de los estatutos, y nombra nueva junta directiva.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Eduardo Valdivieso Bustos, Notario.�1 vez.�N� 41119.�(56244).

Ante esta notar�a, en escritura p�blica n�mero cuarenta y seis, otorgada en Cartago, a las once horas del diecis�is de junio del dos mil ocho, se constituy� una sociedad an�nima denominada con la raz�n social con el n�mero de c�dula que le asigne el Registro, se hace de conformidad con lo dispuesto en el art�culo dos del Decreto Ejecutivo n�mero treinta y tres mil ciento setenta y uno-J, del dos mil seis, el presidente y secretaria, tienen la representaci�n judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de apoderados general�simos representaci�n sin l�mite de suma, actuando conjunta o separadamente.�Lic. Daniel Rodr�guez Montero, Notario.�1 vez.�N� 41120.�(56245).

Por escritura otorgada por m�, a las 08:00 horas de hoy, protocolic� acta de la Asociaci�n Latino-Americana para la Evaluaci�n del Ciclo de Vida, por la cual se reforma el art�culo d�cimo noveno de los estatutos.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Ana Cecilia Castro Calzada, Notaria.�1 vez.�N� 41122.�(56246).

Por escritura n�mero treinta y nueve-uno, otorgada a las ocho horas del d�a doce de junio del dos mil ocho, ante el notario p�blico Zentis Uhrig Mart�nez, Ana Isabel G�mez Acosta y Viviana Sol�s G�mez, constituyen una sociedad de responsabilidad limitada denominada Oshun Sociedad de Responsabilidad Limitada.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Zentis Uhrig Mart�nez, Notario.�1 vez.�N� 41123.�(56247).

Por escritura autorizada a esta notar�a, a las 11:00 horas del 13 de junio del 2008, se constituye la sociedad P H Construcciones Residenciales Sociedad An�nima. Capital: suscrito y pagado en su totalidad. Domicilio: Tejar del Guarco, Cartago, cuatrocientos metros norte y cien oeste de la plaza de deportes. Plazo social: noventa y nueve a�os.�Lic. Jorge Antonio Avil�s Sandoval, Notario.�1 vez.�N� 41125.�(56248).

Mediante escritura otorgada en la ciudad de San Jos�, a las ocho horas del veintid�s de mayo del dos mil ocho, se constituy� la empresa Acu�feros de Costa Rica Soluciones Integrales S. A. Objeto: la agricultura, zoocultivos, la industrial y el comercio en general. Capital social: totalmente suscrito y pagado.�San Jos�, 22 de mayo del 2008.�Lic. Alfredo Vargas Elizondo, Notario.�1 vez.�N� 41126.�(56249).

Por escritura otorgada ante mi notar�a, a las 18:00 horas del 10 de junio del 2008, se constituy� la asociaci�n denominada Asociaci�n Colegio de Audiolog�a ACODEA. Domicilio: San Jos�.�San Jos�, diez de junio del dos mil ocho.�Lic. Ligia Gonz�lez Marten, Notaria.�1 vez.�N� 41130.�(56250).

Por escritura otorgada en esta notar�a, a las 09:00 horas del 14 de junio del 2008, se constituy� Rocayasa Sociedad An�nima. Capital: �ntegramente suscrito y pagado. Plazo social: 100 a�os a partir de su constituci�n.�Santa B�rbara de Heredia, 16 de junio del 2008.�Lic. �lvaro E. Alfaro Jim�nez, Notario.�1 vez.�N� 41133.�(56251).

Mediante escritura otorgada ante la notar�a del Lic. Marvin C�spedes M�ndez, protocolizamos el acta de asamblea de cuotistas de Lynx Netrostar Project Ltda., donde se aprob� reformar el nombre de la compa��a por Bluestone Capital Ventures Ltda., y se transcribi� la totalidad del pacto social.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Dan Alberto Hidalgo Hidalgo, Notario.�1 vez.�N� 41134.�(56252).

Ante esta notar�a, el d�a cinco de junio del dos mil ocho, a las diez horas, se constituyeron tres personas jur�dicas Arandas Ochenta y Tres Sociedad An�nima; Arandas Ciento Ocho Sociedad An�nima, y Arandas Ciento Diez Sociedad An�nima. El objeto espec�fico de las tres ser� la promoci�n del turismo y la administraci�n de alquileres, en las tres presidente y secretaria, apoderados general�simos sin l�mite de suma, actuando individualmente.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Olma Cart�n Brenes Notaria.�1 vez.�N� 41135.�(56253).

Se hace saber a terceros que por escritura n�mero 66-55, que se inicia al folio 146 frente del tomo 55 de mi protocolo y otorgada en mi notar�a en Ciudad Neily, a las 15:00 horas del 6 de junio en curso, se constituy� la entidad Inversiones Cinco G Mas G Sociedad An�nima. Capital social: �120.000,00. El presidente: Jos� Eligio G�mez Z��iga y el vicepresidente: Miguel �ngel G�mez Z��iga, con la representaci�n judicial y extrajudicial de la entidad, como apoderados general�simos sin l�mite de suma, actuando conjuntamente. Domicilio: La Campi�a de Corredor, Corredores, Puntarenas.�Ciudad Neily, 10 de junio del 2008.�Lic. Francisco Chinchilla Navarro, Notario.�1 vez.�N� 41138.�(56254).

Por escritura otorgada ante el notario p�blico Roberto Calder�n Solano, a las nueve horas del doce de junio del dos mil ocho, se constituye la sociedad mercantil Finca Silvaris e I Limitada. Capital social: veinticinco mil colones. Gerente: Iris Castro Monge. Subgerente: Silvanna Pacheco Clausen.�Turrialba, doce de junio de dos mil ocho.�Lic. Roberto Calder�n Solano, Notario.�1 vez.�N� 41141.�(56255).

Por escritura otorgada ante el notario p�blico Roberto Calder�n Solano, a las once horas del trece de junio del dos mil ocho, se constituye la sociedad mercantil denominada Sodas Do�a Alicia Limitada. Capital social: cincuenta mil colones. Gerente: Rolando Camacho Herrera. Subgerente: Ana Isabel Araya Barrios.�Turrialba, trece de junio de dos mil ocho.�Lic. Roberto Calder�n Solano, Notario.�1 vez.�N� 41142.�(56256).

Steven Valerio �vila y John Valerio �vila, constituyen sociedad an�nima que se denomina Impelva S. A. Escritura otorgada en San Jos�, a las 13:00 horas del 20 de mayo del 2008. Domicilio: San Jos�. Representaci�n: el presidente del consejo de administraci�n. Plazo social: 99 a�os.�Lic. Grace Mar�a S�nchez Granados, Notaria.�1 vez.�N� 41143.�(56257).

Por escritura n�mero ciento setenta y seis, otorgada ante m�, a las trece horas con treinta minutos del catorce de junio del dos mil ocho, se constituy� la siguiente sociedad Corporaci�n Gianic AV Sociedad An�nima. Presidente y vicepresidente, con plenas facultades. Domicilio social: en Mercedes Norte de Heredia. Capital: �ntegramente suscrito y pagado, mediante letras de cambio.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Juan Jos� Quir�s Mel�ndez, Notario.�1 vez.�N� 41144.�(56258).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 15:00 horas del 30 de marzo del 2008, se constituye Sib�-Ar� Sociedad An�nima. Capital social: diez mil colones. Presidente: Jonathan Alberto Segura Z��iga.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Freddy Alonso Alfaro Rojas, Notario.�1 vez.�N� 41145.�(56259).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 09:00 horas del 15 de mayo del 2008, se constituye Mensajer�a M Y N Sociedad An�nima. Capital social: diez mil colones. Presidente: Ram�n Alonso Obando Coto.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Freddy Alonso Alfaro Rojas, Notario.�1 vez.�N� 41146.�(56260).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 08:00 horas del 22 de marzo del 2008, se constituye Wak Tsuri Sociedad An�nima. Capital social: diez mil colones. Presidente: Jonathan Alberto Segura Z��iga.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Freddy Alonso Alfaro Rojas, Notario.�1 vez.�N� 41147.�(56261).

Por escritura otorgada en esta notar�a, a las 17:00 horas del 5 de junio del 2008, se constituy� Senco Lindora S. A.�San Jos�, 10 de junio del 2008.�Lic. Luis Francisco Sol�rzano V�quez, Notario.�1 vez.�N� 41154.�(56262).

Por escritura otorgada en esta notar�a, a las 13:00 horas del 13 de mayo del 2008, se constituy� Corporaci�n El Leopardo de Rinc�n Verde S. A.�San Jos�, 10 de junio del 2008.�Lic. Luis Francisco Sol�rzano V�quez, Notario.�1 vez.�N� 41156.�(56263).

Por escritura otorgada en esta notar�a, a las 17:00 horas del 6 de mayo del 2008, Estudio y Escenograf�a J.Q. S. A., modifica cl�usula novena.�San Jos�, 10 de junio del 2008.�Lic. Luis Francisco Sol�rzano V�quez, Notario.�1 vez.�N� 41158.�(56264).

Ante esta notar�a, en escritura n�mero ciento veinte-diecis�is, con fecha 2 de junio del 2008, a las 16:00 horas, se ha constituido la sociedad denominada Castro Constructores C & R Sociedad An�nima, cuyo domicilio estar� en Heredia. Capital social: diez mil colones. Es todo.�San Jos�, 2 de junio del 2008.�Lic. Jos� Alexander Chac�n Barquero, Notario.�1 vez.�N� 41160.�(56265).

Por esta escritura otorgada en esta notar�a, en San Jos�, a las once horas del d�a once de junio del dos mil ocho, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos veintid�s s. a. Se reforma cl�usula sexta, y se nombra junta directiva y fiscal.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Felipe Beeche Pozuelo, Notario.�1 vez.�N� 41161.�(56266).

Ante esta notar�a, en escritura n�mero trescientos cuarenta-tres, con fecha 30 de mayo del 2008, a las 15:00 horas, se ha constituido la sociedad denominada Doscientos Cuarenta y Siete Support Solutions Sociedad An�nima, cuyo domicilio estar� en San Jos�. Capital social: diez mil colones. Es todo.�San Jos�, 2 de junio del 2008.�Lic. Jos� Alexander Chac�n Barquero, Notario.�1 vez.�N� 41162.�(56267).

Por escritura otorgada en esta notar�a en San Jos�, a las diez horas del d�a once de junio del dos mil ocho, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada Villa Verde Uno Termoli Sociedad An�nima. Se reforma las cl�usulas segunda y s�tima, se nombra junta directiva, fiscal y agente residente.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Felipe Beeche Pozuelo, Notario.�1 vez.�N� 41163.�(56268).

Por esta escritura otorgada en esta notar�a en San Jos�, a las catorce horas del d�a once de junio del dos mil ocho, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada Pueblo Colonial La Merdesa Sociedad An�nima. Se reforma cl�usulas primera y sexta, se nombra tesorero.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Felipe Beeche Pozuelo, Notario.�1 vez.�N� 41164.�(56269).

Por esta escritura otorgada en esta notar�a en San Jos�, a las quince horas del d�a once de junio del dos mil ocho, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada Pacific Paradise de la Florida Sociedad An�nima. Se reforma cl�usula sexta y se nombra tesorero.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Felipe Beeche Pozuelo, Notario.�1 vez.�N� 41165.�(56270).

Por escritura otorgada ante m�, a las quince horas del treinta de mayo del dos mil ocho, se constituy� la empresa Keymar B. M. Sociedad An�nima. Domicilio social: en La Granja de Palmares de Alajuela, cincuenta metros al este del Hogar de Ancianos. Capital social: cien mil colones. Plazo: noventa y nueve a�os. Presidenta: Mar�a Rosibel Brenes Moya.�Lic. Fernando �vila Gonz�lez, Notario.�1 vez.�N� 41166.�(56271).

Mediante escritura otorgada ante los suscritos notarios, a las once horas del doce de junio del dos mil ocho, se protocoliz� acta de la sociedad tres-ciento uno-cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y uno sociedad an�nima, en la que se sustituye al presidente de la sociedad.�Lic. Rodrigo Barahona Israel y Marta de los �ngeles Mata Montero, Notarios.�1 vez.�N� 41174.�(56272).

Mediante escritura n�mero cuarenta, de las diez horas del diez de junio del dos mil ocho, Rigoberto Alfaro Ure�a, Rigoberto Alfaro Quijano, Geinor Mu�oz �lvarez, Rafael �ngel Madrigal Rodr�guez, Carlos Guillermo Corrales Flores, Alexander Rodr�guez Aguilar, Erwin Jos� D�az Jos�s, Francisco Tobal Sol�rzano, �ngel Enrique Mas�s Salvatierra, Salom�n Ildifonso Ponce Huembes, Manuel Sol�s Aguilar, Francisco Jos� Arias C�rdenas, Mario Alberto Soto Z�rate, Marco Vinicio Mas�s Salvatierra, Carlos Luis Alfaro Quijano y Davis Sneider Ram�rez Pineda, constituyen sociedad denominada Inversiones Transportistas Los Guidos Sociedad An�nima. Capital: suscrito y pagado. Presidente: Rigoberto Alfaro Ure�a.�San Jos�, diecis�is de junio del dos mil ocho.�Lic. Rodrigo Arauz Figueroa, Notario.�1 vez.�N� 41175.�(56273).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las catorce horas treinta minutos del d�a de hoy, se constituy� la sociedad Inversiones Govetti Lewis Sociedad An�nima. Notarios: Luis Ricardo Garino Granados y Gabriela Valverde Mena.�San Jos�, 29 de mayo del 2008.�Lic. Luis Ricardo Garino Granados, Notario.�1 vez.�N� 41176.�(56274).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las trece horas treinta minutos del d�a de hoy, se constituy� la compa��a Prisma Business Center S. A. Notarios; Roberto Solano Leiva y Luis Ricardo Garino Granados.�San Jos�, once de junio del dos mil ocho.�Lic. Luis Ricardo Garino Granados, Notario.�1 vez.�N� 41177.�(56275).

Por escritura n�mero doscientos veinticuatro, se protocoliza acta general extraordinaria de socios de la sociedad Distribuidora de Papel Hervisa S. A. Se nombra tesorero, gerente, y se modifica cl�usula quinta del pacto social.�San Jos�, doce de junio del dos mil ocho.�Lic. Marianela Corrales Pampillo, Notaria.�1 vez.�N� 41178.�(56276).

Mediante escritura n�mero doscientos veintitr�s, otorgada a las diez horas treinta minutos del doce de junio del dos mil ocho, ante la notaria Marianela Corrales Pampillo, constituye sociedad an�nima. Capital social: diez mil colones. Domicilio: San Jos�, Barrio Luj�n, calle quince bis, avenida doce y catorce, edificio mil doscientos cincuenta y cinco.�San Jos�, doce de junio del dos mil ocho.�Lic. Marianela Corrales Pampillo, Notaria.�1 vez.�N� 41182.�(56277).

Por escritura otorgada ante m�, se constituy� la sociedad Opci�n M�xima S. A. Presidente: apoderado general�simo sin l�mite de suma. Plazo social: 45 a�os. Domicilio: Heredia.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Alfonso S�nchez Bagnarello, Notario.�1 vez.�N� 41184.�(56278).

Por escritura otorgada ante este notario, a las 16:00 horas del 2 de junio del 2008, se protocoliz� acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de M M M Consultores Profesionales S. A., en la que se reforma la totalidad del pacto social, se nombra nueva junta directiva, fiscal y agente residente.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Luis Fernando Le�n Alvarado, Notario.�1 vez.�N� 41185.�(56279).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada Colima 2008 Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56281).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada C�rdoba 2008 Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56282).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada Winward Investments Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56283).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada Leeward Holdings Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56284).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada Lincoln Holdings Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56285).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada Tele-Tech Holdings Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56287).

Publicaci�n del edicto de la constituci�n de la sociedad an�nima denominada Associated Investments Sociedad An�nima. Capital social: �1.000,00. Plazo: 99 a�os. Representaci�n judicial y extrajudicial: presidente, secretario y tesorero.�San Jos�, 4 de junio del 2008.�Lic. Laura Priscila Carvajal Ram�rez, Notaria.�1 vez.�(56288).

Por escritura otorgada ante m�, a las diez horas del diecisiete de junio del dos mil ocho, protocolic� acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Gone Fishing Consulting Sociedad An�nima, con c�dula de persona jur�dica n�mero tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y cuatro mil noventa y tres, de las diecis�is horas del diecis�is de mayo del dos mil ocho, mediante la cual se reforman la cl�usulas segunda, quinta, sexta, se nombra nueva junta directiva y nuevo agente residente.�Lic. Ricardo Cordero Baltodano, Notario.�1 vez.�(56305).

Por escrituras p�blicas n�meros cero cincuenta y cinco-cero ocho, y cero cincuenta y seis-cero ocho, de las catorce horas y catorce horas veinte minutos del diecisiete de junio del dos mil ocho, protocolic� acuerdos de asamblea general ordinaria y extraordinaria de cuotistas de Mitolog�a Popular Limitada y Canal Inc�gnito Limitada, respectivamente en la que se modifica la cl�usula primera del nombre, segunda del domicilio, se nombra gerente y agente residente.�Lic. Erika Mishelle G�mez Soto, Notaria.�1 vez.�(56309).

Por escritura otorgada hoy en mi notar�a se constituy� la sociedad denominada Districol Sociedad An�nima, domiciliada en San Jos�, con capital de cien mil colones. Presidente y vicepresidente apoderados general�simos.�San Jos�, trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Gabriela Valverde Mena, Notaria.�1 vez.�(56413).

Ante esta notar�a, a las 11:30 horas del d�a de hoy, se constituy� la entidad denominada Asesores Betel Sociedad An�nima; con domicilio en San Jos�, Paso Ancho, 50 oeste de la Iglesia San Jos� Obrero; que la presidenta es: Leyla Mel�ndez Jim�nez.�Alajuela, 5 junio del 2008.�Lic. Alexander Ruiz Castillo, Notario.�1 vez.�N� 41187.�(56415).

Por escritura otorgada el d�a trece de junio del a�o dos mil ocho, ante esta notar�a, se constituye sociedad an�nima: sin nombre, escritura n�mero ochenta y uno.�Lic. Dennia Mar�a Barboza N��ez, Notaria.�1 vez.�N� 41188.�(56416).

Por escritura otorgada ante esta notar�a a las 16:30 horas del 8 de junio de 2008, se constituy� la sociedad an�nima denominada: Inversiones Tevezmessi Sociedad An�nima. Domicilio Social: Heredia, cincuenta este de los Tribunales de Justicia. Plazo Social: Noventa y nueve a�os. Capital social: diez mil colones.�San Jos�, 8 de junio del 2008.�Lic. Rafael �ngel Vilchez S�nchez, Notario.�1 vez.�N� 41190.�(56417).

Ante m� Carlos Manuel Arroyo Rojas, se reform� la cl�usula: primera del pacto de constituci�n, de la sociedad Galja Quinientos S. A.�Ciudad Quesada, 17 de junio del 2008.�Lic. Carlos Manuel Arroyo Rojas, Notario.�1 vez.�N� 41191.�(56418).

Ante m�, Carlos Manuel Arroyo Rojas, se reformaron las cl�usulas: segunda, octava y novena, del pacto de constituci�n, as� como la inclusi�n al pacto de constituci�n de la cl�usula d�cima cuarta, de la sociedad Roca Cinco S. A.�Ciudad Quesada, 17 de junio del 2008.�Lic. Carlos Manuel Arroyo Rojas, Notario.�1 vez.�N� 41192.�(56419).

En escritura p�blica otorgada ante m� el d�a diecis�is de junio del a�o dos mil ocho, se constituy� sociedad cuya raz�n social ser� el n�mero de cedula jur�dica, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo dos del Reglamento para la inscripci�n de la constituci�n de empresas comerciales, la misma estar� domiciliada en Cartago. Cant�n Central, distrito Oriental, exactamente. Cuyo presidente con facultades de Apoderado es Jeffry Jos� Valverde Fern�ndez.�Cartago, diecis�is de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Carlos Alberto Hern�ndez Navarro, Notario.�1 vez.�N� 41193.�(56420).

Por escritura otorgada ante m�, a las 11:00 horas del 30 de mayo del 2008, se protocoliz�, el acta de asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad tres-ciento uno-quinientos veinte mil seiscientos setenta y nueve sociedad an�nima; se modifica la cl�usula s�tima, se nombra presidente de la junta directiva.�Grecia, 16 de junio del 2008.�Lic. �scar Alberto Salas Porras, Notario.�1 vez.�N� 41194.�(56421).

Por escritura otorgada en Grecia, a las 15:00 horas del 27 de mayo del 2008, se constituy� la sociedad Damyon Investments Sociedad An�nima. Plazo: 99 a�os, Capital social: diez mil colones. Presidente: Con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma.�Grecia, 16 de junio del 2008.�Lic. Luis Adri�n Alfaro Ram�rez, Notario.�1 vez.�N� 41195.�(56422).

Por escritura otorgada ante m� se constituy� Almarjos de San Pablo S. A., el 31 de mayo del 2008 y Consultores Agroindustriales (CAI) S. A., el 3 de junio del 2008.�San Pablo de Heredia, 12 de junio del 2008.�Lic. Edgardo Campos Espinoza, Notario.�1 vez.�N� 41197.�(56423).

El d�a de hoy ante esta notar�a se constituy� la sociedad Eyeball International Sociedad de Responsabilidad Limitada. El Gerente tiene la representaci�n judicial y extrajudicial de la sociedad con las facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma.�Heredia, 2 de junio del 2008.�Lic. Antonio Guti�rrez Bogantes, Notario.�1 vez.�N� 41198.�(56424).

Dora conocida como Doriluz Garbanzo Chac�n y Jorge Alberto Serrano Garbanzo constituyen la sociedad de esta plaza: Creaciones Doriluz S.G.D. Sociedad An�nima. Escritura otorgada en San Jos�, a las ocho horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Humberto Jarqu�n Anch�a, Notario.�1 vez.�N� 41202.�(56425).

Ante mi notar�a, al ser las 19:00 horas del d�a 14 de junio de 2008, mediante instrumento p�blico n�mero catorce, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad an�nima Corporaci�n Inmobiliaria Condominio Villa Bartolom� N�mero Cuatro Sociedad An�nima, c�dula jur�dica 3-101-446030, la cual modifica la cl�usula novena: de la administraci�n, en los estatutos de dicha sociedad.�Tres R�os, 14 de junio del 2008.�Lic. Edgar Tenorio S�nchez, Notario.�1 vez.�N� 41204.�(56426).

El d�a once de junio del a�o dos mil ocho, se protocoliz� acta de la sociedad Plantas de Occidente Ltda., en donde se modifica pacto constitutivo.�Palmares, 12 de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Edgar Sol�rzano Vega, Notario.�1 vez.�N� 41205.�(56427).

Se ha constituido ante esta notar�a la sociedad Inversiones Segoba Sociedad An�nima. Plazo social: noventa y nueve a�os. Capital social diez mil colones. Se ha nombrado Junta Directiva, con Presidente con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma y Agente Residente.�San Jos�, a las nueve horas quince minutos del treinta y uno de marzo del dos mil ocho.�Lic. Manuel Ballesteros Ortega, Notario.�1 vez.�N� 41206.�(56428).

Hoy d�a se ha constituido la sociedad cuya raz�n social es Consultor�as Etreus Sociedad An�nima, su domicilio social es en la provincia de Heredia, del Colegio Manuel Benavides ochocientos metros oeste, Urbanizaci�n La Liliana, casa n�mero treinta y cinco. El presidente y el secretario son representantes judiciales y extrajudiciales, act�an en forma conjunta o separadamente con facultades de apoderados general�simos sin l�mite de suma.�San Jos�, a las once horas de hoy diez de junio del dos mil ocho.�Lic. Jorge Arturo Guardia V�quez, Notario.�1 vez.�N� 41207.�(56429).

Por medio de escritura p�blica de las 17:00 horas del d�a 13 de junio del a�o 2008, protocolic� acuerdos de asamblea general extraordinaria de la compa��a de esta plaza denominada Grupo Constructivo Bel�n Dieciocho Oro Sociedad An�nima, en la cual se nombra nueva Junta Directiva, Fiscal y Agente Residente.�San Jos�, 13 de junio del 2008.�Lic. Rodrigo Madrigal N��ez, Notario.�1 vez.�N� 41208.�(56430).

Mediante escritura otorgada ante esta misma notar�a a las 20:00 horas del d�a 16 de junio del 2008, se protocoliza acta de asamblea general extraordinaria, nombr�ndose nuevo tesorero de la sociedad Portones D�ambrosio y Ca�as Dacasa Sociedad An�nima, con c�dula de persona jur�dica n�mero tres-ciento uno-cuatrocientos ochenta y tres mil, sesenta y seis.�17 de junio del dos mil ocho.�Lic. Juan Carlos Villasuso Morales, Notario.�1 vez.�N� 41209.�(56431).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 15:30 horas del 13 de mayo del dos mil ocho, se constituy� Dise�o Gr�fico G M Sociedad An�nima, con un plazo social de 99 a�os y con un capital social de 5 mil colones.�San Ram�n, Alajuela, 12 de junio del 2008.�Lic. Carlos Alberto Villalobos Lobo, Notario.�1 vez.�N� 41211.�(56432).

Por escritura n�mero veinte-tres de mi protocolo tercero, se constituy� National Diamond Centroam�rica Sociedad An�nima, con duraci�n de 99 a�os, su domicilio social en San Jos�, San Sebasti�n, Urbanizaci�n Montecarlo, casa D veinte. La Junta Directiva est� integrada por Presidente, Secretario y Tesorero.�San Jos�, a las ocho horas del trece de junio del dos mil ocho.�Lic. Shirley Dur�n Alp�zar, Notaria.�1 vez.�N� 41212.�(56433).

Por escritura doscientos diecis�is otorgada ante la notaria Patricia Campos Villagra, a las veinte horas del veintiocho de mayo del a�o dos mil ocho. La sociedad Estrella Hadar Sociedad An�nima; c�dula jur�dica tres-ciento uno- doscientos noventa y tres mil ciento ochenta y dos, nombra nueva Junta Directiva. Preside Mauricio Rojas Villalobos, con facultadas de apoderado general�simo sin l�mite de suma.�San Jos�, a las veinte horas diez minutos, del veintiocho de mayo del a�o dos mil ocho.�Lic. Patricia Campos Villagra, Notaria.�1 vez.�N� 41215.�(56435).

Por escritura doscientos veinticinco otorgada ante la notaria Patricia Campos Villagra, a las diecinueve horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho. La sociedad Edificaciones Rohe Sociedad An�nima; c�dula jur�dica tres-ciento uno- ciento noventa y un mil ciento cincuenta, cambia de Junta Directiva y de Agente Residente dentro de la Junta Directiva. Preside: Mauricio Rojas Villalobos, con facultadas de apoderado general�simo sin l�mite de suma. Asimismo se cambia de domicilio social. El nuevo domicilio social de la empresa ser� San Jos�, Barrio Coraz�n de Jes�s de la f�brica Yamber trescientos metros al sur en la bodega Jabica.�San Jos� a las diecinueve horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Patricia Campos Villagra, Notaria.�1 vez.�N� 41216.�(56436).

Por escritura otorgada ante m�, a las catorce horas del d�a diez de junio del dos mil ocho, se constituy� la sociedad an�nima denominada Empresa Moqui Sociedad An�nima Presidente Hermogenes Herrera Rodr�guez. Capital: cuarenta mil colones. Plazo: noventa y nueve a�os.�Lic. Byron Vargas V�squez, Notario.�1 vez.�N� 41218.�(56437).

En mi notar�a, mediante escritura otorgada n�mero doscientos setenta, de diecis�is horas del d�a cinco del mes de junio del a�o dos mil ocho, se nombr� nuevo agente residente y se modific� el domicilio de la sociedad Hacienda El Nido de las �guilas Sociedad An�nima.�Lic. Jessica Margot Barboza Barrantes, Notaria.�1 vez.�N� 41219.�(56438).

Mediante escritura n�mero 10, otorgada ante esta notar�a, se protocoliza acta de asamblea de socios de Comercial La Yunta C.L.Y. S. A., mediante la cual se modifica la cl�usula sexta y se nombra nueva junta directiva.�Lic. Esteban Quesada Murillo, Notario.�1 vez.�N� 41221.�(56439).

Por escritura otorgada ante m�, a las doce horas del diecis�is de junio del dos mil ocho, protocolic� acta de Constaclara S. A., de las doce horas del diecis�is de junio del dos mil ocho, mediante la cual se reformaron las cl�usulas segunda y tercera.�Lic. Luis Enrique G�mez Portuguez, Notario.�1 vez.�N� 41222.�(56440).

Por escritura otorgada ante m�, a las once horas quince minutos del veintinueve de mayo del a�o dos mil ocho, se protocoliz� asamblea general de socios de la sociedad denominada tres-ciento uno-cuatrocientos ochenta y seis mil ocho sociedad an�nima, en la que se modific� la cl�usula segunda del pacto social constitutivo.�San Jos�, nueve de junio del dos mil ocho.�Lic. M�nica Cuellar Gonz�lez, Notaria.�1 vez.�N� 41223.�(56441).

Por escritura otorgada ante la suscrita notaria, a las 11:00 horas del 16 de junio del dos mil ocho, protocolice acuerdos de asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de la sociedad Pe��n en las Alturas CR S. A., donde se reforma la cl�usula vig�simo segunda y se nombra junta directiva, fiscal y agente residente.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. Roxana Villalobos Chaves, Notaria.�1 vez.�N� 41226.�(56442).

Por escritura otorgada a las veinte horas del doce de junio de dos mil ocho, ante el notario Andr�s Elliot Sule, los se�ores Marco Andr� Gonz�lez Barquero y Jaqueline Barquero S�nchez, constituyeron la sociedad denominada Lamo Soluciones en Ingenier�a Sociedad An�nima. Presidente: Marco Andr�s Gonz�lez Barquero.�San Jos�, doce de junio de dos mil ocho.�Lic. Andr�s Elliot Sule, Notario.�1 vez.�N� 41228.�(56443).

En esta notar�a a las diez horas del quince de junio del a�o dos mil ocho, mediante escritura n�mero veinte, se constituy� la sociedad denominada FTRR Investments LLC Sociedad An�nima, Presidente y secretario apoderados general�simos.�San Jos�, quince de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Luis Fernando Jim�nez Quesada, Notario.�1 vez.�N� 41229.�(56444).

El suscrito notario hace constar que el d�a de hoy protocolice el acta de asamblea extraordinaria de socios de la sociedad Sunworld Properties Sociedad An�nima, en la que se reforma la cl�usula sexta de los estatutos de la sociedad.�San Jos�, 17 de junio del 2008.�Lic. Pa�l Portuguez Aguilar, Notario.�1 vez.�N� 41230.�(56445).

Por escritura otorgada en San Jos�, a las catorce horas del trece de junio del dos mil ocho, se protocoliz� el acta de la asamblea extraordinaria de la firma �guila Germana Sociedad An�nima, c�dula jur�dica n�mero tres-ciento uno-ciento ocho mil setecientos diecinueve. Se reforma la cl�usula sexta del pacto social y se realizan nuevos nombramiento en Junta Directiva y Fiscal�a.�Lic. Rolando Guardiola Arroyo, Notario.�1 vez.�N� 41233.�(56446).

En escritura otorgada ante esta notar�a, a las trece horas del diecinueve de mayo del dos mil ocho, la sociedad Costa Rica Cominc S. A., y la sociedad Quartz Group de Sabana S. A. constituyen la sociedad denominada T-Q Investment Inc. Sociedad An�nima, nombre que traducido al idioma espa�ol significa T-Q Inversiones Inc. Sociedad An�nima, Presidente: Mark Anthony MCcloskey. Capital social: Diez mil colones.�San Jos�, 19 de mayo del 2008.�Lic. Johanny Retana Madriz, Notario.�1 vez.�N� 41234.�(56447).

Ante mi notar�a, se protocoliza acta n�mero uno de asamblea general extraordinaria de la sociedad tres-ciento uno-quinientos veintid�s mil novecientos sesenta y tres, misma c�dula jur�dica, se modifica cl�usula uno del pacto constitutivo para que en adelante el nombre sea Pereira y Rodr�guez Ingenieros Arquitectos P-Y-R S. A. Es todo.�San Jos�, diecisiete de junio del dos mil ocho.�Lic. Karolina Mel�ndez Gamboa, Notaria.�1 vez.�N� 41235.�(56448).

Por escritura otorgada ante m�, constit�yese Ulitza Landera S.A., capital �ntegramente suscrito y pagado. Domicilio Granadilla, Curridabat. Presidente y secretario con representaci�n judicial y extrajudicial.�San Jos�, 16 de junio del 2008.�Lic. �scar Navarro Mondrag�n, Notario.�1 vez.�N� 41236.�(56449).

Por escritura otorgada ante esta notar�a, a las 14:00 horas del 11 de junio del 2008, se protocoliz� el acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad Servicios Especiales de Seguridad Integral Profesional S. A., en donde se reforma la cl�usula segunda del pacto constitutivo, estableciendo su domicilio social, en Calle Fallas de Desamparados, de la Iglesia Cat�lica doscientos metros al este, casa blanca frente al Sal�n Comunal.�San Jos�, once de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Carlos Alberto Berrocal Arias, Notario.�1 vez.�N� 41237.�(56450).

En mi Notar�a a las diez horas del doce de junio del dos mil ocho, se constituy� la sociedad denominada Producciones Models J Y L Sociedad An�nima, que es nombre de fantas�a, con un capital social de diez mil colones, representado por diez acciones comunes y nominativas de mil colones cada una, cuyo domicilio social ser� en San Jos�, de Casa Matute cien metros al sur, trescientos metros al este y cien metros al sur, casa n�mero mil noventa y ocho, por un plazo social de noventa y nueve a�os.�San Jos�, 16 de junio del dos mil ocho.�Lic. Roc�o Quir�s Arroyo, Notaria.�1 vez.�N� 41238.�(56451).

Por escrituras de las 16:30 horas y 18:00 horas del 13 de junio del 2008, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de las compa��as Rainforest Outward Bound School S. A., reforma la cl�usula segunda y s�tima del pacto constitutivo y se nombra junta directiva. Presidente: Bradley James Rowe; Amigos del Mar S. A., se reforman las cl�usulas segunda y octava del pacto constitutivo, se nombra junta directiva, presidente; Bradley James. Por escrituras de las 17:00 horas y 17:30 horas del 13 de junio de 2008, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de las compa��as Costa Rica Family Adventures S. A., y Costa Rica Educational Adventures S. A., en ambas compa��as se reforman las cl�usulas segunda y d�cimo octava del pacto constitutivo.�San Jos�, 13 de junio del 2008.�Lic. Eladio Gonz�lez Sol�s, Notario.�1 vez.�N� 41240.�(56452).

Por escritura otorgada ante m�, a las trece horas quince minutos de hoy, se constituy� la sociedad Lala Land Sociedad An�nima.�San Jos�, diez de junio del dos mil ocho.�Lic. Max Barrientos Cordero, Notario.�1 vez.�N� 41241.�(56453).

Por escritura otorgada en esta fecha por esta Notar�a, se protocoliz� acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de Pi�ales del Caribe GAC Sociedad An�nima, mediante la cual por rectificaci�n se disminuye capital social.�San Jos�, diecisiete de junio del dos mil siete.�Lic. Jos� Adolfo Borge Lobo, Notario.�1 vez.�N� 41245.�(56454).

Que por escritura n�mero doscientos veintid�s se modific� la cl�usula primera y cl�usula novena del pacto constitutivo de la sociedad Arte y Fantas�a C & M S. A., cambiando su raz�n social a Comercializadora M�dica Costa Rica S. A. Presidente: Carlos Alberto Ramos Guerrero.�San Jos�, 10 de junio del 2008.�Lic. Erika V�zquez Boza, Notaria.�1 vez.�N� 41246.�(56455).

Por escritura otorgada ante esta Notar�a a las once horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho, se reforma la cl�usula cuarta de la sociedad denominada Industrias Bare�a Sociedad An�nima.�Cartago, diecis�is de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Silvia Elena Peralta Montenegro, Notaria.�1 vez.�N� 41247.�(56456).

Por escritura otorgada ante m� hoy a las 15:00 horas, se constituye la sociedad Bird Watcher Society Sociedad An�nima, pudiendo abreviarse Bird Watcher Society S. A. Domicilio: San Jos�. Objeto: el comercio en general, la ganader�a, representaci�n de casas extranjeras. Capital social: �ntegramente suscrito y pagado.�San Jos�, 13 de junio del 2008.�Lic. Jorge Mario Mar�n Barquero, Notario.�1 vez.�N� 41250.�(56457).

Por escritura otorgada ante m� hoy a las 14:00 horas, se constituye la sociedad Rancho La Macorina Sociedad An�nima, pudiendo abreviarse Rancho La Macorina S. A. Domicilio: San Jos�. Objeto: el comercio en general, la ganader�a, representaci�n de casas extranjeras. Capital social: �ntegramente suscrito y pagado.�San Jos�, 13 de junio del 2008.�Lic. Jorge Mario Mar�n Barquero, Notario.�1 vez.�N� 41251.�(56458).

Por escritura otorgada ante esta Notar�a al ser las once horas, diez minutos del veintiuno de mayo del dos mil ocho, se realiz� aumento de capital social de Rimi de Las Nubes Sociedad An�nima.�Lic. Hazel Rojas Rojas, Notaria.�1 vez.�N� 41254.�(56459).

En mi Notar�a al ser las nueve horas treinta y dos minutos del once de junio del a�o dos mil ocho, se modific� la cl�usula segunda del pacto constitutivo de la sociedad denominada tres-ciento uno-quinientos veintis�is mil seiscientos setenta y ocho sociedad an�nima.�San Jos�, diecis�is de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Gonzalo Guti�rrez Acevedo, Notario.�1 vez.�N� 41256.�(56460).

El d�a de hoy, en mi Notar�a, se constituy� la sociedad an�nima denominada Importaciones y Representaciones Sequeira y Quesada Sociedad An�nima. Capital: totalmente suscrito y pagado. Es todo.�San Jos�, 5 de junio del 2008.�Lic. Rosette Mar�a Morgan Asch, Notaria.�1 vez.�N� 41258.�(56461).

Hoy protocolic� acta de asamblea de socios de la sociedad Centro Integral de memoria CIME S. A., donde se reform� la cl�usula novena.�San Jos�, 13 de junio 2008.�Lic. Kattia Alvarado Esquivel, Notaria.�1 vez.�N� 41260.�(56462).

Por escritura otorgada ante m�, se constituy� Iglesia del Este G.A.K S. A. Capital social: �ntegramente suscrito y pagado. Plazo social: noventa y nueve a�os. Presidente y secretario ambos con facultades de apoderados general�simos sin l�mite de suma. El objeto es el comercio en general.�San Jos�, 15 de mayo del 2008.�Lic. Kattia Alvarado Esquivel, Notaria.�1 vez.�N� 41261.�(56463).

A las nueve horas del d�a treinta de mayo del dos mil ocho, ante esta Notar�a, se constituy� la sociedad Academia y Centro de Belleza R&R ACARYR Sociedad An�nima, capital suscrito y pagado. Nombra junta directiva. Nombramientos por todo el plazo social. Por escritura n�mero noventa y uno.�San Jos�, diecisiete de junio del dos mil ocho.�Lic. Marlyn Benda�a Valverde, Notaria.�1 vez.�N� 41264.�(56464).

Por escritura otorgada a las diez y treinta horas del diecis�is de junio del a�o dos mil ocho, protocolic� acta de asamblea general extraordinaria de socios de la empresa Flores de Vara Blanca Sociedad An�nima, seg�n el cual se modific� la cl�usula sexta del pacto social.�San Jos�, 17 de junio del 2008.�Lic. Marcial Rolando Aguiluz Barboza, Notario.�1 vez.�N� 41266.�(56465).

Por medio de escritura otorgada a las 16:00 horas del d�a 12 de junio del 2008, se protocoliz� acta de la sociedad Dep�sito Internacional de Carga ECATRANS S. A., por medio de la cual se modifica cl�usula quinta.�San Jos�, diecisiete de junio del dos mil ocho.�Lic. Roberto Echeverr�a Alfaro, Notario.�1 vez.�N� 41271.�(56466).

Ante mi Notar�a, se constituy� la sociedad La Flor del Pacuar S.R.L., con un capital social de diez mil colones, representado por diez cuotas sociales de un mil colones cada una, con una vigencia de noventa y nueve a�os contados a partir del d�a 4 de junio de 2008; representada por un gerente y subgerente con facultades de apoderados general�simos sin l�mite de suma, salvo para vender o gravar de cualquier forma se requiere que act�en en forma conjunta. Escritura otorgada a las 16:00 horas del d�a 4 de junio del 2008, N� 258 visible al folio 177 vuelto del tomo siete de mi protocolo.�Lic. Emilio D�az Balmaceda, Notario.�1 vez.�N� 41275.�(56467).

Que por acta de asamblea general extraordinaria de Maquinaria y Equipo Pesado Graque S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-211747, celebrada el d�a primero de junio del a�o 2007, se reforma la cl�usula primera, s�tima del pacto constitutivo y se nombra nuevos miembros de junta directiva y fiscal. Es todo.�San Isidro, 14 de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41276.�(56468).

Que por acta de asamblea general extraordinaria de Algrasa S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-128972, celebrada el d�a doce de febrero del a�o 2008, se reforma la cl�usula tercera del pacto constitutivo. Es todo.�San Isidro, 14 de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41277.�(56469).

Por escritura otorgada ante m� el d�a de hoy, se constituy� Ingenova Sociedad An�nima. Presiente: Carlos Roberto S�nchez Padilla. Plazo: noventa y nueve a�os. Capital social: doce mil colones.�San Isidro de El General, doce de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41278.�(56470).

Por escritura n�mero ciento cuarenta y tres-trece, otorgada ante m� a las nueve horas del trece de junio del dos mil ocho, se constituy� la sociedad Inmobiliaria F. Products S. A. Capital social de �150.000,00 colones totalmente suscrito y pagado. Presidente, con facultades de apoderado general�simo sin l�mite de suma.�San Jos�, 17 de junio del 2008.�Lic. Rafael Esquivel Guti�rrez, Notario.�1 vez.�N� 41279.�(56471).

Por escritura otorgada ante m� el d�a de hoy, se constituy� Vimaluca Sociedad An�nima. Presiente: Carlos Roberto S�nchez Padilla. Plazo: noventa y nueve a�os. Capital social: diez mil colones.�San Isidro de El General, doce de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41280.�(56472).

Por escritura n�mero ciento cuarenta y cuatro-trece, otorgada ante m� a las diez horas del trece de junio del dos mil ocho, se constituy� la sociedad Logistix Almac�n Fiscal S. A. Capital social de �1.100.000,00 colones totalmente suscrito y pagado. Presidente y vicepresidente, con facultades de apoderados general�simos sin l�mite de suma.�San Jos�, 17 de junio del 2008.�Lic. Rafael Esquivel Guti�rrez, Notario.�1 vez.�N� 41281.�(56473).

Que por acta de asamblea general extraordinaria de Alquileres Grasan del Sur S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-211754, celebrada el d�a veintinueve de mayo del a�o 2007, se reforman las cl�usulas primera, s�tima del pacto constitutivo y se nombra nuevos miembros de junta directiva y fiscal. Es todo.�San Isidro, 14 de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41282.�(56474).

Por escritura otorgada ante m� el d�a de hoy, se constituy� Inversiones Alambrina de PZ Sociedad An�nima. Presidente: Carlos Roberto S�nchez Padilla. Plazo: noventa y nueve a�os. Capital social: diez mil colones.�San Isidro de El General, doce de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41283.�(56475).

Se constituye nueva sociedad por Ericka Rojas Pe�a y Fabio Alvarado Hurtado, por parte de los socios se faculta al Registro Mercantil para que como denominaci�n social se le indique el n�mero de c�dula de persona jur�dica que dicho Registro de oficio le asigne al momento de su inscripci�n as� como el respectivo aditamento.�San Jos�, 9 de junio del 2008.�Lic. Christian Badilla Vargas, Notario.�1 vez.�N� 41284.�(56476).

Mediante escritura otorgada ante esta Notar�a a las 14 horas 30 minutos del 9 de junio del 2008, se constituye la sociedad ILSG Sociedad Actividades Profesionales, domicilio en San Jos�, objeto gen�rico, plazo social es de 50 a�os, capital social de diez mil colones, apoderado general�simo gerente: Juan Carlos Rodr�guez Cordero.�San Jos�, 17 de junio del 2008.�Lic. Manuel Jim�nez Steller, Notario.�1 vez.�N� 41285.�(56477).

A las ocho horas del d�a once de junio de dos mil ocho, protocolic� el acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de la sociedad Natural Flow OFCR S. A., celebrada en San Jos�, Escaz�, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio El Patio, tercer piso, a las quince horas del veinte de mayo del dos mil ocho, mediante la cual se reforman las cl�usulas primera: del nombre; segunda: del domicilio, quinta: del capital y sexta: de la administraci�n.�San Jos�, once de junio del dos mil ocho.�Lic. Ligia Castiglioni Longueira, Notaria.�1 vez.�N� 41286.�(56478).

Diana Patricia Mej�as Abarca y Viviana Mar�a Rojas Aguilar, fundan la sociedad Ra�ces del Tr�pico S Y M Sociedad An�nima. Plazo social: noventa y nueve a�os. Presidenta: Diana Patricia Mej�as Abarca.�Santa Rosa de Pocosol, 17 de junio del 2008.�Lic. Roc�o Villalobos Sol�s, Notaria.�1 vez.�N� 41287.�(56479).

A las once horas del d�a diez de junio del dos mil ocho, protocolic� el acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de la sociedad Sunshine Over the Hills OFCR Limitada, celebrada en San Jos�, Escaz�, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio El Patio, tercer piso, a las ocho horas del cinco de junio del dos mil ocho, mediante la cual se crea la cl�usula d�cimo segunda: del agente residente.�San Jos�, diecisiete de junio del dos mil ocho.�Lic. Jos� Alberto Schroeder Leiva, Notario.�1 vez.�N� 41288.�(56480).

A las 15:00 horas del 12 de junio del 2008, protocolic� acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de cuotistas de la sociedad Crop Abundance OFCR Limitada, celebrada en San Jos�, Escaz�, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio El Patio, tercer piso, a las ocho horas del d�a once de abril del a�o dos mil ocho, mediante la cual se crea la cl�usula d�cimo segunda.�San Jos�, 12 de junio del 2008.�Lic. Ligia Castiglioni Longueira, Notaria.�1 vez.�N� 41289.�(56481).

Por escritura otorgada ante m� a las 17,00 horas del 13 de junio del 2008, se constituy� la compa��a denominada Jim�nez y Altamirano Sociedad An�nima, con capital social de veinte mil colones.�Ciudad Quesada, 13 de junio del 2008.�Lic. Ra�l Hidalgo Rodr�guez, Notario.�1 vez.�N� 41290.�(56482).

Que por acta de asamblea general extraordinaria de Inversiones Tia Lole Sure�a S. A., c�dula jur�dica N� 3-101-283146, celebrada el d�a veintinueve de abril del a�o dos mil ocho, se reforma la cl�usula segunda del pacto constitutivo. Es todo.�San Isidro, 16 de junio del a�o dos mil ocho.�Lic. Jimmy Vargas Venegas, Notario.�1 vez.�N� 41293.�(56483).

Por escritura de las 8:00 horas del 13 de junio del 2008 otorgada ante esta notar�a p�blica, se reforma la cl�usula quinta del pacto constitutivo de la sociedad Ciclismo Total S. A.�13 de junio del 2008.�Lic. Benjam�n Guti�rrez Contreras, Notario.�1 vez.�N� 41294.�(56484).

NOTIFICACIONES

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO

PUBLICACI�N DE PRIMERA VEZ

Regi�n Chorotega, a las catorce horas quince minutos del d�a cuatro de junio del a�o dos mil ocho. Expediente de nulidad de titulo: N� 047-06. Contra: Santos Leonel Toledo Jarqu�n y Karla Dom�nguez Gonz�lez. Lote A-12 del Asentamiento CP La Guaria, Junquillal. Con fundamento en las facultades que otorga la Ley de Tierras y Colonizaci�n n�mero 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, el procedimiento indicado en los art�culos 88, 89 y 90 del Reglamento para la Selecci�n de Beneficiarios del IDA con el uso supletorio de la Ley General de la Administraci�n P�blica, y el C�digo Procesal Civil; se inicia proceso administrativo ordinario de revocatoria con la subsecuente nulidad de t�tulo del lote A-12 del Centro de Poblaci�n La Guaria, Asentamiento Junquillat, contra los se�ores Santos Leonel Toledo Jarqu�n, c�dula 270-154222-087885 y Karla Dom�nguez Gonz�lez, cedula 270-151323- 085759, que corresponde a la finca inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad Inmueble, Partido de Guanacaste con el folio real matr�cula 5-117665-001 y 002. Se resuelve notificar la convocatoria a comparecencia, la cual podr� evacuarse en forma oral o por escrito (art�culo 90 del Reglamento referido) a la citada propietaria, para ante esta Oficina en un plazo de quince d�as h�biles, contados a partir del d�a siguiente h�bil a la presente notificaci�n (�dem art.90) la cual se realizar� con el fin de que haga valer sus derechos y se le se�ala a los se�ores Toledo Jarqu�n y Dom�nguez Gonz�lez fecha para que comparezca a audiencia oral y privada, la cu�l se verificar� el d�a diecisiete de setiembre del 2008 a las catorce horas (2:00 p. m.), en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Agrario ubicado en Liberia, seiscientos metros norte de los sem�foros, carretera a La Cruz, edificio a mano derecha. A dicha audiencia la parte puede hacerse acompa�ar por un abogado. Se previene a los administrados, que a m�s tardar en su contestaci�n deben aportar toda la prueba de descargo que obre en su poder (art.312 1-3 y 317 Ley General de la Administraci�n P�blica); adem�s deben se�alar dentro del per�metro judicial de esta Ciudad, medio o lugar donde recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si no lo hace, se tendr�n por notificadas las resoluciones que se dicten posteriormente en el t�rmino de veinticuatro horas, igual consecuencia se producir� si el lugar se�alado fuere impreciso, incierto o ya no existiere, como lo dispone la Ley en estos casos (art. 36 del Reglamento y 185 del C�digo Procesal Civil); a su vez se le informa que este proceso se instruye por violaci�n a los art�culos 66, y 68, inciso 4), ac�pite b) de la Ley 2825 arriba citada, y art�culo 87 del citado Reglamento, por incumplimiento de las obligaciones que impone el IDA a sus adjudicatarios, por abandono injustificado del lote; se le imputa dicha causal por cuanto seg�n el informe t�cnico de la Subregional de Santa Cruz con oficio ORSC-719-2006, indica que el lote se encuentra en estado de abandono y sin cercas, esto a pesar de poseer los servicios b�sicos. Para lo que procede se pone en conocimiento de los se�ores Toledo Jarqu�n y Dom�nguez Gonz�lez que el citado expediente se encuentra en esta oficina para su consulta y estudio, en el que constan los siguientes documentos: folio 1 certificaci�n de ingresos, folios 2 copia del plano G-536651-99, folios 3 y 4 copia de escritura, folios 5 al 9 copia de acuerdo de junta directiva de adjudicaci�n del lote A-12, folios 10 al 16 oficio ORSC-719- 2006 de la subregional de Santa Cruz dirigido a la Asesor�a Jur�dica, folios 17 y 18 resoluci�n de las 8:00 horas del d�a 17 de octubre de 2007, folio 19 acta de notificaci�n, folios 20 al 23 oficio R-ORSC-130-2007, folios 24 y 25 copia de las p�ginas 75 y 76 de La Gaceta N�10 del martes 15 de enero de 2008. De ser necesario an�tese en el Registro Publico de la Propiedad de Inmuebles al margen de la finca mencionada, el inicio de este proceso (art. 7� de ley 6735 del 29 de marzo de 1982). Por no encontrarse en su domicilio y desconocerse el domicilio actual de los se�ores Toledo Jarqu�n y Dom�nguez Gonz�lez, de conformidad con el art�culo 241 de la Ley General de la Administraci�n P�blica y 102 inciso c) del Reglamento para la Selecci�n y Asignaci�n de Solicitantes de Tierras vigente, publ�quese por dos veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Notif�quese.�Lic. Luis Diego Miranda Guadamuz, Oficina Asesor�a Jur�dica.�(56065)

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS P�BLICOS

PUBLICACI�N DE SEGUNDA VEZ

Resoluci�n RRG-8456-2008.�San Jos�, a las 13:40 horas del 4 de junio del 2008. Expediente N� OT-200-2008.

Considerando:

1��Que mediante boleta N� 2007-411672, el d�a 7 de mayo del 2008, se retuvo como medida cautelar el veh�culo placa 440764 por supuesta violaci�n de lo establecido en el art�culo 38.d) de la Ley N� 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios P�blicos.

2��Que seg�n la boleta supra indicada, Edilberto Ram�rez �lvarez, documento de identificaci�n N� 6-173-327, podr�a haber realizado la acci�n t�pica sancionable de prestaci�n de un servicio p�blico sin la correspondiente autorizaci�n.

3��Que consultada la p�gina electr�nica del Registro P�blico de la Propiedad, el veh�culo placa 440764, es propiedad de Manuel Antonio Morales Guevara, documento de identificaci�n N� 7-0163-0867.

4��Que la Ley N� 7593 en sus art�culos 38 y 41, faculta a la Autoridad Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los prestadores de servicios p�blicos que incurra en las circunstancias ah� descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los art�culos 214 y siguientes de la Ley General de la Administraci�n P�blica.

5��Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuradur�a General de la Rep�blica y el art�culo 57.b) y e) de la Ley N� 7593, el Regulador General ostenta la condici�n de �rgano decisor en dichos procedimientos ordinarios.

6��Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al �rgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas en la Ley General de la Administraci�n P�blica, seg�n criterio de la Procuradur�a General de la Rep�blica emanado en opini�n jur�dica N� OJ-047-2000.

7��Que conforme la resoluci�n N� RRG-6753-2007 emitida a las 08:20 horas del 6 de julio del 2007, se deleg� en el Director de la Asesor�a Jur�dica la firma de las resoluciones de nombramiento de �rgano director del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo fin sea sancionar conforme los art�culos 38, 41 y 44 de la Ley N� 7593. Por tanto:

Con fundamento en las competencias otorgadas al �rgano decisor del procedimiento en la Ley General de la Administraci�n P�blica.

EL REGULADOR GENERAL

DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS

P�BLICOS, RESUELVE:

1��Dar inicio al procedimiento administrativo contra Edilberto Ram�rez �lvarez, en calidad de conductor, y Manuel Antonio Morales Guevara, como due�o registral del veh�culo involucrado, que se tramitar� bajo el N� OT-200-2008, nombrando como �rgano director del procedimiento a Mar�a Marta Rojas Chaves, c�dula N� 1-740-756, y Shirley Alfaro Alfaro, c�dula N� 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos, quienes actuar�n en forma conjunta o separada, a fin de que realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos denunciados seg�n la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, para lo cual tendr�n todas las competencias otorgadas en la Ley General de la Administraci�n P�blica como �rgano director del procedimiento.

2��Notif�quese a Edilberto Ram�rez �lvarez, como conductor, y a Manuel Antonio Morales Guevara, como due�o registral del veh�culo mencionado, por medio de publicaci�n tres veces en La Gaceta, a quienes se les previene para que dentro del tercer d�a posterior a la notificaci�n de este acto, se�alen lugar en las cercan�as de la Autoridad Reguladora de los Servicios P�blicos, o medio para recibir notificaciones, a efecto de comunicarles los actos emitidos en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren, �stos se tendr�n por notificados con el transcurso de 24 horas despu�s de emitidos.

Comun�quese.�Fernando Herrero Acosta, Regulador General.�(Solicitud N� 13336).�C-108920.�(56099).