Con la creación de la Ley N.° 7969, Ley reguladora del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi, en el año 2000, se intentó dar mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los concesionarios, pero no se previó el valor tan elevado que con el paso del tiempo puede conllevar la adquisición de un vehículo, para la modalidad taxi al servicio de las personas con discapacidad. En la actualidad agencias de venta de vehículos como por ejemplo la Toyota ofrece estas unidades a un precio de 32.000 dólares, al tipo de cambio actual; es decir, estamos hablando de 16.000.000 millones de colones. Ahora bien, que ocurre con aquellas personas que desean optar por una concesión de taxi, empero su presupuesto económico no les permite comprar ni de contado ni a crédito estas unidades. En consecuencia se presenta un trato distintivo hacia estas personas, en comparación con las que poseen un status económico más elevado, que les permite tener más ventaja en la obtención de las unidades y por ende, mayores probabilidades de obtener una concesión bajo esta modalidad. Esta situación termina originando un círculo vicioso, pues las concesiones pueden quedar en manos de las mismas personas como ha pasado en los últimos años, obviamente en las que más dinero tienen, quienes pueden acceder como siempre lo han venido haciendo, dejando de lado a los otros costarricenses sin mayor opción ni oportunidad de crecer económicamente.

La presente propuesta viene a contribuir no solo con la comunidad de personas con discapacidad, sino representa una opción viable para el país, en cuanto a incorporar a la fuerza laboral a personas con necesidad de ver incrementados sus ingresos familiares, disminuyendo de esta manera la tasa de desempleo que tanto pesa en la economía de cualquier país en el mundo.

Debido a que esta iniciativa viene a responder a la urgencia laboral de muchas personas, propongo un período de tiempo único, en el que todo ciudadano que pueda adaptar un vehículo del año 2000 en adelante y no vaya en detrimento de lo establecido en la Ley N.º 7600, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Ley N.º 8661, Aprobación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, tenga la oportunidad de prestar sus servicios al transporte colectivo bajo la modalidad taxi para personas con discapacidad.

Además, el transporte modalidad taxi sería una solución para las personas con discapacidad, que presentan algún tipo de dificultad para movilizarse a lugares tan frecuentes como los centros médicos y cualesquiera otra diligencia. Para estas personas el viajar en autobús resulta toda una odisea, muchas veces, por las dificultades que se tienen para subir, esperar o bajar, dado que en el país, la mayoría de las estaciones de autobús no se encuentran debidamente adaptadas para el abordaje y desabordaje de una persona con discapacidad. La práctica ha hecho que autobuseros realicen el abordaje a orillas de una acera; acera que no cuenta a su vez con las facilidades o mecanismos indispensables para el correcto uso de un simple subir al autobús y a esto se suma que no todos los autobuses cuentan con las adaptaciones técnicas para una persona con discapacidad, o en ocasiones se debe esperar por períodos de tiempo de hasta dos horas, para que llegue una unidad adaptada o una adaptada en buen estado, en estos casos es donde la opción de transportarse en taxi toma fuerza, ya que representa un trato individualizado y eficiente para una persona que presenta discapacidad, con un tiempo de espera que ronda en los quince minutos. En síntesis, como observamos, la Ley N.° 7969, no solventó a cabalidad la seguridad jurídica tanto para los usuarios como para los concesionarios, de ahí que la adición de este transitorio reúne ambas necesidades.

Es por todo lo anterior, que someto a consideración de las y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO XI A LA LEY N.º 7969,

LEY REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE

TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN

VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónase un transitorio XI a la Ley N.° 7969, Ley reguladora del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi, que dirá:

“Transitorio XI.- Por una única vez y por un lapso de tiempo de dieciocho meses, a partir del momento de la publicación de la presente Ley, pueden optar por una concesión modalidad taxi para personas con discapacidad, las personas que posean unidades de modelos del año 2000 en adelante, siempre que reúnan todas las adaptaciones técnicas necesarias, para el transporte modalidad taxi de personas con discapacidad.”

Rige a partir de su publicación.

Víctor Emilio Granados Calvo José Joaquín Porras Contreras

Martín Monestel Contreras Rita Chaves Casanova

DIPUTADOS

11 de octubre de 2010.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

1 vez.—O. C. Nº 20339.—Solicitud Nº 43803.—C-90950.—(IN2010088272).

LEY SOBRE FECUNDACIÓN IN VITRO Y

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA

Expediente N.º 17.900

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Poder Ejecutivo somete a su consideración el proyecto de “Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria”.

Lo anterior, como parte de las medidas a que se compromete el Estado costarricense al responder el Informe de Fondo N.° 85/10 (Fecundación in vitro, Caso 12.361) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El citado informe fue notificado al Estado costarricense el 23 de agosto de 2010, por medio de comunicación escrita hecha al Dr. René Castro Salazar, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

En cuanto a su contenido, la CIDH consideró que Costa Rica, tras el dictado de la Resolución de la Sala Constitucional N.º 2306 de las 15 horas con 24 minutos de 15 de marzo de 2000, violó los artículos 11.2, 17.2 y 24, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José.

Como se establece en el informe, la CIDH inicia su análisis señalando que con la citada restricción, contenida en la resolución de cita, las parejas infértiles afectadas no disfrutan plenamente de su derecho a la salud. Además, la CIDH consideró que para las parejas cuya infertilidad hacía inviable otro método de reproducción asistida, dicha prohibición representó una supresión de la identidad personal y de la autonomía individual para decidir tener hijos biológicos y desarrollar su proyecto de vida.

Asimismo, dicha instancia internacional consideró que los derechos involucrados fueron afectados de manera severa, destacando que el Estado costarricense estuvo facultado y se encuentra aún en la capacidad de adoptar medidas proporcionales para proteger los embriones humanos, de modo que no haya tratamientos incompatibles con la CADH, tales como la destrucción arbitraria, la venta o el tráfico de embriones.

En relación con el artículo 11.2 de la CADH, la CIDH estimó que la decisión de tener hijos biológicos pertenece a la esfera más íntima de su vida privada y familiar pues, a su criterio, para atributos tales como el respeto a la vida privada, el derecho a la autonomía y desarrollo personal relacionado con el derecho de convertirse en padre o madre, el margen de injerencia que pueden tener los estados es restringido.

En cuanto al artículo 17.2 de la CADH, la CIDH determinó que -relacionado con el análisis anterior- dicha decisión judicial representó una limitación desproporcional y arbitraria al derecho de la pareja de tomar sus decisiones en cuanto a fundar una familia. En esta línea de razonamiento, la CIDH cita los ejemplos de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, Panamá, entre otros, en donde, a criterio de dicha Comisión, se han logrado armonizar los intereses de las parejas infértiles con el interés de proteger la vida por parte de los Estados, concluyendo que existen formas menos restrictivas para satisfacer el objetivo buscado por el Estado y acomodar los intereses en juego como, por ejemplo, a través de otras formas de regulación que podrían asimilarse más al proceso natural de concepción, tal como una regulación que disminuya el número de óvulos fecundados. Sobre este punto, la CIDH concluye que la Sala Constitucional no consideró otras alternativas para proteger la vida y que respetarán, a su vez, los derechos de las parejas infértiles.

Por último, en cuanto al derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación (artículo 24 de la CADH), la CIDH sostiene en el informe que la prohibición declarada por la Sala Constitucional violentó el citado artículo, en atención a sus dos efectos: a) Impidió a las víctimas superar la situación de desventaja en la que se encontraban a través del beneficio del progreso científico, en particular, de un tratamiento médico. En este punto se considera que, si bien la infertilidad de las víctimas no es atribuible al Estado, la permanencia de la misma, a pesar de que existían medios para superarla o disminuirla, sí es atribuible al Estado, obligando a que las parejas tuvieran que salir del país; de ahí que resulta desproporcional y discriminatorio; b) Tuvo un impacto específico y desproporcionado frente a las mujeres, pues al estar más relacionada con el tratamiento y cuerpo de la mujer, la prohibición tuvo un efecto más diferenciado en ellas, incidiendo sobre su autonomía en un grado mayor que la de los hombres infértiles.

Analizado lo anterior, la CIDH recomienda al Estado costarricense: 1) Levantar la prohibición de la fecundación in vitro en el país por medio de los procedimientos legales correspondientes; 2) Que dicha regulación sea compatible con las regulaciones establecidas en los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana; 3) Que las personas o parejas que lo requieran puedan acceder a las técnicas de la fecundación in vitro y 4) Reparar integralmente a las víctimas del presente caso (material y moralmente), incluyendo medidas de satisfacción por los daños ocasionados.

En vista del informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto procedió a realizar una serie de reuniones con personas, órganos u organismos, estatales o no estales, incluso con el representante legal de los peticionarios, en procura de construir una posición de Estado, siendo el presente proyecto parte de la respuesta que el Estado dará a la CIDH.

El proyecto ha sido elaborado por el Poder Ejecutivo y han participado en él, principalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Salud. Fueron consultados otros órganos estatales y actores no estatales.

Si bien, conforme con el Pacto de San José, Costa Rica ha aceptado voluntariamente la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el informe de la CIDH, en lo que se refiere a sus conclusiones de fondo, es susceptible de ser rebatido y cuestionado en un procedimiento posterior, de naturaleza judicial, ante aquella Corte, y aunque las recomendaciones de dicho informe no poseen un carácter jurisdiccional, es deseo del Estado dar atenta, seria y formal respuesta a la CIDH en esta etapa del proceso.

Por otra parte, la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se basó, fundamentalmente, en que la técnica de la fecundación in vitro regulada en el Decreto Ejecutivo N.° 24029-S de 3 de febrero de 1995 era inconstitucional porque implicaba la eliminación o un altísimo riesgo de eliminación o muerte de embriones humanos.

Consecuentemente, la posición del Estado de Costa Rica a lo largo de todo este proceso ante la CIDH ha sido la de sostener que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lejos de procurar un daño a los peticionarios en cuanto a sus derechos fundamentales, en el fallo cuestionado quiso preservar el más fundamental de los derechos que es el derecho a la vida, tesis que, al mismo tiempo, ha sido reconocida por la misma CIDH en el propio Informe de Fondo número 85/10 al señalar que: “En efecto, la Comisión nota que la Sala Constitucional invocaba como fin la protección de la vida según el alcance otorgado a dicho derecho en su ordenamiento legal. En ese sentido, la Comisión estima que el Estado tenía un fin legítimo en términos generales consistente en proteger un bien jurídico tutelado como es la vida”. (Párrafo 96).

El momento es propicio para afrontar el tema y atender las recomendaciones de la CIDH, órgano de protección y promoción de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La misma Sala Constitucional en la resolución de cita expresamente previó que la ciencia y la tecnología podrían avanzar hasta lograr que ese inconveniente fuese obviado. Dijo textualmente: “Según la Sala ha podido constatar, la aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria, en la forma en que se desarrolla en la actualidad, atenta contra la vida humana. Este Tribunal sabe que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí desaparezcan”.

En efecto, hoy es posible legislar para permitir la práctica de una técnica de fecundación in vitro y transferencia embrionaria que concilie los derechos a la salud, a fundar una familia, a tomar decisiones de pareja en un ambiente de intimidad y a procrear respetando, al mismo tiempo, el valor absoluto de la vida y la dignidad humanas, tal y como la misma CIDH subrayó en su Informe de Fondo número 85/10. Las regulaciones que este proyecto comprende sobre una serie de aspectos y requisitos asegurarán que no haya eliminación de embriones o tratos contrarios a la vida y dignidad humanas. Lo anterior, tal y como lo han logrado países como Chile y Alemania, los cuales han promovido regulaciones en esta misma línea, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Ese es el propósito de este proyecto de ley.

Cabe destacar que la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional a partir del Voto N.º 3550-92 de las 16:00 horas de 24 de noviembre de 1992, ha reafirmado el principio de reserva de ley cuando se trata de regular (o, en su caso, restringir) los derechos y libertades fundamentales. Así, ha sostenido uniforme y constantemente que “solamente mediante ley formal emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes”, es posible regular o restringir esos derechos dentro de las limitaciones constitucionales aplicables y únicamente en la medida en que la naturaleza y el régimen de estos lo permitan. Por ello, de acuerdo con sus potestades y atribuciones constitucionales, corresponde a la Asamblea Legislativa, para esos mismos fines, discutir y aprobar el presente proyecto de “Ley sobre Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria”.

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos, a saber: Disposiciones generales, Protección de la persona humana, Requisitos y procedimientos, y Delitos y sanciones.

En el capítulo I -Disposiciones generales- se define la fecundación in vitro y transferencia embrionaria para efectos de esta Ley, con lo que se establece una base técnica para la aplicación e interpretación futura de la normativa. Se declara autorizada la fecundación in vitro a partir de la vigencia de esta Ley. Establecen además normas generales para la determinación del ámbito de aplicación activa y pasiva de la norma y se indica el órgano competente para fiscalizar la debida aplicación de la ley.

Precisamente, uno de los ejes principales del proyecto se encuentra en el artículo 5 al asignarle al Ministerio de Salud la función de supervisar los establecimientos que se dediquen a aplicar la fecundación in vitro, asegurándose de que lo hagan conforme con los principios médicos, técnicos, deontológicos y legales que la rigen y facultándolo a tomar medidas sancionatorias en caso de incumplimiento. Este artículo 5 es complementado por el artículo 18 en cuanto este último otorga a las autoridades del Ministerio de Salud la facultad de consultar el expediente confidencial que incluye la historia clínica completa y exhaustiva de los beneficiarios de la fecundación, y por el artículo que establece las sanciones que acarrea el hecho de hacer a los pacientes firmar formularios sin que las personas involucradas reciban efectivamente la información requerida por el artículo 13. Está claro, además, que el artículo 5 en su primer párrafo no solamente otorga al Ministerio de Salud la potestad de consultar el expediente sino una amplia facultad de inspeccionar el establecimiento.

En el capítulo II -Protección de la persona humana- se establecen las condiciones sine qua non para la práctica legal de la fecundación in vitro. La protección de la persona por nacer que se establece en este proyecto no se limita a proteger el derecho a la vida sino que, de manera integral y completa, abarca todos los demás derechos fundamentales de los que es titular la persona por nacer, tal y como se contempla en el artículo 6.

En el capítulo se establecen, además, las prohibiciones o límites de dicha práctica, prohibiendo en el artículo 8 la “reducción o destrucción de embriones, la experimentación, su preservación mediante congelamiento o cualquiera otra técnica, su comercio, donación y cualquier otro trato lesivo que atente contra la vida y la dignidad humanas”. Este artículo, en su párrafo primero, es el eje principal de todo el proyecto porque es el que prohíbe que los embriones sean tratados como objetos de comercio y susceptibles de ser destruidos y es lo que concilia los derechos a tener una familia y a procrear, con el derecho superior -como lo ha definido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al calificarlo de “primigenio”- a la vida de la persona por nacer desde su fecundación. Ese mismo derecho a la vida, tutelado por el artículo 4.1 del Pacto de San José, nos obliga a evitar la proliferación de bancos y de un comercio de embriones.

El artículo 9 establece la obligación de que tanto los embriones como la madre reciban los cuidados necesarios para asegurar su salud y garantizar su nacimiento (párrafo 1), con la salvedad del aborto terapéutico (párrafo 2).

En el capítulo III -Requisitos y procedimientos- se establecen las normas para un adecuado procedimiento en la práctica de la fecundación in vitro. Se incluyen ahí una serie de requisitos adicionales a los del artículo 8 como son la necesidad de que las personas que se van a someter al procedimiento médico otorguen previamente su consentimiento escrito, libre, expreso e informado, otorgado personalmente y por separado.

El proyecto distingue en el artículo 2 los dos tipos de fecundación in vitro conocidos como son: la homóloga, cuando los gametos proceden de los cónyuges o convivientes que integran la pareja beneficiaria, y la heteróloga, cuando uno de los gametos ha sido donado por un tercero. Sin embargo, el proyecto contiene una innovación y es la de permitir la fecundación in vitro de una mujer sin pareja y la equipara a la fecundación heteróloga. El fundamento de esta disposición es la de evitar la discriminación de las mujeres que no están en una relación de pareja, como las solteras, divorciadas o viudas, quienes estarían en una situación disminuida respecto de otras mujeres con su mismo estado civil que pueden procrear con un tercero ya sea por vía natural o por otros métodos de fecundación asistida, como la inseminación artificial, que no les están prohibidos. En el caso de la mujer sin pareja que solo puede resolver su infertilidad mediante la fecundación in vitro, el prohibirle el acceso a esta técnica sería claramente discriminatorio en razón de su estado civil y de su propia infertilidad.

En su búsqueda de asegurar la protección de los derechos de la persona por nacer así como la salud de la propia madre, el proyecto establece la práctica de exámenes exhaustivos físicos y sicológicos de las personas que van a aportar su material genético y la constitución de un expediente con su historia médica completa y exhaustiva. A este expediente tendrá acceso el hijo nacido mediante esta técnica cuando haya alcanzado la mayoría de edad o, mientras sea menor, por quien ejerza la patria potestad (artículo 18, párrafo segundo); esto permitirá evitar la situación de desventaja en la que se encuentran los hijos cuando, para someterse a tratamientos médicos o quirúrgicos, no cuentan con los antecedentes clínicos de sus progenitores, como puede ser la existencia de enfermedades hereditarias.

En el capítulo IV -Delitos y sanciones- se incluyen cinco figuras penales con las que se pretende sancionar la violación de las prohibiciones establecidas en la ley en protección de la integridad y supervivencia de los embriones, así como de los derechos de la o los beneficiarios de los procedimientos de fecundación asistida. Con esto se pretende una mayor garantía de acatamiento de la normativa por parte de quienes practiquen el procedimiento regulado en la ley.

Todos estos delitos serán sancionados con penas de prisión, excepto la forma culposa prevista en el artículo 20, que es susceptible de una sanción de días multa. Todas las sanciones han sido establecidas guardando una proporcionalidad entre sí y, en conjunto, con respecto a las penas previstas por el Código Penal para el delito de aborto. Todos ellos son delitos de acción pública (artículo 24).

Por las razones expuestas, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley: “Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria” con la expresa solicitud de que, si a bien lo tienen los señores diputados, se le otorgue la aplicación del trámite rápido o dispensa de trámites previsto en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, atendiendo la necesidad de dar pronto cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY SOBRE FECUNDACIÓN IN VITRO Y

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Fecundación in vitro (FIV)

La fecundación in vitro y transferencia embrionaria, en adelante denominada “fecundación in vitro”, es una técnica de reproducción asistida que involucra la reproducción extracorpórea, y que consiste en la extracción de óvulos de los ovarios de la mujer y la fertilización de estos óvulos fuera de su cuerpo para ser posteriormente reimplantados en él.

La práctica de la fecundación in vitro queda autorizada a partir de la vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 2.- Fecundación homóloga y fecundación heteróloga

La fecundación in vitro podrá aplicarse en forma homóloga o heteróloga. La primera es aquella que resulta de la unión de gametos procedentes de los cónyuges o convivientes que integran la pareja beneficiaria; la segunda se dará cuando uno de los gametos ha sido donado por un tercero. La fecundación in vitro heteróloga solo podrá realizarse cuando alguno de los cónyuges o convivientes no esté en capacidad biológica de aportar gametos propios. En el caso de la mujer sin pareja, la fecundación in vitro es equiparable a la heteróloga, para los efectos de esta Ley.

En todos los casos, por lo menos uno de los cónyuges o convivientes deberá aportar su materia genético. Igualmente deberá hacerlo la mujer sin pareja.

ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo de la práctica de la FIV

La fecundación in vitro se aplicará en mujeres mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y volitiva, que se encuentren en buen estado de salud física y psíquica, y que la hayan aceptado libre, consciente, voluntariamente y por escrito.

ARTÍCULO 4.- Sujetos y establecimientos autorizados para la práctica de la FIV

La fecundación in vitro solo podrá ser realizada por equipos profesionales interdisciplinarios debidamente capacitados, que cumplan los requisitos académicos exigidos por cada colegio profesional para laborar en esta área, a juicio de esos colegios profesionales, y en establecimientos de salud debidamente autorizados por el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 5.- Vigilancia del Ministerio de Salud

Todo establecimiento de salud dedicado a la fecundación in vitro estará sujeto a la inspección del Ministerio de Salud, con el propósito de verificar que cumpla los requerimientos médicos y técnicos, así como los principios deontológicos y legales que la rigen.

El incumplimiento de las anteriores disposiciones faculta al Ministerio de Salud para cancelar el permiso sanitario de funcionamiento y, por ende, la autorización otorgada al establecimiento en que se cometió la infracción, debiendo remitirse el asunto en forma inmediata al Ministerio Público y al colegio profesional respectivo, para establecer las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN DE LA PERSONA HUMANA

ARTÍCULO 6.- Derechos fundamentales de la persona humana

La persona humana gozará de todos los derechos fundamentales a partir de la fecundación, en particular a:

a) La vida.

b) La salud.

c) La integridad física.

d) La identidad genética, biológica y jurídica.

e) La gestación en el seno materno.

f) El nacimiento.

g) La familia.

h) La igualdad.

La enumeración precedente no excluye otros derechos y garantías que puedan beneficiar a la persona por nacer.

ARTÍCULO 7.- Prohibición de toda discriminación

La persona por nacer no será objeto de ninguna práctica discriminatoria en virtud de su patrimonio genético, sexo o raza o cualquier otro motivo, ni de técnica alguna para modificar sus características.

ARTÍCULO 8.- Protección de los embriones

Podrá practicarse la fecundación in vitro, a condición de que todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento sean transferidos a la misma mujer que los produjo. Consiguientemente, queda prohibida la reducción o destrucción de embriones, la experimentación, su preservación o almacenamiento mediante congelamiento o cualquiera otra técnica, su comercio, donación y cualquier otro trato lesivo que atente contra la vida y la dignidad humanas.

La transferencia de los óvulos fertilizados al cuerpo de la mujer deberá hacerse tan pronto como técnicamente sea posible.

ARTÍCULO 9.- Protección del embrión transferido

Cuando los embriones sean transferidos a la madre recibirán, lo mismo que ella, los cuidados necesarios para asegurar su salud y garantizar su nacimiento.

El embarazo no podrá interrumpirse, salvo que por razones terapéuticas demostradas resulte imprescindible para preservar la vida de la madre.

ARTÍCULO 10.- Interrupción del procedimiento

La mujer receptora de la técnica de fecundación in vitro podrá pedir que se interrumpa, siempre que no se haya producido la fecundación. Deberá hacerlo por escrito y ante uno de los profesionales encargados de aplicar el procedimiento de fecundación in vitro. En el mismo sentido y de la misma manera, podrá proceder la pareja en conjunto.

CAPÍTULO III

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 11.- Consentimiento informado

La fecundación in vitro solo podrá aplicarse previo consentimiento escrito, libre, expreso e informado, otorgado personalmente y por separado, de las personas que se someterán a ella.

ARTÍCULO 12.- Información debida a los participantes

A la mujer o a la pareja que solicita el tratamiento de fecundación in vitro se le deberá informar, de manera clara y detallada, sobre los siguientes aspectos:

a) El contenido y los alcances de esta Ley, especialmente de lo dispuesto en las normas en materia de protección al embrión, así como del o los reglamentos que la desarrollen.

b) Los posibles resultados del procedimiento que se piensa seguir y riesgos previsibles que podrían correr la madre o el hijo al aplicar la técnica o el tratamiento posterior, así como de la posibilidad, si la hubiere, de un embarazo múltiple y de sus consecuencias.

c) Los aspectos éticos, biológicos, jurídicos y económicos relacionados con la técnica que se piensa aplicar.

d) Otras alternativas posibles.

ARTÍCULO 13.- Documentación del acto de información

La información referida en el artículo anterior deberá ser suministrada y explicada a la mujer o a la pareja beneficiaria por los profesionales que estén directamente a cargo de su tratamiento. En un documento se hará constar que se dio y recibió esta información.

El hecho de emplear formularios que se hacen firmar sin que las personas involucradas reciban efectivamente la información requerida, acarreará al autor, al establecimiento de salud y a la persona encargada de este, las responsabilidades legales que en derecho correspondan, según el artículo 4 de la presente Ley.

ARTÍCULO 14.- Acreditación de patologías o disfunciones que impiden la procreación

La mujer sin pareja o la pareja beneficiaria deberán acreditar que la mujer o, en el caso de las parejas, al menos uno de los integrantes, padece de patologías o disfunciones médicamente comprobadas que impiden la procreación de un hijo en forma natural.

ARTÍCULO 15.- Necesidad de exámenes físicos y psíquicos

Previamente, como requisito para recibir el tratamiento de fecundación in vitro homóloga, la pareja beneficiaria deberá someterse a exámenes físicos y psíquicos completos realizados por profesionales especializados que no pertenezcan a la unidad asistencial que realizará el tratamiento de fecundación in vitro.

Cuando se trate de fecundación in vitro heteróloga, los estudios requeridos deberán ser efectuados a la mujer beneficiaria y al tercero donador de gametos.

Esos exámenes tendrán como fin garantizar la protección de los derechos de la persona por nacer contemplados en el artículo 6 de la presente Ley.

ARTÍCULO 16.- Posibilidad de enfermedad hereditaria o mal congénito

Cuando del examen requerido en el artículo anterior para la fecundación in vitro homóloga resulte la posibilidad de que uno o ambos miembros de la pareja beneficiaria transmitan enfermedades hereditarias o de que se produzcan males congénitos, los cónyuges o convivientes que solicitan el tratamiento deberán ser informados detalladamente acerca de la naturaleza de la enfermedad hereditaria o del mal congénito y de los riesgos razonablemente previsibles de continuar con la fecundación in vitro hasta el nacimiento.

Después de recibir esa información, la mujer sin pareja o la pareja beneficiaria decidirá si continúa o no con el tratamiento. Su decisión deberá quedar consignada por escrito en el expediente respectivo.

ARTÍCULO 17.- Expediente clínico

Independientemente de que se trate de la fecundación in vitro homóloga o heteróloga, de la mujer sin pareja o de la pareja beneficiaria se llevará un expediente con su historia clínica completa y exhaustiva, el cual contendrá.

a) La constancia médica de la patología o disfunción padecida por la mujer sin pareja o por uno o ambos miembros de la pareja, capaz de impedir la procreación natural o que la haga desaconsejable.

b) La indicación de la técnica escogida y las razones que la justifiquen.

c) Los resultados del examen y del estudio realizado según sea el caso, así como los del tercer donante en la fecundación in vitro heteróloga.

d) Los datos médicos y antecedentes personales de la mujer o de la pareja que se consideren necesarios, así como los del tercer donante en la fecundación in vitro heteróloga.

e) El documento donde consta la información, la solicitud y el consentimiento.

f) La información concerniente a la evolución del embarazo y a la salud de la madre gestante y del embrión o feto, hasta su nacimiento.

ARTÍCULO 18.- Confidencialidad del expediente clínico

El expediente citado en el artículo anterior tendrá carácter confidencial y solo podrá ser consultado por los especialistas responsables del tratamiento específico de fecundación in vitro, por la mujer o la pareja beneficiaria en la que se practicó, y por las autoridades del Ministerio de Salud encargadas de inspeccionar el centro o establecimiento de salud.

También podrá ser consultado en cualquier momento por el hijo nacido mediante la fecundación in vitro, cuando este haya alcanzado la mayoría de edad o, mientras sea menor, por quien ejerza la patria potestad.

CAPÍTULO IV

DELITOS Y SANCIONES

ARTÍCULO 19.- Destrucción de embriones humanos

Quien, en la aplicación de la técnica de la fecundación in vitro, destruyere o redujere o de cualquier modo diere muerte a uno o más embriones humanos, será sancionado con prisión de uno a seis años.

ARTÍCULO 20.- Destrucción culposa de embriones humanos

Quien produjere, en la aplicación de la técnica de la fecundación in vitro, el resultado previsto y sancionado en el artículo anterior por imprudencia, impericia o negligencia, será sancionado con cincuenta a cien días multa.

ARTÍCULO 21.- Manipulación prohibida de embriones humanos

Quien aplicare técnicas sobre un embrión humano para modificar sus características, lo dañare, lo sometiere a experimentación, lo preservare mediante congelamiento o cualquiera otra forma de almacenamiento, comercio, donación o transferencia a otra mujer distinta de la que produjo el óvulo, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

ARTÍCULO 22.- Fecundación artificial sin consentimiento

Quien fecundare artificialmente un óvulo sin que la mujer de quien proviene, ni el hombre cuyo esperma fue utilizado, hubieran dado su consentimiento por escrito, libre, expreso e informado, otorgado personalmente o por separado, será sancionado con prisión de diez meses a cuatro años.

ARTÍCULO 23.- Fecundación in vitro sin consentimiento

Quien practicare a una mujer la fecundación in vitro sin su consentimiento y, en el caso de las parejas, sin el consentimiento de ambos cónyuges o convivientes, dado de forma escrita, libre, expreso e informado, otorgado personalmente y por separado, será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

ARTÍCULO 24.- Delitos de acción pública

Los delitos previstos en los artículos anteriores son todos de acción pública.

ARTÍCULO 25.- Reglamentación

La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de tres meses a partir de su entrada en vigencia.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiún días del mes de octubre del dos mil diez.

Laura Chinchilla Miranda

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Marta Núñez Madriz

MINISTRA A.I. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

María Luisa Ávila Agüero

MINISTRA DE SALUD

22 de octubre de 2010.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—O. C. Nº 20339.—Solicitud Nº 43807.—C-469200.—(IN2010090515).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 36227-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre del 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero del 2006 y sus reformas; la Ley Nº 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas de 5 de mayo del 2000 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H de 29 de junio del 2005 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo No. 35111 -H de 4 de marzo del 2009 y sus reformas.

Considerando:

1º—Que mediante la Ley Nº 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, publicada en el Alcance Nº 34 a La Gaceta Nº 99 de 24 de mayo del 2000 y sus reformas, se creó el Servicio Nacional de Guardacostas como un cuerpo policial integrante de la Fuerza Pública, especializado en el resguardo de las aguas territoriales, la plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al Estado Costarricense, que depende directamente del Ministro de Seguridad Pública y tiene personalidad jurídica instrumental para administrar el Fondo Especial.

2º—Que mediante el oficio 0676-2010 DM del 23 de julio del 2010, el Ministro de Gobernación y Policía solicita un incremento en el gasto presupuestario máximo del Servicio Nacional de Guardacostas por ¢86.494.260,72 (ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta colones con setenta y dos céntimos), el cual será financiado con recursos de ingresos corrientes y de superávit libre, con el fin de cubrir gastos de adquisición de servicios, materiales y suministros y bienes de capital necesarios para cumplir con sus funciones de protección y conservación de los recursos marinos costeros y en labores de vigilancia y control de la Isla del Coco.

3º—Que con dichos recursos se pretende fortalecer el equipamiento de las embarcaciones SP-82-2 Santamaría, SP-82-3 Juan Rafael Mora y SP-82-4 Pancha Carrasco; mejorar el equipamiento de las Unidades Ambientales de Golfito, Puntarenas, Quepos, Limón y Guanacaste, en los ejes de control-vigilancia y educación en seguridad ambiental, a través del aumento en la cobertura y frecuencia de los patrullajes, para combatir el delito ambiental en la zona marítimo costera, relacionado con la pesca ilegal en todas sus

4º—Que del monto solicitado se debe rebajar la suma de (¢200.000,00 (doscientos mil colones exactos) por corresponder a recursos orientados a proyectos y programas en apoyo a la Ley Nº 7600 y ¢86.650,00 (ochenta y seis mil seiscientos cincuenta colones exactos) que serán transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, dado que ambos conceptos se encuentran contemplados en las exclusiones generales establecidas en el inciso a) del artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 35111-H, publicado en La Gaceta Nº 58 de 24 de marzo del 2009 y sus reformas.

5º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 de 6 de julio del 2005 y sus reformas, se emite el “Lincamiento para la aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”.

6º—Que el artículo 7º del Decreto citado en el considerando anterior, dispone que los recursos de financiamiento que provienen de vigencias anteriores -superávit libre- son parte del patrimonio de los órganos y las entidades y pueden utilizarlos en períodos subsiguientes para financiar gastos que se refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés de la colectividad, el servicio público y los fines institucionales siempre que - como en el presente caso - no tengan el carácter permanente o generen una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza.

7º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 35111-H, citado en el considerando 4, se emitieron las Directrices Generales de Política Presupuestaria para el año 2010, estableciéndose en el artículo 1º del citado decreto, el gasto presupuestario del año 2010 para las entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

8º—Que con el oficio STAP-0689-2009 de 28 abril del 2009, se le comunicó a la institución el gasto presupuestario máximo fijado para el año 2010, por la suma de ¢82.900.000,00 (ochenta y dos millones novecientos mil colones exactos), el cual no contempla los gastos indicados en este decreto.

9º—Que por lo anterior, resulta necesario modificar el gasto presupuestario máximo fijado para el Servicio Nacional de Guardacostas para el año 2010, incrementándolo en la suma de ¢86.207.610,72 (ochenta y seis millones doscientos siete mil seiscientos diez colones con setenta y dos céntimos). Por tanto:

Decretan:

Artículo 1º—Modifícase para el Servicio Nacional de Guardacostas, el gasto presupuestario máximo para el 2010, establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 35111-H publicado en La Gaceta Nº 58 de 24 de marzo de 2009 y sus reformas quedando el límite de gasto presupuestario máximo en la suma de ¢169.107.610,72 (ciento sesenta y nueve millones ciento siete mil seiscientos diez colones con setenta y dos céntimos) para ese período.

Artículo 2º—Es responsabilidad de la administración activa del Servicio Nacional de Guardacostas, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre del 2001 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo Nº 32452-H, publicado en La Gaceta Nº 130 de 6 de julio del 2005 y sus reformas.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, al primer día del mes de octubre del año del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda a. í., José Luis Araya Alpízar.—1 vez.—O. C. Nº 10226-Solicitud Nº 40505.—C-97750.—(D36227-IN2010091023).

Nº 36243-MEIC-MTSS-MIVAH

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,

Y LAS MINISTRAS DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO, DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Y DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 140, incisos 3), 8) y 18), 146 de la Constitución Política y en ejecución de lo dispuesto en los numerales 25, 26 y 27 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No 6227 del 2 de mayo de 1978 y en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley No 1860 de 21 de abril de 1955 y sus reformas, y,

Considerando

I.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 21455-MEIC-MTSS de 15 de julio de 1992 y sus reformas ha establecido el Comité Especial del “Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social, PRONAMYPE”, conformado por el Director (a) Ejecutivo (a) del Programa quien lo preside y quien actúa por delegación del Ministro (a), el Director de la “Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, DESAF” y un representante del Banco fiduciario.

II.—Los recursos que ejecuta anualmente el PRONAMYPE son aportados por la DESAF, por lo que se considera inconveniente que su Director siga ocupando un puesto en el citado Comité, pues sus funciones en ambas actividades, podrían impedir ejercer un control interno objetivo. En consecuencia, y por razones de oportunidad y eficiencia, es lo procedente modificar en lo conducente el citado Decreto. Por tanto,

Decretan:

REFORMA AL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO EJECUTIVO

21455 MEIC-MTSS DEL 15 DE JULIO DE 1992, MODIFICADO

POR EL DECRETO EJECUTIVO 35929-MEIC-MTSS-MIVAH

DEL 29 DE ENERO DE 2010

Artículo 1º—Refórmese el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 21455-MEIC-MTSS, de 15 de julio de 1992, modificado por el Decreto Ejecutivo 35929-MEIC-MTSS-MIVAH del 29 de enero de 2010, para que se lea de la siguiente manera:

“Los recursos financieros del programa serán administrados por medio de la figura del fideicomiso, regulado contractualmente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en condición de fideicomitente y un Banco que servirá de fiduciario. Se establece el Comité Especial del Fideicomiso, constituído por el Director (a) Ejecutivo (a) del PRONAMYPE, quien a su vez actúa como delegado (a) del Ministro (a) de Trabajo y Seguridad Social y quien lo presidirá, un representante del banco fiduciario y un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ligado al tema social y de nombramiento del Ministro (a)”.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República a los diecisiete días del mes de junio de dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk Feinzilber; la Ministra de Economía Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero y la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez.—1 vez.—O. C. Nº 9528.—Solicitud Nº 30999.—C-55250.—(D36243-IN2010091035).

N° 36244-MTSS

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 140, incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política y en el artículo 27 de Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978, y con base en el artículo 33 del Título Cuarto de la Constitución Política; en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley Nº 6968, del 2 de octubre de 1984; en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, ratificado por Ley Nº 2848, del 26 de octubre de 1961; en el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, ratificado por Ley N° 6571, del 23 de abril de 1981; en la Ley Nº 8107, del 18 de julio de 2001 (Incorporación de un nuevo Título Undécimo al Código de Trabajo); y, en los artículos 1 y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley Nº 1860, del 21 de abril de 1955.

Considerando:

I.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 29221-MTSS, del 20 de diciembre de 2000, se crea la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual se consolida institucionalmente mediante el Decreto Ejecutivo N° 30392-MTSS, del 30 de abril de 2002, dependiendo técnica y administrativamente del Despacho del Ministro y con el objetivo de transversalizar el enfoque de género en el accionar del Ministerio de Trabajo, mediante la promoción, orientación y monitoreo de los procesos de cambio institucional que requieren la prestación de servicios con equidad y las relaciones laborales internas en igualdad de oportunidades.

II.—Que la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PIEG), que es una política de Estado, comprende los compromisos del Estado costarricense en los próximos diez años, con el fin de avanzar en la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. Mediante el Decreto Ejecutivo N° 34729-PLAN-S-MEP-MTSS, del 3 de setiembre de 2008, se establece la coordinación y ejecución de la PIEG en las instituciones públicas.

III.—Que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es muy significativa y va en aumento, sin embargo esta participación no se da en condiciones de calidad, ya que son altos los niveles de subempleo, trabajo informal, desempleo, ausencia de opciones de cuido de hijos e hijas y de conciliación entre la vida familiar y laboral, entre otros aspectos. Por ello, la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género establece entre sus objetivos lograr el cuido de la niñez como responsabilidad social y el trabajo remunerado de calidad y la generación de ingresos.

IV.—Que es necesario que las propuestas de ley, las consultas legislativas formuladas por la Asamblea Legislativa ante proyectos cuya materia correspondan por competencia al Ministerio de Trabajo; las políticas, acuerdos y directrices que emanan tanto de comisiones tripartitas como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, desde la perspectiva del diálogo social y la concertación entre los sectores gubernamentales, de empleadores, de trabajadores y de la sociedad civil en general. Por tanto,

Decretan:

“CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA TRIPARTITA

PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

EN EL TRABAJO”

Artículo 1º—Créase la Comisión Técnica Tripartita para la Igualdad y la Equidad de Género en el trabajo, cómo órgano asesor del Despacho del Ministro o Ministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en materia de igualdad y equidad de género.

Artículo 2º—La Comisión Técnica Tripartita para la Igualdad y la Equidad de Género en el trabajo es un espacio de interacción, diálogo y concertación sobre la igualdad de género en el ámbito laboral. Su objetivo es fomentar, mediante el diálogo social, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas, resoluciones, recomendaciones y cualesquiera otras acciones que inciden en el ámbito laboral.

Artículo 3º—Las funciones de la Comisión son:

a) Asesorar a las instancias u órganos tripartitos adscritos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la transversalización de la equidad de género en sus acciones.

b) Apoyar la implementación de la Política de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de Trabajo y su respectivo plan de acción.

c) Estudiar y opinar acerca de los proyectos de ley que vayan a ser presentados por el Poder Ejecutivo, así como los proyectos de decretos de previo a ser emitidos, relacionados con aspectos laborales o cualquier otro a solicitud del Consejo Superior de Trabajo, con el fin de que se garantice en los mismos la equidad de género.

d) Emitir opinión acerca de proyectos de ley relacionados con el ámbito laboral, que se encuentren en corriente legislativa con el fin de garantizar la equidad de género en los mismos.

e) Conocer y opinar acerca de los asuntos relacionados con las actividades del país en relación con la Organización Internacional del Trabajo, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.

f) Impulsar y apoyar iniciativas que en materia de igualdad de género en el trabajo decidan adoptar los actores sociales integrantes de la Comisión.

Artículo 4º—La Comisión estará integrada por personas con experiencia en trabajo y género, nombradas por los o las jerarcas de las instituciones, con conocimientos sobre la materia y poder de decisión en sus instituciones. Representarán los siguientes sectores:

a) Dos personas representantes propietarias del Gobierno y dos suplentes, pertenecientes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

b) Una persona representante propietaria de los empleadores y dos suplentes.

c) Una persona representante propietaria de los sindicatos y dos suplentes.

Podrán participar otros actores sociales para la discusión de temas específicos, siempre y cuando tal participación sea aprobada por la Comisión. Asimismo, se podrá contar con la asistencia técnica de organismos especializados como la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 5º—Las sesiones se realizarán con la participación de al menos tres de los integrantes de la Comisión, quienes deben representar a cada uno de los sectores. Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple y cada sector representado contará con un solo voto.

Artículo 6º—Cada sector nombrará a su representante propietario y suplentes por un plazo de cuatro años, que podrá ser prorrogado.

Artículo 7º—La Comisión será presidida por el o la representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien tendrá las siguientes funciones:

a) Convocar a la Comisión a las reuniones ordinarias o extraordinarias, a solicitud suya o de cualquier otro integrante.

b) Elaborar las actas de las sesiones.

c) Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión.

d) Divulgar los acuerdos y recomendaciones de la Comisión.

e) Cualquier otra compatible con las anteriores.

Artículo 8º—La Comisión celebrará seis reuniones ordinarias al año. Las mismas serán convocadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por solicitud de cualquiera de las otras personas integrantes. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias, cuando sea necesario y por solicitud de cualquiera de los integrantes de la Comisión.

Artículo 9º—Será obligación de todas las instituciones brindar a la Comisión la información y colaboración que esta requiera para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo, la Comisión podrá solicitar el apoyo técnico y económico de cualquier institución relacionada con su objetivo y sus funciones, en la medida que el marco jurídico que las rija lo permita.

Artículo 10.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los diez días del mes de agosto de dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk Feinzilber.—1 vez.—O.C. Nº 9988.—Solicitud Nº 38694.—C-127500.—(D36244-IN2010091033).

Nº 36245-MAG

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En uso de las facultades que les otorgan los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, y la Ley 5338, Ley de Fundaciones del 28 de agosto de 1973 y la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley Nº 7064 del 29 de abril de 1987, y;

Considerando:

1º—Que la Ley de Fundaciones, Nº 5338 del 28 de agosto de 1973, les reconoce a las fundaciones, el carácter de entidades privadas de utilidad pública y declara que no persiguen fines de lucro.

2º—Que es deber del Estado fortalecer, estimular y apoyar toda iniciativa privada que tienda a la colaboración y solución de los problemas nacionales.

3º—Que la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITTACORI), fue creada como ente privado de utilidad pública sin fines de lucro amparada a Ley de Fundaciones Nº 5338 del 28 de agosto de 1973 para promover, apoyar y financiar los proyectos relacionados con la investigación, transferencia, capacitación y difusión de la tecnología agropecuaria generada en el país.

4º—Que el Sector Agropecuario es el pilar de la economía costarricense.

5º—Que el país debe desarrollar modelos de producción altamente rentables y competitivos para lograr incrementar las exportaciones y el autoabastecimiento en productos alimenticios y materias primas.

6º—Que el país requiere disponer de una mayor inversión en materia de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria que promueva una mayor competitividad de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, así como de todos los agricultores del país, por lo que es necesario integrar y articular esfuerzos en materia de Investigación Agropecuaria, para un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta el Sector Agropecuario Nacional.

7º—Que fomentar la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria contribuye al desarrollo económico del país. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Declárese de interés público el accionar de la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITTACORI), para que cumpla con sus objetivos de fomentar, promover, apoyar y financiar los proyectos relacionados con la investigación, transferencia, capacitación y difusión de la tecnología agropecuaria generada en el país.

Artículo 2º—En la medida en que sus posibilidades legales, materiales y presupuestarias se los permitan, las instituciones y entes públicos podrán apoyar las gestiones, programas, proyectos y actividades que la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica ( FITTACORI), realice en torno a fomentar, promover y apoyar los proyectos relacionados con la investigación, transferencia, capacitación y difusión de la tecnología agropecuaria generada en el país.

Artículo 3º—Se insta a todas las entidades del Sector Público a que en el marco de las potestades legales y reglamentarias, otorguen a la Fundación el apoyo que esta requiera para el logro de sus objetivos.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los nueve días del mes de agosto del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta.—1 vez.—(D36245-IN2010091462).

Nº 36249-MOPT

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; y con fundamento en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus reformas, los artículos 25.1 y 28.2.b de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas, la Ley de Planificación Nacional Nº 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus reformas, la Ley General de Aviación Civil Nº 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas, el Contrato de Gestión Interesada, refrendado mediante resolución Nº DI-AA-794 del día 4 diciembre del año 2000 de la Contraloría General de República y el Decreto Ejecutivo Nº 35754-MOPT del 4 de enero del 2010, publicado en La Gaceta Nº 36 del 22 de febrero del 2010.

Considerando:

I.—Que por medio del Decreto Ejecutivo Nº 35754-MOPT del 4 de enero del 2010, se promulgó el Régimen Tarifario para Servicios No Aeronáuticos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con vigencia a partir de la fecha de publicación del día 22 de febrero de 2010 conteniendo las tarifas de Servicios No Aeronáuticos con valores en dólares moneda de los Estados Unidos de América, de los años 2004 y 2009 correspondientes a las tarifas, tasas o derechos correspondientes a los centros de costos, Campo Aéreo, Terminales y Lado Terrestre.

II.—Que los artículos 10 párrafo IV y 166 de la Ley General de Aviación Civil otorgan al Consejo Técnico de Aviación Civil la potestad de conocer, resolver y fijar las tarifas relativas a toda clase de servicios y facilidades aeroportuarias propiedad del Estado y las actividades relacionadas con la aviación civil.

III.—Que en lo referente al tema de actualización de tarifas, el Contrato para la Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, establece en sus cláusulas 16.2 y 16.2.1 que:

“Cada año y como parte del Plan Anual del Gestor, este presentará para el análisis del Órgano Fiscalizador las Tarifas propuestas para los Servicios Aeronáuticos como para los Servicios No Aeronáuticos” debidamente justificadas y cumpliendo con los requisitos legales, de este Contrato y de la ARESEP para su análisis. (...) Una vez recibida del Órgano Fiscalizador, el CETAC tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para aprobar o rechazar dicha propuesta. (...) De conformidad con los términos del Cartel y el Contrato, el CETAC deberá aprobar la propuesta tarifaría presentada por el Gestor cuando se compruebe la aplicación correcta de la Metodología para la Fijación de Tarifas establecida en este Contrato, incluyendo la verificación de los cálculos del P (capex), el índice de inflación en dólares, el índice de inflación en colones, el factor X y cualquier otro elemento establecido en el Apéndice H. (...)

IV.—Que el Consejo Técnico de Aviación Civil por medio del acuerdo vertido en el artículo sexto de la sesión ordinaria No. 40-2010 celebrada el día 8 de setiembre del 2010, acordó actualizar las tarifas aprobadas mediante el Decreto Ejecutivo Nº 35754-MOPT del 4 de enero del 2010. Por tanto,

Decretan:

RÉGIMEN TARIFARIO PARA SERVICIOS NO

AERONÁUTICOS EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA

Artículo 1º—Se promulga el Régimen Tarifario para Servicios No Aeronáuticos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Valores en moneda de los Estados Unidos de América, que estarán vigentes a partir de la publicación de este Decreto, correspondientes a las tarifas, tasas o derechos correspondientes a los centros de costos Campo Aéreo, Terminales y Lado Terrestre.

Artículo 2º—Las tarifas, tasas o derechos se consignarán en dólares de los Estados Unidos de América, sin embargo, se podrán pagar en moneda costarricense, al tipo de cambio Oficial del Banco Central de Costa Rica vigente al día de su pago.

Artículo 3º—Las tarifas, tasas o derechos correspondientes a los Centros de Costos, Campo Aéreo, Terminales y Lado Terrestre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cuya fijación es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil, serán las siguientes.

Concepto

1. Campo Aéreo

1.1 Concesionarios uso (renta) instalaciones y áreas

Unidad Tarifa Tarifa Diferencia Diferencia

de cobro 2009 2010 $ %

a) Hangares y talleres US $/m2/mes 2.55 2.66 0.11 4.48%

b) Oficinas US $/m2/mes 3.22 3.36 0.14 4.48%

c) Rampa abierta US $/m2/mes 2.32 2.42 0.10 4.48%

d) Otros US $/m2/mes 2.55 2.66 0.11 4.48%

2. Terminales

2.1 Uso (renta) instalaciones y áreas - terminal de pasajeros

Unidad Tarifa Tarifa Diferencia Diferencia

de cobro 2009 2010 $ %

a) Mostradores de aerolíneas

y act. Conexas US $/m2/mes 18.64 19.48 0.84 4.48%

b) Circulación US $/m2/mes 6.21 6.49 0.28 4.48%

c) Salas VIP US $/m2/mes 30.37 37.85 7.48 24.64%

d) Área de equipaje US $/m2/mes 4.86 5.08 0.22 4.48%

e) Oficinas US $/m2/mes 17.52 18.31 0.79 4.48%

f) Soporte operacional y

eléctrico/ mecánico US $/m2/mes 6.21 6.49 0.28 4.48%

Rentas comerciales

g) Renta base concesiones

comerciales (más el %

de ingresos contratado) US $/m2/mes 30.37 37.85 7.48 24.64%

h) Servicios financieros y

similares US $/m2/mes 30.37 37.85 7.48 24.64%

2.2 Uso (renta) instalaciones y áreas - otras terminales

Unidad Tarifa Tarifa Diferencia Diferencia

de cobro 2009 2010 $ %

a) Circulación US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

b) Soporte operacional y

eléctrico mecánico US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

c) Oficina de aerolíneas US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

d) Área de operaciones de

aerolíneas US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

e) Salas de Espera US $/m2/mes 6.21 6.49 0.28 4.48%

f) Circulación rentas

comerciales US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

g) Renta Base Concesiones

Comerciales más el % de

ingresos contratado) US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

h) Servicios Financieros

y similares US $/m2/mes n/a n/a n/a n/a

2.3 Seguridad

a) Pasajeros vuelos US $/pasajero de

internacionales salida y entrada 1.31 1.37 0.06 4.48% Pasajeros vuelos US $/pasajero de

domésticos salida y entrada 0.66 0.69 0.03 4.48%

2.4 Cobro por Uso de Áreas Comunes (CUAC)

US $/ pasajero

de salida 4.23 5.16 0.93 22.03%

3. Lado Terrestre

3.1 Concesionarios uso (renta) instalaciones y áreas

Unidad Tarifa Tarifa Diferencia Diferencia

de cobro 2009 2010 $ %

a) Oficinas de aerolíneas

y act. conexas US $/me/mes 8.92 9.32 0.40 4.48%

b) Concesiones comerciales

(más el % de ingresos

contratado) US $/m2/mes 10.82 11.31 0.49 4.48%

c) Otros concesionarios

(más el % de ingresos

contratado) US $/m2/mes 10.82 11.31 0.49 4.48%

d) Terrenos arrendados US $/m2/mes 3.19 3.33 0.14 4.48%

e) Servicentro Coco US $/m2/mes 1.76 1.84 0.08 4.48%

4. COOPESA

US $/m2/mes 1.28 1.28 0.00 0.00%

Artículo 4º—Este Decreto deroga las tarifas establecidas mediante el artículo 3º del Decreto Ejecutivo Nº 35754-MOPT del 4 de enero del 2010.

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 8 días del mes de octubre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco J. Jiménez.—1 vez.—O. C. Nº 21314-Solicitud 29764.—C-149600.—(D36249-IN2010092841).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº 126-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 139 inciso 1) de la Constitución Política y 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227 de 2 mayo de 1978).

ACUERDA:

Artículo 1º—Conceder a la señora Sandra Piszk Feinzilber, cédula de identidad Nº 1-0357-0156, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, licencia sin goce de salario para atender asuntos personales del 29 de setiembre al 3 de octubre del 2010.

Artículo 2º—Durante la ausencia de la señora Piszk Feinzilber, se nombra Ministro a. í. de Trabajo y Seguridad Social al señor Juan Manuel Cordero González, cédula de identidad Nº 1-0682-0894, Viceministro de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 3º—Rige de las 6:30 horas del 29 de setiembre hasta las 19:00 horas del 3 de octubre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. Nº 9988-Solicitud Nº 38695.—C-17000.—(IN2010090170).

Nº 133-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

De conformidad con lo establecido en los artículos 26 incisos b) y h) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2010, Ley Nº 8790, y los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos.

Considerando:

1º—Que es de interés para el Gobierno de Costa Rica, el acercamiento con los países del continente asiático y la región del pacífico con el fin de beneficiarse de la experiencia que en materia de innovación han acumulado los países de Asia Pacífico.

2º—Que es de interés para el Gobierno de Costa Rica propiciar visitas y encuentros con sectores dinámicos de la economía y sociedad de países como Qatar, India y la República Popular China que resulten en una mayor cooperación y relación amistosa con Costa Rica. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor René Castro Salazar, cédula Nº 1-518-181. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para que viaje a Qatar, del 15 al 18 de octubre, a India del 19 al 24 de octubre, a República Popular China del 25 al 31 de octubre, a participar en reuniones y efectúe visitas y encuentros con autoridades gubernamentales y sectores innovadores de la dinámica de los países mencionados.

Artículo 2º—Los tiquetes aéreos, viáticos, transporte interno, impuestos aeroportuarios, llamadas internacionales, utilización del servicios de Internet y gastos de representación por un monto de $500.00, corren por cuenta del Ministerio de Relaciones y Culto, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Programa 079, Actividad Central, Subpartida 1.05.03 de tiquetes aéreos, y Subpartida 1.05-04 de viáticos. Se autoriza la suma de US$ 451.00 diarios para Qatar para un subtotal de US$ 1.804.00. Se autoriza la suma de US$ 244 diarios para India para un subtotal de US$ 1.464.00. Se autoriza la suma de US$ 290.00 diarios para República Popular China para un subtotal de US$ 2.030.00 para un gran total de US$ 5.298.00. Todo sujeto a liquidación.

Artículo 3º—Durante la ausencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, se nombra como Ministra a. í. a la señora Marta Núñez Madriz, Viceministra Administrativa de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 4º—Rige a partir de las 08:00 horas del 15 de octubre del 2010 y hasta las 20:40 horas del 31 de octubre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. Nº 10078.—Solicitud Nº 13655.—C-42500.—(IN2010091032).

Nº 134-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 139 de la Constitución Política inciso 1). Así como lo dispuesto en el artículo 47 inciso 3) de la Ley Nº 6227 o Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978, en la Ley Nº 8790 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2010, publicada en el Alcance Nº 52 a La Gaceta Nº 254 del 31 de diciembre del 2009, y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transportes para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, reformado mediante resolución Nº R-CO-71-2006, publicada en La Gaceta Nº 184 del 26 de setiembre del 2006.

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Fernando Herrero Acosta, Ministro de Hacienda, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos siete-mil cuatrocientos ochenta y dos, para que participe en el II Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, a celebrarse en Singapur, del 25 de setiembre del 2010 al 3 de octubre del 2010.

Artículo 2º—Todos los gastos por concepto de estadía, manutención y otros, e impuestos o cánones transporte de taxis, seguro de vida, que se deban pagar en las terminales de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la Subpartida 10504 por un monto aproximado de $5000, y los gastos por concepto de tiquete aéreo por un monto aproximado de $9024 será cubierto por la Subpartida 10503, Internet será cubierto con recursos de la Subpartida 10204 del Programa 132 Administración Superior, del Título 206 Ministerio de Hacienda, el seguro de viaje será cubierto por la Subpartida 10504 por un monto de $55.

Artículo 3º—En tanto dure la ausencia del señor Fernando Herrero Acosta, se nombra Ministro a. í. al señor José Luis Araya Alpízar, Viceministro de Egresos, cédula número dos-trescientos veintiocho-ochocientos cincuenta y cinco.

Artículo 4º—El presente acuerdo rige desde las 08:00 horas del 25 de setiembre del 2010 hasta las 21:00 horas del 3 de octubre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República, a los diecisiete días del mes de setiembre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. Nº 8463.—Solicitud Nº 10605.—C-38250.—(IN2010091028).

Nº 136-P.—San José, 12 de octubre del 2010

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

De conformidad con las disposiciones de los artículos 139 inciso 1) de la Constitución Política; 26 inciso e) y 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Anabel González Campabadal, Ministra de Comercio Exterior, portadora de la cédula de identidad Nº 1-615-367, para que viaje en Delegación Oficial a la República Popular China y la República de Corea, del 18 de octubre al 3 de noviembre del 2010. El objetivo es aprovechar la plataforma que brindan la Cumbre Empresarial China - América Latina 2011 y la celebración del Día Nacional de Costa Rica en la Expo-Shangai, para ampliar el conocimiento que se tiene sobre Costa Rica en círculos políticos y empresariales en China y posicionar al país como socio interesante en materia de comercio e inversión; así como de fortalecer las relaciones de comercio e inversión entre Costa Rica y Corea. La Ministra viaja desde Washington, Estados Unidos de América hacia China, el 18 de octubre del 2010. Retorna a Costa Rica a las 19:40 horas del 3 de noviembre del 2010, por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde el lugar de destino. A partir de las 14:05 horas del 14 de octubre y hasta el 17 de octubre del 2010, corresponde a viaje personal y todos los gastos serán asumidos en forma directa por la señora Ministra, sin cargo al erario público.

Artículo 2º—Los gastos de viaje de la señora Ministra por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje serán cubiertos con recursos de COMEX de las Subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792, el adelanto por ese concepto asciende a $3.970,32 (tres mil novecientos setenta con 32/100 dólares), sujeto a liquidación. El transporte aéreo de ida y de regreso será cubierto con recursos de la Subpartida 10503 del mismo programa. Se le autoriza para realizar escala en Miami, Chicago y Dallas, Estados Unidos de América y en Tokyo, Japón, por conexión, llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior; así como para que se le apliquen diferencia de hospedaje, en el evento de que proceda, pago de gastos de representación ocasionales en el exterior y reconocimiento de gastos conexos por compra de material bibliográfico, de conformidad con los artículos 41, 48 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos.

Artículo 3º—En tanto dure la ausencia de la señora Ministra de Comercio Exterior, se encarga la cartera Ministerial al señor Luis Liberman Ginsburg, Segundo Vicepresidente de la República, en los siguientes términos: a partir de las 14:05 horas del 14 de octubre y hasta las 13:30 horas del 16 de octubre del 2010, de las 06:15 horas del 18 de octubre hasta las 09:40 horas del 19 de octubre y de las 09:40 horas del 21 de octubre hasta las 19:40 horas del 30 de octubre del 2010. Se nombra como Ministro a. í. al señor Fernando Ocampo Sánchez, Viceministro de Comercio Exterior, a partir de las 13:30 horas del 16 de octubre y hasta las 06:15 horas del 18 de octubre, de las 09:40 horas del 19 de octubre hasta las 09:40 horas del 21 de octubre del 2010, y de las 19:40 horas del 30 de octubre hasta las 19:40 horas del 3 de noviembre del 2010.

Artículo 4º—Rige de las 14:05 horas del 14 de octubre hasta las 19:40 horas del 3 de noviembre del 2010.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de octubre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. Nº 117148.—Solicitud Nº 23362.—C-59500.—(IN2010091038).

MINISTERIO DE HACIENDA

Nº AH-084-2010

LA MINISTRA DE HACIENDA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 inciso 1), artículo 28 incisos 1) y 2), acápite a) de la Ley General de la Administración Pública o Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, así como lo dispuesto en la Ley Nº 8691 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2009, y los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República, reformado mediante la resolución Nº R-CO-71-2006, publicada en La Gaceta Nº 184 del 26 de setiembre del 2006.

Considerando:

1º—Que la participación en la L Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica y XX Reunión del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN).

2º—Que la participación del señor Fernando Rodríguez Garro, cédula Nº 4-165-895, Asesor del Despacho de la Ministra del Ministerio de Hacienda, es fundamental para que participe en la L Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica y XX Reunión del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), a celebrarse en Managua, Nicaragua del 28 de abril del 2010 al 30 de abril del 2010. Por tanto:

ACUERDAN:

Artículo 1º—Designar al señor Fernando Rodríguez Garro, cédula Nº 4-165-895, Asesor del Despacho de la Ministra del Ministerio de Hacienda, para que participe en la L Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica y XX Reunión del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), a celebrarse en Managua, Nicaragua del 28 de abril del 2010 al 30 de abril del 2010.

Artículo 2º—Todos los gastos por concepto de estadía, manutención y otros gastos, e impuestos o cánones transporte de taxis, seguro de vida, que se deban pagar en las terminales de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la Subpartida 10504 por un monto de aproximado de $450, y los gastos por concepto de tiquete aéreo por un monto aproximado de $600 serán cubiertos por la Subpartida 10503, Internet serán cubiertos con recursos de la Subpartida 10204 del Programa 132 Administración Superior, del Título 206 Ministerio de Hacienda.

Artículo 3º—El presente acuerdo rige del 28 de abril del 2010 a partir de las 06:00 a. m. horas hasta el 30 de abril del 2010, a las 09:00 p. m. horas.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil diez.

Jenny Phillips Aguilar, Ministra de Hacienda.—1 vez.—O. C. Nº 8463.—Solicitud Nº 10609.—C-45900.—(IN2010091029).

Nº AH-062-2010

LA MINISTRA DE HACIENDA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 inciso 1), artículo 28 incisos 1) y 2), acápite a) de la Ley General de la Administración Pública o Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, así como lo dispuesto en la Ley Nº 8691 o Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2009, y los artículos 7º, 31 y 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República, reformado mediante la resolución Nº R-CO-71-2006, publicada en La Gaceta Nº 184 del 26 de setiembre del 2006.

Considerando:

1º—Que la participación en el Congreso del Operador Económico Autorizado, Guatemala 20010 “Aduanas y Sector Privado Generando Oportunidades para Lograr Ventajas Competitivas en el Comercio Internacional”.

2º—Que la participación del señor Fernando Rodríguez Garro, cédula Nº 4-165-895, Asesor del Despacho de la Ministra del Ministerio de Hacienda, es fundamental para que participe en el Congreso del Operador Económico Autorizado, Guatemala 20010 “Aduanas y Sector Privado Generando Oportunidades para Lograr Ventajas Competitivas en el Comercio Internacional”, a celebrarse en Guatemala del 13 de abril del 2010 al 15 de abril del 2010. Por tanto:

ACUERDAN:

Artículo 1º—Designar al señor Fernando Rodríguez Garro, cédula Nº 4-165-895, Asesor del Despacho de la Ministra del Ministerio de Hacienda, para que participe en el Congreso del Operador Económico Autorizado, Guatemala 20010 “Aduanas y Sector Privado Generando Oportunidades para Lograr Ventajas Competitivas en el Comercio Internacional”, a celebrarse en Guatemala del 13 de abril del 2010 al 15 de abril del 2010.

Artículo 2º—Todos los gastos por concepto de estadía, manutención y otros gastos, e impuestos o cánones transporte de taxis, seguro de vida, que se deban pagar en las terminales de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la Subpartida 10504 por un monto de aproximado de $350, y los gastos por concepto de tiquete aéreo por un monto aproximado de $400 serán cubiertos por la Subpartida 10503, Internet serán cubiertos con recursos de la Subpartida 10204 del Programa 132 Administración Superior, del Título 206 Ministerio de Hacienda.

Artículo 3º—El presente acuerdo rige del 13 de abril del 2010 a partir de las 02:00 p. m. hasta el 15 de abril del 2010, a las 09:00 p. m.

Dado en la Presidencia de la República, a los nueve días del mes de abril del dos mil diez.

Jenny Phillips Aguilar, Ministra de Hacienda.—1 vez.—O. C. Nº 8463.—Solicitud Nº 40387.—C-45050.—(IN2010091030).

Nº AH-112-2010

EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, inciso 1), artículo 28, incisos 1) y 2), acápite a) de la Ley General de la Administración Pública o Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, así como lo dispuesto en la Ley Nº 8562 o Ley del Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico del 2007 la Ley Nº 6362 Ley Capacitación Personal Administración Pública del 3 de setiembre de 1979, Decreto Ejecutivo Nº 31212-H Reglamento para la Adjudicación de Becas o Facilidades a Servidores del Ministerio de Hacienda, reformado mediante Decreto Nº 33200-H del 31 de mayo del 2006 y los artículos 7º, 31 y 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República, reformado mediante la Resolución R-DC-92-2009, publicada en La Gaceta Nº 237 del 7 diciembre 2009.

Considerando:

1º—Que el “XXXVI Seminario Internacional de Presupuesto Público”, se efectuará en ciudad de Madrid, España del 5 al 9 de julio del 2010.

2º—Que el señor José Luis Araya Alpízar, cédula Nº 02-0328-0855, Viceministro del Área de Egresos del Ministerio de Hacienda, ha sido invitado como expositor por el Comité Organizador del XXXVII Seminario Internacional de Presupuestos Públicos, por lo que su participación es de interés para el Ministerio. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al funcionario José Luis Araya Alpízar, cedula de identidad número 02 0328 0855, para que viaje y participe en el “XXXVII Seminario Internacional de Presupuesto Público, que se llevará a cabo del 5 al 9 de julio del 2010 en la ciudad de Madrid, España.

Artículo 2º—Los gastos del funcionario Araya Alpízar, por concepto de hospedaje y alimentación de los días del 4 al 9 de julio serán cubiertos por el Comité Organizador del XXXVII Seminario Internacional de Presupuesto Público, los gastos por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en terminales de transporte, así como por hospedaje, transporte, alimentación, y otros gastos a saber $400,00 del día 3 de julio 2010, y el transporte interno en el país de destino y seguro de vida, serán cubiertos por el Programa 132-00 “Administración Superior”, de la subpartida 105-04 que corresponde a “Viáticos al Exterior”.

Artículo 3º—Que durante los días comprendidos del 2 de julio al 9 de julio del 2010 en que se autoriza la participación y viaje al funcionario Araya Alpízar, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—El presente Acuerdo rige a partir del 2 al 10 de julio del 2010.

Dado en el Ministerio de Hacienda, a los quince días del mes de junio del dos mil diez.

Fernando Herrero Acosta, Ministro de Hacienda.—1 vez.—O. C. Nº 8463.—Solicitud Nº 40398.—C-34020.—(IN2010090994).

Nº AH-209-2010

EL MINISTRO DE HACIENDA

Considerando:

1º—Que la participación en la Annual Meetings of the World Bank Group.

2º—Que la participación del señor Fernando Rodríguez Garro, cédula Nº 4-165-895, Asesor del Despacho del Ministro del Ministerio de Hacienda, es fundamental para que participe en la Annual Meetings of the World Bank Group, a celebrarse en Washington D.C. del 6 de octubre del 2010 al 9 de octubre del 2010. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Fernando Rodríguez Garro, cédula Nº 4-165-895, Asesor del Despacho de la Ministra del Ministerio de Hacienda, para que participe en la Annual Meetings of the World Bank Group, a celebrarse en Washington D.C. del 6 de octubre del 2010 al 9 de octubre del 2010.

Artículo 2º—Todos los gastos por concepto de estadía, manutención y otros gastos, e impuestos o cánones transporte de taxis, seguro de vida, que se deban pagar en las terminales de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10504 por un monto de aproximado de $400 y los gastos por concepto de tiquete aéreo por un monto aproximado de $600 serán cubiertos por la subpartida 10503, Internet serán cubiertos con recursos de la subpartida 10204 del programa 132 Administración Superior, del título 206 Ministerio de Hacienda.

Artículo 3º—El presente Acuerdo rige del 6 de octubre del 2010 a partir de las 12:50 horas hasta el 9 de octubre del 2010 a las 20:35 p. m. horas.

Dado en la Presidencia de la República, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil diez.

Fernando Herrero Acosta, Ministro de Hacienda.—1 vez.—O. C. Nº 8463.—Solicitud Nº 10607.—C-30620.—(IN2010090995).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

Nº 068-MEIC

LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, inciso 1); 27 y 28, inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978. Así como lo establecido en la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2010, Ley Nº 8790 del 8 de diciembre del 2009; la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública, Ley Nº 6362 del 03 de setiembre de 1979 y los artículos 7º, 31 y 34 del Reglamento de Viajes y Transportes para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, Resolución Nº R-DC-92-2009 del 19 de noviembre del año 2009.

Considerando:

I.—Que mediante el acuerdo 058-MEIC, del ocho de setiembre del año 2010, se autoriza al señor Luis Roberto Ramírez Vega, portador de la cédula de identidad número 1-1135-0979, funcionario del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; para que viaje en calidad de representante del país, a la ciudad de México, los días 29, 30 de septiembre y 1º de octubre de 2010, y participe en “XV Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento a la Micro y PYME”.

II.—Que en el artículo segundo se omitió consignar el financiamiento de otros gastos necesarios para la realización del viaje del señor Ramírez Vega, por parte de este Ministerio. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Modificar el artículo segundo del acuerdo Nº 058-MEIC del ocho de setiembre del año 2010, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, hospedaje, alimentación, así como los gastos conexos y otros gastos serán financiados por el programa 21900 “Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa” del Ministerio de Economía, por la Subpartida 10503 “Transporte en el exterior” y Subpartida 10504 “Viáticos en el exterior”, correspondiéndole al funcionario por concepto de viáticos la suma de mil ciento cuatro dólares con sesenta centavos de dólar ($1.104,60).

Artículo 2º—Rige a partir del día 28 de setiembre del 2010 y hasta su regreso el día 2 de octubre del 2010.

Dado en el Ministerio de Economía Industria y Comercio, a los veintisiete días del mes de setiembre del año 2010.

Publíquese.—Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio.—1 vez.—O. C. Nº 10080.—Solicitud Nº 35260.—C-30620.—(IN2010090523).

Nº 077-MEIC

LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, inciso 1), 27 y 28, inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública, Ley Nº 6362 del 3 de setiembre de 1979.

Considerando:

I.—Que es de interés para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, participar en el curso sobre “Políticas de Desarrollo de las Mipymes Para América Central y del Sur Año Fiscal Japonés 2010”, cuyo objetivo es que los participantes transfieran los conocimientos necesarios a los japoneses, acerca del estado actual de desarrollo de Mipymes de cada país o región, temas por superar, detalles del cargo y responsabilidad laboral del participante.

II.—Que dicha actividad se llevará a cabo del día 1º de noviembre al día 11 de diciembre de 2010, en el Centro Internacional de JICA Chugoku (JICA Chugoku CIC); ciudad de Higashi - Hiroshima, Japón.

III.—Que la participación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reviste especial interés en este evento ya que podrá compartir y presentar junto con otros profesionales, problemas existentes y experiencias de otros países que colaboraran mutuamente para enfrentar los problemas. Por tanto:

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Gustavo Adolfo Jiménez Hernández, portador de la cédula de identidad número 1-694-361, funcionario del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; para que viaje en calidad de representante del país a la ciudad de Higashi - Hiroshima, Japón, y participe en el curso “Políticas de Desarrollo de las Mipymes Para América Central y del Sur Año Fiscal Japonés 2010”, que se llevará a cabo del día 1º de noviembre al día 11 de diciembre de 2010.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, hospedaje, alimentación, así como los gastos conexos y otros gastos serán financiados por El Gobierno de Japón, Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Artículo 3º—El funcionario devengará el 100% de su salario durante su ausencia.

Artículo 4º—Rige a partir del 29 de octubre del 2010 y hasta su regreso el día 14 de diciembre 2010.

Dado en el Ministerio de Economía Industria y Comercio, al ser el día veintiuno del mes de octubre del año 2010.

Publíquese.—Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio.—1 vez.—O. C. Nº 10080.—Solicitud Nº 35260.—C-34020.—(IN2010090524).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

N° 084-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 29744-J del cuatro de setiembre de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Rafael Alberto Villegas Mayorga, cédula de identidad N° 5-0311-0213, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación para el Desarrollo y la Conservación de Tenorio-Miravalles, cédula jurídica N° 3-006-393150, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día veintinueve de julio de dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. 49010.—Solicitud Nº 36900.—C-28070.—(IN2010090613).

Nº 096-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Rafael Antonio Díaz Porras, cédula de identidad N° 1-0420-0051, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional, cédula jurídica N° 3-006-324743, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día diecisiete de agosto del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. 49-010.—Solicitud Nº 36908.—C-28070.—(IN2010090615).

N° 117-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

ACUERDAN:

Artículo 1º—Acoger la renuncia del señor Mario Carballo Víquez, cédula 1-0511-0121, como representante del Poder Ejecutivo ante la Fundación Rostro Humano, cédula jurídica N° 3-006-547430 y se deja sin efecto el Acuerdo N° 43 del dos de junio de dos mil diez.

Artículo 2º—Nombrar a la señora Yendry Pérez Quesada, cédula de identidad N° 1-0908-0306, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Rostro Humano, cédula jurídica N° 3-006-547430, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 3º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día diecisiete de setiembre del dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. 49-010.—Solicitud Nº 36937.—C-28070.—(IN2010090614).

Nº 121-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley Nº 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 29744-J del cuatro de setiembre de dos mil uno.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Jorge Arturo Dobles Ulloa, cédula de identidad Nº 1-0681-0389, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Gustavo Adolfo González Mora Elena Loría Zúñiga-Mi Hobby Es Vivir, cédula jurídica Nº 3-006-608986, de la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este Acuerdo, la fundación deberá protocolizarlo y presentarlo ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día diecisiete de setiembre de dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.,.—1 vez.—O. C. Nº 49-010.—Solicitud Nº 36939.—C-21270.—(IN2010090648).

Nº 122-MJP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Santos José Gerardo Leal Orias, cédula de identidad Nº 5-157-280, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación para la Enseñanza, Promoción, Desarrollo y Aplicación de Contabilidad en Costa Rica y Áreas Afines, cédula jurídica Nº 3-006-612147, de la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este Acuerdo, la fundación deberá protocolizarlo y presentarlo ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día diecisiete de setiembre de dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Justicia y Paz, Hernando París R.—1 vez.—O. C. Nº 49-010.—Solicitud Nº 36938.—C-21270.—(IN2010090649).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Nº 511-2010

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre del 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo Nº 34739-COMEX- H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que el señor Jack Frederick Loeb Casanova, mayor, casado dos veces, economista, portador de la cédula de residencia Nº 184000595028, vecino de Escazú, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Guanazul JRV S. A., cédula jurídica Nº 3-101-600942, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con a Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que de acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este será un parque industrial que instalará exclusivamente empresas procesadoras de exportación y/o empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la Ley Nº 7210 y sus reformas. Se considera como infraestructura mínima para que un parque industrial de estas características pueda ser autorizado como Zona Franca, aquella que tenga capacidad para que se puedan instalar al menos doce empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, ya sea exclusivamente empresas procesadoras para la exportación o junto con empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la Ley Nº 7210 Y sus reformas. Lo anterior debidamente comprobado a satisfacción de PROCOMER.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa Guanazul JRV S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Operaciones de PROCOMER Nº 18-2010 de fecha 01 de setiembre de 2010, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que se ha verificado que la empresa cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en los artículos 24, 25, y 27 del Reglamento a la Ley N° 7210, en lo que resulta aplicable,

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto:

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Guanazul JRV S. A., cédula jurídica Nº 3-101-600942 (en adelante denominada la administradora), para que administre la Zona Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, calificándola para tales efectos como Empresa Administradora de Parque, de conformidad con el inciso ch) del artículo 17 de la Ley Nº 7210 y sus reformas. De acuerdo con la solicitud de la empresa y lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este parque industrial instalará exclusivamente empresas procesadoras de exportación y/o empresas de otras categorías previstas en el artículo 17 de la Ley Nº 7210 y sus reformas. El parque deberá tener capacidad para que se puedan instalar en él, al menos doce empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas.

2º—Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento, sea las fincas que se detallan a continuación:

a) Inmueble inscrito en el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real matrícula Nº 29757-000, con un área total de 21.893,47 metros cuadrados, sita en el distrito primero limón, del cantón primero Limón, de la provincia de Limón.

b) Inmueble inscrito en el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real matrícula Nº 29758-000, con un área total de 5.408,63 metros cuadrados, sita en el distrito primero limón, del cantón primero Limón, de la provincia de Limón.

c) Inmueble inscrito en el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real matrícula Nº 29759-000, con un área total de 21.306,86 metros cuadrados, sita en el distrito primero limón, del cantón primero Limón, de la provincia de Limón.

d) Inmueble inscrito en el Registro Nacional, Sección Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real matrícula Nº 30820-000, con un área total de 52.854,83 metros cuadrados, sita en el distrito primero limón, del cantón primero Limón, de la provincia de Limón.

3º—La empresa se dedicará a la administración y desarrollo de la Zona Franca que se ubicará en el inmueble descrito en el artículo segundo del presente acuerdo, de conformidad con los procedimientos que señala la Ley Nº 7210 y su Reglamento.

4º—La administradora gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley Nº 7210 Y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen, y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley Nº 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley Nº 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la empresa administradora gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o con ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. No obstante, de llegar a instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo el caso de excepción contenido en el artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del artículo 20 y, en cuanto a las demás exoneraciones dispuestas por el referido numeral 20, éstas se reducirán en la proporción correspondiente cual si se tratara de ventas al territorio aduanero nacional, en los términos del artículo 22 del mismo cuerpo normativo.

6º—La administradora se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 01 trabajador, a más tardar el 18 de octubre de 2010. Asimismo, se obliga a realizar una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos $100.000,00 (cien mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), y a realizar y mantener una inversión mínima total de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), ambas a más tardar el 10 de julio de 2013. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 91,89%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión nueva inicial en activos fijos y la mínima total de la administradora, de conformidad con los parámetros establecidos en el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la empresa administradora, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zona Franca. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 18 de octubre de 2010. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie las operaciones productivas en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

8º—La administradora se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La empresa administradora se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la empresa administradora estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para efectos de la supervisión y control del uso del Régimen de Zona Franca y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la empresa administradora de las condiciones de este acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, en especial las relativas a las normas de seguridad y de control que debe implementar, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la administradora o sus personeros.

11.—Por tratarse de una empresa administradora de parque, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que PROCOMER o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control y vigilancia sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

En caso de que se descubran anomalías en el ingreso o salida de bienes de la Zona Franca a su cargo, la empresa administradora será solidariamente responsable ante la Dirección General de Aduanas, PROCOMER y el Ministerio de Comercio Exterior, salvando dicha responsabilidad si al percatarse de cualquier anomalía la denunciare de inmediato a la Dirección General de Aduanas y a PROCOMER y se comprobare que no incurrió en dolo o culpa.

12.—De previo a iniciar sus operaciones, la empresa administradora deberá contar con un reglamento general sobre el funcionamiento del parque industrial, en los términos que establece el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

13.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa administradora deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones, cumplido lo cual, entrarán en vigor los beneficios del Régimen. De no presentarse sin una justificación razonable la empresa a la firma del Contrato de Operaciones indicada y notificada por PROCOMER, se procederá a la confección de un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen. El ejercicio de las actividades al amparo del Régimen y el disfrute efectivo de los beneficios no podrá iniciarse mientras la empresa no haya suscrito dicho Contrato de Operaciones.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

14.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen que emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para la administradora y las personas que direc1ta o indirectamente tengan relación con ella o PROCOMER.

15.—El uso indebido de los bienes Io servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley Nº 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

16.—La empresa administradora se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley de Régimen de Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

17.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos del Régimen de Zona Franca, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo, la empresa deberá registrarse como patrono en el sistema que la Caja Costarricense de Seguro Social disponga para ello, a partir de la fecha en que se le notifique el ingreso al Régimen de Zonas Francas.

18.—Con arreglo a las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 17 inciso ch) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, 25 y 27 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, la eficacia del presente Acuerdo Ejecutivo, queda supeditada a que en el ejercicio de sus competencias, la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda determine que el área declarada como Zona Franca ofrezca tales condiciones que permitan sujetarla a los mecanismos necesarios para controlar el ingreso y salida de bienes y personas, de conformidad con la Ley General de Aduanas, su Reglamento y las políticas de operación emitidas al efecto por dicha Dirección.

19.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil diez.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2010090985).

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

Nº 042-10 PLAN.—San José, 11 de octubre de 2010

LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227 del 2 de mayo de 1978), el artículo 12 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (Nº 7202 del 24 de octubre de 1990) y el Acuerdo Nº 6.1 de la sesión Nº 26-2010 del 6 de octubre de 2010 de la Junta Administrativa del Archivo Nacional.

ACUERDA:

Artículo 1º—Nombrar al señor Francisco Javier Delgado Jiménez, mayor, soltero, economista, cédula de identidad número 1-1379-162, vecino de Llorente de Tibás, San José, funcionario del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), como representante de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica ante la Junta Administrativa del Archivo Nacional, en sustitución del señor Luis Diego Oreamuno Gamboa.

Artículo 2º—Rige a partir del 5 de octubre de 2010 hasta el 7 de mayo de 2014.

Laura Alfaro Maykall, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.—1 vez.—O. C. Nº 9786.—Solicitud Nº 10140.—C-22100.—(IN2010090991).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

R-M-517-2010-MINAET.—Expediente Administrativo número 6-2008 a nombre de Julio Torres Mora.—San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de agosto del dos mil diez. Se conoce de la recomendación de otorgamiento de concesión de extracción de materiales en cauce de dominio público sobre el Río Tenorio, a favor del señor Julio Torres Mora.

Resultando:

1º—Que el día veinte de junio del dos mil diez, el señor Julio Torres Mora, mayor de edad, soltero, geólogo, vecino de Desamparados Centro, de la estación de servicio Morales 150 metros al sur, portador de la cédula de identidad número uno - cero quinientos treinta y nueve - cero ochocientos veintitrés, presentó una solicitud de concesión minera para la extracción de materiales en el cauce de dominio público sobre el Río Tenorio, al cual se le asigno como número de solicitud inicial 48T-2006, siendo ahora el expediente consignado con el número 6-2008, con las siguientes características. (Visible a folios 01 al 44 del expediente administrativo 48T-2006 y folios 01 a 63 del expediente administrativo 6-2008).

Localización Geográfica:

Sito en: Hacienda Mojica, distrito: 01 Cañas, cantón: 06 Cañas, provincia: 05 Guanacaste.

Hoja Cartográfica:

Hoja Cañas, escala 1:50.000 del I.G.N.

Localización Cartográfica:

Entre coordenadas generales: 268430.10 - 268405.27 Norte, 409641.04 - 409666.88 Este, límite aguas arriba y 266705.38 - 266710.99 Norte y 409248.91 - 409247.16 Este límite aguas abajo.

Área Solicitada:

8 ha 2098.01 m², longitud promedio total 1998.53 metros, según consta en plano aportado al folio 37.

Derrotero: Coordenadas del vértice Nº 1 275103.4930 Norte, 342997.6763 Este.

LÍNEA	ACIMUT	DISTANCIA (Mts)
1 - 2	133º52’	35.84
2 - 3	187º11’	19.43
3 - 4	158º51’	45.29
4 - 5	190º37’	44.37
5 - 6	186º09’	35.06
6 - 7	239º38’	27.39
7 - 8	196º43’	76.98
8 - 9	216º42’	20.51
9-10	203º29’	69.71
10-11	234º14’	44.23
11-12	204º09’	56.53
12-13	181º29’	44.61
13-14	236º04’	26.68
14-15	220º45’	64.11
15-16	190º49’	47.95
16-17	172º41’	32.05
17-18	193º47’	54.71
18-19	178º26’	38.31
19-20	200º26’	61.35
20-21	172º54’	104.53
21-22	206º38’	9.85
22-23	160º25’	75.12
23-24	138º55’	32.51
24-25	163º22’	30.28
25-26	118º38’	38.00
26-27	180º44’	30.33
27-28	227º20’	110.62
28-29	213º52’	59.74
29-30	234º54’	82.53
30-31	206º14’	24.86
31-32	178º46’	35.77
32-33	211º50’	36.54
33-34	191º54’	40.17
34-35	175º41’	96.87
35-36	160º20’	26.25
36-37	118º20’	46.35
37-38	160º20’	41.49
38-39	191º17’	47.15
39-40	261º13’	22.07
40-41	207º15’	49.43
41-42	185º48’	35.55
42-43	210º16’	55.64
43-44	164º02’	15.86
44-45	187º28’	18.39
45-46	278º27’	38.17
46-47	9º55’	31.76
47-48	32º30’	50.04
48-49	341º08’	17.41
49-50	22º45’	71.53
50-51	49º08’	18.62
51-52	343º52’	50.06
52-53	319º23’	22.65
53-54	354º12’	72.61
54-55	332º41’	17.57
55-56	4º23’	122.77
56-57	50º58’	19.19
57-58	7º58’	61.33
58-59	335º34’	15.21
59-60	6º24’	55.54
60-61	47º01’	20.23
61-62	349º22’	15.85
62-63	57º24’	30.47
63-64	86º46’	20.63
64-65	60º38’	26.29
65-66	105º56’	14.24
66-67	60º03’	54.48
67-68	15º49’	34.22
68-69	353º00’	40.81
69-70	330º38’	43.46
70-71	352º26’	23.49
71-72	319º17’	24.38
72-73	350º48’	117.02
73-74	3º17’	81.74
74-75	10º44’	97.52
75-76	351º43’	27.21
76-77	26º21’	15.06
77-78	339º10’	39.65
78-79	355º41’	46.28
79-80	13º06’	10.48
80-81	336º58’	17.64
81-82	10º54’	27.45
82-83	37º45’	28.77
83-84	43º30’	20.70
84-85	80º31’	13.94
85-86	37º54’	26.97
86-87	41º01’	27.93
87-88	80º03’	52.19
88-89	33º00’	114.54
89-90	24º08’	42.68
90-91	339º56’	12.23
91-92	44º39’	16.03
92-93	10º58’	37.12
93-94	16º30	20.80
94-95	356º14’	32.79
95-06	332º32’	40.81
96-97	11º28’	46.36
97-1	63º26’	22.16

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el veinte de junio del dos mil ocho, área y derrotero aportados el cuatro de agosto del dos mil nueve.

2º—Que de conformidad con el oficio DGM-CMRPC-7-2010 de fecha veintisiete de enero del dos mil diez, de la Geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes, el plazo recomendado es de 10 años, con un volumen de 6000 m³/ mensuales, para una extracción de 72000m³/anuales. (Visible a folios 42 a 43 del expediente administrativo 6-2008).

3º—Que el material a explotar será piedra, grava y arena.

4º—Mediante resolución número 2304-2008-SETENA de las nueve horas cinco minutos del once de agosto del dos mil ocho, se aprobó el estudio de impacto ambiental (Visible a folios 28 a 31 del expediente administrativo 6-2008).

5º—Que de conformidad con el oficio DGM-CMRPC-7-2010 de fecha veintisiete de enero del dos mil diez, la geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes, emite las siguientes recomendaciones:

“…

El concesionario, queda obligado a cumplir con las siguientes recomendaciones durante la ejecución de las labores de explotación:

1. La extracción deberá realizarse en forma laminar, a lo largo de toda el área de la concesión sin concentrar ésta en un solo sitio.

2. Evitar derrames de aceite en el cauce y sus alrededores.

3. La profundidad de extracción recomendada es de 1,5m.

4. El acceso al área del proyecto es por camino privado.

5. Para evitar la erosión de los márgenes deberán respetar una zona de protección a estos de unos 3 metros.

6. Deberán proteger aquellos sitios de las márgenes susceptibles a la erosión conformando diques de protección de ser necesario.

7. No deberán apilarse materiales en el cauce del río, tampoco podrán desviar el cauce del mismo.

8. Mantener en la obra la bitácora geológica.

9. Mantener en la obra un plano de bloques de avance a escala 1:1000.

10. El concesionario queda autorizado para utilizar el equipo reportado en el proyecto de explotación en este caso:

a) 1 cargador

b) 1 retroexcavadora

c) 1 vagoneta

d) Quebrador y sus componentes

11. La metodología de trabajo no podrá variar ó cambiar salvo previa autorización de la DGM y de la SETENA.

12. El concesionario queda obligado a cumplir con el artículo 33 de la Ley Forestal.

13. El concesionario deberá presentar un informe anual de labores, mínimo con la siguiente información:

a. Levantamiento topográfico a escala 1:2000

b. Re-evaluación de las reservas estáticas con base en el levantamiento topográfico.

c. Plano planta perfil del avance del frente de explotación a escala 1:500 (con los bloques de extracción).

d. Estudio hidrogeológico, análisis de caudales y estimación de las reservas dinámicas.

e. Mano de obra utilizada,

f. Reporte de ventas.

g. Volumen del material removido y remanente con base en el cálculo de reservas.

h. Equipo utilizado.

i. Medidas implementadas para controlar la generación de sólidos en suspensión.

Además deberá cumplir con todos los requerimientos contemplados en el Reglamento al Código de Minería según el Decreto Ejecutivo Nº 29300 - MINAE, (artículos 69 y 75, del Reglamento)”

6º—Remisión al Departamento de Aguas. Mediante oficio IMN-DA-094-2010 del 07 de abril del 2010, del Departamento de Aguas manifestó a favor de que se otorgue la concesión de explotación de materiales en el cauce del Río Tenorio con las siguientes condiciones, que se citan de forma textualmente:

1. “El área a explotar será de 7 ha.1.750,54 m2 en el cauce del Río Tenorio, en Hacienda Mojica, Cañas, Guanacaste.

2. El material a extraer será piedra, grava y arena, quedando claro que queda totalmente prohibido extraer material del piso firme del cauce del río por lo que será sólo permitida la extracción del material arrastrado.

3. Queda totalmente prohibida la extracción de materiales de las márgenes del río.

4. La extracción de materiales será mecanizada en forma laminar por lo que no se deben utilizar ningún tipo de equipo que no garantice este tipo de extracción.

5. Podrá ser realizada en toda época del año en que no sea impedida por las crecidas normales del río.

6. Queda totalmente prohibida la acumulación de materiales en el cauce del río para evitar que se puedan presentar represamientos.

7. Se deberá dejar en el caso de estructuras existentes (puentes y otras) 200 metros de distancia necesaria para evitar posibles daños.

Es importante indicar que la solicitud de concesión cuenta con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según resolución Nº 2304-2008-SETENA del 11 de agosto del 2008 y que de acuerdo a nuestros registros, no existen concesiones de agua dentro de la zona de extracción ni aguas abajo del río Tenorio, que eventualmente podrían verse afectadas por la actividad de extracción de materiales de dicho río”.

7º—Que una vez publicados los edictos no se presentaron oposiciones.

8º—Que mediante oficio número DGM-RNM-644-2010 del doce de julio del dos mil diez, la Dirección de Geología y Minas, recomienda al Poder Ejecutivo, el otorgamiento de la concesión de extracción de materiales del Río Tenorio, al señor Julio Torres Mora, mayor de edad, soltero, geólogo, vecino de Desamparados Centro, portador de la cédula de identidad número uno - cero quinientos treinta y nueve - cero ochocientos veintitrés, por un plazo de 10 años de conformidad con el oficio DGM-CMRPC-7/2010 del veintisiete de enero del dos mil diez, suscrito por la Geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes. Con un volumen de 6000 m³/mensuales el cual no podrá superar los 72000 m³/anuales.

Considerando:

1º—Con fundamento en el artículo primero del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales, existiendo la potestad de otorgar, a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, concesiones o permisos para el reconocimiento, exploración, y beneficio de los recursos mineros, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes, procurando con ello, y por medio de sus políticas, la protección, conservación y manejo de los recursos naturales; garantizando la protección efectiva de la biodiversidad del país al promover el conocimiento y uso sostenible, para el disfrute intelectual, espiritual y el desarrollo económico de las generaciones presente y futuras.

2º—Conforme se indica en el instrumento técnico emitido por la Dirección de Geología y Minas, específicamente en el memorándum DGM/CMRPC-7/2010 de fecha del veintisiete de enero del dos mil diez, (visible a folio 42 a 43 del expediente administrativo 6-2008), suscrito por la Geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes, el cual constituye el elemento de fundamentación técnica necesario para la debida motivación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión solicitada, de conformidad con el numeral 136 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, se determina que el solicitante ha cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento de la concesión de extracción de materiales en cauce de dominio público, tramitado en el expediente número 6-2008; por lo cual lo procedente es acoger la recomendación de la Dirección de Geología y Minas, emitida mediante Memorando DGM/RNM-644-2010, del doce de julio del dos mil diez, para el otorgamiento de la concesión de extracción de materiales en cauce de dominio público a favor del señor Julio Torres Mora, mayor de edad, soltero, geólogo, vecino de Desamparados Centro, de la estación de servicio Morales 150 metros al sur, portador de la cédula de identidad número uno - cero quinientos treinta y nueve - cero ochocientos veintitrés.

3º—De las obligaciones del concesionario. El concesionario del expediente Nº 6-2008, deberá cumplir durante la ejecución de las labores de extracción con cada una de las recomendaciones técnicas señaladas por la Geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes, a través de memorándum DGM/CMRPC-7-2010 (visible a folios 42 a 43 del expediente administrativo 06-2008) y trascrito en el resultando quinto de la resolución, mismo que se acoge en su totalidad de conformidad con el numeral 136 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública. En el mismo sentido, deberá cumplir las demás directrices que le gire la Dirección de Geología y Minas, como órgano encargado de vigilar la actividad minera del país y con las siguientes obligaciones que le imponen el Código de Minería y su reglamento:

1. Solicitar la inscripción de la resolución de otorgamiento de la concesión.

2. Presentar un informe de labores anual.

3. Pago de canon anual de superficie.

4. El amojonamiento del área concesionada.

5. Contar con un Reglamento de Seguridad e Higiene aprobado por el Ministerio del Trabajo.

6. Cumplir con el proyecto técnico aprobado.

7. Cumplir con las normas ambientales y demás directrices que le gire la SETENA y la DGM.

8. Mantener al día la Bitácora del Colegio de Geólogos de Costa Rica.

9. Mantener vigente el contrato con el geólogo o ingeniero en minas regente.

10. Mantener al día los siguientes documentos:

• Un plano, a escala conveniente de los trabajos, que permita determinar cualitativa y cuantitativamente la evolución de la explotación, y en el caso de cauces de dominio público, los cambios en la dinámica del río.

• Un diario de respaldo al plano de los trabajos donde se consignen los hechos relevantes ocurridos en los frentes de explotación y en los cauces de dominio público, los cambios en la dinámica del río.

• Un registro del personal empleado.

• Un registro de producción, venta, almacenamiento y exportación de los materiales. Estos documentos quedarán a disposición de la DGM y del Registro Nacional Minero, quien podrá consultarlos en todo momento.

11. Informar semestralmente al RNM sobre cambios en la propiedad de las acciones en caso de personas jurídicas.

12. Solicitar la autorización y registrar ante el RNM los contratos de beneficiamiento de materiales cuando esta actividad sea realizada por un tercero.

13. Explotar racional y efectivamente la concesión de acuerdo al Plan de Explotación aprobado.

14. Mantener en el sitio de la explotación copia certificada de la resolución de otorgamiento de la concesión.

15. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento al Código de Minería y en la resolución de otorgamiento de la concesión.

16. Deberá iniciar los trabajos formales de extracción, dentro del plazo que se determine en la resolución de otorgamiento del título. Asimismo deberá mantener las operaciones en forma regular y no podrá interrumpir la extracción por períodos mayores de seis meses, siempre que las condiciones físicas del cauce lo permitan.

17. Pago de los impuestos Municipales y Nacionales que le correspondan.

18. Dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha en que se notifica al interesado la resolución de otorgamiento del permiso de exploración o concesión de explotación, éste debe solicitar formalmente al Registro Nacional Minero su inscripción en el libro respectivo, caso contrario la tramitación quedará sin efecto, la solicitud se tendrá por no presentada y los antecedentes serán archivados.

19. El titular de la concesión está obligado a rendir un informe anual elaborado, refrendado y dirigido por un geólogo o ingeniero en minas regente de la actividad, miembro activo del Colegio de Geólogos de Costa Rica y al Colegio de Ingenieros de Costa Rica respetando el Programa de Explotación Geológico-Minero autorizado por la Dirección de Geología y Minas, el cual debe presentarse en original y dos copias y contendrá como mínimo y con los requerimientos exigidos por el artículo 75 del Reglamento al Código de Minería.

20. De conformidad con lo indicado en el artículo 85 del reglamento al Código de Minería, el concesionario, tiene la obligación de conservar en el sitio donde se realiza la actividad minera la bitácora geológica, cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Uso de Bitácora en Actividades Geológicas. El incumplimiento a lo anterior, será causal de cancelación de conformidad con los artículos 62 ó 63 del Código de Minería, según corresponda. Los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas, que realicen inspección en el área de permiso o concesión, tienen la obligación de asentar en la bitácora día y hora de la visita, así como de consignar aspectos técnicos de relevancia para la actividad desarrollada.

21. De conformidad con lo indicado en el artículo 86 del reglamento al Código de Minería, la presente concesión debe ser dirigida por un geólogo o ingeniero en minas debidamente inscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica y Colegio de Ingenieros, respectivamente. El permisionario o concesionario debe presentar ante el RNM el contrato con el Geólogo o Ingeniero en Minas, previo a iniciar labores, el cual debe incorporarse al expediente administrativo correspondiente y mantenerse vigente. El incumplimiento a lo anterior, será causal de cancelación de conformidad con los artículos 62 ó 63 del Código de Minería, según corresponda.

4º—Habiéndose cumplido con los requisitos que establece el Código de Minería vigente, para la tramitación de la concesión solicitada, así como la respectiva recomendación otorgada por la Dirección de Geología y Minas, lo procedente es otorgar la concesión solicitada al gestionante. Por tanto:

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA

Y TELECOMUNICACIONES, RESUELVEN:

1º—Acoger la recomendación de otorgamiento de concesión emitida en el oficio DGM/RNM-644-2010, de fecha doce de julio del dos mil diez, indicado en el resultando octavo y en el informe técnico número DGM/CMRPC-7-2010, de fecha veintisiete de enero del dos mil diez, indicado en el resultando quinto, ambos de la presente resolución, y en consecuencia otorgar la concesión de extracción de materiales en cauce de dominio público sobre el Río Tenorio, a favor del señor Julio Torres Mora, mayor de edad, soltero, geólogo, vecino de Desamparados Centro, de la estación de servicio Morales 150 metros al sur, portador de la cédula de identidad número uno - cero quinientos treinta y nueve - cero ochocientos veintitrés, proyecto cuya ubicación corresponde a Río Tenorio, Hacienda Mojica, distrito: 1 Cañas, cantón: 6 Cañas, provincia: 5 Guanacaste.; hoja cartográfica: Hoja Cañas, escala 1:50.000 del IGN.

Localización cartográfica: Entre coordenadas generales: 268430.10 - 268405.27 Norte, 409641.04 - 409666.88 Este, límite aguas arriba y 266705.38 - 266710.99 Norte y 409248.91 - 409247.16 Este límite aguas abajo El plazo es por diez años.

2º—Asimismo, queda sujeta al pago de las obligaciones que la legislación impone, así como acatar las instrucciones que le gire la Dirección de Geología y Minas.

3º—El concesionario deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el Transitorio I del Reglamento al Código de Minería.

4º—Contra la presente resolución caben los recursos de revocatoria o reposición dentro del plazo de tres días a partir de la notificación de la misma, de conformidad con el artículo 345 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Notifíquese la presente resolución al medio indicado correspondiente a la siguiente dirección: Bufete Castro Alvarado, a la atención de la Lic. Laura Castro Alvarado, ubicado en ave. 10, calle 21, Nº 2195, o sea, de la esquina de Matute Gómez, 100 metros al este, a mano izquierda, casa blanca con verjas negras. De conformidad con el artículo 70 del Reglamento al Código de Minería, dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha en que se notifica al interesado la presente resolución de otorgamiento de concesión de explotación, éste debe solicitar formalmente al Registro Nacional Minero su inscripción en el libro respectivo, caso contrario la tramitación quedará sin efecto; la solicitud se tendrá por no presentada y los antecedentes serán archivados. El acto de pedir la inscripción constituye la aceptación por parte del titular, de todos los derechos, obligaciones y condiciones con que ha sido otorgado el permiso o la concesión. La concesión de explotación, se entenderán adquiridos desde la fecha en que se inscribe la resolución en el libro del RNM de conformidad con el artículo 71 del citado reglamento.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo De La Torre Argüello.—1 vez.—(IN2010088668).

DOCUMENTOS VARIOS

AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

DIA-R-E-206-2010.—El señor Edwin Paul Smit, pasaporte número BA: 0387753 en su calidad de Representante Legal de la compañía Reflex Centroamérica S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San Rafael de Tres Ríos-Cartago, solicita la inscripción del producto insecticida invertebrado de nombre comercial Chrysopa, compuesto a base de Chrysoperla carnea. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 y el Decreto Ejecutivo 33103-MAG Reglamento Técnico para el Registro de Organismos Invertebrados (Artrópodos y Nemátodos) de Uso Agrícola. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 18 de agosto del 2010.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—(IN2010090250).

DIA-R-E-207-2010.—El señor Edwin Paul Smit, pasaporte número BA: 0387753 en su calidad de Representante Legal de la compañía Reflex Centroamérica S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San Rafael de Tres Ríos-Cartago, solicita la inscripción del producto insecticida invertebrado de nombre comercial Enstrip, compuesto a base de Encarsia Formosa. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 y el Decreto Ejecutivo 33103-MAG Reglamento Técnico para el Registro de Organismos Invertebrados (Artrópodos y Nemátodos) de Uso Agrícola. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 18 de agosto del 2010.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—(IN2010090252).

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

EDICTOS

La doctora Claudia Re Huezo, número de cédula 8-0063-991, vecina de Heredia, en calidad de regente veterinario de la compañía Faryvet S. A., con domicilio en Heredia, solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Babemic, fabricado por Laboratorios Mycrosules Uruguay S. A., con los siguientes principios activos: Cada 100 ml contiene: Pirobenzamidina 5 g y antipirina 35 g y las siguientes indicaciones terapéuticas: Para el tratamiento de piroplasmas y babesiosis. Con base en el Decreto Ejecutivo Nº 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer ante esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 8 de octubre del 2010.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe de Registro.—1 vez.—(IN2010090526).

La doctora Claudia Re Huezo, número de cédula Nº 8-0063-991, vecina de Heredia, en calidad de regente veterinario de la compañía Faryvet S. A., con domicilio en Heredia, solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Electromic Plus, fabricado por Laboratorios Mycrosules Uruguay S. A., con los siguientes principios activos: Cada 100 g contiene: Cloruro de Sodio 40.7 g, Cloruro de Potasio 10.0 g, Óxido de Magnesio 1.4 g, Carbonato de Calcio 1.8 g, Cloruro de Cobalto 6 H₂O 0.0085 g, glucosa anhidra 14.5 g fructuosa 8.5 g, maltodrextrina 3.0 g, triptofano 0.052 g, vitamina B12 0.25 mg, carnitina 1.0 g, glicina 2.0 g, creatinina monohidrato 1.3 g y las siguientes indicaciones terapéuticas: Suplemento electrolítico, energético con oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. Con base en el Decreto Ejecutivo Nº 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer ante esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 7 de octubre del 2010.—Dr. Luis Zamora Chavarri, Jefe de Registro.—1 vez.—(IN2010090527).

OBRAS PÚBLIDAS Y TRANSPORTES

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA

AVISO Nº 2010-017

ZONA MARÍTIMA TERRESTRE

Amojonamiento de zona pública

en un sector costero entre Playa Agujas,

Punta Agujas y Playa Cocal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley Nº 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, del 2 de marzo de 1977, el Instituto Geográfico Nacional comunica que entre el 09 de marzo del 2009 y el 28 de julio de 2010 demarcó la zona pública en un sector costero entre Playa Agujas, Punta Agujas y Playa Cocal; incluyendo un sector de estero/manglar, distrito 06 Cuajiniquil, cantón 03 Santa Cruz, provincia de Guanacaste, entre las coordenadas Lambert aproximadas del Mapa MBCR- 1/50.000 Hoja Cerro Brujo 3046 II, además se incluyen las coordenadas aproximadas en el nuevo sistema de proyección cartográfico CRTM05:

Sector entre Playa Agujas, Punta Agujas y Playa Cocal

1108938 N-310141 E y 1109464 N - 309556 E (CRTM05)

223400 N - 346480 E y 223925 N - 345895 E (LAMBERT)

(31 mojones, enumerados del 115 al 145)

Sector de estero/manglar

1109464 N - 309556 E y 1109484 N - 309591 E (CRTM05)

223925 N - 345895 E y 223945 N - 345930 E (LAMBERT)

(1 mojón, enumerado 146)

Los datos técnicos oficiales del trabajo han quedado registrados con el Nº 1E-3 en el Registro de la Zona Marítimo Terrestre del IGN.

San José, 22 de octubre del 2010.—MSc. Max Lobo Hernández, Director General.—1 vez.—(IN2010090638).

DIVISIÓN MARÍTIMO PORTUARIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO N° 328-00

San José, a las tres horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de octubre del año dos mil diez. Se conoce el oficio AJ-097-2005 DGPN del 31 de marzo del año 2005, emitido por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, por medio del cual se considera la posibilidad de que el Ejecutor de Programa de los diferentes Ministerios que integran el Gobierno Central, pueda delegar la firma de los documentos de la ejecución presupuestaria en el Subejecutor.

Resultando:

1º—Que mediante el oficio AJ-238-03 del 28 de mayo del 2003, suscrito por la licenciada Daisy López Masís, Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se dispuso que conforme al artículo 55 del Reglamento a la Ley N° 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la firma de las solicitudes de trámite de los documentos presupuestarios, no puede ser delegada, puesto que se le atribuye como un deber al responsable de la unidad financiera y al jefe de programa, subprograma o proyecto. Además se infiere que al no poder el delegado resolver el fondo del asunto (sino que únicamente se limitará a firmar el acto), el cual necesita de un acuerdo publicado para ello, no resulta conveniente que en materia presupuestaria que se refiere propiamente a fondos públicos, se delegue la firma de esos actos, pues debilitaría los controles existentes y además entrabaría los procedimientos administrativos.

2º—Que mediante el oficio DAGJ-2648-2004 del 11 de octubre del 2004, emitido por la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, se concluyó entre otras cosas que, si opera la delegación de firma en documentos referidos a ejecución presupuestaria, en la cual el titular conserva la competencia y rinde cuentas por ello.

3º—Que mediante el oficio número 20050961 del 1° de marzo del 2005, suscrito por el licenciado Ronald Muñoz Corea, en su condición de Subdirector de la Dirección Jurídica de este Ministerio, se le solicita a la Dirección General de Presupuesto, se pronuncie respecto a la posibilidad de que el Oficial Presupuestal, Ejecutores de Programa y de Proyecto puedan delegar la firma de los actos administrativos relativos a la materia presupuestaria.

4º—Que mediante el oficio AJ-097-2005 DGPN del 31 de marzo del 2005, suscrito por el licenciado José Luis Araya Alpízar, Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en el cual manifiesta que la delegación de firmas, se limita a encargar al delegado, la firma de lo resuelto por el delegante, quien es el que asume la responsabilidad por lo consignado, manteniendo la competencia decisoria del asunto, y que la Dirección General de Presupuesto Nacional considera que es procedente que los ejecutores y subejecutores de programa, proyecto y el Oficial Presupuestal puedan delegar la firma de los documentos de la ejecución presupuestaria, eso sí, respetando los procedimientos establecidos en el Sistema Integral de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

5º—Que mediante Resolución de las 8:30 horas del día 1 de abril del dos mil ocho, publicada en La Gaceta N° 78 del 23 de abril del 2008, se delegó la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria y propios del Programa Presupuestario 328 “Puertos y Regulación Marítima”, en Rafael Ángel González Matarrita, portador de la cédula de identidad número 1-458-482.

7º—Que mediante Oficio N° DMP-DG-681-2010, de fecha 14 de octubre del 2010, el Ingeniero José Chacón Laurito, Ejecutor del Programa Presupuestario 328-00 “Puertos y Regulación Marítima”, comunica que se designa al Sr. Rafael Ángel González Matarrita, Jefe del Departamento Administrativo de División Marítimo Portuaria como Subejecutor de Programa.

Considerando:

Que el Ordenamiento Jurídico ha previsto la figura de la delegación, por medio de la cual todo servidor público podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. Para la implementación de dicha figura, se establecen algunos elementos o requisitos esenciales, los cuales se encuentran establecidos a partir del artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública. Por su parte, el numeral 92 de dicho cuerpo normativo, regula la posibilidad de delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél.

En materia de ejecución presupuestaria tanto la Contraloría General de la República como la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se han pronunciado considerando viable la delegación de firmas de documentos referidos a la ejecución presupuestaria, para lo que el titular conserva la competencia y rinde cuentas por ello, y deberá constar las firmas de los delegados en el registro de firmas existente para estos fines. Se hace la salvedad que en cualquier momento cabe la revocación de dicha delegación.

Con el propósito de aligerar y facilitar la función administrativa desarrollada en el Programa Presupuestario 328-00 de este Ministerio “Puertos y Regulación Marítima”, es necesario recurrir a la delegación de firma de aquellos documentos de ejecución presupuestaria propios del Ejecutor de Programa, para que puedan ser suscritos por el Subejecutor de Programa correspondiente. Por tanto,

EL EJECUTOR DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 328-00

RESUELVE:

1º—Revocar la delegación de firma dispuesta mediante Resolución de las 8:30 horas del día 1 de abril del dos mil ocho, publicada en La Gaceta N° 78 del 23 de abril del 2008.

2º—Delegar la firma de los actos y documentos referidos a la ejecución presupuestaria y propios del Ejecutor de Programa, en el señor Rafael Ángel González Matarrita, portador de la cédula de identidad número 1-458-482, quien ocupa el cargo de Subejecutor del Programa Presupuestario 328-00 “Puertos y Regulación Marítima”, de este Ministerio.

3º—Rige a partir de su publicación.

Dirección General.—Ing. José Chacón Laurito, Ejecutor Programa 328-00.—1 vez.—O. C. N° 9275.—Solicitud N° 3530.—C-98600.—(IN2010092304).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

DE PUNTARENAS

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 130, título N° 1278, y del Título de Técnico Medio en la Especialidad de Informática en Programación, inscrito en el tomo 1, folio 113, título N° 2286, ambos títulos fueron emitidos por el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, en el año dos mil, a nombre de Castro Vásquez Ruth Mayela. Se solicita la reposición del título por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, veintiuno de octubre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—M.Ed. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010089122).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 83, título Nº 564, emitido por el Liceo Pacífico Sur, en el año dos mil tres, a nombre de Larios Chavarría Paola Milena. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintidós días del mes de octubre del dos mil diez.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010089587).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 2, título N° 9, emitido por el Liceo Diurno José Martí de Innovación Educativa, en el año mil novecientos ochenta y ocho, a nombre de García Zúñiga Gina. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de octubre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010089724).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 15, asiento N° 805, emitido por el Liceo Doctor José María Castro Madriz, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Cordero Rodríguez Carolina. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 13 de octubre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010090185).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 180, título Nº 1680, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Pococí, en el año dos mil cinco, a nombre de Sotelo Morgan Jaffet. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de setiembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010090533).

Ante este Departamento, se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 87, título Nº 530, emitido por el Instituto Centroamericano Adventista, en el año dos mil cinco, a nombre de Segura Sibaja José Manuel. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 26 de octubre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010090546).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 83, título Nº 2263, emitido por el Instituto de Alajuela, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Lara Ramírez Evelyn María. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 26 de octubre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010090616).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 52, título Nº 435, emitido por el Colegio Ricardo Fernández Guardia, en el año mil novecientos noventa y siete, a nombre de Madriz Barrantes Wendy Rebeca. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 31 de agosto del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010090628).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 37, título Nº 600, emitido por el Liceo de Tarrazú, en el año mil novecientos ochenta y tres, a nombre de Solano López Laura Elissa. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 7 de setiembre del 2010.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010090640).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 1, Folio 15, Asiento 10, Título N° 47, emitido por el Colegio Yurustí, en el año dos mil seis, a nombre de Brown Chaves Gabriel. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, veinte de octubre del dos mil diez.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2010091056).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su estatuto la organización social denominada: Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública R. L., siglas COOPEMEP R. L., acordada en asamblea celebrada el 18 de julio del 2009. Resolución 267. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente, se envía un extracto de la inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

La reforma afecta los artículos 82 y 86 del Estatuto.

Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(IN2010089114).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la organización social denominada: Sindicato de Empleados de la Municipalidad de Turrialba, siglas SEMUTU, código 910-SI acordada en asamblea celebrada el 6 de abril del 2010. Habiéndose cumplido con las disposiciones contenidas en el artículo 344 del Código de Trabajo y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se procede a la inscripción correspondiente. La organización ha sido inscrita en los libros de registro que al afecto lleva este Registro visible al tomo: 2, folio: 225, asiento: 4590, del 26 de agosto del 2010.

La junta directiva nombrada en la asamblea constitutiva celebrada el 6 de abril del 2010.

Presidente Jesús Romero Prado

Vicepresidente Wálter Coto Fernández

Secretaria Rosaura Molina Romero

Tesorero Wálter Cedeño Cavallini

Vocal 1 Allan Cedeño Vega

Vocal 2 Douglas Núñez Núñez

Vocal 3 Ericka Cerdas García

Fiscal Gino Jiménez Sánchez

San José, 22 de octubre del 2010.—Departamento de Organizaciones Sociales.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(IN2010092416).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad industrial

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Luis Alejandro Villani Muñoz, cédula de identidad Nº 1-0911-0922, en calidad de apoderado generalísimo de Disovi Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-057918, solicita la inscripción de:SOLARBLOQ como marca de fábrica y comercio, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Un protector de rayos solares para la piel. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 22 de julio del 2010. Solicitud Nº 2010-0006553. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 6 de agosto del 2010.—Ivonne Mora Ortega, Registradora.—(RP2010196312).—(IN2010077318).

oficina de marcas de ganado

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Nº 109.708.—Chaves Mojica Emidio, cédula de identidad número 8-084-751, mayor, casado una vez, comerciante, con domicilio en Guanacaste, La Cruz, Santa Elena, 50 metros al sur del Ebais de Cuajiniquil, solicita el registro de:

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como marca de ganado que usará preferentemente en Guanacaste, La Cruz, Santa Cecilia. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto.—Lic. Karol Claudel Palma, Registradora.—RP2010188457.—(IN2010064079).

Patente de invención

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Harry Zurcher Blen, cédula 1-415-1184, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de Takeda Pharmaceutical Company Limited, de Japón, solicita la Patente de Invención denominada CRISTAL DE COMPUESTOS DE BENCIMIDAZOL. Se provee un cristal de (R)-2-[[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]sulfinil]-1H-bencimidazol que muestra un patrón de análisis de difracción de rayos X de polvo con picos característicos en espacios interplanos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es C07D 401/12, cuyos inventores son Hashimoto, Hideo, Urai, Tadashi. La solicitud correspondiente lleva el número 11707, y fue presentada a las 13:34:00 del 30 de setiembre de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 5 de octubre de 2010.—Lic. Randall Abarca, Registrador.—RP2010203509.—(IN2010089817).

El señor Édgar Zurcher Gurdián, cédula 1-532-390, mayor de edad, divorciado, abogado, apoderado especial de Takeda Pharmaceutical Company Limited, de Japón, solicita la Patente de Invención denominada COMPUESTOS TRICÍCLICOS QUE TIENEN ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE FACTOR DE LIBERACIÓN DE CORTICOTROPINA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN LOS MISMOS. Se proporciona un compuesto de la fórmula (I): en donde X es un nitrógeno o CRx, Rx es un hidrógeno, etc., R1 es un grupo de hidrocarburo opcionalmente substituido etc., R2 es un grupo de hidrocarburo opcionalmente substituido. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es C07D 487/04, cuyos inventores son Aso, Kazuyoshi, Kobayashi, Katsumi, Takai, Takafumi, Kojima, Takuto, Tokumaru, Kazuyuki, Mochizuki, Michiyo, Hoashi, Yasutaka. La solicitud correspondiente lleva el número 11636, y fue presentada a las 13:39:00 del 18 de agosto de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 28 de setiembre de 2010.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—RP2010203511.—(IN2010089818).

El señor Harry Zurcher Blen, cédula 1-415-1184, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, apoderado especial de Takeda Pharmaceutical Company Limited, de Japón, solicita la Patente de Invención denominada PREPARACIÓN SÓLIDA DE DESINTEGRACIÓN ORAL. La presente invención provee una preparación sólida de desintegración oral tales como un comprimido producido formando comprimidos los gránulos finos que muestran una liberación controlada de un principio activo para uso farmacéutico. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la clasificación internacional de patentes novena edición es A61K 9/20, cuyos inventores son Kurasawa, Takashi, Watanabe, Yasuko, Omachi, Yoshihiro. La solicitud correspondiente lleva el número 11709, y fue presentada a las 13:35:00 del 30 de setiembre de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 4 de octubre de 2010.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—RP2010203514.—(IN2010089819).

El señor CTR Manufacturing Industries Limited, de India, Harry Zurcher Blen, cédula 1-415-1184, solicita la Patente de Invención denominada SISTEMA Y MÉTODO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN DE OLTC DEL FUEGO Y/O TRANSFORMADOR DE UNA EXPLOSIÓN. La presente invención se refiere a un sistema y método de prevención, protección de OLTC del fuego y/o prevención, protección y/o detección de una explosión y/o fuego resultante del transformador eléctrico (30) por adelantado antes de la descomposición del fluido refrigerante de combustible (11)/ aceite dieléctrico La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la clasificación internacional de patentes novena edición es H01F 27/14, cuyo inventor es Vijaykumar Kisanrao Wakchaure. La solicitud correspondiente lleva el número 11617, y fue presentada a las 13:59:15 del 30 de julio de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 4 de octubre de 2010.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—RP2010203516.—(IN2010089820).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La señora Monserrat Alfaro Solano, cédula Nº 2-1149-188, mayor, casada, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Istituto Luso Farmaco D’italia S.P.A., de Italia, solicita la Patente de Invención denominada COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN ANTAGONISTAS DE BRADYKININ Y ÁCIDO HIALURÓNICO Y LOS USOS DE LOS MISMOS. Se describen las composiciones farmacéuticas que contienen, como ingredientes activos, una mezcla de un polímetro de ácido hialurónico con un antagonista del receptor de bradiquia B2. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Novena Edición es A61K 9/08, cuyos inventores son Carlos Alberto Maggi, Sandro Giuliani, Laura Quartara. La solicitud correspondiente lleva el número 11457, y fue presentada a las 14:33:00 del 21 de mayo de 2010. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. San José, 23 de setiembre de 2010. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—(IN2010090094).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Expediente Nº 8376.—El Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes hace saber que por resolución de las siete horas cuarenta y ocho minutos del seis de setiembre de dos mil diez, fue inscrita la Patente de Invención denominada MÉTODO PARA PRODUCIR DERIVADOS DE (3-OXO-2,3-DIHIDRO-1 H-ISOINDOL-1-IL)- ACETILGUANIDINA, a favor de la compañía Anofi-Aventis Deutschlane GMBH, domiciliada en Alemania, cuyos inventores son: Schubert, Gerrit, Rieke- Zapp, Joerg, Keil, Johannes, Kleemann, Heinz-Werner, Hanna, Reda, de nacionalidad alemana, Wu, Xiao-Dong, de nacionalidad estadounidense, Huang, Bao-Guo, de nacionalidad canadiense, Gouraud, Yves de nacionalidad francesa, se le ha otorgado el número de inscripción de patente de invención 2784, estará vigente hasta el dos de diciembre del dos mil veintitrés, la Clasificación Internacional de Patentes Octava, Revisión 2008.04 es C07D 209/00.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—(IN2010090610).

El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes, hace saber que por resolución de las catorce horas quince minutos del ocho de setiembre del dos mil diez, fue inscrito el Modelo Industrial denominado: CONTENEDOR a favor de Colgate Palmolive Company, domiciliada en los Estados Unidos de América, cuyos criadores son: Jacques Lalanne de nacionalidad francesa, y Richard Paul Harbutt de nacionalidad británica, se le ha otorgado el número de inscripción de Modelo Industrial 347, estará vigente hasta el ocho de setiembre del dos mil veinte, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 09-01.—San José, a las diez horas cinco minutos del once de octubre del dos mil diez.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—1 vez.—RP2010204211.—(IN2010090786).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Asociaciones civiles

AVISOS

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la Reforma del Estatuto de la entidad denominada Asociación Pro Fomento Proyectos Productivos Sub-Región de Quepos, con cédula jurídica 3-002-56859, Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 2010 asiento 138803, y documento adicional tomo 2010 asiento 259009).—Curridabat, 20 de octubre del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—RP2010204055.—1 vez.—(IN2010090783).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada Asociación de Protección de Vida Silvestre del Gavilán Blanco de Playa Carate, con domicilio en la provincia de Puntarenas. Cuyos fines entre otros serán los siguientes: Preservar y proteger la diversidad de flora y fauna de la Zona Sur de la Península de Osa, mediante la creación de un corredor biológico adyacente al Parque Nacional Corcovado y la cuenca del Río Carate. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente Lana Wedmore. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 2010, asiento 190843).—Curridabat, 4 de agosto del 2010.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010204067.—(IN2010090784).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones, ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-332368, denominación: Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2010, asiento: 263990.—Dado en el Registro Nacional, a las catorce horas catorce minutos y once segundos del diecinueve de octubre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010204178.—(IN2010090785).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones, ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación contra el Acoso Laboral Escolar y el Daño Moral, con domicilio en la provincia de Heredia. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Divulgar el fenómeno conocido como acoso laboral, psicológico, psicoterror laboral (mobbing) y así como el acoso en el lugar de estudio, y las consecuencias de estos fenómenos, tanto para las víctimas como para la sociedad en general. Cuya representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderada general pero para vender, comprar, hipotecar, permutar, pignorar y negociar cualquier bien de la asociación deberá contar con la autorización de la Asamblea General, lo es la presidenta: Cecilia María Ramírez Valerio. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 2010, asiento: 240508.—Curridabat, a los veintisiete días del mes de setiembre del dos mil diez.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—RP2010204299.—(IN2010090788).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

AVISOS

La Dirección Nacional de Notariado, hace saber: que ante este Despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para el ejercicio de la función notarial de la Lic. Hannia María Lizano Chavarría, cédula de identidad Nº 1-0418-1331, carné de abogada Nº 17995. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la gestionante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección dentro de los quince días siguientes a esta publicación. Expediente Nº 10-000746-624-NO.—San José, 25 de octubre del 2010.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—RP2010204169.—(IN2010090795).

La Dirección Nacional de Notariado, comunica: que ante este Despacho, la Lic. Cindy María Blanco González, cédula de identidad Nº 3-0384-0779, carné profesional Nº 17889, según expediente Nº 10-000647-0624-NO, ha presentado solicitud de inscripción y habilitación para ejercer la actividad notarial, por lo que se solicita a las personas que conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de esta profesional, lo comuniquen a esta Dependencia dentro del plazo de quince días siguientes a esta publicación.—San José, cuatro de octubre del dos mil diez.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—RP2010204193.—(IN2010090796).

La Dirección Nacional de Notariado hace saber: que ante este despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para el ejercicio de la función notarial, del licenciado Adrián Álvarez Orellana, cédula de identidad número 1-1209-0300, carné de abogado número 18543. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del gestionante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección dentro de los quince días siguientes a esta publicación. Expediente Nº 10-000766-624-NO.—San José, 26 de octubre del 2010.—Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2010091059).

AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Expediente Nº 14295A.—Eduin Madrigal Alpízar, solicita concesión de: 0,05 litro por segundo del nacimiento Doña Lucrecia, efectuando la captación en finca de Hacienda León Cortés Fabrileo S. A., en Río Segundo, Alajuela, Alajuela, para uso consumo humano, doméstico. Coordenadas 221.200 / 514.300, hoja Barva. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 21 de octubre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010089099).

Expediente Nº 14294A.—Juan de Dios Granados Méndez, solicita concesión de: 0,05 litro por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca en Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela, para uso consumo humano. Coordenadas 260.750/497.800, hoja Aguas Zarcas. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 21 de octubre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203350.—(IN2010089337).

Expediente Nº 14291A.—Penetre Sur Le Pacifique S. A., solícita concesión de: 2 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de el mismo en Jesús (Atenas), Alajuela, para uso agropecuario, consumo humano y agropecuario abrevadero, riego, piscina doméstica. Coordenadas 215.302/491.133, hoja Río Grande. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 21 de octubre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203359.—(IN2010089338).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Exp. 14299A.—Brunker De La Cruz Limitada, solicita concesión de: 21 litros por segundo del nacimiento La Paila 3, efectuando la captación en finca del mismo en Venecia, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario y industria embotella y venta de agua a granel. Coordenadas 140.827/469.399 hoja Quesada. 2,5 litros por segundo del nacimiento La Paila 2, efectuando la captación en finca del mismo en Venecia, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario y industria embotellado y venta de agua a granel. Coordenadas 141.160/469.180 hoja Quesada. 1,6 litros por segundo del nacimiento La Paila 1, efectuando la captación en finca del mismo en Venecia, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario y industria embotellado y venta de agua a granel. Coordenadas 255.700/506.000 hoja Quesada. 16,5 litros por segundo del nacimiento La Paila 5, efectuando la captación en finca del mismo en Venecia, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario y industria embotellado y venta de agua a granel. Coordenadas 140.764/468.795 hoja Quesada. 2,9 litros por segundo del nacimiento La Paila 4, efectuando la captación en finca del mismo en Venecia, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario y industria embotellado y venta de agua a granel. Coordenadas 140.788/469.455 hoja Quesada. 256 litros por segundo del río Caño Grande, efectuando la captación en finca del mismo en Venecia, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario y industria embotellado y venta de agua a granel. Coordenadas 140.940/468.685 hoja Quesada. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 22 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010089531).

Exp. 237A.—Roscorp W.J S. A., solicita aumento de concesión de: 37 litros por segundo de la Quebrada Froctuosa, efectuando la captación en finca de su propiedad en Sarchí Sur, Valverde Vega, Alajuela, para uso agropecuario riego café, industria, agroindustrial. Coordenadas 227.700 / 497.500 hoja Naranjo. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 8 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203636.—(IN2010089830).

Exp. 9573P.—Irex de Costa Rica S. A., solicita concesión de: 2 litros por segundo del pozo sin número, efectuando la captación en finca de su propiedad en Curridabat, Curridabat, San José, para uso comercial-otro y consumo humano-doméstico. Coordenadas 211.660 / 532.620 hoja Abra. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 21 de julio del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203736.—(IN2010089831).

Expediente Nº 14159P.—Villas de Londres S. A., solicita concesión de 2 litros por segundo del pozo QP-88, efectuando la captación en finca de Villas de Londres S. A. en Naranjito, Aguirre, Puntarenas, para uso consumo humano. Coordenadas 379.380 / 455.456 hoja Quepos. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 11 de agosto del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203856.—(IN2010090339).

Expediente Nº 14297A.—Roran S. A., solicita concesión de: 35 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de Roran S. A. en Queros, Aguirre, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 373.755 / 450.412 hoja Quepos. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 21 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203886.—(IN2010090340).

Expediente Nº 9401A.—Campo Sol S. A., solicita concesión de 44 litros por segundo de la quebrada Bartolo, efectuando la captación en finca de su propiedad en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 153.710 / 523.780 hoja Quepos; 104 litros por segundo del río Naranjo, efectuando la captación en finca de su propiedad en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 154.510 / 522.920 hoja Quepos. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 22 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203887.—(IN2010090341).

Expediente Nº 9400A.—Roran S. A., solicita concesión de: 89 litros por segundo de la quebrada Bartolo, efectuando la captación en finca de su propiedad en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 155.710 / 524.120 hoja Quepos; 148 litros por segundo del río Naranjo, efectuando la captación en finca de su propiedad en Quepos, Aguirre, Puntarenas, uso agropecuario-riego. Coordenadas 157.110 /523.470 hoja Quepos. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 22 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203889.—(IN2010090342).

Expediente Nº 9308A.—Favini Ltda., solicita concesión de: 0,20 litro por segundo del nacimiento 1, efectuando la captación en finca de su propiedad en Jiménez, Golfito, Puntarenas, para uso agropecuario-riego-frutal y turístico-otro. Coordenadas 260.700 / 541.700 hoja Carate; 0,30 litro por segundo del nacimiento 2, efectuando la captación en finca de su propiedad en Jiménez, Golfito, Puntarenas, para uso agropecuario-riego-frutal y turístico-otro. Coordenadas 260.100 / 591.710 hoja Carate; 0,5 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Jiménez, Golfito, Puntarenas, para uso agropecuario-riego-frutal y turístico-otro. Coordenadas 260.130 / 541.750 hoja Carate. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 25 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010203995.—(IN2010090343).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Expediente Nº 9315P.—La Cueva S. A., solicita concesión de: 0.75 litros por segundo del pozo BA-29, efectuando la captación en finca de su propiedad en San José, Alajuela, para uso turístico piscina restaurante y bar. Coordenadas 221.771 / 510.445 hoja Barva. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 27 de octubre de 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—(IN2010090654).

Expediente Nº 13935A.—Roberto Espinoza Monge, solicita concesión de: 5 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de Roberto Espinoza Monge en Platanares, Pérez Zeledón, San José, para uso agricultura, consumo humano y agropecuario-riego. Coordenadas: 355.750 / 505.400, hoja Repunta. 0,34 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Roberto Espinoza Monge en Platanares, Pérez Zeledón, San José, para uso agricultura, consumo humano y agropecuario-riego. Coordenadas: 355.800 / 505.300, hoja Repunta. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 15 de junio del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010204060.—(IN2010090789).

Expediente Nº 13972A.—Inversiones Marín Elizondo del General S. A., solicita concesión de: 1 litro por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Inversiones Marín Elizondo del General S. A., en San Pedro (Pérez Zeledón), Pérez Zeledón, San José, para uso consumo humano y agropecuario-riego. Coordenadas: 365.600 / 514.000, hoja San Isidro. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 29 de junio del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010204061.—(IN2010090790).

Expediente Nº 14287A.—Francisco Elizondo Badilla, solicita concesión de: 3 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Francisco Elizondo Badilla en Rivas, Pérez Zeledón, San José, para uso turismo, riego, doméstico. Coordenadas: 379.410 / 506.500, hoja San Isidro. Predios inferiores: Jesús Quirós Tames. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010204662.—(IN2010090791).

Expediente Nº 7227P.—Jarco Jardines de Ocotal Limitada, solicita concesión de: 1,8 litros por segundo del pozo MTP-107, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano-doméstico, agropecuario-riego-pasto y turístico-hotel. Coordenadas: 264.400 / 337.100, hoja Matapalo. 1,56 litros por segundo del pozo MTP-108, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano-doméstico, agropecuario-riego-pasto y turístico-hotel. Coordenadas: 264.650 / 337.000, hoja Matapalo. 1,23 litros por segundo del pozo MTP-106, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano-doméstico, agropecuario-riego-pasto y turístico-hotel. Coordenadas: 264.650 / 336.860, hoja Matapalo. 1,23 litros por segundo del pozo MTP-109, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano-doméstico, agropecuario-riego-pasto y turístico-hotel. Coordenadas: 264.500 / 337.080, hoja Matapalo. 1 litro por segundo del pozo MTP-103, efectuando la captación en finca de su propiedad en Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano-doméstico, agropecuario-riego-pasto y turístico-hotel. Coordenadas: 264.480 / 337.000, hoja Matapalo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 13 de octubre del 2010.—José Miguel Zeledón Calderón, Director.—RP2010204171.—(IN2010090792).

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

AVISO

Acta 09-2010, sesión ordinaria junta directiva. Acuerdo de la sesión ordinaria nueve-dos mil diez de la junta directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a la 14:00 horas del 20 de octubre del dos mil diez.

Acuerdo primero:

Se nombra como presidenta de la junta directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, a la señora Ana Lorena Guevara Fernández, mayor, casada una vez, ingeniera agrónoma, cédula Nº 1-0538-0559, vecina de Heredia, para el período que va del seis de setiembre del dos mil diez hasta el día seis de setiembre del dos mil doce. Se autoriza su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y su inscripción en el Registro Nacional para lo cual se autoriza a los notarios institucionales. Lic. Luz Virginia Zamora Rodríguez a su protocolización e inscripción. Acuerdo firme.

Lic. Elizabeth Castro Fallas, Encargada de la Unidad de Proveeduría y Servicios Generales.—1 vez.—O. C. 0364.—Solicitud Nº 35565.—C-17000.—(IN2010090609).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESOLUCIONES

N° 6566-E10-2010.—San José, a las once horas diez minutos del veintinueve de octubre de dos mil diez. Exp. Nº 471-E-2010.

Liquidación de gastos y diligencias de pago de la contribución del Estado al Partido Unidad Social Cristiana, correspondiente a la campaña electoral 2006-2010.

Resultando:

1º—Mediante resolución número 4129-E8-2009 de las 15:20 horas del 3 de setiembre del 2009, este Tribunal fijó el monto global de la contribución estatal a los partidos políticos, correspondiente a las elecciones celebradas el 07 de febrero de 2010, en la suma de ¢17.174.926.340,00 (diecisiete mil ciento setenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil trescientos cuarenta colones netos) (folios 47 y 48);

2º—En resolución número 2124-E10-2010 de las 11 horas del 26 de marzo del 2010, este Colegiado determinó que, de conformidad con el resultado de las elecciones celebradas el 07 de febrero del 2010, el Partido Unidad Social Cristiana podría recibir, por concepto de contribución estatal, un monto máximo de ¢1.053.836.513,33 (mil cincuenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trece colones con treinta tres céntimos) (folios 49 a 54);

3º—Mediante oficio número DGRE-684-2010 del 15 de octubre del 2010, el señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos, remitió a este Tribunal Electoral el informe final número DFPP-IF-PUSC-04/2010 del 14 de octubre del 2010 elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, denominado: “Informe sobre la revisión de la liquidación de gastos presentada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para justificar el aporte estatal que le corresponde por su participación en la campaña político electoral 2006-2010” (folios 01 a 34).

4º—Mediante oficio número DGRE-687-2010 del 15 de octubre del 2010, el señor Fernández Masís adjuntó al informe DGRE-684-2010 cuatro documentos remitidos por el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José relacionados con decretos de embargo ordenados sobre el aporte estatal aprobado al Partido Unidad Social Cristiana (folios 35 a 40).

5º—Mediante el auto de las 10 horas del 19 de octubre del año 2010, este Tribunal Electoral dispuso: “Visto el oficio N.° DGRE-684-2010 de fecha 15 de octubre de 2010, suscrito por el señor Héctor Fernández Masís, Director General de la Dirección del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos, mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento sobre Financiamiento de Partidos Políticos, remite a este Tribunal el informe relativo al resultado de la revisión efectuada sobre la liquidación de gastos presentadas por el Partido Unidad Social Cristiana, de previo a resolver lo correspondiente, se confiere audiencia por el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, a las autoridades del Partido Unidad Social Cristiana, para que se manifiesten, si así lo estiman conveniente, sobre el citado informe.” (folio 41).

6º—En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 26 de octubre del 2010, el señor Gerardo Vargas Rojas, en su condición de presidente del partido Unidad Social Cristiana, comunicó el acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo Nacional de esa agrupación política, en la sesión número 595 del 25 de octubre del 2010, en que se dispuso: “Se acuerda por unanimidad y en firme: Comunicar al TSE, dentro del plazo otorgado, que este Comité Ejecutivo Nacional, acepta y se allana, a lo establecido por oficio Nº DGRE-684-2010, de fecha 15 de octubre de 2010, suscrito por el señor Héctor Fernández Masís, Director General de la Dirección de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones.” (folio 46).

7º—Que mediante el oficio de fecha 10 de agosto del 2010, presentado en la Secretaría de este Tribunal el 11 de agosto del mismo año, el señor Adolfo Fernández Loaiza, en su condición de abogado de la División Jurídica del Banco de Costa Rica, remitió decreto de embargo por la suma de ¢98.462.853,15 (noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres colones con quince céntimos) ordenado por el Juzgado Especializado de Cobro del Estado sobre las sumas a que tiene derecho de percibir el Partido Unidad Social Cristiana, que corresponde al proceso tramitado en el expediente 09-000555-1012 CJ en el que figura como actor el Banco de Costa Rica (folios 37 y 38);

8º—Que mediante oficio de fecha 2 de julio del 2010, presentado en la Dirección General citada el 29 de setiembre del 2010, el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, remitió decreto de embargo por la suma de ¢15.029.731,50 (quince millones veintinueve mil setecientos treinta y un colones con cincuenta céntimos) sobre las sumas a que tiene derecho de percibir el Partido Unidad Social Cristiana, que corresponde al proceso tramitado en el expediente 10-010260-1012 CJ en el que figura como actor la Caja Costarricense de Seguro Social (folio 40);

9º—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y,

Considerando:

I.—Sobre el financiamiento estatal a los partidos políticos: Como preámbulo, resulta indispensable indicar que nuestra Constitución Política, en su artículo 96, diseña el sistema de contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos, en los siguientes términos:

“Artículo 96.—El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas.

El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje.

Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.

2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado.

3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.

4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.”.

Este Tribunal, en sus precedentes, ha hecho énfasis en la relevancia y significado democrático que posee la contribución estatal al financiamiento de los partidos políticos. A manera ilustrativa, en resolución 2887-E8-2008 de las 14:30 horas del 26 de agosto del 2008, se indicó sobre el particular:

“IV. Finalidad de la contribución estatal de los partidos políticos. La previsión constitucional sobre contribución estatal es coherente con el rol asignado por la Constitución Política a los partidos políticos, definido en el artículo 98 constitucional, y responde a la idea de garantizar un régimen de partidos pluralista, en tanto el sistema democrático costarricense descansa en un sistema de partidos y los partidos políticos constituyen los intermediarios entre la pluralidad de los intereses ciudadanos y el entramado estatal.

El financiamiento público se justifica en la aspiración democrática a promover una ciudadanía participativa. Como regla de principio, una democracia supone competitividad efectiva entre los actores políticos, por lo que el financiamiento público constituye un factor crucial de equidad en la justa electoral, pues brinda apoyo económico a los partidos en los gastos electorales o permanentes para garantizar los principios de libertad de participación e igualdad de condiciones.

Entre las razones por las cuales se suele establecer alguna proporción de financiamiento público destacan cinco necesidades del sistema democrático: la de promover la participación política de la ciudadanía en el proceso postulativo y electivo; la de garantizar condiciones de equidad durante la contienda electoral; la de paliar la incidencia del poder económico en la deliberación política; la de fomentar un sistema de partidos políticos vigoroso, pluralista y con presencia permanente en la vida colectiva de las diferentes fuerzas políticas; y la de evitar el tráfico de influencias y el ingreso de dinero de procedencia ilegal.”.

Tal como se desprende de la norma fundamental, así como del desarrollo legal contenido en los artículos 89 a 119 del Código Electoral y de lo establecido en los numerales 31, 41, 42, 69 y 71 del Reglamento sobre el financiamiento de los Partidos Políticos (decreto número 17-2009, publicado en La Gaceta número 210 del 29 de octubre del 2009), a este Colegiado le corresponde, mediante resolución debidamente fundamentada, la distribución de la suma correspondiente al aporte estatal entre los diversos partidos políticos, en estricta proporción al número de votos obtenidos por cada uno de ellos, una vez que se produzca la declaratoria de elección de diputados.

En atención al “Principio de comprobación del gasto”, de conformidad con lo que establece el artículo 96 inciso 4) de la Constitución Política, las organizaciones partidarias deben comprobar sus erogaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones como requisito indispensable para recibir la contribución estatal a que tienen derecho, lo que significa que ese deber estatal, por imperio normativo, está supeditado, de modo expreso, imperativo y permanente, a que aquéllas agrupaciones respalden probatoriamente la totalidad de esas erogaciones conforme a los procedimientos, medios de control y regulaciones atinentes establecidas en el ordenamiento jurídico. Así lo ha reiterado este Órgano Electoral, entre otras, en la resolución 2985-E-2007 de las 13:40 horas del 25 de octubre del 2007, que retomó lo dispuesto en sentencia número 1222 de las 10:00 horas del 10 de junio de 1999.

De conformidad con el artículo 69 del reglamento supra citado, la evaluación de las liquidaciones de gastos presentadas por los partidos políticos, incluyendo su recepción y verificación, constituye una competencia de la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos la cual ejercerá a través de su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, en cuyo cumplimiento contará con el respaldo de la certificación y los informes emitidos por Contador Público Autorizado debidamente registrado en la Contraloría General de la República. De todo ello la citada Dirección rinde un informe a esta Magistratura, a fin de que proceda a dictar la resolución que determine el monto que corresponde girar al partido político, de manera definitiva, tal como lo preceptúa el artículo 103 del Código Electoral vigente.

II.—Antecedente de relevancia: Como preámbulo al estudio y para una adecuada comprensión y análisis del presente asunto, resulta indispensable retomar lo dispuesto por este Colegiado en resolución número 4114-E8-2009 de las 10:30 horas del 3 de setiembre del 2009, dictada en el expediente 261-Z-2008, en la que se analizó la potestad del Juez Electoral de dictar medidas preventivas para ajustar los derechos constitucionales de participación política y de seguridad social, reconociendo la posibilidad de que la contribución estatal reconocida a un partido político sea retenida, de manera cautelar, como consecuencia de que la agrupación presente deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social, en los siguientes términos:

“La parte dispositiva de la resolución que determine el monto máximo de contribución de aporte estatal a los conglomerados partidarios debe enfatizar que las sumas máximas que pueden percibir éstas quedan sujetas a la comprobación que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, realicen los partidos. Este Tribunal tiene claro que el derecho constitucional de los partidos a la contribución estatal representa el cumplimiento de reglas necesarias para dar contenido al derecho fundamental de participación política; sin embargo, a efecto de no soslayar el tema de las deudas que tengan pendientes las agrupaciones políticas por cargas sociales, dado que los seguros sociales tienen rango constitucional y son regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, y concretar así la conciliación entre el derecho de participación política y el derecho a la seguridad social, se disponen las siguientes medidas: a) solicitar a la Caja Costarricense de Seguro Social, de previo a la resolución que determinará el monto máximo de aporte estatal a los partidos políticos con derecho a ello, según los resultados de las elecciones del 7 de febrero de 2010, una certificación que indique cuales agrupaciones políticas se encuentran morosas por concepto de cargas sociales; b) en caso de que existan partidos políticos con derecho a financiamiento estatal morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social se dispondrá, cautelarmente, en la resolución que determine el monto máximo de aporte estatal a los partidos políticos de acuerdo a las elecciones del 7 de febrero de 2010, que corresponde a las liquidaciones de gastos del período 2006-2010, retener el giro correspondiente a la suma certificada que, por adeudos, haya indicado la citada institución, hasta el momento en que la Caja Costarricense de Seguro Social suministre a este Tribunal certificación que demuestre que las agrupaciones políticas se encuentran al día con sus pagos, que llegaron a un arreglo de pago por concepto de cuotas obrero patronales o, en su caso, hasta que dichos montos sean liberados o requeridos por juez competente en estrados judiciales; c) la medida cautelar que habrá de dictarse en la resolución que determine el monto máximo de aporte estatal a los partidos políticos con derecho a esa contribución será comunicada, inmediatamente, a la Tesorería Nacional y al Ministerio de Hacienda para efectos de lo que establece el artículo 107 del nuevo Código Electoral. Obsérvese que las medidas preventivas que aquí se adoptan otorgan, a los partidos políticos que se encuentren morosos por concepto de cargas sociales, la posibilidad de solventar sus situaciones financieras con el sistema de seguridad social, sea mediante el pago pertinente, el arreglo de pago o la vía judicial de forma tal que, la retención preliminar de la suma correspondiente a la deuda por cargas sociales, que habrá de fijarse dentro de la resolución que determina el monto máximo de aporte estatal a los partidos políticos, no constituye, en modo alguno, una sanción o rebajo de dicha suma, mucho menos un impedimento a las agrupaciones políticas de obtener el financiamiento estatal correspondiente al período 2006-2010, según lo prescribe el artículo 107 del nuevo Código Electoral, sino una solución hermenéutica que reafirma los poderes de fiscalización y disciplina que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones sobre los partidos políticos y que, a su vez, ampara al sistema de seguridad social mediante la utilización de una materia estrictamente electoral como lo es la contribución del Estado al pago de los gastos de los partidos políticos.”.

III.—Hechos probados: De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen los siguientes:

1. En resolución número 4129-E8-2009 de las 15:20 horas del 3 de setiembre del 2009, este Colegiado fijó el monto global de la contribución estatal a los partidos políticos correspondiente a las elecciones celebradas el 07 de febrero de 2010 en la suma de ¢17.174.926.340,00 (diecisiete mil ciento setenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil trescientos cuarenta colones netos);

2. El 25 de febrero del 2010, en el artículo sexto de la sesión ordinaria número 019-2010, este Tribunal conoció el oficio número 05-001034-0163-CA (sic) del 10 de febrero de 2010, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 22 de febrero de 2010, en el que la señora Siria Carmona Castro, Jueza del Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, solicitó que se retuviera y depositara en la cuenta automatizada de dicho despacho judicial una cuota legal, dado que se decretó embargo sobre los Títulos Valores denominados “Bono de la Deuda Política” contra el Partido Unidad Social Cristiana dentro del proceso de ejecución de sentencia incoado por el señor Bernal Soto Saborío. En esa oportunidad este Órgano Electoral resolvió: “Túrnese a la señora Magistrada o al señor Magistrado que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, téngase presente este asunto para el momento en el que –en su caso- este Colegiado deba resolver lo correspondiente a la determinación del monto máximo de aporte estatal que correspondería a dicha agrupación política, de conformidad con el resultado de los comicios celebrados el 07 de febrero de 2010” (folios 01 y 02 del expediente 084-S-2010);

3. El 9 de marzo del 2010, en el artículo tercero b) de la sesión ordinaria número 023-2010, esta Magistratura Electoral conoció el oficio número P.E. 2430-10 del 3 de marzo de 2010, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 5 de marzo y suscrito por el señor Eduardo Doryan Garrón, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se detallaron las agrupaciones políticas que se encontraban inscritas ante dicho ente asegurador, así como su situación de morosidad, al cual se adjuntó certificación del Área de Gestión de Cobro a Patronos del 2 de marzo de 2010, según la cual el Partido Unidad Social Cristiana adeudaba a tal institución la suma de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos), y se dispuso: “Reservar el conocimiento de este asunto para el momento en el que este Tribunal deba pronunciarse sobre la determinación del monto máximo de aporte estatal que correspondería a las respectivas agrupaciones políticas, de conformidad con el resultado de los comicios celebrados el 7 de febrero de 2010”.

4. En resolución número 2124-E10-2010 de las 11 horas del 26 de marzo del 2010, este Órgano determinó que, de conformidad con el resultado de las elecciones celebradas el 7 de febrero del 2010, el partido citado podría recibir por concepto de contribución estatal, un monto máximo de ¢1.053.836.513,33 (mil cincuenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trece colones con treinta tres céntimos) y, en relación con las retenciones solicitadas como medida cautelar, estableció: “X. En atención a los oficios conocidos por este Tribunal, según los acuerdos referidos en los resultandos siete y ocho de la presente resolución y a lo establecido en la resolución Nº 4114-E8-2009 de las diez horas con treinta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve, también de este Tribunal, en relación con el partido Unidad Social Cristiana procede: a) Ordenar al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional retener cautelarmente el giro de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos), suma que esa agrupación política adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social según lo certificado por dicha institución en fecha 2 de marzo de 2010, hasta que se suministre a este Tribunal certificación que demuestre que dicha agrupación política se encuentra al día con sus pagos, que se llegó a un arreglo de pago por concepto de cuotas obrero patronales o, en su caso, hasta que dichos montos sean liberados o requeridos por juez competente en estrados judiciales; de ese modo, las autoridades hacendarias dichas reservarán ese monto a efectos de garantizar que se honren debidamente esas deudas con la seguridad social. Para lo correspondiente, la Secretaría de este Tribunal remitirá a las autoridades referidas copia certificada de los antecedentes relacionados. b) Reservar el conocimiento de la orden judicial emitida por la señora Siria Carmona Castro, Jueza del Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, para el momento en que se dicte -en relación con el Partido Unidad Social Cristiana- la resolución prevista en el artículo 107 del Código Electoral, que deberá guardar armonía con lo que se llegue a disponer en el expediente Nº 084-S-2010 de este Tribunal”;

5. Mediante resolución número 3414-E7-2010 de las 8:45 horas del 7 de mayo de 2010, dictada en el expediente 084-S-2010, este Colegiado analizó la solicitud contenida en el oficio número 05-001034-0163-CA (sic) del 10 de febrero de 2010 suscrito por la señora Carmona Castro, Jueza del Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José e indicó: “(…) este Tribunal se encuentra imposibilitado para atender la orden girada por el Juzgado Contencioso Administrativo, dado que ni los “bonos de contribución del Estado a los partidos políticos” ni los “certificados de cesión” de los partidos políticos pueden ser embargados (…). Por tanto. Se rechaza la gestión formulada, dado que este Tribunal se encuentra legalmente imposibilitado para atender la orden girada por el Juzgado Contencioso Administrativo”;

6. Que mediante oficio número 48 del 22 de abril de 2010, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 11 de mayo de 2010, la señora Ileana Loáiciga Calderón, Jueza Tramitadora del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, ordenó decretar embargo por la suma de ¢137.436.087,00 (ciento treinta y siete millones cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y siete colones netos) sobre los montos económicos que percibiera el Partido Unidad Social Cristiana por concepto de financiamiento de acuerdo al artículo 96 del Código Electoral, solicitando que se retuvieran y depositaran las sumas en las cuentas del Banco de Costa Rica números 080046561012-1 (para colones), 225231-7 (para dólares) y 264858-0 (para euros), de conformidad con la orden dictada en el trámite del expediente judicial n.º 08-004656-1012-CJ en el cual figuraba la Caja Costarricense de Seguro Social, como parte actora (folios 12 y 13 del expediente 412-2010);

7. El 13 de mayo del 2010, en el artículo décimo cuarto de sesión ordinaria número 041-2010, esta Magistratura conoció la gestión presentada por la señora Loáiciga Calderón, Jueza Tramitadora del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José y ordenó: “Proceda el Ministerio de Hacienda y la Tesorería a depositar en la cuenta en colones del Banco de Costa Rica, número 080046561012-1, perteneciente al Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José, la suma de ¢112.177 041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos). Dicha suma, que corresponde a la retención decretada cautelarmente por este Tribunal mediante resolución número 2124-E10-2010 de las 11:00 horas del 26 de marzo de 2010, se estableció con fundamento en la certificación emitida por el Área de Gestión de Cobro a Patronos, por deudas que mantiene el Partido Unidad Social Cristiana con la Caja Costarricense de Seguro Social, por concepto de cuotas obrero patronales. En cuanto al saldo en descubierto, resérvese su conocimiento para el momento en que se determine si, después de canceladas las cesiones a terceros, corresponde girarle a la citada agrupación política monto alguno por su participación en el proceso electoral.”;

8. Que mediante oficio de fecha 10 de agosto del 2010, presentado en la Secretaría de este Tribunal el 11 de agosto del mismo año, el señor Adolfo Fernández Loaiza, en su condición de abogado de la División Jurídica del Banco de Costa Rica, remitió decreto de embargo por la suma de ¢98.462.853,15 (noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres colones con quince céntimos) ordenado por el Juzgado Especializado de Cobro del Estado sobre las sumas a que tiene derecho de percibir el Partido Unidad Social Cristiana, que corresponde al proceso tramitado en el expediente 09-000555-1012 CJ en el que figura como actor el Banco de Costa Rica (folios 37 y 38);

9. En sentencia 5927-E8-2010 de las 8:45 horas del 7 de setiembre del 2010, dictada dentro del expediente 412-2010, este Tribunal se pronunció sobre una gestión presentada por el señor José Adrián Vargas Barrantes, en su condición de Tesorero Nacional, en la que manifestó una “imposibilidad de Aplicar (sic) Embargos enviados a la Tesorería Nacional por esa Secretaría del Tribunal supremo (sic) de Elecciones”. En la resolución de cita, esta Magistratura reafirmó los alcances de las órdenes impartidas a la Tesorería Nacional en la resolución número 2124-E10-2010 y en el acuerdo del artículo décimo cuarto de la sesión ordinaria Nº 041-2010, relativos a las medidas cautelares aplicadas en torno al embargo practicado a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, en los siguientes términos: “(…) esta autoridad jurisdiccional ordenó a la Tesorería Nacional que, conforme a la retención cautelar decretada por esta autoridad en la resolución Nº 2124-E10-2010 referida, se procediera a depositar en la cuenta del Banco de Costa Rica número 080046561012-1 la suma de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos), orden que no presenta oscuridad o ambigüedad alguna. Adicionalmente se estableció que el conocimiento de la diferencia entre dicha suma y los ¢137 436.087,00 (ciento treinta y siete millones cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y siete colones netos) a los que se refiere en el oficio Nº 48 supra indicado, se reservaría para el momento en que se determine si, después de canceladas las cesiones a terceros, corresponde girarle al partido Unidad Social Cristiana monto alguno por su participación en el proceso electoral.” (folios 20 a 33 del expediente 412-2010);

10. Que mediante el oficio de fecha 2 de julio del 2010, presentado en la Dirección General citada el 29 de setiembre del 2010, el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, remitió decreto de embargo por la suma de ¢15.029.731,50 (quince millones veintinueve mil setecientos treinta y un colones con cincuenta céntimos) sobre las sumas a que tiene derecho de percibir el Partido Unidad Social Cristiana, que corresponde al proceso tramitado en el expediente 10-010260-1012 CJ en el que figura como actor la Caja Costarricense de Seguro Social (folio 40);

11. Que en auto de las 11:50 minutos del 13 de octubre del 2010, este Tribunal conoció el oficio número TN-956-2010 recibido en la Secretaría de este Tribunal el 4 de octubre del 2010, suscrito por el señor José Adrián Vargas Barrantes, Tesorero Nacional, mediante el cual aporta “ACTA DE ENTREGA”, documento en el que se acredita que el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José recibió el título valor número 953, serie dppusc2010, con cupones numerados del 1 al 8, por un monto total de ¢112.177 041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos) con el fin de cumplir con las órdenes de esta Magistratura (folio 85 del expediente 412-2010).

12. Que la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, en el oficio número DGRE-684-2010 del 15 de octubre del 2010 e informe DFPP-IF-PUSC-04/2010 del 14 de octubre del 2010, relativos a la revisión de la liquidación de gastos presentada por el PUSC, para justificar el aporte estatal que le corresponde por su participación en la campaña político electoral 2006-2010, determinó como datos generales: a) que del monto de ¢1.053.836.513,33 (mil cincuenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trece colones con treinta tres céntimos), aprobado como monto máximo a recibir por concepto de contribución estatal, esta agrupación definió estatutariamente la reserva para cubrir gastos permanentes de capacitación y organización en un 13% (3% para capacitación y 10% para organización), porcentaje total que equivaldría a la suma de ¢136.998.746,73 (¢31.615.095,39 relativo al 3% previsto para cubrir gastos de capacitación y ¢105.383.651,33 referente al 10% para gastos de organización); b) que el 87% destinado a “gastos electorales de campaña” correspondería económicamente a la suma de ¢916.837.766,60 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta y seis colones con sesenta céntimos) (informe DGRE-684-2010 visible a folios 01 a 34 del presente expediente);

13. Que según el informe rendido por la Dirección General citada, el PUSC presentó una liquidación de gastos que asciende a la suma de ¢1.095.273.668,79 (mil noventa y cinco millones doscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho colones con setenta y nueve céntimos (informe DGRE-684-2010 visible a folios 01 a 34);

14. Que según el mismo informe, una vez efectuada la revisión de la liquidación de gastos presentada por el Partido Unidad Social Cristiana la Dirección General tuvo como erogaciones válidas y justificadas, posibles de redimir con cargo a la contribución estatal, un total de ¢968.810.733,10 (novecientos sesenta y ocho millones ochocientos diez mil setecientos treinta y tres colones con diez céntimos) para efectos de su reconocimiento con recursos de la contribución estatal, de modo tal que de éstos: a) ¢51.972.966,50 (cincuenta y un millones novecientos setenta y dos mil novecientos sesenta y seis colones con cincuenta céntimos) corresponden a “gastos de organización” justificados y, b) ¢916.837.766,60 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta y seis colones con sesenta céntimos) corresponden al concepto de gastos electorales de campaña, en el total admitido (informe DGRE-684-2010 visible a folios 01 a 34);

15. Que según el informe citado, con respecto a la liquidación por gastos de capacitación y organización, la Dirección General determinó que, de los ¢136.998.746,73 a que tenía derecho: a) la suma de ¢51.972.966,50 aprobada corresponde a una porción de los “gastos de organización” pues no liquidó gastos por concepto de capacitación; b) que el saldo de ¢85.025.780,23 queda sujeto, para efectos de su reconocimiento, al proceso de liquidaciones trimestrales establecido en el artículo 107 del Código Electoral, de forma tal que de éstos, la suma de ¢31.615.095,39 corresponden a la totalidad del porcentaje de capacitación (3%) no solicitado, y el monto de ¢53.410.684,83 corresponde a la “diferencia no reconocida” por concepto de “gastos de organización” (10%); (informe DGRE-684-2010 visible a folios 01 a 34);

16. Que según el mismo informe, la Dirección General determinó que, del monto máximo de ¢916.837.766,60, equivalente a gastos electorales de campaña, la revisión realizada permitió validar erogaciones que cubren la totalidad de dicho monto, razón por la cual no se presenta “remanente no reconocido”, en los términos previstos en el artículo 107 del Código Electoral; (informe DGRE-684-2010 visible a folios 01 a 34);

17. Que el Partido Unidad Social Cristiana realizó dos emisiones de certificados de cesión por un monto total de ¢6.000 millones de colones netos, desglosados en ¢3.000 millones de colones netos de la emisión serie A y ¢3.000 millones de colones netos de la emisión serie B (informe DGRE-684-2010 visible a folios 01 a 34);

IV.—Hechos no probados: Ninguno de relevancia para el dictado de la resolución en este expediente.

V.—Sobre el resultado final de la revisión de las liquidaciones presentadas por la Dirección respecto del Partido Unidad Social Cristiana para el período electoral 2006-2010: De acuerdo con el examen practicado por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos respecto de la documentación aportada por el Partido Unidad Social Cristiana para justificar el aporte estatal, contenido en el oficio número DGRE-684-2010 del 15 de octubre del 2010 e informe DFPP-IF-PUSC-04/2010 del 14 de octubre del 2010, al amparo de lo dispuesto en los artículos 107 del Código Electoral y 71 del Reglamento sobre Financiamiento mencionado ut supra, esta Magistratura se permite analizar de manera independiente los siguientes aspectos:

a) Sobre los gastos aceptados. Tal como se desprende de los hechos tenidos por probados, del monto de ¢1.053.836.513,33 (mil cincuenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trece colones con treinta tres céntimos) aprobado como monto máximo para recibir por concepto de contribución estatal, este partido definió estatutariamente la reserva para cubrir gastos permanentes de capacitación y organización en un 13% (3% para capacitación y 10% para organización), porcentaje total que equivaldría a la suma de ¢136.998.746,73 (¢31.615.095,39 relativo al 3% previsto para cubrir gastos de capacitación y ¢105.383.651,33 referente al 10% para gastos de organización). De modo tal que el 87% destinado a “gastos electorales de campaña” correspondería económicamente a la suma de ¢916.837.766,60 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta y seis colones con sesenta céntimos).

En el presente caso, el PUSC presentó una liquidación de gastos que asciende a la suma de ¢1.095.273.668,79 (mil noventa y cinco millones doscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho colones con setenta y nueve céntimos) y una vez efectuada la revisión de la liquidación de gastos presentada, la Dirección General tuvo como erogaciones válidas y justificadas, posibles de redimir con cargo a la contribución estatal, un total de ¢968.810.733,10 (novecientos sesenta y ocho millones ochocientos diez mil setecientos treinta y tres colones con diez céntimos) para efectos de su reconocimiento con recursos de la contribución estatal, de modo tal que de éstos: a) ¢51.972.966,50 (cincuenta y un millones novecientos setenta y dos mil novecientos sesenta y seis colones con cincuenta céntimos) corresponden a “gastos de organización” justificados y, b) ¢916.837.766,60 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta y seis colones con sesenta céntimos) corresponden al concepto de gastos electorales de campaña, en el total admitido.

La diferencia entre la suma de ¢1.053.836.513,33 aprobada como monto máximo para recibir por concepto de contribución estatal y el monto de ¢968.810.733,10 validado radica en que, con respecto a la liquidación por gastos de capacitación y organización, la Dirección General determinó que, de los ¢136.998.746,73 a que tenía derecho la agrupación, ¢51.972.966,50 corresponden solamente a una porción de los “gastos de organización” y no se liquidaron gastos por concepto de capacitación. En virtud de ello, quedó a favor del partido una reserva de ¢85.025.780,23 sujeta, para efectos de su reconocimiento, al proceso de liquidaciones trimestrales establecido en el artículo 107 del Código Electoral. De esta forma queda en reserva la suma de ¢31.615.095,39 que corresponde a la totalidad del porcentaje de capacitación (3%) no solicitado y el monto de ¢53.410.684,83 que corresponde a la “diferencia no reconocida” por concepto de “gastos de organización” (10%), con lo cual se preserva el porcentaje establecido estatutariamente para estas actividades permanentes del partido (art. 92 inciso b, 95 y 107 del Código Electoral).

De la revisión realizada se desprende que, del monto máximo de ¢916.837.766,60 equivalente a gastos electorales de campaña, la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos constató erogaciones que cubren su totalidad, razón por la cual no se presenta “remanente no reconocido” en los términos previstos en el artículo 107 del Código Electoral.

b) Sobre el monto a deducir por concepto de financiamiento anticipado recibido. Sobre el particular, es indispensable indicar que el Partido Unidad Social Cristiana no recibió monto alguno por concepto de financiamiento anticipado, por lo que no corresponden deducciones por este concepto.

c) Sobre las emisiones de certificados partidarios a cubrir. Sobre este aspecto, corresponde observar lo previsto en el artículo 117 del Código Electoral, en el que se establece lo siguiente:

“Artículo 117.—Liquidación de bonos. Si la contribución que el Estado debe liquidar a cada partido no alcanza para cubrir la totalidad de la primera emisión de certificados de cesión, el cambio por los bonos del Estado se realizará con la disminución proporcional correspondiente. La misma norma se aplicará en forma escalonada a las emisiones siguientes, si cubierta en su totalidad la primera emisión existe un sobrante.”.

En la especie, el Partido Unidad Social Cristiana realizó dos emisiones de certificados de cesión por un monto total de 6.000 millones de colones desglosados de la siguiente manera: total de emisión serie A ¢3.000 millones; total de emisión serie B ¢3.000 millones. Por consiguiente, una vez determinado el monto que en definitiva corresponda reconocer a este partido en la parte dispositiva de esta sentencia, deberá la Tesorería Nacional aplicar lo ahí dispuesto realizando la disminución proporcional correspondiente.

d) Sobre la procedencia de retenciones que corresponda practicar por morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero-patronales, multas impuestas pendientes de cancelación (artículo 300 del Código Electoral) u omisión de las publicaciones ordenadas en el artículo 135 del Código Electoral. En el presente caso, no resulta procedente efectuar retención alguna en aplicación del artículo 300 del Código Electoral pues no existe registro de que el partido mencionado deba responder por las multas que establece el actual Código.

Según el acuerdo adoptado por esta Magistratura Electoral en la sesión ordinaria Nº 86-2009 celebrada el 27 de agosto de 2009, artículo cuarto, que se fundamentó en los numerales 135 y 87 de esa nueva legislación, el Tribunal señaló que no girará monto alguno de deuda política mientras los partidos políticos no publiquen en octubre próximo, en un diario de circulación nacional, un estado auditado de sus finanzas que incluya la lista de contribuyentes o donantes. Aún cuando el Partido Unidad Social Cristiana no ha cumplido con la publicación anual (período comprendido entre el 1 de julio del año 2009 al 30 de junio de 2010), conforme lo señala la Dirección General, del artículo 135 del Código Electoral se desprende que el plazo establecido en este numeral para cumplir lo requerido vence el último día del mes de octubre del 2010, lo que implica que, a la fecha, no se produce el supuesto de hecho que exige la retención pues el incumplimiento aún no ha operado ya que el plazo se encuentra vigente. Conforme a lo expuesto, es claro que el Partido aún cuenta con tiempo, por lo que resulta inadmisible estimar que se encuentra en mora.

Finalmente, en torno a las retenciones por concepto de morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero-patronales, mediante resolución número 4114-E8-2009 de las 10:30 horas del 3 de setiembre del 2009, dictada en el expediente 261-Z-2008, este Tribunal Electoral analizó la potestad del Juez Electoral de dictar medidas preventivas para ajustar los derechos constitucionales de participación política y de seguridad social, aceptando la posibilidad de que la contribución estatal reconocida a un partido político sea retenida, de manera cautelar, como consecuencia de que la agrupación presente deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Es así cómo el 9 de marzo del 2010, en el artículo tercero b) de la sesión ordinaria número 023-2010, esta Magistratura Electoral conoció el oficio número P.E. 2430-10 del 3 de marzo de 2010, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 5 de marzo y suscrito por el señor Eduardo Doryan Garrón, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se detallaron las agrupaciones políticas que se encontraban inscritas ante dicho ente asegurador, así como su situación de morosidad, al cual se adjuntó certificación del Área de Gestión de Cobro a Patronos del 2 de marzo de 2010, según la cual el Partido Unidad Social Cristiana adeudaba a tal institución la suma de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos), y se dispuso: “Reservar el conocimiento de este asunto para el momento en el que este Tribunal deba pronunciarse sobre la determinación del monto máximo de aporte estatal que correspondería a las respectivas agrupaciones políticas, de conformidad con el resultado de los comicios celebrados el 7 de febrero de 2010”.

Posteriormente, en resolución número 2124-E10-2010 de las 11 horas del 26 de marzo del 2010, este Órgano determinó que de conformidad con el resultado de las elecciones celebradas el 7 de febrero del 2010, el partido citado podría recibir por concepto de contribución estatal, un monto máximo de ¢1.053.836.513,33 (mil cincuenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil quinientos trece colones con treinta tres céntimos) y, en relación con las retenciones solicitadas como medida cautelar, estableció: “X. En atención a los oficios conocidos por este Tribunal, según los acuerdos referidos en los resultandos siete y ocho de la presente resolución y a lo establecido en la resolución n.º 4114-E8-2009 de las diez horas con treinta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve, también de este Tribunal, en relación con el partido Unidad Social Cristiana procede: a) Ordenar al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional retener cautelarmente el giro de ¢112 177 041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos), suma que esa agrupación política adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social según lo certificado por dicha institución en fecha 2 de marzo de 2010, hasta que se suministre a este Tribunal certificación que demuestre que dicha agrupación política se encuentra al día con sus pagos, que se llegó a un arreglo de pago por concepto de cuotas obrero patronales o, en su caso, hasta que dichos montos sean liberados o requeridos por juez competente en estrados judiciales; de ese modo, las autoridades hacendarias dichas reservarán ese monto a efectos de garantizar que se honren debidamente esas deudas con la seguridad social. Para lo correspondiente, la Secretaría de este Tribunal remitirá a las autoridades referidas copia certificada de los antecedentes relacionados”.

Posteriormente, mediante oficio número 48 del 22 de abril de 2010, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 11 de mayo de 2010, la señora Ileana Loáiciga Calderón, Jueza Tramitadora del Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, ordenó decretar embargo por la suma de ¢137.436.087,00 (ciento treinta y siete millones cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y siete colones netos) sobre los montos económicos que percibiera el Partido Unidad Social Cristiana por concepto de financiamiento de acuerdo al artículo 96 del Código Electoral, solicitando que se retuvieran y depositaran las sumas en las cuentas del Banco de Costa Rica números 080046561012-1 (para colones), 225231-7 (para dólares) y 264858-0 (para euros), de conformidad con la orden dictada en el trámite del expediente judicial n.º 08-004656-1012-CJ en el cual figuraba la Caja Costarricense de Seguro Social, como parte actora (folios 12 y 13 del expediente 412-2010).

Lo solicitado generó que el 13 de mayo del 2010, en el artículo décimo cuarto de sesión ordinaria número 041-2010, esta Magistratura ordenara: “Proceda el Ministerio de Hacienda y la Tesorería a depositar en la cuenta en colones del Banco de Costa Rica, número 080046561012-1, perteneciente al Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José, la suma de ¢112 177 041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos). Dicha suma, que corresponde a la retención decretada cautelarmente por este Tribunal mediante resolución número 2124-E10-2010 de las 11:00 horas del 26 de marzo de 2010, se estableció con fundamento en la certificación emitida por el Área de Gestión de Cobro a Patronos, por deudas que mantiene el Partido Unidad Social Cristiana con la Caja Costarricense de Seguro Social, por concepto de cuotas obrero patronales. En cuanto al saldo en descubierto, resérvese su conocimiento para el momento en que se determine si, después de canceladas las cesiones a terceros, corresponde girarle a la citada agrupación política monto alguno por su participación en el proceso electoral.”.

Tal como se desprende de la relación de hechos probados, la suma retenida fue requerida y entregada al juez competente y, por ende, lo procedente es efectuar el rebajo de la suma de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos) del monto correspondiente a la contribución estatal aprobada en forma definitiva, de forma tal que la suma que corresponde entregar asciende a ¢856.633.692,10 (¢968.810.733,10 menos ¢112.177.041,00).

Este Tribunal se permite señalar que la medida cautelar analizada en la resolución número 4114-E8-2009 de las 10:30 horas del 3 de setiembre del 2009 y la retención que se hizo efectiva en la resolución número 2124-E10-2010 de las 11 horas del 26 de marzo del 2010, por un monto de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos) se estableció aplicando el procedimiento dispuesto en la resolución 4114-E8-2009, según el cual, de previo a la resolución que determinara el monto máximo de aporte estatal a los partidos políticos con derecho a ello, según los resultados de las elecciones del 7 de febrero de 2010, este Tribunal solicitaría una certificación de las agrupaciones políticas que se encontraban morosas por concepto de cargas sociales y, en caso de que existieran partidos políticos con derecho a financiamiento estatal morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social, se dispondría cautelarmente en la resolución que determinara el monto máximo de aporte estatal a los partidos políticos, retener el giro correspondiente a la suma certificada que, por adeudos, haya indicado la citada institución, hasta el momento en que la Caja Costarricense de Seguro Social suministre a este Tribunal certificación que demuestre que las agrupaciones políticas se encuentran al día con sus pagos, que llegaron a un arreglo de pago por concepto de cuotas obrero patronales o, en su caso, hasta que dichos montos sean liberados o requeridos por juez competente en estrados judiciales.

En torno a este aspecto, en auto de las 11:50 minutos del 13 de octubre del 2010, este Tribunal conoció el oficio número TN-956-2010 recibido en la Secretaría de este Tribunal el 4 de octubre del 2010, suscrito por el señor José Adrián Vargas Barrantes, Tesorero Nacional, mediante el cual aporta “ACTA DE ENTREGA”, documento en el que se acredita que el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito Judicial de San José recibió el título valor número 953, serie dppusc2010, con cupones numerados del 1 al 8, por un monto total de ¢112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos) cumpliendo así con las órdenes de esta Magistratura (folio 85 del expediente 412-2010).

e) Sobre los gastos en proceso de revisión. Sobre el particular, es indispensable indicar que no existen gastos en proceso de revisión.

f) Sobre el monto total o parcial a girar. Del resultado final de las liquidaciones de gastos presentadas por el citado partido, procede reconocerle a éste la suma de ¢856.633.692,10 (ochocientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos colones con diez céntimos) correspondiente al ciclo electoral 2006-2010 (¢968.810.733,10 menos ¢112.177.041,00).

En virtud de que el Partido Unidad Social Cristiana realizó dos emisiones de certificados de cesión por un monto total de 6.000 millones de colones, desglosados de la siguiente manera: total de emisión serie A ¢3.000 millones de colones netos; total de emisión serie B ¢3.000 millones de colones netos, de conformidad con el monto total aprobado en esta liquidación, tal cifra alcanza únicamente para cubrir de manera parcial la emisión de certificados de cesión Serie A.

Por consiguiente, deberá la Tesorería Nacional aplicar lo dispuesto en el artículo 117 del Código Electoral haciendo la disminución proporcional correspondiente, sea, distribuyendo esa suma entre los certificados que pertenezcan a esa serie.

g) Sobre las retenciones solicitadas por otros Órganos Jurisdiccionales. Este Tribunal se permite indicar que en el elenco de hechos probados han sido detalladas varias gestiones presentadas por órganos jurisdiccionales con el objetivo de obtener la retención de sumas provenientes de la contribución estatal a favor del Partido Unidad Social Cristiana para responder por deudas de esta agrupación política.

Tal como se dispuso en el artículo décimo cuarto de sesión ordinaria número 041-2010 y en la resolución 5927-E8-2010 de las 8:45 horas del 7 de setiembre del 2010, lo procedente era reservar el conocimiento de estas solicitudes para el momento en que se determinara si, después de canceladas las cesiones a terceros, correspondía girarle al partido Unidad Social Cristiana monto alguno por su participación en el proceso electoral.

No obstante, en el presente caso se definió como erogaciones válidas y justificadas, posibles de redimir con cargo a la contribución estatal, un total de ¢968.810.733,10 (novecientos sesenta y ocho millones ochocientos diez mil setecientos treinta y tres colones con diez céntimos) para efectos de su reconocimiento con recursos de la contribución estatal. A esa suma corresponde restarle 112.177.041,00 (ciento doce millones ciento setenta y siete mil cuarenta y un colones netos), según lo antes mencionado, de forma tal que el monto final aprobado asciende a la suma de ¢856.633.692,10 (ochocientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos colones con diez céntimos).

Tomando como premisa que el Partido Unidad Social Cristiana realizó dos emisiones de certificados de cesión por un monto total de 6.000 millones de colones, desglosados de la siguiente manera: total de emisión serie A ¢3.000 millones; total de emisión serie B ¢3.000 millones, ello implica que el monto aprobado solo permite cubrir de manera parcial los certificados de cesión Serie A emitidos por ese partido político, lo que significa que no existe remanente alguno en favor del Partido que permita realizar el análisis que se postergó para esta fecha y resulta improcedente efectuar las retenciones solicitadas.

Por lo expuesto, como cualquier organización con actividad económica, sus pasivos deberán ser cancelados en la forma, plazo y condiciones en que contractualmente lo haya acordado con sus acreedores, como sujetos titulares de derechos y obligaciones que son y, para ello, se podrá recurrir a los mecanismos cobratorios usuales previstos en la normativa civil y comercial.

h) Sobre la reserva para gastos de organización y capacitación. Tal como se señaló en el punto a) del presente considerando, del monto de ¢1.053.836.513,33 aprobado como monto máximo para recibir por concepto de contribución estatal, este partido definió estatutariamente la reserva para cubrir gastos permanentes de capacitación y organización en un 13% (3% para capacitación y 10% para organización), porcentaje total que equivaldría a la suma de ¢136.998.746,73 (¢31.615.095,39 relativo al 3% previsto para cubrir gastos de capacitación y ¢105.383.651,33 referente al 10% para gastos de organización).

No obstante, la Dirección General determinó que de los ¢136.998.746,73 a que tenía derecho la agrupación, únicamente liquidó ¢51.972.966,50 que corresponden a una porción de los “gastos de organización” y no liquidó gastos por concepto de capacitación.

En virtud de ello, quedó a favor del partido una reserva de ¢85.025.780,23 para afrontar gastos futuros de esa naturaleza, cuyo reconocimiento queda sujeto al procedimiento de liquidaciones trimestrales establecido en el artículo 107 del Código Electoral, distribuido de la siguiente manera: a) ¢31.615.095,39 que corresponde a la totalidad del porcentaje de capacitación (3%) no solicitado y, b) ¢53.410.684,83 que corresponde a la “diferencia no reconocida” por concepto de “gastos de organización”.

De conformidad con lo expuesto, deberá la Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda reservar la suma de ¢85.025.780,23 que quedará sujeta, para efectos de su reconocimiento, al procedimiento de liquidaciones trimestrales mencionado. Por tanto,

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96 de la Constitución Política, 107 y 117 del Código Electoral y 71 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, emitido por este Tribunal, se ordena girar a los tenedores de los certificados Serie A, previa disminución proporcional correspondiente, la suma de ¢856.633.692,10 (ochocientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos colones con diez céntimos) que, como monto definitivo y a título de contribución estatal, le correspondía al Partido Unidad Social Cristiana, relativo al ciclo electoral 2006-2010 y conforme al monto reconocido como gastos válidos y comprobados. Se ordena al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional reservar en favor de ese partido la suma de ¢85.025.780,23 para afrontar gastos futuros de organización y de capacitación, cuyo reconocimiento queda sujeto al procedimiento de liquidaciones trimestrales, contemplado en el artículo 107 del Código Electoral. Comuníquese lo resuelto a la Tesorería Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Partido Unidad Social Cristiana, al Banco de Costa Rica y al Juzgado Especializado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Publíquese en el Diario Oficial.—Luis Antonio Sobrado González.—Eugenia María Zamora Chavarría.—Max Alberto Esquivel Faerron.—Mario Seing Jiménez.—Zetty Bou Valverde.—1 vez.—Exento.—(IN2010091881).

EDICTOS

Registro Civil - Departamento Civil

OFICINA ACTOS JURÍDICOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Expediente Nº 46950-09.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas del siete de julio del dos mil diez. María Cecilia Sandí Villegas, mayor, casada, costarricense, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y tres-ciento siete, vecina de Desamparados, San José; tendentes a la rectificación de su asiento de nacimiento en el sentido que la fecha de nacimiento de la misma es “veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro”. Conforme lo señala el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, publíquese este edicto por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta. Se previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derechos, dentro del término de ocho días a partir de su primera publicación.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina. Jefe a. í.—RP2010203289.—(IN2010089343).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Jorge Brown Leandro, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 0596-08.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las doce horas quince minutos del once de marzo del dos mil ocho. Exp. Nº 36188-07. Resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—...; Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto: procédase a rectificar el asiento de nacimiento de George Michael Brawn Vega... y el asiento de nacimiento de Nicole de los Ángeles Brawn Vega... en el sentido que el primer apellido del padre... es “Brown”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—MSc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(IN2010090573).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Humberto José Alemán, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 2128-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas once minutos del veintiuno de setiembre del dos mil diez. Expediente Nº 28314-2010. Resultando 1.-..., 2.-... Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo: ... Por tanto: rectifíquese el asiento de matrimonio de Humberto José Alemán Guevara con Katia María Zúñiga Zúñiga...; en el sentido que el apellido de la madre del cónyuge y consecuentemente el apellido del mismo es “Alemán, no indica segundo apellido” y no como se consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2010090611).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por María Eugenia Sequeira no indica segundo apellido, ratificada por su hija María Eugenia Sequeira Dávila, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2129-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas y quince minutos del veinte de setiembre del dos mil diez. Ocurso Expediente Nº 29762-2007. Resultando: 1º—…, 2º—…; Considerando: I.—Hechos probados:…, II.—Hechos no probados:…, III.—Sobre el fondo:… Por tanto: Rectifíquense los asientos de nacimiento de María Eugenia Sequeira Dávila, José Daniel Aporta Sequeira y José Luis Oporta Sequeira; en el sentido que el apellido de la madre de los mismos es “Sequeira no indica segundo apellido”, y no como se consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—RP2010204050.—(IN2010090793).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Erlinda del Socorro Granado, no indica otro apellido, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 174-10.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las once horas y veintitrés minutos del diez de febrero del dos mil diez. Ocurso. Expediente Nº 34963-09. Resultando: 1º—…, 2º—…, 3º—…; Considerando: I.—Hechos probados:…, II.—Hechos no probados:…, III.—Sobre el fondo:… Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Mario Hanzel Ríos Granados..., en el sentido que el nombre y el apellido de la madre de la persona ahí inscrita son “Erlinda del Socorro Granado, no indica otro apellido”, y no como se consignó.—Lic. Óscar Fernando Mena Carvajal, Director General a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. í.—1 vez.—RP2010204187.—(IN2010090794).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Laura Marcela Hazera Calderón, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 1671-08.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas cincuenta minutos del once de agosto del dos mil ocho. Expediente Nº 17057-08. Resultando 1.-..., 2.-..., 3.-... Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquense el asiento de matrimonio de Gerald Starling Granados Aguilar con Laura Marcela Calderón Zúñiga... en el sentido que los apellidos de la cónyuge son “Hazera Calderón” hija de “Roberto Hazera Casey y Blanca Rosa Calderón Zúñiga, costarricenses” y el asiento de nacimiento de Alejandro Barahona Calderón..., en el sentido que los apellidos de la madre del mismo son “Hazera Calderón” y no como se consignaron.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(IN2010090976).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Nuria Díaz Arroyo, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 1860-10.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas veinte minutos del diecisiete de agosto del dos mil diez. Expediente Nº 45613-09. Resultando: 1... 2...; Considerando: I.—Hechos probados..., II.—Hechos no probados... III.—Sobre el fondo... Por tanto: rectifíquese el asiento de defunción de Steven Michael Bleck Christensen... en el sentido que el apellido de la persona ahí inscrita es “Bleak, no indica segundo apellido”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2010090979).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

BANCO DE COSTA RICA

MODIFICACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES

AÑO 2010

Fecha Fuente Monto

Descripción estimada financiamiento aproximado

Contratación de servicios

técnicos especializados para

el análisis, desarrollo y man-

tenimiento de los sistemas

de BCR Valores II Semestre BCR US$ 100.000,00

Oficina de Compras y Pagos.—Rodrigo Aguilar Solórzano, Área de Licitaciones.—1 vez.—O. C. Nº 60058.—Solicitud Nº 40137.—C-11070.—(IN2010093239).

LICITACIONES

HACIENDA

UNIDAD DE COORDINACIÓN PROYECTO LIMÓN

CIUDAD-PUERTO (UCP)

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010-LA-000006-UCP

Adquisición de central telefónica, red inalámbrica y Rack

de Comunicaciones para las oficinas del Proyecto

Limón Ciudad-Puerto ubicadas en el

Casco central de Limón

La Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad-Puerto (UCP), invita a todos los interesados a participar en el siguiente concurso:

Licitación Nº 2010-LA-000006-UCP

Ítem único: solución de central telefónica, red inalámbrica y Rack de comunicaciones.

Apertura de ofertas el 16 de noviembre de 2010. Hora: 13:00 horas. Rigen para este concurso las especificaciones técnicas, las condiciones generales, mismas que se encuentran disponibles en el Área de Adquisiciones de la UCP, sita en Zapote, Casa Presidencial, edificio Langer o bien pueden solicitarlas a las siguiente dirección de correo electrónico ecruz.plcp@casapres.go.cr, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2 de noviembre del 2010.—Dr. Roberto Sawyers Copeland, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2010093264).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010-LA-000005-UCP

Adquisición de mobiliario para las oficinas

del Proyecto Limón Ciudad-Puerto

La Unidad de Coordinación del Proyecto Limón, Ciudad-Puerto (UCP), invita a todos los interesados a participar en el siguiente concurso:

Licitación Nº 2010-LA-000005-UCP

Ítem 1: siete estaciones de trabajo, una sala de reuniones, una oficina de gerencia, una cocineta y tres muebles de almacenamiento en pasillo, para oficina ubicada en San José.

Ítem 2: un archivo móvil, para oficina ubicada en San José.

Ítem 3: sillería, para oficina ubicada en San José.

Ítem 4: cuarenta y un estaciones de trabajo, una recepción, una sala de espera y un comedor, para oficina ubicada en Limón.

Ítem 5: un archivo móvil, para oficina ubicada en Limón.

Ítem 6: una sala de juntas y una oficina de gerencia, para oficina ubicada en Limón.

Ítem 7: sillería para la oficina en Limón.

Apertura de ofertas el 16 de noviembre de 2010. Hora: 11:00 horas. Rigen para este concurso las especificaciones técnicas, las condiciones generales, mismas que se encuentran disponibles en el Área de Adquisiciones de la UCP, sita en Zapote, Casa Presidencial, edificio Langer o bien pueden solicitarlas a las siguiente dirección de correo electrónico ecruz.plcp@casapres.go.cr, horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

2 de noviembre del 2010.—Dr. Roberto Sawyers Copeland, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2010093265).

CULTURA Y JUVENTUD

TEATRO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2010LN-000236-01100

Concesión de las instalaciones del café del teatro

La Proveeduría Institucional del Teatro Nacional, comunica a los interesados en el presente concurso, que las ofertas para la presente licitación, se recibirán hasta las 9:00 horas del 30 de noviembre del 2010. El cartel se podrá retirar a partir del día siguiente a la presente comunicación en las oficinas de la Proveeduría Institucional del Teatro o en el sistema CompraRed del Ministerio de Hacienda.

San José, 3 de noviembre del 2010.—Lic. Daniel Jiménez Solís, Proveedor Institucional.—1 vez.—O.C. Nº 4494.—Solicitud Nº 29658.—C-10220.—(IN2010092889).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010LA-000033-APITCR

Suministro e instalación de elevador para edificio

de Administración de Empresas

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Departamento de Aprovisionamiento, ubicado en el edificio D-4 sede central, recibirá ofertas hasta las diez horas (10:00 a. m.) del día 22 de noviembre del 2010, para el “suministro e instalación de un elevador para el edificio de Administración de Empresas”.

Los interesados pueden retirar el cartel sin costo alguno en el Departamento de Aprovisionamiento, sede central Cartago, o bien por medio de los correos electrónicos csanchez@itcr.ac.cr y/o licitaciones@itcr.ac.cr.

Cartago, 3 de noviembre del 2010.—Departamento de Aprovisionamiento.—Lic. Walter Sequeira Fallas, Director.—1 vez.—O. C. Nº 1609.—Solicitud Nº 35515.—C-12750.—(IN2010093244).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ-GUANACASTE

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2010LN-000002-01

Compra de terreno para la construcción de la terminal

de buses, distrito Santa Cecilia Ley Nº 8691-2009,

distrito segundo del cantón de La Cruz

La Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, invita a todos los interesados a participar en el proceso de Licitación Pública N° 2010LN-000002-01, para la compra de terreno para la construcción de la terminal de buses, en el distrito de Santa Cecilia, con un área mínima de 7 mil metros cuadrados, ubicado dentro de un área mínima de distancia de la población de 500 metros.

El cierre y la apertura de las ofertas será el 1º de diciembre del 2010, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones Municipal, sita 150 metros norte del parque local. Para obtener toda la información adicional y aclaraciones pertinentes a este proceso comunicarse al telefax 2679-9878 con el departamento de Proveeduría y Licitaciones.

El cartel de licitación con las especificaciones técnicas debe ser retirado en las oficinas indicadas anteriormente, previo al pago de ¢5.000, en la Tesorería Municipal, o ser depositado en el Banco Nacional de Costa Rica a la cuenta corriente: 100-1-0650000979-7 o a la cuenta cliente 15106510010009791, presentar boleta de pago o de depósito para la entrega de los documentos.

La Cruz, Guanacaste, 2 de noviembre del 2010.—Proveeduría Municipal.—Gustavo Briceño Álvarez, Proveedor.—1 vez.—(IN2010092795).

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2010LN-000003-01

Compra de terreno para proyecto de vivienda,

en el distrito de Santa Cecilia, distrito

segundo del cantón de La Cruz

La Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, invita a todos los interesados a participar en el proceso de Licitación Pública N° 2010LN-000003-01, para la compra de terreno para proyecto de vivienda, en el distrito de Santa Cecilia, con un área mínima de 10 mil metros cuadrados, ubicado dentro de un área mínima de distancia de la población de 1,500 metros.

El cierre y la apertura de las ofertas será el 1º de diciembre del 2010, a las 13:00 horas, en el Salón de Sesiones Municipal, sita 150 metros norte del parque local. Para obtener toda la información adicional y aclaraciones pertinentes a este proceso comunicarse al telefax 2679-9878 con el departamento de Proveeduría y Licitaciones.

La Cruz, Guanacaste, 2 de noviembre del 2010.—Proveeduría Municipal.—Gustavo Briceño Álvarez, Proveedor.—1 vez.—(IN2010092796).

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010LA-0000 25-CL01

El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí invita a todos las empresas interesadas a participar en la Licitación Abreviada Nº 2010LA-0000 25-CL01: Para realizar la siguiente contratación.

Ítem Nº 1:

• Contratación de 9 buses con capacidad de 54 pasajeros, para trasladar bandas nacionales dentro del país.

Ítem Nº 5:

• Alquiler de una gradería metálica, con capacidad para ubicar a más de 800 personas.

• Alquiler de seis cabañas sanitarias con su respectivos lavamanos, para ser utilizado el día 18 de diciembre.

Ítem Nº 6:

• Alquiler de 18 radios de comunicación WT completos UHF, programadas en canal directo, para ser utilizado del día 14 de diciembre al día 22 de diciembre.

Ítem Nº 7:

• Alquiler de sonido:

• Equipo amplificado para cubrir el evento en el Parque Central de Guápiles. El día 3 de diciembre.

• Equipo de sonido especial para trasmisiones televisivas en vivo.

El cartel con las cantidades, especificación y sitios de entrega, estarán disponibles en la oficina de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí.

El plazo para el recibo de las ofertas será hasta las nueve horas del 15 de noviembre del 2010, el costo del cartel es de dos mil colones y se cancelará en el Departamento de Tesorería Municipalidad de Pococí, e-mail. espinowhite@yahoo.com. Fax 2710-4903. Teléf. 2710-6560, ext 122.

Lic. Iris Vega Cortés, Proveedora Municipalidad de Pococí.—1 vez.—(IN2010092895).

ADJUDICACIONES

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2010LN-000005-8101

Adquisición servicio de corte y confección de sábanas

Se informa a los interesados participantes en el concurso Licitación Pública 2010LN-000005-8101 por objeto de “adquisición servicio de corte y confección de sábanas”, que por resolución Nº 1286 de la Dirección de Producción Industrial se adjudica de la siguiente forma: ítemes 01 y 04 a la empresa Multiservicios y Cami S. A., por un monto de ¢ 53.215.900,00 (cincuenta y tres millones doscientos quince mil novecientos colones con 00/100), resolución DPIC-1289-2010; ítemes 02 y 03 a Copemudesu R. L. y Coopesantafe R. L., por un monto de ¢25.375.000,00 (veinticinco millones trescientos setenta y cinco mil colones con 00/100). Ver detalle en http://www.ccss.sa.cr

San José, 1º de noviembre de 2010.—Marvin Rojas León.—1 vez.—RP2010205433.—(IN2010092926).

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2010LA-000009-2205

Mantenimiento preventivo y correctivo

de elementos de mediana tensión

Se informa a los interesados que este concurso se adjudicó a la Corporación Eléctrica Osmín Vargas S. A. el ítem 1 por un monto de $24.600,00 (veinticuatro mil seiscientos dólares estadounidenses con 00/100), ver detalles y mayor información en: http://www.ccss.sa.cr.

Alajuela, 28 de octubre del 2010.—Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Director Médico.—1 vez.—(IN2010093197).

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2010LN-000002-IMAS

Adquisición de implementos escolares destinados a estudiantes de escuelas Promecum,

territorios indígenas y algunas unidocentes

Se comunica a los interesados en la licitación de referencia, que mediante acuerdo del Consejo Directivo CD-461-10, acta Nº 082-10 del 1º de noviembre del 2010, se adjudica la licitación referida, según lo siguiente:

Línea	Detalle	Marca	Proveedor	Costo unitario	Costo total
1	Tajador. Cantidad: 100.000	Supra	Corporación Vado Quesada S. A.	$ 0,089	$ 8.900,00
2	Borrador. Cantidad: 100.000	Redapple	Jiménez & Tanzi S. A.	¢ 50,00	¢5.000.000,00
3	Lapicero azul. Cantidad: 100.000	Escrimex “Inter Twist”	Jiménez & Tanzi S. A.	¢ 38,00	¢3.800.000,00
4	Lapicero rojo. Cantidad: 100.000	Escrimex “Inter Twist”	Jiménez & Tanzi S. A.	¢ 38,00	¢3.800.000,00
5	Lápiz de mina negra. Cantidad: 100.000	Supra	Corporación Vado Quesada S. A.	$ 0,044	$4.400,00
6	Caja de lápices de color. Cantidad: 100.000	Facela	Corporación Vado Quesada S. A.	$ 0,80	$80.000,00
7	Juegos de geometría. Cantidad: 100.000	Combo Set	Jiménez & Tanzi S. A.	¢ 149,00	¢14.900.000,00
8	Cartuchera. Cantidad: 100.000	Cobertico	José Armando Hernández Alfaro	¢ 320,00	¢32.000.000,00
9	Salveque escolar. Cantidad: 100.000	VQ	Corporación Vado Quesada S. A.	$ 3,048	$304.800,00

Monto total adjudicado: ¢ 267.390.000,00 (doscientos sesenta y siete millones trescientos noventa mil colones exactos).

Se le recuerda a los adjudicatarios que de conformidad con lo solicitado en el cartel, debe rendir Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado, en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación.

San José, 1º de noviembre del 2010.—Área de Proveeduría Institucional.—MBA. Ramón Alvarado G., Proveedor General.—1 vez.—(IN2010093247).

AVISOS

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.

CONCURSO DE ADQUISICIÓN N° 2010PP-000011-PROV

Estudios para la ampliación y modernización

de la Planta Hidroeléctrica Nuestro Amo

Les comunicamos que la Gerencia General de esta Compañía, acordó su adjudicación del concurso en referencia; de la siguiente manera:

A: Geo Ingeniería Ingenieros Consultores S. A.—(Oferta Nº 4)

Artículo único

US$265 696,25

José Antonio Salas Monge, Proveedor Institucional.—1 vez.—(IN2010092891).

FE DE ERRATAS

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2010LN-000022-PROV (Modificación N° 2)

Compra de vehículos de diferentes tipos para

el Organismo de Investigación Judicial

El Departamento de Proveeduría comunica a todos los potenciales proveedores interesados en participar en el procedimiento de referencia, que:

En la cláusula 3.2.1 de Garantías de cumplimiento, debe leerse así:

3.2.1 La garantía de cumplimiento será del diez por ciento (10%) del monto total adjudicado. Su vigencia se determinará así: a) Plazo para la validez, perfeccionamiento y formalización de la contratación: 60 días naturales, b) Cantidad de días para ejecutar el contrato (plazo de entrega) y c) Holgura: 60 días naturales.

Los demás términos y condiciones permanecen invariables.

San José, 3 de noviembre del 2010.—Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Proceso de Adquisiciones.—1 vez.—(IN2010093232).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2010LA-000001PROV

Acondicionamiento eléctrico de los

Tribunales de Justicia de San Carlos

Se comunica a los potenciales oferentes que se han realizado modificaciones al cartel, las mismas están disponibles a partir de esta publicación a través de Internet, en la dirección http://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria o solicitar el envío del correspondiente archivo por correo electrónico a la dirección jzuniga@poder-judicial.go.cr.

Demás términos y condiciones se mantiene invariables.

Se reitera que la fecha para la recepción de ofertas se prorrogó para el día 12 de noviembre de 2010 a las 10:00 horas.

San José, 3 de noviembre del 2010.—Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa Proceso de Adquisiciones.—1 vez.—(IN2010093233).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2010LN-000015-PCAD

(Prórroga N° l)

Contratación de los servicios profesionales de cobro judicial

Por haberse presentado recurso de objeción al cartel se traslada la apertura de ofertas para las 14:00 horas del 8 de diciembre del 2010.

Todas las demás condiciones y requisitos permanecen invariables.

San José, 3 de noviembre del 2010.—Subproceso de Gestión y Análisis de Compras.—Lic. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa.—1 vez.—(IN2010093261).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL MÉXICO

LICITACIÓN NACIONAL N° 2010LN-000014-2104

Por la adquisición de stent coronarios por consignación

solicitado por el servicios de cardiología

Se comunica a los interesados en el concurso antes mencionado, que la fecha de recepción de ofertas ha sido prorrogada para el día 10 de diciembre del 2010 a las 10:00 a. m. horas. De haber alguna modificación en el cartel se les estará avisando por este mismo medio.

San José, 1° de noviembre del 2010.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Mercedes Apolo Matarrita, Coordinadora.—1 vez.—(IN2010092894).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2010LN-000003-01

(Ampliación en el plazo de adjudicación)

Abastecimiento continuo de horas de

mantenimiento para los sistemas

integrados del PANI

El Patronato Nacional de la Infancia, cédula jurídica Nº 3-007-042039-35, a través del Departamento de Suministros, Bienes y Servicios, comunica a todos los interesados en participar en la licitación arriba indicada, que se prorroga el plazo de adjudicación en 10 días hábiles.

San José, 2 de noviembre del 2010.—Departamento de Suministros, Bienes y Servicios.—Guiselle Zúñiga Coto, Coordinadora.—1 vez.—O. C. Nº 31677.—Solicitud Nº 39262.—C-2600.—(IN2010092859).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2010LA-000004-ARESEP

(Modificaciones)

Contratación de servicios de monitoreo de noticias

En La Gaceta Nº 201, del viernes 15 de octubre del 2010, salió publicada la invitación en participar en la licitación de referencia, donde la Proveeduría Institucional procede a realizar las siguientes modificaciones:

En el Punto III, de los Resultados Esperados, eliminar las cláusulas 3.9 y 3.11.

Las demás condiciones del cartel de licitación se mantienen invariables y la fecha para la recepción de ofertas se mantiene hasta las 10:00 horas, del 11 de noviembre del 2010.

San José, 8 de setiembre del 2010.—Jorge Romero Vargas, Proveedor General.—1 vez.—O. C. Nº 5271-2010.—Solicitud Nº 36081.—C-13600.—(IN2010092797).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2010LA-000074-02

(Prórroga N° 1)

Contratación de los servicios para la sustitución

del aislamiento térmico de la refinería

Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en referencia, que la fecha de apertura y recepción de ofertas se prorrogó para el día 19 de noviembre del 2010 a las 10:00 horas.

Ing. Johnny Gamboa Chacón, Jefe Departamento Contrataciones Bienes y Servicios.—1 vez.—O. P. Nº 3248.—Solicitud Nº 39416.—C-9350.—(IN2010092876).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2010LA-000072-02

(Prórroga N° 1)

Contratación de los servicios de profesionales

en Ingeniería para la medición de espesores

de tuberías y la actualización de la

información de áreas

diversas de proceso

Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en referencia, que la fecha de apertura y recepción de ofertas se prorrogó para el día 17 de noviembre del 2010 a las 13:00 horas.

Ing. Johnny Gamboa Chacón, Jefe Departamento Contrataciones Bienes y Servicio.—1 vez.—O. C. Nº 3248.—Solicitud Nº 39415.—C-11050.—(IN2010092879).

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

Se comunica el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la sesión ordinaria Nº 24, acta Nº 38 del 11 de octubre del 2010, que indica lo siguiente:

Acuerdo AC-516-10: “Se acuerda: con dispensa de trámite de comisión: Con fundamento en las disposiciones de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 13 inciso c) y 143 del Código Municipal y tomando parcialmente las disposiciones incluidas en el acuerdo Nº 228-10, de la sesión ordinaria Nº 08, acta Nº 13 celebrada el día 28 de setiembre del 2010, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Escazú, se dispone: 1º—Reformar el artículo 74 del Reglamento para el Nombramiento y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Escazú, y de los Comités Comunales, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 74.—De las tarifas: Las tarifas para el uso de las instalaciones deportivas y recreativas a cargo de El Comité, son de cobro obligatorio y no pueden ser modificadas sin previa autorización del Concejo Municipal.

Se exceptúa del pago de dichas tarifas a los equipos de la Ligas Menores del cantón, a los de programas de promoción deportiva de El Comité y para los representativos del cantón que oficial y previamente hayan sido designados por El Comité, siempre y cuando su utilización sea diurna.

Para los entrenamientos programados de todos los demás equipos, salvo los que se dirán, se cobrará un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa ordinaria. Se exceptúa de dicho pago para entrenamientos a los equipos de Ligas Menores del cantón a los de programas de promoción deportiva de El Comité y para los representativos del cantón que oficial y previamente hayan sido designados por El Comité.

El Comité definirá dos días en horario nocturno a la semana para estos entrenamientos y serán otorgados de conformidad a la disponibilidad de espacio. El entrenamiento debe estar bajo la dirección de un monitor, entrenador titulado o persona autorizada expresamente por El Comité.

Para efectos de brindar ayuda en lo relacionado con el uso de las instalaciones y los gastos en que los equipos del cantón puedan incurrir, cuando representen al cantón en torneos oficiales de las diferentes Federaciones, El Comité suministrará al equipo representativo, la prioridad de uso de las instalaciones sin costo para los partidos oficiales que deba realizar en la jornada diurna y nocturna. Para ello, se elaborarán los convenios respectivos.

Las tarifas serán elaboradas por El Comité y podrá solicitar el apoyo de algún funcionario del Proceso Financiero-Administrativo de la Municipalidad de Escazú, que deberá ser designado por la Jefatura correspondiente.

El Comité remitirá el correspondiente estudio de tarifas al Concejo Municipal para su aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Para los efectos del artículo 43 del Código Municipal, publíquese este acuerdo de reforma al Reglamento mencionado, en el Diario Oficial La Gaceta, para la consulta pública no vinculante, por el plazo de diez días hábiles. Una vez cumplido ese plazo se procederá según corresponda a la publicación definitiva de esta reforma. Notifíquese este acuerdo al señor Alcalde Municipal en su despacho, para lo de su cargo. Declarado definitivamente aprobado.

Escazú, 25 de octubre del 2010.—Lic. Ana Parrini Degl Saavedra, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2010089698).

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

Transcribo acuerdo aprobado por la Corporación Municipal de Buenos Aires, de sesión ordinaria 40-2010, celebrada el 5 de octubre, 2010, que textualmente dice:

Se acuerda: Se acuerda aprobar adición al Reglamento de Publicidad Exterior de las siguientes excepciones: Se exceptúan del presente Reglamento aquellos rótulos que estén regulados por leyes específicas como las vallas publicitarias y otros ubicados en la Red Vial Nacional, y aquellos rótulos regulados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, basados en la Ley General de Caminos, la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, y la Ley Vial. Acuerdo unánime.

Buenos Aires, 29 de julio del 2010.—Lic. Alban Serrano Siles, Proveedor.—1 vez.—(IN2010090507).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 8 del acta de la sesión 5475-2010, celebrada el 20 de octubre del 2010,

considerando que:

a) Las presiones inflacionarias de mediano plazo han cedido, dado que la variación interanual del índice Subyacente de Inflación (ISI) se ha ubicado entre 2,9% y 4,1% de noviembre del 2009 a setiembre del 2010.

b) La menor presión inflacionaria tanto interna como externa durante el presente año ha llevado a que el crecimiento interanual del índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique en 5,6% a setiembre del 2010, lo cual abre un espacio para alinear las tasas de interés del Banco Central de Costa Rica a un entorno menos inflacionario.

c) Las expectativas inflacionarias a doce meses plazo manifiestan una corrección a la baja, ubicándose en 6,6%.

d) Es preciso avanzar en la transición hacia un régimen monetario de metas de inflación, en el cual el Banco Central de Costa Rica cuente con mayores espacios para alcanzar una inflación baja y estable en el mediano plazo.

e) Es necesario acotar la volatilidad de las tasas de interés de muy corto plazo para que las señales de política monetaria enviadas mediante modificaciones en la Tasa de Política Monetaria se reflejen en la estructura de rendimientos de los instrumentos financieros en el mercado local.

f) Es recomendable crear las condiciones para que la tasa de interés de muy corto plazo se convierta en el principal instrumento de política monetaria y así influir directamente en los principales determinantes de la inflación.

g) Según lo establecido en el Título IV, Numeral 4, Literal F, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica determinará las tasas de interés de referencia para las operaciones Ente Emisor en el Mercado Integrado de Liquidez.

dispuso, por unanimidad y en firme:

1. Ubicar el nivel de la Tasa Política Monetaria en 6,5% anual.

2. Crear una facilidad permanente de depósito a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez, en la cual se captarán recursos mediante la colocación de Operaciones Diferidas de Liquidez y que estará permanentemente a disposición de los participantes de este mercado de negociación durante el horario bancario.

3. Ubicar en 4,5% la tasa de interés bruta anual de la facilidad permanente de depósito a un día plazo del Banco Central de Costa Rica en el MIL.

4. Ubicar en 3,42% la tasa de interés bruta anual de los depósitos a un día plazo (DON), para ser colocados por medio de Central Directo y Captación de Fondos (CAF).

5. Permitir que los bancos comerciales, empresas financieras no bancarias y mutuales de ahorro y préstamo puedan constituir depósitos a un día plazo (DON), por medio de Central Directo y Captación de Fondos.

Las resoluciones anteriores rigen a partir del 21 de octubre del 2010.

Lic. Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—O.C. Nº 11459.—Solicitud Nº 017.—C-48450.—(IN2010090173).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

OFICINA EN PAVAS

AVISO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Yo, Francisco Javier Repetto Gallegos, con cédula de identidad 1-280-397 en calidad de albacea de la sucesión de Cella Santiesteban Gallegos, solicito la reposición de los certificados de depósito a plazo por extravío, emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica, oficina en Pavas, que se detalla a continuación:

CDP	Monto	Emisión	Vencimiento	Tasa de interés
(400) (1) (84) (11644) (6)	¢43,494,807.93	15 de marzo 2010	16 de setiembre 2010	¢6.7500
(400) (2) (84) (26388) (6)	$ 13,052.28	15 de marzo 2010	16 de setiembre 2010	$0.9500

Títulos emitidos a la orden de Cella Santiesteban Gallegos. Se publica este anuncio por tres veces consecutivas para oír reclamos de terceros por el término de quince días.

Francisco Javier Repetto Gallegos, Albacea.—(IN2010089985).

SUCURSAL SAN ANTONIO DE BELÉN

AVISO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

1º—EI Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal de San Antonio de Belén, avisa a la Sra. María del Carmen Coto Ortega que tiene pendiente de retirar los bienes custodiados en la Cajita de Seguridad Nº 73, la cual fue abierta por incumplimiento del contrato: