Como parte de su estrategia de exportación, desde la década de los ochenta se creó en Costa Rica el Régimen de Zona Franca, en adelante RZF, con el propósito de estimular, mediante beneficios e incentivos, el establecimiento de empresas que inviertan en el país y que generen exportaciones.

Actualmente existen 247 empresas activas bajo este Régimen y, en conjunto, estas generan más de la mitad del total de las exportaciones. Para el año 2008, desde las zonas francas se exportaron más de 1.200 productos a 106 diferentes países. Desde este punto de vista, es claro que el RZF ha sido un instrumento esencial de la estrategia de inserción de Costa Rica en los mercados mundiales.

Las empresas bajo el RZF, además, tienen un impacto importante sobre el bienestar de los costarricenses. Actualmente hay más de 53.000 personas empleadas en empresas de zona franca y más de la mitad de ellas se ubican en actividades de alta tecnología (electrónica y afines, dispositivos médicos y servicios habilitados por las tecnologías de información y comunicación) que dan constante capacitación a sus empleados y contribuyen así a la transferencia de conocimientos al recurso humano costarricense. En términos de salarios en el 2007 las zonas francas pagaron 229.292 millones de colones, aportaron 59.081 millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social y más de 45.000 millones de colones en otros beneficios sociales. Por ello no es de sorprender que la productividad por trabajador en estas empresas, así como los niveles salariales, sean relativamente altos. Esto significa, a su vez, que los empleados de las empresas bajo el RZF producen un importante efecto multiplicador en la economía.

Desde el punto de vista macroeconómico, la inversión extranjera directa que se ha generado bajo el RZF ha financiado en promedio un 32 por ciento del faltante externo (déficit en cuenta corriente) en el período 2003-2008, contribuyendo así a la estabilidad del país. Sobra mencionar que este tipo de inversión es más sana para la economía que la de carácter especulativo, por su mayor permanencia y menor vulnerabilidad.

No obstante la importancia del RZF, desde hace muchos años ha existido incertidumbre en torno a este tema, dado que de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a partir del 2015, Costa Rica no podrá mantener algunos de los incentivos con los actuales criterios para su otorgamiento, a saber, aquellos cuya concesión está supeditada a resultados de exportación. Este acuerdo aplica para los sectores de manufactura. Para cumplir con este acuerdo, Costa Rica debe modificar los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del Régimen de Zona Franca y, en particular, el requisito de desempeño exportador, i.e., exportar al menos un 75 por ciento de la producción en el caso de las empresas manufactureras.

Adecuar el Régimen de Zona Franca a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio se hace necesario para poder contar con un instrumento que nos permita, no solo mantener la inversión extranjera que ya está en el país, sino también atraer nuevos capitales. Este último tema es indispensable ya que en los últimos años, a pesar de contar con el esquema actual, atraer nuevas empresas en el sector de manufactura ha sido bastante difícil, dado el alto nivel de competencia en el mundo por la atracción de inversiones.

Esta situación se debe en parte a que en la actualidad se compite con países como China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Irlanda, Vietnam y otros, que mantienen esquemas muy atractivos para la inversión extranjera.

En este contexto, el RZF continúa siendo un instrumento necesario para competir por la atracción de inversión, dado que ofrece una serie de beneficios e incentivos fiscales que inciden en las decisiones de las empresas. Esa competitividad en materia tributaria es importante para que se mantengan muchos de los puestos de trabajo que ellas generan y sobre todo para que aumente la inversión de nuevas empresas y la generación de más empleos bien remunerados. Si bien es cierto el factor tributario no es el único determinante en una decisión de inversión por parte de una empresa, sí es un factor crítico en igualdad de condiciones con otros países. Muchos países como los ejemplos que se mencionaron ya han reconocido esto y por esa razón cobran tasas bajas de impuesto sobre la renta o bien ofrecen esquemas de incentivos fiscales y no fiscales muy agresivos para atraer la inversión y generación de empleo de las empresas. Evidencia reciente documentada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) en enero de 2008, sugiere que por cada 1 por ciento de aumento en la tasa de impuesto a la renta el flujo de inversión extranjera directa se contrae en promedio entre 0 y 5 por ciento.

Hoy, ante la necesidad de adecuar el Régimen al acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, Costa Rica tiene el reto de hacerlo sin afectar su competitividad en el factor tributario.

De conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores, este proyecto de reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas que se presenta a consideración de la Asamblea Legislativa persigue los siguientes objetivos: (a) cumplir con el Acuerdo de Subsidios y Medidas Compensatorias de la OMC de manera que no se diferencie entre empresas manufactureras exportadoras y no exportadoras, (b) mantener la competitividad del país en el factor tributario y (c) proveer incentivos para lograr el establecimiento de empresas en zonas de menor desarrollo relativo.

Esto se logra introduciendo en la Ley de Régimen de Zonas Francas los siguientes cambios:

a) En cuanto a los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias, se eliminan las referencias a requisitos de exportación y se introducen tres criterios que se refieren a la pertenencia a un sector estratégico para el país, la movilidad internacional de la inversión y la condición de “exenta o no contribuyente” de la empresa al momento de aplicar el régimen. También se considerarían elegibles otras dos categorías de empresas: aquellas que sean proveedoras significativas de las anteriores, con lo cual se estimularían los encadenamientos productivos, y aquellas que se instalen en zonas de menor desarrollo relativo.

b) Se mantienen los mismos beneficios actuales del RZF, con excepción del correspondiente a la exoneración del impuesto sobre la renta como se indica en el siguiente párrafo.

c) Se modifican los beneficios relacionados con el impuesto sobre la renta. En el caso de las empresas que cumplen con ciertos umbrales de inversión o empleo, se les mantiene la exoneración del impuesto sobre la renta en los términos dispuestos por los incisos g) y l) del artículo 20 de la actual Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas.

d) Con el propósito de incentivar la reinversión de utilidades en el país así como la capacitación y entrenamiento de personal costarricense y de Pymes proveedoras, además, se otorga la posibilidad de aplicar un crédito fiscal por la reinversión de utilidades, gastos en capacitación y otros.

Por las razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley de Reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA A LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS,

N.° 7210, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1990

ARTÍCULO 1.- Adiciones a la Ley de Régimen de Zonas Francas

Adiciónase un nuevo inciso f) al artículo 17, un párrafo final al inciso ch) del artículo 18, un artículo 21 bis y artículo 21 ter a la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, los cuales se leerán así:

“Artículo 17.- Las empresas que se acojan al Régimen de Zonas Francas se clasificarán de la siguiente manera:

[…]

f) Industrias procesadoras que producen, procesan o ensamblan bienes, independientemente de que exporten o no, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 21 bis de esta Ley.

[…]

Artículo 18.-

ch) […]

Lo dispuesto en este inciso será aplicable también a las empresas de servicios previstas en el inciso c) del artículo 17 de esta Ley, conforme lo disponga el reglamento.”

“Artículo 21 bis.-

Las empresas beneficiarias a que se refiere el inciso f) del artículo 17 de esta Ley deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que el proyecto se deberá ejecutar al amparo del Régimen dentro de un sector estratégico para el desarrollo del país, o que se establezca en una zona de menor desarrollo relativo.

El Poder Ejecutivo deberá conformar una Comisión Especial, integrada por el Ministro de Comercio Exterior, quien la coordinará, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, o sus representantes, para que definan los lineamientos requeridos para considerar que un sector es estratégico para el desarrollo del país. Dentro de dichos lineamientos se deberán tomar en consideración aquellos proyectos calificados de alta contribución al desarrollo social y/o aquellos que por la incorporación de elevadas tecnologías contribuyan efectivamente a la modernización productiva del país.

b) Que realicen inversiones nuevas en el país, así como que la naturaleza y características de esas inversiones sean tales que puedan razonablemente efectuarse en otro país o trasladarse a otro país. Se presumirá esta circunstancia si la entidad controladora opera en el extranjero, fuera de Centroamérica y Panamá, al menos una planta procesadora similar a la planta que operará la empresa beneficiaria del Régimen en Costa Rica.

Para los efectos de esta Ley se entiende por entidad contralora la entidad jurídica que tiene la propiedad o ejerce el control accionario, directa o indirectamente, de la empresa beneficiaria establecida en Costa Rica, o que ejerce poder de dirección sobre ella, conforme lo detalle el reglamento.

c) Que a la fecha de presentar la solicitud al Régimen al amparo del inciso f) del artículo 17 de esta Ley la empresa esté exenta, total o parcialmente, o no esté sujeta al pago del impuesto sobre la renta en Costa Rica. No se cumplirá este requisito si el proyecto o las actividades que desarrollará una persona jurídica solicitante al amparo del Régimen son producto de la adquisición o absorción, por cualquier título, de una persona jurídica que sí estaba sujeta al pago del impuesto sobre la renta en Costa Rica o de sus principales activos. Si tal adquisición o absorción se produce luego de que el solicitante ingresa al Régimen, se le reducirá el porcentaje de exoneración de los tributos sobre importación de maquinaria, equipo y materias primas y los tributos sobre las utilidades en la misma proporción que representen los activos adquiridos en relación con los activos totales de la empresa.

Si una empresa solicita acogerse al Régimen de Zonas Francas al amparo del inciso f) del artículo 17, con el propósito de proveer una proporción significativa de bienes a empresas establecidas, conforme a lo indicado en el presente artículo, únicamente será necesario que se trate de una inversión nueva en el país. Asimismo, si una empresa solicita acogerse al Régimen de Zonas Francas al amparo del inciso f) del artículo 17, con el propósito de instalarse en una zona de menor desarrollo relativo, no será necesario que pertenezca a un sector estratégico para el desarrollo del país.

Lo dispuesto en este artículo se desarrollará y especificará reglamentariamente.

Artículo 21 ter.-

Las empresas indicadas en el artículo 21 bis estarán sujetas a las siguientes reglas:

a) Las exenciones y beneficios que les sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta Ley no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación. En consecuencia, a estas empresas no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de esta Ley ni ninguna otra referencia en esta Ley a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional les serán aplicables los tributos y procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior, de manera compatible con las obligaciones internacionales del país.

b) Se les aplicarán las exenciones y beneficios previstos en esta Ley, con las salvedades expresamente dispuestas en este artículo.

c) Cuando las empresas requieran operar fuera de un parque industrial, se aplicará el monto mínimo de inversión inicial pero no los demás requisitos previstos en el inciso ch) del artículo 18 de esta Ley; ello sin perjuicio de su plena sujeción a los controles propios de las empresas que operan fuera de parque, conforme lo detalle el reglamento.

d) Las empresas ubicadas en Zonas de Mayor Desarrollo Relativo pagarán una tarifa del cinco por ciento (5%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros ocho años y del quince por ciento (15%) en los siguientes cuatro años. Si se trata de una empresa que se ubique en Zonas de Menor Desarrollo Relativo pagarán una tarifa del cinco por ciento (5%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros doce años y del quince por ciento (15%) durante los seis años siguientes. El cómputo del plazo inicial de este beneficio se contará a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas de la empresa beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del respectivo acuerdo de otorgamiento.

En el caso del incentivo por reinversión establecido en el inciso l) del artículo 20 de esta Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplado y en su caso se aplicará una tarifa del siete y medio por ciento (7.5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

e) Cuando la empresa mantenga en el país un monto de inversión nueva total de al menos diez millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, sujeto a un plan de inversión a cumplir en un período de ocho años, calculado con base en el valor en libros de los activos sujetos a depreciación y al menos cien empleados debidamente reportados en planilla, se le aplicarán íntegramente los beneficios indicados en los incisos g) y l) del artículo 20. El cómputo del plazo inicial de este beneficio se contará a partir de la fecha de inicio de operaciones productivas de la empresa beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del respectivo acuerdo de otorgamiento.

Los niveles de inversión y empleo deberán ser informados periódicamente por la empresa a Procomer con carácter de declaración jurada, sin perjuicio de las verificaciones o auditorías que procedan. Si el nivel de inversión o empleo descendiere por debajo de los mínimos indicados, la empresa deberá demostrar ante Procomer que el descenso es temporal y justificado y comprometerse a restablecerlo en el plazo que se establezca en el reglamento. Si no lo hiciere y así se determinare en un procedimiento administrativo ordinario abierto al efecto por el Ministerio de Comercio Exterior, la empresa deberá pagar el impuesto que corresponda según lo establecido en el inciso d) anterior, en el período fiscal en que se haya dado el incumplimiento; para estos efectos el citado Ministerio notificará a la Administración Tributaria y Aduanera, tanto el inicio del procedimiento, como la eventual suspensión de los beneficios o la revocatoria del régimen que determine el Ministerio de Comercio Exterior de acuerdo al grado de incumplimiento. En materia de tributos, se aplicarán las normas de prescripción y el régimen sancionatorio establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

f) Tendrán derecho a un crédito fiscal por la reinversión de utilidades en activos fijos nuevos, los gastos incurridos dentro o fuera del país en relación con el entrenamiento y capacitación del personal costarricense o residente en Costa Rica que labore para la empresa en el país, así como gastos incurridos dentro del país en relación con el entrenamiento y capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente y que sean proveedoras de las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas. Dicho crédito se deducirá del monto del impuesto sobre la renta por pagar, hasta por un diez por ciento (10%) de la renta imponible en cada período fiscal. Cuando el monto de los gastos a que se refiere este inciso sea superior al indicado límite del diez por ciento (10%) en un período fiscal, la diferencia podrá ser utilizada como crédito en cualquiera de los cinco períodos fiscales consecutivos siguientes, a opción del contribuyente, pero el crédito aplicable en cada período fiscal no podrá superar el indicado límite del diez por ciento (10%). El reglamento especificará los requisitos de la reinversión de utilidades, las características de los gastos que calificarán, así como el procedimiento para el correspondiente cálculo, acumulación, y otros aspectos necesarios para la aplicación de este inciso.

g) Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso e) de este artículo o se ubiquen en Zonas de Menor Desarrollo Relativo, podrán diferir el pago del impuesto sobre la renta aplicable hasta la recepción por parte de la entidad controladora de los dividendos o beneficios originados en las operaciones de la empresa acogida al Régimen o hasta un plazo máximo de diez años, lo que ocurra primero, contados a partir del día siguiente al cierre del período fiscal respectivo. El acaecimiento de cualquiera de estas circunstancias configurará una condición resolutoria y la empresa deberá cancelar el monto del impuesto originalmente diferido dentro del plazo de dos meses y quince días naturales, actualizando el monto principal con la variación del tipo de cambio del colón con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, según se defina reglamentariamente, para cada período fiscal o fracción transcurrido hasta el mes anterior a aquel en que se inicie el citado plazo de dos meses y quince días naturales para pagar sin intereses ni recargos, todo, conforme se disponga en el reglamento a esta Ley. Esta obligación será exigible al acaecimiento de estas circunstancias. Si la empresa opta por cancelar el impuesto antes de que ocurra cualquiera de las dos situaciones antes referidas, el plazo para pagar y la actualización indicados serán igualmente aplicables y el cómputo del plazo para pagar se iniciará a partir del día siguiente a la presentación de la gestión de pago respectiva ante la Administración Tributaria. En cualquiera de los casos señalados anteriormente, si el impuesto correspondiente es cancelado fuera del plazo de dos meses y quince días naturales concedido, se aplicarán los intereses y sanciones previstos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios sobre la deuda original debidamente actualizada. Para poder diferir el pago del impuesto conforme a lo indicado en este inciso, la empresa deberá presentar periódicamente, con carácter de declaración jurada, la información que establezca el reglamento ante Procomer o la Administración Tributaria, según corresponda. El incumplimiento de esta obligación o el suministro de información relevante, falsa o inexacta, constituirá una condición que da lugar a la pérdida del beneficio fiscal en cuanto al período fiscal respectivo y la consiguiente obligación de pago del impuesto sobre la renta devengado, con las sanciones y recargos establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, desde el momento en que surgió la deuda hasta su efectivo pago.

Para efectos de lo previsto en este inciso, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dicho término deberá contarse desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que deba presentarse la declaración del impuesto sobre la renta. En el caso de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago del tributo y sus intereses, esta prescribirá en el plazo a que se refiere dicho artículo 51, no obstante, dicho término se tendrá por interrumpido durante el período que dure la posposición del pago del impuesto a que se refiere este inciso o hasta el acaecimiento supuestos establecidos en el párrafo anterior.

Para efectos de garantizar el pago del impuesto diferido en virtud del presente inciso, así como los correspondientes intereses, recargos y sanciones, los bienes muebles e inmuebles de la empresa beneficiaria ingresados al amparo del Régimen de Zonas Francas responderán directamente ante el Fisco, con carácter de prenda legal por la obligación tributaria antes indicada.”

ARTÍCULO 2.- Modificaciones a la Ley de Régimen de Zonas Francas

Modifícanse el inciso a) y el párrafo primero del inciso b) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, los cuales se leerán así:

“Artículo 20.-

[…]

a) Internar a la zona franca, la materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase, y demás mercancías requeridas para su operación, sin sujeción al pago de todo tributo y derecho consular sobre la importación.

b) Internar a la zona franca la maquinaria y equipo, lo mismo que sus accesorios y repuestos, sin sujeción al pago de todo tributo y derecho consular sobre la importación. Adicionalmente, gozarán de exención de todo tributo y derecho consular que afecte la importación de vehículos automotores necesarios para su operación, producción, administración y transporte.

[…]”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- Los incentivos en los incisos b), d), f), g), h) y l) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, se continuarán disfrutando por las empresas indicadas en el inciso a) del artículo 17 de dicha Ley, hasta la fecha en que venza para Costa Rica el plazo previsto en el párrafo 4 del artículo 27 del acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias que forma parte del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, aprobada mediante la Ley N.° 7475, de 20 de diciembre de 1994, incluyendo las prórrogas aprobadas por el Comité de Subsidios y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio y en tanto Costa Rica sea elegible y obtenga dichas prórrogas, momento en el cual cesarán y se dejarán sin efecto los beneficios. A más tardar a partir de la misma fecha en que venza el plazo antes indicado, los demás incentivos aplicables a las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas deberán haberse adecuado en lo pertinente, respecto a las empresas indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, a las disposiciones del mencionado Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, conforme a las disposiciones reglamentarias que para el efecto dictará el Poder Ejecutivo.

TRANSITORIO II.- Lo dispuesto en el transitorio I modifica en lo pertinente el alcance y los plazos de las exoneraciones y los incentivos previstos en el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 en cuanto a las empresas indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la citada Ley y debe entenderse incorporado a los respectivos acuerdos de otorgamiento del Régimen de Zonas Francas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe si en algún caso existieren.

TRANSITORIO III.- Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas conforme a los incisos b), c), ch), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, disfrutarán de los incentivos establecidos según dicha Ley, sin verse afectadas por lo dispuesto en los dos transitorios anteriores. Sin embargo, los términos y condiciones de esos incentivos estarán sujetos a las obligaciones del país en el seno de la Organización Mundial del Comercio, si las hubiere, para lo cual el Poder Ejecutivo emitirá, en su caso, las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias.

TRANSITORIO IV.- Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 21 bis de esta Ley, conforme se establezca reglamentariamente. En tales casos, a partir del traslado empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de esta Ley.

TRANSITORIO V.- Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, N.º 7210, de 23 de noviembre de 1990 que no se trasladen a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, mantendrán las exenciones de que disfrutan hasta el vencimiento del plazo, según el respectivo acuerdo de otorgamiento del Régimen o hasta la fecha en que venzan para Costa Rica las prórrogas mencionadas en el transitorio I, lo que ocurra primero.

Rige a partir de su publicación.

Óscar Arias Sánchez

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

José Luis Araya Alpízar

MINISTRO DE HACIENDA A. I.

Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

22 de abril de 2009.—1 vez.—C-306770.—(35880).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 35173-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas.

Considerando:

1º—Que la Ley Nº 8131, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, en su artículo 1º establece que dicho cuerpo normativo regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos.

2º—Que el artículo 2 de dicha Ley señala que el régimen económico-financiero, entre otras cosas, comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que faciliten la utilización óptima de los recursos públicos.

3º—Que el artículo 27 de la citada Ley Nº 8131 dispone que el Ministerio de Hacienda es el órgano rector del Sistema de Administración Financiera y de conformidad con ello, los incisos c) y e) del artículo 28 de dicha Ley preceptúan que entre las competencias del órgano rector se encuentran las de promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y velar por él, y adicionalmente, dictar, con el Presidente de la República, los decretos relativos a la administración de los recursos financieros del Estado.

4º—Que debido a lo anterior, la Contraloría General de la República, mediante los oficios FOE-DDJ-1319 (Nº 8170) y FOE-DDJ-1977 (Nº 13549), ha señalado la necesidad de valorar la conveniencia de girar lineamientos en materia relacionada con los conceptos de publicidad y propaganda a las entidades correspondientes. Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente;

Lineamiento relativo al uso eficaz y eficiente de los recursos

públicos destinados a publicidad y propaganda

Artículo 1º—Los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos a que hace alusión el artículo 1º de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001, en materia de los gastos relacionados con publicidad y propaganda, deberán atender al principio presupuestario de gestión financiera contenido en el inciso b) del artículo 5° de la citada Ley, según el cual la administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.

Artículo 2º—Es responsabilidad de la administración activa de cada uno de los órganos y entes el cumplimiento de lo dispuesto en el referido inciso b) del artículo 5º de la Ley Nº 8131.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(O. C. Nº 93896).—(Solicitud Nº 5524).—C-36020.—(D35173-35327).

Nº 35195-MG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, incisos 3), 20), y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), artículo 27, inciso 1), artículo 28, inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley Nº 7974 del cuatro de enero del dos mil, acuerdo Nº 23 tomado en la sesión ordinaria Nº 147, celebrada el 18 de enero del 2009, de la Municipalidad de Nandayure. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Nandayure de la provincia de Guanacaste, el día 15 de mayo del 2009, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de los festejos cívicos de dicho cantón.

Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución el que determine con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3º—En relación a los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, el que determine con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa institución el que determine con base en el artículo 6º, inciso c) de la Ley Nº 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el día señalado, se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese cantón.

Artículo 5º—Rige el día 15 de mayo del 2009.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las nueve horas del veintitrés de febrero del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Janina Del Vecchio Ugalde.—1 vez.—(O. C. Nº 93097).—(Solicitud Nº 22537).—C-24020.—(D35195-34973).

Nº 35196-MG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, incisos 3), 20), y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), artículo 27, inciso 1), artículo 28, inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley Nº 7974 del cuatro de enero del dos mil, acuerdo Nº 04, tomado en la sesión ordinaria Nº 07-09, celebrada el 17 de febrero del 2009, de la Municipalidad de Abangares. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Abangares de la provincia de Guanacaste, el día 23 de abril del 2009, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de los festejos cívicos de dicho cantón.

Artículo 5º—Rige el día 23 de abril del 2009.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las diez horas del veintitrés de marzo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Janina Del Vecchio Ugalde.—1 vez.—(O. C. Nº 93097).—(Solicitud Nº 22538).—C-24040.—(D35196-34974).

Nº 35197-MG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, incisos 3), 20), y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), artículo 27, inciso 1), artículo 28, inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley Nº 7974 del cuatro de enero del dos mil, acuerdo Nº 04, tomado en la sesión ordinaria Nº 06, celebrada el 23 de marzo del 2009, de la Municipalidad de Osa. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Osa de la provincia de Puntarenas, el día 3 de abril del 2009, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de los festejos cívicos de dicho cantón.

Artículo 5º—Rige el día 3 de abril del 2009.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las once horas del veinticinco de marzo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Janina Del Vecchio Ugalde.—1 vez.—(O. C. Nº 93097).—(Solicitud Nº 22539).—C-24020.—(D35197-34975).

Nº 35202-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1); 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley Nº 2035 del 17 de julio de 1956, reformada y reproducida íntegramente por la Ley Nº 6050, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción del 14 de marzo de 1977 y sus reformas; la Ley Nº 8700, Modificación a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción Nº 2035 y sus reformas del 17 de diciembre de 2008, el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H del 29 de junio de 2005 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo Nº 34404-H del 5 de marzo de 2008 y sus reformas.

Considerando:

1º—Que la Ley Nº 2035, publicada en La Gaceta Nº 163 del 21 de agosto de 1956, reformada y reproducida íntegramente por Ley Nº 6050, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, publicada en La Gaceta Nº 71 del 15 de abril de 1977 y sus reformas, creó el Consejo Nacional de Producción (CNP) para fomentar la producción agrícola, pecuaria y marina.

2º—Que mediante el oficio PE-018-2009 del 26 de enero de 2009, suscrito por el Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, se solicita ampliar el gasto presupuestario máximo fijado para esa institución, a fin de incorporar a su presupuesto vigente un monto de ¢5.176.000.000,00 (cinco mil ciento setenta y seis millones de colones exactos), provenientes del superávit específico del Plan Nacional de Alimentos y de transferencias corrientes del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

3º—Que del monto que corresponde al Plan Nacional de Alimentos, se excluye la suma de ¢4.637.900,00 (cuatro millones seiscientos treinta y siete mil novecientos colones exactos), que corresponde a gastos excluidos como son: Contribución patronal CCSS, contribución patronal IMAS, contribución patronal INA, contribución patronal FODESAF, contribución patronal BPDC, aporte patronal al régimen de pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de capitalización laboral, contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos, por lo que no deben ser considerados en el monto a ampliar.

4º—Que del monto solicitado no se incorpora la suma de ¢428.300.000,00 (cuatrocientos veintiocho millones trescientos mil colones exactos), solicitados para pago de percentiles 40 y 45, dado que la fuente de ingresos no se ajusta a lo establecido en el transitorio I de la Ley Nº 8700, publicada en el Alcance Nº 55 a La Gaceta Nº 248 del 23 de diciembre de 2008.

5º—Que los recursos serán destinados a:

a) El monto de ¢3.647.362.100,00 (tres mil seiscientos cuarenta y siete millones trescientos sesenta y dos mil cien colones exactos), el cual se destinará a darle continuidad a las contrataciones y acciones propuestas, en relación con el Plan Nacional de Alimentos.

b) El monto de ¢668.300.000,00 (seiscientos sesenta y ocho millones trescientos mil colones exactos), para financiar el aumento salarial retroactivo al año 2008 correspondiente a la aplicación de los percentiles 30 y 35, según lo dispuesto en el Transitorio I de la Ley Nº 8700, Modificación a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción Nº 2035, publicada en el Alcance Nº 55 a La Gaceta Nº 248 de 23 de diciembre de 2008.

c) El monto de ¢107.400.000,00 (ciento siete millones cuatrocientos mil colones exactos), para reforzar algunas subpartidas del Programa de Abastecimiento Institucional en aplicación de la modificación al artículo 9º de la Ley Orgánica del CNP, efectuada por medio de la Ley Nº 8700 mencionada.

d) El monto de ¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones exactos), para compra de equipo de transporte, de conformidad al Adendum al Convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el CNP y el IDA para la difusión integral del Plan Nacional de Alimentos.

e) El monto de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones exactos), para gastos operativos, sustentados mediante Convenio de Cooperación Institucional suscrito entre el CNP y el IDA.

6º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 34404-H, publicado en La Gaceta Nº 56 del 19 de marzo de 2008 y sus reformas, se emitieron las Directrices Generales de Política Presupuestaria para el 2009, estableciéndose en el artículo 1° del citado decreto, el gasto presupuestario máximo del año 2009, para las instituciones cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

7º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 35012-H, publicado en La Gaceta Nº 27 del 9 de febrero de 2009, se incrementó al Consejo Nacional de Producción el gasto presupuestario máximo fijado para el año 2009 quedando en la suma de ¢13.750.400.000,00 (trece mil setecientos cincuenta millones cuatrocientos mil colones exactos), el cual no contempla los gastos adicionales que el ente requiere financiar.

8º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 del 6 de julio de 2005 y sus reformas, se emite el Lineamiento para la aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento.

9º—Que en relación con el superávit específico, el numeral 9° del referido Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, posibilita la utilización de éste, para el pago de gastos definidos en los fines establecidos en las disposiciones especiales o legales aplicables a tales recursos.

10.—Que el señor Ministro rector del Sector Productivo, mediante oficio DM-067-09 del 29 de enero de 2009, avaló la solicitud planteada por el Consejo Nacional de Producción.

11.—Que por lo anterior, resulta necesario modificar el gasto presupuestario máximo fijado al Consejo Nacional de Producción para el año 2009, incrementándolo en la suma de ¢4.743.062.100,00 (cuatro mil setecientos cuarenta y tres millones sesenta y dos mil cien colones exactos). Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Modifícase para el Consejo Nacional de Producción el gasto presupuestario máximo fijado para el año 2009, establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 34404-H, publicado en La Gaceta Nº 56 del 19 de marzo de 2008 y sus reformas, quedando el límite de gasto presupuestario máximo en la suma de ¢18.493.462.100,00 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil cien colones exactos).

Artículo 2º—Es responsabilidad de la administración activa del Instituto de Desarrollo Agrario, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre de 2001 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 del 6 de julio de 2005 y sus reformas.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda a. í., José Luis Araya Alpízar.—1 vez.—(O. C. Nº 50841).—C-94520.—(D35202-35433).

Nº 35213-MG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política y el artículo 27 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública.

Considerando:

1º—Que es necesario actualizar la División Territorial Administrativa de la República, con fundamento en los movimientos geográficos-políticos efectuados y legalizados hasta la fecha, a objeto de satisfacer las necesidades sobre la materia de los sectores públicos y privados de la nación.

2º—Que por Ley Nº 4366 de 19 de agosto de 1969, se creó la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, cuya función es la de asesorar a los poderes públicos en estos asuntos.

3º—Que por Ley Nº 7653 del 10 de diciembre de 1996, fue reformado el artículo 10 del Código Electoral, en cuanto a la obligatoriedad del Poder Ejecutivo para preparar y publicar la División Territorial de la República, a más tardar doce meses antes de las elecciones nacionales.

4º—Que mediante Sesión Ordinaria quinta, celebrada el día 02 de abril del 2009, por la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa (CNDTA), en el Despacho de la Viceministra de Gobernación y Policía, en el punto Nº 4, Acuerdo Nº 2, se expresó: “La Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, conforme al artículo segundo de la Ley 6068, acuerda de forma unánime, la aprobación de la División Territorial Administrativa de la República 2009. Asimismo realizar la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo firme”. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Se declara oficial para efectos administrativos, la aprobación de la División Territorial Administrativa de la República, con fundamento en las leyes, decretos, acuerdos tomados por la Comisión Nacional de la División Administrativa y situaciones de hecho.

Artículo 2º—Rige a partir del dos de febrero del dos mil nueve.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los trece días del mes de abril del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Janina Del Vecchio Ugalde.—1 vez.—(O. C. Nº 93097).—(Solicitud Nº 22569).—C-23270.—(D35213-35894).

ACUERDOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Nº 054

LA MIINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20 y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1, 28 inciso 1 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública o Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978. Así como lo dispuesto en la Ley Nº 8691 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2009 y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que es de interés para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el XXXVI Seminario Internacional de Presupuesto Público, en el cual se abordarán temas muy relevantes en la Administración Pública aplicables a las funciones que ejerce el funcionario.

2º—Que la participación del funcionario Orlando Cervantes Benavides, será de provecho para la División Administrativa así como para el resto de la Institución, en el tanto se abordarán temas referentes a los Efectos de la Economía Financiera Global, los Desafíos ante la Crisis Mundial, la Planificación Estratégica y Presupuestación Anual, Sistemas y Procesos Presupuestarios, Presupuesto Público y Desarrollo Regional, entre otros; los cuales redundará en los requerimientos de capacitación y actualización profesional. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al MSc. Orlando Cervantes Benavides, cédula 1-344-304 Director General Administrativo de este Ministerio, para que participe en el XXXVI Seminario Internacional de Presupuesto Público, mismo que se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo del 2009, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Artículo 2º—Los gastos de alimentación y hospedaje del funcionario Cervantes Benavides durante los días del 10 al 16 de mayo del 2009 serán cubiertos con recursos del MOPT en el programa 326-05-01 y en la subpartida 10504, por un monto de $903.76 dólares americanos.

Por la subpartida 10503, se reconocerá para el funcionario el boleto aéreo e impuestos y otros cargos por la suma de $750.00 dólares americanos, los impuestos de salida de Costa Rica por la suma de $26 y la tarjeta de turismo República Dominicana por la suma de $12.00 dólares americanos, así como el traslado del funcionario en República Dominicana y Casta Rica (aeropuerto-hotel y viceversa); por un monto máximo de $60 dólares americanos; para un total de $848,00 en esta subpartida los gastos de inscripción al seminario serán de $300.00 dólares americanos, los cuales serán cubiertos por medio de la subpartida presupuestaria 1.07.01 del programa presupuestario 326-05-03.

Artículo 3º—Que durante los días hábiles laborales del 11 al 15 de mayo del 2009, en que se autoriza la participación del funcionario, Orlando Cervantes Benavides en la actividad denominada XXXVI Seminario Internacional de Presupuesto Público, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, devengará el 100% de su salario.

Articulo 4º—Rige a partir del 10 de mayo y hasta su regreso el día 16 de mayo del 2009.

Dado en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil nueve.

Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—(O. C. Nº 93071).—(Solicitud Nº 12040).—C-31520.—(35013).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

000308.—San José, a las 13:30 horas del día 22 del mes de abril del dos mil nueve.

Conoce este Despacho del Oficio Nº DPI-2009-303 del 4 de marzo del 2009, suscrito por la señora Heidy Román Ovares, Proveedora Institucional a. í., relacionado con la Resolución Nº 000484 de las 15:05 horas del 7 de agosto del 2007 emitida por este Despacho, mediante la cual se delegó la decisión final a adoptar en los procedimientos de Contratación Administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra.

Resultando:

I.—Que mediante Resolución Nº 000484, emitida por este Despacho a las 15:05 horas del 7 de agosto del dos mil siete, se delegó en la señoras Sylvia Jiménez Cascante y Heidy Román Ovares, por entonces Proveedora y Subproveedora Institucional respectivamente, la decisión final a adoptar en los procedimientos de Contratación Administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra.

II.—Que tal delegación se efectuó con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 12 incisos g) y n) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno (Decreto Ejecutivo Nº 30640-H); así como en el numeral 221 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre del 2006).

III.—Que ante el advenimiento de la renuncia de la señora Sylvia Jiménez Cascante de su cargo de Proveedora Institucional; asumiendo tal cargo la señora Heidy Román Ovares; ésta última funcionaría, mediante Oficio Nº DPI-2009-303 del 4 de marzo del 2007, solicita a este Despacho se defina “de forma concreta la procedencia de la aplicación del acto de delegación que avale” sus actuaciones, para efectos de la firma de Actos de Adjudicación y Órdenes de Compra.

IV.—Que a los efectos de la petición que se cita en el resultando anterior, la señora Román Ovares, adjunta copia de la Opinión Legal Nº ALPI-01-002-09-H, emitida por Asesoría Legal de la Proveeduría Institucional, en fecha 16 de enero del 2008, mediante el cual señala que “por tratarse la delegación de un “traspaso temporal de atribuciones de una persona física a otra” y por tratarse de una atribución de carácter personal, la ausencia hoy de la Señora Proveedora, implica que el acto de delegación que le fuera atribuido, se debe tener por extinto. Y como colorario de lo anterior, extintas las atribuciones que producto del acto administrativo bajo estudio, ostentara la señora subproveedora.”

Considerando:

Único.—Con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 5 y 12 incisos g) y n) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno (Decreto Ejecutivo Nº 30640-H); así como en el numeral 221 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre del 2006), este despacho mediante Resolución Nº 484 de las 15:05 horas del 7 de agosto del 2007, emitió el acto de delegación de la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra, en la señora Sylvia Jiménez Cascante, por entonces Proveedora Institucional y en la señora Heidy Román Ovares, por entones Subproveedora.

Al asumir la señora Román Ovares el cargo de Proveedora Institucional a. í., es claro que tal delegación mantiene su validez, pues los actos que han sido delegados mediante la citada resolución Nº 000484 son propios de tal cargo; de manera tal que si en su condición de Subproveedora, en aquel momento se le delegaron tales funciones, resulta lógico, razonable y a todas luces claro, que al asumir el cargo de Proveedora Institucional, dicha delegación se mantiene.

Para mayor claridad de la posición de este despacho, analizaremos a continuación los argumentos esgrimidos en la Opinión Legal Nº ALPI-01.001.09-H de la Asesoría Legal de dicha Proveeduría Institucional:

Se señala en dicho documento que al asumir la señora Román Ovares el cargo de Proveedora ad interim, trae a colación el hecho de que se puedan producir situaciones en las cuales recae sobre un mismo funcionario la atribución de dirimir asuntos que obedezcan a distintas competencias, creándose un eventual conflicto de intereses.

Se indica que surge la incógnita de cuáles son los alcances y las responsabilidades de la señora Proveedora, “cuando en el momento de presidir una Comisión de recomendación de Adjudicación de conformidad con el artículo 20 del Reglamento para el Funcionamiento de Proveedurías Institucionales, fundamente su criterio en oposición al resto de la Comisión, lo que deberá hacerse constar en el Acta de Comisión de recomendaciones y en una duplicidad del ejercicio de sus funciones, le corresponda actuar de conformidad con el inciso g), del mismo cuerpo legal, es decir que, su criterio se oponga al resto de los miembros de la Comisión y posteriormente deba dictar el acto de adjudicación o infructuoso.”

Al respecto este despacho considera necesario señalar que el artículo 20 del citado Reglamento en forma expresa señala que la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones estará integrada, entre otros miembros, por el Proveedor Institucional; ésta constituye una disposición de rango normativo, establecida en el Reglamento especial que regula el actuar de las Proveedurías; de manera que en concordancia con el principio de legalidad, no existe conflicto alguno, ni menos aún duplicidad de funciones, en el hecho de que la señora Proveedora participe en la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones y luego emita el acto de adjudicación; si no que por el contrario, ello se ajusta a las disposiciones al efecto reguladas en los artículos 12 inciso g), en concordancia con el artículo 20 del citado cuerpo reglamentario, normas que establecen:

“Artículo 12.—Jefatura. El Proveedor Institucional será el superior jerárquico de cada Proveeduría Institucional y le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones primordiales:

a)...

g) Dictar la resolución final de adjudicación, declaratoria de deserción o de infructuosa, en los procedimientos de contratación administrativa de su institución y suscripción de las formalizaciones contractuales derivadas de dichos procedimientos, en aquellos casos en que correspondiere dicho acto, ello en tanto estas funciones le sean delegadas formalmente por el Ministro del ramo, siguiendo para ello las disposiciones pertinentes de la Ley General de la Administración Pública.”

Artículo 20.—Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. Creación e Integración. En todas las Proveedurías Institucionales existirá, con carácter de apoyo, una Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, integrada por el Proveedor Institucional, el titular del programa solicitante o el representante que él designe y un Asesor Legal de la Proveeduría Institucional o designado por el jerarca al efecto. La ausencia temporal del Proveedor Institucional será suplida por el Subproveedor o Encargado de Compra. El analista de la contratación podrá participar en la Comisión con voz pero sin voto.

Cuando por la naturaleza de la contratación se requiera asesoría técnica, a instancia del Proveedor Institucional, podrán participar otros funcionarios del Ministerio u otras instancias, en cuyo caso actuarán con voz pero sin voto. Los criterios que emitan estos asesores, no son vinculantes para la Comisión, pero para apartarse de estos, deberán fundamentarse ampliamente las razones para ello, asumiendo en tal caso la total y plena responsabilidad de dicho acto. (Lo destacado no es del original).

Conforme el artículo 20 antes transcrito, lo que corresponde al Subproveedor es suplir la ausencia temporal del Proveedor Institucional, en la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. La referencia que dicha disposición hace en relación con el Subproveedor, no tiene como finalidad evitar un conflicto de intereses o las situaciones que se señalan en la opinión jurídica referida; por el contrario, como se indicó, el artículo 20 en forma expresa señala que la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones estará integrada por el Proveedor Institucional; de manera que el hecho que en este funcionario esté delegada la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, está totalmente ajustada al principio de legalidad antes mencionado y específicamente, a las disposiciones contenidas en el citado artículo 20, en relación con el artículo 12 inciso g) del citado cuerpo reglamentario.

Inclusive, el artículo 23 del referido reglamento, establece que las recomendaciones de la citada Comisión no serán vinculantes y que para apartarse de ellas el órgano competente para adjudicar deberá fundamentar ampliamente las razones por las que no acepta la respectiva recomendación, asumiendo en tal caso total y plena responsabilidad de dicho acto. De manera entonces, que la Proveedora Institucional en caso de tener un criterio en oposición al resto de la Comisión, está facultada por el mismo ordenamiento jurídico, para apartarse de las recomendaciones de la Comisión, ello en el tanto fundamente ampliamente las razones para hacerlo, asumiendo plena responsabilidad de dicho acto.

Se afirma por otra parte en la citada Opinión Legal Nº ALPI-OL-001-09-H que “por tratarse la delegación de un “traspaso temporal de atribuciones de una persona física a otra” y por tratarse de una atribución de carácter personal, la ausencia hoy de la Señora Proveedora, implica que el acto de delegación que le fuera atribuido, se debe tener por extinto. Y como colorario de lo anterior, extintas las atribuciones que producto del acto administrativo bajo estudio, ostentara la señora SubProveedora.

Al respecto consideramos pertinente manifestar que si bien es cierto la delegación es de carácter personal y temporal y por tanto, tiene la consecuencia de que cuando cambian las personas que están al frente de los órganos deja de ser válida; tal consecuencia se da para el caso de la señora Sylvia Jiménez Cascante, al dejar el cargo de Proveedora Institucional. Lo anterior no es así para el caso de la señora Heidy Román Ovares, pues es claro que los actos que le fueron delegados por la suscrita mediante la resolución Nº 484 del 7 de agosto del 2007 le atañen, ya sea en su función Subproveedora y más aún en el cargo de Proveedora Institucional, cargo que en este momento ostenta; por lo que tal delegación se mantiene en todos sus efectos.

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el numeral 16 de la Ley de la Administración Pública, en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a los principios elementales de la lógica; teniéndose que cualquier interpretación que se realice en el sentido que al dejar el cargo de Subproveedora Institucional deja de ser válida la delegación, no resulta concordante con tales principios. Por el contrario, en ajuste a los principios de la lógica, si la voluntad de la suscrita, en mi condición de Jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fue la delegación de los actos citados anteriormente, en las funcionarias señaladas, es evidente que al asumir la señora Heidy Román Ovares el cargo de Proveedora Institucional, tal delegación se mantiene, pues dichas funciones son total y absolutamente afines con ese cargo; incluso la normativa es expresa en definir los actos en referencia como funciones propias del Proveedor Institucional; por lo que al existir la voluntad expresa de la suscrita de delegar éstos en la señora Román Ovares, resulta claro y evidente que al asumir el cargo de Proveedora Institucional, tal delegación se mantiene.

Como puede apreciarse en la parte dispositiva de la Resolución Nº 000484 supracitada, este despacho determinó ab initio, que tanto quien ejerciera la función de proveedora como la que lo hiciere en su condición de Subproveedora, tuvieren la potestad de emitir los actos que nos ocupan, de manera tal que al ausentarse o dejar el puesto la primera de aquellas por cualquier motivo o razón, pudiere sustituirla la segunda, sin que tal evento fuera un obstáculo para el funcionamiento debido de la Institución.

En todo caso y con el fin de despejar cualquier duda o inquietud que existiere en cuanto a esta materia, por este acto este despacho ratifica todas las actuaciones realizadas por la señora Heidy Román Ovares, a partir del momento en que asumió el cargo de Proveedora Institucional a. í., en lo que respecta a los actos vinculados con la decisión final en los procedimientos de contratación administrativa y firma del pedido u orden de compra y asimismo por este acto se consigna la voluntad de la suscrita, en mi condición de Jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de que tal delegación se mantenga. Por tanto,

LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVE:

1) Téngase por confirmado a la señora Heidy Román Ovares, que al asumir el cargo de Proveedora Institucional, el acto emitido por este Despacho mediante la Resolución Nº 000484 de las 15:05 horas del 7 de agosto del 2007, en el cual se le delegó la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra, tiene plena validez, manifestando por este acto la voluntad de la suscrita, en mi condición de Titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de que tal delegación se mantenga.

2) Como consecuencia de lo anterior, se tienen como plenamente válidos y eficaces los actos que haya emitido la funcionaria Román Ovares, desde que asumiera el cargo de Proveedora Institucional.

3) Se determinan improcedentes los argumentos establecidos en la “Opinión Legal” Nº ALPI-OL-001-09-H de la Asesoría Legal de la Proveeduría Institucional de fecha 16 de enero del 2008.

Notifíquese y Publíquese.—Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—(O. C. Nº 93071).—(Solicitud Nº 12038).—C-131270.—(35018).

000309.—San José, a las 13:35 horas del día 22 de abril del dos mil nueve.

Se conoce Oficio Nº DGABCA-NP-006-2009 del 6 de enero del 2009, por la Lic. Ericka Solís Acosta, en su condición de Directora General a. í. de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio de Hacienda, sobre la competencia para la resolución y rescisión contractual

Resultando:

1º—Que el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno (Decreto Ejecutivo Nº 30640-H) establece como una función específica de las Proveedurías Institucionales, tramitar los procedimientos de rescisión y resolución de los contratos. Así el artículo 10 incisos k) y n) establecen:

Artículo 10.—Funciones específicas de las Proveedurías Institucionales. Las Proveedurías Institucionales tendrán las siguientes funciones específicas:

a)…

k) Tramitar todo el procedimiento de rescisión y resolución de contratos y en su caso imponer las respectivas sanciones. De imponerse a sanción alguna, deberá comunicar al registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

n) Llevar a cabo los procedimientos administrativos tendente a establecer la existencia del incumplimiento contractual, determinar y cuantificar los daños y perjuicios ocasionados y ordenar la ejecución de garantías, sí aún se encuentran vigentes.

2º—Que asimismo, el numeral 12 de dicho cuerpo reglamentario establece como una de las funciones primordiales del Proveedor Institucional, coordinar con las otras unidades administrativas internas del Ministerio, para que se tomen las acciones apropiadas, cuando se den incumplimientos contractuales de los contratistas, o bien resoluciones de los contratos, entre otras. Dicha norma establece en el inciso ñ) lo siguiente:

“Artículo 12.—Jefatura. El Proveedor Institucional será el superior jerárquico de cada Proveeduría Institucional y le corresponderán, entre otras, las siguientes funciones primordiales:

a)...

ñ) Coordinar lo pertinente con las otras unidades administrativas internas del Ministerio, cuando así se requiera para que se tomen las acciones apropiadas que en derecho correspondan, observándose en tal caso, las normas y trámites del debido proceso, en situaciones tales como incumplimientos por parte de los contratistas, resoluciones o modificaciones contractuales, ejecución de garantías, sanciones administrativas, reclamaciones de orden civil o penal, etc.”

3º—Que según el criterio emitido mediante oficio Nº DGABCA-NP-006-2009 del 6 de enero del 2009, por la Lic. Ericka Solís Acosta, en su condición de Directora General a. í. de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de la Contratación Administrativa, el competente para suscribir los documentos de formalización contractual son los máximos jerarcas de cada Institución. Señala además que “... quien tiene la competencia para rescindir o resolver un contrato firme es el máximo jerarca del ente respectivo o en quien éste haya delegado su competencia.”

4º—Que el artículo 3 del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno establece que las Proveedurías Institucionales como partes operativas del denominado Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, establecido por la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, estarán bajo la supervisión de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y deberán acatar las políticas, directrices, instrucciones, normas técnicas, manuales y procedimientos que establezca la indicada Dirección General en las áreas de su competencia.

5º—Que el artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública establece que todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza y que la delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, teniéndose que con base en las disposiciones contenidas en el numeral 10 inciso k) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno (Decreto Ejecutivo Nº 30640-H y sus reformas) resulta procedente que la Proveeduría Institucional realice los procedimientos de rescisión y resolución contractual.

III.—Que la Ley General de la Administración Pública establece en su artículo 89. 4 que la delegación deberá ser publicada en el diario oficial, cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado.

Considerando:

Único.—Que conforme lo dispuesto en el artículo 10 inciso k) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno (Decreto Ejecutivo Nº 30640-H y sus reformas) constituye una función específica del Proveedor Institucional tramitar todo el procedimiento de rescisión y resolución de contratos y en su caso imponer las respectivas sanciones; de donde es claro que dicha función le ha sido otorgada por el ordenamiento jurídico vigente a quien ostente dicho cargo.

En concordancia con lo anterior y asimismo con el sistema operativo existente en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, ha sido delegada por la suscrita, en mi condición de Jerarca, en la señora Heidy Román Ovares, Proveedora Institucional a. í, lo, conveniente es que si ésta emite el acto de adjudicación, ostente también la competencia en lo que atañe a la resolución y rescisión de las contrataciones administrativas de esta Cartera.

Lo anterior tomando además en consideración lo siguiente: Si bien es cierto, conforme lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de la Contratación Administrativa, el jerarca de cada Ministerio tiene plena capacidad para concertar y suscribir los documentos contractuales que se formalicen, no todas las contrataciones se formalizan en documento; en tal sentido el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa establece que tal formalización no es necesaria, cuando no sea imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones contraídos por las partes, según se determinará reglamentariamente.

Por su parte, el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece cuáles son los casos en que la relación contractual debe formalizarse en simple documento, a saber: “cuando resulta imprescindible para el correcto entendimiento de los, alcances de los derechos y las obligaciones contraídos por las partes; cuando por seguridad jurídica en razón del objeto sea necesario, tales como obra pública, contratos de ejecución continuada, entre ellos, arrendamiento y servicios; o cuando por disposición de la Contraloría General de la República en razón de sus labores de fiscalizador de la Hacienda Pública así lo requiera.”

En concordancia con lo anterior, si bien es cierto la suscrita, en mi condición de Jerarca ostenta la competencia para la suscripción de los documentos contractuales que se formalicen, como se expuso supra, no todas las contrataciones se formalizan en documento.

Ahora bien, es menester tener presente que el acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía de cumplimiento, cuando sea exigida, perfeccionará la relación contractual entre la Administración y el contratista, conforme lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Contratación Administrativa. Así las cosas, al emitir tal acto de adjudicación el Proveedor Institucional, lo procedente y conveniente es que la terminación de tal relación contractual por motivos de resolución o rescisión lo efectúe también el Proveedor Institucional.

Por lo que a fin de que exista congruencia con lo dispuesto en el criterio emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en el Oficio Nº NP-006-2009 y en el artículo 10 inciso k) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales, por este acto se delega en el proveedora institucional la competencia para rescindir o resolver las contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por tanto,

LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVE

A) Delegar en la Proveedora Institucional (o a quién ejerza dicho cargo) la competencia para rescindir o resolver las contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo anterior en concordancia el criterio emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en el Oficio Nº NP-006-2009 y en el artículo 10 inciso k) del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales.

Notifíquese y Publíquese.—Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—(O. C. Nº 93071).—(Solicitud Nº 12039).—C-81770.—(35016).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Nº 008-SC.—San José, 23 de abril de 2009.

Se hace saber que la Dirección General de Servicio Civil ha emitido la siguiente resolución:

DG-124-2009. Modificar el texto del artículo 16 de la Resolución DG-064-2008 del 28 de febrero del 2008, que constituye el Cuerpo de Normas sobre Carrera Profesional.

Publíquese.—José Joaquín Arguedas Herrera, Director General.—1 vez.—(Solicitud Nº 25-09).—(O. C. Nº 93113).—C-7520.—(35396).

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

RCJ-067-2009.—Oficina de Cobros Judiciales de la Dirección General de Hacienda.—San José, a las diez horas del doce de febrero del dos mil nueve.

Considerando:

I.—Que según lo establecido en el artículo 166 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Oficina de Cobros Judiciales es competente para cobrar los impuestos, tasas, contribuciones, derechos fiscales, rentas por arrendamiento de bienes del Poder Central no sujetos a leyes especiales, y de toda clase de créditos a favor de éste.

II.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, la Oficina de Cobros Judiciales es competente para “disponer de oficio o a petición de parte, la cancelación de los créditos indicados en el artículo 166 de este Código, cuando los términos de prescripción correspondientes estén vencidos o se tratare de cuentas o créditos incobrables”.

III.—Que de conformidad con la Directriz DR-DI-16-2004, de la División de Recaudación de la Dirección General de Tributación, las deudas de origen tributario pueden ser declaradas como incobrables cuando se presente alguna de las siguientes causales: defunción de contribuyente, vencimiento de plazo social, disolución de la sociedad, prescripción, no localizados y sin bienes, y monto exiguo.

IV.—Que la Oficina de Cobros Judiciales ha procedido a identificar la totalidad de deudas tributarias que, por haberse presentado alguna de las causales indicadas en el considerando anterior, se consideran como incobrables, ya sea porque así lo ha recomendado la Administración Tributaria que remitió el caso en su oportunidad a esa Oficina, o porque ha mediado recomendación del abogado que tenía a su cargo la gestión cobratoria, verificando que efectivamente haya operado cada una de las causales consignadas.

V.—Que se han logrado evidenciar un total de treinta y cuatro períodos, por concepto de Impuesto Timbre de Educación y Cultura, correspondientes a diversos contribuyentes deudores sobre las cuales ha operado el plazo de prescripción, lo que impide a la Administración gestionar su cobro, debiendo ser considerados como incobrables.

VI.—Que la totalidad de deudas que deben ser declaradas incobrables por concepto de prescripción, se encuentran detalladas en el anexo I de esta Resolución, el cual se considera parte integral de la misma. Por tanto:

Con base en los considerandos anteriores, se declara incobrable la totalidad de deudas tributarias que se detallan en el anexo I de esta Resolución, así como los recargos correspondientes a cada una de estas obligaciones, por haber operado sobre ellas el plazo de prescripción, encontrándose la Administración imposibilitada para continuar con el proceso cobratorio. Procédase a notificar a la Dirección General de Tributación y a Contabilidad Nacional para que se proceda a la cancelación de los registros correspondientes.

Oficina de Cobros Judiciales.—Elberth Sancho Moreira, Jefe a. í.—Carole Quesada Rodríguez, Directora General de Hacienda

ANEXO 1

RCJ-067-2009

Contribuyente Cédula Nº Periodo

Marugo S. A. 3-101-176955 1997

Marliza S. A. 3-101-024175 1997

Maple S. A. 3-101-068631 1997

Got S. A. 3-101-018501 1997

Treff de Andalucía S. A. 3-101-181988 1997

Negocio Wilro S. A. 3-101-166835 1997

Mundo Celular Alvarado S. A. 3-101-170377 1997

Megaton Importaciones Corporativas S. A. 3-101-136876 1997

Mercadeo Total S. A. 3-101-127354 1997

Medimex S. A. 3-101-079024 1997

Materiales Electrónicos Rivera y Rivera S. A. 3-101-104291 1997

Marianto S. A. 3-101-015734 1997

María Cristina S. A. 3-101-012609 1997

Manu Internacional S. A. 3-101-105450 1997

Maderera Rolema S. A. 3-101-095131 1997

Hermanos Wigoda S. A. 3-101-015110 1997

Hansigbarbki S. A. 3-101-044113 1997

Hacienda Bogotá S. A. 3-101-044089 1997

Gynobst S. A. 3-101-039395 1997

Grupo Predatos de Centroamérica S. A. 3-101-130890 1997

Goco Internacional S. A. 3-101-138609 1997

Genia S. A. 3-101-021061 1997

Funtres S. A. 3-101-162167 1997

Franca Mundial S. A. 3-101-164621 1997

Fondo Viajes y Excursiones S. A. 3-101-156913 1997

Fomento Aereo y Comercial Facsa S. A. 3-101-134372 1997

Ferretería Reyco S. A. 3-101-003493 1997

Feralno S. A. 3-101-052187 1997

Facercha S. A. 3-101-135527 1997

F R S. A. 3-101-053688 1997

Fondos Aval Sociedad de Fondos de Inversión S. A. 3-101-171276 1997

Gema de Coronado S. A. 3-101-158573 1997

Grupo Agropecuario Los Pipianes S. A. 3-101-176438 1997

Grupo Goyra de San José S. A. 3-101-174321 1997

TOTAL

AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

REGISTRO DE AGROQUÍMICOS

EDICTO

DIA-R-E-298-2009.—El señor Manuel Antonio Vivero Agüero, cédula o pasaporte 3-255-197 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A. cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Foliveex Chayote compuesto a base de magnesio-extracto orgánico. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 14 de abril del 2009.—Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102436.—(34900).

DIA-R-E-297-2009.—El señor Manuel Antonio Vivero Agüero, cédula o pasaporte 3-255-197 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A. cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Raiplus compuesto a base de L-aminoácidos libres-extracto de algas - polisacáridos - vitaminas - proteínas - péptidos y carbohidratos. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 14 de abril del 2009.— Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102437.—(34901).

DIA-R-E-268-2009.—El señor Eduardo Vivero Agüero, cédula o pasaporte 1-655-002 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Phytocrop Banana compuesto a base de nitrogeno-potasio-boro-zinc-cobre-azufre-aminoacidos-giberelinas-citoquininas. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 13 de abril del 2009.—Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102438.—(34902).

DIA-R-E-264-2009.—El señor Eduardo Vivero Agüero, cédula o pasaporte 1-655-002 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Naturhumus L compuesto a base de ácidos fúlvicos. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 13 de abril del 2009.—Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102439.—(34903).

DIA-R-E-267-2009.—El señor Eduardo Vivero Agüero, cédula o pasaporte 1-655-002 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Naturamin L compuesto a base de nitrógeno-fósforo-potasio-L-aminoácidos libres. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 13 de abril del 2009.— Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102440.—(34904).

DIA-R-E-266-2009.—El señor Eduardo Vivero Agüero, cédula o pasaporte 1-655-002 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Naturvital L compuesto a base de ácidos húmicos-ácidos fúlvicos. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 13 de abril del 2009.—Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102441.—(34905).

DIA-R-E-265-2009.—El señor Eduardo Vivero Agüero, cédula o pasaporte 1-655-002 en calidad de representante legal de la compañía Servicio Agrícola Cartaginés S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Cartago, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Natural H-F compuesto a base de ácidos fúlvicos-ácidos húmicos. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 13 de abril del 2009.—Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—Nº 102442.—(34906).

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

EDICTOS

El señor José Luis Rojas Piedra, cédula Nº 1-508-038, vecino de San José, en calidad de Regente Veterinario de la Compañía Corivet S. A. Con domicilio en Santo Domingo, Heredia. Solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Vacuna Puppy Fence L5. Fabricado por: Laboratorio Bio Zoo S. A. de C.V. de México, con los siguientes principios activos: pastilla liofilizada virus vivo modificado, contenido mínimo de título de cada fracción en 1 ml: Parvovirus Canino tipo-2 b CPV-2, Cepa Cornell. Distemper Canino, Cepa Rockborn, Adenovirus Tipo 2 CAV-2, Cepa Manhattan, Leptospira Canicola y Leptospira Icterohaemorrhagiae. y las siguientes indicaciones terapéuticas: prevención de parvovirus canino, moquillo canino, respiratorias (tos de las perreras) y leptospirosis con 2 serovares. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer en este Departamento, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 22 de abril del 2009.—Departamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe.—1 vez.—(35063).

El señor José Luis Rojas Piedra, con cédula 1-508-038, vecino de San José, en calidad de Regente Veterinario de la Compañía Corivet S. A. Con domicilio en Santo Domingo, Heredia. Solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Proteizoo Plus. Fabricado por: Laboratorio Bio Zoo S. A. de C. V. de México, con los siguientes principios activos: cada 100 ml contienen: caseína 3,5 g, lactosa 5.0 g y las siguientes indicaciones terapéuticas: Inmunoestimulante Inespecífico, Coadyuvante en el Tratamiento de Procesos Infecciosos Bacterianos y Virales. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer en este Departamento, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 22 de abril del 2009.—Departamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe.—1 vez.—(35065).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Letras, inscrito en el tomo 1, folio 5, título Nº 70, emitido por el Liceo Nocturno de Desamparados, en el año mil novecientos setenta y tres, a nombre de Díaz Montero Luís Fernando. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 2 de diciembre del 2008.—Departamento de Pruebas Nacionales.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(O. C. Nº 30082-PANI).—(Solicitud Nº 27308).—C-20420.—(33122).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 50, título Nº 324, emitido por el Colegio Nocturno de Palmares, en el año dos mil tres, a nombre de Ramírez Rojas Glenda Patricia. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 16 de abril del 2009.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Guisela Céspedes Lobo, Asesora.—(33651).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 115, título Nº 465, emitido por el Liceo de Costa Rica Nocturno, en el año mil novecientos noventa y siete, a nombre de Morales García Ericka Natalia. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los nueve días del mes de marzo del dos mil nueve.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—Nº 101646.—(34011).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 34, título Nº 591, emitido por el Colegio Nuestra Señora de Sion, en el año mil novecientos setenta y nueve, a nombre de González Gamboa Floria María. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil nueve.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(34090).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 226, asiento N° 1568, emitido por el Liceo de Aserrí, en el año dos mil seis, a nombre de Calderón Burgos Josué. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 26 de marzo del 2009.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(34684).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 40, título N° 459, emitido por el Liceo de Costa Rica, en el año mil novecientos noventa y dos, a nombre de Solano Retana Gabriel Enrique. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 13 de abril del 2009.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(34702).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada, inscrito en el tomo 1, folio 15, título N° 405, y del Título de Técnico Medio en Electrónica Industrial, inscrito en el tomo 1, folio 15, título N° 421, emitido por el Colegio Técnico Profesional de San Sebastián, en el año mil novecientos ochenta, a nombre de Barroso Freer Ulises. Se solicita la reposición de los títulos indicados por pérdida de los títulos originales. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 22 de abril del 2009.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(34703).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 263, título Nº 294, emitido por el Liceo Ing. Manuel Benavides, en el año mil novecientos ochenta, a nombre de Montero Rubí María Alexandra. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 6 de febrero del 2009.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Trino Zamora Zumbado, Jefe.—(34967).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educacion Media, inscrito en el Tomo 1, Folio 132, Título N° 1131, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Siquirres, en el año dos mil uno, a nombre de Alda Nicole Palma Céspedes. Se solicita la reposición del título indicado por cambio de apellido, cuyos nombre y apellidos correctos son: Alda Nicole Hewitt Palma. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, quince de octubre del dos mil ocho.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(35069).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo II, folio 142, título Nº 2363, emitido por el Liceo Napoleón Quesada Salazar, en el año dos mil cinco, a nombre de Segura Montoya María Cecilia. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, veintiocho de abril del dos mil nueve.—M.Sc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(35297).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

De conformidad con resolución RMT-972-2009 de las ocho horas del día del 18 de marzo del 2009. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social resuelve: Impartir aprobación final a la resolución JPIGTA-561-2009, de sesión celebrada en San José, a las nueve horas, del 26 de febrero del 2009, de la Junta de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra. Se otorga Traspaso de Pensión de Guerra incoadas por Méndez Sánchez Yoselin, menor, soltera, cédula de identidad N° 5-424-688, representada por su madre en ejercicio de la patria potestad Sánchez Larios Sara María, mayor, viuda, con cédula de residencia Nº 155803277301, a partir del día 04 de setiembre del 2008; por la suma de veinticuatro mil ciento ochenta y tres colones con cero céntimos (¢24.183,00); mensuales en forma vitalicia, sin perjuicio de los aumentos que por costo de vida que se hayan decretado a la fecha. Se da así por agotada la vía administrativa Notifíquese.—Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.—Lic. Roger Porras Rojas, Director Nacional de Pensiones.—1 vez.—(35042).

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto Social la organización social denominada Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería de Servicios Múltiples R. L., siglas: COOPELOT R. L., acordada en asamblea celebrada el 25 de febrero del 2009. Resolución Nº 246. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente y se envía un extracto de la inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma afecta el artículo 40 del estatuto.—San José, 3 de abril del 2009.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(33741).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

AVISOS

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma de la Asociación de Productores de Leche de Monteverde. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2009, asiento: 5158.—Curridabat, 25 de marzo del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 102271.—(34895).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación Centro de Restauración Ministerial Monte de Sión. Con domicilio en cantón de Grecia, provincia de Alajuela. Sus fines, entre otros están: Proclamar el mensaje de Jesucristo como único salvador y señor de toda la humanidad, fomentar la unión y la solidaridad de todas las personas creyentes dentro y fuera del país. Su presidenta Lineth Solano Torres es la representante judicial y extrajudicial de la asociación con carácter de apoderada generalísima sin límite de suma, requiriendo para adquirir, traspasar o disponer de los bienes de la Asociación, previa autorización de la asamblea general. El vicepresidente sustituirá al presidente en sus ausencias temporales con iguales atribuciones y obligaciones. Por encontrarse dicha organización, dentro de las prescripciones establecidas en la Ley de Asociaciones y sus reformas Nº 218 del 8 de agosto de 1939, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en el trámite. Tomo: 2009, asiento: 062819.—Curridabat, 31 de marzo del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 102302.—(34896).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Río Bonito, con domicilio en la provincia de Puntarenas. Cuyos fines entre otros serán los siguientes: Administrar, operar, dar mantenimiento desarrollo y conservar en buenas condiciones el acueducto, de conformidad con las disposiciones y reglamentos que al respecto emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que serán de acatamiento obligatorio. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo con límite de suma hasta treinta millones de colones y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente Salomón Adrián Meléndez Zúñiga. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 0578, asiento 9071, tomo 2009, asiento 34122, tomo 2009, asiento 53740 y tomo 2009, asiento 71184).—Curridabat, 26 de marzo del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 102373.—(34897).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de La Esperanza de Guaycara de Golfito, Puntarenas, con domicilio en la provincia de Puntarenas. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Administrar, operar, dar mantenimiento, desarrollo y conservar en buenas condiciones el acueducto, de conformidad con las disposiciones y reglamentos que al respecto emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que serán de acatamiento obligatorio. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Evert Cornelio Fallas Chaves. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2009, asiento: 27485, adicional 2009-65468.—Curridabat, 23 del de marzo del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 102375.—(34898).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Misión Internacional Dios es Fiel, con domicilio en la provincia de Puntarenas. Cuyos fines entre otros serán los siguientes: Establecer principios bíblicos en los asociados para el bienestar de la familia. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente Jorge Ricardo Gamarra Bazan. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 578, asiento 00460).—Curridabat, 3 de febrero del 2009.—Lic. Grace Lu Scott Lobo, Directora a. í.—1 vez.—Nº 102460.—(34899).

REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, cédula de identidad Nº 1-669-228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Pfizer Products Inc, de Estados Unidos de América, solicita la Patente de Invención denominada COMPUESTOS DE BIARIL ÉTER UREA. La presente invención se refiere a compuestos de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos; procedimientos para la preparación de los compuestos; intermedios usados en la preparación de los compuestos; composiciones que contienen los compuestos, y los usos de los compuestos en el tratamiento de enfermedades o afecciones asociadas a la actividad de la amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH). La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Octava Edición es C07D 401/10, cuyos inventores son Fay Lorraine Kathleen, Johnson Douglas Scott, Lazerwith Scott Edward, Morris Mark Anthony, Wang Lijuan Jane, Meyers Marvin Jay, Kesten Suzanne Ross y Stiff Cory Michael. La solicitud correspondiente lleva el número 10701, y fue presentada a las 13:43:36 del 31 de marzo del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 1º de abril del 2009.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 101830.—(34004).

La señora Denise Garnier Acuña, cédula Nº 1-487-992, mayor, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Ranbaxy Laboratories Limited, de India, solicita la Patente de Invención denominada INHIBIDORES DE LA METALOPROTEINASA MATRIZ. El presente invento se relaciona con ácidos carboxílicos sustituidos mediante B-hidroxi y amino, que actúan como inhibidores de la metaloproteasa matriz, ácidos carboxílicos B-hidroxi diastereoméricamente puros, procesos correspondientes para la síntesis de composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos del presente invento. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Octava Edición es C07D 209/48, cuyos inventores son Sattigeri, Wiswajanani J., Palle, Venkata P., Khera, Manoj Kumar, Reddy, Renadheer, Tiwari, Manoj Kumar, Soni, Ajay, Rauf, Abdul Rehnian Abdul, Joseph, Sony, Musib, Arpita, Dastidar, Sunanda G., Srivastava, Punit Kumar. La solicitud correspondiente lleva el número 10674, y fue presentada a las 12:35:18 del 20 de marzo del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 17 de abril del 2009.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—Nº 101831.—(34005).

La señora Adriana Oreamuno Montano, cédula Nº 1-1147-550, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de Colgate Palmolive Company, de E.U.A., solicita el Modelo Industrial denominada CONTENEDOR.