El presente proyecto de ley pretende regular el uso de las tarjetas de crédito y débito en el país, con el objetivo de que el mismo se caracterice por el espíritu de la defensa efectiva de la persona usuaria.

Las tarjetas de crédito y débito son de uso normal y frecuente por parte de la ciudadanía. Diferentes productos y servicios han sido agregados al valor primigenio de la tarjeta, creando así servicios conexos al de crédito y débito, tales como: seguros de todo tipo, asistencia en caso de accidente, reembolsos por compras defectuosas y otros. Cada uno de estos servicios está incluido como valor agregado de la tarjeta y en la mayoría de las ocasiones la persona tarjetahabiente no solo no los requiere, sino que no los ha solicitado.

Es un hecho, también, la sobreoferta de tarjetas de crédito que se da en nuestro país (alrededor de 400 tipos diferentes, y un millón cuatrocientas mil tarjetas en manos de personas usuarias, sin contar las tarjetas de débito).

Según un estudio comparativo de tarjetas de crédito elaborado por la Dirección de Estudio Económicos del MEIC, a octubre de 2011 existían 29 emisores de tarjetas de crédito con 379 tipos de tarjetas a disposición del público, de las cuales 182 son de acceso no restringido y 111 son de acceso restringido. En relación con la deuda efectiva que tenían los tarjetahabientes con las empresas emisoras de tarjetas de crédito, a ese momento, este monto alcanzó la cifra de los ¢591.306 millones. La morosidad total de los emisores en conjunto fue de un 14% de la deuda efectiva (9,83% atraso de pago menor a los 90 días y 4,17% atraso superior a los 90 días).

La facilidad con que se dan esos créditos y a la morosidad creciente derivada del exceso de crédito, ha venido acarreando un aumento considerable de los procesos ejecutivos, los embargos de salarios y la pérdida de bienes patrimoniales familiares como resultado del no pago oportuno de las deudas adquiridas.

Es por lo anterior que la falta de regulación o la regulación parcial de las tarjetas de crédito y débito se ha ido convirtiendo en uno de los problemas sociales más grave en la actualidad y sobre el que resulta oportuno legislar en un mundo orientado hacia las transacciones electrónicas y los portales informáticos.

El 30 de marzo de 2010, fue publicado en La Gaceta un nuevo reglamento de tarjetas (Decreto Ejecutivo 35867 MEIC) que sustituye el reglamento del año 2000. Algunas de las novedades de este reglamento son que regula las tarjetas de débito y de crédito, mientras que el anterior reglamento se refería solo a las tarjetas de crédito. Otro punto destacable es el relativo a la prohibición del acoso u hostigamiento hacia las personas tarjetahabientes con fines de cobro. Solo se puede cobrar a quienes, por el contrato, sean deudores. Por otro lado, se incorpora el principio de in dubio pro persona usuaria, un mayor detalle de los estados de cuenta, la obligación de que la máquina de transacción esté a la vista de la persona usuaria, la responsabilidad objetiva de las empresas emisoras y negocios frente a las personas afiliadas, la protección de los datos de la persona usuaria y la obligatoriedad de los estudios comparativos por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Nos parece que este decreto es un importante avance para la protección de las personas usuarias. A través del mismo, se pasa de la desregulación casi total a un estado intermedio. Sin embargo, al ser esta norma un simple decreto ejecutivo está a merced de los intereses coyunturales de los gobiernos de turno y puede darse un retroceso en cualquier momento.

Por lo anterior, estimamos que es indispensable contar con normativa de rango legal que regule esta importante materia que afecta sensiblemente los derechos de las y los ciudadanos. Para ello, hemos tomado como base el decreto citado, ordenándolo y además incorporándole nuevos puntos no contemplados en el decreto.

La iniciativa que proponemos pretende la regulación al tope de las tasas de interés corriente y moratorio que puedan ofrecer las empresas emisoras, con el fin de resguardar a las personas consumidoras y de atacar directamente el problema de los altos e incontrolables intereses que cobran dichas empresas. Con lo anterior, pretendemos establecer un tope máximo de ganancia, lo cual, por cierto, ya tiene antecedentes en el continente americano. En Argentina y Guatemala, se cuenta con leyes de tarjetas que incluyen la regulación de los intereses. En Honduras el año 2007, se adoptó un decreto que regula las tasas pues las empresas emisoras de tarjetas cobraban réditos que llegaban al 72 por ciento anual. En Colombia, la Superintendencia Financiera de esa nación, decreta las alzas o bajas en los márgenes de ganancia que tienen las tarjetas de crédito. Igualmente en Panamá, Nicaragua, Venezuela y México hay mecanismos de regulación de los intereses.

Algunos actores políticos desinformados han argumentado que esta regulación no sería viable jurídicamente porque supuestamente lesionaría la libertad de comercio. Sin embargo esto no es cierto. Sobre el particular conviene recordar la jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a la validez constitucional de que el Estado aplique mecanismos de fijación de precios:

“En relación con este tema y específicamente en cuanto al control de precios de los productos por parte del Estado, en la sentencia N.º 2757-93 de las 14:45 horas del 15 de junio de 1993, la Sala señaló que dentro del concepto de “interés público” u “orden público” se encuentran involucradas las medidas que el Estado adopta con el fin de asegurar, entre otras cosas, su organización económica; que como medidas de intervención se incluyen las normas jurídicas que controlan los precios de los artículos de consumo; que la regulación de esos precios no afecta el principio económico de “la economía de mercado”, ni lesiona la libertad de empresa, de comercio o la propiedad privada, antes bien, la regulación representa una garantía de uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio de esos derechos; que la facultad del Estado de fijar esos precios conlleva necesariamente una limitación a la libertad, pero esa limitación es razonable por estar dirigida al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución”.

Por otra parte, según los estudios publicados por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en los últimos años, existen diferencias abismales entre las empresas emisoras en relación al cobro de los tipos de tasas de interés. Esos intereses oscilan actualmente entre el 20 por ciento y el 54 por ciento entre quienes ofrecen tarjetas de crédito en el mercado financiero nacional. Se trata de una diferencia desmedida, abusiva y exagerada que debe de ser controlada por el Estado a favor de las personas usuarias.

Las razones con que se justifican las tasas elevadas por parte de las empresas emisoras consisten en el tipo de fondos disponibles en los bancos para dar crédito a la persona tarjetahabiente, el tipo de clientes y el uso que estos le dan a las tarjetas, los niveles de morosidad y la consideración del alto riesgo de la colocación de esos créditos. Todas, razones de poco o ningún peso, pues al revisar el promedio actual de tasas para préstamos personales, dichas tasas se encuentran muy por debajo de las tasas de las tarjetas de crédito, por lo que estas últimas representan dentro de la relación contractual, una ventaja leonina para la empresa emisora.

Nos parece que los excesos en que incurren algunas empresas emisoras de tarjetas, referente a las tasas que cobran por concepto de intereses corrientes y moratorios se acercan mucho a la figura de la usura, regulada en el artículo 236 del Código Penal, el cual tipifica y reprime el delito de usura: “…el que, aprovechado la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación…”.

No se pretende obligar a los emisores a ubicarse en un máximo o un mínimo, pues constituiría una limitación a la autonomía contractual entre sujetos de derecho privado, sino por el contrario se garantiza un rango importante donde se permitiría y facilitaría la competencia efectiva en el mercado financiero y de crédito; pero a su vez se actúa en resguardo de los consumidores y en procura de evitar que se sobrepase el techo razonable fijado, en este caso por ley, con lo que se evitaría la usura en materia de tarjetas de crédito.

Otro punto que incorporamos en el proyecto es la finalización del contrato entre las empresas emisoras y las personas tarjetahabientes, lo cual en la actualidad es un verdadero problema para las personas usuarias que tienen que intentar varias veces terminar con la relación contractual y en muchos casos no logran conseguirlo nunca. Con la aprobación de esta ley, por medio de un procedimiento muy sencillo, las empresas emisoras estarían obligadas a darle un comprobante de saldo en el momento en que lo pida la persona tarjetahabiente y en ese momento se terminaría la relación contractual. Además, incorporamos la obligación de que la persona tarjetahabiente siempre autorice los cambios que se hagan a la relación contractual, incluida la tasa de interés y que nunca se utilice el silencio como una forma de consentimiento.

En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS USUARIAS DE TARJETAS

DE CRÉDITO Y DÉBITO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1.- Objetivo. Esta ley tiene por objetivo regular el mercado de tarjetas de crédito y débito.

ARTÍCULO 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1.- Acoso u hostigamiento para la cobranza: Conducta por parte de un acreedor o agente de cobranzas, que oprima, moleste o abuse a una persona, de manera insistente y repetitiva, con ocasión de la gestión de cobro de una deuda.

2.- Persona afiliada: Persona física o jurídica, que acepta, como medio de pago, tarjetas de crédito o débito.

3.- Amortización: Extinción de una parte o la totalidad del principal de una deuda mediante pagos realizados en intervalos regulares de tiempo o un solo pago.

4.- Beneficios: Aquellos que se otorgan sin costo adicional para la persona tarjetahabiente, por el uso de la tarjeta de crédito o débito.

5.- Cargos por intereses corrientes: Monto de los intereses por financiamiento calculado sobre el principal adeudado, con base en la tasa de interés pactada, sin incluir el consumo del período. Son aplicables cuando se opta por el financiamiento.

6.- Cobertura: Ámbito geográfico o sector de mercado donde puede ser utilizada la tarjeta de crédito o débito.

7.- Comercio electrónico: Cualquier forma de transacción en la cual las partes involucradas interactúan a través de medios informáticos.

8.- Comisiones: Porcentajes o montos que la empresa emisora cobra a la persona tarjetahabiente por el uso de servicios acordados en el contrato de emisión de tarjeta de crédito o de la cuenta a la cual está adscrita la tarjeta de débito. No corresponde a intereses.

9.- Comerciante o proveedor: Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. Para los efectos de esta ley, quien produce, en tanto provee, también está en obligación con la persona que consume, a respetarle sus derechos e intereses legítimos.

10.- Contrato de emisión de tarjeta de crédito: Contrato que regula las condiciones generales de un crédito revolutivo en moneda nacional o extranjera para la emisión y uso de la tarjeta de crédito, al cual se adhiere la persona tarjetahabiente por un plazo definido. Dicho contrato se regirá por los principios y normas que regulan los contratos de adhesión.

11.- Empresa emisora: Entidad que emite o comercializa tarjetas de crédito y débito, para uso nacional o internacional.

12.- Estado de cuenta: Resumen periódico de los cargos y transacciones originadas por la posesión y el uso de la tarjeta débito o de crédito y otras líneas de financiamiento asociadas a esta última en el marco de una relación contractual.

13.- Fecha de corte: Fecha programada para el cierre contable de las operaciones utilizado para la emisión del estado de cuenta del período correspondiente.

14.- Fecha límite de pago: Fecha en la cual la persona tarjetahabiente de crédito debe pagar al menos el monto mínimo establecido en el estado de cuenta. También se utiliza para definir el no cargo para intereses, si la persona cliente paga de contado.

15.- Interés corriente del período: Monto por intereses calculados desde la fecha de compra hasta la fecha de corte. Se calculan sobre cada uno de los consumos de un período. Estos intereses no se cobran cuando la persona tarjetahabiente realiza el pago de contado en la fecha de pago o antes.

16.- Interés corriente: Monto por intereses según la tasa pactada, calculados sobre el principal adeudado, sin incluir el consumo del período.

17.- Interés moratorio: Monto por intereses según la tasa establecida por este concepto en el contrato, que la empresa emisora cobra cuando la persona tarjetahabiente incurre en algún retraso en los pagos. El cargo se calcula sobre la parte del principal adeudado (dentro del pago mínimo) que se encuentra en mora.

18.- Límite de crédito: Monto máximo, en moneda nacional o extranjera o ambas, que la empresa emisora se compromete a prestar a la persona tarjetahabiente de crédito mediante las condiciones estipuladas en el contrato.

19.- Otros cargos: Montos que le son cobrados a la persona tarjetahabiente, excluidos los intereses y las comisiones, que corresponden a los servicios administrativos que cobra la empresa emisora por la utilización de la tarjeta de crédito o de débito, y que fueron acordados en el contrato de emisión de la tarjeta de crédito o de la cuenta a la que está adscrita la tarjeta de débito.

20.- Pago de contado: Monto señalado en el estado de cuenta que corresponde al saldo del principal adeudado por la persona tarjetahabiente del crédito a la fecha de corte, más los intereses de financiamiento y las comisiones o cargos cuando correspondan. Este pago no incluye los intereses corrientes del período de compras del mes.

21.- Pago mínimo: Monto que cubre la amortización al principal según el plazo de financiamiento, los intereses financieros a la tasa pactada, las comisiones y los cargos pactados, que la persona tarjetahabiente paga a la empresa emisora por el uso de la tarjeta de crédito.

22.- Principal: Saldo de todas las transacciones realizadas mediante el uso de la tarjeta de crédito, con exclusión de los intereses o cargos adicionales provenientes de la generación o formación del mismo.

23.- Saldo de intereses: Está constituido por los cargos por intereses corrientes, intereses corrientes del período e intereses moratorios, menos los pagos realizados por este concepto.

24.- Servicios accesorios: Son aquellos servicios considerados secundarios, pero adicionales al uso de la tarjeta de crédito o débito y son diferentes de los servicios primarios o de carácter diferente de las transacciones ordinarias acordadas en el contrato.

25.- Persona tarjetahabiente: Persona usuaria de la tarjeta de crédito o débito.

26.- Tarjeta adicional: Tarjeta de crédito o débito que el titular autoriza a favor de las personas que este designe.

27.- Tarjeta de crédito: Instrumento financiero que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, que acredita una relación contractual previa entre la empresa emisora y la persona tarjetahabiente por el otorgamiento de un crédito revolutivo a favor de la segunda, para comprar bienes, servicios, pagar sumas líquidas y obtener dinero en efectivo.

28.- Tarjeta de débito: Instrumento financiero que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, que se utiliza como medio de pago por las compras de bienes y servicios, cuyo cargo se hace de manera automática e instantánea contra los fondos que la persona tarjetahabiente disponga en una cuenta corriente o de ahorro en una entidad financiera. Permite además realizar retiros y otras transacciones en cajeros automáticos.

29.- Tasa de interés corriente: Porcentaje establecido por la empresa emisora en el contrato por el uso del crédito, que se utilizará para el cálculo de intereses, sobre el saldo del principal.

30.- Tasa de interés moratorio: Porcentaje establecido por la empresa emisora en el contrato que la persona tarjetahabiente de crédito debe pagar cuando incurre en algún retraso en los pagos del principal de la deuda.

ARTÍCULO 3.- Obligaciones de información. La empresa emisora está obligada a informar a las personas consumidoras, toda la información relacionada con la utilización de tarjetas de crédito y débito. Para ello deberá entregar un resumen de condiciones o folleto explicativo con las siguientes características:

1.- Contener información clara, veraz, suficiente y oportuna, en idioma español y con una tipografía de tamaño no inferior a 5 mm, para que la persona consumidora cuente con elementos relevantes de decisión al contratar el servicio. Asimismo establecerá mecanismos para que la información sea accesible a personas con discapacidad y miembros de etnias nativas del país.

2.- La entrega del folleto deberá constar en un recibo, separado del contrato, firmado por la persona consumidora. Asimismo, deberá estar disponible al público cuando así lo requiera.

3.- El folleto o resumen, deberá contener, además, la siguiente información:

a) Características principales del servicio que está adquiriendo, como el tipo de tarjeta, la cobertura, los beneficios adicionales y las restricciones o limitaciones que le afecten.

b) Para tarjetas de crédito el método de cálculo de los montos generados por la aplicación de las distintas tasas de interés (intereses corrientes, intereses corrientes del período, intereses moratorios), los supuestos en que dichos intereses no se pagarán y la forma en que se calculará el pago mínimo. Asimismo, se deberán indicar las comisiones, otros cargos, los supuestos y condiciones en que se cobran.

c) Para las tarjetas de débito se deberá informar el método de cálculo de los montos generados por aplicación de la tasa de interés pasiva anual, a favor de la persona consumidora, que devenga la cuenta corriente y cuenta de ahorro asociada al uso de la tarjeta de débito.

d) Procedimiento para el reporte de pérdida o robo y las condiciones que prevalecen en tales situaciones.

e) Procedimiento y plazo para reclamos, así como la unidad o persona encargada para la resolución de controversias.

4.- El folleto podrá además contener cualquier otra información que la empresa emisora considere relevante para la persona consumidora.

5.- Las condiciones generales incluidas en el resumen o folleto explicativo de las entidades financieras, tendrán fuerza vinculante si el contrato llega a celebrarse con base en ellas.

CAPÍTULO II

De los contratos

ARTÍCULO 4.- Forma e interpretación de los contratos. Las condiciones generales incorporadas a un contrato deben ser suficientemente claras y precisas, a fin de que no induzcan a error a las personas consumidoras. Su contenido debe respetar los principios generales del Derecho. En caso de duda en la interpretación de las condiciones generales, esta se resolverá a favor de las personas consumidoras.

ARTÍCULO 5.- De los requisitos del contrato de tarjeta de crédito. Todos los derechos y obligaciones de la empresa emisora y de la persona tarjetahabiente, así como, las condiciones de uso, costos de cargos y servicios, emisión de estados de cuenta, reversiones, reclamos y responsabilidades se establecerán en un contrato firmado por ambas partes.

Todo contrato de emisión de tarjeta de crédito debe contener lo siguiente:

a) De forma:

a.1. Debe redactarse de manera simple y clara, procurando en todo momento que resulte de fácil lectura y comprensión para todas las personas consumidoras.

a.2. El tamaño de la letra: se deberá utilizar caracteres cuya altura no sea inferior a cinco milímetros (5 mm), entendiendo dicha altura como la distancia comprendida desde la línea base hasta la base superior de un carácter en mayúscula.

a.3. Los contratos deberán ser firmados por la representación legal de la empresa emisora o de la persona previamente autorizada para tal fin, así como por la persona tarjetahabiente y por quien eventualmente dé fianza personal a este.

a.4. Cuando en el contrato se haga mención a otras disposiciones adicionales que afecten directamente a la persona tarjetahabiente, dicha información debe estar claramente definida y a disposición de la persona tarjetahabiente.

b) De fondo:

b.1. Plazo de vigencia del contrato.

b.2. Monto máximo de crédito autorizado.

b.3. Plazo por el que se otorga el crédito autorizado, para los efectos del cálculo de las obligaciones correspondientes al período en curso.

b.4. Tasa de interés nominal anual y mensual, aplicables al financiamiento de los saldos adeudados, según la moneda de que se trate.

b.5. Tasa de intereses moratorios.

b.6. Definición del monto base sobre el cual se aplicarán los intereses, tanto corrientes como moratorios, así como los plazos sobre los cuales se aplicarán dichas tasas.

b.7. Explicación de la forma en que se construye el pago de contado.

b.8. Explicación de la forma en que se construye el pago mínimo.

b.9. Definición y condiciones del período de gracia, según el caso.

b.10. Forma y medios de pago permitidos.

b.11. Fecha de corte de las transacciones del período.

b.12. Definición de las comisiones, honorarios y cargos conexos al uso de la tarjeta de crédito, así como la explicación de la forma en que se cargan los montos o tasas determinados para ellos.

b.13. Definición de los cargos administrativos o de permanencia en el sistema para el uso de la tarjeta de crédito, incluidos los cargos por gestión de cobro, así como la explicación de la forma en que se cargan los montos o tasas determinados para ello.

b.14. Procedimiento para la persona tarjetahabiente, sobre el reporte de la pérdida, robo, extravío, deterioro o sustracción de la tarjeta de crédito.

b.15. Casos en que proceda la suspensión del uso de la tarjeta de crédito o la resolución del contrato respectivo por voluntad unilateral de la empresa emisora o de la persona tarjetahabiente.

b.16. Periodicidad con la que se entregará el estado de cuenta.

b.17. Procedimiento para la impugnación de cargos no autorizados por la persona tarjetahabiente o cualquier otro reclamo.

b.18. Monto máximo garantizado por quien dé la garantía solidaria, según el caso. Además, se deberá indicar el procedimiento de notificación a la persona garante en los casos de variaciones del límite de crédito, renovación del contrato y plazo u otra variable que afecte la garantía.

b.19. Derechos y obligaciones de la persona tarjetahabiente y de la persona que dé la garantía solidaria.

b.20. Descripción de las condiciones en que el adeudo total puede ser considerado como vencido y requerido el pago total a la persona tarjetahabiente.

ARTÍCULO 6.- De las disposiciones sobre emisión y uso de tarjetas de débito. Deberá informarse a las personas tarjetahabientes todas las condiciones generales que afecten la emisión y el uso de las tarjetas de débito, los derechos y obligaciones de las partes, costos de cargos y servicios, emisión de estados de cuenta, reversiones, reclamos y responsabilidades. Tales condiciones podrán ser incluidas en el contrato de cuenta corriente o de ahorro o en cualquier otro documento que para este fin disponga la empresa emisora.

ARTÍCULO 7.- Sobre la información de servicios accesorios y beneficios. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito que ofrezcan otros servicios accesorios o adicionales asociados al uso de la tarjeta, deberán, previo a la contratación, suministrar toda la información relativa al servicio (tarifas, condiciones, plazos, procedimiento para reclamos) y respetar el derecho de la persona tarjetahabiente para decidir sobre la contratación de los mismos. Para el caso del otorgamiento de beneficios, de igual forma, se deberá suministrar toda la información relativa al mismo (condiciones, plazos, procedimiento para reclamos).

ARTÍCULO 8.- Sobre la prohibición de condicionar la contratación. Se prohíbe a las empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito condicionar el otorgamiento de estas a la contratación de cualquier servicio accesorio que ellas ofrezcan, pudiendo la persona tarjetahabiente contratar libremente otros servicios en cualquiera de las entidades que lo comercialicen.

ARTÍCULO 9.- Modificaciones de los contratos. La empresa emisora de tarjetas de crédito está obligado a notificar en el estado de cuenta inmediato posterior a la persona tarjetahabiente, el aviso de modificación del contrato original y los anexos o addenda para que este pueda determinar si mantiene la relación contractual o no.

El aviso deberá especificar en el apartado de “Avisos Importantes”, dispuesto para ello en el estado de cuenta, en letra destacada, lo siguiente:

1.- el detalle de la modificación,

2.- fecha en que entraría a regir la modificación,

3.- fecha máxima para rechazar la modificación,

4.- la dirección física, apartado postal, número de fax o dirección electrónica donde la persona tarjetahabiente podrá enviar la comunicación del rechazo a la modificación, y

5.- demás información relevante para la adecuada comprensión de la persona tarjetahabiente de los cambios a introducir.

La persona tarjetahabiente tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la notificación para rechazar la modificación propuesta.

Para el caso de las modificaciones al contrato que afecten de forma significativa la situación patrimonial de la persona fiadora, tales como: variación de la tasa de interés, límite de crédito y plazo de vigencia del contrato, deberán ser notificadas a este a efectos de que la persona fiadora pueda manifestarse sobre su continuidad en esa condición. Los plazos para dicha comunicación, así como para oponerse, serán los mismos que aplican a la persona tarjetahabiente.

ARTÍCULO 10.- Rechazo de las modificaciones a los contratos. Si la persona tarjetahabiente no contesta dentro del plazo estipulado para ello, se entenderá que las modificaciones no han sido aceptadas. Si la persona tarjetahabiente decide no mantener la relación contractual de acuerdo con el procedimiento y los medios establecidos en el artículo anterior, la empresa emisora solo podrá cobrar el pasivo pendiente con la tasa de interés y condiciones previas a la modificación propuesta contenidas en el contrato original, sus anexos y addenda.

La no aceptación por parte de la persona fiadora a las modificaciones del contrato dentro del plazo estipulado, liberará a esta de sus obligaciones respecto de esta modificación.

ARTÍCULO 11.- Publicación de contratos. En las áreas de servicio a las personas clientes y en la página de Internet, las empresas emisoras deberán mantener publicados los modelos de contratos vigentes y los folletos informativos a fin de que las personas tarjetahabientes puedan informarse sobre el contenido de los mismos. Además, las empresas emisoras tendrán la obligación de comunicarlo de manera individualizada a cada uno de los clientes por lo menos una vez al año.

CAPÍTULO III

Del estado de cuenta

ARTÍCULO 12.- De los estados de cuenta. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, están obligadas a enviar un estado de cuenta por correo postal a sus tarjetahabientes todos los meses y por lo menos veintiún días antes de la fecha de vencimiento, en el que se detallen las transacciones realizadas. Además, podrá enviarse por otro medio de comunicación elegido por la persona tarjetahabiente.

A las personas tarjetahabientes de débito, los estados de su cuenta corriente o de ahorro le serán enviados por correo postal al menos cada tres meses, pero no se podrá negar información actualizada a la persona tarjetahabiente que lo solicite en cualquier momento. Este envío podrá además realizarse por otro medio de comunicación elegido por la persona tarjetahabiente. En iguales condiciones deberá estar a disposición de la persona tarjetahabiente en sus oficinas o agencias.

ARTÍCULO 13.- Del contenido del estado de cuenta de la tarjeta de crédito. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito deberá incluir la siguiente información:

a) Identificaciones. Nombre y cédula jurídica de la empresa emisora, marca de la tarjeta, nombre y dirección de la persona tarjetahabiente e identificación de la cuenta. Esta información debe aparecer en el encabezado del estado de cuenta.

b) Descripciones. Enumeración explícita de las transacciones realizadas o autorizadas por la persona tarjetahabiente donde se incluya lo siguiente: el concepto, la fecha, el establecimiento, lugar, monto en colones o dólares según sea el caso.

c) Detalles financieros. En rubros separados debe aparecer la siguiente información:

c.1- la fecha de corte,

c.2- fecha límite para el pago de contado,

c.3- fecha límite para el pago mínimo,

c.4- plazo del crédito en meses,

c.5- tasa de interés corriente,

c.6- monto por intereses corrientes o financieros,

c.7- tasa de interés moratorio,

c.8- monto de intereses moratorios,

c.9- seguros,

c.10- cargos y comisiones desglosadas,

c.11- monto de pago mínimo,

c.12- monto de pago de contado,

c.13- saldo anterior del principal,

c.14- saldo anterior de intereses,

c.15- saldo del principal a la fecha de corte,

c.16- saldo de intereses a la fecha de corte,

c.17- los pagos efectuados y cualquier débito o crédito aplicado a la cuenta.

c.18- detalle por separado de los cargos administrativos por gestión de cobranza en los casos de atraso y mora, cuando corresponda.

d) Avisos importantes: Se asignará un espacio destacado para hacer comunicados relevantes, entre los que se incluye posibles modificaciones a los contratos de crédito.

CAPÍTULO IV

De los intereses aplicables al titular

ARTÍCULO 14.- Interés corriente. La tasa anual de interés en colones que la empresa emisora aplique al titular tarjetahabiente no podrá ser superior a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central más quince puntos porcentuales. En crédito en dólares, la tasa anual de interés no podrá ser superior a la Tasa Prime Rate que publica el Banco Central de Costa Rica más diez puntos porcentuales.

La entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público, en todos sus locales, la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito.

Para el retiro de efectivo por parte de la persona tarjetahabiente, la empresa emisora no podrá cobrar un interés adicional.

ARTÍCULO 15.- Interés moratorio. El límite de los intereses moratorios que la empresa emisora aplique al titular no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés corriente.

Independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses moratorios no serán capitalizables.

ARTÍCULO 16.- No procederá la aplicación de intereses moratorios si se hubieran efectuado los pagos mínimos indicados en el resumen en la fecha correspondiente.

ARTÍCULO 17.- Sobre el cálculo de los intereses, saldos y otros cargos. Los intereses, saldos y otros cargos en el estado de cuenta se calcularán como se indica:

a) Saldos. Los estados de cuenta incluirán saldos por separado para la deuda principal y para los intereses.

b) Interés corriente del período. En el Estado de cuenta deberá consignarse de manera expresa que estos intereses no se cobran cuando el pago se realice de contado al vencimiento de la fecha límite para el pago de contado. Se aplica la misma tasa utilizada para el cálculo de los intereses corrientes. La fórmula de cálculo que se debe utilizar es la siguiente: Monto de cada transacción multiplicado por la tasa de interés corriente expresada en forma mensual. El resultado obtenido se divide entre treinta y luego se multiplica por el número de días transcurridos desde la transacción hasta la fecha de corte.

c) Interés corriente. Son aplicables cuando se opta por el financiamiento; por lo tanto no se aplica en caso de pago de contado. La fórmula de cálculo que se debe utilizar es la siguiente: El “Saldo anterior principal” se multiplica por la tasa de interés corriente expresada en forma mensual, se divide entre 30 y se multiplica por la cantidad de días que pasaron entre la última fecha de corte y el día del pago. Adicionalmente se le suma la diferencia entre el “saldo anterior principal” y el monto del pago realizado se multiplica por la tasa de interés expresada en forma mensual, se divide entre 30 y se multiplica por la cantidad de días transcurridos entre la fecha de pago realizado y la siguiente fecha de corte. Para efecto de cálculo de intereses debe excluirse, del saldo anterior, los intereses de períodos anteriores incluidos en dicho saldo. Esto con el propósito de no generar intereses sobre intereses o intereses capitalizables, por tal para la aplicación de los mismos no podrá utilizarse el modelo geométrico.

d) Interés moratorio. Debe utilizarse para el cálculo de los intereses moratorios sobre los días de atraso, en los términos que indique el contrato y conforme con las condiciones que indique la legislación vigente.

La fórmula de cálculo que se debe utilizar es la siguiente: Es la parte del abono al principal, detallado en el pago mínimo, multiplicada por la tasa de interés moratoria expresado en forma mensual, dividido entre treinta y multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha límite de pago anterior hasta la fecha de corte del nuevo estado de cuenta. Si el pago mínimo fuera realizado antes de la fecha de corte, el número de días a utilizar para el cálculo serán los transcurridos entre la fecha límite de pago anterior hasta la fecha en que se realizó el pago. En caso de pagos parciales al pago mínimo, se calculará el monto correspondiente a los intereses moratorios sobre la parte del abono al principal adeudado resultante.

e) Pago mínimo. Debe cubrir tanto los intereses, a la tasa pactada, como las comisiones o cargos y una amortización al principal, según el plazo de financiamiento. La fórmula de cálculo que se debe utilizar es la siguiente: Se divide el saldo principal entre el número de meses por el cual la empresa emisora otorga el financiamiento. Al monto resultante se le suma el saldo de intereses así como otros cargos realizados por la empresa emisora dentro del marco contractual. El estado de cuenta contendrá el detalle de la forma en que se distribuye el pago mínimo. Por lo tanto deberá indicar el monto que corresponde al pago de intereses y el que corresponde a amortización del principal.

f) Pago de contado. No incluye los intereses corrientes del período. La fórmula de cálculo que se debe utilizar es la siguiente: Saldo principal más el saldo de intereses corrientes menos los intereses corrientes del período, más otros cargos definidos en el contrato.

g) Información sobre posible cargo de interés moratorio. El estado de cuenta contendrá una sección en la que se indicará el monto diario que la persona tarjetahabiente tendría que cancelar por concepto de intereses moratorios, en el hipotético caso de que no realizara el pago mínimo a más tardar a la fecha límite para tal efecto.

h) Sobre los intereses. Como principio general, los intereses financieros se calcularán por día sobre los saldos adeudados. Los intereses corrientes y los intereses moratorios no serán capitalizables, por tanto para su aplicación no podrá utilizarse el modelo geométrico.

ARTÍCULO 18.- Otros aspectos informativos. El estado de cuenta deberá incorporar información adicional sobre otros aspectos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito de carácter diferente de las transacciones ordinarias, como los beneficios, promociones, sorteos o programas de fidelidad, los cuales podrán ser indicados mediante una referencia a un sitio en Internet o el medio de comunicación donde se encuentran dichos reglamentos.

ARTÍCULO 19.- Otras líneas de crédito. La información correspondiente a otras líneas de crédito otorgadas en forma paralela al uso de la tarjeta de crédito y para las cuales prevalecen plazos y tasas de interés distintas de las pactadas contractualmente, deberá presentarse en estado de cuenta separado, en un mismo cuerpo documental.

ARTÍCULO 20.- Cargos por gestión de cobro. La gestión de cobro deberá realizarse conforme con las limitaciones establecidas en el artículo 38 de esta ley. Los cargos por dicha gestión aplican solamente para las cuentas en mora y deberán incluirse de manera separada y detallada en el estado de cuenta. Tales cargos no podrán exceder el costo de tres avisos o comunicaciones.

CAPÍTULO V

Del estado de cuenta

ARTÍCULO 21.- Del contenido del estado de cuenta de la tarjeta de débito. El estado de cuenta de la cuenta corriente o de ahorro a la que está adscrita la tarjeta de débito deberá incluir la siguiente información:

c) Detalles financieros. En rubros separados deben aparecer:

c.1- la fecha de corte,

c.2- fecha de la transacción,

c.3- tasa de interés pasiva anual,

c.4- monto por interés pasivo sobre los saldos,

c.5- seguros,

c.6- cargos y comisiones desglosadas,

c.7- saldo anterior, y

c.8- depósitos y otros débitos o crédito aplicado a la cuenta.

d) Intereses en tarjetas de débito: El estado de cuenta deberá indicar la tasa de interés pasiva y el monto generado por aplicación de esta tasa que devengan los saldos a favor de la persona consumidora, así como, la forma en que dicho monto se calcula.

e) Sobregiros en tarjetas de débito: En los casos en que se presente un sobregiro en la cuenta de una tarjeta de débito, no podrán incluirse cargos no establecidos o previstos en el contrato y sus modificaciones.

CAPÍTULO VI

De la publicidad

ARTÍCULO 22.- Publicidad. Las personas usuarias tienen derecho a una publicidad, clara y no engañosa, que recoja las condiciones necesarias y adecuadas del producto o servicio publicitado, sin que la misma induzca o pueda inducir a error.

La publicidad relativa al uso de tarjetas de crédito y débito que se dirija a las personas consumidoras, considerando la naturaleza del medio utilizado para su difusión, deberá cumplir con los siguientes principios:

a) Veracidad: La información debe corresponder a los términos o características reales del servicio ofrecido.

b) Claridad: El contenido debe ser expuesto sin omitir información relevante para entender la naturaleza del servicio, ni utilizar expresiones ambiguas. La tasa de crédito de la tarjeta ofrecida debe ser destacada.

c) Legibilidad: La publicidad debe permitir la fácil y adecuada lectura y, comprensión de todo su contenido. Todo el texto debe tener el mismo tamaño, excepto la tasa de crédito de la tarjeta ofrecida, la cual debe tener un mayor tamaño que el resto del texto.

d) Contraste: La relación entre el fondo y el texto superpuesto utilizado en la publicidad, debe ser igual entre ellas.

e) Alineación y orientación del texto: La alineación y orientación utilizada para divulgar la información relevante, deben ser iguales.

En general la publicidad deberá realizarse de forma tal, que se logre trasmitir a las personas consumidoras con plena claridad toda la información. Para ello, se prohíben manifestaciones o presentaciones visuales que directa o indirectamente, por afirmación, omisión, ambigüedad o exageración, puedan llevar a confusión a las personas consumidoras, teniendo presente la naturaleza y características de las tarjetas de crédito y débito y sus servicios asociados, así como al público a quien va dirigido el mensaje, y el medio a utilizar.

De ninguna manera la publicidad podrá suprimir condiciones o limitaciones determinantes para la decisión de consumo, ni referirlas a los reglamentos.

ARTÍCULO 23.- Premios y promociones. Todos los documentos promocionales y los comunicados con la persona cliente deben realizarse en un lenguaje claro y simple, explicando el significado de cualquier tecnicismo que se utilice. Los premios y promociones que promuevan las empresas emisoras en beneficio de la persona tarjetahabiente, deberán ser reglamentados, y se deberán de contemplar las condiciones, restricciones, plazos, naturaleza y cumplimiento de los beneficios adicionales.

Dicha información deberá ser previa, clara, veraz y oportuna; asimismo, se deberá comunicar a las personas tarjetahabientes, en el estado de cuenta, el medio de comunicación donde se encuentran dichos reglamentos.

CAPÍTULO VII

Protección de los datos personales de las personas usuarias

ARTÍCULO 24.- Derecho a la protección de datos. Las personas usuarias de servicios financieros tienen derecho a la protección de los datos personales que las entidades financieras obtengan para la prestación de sus servicios. Quedan exceptuadas de esta disposición las condiciones establecidas en el artículo 24 de la Constitución Política, en los artículos 17, 18, 19, 25 y 120 de la Ley N.º 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de 26 de diciembre de 2001; en los artículos 11, 15, 16, 18 de la Ley N.º 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009; el artículo 3 de la Ley N.º 8719, Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, de 4 de marzo de 2009; el artículo 1 de la Ley N.º 7425, Registro y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones, de 9 de agosto de 1994, así como, la normativa 1-05 de la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Reglamento de la Central de Información Crediticia de esa misma entidad.

El tratamiento de los datos personales con fines distintos a los exceptuados en el párrafo anterior requerirá consentimiento expreso, libre e informado de las personas tarjetahabientes, en documento separado al contrato de adhesión; lo anterior en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N.º 8220, de 4 de marzo de 2002 y de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Los datos personales deberán estar actualizados y responder de forma veraz a las obligaciones de las personas usuarias.

ARTÍCULO 25.- Derechos de acceso, rectificación y cancelación. Las personas usuarias de servicios financieros tienen derecho, cuando así lo requieran, a acceder a su información personal contenida en la base de datos de la empresa emisora y su fuente, así como a reclamar la inmediata rectificación como en derecho corresponda.

Cuando la información personal se encuentre desactualizada o se fundamente en causas legales perentorias, deberá ser eliminada de las bases de datos de las empresas emisoras o de su fuente, por representar una afectación al acceso en los servicios financieros.

ARTÍCULO 26.- Procedimiento de acceso, rectificación y cancelación. Para hacer posible su ejercicio, el responsable de estos registros y de su tratamiento, deberá brindar al interesado al menos una referencia del asiento o anotación, facilitándole el derecho a recabar información de la totalidad de ellos.

El pago de las deudas efectuadas por las personas usuarias determinará la cancelación de los asientos practicados en estos registros.

ARTÍCULO 27.- Protección de datos personales y banca electrónica. Las entidades financieras deberán adoptar las medidas técnicas de seguridad, que requieran las transacciones realizadas con tarjetas de débito y de crédito por medios electrónicos, a fin de asegurar la protección de datos personales.

En el caso de envío por parte de las empresas emisoras de publicidad a las personas tarjetahabientes, a través de la red o por cualquier otro medio, estos tendrán la posibilidad de rechazar, por el mismo medio y forma, la remisión de la misma.

CAPÍTULO VIII

De los deberes de las personas afiliadas y las personas

tarjetahabientes

ARTÍCULO 28.- De las personas afiliadas. La persona afiliada está obligada a dar fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de la Persona Consumidora. Además, deberá cumplir con lo siguiente:

a) Identificar en un lugar visible las marcas de tarjeta que acepta.

b) Aceptar las tarjetas de crédito y débito identificadas en su establecimiento, según el numeral anterior.

c) Solicitar a la persona tarjetahabiente identificación con foto a efectos de comprobar su identidad.

d) No podrá establecer recargos por el uso de las tarjetas de crédito o débito, en perjuicio de la persona consumidora.

e) No podrá establecer mínimos de compra ni eliminar descuentos por el uso de la tarjeta de débito y crédito.

f) Exigir a la persona tarjetahabiente, la firma del comprobante de pago, sin importar el monto de la compra, y entregar copia del comprobante de pago en todos los casos. Las transacciones que se realicen por medios electrónicos se regirán por los procedimientos de seguridad usuales y por la normativa vigente.

Independientemente del tipo de transacción, el comprobante de pago deberá tener enmascarada o encubierta la información de la tarjeta.

ARTÍCULO 29.- Sobre dispositivos para procesar transacciones. Los establecimientos deberán tener siempre a la vista de las personas consumidoras las máquinas procesadoras de transacciones mediante tarjetas de crédito y débito, de forma tal que la persona tarjetahabiente no la pierda de vista durante la operación de pago.

De igual forma en aquellos establecimientos, en que por su naturaleza los pagos se realicen en un lugar distinto de la caja, deberán contar con los medios o la tecnología adecuada, para que la persona tarjetahabiente no pierda de vista su tarjeta al momento de realizar el pago del bien o servicio.

ARTÍCULO 30.- Régimen de responsabilidad. Todas las entidades y participantes involucrados en el procesamiento de las transacciones de tarjetas de crédito y débito, deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, frente a la persona tarjetahabiente por cualquier daño que se le cause; esto incluye los casos de la sustracción de datos de seguridad, duplicación de la tarjeta o cobros de cargos no autorizados.

ARTÍCULO 31.- Deberes de la persona tarjetahabiente. Serán deberes de todas aquellas personas que utilicen tarjetas de crédito y débito, los siguientes:

a) Cumplir con sus obligaciones de pago.

b) Usar en forma personal la tarjeta de crédito y débito y, abstenerse de revelar las claves de acceso a los cajeros y otros sistemas electrónicos.

c) Antes de firmar los comprobantes de pago, verificar el importe y la veracidad de la información.

d) Solicitar y guardar los comprobantes de pago y demás documentos de compra de bienes y utilización de servicios.

e) Velar por el uso de las tarjetas adicionales que solicite.

f) Indicar a la empresa emisora y mantener actualizado el domicilio, fax, dirección postal o electrónica, o cualquier otro medio de información pertinente a efectos de que este le remita los estados de cuenta y cualquier otra información relacionada con el manejo de la tarjeta.

g) Reportar a la empresa emisora el no recibo de los estados de cuenta, en el plazo que se haya establecido contractualmente, salvo que la ley establezca plazos mayores, en cuyo caso se aplicará siempre el plazo más beneficioso a la persona tarjetahabiente.

h) Verificar las tasas de interés y otros cargos que le efectúe la empresa emisora, así como los procedimientos para plantear a tiempo sus reclamos sobre los productos y servicios que adquiera por medio de la tarjeta de crédito o débito.

i) Efectuar los reclamos en el plazo establecido en el contrato, salvo que la ley establezca plazos mayores, en cuyo caso se aplicará siempre el plazo más beneficioso a la persona tarjetahabiente.

j) Reportar al ente emisor el robo o pérdida de la tarjeta, una vez conocido el hecho.

CAPÍTULO IX

De las comisiones

ARTÍCULO 32.- La empresa emisora no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios.

La empresa emisora de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a un tres por ciento (3%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. Para las tarjetas de débito bancario este porcentaje máximo será del uno coma cinco por ciento (1,5%) y la acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de débito en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

ARTÍCULO 33.- Sobre las comisiones de uso de los cajeros automáticos. Las entidades que operen cajeros automáticos deberán informar, en las pantallas de estos, de manera previa a realizar cualquier transacción, el costo específico de esta según la tarjeta de crédito o débito que demande, en ese momento, la transacción.

Dichas entidades deberán tener a disposición en sus sucursales, establecimientos, carteles, listas, folletos, así como en la página electrónica de la entidad, la información detallada sobre dichas comisiones.

CAPÍTULO X

Disposiciones relativas al servicio a las personas clientes

ARTÍCULO 34.- Servicio de atención a las personas clientes. Los entes emisores de tarjetas de crédito y débito deben contar con un servicio de atención a las personas clientes, que permita a estas obtener información rápida y confiable sobre los productos y servicios ofrecidos, así como, sobre los procedimientos relativos a los mismos.

Las empresas emisoras pondrán a disposición de la persona cliente servicios adicionales de información, entre los cuales podrán tener números telefónicos y de fax, servicio automático de autoconsulta, correo electrónico y otros similares. La entrega de una copia fiel del estado de cuenta original.

Las empresas emisoras que cuenten con políticas de arreglos de pago deberán ponerlas a disposición de las personas tarjetahabientes por medios suficientes y claros que les permitan accederlas de manera ágil y oportuna.

ARTÍCULO 35.- Reclamaciones de las personas usuarias. Las personas usuarias tienen derecho a reclamar a las entidades emisoras por el incumplimiento de las condiciones particulares y las condiciones generales establecidas en los contratos, información y publicidad de los productos o servicios prestados u ofrecidos.

La empresa emisora se encuentra obligada a poner a disposición de la persona tarjetahabiente medios sencillos y ágiles para que este pueda presentar sus reclamaciones.

En los casos de reclamaciones sobre el estado de cuenta o de otras transacciones, la persona tarjetahabiente dispondrá de un plazo mínimo de sesenta (60) días hábiles, para su impugnación, contados a partir de la fecha en que se tiene conocimiento del hecho reclamado. Dicha gestión no requerirá del cumplimiento de ninguna formalidad especial, bastando para surtir efecto la mera indicación del error atribuido, con una breve explicación de las consideraciones en que se fundamenta la reclamación.

El procedimiento de impugnación no podrá ser mayor de ciento veinte (120) días naturales contados a partir de la recepción de la impugnación cuando se trate de transacciones que involucren a las marcas internacionales. En el caso de impugnaciones sobre aspectos administrativos imputables a la empresa emisora local, el plazo del procedimiento no podrá ser mayor de sesenta (60) días naturales.

La empresa emisora no podrá impedir ni dificultar el uso de la tarjeta de crédito o débito, o de sus adicionales, siempre y cuando la persona tarjetahabiente se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a las operaciones no cuestionadas.

ARTÍCULO 36.- Procedimiento de las reclamaciones. La empresa emisora deberá dar a la persona tarjetahabiente el número de registro o de gestión bajo el cual se reportó la reclamación, el cual contendrá fecha y hora del recibo, así como, la indicación del procedimiento a seguir sobre la gestión presentada.

CAPÍTULO XI

Del estudio comparativo

ARTÍCULO 37.- De la información para el estudio comparativo. El Ministerio de Economía, Industria, y Comercio, durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, publicará un estudio comparativo de tarjetas de crédito y divulgará un estudio comparativo de cuentas que se manejan por medio de tarjetas de débito que incluya como mínimo: tasas de interés financieras y moratorias y pasivas cuando sea el caso, comisiones y otros cargos, beneficios adicionales que no impliquen costo adicional para la persona tarjetahabiente, cobertura, plazos de pago.

Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y de débito están obligadas a entregar con carácter de declaración jurada, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la información necesaria para realizar trimestralmente un estudio comparativo de tarjetas de crédito y de débito, sin necesidad de que se le requiera en forma expresa para cada período. Las empresas emisoras deben aportar para todas las tarjetas de crédito y de débito que emitan, la siguiente información:

a) Nombre legal completo de la o las empresas emisoras.

b) Nombre y marca comercial de las tarjetas de crédito y de débito.

c) Valor de la membresía (valor y período que cubre) de las tarjetas de crédito y de débito.

d) Valor de la membresía de los plásticos adicionales de tarjetas de débito y de crédito.

e) Tasas de interés financieras o corrientes aplicadas en el mes respectivo a las tarjetas de crédito y tasa de interés pasiva a las cuentas manejadas por medio de tarjetas de débito.

f) Tasas de interés moratorias aplicadas a las tarjetas de crédito y los rubros sobre los que recaen.

g) Comisiones aplicadas detalladas según tipo de tarjeta.

h) Otros cargos aplicados a las personas tarjetahabientes, detallados.

i) Beneficios adicionales otorgados sin costo adicional para la persona tarjetahabiente.

j) Plazo de pago de contado (días a partir del corte).

k) Plazo de financiamiento (en meses).

l) Cobertura: ámbito geográfico o sector del mercado donde puede ser utilizada la tarjeta de crédito y de débito.

m) Requisitos y restricciones de las ofertas, promociones y premios, o su referencia en una página web.

n) Certificación de personería vigente.

o) Señalamiento de lugar para recibir notificaciones.

p) Información adicional relacionada con las características del producto y de interés para la persona usuaria.

La información aportada debe corresponder a los datos actualizados correspondientes a los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año para las tarjetas de crédito y de débito. Las empresas emisoras deben aportar únicamente la información que haya sufrido modificaciones en relación con la información reportada en el período anterior.

La información deberá ser presentada en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de cada uno de los meses indicados en el párrafo anterior, teniendo la misma carácter de declaración jurada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y debe contener la firma de la representación legal de la empresa emisora de tarjetas de crédito y de débito.

La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o incompletos en la información requerida mediante este artículo, será sancionada como falta grave por la Comisión Nacional del Consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

CAPÍTULO XII

Disposiciones finales

ARTÍCULO 38.- Sobre las prácticas abusivas en las cobranzas. Las entidades financieras, legales, gestoras o agencias de cobranza, para llevar adelante las gestiones de cobro, deberán hacerlo directamente con las personas deudoras y quienes les fían. No se podrá realizar dicha gestión con personas distintas a las ya indicadas. Tampoco podrán utilizar prácticas de acoso y hostigamiento para el cobro de las acreencias.

ARTÍCULO 39.- Terminación de la relación contractual. La persona tarjetahabiente podrá solicitar la terminación de la relación contractual comunicando por escrito su voluntad a la empresa emisora, en cuyo caso la entidad emisora deberá en el acto acusar de recibo dicho documento y entregar una constancia del saldo de la cuenta a la fecha. Los efectos jurídicos provenientes del contrato en ese momento cesarán, siempre y cuando no exista saldo alguno pendiente de liquidar.

ARTÍCULO 40.- Sobre la devolución de documentos. Al término de la relación contractual y dentro del siguiente mes, la empresa emisora deberá gestionar la devolución de los documentos, que le fueron dados en garantía del crédito asociado a la tarjeta de crédito y ponerlos a disposición de la persona cliente.

ARTÍCULO 41.- Sobre la verificación de cumplimiento. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá efectuar verificaciones en el mercado orientadas a determinar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 42.- Sobre las sanciones. Las infracciones a la presente ley se sancionarán de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de la Persona Consumidora.

TRANSITORIO.- Tres meses después de la vigencia de esta ley, todos los emisores de tarjetas deberán haber adecuado sus sistemas e informado a sus tarjetahabientes de los cambios en las tasas de interés en acatamiento a lo dispuesto en esta ley, para los efectos contractuales correspondientes.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada

DIPUTADO

17 de junio de 2013

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—O. C. Nº 23003.—Solicitud Nº 101-00402-L.—Crédito.—(IN2013041849).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

AVISO ARSP-UIDE-EVC-0105-2012

La Dirección General de Servicio Civil convoca al señor Miguel Ángel Mora Brenes, cédula 1-0779-0325 a presentarse en nuestras oficinas, situadas en San Francisco de Dos Ríos, San José, 125 metros este de la iglesia católica, el próximo martes 6 de agosto del 2013, a las 9:00 a. m., a efectos de iniciar proceso de Estudio de Vida y Costumbres en razón de oferta de servicios presentada, en el tanto podamos ofrecerle la oportunidad de aportar o argumentar lo que estime conveniente para la investigación del caso. El día indicado para entrevista deberá aportar los siguientes documentos: copia de su cédula de identidad; cartas de recomendación; registro histórico de años laborados y calificaciones de desempeño de las instituciones y empresas en las que haya laborado; hoja de delincuencia con menos de tres meses de emitida; otros documentos de interés sobre el caso en cuestión; datos de personas a las cuales podamos entrevistar para dar referencias sobre su situación, nos debe aportar por escrito: nombres y apellidos, números de teléfono vigentes, así como dirección para su localización. Estos documentos deberá presentarlos el día de la entrevista, en caso de no presentarse a la cita, su solicitud se archivará y no se tomará en cuenta su oferta de servicios en el concurso en el cual se encuentra participando.—Área de Reclutamiento y Selección de Personal.—Lic. Olman Jiménez Corrales, Director.—O. C. N° 17341.—Solicitud N° 104-022-00050.—C-33840.—(IN2013047135).

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO

DE LA COMUNIDAD

AVISO

El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, hace constar: Que la Asociación de Desarrollo Integral de Tárcoles de Jacó, Garabito, Puntarenas. Por medio de su representante: Carlos Andrés Contreras Ampié, cédula N° 5-335-291, ha hecho solicitud de inscripción de la siguiente reforma al estatuto: Artículo N° 16 para que en adelante se lea así:

Artículo 16:

Para que se agregue que la forma de votación queda de la siguiente manera: entiéndase que la Asamblea General podrá decidir la forma de votación que podrá ser levantando la mano, individual y secreta, por papeleta, en cuanto a los puestos de vocalía se podrá elegir en una sola votación, quedando electos el vocal I con mayoría de votos y así sucesivamente los otros dos puestos vocal II y vocal III, Sus miembros durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos en forma consecutiva e indefinidamente siempre y cuando la Asamblea así lo disponga mediante acuerdo.

Dicha reforma es visible a folios 26 y 27 del tomo I del expediente de la organización comunal en mención que se encuentra en el Departamento de Registro de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 19 y 34 del Reglamento a la Ley N° 3859 “Sobre Desarrollo de la Comunidad” que rige esta materia, se emplaza por el termino de ocho días hábiles, a partir de la publicación de este aviso, a cualquier persona, pública o privada y en especial a la Municipalidad, para que formulen los reparos que estimen pertinentes a la inscripción en trámite, manifestándolo por escrito a la Dirección Legal y de Registro.—San José, a las 08:40 horas del día 9 de julio del 2013.—Departamento de Registro.—Lic. Rosibel Cubero Paniagua, Jefa.—1 vez.—(IN2013044823).

AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICOS EQUIPOS

EDICTO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

AE-REG-E-187/2013.—El señor Erich Hoepker Alvarado, cédula de identidad: 1-0441-0909, en calidad de Representante Legal, de la compañía Químicas Unidas Ltda., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita la inscripción del equipo de aplicación, marca: Echo, Tipo: Fumigadora de Alta Presión, Modelo: PHP-800, capacidad de descarga de la bomba: 5 litros/minuto, peso: 6.5 kilogramos y fabricante es: Yamabico Corporation - Japón. Conforme a lo establece la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 y el Decreto 27037 MAG-MEIC. Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a las 15:15 horas del 26 de junio del 2013.—Unidad de Registro Agroquímicos y Equipos de Aplicación.—Ing. Esaú Miranda Vargas, Jefe.—(IN2013045125).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada “Área de Ciencias”, inscrito en el tomo 1, folio 22, título N° 328, emitido por el Colegio Nocturno José Martí, en el año mil novecientos setenta y nueve, a nombre de Salazar Vargas Bernardo, cédula 6-0155-0567. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los tres días del mes de julio del dos mil trece.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013044122).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 39, título N° 703, emitido por el Liceo Diurno José Martí, en el año mil novecientos ochenta, a nombre de Calvo Alegría Jorge Arturo, cédula 6-0181-0056. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los cinco días del mes de julio del dos mil trece.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013044131).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 60, título N° 2500, emitido en el año dos mil diez, y del Título de Técnico Medio en la Especialidad de Mecánica Automotriz, inscrito en el tomo 1, folio 67, título N° 1026, emitido en el año dos mil siete, ambos títulos fueron otorgados por el Colegio Técnico Profesional de Limón, a nombre de Martínez Oses Rafael Antonio, cédula 7-0187-0041. Se solicita la reposición de los títulos indicados por pérdida de los títulos originales. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los cinco días del mes julio del dos mil trece.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—M.Ed. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013044189).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, inscrito en el tomo 1, folio 68, asiento N° 823, emitido por el Instituto de Guanacaste, en el año mil novecientos ochenta y uno, a nombre de Cortés Montano Estela María, cédula 5-0216-0529. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los cinco días del mes de julio del dos mil trece.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—M.Ed. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013044206).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 89, título N° 2331, emitido por el Instituto de Alajuela, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Mora Núñez Joé Domingo, cédula 4-0174-0675. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los doce días del mes de junio del dos mil trece.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013045523).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por la señora Ministra de Trabajo Seguridad Social, se ha procedido a la inscripción de la organización social denominada: Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples de Los Productores de Maracuya de Turrialba R. L., siglas COOPEMARACUYA R. L., acordada en asamblea celebrada el 9 de octubre del 2012. Resolución 1452-CO. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente, se envía un extracto de su inscripción para su publicación en el diario Oficial La Gaceta.

Presidente Edwin Bravo Fonseca

Vicepresidenta Lina Alexandra Ibarra Sandí

Secretario Ricardo Rodríguez Bonilla

Vocal 1 José Antonio Chacón Benavides

Vocal 2 Greivin Ramírez Camacho

Suplente 1 Édgar Rodríguez Carvajal

Suplente 2 Andrea Fuentes Marín

Gerente Ademar Jiménez Fernández

San José, 8 de mayo 2013.—Dirección General de Asuntos Laborales.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(IN2013044796).

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto Social de la organización social denominada Sindicato de los Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, siglas SITRAA, acordada en asamblea celebrada el día 17 de mayo de 2013. Expediente N° 868-SI. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Trabajo y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se envía un extracto de la inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dicha reforma se inscribió en los libros de registro que al efecto lleva este Departamento mediante tomo: 16, folio: 150, asiento: 4735, del 5 de julio del 2013. La reforma afecta los artículos 6, 17, 20, 21, 27, 38 y 39 del Estatuto.—San José, 5 de julio del 2013.—Lic. Iris Garita Calderón, Jefa a. í.—C-Exonerada.—(IN2013044973).

De conformidad con la autorización extendida por la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la organización social denominada: Asociación de Mujeres Campesinas de la provincia de Alajuela, siglas ASOMUVI, expediente 948-SI. Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Trabajo y 349 de la Ley orgánica del Ministerio de Trabajo y Segundad Social, se procede a la inscripción correspondiente. La organización ha sido inscrita en los libros de registro que al efecto lleva este Registro visible tomo 1, folio 257, asiento 4738 del 8 de julio del 2013.

La Junta Directiva se formó de la siguiente manera:

Presidenta María Rosa Rojas Ramírez

Vicepresidenta Isabel López Galeano

Secretaria Lilliana Bravo Gómez

Tesorera Maricela Arguedas Carballo

Suplente Kimberly Abarca Rojas

Fiscal Elsa López Galeano

San José, 8 de julio del 2013.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—C-Exonerado.—(IN2013045004).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad social, este Registro ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto la organización Social denominada: Cooperativa Cogestionaria Acción Solidaria R.L., siglas: COOPEAS R.L. Resolución 1297-CO. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente y se envía un extracto de la inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma afecta la totalidad de los artículos del Estatuto. Con la reforma al artículo 1 varió el nombre de la organización y en adelante se denominara: Cooperativa de Producción de Servicios Profesionales Acción Solidaria R.L., siglas COOPEAS R.L.—9 de julio del 2013.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(IN2013045404).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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Luis Gilberto Camacho Álvarez, cédula de identidad 0106880818, solicita la inscripción de: