El Acuerdo entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América sobre Cooperación Ambiental (en adelante ACA), fue firmado por dichas Partes en Washington el 18 de febrero de 2005, con el objetivo de establecer un marco común que permita promover la cooperación destinada a proteger, mejorar y conservar el ambiente y los recursos naturales.

Las Partes firmantes de este Acuerdo reconocen y reafirman su compromiso con la promoción de esquemas de desarrollo del comercio y la inversión, compatibles con la protección del medio ambiente. De esta forma, se establece un marco de cooperación para fomentar que dicha relación sea sostenible.

Asimismo, con este objetivo, las Partes del ACA acordaron diferentes modalidades de cooperación y establecieron la siguiente lista de áreas prioritarias para la cooperación ambiental:

- El fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental de cada una de las Partes, incluyendo el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales y la capacidad para desarrollar, implementar, administrar y aplicar la legislación ambiental, así como las regulaciones, normas y políticas ambientales.

- El desarrollo y promoción de incentivos y otros mecanismos voluntarios y flexibles a efecto de promover la protección ambiental, incluyendo el desarrollo de iniciativas de mercado e incentivos económicos para la gestión ambiental.

- El fomento de asociaciones para tratar temas actuales y futuros de conservación y gestión; incluyendo capacitación del personal y creación de capacidades.

- La conservación y manejo de especies migratorias compartidas o que se encuentren en peligro de extinción y son objeto del comercio internacional; y el manejo de parques marinos y otras áreas protegidas.

- El intercambio de información sobre la implementación a nivel nacional de acuerdos ambientales multilaterales que han sido ratificados por todas las Partes.

- La promoción de mejores prácticas que conlleven al manejo sostenible del ambiente.

- Facilitar el desarrollo y transferencia de tecnología y la capacitación para promover el uso, la operación adecuada y el mantenimiento de tecnologías de producción limpia.

- El desarrollo y promoción de bienes y servicios beneficiosos al ambiente.

- Crear capacidad para promover la participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

- El intercambio de información y experiencia entre las Partes que deseen llevar a cabo revisiones ambientales, incluyendo revisiones de los tratados comerciales, a nivel nacional.

- Cualquier otra área de cooperación ambiental que pueda ser acordada por las Partes.

Este Acuerdo, establece además, una Comisión para la Cooperación Ambiental que tiene entre sus responsabilidades:

- Elaborar un programa de trabajo y establecer los lineamientos de evaluación de las iniciativas de cooperación ejecutadas bajo el marco de este Acuerdo.

- Formular recomendaciones a las Partes sobre la mejor manera de fomentar la cooperación a futuro.

- Informar y coordinar con los diferentes comités creados en virtud de acuerdos comerciales regionales o bilaterales, sobre sus recomendaciones y avances, y facilitar la revisión de las obligaciones ambientales contraídas en los mismos, incluyendo al Consejo de Asuntos Ambientales creado en el artículo 5 del capítulo 17 Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.

En razón de lo anterior, se puede afirmar que la vigencia de este Acuerdo fortalecerá una relación positiva entre la protección ambiental y el comercio.

Por los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley de Aprobación del Acuerdo entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América sobre Cooperación Ambiental.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS

GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA

DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA,

HONDURAS, NICARAGUA Y ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA SOBRE COOPERACIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO ÚNICO.-Apruébase en cada una de sus partes el Acuerdo entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América sobre Cooperación Ambiental, cuyo texto es el siguiente:

“ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA,

REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR,

GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE

COOPERACIÓN AMBIENTAL

AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF COSTA

RICA THE DOMINICAN REPUBLlC, EL SALVADOR,

GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, AND THE

UNITED STATUS OF AMERICA ON

EVIRONMENTAL COOPERATION

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA,

REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR,

GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE

COOPERACIÓN AMBIENTAL

Las Partes de este Acuerdo;

CONVENCIDAS de la importancia de promover todas las formas posibles de cooperación para proteger, mejorar y conservar el ambiente, incluidos los recursos naturales, en el contexto del logro de sus objetivos de desarrollo sostenible;

OBSERVANDO la existencia de diferencias entre los respectivos patrimonios naturales, las condiciones climáticas, geográficas, sociales, culturales y legales; y las capacidades económicas, tecnológicas y de infraestructura de las Partes;

RECONOCIENDO la larga y productiva trayectoria de dicha cooperación entre estos siete gobiernos y la importancia de implementar el Acuerdo en estrecha coordinación, según sea apropiado, con los acuerdos, iniciativas y mecanismos ambientales de cooperación existentes y futuros, entre sus países;

ENFATIZANDO la importancia de crear capacidades para proteger el ambiente en concordancia con el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión, como podrían reflejarse en tratados de libre comercio bilaterales o regionales entre las Partes, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos;

RECONOCIENDO que el desarrollo económico y social y la protección ambiental son componentes interdependientes del desarrollo sostenible y que se refuerzan mutuamente; y considerando la necesidad de aumentar la capacidad institucional, profesional y científica para lograr el objetivo de desarrollo sostenible para el bienestar de las generaciones presentes y futuras;

CONSIDERANDO que la amplia participación de la sociedad civil es importante para forjar una cooperación efectiva para el logro del desarrollo sostenible; y

AFIRMANDO su voluntad política de fortalecer aún más y demostrar la importancia que los gobiernos otorgan a la cooperación en materia de protección ambiental y de conservación de los recursos naturales;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I. Título Abreviado

Este Acuerdo de Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (en adelante, “el Acuerdo”) podrá ser denominado como el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (ACA RD - CA- E.E.U.U.).

ARTÍCULO II. Objetivo

Las Partes acuerdan cooperar para proteger, mejorar y conservar el ambiente, incluidos los recursos naturales. El objetivo del Acuerdo es establecer un marco para dicha cooperación entre las Partes. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación tanto bilateral como regional para el logro de este objetivo.

ARTÍCULO III. Modalidades y Formas de Cooperación

La cooperación a ser desarrollada bajo el Acuerdo puede implementarse a través de actividades de creación de capacidades a nivel bilateral o regional, tomando en consideración disposiciones de cooperación ambiental relevantes de los tratados de libre comercio bilaterales o regionales entre las Partes, incluyendo el Artículo 9 del Capítulo Diecisiete (Ambiental) del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos, sobre la base de programas de asistencia técnica y/o financiera, que pueden incluir:

a. el intercambio de delegaciones, profesionales, técnicos y especialistas del sector académico, organizaciones no gubernamentales, industria y gobiernos, incluyendo visitas de estudio, para fortalecer el desarrollo, implementación y análisis de las políticas y estándares ambientales;

b. la organización conjunta de conferencias, seminarios, talleres, reuniones, sesiones de capacitación y programas de divulgación y educación;

c. el desarrollo conjunto de programas y acciones, incluidos proyectos demostrativos sobre tecnologías y prácticas, proyectos de investigación aplicada, estudios e informes;

d. la facilitación de asociaciones, vínculos u otros canales nuevos para el desarrollo y la transferencia de conocimientos y tecnologías entre representantes de los sectores académico, industrial, de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y de los gobiernos para promover el desarrollo y/o intercambio de mejores prácticas, información y datos ambientales susceptibles de ser de interés para las Partes;

e. la recopilación, publicación e intercambio de información sobre políticas, leyes, normas, regulaciones e indicadores ambientales, programas ambientales nacionales y mecanismos de cumplimiento y aplicación; y

f. cualquier otra forma de cooperación ambiental que las Partes acuerden.

ARTÍCULO IV. Establecimiento y Operación de la Comisión

de Cooperación Ambiental entre República Dominicana,

Centroamérica y Estados Unidos

1. las Partes establecerán una Comisión de Cooperación Ambiental entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (“la Comisión” o la “CCA - RD, CA y EEUU”), la cual estará compuesta por representantes de los gobiernos nombrados por cada una de las Partes. La Comisión tendrá las siguientes responsabilidades:

a. establecer prioridades para las actividades de cooperación en virtud del Acuerdo;

b. desarrollar un programa de trabajo tal como se describe más adelante en el Artículo V y de conformidad con dichas prioridades;

c. examinar y evaluar las actividades de cooperación en virtud de este Acuerdo;

d. formular recomendaciones y proporcionar orientación a las Partes sobre las maneras de mejorar la cooperación futura; y

e. emprender cualesquiera otras actividades que las Partes acuerden.

2. La Comisión se reunirá una vez al año en el país de la Parte que presida la Comisión, a menos que la Comisión lo decida de otra manera. La primera reunión de la Comisión deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo. La Presidencia de la Comisión rotará anualmente entre cada una de las Partes. Un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América presidirá la primera reunión de la Comisión. A partir de entonces, a menos que la Comisión lo decida de otra manera, la Presidencia rotará entre las Partes en orden alfabético en idioma inglés, entre los funcionarios de alto nivel designados por el Ministerio o Departamento de cada una de las Partes identificadas en el párrafo 3. Cada una de las Partes deberá asegurarse que sus departamentos o ministerios que desempeñan alguna misión en materia ambiental jueguen un papel directo o indirecto en el trabajo de la Comisión.

3. Los Ministerios o Departamentos relevantes para cada una de las Partes para efectos del presente artículo serán los siguientes:

a. El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua; y el Departamento de Estado en los Estados Unidos de América.

b. Cualquier parte que se adhiera al Acuerdo de conformidad con el Artículo XI identificará el Departamento o Ministerio relevante a la Presidencia de la Comisión.

c. Cualquier Parte podrá cambiar el Departamento o Ministerio relevante mediante notificación escrita a la Comisión.

4. Todas las decisiones de la Comisión se tomarán por consenso de las Partes. Estas decisiones se harán públicas por la Comisión, a menos que ésta lo decida de otra manera, o que se disponga de otro modo en el Acuerdo.

5. Los representantes de las Partes podrán reunirse entre cada reunión de la Comisión para analizar y promover la implementación del Acuerdo e intercambiar información sobre el progreso de los programas, proyectos y actividades de cooperación. Cada Parte identificará un Coordinador de cada uno de los departamentos o ministerios identificados en el párrafo 3 anterior, quien fungirá como punto de contacto general para el trabajo de cooperación en el marco del Acuerdo.

6. La Comisión informará periódicamente a los comités establecidos mediante tratados de libre comercio regionales y bilaterales entre las Partes, con el fin de revisar la implementación de obligaciones relacionadas con el medio ambiente bajo estos tratados, incluyendo al Consejo de Asuntos Ambientales establecido en el Artículo 5 del Capítulo Diecisiete (Ambiental) del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos, sobre el estado de las actividades de cooperación desarrolladas de conformidad con el Acuerdo.

ARTÍCULO V. Programa de Trabajo y Áreas Prioritarias de Cooperación

1. El programa de trabajo desarrollado por la Comisión reflejará las prioridades nacionales para las actividades de cooperación y será acordado por las Partes. El programa de trabajo puede incluir actividades de largo, mediano y corto plazo, relacionadas con:

a. fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental de cada una de las Partes, incluidos el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales y la capacidad para desarrollar, aplicar, administrar y hacer cumplir la legislación ambiental, las regulaciones, normas y políticas ambientales;

b. desarrollo y promoción de incentivos y otros mecanismos voluntarios y flexibles, a efecto de fomentar la protección ambiental, incluyendo el desarrollo de iniciativas de mercado e incentivos económicos para la gestión ambiental;

c. fomento de asociaciones para abordar temas actuales y futuros de conservación y gestión; incluyendo la capacitación del personal y la creación de capacidades;

d. conservación y manejo de especies compartidas, migratorias y en peligro de extinción y sean objeto de comercio internacional, y el manejo de parques marinos y terrestres y otras áreas protegidas.

e. intercambio de información sobre la implementación a nivel nacional de acuerdos ambientales multilaterales que han sido ratificados por todas las Partes;

f. promoción de mejores prácticas que conduzcan al manejo sostenible del medio ambiente;

g. facilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología, y la capacitación para promover el uso, la operación adecuada y el mantenimiento de tecnologías de producción limpia;

h. desarrollo y promoción de bienes y servicios que beneficien al ambiente;

i. crear capacidad para promover la participación del público en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental;

j. intercambio de información y experiencias entre las Partes que deseen llevar a cabo revisiones ambientales, incluyendo revisiones de acuerdos comerciales, a nivel nacional; y

k. cualquier otra área de cooperación ambiental que las Partes acuerden;

2. En el desarrollo de los programas, proyectos y actividades de cooperación, las Partes elaborarán parámetros u otro tipo de medidas de desempeño con el fin de apoyar a la Comisión en su capacidad de examinar y evaluar el progreso de los programas, proyectos y actividades de cooperación específicos en el cumplimiento de las metas establecidas, de conformidad con el Artículo IV.1 (c) anterior. La Comisión deberá considerar el grado de contribución de las actividades conjuntas al logro de los objetivos ambientales de largo plazo, nacionales y/o regionales de las Partes. Según sea apropiado, la Comisión puede recurrir a parámetros relevantes establecidos mediante otros mecanismos.

3. Conforme la Comisión examine y evalúe periódicamente los programas, proyectos y actividades de cooperación, la Comisión procurará y considerará sugerencias de organizaciones locales, regionales o internacionales relevantes, en cuanto a las mejores maneras de garantizar que se esté monitoreando el progreso efectivamente. De manera periódica, cada Parte compartirá con su público información referente al progreso de las actividades de cooperación.

4. A efecto de evitar la duplicación y con el propósito de complementar la cooperación ambiental actual y futura que se lleve a cabo fuera del Acuerdo, la Comisión se abocará a elaborar su programa de trabajo de manera compatible con el quehacer de otras organizaciones e iniciativas en el campo ambiental, en las cuales las Partes tengan interés, incluyendo la Declaración Conjunta Centroamérica - Estados Unidos de América (CONCAUSA); y programas dirigidos por entidades gubernamentales. Como parte de su programa de trabajo, la Comisión procurará elaborar propuestas y otros medios para complementar y fomentar el trabajo de estas organizaciones e iniciativas.

5. La Comisión también puede incluir en su programa de trabajo actividades de cooperación ambiental regional de interés particular para las Partes, o para un subconjunto de ellas, con el fin de concentrarse en un tema o lograr un objetivo que la Comisión determine que no está siendo abordado adecuadamente en otros foros.

ARTÍCULO VI. Participación del Público, Organizaciones

Gubernamentales y Otras Instituciones

1 A menos que se acuerde de otra manera, la Comisión incluirá una sesión pública en el transcurso de sus reuniones ordinarias.

2. La Comisión promoverá el desarrollo de oportunidades para la participación del público en el desarrollo e implementación de las actividades de cooperación ambiental. Cada Parte solicitará y tomará en cuenta, según sea apropiado, las opiniones de su público respecto al programa de trabajo y deberá revisar y responder a tales comunicaciones de acuerdo con sus procedimientos internos. Cada Parte considerará poner estas comunicaciones a disposición de las otras Partes y al público.

3. En el desarrollo e implementación del programa de trabajo, la Comisión deberá tomar en cuenta los puntos de vista y las recomendaciones de las entidades gubernamentales pertinentes de cada país, de comités establecidos por tratados de libre comercio bilaterales o regionales entre las Partes para revisar la implementación de obligaciones ambientales relevantes de esos Tratados, incluyendo el Consejo de Asuntos Ambientales establecido en el Artículo 5 del Capítulo Diecisiete (Ambiental) del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos, así como otros mecanismos regionales existentes relacionados con el ambiente.

4. La Comisión estimulará y facilitará, según sea apropiado, contactos directos y cooperación entre las entidades gubernamentales, organizaciones multilaterales, fundaciones, universidades, centros de investigación, instituciones, organizaciones no gubernamentales, empresas y otras entidades de las Partes, y la realización de arreglos de ejecución entre ellas para emprender actividades de cooperación en virtud del Acuerdo.

ARTÍCULO VII. Cooperación Bilateral

A fin de promover mayor cooperación ambiental bajo el Acuerdo, las Partes pueden emprender proyectos de cooperación bilaterales entre ellos en áreas prioritarias de interés compartido. Esta cooperación bilateral en virtud del Acuerdo tiene la intención de complementar actividades realizadas fuera del Acuerdo.

ARTÍCULO VIII. Recursos

1. Todas las actividades de cooperación en el marco del Acuerdo estarán sujetas a la disponibilidad de fondos y recursos humanos y de otra índole, así como a las leyes y regulaciones aplicables de las Partes pertinentes.

2. En la elaboración de su programa de trabajo, la Comisión deberá considerar los mecanismos a través de los cuales se podrán financiar las actividades de cooperación, así como la asignación adecuada de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y organizativos que sean necesarios para la efectiva ejecución de las actividades de cooperación de conformidad con las capacidades de las Partes. Los siguientes mecanismos de financiamiento pueden ser considerados para la cooperación ambiental:

a. actividades de cooperación financiadas de manera conjunta, según lo acuerden las Partes;

b. actividades de cooperación en las que cada institución, organización o entidad asuma los costos de su propia participación; y

c. actividades de cooperación financiadas, según sea apropiado, por instituciones privadas, fundaciones u organizaciones públicas internacionales, inclusive por medio de programas en curso; o

d. mediante una combinación de las anteriores;

3. A menos que se acuerde de otra forma, cada Parte asumirá los costos de su participación en el trabajo de la Comisión.

4. Cada Parte facilitará, de conformidad con sus leyes y regulaciones, el ingreso libre de aranceles de los materiales y equipo proporcionados en el marco de las actividades cooperativas realizadas al amparo de este Acuerdo.

5. Los bienes suministrados como resultado de actividades de cooperación en el marco del Acuerdo y adquiridos por los Estados Unidos, sus contratistas o donatarios, o por gobiernos extranjeros o entidades de éstos, en caso de que tales bienes fueren financiados con fondos de los Estados Unidos, estarán exentos de impuestos, incluidos los impuestos al valor agregado (IVA) y aranceles. Si tales impuestos son cobrados por una Parte diferente a los Estados Unidos de América, entonces dicha Parte los devolverá oportunamente al Gobierno de los Estados Unidos de América o sus entidades. Entre tales bienes se incluyen materiales, artículos, suministros, bienes o equipos. Estas mismas reglas aplican para todos los fondos suministrados en virtud del Acuerdo, incluyendo donaciones, salarios y toda asistencia monetaria.

ARTÍCULO IX Equipo y Personal

Cada Parte facilitará el ingreso a su territorio del equipo y el personal relacionados con el Acuerdo, de conformidad con sus leyes y regulaciones.

ARTÍCULO X. Información Técnica y Confidencial y Propiedad Intelectual

1. Excepto por lo dispuesto a continuación, toda información técnica obtenida a través de la ejecución de este Acuerdo estará disponible para las Partes.

2. Las Partes no prevén la creación de propiedad intelectual en el marco del Acuerdo. En el caso en que se cree propiedad intelectual que pueda ser protegida, las Partes realizarán consultas para determinar la asignación de los derechos para esa propiedad intelectual.

3. En los casos en que una Parte considere que alguna información es confidencial según sus leyes, o que identifique oportunamente información como “confidencial de negocios” la cual ha sido entregada o creada en virtud del Acuerdo, cada Parte y sus participantes protegerán dicha información de acuerdo con sus respectivas leyes, reglamentaciones y prácticas administrativas vigentes. La información podrá ser identificada como “confidencial de negocios” si el poseedor puede derivar un beneficio económico de ella u obtener una ventaja competitiva sobre quienes no poseen esa información; si la información no es del conocimiento general ni está disponible públicamente de otras fuentes, y si el poseedor no puso la información previamente a disposición de terceros sin imponer oportunamente la obligación de mantenerla confidencial.

ARTÍCULO XI. Adhesión

Las Partes pueden, por consenso, acordar invitar por escrito, a otros Gobiernos de Centroamérica y regiones vecinas a adherirse al Acuerdo. El Acuerdo entrará en vigor para estos otros gobiernos treinta días después de la recepción, por parte de la Secretaría, General de la Organización de los Estados Americanos (Secretaría de la OEA), de la expresión de consentimiento de dicho gobierno a estar obligado por el Acuerdo y en virtud de él con todas las Partes. La Secretaria de la OEA comunicará el hecho de la adhesión a todas las demás partes y emitirá una copia certificada del Acuerdo a la nueva Parte.

ARTÍCULO XII. Entrada en Vigor, Retiro, Enmiendas

1. Cada Gobierno signatario notificará a la Secretaría de la OEA mediante nota diplomática la conclusión de sus requisitos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo, y la Secretaría de la OEA notificará a los Gobiernos signatarios del recibo de cada una de tales notas diplomáticas. El Acuerdo entrará en vigor treinta días después del recibo de la última de dichas notas por parte de la Secretaría de la OEA.

2. El Acuerdo permanecerá vigente indefinidamente. Cualquiera de las Partes puede retirarse del Acuerdo mediante comunicación escrita a la Secretaría de la OEA con seis meses de anticipación, de su intención de retirarse. La Secretaría de la OEA comunicará esta comunicación a todas las demás Partes. A menos que se acuerde de otra manera, dicho retiro no afectará la validez de toda actividad en curso que no hubiese sido finalizada totalmente al momento de su terminación, ni tampoco afectará al Acuerdo en lo relativo a las Partes restantes.

3. El Acuerdo podrá ser enmendado mediante el consentimiento mutuo por escrito de las Partes.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los suscritos, debidamente autorizados por sus gobiernos respectivos, han firmado el Acuerdo.

HECHO en Washington, D.C., a los dieciocho días del mes de febrero, de 2005, en los idiomas español e inglés, siendo cada texto igualmente auténtico.

POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA

FOR THE GOVERNMENT OF COSTA RICA

Firma ilegible

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

FOR THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC

Firma ilegible

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLlCA DE EL SALVADOR

FOR THE GOVERNMENT OF EL SALVADOR

Firma ilegible

POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA

FOR THE GOVERNMENT OF GUATEMALA

Firma ilegible

POR EL GOBIERNO DE HONDURAS

FOR THE GOVERNMENT OF HONDURAS

Firma ilegible

POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA:

FOR THE GOVERNMENT OF NICARAGUA

Firma ilegible

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Firma ilegible”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil diez.

Laura Chinchilla Miranda

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Fernando Ocampo Sánchez

MINISTRO A. Í. DE COMERCIO EXTERIOR

24 de noviembre del 2010.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

1 vez.—O. C. Nº 21001.—Solicitud Nº 43824.—C-246600.—(IN2011007412).

LEY DE ESPACIOS MARINOS SOMETIDOS A LA

JURISDICCIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE

Expediente N.º 17.951

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde la reforma constitucional del artículo 6 de la Constitución Política promulgada en 1975 y la posterior firma (1982), aprobación y ratificación (1992) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el ordenamiento jurídico costarricense se ubica dentro de la más moderna corriente internacional de regulación del aprovechamiento pacífico de los océanos.

No obstante, la reforma del texto constitucional, suscitada años antes de haberse culminado los trabajos de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no demuestra una adecuación completa al modelo internacional.

Sin embargo, la previsión de nuestro constituyente, sujetando la jurisdicción del Estado costarricense a los principios del Derecho internacional, permite, por vía legislativa ordinaria, adecuar nuestro actual texto a las necesidades presentes.

El presente proyecto de ley desarrolla la normativa legal necesaria para la adecuación del ordenamiento jurídico costarricense a la regulación internacional vigente.

1.- El artículo 6 de la Constitución Política

El artículo 6 de la Constitución Política, reformado por medio de las leyes N.º 5579, de 24 de setiembre de 1974, y N.º 5699, de 5 de junio de 1975, regula la extensión del poder soberano del Estado costarricense sobre sus mares:

“El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de bajamar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios de derecho internacional.

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios”

El ordenamiento constitucional costarricense distingue dos zonas de jurisdicción del Estado sobre sus mares adyacentes:

• Una, sobre la que proyecta su plena soberanía, el “mar territorial”, al que extiende toda la jurisdicción ejercida sobre el territorio.

• Otra, que denomina “zona de jurisdicción especial” en la que sus atributos se limitan a la “protección conservación y explotación de los recursos naturales existentes”^{^[1]}.

Como se observará oportunamente, el texto omite referencia a instituciones vigentes dentro del esquema internacional, tales como la zona contigua y la posibilidad del trazado de líneas de base rectas.

2.- La adaptación automática del ordenamiento costarricense a los “principios del Derecho internacional”

El ordenamiento constitucional costarricense desarrolla un mecanismo de adaptación automática a los principios del Derecho internacional que regulan la jurisdicción del estado ribereño sobre sus mares adyacentes.

Las oraciones finales de ambos párrafos del artículo 6 de la Constitución sancionan que, en primer término, el dominio del Estado sobre su mar territorial se ejerce “de acuerdo con los principios de derecho internacional”, mientras que el dominio sobre la zona de jurisdicción especial para efectos de soberanía económica, extendida hasta las 200 millas náuticas a partir de la costa, se ejecuta “de conformidad con aquellos principios”.

Costa Rica responde, en materia de ejercicio de su dominio soberano sobre los mares, a esquemas de estructuración constitucional modernos, respetuosos de la trascendencia del ordenamiento jurídico internacional y por lo tanto adaptados, por la propia voluntad del Poder Constituyente, a las normas generalmente aceptadas por la comunidad internacional.

El sistema de adaptación automática de los principios del Derecho internacional general al derecho interno es ampliamente desarrollado por algunas de las constituciones políticas más modernas. En efecto, el artículo 25 de la Constitución Alemana^{^[2]}, el artículo 10 de la Constitución Italiana^{^[3]}, así como el preámbulo de la Constitución Francesa^{^[4]}, son ejemplos claros de la difusión que este sistema ha obtenido.

Sobre la adaptación automática de los ordenamientos constitucionales al Derecho internacional, la doctrina ha comentado:

“El valor jurídico de estos preceptos es declarativo al reconocer una adaptación automática de los ordenamientos jurídicos internos al D.I, General. Son en definitiva, normas declarativas de reconocimiento expreso de las conductas a las que habrán de ajustarse los Estados; pero dicha conducta lo mismo deberán observarla, aunque no lo hayan recogido dentro de Constitución, dadas las obligaciones que el D.I. General impone en la materia a todos los Estados en su calidad de sujetos de Derecho Internacional^{^[5]}”.

Las consecuencias de la remisión del artículo 6 de la Constitución Política a los “principios del Derecho internacional”, han sido abordadas inclusive a nivel jurisdiccional, con resultados positivos:

“Con la disposición constitucional que establece que la soberanía del Estado sobre los mares territoriales y adyacentes se ejerce de conformidad con los principios de Derecho Internacional, se quiere significar que se debe respeto a las normas de justicia generalmente aceptadas por naciones civilizadas referentes a las medidas tendientes a proteger, conservar y explotar con exclusividad los recursos y riquezas naturales existentes en dichas aguas, a las relativas a la interpretación de buena fe de los convenios, a enriquecimiento sin causa, así como a que no puede haber responsabilidad sin culpa, pero en modo alguno podría entenderse que tales principios puedan tener eficacia para negar o dejar sin efecto los postulados contenidos en dicho artículo de la Ley Fundamental en cuanto a derechos del Estado se refiere^{^[6]}”.

La Constitución Política consigna entonces, un sistema dinámico para el establecimiento de los alcances del dominio del Estado sobre las zonas marinas jurisdiccionales adyacentes a sus costas de acuerdo con el cual, el contenido último de estas normas se ajusta a los cánones establecidos en los principios del Derecho internacional público.

Esta previsión del Constituyente ha sido especialmente útil a fin de solventar las carencias normativas de que adolece el artículo 6 de la Constitución en orden a la zona contigua y al trazado de líneas de base rectas. La adaptación automática de nuestro ordenamiento a los principios generales del Derecho internacional del mar, permite interpretar integradas estas instituciones a nuestro ordenamiento, independientemente de su alusión directa en el texto constitucional.

3.- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). Eficacia jurídica en el ordenamiento costarricense

De fundamental trascendencia para la determinación del alcance de los “principios de Derecho internacional relativos a la jurisdicción del Estado sobre los espacios marinos adyacentes a sus costas”, que, como se precisa en el aparte anterior, se ven automáticamente integrados a la Constitución Política en virtud del artículo 6, se presenta el análisis de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, abierta a la firma en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. Este instrumento se encuentra debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa por medio de la Ley N.º 7291, de fecha 23 de marzo de 1992.

En su oportunidad, este instrumento fue elevado en consulta preceptiva ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al tenor del artículo 96, inciso a) de la Ley de la jurisdicción constitucional.

El alto tribunal constitucional, una vez valorada la normativa contenida por el instrumento en cuestión, no identificó en esta vicio de constitucionalidad alguno:

“VIII. En conclusión: la Constitución, como se dijo, fue reformada expresamente con el objeto de incorporar los conceptos de derecho internacional marítimo aceptados universalmente y recogidos en la Convención. El artículo 3º de ésta define en 12 millas la anchura del mar territorial; el 33 crea una zona contigua de 24 millas a partir del mar territorial -única novedad frente a nuestra Constitución, pero totalmente en nuestro favor- zona dentro de la cual los Estados pueden prevenir y sancionar infracciones a leyes aduaneras, fiscales, migratorias o sanitarias; y en el artículo 57 se establece la zona económica exclusiva, de 200 millas de anchura, aplicable también, por el artículo 121, a las islas. Esta última norma y la # 76 que define la plataforma continental -hasta 350 millas en caso de que se extienda en exceso de las 200 dichas- amplían la jurisdicción económica de Costa Rica a cerca de 500.000 kilómetros cuadrados -¡Más de nueve veces el tamaño de su territorio continental!-. De vital importancia son los artículos 61 a 68, que reconocen la jurisdicción sobre los recursos vivos, en especial las especies altamente migratorias, como el atún, por lo que podemos decir que Costa Rica es uno de los Estados mas beneficiados con la nueva Convención”.

La instancia de revisión previa desarrollada por la Sala Constitucional, aunada a la aprobación en sede legislativa y su posterior ratificación, determinan la plena coincidencia de los principios consignados en la Convención con la Constitución Política de Costa Rica.

Cumplido el procedimiento constitucional previsto para su entrada en vigencia, tanto a nivel interno de Costa Rica, como el establecido por el propio instrumento bajo análisis para su vigencia a nivel internacional, debe resaltarse que al tenor del artículo 7 de la Constitución Política, que consagra el principio de la superior jerarquía del Tratado internacional sobre la ley ordinaria, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es parte integrante del ordenamiento jurídico costarricense y por lo tanto plenamente aplicable por parte de todos los operadores jurídicos. Más aún, constituye un parámetro de constitucionalidad de primer orden jerárquico para valorar la normativa interna de rango legal y reglamentario.

El proyecto de ley que se somete a consideración de la Asamblea Legislativa pretende adecuar la normativa interna en el ejercicio del dominio soberano del Estado sobre sus áreas marinas jurisdiccionales a las obligaciones y derechos adquiridos por Costa Rica en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En el artículo 1 se reitera el dominio soberano del Estado costarricense sobre sus espacios marítimos por imperativo del artículo 6 de la Constitución Política. No obstante se aclara también que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como se indicó anteriormente en la presente exposición de motivos, integra los principios de Derecho internacional que completa automáticamente al ordenamiento patrio el propio artículo sexto, de manera que son un parámetro ineludible de interpretación, delimitación e integración del texto constitucional. Sobre esta línea de ideas, el proyecto de ley crea áreas marinas jurisdiccionales y establece criterios de delimitación que no estaban expresamente previstos en el texto vigente de nuestra Carta Magna, pero que propiamente se derivan de la raigambre constitucional de la mencionada Convención.

El artículo 2 enuncia los principios generales que orientan el aprovechamiento legítimo de los espacios marinos bajo jurisdicción del Estado costarricense remarcando la naturaleza pública de los recursos marinos bajo jurisdicción del Estado, la trascendencia de la preservación del ambiente marino y la responsabilidad del Estado en orden a su protección y aprovechamiento sostenible.

Reitera el ineludible carácter pacífico de la investigación científica marina y preconiza la asistencia mutua y la cooperación internacional como los instrumentos idóneos para la preservación de los espacios marinos y sus recursos.

Finalmente remarca la responsabilidad compartida del Estado costarricense y de la comunidad internacional sobre el uso adecuado de la altamar y de la zona internacional de los fondos marinos como “patrimonio común de la humanidad”.

El numeral 3 del proyecto fija como punto de partida del cómputo de las zonas marinas sobre las que ejerce soberanía el Estado costarricense la “línea de base del mar territorial”, establecida conforme la normativa de la Convemar, dejando abierta la posibilidad de establecer trazados de líneas de base rectas en aquellos segmentos de la costa en que el mencionado instrumento internacional así lo autoriza.

El artículo 4 establece un trazado de líneas de base rectas para medir la anchura máxima del mar territorial, en aquellos puntos en que la costa presente accidentes geográficos consistentes en profundas aberturas y escotaduras, todo ello fundamentado en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Con esta norma se supera definitivamente la discusión acerca de la validez del trazado de líneas de base rectas en el litoral pacífico de Costa Rica, establecido por el Decreto Ejecutivo N.º 19581, de 14 de octubre de 1998, norma que ha sido reiteradamente cuestionada, tanto por la Procuraduría General de la República como por fallos de la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El argumento contra su validez ha sido invariablemente la “reserva de ley” que vincula la materia de límites del Estado.

En tal sentido la Sala Constitucional y la Procuraduría han considerado que un decreto ejecutivo carece de la jerarquía jurídica suficiente para establecer un parámetro de cómputo de las áreas marinas bajo jurisdicción del Estado, como lo constituye el trazado de líneas de base rectas. La norma propuesta solventa este problema jerárquico normativo y fija en definitiva las coordenadas geográficas de un nuevo trazado consagrado mediante ley de la República y adecuado a las regulaciones establecidas por el artículo 7 de la Convemar.

El artículo 5 enuncia aquellas áreas marinas sobre las cuales, de acuerdo con la normativa contenida en la Constitución Política y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ejerce jurisdicción el Estado costarricense. Hace alusión además a las áreas marinas colectivas o “res communis omnium”, caso de altamar y la zona internacional de los fondos marinos y finaliza enunciando la existencia de derechos que, como tercer Estado, acuden a Costa Rica sobre las áreas marinas bajo jurisdicción de otros Estados ribereños.

Los artículos 6 y 7 enuncian la existencia de dos tipos de aguas interiores bajo dominio del Estado, ambas reguladas ampliamente por ordenamiento jurídico patrio: aquellas que se encuentran detrás de la línea de bajamar ordinaria (ríos, lagos y otros cuerpos de agua) y las que, siendo propiamente marinas, se convierten en aguas interiores por la promulgación de un trazado de líneas de base rectas de acuerdo con el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se justifica cómo en estas últimas persiste el “derecho de paso inocente” propio del mar territorial.

El artículo 8 determina la autonomía jurídico conceptual del mar territorial con respecto al territorio del Estado, al tenor del artículo 2 de la Convemar y reitera que esta zona se extiende 12 millas náuticas a partir de la línea de base que se aplique en cada segmento de la costa, contemplando el cómputo de dicha distancia a partir tanto de la línea de base normal, como de las líneas de base rectas.

En dicha área marina el Estado conserva incólume el ejercicio de sus potestades soberanas salvo el respeto al derecho de paso inocente que asiste a los buques de todas las nacionalidades para navegar por el mar territorial del Estado.

Otro elemento que no fue contemplado en la reforma del artículo 6 de la Constitución Política aprobada en el año 1975 fue la “zona contigua”, la cual se crea y regula en el artículo 9 del presente proyecto de ley.

Esta zona marina jurisdiccional, regulada por el artículo 33 de la Convemar, otorga al Estado las potestades para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial y sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial.

La zona contigua, de acuerdo con la normativa citada, se extiende 24 millas náuticas que se miden a partir de la línea de base del mar territorial que se aplique en cada segmento de la costa. En términos reales, al medirse de la misma línea que el mar territorial, esta zona se extiende 12 millas más allá del límite exterior del mar territorial.

Como se indicara supra en la presente exposición de motivos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Voto N.º 10-92, que resolvió la consulta preceptiva del proyecto de ley de Aprobación de la Convemar, se manifestó afirmativamente en orden a la constitucionalidad del establecimiento de la zona contigua:

“…el 33 crea una zona contigua de 24 millas a partir del mar territorial -única novedad frente a nuestra Constitución, pero totalmente en nuestro favor- zona dentro de la cual los Estados pueden prevenir y sancionar infracciones a leyes aduaneras, fiscales, migratorias o sanitarias;”

El artículo 6 de la Constitución Política establece, en su párrafo segundo, una “jurisdicción especial” del Estado sobre: “… los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas …”

En el texto reformado en 1975 del artículo 6 constitucional no quedó acuñado el término “mar patrimonial”, con el que se venía denominando la reclamación soberana que varios Estados latinoamericanos hacían sobre los recursos existentes hasta las doscientas millas marinas contadas desde sus costas. Antes bien, no se identifica zona alguna sino que se establece una potestad jurisdiccional del Estado sobre los recursos existentes hasta el mencionado límite.

El artículo 10 de la presente iniciativa legislativa concreta el dominio del Estado costarricense sobre los espacios bajo jurisdicción del Estado, definidos en el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución, declarando en definitiva que estos corresponden física y jurídicamente a la “zona económica exclusiva” regulada por la parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En esta zona, el Estado ejerce derechos soberanos sobre los recursos vivos y no vivos existentes en la columna de agua, el lecho y el subsuelo marino.

Este artículo reviste una gran importancia desde el punto de vista del desarrollo de las potestades del Estado costarricense sobre sus mares jurisdiccionales, toda vez que la alusión a las potestades especiales que se consignan en el texto constitucional no otorgaba suficiente contenido normativo a tan importantes espacios marinos.

Con la identificación de las aguas reguladas por el artículo 6, párrafo segundo, constitucional con la zona económica exclusiva de Convemar, se inserta al bloque de legalidad, de manera unívoca y contundente, toda la carga normativa de la parte V de dicho instrumento internacional.

El artículo 11 del proyecto de ley que se expone, sujeta los derechos de Costa Rica sobre su plataforma continental a la normativa de Convemar.

Asimismo, hace reserva de la posibilidad de ampliación de los límites externos de esta zona en caso de acreditarse por parte de Costa Rica cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 76 de la mencionada Convención.

Vale anotar que en la actualidad Costa Rica, en un proceso liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentra desarrollando un profundo análisis de las condiciones geomórficas de nuestra plataforma continental en el océano Pacífico, con el fin de determinar la eventual posibilidad de gestionar la ampliación del margen exterior de esta zona.

La soberanía costarricense sobre la isla del Coco, ubicada aproximadamente a 300 millas marinas del territorio continental, constituye un elemento fundamental del esquema de dominio espacial del Estado sobre sus zonas marinas.

La sola ubicación de la isla del Coco (de 24 kilómetros cuadrados) en el océano Pacífico genera vastas áreas de jurisdicción marítima a Costa Rica toda vez que su condición insular de acuerdo con el Convemar, le asigna todas las zonificaciones marítimas que corresponden al territorio continental.

Así las cosas el dominio marino del Estado se expande a doscientas millas a partir de la línea de bajamar ordinaria alrededor de la isla, visto que Convemar otorga a las islas la capacidad de generar su propia zona económica exclusiva.

La suma de las aguas jurisdiccionales costarricenses generadas por el territorio continental y aquellas correspondientes a la isla del Coco alcanzan alrededor de 580.000 kilómetros cuadrados, prácticamente diez veces el territorio nacional.

El proyecto de ley bajo comentario, en su artículo 12, reitera la soberanía costarricense sobre la isla del Coco, así como su condición de territorio insular de acuerdo con el artículo 121 de Convemar, generadora de sus propias áreas marinas jurisdiccionales y plataforma continental.

El numeral 13 del proyecto, reafirma el principio de soberanía que tiene el Estado para la exploración y explotación de los recursos marinos, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del Derecho internacional. Además, se indica que el manejo de dichos recursos debe ser integral y racional.

Es en este mismo sentido, que los artículos 14 y 15 reiteran el deber del Estado de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, establecido en el artículo 50 Constitucional, evitando y controlando la contaminación del medio marino, y promoviendo la investigación científica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

LEY DE ESPACIOS MARINOS SOMETIDOS A LA

JURISDICCIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE

ARTÍCULO 1.- El dominio soberano del Estado costarricense sobre sus áreas marinas jurisdiccionales se ejerce de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 6 de la Constitución Política.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley N.º 7291, de 23 de marzo de 1992), ratificada el 21 de setiembre de 1992, forma parte de los principios de Derecho internacional que determina el citado numeral 6 constitucional.

ARTÍCULO 2.- Principios generales

Los principios generales que orientan el aprovechamiento legítimo de los espacios marinos bajo jurisdicción del Estado costarricense son los siguientes:

a) El carácter demanial de los recursos marinos vivos y no vivos ubicados en los espacios marinos bajo jurisdicción del Estado.

b) Importancia vital del medio marino y sus recursos vivos y no vivos para la humanidad.

c) Responsabilidad del Estado en la conservación de su biodiversidad y en la utilización sostenible de sus recursos biológicos.

d) Aprovechamiento y uso racional de los recursos marinos, como parte de la necesidad de preservar el medio humano en general y el medio marino en particular.

e) Carácter exclusivamente pacífico de la investigación científica marina.

f) Relevancia de la asistencia mutua y cooperación internacional en cuestiones marinas y marinas para contribuir a la preservación y conservación de los espacios marinos y sus recursos.

g) Responsabilidad del Estado respecto a la altamar y sus recursos vivos y no vivos y de la zona internacional de los fondos marinos, “patrimonio común de la humanidad”.

ARTÍCULO 3.- La línea de base del mar territorial, definida en los artículos 5, 6 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, será el punto de partida para el cómputo de la anchura máxima de todas las áreas marinas jurisdiccionales del Estado costarricense.

ARTÍCULO 4.- Establécese el trazado de líneas de base rectas en el litoral Pacífico del territorio nacional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en concordancia con las siguientes coordenadas geográficas:

Segmento Número 1.- De punta Santa Elena: latitud 10 grados, 53 minutos, 29 segundos norte, longitud 085 grados, 57 minutos, 11 segundos oeste (N 10º 53´29´´, W 085º 57´11´´), a islote Murciélago: latitud 10 grados, 51 minutos, 16 segundos norte, longitud 085 grados, 58 minutos, 50 segundos oeste, (N 10º 51´16´´, W 085º 58´50´´).

Segmento Número 2.- De islote Murciélago a cabo Velas: latitud 10 grados, 21 minutos, 25 segundos norte, longitud 085 grados, 52 minutos, 39 segundos oeste, (N 10º 21´25´´, W 085º 52´39´´).

Segmento Número 3.- De isla cabo Blanco: latitud 9 grados, 32 minutos, 20 segundos norte, longitud 085 grados, 6 minutos, 54 segundos oeste (N 9º 32´20´´, W 085º 52´39´´) a punta Llorona: latitud 8 grados, 43 minutos, 25 segundos norte, longitud 083 grados, 43 minutos, 25 segundos oeste, (N 8º, 43´25´´, W 083º, 43´25´´).

Segmento Número 4.- De cabo Matapalo: latitud 8 grados, 22 minutos, 34 segundos norte, longitud, 083 grados, 17 minutos, 34 segundos oeste (N 8º 22´34´´, W 083º 17´34´´) a punta Banco: latitud 8 grados, 22 minutos, 8 segundos norte, longitud 083 grados, 8 minutos, 53 segundos oeste, (N 8º 22´8´´, W 083º 8´53´´).

La parte del litoral Pacífico del territorio costarricense no comprendida en las anteriores coordenadas, así como la totalidad del litoral Caribe, se regirá por el sistema de línea de base normal, sea la línea de bajamar ordinaria a lo largo de la costa, definida por el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 5.- Las zonas marinas jurisdiccionales sobre las cuales ejerce derechos soberanos el Estado costarricense son las siguientes:

a) Aguas interiores.

b) Mar territorial.

c) Zona contigua.

d) Zona económica exclusiva.

e) Plataforma continental.

Además, ejerce el Estado derechos y responsabilidades sobre altamar, la zona internacional de los fondos marinos y sobre las áreas de jurisdicción marina de otros Estados, en los términos consignados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 6.- Son aguas interiores del Estado costarricense todas aquellas que tienen como límite interno el territorio del Estado y como límite externo la línea de base del mar territorial, definida en el artículo 4 de la presente Ley.

ARTÍCULO 7.- Sobre las aguas interiores que se localizan detrás de la línea de base normal, de acuerdo con el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Estado ejerce su soberanía en los mismos términos en que la ostenta sobre su territorio continental e insular.

Sobre las aguas interiores que son generadas por la adopción de un trazado de líneas de base rectas al tenor del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Estado costarricense mantiene su soberanía plena, no obstante reconocerá el derecho de paso inocente para los buques de todas las nacionalidades, en los términos estipulados en los artículos 17, 18 y 19 de la misma Convención.

ARTÍCULO 8.- El mar territorial de Costa Rica es el área marina bajo dominio del Estado que se encuentra más allá del territorio y es jurídicamente independiente de este y del espacio aéreo. Se extiende 12 millas náuticas a partir de la línea de base que se aplique en cada segmento de la costa.

Sobre esta área el Estado ejercerá plena soberanía. No obstante deberá respetar el derecho de paso inocente, correspondiente a todos los buques de todas las nacionalidades, contenido en los artículos 17, 18 y 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 9.- Establécese un área marina bajo dominio del Estado denominada “zona contigua”, la cual se extiende 24 millas náuticas contadas a partir de la línea de base del mar territorial que se aplique en cada segmento de la costa.

En la zona contigua el Estado costarricense ejercerá las potestades determinadas por el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sean estas, prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial y sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial.

ARTÍCULO 10.- La zona de jurisdicción especial que establece el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política se identifica en todos sus alcances, derechos y obligaciones con la zona económica exclusiva regulada por la parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Sobre esta área marina jurisdiccional, que se extiende hasta 200 millas marinas a partir de la línea de base del mar territorial, el Estado costarricense ejerce derechos soberanos sobre los recursos vivos y no vivos existentes en la columna de agua, el lecho y el subsuelo marino. No obstante, el régimen de navegación sobre la misma es libre, de acuerdo con el artículo 58 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 11.- Costa Rica ejerce sobre su plataforma continental las potestades concedidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los límites externos actuales de la plataforma continental podrán ser ampliados en el tanto Costa Rica cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 12.- La isla del Coco, parte del territorio insular de Costa Rica ubicada en el océano Pacífico, genera sus propias áreas marinas jurisdiccionales y plataforma continental por tratarse de una isla con el acuerdo con el artículo 121 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

ARTÍCULO 13.- La exploración y explotación de los recursos marinos vivos y no vivos existentes o por existir en los espacios marinos costarricenses, así como su manejo integral, serán responsabilidad del Estado.

El Estado promoverá el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos marinos vivos en los espacios marinos, como fuente de alimentación, empleo e ingresos en armonía con la protección y preservación del medio marino, la conservación de la biodiversidad y del ambiente en general.

ARTÍCULO 14.- El Estado adoptará las medidas necesarias y suficientes para prevenir o controlar la contaminación del medio marino bajo su jurisdicción, y gestionará la recuperación integral de las áreas afectadas.

ARTÍCULO 15.- El Estado adoptará las medidas necesarias para fomentar la investigación científica y técnica en sus espacios marinos; promoviendo y estimulando la participación de instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, en dicha investigación.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diez.

Laura Chinchilla Miranda

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

José María Tijerino Pacheco

MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

17 de enero de 2011

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

1 vez.—O.C. Nº 21001.—Solicitud Nº 43824.—C-261900.—(IN2011007411).

ACUERDOS

Nº 6452-10-11

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En Sesión ordinaria Nº. 121, celebrada el 9 de diciembre de 2010 y de conformidad con lo que disponen los Artículos 121 inciso 3) y 158 de la Constitución Política

ACUERDA:

Reelegir al señor Rolando Vega Robert, como Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por un nuevo período de ocho años, del dieciséis de diciembre del dos mil diez al quince de diciembre del dos mil dieciocho.

El señor Vega Robert se juramentó en Sesión Ordinaria número ciento veintidós, celebrada el trece de diciembre del dos mil diez.

Publíquese.

Asamblea Legislativa.—San José, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diez.—Luis Gerardo Villanueva Monge, Presidente.—Mireya Zamora Alvarado, Primera Secretaria.—Ileana Brenes Jiménez, Segunda Secretaria.—1 vez.—O.C. 21001.—C-9900.—(IN2011007409).

Nº 6453-10-11

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En Sesión Extraordinaria Nº 005 celebrada el 20 de diciembre de 2010 y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso 5) del artículo 121 de la Constitución Política.

ACUERDA:

Conceder permiso de atraque y permanencia en puertos costarricenses, tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América.

Estos buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica en el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2011 y tienen como misión el apoyo a operación antidrogas en el cumplimiento del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito” aprobado mediante Ley N° 7929 del 6 de octubre de 1999.

Las embarcaciones autorizadas son:

1) USCGC Bertholf (WMSL 750)

Longitud: 127 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 106 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) helicópteros MH-65.

2) USCGC Waesche (WMSL 751)

Longitud: 127 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 106 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (2) helicópteros HH-65.

3) USCGC Hamilton (WHEC 715)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

4) USCGC Dallas (WHEC 716)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

5) USCGC Mellon (WHEC 717)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicópteros HH-65.

6) USCGC Chase (WHEC 718)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

7) USCGC Boutwell (WHEC 719)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

8) USCGC Sherman (WHEC 720)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

9) USCGC Gallatin (WHEC 721)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

10) USCGC Morgenthau (WHEC 722)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

11) USCGC Rush (WHEC 723)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

12) USCGC Munro (WHEC 724)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

13) USCGC Jarvis (WHEC 725)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

14) USCGC Midgett (WHEC 726)

Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 19 oficiales, 105 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

15) USCGC Bear (WMEC 901)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

16) USCGC Tampa (WMEC 902)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

17) USCGC Harriet Lane (WMEC 903)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

18) USCGC Northland (WMEC 904)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

19) USCGC Spencer (WMEC 905)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

20) USCGC Seneca (WMEC 906)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

21) USCGC Escanaba (WMEC 907)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

22) USCGC Tahoma (WMEC 908)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

23) USCGC Campbell (WMEC 909)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

24) USCGC Thetis (WMEC 910)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

25) USCGC Forward (WMEC 911)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

26) USCGC Legare (WMEC 912)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

27) USCGC Mohawk (WMEC 913)

Longitud: 82 metros. Tripulación máxima: 14 oficiales, 86 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) helicóptero HH-65.

28) USCGC Reliance (WMEC 615)