Apruébase, en cada una de las partes, el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto del comercio internacional. El texto es el siguiente:

“CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO

FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO

INTERNACIONAL

NACIONES UNIDAS

1998

CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO

FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO

INTERNACIONAL

Las Partes en el presente Convenio,

Conscientes de los efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional,

Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el capítulo 19 del Programa 21, sobre “Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos”,

Conscientes de la labor realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con miras al funcionamiento del procedimiento de consentimiento fundamentado previo establecido en las Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, en su forma enmendada (en adelante denominadas “Directrices de Londres en su forma enmendada”) y el Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, de la FAO (en adelante denominado “Código Internacional de Conducta”),

Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, en particular la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para el manejo de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnologías, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes,

Tomando nota de las necesidades específicas de algunos países en materia de información sobre movimientos en tránsito,

Reconociendo que las buenas prácticas de manejo de los productos químicos deben promoverse en todos los países, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los estándares voluntarios establecidos en el Código Internacional de Conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas y el Código Deontológico para el Comercio Internacional de productos químicos del PNUMA,

Deseosas de asegurarse de que los productos químicos peligrosos que se exporten de su territorio estén envasados y etiquetados en forma que proteja adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, en consonancia con los principios establecidos en las Directrices de Londres en su forma enmendada y el Código de Conducta Internacional de la FAO,

Reconociendo que el comercio y las políticas ambientales deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible,

Destacando que nada de lo dispuesto en el presente Convenio debe interpretarse de forma que implique modificación alguna de los derechos y obligaciones de una Parte en virtud de cualquier acuerdo internacional existente aplicable a los productos químicos objeto de comercio internacional o a la protección del medio ambiente,

En el entendimiento de que lo expuesto más arriba no tiene por objeto crear una jerarquía entre el presente Convenio y otros acuerdos internacionales,

Resueltas a proteger la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

a) Por “producto químico” se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Ello comprende las siguientes categorías: plaguicida, (incluidas las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y producto químico industrial;

b) Por “producto químico prohibido” se entiende aquél cuyos usos dentro de una o más categorías han sido prohibidos en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para primer uso haya sido denegada o que las industrias hayan retirado del mercado interior o de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente;

c) Por “producto químico rigurosamente restringido” se entiende todo aquél cuyos usos dentro de una o más categorías hayan sido prohibidos prácticamente en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente, pero del que se sigan autorizando algunos usos específicos. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para prácticamente cualquier uso haya sido denegada o que las industrias hayan retirado del mercado interior o de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente;

d) Por “formulación plaguicida extremadamente peligrosa” se entiende todo producto químico formulado para su uso como plaguicida que produzca efectos graves para la salud o el medio ambiente observables en un período de tiempo corto tras exposición simple o múltiple, en sus condiciones de uso;

e) Por “medida reglamentaria firme” se entiende toda medida para prohibir o restringir rigurosamente un producto químico adoptada por una Parte que no requiera la adopción de ulteriores medidas reglamentarias por esa Parte;

f) Por “exportación” e “importación”, en sus acepciones respectivas, se entiende el movimiento de un producto químico de una Parte a otra Parte, excluidas las operaciones de mero tránsito;

g) Por “Parte” se entiende un Estado u organización de integración económica regional que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y en los que el Convenio esté en vigor;

h) Por “organización de integración económica regional”, se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencias en asuntos regulados por el presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él.

i) Por “Comité de Examen de Productos Químicos” se entiende el órgano subsidiario a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 18.

Artículo 3

Ámbito de aplicación del Convenio

1. El presente Convenio se aplicará a:

a) Los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos; y

b) Las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas.

2. El presente Convenio no se aplicará a:

a) Los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;

b) Los materiales radiactivos;

c) Los desechos;

d) Las armas químicas;

e) Los productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos humanos y veterinarios;

f) Los productos químicos utilizados como aditivos alimentarios;

g) Los alimentos;

h) Los productos químicos en cantidades que sea improbable afecten a la salud humana o el medio ambiente, siempre que se importen:

i) Con fines de investigación o análisis; o

ii) Por un particular para su uso personal en cantidades razonables para ese uso.

Artículo 4

Autoridades nacionales designadas

1. Cada Parte designará una o más autoridades nacionales que estarán facultadas para actuar en su nombre en el desempeño de las funciones administrativas requeridas en virtud del presente Convenio.

2. Cada Parte procurará que esas autoridades cuenten con recursos suficientes para desempeñar eficazmente su labor.

3. Cada Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, comunicará a la Secretaría el nombre y la dirección de esas autoridades. Comunicará asimismo de inmediato a la Secretaría cualquier cambio que se produzca posteriormente en el nombre o la dirección de esas autoridades.

4. La Secretaría comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones que reciba con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3.

Artículo 5

Procedimientos relativos a los productos químicos

prohibidos o rigurosamente restringidos

1. Cada Parte que haya adoptado una medida reglamentaria firme lo comunicará por escrito a la Secretaría. Esa comunicación se hará lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la medida reglamentaria firme haya entrado en vigor, e incluirá, de ser posible, la información estipulada en el anexo I.

2. Cada Parte, en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, comunicará por escrito a la Secretaría las medidas reglamentarias firmes que haya adoptado y estén en vigor en ese momento, con la salvedad de que las Partes que hayan presentado notificaciones de medidas reglamentarias firmes en virtud de las Directrices de Londres en su forma enmendada o del Código Internacional de Conducta no tendrán que presentarlas de nuevo.

3. La Secretaría verificará, tan pronto como sea posible, pero a más tardar en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una notificación en virtud de los párrafos 1 y 2, si la notificación contiene la información estipulada en el anexo I. Si la notificación contiene la información requerida, la Secretaría enviará de inmediato a todas las Partes un resumen de la información recibida, y si no fuese así, lo comunicará a la Parte que haya enviado la notificación.

4. La Secretaría enviará cada seis meses a las Partes una sinopsis de la información recibida en virtud de los párrafos 1 y 2, incluida información relativa a las notificaciones que no contengan toda la información estipulada en el anexo I.

5. La Secretaría, cuando haya recibido al menos una notificación de cada una de las dos regiones de consentimiento fundamentado previo acerca de un producto químico que le conste cumple los requisitos estipulados en el anexo I, enviará esas notificaciones al Comité de Examen de Productos Químicos. La composición de las regiones de consentimiento fundamentado previo se definirá en una decisión que se adoptará por consenso en la primera reunión de la Conferencia de las Partes.

6. El Comité de Examen de Productos Químicos examinará la información facilitada en esas notificaciones y, con arreglo a los criterios establecidos en el anexo II, formulará una recomendación a la Conferencia de las Partes sobre si ese producto químico debe quedar sujeto al procedimiento de consentimiento fundamento previo y, por consiguiente, incluirse en el anexo III.

Artículo 6

Procedimientos relativos a las formulaciones

plaguicidas extremadamente peligrosas

1. Cualquier Parte que sea un país en desarrollo o un país con economía en transición y experimente problemas causados por una formulación plaguicida extremadamente peligrosa en las condiciones en que se usa en su territorio podrá proponer a la Secretaría la inclusión de esa formulación plaguicida en el anexo III. Al preparar una propuesta, la Parte podrá basarse en los conocimientos técnicos de cualquier fuente pertinente. En la propuesta se incluirá la información estipulada en la parte 1 del anexo IV.

2. La Secretaría verificará lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una propuesta con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1, si la propuesta incluye la información estipulada en la parte 1 del anexo IV. Si la propuesta contiene esa información, la Secretaría enviará de inmediato a todas las Partes un resumen de la información recibida. Si no fuese así, la Secretaría lo comunicará a la Parte que haya presentado la propuesta.

3. La Secretaría reunirá la información adicional que se indica en la parte 2 del anexo IV en relación con las propuestas que se envíen con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.

4. Cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en los párrafos 2 y 3 supra en relación con una formulación plaguicida extremadamente peligrosa, la Secretaría remitirá la propuesta y la información conexa al Comité de Examen de Productos Químicos.

5. El Comité de Examen de Productos Químicos examinará la información facilitada en la propuesta y la información adicional reunida y, con arreglo a los criterios establecidos en la parte 3 del anexo IV, formulará una recomendación a la Conferencia de las Partes sobre si esa formulación plaguicida extremadamente peligrosa debe quedar sujeta al procedimiento de consentimiento fundamentado previo y, por consiguiente, incluirse en el anexo III.

Artículo 7

Inclusión de productos químicos en el anexo III

1. El Comité de Examen de Productos Químicos preparará un proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones sobre cada producto químico cuya inclusión en el anexo III haya decidido recomendar. Ese documento de orientación se basará, como mínimo, en la información especificada en el anexo I o, en su caso, en el anexo IV, e incluirá información sobre los usos del producto químico en una categoría distinta de aquella a la que se aplique la medida reglamentaria firme.

2. La recomendación a que se hace referencia en el párrafo 1, junto con el proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones, se remitirá a la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes decidirá si ese producto químico debe quedar sujeto al procedimiento de consentimiento fundamentado previo y, por consiguiente, incluirse en el anexo III, y si debe aprobarse el proyecto de documento de orientación.

3. Cuando la Conferencia de las Partes haya adoptado una decisión de incluir un producto químico en el anexo III y haya aprobado el documento de orientación para la adopción de decisiones correspondiente, la Secretaría lo comunicará inmediatamente a todas las Partes.

Artículo 8

Inclusión de productos químicos en el procedimiento

voluntario de consentimiento fundamentado previo

Cuando un producto químico distinto de los enumerados en el anexo III haya sido incluido en el procedimiento voluntario de consentimiento fundamentado previo antes de la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la Conferencia decidirá en esa reunión incluir el producto químico en dicho anexo si considera que se han cumplido todos los requisitos establecidos para la inclusión en el anexo III.

Artículo 9

Retirada de productos químicos del anexo III

1. Si una Parte presenta a la Secretaría información de la que no se disponía cuando se decidió incluir un producto químico en el anexo III y de esa información se desprende que su inclusión podría no estar justificada con arreglo a los criterios establecidos en los anexos II o IV, la Secretaría transmitirá la información al Comité de Examen de Productos Químicos.

2. El Comité de Examen de Productos Químicos examinará la información que reciba en virtud del párrafo 1. El Comité de Examen de Productos Químicos, con arreglo a los criterios establecidos en el anexo II o, en su caso, en el anexo IV, preparará un proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones revisado sobre cada producto químico cuya retirada del anexo III haya decidido recomendar.

3. La recomendación del Comité mencionada en el párrafo 2 se remitirá a la Conferencia de las Partes acompañada de un proyecto de documento de orientación revisado. La Conferencia de las Partes decidirá si el producto químico debe retirarse del anexo III y si debe aprobarse el documento de orientación revisado.

4. Cuando la Conferencia de las Partes haya adoptado una decisión de retirar un producto químico del anexo III y haya aprobado el documento de orientación revisado, la Secretaría lo comunicará inmediatamente a todas las Partes.

Artículo 10

Obligaciones relativas a la importación de productos

químicos enumerados en el anexo III

1. Cada Parte aplicará las medidas legislativas o administrativas necesarias para garantizar la adopción oportuna de decisiones relativas a la importación de los productos químicos enumerados en el anexo III.

2. Cada Parte transmitirá a la Secretaría, lo antes posible pero a más tardar en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de envío del documento de orientación para la adopción de decisiones a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 7, una respuesta sobre la futura importación del producto químico de que se trate. Si una Parte modifica su respuesta, remitirá de inmediato la respuesta revisada a la Secretaría.

3. Si transcurrido el plazo a que se hace referencia en el párrafo 2 una Parte no hubiera proporcionado esa respuesta, la Secretaría enviará inmediatamente a esa Parte una solicitud escrita para que lo haga. Si la Parte no pudiera proporcionar una respuesta, la Secretaría, cuando proceda, le prestará asistencia para que lo haga en el plazo estipulado en la última frase del párrafo 2 del artículo 11.

4. Las respuestas en aplicación del párrafo 2 adoptarán una de las formas siguientes:

a) Una decisión firme, conforme a las normas legislativas o administrativas, de:

i) Permitir la importación;

ii) No permitir la importación; o

iii) Permitir la importación con sujeción a determinadas condiciones expresas; o

b) Una respuesta provisional, que podrá contener:

i) Una decisión provisional de permitir la importación con o sin condiciones expresas, o de no permitir la importación durante el período provisional;

ii) Una declaración de que se está estudiando activamente una decisión definitiva;

iii) Una solicitud de información adicional a la Secretaría o a la Parte que comunicó la medida reglamentaria firme; o

iv) Una solicitud de asistencia a la Secretaría para evaluar el producto químico.

5. Las respuestas formuladas con arreglo a los incisos a) o b) del párrafo 4 se referirán a la categoría o categorías especificadas para el producto químico en el anexo III.

6. Toda decisión firme irá acompañada de información donde se describan las medidas legislativas o administrativas en las que se base.

7. Cada Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, transmitirá a la Secretaría respuestas con respecto a cada uno de los productos químicos enumerados en el anexo III. Las Partes que hayan transmitido esas respuestas en aplicación de las Directrices de Londres en su forma enmendada o del Código Internacional de Conducta no tendrán que hacerlo de nuevo.

8. Cada Parte pondrá las respuestas formuladas en virtud del presente artículo a disposición de todos los interesados sujetos a su jurisdicción, de conformidad con sus disposiciones legislativas o administrativas.

9. Las Partes que, con arreglo a los párrafos 2 y 4 del presente artículo y al párrafo 2 del artículo 11, tomen la decisión de no otorgar su consentimiento a la importación de un producto químico, o de consentirla sólo bajo determinadas condiciones, simultáneamente prohibirán o someterán a las mismas condiciones, si no lo hubieran hecho con anterioridad:

a) La importación del producto químico de cualquier fuente; y

b) La producción nacional del producto químico para su uso nacional.

10. La Secretaría informará cada seis meses a todas las Partes acerca de las respuestas que haya recibido. Esa información incluirá, de ser posible, una descripción de las medidas legislativas o administrativas en que se han basado las decisiones. La Secretaría comunicará además a las Partes los casos en que no se haya transmitido una respuesta

Artículo 11

Obligaciones relativas a la exportación de productos químicos

enumerados en el anexo III

1. Cada Parte exportadora:

a) Tomará las medidas legislativas o administrativas adecuadas para comunicar a los interesados sujetos a su jurisdicción las respuestas enviadas por la Secretaría con arreglo al párrafo 10 del artículo 10;

b) Tomará las medidas legislativas o administrativas adecuadas para que los exportadores sujetos a su jurisdicción cumplan las decisiones comunicadas en esas respuestas a más tardar seis meses después de la fecha en que la Secretaría las comunique por primera vez a las Partes con arreglo al párrafo 10 del artículo 10;

c) Asesorará y ayudará a las Partes importadoras que lo soliciten, cuando proceda, para:

i) Obtener más información que les permita tomar medidas de conformidad con el párrafo 4 del artículo 10 y el inciso c) del párrafo 2 infra; y

ii) Fortalecer su capacidad para manejar en forma segura los productos químicos durante su ciclo de vida.

2. Cada Parte velará por que no se exporte desde su territorio ningún producto químico enumerado en el anexo III a ninguna Parte importadora que, por circunstancias excepcionales, no haya transmitido una respuesta o que haya transmitido una respuesta provisional que no contenga una decisión provisional, a menos que:

a) Sea un producto químico que, en el momento de la importación, esté registrado como producto químico en la Parte importadora; o

b) Sea un producto químico respecto del cual existan pruebas de que se ha utilizado previamente en la Parte importadora o se ha importado en ésta sin que haya sido objeto de ninguna medida reglamentaria para prohibir su utilización; o

c) El exportador solicite y obtenga el consentimiento expreso de la autoridad nacional designada de la Parte importadora. La Parte importadora responderá a esa solicitud en el plazo de 60 días y notificará su decisión sin demora a la Secretaría.

Las obligaciones de las Partes exportadoras en virtud del presente párrafo entrarán en vigor transcurridos 6 meses desde la fecha en que la Secretaría comunique por primera vez a las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 10, que una Parte no ha transmitido una respuesta o ha transmitido una respuesta provisional que no contiene una decisión provisional, y permanecerán en vigor durante un año.

Artículo 12

Notificación de exportación

1. Cuando un producto químico que haya sido prohibido o rigurosamente restringido por una Parte se exporte desde su territorio, esa Parte enviará una notificación de exportación a la Parte importadora. La notificación de exportación incluirá la información estipulada en el anexo V.

2. La notificación de exportación de ese producto químico se enviará antes de la primera exportación posterior a la adopción de la medida reglamentaria firme correspondiente. Posteriormente, la notificación de exportación se enviará antes de la primera exportación que tenga lugar en un año civil. La autoridad nacional designada de la Parte importadora podrá eximir de la obligación de notificar antes de la exportación.

3. La Parte exportadora enviará una notificación de exportación actualizada cuando adopte una medida reglamentaria firme que conlleve un cambio importante en la prohibición o restricción rigurosa del producto químico.

4. La Parte importadora acusará recibo de la primera notificación de exportación recibida tras la adopción de la medida reglamentaria firme. Si la Parte exportadora no recibe el acuse en el plazo de 30 días a partir del envío de la notificación de exportación, enviará una segunda notificación. La Parte exportadora hará lo razonablemente posible para que la Parte importadora reciba la segunda notificación.

5. Las obligaciones de las Partes que se estipulan en el párrafo 1 se extinguirán cuando:

a) El producto químico se haya incluido en el anexo III;

b) La Parte importadora haya enviado una respuesta respecto de ese producto químico a la Secretaría con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10; y

c) La Secretaría haya distribuido la respuesta a las Partes con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 10.

Artículo 13

Información que debe acompañar a los productos químicos exportados

1. La Conferencia de las Partes alentará a la Organización Mundial de Aduanas a que asigne, cuando proceda, códigos específicos del Sistema Aduanero Armonizado a los productos químicos o grupos de productos químicos enumerados en el anexo III. Cuando se haya asignado un código a un producto químico cada Parte requerirá que el documento de transporte correspondiente contenga ese código cuando el producto se exporte.

2. Cada Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte importadora, requerirá que los productos químicos enumerados en el anexo III y los que estén prohibidos o rigurosamente restringidos en su territorio estén sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes.

3. Cada Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte importadora, requerirá que los productos químicos sujetos a requisitos de etiquetado por motivos ambientales o de salud en su territorio estén sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes.

4. En relación con los productos químicos a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo que se destinen a usos laborales, cada Parte exportadora requerirá que se remita al importador una hoja de datos de seguridad, conforme a un formato internacionalmente aceptado, que contenga la información más actualizada disponible.

5. En la medida de lo posible, la información contenida en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad deberá figurar al menos en uno de los idiomas oficiales de la Parte importadora.

Artículo 14

Intercambio de información

1. Cada Parte, cuando proceda y de conformidad con los objetivos del presente Convenio, facilitará:

a) El intercambio de información científica, técnica, económica y jurídica relativa a los productos químicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, incluida información toxicológica, ecotoxicológica y sobre seguridad;

b) La transmisión de información de dominio público sobre medidas reglamentarias nacionales relacionadas con los objetivos del presente Convenio;

c) La transmisión de información a otras Partes, directamente o por conducto de la Secretaría, sobre las medidas que restrinjan sustancialmente uno o más usos del producto químico, según proceda.

2. Las Partes que intercambien información en virtud del presente Convenio protegerán la información confidencial según hayan acordado mutuamente.

3. A los efectos del presente Convenio no se considerará confidencial la siguiente información:

a) La información a que se hace referencia en los anexos I y IV, presentada de conformidad con los artículos 5 y 6, respectivamente;

b) La información que figura en la hoja de datos de seguridad a que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 13;

c) La fecha de caducidad del producto químico;

d) La información sobre medidas de precaución, incluidas la clasificación de los peligros, la naturaleza del riesgo y las advertencias de seguridad pertinentes; y

e) El resumen de los resultados de los ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos.

4. La fecha de producción no se considerará normalmente confidencial a los efectos del presente Convenio.

5. Toda Parte que necesite información sobre movimientos en tránsito de productos químicos incluidos en el anexo III a través de su territorio deberá comunicarlo a la Secretaría, que informará al efecto a todas las Partes.

Artículo 15

Aplicación del Convenio

1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer y fortalecer su infraestructura y sus instituciones nacionales para la aplicación efectiva del presente Convenio. Esas medidas podrán incluir, cuando proceda, la adopción o enmienda de medidas legislativas o administrativas nacionales, y además:

a) El establecimiento de registros y bases de datos nacionales, incluida información relativa a la seguridad de los productos químicos;

b) El fomento de las iniciativas de la industria para promover la seguridad en el uso de los productos químicos; y

c) La promoción de acuerdos voluntarios, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 16.

2. Cada Parte velará por que, en la medida de lo posible, el público tenga acceso adecuado a la información sobre manipulación de productos químicos y gestión de accidentes y sobre alternativas que sean más seguras para la salud humana o el medio ambiente que los productos químicos enumerados en el anexo III del presente Convenio.

3. Las Partes acuerdan cooperar, directamente o, si procede, por conducto de las organizaciones internacionales competentes, para la aplicación del presente Convenio a nivel subregional, regional y mundial.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en forma que restrinja el derecho de las Partes a tomar, para proteger la salud humana y el medio ambiente, medidas más estrictas que las establecidas en el presente Convenio, siempre que sean compatibles con las disposiciones del Convenio y conformes con el derecho internacional.

Artículo 16

Asistencia técnica

Las Partes, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, cooperarán en la promoción de la asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura y la capacidad necesarias para el manejo de los productos químicos a efectos de la aplicación del presente Convenio. Las Partes que cuenten con programas más avanzados de reglamentación de los productos químicos deberían brindar asistencia técnica, incluida capacitación, a otras Partes para que éstas desarrollen la infraestructura y la capacidad de manejo de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida.

Artículo 17

Incumplimiento

La Conferencia de las Partes desarrollará y aprobará lo antes posible procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y las medidas que hayan de adoptarse con respecto a las Partes que se encuentren en esa situación.

Artículo 18

Conferencia de las Partes

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes.

2. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación convocarán conjuntamente la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. De ahí en adelante, las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán con la periodicidad que determine la Conferencia.

3. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando ésta lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que se sumen a esa solicitud un tercio de las Partes, como mínimo.

4. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, acordará y aprobará por consenso un reglamento interno y un reglamento financiero para sí y para los órganos subsidiarios que establezca, así como disposiciones financieras para regular el funcionamiento de la Secretaría.

5. La Conferencia de las Partes mantendrá en examen y evaluación permanentes la aplicación del presente Convenio. La Conferencia de las Partes desempeñará las funciones que se le asignen en el Convenio y, con este fin:

a) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del Convenio;

b) Cooperará, en su caso, con las organizaciones internacionales e intergubernamentales y los órganos no gubernamentales competentes; y

c) Estudiará y tomará las medidas adicionales que sean necesarias para alcanzar los objetivos del Convenio.

6. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes establecerá un órgano subsidiario, que se denominará Comité de Examen de Productos Químicos, para que desempeñe las funciones que se le asignan en el presente Convenio. A este respecto:

a) Los miembros del Comité de Examen de Productos Químicos serán nombrados por la Conferencia de las Partes. El Comité estará integrado por un número limitado de expertos en el manejo de productos químicos designados por los gobiernos. Los miembros del Comité se nombrarán teniendo presente el principio de distribución geográfica equitativa y velando por el equilibrio entre las Partes que sean países desarrollados y las que sean países en desarrollo;

b) La Conferencia de las Partes decidirá acerca del mandato, la organización y el funcionamiento del Comité;

c) El Comité hará todo lo posible por que sus recomendaciones se adopten por consenso. Si se agotan todos los esfuerzos por llegar a un consenso sin lograrlo, las recomendaciones se adoptarán, como último recurso, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

7. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como cualquier Estado que no sea Parte en el presente Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier órgano u organismo nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencia en las esferas contempladas en el Convenio que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado como observador en una reunión de la Conferencia de las Partes podrá ser admitido salvo que un tercio, como mínimo, de las Partes presentes se oponga a ello. La admisión y la participación de observadores estarán sujetas a lo dispuesto en el reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

Artículo 19

Secretaría

1. Queda establecida una Secretaría.

2. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:

a) Hacer arreglos para las reuniones de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios que precisen;

b) Ayudar a las Partes que lo soliciten, en particular a las Partes que sean países en desarrollo y a las Partes con economías en transición, a aplicar el presente Convenio;

c) Velar por la necesaria coordinación con las secretarías de otros órganos internacionales pertinentes;

d) Concertar, con la orientación general de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones; y

e) Desempeñar las demás funciones de secretaría que se especifican en el presente Convenio y cualesquiera otras que determine la Conferencia de las Partes.

3. Desempeñarán conjuntamente las funciones de secretaría del presente Convenio el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sujeción a los arreglos que acuerden entre ellos y sean aprobados por la Conferencia de las Partes.

4. Si la Conferencia de las Partes estima que la Secretaría no funciona en la forma prevista, podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes, encomendar las funciones de secretaría a otra u otras organizaciones internacionales competentes.

Artículo 20

Solución de controversias

1. Las Partes resolverán toda controversia sobre la interpretación o la aplicación del Convenio mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección.

2. Al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, o en cualquier momento posterior, toda Parte que no sea una organización de integración económica regional podrá declarar en un instrumento escrito presentado al Depositario que, en lo que respecta a cualquier controversia sobre la interpretación o la aplicación del Convenio reconoce como obligatorios, en relación con cualquier Parte que acepte la misma obligación, uno o los dos siguientes medios para la solución de controversias:

a) El arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes se adoptará en un anexo lo antes posible; y

b) La presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

3. Una Parte que sea una organización de integración económica regional podrá hacer una declaración de efecto análogo en relación con el arbitraje con arreglo al procedimiento a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo.

4. Las declaraciones que se formulen de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo seguirán en vigor hasta el momento que en ellos figure para su expiración o hasta tres meses después de la fecha en que se haya entregado al Depositario notificación escrita de su revocación.

5. La expiración de una declaración, una notificación de revocación o una nueva declaración no afectará en modo alguno a los procedimientos pendientes ante un tribunal de arbitraje o ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes en la controversia acuerden otra cosa.

6. Si las Partes en la controversia no han aceptado el mismo procedimiento de los establecidos en el párrafo 2 del presente artículo y no han conseguido resolver su controversia en los doce meses siguientes a la fecha en que una de ellas haya notificado a la otra la existencia de dicha controversia, ésta se someterá a una comisión de conciliación a petición de cualquiera de las partes en la controversia. La comisión de conciliación presentará un informe con recomendaciones. En un anexo que la Conferencia de las Partes adoptará a más tardar en su segunda reunión se establecerán procedimientos adicionales para regular la comisión de conciliación.

Artículo 21

Enmiendas del Convenio

1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas del presente Convenio.

2. Las enmiendas del presente Convenio se aprobarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. La Secretaría comunicará el texto de cualquier propuesta enmienda a las Partes al menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su aprobación. La Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio y, a efectos de información, al Depositario.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda del presente Convenio. Si se agotan todos los esfuerzos por alcanzar el consenso sin lograrlo, las enmiendas se aprobarán, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión.

4. El Depositario transmitirá la enmienda a todas las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación.

5. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas se notificará al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo entrarán en vigor para las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por al menos tres cuartos de las Partes. De ahí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor para cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.

Artículo 22

Aprobación y enmienda de anexos

1. Los anexos del presente Convenio formarán parte integrante de él y, salvo que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente Convenio se aplica igualmente a cualquiera de sus anexos.

2. Los anexos sólo tratarán de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.

3. Para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de nuevos anexos del presente Convenio se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los nuevos anexos se propondrán y aprobarán de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21;

b) Toda Parte que no pueda aceptar un nuevo anexo lo notificará por escrito al Depositario en el plazo de un año a partir de la fecha de comunicación por el Depositario de la aprobación del nuevo anexo. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de no aceptación de un nuevo anexo, y en tal caso los anexos entrarán en vigor para esa Parte según lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo; y

c) Transcurrido un año desde la fecha de comunicación por el Depositario de la aprobación de un nuevo anexo, el anexo entrará en vigor para todas las Partes que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del presente párrafo.

4. Salvo en el caso del anexo III, la propuesta, aprobación y entrada en vigor de las enmiendas a los anexos de este Convenio se someterán a los mismos procedimientos que la propuesta, aprobación y entrada en vigor de los anexos adicionales del Convenio.

5. Para enmendar el anexo III se aplicarán los siguientes procedimientos de propuesta, aprobación y entrada en vigor:

a) Las enmiendas del anexo III se propondrán y aprobarán con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 5 a 9 y en el párrafo 2 del artículo 21;

b) La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus decisiones sobre su aprobación;

c) El Depositario comunicará inmediatamente a las Partes toda decisión de enmendar el anexo III. La enmienda entrará en vigor para todas las Partes en la fecha que se estipule en la decisión.

6. Cuando un nuevo anexo o una enmienda de un anexo guarden relación con una enmienda del presente Convenio, el nuevo anexo o enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda del Convenio.

Artículo 23

Derecho de voto

1. Con sujeción a lo establecido en el párrafo 2 infra, cada Parte en el presente Convenio tendrá un voto.

2. Las organizaciones de integración económica regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo, y viceversa.

3. A los efectos del presente Convenio, por “Partes presentes y votantes” se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.

Artículo 24

Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma en Rotterdam para todos los Estados y organizaciones de integración económica regional el 11 de septiembre de 1998, y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 12 de septiembre de 1998 hasta el 10 de septiembre de 1999.

Artículo 25

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto a la adhesión de los Estados y las organizaciones de integración económica regional a partir del día en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de integración económica regional que pase a ser Parte en el presente Convenio sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedará sujeta a todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes en el presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos conferidos por el Convenio.

3. Las organizaciones de integración económica regional expresarán en sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio. Esas organizaciones comunicarán asimismo al Depositario, quien a su vez comunicará a las Partes, cualquier modificación sustancial en el alcance de su competencia.

Artículo 26

Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Para cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique, acepte o apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que el Estado u organización de integración económica regional deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

Artículo 27

Reservas

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Artículo 28

Denuncia

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Convenio, mediante notificación escrita al Depositario, transcurridos tres años a partir de la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente, o en la fecha que se indique en la notificación de denuncia si ésta fuese posterior.

Artículo 29

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Convenio.

Artículo 30

Textos auténticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Rotterdam el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Anexo I

INFORMACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LAS

NOTIFICACIONES HECHAS CON ARREGLO

A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5

Las notificaciones deberán incluir:

1. Propiedades, identificación y usos

a) Nombre común;

b) Nombre del producto químico en una nomenclatura internacionalmente reconocida (por ejemplo la de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA)), si tal nomenclatura existe;

c) Nombres comerciales y nombres de las preparaciones;

d) Números de código: número del Chemicals Abstract Service (CAS), código aduanero del Sistema Armonizado y otros números;

e) Información sobre clasificación de peligros, si el producto químico está sujeto a requisitos de clasificación;

f) Usos del producto químico.

g) Propiedades físico-químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas.

2. Medida reglamentaria firme

a) Información específica sobre la medida reglamentaria firme;

i) Resumen de la medida reglamentaria firme;

ii) Referencia al documento reglamentario;

iii) Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme;

iv) Indicación de si la medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de los riesgos o peligros y, en caso afirmativo, información sobre esa evaluación, incluida una referencia a la documentación pertinente;

v) Motivos para la adopción de la medida reglamentaria firme relacionados con la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, o el medio ambiente;

vi) Resumen de los riesgos y peligros que el producto químico presenta para la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, o el medio ambiente, y del efecto previsto de la medida reglamentaria firme;

b) Categoría o categorías con respecto a las cuales se ha adoptado la medida reglamentaria firme y, para cada categoría:

i) Usos prohibidos por la medida reglamentaria firme;

ii) Usos autorizados;

iii) Estimación, si fuese posible, de las cantidades del producto químico producidas, importadas, exportadas y utilizadas;

c) Una indicación, en la medida de lo posible, de la probabilidad de que la medida reglamentaria firme afecte a otros Estados o regiones;

d) Cualquier otra información pertinente, que podría incluir:

i) La evaluación de los efectos socioeconómicos de la medida reglamentaria firme;

ii) Información sobre alternativas y, cuando se conozcan, sus riesgos relativos, tal como:

- Estrategias para el control integrado de las plagas;

- Prácticas y procesos industriales, incluidas tecnologías menos contaminantes.

Anexo II

CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PROHIBIDOS O RIGUROSAMENTE RESTRINGIDOS

EN EL ANEXO III

El Comité de Examen de Productos Químicos, al examinar las notificaciones que le haya enviado la Secretaría con arreglo al párrafo 5 del artículo 5:

a) Confirmará si la medida reglamentaria firme se ha adoptado con el fin de proteger la salud humana o el medio ambiente;

b) Establecerá si la medida reglamentaria firme se ha adoptado como consecuencia de una evaluación del riesgo. Esta evaluación se basará en un examen de los datos científicos en el contexto de las condiciones reinantes en la Parte de que se trate. Con ese fin, la documentación proporcionada deberá demostrar que:

i) Los datos se han generado de conformidad con métodos científicamente reconocidos;

ii) El examen de los datos se ha realizado y documentado con arreglo a principios y procedimientos científicos generalmente reconocidos;

iii) La medida reglamentaria firme se ha basado en una evaluación del riesgo en la que se tuvieron en cuenta las condiciones reinantes en la Parte que adoptó la medida;

c) Considerará si la medida reglamentaria firme justifica suficientemente la inclusión del producto químico en el anexo III, para lo que tendrá en cuenta:

i) Si la medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, una reducción significativa de la cantidad del producto químico utilizada o del número de usos;

ii) Si la medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, una reducción real del riesgo para la salud humana o el medio ambiente en la Parte que ha presentado la notificación;

iii) Si las razones que han conducido a la adopción de la medida reglamentaria firme sólo rigen en una zona geográfica limitada o en otras circunstancias limitadas;

iv) Si hay pruebas de que prosigue el comercio internacional del producto químico;

d) Tendrá en cuenta que el uso indebido intencional no constituye de por sí razón suficiente para incluir un producto químico en el anexo III.

Anexo III

PRODUCTOS QUÍMICOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO

DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO

Producto químico	Número o números CAS	Categoría
2, 4, 5 - T	93-76-5	Plaguicida
Aldrina	309-00-2	Plaguicida
Captafol	2425-06-1	Plaguicida
Clordano	57-74-9	Plaguicida
Clordimeformo	6164-98-3	Plaguicida
Clorobencilato	510-15-6	Plaguicida
DDT	50-29-3	Plaguicida
Dieldrina	60-57-1	Plaguicida
Dinoseb y sales de Dinoseb	88-85-7	Plaguicida
1, 2- dibromoetano (EDB)	106-93-4	Plaguicida
Fluoroacetamida	640-19-7	Plaguicida
HCH (mezcla de isómeros)	608-73-1	Plaguicida
Heptacloro	76-44-8	Plaguicida
Hexaclorobenceno	118-74-1	Plaguicida
Lindano	58-89-9	Plaguicida
Compuestos de mercurio, incluidos compuestos inorgánicos de mercurio,compuestos alquílicos de mercurio y compuesto alcoxialquílicos y arílicos de mercurio		Plaguicida
Pentaclorofenol	87-86-5	Plaguicida
Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo)	6923-22-4	Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo)	10265-92-6	Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 1000 g/l de ingrediente activo)	13171—21-6 (mezcla, isómeros (E) y (Z)) 23783-98-4 (isómero (Z)) 297-99-4 (isómero (E))	Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Metil-paratión (concetrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 60% de ingrediente activo y polvos que contengan 1,5%, 2% y 3% de ingrediente activo)	298-00-0	Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia – aerosoles, polvos secos (PS), concentrado emulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) – excepto las suspensiones en cápsula (SC))	56-38-2	Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Crocidolita	12001-28-4	Industrial
Bifenilos polibromados (PBB)	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Industrial
Bifenilos policlorados (PCB)	1336-36-3	Industrial
Terfenilos policlorados (PCT)	61788-33-8	Industrial
Fosfato de tris (2, 3 - dibromopropil)	126-72-7	Industrial

Anexo IV

INFORMACIÓN Y CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE

FORMULACIONES PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE

PELIGROSAS EN EL ANEXO III

Parte 1. Documentación que habrá de proporcionar una Parte proponente

En las propuestas presentadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6 se incluirá documentación que contenga la siguiente información:

a) El nombre de la formulación plaguicida peligrosa;

b) El nombre del ingrediente o los ingredientes activos en la formulación;

c) La cantidad relativa de cada ingrediente activo en la formulación;

d) El tipo de formulación;

e) Los nombres comerciales y los nombres de los productores, si se conocen;

f) Pautas comunes y reconocidas de utilización de la formulación en la Parte proponente;

g) Una descripción clara de los incidentes relacionados con el problema, incluidos los efectos adversos y el modo en que se utilizó la formulación;

h) Cualquier medida reglamentaria, administrativa o de otro tipo que la Parte proponente haya adoptado, o se proponga adoptar, en respuesta a esos incidentes.

Parte 2. Información que habrá de recopilar la Secretaría

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6, la Secretaría recopilará información pertinente sobre la formulación, incluidas:

a) Las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de la formulación;

b) La existencia de restricciones a la manipulación o aplicación en otros Estados;

c) Información sobre incidentes relacionados con la formulación en otros Estados;

d) Información presentada por otras Partes, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales u otras fuentes pertinentes, ya sean nacionales o internacionales;

e) Evaluaciones del riesgo y/o del peligro, cuando sea posible;

f) Indicaciones de la difusión del uso de la formulación, como el número de solicitudes de registro o el volumen de producción o de ventas, si se conocen;

g) Otras formulaciones del plaguicida de que se trate, e incidentes relacionados con esas formulaciones, si se conocieran;

h) Prácticas alternativas de lucha contra las plagas;

i) Otra información que el Comité de Examen de Productos Químicos estime pertinente.

Parte 3. Criterios para la inclusión de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas en el anexo III

Al examinar las propuestas que remita la Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 6, el Comité de Examen de Productos Químicos tendrá en cuenta:

a) La fiabilidad de las pruebas de que el uso de la formulación, con arreglo a prácticas comunes o reconocidas en la Parte proponente, tuvo como resultado los incidentes comunicados;

b) La importancia que esos incidentes pueden revestir para otros Estados con clima, condiciones y pautas de utilización de la formulación similares;

c) La existencia de restricciones a la manipulación o aplicación que entrañen el uso de tecnologías o técnicas que no puedan aplicarse razonablemente o con la suficiente difusión en Estados que carezcan de la infraestructura necesaria;

d) La importancia de los efectos comunicados en relación con la cantidad de formulación utilizada; y

e) Que el uso indebido intencional no constituye por sí mismo motivo suficiente para la inclusión de una formulación en el anexo III.

Anexo V

INFORMACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LAS

NOTIFICACIONES DE EXPORTACIÓN

1. Las notificaciones de exportación contendrán la siguiente información:

a) El nombre y dirección de las autoridades nacionales designadas competentes de la Parte exportadora y de la Parte importadora;

b) La fecha prevista de la exportación a la Parte importadora;

c) El nombre del producto químico prohibido o rigurosamente restringido y un resumen de la información especificada en el anexo I que haya de facilitarse a la Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. Cuando una mezcla o preparación incluya más de uno de esos productos químicos, se facilitará la información para cada uno de ellos;

d) Una declaración en la que se indique, si se conoce, la categoría prevista del producto químico y su uso previsto dentro de esa categoría en la Parte importadora;

e) Información sobre medidas de precaución para reducir las emisiones del producto químico y la exposición a éste;

f) En el caso de mezclas o preparaciones, la concentración del producto o productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos de que se trate;

g) El nombre y la dirección del importador;

h) Cualquier información adicional de que disponga la autoridad nacional designada competente de la Parte exportadora que pudiera servir de ayuda a la autoridad nacional designada de la Parte importadora.

2. Además de la información a que se hace referencia en el párrafo 1, la Parte exportadora facilitará la información adicional especificada en el anexo I que solicite la Parte importadora.

I hereby certify that the foregoing	Ce certifie que le texte qui précède
text is a true copy of the Rotterdam	est une copie conforme de la
Convention on the Prior Informed	Convention de Rotterdam sur la
Consent Procedure for Certain	procédure de consentement
Hazardouis Chemicals and Pesticides	préalable en connaissance de
in International Trade, adopted at	cause applicable dans le cas de
Rotterdam, Netherlands, in 10	certains produits chimiques et
September 1998, the original of which	pesticides dangereux qui font
is deposited with the Secretary-General	l´object du commerce international,
of the United Nations.	adoptée à Rotterdam (Pays-Bas) le
	10 septembre 1998, et dont l´original se trouve déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

For the Secretary-General, Pour le Secrétaire général,

The Legal Counsel Le Conseiller juridique

(Under-Secretary General (Secrétaire général adjoint

for Legal Affairs) aux affaires juridiques)

Hans Correll

United Nations, New York Organization des Nations Unies

17 November 1998 New York, le 17 novembre 1998”

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil ocho.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Francisco Antonio Pacheco Fernández

PRESIDENTE

Hilda González Ramírez Guyon Massey Mora

PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los trece días del mes de febrero del dos mil nueve.

Ejecútese y publíquese

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a. í., Édgar Ugalde Álvarez.—1 vez.—(O. P. Nº 98612- MAG. Serv. Fito. Sanit.).—(Solicitud Nº 27875).—C-819160.—(L8705-52763).

PROYECTOS

LEY PARA EXONERAR DEL IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN E IMPUESTO DE VENTAS A LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Expediente Nº 16.138

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La cultura deportiva de un país necesita de estímulos materiales que permitan el desarrollo de cualquier categoría de deporte. Costa Rica es un país que en proporción poblacional cuenta con muchos talentos deportivos que no se desarrollan en todas sus posibilidades de competición, debido al escaso apoyo económico y porque muchas veces los artículos deportivos idóneos para la actividad deportiva de alto nivel son muy onerosos, significando esto un obstáculo para ese sector de la población dedicado a realizar algún deporte a nivel competitivo, ya que por lo general la mayor parte de deportistas sobresalientes de nuestro país no gozan de una situación económica privilegiada.

Demostrado está que el deporte impone además de los valores tradicionales, otros que son elementos estructurales de la sociedad moderna, como: motivación, rendimiento, capacidad de planear el futuro, igualdad de oportunidades en la competencia, conciencia democrática, planeación basada en conocimientos científicos, racionalización, economicidad, salud e incorporación de valores, entre otros.

En las naciones industrializadas, el deporte es una política de Estado y es un derecho tan importante como la salud y la vivienda, para una mejor calidad de vida de los ciudadanos, es por ello, que su práctica se valora, incentiva y gratifica. Y más importante de mencionar aún es que varios de estos países cuentan con estrategias para incentivar el deporte a temprana edad, otorgando becas escolares a aquellos ganadores de diferentes categorías deportivas, incluso optimizan su infraestructura, para lograr la excelencia académica.

Por sus características, el deporte se constituye en un proceso estratégico para la generación de modelos sociales que representan una cultura de logro, superación, constancia, sacrificio y esfuerzo para alcanzar objetivos socialmente deseables. Sin embargo, la Administración lo que produce es inmovilismo, con la aprobación de altos impuestos en artículos importados, en este caso en específico, sobre los artículos deportivos, actitud desfavorable en un momento en el que el fenómeno deportivo ha crecido extraordinariamente, y alrededor de él se ha tejido un entramado económico de gran Importancia social.

Consecuencia de ello y del crecimiento de su importancia social, ha sido el aumento exponencial de sus necesidades de financiación y no nos referimos únicamente al deporte profesionalizado. Hoy en día cualquier modesto equipo tiene una necesidad de utilización de equipo especializado, utilización de instalaciones o desplazamientos que significan desembolsos económicos superiores.

Llegando a este punto, resulta evidente que los fondos públicos no pueden sostener económicamente todo este fenómeno, es por ello que se deben buscar otras fórmulas complementarias de fomento al deporte, que en gran medida, deben tender a, por un lado, facilitar que el Sector Privado contribuya al sostenimiento económico del deporte, y por otro, a crear más oportunidades de practicar un deporte.

El presente proyecto de ley intenta ser una herramienta más para crear facilidades de competición y participación en el deporte para todas las edades y clases sociales, ya sea por motivo de esparcimiento y recreación, promoción de la salud o alto rendimiento; de forma que la adquisición de los artículos deportivos de cada disciplina, puedan ser accesibles para todas las personas a precios razonables y no encarecidos por las altas cargas impositivas que actualmente sufren.

Con el presente proyecto de ley, se crean mejores condiciones para la competición deportiva, generando mayores incentivos, reconocimiento, patrocinio, promoción y otras formas de apoyo a las actividades deportivas de todo género.

Sin duda en pos de estos objetivos, uno de los instrumentos más al alcance de la Administración Pública, la cual tiene el deber de promocionar, fomentar y subvencionar el deporte, es lo que pretende el presente proyecto de ley, la exención total de los impuestos aduaneros de importación y el impuesto de ventas generados por la importación de artículos deportivos, los cuales haciendo un desglose de los porcentajes correspondientes por pagar son: La tarifa de derecho arancelario a la importación (DAI) aplicables sobre el valor aduanero (CIF) de las mercancías, que representa un 5%, la tarifa de Ley Nº 6946, aplicable sobre el valor aduanero 1%, el impuesto de ventas 13%, aplicable sobre el valor aduanero, más todos los impuestos o cargos que aparezcan en la póliza, tarifa total que correspondería aproximadamente a un 19% de impuestos.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de las señoras y los señores diputados, para su trámite y aprobación final, el texto del presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EXONERAR DEL IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN E IMPUESTO DE VENTAS A LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Exonérase del pago de derechos de aduana y del correspondiente impuesto de ventas, la importación y venta de los artículos, utensilios, accesorios e implementos deportivos.

Rige después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Carlos Salazar Ramírez Peter Guevara Guth

Federico Malavassi Calvo Carlos Herrera Calvo

Ronaldo Alfaro García

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

San José, 7 de marzo de 2006.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-71520.—(52694).

LEY ESPECIAL PARA FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Expediente Nº 16.186

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un modelo de gestión empresarial que tiene como objetivo general la proyección de la empresa privada hacia las comunidades y la población en general de manera que, con la inversión de una parte de sus recursos en obras y servicios de beneficio común, aquellas organizaciones retribuyen al entorno social los beneficios recibidos del mismo y generan, a su vez, miles de beneficios directos e indirectos, para sí o para terceros.

En efecto, la RSC no solo produce beneficios a la comunidad sino que también favorece la gestión pública, pues desahoga los deberes estatales, pero además redunda en beneficios estratégicos para las mismas empresas, al punto de que muchas ven en este modelo una vía de prosperidad. Podríamos decir que es un buen negocio para todos, sin excepción. A nivel comercial se mejora la imagen pública y se facilita el acceso a mercados globales (mayores ventas); en el ámbito legal se mejora el entendimiento de requerimientos legales y exigencias reguladoras; en lo laboral facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la “retención” de talentos; y en lo financiero permite incrementar la confianza de los accionistas, al mejorar la percepción del riesgo.

En realidad se trata de un esquema moderno, propio de la evolución del mundo y del avance de las relaciones intersectoriales y tecnológicas, que permite presentar a la empresa privada como verdadero y genuino motor de desarrollo. El éxito de este modelo a nivel mundial ya se ha consumado (aunque está pendiente la estandarización de las “guías” para su consecución), pareciera ser “la estrella” de la globalización que opera en nuestro planeta desde hace varios años, aunque muchos de manera absurda quieran estigmatizar o desteñir esa positiva realidad incambiable.

No es fácil comprender las dimensiones y alcances positivos de la RSC, por ello es conveniente estudiar el tema a fondo antes de emitir cualquier juicio de valor. Sí conviene tener claro que se trata de un sistema de organización empresarial en el cual la empresa privada renuncia a pensar solamente en el lucro y dedica parte de sus esfuerzos para mejorar el entorno, cosa que no solo es loable sino que debe ser incentivada pues de lo contrario se perderá. Ese incentivo, promoción o impulso es precisamente lo que busca realizar este proyecto de ley.

La Cooperación Técnica Alemana organizó recientemente en San José de Costa Rica una conferencia acerca de la RSC, con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el INCAE, el Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH), y el Instituto de Excelencia Empresarial (IECICR), bajo el título “La Responsabilidad Social empresarial: una moda o un desafío globalizado”. Dicha organizadora (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ GmbH, que pertenece al Gobierno Federal alemán) es una empresa con presencia mundial en el campo de la cooperación al desarrollo, y trabaja para contribuir positivamente al desarrollo político, económico, ecológico y social sostenible de los países en desarrollo, así como en proceso de reforma y mejora de las condiciones de vida y las perspectivas de la población. De esa conferencia se extrajeron importantes conclusiones que clarifican en mucho, este novedoso e interesante tema; motivo por el cual a continuación me permito transcribir literalmente las mismas, no sin antes reiterar que la autoría sobre ello no corresponde al suscrito diputado. Dice así:

“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también denominada “Empresarial”, es un concepto en construcción a nivel internacional y nacional, que se va posicionando cada día en la conciencia colectiva del sector privado y público, como factor de generación de empleo, promotor y garante de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, financiera y social y un instrumento de competitividad empresarial, de país y de la región dentro de las economías de los nuevos mercados globalizados.

El mundo globalizado ha obligado a los gobiernos y empresarios a actuar de manera diferente, tomando en consideración su entorno interno y externo, para contribuir al crecimiento económico sustentable y a la construcción de sociedades más democráticas y fortalecidas para desarrollo sostenible.

Dentro del nuevo orden económico global, el sector privado tiene un nuevo rol que cumplir dentro de una intrincada red de factores, enfrentando un sin número de áreas grises, tales como los estándares en continuo cambio, definición de una nueva relación con las instituciones públicas y la sociedad civil, las nuevas demandas de los mercados, la creación de normas globales que apoyan su expansión, normas que abordan las preocupaciones sociales, tales como estándares sanitarios, laborales, calidad ambiental y reducción de la pobreza, entre otras.

En este marco, la RSC es un instrumento de competitividad empresarial, que es ir más allá de la ley escrita, porque el cumplimiento de la ley ya no es suficiente para ser competitivos en los mercados, no se trata únicamente de un reto empresarial - se trata del nuevo rol de las empresas dentro de la sociedad y el desarrollo y de nuevas formas de asociación multisectorial.

Se trata de realinear la eficiencia de los mercados con las expectativas sociales, superar las restricciones impuestas por las estructuras y límites intergubernamentales, donde se requiere de una participación del gobierno y sociedad.

El surgimiento de un nuevo paradigma es parte de la RSC, es pensar en forma global y sistemática sobre: el rol de las empresas en el desarrollo, la forma en que se realiza el negocio, la gestión corporativa, el alivio de la pobreza, la contribución corporativa hacia la paz, la asociación de empresas, gobierno y sociedad civil -terreno común y acción colectiva; centrándose en las ganancias a largo plazo- al mejorar los prospectos económicos a largo plazo, es tener una visión de conjunto, dando importancia a las condiciones locales para contar con la capacidad de competir de la compañía y lograr el entendimiento sobre los beneficios de influir sobre la calidad del ambiente de negocios.

El enfoque multisectorial es fundamental para la creación de capacidades, contribuir a mejor los vínculos entre ambiente y salud humana, el desarrollo de nuevas formas de asociación a través de los sectores e instituciones para crear capacidad social, la necesidad de contar con una estrategia viable que contribuya con la creación de capacidades a nivel de gobierno y sociedad civil para que éstos puedan encargarse de estos temas y el suministro de incentivos para acciones colectivas y ampliación: de iniciativas individuales a intervenciones sistemáticas.

La implementación de RSC tiene un valor agregado para las economías emergentes y para el fortalecimiento empresarial en términos de: desarrollo de capital humano, la promoción de una buena gestión, protección ambiental y fortalecimiento de la cohesión y desarrollo local, favoreciendo la responsabilidad de las autoridades locales y la ciudadanía, el capital social, productivo y financiero y la transparencia, donde todos ganan.

Para el sector bancario, la implementación de RSC implica, tiene un valor adicional para las empresas promocionando información relevante sobre el desempeño financiero en las bolsas accionarias, un realce en la reputación empresarial, una mejora en la gestión de riesgo (reputacional, crediticio, operacional y legal), reducción de costos operativos e incremento de ingresos, incremento de la capacidad de atracción y conservación de empleados/as y mejora en el acceso al capital. Se transforma en una ventaja competitiva y crea mercados en vías de expansión. Significa a su vez una mejora en la competitividad del sector financiero a través de una mejor administración ambiental, reducción de riesgos ambientales y diseño de productos financieros innovadores y nuevos negocios (verdes y otros).

Entre las principales claves del éxito de la RSC en la banca están: la simplicidad, el diálogo con los diversos públicos interesados, la cercanía a la estrategia institucional -sinergia-, la sustentabilidad, iniciativas más rentables que tengan un mayor impacto y la publicación, declaración y comunicación de sus reportes de sostenibilidad desde la triple rendición de cuentas.

El fortalecimiento de las prácticas de RSC en el país y en América Latina, va a depender de las expectativas sociales, de la fortaleza de las instituciones de apoyo para la implementación de RSC, del impacto que tenga en la mentalidad socio económica, la reparación ambiental, social y económica, la capacidad emprendedora de la sociedad para desarrollar nuevos negocios y la incorporación en la buena gestión empresarial integral, transparente y responsable convirtiéndose en sinónimo de competitividad empresarial.

De acuerdo a los casos expuestos durante la Conferencia, las principales razones para incorporar RSC en las empresas están relacionadas con el aporte de valores éticos y morales a la empresa y la sociedad (honestidad, lealtad, confiabilidad, satisfacción del cliente, respeto interno y externo, dinamismo creativo, productividad, integración colaboradora y desarrollo humano); ser una visión empresarial que brindar nuevo sentido al quehacer empresarial desde una triple dimensión con valor agregado, porque fortalece el capital humano y social, que a su vez propicia el desarrollo de estrategias competitivas sostenibles y crea un ambiente estable para inversiones, retomando las expectativas y necesidades de sus públicos interesados.

Al tener una ventaja competitiva, la empresa se encuentra en la capacidad de “elegir lo mejor”, participa en conglomerados (clusters), brinda espacio para la innovación y aumenta su productividad. Su competitividad está basada tanto en el modelo de gestión en el conocimiento e incorpora la tecnología, asimismo, aumenta las alianzas estratégicas, el outsourcing y colaboración con proveedores locales, con la comunidad e impacta positivamente el desarrollo económico del país.

La implementación de estándares y certificaciones desde la RSC ha servido como instrumento de medición, es parte del compromiso solidario desde las empresas, hacia los trabajadores/as, las/os consumidores/as, comunidad y otras instancias que están construyendo la capacidad de incorporación en las empresas.

Las certificaciones y los estándares son herramientas que sirven también para desarrollar estrategias de competitividad con visión global, modelos de gestión que no pueden ser cosméticos o de lavado verde, sino que deben reflejar la estrategia de la empresa y su compromiso mediante el diálogo social con los públicos interesados para lograr una mayor identificación con el producto o la empresa.

En el contexto competitivo mundial, las habilidades gerenciales integrales para entender las relaciones empresa - sociedad son claves para identificar oportunidades y diseñar estrategias, y planes de negocio que consideran las implicaciones legales, éticas, sociales y ambientales para la competitividad. Tal y como lo expresaron los expositores, cada día más empresas han ido reconociendo los beneficios económicos, sociales y financieros, lo que ha reforzado cada día más un mejor entendimiento de la RSC y el potencial que conlleva para la competitividad y el acceso más eficaz a los mercados.

Retos futuros

Entre los principales desafíos, se puede mencionar la creación de una cultura de RSC que penetre todas las estructuras sociales a nivel regional y de país, para ir fortaleciendo el capital social, humano y financiero, que sirva a su vez como instrumento de disminución de pobreza y un aporte al desarrollo de los sectores empresariales, mediante acciones que apuntan a:

- Potenciar las organizaciones que trabajan en el tema desde las diversos enfoques, sea inversión social, fortalecimiento de la competitividad, investigación, formación, entre otras, para el desarrollo de una Agenda País de RSC y Competitividad, definida con la participación y consenso de los diversos actores: sector privado - empresarial, gremiales - ONG’s, instituciones de enseñanza, sector público, gobierno y organismos de cooperación internacional.

- Promoción del diálogo tripartito (empresa, gobierno y sociedad civil) para ampliar el concepto y prácticas de RSC y un foro de RSC y crear confianza entre los diversos actores para promover una cultura de RSC;

- Desarrollar programas de trabajo conjunto Estado, empresa y organismos de cooperación internacional que trabajan el tema RSC en el país y la región para asegurar la forma más eficiente y efectiva de aplicación de los principios de RSC;

- Fortalecimiento de la educación del consumidor/a y los públicos interesados para que valoren y promuevan las RSC; d. promoción de fondos para programas de prevención de la corrupción (Centros de Ética, Foros Nacionales, medios independientes);

- Promoción de programas de adecuación para la diseminación de buenas prácticas legales empresariales; e. Fortalecimiento de alianzas instituciones de enseñanza-sector privado y otros actores, para mejorar la innovación, transferencia de tecnología y competitividad empresarial;

- Apoyo a los centros de PYME’s para la implementación de RSC como instrumento de competitividad; g. capacidad a expertos locales en el tema para brindar asesoría a las empresas, gremiales, y otras instancias en RSC.

El último gran reto, es el fortalecimiento de la Relación Público Privado (RPP) y/o (PPP), un enfoque de convergencia, de coordinación de esfuerzos y recursos frente al tema de RSC, que involucra la articulación, cofinanciamiento, identificación y desarrollo de una agenda de responsabilidad pública y privada, donde el aporte puede tener un impacto significativo para el desarrollo de una cultura de articulación y sostenibilidad socio económica en el país.” (CURSIVA NO CORRESPONDE AL ORIGINAL)

Dicho modelo se convierte, entonces, en un auténtico “disparador de competitividad”. En nuestro país esto no es del todo nuevo. Actualmente, varias empresas están poniendo en práctica este esquema de RSC, con resultados sumamente positivos. En el diario “El Financiero”, edición 527, de 21 de agosto de 2005 (páginas 6 y 7), se menciona a empresas como Amanco, Alterra, Atlas, Automercado, Banco Banex, Bufete Batalla & Asociados, British American Tobaco CA, Cemex, Cisco Sistemas, Citibank, Componentes Intel Costa Rica, Corporación de Supermercados Unidos, Corporación Rostipollos, DHL, Dos Pinos, Ericsson, Ernst & Young, Exactus, Florida Ice & Farm, Fundación Mesoamérica, Garnier BBDO, Grupo Bursátil Aldesa, Grupo Nación, HB Fuller, Holterman & Cía, Hotel Fiesta Premier, Importadora Monge, ITS, KPMG, Mercado de Valores Microsoft, Península Papagayo, Philip Morris (Tabalera Costarricense), Procter & Gamble, SC Jonson, Scotiabank, Silvana, Universidad Interamericana y Unsat. Hay cientos de anécdotas que demuestran el impacto positivo de la RSC, pero traigo a colación una que me llamó poderosamente la atención, y que llevaba por título “Un poquitico de mí”; consistía en aplicar los aportes captados para atención de niños y niñas en riesgo social. Definitivamente, la solidaridad es algo que brota voluntariamente del alma, se puede hacer “a lo tico” y no requiere imposición de la ley (elefantismo estatal disfrazado bajo el prurito de solidaridad social).

Seguramente, de esa fecha a hoy habrán nuevas empresas que “ingresaron” a ese modelo. Nótese que hay un abanico de participantes desde el punto de vista de la capacidad económica; es decir, así como hay empresas grandes que no participan, hay PYMES que sí lo hacen, y viceversa. Por lo tanto, no se trata de un modelo “para ricos”, sino de un esquema inteligente de organización y encadenamiento productivo donde el sector privado demuestra que es el mayor promotor del desarrollo y que la principal función del Estado debería ser facilitar y agilizar las condiciones para que ese proceso se dé sin circuitos burocráticos (no estorbar).

Por medio de diversas investigaciones realizadas y participaciones en foros y otras actividades, he podido compilar varios documentos que contienen información muy valiosa sobre este tema. Tal es el caso de las presentaciones de Image & Value Management, la AED (Asociación de Empresarios para el Desarrollo) en conjunto con el INCAE, Philip Morris International, así como el pronunciamiento de la Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas, 2 de julio de 2002). Es precisamente por eso que en el acta de presentación de este proyecto de ley haré entrega también de dichos documentos, para que puedan ser incorporados al expediente del proyecto y eso brinde mayores elementos de información, de manera que se facilite la comprensión de este vasto tema y su gran importancia para el desarrollo del país.

En cuanto se refiere al articulado de este proyecto de ley, conviene realizar una serie de aclaraciones.

Se habla de “fomentar” la RSC pues esta ya existe, no tuvo que ser inventada por ley (por eso es buena!). Empero, el artículo 1 habla de “autorización” porque el mecanismo de fomento propuesto es de naturaleza fiscal, lo cual por principio de legalidad requiere de una autorización en todo el sentido de la palabra.

Aplicaría a favor de cualesquiera empresas u organizaciones privadas que de manera eficaz y eficiente desarrollen obras o servicios de beneficio social o comunitario, los proyectos deberían ser de conformidad con el Reglamento a esta eventual Ley, que será emitido por el Poder Ejecutivo previo estudio a fondo del tema, para lo cual se le dan tres meses en el transitorio segundo.

El beneficio consistiría en poder reducir del monto por pagar por concepto de impuesto sobre la renta (en no más del 50%) el monto total invertido en las obras. Todo ello debería acreditarse ante la Dirección General de Tributación Directa, junto con una certificación que expedirían las municipalidades, respecto de la constatación del avance de las obras o servicios, tal y como actualmente lo dispone el artículo 22 del Reglamento a la Ley de control de partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional (las cuales en ese ámbito se exigen como requisito indispensable para que la Tesorería Nacional gire los recursos previamente asignados). En este caso servirían de prueba de que la empresa “cumplió” a satisfacción de la máxima representación local (cuál es la municipalidad), ya no para que el Estado gire recursos sino para que no los cobre en impuestos y en la proporción mencionada. Esto descansa en la lógica de que el Estado no debe exigir el pago de recursos para realizar obras cuando las mismas ya fueron efectuadas de previo al cobro de los impuestos. Sin embargo, nótese que no se dejan desprotegidas las finanzas públicas, ya que el otro 50% sería de pago ineludible, lo cual resulta a mi juicio razonable. Además, se le dan potestades de revisión y fiscalización a la DGTD, por lo cual tampoco podría afirmarse que produce riesgo de evasión fiscal. Incluso, nótese que en el artículo 4 se indica que cuando la Administración Tributaria determine que la empresa no cumplió con los requisitos exigidos (tanto legal como reglamentariamente) esta debe pagarle al Estado la proporción de impuesto sobre la renta que dejó de cancelar (saldo en descubierto).

Finalmente, y aunque resulte paradójico, el facto más útil del proyecto estaría siendo incluido en el primer transitorio. Esto debe ser explicado. La corriente internacional de la RSC está especialmente relacionada con la norma ISO 26000, la cual es estándar en todo el mundo, su número no cambiará, aunque pueda sufrir actualizaciones de fondo.

Resulta que esa norma no ha sido redactada, es más, en este momento está en fase F10 (un especie de estudio preliminar). Por tal motivo, sería temerario proponer un vigencia inmediata de sistema de fomento a la RSC basado en un modelo que no tiene basamento de aplicación en ningún país del mundo, al menos bajo la ISO 26000.

Sin embargo, bajo el principio de que la ley debe ajustarse al cambio de la ciencia y no esta a aquella, me he permitido proponer en el transitorio I una norma de esa naturaleza que haría efectivo el beneficio, cuando la ISO 26000 llegue a promulgarse definitivamente. En efecto, se indica que cuando eso ocurra las empresas que obtengan la certificación por parte de una entidad acreditada ante el ECA, con apego a la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, tendrían el reconocimiento de pagar una tarifa fija de 10% para el impuesto sobre la renta (flat tax), y para mantener eso, la respectiva empresa debería procurar seguir manteniendo vigente esa certificación, o sea, debe seguir cumpliendo la norma internacional ISO 26000. Se propone que la duración de ese beneficio sea de tres años, pues las certificaciones emitidas en ese campo tienen ese rango de duración y no podría desconocerse esa circunstancia.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de los señores diputados y señoras diputadas este proyecto de ley. El texto dice así.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY ESPECIAL PARA FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

ARTÍCULO 1.- Autorización

Las organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que inviertan parte de sus recursos en la construcción, implementación, remodelación, ampliación, mejora o modernización de obras y servicios públicos de beneficio social o comunitario, podrán deducir la totalidad del monto invertido en ello del importe total a pagar por concepto de impuesto sobre la renta durante el período de cobro respectivo, en no más de un 50% del mismo, siempre que dichas inversiones correspondan a ese mismo lapso.

ARTÍCULO 2.- Comprobación

Corresponderá a las municipalidades, dentro de su respectiva jurisdicción, expedir las certificaciones en que se haga constar la ejecución efectiva de las obras y servicios públicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la Ley para control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional.

Dicha certificación será indispensable para que aplique lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 3.- Fiscalización

La Dirección Nacional de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda supervisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, sin perjuicio de las demás atribuciones que por ley le correspondan.

Para tales efectos, podrá requerir a las municipalidades y las empresas u organizaciones beneficiarias toda la información que estime pertinente, la cual deberá manejar con absoluta confidencialidad.

ARTÍCULO 4.- Saldo en descubierto

Cuando se compruebe debidamente, que una empresa ha gozado del beneficio dispuesto en esta Ley sin haber cumplido todos los requisitos establecidos, deberá cancelar al Estado la diferencia respecto a la tasa general del impuesto sobre la renta que le hubiere correspondido pagar en el respectivo período, así como los intereses de ley.

TRANSITORIO I.-

Una vez promulgada y ratificada la norma internacional ISO 26000, las entidades acreditadas ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) de conformidad con lo establecido en la Ley de sistema nacional para la calidad Nº 8279, de 2 de mayo de 2002, podrán expedir certificaciones de cumplimiento a dicha norma en favor de empresas que se acojan voluntariamente a la misma, las cuales, en razón de ello podrán gozar de una tarifa uniforme de impuesto sobre la renta del diez por ciento (10%), durante un período mínimo de tres años, prorrogables en tractos iguales y en el tanto permanezca vigente la respectiva certificación.

TRANSITORIO II.-

El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro de los tres meses siguientes a su aprobación.

Rige a partir de su publicación.

Peter Guevara Guth

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 15 de mayo de 2006.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-287250.—(52695).

REFORMA TOTAL A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO

DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Nº 5524 Y SUS REFORMAS

Expediente Nº 17.256

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Durante 35 años, el Organismo de Investigación Judicial ha brindado a la ciudadanía costarricense el servicio público de investigación criminal para el descubrimiento y verificación científica de los delitos y sus presuntos responsables, propiciando un entorno de paz y seguridad que le ha permitido erigirse como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico del país.

No obstante, hoy día la realidad delincuencial de Costa Rica dista mucho de la experimentada durante los albores de esta Institución, ya que la criminalidad ha avanzado a pasos agigantados tanto cualitativa como cuantitativamente, especializándose en sus modos de operar para evitar ser descubiertos, a la vez, desarrollando nuevas modalidades delictivas, muchas de ellas con el agravante de una extrema utilización de la violencia sin mayor consideración por la integridad física o la vida de sus víctimas.

En virtud de lo anterior, se ha determinado la necesidad imperativa de actualizar el Organismo de Investigación Judicial, con el propósito de que pueda seguir brindando el servicio de investigación criminal a la ciudadanía costarricense, con capacidad de respuesta adecuada para enfrentar los nuevos embates de la criminalidad, mediante una organización interna ágil y flexible acorde con los avances de la ciencia de la Administración, a la vez que ostente herramientas operativas y tecnológicas para tal fin.

Con este propósito, se torna imperativo realizar una reforma a la Ley Nº 5524 de 7 de mayo de 1974, denominada “Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial”, misma que ha regulado por 35 años la organización y funcionamiento de esta Institución, y para ello se presenta el siguiente proyecto de ley, entre cuyas principales novedades se destacan las siguientes:

La creación de jefaturas de región con competencia en diferentes zonas del país, como superiores jerárquicos inmediatos de las oficinas policiales del OIJ que se ubiquen en esas adscripciones territoriales, el propósito de estas nuevas figuras estriba en lograr un mayor control y supervisión de las sedes policiales, lo que permita mayor retroalimentación así como unificar criterios y corregir actuaciones en una forma ágil, liberar a la Dirección General de este tipo de gestiones, permitiéndole coordinar solamente con los jefes regionales y no con cada uno de los jefes de las dependencias a nivel nacional, lo que facilitará concentrar esfuerzos en las funciones propias de dirección institucional, sin tener que atender aspectos puntuales que deben ser solventados a otro nivel de la organización.

Adicionalmente, se homologa la estructura organizacional, primero al equiparar la Secretaría General del OIJ y la Oficina de Planes y Operaciones a nivel de departamentos, específicamente, mediante el establecimiento del Departamento de Gestión Administrativa y el Departamento de Planes, Operaciones y Unidades Especiales, situación procedente según el ámbito y responsabilidad de sus competencias; y en segundo lugar, al brindarle a todas las dependencias con este mismo rango la posibilidad de contar con una jefatura y subjefatura, en igualdad de condiciones con las que ha ostentado el Departamento de Investigaciones Criminales, desahogándose así la labor de dirección de esos despachos, ante las exigencias producto del crecimiento y desarrollo de personal y funciones que han experimentado a través de los años.

Dentro de los aspectos más novedosos, se crean el Departamento de Desarrollo Informático y Tecnológico, la Academia del Organismo de Investigación Judicial, así como el Tribunal Administrativo Disciplinario. El Departamento mencionado tendrá bajo su competencia desarrollar, administrar, mantener e implementar los avances tecnológicos en sentido amplio, apoyando decididamente las labores especializadas de la Policía Judicial, que esta realiza tanto a nivel operativo como científico. A la Academia le corresponderá realizar a nivel nacional las actividades de formación, capacitación y actualización del personal, en las áreas policiales, técnicas y científicas. Al Tribunal indicado le corresponde, salvo algunas excepciones de ley, la aplicación del régimen disciplinario sobre los servidores del OIJ, en estricto apego a la normativa vigente sobre la materia.

Otro aspecto importante a destacar, es que se exige que los investigadores de nuevo ingreso cuenten a su haber al menos con un título de bachillerato universitario, con la finalidad de lograr no solo aportes al campo de la investigación criminal mediante la aplicación de conocimientos de las diferentes especialidades que puedan ostentar, sino también lograr una madurez considerada trascendental para el correcto desempeño de las delicadas labores de investigación criminal que recaen legalmente sobre los agentes de este Organismo.

El presente proyecto de ley ha implicado un esfuerzo tendiente a lograr estructurar un marco normativo que permita maximizar el servicio público brindado por el Organismo de Investigación Judicial, que impulse el quehacer de esta Entidad en los años por venir, en beneficio de la ciudadanía costarricense.

Por todo lo anterior, los diputados suscritos sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, cuyo texto dirá así.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA TOTAL A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Nº 5524 Y SUS REFORMAS

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y FINES

ARTÍCULO 1.- Créase el Organismo de Investigación Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia en todo el territorio nacional. Tendrá su sede en la ciudad de San José, pero se podrán crear las dependencias que se estime convenientes. Será auxiliar de los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como del Ministerio Público, en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Asimismo, cuerpo de consulta de los demás tribunales de justicia, en virtud de auto fundamentado, salvo excepciones de ley en contrario.

ARTÍCULO 2.- Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección jurídica, el Organismo de Investigación Judicial cumplirá con las funciones de policía judicial, técnica y científica.

CAPÍTULO II

ATRIBUCIONES Y DEBERES

ARTÍCULO 3.- EI Organismo de Investigación Judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender a los presuntos responsables, a reunir, asegurar y ordenar técnica y científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación.

Si el delito fuere de acción privada, solo actuará en acatamiento a orden de autoridad competente, si el delito fuere de acción pública perseguible a instancia privada, actuará por denuncia de la persona legalmente facultada para instar, sin perjuicio de la realización de los actos urgentes que impidan continuar el ilícito o los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no se afecten los derechos de la víctima.

ARTÍCULO 4.- Cuando el Organismo de Investigación Judicial tenga noticia de la comisión de un delito se trasladará sin demora al lugar del suceso y realizará todas las diligencias procedentes que fueren necesarias para hacer efectivo su cometido, de lo cual deberá informar oportunamente a la autoridad judicial competente, conforme al ordenamiento jurídico.

Los elementos de prueba obtenidos deberán ser individualizados y asegurados, para efectos de garantizar la autenticidad e integridad de lo que hacen constar, por medio de un sistema de control que indique lugar, día, hora y circunstancias en que se obtuvo, firmada por el funcionario o funcionarios responsables de su obtención, y debidamente sellada, lacrada e identificada. En cualquier caso se observará toda medida que asegure la debida cadena de custodia de los indicios y evidencias.

ARTÍCULO 5.- EI Organismo de Investigación Judicial tendrá además las siguientes atribuciones y deberes:

a) Recibir denuncias.

b) Preservar el sitio del suceso y realizar las diligencias técnicas y científicas de su incumbencia que consideren necesarias para el éxito de la investigación.

c) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante los exámenes, inspecciones, planos, fotografías, o cualquier otro medio tecnológico y demás operaciones técnicas aconsejables.

d) Proceder a los registros, allanamientos, requisas, decomisos y otras diligencias que fueren necesarias para la buena marcha de las investigaciones, con las formalidades que establece el Código Procesal Penal.

e) Proceder a entrevistar a todas las personas que pudieren aportar datos de interés a la investigación.

f) Practicar los peritajes de toda naturaleza, solicitando la colaboración de técnicos o científicos externos y/o extranjeros, cuando las circunstancias lo requieran. En el caso de los nacionales, no podrán negar su cooperación. Asimismo, podrá solicitar la asistencia de intérpretes, cuando fuere necesario, los que tampoco podrán negar su colaboración. Tales técnicos, científicos e intérpretes prestarán juramento de cumplir fielmente su encargo y de guardar secreto sobre la materia en que intervinieron.

g) Aprehender a los presuntos responsables en los casos y forma que la ley autoriza.

h) Disponer, de ser estrictamente necesaria, la incomunicación de los presuntos responsables, según lo establecido por el ordenamiento jurídico.

i) Identificar y entrevistar a los presuntos responsables en la forma y con las garantías que establece la ley.

j) Solicitar la colaboración de otras autoridades policiales y administrativas, las que no podrán negarla. La policía administrativa actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la judicial, pero desde que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar. En casos urgentes o cuando cumpla órdenes de autoridades judiciales, la policía administrativa tendrá las o mismas atribuciones que la judicial.

k) Ordenar a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que brinde oportunamente la información o colaboración que se considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. La persona que sin justa causa, no suministre la información solicitada serán sancionados con las penas establecidas para el delito de incumplimiento de deberes del funcionario público.

l) Al investigar ilícitos relacionados con el crimen organizado de cualquier tipo, el personal del Organismo de Investigación Judicial, podrá ejercer en lo necesario las atribuciones de fiscalización e inspección que ostenten los diferentes cuerpos de policía.

m) Todas las demás facultades que otras leyes le otorguen al Organismo de Investigación Judicial.

ARTÍCULO 6.- Cuando en el curso de una investigación se expidiere orden de presentación a una persona que tenga conocimiento de hechos o circunstancias que en cualquier forma puedan ayudar a la investigación y fuere impostergable su declaración para el éxito de la misma, se dispondrá su comparecencia en forma inmediata.

En igual forma se procederá si, habiéndose otorgado un plazo para comparecer, no acatare a tiempo la orden, salvo justa causa.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 7.- EI Organismo de Investigación Judicial estará constituido por una Dirección General, jefaturas de Región, un Departamento de Investigaciones Criminales, un Departamento de Medicina Legal, un Departamento de Ciencias Forenses, un Departamento de Gestión Administrativa, un Departamento de Planes, Operaciones y Unidades Especializadas, un Departamento de Desarrollo Informático y Tecnológico, una Academia del Organismo de Investigación Judicial, un Consejo Asesor, un Tribunal Disciplinario y las sedes regionales que se requieran. Todas las dependencias del Organismo contarán con la estructura organizacional necesaria para su buen funcionamiento.

ARTÍCULO 8.- Los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial deberán ser costarricenses, mayores de edad, de conducta intachable y apegados a los valores institucionales.

El Director General y Subdirector General deberán ser costarricenses por nacimiento, abogados y criminólogos, contar con 20 años de laborar dentro del Organismo de Investigación Judicial, de los cuales al menos durante diez años se haya desempeñado en puestos de Jefatura.

Las jefaturas de Región, los jefes de las sedes regionales, los jefes de los departamentos de Investigaciones Criminales y de Planes, Operaciones y Unidades Especializadas, deberán ser costarricenses, abogados y contar con 15 años de desempeñarse dentro del área de la investigación policial en el Organismo de Investigación Judicial, de los cuales al menos durante cinco años se hayan desempeñado en puestos de jefatura.

En el caso de los departamentos de Gestión Administrativa y Desarrollo Informático y Tecnológico, serán costarricenses, profesionales con al menos grado de licenciatura de una carrera que los faculte para el ejercicio del cargo y además deberán contar con una experiencia mínima de diez años en el ejercicio de labores relacionadas al cargo dentro del Organismo de Investigación Judicial que los faculten para el cumplimiento del puesto.

El rector y vicerrector de la Academia del Organismo de Investigación Judicial deberán ser costarricenses, profesionales con al menos grado de licenciatura en una especialidad de enseñanza superior y contar con 15 años en labores relacionadas al cargo, de los cuales durante cinco años se haya desempeñado en puestos de jefatura.

Los miembros del Tribunal Administrativo Disciplinario deben ser costarricenses, abogados de profesión con al menos cinco años de graduado, con experiencia mínima de diez años en labores relacionadas con el régimen disciplinario.

Los investigadores de primer ingreso deberán ser costarricenses, bachilleres universitarios o contar con preparación equivalente.

ARTÍCULO 9.- El director general y el subdirector general, serán elegidos por Corte Plena. Los jefes de región, los jefes y subjefes departamentales, el rector y vicerrector de la Academia del Organismo de Investigación Judicial y los miembros del Tribunal Administrativo Disciplinario, serán nombrados por la Dirección General y remitidos a conocimiento del Consejo Superior para los efectos indicados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ARTÍCULO 10.- En ausencia o impedimento del director general, el subdirector general asumirá sus funciones, y ante imposibilidad para proceder de tal forma, la Corte Plena realizará la designación.

ARTÍCULO 11.- Los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial deberán separarse del conocimiento de los asuntos en que les corresponda intervenir, cuando los comprenda alguna causa de impedimento o recusación de las que señala el Código Procesal Penal para los funcionarios que administran justicia.

El presidente de la Corte resolverá discrecionalmente y sin más trámite, las excusas y recusaciones del director general y el subdirector general.

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 12.- La Dirección General es el órgano jerárquico superior del Organismo de Investigación Judicial, y estará formada por un director general y un subdirector general, el primero mencionado ejercerá como el máximo jerarca de la Institución.

ARTÍCULO 13.- Son funciones de la Dirección General:

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento, la normativa institucional y el buen funcionamiento de todas las dependencias del Organismo de Investigación Judicial.

b) Atender las relaciones del Organismo de Investigación Judicial con las demás instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales y comunicar a la prensa las informaciones que estime convenientes.

c) Fijar, dentro del marco que le señale la ley, la política y demás directrices relativas a la actuación y funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial.

d) Definir las normas internas que regulen el desempeño de todas las dependencias del Organismo de Investigación Judicial.

e) Revisar y aprobar los anteproyectos de presupuesto y demás estudios técnicos de interés institucional.

f) Promover iniciativas y proyectos para determinar la política criminal vigente en el país.

g) Efectuar por medio de una dependencia especializada las investigaciones internas tendientes a identificar, investigar y combatir de todos los hechos indebidos que se presuma o hayan sido realizados por un funcionario (s) del Organismo de Investigación Judicial, con las salvedades de ley.

h) Todas las demás que se le señalen en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 14.- El Director General tendrá la potestad de delegar en el subdirector general las funciones y actividades que considere convenientes.

ARTÍCULO 15.- La Dirección General podrá cambiar discrecionalmente de adscripción a todo el personal del Organismo de Investigación Judicial, por razones de oportunidad y conveniencia para un mejor servicio público, debidamente justificado. Tales cambios los pondrá en conocimiento del Consejo Superior del Poder Judicial para lo que corresponda.

ARTÍCULO 16.- Cuando la Dirección General tenga duda sobre la corrección de cualquier servidor del Organismo de Investigación Judicial, de modo que se dé una pérdida de confianza, podrá separarlo de su cargo para mejor servicio público. Cuando no se trate de funcionarios o empleados de confianza deberá tramitarse la correspondiente información, en cumplimiento del debido proceso, que garantice el derecho de defensa del interesado.

CAPÍTULO V

DE LAS FUNCIONES DE JEFES DEPARTAMENTALES

Y SEDES REGIONALES

ARTÍCULO 17.- Corresponderá al jefe de los departamentos de Gestión Administrativa, Investigaciones Criminales, Medicina Legal, Ciencias Forenses, Planes, Operaciones y Unidades Especializadas, Desarrollo Informático y Tecnológico y Sedes Regionales, las siguientes funciones:

a) Administrar, organizar, planificar, controlar, así como dirigir de manera eficaz y eficiente el recurso a su cargo realizando las evaluaciones correspondientes en forma oportuna.

b) Ordenar la distribución y traslado del personal necesario a lo interno del Departamento, atendiendo razones de urgencia o necesidad para mejorar el servicio público.

c) Extender las certificaciones y constancias solicitadas por parte de los interesados que demuestren su legitimidad, autoridades o funcionarios judiciales.

d) Proponer, dar seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas de trabajo y desarrollo a ejecutar por la dependencia que dirige; recomendar los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos establecidos.

e) Asesorar e instruir al personal a su cargo sobre los métodos para llevar a cabo las labores, en forma objetiva, eficaz y apegada a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.

f) Las demás que señale esta Ley, su Reglamento o la Dirección General.

ARTÍCULO 18.- Los jefes departamentales y de las sedes regionales tendrán la potestad de delegar en los subjefes las funciones y actividades que consideren convenientes.

CAPÍTULO VI

DEL CONSEJO ASESOR

ARTÍCULO 19.- El Consejo Asesor del Organismo de Investigación Judicial estará integrado por el Director General, quien lo presidirá, el subdirector general, los jefes de región, el rector de la Academia, los jefes departamentales y por el presidente del Tribunal Disciplinario.

ARTÍCULO 20.- El Consejo Asesor deberá reunirse ordinariamente, una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando la Dirección General lo convoque.

ARTÍCULO 21.- El Consejo Asesor será el cuerpo consultor de la Dirección General y tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

a) Recomendar los cambios en la estructura interna del Organismo de Investigación Judicial que las circunstancias aconsejen.

b) Recomendar los planes, programas y estrategias a desarrollar por el Organismo de Investigación Judicial en materia administrativa, de criminalidad y de capacitación.

c) Analizar el anteproyecto de presupuesto del Organismo de Investigación Judicial y proponer a la Dirección General las recomendaciones que se estimen pertinentes.

d) Realizar los estudios que la Dirección General le encomiende.

e) Emitir criterio en aquellas materias que la Dirección General someta a su conocimiento.

f) Nombrar, reelegir o remover a los representantes de cada uno de los Departamentos de: Investigaciones Criminales, Ciencias Forenses y Medicina Legal, ante el Consejo Directivo de la Academia del Organismo de Investigación Judicial.

g) Dar seguimiento y evaluar los resultados de sus acuerdos y, de cualquier otro asunto que ordene la Dirección General.

CAPÍTULO VII

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 22.- El Departamento de Gestión Administrativa es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, cuya jefatura estará conformada por un jefe y un subjefe. Será el encargado de promover y ejecutar los lineamientos y políticas en materia administrativa del Organismo de Investigación Judicial. Contará con los recursos que se estimen necesarios para el buen servicio.

ARTÍCULO 23.- Son funciones del jefe del Departamento de Gestión Administrativa:

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.

b) Administrar y ejecutar el presupuesto.

c) Ejecutar las tareas de administración financiera y contable.

d) Efectuar el proceso de reclutamiento y selección del personal.

e) Ejecutar los procesos de adquisición, inventarios, administración y mantenimiento de bienes.

f) Custodiar e inventariar los objetos y evidencias decomisadas en los procesos penales, con excepción de las armas de fuego decomisadas y comisadas que serán custodiadas en el arsenal nacional del Ministerio de Seguridad Pública.

g) Administrar las acciones concernientes a las políticas en materia de salud ocupacional.

h) Elaborar los proyectos que sean de su competencia, así como los que le solicite la Dirección General de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.

CAPÍTULO VIII

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES

ARTÍCULO 24.- El Departamento de Investigaciones Criminales es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, cuya jefatura estará conformada por un jefe y un subjefe. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Recibirá, de conformidad con los requisitos que la ley exige, las denuncias que los interesados interpongan y efectuará las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos cuyo conocimiento corresponda al Organismo de Investigación Judicial.

CAPÍTULO IX

DE LOS JEFES DE REGIÓN

ARTÍCULO 25.- Las jefaturas de región estarán adscritas a la Dirección General, la cual podrá crear todas aquellas que estime necesarias basándose en los estudios que así lo justifiquen. Los jefes de región serán los superiores jerárquicos de las sedes regionales ubicadas en el ámbito de su competencia territorial. Les corresponderá servir de enlace entre las dependencias a su cargo y la Dirección General, coordinar, supervisar y asesorar a las sedes regionales para el correcto funcionamiento de la organización.

ARTÍCULO 26.- Serán funciones de los jefes de región:

a) Administrar, organizar, planificar, controlar, así como dirigir de manera eficaz y eficiente el recurso a su cargo realizando las evaluaciones correspondientes en forma oportuna, ejecutando las acciones pertinentes para ello.

b) Atender las relaciones del Organismo de Investigación Judicial con las demás instituciones públicas o privadas, de su región.

c) Ejecutar los planes, programas y estrategias a desarrollar en su región en materia administrativa y de criminalidad ordenados por la Dirección General.

d) Realizar los estudios que la Dirección General le encomiende.

e) Dar seguimiento y evaluar los resultados de los planes, programas y estrategias implementados en su región.

f) Proponer, dar seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas de trabajo y desarrollo a ejecutar por la dependencia que dirige; recomendar los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos establecidos.

g) Velar por el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y las normas internas que regulen el desempeño y el buen funcionamiento de las sedes regionales a su cargo.

h) Las demás que señale esta Ley, su Reglamento o la Dirección General.

CAPÍTULO X

DE LAS SEDES REGIONALES

ARTÍCULO 27.- Las sedes regionales serán dependencia directa e inmediata de la Dirección de Región correspondiente, cuya jefatura estará conformada en los casos que la Dirección General considere necesario por un jefe y un subjefe. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Recibirá, de conformidad con los requisitos que la ley exige, las denuncias que los interesados interpongan y efectuará las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos cuyo conocimiento corresponda al Organismo de Investigación Judicial.

CAPÍTULO XI

DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL

Y DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE

ARTÍCULO 28.- El Departamento de Medicina Legal es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, cuya jefatura estará conformada por un jefe y un subjefe. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Será el encargado de efectuar los exámenes y realizar las pericias, rendir los dictámenes y evacuar consultas médico-forenses en los casos cuyo conocimiento corresponda al Organismo de Investigación Judicial y a los Tribunales de Justicia.

ARTÍCULO 29.- Corresponderá al jefe del Departamento de Medicina Legal, además de las funciones atribuidas en el artículo 17 de esta Ley, las siguientes:

a) Coordinar las secciones del Consejo Médico Forense, en cuyas deliberaciones podrá participar con voz pero sin voto; salvo que tenga que sustituir a un miembro propietario.

b) Confeccionar, la lista de los médicos que deban sustituir en sus puestos a los miembros propietarios de dichas secciones, ante ausencia, excusa o recusación de alguno de ellos.

c) Proponer a la Dirección General para su aprobación, los miembros de las secciones del Consejo Médico Forense, a fin de tramitar lo pertinente ante la instancia correspondiente.

d) Presidir las sesiones en las cuales se estudien los informes o dictámenes rendidos por las secciones y las unidades Médico Legales para casos similares, en el supuesto de que resultaren contradictorios. En dichas sesiones deberá darse una decisión, por mayoría, en una votación que se producirá con la participación de todos los integrantes de las secciones del Consejo Médico Forense. Además, deberá comunicar esa decisión a la autoridad judicial.

e) Las demás que señale esta Ley, su Reglamento o la Dirección General.

ARTÍCULO 30.- El Consejo Médico Forense estará organizado por las secciones necesarias para su buen funcionamiento.

Los profesionales que integren el Consejo Médico Forense podrán trabajar en este a tiempo completo. También se podrán contratar servicios profesionales especializados, de acuerdo con las necesidades.

A las secciones del Consejo Médico Forense les corresponderá dictaminar, en alzada, sobre las cuestiones médico legales que se susciten en los procesos cuando lo ordenen los Tribunales de Justicia, de oficio o a solicitud de parte.

Para ejercer sus potestades, deberá existir el respectivo recurso de apelación debidamente fundamentado, el cual se interpondrá ante la Autoridad Judicial que conoce del proceso, quien decidirá sobre su admisibilidad dentro de un plazo no mayor a un mes a partir de la presentación del recurso.

Una vez admitido el recurso, la Autoridad Judicial deberá remitir las diligencias ante el Consejo Médico Legal, en un plazo no mayor a ocho días.

ARTÍCULO 31.- Las secciones del Consejo Médico Forense se integrarán así:

a) Por los profesionales especialistas según la valoración requerida.

b) Cada sección estará integrada por al menos tres miembros propietarios, los cuales nombrarán a su coordinador en votación secreta, y en presencia del jefe o subjefe del Departamento de Medicina Legal.

c) Las funciones del coordinador de sección serán:

1) Preparar la sesión y convocarla.

2) Dirigir las deliberaciones de los casos que se presenten a estudio, en su sección, votar y recibir la respectiva votación.

3) Redactar los acuerdos y firmarlos con los otros miembros de la sección.

4) Elaborar el informe pericial y comunicarlo.

5) Firmar, con los otros integrantes, el libro de actas.

ARTÍCULO 32.- Las decisiones se tomarán, con la concurrencia de todos los miembros de la respectiva sección, por mayoría absoluta de votos. Si no hubiere voto de mayoría, a fin de obtenerla el Consejo Médico Forense se integrará con todas las secciones y el jefe del Departamento de Medicina Legal.

ARTÍCULO 33.- Los médicos forenses asignados a las unidades Médico Legales de las Delegaciones Regionales del Organismo de Investigación Judicial serán los encargados de efectuar, bajo su exclusiva responsabilidad profesional, los exámenes y evacuar las consultas médico legales en los asuntos que conozcan el Organismo de Investigación Judicial y los tribunales del circuito respectivo. Las Unidades dependerán técnicamente de la jefatura del Departamento de Medicina Legal y administrativamente de la jefatura de la Sede Regional a que están asignadas.

Si en la delegación no hubiere jefe médico sus informes y dictámenes no requieren refrendo alguno.

De esos dictámenes e informes conocerá el Consejo Médico Forense, cuando para ello sea requerido por el tribunal competente, conforme a la regla general.

CAPÍTULO XII

DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FORENSES

ARTÍCULO 34.- El Departamento de Ciencias Forenses es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, cuya jefatura estará conformada por un jefe y un subjefe. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Será el encargado de efectuar los peritajes por medio de metodologías y procedimientos científicamente válidos, así como realizar estudios y evacuar consultas relativas a las Ciencias Forenses, en todos aquellos aspectos que competa conocer al Organismo de Investigación Judicial. Tendrá a su cargo la administración y supervisión del archivo de huellas genéticas para la identificación con fines de investigación criminal, de todas las personas que en alguna oportunidad hayan comparecido ante alguna autoridad en calidad de presuntos responsables de hechos punibles, de igual forma el apartado civil para la identificación de desaparecidos. La información que ahí se contenga tendrá carácter confidencial y será para uso exclusivo del Organismo de Investigación Judicial y demás autoridades.

CAPÍTULO XIII

DEPARTAMENTO DE PLANES, OPERACIONES

Y UNIDADES ESPECIALIZADAS

ARTÍCULO 35.- El Departamento de Planes, Operaciones y Unidades Especializadas es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, cuya jefatura estará conformada por un jefe y un subjefe. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Le corresponderá realizar a nivel nacional las funciones de enlace, coordinación, investigación, análisis, supervisión, asesoría y planificación en relación con la investigación criminal.

Mantendrá los registros de todas las personas que en alguna oportunidad hayan comparecido ante alguna autoridad en calidad de presuntos responsables de hechos punibles; contando para ello con los mecanismos que se estimen convenientes. La información que ahí se contenga tendrá carácter confidencial y será para uso exclusivo del Organismo y demás autoridades.

CAPÍTULO XIV

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO

ARTÍCULO 36.- El Departamento de Desarrollo Informático y Tecnológico es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, cuya jefatura estará conformada por un jefe y un subjefe. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Le corresponderá a nivel nacional el desarrollo informático y tecnológico del Organismo de Investigación Judicial.

ARTÍCULO 37.- Son funciones del Departamento de Desarrollo Informático y Tecnológico:

a) Desarrollar, administrar y mantener los sistemas informáticos, tecnológicos y de comunicación del Organismo de Investigación Judicial, coordinando cuando fuere necesario, con otras dependencias internas o externas del Poder Judicial.

b) Brindar Soporte Técnico.

c) Proponer a la Dirección General para su aprobación las políticas en el manejo de la seguridad informática, tecnológica y de respaldo a fin de ser implementadas en el Organismo de Investigación Judicial.

d) Mantener un inventario actualizado de los equipos tecnológicos e informáticos del Organismo Investigación Judicial.

e) Proponer a la Dirección General, para su aprobación, los planes de desarrollo informático y tecnológico que requiera el Organismo de Investigación Judicial.

f) Las demás que señale esta Ley, su Reglamento o la Dirección General.

CAPÍTULO XV

ACADEMIA DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

ARTÍCULO 38.- La Academia del Organismo de Investigación Judicial es dependencia directa e inmediata de la Dirección General, estará conformada por un Consejo Directivo, un Rector y Vicerrector. Contará con los recursos que se estimen pertinentes para el buen servicio. Le corresponderá realizar a nivel nacional las funciones relacionadas con la actividad académica, formación, capacitación y actualización del personal del Organismo de Investigación Judicial, en las áreas policiales, técnicas y científicas, para lo cual se podrán impartir y recibir capacitaciones por entes o instructores externos, nacionales e internacionales en todas aquellas materias de interés institucional.

ARTÍCULO 39.- El Consejo Directivo estará integrado por el Director General del Organismo de Investigación Judicial, quien lo presidirá, el rector de la Academia y un representante de cada uno de los departamentos de: Investigaciones Criminales, Ciencias Forenses y Medicina Legal; en el caso de estos tres últimos serán nombrados por un período de hasta tres años por el Consejo Asesor y, podrán ser reelegidos o removidos por dicho Consejo.

CAPÍTULO XVI

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y EL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 40.- Se establece el régimen administrativo disciplinario dentro del Organismo de Investigación Judicial, como mecanismo de control y corrección de las funciones legalmente asignadas, con el fin de asegurar la eficiencia y decoro en el ejercicio de las mismas por parte de los servidores de esta Institución.

ARTÍCULO 41.- Todos los servidores del Organismo de Investigación Judicial están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas en esta Ley.

ARTÍCULO 42.- La queja, el reporte o la información para efectos disciplinarios, podrá realizarse en forma verbal o escrita, ante cualquier dependencia del Organismo de Investigación Judicial, la cual deberá trasladarse al órgano competente para aplicación del régimen disciplinario según corresponda.

ARTÍCULO 43.- El Tribunal Administrativo Disciplinario, será el ente encargado de la aplicación del régimen disciplinario, el cual se constituye en un órgano dependiente de la Dirección General.

ARTÍCULO 44.- El Tribunal Administrativo Disciplinario estará integrado por tres miembros, quienes serán nombrados por la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial; designando a uno de ellos como presidente.

ARTÍCULO 45.- El Tribunal Administrativo Disciplinario, contará con la estructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones y el buen servicio público.

ARTÍCULO 46.- Los miembros del Tribunal Administrativo Disciplinario, los jefes de región, los jefes departamentales, el rector de la Academia y los jefes de delegaciones y subdelegaciones regionales estarán sujetos a la aplicación del régimen disciplinario por parte de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial. El resto de funcionarios estarán bajo el régimen disciplinario ejercido por el Tribunal Administrativo Disciplinario; no obstante, los jefes de oficina, tendrán competencia administrativa disciplinaria para aplicar únicamente la sanción de advertencia, en cuyo caso deberá ser comunicada al Departamento de Personal y al Tribunal Administrativo Disciplinario para que ejerzan el control correspondiente.

ARTÍCULO 47.- Los miembros del Administrativo Disciplinario actuarán individualmente en el desempeño de sus funciones, sin ninguna subordinación entre ellos y como cuerpo colegiado cuando se trate de aplicar el régimen disciplinario.

ARTÍCULO 48.- El presidente del Tribunal, designado así por la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, fungirá como jefe de la oficina, con facultades para resolver las situaciones administrativas que se presenten en el Despacho. Deberá comunicar a la Dirección General los asuntos que puedan afectar el buen servicio del Organismo de Investigación Judicial.

ARTÍCULO 49.- El Tribunal Administrativo Disciplinario, ejercerá de acuerdo con sus competencias y con las excepciones establecidas en esta Ley, el control sobre los servidores del Organismo de Investigación Judicial, tramitando todos aquellos asuntos que se hagan del conocimiento de esa instancia, para lo cual podrá delegar la instrucción correspondiente en los jefes de las sedes regionales, resolviendo lo que proceda respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que tengan en la materia otros órganos y funcionarios del Poder Judicial.

ARTÍCULO 50.- El procedimiento, las faltas, efectos y sanciones aplicables a los servidores del Organismo de Investigación Judicial, serán las mismas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ARTÍCULO 51.- Solamente tendrán recurso de apelación:

- Ante el Tribunal Administrativo Disciplinario, los pronunciamientos emitidos por los jefes de oficina, respecto de la sanción de advertencia.

- Ante el Consejo Superior, las resoluciones que el Tribunal Administrativo Disciplinario y la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial dicten.

ARTÍCULO 52.- En cuanto al régimen disciplinario sobre las partes y sus abogados se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPÍTULO XVII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 53.- Toda la información recabada en el manejo de la investigación criminal que se encuentre en los distintos registros del Organismo de Investigación Judicial, será de carácter confidencial y de uso exclusivo de la Policía Judicial y del Ministerio Público.

ARTÍCULO 54.- La información que se encuentre en los distintos sistemas de registro del Organismo de Investigación Judicial, y que contengan las fichas y demás documentos debidamente clasificados, de todas las personas que en alguna oportunidad hayan comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos responsables de hechos punibles, así como las que enviaren las autoridades nacionales o extranjeras, tendrán carácter confidencial y será para su uso exclusivo y de las demás autoridades.

ARTÍCULO 55.- Todos los cuerpos policiales del país estarán vinculados a la Plataforma de Información Policial (PIP), a cargo de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, por medio de la cual compartirán la información de sus registros, bases de datos, expedientes electrónicos, redes internacionales e inteligencia policial, con la finalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones tanto preventivas como represivas de cualquier delito, así como de evitar la duplicidad del trabajo. Toda organización policial internacional a la que se afilie Costa Rica tendrán su sede en la Plataforma de Información Policial. Todos los registros, bases de datos, expedientes de los órganos y entidades estatales, instituciones autónomas y corporaciones municipales, podrán ser accedidos por la Plataforma de Información Policial, sin necesidad de orden judicial.

La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial determinará los niveles de acceso a la información por parte de las distintas agencias.

ARTÍCULO 56.- El Consejo Directivo de la Academia del Organismo de Investigación Judicial podrá permitir la docencia universitaria, teórica y práctica, en las materias de Medicina Legal, Criminología y Ciencias Forenses, en los distintos departamentos del Organismo, siempre que con ello no se obstaculicen las labores que a este corresponden.

ARTÍCULO 57.- En todo peritaje, siempre que fuere posible se dejará a la orden de la respectiva autoridad una muestra de las cosas u objetos que fueron analizados y que fundamentan el dictamen pericial, de modo que la prueba pueda repetirse.

La Autoridad Judicial al remitir la solicitud pericial autorizará en ese mismo acto la destrucción o alteración de las cosas u objetos para la realización del respectivo análisis pericial. Una vez emitidos los dictámenes periciales, los mismos serán remitidos a la Autoridad Judicial o a la respectiva oficina del Organismo de Investigación Judicial.

ARTÍCULO 58.- Todo dictamen pericial será confeccionado conforme a lo estipulado en la normativa vigente.

ARTÍCULO 59.- Además de la Policía Administrativa, se consideran auxiliares de la Policía Judicial:

a) Los cónsules y vicecónsules de Costa Rica en el extranjero.

b) Las autoridades de migración, aduanas y tránsito.

c) Los capitanes, oficiales y patronos de embarcaciones mercantes, nacionales o extranjeras que navegan en el mar territorial costarricense; los pilotos y demás tripulación responsable de la conducción de aeronaves comerciales; los pilotos nacionales y extranjeros, que se encuentren o arriben a aeropuertos nacionales; los conductores y demás personal de trenes; los jefes y demás personal de estaciones ferroviarias y aeropuertos; los conductores y otros empleados de empresas de transporte que operen en el territorio nacional.

d) Los directores, guardianes y demás empleados de las cárceles, presidios y otros establecimientos públicos o privados de reclusión de adultos o menores.

ARTÍCULO 60.- Los miembros de la Policía Administrativa y demás personas que deban auxiliar a la Policía Judicial, que le nieguen la cooperación debida a una autoridad judicial o en alguna forma, obstaculicen su labor, serán sancionados con las penas establecidas para el delito de incumplimiento de deberes del funcionario público.

ARTÍCULO 61.- Los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial deberán actuar con discreción, procurando mantener en la mayor reserva su identidad; además guardarán absoluto secreto con respecto a la información e investigaciones que conozcan en razón de su puesto.

Los informes a la prensa se darán exclusivamente por medio de la Dirección General, o bien, la oficina o funcionario que se determine para esos propósitos.

Todas aquellas personas que en calidad de estudiante y/o practicante tenga acceso a información propia de la naturaleza de las labores desarrolladas por el Organismo de Investigación Judicial, tendrán el deber de guardar absoluto secreto sobre la misma.

ARTÍCULO 62.- Los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, previa identificación en el desempeño de sus funciones, tendrán libre acceso a las instituciones públicas y privadas en el territorio de la República, así como a toda dependencia del Estado; para los efectos del presente artículo los investigadores judiciales ingresarán a dichas instituciones, portando siempre el arma de fuego asignada para el desempeño de su labor.

ARTÍCULO 63.- La Dirección General determinará los distintivos que usarán en forma exclusiva los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial que en razón de sus funciones así lo ameriten, como medio de demostrar su identidad. El que hiciere uso de tales distintivos, sin estar debidamente facultado para ello, quedará sujeto a la responsabilidad penal correspondiente.

ARTÍCULO 64.- Los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial estarán protegidos por un seguro por responsabilidad civil extracontractual y subjetiva. Así como por el seguro de responsabilidad laboral que establece el Código de Trabajo.

ARTÍCULO 65.- Se aplicará la inopia en aquellos casos en que no existan oferentes que cumplan los requisitos establecidos para los nombramientos que define la presente Ley.

ARTÍCULO 66.- Los peritos del Organismo de Investigación Judicial serán responsables en todos sus extremos de lo reportado en el ejercicio de sus peritajes. Se consideran peritos oficiales de los tribunales para practicar los exámenes y reconocimientos que estos les ordenen. Se juramentarán al asumir su cargo. Sus dictámenes se reputarán auténticos; no necesitarán del trámite de ratificación, ni recibirán honorarios por su peritación.

ARTÍCULO 67.- El Director General y el Subdirector General serán juramentados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los jefes de región, los jefes departamentales, el rector de la Academia del Organismo de Investigación Judicial y los miembros del Tribunal Administrativo Disciplinario, serán juramentados por el Director General. Los demás funcionarios serán juramentados por su jefatura inmediata.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- Mientras no inicie funciones la Academia del Organismo de Investigación Judicial, la Unidad de Capacitación de la Escuela Judicial para el Organismo de Investigación Judicial continuará brindando el servicio. Una vez en funcionamiento esta Unidad pasará a ser parte de la Academia.

TRANSITORIO II.- La aplicación del Régimen Disciplinario sobre los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial se mantendrá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta tanto no entre en funcionamiento el Tribunal Administrativo Disciplinario.

Una vez que inicie funciones esta última dependencia, las causas que estén en trámite se mantendrán bajo la competencia disciplinaria del Órgano que los conoce hasta su resolución final, con excepción de las que se tramitan en la Oficina de Asuntos Internos, las cuáles asumirá el Tribunal Administrativo Disciplinario.

TRANSITORIO III.- Los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial que a la fecha de la implementación de la presente Ley, se encuentren laborando sin contar con los requisitos exigidos para el puesto, mantendrán los deberes y derechos inherentes al mismo. Bajo este supuesto, en el caso de los servidores interinos, estos podrían ser nombrados en propiedad en el cargo que ocupen.

TRANSITORIO IV.- El Poder Judicial contará con un plazo máximo de cinco años posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, para implementar plenamente la Academia del Organismo de Investigación Judicial.

TRANSITORIO V.- Salvo lo establecido en el Transitorio IV, el Poder Judicial contará con un plazo de dos años posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, para implementar la estructura organizacional y funcional que se establece en esta normativa.

TRANSITORIO VI.- Los requisitos académicos y de experiencia definidos en esta Ley, entrarán en vigencia cinco años contados a partir del momento de su aprobación.

TRANSITORIO VII.- La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial deberá reglamentar la presente Ley, en un plazo no mayor a un año contado a partir del momento de su aprobación.

Rige a partir de su publicación.

Ana Helena Chacón Echeverría Maureen Ballestero Vargas

Carlos Manuel Gutiérrez Gómez Evita Arguedas Maklouf

Elizabeth Fonseca Corrales Jorge Luis Méndez Zamora

Yalile Esna Williams Guyon Massey Mora

Olivier Pérez González Luis Antonio Barrantes Castro

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 22 de enero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-618750.—(52696).

LEY REGULADORA SOBRE VENTA Y CONSUMO

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Expediente Nº 17.257

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El siete de noviembre del año dos mil tres se inició, en la corriente legislativa, el proyecto Nº 15.477, Ley reguladora de la venta de bebidas alcohólicas, asignado a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

Ese proyecto de ley fue analizado por la Comisión de Asuntos Sociales, que realizaron las consultas correspondientes a las instituciones públicas y privadas interesadas. A lo largo de su estudio se atendieron valiosas observaciones que se realizaron tanto por escrito, como es el caso de la Procuraduría General de la República, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y de las municipalidades, como también en forma verbal en las audiencias atendidas. En este amplio proceso se logró mantener el mismo objetivo, pero mejorar algunos aspectos. Asimismo, las diputadas y los diputados miembros de la Comisión, propusieron reformas que mejoraron notablemente la propuesta.

Incluso dos proyectos de ley tramitados en la Comisión Permanente Especial de Turismo, los proyectos de ley expedientes Nº 16.174, Ley de licores para facilitar las actividades turísticas y de servicios y el Nº 16.175, Ley de licores para facilitar las actividades turísticas y promover el desarrollo comunal fueron dictaminados negativamente al considerar mejor, más integral, moderno e idóneo el citado proyecto Nº 15.477, Ley reguladora de la venta de bebidas alcohólicas.

Es así como, el veintidós de noviembre del año dos mil cinco, se logró un dictamen de mayoría favorable a esta iniciativa; es recibida en la Secretaría del Directorio el siete de febrero de dos mil seis e ingresa al orden del día del Plenario legislativo el treinta de mayo de ese mismo año. Posteriormente el proyecto sufrió un traspié; ya que por un descuido procesal, se produjo el advenimiento del plazo cuatrienal y el expediente, desafortunadamente, se archiva el quince de noviembre de dos mil ocho.

Ante ese panorama y con el fin de no perder el trabajo realizado que se reconoce supera con creces la propuesta original, resulta necesario retomar y presentar nuevamente a la corriente legislativa el texto dictaminado positivamente por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales del proyecto Nº 15.477, Ley reguladora de la venta de bebidas alcohólicas, como proyecto nuevo y procurar su pronta aprobación.

Para una mejor comprensión de la finalidad de esta iniciativa legislativa, deben considerarse aspectos que se dieron a conocer en la exposición de motivos original, y otros que resultan necesarios también tener en cuenta, y que a no dudar, producirá un decidido apoyo a la propuesta, a saber:

La ley vigente que regula la venta de bebidas alcohólicas en Costa Rica data de 19361. En ese entonces la situación del país en cuanto a las bebidas alcohólicas era muy distinta de la que prevalece actualmente. El consumo de aguardiente de destilación casera, conocido como guaro de contrabando, provocaba estragos en la salud física y mental de la población costarricense.

En esa época las opciones recreativas eran muy limitadas: faltaban tres décadas para que en el país hubiera televisión, y no todas las personas podían costearse siquiera un radio. La gran mayoría de la población vivía en el campo. La cantina del pueblo era el centro de reunión de la población masculina, lo que favorecía el abuso y la embriaguez. Esto conducía a una gran cantidad de problemas familiares y laborales y además desembocaba, en muchos casos, en alcoholismo. Por lo tanto, el alcohol en cualquier forma era percibido como una amenaza al bienestar de las personas, los hogares y la sociedad en general.

El Estado costarricense disponía en aquella época de dos instrumentos para combatir los problemas ocasionados por ese patrón de consumo: el monopolio en la destilación del alcohol, con el propósito de impedir la destilación casera o de contrabando, y la Ley de venta de licores, destinada a restringir la distribución de ese producto. Ambos instrumentos tuvieron efectos positivos y negativos.

Del lado positivo debe abonarse al monopolio estatal y a su protección por parte de las autoridades, el hecho de que se haya logrado erradicar casi por completo la destilación casera o contrabando. Como efecto negativo de este instrumento se debe indicar que la producción estatal de aguardiente a muy bajo precio fomentó el consumo de ese producto.

La Ley de venta de licores de 1936 tuvo como efecto positivo el evitar una proliferación indiscriminada de puestos de venta. Sin embargo, en su afán restrictivo favoreció indirectamente el consumo de bebidas fuertes. En efecto, al existir solo dos tipos de patentes -para licores nacionales y para extranjeros- limitadas en número por la población de cada lugar, estos permisos alcanzan precios elevados de compra y alquiler en el mercado secundario. En muchos casos, los precios son tan altos que el único medio que tiene el comerciante para cubrirlos es la venta de licores fuertes, cuyo margen de utilidad es mucho mayor que el de otras bebidas.

Sin embargo, es claro que la situación actual de nuestro país es muy diferente de la de 1936, incluso en cuanto a los patrones de consumo de bebidas alcohólicas. El público costarricense tiene hoy acceso a una amplia variedad de aperitivos, vinos, licores y cervezas, tanto importados como nacionales, fabricados con tecnología moderna y bajo estrictas normas sanitarias. Han cambiado también los estilos de vida al aumentar el porcentaje de la población urbana, el nivel educativo y de ingresos, las opciones recreativas y de salud. El consumo de bebidas alcohólicas, en particular, está menos concentrado en un grupo -el de los hombres que visitan cantinas- y más relacionado con actividades sociales en las que participan hombres y mujeres en lugares tan diversos como bares, restaurantes, clubes, hoteles, salones de baile y hogares.

A pesar de lo anterior, el consumo per cápita de bebidas alcohólicas no ha aumentado en los últimos veinte años, sino que incluso ha disminuido. De acuerdo con las estadísticas del IAFA, el consumo per cápita de alcohol absoluto (en la población mayor de 15 años) en 1980 era de 4,39 litros per cápita, mientras que para 1996 fue de 4,01 litros, incluyendo, en este último año, el consumo efectuado por turistas e inmigrantes. Estas cifras son relativamente bajas si se les compara por ejemplo, con las de países como Bélgica, Alemania o Francia, que tienen consumos de 9, 10 y 11 litros per cápita respectivamente.

En esos y otros países, sin embargo, el consumo se efectúa en forma muy distinta que en Costa Rica. Se consume principalmente vino, cerveza y otras bebidas con contenido de alcohol relativamente bajo. En general ese consumo tiene lugar junto con las comidas, ya sea en el hogar o en establecimientos comerciales, como restaurantes y cafés, en los que la actividad principal no es la venta de bebidas alcohólicas. De hecho existen muy pocos establecimientos, como nuestras cantinas, en las que esa sea la actividad principal. En vez de estar el consumo concentrado en un grupo pequeño de personas, y en los fines de semana, como es en Costa Rica, en esos otros países el consumo está mejor distribuido en la población y en el tiempo. El resultado es una pauta de consumo mucho más moderada.

Se podría pensar que para un país como el nuestro es imposible adquirir esos hábitos, por razones culturales. Ciertamente, el cambio en los hábitos de consumo no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, existe al menos un país que logró una transformación muy semejante a la que sería deseable alcanzar en Costa Rica. Ese país es Nueva Zelanda, donde gracias a una ley aprobada en 1989 denominada Alcohol Sales Act se logró, en apenas una década, pasar de una cultura de consumo abusivo de alcohol, concentrada en varones, en bares y en fines de semana, a una cada vez más cercana al patrón europeo: consumo moderado en cafés, restaurantes y hogares.

Teniendo como referencia la legislación neozelandesa, así como las de otras naciones que muestran rasgos similares, en Costa Rica se formó un grupo ad hoc, integrado por funcionarios técnicos del IAFA y representantes de la industria de bebidas, con el fin de proponer para el país una legislación moderna sobre la venta de bebidas alcohólicas, en reemplazo de la obsoleta ley de 1936. El presente proyecto de ley es el fruto de más de dos años de trabajo de ese grupo.

El proyecto reconoce que los ambientes donde se consuman bebidas alcohólicas, al igual que el grado de concentración del alcohol en esas bebidas, son factores determinantes respecto del volumen de ingesta y la conducta de los consumidores. Por lo tanto, introduce una nueva clasificación de esos negocios y productos. Usando esos parámetros, se crean condiciones que favorecen el consumo moderado en vez del consumo excesivo.

Se introducen además disposiciones especiales para prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en vías de circulación, incluso dentro de vehículos públicos o privados, y para impedir el consumo por menores de edad, ya que la legislación actual prohíbe la venta a menores, pero no el consumo por parte de estos.

______

¹ Ley Nº 10, de octubre de 1936, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 230, de 9 de octubre del mismo año.

Los proponentes de este proyecto de ley han estado plenamente convencidos de que Costa Rica puede cambiar sus hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, orientándolos hacia la moderación. Creemos que para ello es necesario, ante todo, introducir cambios en las condiciones básicas en que se produce ese consumo, tal como lo propone el proyecto.

Adicionalmente es imperativo que la Ley de licores, Nº 10, que data desde el 7 de octubre de 1936, se ajuste en forma adecuada a las necesidades actuales del país, en materia de desarrollo económico y social, definiendo en forma clara los parámetros de competitividad aunado al fortalecimiento de las condiciones de seguridad jurídica que el país necesita.

Desde la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se han venido dando una serie de fallos que han producido declaratorias de inconstitucionalidad de varias normas reglamentarias e incluso legales de la Ley de licores y su Reglamento, dictadas en los últimos años, verbigracia: voto 2197-92 de las 14:30 hrs., de 11 de agosto de 1992, voto 3608-94 de las 15:18 hrs., de 19 de julio de 1994, y el voto 4072-95 de las 10:36 hrs., de 21 de julio de 1995; esto consolida la urgencia de actualizar las regulaciones vigentes. La ley que regule el expendio de bebidas alcohólicas debe ser reformulada.

En recientes conversaciones sostenidas por las cámaras, las corporaciones municipales y otras entidades, resaltan la urgente necesidad de una reforma, para que los gobiernos locales puedan obtener recursos directos que ayudarán a cubrir la gran cantidad de gastos que tienen, también porque la forma actual de otorgar patentes es obsoleta. Lo anterior queda sustentado con el escenario que se expuso en su momento, y que continúa vigente:

- En la actualidad son pocas las municipalidades que, luego de enfrentar las más rigurosas críticas, realizan un remate de nuevos puestos de licor, inclusive temporales, en razón de las fiestas cívico-patronales o los denominados turnos, ello ha traído como consecuencia que haya escasez de patentes de licores en la mayoría de las municipalidades del territorio nacional.

- Este solo factor implica que parte de una eventual solución sería la no distinción distrital, de manera que la especulación en un determinado distrito se elimina si dentro de un mismo cantón cualquier patente de licores puede funcionar, de manera que bastaría con la distinción cantonal.

- El procedimiento de remate de patentes ha creado, desde entonces, un sistema cerrado, mediante el cual la ley no estableció como requisito que la patente debía obligatoriamente estar funcionando en un establecimiento comercial, de manera que, mientras su dueño pague el impuesto correspondiente la patente es válida.

- Es así que existen muchas patentes en suspenso o inactivas, desde el punto de vista de que no están operando en un establecimiento comercial.

- Cuando la municipalidad no puede satisfacer la demanda de patentes de licores a nuevos establecimientos comerciales porque no emite nuevas, el administrado no tiene más alternativa que acudir al mercado privado de las patentes.

- Entonces las que por medio de contratos de alquiler o compra-venta, son adquiridas bajo las reglas de la contratación privada para, posteriormente, solicitar a la municipalidad su autorización para la explotación en un establecimiento comercial, en una determinada ubicación.

Preocupa el impacto que estas normas tienen en el comercio nacional, especialmente en restaurantes y negocios turísticos, pues impiden un aprovechamiento total del turismo que activa la economía y genera mejores condiciones de vida para quienes dependen del sector, y su colateral efecto multiplicador en la economía nacional.

Es necesario igualmente reforzar el componente preventivo del alcoholismo que se estiman como fundamentales en el proyecto de ley que se propone.

Por lo anterior, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY REGULADORA SOBRE VENTA Y CONSUMO

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Objeto

Esta Ley regula la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas, así como la prevención de los daños asociados al consumo abusivo de tales productos.

ARTÍCULO 2.- Instituciones involucradas

Las municipalidades con la colaboración del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Turismo y la Contraloría General de la República, cuando corresponda, velarán por el cumplimiento de lo que estipula esta Ley respecto a la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas.

ARTÍCULO 3.- Prevención

Como parte de las acciones que el Estado tomará para prevenir los daños asociados al consumo abusivo de las bebidas alcohólicas, las municipalidades, en coordinación con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Patronato Nacional de la Infancia, deberán llevar a cabo actividades que desarrollen en sus diferentes distritos campañas de prevención del alcoholismo.

Asimismo, en materia educativa, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, deberá llevar a cabo en todas las escuelas y colegios del país programas de educación dirigidas estrictamente a la prevención de los daños asociados al consumo abusivo de productos con contenido alcohólico dirigidos a todos los educandos.

De igual manera, el Ministerio de Salud en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social promoverá en clínicas, centros de Salud y otros espacios públicos programas y actividades de información y prevención del alcoholismo dirigida a toda la ciudadanía.

CAPÍTULO II

DE LAS PATENTES

ARTÍCULO 4.- Patente municipal

La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere autorización previa y expresa de la municipalidad del cantón donde se desarrollará el negocio. La autorización que otorguen las municipalidades para comerciar con bebidas alcohólicas se denominará “patente de expendio de bebidas con contenido alcohólico”. La patente es una licencia, por lo que no constituye un activo y no se puede vender, canjear ni transferir en forma alguna. Se otorgará a personas físicas o jurídicas que la soliciten para utilizarse en un establecimiento determinado. Si este cambia de ubicación, de nombre o de dueño, requerirá una nueva autorización para la venta de bebidas alcohólicas.

ARTÍCULO 5.- Tipos de patentes

Cada municipalidad para el otorgamiento de las patentes de expendio de bebidas alcohólicas, utilizará los siguientes parámetros:

Patentes Clase A: Habilitan a negocios únicamente para la venta al detalle en envases cerrados y para consumo fuera del establecimiento.

Patentes Clase B: Habilitan a bares, cantinas, tabernas, clubes nocturnos, discotecas y salones de baile únicamente para el expendio de bebidas alcohólicas al detalle, servidas o en envase abierto.

Patentes Clase C: Habilitan a restaurantes, establecimientos de hospedaje y otros comercios similares, únicamente para el expendio de bebidas alcohólicas al detalle, en envase abierto.

Patentes Clase D: Habilitan a hoteles y otros establecimientos de hospedaje declarados de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo, únicamente para el expendio de bebidas alcohólicas al detalle, servidas o en envase abierto.

En cantones con una alta concentración de actividad turística, la municipalidad podrá demarcar zonas comerciales en las que otorgará patentes clase D a restaurantes, bares y tiendas de abarrotes, en este último caso en envase cerrado.

Los establecimientos con patente deben mostrar en lugar visible el tipo de patente que poseen.

ARTÍCULO 6.- Vigencia de las patentes

Toda patente de expendio de bebidas alcohólicas tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable de forma automática por períodos de cinco años, siempre y cuando los patentados se encuentren en fiel cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos al momento de otorgar la prórroga y los pagos correspondientes, condición que verificará la municipalidad respectiva.

No obstante, siguiendo el debido proceso las municipalidades podrán revocar la patente para el expendio de bebidas alcohólicas, temporal o definitivamente, a aquellos negocios que violen disposiciones de esta ley, o que toleren conductas ilegales, violencia y otras alteraciones graves del orden dentro de sus establecimientos, o bien que se dediquen a actividades distintas de aquellas para las cuales solicitaron su patente comercial o su patente para el expendio de bebidas alcohólicas.

ARTÍCULO 7.- Permisos ocasionales

Las municipalidades concederán permisos ocasionales para el expendio de bebidas alcohólicas los días en que se realicen fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias y afines.

Los puestos que se instalaren deben estar ubicados únicamente en el área demarcada para celebrar los festejos por la municipalidad respectiva.

Los permisos ocasionales no se otorgarán, en ningún, caso para expendio de bebidas con contenido alcohólico dentro de los centros de enseñanza primaria o secundaria.

ARTÍCULO 8.- Requisitos

Para ser adjudicatario de una patente para expendio de bebidas con contenido alcohólico se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y volitiva. Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia, vigencia y representación legal.

b) Demostrar ser el propietario o titular de un contrato de arrendamiento por un mínimo de un año de un local comercial apto para la actividad que va a desempeñar, o bien contar con lote y planos aprobados por la municipalidad para la construcción del establecimiento donde se usará la patente. [c4]

c) Acreditar mediante permiso sanitario de funcionamiento que el local donde se expenderán las bebidas cumple con las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud. En los negocios que hayan recibido su patente antes de estar construidos, esta entrará en vigencia al contar con el permiso sanitario de funcionamiento.

ARTÍCULO 9.- Restricciones

En la actividad de expendio de licores se deberán acatar siempre las siguientes restricciones:

1.- No se podrá otorgar ni autorizar el uso de patentes Clase B a negocios que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial en los respectivos planes reguladores, ni tampoco a negocios que se encuentren a menos de cien metros de escuelas, colegios, iglesias, asilos u hospitales.

2.- En los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas estará prohibido que laboren menores de edad. En los establecimientos que funcionen con patente Clase B estará también prohibido el ingreso de menores de edad.

3.- Salvo en los lugares donde se estén realizando festejos cívicos o patronales, turnos, ferias y afines, autorizados por la municipalidad, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en vías públicas. [c5]

4.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas, así como a personas que estén perturbando el orden público.

5.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en estadios y gimnasios, durante la celebración de eventos deportivos.

ARTÍCULO 10.- Pago de derechos trimestrales

Los establecimientos que tengan patente para el expendio de bebidas alcohólicas deberán cancelar trimestralmente a la municipalidad respectiva el equivalente al (1%) de sus ventas brutas de bebidas alcohólicas, de acuerdo con la declaración jurada. Las autoridades municipales podrán solicitar copias de las declaraciones del impuesto de ventas del patentado, con el fin de comprobar la veracidad de la declaración. La no cancelación de esos montos dará derecho a la municipalidad a revocar la patente.

ARTÍCULO 11.- Fechas especiales

Es prohibida la venta de licores en las fechas restringidas en el Código Electoral vigente.

ARTÍCULO 12.- Adulteración y contrabando

La venta de bebidas alcohólicas adulteradas, de contrabando o de fabricación clandestina causará en primera instancia la suspensión de la patente para el expendio de bebidas alcohólicas por treinta días, y en caso de reincidencia la pérdida de la patente, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales del caso. [c6]

La autoridad competente para determinar la adulteración, la fabricación clandestina o el contrabando es la Fuerza Pública. Todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar ante la Fuerza Pública los casos de adulteración, fabricación clandestina y contrabando. Las pruebas de adulteración las hará el IAFA.

ARTÍCULO 13.- Publicidad

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia tendrá a su cargo la elaboración del contenido de programas preventivos e informativos sobre alcoholismo. Asimismo la regulación y el control de la publicidad comercial relacionada con bebidas alcohólicas, control que deberá realizar de previo a la divulgación de dicha publicidad.

CAPÍTULO III

DEL CONSUMO

ARTÍCULO 14.- Consumo por menores de edad

El consumo de bebidas con contenido alcohólico en menores de edad es prohibida. En caso de sorprender a un menor de edad consumiendo una bebida alcohólica, las autoridades de la Fuerza Pública, deberán decomisar el producto e indagar al menor sobre el lugar donde lo adquirió, de lo cual deberán dar parte a su familia y a las autoridades municipales, para lo que corresponda.

ARTÍCULO 15.- Edad mínima

La edad mínima para el consumo de bebidas alcohólicas será de dieciocho años cumplidos. En caso de duda sobre la edad de alguno de sus clientes, los expendedores de bebidas alcohólicas estarán obligados a exigir la presentación de la cédula de identidad u otro documento oficial.

CAPÍTULO IV

SECCIÓN I

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 16.- Sanciones relativas al uso de patentes

Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base quien:

1.- Comercialice bebidas alcohólicas sin contar con una patente de expendio de bebidas alcohólicas vigente y expedida por la municipalidad respectiva.

2.- Exceda las limitaciones de comercialización de la patente o permiso ocasional con que opere.

ARTÍCULO 17.- Sanción relativa a la venta en fecha prohibida

Quien comercialice bebidas alcohólicas en el día no permitido por esta Ley, será sancionado con una multa de entre uno y seis salarios base.

ARTÍCULO 18.- Sanciones relativas al control previo de publicidad

Quien omita o burle el control previo de la publicidad comercial relacionada con bebidas alcohólicas del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base.

SECCIÓN II

SANCIONES PENALES

ARTÍCULO 19.- Sanciones relativas a la venta en sitios prohibidos

Quien venda bebidas alcohólicas en las vías públicas, o en estadios o gimnasios mientras se efectúan espectáculos deportivos, será sancionado con entre diez y treinta días multa.

ARTÍCULO 20.- Sanciones relativas a ventas prohibidas

Quien expenda, a título oneroso o gratuito, bebidas alcohólicas a menores de edad, o a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas, será sancionado con una pena de seis meses a tres años de prisión. El establecimiento comercial en el que se haya producido la venta será sancionado con una multa entre uno y diez salarios base.

Quien con potestades de disposición dentro del local comercial, permita el ingreso o la permanencia de menores de edad, o de personas con limitaciones cognoscitivas o volitivas, a un bar, taberna, discoteca o salón de baile, en el que se esté vendiendo bebidas alcohólicas, será sancionado con una pena de tres a seis meses de prisión.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 21.- Responsabilidad de las municipalidades

Las municipalidades, deberán interponer las denuncias penales que correspondan y solicitar la colaboración de las autoridades necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, las que a su vez estarán obligadas a brindarla.

Cuando un establecimiento poseedor de patente Clase D incumpla esta Ley o la normativa municipal, la municipalidad respectiva podrá solicitar al Instituto Costarricense de Turismo abrir expediente de cancelación de la declaratoria turística, a fin de eliminar los beneficios otorgados. De la solicitud se dará traslado al interesado para que pueda ejercer su defensa ante el Instituto Costarricense de Turismo.

En cada municipalidad habrá un órgano administrativo, formado por el alcalde o su representante quien lo preside, el jefe del Departamento Legal y un miembro nombrado por el Consejo Municipal. Este órgano actuará como primera instancia en la imposición de las multas. Para lo cual deberá seguir el debido proceso.

De sus resoluciones solo cabe recurso de reconsideración de ellos mismos, con lo que se agota la vía administrativa.

ARTÍCULO 22.- Recaudación por autorización o renovación de patentes y de las multas impuestas por esta Ley

Todo ingreso que se recaude producto de la aplicación de esta Ley, por concepto de multas, autorización o renovación de patentes, o del pago establecido en el artículo 9, ingresarán a la municipalidad correspondiente, la cual las depositará en una cuenta bancaria especial en un banco del Sistema Bancario Nacional.

De los ingresos que se recauden, producto de la aplicación de esta Ley, cada municipalidad deberá patrocinar labores, actividades y programas de información, prevención y educación a los que se refiere el artículo 9 de esta Ley, inversión que no podrá ser menor a un veinte por ciento (20%) de la recaudación. Para implementar los programas de educación en los centros educativos de cada circunscripción territorial, deberá existir coordinación con la dirección regional que corresponda.

ARTÍCULO 23.- Responsabilidad en personas jurídicas

Los representantes o apoderados de una persona jurídica, serán responsables por las acciones o las omisiones establecidas en la presente Ley. Tal responsabilidad no se presume y, por tanto, está sujeta a la demostración debida.

CAPÍTULO VI

DEROGACIONES

ARTÍCULO 24.- Derógase la Ley Nº 10, de 7 de octubre de 1936, Ley sobre la venta de licores, y sus reformas.

ARTÍCULO 25.- Derógase la Ley Nº 7633, de 26 de setiembre de 1996, Regulación de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas alcohólicas.

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en un plazo máximo de dos meses a partir de su publicación y divulgará su contenido.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- Los titulares actuales de patentes de licores dispondrán de un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley para apersonarse ante la municipalidad respectiva, a fin de que esta les emita una nueva patente en reemplazo de la anterior, de acuerdo con el tipo de establecimiento comercial de que se trate. Las patentes que no sean sometidas a este procedimiento en el plazo estipulado serán inhabilitadas en forma definitiva.

Asimismo, la municipalidad respectiva deberá notificar a cada patentado sobre la obligación de poner al día su patente y sobre los alcances de esta Ley, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de la misma.

TRANSITORIO II.- Los poseedores de patentes actuales mantendrán sus derechos de posesión, pero deberán ajustarse a lo establecido en esta Ley en todas las demás regulaciones.

Rige a partir de su publicación.

Maureen Ballestero Vargas Hilda González Ramírez

Yalile Esna Williams Olivier Jiménez Rojas

Gilberto Jerez Rojas Mayi Antillón Guerrero

José Luis Valenciano Chaves Olga M. Corrales Sánchez

Gladys González Barrantes Luis Ant. Barrantes Castro

Carlos Gutiérrez Gómez Ana H. Chacón Echeverría

Andrea Morales Díaz Xinia Nicolás Alvarado

DIPUTADOS

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

San José, 20 de enero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-372000.—(52697).

APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN

DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO

Expediente N.º 17.260

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático fue adoptada el 2 de noviembre de 2001 por la Asamblea Plenaria de la 31^a sesión de la Conferencia General, celebrada en París, por 87 votos a favor, convirtiéndose así en la cuarta Convención de la Unesco sobre el patrimonio.

El Presidente de la Conferencia General, el Sr. Ahmad Jalali y el Director General de la Unesco, el Sr. Koichiro Matsuura, firmaron las correspondientes copias certificadas en las seis lenguas oficiales de la Organización el 6 de noviembre de 2001. Este procedimiento, que es característico de la Unesco, reemplaza la firma por los Estados Miembros.

La nueva Convención reconoce la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio común.

Este nuevo instrumento establece que por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

La Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático con la cooperación de los Estados Partes, los cuales se obligan a preservar este patrimonio en beneficio de la humanidad, mediante la adopción de todas las medidas adecuadas conformes con esta Convención y con el derecho internacional que sean necesarias para proteger este patrimonio, utilizando a esos efectos, en función de sus capacidades, los medios más idóneos de que dispongan.

La Convención nace del convencimiento de la Conferencia acerca de la importancia que la investigación, la información, la cultura y la educación tienen para la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático, gracias a la disponibilidad de tecnología de punta que facilita el descubrimiento y el acceso a este patrimonio, dado que el público tiene derecho a gozar de los beneficios, educativos, culturales y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio cultural subacuático in situ y de que la educación del público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio.

Los Estados también son conscientes de que el patrimonio cultural subacuático se ve amenazado por actividades no autorizadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de medidas más rigurosas para impedir esas actividades, y de la necesidad de dar una respuesta adecuada al posible impacto negativo en el patrimonio cultural subacuático de actividades legítimas que puedan afectarlo de manera fortuita. También se ha tenido en cuenta la preocupación por la creciente explotación comercial del patrimonio cultural subacuático y, especialmente, por ciertas actividades que tienen por objetivo la venta, la adquisición o el trueque de patrimonio cultural subacuático.

Por otra parte, la Conferencia llegó a la conclusión, que la cooperación entre los Estados, organizaciones internacionales, instituciones científicas, organizaciones profesionales, arqueólogos, buzos, otras partes interesadas y el público en general es esencial para proteger el patrimonio cultural subacuático, considerando que la prospección, extracción y protección del patrimonio cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional, requiere un acceso a métodos científicos especiales y la aplicación de estos, así como el empleo de técnicas y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan criterios rectores uniformes.

Otro aspecto a considerar es la necesidad de codificar y desarrollar progresivamente normas relativas a la protección y la preservación del patrimonio cultural subacuático conformes con el derecho y la práctica internacionales, tales como la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobada por la Unesco el 14 de noviembre de 1970, la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, aprobada por la Unesco el 16 de noviembre de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 10 de diciembre de 1982.

Según el texto de la Convención, el patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y gestionará de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo, sin que pueda ser objeto de explotación comercial. Además, la preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio.

Esta Convención garantiza el debido respeto por los restos humanos situados en las aguas marítimas y que nada de lo dispuesto en este instrumento se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques y aeronaves y que ningún acto o actividad realizada en virtud de la presente Convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional, tal y como lo establece el artículo 2º.

Asimismo, alienta el acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático in situ, con fines de observación o documentación, para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio así como el reconocimiento y la protección de este, salvo en caso de que ese acceso sea incompatible con su protección y gestión.

En ese sentido, cabe destacar que el artículo 6 de la Convención alienta a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos existentes, con el objeto de dar una mayor protección y preservar el patrimonio cultural subacuático. Tales acuerdos deberán estar en plena conformidad con las disposiciones de la presente Convención y no menoscabar el carácter universal de esta.

Además, la Convención garantiza que en el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial e incluso en su zona contigua (artículos 7 y 8).

Por su parte, el artículo 9º es claro en el sentido que todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental de conformidad con la presente Convención, de modo que podrá exigir que cuando uno de sus nacionales o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, deba informar de ese descubrimiento o actividad.

Finalmente, el artículo 14 de la Convención prevé que los Estados Partes tomarán medidas para impedir la entrada en su territorio, el comercio y la posesión de patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria a la presente Convención.

En síntesis, se considera que la Convención es un mecanismo adecuado para dotar de un instrumento normativo al país, que permita la efectiva protección de los recursos patrimoniales subacuáticos, promoviendo además la investigación y aplicación de tecnologías de punta en la materia, que aún es de incipiente estudio y desarrollo en Costa Rica.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento, y aprobación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley adjunto relativo a la Aprobación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN

DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO

ARTÍCULO ÚNICO.—Apruébase en cada una de sus partes la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, hecha en París, el 6 de noviembre de 2001, cuyo texto es el siguiente:

“U N E S C O

CONVENCIÓN

SOBRE LA PROTECCIÓN

DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO

UNESCO

París, 2 de noviembre de 2001

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 31^a reunión, celebrada en París del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001,

Reconociendo la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio común,

Consciente de la importancia de proteger y preservar ese patrimonio cultural subacuático y de que la responsabilidad de esa tarea incumbe a todos los Estados,

Observando el creciente interés y aprecio del público por el patrimonio cultural subacuático,

Convencida de la importancia que la investigación, la información y la educación tienen para la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático,

Convencida de que el público tiene derecho a gozar de los beneficios educativos y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio cultural subacuático in situ y de que la educación del público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio,

Consciente de que el patrimonio cultural subacuático se ve amenazado por actividades no autorizadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de medidas más rigurosas para impedir esas actividades,

Consciente de la necesidad de dar una respuesta adecuada al posible impacto negativo en el patrimonio cultural subacuático de actividades legítimas que puedan afectarlo de manera fortuita,

Profundamente preocupada por la creciente explotación comercial del patrimonio cultural subacuático y, especialmente, por ciertas actividades que tienen por objetivo la venta, la adquisición o el trueque de patrimonio cultural subacuático,

Consciente de la disponibilidad de tecnología de punta que facilita el descubrimiento del patrimonio cultural subacuático y el acceso al mismo,

Convencida de que la cooperación entre los Estados, organizaciones internacionales, instituciones científicas, organizaciones profesionales, arqueólogos, buzos, otras partes interesadas y el público en general es esencial para proteger el patrimonio cultural subacuático,

Considerando que la prospección, extracción y protección del patrimonio cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional, requiere un acceso a métodos científicos especiales y la aplicación de éstos, así como el empleo de técnicas y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan criterios rectores uniformes,

Consciente de la necesidad de codificar y desarrollar progresivamente normas relativas a la protección y la preservación del patrimonio cultural subacuático conformes con el derecho y la práctica internacionales, comprendidas la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la UNESCO el 14 de noviembre de 1970, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO el 16 de noviembre de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,

Resuelta a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas en el ámbito internacional, regional y nacional con objeto de preservar in situ el patrimonio cultural subacuático o, de ser necesario para fines científicos o para su protección, de proceder cuidadosamente a la recuperación del mismo,

Habiendo decidido, en su 29^a reunión, que esta cuestión sería objeto de una convención internacional,

Aprueba el día 2 de noviembre de 2001, la presente Convención.

Artículo 1 - Definiciones

A los efectos de la presente Convención:

1. a) Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:

i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;

ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y

iii) los objetos de carácter prehistórico.

b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar.

c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso.

2. a) Por “Estados Partes” se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse por esta Convención y respecto de los cuales esta Convención esté en vigor.

b) Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el apartado b) del párrafo 2 del Artículo 26 que lleguen a ser Partes en esta Convención de conformidad con los requisitos definidos en ese párrafo; en esa medida, el término “Estados Partes” se refiere a esos territorios.

3. Por “UNESCO” se entiende la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

4. Por “Director General” se entiende el Director General de la UNESCO.

5. Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

6. Por “actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático” se entiende las actividades cuyo objeto primordial sea el patrimonio cultural subacuático y que puedan, directa o indirectamente, alterarlo materialmente o causarle cualquier otro daño.

7. Por “actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático” se entiende las actividades que, a pesar de no tener al patrimonio cultural subacuático como objeto primordial o secundario puedan alterarlo materialmente o causarle cualquier otro daño.

8. Por “buques y aeronaves de Estado” se entiende los buques de guerra y otros navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que, en el momento de su hundimiento, fueran utilizados únicamente para un servicio público no comercial, que sean identificados como tales y que correspondan a la definición de patrimonio cultural subacuático.

9. Por “Normas” se entiende las Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, tal y como se mencionan en el Artículo 33 de la presente Convención.

Artículo 2 - Objetivos y principios generales

1. La presente Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático.

2. Los Estados Partes cooperarán en la protección del patrimonio cultural subacuático.

3. Los Estados Partes preservarán el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Convención.

4. Los Estados Partes, individual o conjuntamente, según proceda, adoptarán todas las medidas adecuadas conformes con esta Convención y con el derecho internacional que sean necesarias para proteger el patrimonio cultural subacuático, utilizando a esos efectos, en función de sus capacidades, los medios más idóneos de que dispongan.

5. La preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio.

6. El patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y gestionará de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo.

7. El patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial.

8. De conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques y aeronaves de Estado.

9. Los Estados Partes velarán por que se respeten debidamente los restos humanos situados en las aguas marítimas.

10. Un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático in situ, con fines de observación o documentación, deberá ser alentado para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio así como el reconocimiento y la protección de éste, salvo en caso de que ese acceso sea incompatible con su protección y gestión.

11. Ningún acto o actividad realizado en virtud de la presente Convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional.

Artículo 3 - Relación entre la presente Convención y la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas.

Artículo 4 - Relación con las normas sobre salvamento y hallazgos

Ninguna actividad relacionada con el patrimonio cultural subacuático a la que se aplica la presente Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, a no ser que:

a) esté autorizada por las autoridades competentes, y

b) esté en plena conformidad con la presente Convención, y

c) asegure que toda operación de recuperación de patrimonio cultural subacuático se realice con la máxima protección de éste.

Artículo 5 - Actividades que afectan de manera fortuita

al patrimonio cultural subacuático

Cada Estado Parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático.

Artículo 6 - Acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales

1. Se alentará a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos existentes, con objeto de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos esos acuerdos deberán estar en plena conformidad con las disposiciones de la presente Convención y no menoscabar el carácter universal de ésta. En el marco de esos acuerdos, los Estados Partes podrán adoptar normas y reglamentos que aseguren una mejor protección del patrimonio cultural subacuático que los adoptados en virtud de la presente Convención.

2. Las Partes en esos acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales podrán invitar a adherirse a esos acuerdos a los Estados que tengan un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

3. La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones en materia de protección de buques sumergidos que incumban a los Estados Partes en virtud de otros acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, concertados antes de la aprobación de la presente Convención, máxime si están en conformidad con los objetivos de ésta.

Artículo 7 - Patrimonio cultural subacuático en aguas interiores,

aguas archipelágicas y mar territorial

1. En el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial

2. Sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y normas de derecho internacional aplicables a la protección del patrimonio cultural subacuático, los Estados Partes exigirán que las Normas se apliquen a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático situado en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial.

3. En sus aguas archipelágicas y mar territorial, en el ejercicio de su soberanía y de conformidad con la práctica general observada entre los Estados, con miras a cooperar sobre los mejores métodos de protección de los buques y aeronaves de Estado, los Estados Partes deberían informar al Estado del pabellón Parte en la presente Convención y, si procede, a los demás Estados con un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, del descubrimiento de tales buques y aeronaves de Estado que sean identificables.

Artículo 8 - Patrimonio cultural subacuático en la zona contigua

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 303 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las Normas.

Artículo 9 - Información y notificación en la zona económica

exclusiva y en la plataforma continental

1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental de conformidad con la presente Convención.

En consecuencia:

a) Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus nacionales o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, el nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o actividad.

b) En la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de otro Estado Parte:

i) los Estados Partes exigirán que el nacional o el capitán del buque les informe e informe al otro Estado Parte de ese descubrimiento o actividad;

ii) alternativamente un Estado Parte exigirá que el nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o actividad y asegurará la transmisión rápida y eficaz de esa información a todos los demás Estados Partes.

2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, un Estado Parte declarará la forma en que transmitirá la información prevista en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Un Estado Parte notificará al Director General los descubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático que sean puestos en su conocimiento en virtud del párrafo 1 del presente artículo.

4. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier información que le sea notificada en virtud del párrafo 3 del presente artículo.

5. Todo Estado Parte podrá declarar al Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural subacuático, su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio. Esa declaración deberá fundarse en un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

Artículo 10 - Protección del patrimonio cultural subacuático

en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental

1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, salvo lo dispuesto en el presente artículo.

2. Un Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural subacuático tiene derecho a prohibir o a autorizar cualquier actividad dirigida a este patrimonio para impedir cualquier intromisión en sus derechos soberanos o su jurisdicción reconocidos por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de un Estado Parte, o se tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio cultural subacuático, ese Estado Parte:

a) consultará a todos los demás Estados Partes que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del Artículo 9 sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático;

b) coordinará esas consultas como “Estado Coordinador”, a menos que declare expresamente que no desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del Artículo 9 designarán a un Estado Coordinador.

4. Sin perjuicio de la obligación de todos los Estados Partes de proteger el patrimonio cultural subacuático mediante la adopción de todas las medidas viables conformes al derecho internacional, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, incluido el saqueo, el Estado Coordinador podrá adoptar todas las medidas viables y/o conceder cualquier autorización que resulte necesaria de conformidad con la presente Convención y, de ser necesario, con anterioridad a las consultas, con el fin de impedir cualquier peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo, Al adoptar tales medidas se podrá solicitar la asistencia de otros Estados Partes.

5. El Estado Coordinador:

a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en práctica esas medidas;

b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así acordadas de conformidad con las Normas, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte expedirá esas autorizaciones;

c) podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones sin demora a los demás Estados Partes.

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador actuará en nombre de los Estados Partes en su conjunto y no en su interés propio. Esta acción en sí no podrá ser invocada para reivindicar derecho preferente o jurisdiccional alguno que no esté reconocido por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del presente artículo, no se efectuará ninguna actividad dirigida a un buque o aeronave de Estado sin el acuerdo del Estado del pabellón y la colaboración del Estado Coordinador.

Artículo 11 - Información y notificación en la Zona

1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural subacuático en la Zona, de conformidad con la presente Convención y con el Artículo 149 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, cuando un nacional de un Estado Parte o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, ese Estado Parte exigirá que su nacional o el capitán del buque le informe de ese descubrimiento o de esa actividad.

2. Los Estados Partes notificarán al Director General y al Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos los descubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático de que hayan sido informados.

3. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier información de este tipo suministrada por los Estados Partes.

4. Un Estado Parte podrá declarar al Director General su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio cultural subacuático. Dicha declaración deberá fundarse en un vínculo verificable con ese patrimonio cultural subacuático, habida cuenta en particular de los derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico.

Artículo 12 - Protección del patrimonio cultural subacuático en la Zona

1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el presente artículo.

2. El Director General invitará a todos los Estados Partes que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 4 del Artículo 11 a efectuar consultas sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un Estado Parte para coordinar esas consultas como “Estado Coordinador”. El Director General invitará asimismo a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a participar en esas consultas.

3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas las medidas viables conforme a la presente Convención, de ser necesario, antes de efectuar consultas, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo.

4. El Estado Coordinador:

b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así acordadas de conformidad con la presente Convención, a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte expedirá dichas autorizaciones.

5. El Estado Coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones a los demás Estados Partes.

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador actuará en beneficio de toda la humanidad, en nombre de todos los Estados Partes. Se prestará especial atención a los derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico con respecto al patrimonio cultural subacuático de que se trate.

7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará actividades dirigidas a un buque o aeronave de Estado en la Zona sin el consentimiento del Estado del pabellón.

Artículo 13 - Inmunidad soberana

Los buques de guerra y otros buques gubernamentales o aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana y sean utilizados con fines no comerciales, en el curso normal de sus operaciones, y que no participen en actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no estarán obligados a comunicar descubrimientos de patrimonio cultural subacuático en virtud de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención. Sin embargo, al adoptar medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de operación de sus buques de guerra u otros buques gubernamentales o aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana y que se utilicen con fines no comerciales, los Estados Partes velarán por que tales buques procedan, en cuanto sea razonable y posible, de manera compatible con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención.

Artículo 14 - Control de entrada en el territorio, comercio y posesión

Los Estados Partes tomarán medidas para impedir la entrada en su territorio, el comercio y la posesión de patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria a la presente Convención.

Artículo 15 - No utilización de las zonas bajo jurisdicción

de los Estados Partes

Los Estados Partes adoptarán medidas para prohibir la utilización de su territorio, incluidos sus puertos marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción o control exclusivos, en apoyo de cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente Convención.

Artículo 16 - Medidas referentes a los nacionales y los buques

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas viables para asegurar que sus nacionales y los buques que enarbolan su pabellón no procedan a ninguna actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad con la presente Convención.

Artículo 17 - Sanciones

1. Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto de las infracciones de las medidas que haya adoptado para poner en práctica la presente Convención.

2. Las sanciones aplicables respecto de las infracciones deberán ser suficientemente severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Convención y desalentar la comisión de infracciones cualquiera que sea el lugar, y deberán privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilícitas.

3. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud del presente artículo.

Artículo 18 - Incautación y disposición de patrimonio cultural subacuático

1. Cada Estado Parte adoptará medidas destinadas a la incautación de elementos de patrimonio cultural subacuático situado en su territorio, que haya sido recuperado de una manera no conforme con la presente Convención.

2. Cada Estado Parte registrará, protegerá y tomará todas las medidas que resulten razonables para la estabilización de patrimonio cultural subacuático incautado en virtud de la presente Convención.

3. Cada Estado Parte notificará toda incautación de patrimonio cultural subacuático realizada en virtud de la presente Convención al Director General de la UNESCO y a cualquier otro Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

4. Un Estado Parte que haya incautado patrimonio cultural subacuático velará por darle una disposición acorde con el bien general, tomando en consideración los imperativos de conservación e investigación, la necesidad de reunir las colecciones dispersas, así como la necesidad del acceso, la exposición y educación públicos y los intereses de cualquier Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.

Artículo 19 - Cooperación y utilización compartida de la información

1. Los Estados Partes deberán cooperar entre sí y prestarse asistencia para velar por la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en virtud de la presente Convención, incluyendo cuando sea posible, la colaboración en la exploración, la excavación, la documentación, la conservación, el estudio y la presentación de ese patrimonio.

2. En la medida en que sea compatible con los objetivos de esta Convención, cada Estado Parte se compromete a compartir con otros Estados Partes información en relación con el patrimonio cultural subacuático, incluida la referente al descubrimiento de ese patrimonio, su localización, el patrimonio extraído o recuperado de manera contraria a esta Convención o que viole otras disposiciones del derecho internacional, la metodología y las técnicas científicas pertinentes y la evolución del derecho aplicable al patrimonio de que se trate.

3. Toda información compartida entre Estados Partes, o entre la UNESCO y Estados Partes, relativa al descubrimiento o localización de patrimonio cultural subacuático se mantendrá con carácter confidencial y se comunicará exclusivamente a las autoridades competentes de los Estados Partes, en la medida en que sus respectivas legislaciones nacionales lo permitan, y en tanto la divulgación de esa información pueda poner en peligro o amenazar de alguna manera la preservación de ese patrimonio cultural subacuático.

4. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables, para difundir información sobre el patrimonio cultural subacuático extraído o recuperado de manera contraria a esta Convención o en violación de otras disposiciones del derecho internacional, incluyendo, cuando sea posible, la utilización de bases de datos internacionales apropiadas.

Artículo 20 - Sensibilización del público

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables para que el público tome conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio cultural subacuático, así como de la importancia que tiene su protección en virtud de esta Convención.

Artículo 21 - Formación en arqueología subacuática

Los Estados Partes cooperarán para impartir una formación en arqueología subacuática, en las técnicas de preservación del patrimonio cultural subacuático y, conforme a los términos acordados, en la transferencia de tecnologías relacionadas con el patrimonio cultural subacuático.

Artículo 22 - Autoridades competentes

1. A fin de velar por la correcta puesta en práctica de esta Convención, los Estados Partes establecerán autoridades competentes o, en su caso, reforzarán las ya existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario del patrimonio cultural subacuático y garantizar eficazmente la protección, la conservación, la presentación y la gestión del patrimonio cultural subacuático, así como la investigación y educación.

2. Los Estados Partes comunicarán al Director General el nombre y la dirección de sus autoridades competentes en materia de patrimonio cultural subacuático.

Artículo 23 - Reunión de los Estados Partes

1. El Director General convocará una Reunión de los Estados Partes en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente por lo menos una vez cada dos años. A petición de una mayoría de los Estados Partes, el Director General convocará una Reunión Extraordinaria de los Estados Partes.

2. La Reunión de los Estados Partes decidirá sobre sus funciones y responsabilidades.

3. La Reunión de los Estados Partes aprobará su propio Reglamento.

4. La Reunión de los Estados Partes podrá crear un Consejo Consultivo Científico y Técnico compuesto por expertos designados por los Estados Partes, con la debida atención al principio de distribución geográfica equitativa y a la conveniencia de un equilibrio entre los sexos.

5. El Consejo Consultivo Científico y Técnico prestará la asistencia adecuada a la Reunión de los Estados Partes sobre las cuestiones de índole científica y técnica relacionadas con la puesta en práctica de las Normas.

Artículo 24 - Secretaría de la Convención

1. El Director General será responsable de la Secretaría de la presente Convención.

2. Las funciones de la Secretaría incluirán las siguientes tareas:

a) organizar las Reuniones de los Estados Partes previstas en el párrafo 1 del Artículo 23; y

b) prestar asistencia a los Estados Partes en la puesta en práctica de las decisiones de las Reuniones de los Estados Partes.

Artículo 25 - Solución pacífica de controversias

1. Cualquier controversia entre dos o más Estados Partes acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención deberá ser objeto de negociaciones de buena fe o de otros medios de solución pacífica de su elección.

2. Si dichas negociaciones no resolvieran la controversia en un plazo razonable, los Estados Partes de que se trate podrán, de común acuerdo, someterla a la mediación de la UNESCO.

3. Si no se recurriera a la mediación o si ésta no resolviera las controversias, las disposiciones relativas a la solución de controversias enunciadas en la Parte XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se aplicarán mutatis mutandis a toda controversia entre Estados Partes en la presente Convención respecto de la interpretación o la aplicación de esta Convención, independientemente de que sean o no también Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

4. Todo procedimiento escogido por un Estado Parte en la presente Convención y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud del Artículo 287 de esta última, se aplicará a la solución de controversias en virtud del presente artículo, a menos que ese Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención o al adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior, haya elegido otro procedimiento en virtud del Artículo 287 para la solución de controversias derivadas de la presente Convención.

5. Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior, un Estado Parte en la presente Convención que no sea Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar podrá elegir libremente, mediante una declaración escrita, uno o varios de los medios enunciados en el párrafo 1 del Artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la solución de las controversias con arreglo al presente artículo. El Artículo 287 se aplicará a esa declaración así como a toda controversia en la que ese Estado sea Parte y que no esté amparada por una declaración en vigor. A efectos de conciliación y arbitraje, de conformidad con los Anexos V y VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese Estado estará habilitado para designar conciliadores y árbitros que se incluirán en las listas mencionadas en el Artículo 2 del Anexo V y en el Artículo 2 del Anexo VII para la solución de las controversias derivadas de la presente Convención.

Artículo 26 - Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Miembros de la UNESCO.

2. La presente Convención estará sujeta a la adhesión:

a) de los Estados que no sean miembros de la UNESCO pero que sean miembros de las Naciones Unidas o de un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado al que la Conferencia General de la UNESCO haya invitado a adherirse a la presente Convención;

b) de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Director General.

Artículo 27 - Entrada en vigor

La Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento a que se refiere el Artículo 26, pero únicamente respecto de los veinte Estados o territorios que hayan depositado sus instrumentos. Entrará en vigor para cualquier otro Estado o territorio tres meses después de la fecha en que dicho Estado o territorio haya depositado su instrumento.

Artículo 28 - Declaración relativa a las aguas continentales

Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o adherirse a ella o en cualquier momento ulterior, todo Estado o territorio podrá declarar que las Normas se aplicarán a sus aguas continentales que no sean de carácter marítimo.

Artículo 29 - Limitación del ámbito de aplicación geográfico

Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un Estado o territorio podrá declarar ante el depositario que la presente Convención no se aplicará a determinadas partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial e indicará en esa declaración las razones que la motivan. En la medida de lo posible, y tan pronto como pueda, el Estado deberá reunir las condiciones necesarias para que la presente Convención se aplique a las zonas especificadas en su declaración; a esos efectos, y en cuanto haya reunido esas condiciones, retirará también total o parcialmente su declaración.

Artículo 30 - Reservas

Salvo lo dispuesto en el Artículo 29, no se podrán formular reservas a la presente Convención.

Artículo 31 - Enmiendas

1. Un Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante comunicación dirigida por escrito al Director General, El Director General transmitirá la comunicación a todos los Estados Partes. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación, la mitad por lo menos de los Estados Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General presentará dicha propuesta para examen y posible aprobación de la siguiente Reunión de los Estados Partes.

2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes.

3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.

4. La enmienda a esta Convención entrarán en vigor únicamente para los Estados Partes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas tres meses después de que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte o territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

5. Un Estado o territorio que llegue a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas efectuadas de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una intención diferente, será considerado:

a) Parte en esta Convención así enmendada; y

b) Parte en la Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por la enmienda.

Artículo 32 - Denuncia

1. Un Estado Parte podrá denunciar esta Convención mediante notificación dirigida por escrito al Director General.

2. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recepción de la notificación, a menos que en ella se especifique una fecha ulterior.

3. La denuncia no afectará en modo alguno el deber de los Estados Partes de cumplir todas las obligaciones contenidas en la presente Convención a las que estén sometidos en virtud del derecho internacional con independencia de esta Convención.

Artículo 33 - Las Normas

Las Normas que figuran en el Anexo de esta Convención son parte integrante de ella y, salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta Convención constituye asimismo una referencia a las Normas.

Artículo 34 - Registro en las Naciones Unidas

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención deberá ser registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General.

Artículo 35 - Textos auténticos

Esta Convención se ha redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.

Anexo

Normas relativas a las actividades dirigidas al

patrimonio cultural subacuático

I Principios generales

Norma 1. La conservación in situ será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce de ese patrimonio.

Norma 2. La explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable es absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio. El patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de transacciones ni de operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial.

No cabrá interpretar que esta norma prohíba:

a) la prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios conexos necesarios cuya índole y finalidad sean plenamente conformes con la presente Convención, y tengan la autorización de las autoridades competentes;

b) el depósito de patrimonio cultural subacuático recuperado en el marco de un proyecto de investigación ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre que dicho depósito no vulnere el interés científico o cultural, ni la integridad del material recuperado, ni dé lugar a su dispersión irremediable, esté de conformidad con lo dispuesto en las Normas 33 y 34 y tenga la autorización de las autoridades competentes.

Norma 3. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no deberán perjudicarlo más de lo que sea necesario para los objetivos del proyecto.

Norma 4. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático deberán servirse de técnicas y métodos de exploración no destructivos, que deberán preferirse a la recuperación de objetos. Si para llevar a cabo estudios científicos o proteger de modo definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario realizar operaciones de extracción o recuperación, las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo menos dañinos posible y contribuir a la preservación de los vestigios.

Norma 5. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático evitarán perturbar innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados.

Norma 6. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se reglamentarán estrictamente para que se registre debidamente la información cultural, histórica y arqueológica.

Norma 7. Se fomentará el acceso del público al patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en los casos en que éste sea incompatible con la protección y la gestión del sitio.

Norma 8. Se alentará la cooperación internacional en la realización de actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático con objeto de propiciar intercambios eficaces de arqueólogos y demás especialistas competentes y de emplear mejor sus capacidades.

II. Plan del proyecto

Norma 9. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se elaborará el proyecto correspondiente, cuyo plan se presentará a las autoridades competentes para que lo autoricen, previa revisión por los pares.

Norma 10. El plan del proyecto incluirá:

a) una evaluación de los estudios previos o preliminares;

b) el enunciado y los objetivos del proyecto;

c) la metodología y las técnicas que se utilizarán;

d) el plan de financiación;

e) el calendario previsto para la ejecución del proyecto;

f) la composición del equipo, las calificaciones, las funciones y la experiencia de cada uno de sus integrantes;

g) planes para los análisis y otras actividades que se realizarán después del trabajo de campo;

h) un programa de conservación de los objetos y del sitio, en estrecha colaboración con las autoridades competentes;

i) una política de gestión y mantenimiento del sitio que abarque toda la duración del proyecto;

j) un programa de documentación;

k) un programa de seguridad;

l) una política relativa al medio ambiente;

m) acuerdos de colaboración con museos y otras instituciones, en particular de carácter científico;

n) la preparación de informes;

o) el depósito de los materiales y archivos, incluido el patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y

p) un programa de publicaciones.

Norma 11. Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se realizarán de conformidad con el plan del proyecto aprobado por las autoridades competentes.

Norma 12. Si se hiciesen descubrimientos imprevistos o cambiasen las circunstancias, se revisará y modificará el plan del proyecto con la aprobación de las autoridades competentes.

Norma 13. En caso de emergencia o de descubrimientos fortuitos, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, incluyendo medidas o actividades de conservación por un periodo breve, en particular de estabilización del sitio, podrán ser autorizadas en ausencia de un plan de proyecto, a fin de proteger el patrimonio cultural subacuático.

III. Labor preliminar

Norma 14. La labor preliminar mencionada en la Norma 10 a) incluirá una evaluación de la importancia del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural y de su vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes del proyecto previsto, así como de las posibilidades de obtener datos que correspondan a los objetivos del proyecto.

Norma 15. La evaluación incluirá además estudios previos de los datos históricos y arqueológicos disponibles, las características arqueológicas y ambientales del sitio y las consecuencias de cualquier posible intrusión en la estabilidad a largo plazo del patrimonio cultural subacuático objeto de las actividades.

IV. Objetivos, metodología y técnicas del proyecto

Norma 16. La metodología se deberá ajustar a los objetivos del proyecto y las técnicas utilizadas deberán ser lo menos perjudiciales posible.

V. Financiación

Norma 17. Salvo en los casos en que la protección del patrimonio cultural subacuático revista carácter de urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al mismo se deberá contar con la financiación suficiente para cumplir todas las fases previstas en el plan del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del material recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

Norma 18. En el plan del proyecto se demostrará la capacidad de financiar el proyecto hasta su conclusión, por ejemplo, mediante la obtención de una garantía.

Norma 19. El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrumpirse la financiación prevista.

VI. Duración del proyecto - Calendario

Norma 20. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se preparará el calendario correspondiente para garantizar de antemano el cumplimiento de todas las fases del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del patrimonio cultural subacuático recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes.

Norma 21. El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo en caso de interrupción o conclusión del proyecto.

VII. Competencia y calificaciones

Norma 22. Sólo se efectuarán actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático bajo la dirección y el control y con la presencia continuada de un arqueólogo subacuático cualificado que tenga la competencia científica adecuada a la índole del proyecto.

Norma 23. Todos los miembros del equipo del proyecto deberán estar cualificados y haber demostrado una competencia adecuada a la función que desempeñarán en el proyecto.

VIII. Conservación y gestión del sitio

Norma 24. En el programa de conservación estarán previstos el tratamiento de los restos arqueológicos durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, en el curso de su traslado y a largo plazo. La conservación se efectuará de conformidad con las normas profesionales vigentes.

Norma 25. En el programa de gestión del sitio estarán previstas la protección y la gestión in situ del patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de campo y una vez que éste haya concluido. El programa abarcará actividades de información pública, medidas adecuadas para la estabilización del sitio, su control sistemático y su protección de las intrusiones.

IX. Documentación

Norma 26. En el marco del programa de documentación, se documentarán exhaustivamente las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático incluyendo un informe sobre la marcha de las actividades, elaborado de conformidad con las normas profesionales vigentes en materia de documentación arqueológica.

Norma 27. La documentación incluirá como mínimo un inventario detallado del sitio, con indicación de la procedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado o retirado en el curso de las actividades dirigidas al mismo, apuntes sobre el trabajo de campo, planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros medios.

X. Seguridad

Norma 28. Se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad y la salud de los integrantes del equipo y de terceros, que esté en conformidad con las normativas legales y profesionales en vigor.

XI. Medio ambiente

Norma 29. Se preparará una política relativa al medio ambiente adecuada para velar por que no se perturben indebidamente los fondos marinos o la vida marina.

XII. Informes

Norma 30. Se presentarán informes sobre el desarrollo de los trabajos, así como informes finales de conformidad con el calendario establecido en el plan del proyecto y se depositarán en los registros públicos correspondientes.

Norma 31. Los informes incluirán:

a) una descripción de los objetivos;

b) una descripción de las técnicas y los métodos utilizados;

c) una descripción de los resultados obtenidos;

d) documentación gráfica y fotográfica esencial, sobre todas las fases de la actividad;

e) recomendaciones relativas a la conservación y preservación del sitio y del patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y

f) recomendaciones para actividades futuras.

XIII. Conservación de los archivos del proyecto

Norma 32. Las disposiciones sobre la conservación de los archivos del proyecto se acordarán antes de iniciar cualquier actividad y se harán constar en el plan del proyecto.

Norma 33. Los archivos del proyecto, incluido cualquier patrimonio cultural subacuático que se haya extraído y una copia de toda la documentación de apoyo, se conservarán, en la medida de lo posible, juntos e intactos en forma de colección, de tal manera que los especialistas y el público en general puedan tener acceso a ellos y que pueda procederse a la preservación de los archivos. Ello debería hacerse lo más rápidamente posible y, en cualquier caso, no después de transcurridos diez años desde la conclusión del proyecto, siempre que ello sea compatible con la conservación del patrimonio cultural subacuático.

Norma 34. La gestión de los archivos del proyecto se hará conforme a las normas profesionales internacionales, y estará sujeta a la autorización de las autoridades competentes.

XIV. Difusión

Norma 35. En los proyectos se preverán actividades de educación y de difusión al público de los resultados del proyecto, según proceda.

Norma 36. La síntesis final de cada proyecto:

a) se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la complejidad del proyecto y el carácter confidencial o delicado de la información; y

b) se depositará en los registros públicos correspondientes.

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su trigésimo primera reunión, celebrada en París y terminada el tres de noviembre de 2001.

EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas, en este día 6 de noviembre de 2001.

El Presidente de la Conferencia General El Director General

Copia certificada conforme

Paris,

Consejero jurídico

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Hecho en París en este día seis de noviembre de 2001, en dos ejemplares auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su trigésimo primera reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositaron en los archivos de esta Organización, y cuyas copias certificadas conformes se remitirán a todos los Estados y territorios a que se refiere el artículo 26, así como a las Naciones Unidas.”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil ocho.

Francisco Antonio Pacheco Fernández

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO

Edgar Ugalde Álvarez

MINISTRO A. I. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San José, 20 de enero de 2008.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-786000.—(52698).

REFORMA DE LA LEY N.º 7092 LEY DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Expediente N.º 17.265

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestro país vive el mayor impacto económico de los últimos tiempos, los índices de inflación crecen cada día, y se ha visto afectado tanto por factores internos como externos. Los esfuerzos que se hacen para disminuir esta crisis son insuficientes, la situación que atraviesa el país, mantiene a la población en una incertidumbre sobre el futuro inmediato, la falta de información por parte del Gobierno que les diga a los ciudadanos de cómo y en qué medida afectará los bolsillos perjudica a los individuos y su reacción termina en un nivel de incertidumbre desmesurado debido a la inseguridad y el miedo inducido por la gran alarma social en que se mantienen los ciudadanos.

Hoy más que nunca las familias deben estimar en qué invierten su dinero, es decir la valoración de ingresos y gastos de la familia debe ser medida con lupa, considerando el bienestar y calidad de vida del individuo, esto provoca un grado de estrés que afecta indiscutiblemente la forma de vida del ser humano y su estado emocional.

Esta crisis económica que hoy vive Costa Rica, no excluye aquellas personas pensionadas o jubiladas, que después de tantos años de trabajar para adquirir una pensión que les dé tiempo para la recreación, intercambiar camadería y sano esparcimiento, no es así, ya que estas personas después de trabajar tantos años pasan primero por un proceso administrativo engorroso para que se les pueda dar el beneficio laboral adquirido, segundo y lo más preocupante es que el monto de la pensión siempre es menor del monto que recibían.

RECLAMOS DE PENSIONADOS TARDAN

HASTA 20 AÑOS SIN RESOLVERSE1

El Señor Luis Javier de 76 años batalló 24 años para que la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), (que atiende las jubilaciones de 58.000 personas) le reconociera beneficios laborales adquiridos, y con ello le subieran “un poquito” su pensión de contador. Asimismo, empezó una lucha para que le incluyeran todas las anualidades acumuladas en 30 años de trabajo en diferentes instituciones, no tuvo respuesta por parte de la DNP, y en 1999 presentó su caso al Tribunal de Trabajo, que falló a su favor ocho años después, es decir en 2007.

Esta historia, es similar a la que viven miles de pensionados de los regímenes con cargo al presupuesto del Estado. A esto hay que agregar que en diciembre del 2007 se presentaron más de 1800 recursos de amparo por atrasos en la gestión de pensiones. Los ingresos por pensión o jubilación no son los deseados ya que sus ingresos se ven disminuidos debido a que la pensión no cubre la totalidad del salario al que estaban acostumbrados. Es decir estas personas deben buscar como mitigar de la mejor forma los efectos en la reducción real de ingresos que genera la pensión y a esta situación le agregamos el riesgo de que la pensión no se otorgue a tiempo, de forma tal que las personas no pongan en peligro la satisfacción de sus necesidades por retrasos u omisiones que se emplean de manera burocrática. Para nadie es un secreto que el poder adquisitivo es menor al costo real de la vida, lo que afecta a las familias en general. Esto hace que en la mayoría de los casos, las personas jubiladas o pensionadas, antepongan sus necesidades por darle apoyo económico a sus familias o a los compromisos adquiridos por miembros de esta. Lo que va en detrimento de su salud, de su nueva forma de vivir, de sus nuevas emociones, y de otras actividades que den sentido a esta nueva etapa. Por tales motivos, este proyecto pretende aumentar el monto a exonerar del pago del impuesto sobre la renta que paga esta población y así aumentar “un poquito” esa pensión a cientos de ciudadanos que hoy están en situaciones difíciles, con una pensión devaluada que no va acorde a un proyecto de vida con bienestar y calidad de vida.

Por las razones anteriormente expuestas se pone a consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DE LA LEY N.º 7092 LEY DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO 1.- Refórmase el artículo 27 de la Ley N.º 7302, de 8 de julio 1992, para que se agregue un párrafo después de la palabra “dependiente” en lo que corresponde al título II, del impuesto único sobre las rentas percibidas por concepto de jubilación o pensión, que a la vez reforma la Ley N.º 7092, de 21 de abril de 1988 y se lea de la siguiente forma:

“Artículo 27.-

El monto percibido por concepto de jubilación o pensión de hasta el equivalente en colones de 2310 unidades de desarrollo no estarán sujetas al impuesto sobre la renta.

Sobre el exceso del monto antes mencionado pagará el porcentaje superior establecido por ley.”

ARTÍCULO 2.- Los regímenes a que se refiere esta reforma son los siguientes y cualquiera que se establezca posterior a la aprobación de esta Ley.

Régimen de Hacienda, Régimen del Magisterio Nacional, Régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, Régimen del Poder Judicial, Régimen de Pensión de los Ex presidentes, Régimen de Pensión de Guerra, Régimen de Pensiones de los Beneméritos de la Patria, Régimen de los Galardonados con el Premio Magón, Régimen de Autores de los Símbolos Nacionales, Régimen Municipales, Régimen Ferrocarril e INCOP, Régimen No Contributivo.

Rige a partir de su publicación.

Carlos Manuel Gutiérrez Gómez

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

_______

1 Información de La Nación: 5 de mayo de 2008.

San José, 21 de enero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-72000.—(52699).

REFORMA DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA Y DEROGATORIA

DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DEL

ESTADO, LEY N.º 7410, DE 26 DE MAYO DE 1994,

Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 17.266

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), creada en 1994, mediante la Ley General de Policía, N.° 7410, adscrita al Ministerio de la Presidencia, es un cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas, al servicio de oscuros intereses, que poco o nada tienen que ver con la seguridad del Estado democrático y social de derecho. Los resultados de su gestión cada vez son más criticados por amplios y diversos sectores de la sociedad costarricense, que han llevado a cuestionar su existencia y a considerarla un peligro para la democracia.

Aunque las críticas han sido recurrentes durante los últimos años, el escándalo que estalló en razón de haberse descubierto una trama criminal por el Ministerio Público y el OIJ, que demuestra el uso de datos privados por parte de un alto funcionario de la DIS para extorsionar a ciudadanos, condujo a una situación generalizada de pérdida de confianza sobre las actuaciones de la DIS.

Diversos sectores políticos y populares durante años denunciaron las actividades de espionaje y persecución de la DIS, no para defender la democracia, sino para perseguir a los opositores al gobierno de turno, o a las personas críticas con un orden que consideran injusto y antidemocrático.

El fiscal general, Francisco Dall’Anasse, llegó a considerar a la DIS “una policía política”, que no tenía justificación en un Estado de Derecho. Dice el señor fiscal:

“Preocupa que en un Estado de derecho exista un ente como la DIS, que, en contradicción con el artículo 11 de la Constitución Política, no rinde cuentas, no suscribe informes ni asume responsabilidad por lo que hace.

Por cierto, no sabemos qué hace para la seguridad de Costa Rica, solamente tenemos noticias de sus acciones y omisiones en perjuicio del país.

Hay momentos en que problemas graves requieren decisiones y soluciones radicales, como cuando en los años setenta se disolvió la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) y en su lugar se creo al OIJ. Hace años urge una decisión política para bien de los costarricenses: eliminar de una vez por todas la DIS.

Los costarricenses merecemos policías controlados y subordinados a las autoridades judiciales, policías dedicados a la protección de los ciudadanos, policías garantes de las libertades individuales y del Estado de Derecho”. (“La DIS debe eliminarse”: La Nación, martes 16 de diciembre de 2008)

Los cuestionamientos son numerosos y de extrema gravedad, sin que el Gobierno haya tomado las medidas correctivas necesarias, por el contrario, la DIS aparece hoy como un ente sin control, el país no sabe a ciencia cierta a qué se dedica, si exceptuamos las actuaciones delictivas mencionadas y la vigilancia clandestina y abiertamente ilegal de ciudadanos y ciudadanas.

A la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional se le ha destinado más de treinta y cinco por ciento (35%) del presupuesto correspondiente al Ministerio de la Presidencia, para el 2007 fue de mil ochocientos siete millones ochenta y tres mil setecientos treinta y seis colones (¢1.807.083.736); en el 2008 correspondía a dos mil ciento setenta y siete millones quinientos treinta y cinco mil colones (¢2.177.535.000); y para el 2009 se le autorizó la suma de dos mil setecientos cuarenta y cinco millones novecientos cincuenta y un mil colones (¢2.745.951.000).

Ante la situación de inseguridad ciudadana que vive el país por el aumento de la delincuencia, consideramos que no se justifica de ninguna manera destinar tanto dinero a una policía que más que de inteligencia y seguridad nacional, es política, que no rinde informes, que no da cuentas de sus investigaciones y que es sumamente cuestionada por sus actuaciones ineficientes y delictivas, y de la que nunca se tiene información sobre los resultados de su gestión.

Es por lo anterior que mediante esta iniciativa proponemos eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional como fuerza de policía de nuestro país y de esa forma que los recursos que se destinaban a esa Dirección sean remitidos, en lo que corresponda, a las restantes fuerzas policiales y al Organismo de Investigación Judicial.

En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA Y DEROGATORIA

DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DEL

ESTADO, LEY N.º 7410, DE 26 DE MAYO DE 1994,

Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1.- Modifícase el artículo 6 de la Ley general de policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, y en adelante se lea:

“Artículo 6.- Cuerpos

Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.”

ARTÍCULO 2.- Derógase la Sección 1: “De la Dirección de Seguridad del Estado”, del capítulo II: “De las Fuerzas de Policía, del título II: “De la Organización y Competencia, que comprende los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994.

ARTÍCULO 3.- Los bienes y equipos requeridos por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) así como el personal que cumpla con los requisitos profesionales y éticos, se traspasarán y trasladarán, respectivamente, al Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de que este los distribuya entre los distintos cuerpos policiales. Los archivos y expedientes en poder de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) serán entregados al Ministro de la Presidencia, a fin de que los remita al Ministerio de Seguridad Pública o al Organismo del Investigación Judicial, según estime procedente.

ARTÍCULO 4.- El Poder Ejecutivo remitirá de manera oportuna las modificaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios que estime necesarios para liquidar a los funcionarios y funcionarias de la Dirección Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), que no sean trasladados a las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública.

Rige a partir de su publicación.

José Merino Del Río

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 21 de enero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-90000.—(52700).

APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA

Expediente N.º 17.274

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Centroamérica es un mercado de gran importancia para la economía costarricense, al mismo se destinan gran cantidad de bienes y servicios del sector productivo nacional, especialmente del constituido por las pequeñas y medianas empresas industriales del país.

A pesar de los diferentes momentos económicos y políticos que ha vivido Centroamérica, en sus últimas cuatro décadas el comercio entre los países ha crecido de manera constante, con la única excepción del período 1980-1986, mostrando en los años recientes un comportamiento muy dinámico. De igual manera, los flujos de inversión interregionales han crecido significativamente en los últimos años, aumentando la integración e interrelación entre los sectores productivos de los cinco países (véase al respecto el Cuadro I.- Evolución de Comercio Intrarregional 1967-2007).

Cuadro I.- Evolución de Comercio Intrarregional 1967-2007

Para ver imagen solo en La Gaceta impresa o en formato PDF

Ha ocupado un papel central en la política comercial costarricense de las últimas décadas, el objetivo de modernizar y profundizar el esquema de integración centroamericana, con dos fines principales. Por una parte, aumentar el nivel de integración económica entre las naciones y elevar permanentemente la calidad de la normativa que rige sus relaciones económicas y comerciales; y paralelamente, buscar que esta mayor integración facilite la integración simultánea con otros socios comerciales.

Asimismo, Costa Rica es miembro del Tratado General de Integración Económica Centroamericana desde el año 1963 y suscribió con el resto de países de la región el Protocolo de Tegucigalpa de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), conocido como “Protocolo de Tegucigalpa”, en 1991 y el Protocolo al Tratado de Integración Económica Centroamericana, conocido como “Protocolo de Guatemala”, en 1993.

Esta normativa se ha visto complementada con el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; Ley de aprobación N.º 6986 de 3 de mayo de 1985, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y sus modificaciones en el 2003, el Mecanismo Centroamericano de Solución de Controversias en el 2003; y varios reglamentos en temas específicos relacionados con el comercio. Del mismo modo, recientemente se negoció por parte de los cinco países centroamericanos un Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y su Protocolo, que se encuentran para su discusión y aprobación en algunos de los Congresos de los países de la Región; y el presente proyecto de ley por el que se busca aprobar el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana.

El Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana es un paso más en el proceso de profundización de la integración económica centroamericana y del proceso de conformación de una unión aduanera regional. Esto de conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), que establece que “Los Estados Parte se comprometen a constituir una Unión Aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de tránsito a las mercancías independientemente del origen de las mismas, previa nacionalización en alguno de los Estados Miembros, de los productos procedentes de terceros países. Dicha Unión Aduanera se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se establecerán al efecto, aprobados por consenso”.

En este Convenio Marco, los Estados Parte reafirman su voluntad de conformar una Unión Aduanera entre sus territorios y establecen que dicha Unión Aduanera se fundamentará en los objetivos y principios de los instrumentos de integración regional vigentes y conforme a lo establecido en el artículo XXIV 8.a del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, GATT, que forma parte del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

En dicho Convenio se establece que la Unión Aduanera se constituirá de forma gradual y progresiva; y su establecimiento será el resultado del desarrollo de las siguientes tres etapas:

a) promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio;

b) modernización y convergencia normativa; y

c) desarrollo institucional

En la primera etapa las tareas planteadas van dirigidas a mejorar la capacidad y agilidad actual de los controles fronterizos, en términos de infraestructura, mecanismos legales, logística, sistemas informativos y administración efectiva de los derechos arancelarios. En la segunda se pretende la armonización del arancel externo común, la concertación de la normativa regional y la convergencia de compromisos internacionales, así como la coordinación de aduanas intrafronterizas y periféricas. Finalmente, se busca establecer o consolidar las instituciones requeridas para el funcionamiento de la unión aduanera.

Por lo anterior, la aprobación de este Convenio se considera de trascendental relevancia por su aporte al proceso de integración y al fortalecimiento de la región centroamericana de cara a los retos que se enfrentan a nivel regional e internacional.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el presente proyecto de ley de Aprobación del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase en cada una de sus Partes el CONVENIO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA, suscrito el día doce del mes de diciembre del año dos mil siete en la Ciudad de Guatemala, cuyo texto es el siguiente:

“Convenio Marco para el Establecimiento

de la Unión Aduanera Centroamericana

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua

CONSIDERANDO: los objetivos y principios contenidos en los instrumentos jurídicos de la Integración Centroamericana, suscritos por los países centroamericanos;

CONVENCIDOS: de la necesidad de continuar con el proceso de consolidación de la Integración Económica Centroamericana y la necesidad de establecer la Unión Aduanera;

CONSIDERANDO: que los cinco Estados son signatarios del Protocolo de Guatemala, el cual da el marco jurídico e institucionalidad del Subsistema de Integración Económica Centroamericana;

CONSIDERANDO: que el perfeccionamiento del Subsistema de Integración Económica Centroamericana requiere avanzar a nuevas etapas del proceso de Integración y por lo tanto es de vital importancia establecer la Unión Aduanera de conformidad con el Artículo 15 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala);

CONSIDERANDO: que por el menor desarrollo relativo de Centroamérica, es indispensable crear un Fondo Internacional Estructural y de Inversiones, el cual coadyuve al proceso de Unión Aduanera y se aproveche en mayor medida la vinculación económica y comercial con Terceros Estados y grupos de países;

CONSIDERANDO: que con el fin de asegurar el cumplimiento de los Mandatos Presidenciales y garantizar la continuidad del proceso iniciado, se considera necesario formalizar la normativa que regulará el establecimiento de la Unión Aduanera;

CONSTATANDO: las condiciones actuales del entorno internacional, de manera especial la consolidación de grandes espacios económicos y la necesidad de una adecuada inserción de sus países en las corrientes del mercado mundial para mayor bienestar de la región;

POR TANTO: Deciden suscribir el presente Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana.

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

Los Estados Parte reafirman su voluntad de conformar una Unión Aduanera entre sus territorios. La Unión Aduanera se fundamentará en los objetivos y principios de los instrumentos de integración regional vigentes y conforme a lo establecido en el Artículo XXIV 8.a del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, GATT, que forma parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio, OMC.

TITULO II

CAPÍTULO UNICO

ETAPAS DE LA UNIÓN ADUANERA

Artículo 2.

La Unión Aduanera se constituirá de forma gradual y progresiva. Su establecimiento será el resultado del desarrollo de las siguientes tres etapas:

a) promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio;

b) modernización y convergencia normativa; y

c) desarrollo institucional.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

ETAPA DE PROMOCIÓN DE LA LIBRE CIRCULACIÓN

DE BIENES Y FACILITACIÓN DE COMERCIO

Artículo 3

Son objetivos de la etapa de Promoción de la Libre Circulación de Bienes y Facilitación de Comercio los siguientes:

a. establecer y garantizar el cumplimiento de medidas de facilitación de comercio dirigidas a perfeccionar el libre comercio intrarregional y agilizar la circulación en el territorio aduanero, de las mercancías originarias y no originarias;

b. establecer y garantizar el funcionamiento de los mecanismos legales, facilidades informáticas, logísticas y de infraestructura que permitan a cada Estado Parte administrar y recaudar de manera eficiente y efectiva los derechos arancelarios a la importación, tributos y otros gravámenes al comercio exterior; y

c. garantizar que las aduanas intrafronterizas entre los Estados Parte continúen operando y promuevan gradualmente y en forma coordinada, la facilitación y agilización del comercio y el cobro de los gravámenes correspondientes.

CAPÍTULO II

CONTINGENTES Y DONACIONES

Artículo 4

Los Estados Parte establecerán principios comunes en materia de contingentes y donaciones que deberán cumplir las administraciones nacionales con el objeto de evitar distorsiones al comercio entre ellos.

CAPÍTULO III

RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

Artículo 5

Lo dispuesto en este instrumento no afectará los derechos y obligaciones de los Estados Parte, con relación al establecimiento de prohibiciones o restricciones para, entre otros, proteger la moral y seguridad pública, los tesoros nacionales de valor artístico histórico, arqueológico nacional o protección de la propiedad intelectual, conservación y protección de los recursos naturales, siempre que no constituyan obstáculos discriminatorios o injustificados al comercio, ni afectará el derecho de cada Estado Parte de aplicar las excepciones previstas en el artículo XX del GATT.

Artículo 6

No se podrá aplicar obstáculos no arancelarios, tales como permisos, licencias, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que limiten el intercambio comercial entre los Estados Parte.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

ETAPA DE MODERNIZACIÓN Y

CONVERGENCIA NORMATIVA

Artículo 7

Son objetivos de la etapa de Modernización y Convergencia Normativa, los siguientes:

a) alcanzar la armonización en la totalidad del arancel externo común;

b) establecer aduanas periféricas como puntos de entrada de mercancías procedentes de Terceros Estados al territorio aduanero, las que operararán sin perjuicio del funcionamiento de las aduanas intrafronterizas entre los Estados Parte. Las aduanas intrafronterizas trabajarán de forma coordinada como centros de control, facilitación del comercio y cobro de gravámenes correspondientes, hasta que la Unión Aduanera entre en operación a juicio de los Estados Parte. No obstante, los Estados Parte están en libertad de disminuir el rol o eliminar las aduanas intrafronterizas o mantenerlas como puntos de Centros de Control y Facilitación de Comercio en el momento que así lo deseen, en función del perfeccionamiento de la Unión Aduanera.

c) armonizar la normativa regional en todas las áreas contenidas en este instrumento, tomando en consideración los compromisos comerciales internacionales; y

d) promover la convergencia paulatina de los diferentes tratados de libre comercio (TLC’s) y acuerdos de alcance parcial suscritos por cada Estado Parte con Terceros Estados.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ARANCELARIO

Artículo 8

La Unión Aduanera tendrá un Sistema Arancelario único en cuanto a nomenclatura, descripciones y derechos arancelarios.

Artículo 9

1. El régimen arancelario de la Unión Aduanera será el establecido en el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y se regulará por las normas en él contenidas.

2. Los actos administrativos emitidos por el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, con base en ese Convenio se pondrán en vigor como lo establece el artículo 55 del Protocolo de Guatemala.

Artículo 10

El COMIECO desarrollará criterios y mecanismos que permitan a los Estados Parte modificar temporalmente y por razones justificadas, el arancel externo común.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN ADUANERO

Artículo 11

El régimen aduanero de la Unión Aduanera será el establecido por el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y se regulará por las normas en él contenidas y por lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 12

Los Estados Parte coordinarán sus servicios aduaneros con el fin de aplicar normas, idéntica documentación en forma, clase, requerimientos; mismos procedimientos y plazos; sistemas comunes de aplicaciones de tratamiento de la información y pautas uniformes de conducta para sus funcionarios, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales en materia aduanera.

Artículo 13

1. Los Estados Parte armonizarán los procedimientos, actuaciones y documentación de los servicios paraduaneros.

2. Se entenderán por servicios paraduaneros aquellos que se aplican a las mercancías en operaciones de comercio exterior, tales como sanitarios, veterinarios, fitosanitarios, farmacéuticos, de control de calidad o demás existentes, y cuya autorización constituye requisito previo para el levante de las expediciones de los recintos aduaneros.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DEL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS

Artículo 14

1. Al constituirse la Unión Aduanera, los Estados Parte no aplicarán requisitos de normas de origen al comercio de mercancías dentro del territorio aduanero creado por el presente instrumento, indistintamente de su procedencia.

2. Conforme con los objetivos establecidos en el Artículo 7, el COMIECO tomará las acciones necesarias para asegurar la convergencia de los diferentes regímenes de origen mediante los que los Estados Parte confieren tratamientos arancelarios preferenciales en el marco de acuerdos comerciales tales como tratados de libre comercio y/o acuerdos de alcance parcial con Terceros Estados.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 15

1. En lo que corresponde a las operaciones del comercio internacional, incluyendo las que se realicen en la Unión Aduanera, cada Estado Parte regulará su régimen tributario sobre la base del principio de país de destino.

2. Los Estados Parte, acordarán mecanismos de recaudación de gravámenes y tributos provenientes de las operaciones de comercio internacional e intrarregional.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Y OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

Artículo 16

Los Estados Parte desarrollarán un régimen común de medidas sanitarias y fitosanitarias y un régimen común sobre obstáculos técnicos al comercio. Estos regímenes tendrán como punto de partida la normativa regional vigente y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio que forman parte del Acuerdo sobre la OMC.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DE DEFENSA COMERCIAL

Artículo 17

1. Los Estados Parte desarrollarán un mecanismo regional para la aplicación de medidas de defensa comercial, en el comercio con Terceros Estados.

2. Estas medidas no se aplicarán a las mercancías que circulen en el territorio aduanero al establecerse la Unión Aduanera.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN SOBRE EL COMERCIO DE

SERVICIOS Y LAS INVERSIONES

Artículo 18

Los asuntos relativos a inversión, comercio de servicios y temas relacionados, se regirán por el Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios suscrito entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 19

1. En las contrataciones del sector público, los Estados Parte garantizarán a los nacionales de los otros Estados Parte, un trato no menos favorable que el otorgado a sus nacionales.

2. Los Estados Parte deberán asegurar la divulgación dentro del territorio aduanero a través de los medios adecuados, de las invitaciones a participar en las contrataciones y adquisiciones de las entidades del sector público que los Estados Parte determinen.

CAPÍTULO X

PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 20

Los Estados Parte desarrollarán una normativa regional en materia de propiedad intelectual

CAPÍTULO XI

POLÍTICA DE COMPETENCIA

Artículo 21

Los Estados Parte desarrollarán una normativa regional en materia de política de competencia.

CAPÍTULO XII

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 22

En el proceso de conformación de la Unión Aduanera, los Estados Parte desarrollarán los ajustes necesarios al mecanismo de solución de diferencias vigentes que permitan resolver las diferencias que surjan entre ellos.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

ETAPA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 23

1. El objetivo de la etapa de Desarrollo Institucional es establecer la institucionalidad necesaria para el funcionamiento, administración y consolidación de la Unión Aduanera.

2. En este proceso, los Estados Parte desarrollarán los ajustes necesarios a la institucionalidad regional vigente, a efecto de responder a las necesidades de la evolución del proceso.

3. Los Estados Parte velarán para que los ajustes necesarios a realizar en la institucionalidad no sean onerosos y para que sus actuaciones financieras, legales y administrativas sean transparentes, no discrecionales, dinámicas y ágiles.

4. Una vez se defina la institucionalidad necesaria, los Estados Parte suscribirán el instrumento legal respectivo, el cual entrará en vigor cuando se hayan cumplido los procedimientos legales internos de cada Estado Parte.

TÍTULO VI

FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES

Artículo 24

Los Estados Parte establecerán un Fondo Internacional Estructural y de Inversiones, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible de los países centroamericanos, lograr el mejor aprovechamiento de los beneficios de su integración económica, en particular de la Unión Aduanera y su vinculación económica y comercial con Terceros Estados y grupos de países.

Para dicho propósito, el Fondo financiará programas y proyectos de inversión productiva y social mediante la captación de recursos externos.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 25

1. Este instrumento y sus modificaciones, serán sometidos a ratificación en cada Estado Signatario, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales y legales. Las modificaciones requerirán el acuerdo de todos los Estados Parte y constituirán parte integral de este instrumento.

2. Este instrumento tendrá duración indefinida y entrará en vigencia ocho días después de la fecha en que se deposite el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros depositantes y para los demás, en la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos.

3. El presente instrumento y sus modificaciones serán depositados en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA, quien enviará copia certificada del mismo a cada uno de los Estados Signatarios. Al entrar en vigor este instrumento, la SG-SICA procederá a enviar copia certificada del mismo a la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines del registro que señala el Artículo 102 de la Carta de dicha Organización.

4. El presente instrumento podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Parte y la denuncia producirá efecto cinco años después de su presentación. No obstante lo anterior, este instrumento quedará en vigor entre los demás Estados, en tanto permanezcan adheridos a él, por lo menos dos de ellos.

Artículo 26

Cualquier país miembro del SICA podrá adherirse a este Convenio sujeto a los términos y condiciones acordados entre ese país o países y los Estados Parte, de conformidad con los procedimientos jurídicos aplicables en cada Estado Parte y País adherente. El País adherente deberá depositar su instrumento de adhesión en la SG-SICA.

Artículo 27

Los Estados Parte establecerán los mecanismos necesarios para administrar el régimen arancelario en tanto los aranceles lleguen a su total armonización.

Artículo 28

Se deroga el artículo 24 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

Artículo 29

El COMIECO es el responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este instrumento, en coordinación con los Consejos Sectoriales en sus respectivas áreas de competencia.

Artículo 30

Nada de este Convenio, se entenderá como una modificación a las disposiciones del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y Protocolo de Guatemala del 29 de octubre de 1993.

En fe de lo cual los Representantes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscribimos el presente Convenio en la ciudad de Guatemala, el doce de diciembre de dos mil siete.

Marco Vinicio Ruiz Yolanda Mayora de Gavidia

Ministro de Comercio Exterior Ministra de Economía

de Costa Rica de El Salvador

Luis Óscar Estrada Jorge Rosa Zelaya

Ministro de Economía Ministro de Industria y Comercio

de Guatemala de Honduras

Orlando Solórzano Delgadillo

Ministro de Fomento, Industria y Comercio

de Nicaragua

Firman como Testigos de Honor, Los Señores Presidentes

Óscar Arias Sánchez Elías Antonio Saca

Presidente de la República Presidente de la República

de Costa Rica de El Salvador

Óscar Berger Perdomo José Manuel Zelaya Rosales

Presidente de la República Presidente de la República

de Guatemala de Honduras

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República

de Nicaragua”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

Francisco Antonio Pacheco Fernández

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO

Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

José Luis Araya Alpízar

MINISTRO A. I. DE HACIENDA

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San José, 17 de febrero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-355000.—(52701).

APROBACIÓN DEL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE

COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COREA SOBRE EXTRADICIÓN

Expediente N.º 17.276

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Deseando fomentar una más efectiva cooperación en materia de prevención y represión de los delitos, el 12 de setiembre de 2005, la República de Costa Rica y la República de Corea suscribieron el presente Tratado, cuyo objetivo principal es establecer un mecanismo efectivo en la lucha contra aquellas personas que pretendan evadir la justicia, y abstraerse de los procesos judiciales y de una eventual condena, o de la ejecución de esta.

Esta iniciativa se enmarca en la tradición sostenida por nuestro país en cooperación internacional, para hacer más efectiva la lucha en la prevención y represión de los delitos, con fundamento en el principio de reciprocidad.

De este modo, Costa Rica y Corea convienen en entregarse mutuamente, de conformidad con lo dispuesto en el presente instrumento jurídico internacional, las personas reclamadas para ser procesadas o para el cumplimiento de una sentencia en el territorio de la Parte Requirente por un delito que dé lugar a extradición.

A los efectos del presente Tratado, los delitos darán lugar a extradición, si al momento de la solicitud, fueren punibles de acuerdo con las leyes de ambas Partes con una pena privativa de libertad de una duración superior a un (1) año o una sanción más grave.

Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona condenada a una pena privativa de libertad, impuesta por algún delito que dé lugar a extradición, la extradición únicamente se concederá en el caso de que queden por cumplir, al menos, seis (6) meses de condena.

La extradición será concedida, independientemente de que las leyes de ambas Partes Contratantes clasifiquen, o no, al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.

Es importante indicar que, cuando la extradición de una persona se encuentra sujeta a la comisión de un delito relacionado con defraudación fiscal, aduanas, regulaciones sobre divisas extranjeras u otras materias tributarias, la extradición no podrá negarse sobre la base de que la ley de la Parte Requerida no establece la misma categoría de impuesto u obligación, o no contiene regulaciones relativas a defraudación fiscal, aduanas, regulaciones sobre divisas extranjeras u otras materias tributarias de la misma categoría que en la legislación de la ley de la Parte Requirente.

Otro aspecto relevante del presente Tratado, es que no se concederá la extradición si se determina que el delito por el cual se solicita la extradición, es un delito político o conexo con un delito político. En ese sentido, el texto establece que el concepto de delito político no incluirá el homicidio o la tentativa de homicidio de un Jefe de Estado, de Gobierno o de un miembro de su familia; o se trata de un delito por el que exista obligación de ejercer la jurisdicción o extraditar, en virtud de un acuerdo internacional multilateral, incluyendo los acuerdos relacionados con genocidio, terrorismo o la toma de rehenes, entre otros.

Tampoco se concederá la extradición cuando la persona está siendo objeto de un proceso penal o ha sido juzgada y condenada o absuelta en el territorio de la Parte Requerida por el delito por el que se solicita la extradición; o bien cuando el procesamiento, o la ejecución de la pena estuviera imposibilitada por el transcurso del término de prescripción, de conformidad con la ley de la Parte Requerida.

Asimismo, no se concederá la extradición cuando existen fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de procesar o condenar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, sexo u opiniones políticas; o bien que la situación de aquella se pueda ver agravada por cualquiera de esos motivos.

Cabe resaltar que ninguna de la Partes estará obligada a extraditar a sus nacionales bajo las disposiciones de este Tratado, debiendo en tales casos la Parte Requerida, a petición de la Parte Requirente, someter el caso a conocimiento de sus autoridades nacionales.

En términos generales, la solicitud de extradición se formulará por escrito, a través de la vía diplomática, acompañada de los documentos, declaraciones u otra información que permita describir la identidad de la persona solicitada, una descripción de los hechos, incluyendo el momento y lugar de la comisión del delito y los antecedentes procesales del caso, así como las leyes aplicables que describan los elementos esenciales que configuran el delito y la pena aplicable, pudiendo ser complementada en un plazo de dos meses, prorrogable en circunstancias especiales.

El Tratado prevé que, en caso de urgencia, podrá pedirse la detención preventiva de la persona reclamada, hasta la presentación de la solicitud de extradición, adjuntando los documentos pertinentes. Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días, si no se ha recibido la solicitud formal de extradición acompañada de los documentos necesarios, la persona reclamada sería puesta en libertad.

De conformidad con el presente instrumento jurídico internacional, y en la medida en que lo permita la legislación de la Parte Requerida, y sin perjuicio de los derechos de terceros, todos los bienes que hayan sido encontrados en su territorio y que hayan sido adquiridos como resultado del delito o que pudieran ser requeridos como prueba, podrán ser entregados si la extradición es concedida, o incluso si la extradición no puede ser llevada a cabo, por motivos de muerte, desaparición o escape de la persona solicitada.

Un último aspecto a tener en cuenta, es que el Tratado reitera el principio de especialidad, según el cual, la persona extraditada no podrá ser detenida, juzgada ni condenada por la Parte Requirente, excepto por el delito, por el cual la extradición ha sido concedida, o un delito con una denominación diferente, basado en los mismos hechos por los cuales fue concedida la extradición, si se prevé que tal delito es extraditable, o si se trata de un delito menor ya incluido en aquel.

En virtud de lo anterior, siguiendo la tradición de nuestro país en materia de cooperación internacional para la prevención y la represión del delito, sometemos a conocimiento, y aprobación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley adjunto relativo a la “Aprobación del Tratado entre la República de Costa Rica y la República de Corea sobre Extradición”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

APROBACIÓN DEL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE

COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COREA SOBRE EXTRADICIÓN

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase en cada una de sus Partes el “Tratado entre la República de Costa Rica y la República de Corea sobre Extradición” suscrito en San José, Costa Rica, el 12 de setiembre de 2005, cuyo texto es el siguiente:

“TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA

REPÚBLICA DE COREA SOBRE EXTRADICIÓN

La República de Costa Rica y la República de Corea, a quienes en lo sucesivo se les denominará “Las Partes”;

Deseando fomentar una más efectiva cooperación entre los dos países en la prevención y represión de los delitos y facilitar las relaciones entre los dos países en materia de extradición, con la conclusión de un tratado para la extradición de delincuentes,

Convienen lo siguiente:

ARTÍCULO 1

OBJETO DEL TRATADO

Las Partes convienen en entregarse mutuamente, cuando así se solicite, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado, las personas reclamadas para ser procesadas o para el cumplimiento de una sentencia en el territorio de la Parte Requirente por un delito que dé lugar a extradición y se encuentre en el territorio de la Parte Requirente.

ARTÍCULO 2

DELITOS QUE DAN LUGAR A EXTRADICIÓN

1. A los efectos del presente Tratado, los delitos darán lugar a extradición, si al momento de la solicitud, fueren punibles de acuerdo con las leyes de ambas Partes con una pena privativa de libertad de una duración superior a un (1) año o una sanción más grave.

2. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona condenada a una pena privativa de libertad, por la Parte Requirente, impuesta por algún delito que dé lugar a extradición, la extradición únicamente se concederá en el caso de que queden por cumplir, al menos, seis (6) meses de condena.

3. Para los fines de este Artículo, la extradición será concedida:

a) Independientemente de que las leyes de ambas Partes Contratantes clasifiquen, o no, al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo; y

b) Si la totalidad de los actos u omisiones, atribuidos a la persona cuya extradición se solicita, deben ser tomados en cuenta, y no deberá considerarse si, en las legislaciones de ambas Partes, los elementos constitutivos del delito difieren.

4. Cuando la extradición de una persona se encuentra sujeta a la comisión de un delito relacionado con defraudación fiscal, aduanas, regulaciones sobre divisas extranjeras u otras materias tributarias, la extradición no podrá negarse sobre la base de que la ley de la Parte Requerida no establece la misma categoría de impuesto u obligación, o no contiene regulaciones relativas a defraudación fiscal, aduanas, regulaciones sobre divisas extranjeras u otras materias tributarias de la misma categoría que en la legislación de la ley de la Parte Requirente.

5. Cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio de la Parte Requirente, la extradición será otorgada cuando la ley del Estado Requerido contemple una sanción por la comisión de un delito fuera de su territorio en circunstancias similares. Cuando la ley de la Parte Requerida no contemple esa situación, la Parte Requerida podrá, discrecionalmente, otorgar la extradición.

6. Cuando en la solicitud de extradición figuren varios delitos sancionables con arreglo a la legislación de ambas Partes, pero alguno de ellos no reúna los requisitos previstos en los párrafos 1 y 2 de este Artículo, la extradición se podrá conceder por estos últimos delitos, siempre que la persona sea extraditada por al menos un delito que dé lugar a la extradición.

ARTÍCULO 3

CAUSAS DE DENEGACION OBLIGATORIA DE LA EXTRADICION

No se concederá la extradición en ninguna de las siguientes circunstancias:

(a) Si la Parte Requerida determina que el delito por el cual se solicita la extradición, es un delito político o conexo con un delito político.

El concepto de delito político no incluirá los siguientes delitos:

(i) El homicidio o la tentativa de homicidio de un Jefe de Estado, de Gobierno o de un miembro de su familia;

(ii) Los delitos por los cuales, cada una de las Partes tienen la obligación de ejercer su jurisdicción o extraditar, en virtud de un acuerdo internacional multilateral del cual ambas sean Partes, incluyendo, pero no limitado a los acuerdos relacionados con genocidio, terrorismo o la toma de rehenes.

(b) Cuando la persona, cuya extradición se solicita, está siendo objeto de un proceso penal o ha sido juzgada y condenada o absuelta en el territorio de la Parte Requerida por el delito por el que se solicita la extradición.

(c) Cuando el procesamiento, o el castigo por el cual se solicita la extradición, estuviera imposibilitado por el transcurso del término de prescripción, de conformidad con la ley de la Parte Requerida; de haberse cometido el delito en el territorio de la Parte Requerida. Los hechos o circunstancias que pudieran suspender la prescripción de la acción penal deberán ser considerados por la Parte Requerida, y a tales efectos la Parte Requirente deberá presentar una declaración escrita sobre sus leyes de prescripción; y

(d) Cuando la Parte Requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de procesar o condenar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, sexo u opiniones políticas, o bien que la situación de aquélla se pueda ver agravada por cualquiera de esos motivos.

ARTÍCULO 4

CAUSAS PARA DENEGAR FACULTATIVAMENTE LA EXTRADICIÓN

Podrá denegarse facultativamente la extradición cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

(a) Si, de conformidad con la ley de la Parte Requerida, el delito por el que se solicita la extradición se ha cometido total o parcialmente dentro de su territorio;

(b) Si la persona cuya extradición se solicita ha sido absuelta o condenada definitivamente en un tercer Estado por el mismo delito por el que se solicita la extradición y, si hubiere sido condenada, la pena impuesta ha sido cumplida en su totalidad o ya no puede exigirse su cumplimiento.

(c) Si la Parte Requerida, tras haber tenido también en cuenta el carácter del delito y los intereses de la Parte Requirente, considera que, dadas las circunstancias personales de la persona reclamada, tales como la edad, la salud, la situación familiar u otras circunstancias similares, la extradición de esa persona no sería compatible con consideraciones de tipo humanitario;

(d) Cuando el delito, por el cual la extradición se solicita, es un delito bajo la legislación militar, y no se encuentra contemplado como un delito en la legislación común.

ARTÍCULO 5

EXTRADICIÓN DE NACIONALES

1. Ninguna de la Partes estará obligada a extraditar a sus nacionales bajo las disposiciones de este Tratado.

2. Si la extradición es denegada por motivo de la nacionalidad de la persona, la Parte Requerida debe, a la petición de la Parte Requirente, someter el caso a conocimiento de sus autoridades nacionales.

ARTÍCULO 6

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito, a través de la vía diplomática.

2. La solicitud de extradición deberá acompañarse de lo siguiente:

a) Documentos, declaraciones u otra información que permita describir la identidad, incluyendo, de ser posible, una descripción física, fotografías y huella dactilar, la nacionalidad y la posible ubicación de la persona solicitada.

b) Una declaración relativa a los hechos, incluyendo el momento y lugar de la comisión del delito y los antecedentes procesales del caso.

c) Una declaración que contenga las leyes aplicables que describan los elementos esenciales que configuran el delito.

d) Una declaración que contenga les leyes que establecen la pena aplicable.

e) Una declaración de los textos legales aplicables a la prescripción de la acción penal o de la pena; y

f) Los documentos, declaraciones u otro tipo de información contemplados en el párrafo 3 y 4 de este artículo, de ser aplicable.

3. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona que no ha sido, aún, encontrada culpable, deberá venir acompañada por:

(a) Una copia de la orden de arresto o detención, expedida por un juez o la autoridad correspondiente de la Parte Requirente;

(b) Información que identifique que la persona solicitada es la persona a quien se refiere la orden de arresto o detención; y

(c) Una copia de las actuaciones del proceso, que suministre pruebas o, al menos, indicios razonables de culpabilidad de la persona que se trata.

4. Si la solicitud de extradición se refiere a una persona que ha sido encontrada culpable, deberá también venir acompañada de:

(a) Una copia de la sentencia judicial, de la Parte Requirente, que establece la pena y sentencia impuestas, la mención de que la sentencia es ejecutiva y el período de la sentencia que, aún, no ha sido cumplida.

(b) Una copia de la orden de detención o una declaración que indique que la persona será detenida con base en la sentencia condenatoria.

(d) Una declaración de los hechos u omisiones constitutivos del delito por el cual la persona fue hallada culpable.

5. Todos los documentos que vayan a ser enviados por la Parte Requirente, para solicitar la extradición deberán estar certificados y acompañados de una traducción en el idioma de la Parte Requerida o en inglés.

6. Un documento será certificado, para los propósitos de este Tratado, si ha sido:

(a) Firmado por un juez u otro funcionario judicial de la Parte Requirente y

(b) Sellado oficialmente por la autoridad competente de la Parte Requirente.

ARTÍCULO 7

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Cuando la Parte Requerida considere que la información suministrada no es suficiente para que sea concedida la extradición, de conformidad con este Tratado, podrá solicitar que se le proporcione información complementaria, estableciendo un plazo de dos meses. Este periodo podrá ser prorrogado por el mismo plazo en circunstancias especiales.

2. Si la persona cuya extradición se solicita se encuentra detenida y la información complementaria remitida no es suficiente, de conformidad con este Tratado, o si dicha información no se recibe dentro del plazo establecido por la Parte Requerida, podrá ser puesta en libertad. La puesta en libertad no impedirá que la Parte Requirente presente otra solicitud de extradición de esa persona.

3. Cuando la persona sea puesta en libertad, de conformidad con el párrafo 2 de este Artículo, la Parte Requerida deberá notificarlo a la Parte Requirente a la mayor brevedad.

ARTÍCULO 8

DETENCION PREVENTIVA

1. En caso de urgencia, una Parte podrá pedir que se proceda a la detención preventiva de la persona reclamada hasta la presentación de la solicitud de extradición. La petición de detención preventiva deberá ser comunicada por la vía diplomática.

2. La solicitud para la detención preventiva deberá hacerse por escrito y contener:

(a) Una descripción de la persona solicitada, que incluya la información acerca de su nacionalidad.

(b) Una declaración relativa a la ubicación, si se conoce, de la persona solicitada.

(c) Una breve descripción de los hechos del caso, incluyendo, de ser posible, el momento y lugar de la comisión del delito.

(d) Una descripción de la normativa infringida.

(e) Una declaración sobre la existencia de una orden de arresto o detención o una sentencia condenatoria contra la persona solicitada; y

(f) Una declaración que indique que se presentará una solicitud de extradición.

3. La Parte Requirente será notificada, sin demora, del resultado de su solicitud, o sobre los motivos que impidieron el ordenar la detención preventiva.

4. La persona, detenida provisionalmente, será puesta en libertad si ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en que se haga efectiva la detención, si la Parte Requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición acompañada de los documentos que se citan en el Artículo 6 de este Tratado.

5. El hecho de que la persona solicitada haya sido puesta en libertad, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4, no impedirá el subsiguiente arresto y extradición de la persona, si la solicitud de extradición y los documentos que la deben acompañar son entregados en una fecha posterior.

ARTÍCULO 9

EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA

Cuando una persona solicitada comunique, a la autoridad judicial competente de la Parte Requerida, que consiente a una orden de extradición, la Parte Requerida puede tomar todas las medidas necesarias para hacer expedita la extradición en la medida que su legislación lo permita.

ARTÍCULO 10

SOLICITUDES CONCURRENTES

1. Cuando se reciban solicitudes de extradición de dos o más Estados, incluyendo la otra Parte, para la extradición de la misma persona, bien sea por el mismo delito o por delitos diferentes, la Parte Requerida decidirá a cuál de esos Estados extraditará a la persona y así lo notificará a esos Estados.

2. Para determinar a cuál Estado será extraditada la persona, la Parte Requerida deberá considerar todas las circunstancias relevantes, incluyendo, pero no limitándose a:

a) La nacionalidad y la residencia ordinaria de la persona solicitada

b) Si la solicitud fue hecha de conformidad con un tratado

c) El tiempo y el lugar donde cada delito fue cometido

d) Los respectivos intereses de los Estados requirentes

e) La gravedad del delito

f) La nacionalidad de la víctima

g) La posibilidad de ulterior extradición entre los Estados requirentes, y

h) La fecha respectiva de las solicitudes

ARTÍCULO 11

DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD

1. La Parte Requerida tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en su legislación y comunicará sin demora, por la vía diplomática, a la Parte Requirente la decisión que adopte al respecto.

2. La denegación total o parcial de la solicitud deberá ser motivada.

ARTÍCULO 12

ENTREGA DE LA PERSONA

1. Si la extradición es concedida, la Parte Requerida deberá informar a la Parte Requirente del lugar de entrega de la persona solicitada.

2. La Parte Requirente deberá trasladar a la persona solicitada del territorio de la Parte Requerida en un período de treinta (30) días, si así lo indica la Parte Requerida; si esa persona no es trasladada dentro de ese periodo, la Parte Requerida podrá poner en libertad a la persona solicitada y podrá denegar la extradición por el mismo delito.

3. En el caso de que, por circunstancias ajenas a su voluntad, una de las Partes no pudiera entregar o trasladar a la persona que haya de ser extraditada, lo notificará así a la otra Parte y en este caso las disposiciones del párrafo 2 de este Artículo no serán aplicadas. Ambas Partes convendrán de mutuo acuerdo una nueva fecha para la entrega, de conformidad con lo dispuesto por este artículo.

ARTÍCULO 13

ENTREGA DIFERIDA O TEMPORAL

1. Cuando la persona, cuya extradición se solicita, está siendo procesada o ha sido condenada, en el territorio de la Parte Requerida, por un delito que no es aquel por el cual se solicita la extradición, la Parte Requerida podrá aplazar la entrega hasta que queden extinguidas esas responsabilidades en dicha parte. La extradición podrá ser diferida hasta después de levantada la restricción de la libertad de la persona o del cumplimiento de la condena, quedando suspendida, mientras tanto, la prescripción de la acción o de la pena. En tal caso, la Parte Requerida lo comunicará, a la Parte Requirente, por la vía del Artículo 8, Inciso 1.

2. En la medida en lo que permitan sus leyes, la Parte Requerida podrá, en lugar de aplazar la entrega, entregar, temporalmente, la persona, reclamada a la Parte Requirente con el propósito de que sea procesada, con arreglo a las condiciones que convengan las Partes.

ARTÍCULO 14

ENTREGA DE LOS BIENES

1. En la medida en que lo permita la legislación de la Parte Requerida, y sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán debidamente respetados, todos a los bienes que hayan encontrados en el territorio de la Parte Requerida y que hayan sido adquiridos como resultado del delito o que pudieran ser requeridos como prueba, podrán si la Parte Requirente así lo solicita, ser entregados, si la extradición es concedida.

2. De conformidad con el párrafo 1 de este Artículo, los bienes mencionados anteriormente podrán, si la Parte Requirente así lo solicita, ser entregados a la Parte Requirente, incluso si la extradición no puede ser llevada a cabo, por motivos de muerte, desaparición o escape de la persona solicitada.

3. La Parte Requerida podrá posponer, temporalmente, la entrega de los bienes mencionados en el párrafo 1 de este Artículo, si así se requiere por la existencia de procesos por otros delitos, hasta que esos procesos concluyan.

4. Cuando el ordenamiento jurídico de la Parte Requerida, o la protección de los derechos de terceros así lo requiera, cualquier bien que haya sido entregado, deberá ser devuelto a la Parte Requerida, sin costo alguno, después de la conclusión de los procedimientos respectivos, si esa Parte así lo solicita.

ARTÍCULO 15

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

1. La persona extraditada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada ni condenada por la Parte Requirente, excepto por:

(a) El delito, por el cual la extradición ha sido concedida, o un delito con una denominación diferente, basado en los mismos hechos por los cuales fue concedida la extradición, prevé que tal delito es extraditable, o si se trata de un delito menor ya incluido en aquél;

(b) Un delito cometido con posterioridad a la entrega de la persona, o

Para los propósitos del subpárrafo (c) de este párrafo:

(i) La Parte Requerida podrá requerir el envío de los documentos mencionados en el Artículo 6.

(ii) Un recuento legal de las declaraciones hechas por la persona extraditada, relacionadas con el delito, si existen, deberán ser remitido a la Parte Requerida y

(iii) La persona extraditada puede ser detenida, por la Parte Requirente, por el período de tiempo que la Parte Requerida autorice, mientras la solicitud está siendo tramitada.

2. La persona extraditada, bajo las previsiones de este Tratado, no podrá ser reextraditada a un Tercer Estado por un delito cometido con anterioridad a la entrega de la persona, a menos que la Parte consienta en su entrega.

3. Las disposiciones contenidas en los párrafos 1 y 2 de este Artículo no impedirán la detención, juzgamiento o condena de la persona extraditada o su reextradición a un Tercer Estado, si:

(a) La persona ha regresado, voluntariamente, al territorio de la Parte Requirente, antes de abandonarlo, o si

(b) La persona no abandona el territorio de la Parte Requirente, dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que esa persona esté en capacidad de abandonarlo.

ARTÍCULO 16

NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

La Parte Requirente deberá, si la Parte Requerida así lo solicita, notificar a la Parte Requerida acerca de la información relativa a los procedimientos de ejecución de la condena de la persona extraditada o sobre la reextradición de la persona a un Tercer Estado.

ARTÍCULO 17

TRÁNSITO

1. En la medida en que lo permita su legislación, el traslado de la persona entregada, de un tercer Estado a cualquiera de las Partes, a través del territorio de la otra Parte, podrá ser autorizado, mediante una solicitud por escrito comunicada a través de los canales diplomáticos. La solicitud deberá contener una descripción de la persona que será trasladada, incluyendo su nacionalidad y una breve declaración de los hechos del caso. La persona en tránsito puede ser mantenida bajo custodia durante ese periodo.

2. No se requerirá tal autorización cuando se use la vía aérea y no se haya previsto ningún aterrizaje en territorio de la Parte de tránsito. En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio de esa Parte, podrá solicitarse a la otra Parte que solicite el permiso de tránsito, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 de este Artículo. La Parte de tránsito podrá mantener a la persona extraditada bajo custodia hasta que continúe el tránsito, siempre que la solicitud sea recibida dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al aterrizaje imprevisto.

3. La autorización para el tránsito deberá incluir la autorización para que los oficiales que acompañan a la persona solicitada puedan obtener asistencia, para el mantenimiento de la custodia, de las autoridades de la Parte de tránsito.

4. Cuando una persona sea mantenida en custodia, de conformidad con el párrafo 3 de este Artículo, la Parte, en cuyo territorio se encuentra detenida, podrá disponer la liberación de la persona si su traslado no se reanuda en un período de setenta y dos horas (72).

ARTÍCULO 18

COSTOS

1. La Parte Requerida deberá cubrir los costos que surjan en su jurisdicción de una solicitud de extradición.

2. La Parte Requerida deberá cubrir, además, los costos ocasiones en su territorio relacionados con el arresto y detención de la persona, cuya extradición se solicita, o el comiso y la entrega de los bienes.

3. La Parte Requirente deberá cubrir los costos de traslado de la persona, cuya extradición haya sido concedida, desde el territorio de la Parte Requerida, incluyendo los costos de tránsito.

ARTÍCULO 19

CONSULTAS

1. Las Partes se consultarán, ante el pedido de la otra Parte, la interpretación y aplicación que debe dársele a este Tratado.

2. Las autoridades competentes de ambas Partes podrán consultar entre sí, directamente, en relación con procesos particulares, y el mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos de implementación de este Tratado.

ARTÍCULO 20

ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA

1. El presente Tratado entrará en vigor cuando las Partes se hayan intercambiado los instrumentos.

2. El presente Tratado se aplicará a los delitos cometidos antes así como después de la fecha en que entre en vigencia.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación escrita en cualquier tiempo. Dicha denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha en que la otra Parte haya recibido la notificación.

En testimonio de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Tratado.

Suscrito en San José, República de Costa Rica, el 12 de setiembre de 2005, en dos ejemplares en idioma español, inglés y coreano, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de alguna diferencia en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

POR LA REPÚBLICA POR LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA DE COREA

Roberto Tovar Faja Ban ki-moon”

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los ocho días del mes de diciembre del dos mil ocho.

Óscar Arias Sánchez

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Bruno Stagno Ugarte

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

San José, 17 de febrero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-399000.—(52702).

LEY CONTINGENTE PARA LA SOLUCIÓN PARCIAL DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL EN FAVOR DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL EVENTO SÍSMICO DEL 8 DE

ENERO DE 2009 Y SUS CONSECUENCIAS

Expediente N.º 17.281

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El pasado 8 de enero de 2009, el pueblo de Costa Rica fue violentamente estremecido por un evento telúrico de grandes magnitudes.

La fuerza implacable de ese sismo, ocurrido a las 13:21 horas, así como de sus más de dos mil réplicas, han dejado en un preocupante estado de alta vulnerabilidad a una población cercana a los tres mil costarricenses, quienes han quedado en una situación de ruina casi total, al perder además de sus casas, sus medios de sustentación y supervivencia.

Luego de pasadas algunas horas posteriores al evento principal, la Comisión Nacional de Emergencias activó sus protocolos e instaló 23 albergues en distintas localidades del noroeste de San José, tales como Carrizal, Sabanilla, Poás y San Isidro de Alajuela, Río Cuarto de Grecia, Heredia centro, Santa Bárbara y Sarapiquí, en virtud del estado de emergencia y del severo impacto en la infraestructura vial y habitacional de las zonas más afectadas, que superan la suma de 518 viviendas y 26 km de carreteras.

Las localidades de Cinchona y Vara Blanca se encuentran entre las más severamente afectadas, las cuales fueron virtualmente desaparecidas del paisaje habitual de la zona, y deberán ser reubicadas en localidades que permitan resolver la problemática social lo más integralmente posible.

Aunado a este asunto, las soluciones no solo deben ser eficaces y eficientes, sino urgentes y oportunas, lo cual requiere de una inversión en infraestructura superior a los $100 millones.

El noble pueblo costarricense, ha manifestado de muchas maneras su solidaridad ante la situación de emergencia presentada, y ha sido generoso en alimentos, vestido y apoyo moral y espiritual.

Por su parte, las instituciones del Estado han desplegado, según su especialidad, importantes apoyos en temas de salubridad, dotación de servicios públicos y solución de la problemática social y económica generada por este evento natural.

El presente proyecto de ley, pretende tender otra mano solidaria a las familias afectadas, mediante la autorización a la Junta de Protección Social para que organice, realice y destine los recursos provenientes de un sorteo extraordinario de lotería nacional, a la compra del menaje de casa de las familias afectadas.

El Instituto Mixto de Ayuda Social será la entidad encargada de canalizar los recursos recaudados mediante este sorteo extraordinario, el cual tendrá la responsabilidad de asignarlos de manera eficaz, de manera que los mismos sean utilizados para los fines propuestos.

Los diputados firmantes de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, en atención a la búsqueda y urgencia de soluciones a la emergencia nacional suscitada, y en solidaridad con las personas mayormente afectadas por el evento descrito, someten a consideración del pueblo costarricense, representados por los diputados de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY CONTINGENTE PARA LA SOLUCIÓN PARCIAL DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL EN FAVOR DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL EVENTO SÍSMICO DEL 8 DE

ENERO DE 2009 Y SUS CONSECUENCIAS

ARTÍCULO 1.- Autorízase a la Junta de Protección Social para que organice y realice un único sorteo extraordinario de la lotería nacional, cuya utilidad neta será destinada en su integralidad, hacia la adquisición de menaje de casa a favor de las familias afectadas por el evento sísmico del 8 de enero de 2009 y sus consecuencias. Dicha utilidad neta será determinada con base en lo establecido en la Ley de loterías vigente.

ARTÍCULO 2.- La Junta de Protección Social girará los recursos recaudados al Instituto Mixto de Ayuda Social, tomando en cuenta criterios de urgencia y oportunidad. En ejercicio de su rectoría, el IMAS identificará las necesidades de menaje de las familias afectadas, y utilizará la totalidad de los recursos transferidos por la Junta de Protección Social, en la satisfacción del mayor número de soluciones posible, mediante ayudas directas a las familias giradas en efectivo, o mediante la adquisición de los bienes, lo que le sea más práctico y ágil, de manera que proporcione la mejor solución para la adquisición de los bienes, de acuerdo con el interés de las familias y objetivos de esta Ley.

ARTÍCULO 3.- La Junta de Protección Social brindará el apoyo logístico promocional y publicitario necesario para la realización de este sorteo, al menos en igualdad de condiciones a otros sorteos extraordinarios, el cual deberá efectuarse a más tardar dos meses después de la vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 4.- En caso de existir remanentes, el Instituto Mixto de Ayuda Social utilizará los mismos en la solución de problemáticas similares que surjan de emergencias nacionales, así declaradas por el Poder Ejecutivo.

TRANSITORIO ÚNICO.- La naturaleza y los efectos de esta Ley son transitorios y la misma modifica en esa condición, cualquier disposición legal que se le oponga.

Rige a partir de su publicación.

Bienvenido Venegas Porras

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

San José, 17 de febrero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-72750.—(52703).

REFORMA A LA LEY REGULADORA DE TODAS LAS

EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA

Y SUS EXCEPCIONES EN LA LEY N.º 7293

Expediente N.º 17.285

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Bajo el concepto que mantiene la Organización de Naciones Unidas sobre “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.

Se calcula que hay actualmente en el mundo 650 millones de personas que viven con discapacidad. Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente afectadas por la discapacidad asciende alrededor de 2.000 millones, casi un tercio de la población mundial.

En América Latina y el Caribe (ALC) existen al menos 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad, en otras palabras, aproximadamente el diez por ciento (10%) de la población de la región.

En nuestro país lo datos no están muy alejados de los proporcionados por la ONU, ya que en nuestro país, según el censo realizado en el año 2000 por el INEC, en nuestro territorio existe un cinco punto treinta y cinco por ciento (5.35%) de personas con discapacidad, quienes en su mayoría son personas con recursos económicos limitados, lo cual agrava más la situación en la que se encuentran.

Si la Ley N.º 7600 “Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” luego de once años de promulgada aún no ha desplegado en su totalidad los efectos que deseaban para ayudar a las personas con alguna discapacidad, se debe entonces seguir haciendo un mayor esfuerzo para la integración social y económica de estas personas. Una solución a este problema sería que las personas puedan tener sus ayudas técnicas llámense estas silla de ruedas, bastones, camas ortopédicas, audífonos, etc. exoneradas del impuesto, los cuales lo único que hacen es encarecer los productos, alejándolos de las manos de muchas personas que los están necesitando.

Esto contribuiría a brindarles, como la ley lo indica, una igualdad de oportunidad que como cualquier costarricense lo merece.

Esto se puede realizar, como anteriormente mencioné, con la exoneración de impuestos en las ayudas técnicas para personas con discapacidad, lo que permitiría a cada una de estas personas una vida completa y el goce pleno de todos sus derechos y obligaciones.

En la actualidad una persona, con base en el decreto ejecutivo 34.612 de 7 de julio de 2008 publicado en La Gaceta N.º 130, estipula el salario mínimo en 180.720 colones mensuales, si tomamos en cuenta el ingreso per cápita emitido por el INEC para el mes de octubre de 2008, el cual se encuentra en ¢30.904,00 colones cómo puede una persona con discapacidad, hacer frente ante el costo de una silla de ruedas, la cual ronda aproximadamente en ¢90.000 o una cama ortopédica de ¢530.000,00, bastones en ¢12.500,00 andaderas en ¢23.000,00 (precios suministrados por Chupis Ortopédica), entre otros artículos que son necesarios para que una persona pueda continuar con su vida.

Para sustentar la exposición anterior, se tiene además de la Ley N.º 7600 y la nueva Ley aprobada N.º 8661 “Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con exactitud los incisos g) y h) del artículo 4.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el ejercicio pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A fin de que, los Estados Partes se comprometan a:

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible.

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración ante los señores y las señoras diputadas, el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DE LA LEY REGULADORA DE TODAS LAS

EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA

Y SUS EXCEPCIONES EN LA LEY N.º 7293

ARTÍCULO 1.- Adiciónase el inciso v) al artículo 2, de la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones, N.° 7293, de 31 de marzo de 1992, cuyo texto dirá:

“Artículo 2.-

[...]

v) Exonérase del pago de impuestos, tasas, sobretasas, timbres, derechos de aduana y todo tipo de gravámenes de importación vigentes, a todas las ayudas técnicas importadas o adquiridas en el territorio nacional que sean para uso exclusivo de aquellas personas que presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las cuales les dificulten en forma evidente y manifiesta su movilización, y que requieran de la utilización de alguna ayuda técnica para movilizarse o para su cuidado en su hogar o centro médico.”

ARTÍCULO 2.- Son limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las que afectan el sistema neuro-músculo-esquelético, la parálisis parcial o completa de las extremidades inferiores, la amputación de una o ambas extremidades inferiores sobre la rodilla, los problemas conductuales o emocionales severos, así como la ceguera total. En estos casos, la persona, para su movilización, deberá depender total o parcialmente de asistencia personal, de una silla de ruedas u otra ayuda técnica. Esta última, se entiende como todo elemento requerido por una persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su independencia.

ARTÍCULO 3.- La valoración médica funcional del interesado, le corresponderá al Centro Nacional de Rehabilitación, Dr. Humberto Araya Rojas, y la constancia respectiva deberá ser emitida por el director, así como su calificación, los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual irá firmada por el médico jefe del área correspondiente, conforme al artículo 2 de esta Ley, y a lo que establecerá su Reglamento.

ARTÍCULO 4.- No existirá un tope económico máximo ni mínimo del valor tributario de la ayuda técnica requerida.

ARTÍCULO 5.- Una persona podrá adquirir, nuevamente, una ayuda técnica cuando la que se encuentre utilizando tenga una vida útil de un máximo de tres meses o cuando sea estrictamente necesario, para el desarrollo social económico.

Rige a partir de su publicación.

Óscar López Arias

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

San José, 17 de febrero de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-90750.—(52704).

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD AL CONSEJO DE TRANSPORTE

PÚBLICO, PARA LA UBICACIÓN DE SU

SEDE CENTRAL

Expediente N.º 17.286

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con la promulgación de la Ley N.° 4786, de 5 de julio de 1971, y sus reformas, se crea el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al cual se le asignan competencias en lo atinente a la regulación y control del transporte en sus distintas modalidades en el territorio nacional, así como en el desarrollo de la red de vías públicas.

Posteriormente y con la Ley reguladora del servicio público del transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad taxi, N.º 7969 de 22 de diciembre de 1999, se creó el Consejo de Transporte Público como órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con competencias exclusivas en materia del servicio público de transporte remunerado de personas en sus diversas modalidades.

Desde su fundación, el Consejo de Transporte Público ha carecido de un edificio adecuado para la satisfacción de los fines para los cuales fue creado, lo cual ha implicado que deba alquilar varios edificios de apartamentos en la inmediación de una zona residencial de San José, lo cual no solamente contraviene el plan regulador urbano de la ciudad de San José, sino que, además, ha implicado la erogación de una importante suma de dinero anual para el pago del alquiler de unas instalaciones que por su vocación original, que es, ser casas de habitación, no se presta para el adecuado funcionamiento de oficinas públicas.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es propietario del antiguo edificio de licencias, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Fisco (el Estado), bajo el folio real N.º 45667-000 y posee el plano catastrado número E-San José 793-87. Dicho inmueble se encuentra actualmente desocupado por cuanto el Departamento de Licencias del MOPT fue trasladado a un nuevo edificio en las inmediaciones del Consejo de Seguridad Vial en la Uruca.

Tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como el Consejo de Transporte Público, como órganos que forman parte de la Administración Pública, están sujetos en su funcionamiento diario, a los principios básicos de los servicios públicos que potencian su eficiencia, continuidad, adaptabilidad e igualdad, como elementos de garantía de la satisfacción de los ciudadanos, en los términos expresados por el artículo 5 de la Ley general de la Administración Pública.

En razón de lo anterior ambas instituciones han considerado necesario que el Consejo de Transporte Público cuente con un edificio propio que satisfaga las condiciones requeridas por la institución, dentro de las cuales es posible señalar, la cercanía con la Sala Constitucional, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Tribunal Administrativo de Transporte, entre otros.

Que por su ubicación física, el antiguo edificio del Departamento de Licencias resulta ideal y conveniente para la satisfacción de las necesidades del Consejo, por cuanto permitiría que los recursos económicos que se invierten actualmente en arrendamientos podrían ser destinado a mejorar las condiciones físicas de una edificación que es propiedad del Estado, además de que brinda gran cercanía al plantel central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual generaría un importante ahorro en costos de transportes tanto para el Consejo como para el Ministerio.

Que en consideración a dicha conveniencia y con el aval del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se ha mostrado su interés y anuencia para que se tramite ante la Asamblea Legislativa la promulgación de la ley mediante la cual se autorice la donación del citado bien a favor del Consejo, para lo cual incluso se ha firmado un convenio a título gratuito que permite el uso de esas instalaciones por parte del Consejo de Transporte Público, con el fin de que pueda utilizarlo en la prestación de los servicios e invertir recursos en su remodelación.

Dicho convenio resulta satisfactorio para el interés público que los fondos que actualmente destina el Consejo para el alquiler de oficinas para su sede central, sean invertidos en la remodelación, mantenimiento y/o eventual demolición y construcción de dicha propiedad, no obstante y para garantizar las inversiones que realice el Consejo, resulta conveniente que mediante Ley de la República, la Asamblea Legislativa autorice la donación del referido inmueble.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de la contratación administrativa, N.º 7494, el artículo 262 del Código Civil, la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República -dictámenes C-208-96, C-016-97, C-77-99, C-208-99- y de la Sala Constitucional -voto N.º 10466-2000-, para la donación de bienes públicos que tienen un destino y naturaleza inminentemente públicos como los que ocupan este caso, se precisa de una ley especial que no solo autorice la donación sino también que desafecte el área o cambie su uso público en cuanto a la misma, ya que por sí misma la autorización genérica para donar, no produce ipso iure la desafectación del fin público que tienen tales bienes.

Con base en lo anterior expuesto, y en vista de la urgente necesidad de dotar al Consejo de Transporte Público, de una sede de su propiedad, apta para el ejercicio de las competencias que legalmente le han sido otorgadas, con el beneficio adicional de que el dinero que actualmente se usa en pago de alquileres será invertido en un bien que es propiedad del Estado.

Someto a consideración de las señoras y los señores diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PARA DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD AL CONSEJO DE TRANSPORTE

PÚBLICO, PARA LA UBICACIÓN DE SU

SEDE CENTRAL

ARTÍCULO 1.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cédula de persona jurídica N° 2-000-045522, para que done una finca de su propiedad al Consejo de Transporte Público, cédula de persona jurídica N° 3-007-270500. La finca madre está inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 045667-000, partido de San José; está situada en el distrito 4°, Catedral; cantón I, Central; provincia, San José; mide 3022,70 m^²; su naturaleza es, terreno con construcción y calle interna. Colinda al norte con calle pública; al sur, con calle pública; al este con calle pública, y al oeste, con Manuel Güell Laporte y Graciela Arguello Marín. Esta descripción se ajusta al plano catastrado N.° E-San José 793-87, de agosto de 1987.

Lo anterior a efecto de que esos inmuebles sean destinados para la sede central del Consejo de Transporte Público.

ARTÍCULO 2.- Desaféctase del uso y dominio público actual y se afecta al nuevo uso público, destinado para la sede central del Consejo de Transporte Público.

ARTÍCULO 3.- La escritura de donación de los terrenos a que esta Ley se refiere, la otorgará al Ministerio de Obras Públicas y Transporte ante la Notaría del Estado, libre de impuestos de traspaso y gastos de inscripción del documento ante el Registro Público de la Propiedad.

Rige a partir de su publicación.

Óscar Núñez Calvo

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

San José, 18 de febrero del 2008.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-97500.—(52705).

LEY QUE REGULA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN

Y USO DE BOLSAS PLÁSTICAS

Expediente N.º 17.289

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los residuos se han convertido en un problema mundial. Cuando no son dispuestos eficazmente, afectan enormemente el medio ambiente. La especie humana produce a diario billones de toneladas de residuos. De un kilo a un kilo y medio diario por persona. Esto varía, por supuesto, según los ingresos; ya que cuanto más poder adquisitivo tiene una persona, más residuos genera. Esta problemática ha derivado en la necesidad de que el Estado adopte urgentemente medidas a corto, mediano y largo plazo, que permitan paliar la degradación ascendente del medio ambiente.

Se calcula que alrededor del 60% de la basura doméstica mundial está compuesta por materiales plásticos tales como contenedores, envases, envolturas de todo tipo, cajas, botellas, juguetes, y bolsas plásticas; que más del 90% del plástico que se ha fabricado, todavía existe, y que se recicla menos del 6%.

Según los expertos del Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) de Costa Rica, Nicolás Potera y Adriana Soto, el mal manejo inapropiado de los residuos sólidos, -entre ellos, en alto porcentaje, los de origen plástico,- genera incuantificables costos tales como: a) los de carácter ambiental que inciden entre otros en el calentamiento global; la contaminación de suelos de aguas y de hábitat naturales; b) los costos de salud pública originados por epidemias y enfermedades derivadas de la mala gestión de residuos, como el dengue (los residuos albergan el 70% de las larvas del zancudo transmisor del dengue), la leptospirosis y enfermedades respiratorias entre otras; c) los costos relacionados con la pérdida de valor del patrimonio paisajístico y su impacto negativo en actividades inmobiliarias, comerciales, de ocio y de turismo, y d) los costos de carácter económico derivados tanto del incremento del impacto de inundaciones (sistemas de alcantarillado urbano taponado y estrechamiento del cause de ríos); como por la acumulación de residuos y su impacto en la producción hidroeléctrica; lo mismo que la no-utilización de una gran extensión de suelo durante varias décadas (caso de los rellenos sanitarios), entre otros.1

Como ejemplo del impacto de los costos económicos a que hemos estado haciendo referencia en el ámbito nacional, podemos citar que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz estimó, en el año 2007, una pérdida anual de 1.600 millones de colones, debido al problema de la acumulación de residuos en los embalses de sus plantas hidroeléctricas.

Especialistas en la materia calculan que fabricar una bolsa plástica toma un segundo, que el tiempo de utilización ronda los 20 minutos y que el tiempo de descomposición oscila entre los 100 y los 1000 años, por lo que quedarán en el suelo mucho después de que sus usuarios hayan desaparecido de la faz de la tierra.

Entre las medidas usualmente utilizadas para la gestión y disposición final de residuos sólidos en el ámbito mundial, podemos citar: la incineración, los rellenos sanitarios (evacuación en vertederos), los basurales a cielo abierto (o clandestinos) y la recuperación de residuos pasibles de reciclar.

Según la Agenda XXI de Río de Janeiro de 1992, una “gestión adecuada de los residuos está entre los asuntos ambientales más relevantes para el mantenimiento de la calidad del medio ambiente terrestre y especialmente para la búsqueda de un desarrollo adecuado y sostenible en todos los países”.

En Costa Rica se desechan toneladas de plástico diariamente. Lamentablemente no siempre van a parar a los rellenos sanitarios, sino que se constituyen en uno de los principales focos de contaminación ambiental, en calles y avenidas urbanas y rurales con sus consecuentes problemas de higiene y obstrucción de alcantarillas y desagües; en los campos y praderas; en los riachuelos y los causes de los ríos, en las plantas hidroeléctricas, en los lagos, en las playas y finalmente en los mares, causando la muerte de miles de animales como las tortugas, las aves y los peces que se las comen confundiéndolas con animales. Greenpeace calcula que hay más de 18.000 piezas de bolsas plásticas que flotan en cada kilómetro cuadrado de los océanos del mundo.

Con el paso del tiempo, capa por capa, la acumulación de plásticos, forma verdaderas murallas subterráneas, que por su impermeabilidad, no permite que las aguas fluyan con naturalidad.

Aún tratándose de rellenos sanitarios, este tipo de desechos, provoca alteraciones en el medio ambiente relacionados no solo relacionados con la absorción de las precipitaciones de agua en invierno, sino además, en relación con la reproducción del vector del mosquito del dengue, la fiebre amarilla y la malaria entre otros.

Si bien es cierto que las bolsas plásticas han resultado ser muy convenientes para los clientes de los establecimientos comerciales, su uso excesivo y la ausencia de estrategias para un reciclaje sistemático, desembocan en un severo despilfarro de recursos, máxime si consideramos que: a) las mismas son fabricadas a partir del petróleo y tenemos en mente el exorbitante precio ascendente que el barril tiene en el mercado internacional, y b) que al consumir plásticos, no solo estamos acelerando el agotamiento de un recurso no renovable, sino que además, estamos contribuyendo a potenciar la enorme contaminación que origina la obtención, el transporte y la transformación en plástico.

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1 Poltera, Nicolás y SOTO, Adriana; ¿Cuánto cuestan los residuos? Revista mensual AMIBIENTICO; N.º 178, julio 2008; ISSN-1409-214x; Págs. 15-18.

Uno de los pilares fundamentales en que se apoya la sustentabilidad ambiental urbana de una ciudad es la gestión y el control de sus residuos (líquidos, sólidos y gaseosos). Esto comprende desde la evacuación hasta la disposición final de los residuos generados por los vecinos (domiciliarios) y/o las actividades comerciales, productivas y de servicios. Una inadecuada gestión eleva los niveles del factor de vulnerabilidad urbana.

En cuanto a la composición de los residuos, el plástico, como se indicó supra, ocupa una buena parte de ellos y es altamente contaminante. Estudios indican que el 14% del peso de las bolsas de basura y residuos domiciliarios son plásticos y, en su mayoría, provienen de envases de un solo uso y de todo tipo de envoltorios y embalajes (botellas de PVC o Pet, bolsas de polietileno, bandejas y cajas protectoras de corcho blanco, entre otros).

Si se entierran en un vertedero o relleno sanitario ocupan mucho espacio, y como se indicó supra, tardan desde décadas hasta milenios en degradarse. Si se opta por incinerarlos originarán emisiones de dióxido de carbono, lo que contribuye al cambio climático y otros contaminantes atmosféricos muy peligrosos para la salud y el medio ambiente.

Las bolsas generan innumerables problemas, y uno de ellos es que terminan tapando canales y/o desagües. Además, como no hay tratamientos adecuados de los residuos ni reciclaje, esos plásticos terminan impermeabilizando el suelo y hasta los basurales. Hay que asegurarse de que quienes generan esa basura, como los supermercados, también se hagan cargo del problema.

Por su parte, las bolsas y materiales de empaque biodegradables, tienen un proceso de degradación soportable, resultan más utilitarias en el reciclado doméstico, tienen mayor utilidad en el reciclado comercial, y facilitan indirectamente, en un alto porcentaje, el reordenamiento de los embalajes con que gran parte de la comunidad deposita sus residuos.

Cabe agregar que la tecnología de producción de plástico 100% degradable, que no necesita ser reciclado, ya se produce en Costa Rica, constituyéndose en un paliativo más en contra de la creciente contaminación ambiental y el cambio climático. Se trata del llamado plástico oxobiodegradable, un material especial que puede descomponerse al 100% y que solo deja, como residuos, agua, una pequeña cantidad de anhídrido carbónico y una porción de biomasa. Su uso es común en más de 40 países en el mundo, entre los que podemos citar a Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Australia, Canadá, Perú, Argentina, Colombia, Holanda, Irlanda, Polonia, India y Arabia Saudita, y es utilizado en estos países por empresas multinacionales tales como Kentucky Fried Chicken, Nestlé y de los hoteles Marriott.

El plástico oxobiodegradable no requiere que los industriales productores de productos plásticos cambien de maquinaria ni gasten millones en capacitar a quienes fabrican el material, sino simplemente agregarle al proceso de producción un aditivo especial a la resina de plástico. Esta resina especial -que parece cebada- se añade en proporciones inferiores al 3%, por lo que no encarece el precio del producto final (botellas o bolsas) en más del 10%.

Cabe agregar que todas las propiedades de este plástico permanecen inalteradas durante su vida útil. Además, el plástico puede tener contacto directo con los alimentos.

El presente proyecto tiene por objetivo regular el uso de las bolsas de material no biodegradable en los supermercados y comercios de cualquier tipo. La idea es que se reemplacen los recipientes de polietileno de alta densidad (usados hoy) por otros que se degradan con mayor facilidad como el bioplástico o el papel.

Se entiende por plásticos degradables aquellos polímeros, que después de usados se descomponen bajo “condiciones normales” en un período relativamente breve, “desapareciendo” como material visible. Son plásticos que en su cadena de polímeros contienen componentes que pueden desencadenar una reacción de descomposición biológica o fotoquímica, que destruye la estructura encadenada de los polímeros. La pieza plástica primero se torna frágil, desintegrándose mecánicamente en pequeños pedazos. A medida que avanza el proceso de degradación el material se va desintegrando en partículas cada vez más pequeñas, hasta convertirse en anhídrido carbónico y agua.

Las bolsas degradables de nueva tecnología irrumpen gracias a la presencia de un componente que permite su sana descomposición: un ión metálico que es inyectado a la mezcla de polietileno en el último momento. Las bolsas comunes no se descomponen debido a que sus cadenas moleculares son complejas e irrompibles.

El presente proyecto de ley a través de la prohibición de la utilización de bolsas plásticas con un espesor inferior a los 0,025 milímetros, pretende evitar el impacto ambiental negativo que sus residuos sólidos producen.

Basados en lo supra expuesto, lo mismo que en las disposiciones de los artículos 1, 2, 4, 21, 50 y 278 y siguientes y concordantes de la Ley N.º 5395, Ley general de salud; y los numerales 59, 67, 68 y 69 de la Ley N.º 7554, Ley orgánica del ambiente, sometemos el presente proyecto de ley que pretende la defensa y la protección del medio ambiente y el derecho a la salud de todos los y las costarricenses, a consideración de las y los señores diputados para el trámite correspondiente, con la esperanza de que sea aprobado a la mayor brevedad posible. El texto dice así:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY QUE REGULA LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN

Y USO DE BOLSAS PLÁSTICAS

ARTÍCULO 1.- Prohíbese la fabricación, producción, importación, venta, distribución y uso de las bolsas plásticas con un espesor inferior a los 0,025 milímetros.

ARTÍCULO 2.- Los supermercados, comercios, distribuidores, expendedores y toda otra actividad comercial o industrial directamente relacionada con el consumidor final, deberán utilizar bolsas y empaques de papel y/o de material biodegradable o oxobiodegradable para el embolsado de productos envasados y/o a granel adquiridos por el cliente para su consumo final. Estas bolsas no podrán pintarse, salvo en el espacio reservado para el uso de propaganda y/o publicidad. En estos casos debe utilizarse así mismo, pinturas biodegradables.

Las bolsas utilizadas para contener las mercaderías, materiales y/o productos expendidos por los establecimientos comerciales en general, deberán ser de material biodegradable o oxobiodegradable.

ARTÍCULO 3.- Prohíbese a los habitantes del territorio nacional utilizar bolsas de materiales plásticos o sus derivados que no sean de materiales biodegradables, oxobiodegradables para disponer de los residuos y desechos domiciliarios ordinarios. Las bolsas y/o empaques de papel que se utilicen para esos propósitos, deberán ser elaborados con papel reciclado resistente e impermeabilizado con colas u otros elementos biodegradables, no contaminantes y cierre hermético.

ARTÍCULO 4.- Prohíbese la fabricación, importación y venta de bolsas para basura y residuos que no estén fabricadas con material biodegradable o oxobiodegradable en los establecimientos comerciales.

ARTÍCULO 5.- Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior, a aquellas bolsas destinadas exclusivamente a contener:

a) Materiales y residuos hospitalarios, infectocontagiosos o de laboratorios de investigación contaminados o tóxicos.

b) Pescados o sub-productos de pescado, carne vacuna o de aves y sus derivados.

c) Frutas y vegetales, en caso que no estuvieren empaquetados.

d) Los lácteos, el hielo y las comidas elaboradas (frías o calientes).

ARTÍCULO 6.- Los establecimientos comerciales tendrán un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de la presente Ley para agotar sus inventarios de bolsas y empaques plásticos y cambiarlos por otros biodegradables o oxobiodegradables de conformidad con lo establecido en la presente Ley. A partir del vencimiento de dicho término, solo podrán usar las bolsas que cumplan con lo establecido en la presente Ley.

Durante el transcurso de este período de gracia de seis meses para el agotamiento de sus inventarios, los establecimientos comerciales deberán abstenerse de distribuir bolsas plásticas de forma gratuita a sus clientes consumidores. En razón de lo anterior, los costos de las mismas deberán ser trasladados a los clientes consumidores, cobrándose su precio por separado.

ARTÍCULO 7.- Todas las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas, deberán priorizar la adquisición y utilización de materiales o bolsas biodegradables u oxobiodegradables.

ARTÍCULO 8.- El Tribunal Ambiental Administrativo creado en virtud de la Ley N.º 7554, Ley general del ambiente, será la autoridad competente para conocer y resolver en sede administrativa las denuncias establecidas por concepto de violaciones a la Ley que regula la producción, distribución y uso de bolsas plásticas.

ARTÍCULO 9.- El Tribunal Ambiental Administrativo tramitará de oficio o a instancia de parte, las denuncias establecidas en contra de todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por violaciones a las prohibiciones establecidas en la presente Ley, y las tramitará conforme a lo establecido en la Ley general de la Administración Pública, la Ley orgánica del ambiente y su propio Reglamento de Procedimientos. Asimismo, deberá llevar un registro de las personas físicas y jurídicas infractoras.

ARTÍCULO 10.- La persona física o jurídica que infrinja las prohibiciones establecidas en la presente Ley, será sancionada la primera vez con una multa equivalente a tres salarios base. Las infracciones sucesivas serán sancionadas con la imposición de una multa equivalente a seis salarios base. De acuerdo con la gravedad de los hechos cometidos y al carácter multi-reincidente del infractor, tratándose de personas jurídicas, se podrá ordenar así mismo, la cancelación parcial, total, permanente o temporal de los permisos, las patentes, los locales o las empresas de que se trate.

ARTÍCULO 11.- Los fondos recaudados por concepto de multas serán destinados en un cincuenta por ciento (50%) a las instituciones científicas y tecnológicas para realizar estudios para sumar valor añadido a las bolsas usadas; y en un cincuenta por ciento (50%) al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para solventar y articular campañas de difusión y concientización a la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos, en particular sobre el uso racional de material biodegradables.

ARTÍCULO 12.- Refórmase el inciso a) del artículo 111 de la Ley N.º 7554, Ley general del ambiente para que en lo sucesivo se lea:

“Artículo 111.- Competencia del Tribunal

El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para:

a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales y la ley que regula la producción, distribución y uso de bolsas plásticas.”

ARTÍCULO 13.- Refórmase el párrafo primero del artículo 99 de la Ley N.º 7554, Ley general del ambiente y se agrega un nuevo inciso j), que en lo sucesivo dirán:

“Artículo 99.- Sanciones administrativas

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta Ley, o en la Ley que regula la producción, distribución y uso de bolsas plásticas, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:

[…]

j) Imponer las multas y sanciones contempladas en la Ley que regula la producción, distribución y uso de bolsas plásticas.”

ARTÍCULO 14.- Reglamentación

La presente Ley será reglamentada dentro de los sesenta días de su aprobación.

Rige a partir de su publicación.

Alexander Mora Mora

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

San José, 19 de febrero del 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-211500.—(52706).

DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 96 DE LA

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL N.º 7135

Expediente N.º 17.290

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa de ley se encuentra motivada por la necesidad de respeto por la separación de poderes. El artículo 96 de la Ley de la jurisdicción constitucional se ha convertido en una forma inadecuada de control político de la Sala Constitucional, sobre aspectos que le competen, exclusivamente, al Poder Legislativo, y prácticamente es una intervención en alzada por parte de la Sala, sobre las decisiones expresadas por el Congreso. Dicha práctica es inconveniente y viola la autonomía legislativa, dado que la competencia de la Sala Constitucional debe ser a posteriori y nunca a priori, a fin de salvaguardar la voluntad auténtica del legislador.

La constitucionalidad o no de una norma es un análisis posterior que le corresponderá realizar a la Sala Constitucional, en caso de que las normas sean cuestionadas.

Actualmente, tal y como está planteado, la Sala Constitucional se ha convertido en un colegislador que invade la actividad de otro órgano de jerarquía superior.

El pueblo elije a sus representantes para que tomen las decisiones idóneas respecto del ordenamiento que debe regular las actividades de los costarricenses pero los magistrados de la Sala Constitucional no fueron elegidos por los ciudadanos para cumplir esa función; por lo tanto, la participación de ellos en la creación y formación de las leyes debe estar vedada.

La Sala Constitucional es un ente de control constitucional y no de control político; por ende, su actuación debe reservarse al ejercicio posterior y guardar la debida distancia durante los procesos de formación y creación legislativa.

Por ello, me permito presentar a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 96 DE LA

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL N.º 7135

ARTÍCULO ÚNICO.- DEROGACIÓN

Derógase el artículo 96 de la Ley de la jurisdicción constitucional, N.º 7135.

Rige a partir de su publicación.

José Manuel Echandi Meza

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 6 de febrero del 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-32250.—(52707).

ADICIÓN DE UN INCISO J) AL ARTÍCULO 148

DE CÓDIGO MUNICIPAL LEY N.° 7794,

DE 30 DE ABRIL DE 1998

Expediente N.º 17.302

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Originalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció en el artículo 141 (actualmente 244) que, aunque fueran abogados, no podían ejercer la profesión los servidores propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de las municipalidades, señalando algunas excepciones.

Posteriormente, con la promulgación de la Ley N.° 5867, de 15 de diciembre de 1975, modificada sucesivamente por la Ley N.° 6008, de 9 de diciembre de 1976; la Ley N.° 6222, de 2 de mayo 1978; y la Ley N.° 7896, de 30 de julio de 1999, se acordó una compensación económica por esa prohibición, que cubría a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo referidos en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los egresados de programas de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho, que estuvieran cumpliendo tales funciones, así como a los funcionarios que en el nivel de licenciatura o egresados, laboraran para el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y la Contraloría General de la República.

En ese mismo orden, posteriormente se emitieron una serie de leyes mediante las cuales se otorgó la compensación económica por la prohibición, entre otros, al Tesorero Nacional, al Contador Nacional, al Proveedor Nacional, al personal técnico de la Auditoría General de Bancos, a los administradores de aduanas y en general, a casi todos los funcionarios que tuvieren, en razón de sus cargos, prohibición para el ejercicio de su profesión, a excepción de los abogados de las municipalidades del país, los que hasta la fecha, en razón de sus cargos, siguen teniendo prohibición para ejercer su profesión en forma privada, pues el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se los prohíbe, sin embargo hasta la fecha, no ha habido una ley que autorice el pago de la compensación económica correspondiente por esa prohibición que les fue impuesta desde antaño.

Tanto la Procuraduría General de la República, como la Contraloría General de la República, han interpretado y concluido que, en virtud de ello a los abogados de las municipalidades, excepto a los que ejercen funciones de administración tributaria, no puede reconocérseles el pago de la prohibición específica de que son objeto, establecida en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no existe ley que autorice dicho pago.

De esta forma, ante la evidente desigualdad en que el ordenamiento jurídico ha colocado a estos profesionales, la única vía para acabar con tal injusticia es que por ley ordinaria se autorice dicho pago.

El propósito del presente proyecto de ley es solventar esa desigualdad jurídica, a la vez que pretende evitar la posible fuga de profesionales en derecho de las municipalidades, con las consecuencias del caso, que por la interpretación dada por los órganos dichos, no solo se les está disminuyendo su salario significativamente sino también se les pretende obligar a devolver cuantiosas sumas de dinero que por muchos años las administraciones municipales les venían cancelando por ese concepto, incluso con autorización y conocimiento de la Contraloría General de la República, la que ahora las está conminando a suprimirles el pago por concepto de prohibición y a devolver las sumas que en el pasado han venido recibiendo por ese concepto.

A mayor abundamiento la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-270-2004 concluyó “En este sentido, este órgano Consultor, mediante un análisis historial de la citada legislación, pudo determinar que para los abogados que laboran en las diferentes municipalidades del país, no existe disposición que autorice compensarlos económicamente con ocasión de la limitación del ejercicio liberal de su profesión. Así, en lo que interesa, indicó: Para que proceda el reconocimiento de una compensación económica derivada de la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión es necesario que una norma establezca esa prohibición y, además, que esa misma disposición -u otra de rango legal- acuerden el pago de la compensación respectiva. En otros términos, para reconocer la compensación económica de cita, no basta con que exista una prohibición, sino que es necesario, adicionalmente, que esté normativamente dispuesta la posibilidad de otorgar como consecuencia de ello una retribución económica”.

Por su parte, la Contraloría General de la República en el oficio N.° 10455 (DAGJ-1333-2008), de fecha 8 de octubre de 2008, indicó, “en cuanto al artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que atañe a los asesores legales de las municipalidades, existe abundante jurisprudencia administrativa emanada de la Procuraduría General, en torno a la improcedencia en el reconocimiento económico a título de prohibición, esto por el hecho de no figurar en el listado referenciado en la Ley N.° 5867, siendo ello condición indispensable para su reconocimiento, salvedad hecha de los asesores legales cuyas atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas se vinculen directamente a la administración tributaria municipal, quienes podrían estar sujetos a prohibición al amparo del numeral 118 del Código Tributario y la Ley N.° 5867”.

Por las razones expuestas se propone la presente reforma del artículo 148 del Consigo Municipal, para su tramitación y aprobación en el Plenario legislativo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO J) AL ARTÍCULO 148

DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N.° 7794,

DE 30 DE ABRIL DE 1998

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónase un inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, cuyo texto será:

“Artículo 148.- Está prohibido a los servidores municipales:

[...]

j) Que ocupen puestos de abogado, ejercer su profesión en forma liberal, excepto en labores de docencia o capacitación, y en sus asuntos propios, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y parientes colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado inclusive, o bien, los suplentes o interinos siempre que su nombramiento no exceda de tres meses, asimismo cuando la jornada no sea de tiempo completo, salvo que exista impedimento por la existencia de un interés directo o indirecto de la propia Municipalidad.

Como compensación económica por esta prohibición y la establecida en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dichos profesionales tendrán derecho a un sobresueldo de un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base.”

TRANSITORIO ÚNICO.- Para todos los efectos legales, las sumas que los abogados municipales hayan recibido por concepto de pago de prohibición se considerarán derechos patrimoniales adquiridos, por lo que no deberán reintegrar suma alguna por ese concepto.

Rige a partir de su publicación.

Óscar Núñez Calvo

DIPUTADO

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo

San José, 16 de marzo de 2009.—1 vez.—(O. P. Nº 29062).—C-90000.—(52238).

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL

MARINO LAS BAULAS Y CREACIÓN DEL REFUGIO

NACIONAL DE VIDA SILVESTRE LAS

BAULAS DE PROPIEDAD MIXTA

Expediente N.º 17.383

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

1.- Que el Estado costarricense está obligado a satisfacer el interés público, procurando servir los fines públicos, siempre dentro de los parámetros constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad (ver al respecto los votos números 1739-92, 3933-98, 8858-98, 05236-99, y 2858-00, todos de la Sala Constitucional), así como respetando el mandato legal asociado a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. En atención a las competencias constitucionales y legales así establecidas, por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se ha procedido a evaluar la situación del Parque Nacional Marino las Baulas, Guanacaste. Lo anterior por cuanto su creación, delimitación y consolidación ha motivado una serie de actuaciones judiciales y administrativas, que obligan al Estado a repasar antecedentes, objetivos y actuaciones relacionadas a la fecha, en procura de eficientizar la protección de la tortuga baula, en su fase de desove, así como de los recursos disponibles, tanto humanos, materiales como presupuestarios.

2.- Que el análisis ejecutado por el Minaet tuvo como punto de partida la jurisprudencia constitucional reiterada (ver al respecto los votos números 10101-07, 11675-08, 8770-08, 07549-08, y 18529-08, todos de la Sala Constitucional), con respecto a la obligación del Estado de expropiar terrenos privados, que se pretendan someter al régimen de alguna categoría de manejo vigentes. Lo anterior por cuanto antes del pago efectivo del justo precio, la propiedad privada mantiene esa naturaleza y no puede verse afectada con limitaciones propias de un área silvestre protegida. Lo anterior resultó ser un elemento esencial en el estudio efectuado, partiendo de la interpretación dada por la Procuraduría General de la República a los límites del Parque Nacional citado, en contraste con los fondos presupuestarios disponibles para efectuar las expropiaciones correspondientes.

3.- Que siendo claro para el MINAET que por una parte el objetivo de la creación del Parque Nacional Marino las Baulas, Guanacaste fue exclusivamente la protección de la tortuga baula en su fase de desove, la cual solo ocurre en playas arenosas, anchas y sin piedras ni cantos, y por otra, carece de los recursos presupuestarios para pagar el justo precio por las afectaciones que se derivarían de la interpretación de la Procuraduría General de la República, se propuso un esquema novedoso para alcanzar el objetivo ambiental, pero sin comprometer los recursos públicos destinados a las áreas silvestres protegidas, en un asunto que puede ser resuelto de una manera más integral, participativa y eficientizando recursos sin sacrificar las metas ambientales.

4.- Que por lo antes indicado, Minaet propone la redefinición de los límites del Parque Nacional Marino las Baulas, Guanacaste, garantizando el desove de la tortuga baula en el sector, a la vez que en la zona inmediata, y dentro de los límites aquí dispuestos, se crea un Refugio de Vida Silvestre, categoría de propiedad mixta, por el que se garantiza también el respeto a la propiedad privada. Con la combinación de dos categorías de manejo preexistentes, que cuentan con un marco regulatorio propio, como lo es la Ley del servicio de parques nacionales y la Ley de conservación de la vida silvestre, se garantiza el objetivo propuesto originalmente, se ahorran recursos públicos, y se alcanza un ordenamiento territorial, difícilmente alcanzable por otro medio, en un corto plazo.

5.- Que la propuesta contenida en esta Ley, facilita la participación de los vecinos sometidos al régimen, y según lo preceptuado en esta Ley. Se procura entonces una directa colaboración entre las autoridades públicas y los propietarios privados, dispuestos a someterse a restricciones y limitaciones de uso, según se indica en esta iniciativa legislativa, como medio idóneo para acercar al país a esquemas de sostenibilidad, donde los recursos públicos se destinen a servir mejor el interés público, como por ejemplo, a contar con personal capacitado en las áreas silvestres protegidas. Sin lugar a dudas, el manejo compartido, respetando las disposiciones vigentes para cada categoría de manejo, es un modelo inteligente, eficiente y repetible en otras zonas.

6.- Que complementariamente el Minaet ha incorporado en esta iniciativa, las principales recomendaciones de organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), el World Wide Fund for Nature o Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Convention on Migratory Species (CMS), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Center for Marine Conservation (CMC), la Species Survival Commission (SSC) y el Marine Turtle Specialist Group (MTSG), contenidas a su vez en el documento preparado por estas organizaciones llamado “Técnicas de investigación y manejo para la conservación de las tortugas marinas”, para garantizar el desarrollo armónico, de baja densidad y luminosidad, y con estricto control de eventuales impactos ambientales. Asimismo, se redoblan esfuerzos para la protección marina de la tortuga baula, como consta en la estrategia nacional marino costera y en el Plan nacional de desarrollo pesquero.

7.- Que como reconocimiento a la cooperación recibida por parte de los propietarios privados, y en virtud de la presente propuesta de redefinición de límites, el Estado costarricense ha estimado que resulta justo y jurídicamente correcto, paralizar y archivar los procesos expropiatorios de terrenos privados ya iniciados.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el presente proyecto ley de Rectificación de límites del Parque Nacional Marino las Baulas y creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL

MARINO LAS BAULAS Y CREACIÓN DEL REFUGIO

NACIONAL DE VIDA SILVESTRE LAS

BAULAS DE PROPIEDAD MIXTA

CAPÍTULO I

DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

ARTÍCULO 1.- Se rectifican los límites del Parque Nacional Marino las Baulas, creado mediante la Ley N.º 7524, de manera que sus límites sean los que se indican a continuación: según las imágenes fotográficas en infrarrojo del Centro Nacional de Alta Tecnología, Programa de Investigaciones Aerotransportadas, Misión carta 2005, fotos números 6471, 6472, 6473, 6178, 6179, Misión carta 2003 fotos números 4138, 4835, en adelante serán: desde la línea de pleamar ordinaria hasta la línea de mojones que limita la zona pública; partiendo del mojón 157 localizado en punta Conejo, específicamente en la coordenada Lambert N 261262.66, E 332072.41, extendiéndose hacia el sur a través de la línea de mojones, incluyendo la zona pública del cerro Morro, playa Carbón, playa Ventanas y playa Grande, hasta las coordenadas E 335038, N 254943, en el extremo sur de playa Grande. El Parque continuará por la zona pública iniciando en punta San Francisco, coordenadas N 253451, E 333365 y finaliza en el extremo sur de playa Langosta, en las coordenadas N 251234.3, E 333867.08. Además, el Parque Nacional Marino las Baulas incluirá, dentro de sus límites, el manglar Ventanas, el manglar y estero Tamarindo y el manglar y estero San Francisco. Entiéndase que los límites del Parque Nacional Marino las Baulas, excluyen playa Tamarindo.

Además, el Parque Nacional Marino las Baulas incluirá un área marina comprendida por las doce millas del mar territorial y las aguas interiores de la bahía Tamarindo, ubicadas frente a la costa entre punta Conejo en las coordenadas Lambert N 261311, E 332058 y, siguiendo la línea de mojones, hasta el extremo sur de playa Langosta en el mojón 18, con las coordenadas N 251234.82, E 333867.08. El extremo suroeste del Parque se ubicará en las coordenadas N 250214, E 317435 y el extremo noroeste se ubicará en las coordenadas N 261500, N 317435.

Serán parte del Parque Nacional Marino las Baulas las islas e islotes que se encuentren dentro de sus límites marinos.

ARTÍCULO 2.- Créase el Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta. Este Refugio incluirá los terrenos privados que se encuentran en una franja de cincuenta metros de ancho, medidos a partir de la línea de mojones que delimita la zona pública, específicamente en el cerro Morro, con coordenadas Lambert del punto E 331898.1681, N 260947.0925, mojón 147; hasta el punto con coordenadas E 332072.4124, N 261262.6675, mojón 157; dentro de las cuales se incluyen los mojones 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156. Además de la franja de ciento cincuenta metros medidos a partir de la línea de mojones que delimita la zona pública entre las coordenadas Lambert E 331743.7822, N 259238.7105, mojón 85; hasta el punto con coordenadas E 331848.7188, N 260938.6505, mojón 146; dentro de las cuales se incluyen los mojones 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145. En playa Carbón entre las coordenadas Lambert E 332461.5131, N 259130.6335, mojón 53; hasta el punto con coordenadas E 331771.3162, N 259249.1725, mojón 84; dentro de las cuales se incluyen los mojones 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. En el sector de playa Ventanas coordenadas Lambert, desde el punto con coordenadas E 332461.5131, N 259130.63, mojón 53, hasta el punto con coordenadas E 333418, N 258245. En el sector norte de playa Grande desde el punto con coordenadas Lambert E 333418 N 258245, hasta el punto con coordenadas E 334044, N 257545. En el sector centro de playa Grande desde el punto con coordenadas Lambert E 334044, N 257545, hasta el punto con coordenadas E 334720, N 256360. En el sector sur de playa Grande desde el punto con coordenadas Lambert E 334720, N 256360, hasta el punto con coordenadas E 335038, N 254867.0879. Dentro de las cuales se incluyen los siguientes mojones: en playa Ventanas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48; en playa Grande Norte los mojones 23, 24, 25, 26, 27, 65 y 66, en playa Grande Centro los mojones 28, 29, 61 y 64; en playa Grande Sur los mojones 67, 30, 68, 69, 31, 70, 71, 72, 73, 74, 32 y 5. En el sector de playa Langosta, entre el punto con coordenadas Lambert E 333710.81, N 252081.99, mojón 194; hasta el punto con coordenadas E 333867.08, N 251234.82, mojón 18; dentro de las cuales se incluyen los mojones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195 y 196.

Así como cualquier otro mojón existente, que se encuentre dentro de estas zonas y que no haya sido expresamente indicado.

En playa Ventanas, el Refugio incluye la porción de terrenos privados ubicados entre la zona pública de playa Ventanas y la zona pública del manglar Ventanas, iniciando en el extremo sur del sector playa Carbón y hasta el punto con coordenadas E 258508 N 333240, en el extremo sur del manglar Ventanas.

Estos terrenos permanecerán dentro del Refugio por plazos iguales y consecutivos de diez años cada uno, renovándose dichos plazos en forma automática, mientras exista el fin público que motivó la creación de este Refugio.

Lo anterior será sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales que establece la Ley de conservación de la vida silvestre, N.º 7317, su Reglamento y reformas.

Además, serán parte del Refugio los terrenos municipales ubicados dentro del Refugio y en playa Tamarindo, y que sean parte del patrimonio natural del Estado.

Adicionalmente se incentiva a los propietarios colindantes con el Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta a que, voluntariamente, gestionen ante el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en adelante Minaet, la inclusión de áreas privadas adicionales, debiendo entonces cumplir con el Plan de manejo que regirá esta área silvestre protegida. También podrán acogerse al régimen otros propietarios de la zona, interesados en la conservación y que demuestren conectividad con el fin público perseguido por esta ley. Los cuales se someterán a las regulaciones vigentes que correspondan de conformidad con la zona colindante al Refugio.

El Estado reconoce que los terrenos privados incluidos dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta no son parte del patrimonio natural del Estado.

Asimismo, ratifica que las propiedades privadas ubicadas dentro del referido Refugio gozan de todos los derechos y atributos consagrados en el artículo 45 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 3.- Definiciones y referencias

DEFINICIONES Y REFERENCIAS

1.- Aguas interiores: Son aguas interiores las situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial. Tiene su límite exterior en el mar territorial y su límite interior en tierra firme.

2.- Altura máxima: Distancia vertical medida, entre el nivel de base del primer piso y el nivel de la cumbrera de techo o altura máxima, si esta fuera superior.

3.- Cobertura máxima: El porcentaje máximo de proyección horizontal de una estructura en cada propiedad según la zona, o el área de terreno cubierta por esta, la cual no incluye terrazas, accesos ni aceras.

4.- Densidad poblacional máxima: Relación entre el número de familias o de personas de una unidad residencial y la superficie de esta en hectáreas (5 personas por casa.)

5.- Densidad vivienda: Definido como el número máximo de viviendas por hectárea.

6.- Desarrollos turísticos: Toda obra civil dedicada al turismo, tal y como restaurantes, en armonía con el fin público que protege esta ley.

7.- Frente mínimo a playa: La distancia mínima que deberá tener la línea de propiedad paralela a la línea de mojones de la zona pública.

8.- Instalaciones recreativas y deportivas: Instalaciones destinadas a la recreación, deporte y actividades conexas, en armonía con el fin público que protege esta Ley.

9.- Línea de propiedad: La línea que demarca los límites de la propiedad en particular.

10.- Régimen de condominio: Cualesquiera de las segregaciones y/o edificaciones permitidas dentro de esta Ley podrá someterse a la normativa de la Ley reguladora de la propiedad en condominio, N.º 7933 y su Reglamento.

11.- Retiro frente a playa: Espacio comprendido entre la línea de propiedad paralela a la línea de mojones y la parte más cercana de la estructura física.

12.- Retiro frontal: Espacio no edificable comprendido entre el lindero frontal del inmueble (lote) y la parte más cercana de la estructura física. En caso de que coincida con el retiro frente a playa, predominará este último.

13.- Retiro lateral: Espacio no edificable, comprendido desde el lindero lateral del inmueble (lote).

14.- Retiro posterior: Espacio no edificable comprendido entre el lindero posterior del inmueble (lote) y la parte más cercana de la estructura física. En caso de que coincida con el retiro frente a playa, predominará este último.

15.- Superficie mínima del lote para nueva segregación: El área mínima que deberá contener cada lote en caso de nuevas segregaciones según se especifica en cada zona de esta Ley.

16.- Vivienda: Todo local o recinto, fijo o móvil, construido, convertido o dispuesto, que se use para fines de alojamiento de personas, en forma permanente o temporal.

17.- Vivienda multifamiliar: La edificación concebida como unidad arquitectónica con áreas habitacionales independientes, apta para dar albergue a dos o más familias.

18.- Vivienda turística recreativa: Establecimiento que brinda servicio de hospedaje por una tarifa diaria o mensual, con unidades que constituyen viviendas independientes, con uno o más dormitorios, baño privado, cocina, entrada independiente desde el exterior y con estacionamiento para vehículos de los huéspedes.

19.- Vivienda unifamiliar: La edificación provista de áreas habitacionales destinadas a dar albergue a una sola familia.

20.- Zona de protección de manglares: La franja de diez metros contados a partir de la línea de mojones del respectivo manglar, salvo las limitaciones físicas existentes en el área del Refugio, tales como caminos y calles públicos o privados. Esta será la única zona de protección y retiro constructivo, en relación con manglares, que rija para las propiedades privadas incluidas en el Refugio.

21.- Zona pública: Para efectos de interpretación de esta Ley, se entenderá como la franja de los cincuenta metros contada a partir de la línea de pleamar ordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de la zona marítimo terrestre, N.º 6043.

ARTÍCULO 4.- Debido a que hasta la fecha los límites del Parque Nacional Marino las Baulas no se encuentran definidos de manera precisa, deberá el Instituto Geográfico Nacional (IGN), con base en la información contenida en esta Ley, demarcar los límites precisos del área terrestre del Parque y del Refugio y confeccionar las cartas o mapas correspondientes; se autoriza por única vez realizar esta demarcación posterior a la publicación de la Ley. Para cumplir con tales fines, deberá el IGN presupuestar a la mayor brevedad, los recursos suficientes para contar con el personal capacitado para cumplir con tales labores.

La Autoridad Presupuestaria deberá aprobar, en el siguiente presupuesto ordinario, la partida presupuestaria que le presente el IGN, para efectos de cumplir con este mandato.

El Instituto Geográfico Nacional tendrá un plazo máximo de doce meses, contados a partir de la publicación de esta Ley, para cumplir con las labores arriba indicadas. El incumplimiento de este mandato acarreará para los funcionarios encargados, las sanciones establecidas en la Ley general de la Administración Pública. Durante este período, los linderos y derechos de las propiedades ubicadas dentro del Refugio, serán los que se establezcan en los respectivos planos catastrados e inscripciones registrales.

CAPÍTULO II

DE LOS FINES DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

ARTÍCULO 5.- El Parque Nacional Marino las Baulas es un espacio geográfico delimitado y reservado por el Estado para la protección de la tortuga baula, procurando por ese medio, su arribo seguro a la playa, sin afectaciones por actividades antropogénicas. Asimismo, protegerá los manglares y demás ecosistemas marinos que se encuentran dentro de sus límites.

ARTÍCULO 6.- El Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta es un espacio geográfico terrestre, creado con el fin de minimizar los impactos antropogénicos en las propiedades privadas colindantes con el Parque Nacional Marino las Baulas mediante una colaboración conjunta entre los órganos estatales y los propietarios de los terrenos privados que se encuentra dentro de esta área protegida.

ARTÍCULO 7.- Las dos áreas silvestres protegidas reguladas en esta Ley deben ser administradas individualmente de acuerdo con su propio régimen y de manera coordinada, teniendo siempre presente que el fin de ambas es garantizar la protección de la tortuga baula.

CAPÍTULO III

PLAN DE MANEJO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

ARTÍCULO 8.- El Plan de manejo del Parque Nacional Marino las Baulas será actualizado por el Minaet en un plazo máximo de doce meses a partir de la publicación de esta Ley.

ARTÍCULO 9.- El Plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta, será elaborado y aprobado conjuntamente por el Minaet y una asociación constituida exclusivamente por propietarios de terrenos situados dentro de los límites establecidos para el Refugio, dispuestos a someterse al Refugio, de forma tal que, en los estatutos de dicha asociación, se establezca, necesariamente, representatividad individual y por cada uno de los sectores del Refugio aquí definidos. Esta asociación deberá estar constituida en un plazo máximo de cuatro meses contado a partir de la publicación de esta Ley, será constituida de conformidad por lo dispuesto en la Ley de asociaciones y deberá acreditarse como tal ante el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que emitirá la respectiva aprobación.

El Plan de manejo será aprobado en un plazo máximo de doce meses contados a partir de la publicación de esta Ley y cumpliendo con la metodología oficial establecida por el Minaet para los Refugios de Vida Silvestre. Durante ese plazo, los propietarios podrán tramitar permisos de construcción y viabilidades ambientales, con base en las regulaciones aquí establecidas.

ARTÍCULO 10.- La administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta corresponde, de manera conjunta al Minaet, para las áreas públicas involucradas y a la asociación de propietarios, establecida en el artículo anterior, para las propiedades privadas que quedan integradas por esta Ley a este régimen de protección.

ARTÍCULO 11.- El Plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta contendrá la zonificación del área, en la que se permitirán, de conformidad con el artículo 12, los siguientes usos:

a) Vivienda unifamiliar y multifamiliar, en propiedad individual o condominio.

b) Vivienda turística recreativa.

c) Instalaciones recreativas.

d) Desarrollos turísticos, incluyendo ecoturismo.

e) Obras de infraestructura pública y privada destinados a la prestación de servicios públicos.

Cualquier propiedad, independientemente de su uso, podrá ser sometida al Régimen de propiedad en condominio.

Cualquier uso que se pretenda realizar en el Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta, deberá de contar previamente con la viabilidad ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y los permisos de construcción aprobados por la Municipalidad de Santa Cruz.

ARTÍCULO 12.- Los usos específicos autorizados por sectores en el Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta, son los siguientes:

Cerro Morro

Zona a cerro Morro

Localización

La zona A se extiende 50 metros entre el mojón 157 y el punto con coordenada N 261214.79, E 332086.93 hasta el mojón 147 y el punto N 260892.29 E 331874.29. Además, de la franja de 75 metros que se extiende desde el mojón 147 al punto con coordenadas N 260853, E 331900 hasta el mojón 85 y el punto N 259331.95 E 331808.70.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, viviendas turísticas recreativas e instalaciones recreativas en zonas libres de bosque.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación__1200 m²

Frente mínimo a playa ___________________________________20 m

Retiro posterior _________________________________________3 m

Retiro frontal___________________________________________3 m

Retiro frente a playa _____________________________________15 m

Retiros laterales __________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________2 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________8 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar _____________________17 unidades/ha

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Zona B cerro Morro

Localización

La zona B se encuentra localizada inmediatamente después de la línea definida para la zona A y abarca el área restante de este sector del Refugio.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, vivienda turística recreativa e instalaciones recreativas en zonas libres de bosque.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________15 m

Retiro frontal ____________________________________________5 m

Retiro posterior___________________________________________3 m

Retiros laterales ___________________________________________3 m

para el primer piso y 1 metro adicional por cada piso en caso de que haya ventana lateral.

Cobertura máxima ____________________40% 1 piso y 30% 2 y 3 pisos

Altura máxima ___________________________________12 m de altura

Número de pisos permitidos ______________________________3 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________9 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar ____________________20 unidades/ ha

Playa Carbón

Zona A playa Carbón

Localización

La zona A se localiza 75 m después de la línea de mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, a lo largo de este sector de acuerdo con los límites establecidos para el refugio.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, vivienda turística recreativa e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro posterior________________________________________________3 m

Retiro frontal ____________________________________________3 m

Retiro frente a playa ______________________________________15 m

Retiros laterales ___________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________2 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________8 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar _____________________17 unidades/ha

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Zona B playa Carbón

Localización

La zona B se encuentra localizada inmediatamente después de la línea definida para la zona A y hasta los doscientos metros lineales tierra adentro, a partir de la línea de pleamar ordinaria, salvo cualquier terreno adicional que el respectivo propietario esté dispuesto a incluir en el Refugio.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, desarrollos turísticos e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro frontal ____________________________________________5 m

Retiro posterior ___________________________________________3 m

Retiros laterales ___________________________________________3 m

Cobertura máxima_____________________40% 1 piso y 30% 2 y 3 pisos

Altura máxima____________________________________12 m de altura

Número de pisos permitidos_______________________________3 pisos

Densidad vivienda unifamiliar________________________9 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar_____________________20 unidades/ ha

Densidad desarrollos turísticos_____25 habitaciones/ha o 50 huéspedes/ha

Playa Ventanas

Zona A playa Ventanas

Localización

La zona A se localiza entre la línea de mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional y el límite oeste del estero de playa Ventanas, a lo largo de este sector.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda turística recreativa.

Requisitos

Superficie mínima para nueva segregación de lote o finca filial __1200 m²

Frente mínimo a playa ___________________________________20 m

Retiro posterior __________________________________________3 m

Retiro frontal ____________________________________________3 m

Retiro frente a playa __________________15% del fondo de la propiedad, con un máximo de 7.5 m, tanto para los lotes existentes, como para las nuevas segregaciones.

Retiros laterales __________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 3 anterior, debido al tamaño de los lotes actualmente segregados en este sector, la cobertura máxima no incluirá accesos, terrazas, aceras, ni piscinas.

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos ______________________________2 pisos

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Las densidades aquí indicadas, solo aplicarán para nuevas segregaciones. En el caso de los lotes que existan debidamente segregados e inscritos al día de hoy, estos tendrán derecho a construir un mínimo de una unidad unifamiliar y, si el área lo permite, las unidades unifamiliares y/o multifamiliares aquí permitidas.

Playa Grande

Playa Grande Norte

Zona A playa Grande Norte

Localización

La zona A se localiza en los 65 metros después de la línea de mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, a lo largo de este sector. La medida de 65 metros lineales tierra adentro, obedece a la existencia de una calle pública en ese punto, que servirá de límite físico para determinar el final de la Zona A de playa Grande Norte. Coordenadas Lambert E333427, N258224 y E334032, N257551.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda turística recreativa.

Requisitos

Superficie mínima para nueva segregación de lote o finca filial __1200 m²

Frente mínimo a playa ___________________________________20 m

Retiro posterior __________________________________________3 m

Retiro frontal ____________________________________________3 m

Retiro frente a playa ____________________________________20% del fondo de la propiedad, con un máximo de 10 m, tanto para los lotes existentes, como para las nuevas segregaciones.

Retiros laterales __________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos ______________________________2 pisos

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Zona B playa Grande Norte

Localización

La zona B se encuentra localizada inmediatamente después de la línea final definida para la zona A, hasta los doscientos metros lineales tierra adentro, a partir de la línea de pleamar ordinaria.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, vivienda turística, recreativas, desarrollos turísticos e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro frontal ____________________________________________5 m

Retiro posterior ___________________________________________3 m

Retiros laterales ________________________________________3 m para el primer piso y 1 m adicional por el segundo piso en caso de que haya ventana lateral.

Cobertura máxima ____________________40% 1 piso y 30% 2 y 3 pisos

Altura máxima ___________________________________12 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________3 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________9 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar _____________________20 unidades/ha

Densidad desarrollos turísticos _________________25 habitaciones/ha o 50 huéspedes/ha.

Playa Grande Centro

Zona A playa Grande Centro

Localización

La zona A se localiza en los 65 m después de la línea de mojones los cuales demarcan el límite de la zona pública oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, a lo largo de este sector. Coordenadas Lambert E334032, N257551 y E334712, N256410.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda turística recreativa e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro posterior ___________________________________________3 m

Retiro frontal _____________________________________________3 m

Retiro frente a playa _______________________________________30 m

Retiros laterales ___________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________2 pisos

En los primeros 2 metros contados después de la línea de mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, se creará un seto vivo de especies nativas con hojas persistentes. Los siguientes 13 metros serán una zona de vegetación tropical baja y en los restantes 15 metros se autorizará infraestructura de menos de 1 m de altura.

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Zona B playa Grande Centro

Localización

La zona B se encuentra localizada inmediatamente después de la línea final definida para la zona A, hasta los doscientos metros lineales tierra adentro, a partir de la línea de pleamar ordinaria, salvo cualquier terreno adicional que el respectivo propietario esté dispuesto a incluir en el Refugio.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, vivienda turística, recreativas, desarrollos turísticos e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro frontal ____________________________________________5 m

Retiro posterior __________________________________________3 m

Retiros laterales _____________________________________3 m para el primer piso y 1 m adicional por el segundo piso en caso de que haya ventana lateral.

Cobertura máxima ____________________40% 1 piso y 30% 2 y 3 pisos

Altura máxima ___________________________________12 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________3 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________9 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar ____________________20 unidades/ ha

Densidad desarrollos turísticos _________________25 habitaciones/ha o 50 huéspedes/ha.

Playa Grande Sur

Zona A playa Grande Sur

Localización

La zona A se localiza en los 75 metros después de la línea de mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, coordenadas Lambert E334712, N256410 y E334886, N255108.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, vivienda turística e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa _____________________________________20 m

Retiro posterior ___________________________________________3 m

Retiro frontal _____________________________________________3 m

Retiro frente a playa _______________________________________15 m

Retiros laterales ___________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________2 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________8 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar _____________________17 unidades/ha

En los primeros 2 metros contados después de la línea de mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, se creará un seto vivo de especie nativas con hojas persistentes. Los siguientes 13 metros serán una zona de vegetación tropical baja.

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Zona B playa Grande Sur

Localización

La zona B se encuentra localizada inmediatamente después de la línea definida para la zona A, hasta los doscientos metros lineales tierra adentro, a partir de la línea de pleamar ordinaria, salvo cualquier terreno adicional que el respectivo propietario esté dispuesto a incluir en el Refugio.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, vivienda turística, recreativas, desarrollos turísticos e instalaciones recreativas.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro frontal ___________________________________________5 m

Retiro posterior __________________________________________3 m

Retiros laterales __________________________________________3 m

para el primer piso y 1 m adicional por el segundo piso en caso de que haya ventana lateral.

Cobertura máxima ____________________40% 1 piso y 30% 2 y 3 pisos

Altura máxima ___________________________________12 m de altura

Número de pisos permitidos ______________________________3 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________9 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar ____________________20 unidades/ ha

Densidad desarrollos turísticos _________________25 habitaciones/ha o 50 huéspedes/ha.

Las propiedades existentes al día de hoy cuya área sea menor a 600 m², el retiro desde la línea de mojones será un 10% del fondo del lote con un mínimo de 5 m y máximo de 10 m. Asimismo, esta regulación será igual para las propiedades privadas al sur de la coordenada E 255126, N 334895.

Playa Langosta

Zona A playa Langosta

Localización

La zona A se extiende desde la coordenada N 252081.99, E 333710.81, hasta el mojón 18, coordenada N 251234.94, E 333866.94, en una franja de 75 metros desde la línea de mojones hacia el este, oficializados por el Instituto Geográfico Nacional a lo largo de este sector.

Usos permitidos

Vivienda unifamiliar y multifamiliar, vivienda turística recreativa, instalaciones recreativas y desarrollos turísticos y eco-turísticos.

Requisitos

Superficie mínima del lote o finca filial para nueva segregación __1200 m²

Frente mínimo a playa ____________________________________20 m

Retiro posterior __________________________________________3 m

Retiro frontal ____________________________________________3 m

Retiro frente a playa _______________________________________8 m

Retiros laterales ___________________________________________3 m

Cobertura máxima ________________________40% 1 piso, 30% 2 pisos

Altura máxima ____________________________________9 m de altura

Número de pisos permitidos _______________________________2 pisos

Densidad vivienda unifamiliar ________________________8 unidades/ha

Densidad vivienda multifamiliar _____________________17 unidades/ha

En caso de que el retiro frontal o posterior coincida con el retiro frente a playa, regirá siempre este último.

Zona B playa Langosta

Localización

La zona B se encuentra localizada inmediatamente después de la línea final definida para la zona A, y abarca el área restante de este sector del Refugio.

Usos permitidos

Residencial unifamiliar y multifamiliar, vivienda turística recreativa, instalaciones recreativas y desarrollos turísticos y eco-turísticos.