Se autoriza a la Municipalidad del cantón de Tarrazú, cédula jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero seis cero (N.° 3-014-042060), para que segregue dos lotes de su propiedad y los done a la Asociación Administradora del Acueducto de Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú, cédula de persona jurídica número tres - cero cero dos - dos siete cuatro ocho seis seis (N.° 3-002-274866).

La citada propiedad se encuentra inscrita en el partido de San José, matrícula de folio real número dos tres cinco nueve siete uno - cero cero cero (N.° 235971-000); su naturaleza es de terreno de café y se encuentra situada en la provincia de San José, distrito 1°, San Marcos; cantón V, Tarrazú; sus linderos son: al norte con Dagoberto Navarro Umaña, James Mc Namara, Rufino Navarro y Joaquina Gutiérrez; al sur, con calle pública, Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú y Edwin Navarro Blanco; al este, con José Antonio Montero Cascante y, al oeste, con lote segregado de la Municipalidad de Tarrazú. En su totalidad la finca mide ciento setenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro metros con seis decímetros cuadrados (177.354,6 m²).

ARTÍCULO 2.-

Los lotes segregados y donados a favor de la Asociación Administradora del Acueducto de Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú tendrán las siguientes especificaciones:

a) Lote segregado cuya naturaleza es patio con tanques para almacenamiento del agua y bodegas de la Asociación, situado en el Rodeo, distrito 1°, San Marcos; cantón V, Tarrazú; colinda al norte con Reiley Jackson; al sur, con resto reservado; al este, con calle pública; al oeste, con resto reservado y Reiley Jackson. El terreno mide tres mil ciento noventa y cinco metros cuadrados (3.195,00 m²), de conformidad con el plano catastrado número SJ- uno cuatro tres cinco ocho seis tres -dos cero uno cero (SJ-1435863-2010).

b) Lote segregado cuya naturaleza es de charral con un tanque para almacenamiento del agua, situado en El Rodeo, distrito 1°, San Marcos; cantón V, Tarrazú; colinda al norte con calle pública; al sur, con resto reservado y calle pública; al este, con resto reservado y, al oeste, con calle pública. El terreno mide cuatrocientos treinta y un metros cuadrados (431,00 m²), según plano catastrado número SJ- uno cuatro tres cinco ocho cinco nueve - dos cero uno cero (SJ-1435859-2010).

ARTÍCULO 3.-

En caso de que la Asociación Administradora del Acueducto de Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú donataria de estos bienes llegue a disolverse o los inmuebles se destinen a otro uso no autorizado en la presente ley, dichos bienes donados volverán de pleno derecho a ser propiedad de la Municipalidad del cantón de Tarrazú.

ARTÍCULO 4.-

Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso, la cual estará exenta de todo tipo de impuesto, tasa o contribución, tanto registral como de cualquier otra índole. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintidós días del mes de octubre de dos mil trece.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Luis Fernando Mendoza Jiménez

PRESIDENTE

Martín Alcides Monestel Contreras Annie Alicia Saborío Mora

PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA

Fr.-

Dado en la Presidencia de la República, San José, el primer día del mes de noviembre del año dos mil trece.

Ejecútese y publíquese

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—(L9180 - IN2014025474).

N° 9214

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE

COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba, en cada una de sus partes, el Convenio Marco de Cooperación Bilateral entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador, hecho en la ciudad de San José, el 7 de julio de 2004. El texto es el siguiente:

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN BILATERAL

ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, en adelante “las Partes”;

Comprometidos en el deseo de fortalecer aún más la amistad entre los dos países;

Conscientes de su interés común de promover y fomentar las ventajas recíprocas que resultarían de una cooperación en varios campos de interés mutuo;

Tomando en cuenta que ambos países han suscrito varios convenios bilaterales, la mayoría de los cuales no han sido ratificados.

Que es necesario rescatar los aspectos esenciales del contenido de estos instrumentos bilaterales no vigentes, así como de sus mecanismos de ejecución para ponerlos en práctica;

Que es necesario actualizar el Convenio Básico de Cooperación Técnica suscrito entre las Repúblicas de Costa Rica y del Ecuador el ocho de marzo del mil novecientos setenta y nueve, a fin de adaptarlo a requerimientos mutuos actuales, así como al nuevo Sistema de Cooperación Técnica adoptado en el Ecuador,

Convienen en celebrar el siguiente Convenio Marco de Cooperación Técnica:

ARTÍCULO PRIMERO

OBJETIVOS

El objetivo fundamental del presente Convenio es la promoción de la cooperación técnica, económica, científica y cultural entre los dos países, a través de la estructuración y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, conforme a las prioridades establecidas en sus estrategias y políticas nacionales de desarrollo, fomentando la transferencia de las Mejores Prácticas en cada parte.

Las Partes prestarán facilidades a organismos y entidades del sector público y privado, cuando se requiera, en la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación.

Asimismo, otorgan importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación con entidades industriales de los dos países.

Las Partes podrán celebrar con base al presente Convenio, acuerdos complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común, los que formarán parte integrante del presente Acuerdo.

Asimismo, para la ejecución de dicho Acuerdo, así como de los Acuerdos Complementarios que emanen de éste, las Partes podrán involucrar la participación de instancias regionales, multilaterales o de terceros países en caso que ambas así lo consideren necesario.

ARTICULO SEGUNDO

LOS CAMPOS DE COOPERACIÓN

Las Partes desarrollarán, de común acuerdo, proyectos de cooperación de conformidad con la política, planes y programas de sus respectivos Gobiernos y según sus posibilidades científicas, técnicas y financieras, en los campos que consideren de mayor interés, en especial, en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, agricultura y ganadería, ambiente, ciencia y tecnología, capacitación profesional, cooperación académica en la formación del Servicio Exterior y otros que se acordaren.

ARTICULO TERCERO

CONTENIDO GENERAL DE LOS PROGRAMAS

Los proyectos en los campos mencionados en el artículo anterior, podrán asumir las siguientes modalidades:

a) realización conjunta de programas de investigación y/o desarrollo;

b) envío de expertos, investigadores, profesionales, técnicos;

c) transferencia de experiencias y capacidades institucionales (Mejores Prácticas Institucionales);

d) programas de pasantías para entrenamiento profesional;

e) organización de seminarios y conferencias;

f) prestación de servicios de consultoría;

g) talleres de capacitación profesional;

h) organización de ferias, exposiciones y eventos de diverso tipo en forma recíproca y/o conjunta;

i) proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico;

j) intercambio de información técnica y científica;

k) cualquiera otra modalidad acordada por las Partes.

En el intercambio de información científica y técnica obtenida como resultado de los proyectos de la cooperación bilateral se observarán las leyes vigentes en ambos Estados. También podrán señalar, cuando lo consideren necesario, restricciones de difusión.

Los proyectos de investigación que se efectúen en forma conjunta por las Partes, deberán cumplir con la legislación sobre propiedad intelectual en cada una de las Partes.

ARTICULO CUARTO

PROCEDIMIENTOS

Las Partes conformarán una Comisión Mixta Bilateral de Cooperación que se reunirá ordinariamente cada dos años, alternativamente en Ecuador y en Costa Rica, en fechas acordadas previamente por vía diplomática; no obstante, podrá reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran, por mutuo acuerdo de las Partes, pero sus integrantes podrán comunicarse por vía electrónica cuando se requiera.

Los coordinadores de la ejecución del presente Convenio en cada uno de los países serán la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (DCI) por la Parte costarricense; y, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI) por la parte ecuatoriana.

A los funcionarios, expertos o técnicos enviados por la otra Parte, que no sean nacionales ni extranjeros residentes en el país se les otorgarían las siguientes facilidades:

▪ Libre entrada y salida del territorio de las Partes;

▪ Concesión de visa oficial o de cortesía para el técnico y sus familiares que vivan con él, durante el tiempo que duren sus funciones, prorrogable por un lapso suficiente para que él y su familia efectúen los arreglos necesarios para salir del país, al término de su función.

▪ Documento de identidad en el que conste la protección especial y respaldo que le conceden las autoridades del país receptor.

▪ Además, las Partes otorgarán las facilidades administrativas y de exención fiscal a la entrada y salida de equipos y materiales que se utilicen en la realización de los proyectos, conforme a su legislación nacional.

ARTÍCULO QUINTO

FUNCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA

La Comisión Mixta Bilateral tendrá las siguientes funciones principales:

a) Identificar los sectores de interés común en los que sea necesario implementar programas específicos de cooperación bilateral;

b) Aprobar el Programa Bianual de Cooperación estructurado con proyectos relativos a los campos identificados por las Partes, y elaborados con base a las modalidades de financiamiento previstos en este convenio, de modo que encuentren efectiva aplicación;

c) Evaluar los programas e iniciativas que se encuentren en fase de ejecución, que se hayan realizado o cancelado al amparo de este acuerdo, así como de los acuerdos complementarios que emanen de éste;

d) En caso necesario, proponer los ajustes adecuados a los proyectos que se presenten para su aprobación y de los que se encuentren en ejecución;

ARTICULO SEXTO

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BILATERAL

La Comisión Mixta Bilateral de Cooperación estará presidida por los Viceministros de Relaciones Exteriores de los dos países y las respectivas Delegaciones nacionales estarán vinculadas a los temas que se discutan en cada ocasión.

Los dos Gobiernos se consultarán la conveniencia de invitar al sector privado a participar en las reuniones si la situación lo amerita.

ARTICULO SÉPTIMO

EL PROGRAMA BIANUAL DE COOPERACIÓN

El “Programa Bianual de Cooperación Bilateral” será estructurado con base a los proyectos elaborados por los organismos y entidades nacionales de cada uno de los países, de acuerdo al área de la que se trate; la presentarán a la DCI o al INECI, según el caso, los que luego de comprobar que cuentan con el respectivo financiamiento o posibilidad factual de aplicación, los presentará a la Comisión Mixta Bilateral para su aprobación.

Los proyectos o actividades a aprobarse deberán contar con todas las especificaciones relativas a: objetivos, cronogramas de trabajo, costos previstos, recursos financieros, recursos técnicos, áreas de ejecución, así como las obligaciones operativas y financieras de cada una de las Partes.

Los órganos competentes de cada una de las Partes evaluarán anualmente cada uno de los proyectos que conformen el Programa y presentarán a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones necesarias para la mejor ejecución.

ARTICULO OCTAVO

MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO

La ejecución de los Programas que se adopten en el marco del presente Convenio se realizará bajo la modalidad que se decida, caso por caso, para cumplir los objetivos de la cooperación. Sin embargo, de modo general, los proyectos a presentarse deberán prever que el país interesado cubra todos los costos.

Para la ejecución de los programas específicos que se adopten, las Partes podrán solicitar, asimismo, de común acuerdo, y cuando lo consideren pertinente y factible, la participación de otras fuentes de financiamiento para la ejecución de sus programas conjuntos, incluyendo fórmulas de carácter tripartito.

ARTICULO NOVENO

DURACIÓN Y DENUNCIA

El presente Convenio tendrá una duración de diez años y será renovado automáticamente por períodos iguales. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, en todo momento, previo aviso a la otra, con seis meses de anticipación. Esta denuncia no producirá la anulación de los programas específicos que se encuentren en ejecución en el marco de este Convenio. Se podrán proponer modificaciones al Convenio en cualquier momento, las que serán adoptadas de común acuerdo.

En caso de controversia en cuanto a la interpretación o aplicación del Convenio, las Partes resolverán el conflicto por la vía diplomática o por cualquier otro mecanismo que las Partes acuerden entre sí.

ARTICULO DÉCIMO

VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha en que ambas Partes se hayan comunicado haber cumplido con las formalidades exigidas por las legislaciones internas de sus respectivos países.

El presente convenio sustituye al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Ecuador y Costa Rica, suscrito el 8 de marzo de 1979.

Hecho en la ciudad de San José, a los siete días del mes de julio del dos mil cuatro, en dos ejemplares originales, siendo los textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de Costa Rica Por el Gobierno del Ecuador

Roberto Tovar Faja Patricio Zuquilanda Duque

Ministro de Relaciones Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto Exteriores”

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.—Aprobado a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Luis Fernando Mendoza Jiménez

PRESIDENTE

Martín Alcides Monestel Contreras Annie Alicia Saborío Mora

PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Relaciones Exteriores y Culto a. í., Gioconda Ubeda Rivera.—1 vez.—O.C. N° 22050.—Solicitud N° 3753.—C-127710.—(L9214 - IN2014024543).

N° 9226

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba, en cada una de sus partes, el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, hecho en la ciudad de Lima, Perú, el 23 de marzo de 2001. El texto es el siguiente:

“CONVENIO DE COOPERACION TECNICA

Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados las “Partes”,

Animados por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre los dos pueblos;

Conscientes de su interés común por promover mecanismos y fomentar el progreso técnico y científico y de las ventajas recíprocas que resultarían de una cooperación en campos de interés mutuo;

Convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de este proceso y de la necesidad de ejecutar programas específicos de cooperación técnica y científica, que tengan efectiva incidencia en el avance económico y social de sus respectivos países;

Acuerdan lo siguiente:

Artículo I

1. Las Partes se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación técnica y científica, en aplicación del presente Convenio, que les servirá de base.

2. Las Partes se comprometen a apoyar la participación de organismos y entidades de los sectores público, privado, de las universidades e instituciones de investigación científica y técnica, en la ejecución de los programas y proyectos de cooperación.

3. Las Partes podrán, cuando lo consideren necesario, pactar Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, en aplicación del presente Convenio, que les servirá de base.

Artículo II

1. Para el cumplimiento de los fines del presente Convenio, las Partes elaborarán conjuntamente Programas Bianuales, en consonancia con las prioridades de ambos países en el ámbito de sus respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social.

2. Cada programa deberá especificar objetivos, metas, recursos financieros y técnicos y cronogramas de trabajo, así como las áreas donde serán ejecutados los proyectos. Deberá, igualmente, especificar las obligaciones, inclusive financieras, de cada una de las Partes.

3. Cada programa será evaluado cada dos años.

Artículo III

1. El financiamiento de los proyectos y actividades que se desarrollen en el marco del presente convenio se hará, en principio, siguiendo la modalidad de “costos compartidos”, de modo que los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta en que se incurra por el envío de personal serán sufragados por el país que envía y los costos de hospedaje, alimentación y gastos locales serán cubiertos por el país receptor. Expresamente se podrá especificar de otra manera en los programas o en los Acuerdos Complementarios.

2. Las Partes podrán considerar y plantear, cuando lo estimen conveniente, cualquier otra forma de financiamiento. Asimismo, podrán promover y solicitar, de considerarlo necesario, la participación y financiamiento de organismos y organizaciones internacionales de cooperación, así como de terceros países.

Artículo IV

Para los fines del presente Convenio, la cooperación técnica y científica entre los países podrá alcanzar las siguientes formas:

a) Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo.

b) Envío de expertos.

c) Envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos.

d) Elaboración de programas de pasantía para entrenamiento profesional.

e) Concesión de becas de estudio para especialización.

f) Creación y operación de instituciones de investigación, laboratorios o centros de perfeccionamiento.

g) Organización de Seminarios y Conferencias.

h) Prestación de servicios de consultoría.

i) Intercambio de información científica y tecnológica.

j) Desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países.

k) Cualquier otra modalidad pactada por las Partes.

Artículo V

Los proyectos de investigación que se efectúen en forma conjunta por las Partes, deberán cumplir con las disposiciones legales sobre Propiedad Intelectual a que se refieren las respectivas legislaciones nacionales.

Artículo VI

Sin perjuicio de la posibilidad de extender la cooperación a todos los ámbitos que las Partes estimen conveniente, se señalan como áreas de especial interés mutuo pero no excluyentes las siguientes:

- Planificación y Desarrollo

- Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Innovación tecnológica y productiva

- Electrónica

- Minería

- Modernización del Estado

- Industria

- Pesca

- Agricultura y Agro-industria

- Forestación

- Puertos

- Transporte y Comunicaciones

- Vivienda y Urbanismo

- Turismo

- Salud y Previsión Social

- Comercio e Inversiones

Artículo VII

1. Con el fin de efectuar la coordinación de las acciones para el cumplimiento del presente Convenio y de lograr las mejores condiciones para su ejecución, las Partes establecen una Comisión Mixta compuesta por representantes de ambas Partes, que se reunirá, alternadamente cada Dos años, en Perú y en Costa Rica. Esta Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones.

a) Definir las áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos específicos de cooperación técnica y científica;

b) Evaluar, aprobar y revisar los Programas Bianuales de cooperación técnica y científica; a nivel de proyectos específicos presentados por ambas Partes;

c) Supervisar el buen funcionamiento del presente Convenio y efectuar a las Partes las recomendaciones que considere pertinentes.

2. Esta Comisión Mixta será presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el punto 1 de este Artículo, cada una de las Partes podrá someter a la otra, en cualquier momento, proyectos específicos de cooperación técnica y científica, para su debido estudio y posterior aprobación. Asimismo, las Partes podrán convocar, de común acuerdo y cuando lo consideren necesario, reuniones especiales de la Comisión Mixta.

Artículo VIII

1. No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, las Partes establecerán los mecanismos de coordinación necesarios a efectos de:

a) Elaborar diagnósticos globales y sectoriales representativos de la cooperación técnica de ambos países;

b) Proponer a la Comisión Mixta el Programa Bianual o modificaciones a éste, identificando los proyectos específicos a ser desarrollados, así como los recursos necesarios para su cumplimiento; y

c) Supervisar la ejecución de los proyectos acordados, arbitrando las medidas para su conclusión en los plazos previstos.

2. A tales efectos, las Partes designan a las siguientes entidades:

Por la República de Costa Rica, a la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;

Por la República del Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional;

3. Lo dispuesto en el párrafo anterior no excluye la participación, si fuere necesario, de entidades públicas o privadas vinculadas a la cooperación prevista en este Convenio.

Artículo IX

Cada Parte otorgará todas las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal, que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación. Este personal se someterá a las normas aplicables en la materia en el ámbito de las Naciones Unidas y no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones, sin la previa autorización de ambas Partes.

Artículo X

Se aplicarán a los funcionarios y expertos de cada una de las Partes designados para trabajar en el territorio de la otra, las normas tendientes a conceder a los mismos todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de su labor.

En este sentido, cualquier tipo de facilidad inmigratoria, exoneración tributaria o privilegio que pudiera corresponder a dicho personal, o a los miembros inmediatos de su familia, será otorgado de conformidad con las normas atinentes a dichas materias en el ámbito de Naciones Unidas y de acuerdo al Derecho interno de cada una de las Partes, en lo que fuere aplicable.

Artículo XI

Se aplicarán a los equipos y materiales suministrados a cualquier título, por un Gobierno y otro, en el marco de proyectos de cooperación técnica y científica, las normas que rigen la internación en el país de equipos y materiales proporcionados por las Naciones Unidas en los proyectos y programas de cooperación técnica y científica.

Artículo XII

1. El presente Convenio tendrá vigencia indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida a la otra con seis meses de anticipación a la fecha en que se hará efectiva la denuncia.

2. Cada una de las Partes notificará a la otra la conclusión de los requisitos internos necesarios para la puesta en vigor de este Convenio, el cual entrará en vigencia a partir de la fecha de la última de esta notificaciones.

3. En cualquier caso de término de la vigencia de este Convenio, los programas y proyectos en ejecución no se verán afectados y continuarán hasta su conclusión, salvo que las Partes convinieran de algún modo diferente.

Hecho en la Ciudad de Lima, Perú a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil uno, en dos ejemplares originales en español, siendo ambos textos igualmente válidos.

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE COSTA RICA REPUBLICA DEL PERU

Roberto Rojas Javier Pérez de Cuéllar

Ministro de Relaciones Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto Exteriores”

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Luis Fernando Mendoza Jiménez

PRESIDENTE

Martín Alcides Monestel Contreras Annie Alicia Saborío Mora

PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, José Enrique Castillo Barrantes.—1 vez.—O. C. N° 21227.—Solicitud N° 3752.—C-120070.—(L9226 - IN2014024557).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 38145-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, Y LOS MINISTROS DE

PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, DE AMBIENTE

Y ENERGÍA, DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS,

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, DE SALUD, Y DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3), 8) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política, los artículos 2, 3, 7, 8, 19 y del Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo N° 1788 del 24 de agosto de 1954; los artículos 2, 3, 4, y 20 de la Ley de Planificación Nacional N° 5525 del 2 de mayo de 1974, los artículos 21, 59, 99, 100, 128 y 129 de Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978, los artículos 18, 28, 29, 30 31 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995; los artículos 14 y 23 de la Ley de Administración Vial N° 6324, del 24 de mayo de 1979, los artículos 2, 3 y 4 de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 4786 del 5 de julio de 1971, el artículo 19 de la Ley General de Aviación Civil N° 5150 del 14 de mayo de 1973, artículos 1 y 2 de la Ley General de Caminos Públicos N° 5060 del 22 de agosto de 1972, los artículos 52 y 58 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998 y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía, N° 7152 del 5 de junio de 1990, los artículos 2, 13 y 33 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996; el artículo 13 del Código Municipal N° 7794 del 30 de abril de 1998, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de noviembre de 1949, el artículo 13 de la Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de sus Arrendatarios N° 2760 del 16 de junio de 1961; los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado N° 2726 del 14 de abril de 1961; los artículos 268, 270, 287 , 292 , 308, 310 , 311 y 317 de la Ley General de Salud N° 5395 del 30 de Octubre de 1973; artículos 2, 6 y 11 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo N° 7779 del 30 de abril de 1998; artículo 2 del Decreto Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Electricidad N° 449 del 8 de abril de 1949, artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad N° 6313 del 4 de Enero de 1979; artículos 8, 14, 25, 26 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del 22 de noviembre de 2005; artículos 2, 3 y 11 de la Ley sobre Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica N° 7555 del 4 de Octubre de 1995.

Considerando:

1º—Que la Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 45 que por interés y necesidad pública se imponen a la propiedad limitaciones de interés social. Asimismo que en el artículo 50 se indica que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

2º—Que la planificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la Gran Área Metropolitana, tienen por objeto mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, la protección del medio ambiente y lograr la sostenibilidad en el desarrollo de la región. Asimismo, uno de sus fines es lograr el funcionamiento ordenado de las ciudades, satisfaciendo las necesidades de los habitantes en un marco institucional de eficiencia y priorización de los recursos.

3º—Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente es “(…) función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente”.

4º—Que la jurisprudencia constitucional en materia de planificación urbana, limitaciones a la propiedad privada y función social de la propiedad ha sido clara, expresa y consistente en establecer que es potestad del Estado costarricense -a través del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de las Municipalidades- el establecimiento de regulaciones que condicionen y definan el contenido del derecho de la propiedad.

5º—Que como parte de la regulación del ejercicio del derecho a la propiedad privada, la legislación vigente permite el establecimiento de áreas de control urbanístico.

6º—Que desde la puesta en vigencia del PLAN GAM de 1982 se ha producido un desarrollo urbanístico de la GAM en varios sentidos: a) desde el punto de vista legal el establecimiento de la Sala Constitucional ha robustecido el papel de las municipalidades en la Planificación Urbana, y se ha desarrollado el derecho ambiental costarricense que ha tenido un impacto importante sobre la delimitación del contenido del derecho de propiedad; b) se ha dado un crecimiento importante en la cantidad de área utilizada para el desarrollo urbano en la GAM; c) se han establecido políticas de vivienda que han modificado sustancialmente las presunciones iniciales del PLAN GAM; d) se ha consolidado la GAM como el área metropolitana de mayor importancia comercial, industrial, política y social del país; e) se han cumplido, con éxito parcial, los planteamientos de planificación incluidos en el PLAN GAM; f) se ha dado una fuerte expansión horizontal que ha superado los límites de contención urbana del Plan GAM, lo que ha generado que un significativo porcentaje de la población de la GAM viva en condiciones de alto y muy alto riesgo a diversos tipos de amenazas naturales; g) Se han desarrollado nuevos requerimientos ambientales e hidrogeológicos como insumos para el ordenamiento territorial.

7º—Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Planificación Urbana 4240, compete a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo proponer el Plan Nacional de Desarrollo Urbano al Poder Ejecutivo, el cual, previas las modificaciones que estime necesarias, lo aprobará y remitirá a las municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas que juzgue conveniente. Igual procedimiento se observará respecto a la adopción de partes, adiciones o enmiendas que se le hagan.

8º—Que según el dictamen C-001-2004 de la Procuraduría General de la República, el Poder Ejecutivo, desarrollando las competencias que la Ley de Planificación Urbana le confiere en esta materia, así como en ejercicio de las potestades de tutela administrativa que debe ejercer sobre la Administración Pública Descentralizada, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 28937, posteriormente derogado por el Decreto Ejecutivo Nº 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, con el propósito de asegurar el accionar y continuidad de los procesos de planificación urbana, y a tal efecto dispuso, entre otras cosas, la creación de la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y del Consejo Nacional de Planificación Urbana.

9º—Que el Consejo de Planificación Urbana, creado por Decreto Ejecutivo Nº 31062 - MOPT-MIVAH-MINAE tiene dentro de sus funciones orientar las directrices de trabajo de la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. La Secretaría de este consejo, a su vez, tiene como objetivo principal cooperar con la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de evaluar y recomendar las acciones técnicas de seguimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública deban emprender en forma coordinada a favor de dichos objetivos.

10.—Que Plan GAM, en su modalidad de Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana, en cuya base ambiental territorial se fundamenta el presente Plan GAM, obtuvo viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante la Resolución Nº 1308-2009 del 9 de junio del 2009, así como su ajuste y ampliación, por medio de la Resolución Nº 1532-2009 SETENA del 7 de julio del 2009.

11.—Que la Directriz N° 35-MIVAH – PLAN de 28 de junio de 2012, establece la obligatoriedad de que toda política, plan, programa o proyecto relacionado con materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de la Gran Área Metropolitana, deben tomar en consideración como insumos los productos generados por el Proyecto de Planificación Regional de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica.

12. —Que la Gestión del Riesgo, de conformidad con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del 22 de noviembre de 2005, establece la necesidad de que se reviertan las condiciones de vulnerabilidad de la población y que se incorporen criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.

13. —Que el Consejo Nacional de Planificación Urbana en sesión N º 1-2014 mediante el acuerdo segundo el día 20 de enero del 2014, aprobó en todas sus partes el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 2013-2030, dejando en ese mismo acto ratificada el acta. Por tanto,

Decretan:

OFICIALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA GRAN

AREA METROPOLITANA, PLAN GAM-2013-2030

Artículo 1º—Oficialícese, para efectos de aplicación obligatoria, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana, Plan GAM 2013-2030. Dicho plan y su desglose, estará disponible en la página electrónica del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos en la siguiente dirección: www.mivah.go.cr y en forma impresa, en los archivos que se custodian en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU.

Artículo 2º—La Dirección de Urbanismo del INVU y la Secretaría del Consejo de Planificación Urbana, adscrita al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, serán los responsables de dar seguimiento a la ejecución del Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la GAM

Artículo 3º—Las Municipalidades y las Autoridades Públicas e Instituciones con competencias específicas en la planificación y desarrollo de los fines, objetivos y metas del Plan procurarán incorporarlo en los planes operativos institucionales y destinar los recursos presupuestarios y económicos necesarios para atender la realización de sus acciones, las cuales deben estar en armonía con los planes oficializados previamente para cada Sector.

Artículo 4º—Corresponde al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y al Ministerio de Planificación y Política Económica la coordinación con las Autoridades de la Administración Central y Descentralizada para el cumplimiento de las metas y estrategias contenidas en este Plan.

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintiún días del mes de enero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente y Energía, René Castro Salazar, la Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Luis Castro Fernández, la Ministra de Salud, Daisy María Corrales Díaz, el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto J. Gallardo Núñez y el Ministro de la Vivienda y Asentamientos Humanos, Guido Alberto Monge Fernández.—1 vez—O. C. N° 20392.—Solicitud N° 3163.—C-130000.—(D38145 - IN2014026013).

N° 38256-MOPT

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 3155 del 5 de agosto de 1963, reformada por la Ley 4786 del 5 de julio de 1971; la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley General de Policía N° 7410 del 26 de mayo de 1994 y sus reformas, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de octubre del 2012; la Ley General de Armas y Explosivos N° 7530 del 10 de julio de 1995 y sus reformas y el Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos, Decreto Ejecutivo N° 37985-SP del 12 de setiembre de 2013.

Considerando:

I.—Que la Ley General de Policía N° 7410 del 26 de mayo de 1994, establece que la Policía de Tránsito forma parte de las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública.

II.—Que conforme lo dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley N° 7410, corresponde a la Policía de Tránsito “la vigilancia y el mantenimiento del orden en las vías públicas del país, de conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y reglamentos.”

III.—Que dado lo expuesto en los puntos anteriores y asimismo en virtud de las competencias que ostenta la Policía de Tránsito, conforme lo dispuesto en la Ley N° 9078 “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, los oficiales de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito están obligados a portar armas.

IV.—Que por otra parte, en la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sedes regionales ubicadas en todo el territorio nacional y demás edificaciones de dicha Institución, existe personal que en virtud de las funciones de seguridad y vigilancia que realizan están obligados a portar armas.

V.—Que la Ley N° 7530 del 10 de julio de 1995 “Ley de Armas y Explosivos” establece que corresponde a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, mantener actualizado el inventario permanente de todas las armas del Estado, ejercer su control y fiscalización y llevar por medio del Registro de Armas, la inscripción de las armas, las municiones y explosivos propiedad del Estado; por lo que es necesario contar con normativa interna en el MOPT, que resulte congruente con dichas disposiciones y coadyuve al cumplimiento efectivo del registro, control y demás aspectos establecidos en dicha ley.

VI.—Que el artículo 15 de la Ley N° 7530 dispone que los procedimientos y directrices que dicte el Arsenal Nacional (dependencia de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública), acerca de la custodia y el mantenimiento de armas y explosivos, serán de acatamiento obligatorio para las armerías y los funcionarios de las unidades policiales; teniéndose que con base en lo dispuesto en dicha Ley, mediante Oficio N° 428-2013 AN del 23 de mayo de 2013, dirigido a la Dirección de Planeamiento Administrativo del MOPT, el Director General de Armamento y el Jefe del Arsenal Nacional del Ministerio de Seguridad Pública, brindaron la asesoría pertinente en cuanto a los requerimientos de una Armería Estatal, de las instalaciones en las que se custodiarán armas en las Delegación Regionales y de aquellos otros lugares en los cuales se custodiarían armas, pero en menor cantidad.

VII.—Que en el Diario Oficial La Gaceta N° 156 del 16 de agosto de 2013, la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública publicó el “Manual para el Manejo y Control de las Armerías Estatales.”

VIII.—Que en La Gaceta N° 200 del 17 de octubre de 2013, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 37985-SP del 12 de setiembre de 2013 “Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos.

IX.—Que según lo dispuesto en el numeral 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, la potestad reglamentaria constituye un deber y atribución que corresponde conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno.

X.—Que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico vigente, se requiere establecer normas y procedimientos óptimos para el control, custodia, registro, mantenimiento y manejo adecuado de las armas de fuego propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de aquellas que le han sido cedidas por otras Instituciones públicas en calidad de préstamo.

XI.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 35429-MOPT del 10 de julio del 2009, se emitió el “Reglamento para el uso de armas de fuego por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, el cual requiere una modificación integral, a fin de actualizarlo y establecer mayores controles en esta materia.

XII.—Que se requiere adaptar esta normativa en lo que corresponda, al “Reglamento del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica para realizar evaluaciones de idoneidad mental para portar armas de fuego”, publicado en La Gaceta N° 72 del 15 de abril del 2009.

XIII.—Que de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 76 y 90 de la Ley General de Policía, a los funcionarios de la Policía de Tránsito se les reconoce un sobresueldo para mantenerse disponible fuera de su jornada laboral, por lo que pueden ser requeridos en cualquier momento para el cumplimiento de sus labores. En ese contexto, el Reglamento para el control sobre el uso y mantenimiento de los vehículos oficiales asignados a la Dirección General de la Policía de Tránsito (Decreto Ejecutivo N° 35269-MOPT), establece que en lo que respecta a los policías autorizados para operar motocicletas, cuando concluyen su jornada laboral y se trasladen a sus casas de habitación a descansar, siempre bajo el régimen de disponibilidad, pueden pernoctar las unidades policiales en sus casas de habitación, quedando disponibles para la atención de cualquier situación que el deber policial demande, siendo que en el transcurso del viaje entre su lugar de trabajo y su vivienda o viceversa, o cuando salen de su casa de habitación al lugar del percance, es estrictamente necesario que porten su uniforme completo, incluidos los dispositivos de seguridad personal, tales como el chaleco antibalas y el arma de reglamento, por lo que resulta necesario establecer en el presente Reglamento, para estos casos, una excepción a la prohibición general de que los oficiales de la Policía de Tránsito se lleven las armas de uso oficial a su casa de habitación. Por tanto:

Decretan:

El siguiente:

Reglamento para la administración, uso y control

de las armas de fuego en el Ministerio

de Obras Públicas y Transportes

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°—Ámbito de aplicación. El presente Reglamento establece disposiciones de acatamiento obligatorio para la utilización, mantenimiento, salvaguarda física, registro y control de armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Este reglamento no se aplicará a los órganos con desconcentración máxima adscritos al MOPT, cada uno de los cuales deberá, así mismo, emitir su propia regulación interna con apego al ordenamiento jurídico.

Artículo 2°—Definiciones. Para los efectos de la correcta aplicación del presente reglamento, los siguientes términos se definen así:

2.1 Accesorio: Las partes, piezas, dispositivos o equipos adicionales a los componentes básicos de fabricación original de un arma de fuego, tales como: cinturón, porta esposas y esposas, cintillas, funda para el arma, porta foco y foco, porta radio y radio, entre otros.

2.2 Agente de seguridad y vigilancia: Funcionario público que presta servicios al MOPT en forma personal y remunerada y tiene a su cargo el cuido, resguardo y protección de bienes y personas dentro de las instalaciones de este Ministerio, en las oficinas descentralizadas y las sedes regionales; le corresponde además conservar la tranquilidad y el orden institucional y debe poseer características especiales en razón de las importantes y delicadas competencias y tareas a su cargo, por representar la autoridad e imagen de la Institución en su lugar de trabajo.

2.3 Arma: Instrumento útil en la lucha, que mantiene o aumenta la fuerza propia. Para los efectos del presente reglamento está referida concretamente al arma de fuego.

2.4 Arma de uso oficial: Aquella que el Ministerio asigne al servidor para el desempeño de sus funciones y que sea clasificada como permitida, de conformidad con lo establecido en el numeral 20 de la Ley de Armas y Explosivos y el numeral 20 de su Reglamento.

2.5 Armería: Espacio físico en donde se almacena, registra, custodia y controla las armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como las armas cedidas en calidad de préstamo a esta Institución, para el uso de los oficiales de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito y de los funcionarios que ejercen labores de seguridad y vigilancia en este Ministerio.

2.6 Cargador: Depósito de balas que se utiliza para cargar un arma de fuego.

2.7 Chaleco antibala: es una prenda protectora que absorbe el impacto de balas disparadas al torso y esquirlas provenientes de explosiones.

2.8 Departamento Arsenal Nacional: Uno de los Departamentos adscritos a la Dirección General de Armamento, encargado de controlar los registros e inventarios de las armas, municiones, cargadores y explosivos propiedad del Ministerio de Seguridad Pública.

2.9 Departamento de Control de Armas y Explosivos: Uno de los Departamentos adscritos a la Dirección General de Armamento, encargado de controlar la inscripción, portación, fabricación y comercialización de armas, municiones y explosivos, así como la actividad pirotécnica.

2.10 Dirección General de Armamento: Dependencia adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, regida por la Ley N° 7530 y sus reformas y por el Decreto Ejecutivo Nº 37985-SP.

2.11 Encargado de Custodia: Funcionario con responsabilidad en el control y la custodia de las armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios del MOPT.

2.12 Jefe de la Unidad de Armería Institucional: Funcionario debidamente capacitado como armero, para el manejo administrativo y técnico de una armería y su armamento, pero que a su vez es responsable, no solamente por las funciones que realice directamente en la Armería, sino también por el buen y adecuado funcionamiento en general de la Armería y del trabajo realizado por los demás armeros con que se cuente.

2.13 MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

2.14 Municiones: Es la carga de las armas de fuego necesaria para su funcionamiento, regularmente está compuesta por la cápsula, el fulminante, la carga propulsora y la punta o bala.

2.15 Policía de Tránsito: Cuerpo Policial cuyos integrantes se encuentran investidos de autoridad y que laboran para la Dirección General de la Policía de Tránsito, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de octubre del 2012.

2.16 Responsable de portación de armas: Persona física que presta servicios para el MOPT en forma personal y remunerada y que tiene asignada un arma de fuego.

2.17 Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial: Unidad administrativa que forma parte de la estructura organizativa del MOPT, encargada de llevar el registro y control de los bienes de esta Institución.

CAPÍTULO II

Dependencias a cargo de la custodia, registro y control de

las armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos

antibalas y accesorios y sus obligaciones

Artículo 3°—De la Unidad de Armería Institucional. La Unidad de Armería Institucional será la encargada de recibir, registrar, custodiar y controlar las armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de las armas cedidas en calidad de préstamo a esta Institución, para el uso de los oficiales de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito y de los funcionarios que ejercen labores de seguridad y vigilancia en este Ministerio. Asimismo, corresponde a esa Unidad dar mantenimiento preventivo y velar por que se otorgue el mantenimiento correctivo a las citadas armas de fuego.

Artículo 4°—Funciones de la Unidad de Armería Institucional. Corresponderá a la Unidad de Armería Institucional:

4.1 Efectuar el inventario, registro y control de todas las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de las armas que hayan sido cedidas en calidad de préstamo a esta Institución

4.2 Custodiar las armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios a que refiere el punto anterior, a excepción de aquellos cuya custodia se encuentre bajo la responsabilidad de las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o de las sedes regionales del MOPT, cuando por la ubicación geográfica de éstas, así se requiera para facilitar el uso cotidiano de tales bienes.

4.3 Efectuar inspecciones periódicamente a las sedes regionales del MOPT, así como a las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito, en las cuales se custodien armas, a fin de verificar que se cumplan con los requerimientos establecidos en este Reglamento para la custodia de éstas, su uso, mantenimiento, registro y control; así como para efectuar la conciliación de los inventarios que estas desarrollen con el registro general de las armas.

4.4 Brindar la asesoría técnica en el procedimiento de compra y recepción de las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios, y proceder con su registro en el sistema de información respectivo.

4.5 Velar por el debido funcionamiento de las armas. A tales efectos deberá brindar el mantenimiento preventivo, ejecutar las acciones pertinentes para que se les brinde el mantenimiento correctivo que requieran y efectuar las gestiones que procedan para sacarlas de circulación, darlas de baja y tramitar su desinscripción cuando así corresponda.

4.6 Gestionar ante la dependencia a cargo del Registro y Control Patrimonial de los bienes institucionales, el otorgamiento del número de patrimonio y el marcado de las armas, conforme las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

4.7 Solicitar la investigación del caso, en forma inmediata, cuando detectare o es informado sobre el uso indebido, extravío, hurto o robo de armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios.

4.8 Asignar y desasignar las armas de uso oficial, mediante el uso de los formularios oficiales existentes.

4.9 Llevar los registros necesarios de entrega de las armas, accesorios y municiones en libros sellados por la Auditoría General, según los procedimientos oficiales establecidos.

4.10 Mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de seguridad, en estricto orden y aseo y conforme las demás condiciones exigidas en este Reglamento.

4.11 Emitir lineamientos en lo que respecta al uso, inventario, registro y control de todas las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios; ello en estricto apego al ordenamiento jurídico que regula la materia, así como a las disposiciones que sobre el particular emita la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

4.12 Acatar la Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 de 10 de julio de 1995 y sus reformas, su Reglamento, así como los procedimientos y directrices que dicte la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública acerca del control, custodia y el mantenimiento de armas y municiones.

4.13 Los funcionarios a cargo de la Armería Institucional deberán responder por cualquier anomalía que se originare en dicha Unidad por pérdida, daño, abuso o empleo ilegal de los bienes y que les sea imputable a título de dolo, culpa o negligencia en el desempeño de su cargo, conforme lo preceptuado por la Ley General de la Administración Pública y previo cumplimiento del “Debido Proceso”.

4.14 Realizar el procedimiento de baja de armas para destrucción, ante la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial, valorando cada una de ellas.

Artículo 5°—Delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito. En las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito, se custodiarán las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios requeridos para el uso de los oficiales de tránsito, que laboran para esas dependencias, cuando así se requiere por la ubicación geográfica de estas, de forma tal que se facilite el uso cotidiano de dichos bienes y el ejercicio normal de las funciones asignadas a estas unidades.

En estos casos, la responsabilidad de la custodia, registro y control de las armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios estará a cargo del Jefe de la delegación o corredor, o bien de la persona a quien éste expresamente designe; quien deberá coordinar en la región de su competencia, todo lo relacionado con las armas de fuego.

Artículo 6°—Sedes regionales. En las sedes regionales del MOPT se custodiarán las armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios requeridos para el uso de los servidores a cargo de la prestación de servicios de seguridad y vigilancia en dichas dependencias, cuando así se requiera por la ubicación geográfica de estas sedes, para facilitar el uso de dichos bienes y el normal desarrollo de las tareas asignadas a esos funcionarios.

En estos casos la responsabilidad de la custodia, registro y control de las armas de fuego, accesorios, cargadores, chalecos antibalas y municiones será del Encargado de los agentes de seguridad y vigilancia de la respectiva sede regional, o de la persona a quien éste expresamente designe.

Artículo 7°—Funciones de los servidores encargados de custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito y en las sedes regionales del MOPT. Los encargados de la custodia, registro y control de las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito y en las sedes regionales del MOPT tendrán las siguientes funciones:

7.1 Custodiar, controlar y registrar las armas, municiones, chalecos antibalas y cargadores bajo su competencia.

7.2 Efectuar el inventario de las armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios bajo su custodia, en los términos que establece el presente Reglamento y comunicarlo a la Unidad de Armería Institucional.

7.3 Cuando existen movimientos de personal que tiene asignado arma de fuego, hacia otras dependencias, deberán actualizar sus registros y comunicar en el plazo de dos días naturales a la Unidad de Armería Institucional, para la actualización de la información en el sistema informático correspondiente.

7.4 Solicitar la investigación del caso, en forma inmediata, cuando detectare o es informado sobre el uso indebido, extravío, hurto o robo de armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios.

7.5 Mantener las instalaciones que se utilizan para la custodia de armas en condiciones adecuadas de seguridad, en estricto orden y aseo, y conforme las demás condiciones exigidas en este Reglamento.

7.6 Llevar los registros necesarios de entrega de las armas, accesorios y municiones, en libros sellados por la Auditoría General, conforme los procedimientos oficiales establecidos.

7.7 Acatar la Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 de 10 de julio de 1995 y sus reformas, su Reglamento, así como los procedimientos y directrices que dicte la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública acerca del control, custodia y el mantenimiento de armas y municiones.

7.8 Responder por cualquier anomalía que se originare en dichas dependencias por pérdida, daño, abuso o empleo ilegal de los bienes y que les sea imputable a título de dolo, culpa o negligencia en el desempeño de su cargo, conforme lo preceptuado por la Ley General de la Administración Pública y previo cumplimiento del “Debido Proceso”.

CAPÍTULO III

De las prohibiciones y deberes de los encargados de custodia

y responsables de portación de las armas, municiones,

chalecos antibalas y cargadores

Artículo 8°—Prohibiciones para los Encargados de Custodia y Responsables de portación de armas. Queda terminantemente prohibido a los funcionarios encargados de la custodia de las armas, así como a los funcionarios a los cuales ha sido asignada un arma de fuego:

8.1 Prestar, entregar o facilitar armas, municiones, cargadores a personas, entes o grupos no autorizados por ley.

8.2 Portar armas de uso oficial fuera de la jornada de trabajo, salvo casos especiales autorizados por la jefatura, para el cumplimiento de funciones oficiales, siempre y cuando para ese tipo de casos, exista autorización general del Ministro de Obras Públicas y Transportes.

8.3 Llevarse las armas y accesorios para la casa de habitación. Están exceptuados de esta disposición los oficiales de la Policía de Tránsito que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 35269-MOPT, están autorizados para que las motocicletas que tienen asignadas pernocten en su casa de habitación, en cuyo caso también se les autoriza llevarse las armas a su casa de habitación.

Asimismo está prohibido a todos los funcionarios encargados de custodia y responsables de portación de armas llevarse las armas, municiones y cargadores a sitios que no correspondan al lugar de sus funciones, excepto los casos antes indicados. Está prohibido también utilizarlas para fines personales.

8.4 Intercambiar o ceder armas, cargadores o municiones con otros compañeros de trabajo; salvo los casos especiales debidamente justificados, en los cuales ello resulte necesario para su salvaguarda física.

Artículo 9°—Prohibición de ingreso a locales de custodia de armas. Los Encargados de Custodia no podrán permitir la entrada de personal ajeno a los locales de custodia de armas, cargadores, chalecos antibalas y municiones, salvo las instancias de control como la Auditoría Interna y la Dirección General de Armamento; así como aquellos casos que estén debidamente autorizados y justificados por escrito, por el superior inmediato del Encargado de Custodia.

Los oficiales de tránsito o bien los agentes de seguridad y vigilancia permanecerán en las instalaciones, por el tiempo estrictamente necesario para el retiro o entrega del arma de fuego, municiones y demás implementos asignados.

Artículo 10.—Deberes de los jefes inmediatos. Los jefes inmediatos deberán velar porque los responsables de portación de armas dispongan de un arma en el ejercicio de sus funciones y porque cumplan con el correcto uso de las armas, municiones, chalecos antibalas y cargadores que tienen a cargo; deberán asimismo tomar las medidas respectivas cuando detecten cualquier irregularidad en el uso de éstas.

Corresponderá además a los jefes inmediatos ejercer los controles respectivos para que los servidores no se lleven o utilicen el armamento oficial en asuntos de su vida privada, ni cuando estén fuera de servicio, de vacaciones, incapacitados, con permiso con o sin goce de salario, estén suspendidos, cuenten con medidas cautelares, o cuando por cualquier razón, ya han dejado de pertenecer al recurso humano que labora para esta Cartera.

Artículo 11.—Deberes específicos de los encargados de custodia y responsables de portar armas. Además de los deberes de orden general que enuncia el presente Reglamento, son deberes específicos de los encargados de custodia y responsables de portar armas:

11. 1 Velar por el buen estado de las armas que se le asignen para su trabajo.

11.2 Responder por las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios que tuviere asignados y reponer o pagar aquellos cuyo daño, destrucción o pérdida, le sean imputables.

11.3 Actuar prudente y diligentemente evitando la temeridad, a fin de no exponerse a pérdidas humanas ni materiales.

11.4 Aplicar las mejores técnicas y conocimientos para el buen manejo y manipulación de las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios para evitar daños y el desgaste acelerado; asimismo deberán gestionar el mantenimiento que estos requieran.

Artículo 12.—Deberes de los responsables de portar armas. Los responsables de portar armas, deberán además observar las siguientes disposiciones:

12.1 Entregar las armas, cargadores y municiones inmediatamente después de finalizado el servicio. Para tal entrega deberán seguir los procedimientos y protocolos oficiales establecidos al efecto.

12.2 Seguir los procedimientos establecidos para el retiro de las armas, cargadores y municiones, al iniciar su jornada de trabajo.

12.3 Portar el permiso vigente que lo acredita para utilizar armas.

12.4 Gestionar la renovación del permiso de portación de armas previo a su fenecimiento, según los procedimientos establecidos en el presente Reglamento y demás normativa reguladora de la materia.

12.5 Portar el arma en su respectiva funda.

Artículo 13.—Accidentes producidos por uso voluntario o involuntario de un arma de fuego. El jefe inmediato de los responsables de portación de armas deberá solicitar la tramitación de las investigaciones y procedimientos correspondientes, para establecer las responsabilidades del caso, cuando se produjeren accidentes de cualquier índole, como resultado del uso voluntario o involuntario de un arma de fuego, municiones y cargadores.

Dicha gestión la efectuarán en la Asesoría Jurídica, dependencia que canalizará el asunto ante la unidad competente, ya sea ante la Sección de Asuntos Internos, Relaciones Laborales, o bien, si la situación lo amerita, recomendará al señor Ministro la designación de un órgano de investigación; debiendo desarrollarse los procedimientos hasta determinar las responsabilidades del caso.

Asimismo el jefe inmediato del servidor involucrado deberá presentar, en forma oportuna, la respectiva denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.

CAPÍTULO IV

Hurto, extravío y decomiso de armas, cargadores,

accesorios, chalecos antibalas o municiones

Artículo 14.—Sustracción de bienes en la Unidad de Armería Institucional o en las instalaciones en que se custodias armas. Cuando se detecte la sustracción de bienes en la Unidad de Armería Institucional o en las instalaciones en que se custodian las armas en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

14.1 El armero de turno de la Unidad de Armería Institucional o el Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, según corresponda, reportará en forma inmediata la situación al Jefe Inmediato con el fin de que éste gestione la presencia de la autoridad judicial competente.

14.2 Nadie debe ingresar a las instalaciones en las cuales acaeció la sustracción de bienes. Se deberá asimismo custodiar la escena de los hechos.

14.3 El Organismo de Investigación Judicial determinará las acciones a realizar en el sitio y sólo cuando ellos han finalizado, se podrá ingresar. El armero de turno de la Unidad de Armería Institucional o el Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT deberá levantar un inventario físico y detallado de los bienes existentes y faltantes, para lo cual tendrán acceso a toda la información correspondiente, que consiste en el registro actualizado de las armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios que se encuentren bajo su ámbito de competencias, los libros en que se registra el retiro y entrega de armas, los archivos sobre la asignación de armas, cargadores y municiones, los informes de gasto de munición y cualquier otro documento que se considere necesario.

14.4 Al presentarse la denuncia se aclarará que luego del inventario que se realice, esta se ampliará con el detalle de lo que hubiere sido sustraído.

14.5 Interpuesta la denuncia ante el Poder Judicial, se remitirá fotocopia y un informe detallado de lo sucedido de la siguiente manera:

a. Al Departamento de Control de Armas y Explosivos de la Dirección General de Armamento, dentro de los ocho días siguientes, conforme lo dispuesto en el artículo N° 47 de la Ley de Armas y Explosivos N° 7530.

b. En el caso de que se tengan armas asignadas por el Arsenal Nacional, se remitirá el informe a la Dirección General de Armamento, firmado por el armero de turno y por el superior inmediato. La presentación de este informe, no podrá exceder más de 24 horas.

c. A la Unidad a cargo del Registro y Control de Bienes del MOPT.

Artículo 15.—Sustracción de arma de fuego, cargadores, accesorios, chalecos antibalas o municiones a un funcionario durante el servicio. En el caso de la sustracción de un arma de fuego, cargadores, accesorios, chalecos antibalas o municiones a un funcionario durante el servicio, se procederá de la siguiente forma:

15.1 El o la funcionaria policial o de seguridad deberá de reportar a su superior inmediato, por el medio más rápido a su alcance, acerca de la sustracción. Asimismo deberá presentar de forma inmediata, la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial competente. Si se tratara de un arma, deberá detallar el tipo de arma, su serie, el patrimonio, modelo y la cantidad de cargadores y munición que portaba. Si no tiene estos datos debe solicitarlos a la Unidad de Armería Institucional o al Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, según corresponda. También deberá detallar cómo se dio la sustracción y eventual identificación de los responsables.

15.2 Asimismo, el funcionario policial o de seguridad deberá de presentar por escrito, un informe detallado sobre lo sucedido al funcionario de turno en la Unidad de Armería Institucional y asimismo al Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, cuando así corresponda. Dicho informe deberá presentarse dentro de las primeras veinticuatro horas, posteriores al término de la jornada laboral del funcionario policial o de seguridad y deberá adjuntarse a éste copia de la respectiva denuncia. De dicho informe y de la denuncia se remitirá copia a la Unidad a cargo del Registro y Control de Bienes del MOPT.

15.3 Cuando se trate de la sustracción del arma de fuego, el Jefe de la Unidad de Armería Institucional, en forma conjunta con el Jefe Inmediato, comunicará por escrito e inmediatamente al Departamento de Control de Armas y Explosivos. En el caso que se trate de armas pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública, que tenga el MOPT en calidad de préstamo, el informe se remitirá sólo a Dirección General de Armamento.

Artículo 16.—Extravío de un arma de fuego, cargadores, accesorios, chalecos antibalas o municiones. Los servidores a los cuales se les haya extraviado un arma de fuego, cargadores, accesorios, chalecos antibalas o municiones, deberán comunicarlo por escrito al jefe inmediato y a la Unidad de Armería Institucional; en caso que la custodia del arma esté bajo la competencia de alguna delegación o corredor de la Dirección General de la Policía de Tránsito, o en una sede regional del MOPT, deberán comunicarlo asimismo al Encargado de Custodia en estas dependencias, según corresponda.

Tratándose de armas de fuego, el Jefe de la Unidad de Armería Institucional, en forma conjunta con el Jefe Inmediato, comunicará por escrito e inmediatamente al Departamento de Control de Armas y Explosivos y a la Unidad a cargo del Registro y Control de Bienes del MOPT.

En el caso de las armas pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública, el informe se remitirá a la Dirección General de Armamento.

Artículo 17.—Procedimiento administrativo. Cuando haya sido hurtada o se haya extraviado un arma de fuego, cargadores, accesorios, chalecos antibalas o municiones, tanto la Unidad de Armería Institucional, así como los Encargados de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección de la Policía de Tránsito o sedes regionales del MOPT, deberán solicitar de inmediato la tramitación de las investigaciones y procedimientos correspondientes para establecer las responsabilidades del caso, con copia a la Unidad encargada del Registro y Control Patrimonial. Tal gestión la efectuarán en la Asesoría Jurídica, dependencia que canalizará el asunto ante la unidad competente, ya sea ante la Sección de Asuntos Internos, ante Relaciones Laborales, o bien, si la situación lo amerita, recomendará al señor Ministro la designación de un órgano de investigación; debiendo desarrollarse los procedimientos hasta determinar las responsabilidades disciplinarias y civiles correspondientes.

Una vez resuelto el procedimiento ordinario, se le comunicará el acto en firme a la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial de la Institución, a fin de que proceda a dar de baja los bienes, para lo cual deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 26 siguientes y concordantes del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. Asimismo, se comunicará de todo lo actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Artículo 18.—Procedimiento a realizar cuando se dé el decomiso o secuestro de un arma de fuego por parte del Poder Judicial.

18.1 En caso que alguna autoridad judicial deba disponer el decomiso o secuestro de un arma de fuego, el funcionario responsable del arma en ese momento, deberá solicitarle al funcionario judicial respectivo, que confeccione el acta de decomiso indicando el tipo de arma, calibre, modelo, número de serie, patrimonio, cargador y cantidad y calibre de la munición.

18.2 Si el decomiso se le realiza a un funcionario policial o de seguridad, este en forma inmediata debe poner en conocimiento al funcionario de turno en la Unidad de Armería Institucional sobre la situación, así como al Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, cuando así corresponda, quien deberá asentar en sus sistemas de registro el número de acta de decomiso o secuestro y el nombre de los funcionarios judiciales que participaron en el acto, comunicándolo al superior inmediato.

18.3 La Unidad de Armería Institucional y su superior inmediato deberán informar lo anterior al Departamento de Control de Armas y Explosivos. En el caso que se trate de armas pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública, deberá informar lo anterior a la Dirección General de Armamento.

CAPÍTULO V

De las instalaciones para la custodia de armas

Artículo 19.—Condiciones generales de las instalaciones. Todo lugar en el cual se custodien armas de fuego, debe reunir las características estructurales y eléctricas que permitan mantener la seguridad en el local, tanto para los equipos como para el personal.

Los llavines, cerrojos e infraestructura deben ofrecer seguridad óptima, de tal forma que se impida el acceso a personas no autorizadas.

También está prohibido guardar en tales lugares cualquier objeto de naturaleza distinta a ese tipo de bienes.

Todo lo anterior conforme los lineamientos que emita la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública y la Unidad de Armería Institucional.

Artículo 20.—Condiciones mínimas de la Unidad de Armería Institucional. La Armería Institucional deberá contar con las siguientes condiciones mínimas:

20.1 Las medidas que debe tener la Armería dependerán del total de armas, municiones, cargadores y otros equipos de uso policial que tenga bajo su custodia. Deberá asimismo contar con un espacio para la ubicación de una mesa de trabajo para el mantenimiento preventivo de las armas, cargadores, municiones y otras funciones propias de la Armería.

20.2 Debe tener paredes, piso y contrapisos de concreto; en el caso de existir cielos suspendidos y estos tengan comunicación con otras áreas del inmueble, se deberá clausurar dicha comunicación; no podrán estar separadas del edificio principal, salvo justificación técnica avalada por la Dirección General de Armamento, ni colindar con áreas de almacenamiento y utilización de sustancias inflamables, alimentos, comedores, baños, celdas, dormitorios y oficinas de atención al público.

20.3 Debe contar con elementos de seguridad para su acceso que no permitan la visualización del interior de la Armería; estos elementos han de ser: una puerta metálica con cierres de seguridad y una única ventanilla acondicionada para la entrega y recibo del armamento, la que debe contar con iguales medidas de seguridad que la puerta.

20.4 La puerta y la ventana de la Armería deberán contar con:

a. La puerta: Un llavín de seguridad, dos picaportes o aldabas, una arriba y una abajo, con dos candados de seguridad que no permitan el uso de palanca; además, los pines de las bisagras deben ser soldados.

b. La ventana, según su tamaño, contará con al menos dos cierres internos con candado.

20.5 Tendrá una mesa de trabajo de al menos 1.50 metros de largo x 70 centímetros de ancho x 75 centímetros de alto, preferiblemente de metal, para el mantenimiento de las armas.

20.6 Deberá contar con un sistema de ventilación natural o artificial, que no signifique un detrimento a su seguridad.

20.7 Según el tipo y cantidad de armamento con que cuente, debe tener la estantería necesaria para la ubicación de armas cortas y largas y demás equipos en forma segura.

20.8 Dependiendo de las condiciones ambientales y del inmueble donde se ubique la Armería, esta deberá contar con algún sistema de extracción de humedad.

20.9 La instalación eléctrica debe estar debidamente entubada y su alumbrado debe ser fluorescente que imite la luz de día natural.

20.10 Debe contar con un sistema de extinción de incendios o bien extintores tipo ABC, de mínimo 10 libras con su carga vigente.

20.11 Dentro de la Armería y junto a la ventanilla de recepción, debe haber un cajón que mida 60x60x60 centímetros, elevado del suelo a 20 centímetros, que contenga arena en un 95% de su capacidad, la cual debe ser cambiada o zarandeada aproximadamente cada 6 meses. Este cajón no podrá ser de metal por ninguna razón. Hacia este cajón se dirigirán los cañones de las armas, cuando sean manipuladas para su entrega y devolución.

20.12 Debe tener instalado algún sistema o dispositivo electrónico de seguridad y de monitoreo.

En la Armería sólo se pueden custodiar armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y equipo policial propiedad del Estado, por ninguna razón se deben almacenar explosivos.

Dentro de la Armería está totalmente prohibido, dormir, fumar, preparar y calentar alimentos, así como el realizar cualquier otra actividad ajena a las funciones de la Armería.

Artículo 21.—Condiciones mínimas de las instalaciones para la custodia de armas en las delegaciones y corredores de la Dirección de la Policía de Tránsito o sedes regionales del MOPT. En las delegaciones y corredores de la Dirección de la Policía de Tránsito o sedes regionales del MOPT, en las cuales la cantidad de armas que se custodia es mínima, se deberá de contar con algún tipo de gabinete(s) de seguridad o caja(s) fuerte, donde guarde el armamento de forma segura, dicho(s) gabinetes o cajas, tendrán que estar ancladas en un área segura del inmueble y que tengan una resistencia igual o superior a TL15 x 6 según la norma INTECO para cajas fuertes; no podrá estar separada del edificio principal, salvo justificación técnica avalada por la Dirección General de Armamento, ni colindar con áreas de almacenamiento y utilización de sustancias inflamables, alimentos, comedores, baños, celdas, dormitorios y oficinas de atención al público. Deberá tener además las siguientes condiciones:

a) Paredes, piso y contrapiso de concreto.

b) Puertas y ventanas con dispositivos que impidan el fácil acceso.

c) No estar ubicada en áreas de alto tránsito de usuarios y funcionarios.

d) De igual manera debe contar con los dispositivos de seguridad de la armería Institucional.

La responsabilidad sobre dichos gabinetes o cajas de seguridad, sus combinaciones o llaves de apertura y del armamento ahí almacenado, así como de los controles necesarios, recaerá sobre Encargado de Custodia, quien deberá contar con la formación de armero; asimismo su superior inmediato tendrá responsabilidad sobre el manejo de dichos gabinetes o cajas de seguridad, sus combinaciones o llaves de apertura y del armamento ahí almacenado.

Debe haber un cajón que mida 60x60x60 centímetros, elevado del suelo a 20 centímetros, que contenga arena en un 95% de su capacidad, la cual debe ser cambiada o zarandeada aproximadamente cada 6 meses. Este cajón no podrá ser de metal por ninguna razón. Hacia este cajón se dirigirán los cañones de las armas, cuando sean manipuladas para su entrega y devolución.

Artículo 22.—Control de humedad. Tanto la Unidad de Armería Institucional, como el Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito y en las sedes regionales del MOPT, deberán solicitar el criterio oficial de la dependencia en la Institución competente en la materia, sobre los medidas a tomar para evitar la humedad en tales instalaciones y cómo solucionar eventuales situaciones que se presenten.

CAPÍTULO VI

Registro y control de las armas, cargadores,

municiones, chalecos antibalas

Artículo 23.—Registro e Inventario por parte de la Unidad de Armería Institucional. La Unidad de Armería Institucional deberá tener actualizado el registro de la totalidad de armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como de las armas que hayan sido cedidas en calidad de préstamo a esta Institución. Lo anterior, a través del Sistema Institucional de Administración de Armas y Accesorios, en el cual se indicará los bienes que son propiedad del MOPT y los que tiene en calidad de préstamo.

Con el fin de mantener en forma adecuada y constante el control del armamento, se deben realizar mensualmente inventarios internos que deben quedar debidamente documentados. Los inventarios deben contener la siguiente información como mínimo:

1. En el caso de las armas, el tipo, su marca y su número de serie y cantidad. En el caso de las municiones y los cargadores se detallará el tipo, cantidad unitaria, estado y calibre para la munición.

2. Número de patrimonio.

3. Características específicas del bien (en el caso de las armas indicar el modelo, calibre, entre otros).

4. Estado.

5. Nombre y número de cédula de la persona a quien se le ha asignado. En el caso de aquellas armas que no estén asignadas a una persona específica, sino que se utilicen dentro de un rol de trabajo, se deberá indicar a qué unidad policial o de seguridad están asignadas.

6. Ubicación física.

El inventario debe ser fiel reflejo de las existencias físicas y de ello debe dar fe el Jefe de la Unidad de Armería Institucional, juntamente con el jefe inmediato, estampando las firmas de ambos en el documento.

Artículo 24.—Registro e inventarios a cargo de los Encargados de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía Tránsito y sedes regionales del MOPT. Los funcionarios encargados de la custodia, registro y control de las armas en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito y en las sedes regionales del MOPT, según lo dispuesto en el presente Reglamento, deberán tener el registro actualizado de las armas, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios que se encuentren bajo su ámbito de competencias.

Deberán asimismo informar a la Unidad de Armería Institucional, todo cambio que ocurra por extravío, robo, hurto; o bien por traslados de personal que implique que el arma respectiva deba custodiarse en el lugar donde el funcionario es trasladado, en cuyo caso deberá realizar las actualizaciones correspondientes en los registros que a tales efectos se vean afectados; todo conforme los procedimientos oficiales establecidos para tal fin.

Corresponde a los Encargados de Custodia realizar mensualmente el inventario de las armas y demás bienes bajo su custodia y enviarlo a la Unidad de Armería Institucional. En dichos inventarios se deberá consignar la información que se detalla en el artículo anterior. La Unidad de Armería Institucional deberá periódicamente realizar inspecciones en tales dependencias, a fin de verificar la información contenida en los inventarios, hacer las conciliaciones respectivas con sus bases de datos y asimismo actualizar el inventario general de armas y demás bienes bajo el ámbito de su competencia.

Artículo 25.—Diferencias detectadas mediante inventarios. Cuando se detecten faltantes y sobrantes en los inventarios físicos realizados, deberá gestionarse las investigaciones respectivas, a fin de determinar las causas que han dado origen a tales diferencias. Con base en los resultados de la investigación, se establecerán las responsabilidades correspondientes, previo debido proceso.

Artículo 26.—Informes semestrales al Departamento de Control de Armas y Explosivos. Con base en los registros actualizados, cada semestre la Unidad de Armería Institucional deberá remitir al Departamento de Control de Armas y Explosivos, un informe sobre la totalidad de las armas que posee el MOPT, con indicación de la cantidad, tipo de arma, marca, número de serie, modelo, calibre, número de patrimonio, su estado, el nombre y número de cédula de la persona a quien se le han asignado y fecha de vencimiento del permiso de portación de armas, así como cualquier otra observación que sea conveniente indicar.

En el caso de aquellas armas que no estén asignadas a una persona específica, sino que se utilicen dentro de un rol de trabajo, se deberá informar a qué unidad policial o de seguridad están asignadas.

Tal informe deberá remitirse al Departamento de Control de Armas y Explosivos, según el siguiente cronograma:

a. Primer informe semestral del año: Comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, será remitido a más tardar el día 15 julio.

b. Segundo informe semestral del año: Comprende los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, será remitido a más tardar el día 15 enero del siguiente año.

Dicho informe podrá rendirse en el formato que se establece en el artículo 27 del Manual para el Manejo y Control de las Armerías Estatales, emitido por la Dirección General de Armamento, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 156 del 16 de agosto de 2013.

Artículo 27.—Informes referentes a las armas asignadas al MOPT, propiedad del Ministerio de Seguridad Pública. Si se tienen asignadas armas que son propiedad del Ministerio de Seguridad Pública, deberá rendirse un informe trimestral al Arsenal Nacional, únicamente respecto de dichas armas. Dicho informe se deberá rendir, en lo aplicable, en el formato que se establece en el artículo 26 del Manual para el Manejo y Control de las Armerías Estatales a que refiere el artículo anterior.

Tales informes deben remitirse al Arsenal Nacional, según el siguiente cronograma:

a) Primer informe trimestral del año: Comprende los meses de enero, febrero y marzo, en los primeros cinco días hábiles de abril.

b) Segundo informe trimestral del año: Comprende los meses de abril, mayo y junio, en los primeros cinco días hábiles de Julio.

c) Tercer informe trimestral del año: Comprende los meses de julio, agosto y setiembre, en los primeros cinco días hábiles de octubre.

d) Cuarto informe trimestral del año: Comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los primeros cinco días hábiles de enero del siguiente año.

Artículo 28.—Informe a la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial del MOPT. En el mes de diciembre de cada año, la Unidad de Armería Institucional deberá remitir a la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial de la Institución, de manera física o a través de los mecanismos electrónicos previamente establecidos por la Administración, el inventario de las armas, debidamente actualizado, en el cual se incluirá únicamente las armas propiedad del MOPT. Lo anterior con el objeto de que esta última dependencia realice la conciliación respectiva de la información con el inventario general de los bienes institucionales y asimismo considere dicha información, en el informe de inventario que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, debe remitir la Institución a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 29.—Confidencialidad del Registro de Armas. El Registro de Armas será confidencial y sólo tendrán acceso a él las autoridades administrativas y judiciales competentes, por disposición expresa del artículo 11 de la Ley de Armas y Explosivos.

Artículo 30.—Control de Municiones. La Unidad de Armería Institucional o el Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, según corresponda, sólo podrán suministrar las municiones que de forma oficial adquiriera la institución; asimismo deberán velar porque al finalizar los turnos, cada funcionario o funcionaria, haga devolución de la misma cantidad y tipo de munición que se le entregó o el respectivo informe del gasto o extravío, que se indica en el artículo siguiente.

De no cumplirse por parte del funcionario, con la entrega de la munición o el respectivo informe del gasto o extravío, la Unidad de Armería Institucional o al Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, según corresponda, deberá reportar por escrito dicha situación al superior inmediato, para las acciones disciplinarias que correspondan.

Las municiones que no estén en uso del servicio activo, deben mantenerse dentro de su empaque original. Es obligación conjunta de la Unidad de Armería Institucional y del Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito y de las sedes regionales del MOPT, según corresponda, velar por el fiel acatamiento de esta norma.

Artículo 31.—Reposición de la reserva de municiones. Todo funcionario al cual se le haya asignado un arma de fuego, deberá comunicar el gasto de municiones y solicitar su reposición, independiente de su cantidad. Para tales efectos deberá rendir el informe respectivo en el formulario oficializado para tal fin, el cual debe ser avalado por el jefe inmediato, en donde se consigne la cantidad de munición usada y tipo de calibre, así como el motivo de su uso. Dicho formulario deberá ser remitido a la Unidad de Armería Institucional y al Encargado de Custodia en la delegación o corredor de la Dirección General de la Policía de Tránsito, o en la sede regional del MOPT, según corresponda.

Artículo 32.—Actualización del registro de municiones. Con base en la información mencionada en el artículo anterior, el Encargado de Custodia deberá actualizar el Registro de Municiones correspondiente. Asimismo la Unidad de Armería Institucional actualizará el registro general y comunicará lo anterior a la Dirección General de Armamento.

La asignación de nuevas municiones corresponderá a la Unidad de Armería Institucional, a través de los procedimientos oficiales establecidos al efecto y siguiendo los procedimientos y controles correspondientes.

Artículo 33.—Sustitución del Encargado de Custodia o del Jefe de la Unidad Armería Institucional. En aquellos casos en que el Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT, sea sustituido, deberá informarlo de previo a la Unidad de Armería Institucional, independientemente de la situación que da origen a este cambio (pensión, separación, vacaciones, permiso con o sin goce de salario, suspensión, medidas cautelares, traslado u otra circunstancia), con el propósito de que se practique el inventario pertinente en forma oportuna. Realizado lo anterior, se hará la entrega formal de las armas, cargadores, chalecos antibalas, accesorios o municiones existentes al servidor designado para sustituirlo.

Cuando se sustituya al Jefe de la Unidad de Armería Institucional, el inventario a que refiere el párrafo anterior deberá ser efectuado por la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial; por tanto, dicho funcionario deberá informar oportunamente a esa dependencia, a fin de que se realice el inventario señalado.

Este inventario debe ser firmado tanto por el funcionario saliente, el funcionario entrante y su superior inmediato y el funcionario a cargo de efectuar el inventario. La Unidad de Armería Institucional deberá remitir mediante oficio, copia del citado inventario al Departamento de Control de Armas y Explosivos.

Cuando se tengan asignadas armas propiedad del Ministerio de Seguridad, de previo a efectuar el cambio de los Encargados de Custodia o del Jefe de la Unidad de Armería Institucional, deberá notificarse asimismo a la Dirección General de Armamento.

La capacitación requerida para los nuevos Encargados de Custodia y para el Jefe de la Unidad de Armería Institucional, deberá efectuarse de previo a que asuman sus cargos; a tales efectos podrá solicitarse la colaboración de la Dirección General de Armamento.

Artículo 34.—Registro de nombres y firmas y control de entrega de las armas. La Unidad de Armería Institucional, así como los funcionarios Encargados de Custodia en las sedes regionales del MOPT y en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito, deberán contar con un “Registro de nombres y firmas” de los funcionarios autorizados para solicitar y retirar armas, municiones, chalecos antibalas, accesorios y cargadores, el cual deberá ser objeto de consulta antes de efectuar la entrega de estos bienes.

Dicho registro deberá tener como respaldo copia del permiso de portación de armas del servidor, así como constancia de la Unidad de Armería Institucional, sobre la asignación del arma al servidor, cuando se trate de delegaciones o corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o de las sedes regionales del MOPT.

El registro de firmas tendrá validez por un año y deberá renovarlo el interesado durante el mes de junio de cada año.

La Unidad de Armería Institucional, así como los funcionarios Encargados de Custodia, deberán llevar los registros necesarios de entrega de las armas, accesorios y municiones en libros sellados por la Auditoría General, según los procedimientos oficiales establecidos.

Cuando un funcionario es trasladado a laborar para otra dependencia, se le ha desasignado el arma de fuego, deje de laborar para la Institución u ocurra otra circunstancia que así lo amerite, el jefe inmediato debe comunicarlo al Encargado de Custodia, con la finalidad de que el servidor sea excluido del “Registro de nombres y firmas”

Artículo 35.—Sistema de Archivo. La Unidad de Armería Institucional, así como el Encargado de Custodia en las delegaciones y corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o en las sedes regionales del MOPT deberán tener un sistema de archivo que permita administrar de forma eficiente los documentos que se generen, el cual deberá mantener un registro histórico de la documentación; todo en concordancia con los procedimientos o técnicas estándar para la administración de documentos y la Ley de Archivo. Estos documentos serán, entre otros:

1. El Manual para Manejo y Control de Armerías Estatales y las directrices emanadas de la Dirección General de Armamento o del Arsenal Nacional.

2. Original de los documentos oficiales de ingreso y egreso del armamento.

3. Copias de las denuncias presentadas ante la autoridad judicial competente relativas a la sustracción, robo, hurto; así como copia del acta de decomiso, los informes correspondientes emitidos por el personal, etc.

4. Copia de los Informes trimestrales en el caso que se cuente con armas asignadas del Arsenal Nacional.

5. Copias de los informes semestrales dirigidos al Departamento de Control de Armas y Explosivos.

CAPÍTULO VII

Compra de armas, cargadores, municiones,

chalecos antibalas y accesorios

Artículo 36.—Justificación de la necesidad y especificaciones técnicas. Corresponderá a la Unidad de Armería Institucional justificar la necesidad de adquirir armas de fuego, municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, definir sus características, sus especificaciones técnicas y brindar la asesoría técnica requerida en todo el proceso.

Para tales efectos deberá realizar las acciones de coordinación que sean necesarias, ya sea con la Dirección General de la Policía de Tránsito o bien con el Encargado de los agentes de seguridad y vigilancia, para justificar la necesidad y para que se le brinden los insumos que se requieran para la definición de cantidades y especificaciones técnicas.

La adquisición se realizará a través de la Proveeduría Institucional, conforme las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y siguiendo los procedimientos y lineamientos establecidos en el MOPT para tales efectos.

Artículo 37.—Autorización para la importación de armas. Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes requiera importar armas de fuego, deberá contar de previo con la autorización del Ministerio de Seguridad Pública, establecida en el artículo 27 de la Ley de Armas y Explosivos N° 7530.

Artículo 38.—Recepción de las armas. Una vez formalizada la contratación para adquisición de las armas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y accesorios, tales bienes deberá recibirlos la Dirección de Proveeduría en la Unidad de Armería Institucional, por lo que no será permitido establecer en los Carteles de Licitación un lugar de entrega distinto.

La recepción provisional deberá realizarse en estricto ajuste a los procedimientos establecidos en el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Proveeduría Institucional deberá efectuar en forma oportuna las acciones de coordinación con la Unidad de Armería Institucional para el acto de recepción; asimismo deberá asegurarse de que en tal acto, los funcionarios calificados de la citada Unidad de Armería le brinden la respectiva asesoría técnica que al efecto corresponda.

Una vez concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes siguiente o dentro del plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes recibidos y a realizar cualquier prueba o análisis necesarios, proceso en el cual se deberá contar con el aval técnico de la Unidad de Armería Institucional o incluso de asesoría externa si así se considerara necesario; todo conforme lo dispuesto en el citado numeral 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La recepción definitiva deberá efectuarse conforme lo dispuesto en el artículo 195 del citado cuerpo reglamentario.

Artículo 39.—Requisitos para la validez de la entrada de los bienes. Tendrá validez oficial la entrada de los bienes cuando los funcionarios a cargo de la recepción, realicen los siguientes actos:

a) Llenar el formulario “Acta de Entrada a Bodega de Armas, Municiones, Cargadores, Chalecos Antibalas y Accesorios”, conforme el Instructivo correspondiente, consignado en forma correcta la información requerida en tal formulario.

b) Anotar la cantidad real recibida, según conteo físico.

c) Anotar las características específicas de los bienes, en el caso de las armas: número de serie, modelo, calibre, entre otras.

d) Deberá especificar el nombre del contratista.

e) Consignar el nombre, firma y número de cédula de los funcionarios institucionales que estuvieron en el acto de entrega y los de la empresa contratista.

f) Verificar que se cumple con lo establecido por este Reglamento y restantes normas conexas.

g) Fecha y hora.

h) Cualquier otra información que se considere necesaria.

Para la recepción definitiva deberá levantarse el Acta que al efecto establece el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como seguirse los procedimientos estipulados en esa norma y en el numeral 195 siguientes y concordantes, en el caso de que existan incumplimientos contractuales.

Artículo 40.—Asignación de número de patrimonio e inclusión en el Registro. Una vez realizada la recepción definitiva de las armas, la Unidad de Armería Institucional deberá de inmediato gestionar ante la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial, la asignación de número de patrimonio de cada bien y el marcado de las armas con las siglas correspondientes, el número de serie, el patrimonio, el escudo nacional o las siglas GCR (Gobierno de Costa Rica), conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Armas y Explosivos; así como las demás características que según la normativa vigente constituyan la identificación adecuada.

La Unidad de Armería Institucional deberá incorporar los bienes en los registros a su cargo y completar los formularios oficiales establecidos por la Unidad a cargo del Registro y Control Patrimonial. Esta última dependencia deberá asimismo incluir los bienes en el Sistema de Control de Bienes de Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda, con su respectiva descripción y con el detalle de sus características, según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y hacer la comunicación respectiva a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 41.—Inscripción de las armas. Corresponderá a la Unidad de Armería Institucional, asegurarse de la inscripción de la armas que adquiera el MOPT en la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual deberá efectuarse inmediatamente a la recepción definitiva de éstas, todo conforme lo establecido en Ley 7530 “Ley de Armas y Explosivos” y siguiendo los procedimientos que establece el Decreto Ejecutivo Nº 37985-SP del 12 de setiembre de 2013, Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos.

CAPÍTULO VIII

De los permisos para portar armas

Artículo 42.—Obligatoriedad de portar el permiso expedido por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública. Todo funcionario del MOPT que por la índole de sus funciones requiera portar un arma de fuego, deberá obtener previamente el permiso correspondiente, expedido por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, según lo prescribe la Ley 7530 y su Reglamento.

La Unidad de Armería Institucional llevará un registro de los servidores del MOPT que posean permiso de portación de armas, así como de las fechas de vencimiento de tales permisos.

En el caso de los servidores a cargo de la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, deberán cumplir en lo aplicable con las disposiciones contenidas en la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados No. 8395 y sus reformas.

Artículo 43.—Trámite del permiso para los oficiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito. La Escuela de Capacitación de la Dirección General de la Policía de Tránsito, será la encargada de gestionar ante la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, los permisos para la portación de armas de los oficiales de tránsito que ingresen a laborar al MOPT.

Para tales efectos se deberá presentar el certificado del Curso Teórico Básico en Administración Vial aprobado por el servidor, que incluye tanto la prueba teórico-práctica como la psicológica, en original y copia; así como los demás requisitos establecidos en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos. Los interesados deberán aportar ante la Escuela de Capacitación todo requisito adicional exigido por la citada Dirección.

A ningún oficial de tránsito se le podrá asignar armas de fuego, si no cuenta con el permiso de portación de armas para cuerpos policiales, emitido por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

Artículo 44.—Trámite del permiso de los agentes de seguridad y vigilancia. Los agentes de seguridad y vigilancia, como requisito para ingresar a laborar en el MOPT, deberán contar con el permiso de portación de armas.

Corresponderá a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT, efectuar las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de que se le otorgue el permiso especial de portación de armas permitidas para funcionarios públicos, siguiendo los requisitos y procedimientos que establece el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos.

Los agentes de seguridad y vigilancia deberán contar con la aprobación de la prueba teórico-práctica, realizada por el Ministerio de Seguridad Pública y dictamen extendido por un psicólogo del MOPT acreditado para tales efectos, sobre su idoneidad mental, en el cual deberá indicar con toda claridad la aptitud para el uso de armas de fuego; así como cualquier requisito adicional que al efecto exija la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

A ningún agente de seguridad y vigilancia del MOPT se le podrá asignar armas de fuego, si no cuenta con el respectivo permiso especial de portación de armas permitidas para funcionarios públicos, emitido por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

Artículo 45.—Antecedentes Penales. La Administración efectuará las acciones que correspondan para verificar si el funcionario que requiere el permiso de portación de armas tiene antecedentes penales. En todo caso, en lo que a este aspecto respecta, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos.

Artículo 46.—Renovación de los permisos. Los permisos para portar armas tendrán una vigencia de dos años, pudiendo ser renovados por períodos iguales. Los funcionarios del MOPT están en la obligación de realizar los trámites pertinentes para la renovación del permiso, previo a su fenecimiento, debiendo cumplir los trámites que establece este Reglamento y además cumplir las condiciones y aportar los requisitos que exija la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

La Unidad de Armería Institucional llevará asimismo, a través del Sistema de Información que al efecto se establezca, el control sobre la vigencia de los permisos de portación de armas de los funcionarios del MOPT. Tal Unidad comunicará oportunamente al servidor su obligación de tramitar la renovación correspondiente, previo al fenecimiento de este. La falta de comunicación por parte de esa Unidad, no exonera al funcionario de su responsabilidad de mantener vigente el permiso de portación de armas.

Artículo 47.—Procedimiento para la renovación de los permisos de los oficiales de tránsito y de los agentes de seguridad y vigilancia. Toda renovación de permisos de portación de armas, ya sea de los oficiales de tránsito, así como de los agentes de seguridad y vigilancia, se canalizará a través de la Unidad de Armería Institucional.

Seis meses antes del vencimiento del permiso de portación de armas, el servidor tendrá la obligación de solicitar la valoración psicológica ante los profesionales en psicología del MOPT debidamente acreditados para tales efectos, a fin de que emita el dictamen sobre la idoneidad mental del solicitante, el cual deberá indicar con toda claridad si tiene la aptitud para el uso de armas de fuego permitidas; de dicha gestión el servidor remitirá copia a la Unidad de Armería Institucional.

Asimismo, el servidor deberá gestionar ante el Consultorio Médico Institucional, el diagnóstico respectivo según el cual se acredite que cuenta con las aptitudes físicas para la portación de armas.

La Unidad de Armería Institucional no tramitará la renovación del permiso de portación de armas, cuando el dictamen médico certifique que el servidor carece de aptitud física y/o psicológica para portar y hacer uso de armas de fuego.

El trámite de renovación lo efectuará la Unidad de Armería Institucional siguiendo los procedimientos establecidos al efecto en el Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos.

Una vez renovado el permiso, la Unidad de Armería Institucional actualizará los registros correspondientes.

Artículo 48.—Denegatoria de la gestión para renovación del permiso. Si la gestión para la renovación del permiso de portación de armas es denegada, el jefe inmediato del servidor comunicará lo pertinente a la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MOPT, la cual procederá conforme corresponda, de acuerdo con el puesto en el que se encuentre nombrado el servidor, remitiendo un informe con las recomendaciones, al órgano encargado de conocer y decidir la situación laboral del funcionario, ante la inhabilidad sobreviniente para utilizar o seguir utilizando el arma.

Artículo 49.—Pérdida o robo de los permisos. En caso de pérdida o robo del permiso, el funcionario deberá presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales respectivas.

Artículo 50.—Reposición de los permisos. En caso de reposición por pérdida, robo o deterioro del permiso para portar armas, el servidor deberá presentar una solicitud de reposición ante la Unidad de Armería Institucional, debiendo efectuar una explicación sobre lo acaecido y cumplir con los requisitos establecidos al efecto por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

Además, en caso de robo o pérdida deberá presentarse copia del documento de denuncia ante la Autoridad Judicial competente, cuando así correspondiere.

CAPÍTULO IX

De la asignación de armas

Artículo 51.—Unidad encargada de la asignación de armas de fuego. La Unidad de Armería Institucional será la encargada de efectuar la asignación de armas de fuego, conforme lo dispone el presente Reglamento.

Artículo 52.—Conformación de expedientes y su archivo. La Unidad de Armería Institucional deberá conformar un archivo en donde se custodien los expedientes administrativos, debidamente foliados, de cada arma, en el cual debe constar cada uno de los movimientos realizados respecto a esta, entre éstos la documentación de su asignación a los funcionarios correspondientes; así como toda información necesaria con el fin de que no se pierda la trazabilidad del arma.

Artículo 53.—Requisitos para la asignación de armas. Todo funcionario que solicite la asignación de un arma deberá presentar original y copia del permiso para portar armas vigente, otorgado por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

Sólo se suministrarán armas a quienes ejerzan funciones policiales o de seguridad y vigilancia, conforme lo establecido por este Reglamento. Tales servidores podrán utilizar esas armas única y exclusivamente en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 54.—Desasignación del arma. La Unidad de Armería Institucional deberá desasignar el arma de fuego cuando se den las siguientes circunstancias:

a) Se hayan emitido medidas cautelares contra el servidor, según las cuales esté suspendido en el ejercicio de sus funciones.

b) Por el cambio en sus funciones policiales o de seguridad y vigilancia.

c) Se le haya otorgado un permiso con o sin goce de salario.

d) Deje de laborar para la Institución.

e) Otras situaciones especiales que así lo ameriten.

En los lapsos en los cuales el servidor no cuente con el permiso de portación de armas por pérdida o robo del permiso, o bien goce de una incapacidad, de vacaciones o haya sido sancionado con suspensión, los Encargados de Custodia harán una retención temporal del arma, hasta que cese la situación que dio origen a esa retención. Para tales efectos deberán completar los formularios oficiales y seguir los procedimientos establecidos.

Artículo 55.—Retención temporal del arma de uso oficial por causas psicológicas. El jefe inmediato de un servidor que tiene asignada un arma de fuego podrá retirarle esta, cuando se presenten las situaciones que se enumeran a continuación:

a) Se evidencie un desajuste emocional, tal como alteraciones cognitivas, emocionales o alteraciones en los patrones de personalidad, los cuales podrían estar asociados a situaciones críticas como por ejemplo: el fallecimiento de un familiar cercano o de una persona con relación afectiva especial, divorcios, separaciones conyugales, problemas financieros graves, violencia doméstica u otras situaciones similares.

b) En caso de un evidente exceso de consumo de alcohol u otra sustancia psicoactiva voluntaria o involuntariamente, que pueda incidir en su capacidad de juicio necesaria para el desempeño de sus labores.

c) Haya habido manifestaciones de un uso inapropiado o indebido del arma, ya sea como instrumento de intimidación, amenaza, de juego o supuesta broma, en el ejercicio de sus funciones.

d) Haya expresado intenciones de no querer vivir, atentar contra su integridad o la de otros.

Cuando se proceda a retirar el arma por las razones indicadas, el jefe inmediato deberá completar el formulario “Acta de Retiro de Arma” que se encuentre oficializado. De inmediato procederá hacer la entrega del arma al encargado de la custodia del arma y hacer el registro de la entrega en ese mismo acto.

Asimismo el jefe inmediato deberá solicitar a los profesionales en Psicología de la Institución que procedan a valorar la condición del servidor. Tales profesionales deberán emitir un criterio o diagnóstico inicial sobre el estado psicológico del servidor y establecerán de acuerdo a ello y de ser necesario, un plan de acción para ejecutar, como medida preventiva o plan de seguridad temporal que será de acatamiento obligatorio para el servidor. El jefe estará obligado a vigilar que este plan se lleve a cabo.

En ese lapso se le asignarán a los servidores tareas o funciones en donde no requiera de un arma de fuego para sus funciones, ni deba ejercer ninguna tarea relacionada con la custodia o manipulación de armas, a fin de evitar riesgos conexos.

Si en la valoración respectiva el profesional en psicología considera la necesidad de apoyo médico psiquiátrico, el servidor será referido a este servicio en la Caja Costarricense del Seguro Social para su valoración y posterior atención. Si fuera necesario los profesionales en Psicología del MOPT mantendrán un enlace con el psiquiatra encargado de la evaluación y atención del servidor para darle seguimiento al caso.

En caso de incumplimiento del plan preventivo, ya sea por parte de la jefatura o del servidor, el psicólogo encargado de la valoración y atención lo comunicará a la mayor brevedad al superior del jefe inmediato para lo que corresponda.

Los profesionales en psicología luego de la valoración, harán las recomendaciones pertinentes a la jefatura correspondiente para la devolución o retención del arma, lo cual deberá cumplirse.

Una vez devuelta el arma, los profesionales en psicología, en los casos que considere necesario, aplicarán un plan de seguimiento hasta que se dé un pronunciamiento definitivo sobre el uso del arma por parte del servidor. Este plan se pondrá en conocimiento del jefe inmediato del servidor, quien deberá velar por el cumplimiento del mismo.

En los casos en que se considere por parte de los profesionales en psicología que un evaluado no reúne los requisitos de idoneidad mental para el uso del arma, se elaborará un informe técnico que será insumo de las autoridades competentes para gestionar la separación de las funciones policiales o de seguridad y vigilancia, o bien lo que corresponda.

Artículo 56.—Incorporación de la información en el Sistema Institucional de Administración de Armas y Accesorios. El Encargado la Unidad de Armería Institucional deberá completar toda la información que el Sistema Institucional de Administración de Armas y Accesorios le requiera, cuando asigne, desasigne o retenga temporalmente armas de fuego.

En este se incorporará asimismo la información sobre las municiones, cargadores, chalecos antibalas y accesorios que se le asignen al servidor.

Artículo 57.—Del Libro de Actas. Todo Encargado de Custodia de armas, municiones, chalecos antibalas y cargadores, deberá consignar en un Libro de Actas, debidamente foliado y sellado todo movimiento que se genere respecto a cada arma y/o munición, consignando:

1. Fecha y hora del movimiento.

2. Nombre completo del funcionario que entrega o recibe el arma.

3. Nombre completo y cédula de identidad del responsable

4. Tipo de arma.

5. Número de serie y de patrimonio.

6. Cantidad de municiones y cargadores.

7. Firma de quien entrega y de quien recibe.

CAPÍTULO X

Mantenimiento y reparación de armas del MOPT

Artículo 58.—Mantenimiento básico del arma a cargo del funcionario autorizado. Será obligación de cada funcionario autorizado para portar un arma, mantener en buen estado de funcionamiento el arma, consistente en darle la limpieza externa establecida de acuerdo con las reglas de la técnica y la pericia.

En caso de percatarse de algún daño en el armamento, deberá reportarlo a la Unidad de Armería Institucional.

Artículo 59.—Mantenimiento preventivo y correctivo. La Unidad de Armería Institucional tendrá a cargo el mantenimiento preventivo de las armas. Corresponderá asimismo a dicha Unidad brindar el mantenimiento correctivo de las armas, incluyendo el poder desarmarlas completamente, lavar, limpiar, lubricar y reemplazar las piezas de ser necesario, para su posterior reensamblaje; o bien efectuar las gestiones correspondientes para que se le otorgue tal mantenimiento.

Los funcionarios de Unidad de Armería Institucional únicamente podrán utilizar los implementos e insumos para limpieza que el MOPT haya adquirido para dicha finalidad, los cuales deberán de ser adquiridos bajo criterios técnicos que garanticen la no afectación negativa del armamento.

Ninguna de estas labores la podrá realizar el funcionario directamente autorizado para portar un arma.

Artículo 60.—Procedimiento aplicable en caso de mantenimiento. La Unidad de Armería Institucional deberá planificar el mantenimiento preventivo de las armas de fuego de la Institución y verificar que se ejecute en forma rigurosa.

Para la reparación de las armas el funcionario autorizado para portar un arma deberá presentar la solicitud ante la Unidad de Armería Institucional; en caso de que la reparación no pueda efectuarse en el momento y por tanto deba permanecer en la citada Unidad, el funcionario deberá comunicarlo por escrito al Encargado de Custodia, cuando se trata de la delegaciones o corredores de la Dirección General de la Policía de Tránsito o de las sedes regionales del MOPT.

Al recibir el arma la Unidad de Armería Institucional deberá anotar en el libro de actas sellado y foliado las características del arma, a quien está asignada, nombre de quien deposita el arma, el tipo de reparación y mantenimiento por realizar, la fecha y hora en que se recibe el arma.

Una vez que se haya otorgado el mantenimiento requerido y el arma se encuentre en perfecto funcionamiento, la Unidad de Armería Institucional deberá comunicar por escrito al funcionario autorizado para portar el arma, con el fin de que éste se apersone a su retiro.

En el Libro de Actas deberá anotarse el nombre de quién recibe el arma, serie, patrimonio, marca, firma de quien recibe y fecha y hora en que la entrega.

Artículo 61.—Procedimiento para la destrucción de las armas. Para dar de baja armas de fuego por inservibilidad, la Administración debe demostrar que éstas ya no son de utilidad y cumplir con los requisitos que establecen los artículos 27, 32, 33 y concordantes del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.

Para la destrucción de las armas, la Unidad de Armería Institucional deberá gestionar ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes, la firma de la solicitud de destrucción de las armas que a tales efectos dirigirá el MOPT a la Dirección General de Armamento. Dicha solicitud debe contemplar:

a. Las características de las armas: tipo, serie, marca, modelo y calibre; además de la justificación del por qué se requiere su destrucción.

b. Indicación del nombre de la persona autorizada para firmar el Acta de Destrucción que se confeccionará para tal efecto, así como el o los números de teléfono donde poder ubicar a dicha persona para las coordinaciones pertinentes. Esta persona, al momento de presentarse en las instalaciones del Arsenal Nacional, deberá portar su cédula de identidad al día y en buen estado.

c. Personería jurídica vigente.

d. Copia de la matrícula o certificación de inscripción emitida por el Departamento de Control de Armas y Explosivos, del o las armas a destruir.

e. Copia de la documentación oficial donde se le dio de baja al arma o las armas, por parte de la Unidad a cargo del Registro y Control del MOPT.

CAPÍTULO XI

De la capacitación y formación de los responsables

Artículo 62.—Gestión de capacitación. Los Encargados y Jefaturas gestionarán ante la dependencia a cargo de la capacitación en el MOPT, las acciones que correspondan para la capacitación y formación de los funcionarios que desempeñan funciones seguridad y vigilancia; así como funciones policiales.

Artículo 63.—Contenido esencial de la capacitación. La capacitación y formación que se imparta a funcionarios autorizados para portar armas, deberá incluir entre otros temas: relaciones humanas, arme y desarme, mantenimiento básico, nomenclatura de las piezas del arma de uso oficial, medidas de seguridad, uso, manejo y control de las armas, prácticas periódicas de tiro en un polígono autorizado y cómo actuar ante determinadas circunstancias de peligro, entre otras.

CAPÍTULO XII

Disposiciones Finales

Artículo 64.—Supervisión y mando técnico. La Jefatura de la Unidad de Armería Institucional ejercerá supervisión y mando técnico sobre los Encargados de Custodia y cualquier funcionario del MOPT que tenga arma asignada.

Artículo 65.—Interpretación del Reglamento y discrepancias. Las discrepancias o diferencias de criterio que surjan con la aplicación de este reglamento serán resueltas por el superior jerárquico del Ministerio, a cuyo efecto deberán tenerse como marco interpretativo esencial las disposiciones contenidas en la Ley de Armas y Explosivos No 7530 del 10 de julio de 1995 y el Reglamento a dicha Ley, la Ley General de la Administración Pública y las normas y principios integrantes del ordenamiento jurídico.

Artículo 66.—Integración y aplicación. La aplicación del presente reglamento será en concordancia con el Reglamento Autónomo de Servicios del MOPT y las restantes normas integrantes del ordenamiento jurídico.

Artículo 67.—Efectiva correspondencia entre quien desempeña funciones como agente de seguridad y vigilancia y como Oficial de Tránsito y el cargo que ocupa. Todo servidor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tenga a su cargo funciones como agente de seguridad y vigilancia, o bien que se desempeñe como Oficial de Tránsito, deberá ocupar un puesto atinente a la índole de las funciones que realiza.

Las dependencias administrativas competentes deberán tomar oportunamente las previsiones del caso, con el fin de que en todo momento exista una absoluta identidad entre las funciones como agente de seguridad y vigilancia o como Oficial de Tránsito y el puesto para el cual ha sido nombrado el servidor.

Artículo 68.—Aplicación del Reglamento del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica para realizar evaluaciones de idoneidad mental para portar armas de fuego. En lo que se respecta a la prueba psicológica que dispone el presente Reglamento, y en lo conducente, se aplicarán las disposiciones a que se refiere el “Reglamento del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica para realizar evaluaciones de idoneidad mental para portar armas de fuego”, publicado en La Gaceta Nº 72 del 15 de abril del 2009.

Artículo 69.—Derogatoria. Se deroga el Decreto Ejecutivo N° 35429 del 10 de julio del 2009, publicado en La Gaceta N° 157 del 13 de agosto del 2009, “Reglamento para el uso de armas de fuego por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.

Transitorio I.—Las dependencias competentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberán divulgar las disposiciones del presente Reglamento, en el plazo de un mes contado a partir de su publicación y capacitar adecuadamente a los funcionarios involucrados de alguna forma con el manejo, uso o custodia de armamento y municiones.

Transitorio II.—Todos los funcionarios que a la fecha estuvieren autorizados para portar armas propiedad del Estado, contarán con un plazo de tres meses contados a partir de su publicación, para ajustarse íntegramente a los términos del presente Reglamento.

Transitorio III.—Se otorga un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ponga en operación el Sistema Institucional de Administración de Armas y Accesorios.

Transitorio IV.—Se otorga un plazo de un año para que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ejecute las acciones pertinentes, con la finalidad de que la Unidad de Armería Institucional y demás instalaciones en que se custodian las armas de fuego, cumplan con los condiciones que se establecen en los artículos 19, 20 y 21 del presente Reglamento, según corresponda.

Artículo 70.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 14 días del mes 03 del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro L. Castro Fernández. Ph.D.—1 vez.—O. C. N° 22045.—Solicitud N° 112300-001-14.—C-973420.—(D38256 - IN2014024444).

Nº 38295-MINAE

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política; el artículo 6 inciso 2) de la Ley del Servicio Parques Nacionales, Nº 6084 del 24 de agosto de 1977; los artículos 9, 11 y 42 de la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 del 23 de abril de 1998; los artículos 59 y 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE del 11 de marzo del 2008; artículos 1,10 y 15 bis de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, Nº 6826 del 08 de noviembre de 1982 y los artículos 6 inciso d), 16 y 27 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.

Considerando:

1º—Que la Ley de Biodiversidad tiene como objeto la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos y la distribución justa de los beneficios y costos derivados de la misma, autorizando para ello al Ministerio del Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para el cobro de tarifas diferenciadas para el ingreso y la prestación de servicios en todas las áreas silvestres protegidas estatales.

2º—Que uno de los fines que se ha propuesto la Administración del Estado costarricense, es el impulso a los programas para la conservación de la biodiversidad y el logro de un desarrollo sostenible, así como promover y fomentar el acceso equitativo a los recursos naturales que son propiedad de todos los costarricenses, de manera tal que ningún ciudadano se le imposibilite conocer y disfrutar de los beneficios de las riquezas naturales en razón de su condición económica, social, incluyendo la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.

3º—Que el mantenimiento de las zonas de uso público para la atención de los visitantes dentro de las áreas silvestres protegidas, representa una erogación económica en constante aumento para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación llegando al punto de que dichos ingresos resultan insuficientes para el efectivo mantenimiento dependiendo por ende del subsidio estatal; por lo que es necesario hacer más eficiente la administración del cobro efectivo por concepto de entradas. Por lo cual, resulta necesario actualizar las tarifas de ingreso y otros servicios en las Áreas Silvestres Protegidas.

4º—El incremento en las tarifas de ingreso y otros servicios en las Áreas Silvestres Protegidas, se fundamenta en la aplicación de la “Metodología para la actualización de tarifas” aprobada por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en Sesión Extraordinaria Nº 12-2009 del 14 de diciembre del 2009.

5º—Que de acuerdo con los estudios técnicos realizados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, resulta necesario modificar las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo Nº 34164-MINAE del 05 de diciembre del 2007, denominado “Tarifas por Derechos de Ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas bajo la Administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.” Lo anterior, por cuanto hace más de 5 años dichas tarifas no han sido ajustadas a lo indicado en el numeral 42 de la Ley de Biodiversidad, representando una menor cantidad de ingresos para el mantenimiento efectivo e inversión en las áreas silvestres protegidas.

6º—Que la modificación de las tarifas contenidas en el presente Decreto Ejecutivo, son una de las medidas aplicadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para enfrentar la crisis financiera producto del alto déficit fiscal que en estos momentos está enfrentado el Estado costarricense, a efectos de aspirar a la auto sostenibilidad financiera de la institución; según instrucción recibida por parte del Ministerio de Hacienda.

7º—Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aplica para la distribución de los ingresos por concepto de ingreso a las áreas silvestres protegidas (ASP), un sistema solidario que permite que las áreas con mayor recaudación subsidien a aquellas con menor grado de visitación, a fin de que la mayor cantidad de áreas silvestres protegidas cubran sus costos administrativos.

8º—Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha identificado que de las 169 áreas silvestres protegidas que administra, únicamente 46 reciben visitación y por lo tanto es en éstas en las que se pueden cobrar los derechos de ingreso.

9º—Para la definición de las tarifas se recopiló la información de tarifas por derecho de entrada a áreas protegidas de los países de Centro y Latino América y las propuestas en el presente decreto se encuentran acorde con la información obtenida de esta investigación, resultado que consta en el expediente administrativo correspondiente, mecanismo que también es considerado dentro de la metodología para el cálculo de tarifas indicada en el considerando 4º del presente Decreto Ejecutivo. Asimismo, se realizó un análisis de la inversión realizada en las distintas áreas silvestres protegidas, costos administrativos de mantenimiento y el valor que a nivel mercado significaban dichas mejoras para el sector turismo.

10.—Que el Desarrollo Turístico Sostenible es el medio por excelencia que Costa Rica tiene para utilizar eficientemente su acervo natural y cultural, con el objetivo de generar riqueza que se traduzca en beneficios reales para toda la sociedad costarricense.

11.—Que la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Turismo Sostenible en ASP y su Área de Influencia del SINAC, tiene como misión posicionar a la Institución dentro del mercado de turismo sostenible mediante la oferta de productos turísticos de calidad en las áreas silvestres protegidas, el disfrute y valorización del producto turístico natural y cultural de las ASP acorde con sus objetivos de conservación e involucrando a los distintos sectores de la sociedad.

12.—Que la visitación a las áreas silvestres protegidas, si bien ha experimentado un crecimiento, no ha tenido un aumento tan rápido como el turismo al nivel nacional, debido entre otros factores al poco desarrollo de la infraestructura y servicios en ellas según datos del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012 del Instituto Costarricense de Turismo; aspecto por el cual se hace necesaria la inversión en infraestructura y mejora de los servicios dentro de las áreas silvestres protegidas.

13.—Que el Gobierno de Costa Rica tiene programada la inversión de 10 mil millones de colones en los próximos dos años, producto tanto de sus recursos propios como producto de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Contrato de Préstamo Nº 1824/OC-CR y su Anexo único, suscrito entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para Financiar el Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, Ley Nº 8967.

14.—Que el artículo 42 de la Ley de Biodiversidad establece literalmente que: “Autorízase al Sistema para cobrar precios diferentes a residentes y no residentes en el país, por concepto de tarifas de ingreso a todas las áreas protegidas estatales, así como por la prestación de servicios en las áreas. Asimismo, se le autoriza para cobrar tarifas diferenciadas, según el área protegida y los servicios que brinde. El Sistema fijará las tarifas conforme a los costos de operación de cada zona protegida y los costos de los servicios prestados. Igualmente, las revisará cada año, a fin de ajustarlas de acuerdo con el índice de precios al consumidor.”

15.—Que en cumplimiento de las facultades dispuestas en el artículo 42 de la Ley de Biodiversidad y el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, en el sentido de que autorizan al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a cobrar tarifas diferenciadas por tarifas de ingreso a todas las Áreas Silvestres Protegidas Estatales según los servicios que se brindan y para fijar las tarifas conforme los costos de operación de cada zona protegida y los costos de los servicios prestados, el Poder Ejecutivo procede a ajustar las tarifas de aquellos Parques Nacionales y Reservas Biológicas que han efectuado inversión tanto en infraestructura como en servicios a favor de los usuarios.

16.—Que las áreas silvestres protegidas estatales, son áreas de dominio público, reguladas por un régimen jurídico especial y han sido afectados por ley a un fin público. Al respecto, en la sentencia número 3667 de las 14:54 horas del 07 de mayo del 2003, la Sala Constitucional señalo: “(…) Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos.”

17.—Que según el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad Decreto Ejecutivo Nº 34433, se desprende que los objetivos de las áreas silvestres protegidas radican en la protección, preservación, promoción y mantenimiento de los recursos y las bellezas naturales, comprensible en hábitat y especies; la investigación científica; el incremento y manejo de la flora y fauna silvestres; así como garantizar su uso sostenible.

18.—Que el numeral 9 inciso 4) de la Ley de Biodiversidad señala entre los principios generales para la aplicación de dicha norma el Principio de Equidad intra e intergeneracional, el cual señala que “el Estado y los particulares velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.” De ahí que el SINAC haya identificado la necesidad de generar una mayor visitación de los costarricenses a las áreas silvestres protegidas, mediante la utilización de mecanismos de distinta índole como los detallados en el presente decreto ejecutivo.

19.—Que el numeral 1 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas detalla la lista taxativa de los servicios que se encuentran gravados con el impuesto de ventas; siendo relevante para los efectos del SINAC el inciso c) de dicha norma que refiere al impuesto al valor agregado en la prestación de servicios de los centros nocturnos, sociales, de recreo y similares.

20.—Que el artículo 15 bis de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, establece la obligatoriedad que tienen las entidades públicas o privadas que procesen pagos con tarjetas de débito o crédito, de efectuar una retención a sus afiliados, cuando paguen, acrediten o en cualquier forma pongan a su disposición las sumas correspondientes a los ingresos provenientes de las ventas de bienes y servicios gravados. Por tanto,

Decretan:

“TARIFAS POR DERECHOS DE INGRESO Y OTROS

SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS ÁREAS SILVESTRES

PROTEGIDAS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE

CONSERVACIÓN Y DEROGATORIA

DEL DECRETO EJECUTIVO

Nº 34164-MINAE”

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1º—Se autoriza al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a cobrar en las áreas silvestres protegidas bajo su administración, tarifas diferenciadas por concepto de ingreso en cada una de ellas, según la inversión en infraestructura como por los servicios que el Estado brinde al usuario, según lo establecido en el presente decreto ejecutivo.

Artículo 2º—El ingreso de visitantes a las áreas silvestres protegidas, se permitirá únicamente por los puestos oficiales establecidos por las mismas.

Artículo 3º—Las tarifas fijadas en este decreto ejecutivo serán fijadas en colones, moneda de curso legal de Costa Rica, y en dólares de Estados Unidos de América o su equivalente en colones, al tipo de cambio de venta fijado por el Banco Central de Costa Rica, que se encuentre vigente para el día de la compra de la entrada respectiva, en caso de pago en ventanilla o de depósito a la entidad financiera el tipo de cambio de venta será el fijado por dicha entidad.

Artículo 4º—Con el fin de promover la difusión de los atractivos inmersos dentro de las áreas silvestres protegidas, mayor disfrute de la población y el acceso equitativo a los recursos naturales que son de todos los residentes, se autoriza al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que todos los segundos miércoles de cada mes se permita el acceso gratuito a los residentes, a las Áreas Silvestres Protegidas bajo su administración.

CAPÍTULO II

Derechos de ingreso a las áreas silvestres protegidas

Artículo 5º—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los residentes en el país que cursen la educación primaria y secundaria, que visitan las ASP en giras educativas organizadas por los centros educativos y coordinadas previamente con la Administración del Área Silvestre Protegida, pagarán la suma de quinientos colones (¢500,00) por entrada, por persona. Adicionalmente los niños y niñas no residentes, con edades comprendidas entre los 6 años y los 12 años, pagarán por entrada, la suma de cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, y los niños y niñas, residentes, comprendidos en este mismo grupo de edad, pagarán la suma de quinientos colones (¢500,00) por ingreso, por persona.

Artículo 6º—Por derecho de ingreso al Parque Nacional Isla del Coco, los no residentes pagarán la suma de cincuenta dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($50,00) por día o su equivalente en colones. Para residentes la tarifa será de veinticinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($25,00) por día o su equivalente en colones.

Artículo 7º—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Volcán Poás, quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, por una entrada por persona, para no residentes, y mil colones (¢1.000,00) los residentes, por ingreso por persona.

Parque Nacional Volcán Irazú, quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para no residentes, y mil colones (¢1.000,00) los residentes, por ingreso por persona.

Monumento Nacional Guayabo, cinco dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($ 5,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para no residentes, y mil colones (¢1.000,00) los residentes por ingreso por persona.

Reserva Forestal Grecia, Bosque del Niño, cinco dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para no residentes, y seiscientos colones (¢600,00) los residentes, por ingreso por persona.

Parque Nacional Turrialba, doce dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América - ($12,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para no residentes, y mil colones (¢1.000,00), para residentes, por ingreso por persona.

Parque Nacional Braulio Carrillo, Sector Quebrada González y Sector Volcán Barva, doce dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para no residentes, y mil colones (¢1.000,00) para residentes, por ingreso por persona. (Ver Cuadro Nº 1).

CUADRO Nº 1

Área de conservación cordillera volcánica central (ACCVC)

Tarifa por entrada, por persona
Áreas Silvestres Protegidas	N° residentes	Residentes
Parque Nacional Volcán Poás	$ 15,00*	¢1.000,00
Parque Nacional Volcán Irazú	$ 15,00*	¢1.000,00
Parque Nacional Volcán Turrialba	$ 12,00*	¢1.000,00
Monumento Nacional Guayabo	$ 5,00*	¢1.000,00
Reserva Forestal Grecia, Bosque del Niño	$ 5,00*	₡600,00
Parque Nacional Braulio Carrillo: Sectores Quebrada González y Volcán Barva	$ 12,00*	₡1.000,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 8º—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Tortuguero, Parque Nacional Tortuguero y Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, la tarifa por día será de quince dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América - ($15,00) o su equivalente en colones por entrada por persona, para no residentes. Para residentes, la tarifa por día será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

En el sector del Cerro Tortuguero, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra de Colorado, se define la tarifa de dos dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) para no residentes, por entrada por persona y de quinientos colones (¢500,00) para residentes, por ingreso por persona. (Véase Cuadro Nº 2).

CUADRO Nº 2

Área de conservación Tortuguero (ACTo)

Tarifa por entrada, por persona
Áreas Silvestres Protegidas	N° residentes	Residentes
Parque Nacional Tortuguero-Refugio de Vida Silvestre Barra de Colorado	$ 15,00*	1.000,00
Cerro Tortuguero (Refugio de Vida Silvestre Barra de Colorado)	$ 2,00 *	500,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 9º—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Osa, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Corcovado por estadía de un día, los no residentes pagarán quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, con la posibilidad de visitar las dos áreas silvestres protegidas, sean el Parque Nacional Corcovado y Reserva Biológica Isla del Caño, el mismo día y los residentes pagarán por una estadía de un día, con la opción de visitar las dos áreas, la suma de mil seiscientos colones (¢1.600,00) por ingreso por persona.

- Parque Nacional Marino Ballena, por entrada de un día por persona, los no residentes pagarán doce dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones y los residentes, por entrada de un día por persona, pagarán mil colones (¢1.000,00).

- Reserva Biológica Isla del Caño, por entrada de un día por persona, los no residentes pagarán quince dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones y los residentes, por entrada de un día por persona, pagarán mil seiscientos colones (¢1.600,00).

- Parque Nacional Piedras Blancas, por entrada de un día por persona, los no residentes pagarán diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones y los residentes, por una estadía de un día por persona, pagarán ochocientos colones (¢800,00).

- Refugio de Vida Silvestre de Golfito, por entrada de un día por persona, los no residentes pagarán diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones y los residentes, por una estadía de un día por persona, pagarán ochocientos colones (¢800,00). (Véase Cuadro Nº 3).

CUADRO Nº 3

Área de conservación Osa (ACOSA)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	N° residentes	Residentes
Parque Nacional Corcovado**	$ 15,00*	1.600,00
Parque Nacional Piedras Blancas	$ 10,00	800,00
Reserva Biológica Isla del Caño**	$ 15,00	1.600,00
P. N. Marino Ballena	$ 12,00*	1.000,00
Refugio de Vida Silvestre Golfito	$ 10,00	800,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

** En el Parque Nacional Corcovado y en la Reserva Biológica Isla del Caño, la visitación será previa reservación y previo pago por depósito bancario.

Artículo 10.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación La Amistad Pacífico, los visitantes pagarán las siguientes sumas por día:

Parque Nacional Chirripó, la admisión para los no residentes es de dieciocho dólares - moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($18,00) por día por persona, por concepto de estadía o su equivalente en colones. La admisión para los residentes tendrá un costo de cuatro mil colones, por día, por persona (¢4.000,00).

- Parque Internacional La Amistad (PILA), la admisión para los no residentes es de diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) diarios por persona, para los residentes la tarifa de admisión es de ochocientos colones (¢800,00) por día por persona.

- Reserva Forestal Río Macho- Villa Mills, la admisión para los no residentes es de cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) por entrada por persona, para los residentes la tarifa de admisión es de ochocientos colones (¢800,00) por ingreso por persona.

- Parque Nacional Tapantí Macizo de La Muerte (Sector Tapantí), la admisión para los no residentes es de diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones por entrada por persona y para los residentes es de ochocientos colones (¢800,00) por ingreso por persona. (Véase Cuadro Nº 4).

CUADRO Nº 4

Área de conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	N° residentes	Residentes
Parque Nacional Chirripó **	$ 18,00*	4.000,00
Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte (Sector Tapantí)	$ 10,00*	800,00
Parque Internacional La Amistad	$ 10,00*	800,00
Reserva Forestal Río Macho-Villa Mills	$ 5,00*	800,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

** En el Parque Nacional Chirripó, la visitación será previa reservación y previo pago mediante depósito bancario.

Artículo 11.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Guanacaste, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Santa Rosa, para el Sector Terrestre quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil cien colones (¢1.100,00) por día por persona. Para el Sector Marino quince dólares ($15,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil cien colones (¢1.100,00) por día, por persona.

Parque Nacional Rincón de la Vieja, quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones por día por persona (¢1.000,00).

Parque Nacional Guanacaste, quince dólares-moneda del curso legal en los Estados Unidos de América-($15,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil cien colones por día por persona (¢1.100,00). (Véase Cuadro Nº 5).

CUADRO Nº 5

Área de Conservación Guanacaste (ACG)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	No residentes	Residentes
Parque Nacional Santa Rosa
• Sector Terrestre	$15,00*	1.100,00
• Sector Marino	$15,00	1.100,00
Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja	$15,00*	1.000,00
Parque Nacional Guanacaste	$15,00*	1.100,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 12.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Tempisque, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Barra Honda, doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

Parque Nacional Marino Las Baulas, doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para residentes, la tarifa será de mil seiscientos colones por ingreso por persona (¢1.600,00).

Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil seiscientos colones (¢1.600,00) por ingreso por persona.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para visitantes nacionales y residentes, la tarifa será de mil seiscientos colones (¢ 1.600,00) por ingreso por persona.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal, diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para residentes, la tarifa será de mil seiscientos colones (¢ 1.600,00) por ingreso por persona.

Parque Nacional Diriá, cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, cinco dólares-moneda del curso legal en los Estados Unidos de América-($5,00) o su equivalente en colones, por entrada por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢ 1.000,00) por ingreso por persona. (Véase Cuadro Nº 6).

CUADRO Nº 6

Área de Conservación Tempisque (ACT)

Tarifa por entrada, por persona
Áreas Silvestres Protegidas	No residentes	Residentes
Parque Nacional Barra Honda	$ 12,00*	1.000,00
Parque Nacional Marino Las Baulas	$ 12,00*	1.600,00
Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco	$ 12,00*	1.600,00
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional	$ 12,00*	1.600,00
Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal	$ 10,00*	1.600,00
Parque Nacional Diriá	$ 5,00*	1.000,00
Refugio de Vida Silvestre Iguanita	$ 5,00*	1.000,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 13.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Volcán Arenal quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, por ingreso, por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso, por persona.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Camelias cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de ochocientos colones (¢ 800,00) por ingreso, por persona.

Parque Nacional Juan Castro Blanco diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de ochocientos colones (¢ 800,00) por ingreso por persona. (Véase Cuadro Nº 7).

CUADRO Nº 7

Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	No residentes	Residentes
Parque Nacional Volcán Arenal	$15,00*	1.000,00
Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Camelias	$5,00*	1.000,00
Refugio de Vida Silvestre Maquenque	$5,00*	1.000,00
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro	$5,00*	800,00
Parque Nacional Agua Juan Castro Blanco	$10,00*	800,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 14.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Arenal Tempisque los visitantes pagarán las siguientes sumas:

- Parque Nacional Volcán Tenorio, doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de ochocientos colones (¢800,00) por ingreso por persona.

- Parque Nacional Palo Verde, doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

- Refugio de Vida Silvestre Cipanci, cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de ochocientos colones (¢800,00) por ingreso por persona. (Véase Cuadro Nº 8).

CUADRO Nº 8

Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACA-T)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	No residentes	Residentes
Parque Nacional Palo Verde	$12,00*	1.000,00
Parque Nacional Volcán Tenorio	$12,00*	800,00
Refugio de Vida Silvestre Cipanci	$5,00*	800,00

* O su equivalente en colones utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 15.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Pacífico Central, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Manuel Antonio, diez y seis dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($16,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil seiscientos colones (¢1.600,00) por ingreso por persona.

Parque Nacional Carara, diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

- Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa de será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

- Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa de será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona

- Parque Nacional Los Quetzales, diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

- Parque Nacional La Cangreja, diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América-($10,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona.

- Zona Protectora Tivives, cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por ingreso por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por ingreso por persona. (Véase Cuadro Nº 9)

CUADRO Nº 9

Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	No residentes	Residentes
Parque Nacional Manuel Antonio	$ 16,00*	1.600,00
Parque Nacional Carara	$ 10,00*	1.000,00
Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa	$ 10,00*	1.000,00
Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas	$ 12,00*	1.000,00
Parque Nacional Los Quetzales	$ 10,00*	1.000,00
Parque Nacional La Cangreja	$ 10,00*	1.000,00
Zona Protectora Tivives	$ 5,00*	1.000,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 16.—Por derecho de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Amistad Caribe, los visitantes pagarán las siguientes sumas:

Parque Nacional Cahuita, sectores Puerto Vargas y Playa Blanca cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢ 1.000,00) por día por persona.

Reserva Biológica Hitoy Cerere, cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por día por persona.

Parque Nacional Barbilla, cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes. Para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por día por persona.

CUADRO Nº 10

Área de Conservación La Amistad-Caribe (ACLA-C)

Tarifa diaria por persona
Áreas Silvestres Protegidas	N° residentes	Residentes
Reserva Biológica Hitoy Cerere	$5,00*	1.000,00
Parque Nacional Cahuita: Sectores Puerto Vargas y Playa Blanca	$5,00*	1.000,00
Parque Nacional Barbilla	$5,00*	1.000,00

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 17.—Para aquellas Áreas Silvestres Protegidas (ASP) o sectores de las mismas, que reciben visitación y no cuentan con una tarifa específica de cobro listada en los artículos anteriores, se establece una tarifa de ingreso de cinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, por día por persona, para los no residentes y para los residentes, la tarifa será de mil colones (¢1.000,00) por día por persona.

Artículo 18.—Quedan exentos del pago de las tarifas de ingreso a las áreas silvestres protegidas, los siguientes tipos de personas y organizaciones:

a) Las personas menores de dos años de edad.

b) Las personas que visitan el Área Silvestre Protegida en misión oficial, siempre que la misión guarde relación con los fines del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

c) Las personas u organizaciones que demuestren a la Administración, que su ingreso al ASP es en apoyo a la conservación y manejo de los recursos naturales. Previo al ingreso, los miembros de las agrupaciones exoneradas deberán portar carné de identidad que los identifique como tales.

d) Los visitantes residentes mayores de 65 años, con carné de Ciudadano de Oro expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

e) Los estudiantes de centros educativos (nivel de primaria y secundaria) ubicados en distritos con menor desarrollo social relativo, según el índice de desarrollo social establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); así como aquellos ubicados en las comunidades más cercanas a las áreas silvestres protegidas. f) Funcionarios y funcionarias del SINAC, los que en todo caso deberán acreditar esta condición, aportando el carné institucional vigente.

Artículo 19.—Será la Dirección del Área de Conservación competente del ASP, la encargada de autorizar o no las exoneraciones indicadas en los incisos b, c y e del artículo anterior, previa justificación en resolución debidamente motivada.

Para tales efectos, el Área de Conservación (AC) deberá levantar un expediente administrativo donde conste la solicitud del administrado u organización, la condición con base en la cual solicita la exoneración de conformidad a los supuestos indicados en el artículo anterior.

Una vez que se cuente con dicha documentación, la Dirección del Área de Conservación deberá emitir una resolución administrativa debidamente fundamentada en la que conste el monto exonerado y las razones que justifiquen el otorgamiento o denegatoria de la exoneración solicitada, misma que deberá ser comunicada, tanto al ASP correspondiente, como al solicitante. Le será aplicable lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública Nº 6227.

Será responsabilidad de cada Área de Conservación (AC) llevar un registro de todas las exoneraciones otorgadas, a fin de que las mismas se reflejen en los controles de visitación e ingreso de cada ASP.

Artículo 20.—El número máximo de personas en la zona de uso público se establecerá mediante estudios técnicos que elaborará el Área de Conservación responsable del ASP, los cuales respaldarán esta determinación. Los Estudios Técnicos serán custodiados por las Áreas de Conservación a efectos de poder ser consultados por particulares interesados.

CAPÍTULO III

Tarifas de ingreso para ejecutar investigaciones autorizadas

por el SINAC, dentro de áreas silvestres protegidas

Artículo 21.—Por derecho de ingreso y permanencia para realizar investigaciones de carácter científico debidamente autorizadas por el SINAC, dentro de las Áreas Silvestres Protegidas bajo su administración y durante el período que estipule la autorización respectiva, los investigadores residentes y no residentes, así como sus asistentes debidamente acreditados y autorizados, pagarán las siguientes sumas por persona:

● Por una estadía de hasta de 3 meses, cinco dólares diarios- moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($5,00) o su equivalente en colones, al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica publicado vigente para el día de la compra de la entrada respectiva.

● Por una estadía de hasta 6 meses, diez dólares diarios- moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica publicado vigente para el día de la compra de la entrada respectiva.

● Por una estadía de hasta 12 meses, quince dólares diarios- moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica publicado vigente para el día de la compra de la entrada respectiva.

Toda autorización para realizar investigaciones dentro de las Áreas Silvestres Protegidas administradas por el SINAC, se otorgará conforme a los procedimientos y requisitos que para su ejecución establece el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 22.—Las autorizaciones para desarrollar investigaciones dentro de las Áreas Silvestres Protegidas administradas por el SINAC, con una duración de hasta doce meses, serán aplicables únicamente a investigadores residentes, según la legislación vigente. En el caso de los investigadores no residentes, las autorizaciones para el desarrollo de investigaciones dentro de las Áreas Silvestres Protegidas administradas por el SINAC se otorgarán por un período de seis meses como máximo, mismo que podrá ser renovado por una única vez, según se requiera por parte de las instancias correspondientes. La presentación de requisitos y el cumplimiento de trámites ante el SINAC, no autorizará a los investigadores a ingresar en áreas de propiedad privada o en territorios indígenas, sin el respectivo permiso de quienes estén legalmente facultados para emitirlo.

Artículo 23.—El pago de la tarifa de ingreso para ejecutar investigaciones autorizadas por el SINAC, dentro de Áreas Silvestres Protegidas, da derecho al investigador para ingresar a realizar la investigación únicamente en aquellas zonas así establecidas en el proyecto de investigación presentado ante el SINAC y en la autorización respectiva.

Los permisos de acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad se rigen por lo dispuesto en la Ley de Biodiversidad Nº 7788 y en sus reglamentos; para tal efecto, todo investigador deberá llevar a cabo los trámites correspondientes que dispone el ordenamiento jurídico para este tipo de investigación.

Artículo 24.—Quedarán exentos del pago de la tarifa del artículo 21 del presente decreto ejecutivo, los investigadores y sus asistentes que desarrollen proyectos de investigación promovidos por el SINAC y definidos como prioritarios para el manejo de la biodiversidad o para la administración de las Áreas Silvestres Protegidas, por parte de las respectivas Áreas de Conservación. Para lo anterior, deberá seguirse el procedimiento dispuesto en el numeral 19 del presente decreto ejecutivo.

Artículo 25.—Previo a efectuar cualquier labor de investigación en un Área Silvestre Protegida, el investigador deberá cumplir con todos los requisitos y trámites establecidos en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad y la reglamentación existente en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para estos casos.

CAPÍTULO IV

Tarifa por filmación

Artículo 26.—Por derecho a realizar filmaciones científicas, educativas y turísticas, dentro de los límites de las Áreas Silvestres Protegidas bajo la administración del SINAC, se establece la tarifa diaria de trescientos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($300,00), o su equivalente en colones por área silvestre protegida; salvo las excepciones indicadas en los numerales 27 y 28 del presente decreto ejecutivo.

En el caso de proyectos cinematográficos de venta comercial, así determinados por la Dirección del Área de Conservación respectiva, se define una tarifa diaria de mil dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($1.000,00).

Artículo 27.—Para el Parque Nacional Isla del Coco, la tarifa por derecho de filmación diaria será de quinientos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($500,00) o su equivalente en colones.

Artículo 28.—Para el Parque Nacional Cahuita, sector marino, la tarifa por derecho de filmación diaria será de quinientos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($500,00) o su equivalente en colones.

Artículo 29.—Quedan exentas del pago de esta tarifa las filmaciones de aficionados que pretendan únicamente la preservación de un recuerdo de la visita al Área Silvestre Protegida y que por ello no persigue fines comerciales o de lucro.

Artículo 30.—Se prohíbe la utilización de las Áreas Silvestres Protegidas para las filmaciones que promocionen cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o productos de carácter sexual.

Artículo 31.—En toda filmación que se realice dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, independientemente de su carácter, deberán respetarse las disposiciones legales y administrativas vigentes para estas áreas; los principios morales y religiosos y las buenas costumbres, lo mismo que la imagen de las Áreas Silvestres Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que es necesario que el solicitante entregue el guión correspondiente de la filmación, para su respectivo análisis y aprobación por el Área de Conservación correspondiente, previo al otorgamiento del permiso de filmación.

CAPÍTULO V

Tarifa por anclaje y amarizaje

Artículo 32.—Por anclaje dentro de la extensión marina de las Áreas Silvestres Protegidas y en las cuales así se defina en el Reglamento de uso público, se establecen las siguientes tarifas diarias de anclaje (periodo de 24 horas), excepto para el Parque Nacional Isla del Coco:

Embarcaciones con matrícula extranjera:

a) Cuatro dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($4,00), o su equivalente en colones, para las embarcaciones con capacidad para nueve personas o menos.

b) Ocho dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($8,00), o su equivalente en colones, para las embarcaciones con capacidad para diez o más personas.

Embarcaciones con matrícula nacional:

a) Dos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) o su equivalente en colones, para las embarcaciones con capacidad para nueve personas o menos.

b) Cuatro dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($4,00), o su equivalente en colones, para las embarcaciones con capacidad para diez o más personas.

Artículo 33.—En el Parque Nacional Isla del Coco, las tarifas diarias (24 horas) por concepto de anclaje serán las siguientes (ver cuadro Nº 11):

a) Cuarenta dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($40,00) o su equivalente en colones, para embarcaciones menores de 15 metros de eslora.

b) Cincuenta dólares-moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($50,00) o su equivalente en colones, para embarcaciones de 15 hasta 29 metros de eslora.

c) Sesenta dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($60,00) o su equivalente en colones, para embarcaciones de 30 hasta 44 metros de eslora.

d) Noventa dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($90,00) o su equivalente en colones, para embarcaciones de 45 hasta 59 metros de eslora.

e) Doscientos cincuenta dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($ 250,00) o su equivalente en colones para embarcaciones de 60 a 100 metros de eslora, y más de cien metros de eslora Cuatrocientos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($ 400,00) o su equivalente en colones. (Véase Cuadro Nº 11)

CUADRO Nº 11

Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC)

Tarifas diarias por concepto de anclaje
Tamaño de la embarcación	Tarifa diaria
Menores de 15 metros de eslora	$ 40.00*
De 15 hasta 29 metros de eslora	$ 50.00*
De 30 hasta 44 metros de eslora	$ 60.00*
De 45 hasta 59 metros de eslora	$ 90.00*
De 60 hasta 100 metros de eslora	$ 250.00*
Mayores de 100 metros de eslora	$ 400.00*

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 34.—Se establecen las siguientes tarifas diarias, por concepto de amarizaje, en las Áreas Silvestres Protegidas bajo administración del SINAC. (Ver cuadro Nº 12):

a) Veinticinco dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($25,00) o su equivalente en colones, para hidroaviones con capacidad para menos de cinco personas.

b) Cincuenta dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($50,00) o su equivalente en colones, para hidroaviones con capacidad para cinco y menos de diez personas.

c) Cien dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($100,00) o su equivalente en colones, para hidroaviones con capacidad para diez o más personas.

d) En el Parque Nacional Isla del Coco, la tarifa según la capacidad de los hidroaviones es la siguiente: menores de cinco personas, cincuenta dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($50,00); para cinco y menor de diez personas, cien dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($100,00); para 10 o más personas, doscientos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($200,00) o su equivalente en colones. (Ver cuadro Nº 12).

CUADRO Nº 12

Tarifas diarias por concepto de amarizaje
Hidroaviones con capacidad para:	Parque Nacional Isla del Coco	Otras áreas silvestres protegidas
Menos de 5 personas	$ 50,00*	$ 25,00*
De 5 y menos de 10 personas	$ 100,00*	$ 50,00*
De 10 o más personas	$ 200,00*	$ 100,00*

* O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto.

Artículo 35.—Quedan exentos del pago de las tarifas de anclaje y amarizaje:

a) Las embarcaciones e hidroaviones de investigación científica debidamente autorizados por la Dirección del Área de Conservación o la Dirección Ejecutiva del SINAC, que realicen estudios de interés para el Estado costarricense.

b) Las embarcaciones e hidroaviones que por fuerza mayor, se vean obligados a anclar dentro de las extensiones marinas de las Áreas Silvestres Protegidas.

c) Las embarcaciones e hidroaviones del Estado, que visiten las Áreas Silvestres Protegidas en razón de sus funciones oficiales, las cuales cuenten con autorización de la Dirección del Área de Conservación o de la Dirección Ejecutiva del SINAC.

CAPÍTULO VI

Tarifas por otros servicios

Artículo 36.—En aquellas Áreas Silvestres Protegidas en las que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, esté en posibilidad de brindar los servicios que se describen a continuación, cobrará la tarifa que se detalla en los siguientes incisos. Esta tarifa no aplica cuando el servicio sea brindado por particulares, en razón de contratos o permisos de uso de servicios no esenciales establecidos con el Estado, estas son:

a) Hospedaje: Seis dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($6,00) o su equivalente en colones, diarios por derecho a hospedarse en las instalaciones de las Áreas Silvestres Protegidas. Esta tarifa será de dos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) o su equivalente en colones por día, para estudiantes de instituciones nacionales debidamente identificados, que visiten el área en razón de sus estudios, a excepción de las siguientes Áreas de Conservación, cuya tarifa será:

a.i) Área de Conservación Guanacaste: Quince dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($15,00) o su equivalente en colones, diarios para particulares; de diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones diarios para investigadores, y de seis dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($6,00) o su equivalente en colones diarios, para asistentes de investigación y estudiantes. En los sectores de Murciélago, Centeno y Santa Elena la tarifa de alquiler de instalaciones para investigación será de diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) por día o de cien dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($100,00) por mes.

a.ii) Área de Conservación Tempisque: Doce dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($12,00) o su equivalente en colones, diarios para particulares; nueve dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($9,00) o su equivalente en colones diarios para investigadores, y de seis dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($6,00) o su equivalente en colones diarios, para estudiantes y asistentes de investigación.

a.iii) Área de Conservación Osa: Ocho dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($8,00) por persona diarios en las instalaciones del Parque Nacional Corcovado.

a.iv) Área de Conservación La Amistad Pacífico: En el Parque Nacional Chirripó la tarifa de alojamiento es de diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- por noche ($ 10,00) o su equivalente en colones.

a.v) En la Reserva Forestal Villa Mills, la tarifa de alojamiento es ocho dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- por noche ($8,00), tanto para residentes como para no residentes.

a.vi) Área de Conservación La Amistad Caribe: En el Parque Nacional Cahuita (para residentes y no residentes), la tarifa de alojamiento es de diez dólares ($10,00) o su equivalente en colones, diarios para particulares; seis dólares ($6,00) o su equivalente en colones diarios para investigadores, y de cuatro dólares ($4,00) o su equivalente en colones diarios, para asistentes de investigación y estudiantes. (Véase Cuadro Nº 13)

CUADRO Nº 13

Tarifas diarias por concepto de hospedaje

en las áreas de conservación

Área de Conservación	Particulares	Estudiantes de instituciones nacionales	Investigadores	Asistentes de investigación y estudiantes
Áreas silvestres protegidas en general	$ 6,00*	$ 2,00*
Área de Conservación Guanacaste	$ 15,00*		$ 10,00*	$ 6,00*
Área de Conservación Tempisque	$ 12,00*	$ 6,00*	$ 9,00*	$ 6,00*
Área de Conservación La Amistad Pacífico Parque Nacional Chirripó	$ 10,00*
Área de Conservación Osa Parque Nacional Corcovado	$ 8,00*
Reserva Forestal Villa Mills	$ 8,00*
Área de Conservación La Amistad Caribe Parque Nacional Cahuita	$ 10,00*		$ 6,00*	$ 4,00*

*O su equivalente en colones, utilizando el parámetro establecido en el artículo 3 del presente decreto. Tarifa aplicable residentes y no residentes.

b) Derecho de acampar: Dos dólares-moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) o su equivalente en colones, diarios por persona:

b.i) En los Parques Nacionales Corcovado, Santa Rosa y Rincón de la Vieja la tarifa es de cuatro dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($4,00) diarios.

b.ii) En el Parque Internacional La Amistad (PILA) la tarifa es de seis dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($6,00) diarios para no residentes y su equivalente en colones para residentes.

b. iii) En el Parque Nacional Chirripó la tarifa para acampar es de seis dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($6,00), tanto para residentes como para no residentes.

c) Salas de conferencias: Trece dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- diarios ($13,00) o su equivalente en colones.

d) Microcomputadoras: Un dólar -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- por hora ($1,00) o su equivalente en colones, por el uso de cada microcomputador y de dos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) por hora, o su equivalente en colones cuando sea para accesar Internet.

e) Instalaciones de laboratorios: Dos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) o su equivalente en colones, por persona, por el uso diario.

f) Bodegas: Dos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($2,00) o su equivalente en colones, por el uso diario de instalaciones para bodegas.

g) Buceo: Veinte dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($20,00) o su equivalente en colones, diarios por persona, por el derecho a bucear dentro de la zona marítima del Parque Nacional Isla del Coco. Cuatro dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($4,00) o su equivalente en colones, diarios por persona, por el derecho a bucear dentro de la zona marítima de la Reserva Biológica Isla del Caño.

h) Snorkel: Diez dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($10,00) o su equivalente en colones, diarios por persona, por el derecho a realizar actividad de snorkel dentro de la zona marítima del Parque Nacional Isla del Coco.

i) Operación de submarino: La tarifa diaria por concepto de operación de Submarino para fines de investigación será de ciento veinte dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($120,00) o su equivalente en colones.

j) Estacionamiento: Cincuenta centavos de dólar -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- por hora ($0,50) o su equivalente en colones, por cada vehículo liviano, sesenta centavos de dólar -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- por hora ($0,60) o su equivalente en colones, por cada microbús y un dólar -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- por hora ($1,00) o su equivalente en colones, por cada bus u otro vehículo pesado. (Véase cuadro Nº 14).

CUADRO Nº 14

Tarifa por estacionamiento en las áreas silvestres protegidas

Tipo de vehículo	Tarifa por hora
Vehículos livianos	$ 0,50*
Microbús	$ 0,60*
Bus o vehículo pesado	$ 1,00*

k) Charlas: Veintisiete dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- ($ 27,00) o su equivalente en colones, por impartir cada charla a grupos que lo solicitan.

l) Alquiler de tiendas de acampar: Siete dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- diarios ($7,00) o su equivalente en colones, por cada tienda.

m) Alquiler de botas y capas: Dos dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- diarios ($2,00) o su equivalente en colones por cada juego de botas y capa.

n) Alquiler de tablas de surf: Veinte dólares -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- diarios ($20,00) o su equivalente en colones por cada tabla.

ñ) Alquiler de casilleros para guardar equipaje: un dólar -moneda del curso legal en los Estados Unidos de América- diario ($1,00) por cada casillero.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 37.—Las devoluciones de dinero por alguno de los servicios establecidos en el presente decreto ejecutivo se realizarán únicamente si el interesado indica a la Administración que no utilizará el tiquete respectivo, con quince días naturales de anticipación, de lo contrario no se realizará ninguna devolución.

En los casos en que se realice devoluciones a no residentes, se les rebajará la comisión que implique realizar el debido trámite para la administración, mismo que será fijado por la entidad bancaria encargada de realizar la devolución correspondiente.

Los interesados deberán indicar el número de tiquete devuelto para efectos de control interno de la Administración.

Artículo 38.—La Administración podrá establecer tarifas adicionales para aquellas ASP que hayan sido declaradas con condición de emergencia y se requiera para la visita tratamiento especial con equipamiento, implementos o acompañamiento de guías especializados que garanticen la seguridad durante la visita al ASP correspondiente, mismas que serán debidamente publicadas mediante resolución motivada en el Diario Oficial La Gaceta.

Artículo 39.—En casos excepcionales en los que se autoricen las visitas fuera de horario ordinario por parte de los Directores Regionales de Áreas de Conservación, se aplicará un 50% adicional sobre las tarifas de ingreso a las áreas silvestres protegidas indicadas en el presente decreto ejecutivo.

Artículo 40.—En situaciones de emergencia, la Administración podrá decretar cierres temporales, incluidas las ASP que tienen sistema de reservaciones para la visitación.

En virtud de lo anterior, las ASP en las que se haya dado el cierre podrán reprogramar la visita conforme a la disponibilidad de espacio de dicha área o realizar la devolución de dinero, previa solicitud del visitante afectado en su reservación ante el Área de Conservación respectiva.

Artículo 41.—Los recursos económicos obtenidos con la aplicación del presente decreto ejecutivo, serán depositados en el Fondo de Parques Nacionales, creado por la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales Nº 6084 del 24 de agosto de 1977.

Artículo 42.—Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 34164-MINAE del 05 de diciembre del 2007, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo, de conformidad a lo indicado en el Transitorio I y artículo 43.

Transitorio I.—Las tarifas contenidas en el presente Decreto Ejecutivo, empezarán a regir tres meses a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que todas aquellas compras de entradas adquiridas con anterioridad a esta publicación, mantendrán la tarifa anterior y su vigencia hasta hacerlas efectivas ante la administración de las ASP.

Transitorio II.—A partir de la entrada en vigencia del presente decreto a las tarifas indicadas en los numerales anteriores, se les debe aplicar la tarifa del impuesto indicado en el numeral 10 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, Nº 6826 del 08 de noviembre de 1982.

Artículo 43.—Rige tres meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los quince días del mes de enero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente y Energía, René Castro Salazar.—1 vez.—O. C. N° DFC-018.—Solicitud N° 2260.—C-679020.—(D38295-IN2014024935).

N° 38325-C

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 89 y 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política y 25.1 de la Ley General de la Administración Pública, y en la Ley N° 8560 del 16 de noviembre del 2006, publicada en La Gaceta N° 237 del 11 de diciembre del 2006 (Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial).

Considerando:

I.—Que el patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

II.—La importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la Recomendación de la UNESCO de 1989 sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, así como en la Declaración Universal de la UNESCO del 2001 sobre la Diversidad Cultural y en la Declaración de Estambul del 2002, aprobada en la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura.

III.—La profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio cultural material.

IV.—La voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

V.—La necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia.

VI.—La aprobación, por parte de la Asamblea General de la UNESCO de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en octubre del 2005. Por tanto:

Decretan:

COMISIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO

CULTURAL INMATERIAL

Artículo 1°—Créase la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud, como un órgano de carácter técnico, encargado de coordinar y asesorar en la salvaguarda, protección y revitalización del patrimonio cultural inmaterial costarricense.

Artículo 2°—Se entiende por patrimonio cultural inmaterial (o intangible) los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Artículo 3°—Son objetivos de la Comisión:

a) Rendir criterio sobre el carácter patrimonial de expresiones culturales intangibles o inmateriales.

b) Promover la realización de estudios y creación de inventarios relacionados con el patrimonio cultural inmaterial.

c) Dictaminar solicitudes de candidatura de declaratoria de expresiones culturales como parte del patrimonio cultural inmaterial.

d) Asesorar a aquellas instancias públicas o privadas que, directa o indirectamente trabajan en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

e) Promover la coordinación de esfuerzos entre instancias que trabajan en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

f) Dar seguimiento a declaratorias tanto de carácter mundial, regional como nacional.

g) Orientar a los gobiernos locales en la ejecución de acciones por la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del cantón, cuando estos lo soliciten.

Artículo 4°—La Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial estará integrada por:

a) El Ministro de Cultura y Juventud o su representante, quien la presidirá.

Un representante titular y uno suplente, con afinidad y experiencia en la materia, de las siguientes instituciones y organismos:

b) El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.

c) La Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud.

d) El Ministerio de Educación Pública.

e) Las Universidades, con especialidad en Antropología Social, nombrados por el Consejo Nacional de Rectores.

f) El Instituto Costarricense de Turismo.

g) El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

h) La Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses (AGICUP).

Artículo 5°—La autoridad máxima de cada institución deberá acreditar ante el Ministerio de Cultura y Juventud a sus representantes. Dichas personas desempeñarán sus funciones ad honorem y serán nombradas por cuatro años, pudiendo ser reelectas.

Artículo 6°—La Comisión sesionará ordinariamente al menos una vez al mes y extraordinariamente cuando el caso lo amerite, a solicitud de alguna entidad participante.

Artículo 7°—La Comisión será coordinada por el representante del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. En cada sesión se llevará un acta con los acuerdos y recomendaciones.

Artículo 8°—La Comisión podrá integrar comités o grupos de trabajo sobre temáticas o aspectos particulares relacionados son la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de alguna región o etnia del país.

Artículo 9°—La Comisión podrá invitar a otros órganos, entidades o personas físicas vinculadas con algún aspecto del patrimonio cultural inmaterial, a sus sesiones de trabajo.

Artículo 10.—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 33093-C del 20 de marzo del 2006, publicado en La Gaceta N° 96 del 19 de mayo del 2006.

Artículo 11.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós días del mes de enero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón López.—1 vez.—O. C. N° 21682.—Solicitud N° 09636.—C-67620.—(D38325 - IN2014024442).

N° 38330-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

De conformidad con las atribuciones que conceden los incisos 3) y 18) del artículo 140 y el artículo 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2.b) de la Ley número 6227 Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y sus reformas, Decreto número 30720-H del 26 de agosto del 2002; así como los oficios números 08339 (DAGJ-1985-2005) del 12 de julio de 2005 y 06525 (DCA-1385) del 23 de mayo de 2006 ambos de la Contraloría General de la República.

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Hacienda mantiene bajo su administración diversas propiedades que pertenecen en abstracto del Estado, por lo que le corresponde definir su destino final, y de conformidad con los principios de oportunidad y conveniencia para la Administración, se considera necesario que los bienes inmuebles que el Ministerio de Hacienda no está utilizando, o que se encuentran inactivos u ociosos, sean asignados a otras instituciones públicas para el cumplimento de sus objetivos.

II.—Que mediante oficios número DG-SINEM-568-10-2013 del 21 de octubre del 2013 y DG-SINEM-593-11-2013 del 01 de noviembre del 2013, el Ministerio de Cultura y Juventud solicitó a este Ministerio la asignación de la finca del Partido de San José, inscrita a folio real, matrícula número 1-002857-000, con el fin de establecer las instalaciones definitivas de la Administración –Oficinas Centrales del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), por lo que se considera esta asignación de bienes inmuebles como necesaria para la satisfacción del interés público.

III.—Que mediante oficio número 08339 (DAGJ-1985-2005) del 12 de julio de 2005, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República consideró que toda institución pública, para disponer de sus bienes y trasladarlos a otras carteras ministeriales, o entes descentralizados, entes públicos no estatales o empresas públicas, puede hacerlo siempre y cuando exista una norma legal que en forma expresa le autorice a incurrir en actos de liberalidad en beneficios de tales entidades.

IV.—Que mediante oficio número 06525 (DCA-1385) del 23 de mayo del 2006, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República reconsideró el criterio vertido en el oficio número 08339 antes indicado y señaló, que cuando se trate del traspaso entre los mismos órganos del Poder Ejecutivo no es indispensable la existencia de una ley, ya que el inmueble no saldrá del patrimonio del Estado, por lo que para cambiar la naturaleza indicando quien será el nuevo administrador del bien se requiere la emisión de un decreto.

V.—Que en virtud de lo expuesto, y atendiendo a razones de interés público, procede asignar la administración de la finca matrícula número 1-002857-000, ubicada en la Provincia de San José, Cantón San José, Distrito 03 Hospital, Calle 4, Avenida 2 y 4, setenta metros al sur de la esquina sureste del Banco de Costa Rica, plano catastrado No SJ-4665-1967, con un área de 429,79 m², al Ministerio de Cultura y Juventud, para ser utilizada como instalaciones definitivas de la Administración –Oficinas Centrales del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM). Por Tanto:

Decretan:

Artículo 1°—Asignar al Ministerio de Cultura y Juventud para ser utilizadas como instalaciones definitivas de la Administración –Oficinas Centrales del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) el siguiente bien inmueble para su utilización, vigilancia y mantenimiento, el cual tiene la siguiente característica:

Partido de San José.

Folio Real: 002857-000.

Cantón: San José.

Distrito: 03 Hospital.

Ubicación: calle 4, avenida 2 y 4, setenta metros al sur de la esquina sureste del Banco de Costa Rica.

Naturaleza: terreno construido con 1 edificio.

Medida: 429,79 m².

Linderos: Norte: Francisco Aguilar Esquivel.

Sur: Enrique Esquivel Villanea Sucesores.

Este: Georgina Castro Fernández.

Oeste: calle cuarta con 10.57 metros de frente.

Plano Catastrado: SJ-0004665-1967.

N° avalúo: AV. ADM-SJ N°339-2012 de fecha 20 de noviembre del 2012.

Valor avalúo: ¢787.914.700,00.

Artículo 2°—Corresponderá al Ministerio de Cultura y Juventud la administración de dicho inmueble, para que sea utilizado como Oficinas Centrales del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM).

Artículo 3°—Los Ministerios de Hacienda y Cultura y Juventud deberán cumplir con el trámite estipulado en los artículos 14, 21, 23 y 24 y siguientes del Decreto número 30720–H del 26 de agosto del 2002, que es el “Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central” a fin de trasladar en el SIBINET la propiedad folio real 1-002857-000 al Ministerio de Cultura y Juventud para ser utilizada para los fines de dicho Ministerio y específicamente establecer las instalaciones definitivas de la Administración –Oficinas Centrales del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM).

Artículo 4°—Corresponderá al Ministerio de Cultura y Juventud realizar, ante la Notaría del Estado, los cambios que se requieran de administración del inmueble que por este acto se le asigna.

Artículo 5°—Le compete al Ministerio de Cultura y Juventud, llevar a cabo las acciones legales pertinentes a efecto de resguardar y vigilar el inmueble que le ha sido asignado.

Artículo 6°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las quince horas treinta minutos del veintiséis de marzo del dos mil catorce. Publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda a. i., Álvaro Ramos Chaves.—1 vez.—O. C. N° 21099.—Solicitud N° 13118.—C-67700.—(D38330 - IN2014024443).

N° 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,

Y LOS MINISTROS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA, DE AMBIENTE Y ENERGÍA,

DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS,

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

DE SALUD Y DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3), 8) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política; los artículos 2°, 3°, 7°, 8°, 19 y el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 1968; los artículos 4° y 5° de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo N° 1788 del 24 de agosto de 1954; los artículos 2°, 3°, 4°, y 20 de la Ley de Planificación Nacional N° 5525 del 2 de mayo de 1974; los artículos 21, 59, 99, 100, 128 y 129 de Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 18, 28, 29, 30 31 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995; los artículos 14 y 23 de la Ley de Administración Vial N° 6324, del 24 de mayo de 1979; los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 3155 de 5 de agosto de 1963; el artículo 19 de la Ley General de Aviación Civil N° 5150 del 14 de mayo de 1973; los artículos 1° y 2° de la Ley General de Caminos Públicos N° 5060 del 22 de agosto de 1972; los artículos 52 y 58 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998; el artículo 2° de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía, N° 7152 del 5 de junio de 1990; los artículos 2°, 13 y 33 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996; el artículo 13 del Código Municipal N° 7794 del 30 de abril de 1998; el artículo 1° de la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de noviembre de 1949; el artículo 13 de la Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de sus Arrendatarios N° 2760 del 16 de junio de 1961; los artículos 1° y 2° de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado N° 2726 del 14 de abril de 1961; los artículos 268, 270, 287 , 292, 308, 310, 311 y 317 de la Ley General de Salud N° 5395 del 30 de octubre de 1973; los artículos 2°, 6° y 11 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo N° 7779 del 30 de abril de 1998; artículo 2° de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad N° 449 del 8 de abril de 1949; el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto Costarricense de Electricidad N° 6313 del 4 de enero de 1979; los artículos 8°, 14, 25, 26 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del 22 de noviembre de 2005 y los artículos 2°, 3° y 11 de la Ley sobre Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica N° 7555 del 4 de octubre de 1995.

Considerando:

1º—Que el derecho constitucional de propiedad privada recoge un derecho que se constituye como una serie de facultades individuales sobre los bienes, pero además, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad, utilidad o función social que cada categoría de bienes objeto de dominio está llamada a cumplir, para posibilitar la convivencia en armonía tanto social como ambientalmente, conforme a lo cual la Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 45 que por interés y necesidad pública se imponen a la propiedad limitaciones de interés social.

Asimismo que en el artículo 50 se indica que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

4º—Que como parte de la regulación del ejercicio del derecho a la propiedad privada, la legislación vigente permite el establecimiento de áreas de control urbanístico.

5º—Que desde la puesta en vigencia del PLAN GAM de 1982 se ha producido un desarrollo urbanístico de la GAM en varios sentidos: a) desde el punto de vista legal el establecimiento de la Sala Constitucional ha robustecido el papel de las municipalidades en la Planificación Urbana, y se ha desarrollado el derecho ambiental costarricense que ha tenido un impacto importante sobre la delimitación del contenido del derecho de propiedad; b) se ha dado un crecimiento importante en la cantidad de área utilizada para el desarrollo urbano en la GAM; c) se han establecido políticas de vivienda que han modificado sustancialmente las presunciones iniciales del PLAN GAM; d) se ha consolidado la GAM como el área metropolitana de mayor importancia comercial, industrial, política y social del país; e) se han cumplido, con éxito parcial, los planteamientos de planificación incluidos en el PLAN GAM; f) se ha dado una fuerte expansión horizontal que ha superado los límites de contención urbana del Plan GAM, lo que ha generado que un significativo porcentaje de la población de la GAM viva en condiciones de alto y muy alto riesgo a diversos tipos de amenazas naturales; g) Se han desarrollado nuevos requerimientos ambientales e hidrogeológicos como insumos para el ordenamiento territorial.

6º—Que de conformidad con el artículo 4° de la Ley de Planificación Urbana 4240, compete a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo proponer el Plan Nacional de Desarrollo Urbano al Poder Ejecutivo, el cual, previas las modificaciones que estime necesarias, lo aprobará y remitirá a las municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas que juzgue conveniente. Igual procedimiento se observará respecto a la adopción de partes, adiciones o enmiendas que se le hagan.

7º—Que según el dictamen C-001-2004 de la Procuraduría General de la República, el Poder Ejecutivo, desarrollando las competencias que la Ley de Planificación Urbana le confiere en esta materia, así como en ejercicio de las potestades de tutela administrativa que debe ejercer sobre la Administración Pública Descentralizada, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 28937, posteriormente derogado por el Decreto Ejecutivo Nº 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, con el propósito de asegurar el accionar y continuidad de los procesos de planificación urbana, y a tal efecto dispuso, entre otras cosas, la creación de la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y del Consejo Nacional de Planificación Urbana.

8º—Que el Consejo de Planificación Urbana, creado por Decreto Ejecutivo Nº 31062-MOPT-MIVAH-MINAE tiene dentro de sus funciones orientar las directrices de trabajo de la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. La Secretaría de este consejo, a su vez, tiene como objetivo principal cooperar con la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de evaluar y recomendar las acciones técnicas de seguimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública deban emprender en forma coordinada a favor de dichos objetivos.

9º—Que el PLAN GAM, en su modalidad de Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana, en cuya base ambiental territorial se fundamenta el presente Plan GAM, obtuvo viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante la resolución Nº 1308-2009 del 9 de junio del 2009, así como su ajuste y ampliación, por medio de la resolución Nº 1532 - 2009 SETENA del 7 de julio del 2009.

10.—Que la Directriz N° 35-MIVAH-PLAN de 28 de junio de 2012, establece la obligatoriedad de que toda política, plan, programa o proyecto relacionado con materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de la Gran Área Metropolitana, deben tomar en consideración como insumos los productos generados por el Proyecto de Planificación Regional de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica.

11.—Que la Gestión del Riesgo, de conformidad con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del 22 de noviembre de 2005, establece la necesidad de que se reviertan las condiciones de vulnerabilidad de la población y que se incorporen criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.

12.—Que el Consejo Nacional de Planificación Urbana en sesión Nº 1-2014 mediante el acuerdo segundo el día 20 de enero del 2014, aprobó en todas su partes el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 2013-2030, dejando en ese mismo acto ratificada el acta. Por tanto,

Decretan:

PLAN GAM 2013-2030. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

REGIONAL DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º—Objeto. Las regulaciones contenidas en el presente instrumento son de carácter obligatorio y tienen por objeto tutelar e instruir la actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana, conocido como Plan GAM, vigente desde 1982, ajustándose a la jurisprudencia constitucional y a los cambios que han experimentado la legislación urbanística y ambiental en los últimos años, estableciendo las disposiciones de interés regional que guiarán la elaboración de los Planes Reguladores, y la coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales dentro del espacio comprendido por la Gran Área Metropolitana, que hace parte de la Región Central, según Decreto Ejecutivo N° 7944 PLAN-MP y sus reformas.

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. El Plan GAM es de acatamiento obligatorio en la Gran Área Metropolitana, que incluye total o parcialmente los cantones de: San José, Escazú, Desamparados, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Aserrí, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Atenas, Poás, Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo, como se detalla en el siguiente cuadro:

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Los puntos extremos que referencian la ubicación de la zona en metros planos son:

Coordenadas X (CRTM05) Y(CRTM05)

NO 448181,01534 1123464,08549

NE 525950,99672 1123341,48791

SE 526516,54472 1077274,13015

SO 448746,56335 1077396,72773

El mapa con la ubicación precisa debe ser consultado el capítulo introductorio de este plan (Figura I-3.1-1). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital, el cual está disponible en la dirección electrónica http://www.mivah.go.cr/PlanGAM.shtml.

Artículo 3º—Declaratoria de interés público. Se declara de interés público el Plan Regional de la Gran Área Metropolitana, en adelante PLAN GAM, así como las acciones que se deben llevar a cabo para su adecuado cumplimiento.

Artículo 4º—Definiciones y abreviaturas. Para efectos del presente instrumento, se entenderá por:

a. Anillo de Contención: Línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana en contraposición de las áreas no urbanas fuera del límite. El área dentro del límite tiene un uso prioritario urbano y fuera del límite se denota como preferentemente rural. El límite urbano circunscribe el crecimiento de la ciudad dentro de un área específica y se convierte en uno de los elementos estructurantes más importantes para su desarrollo.

b. Áreas de amortiguamiento: aquel espacio definido por su capacidad para minimizar el impacto de las contaminaciones y demás actividades humanas que se realizan en el entorno inmediato a las áreas protegidas, con la finalidad de proteger la integridad de la misma.

c. Cuadrantes urbanos: el conjunto de manzanas vinculadas por una red vial que presentan un conjunto urbano asociado al núcleo central original de cada centralidad.

d. CDI: Centralidades Densas Integrales, consideran la vivienda de construcción vertical el centro de un sistema urbano, que se fundamenta en la densidad, en la mezcla de usos de suelo y la cercanía de equipamientos y servicios públicos para aumentar la eficiencia de las redes de servicios públicos, reducir la movilidad motorizada y aumentar la eficiencia energética.

e. Compacidad: Es la relación entre el espacio utilizable de los edificios (volumen) y el espacio ocupado por la superficie urbana (área). La compacidad en el ámbito urbano implica adicionalmente proximidad de los componentes que conforman la ciudad. La reunión en un espacio limitado de los usos y las funciones urbanas. La compacidad, por tanto, facilita el contacto, el intercambio y la comunicación. Potencia la relación entre los elementos del sistema urbano.

f. Corredor de transporte público: Son aquellos ejes principales identificados en el Plan GAM como ejes troncales del sistema de sectorización del transporte público (Rutas de buses y vías primarias) correspondientes en su mayoría a vías primarias y radiales de acceso a las capitales de provincia. Mapa D.M.C.R.-5.5.8-1 Sectorización del transporte público.

g. Factor de inicio de altura según Plan GAM: Para los efectos de lo establecido en el Plan GAM para el desarrollo de nuevos planes reguladores, a partir de los estudios técnicos, y las consecuentes áreas específicas delimitadas como zonas aptas para altura y densidad, se considera como factor de inicio de absorción de altura las edificaciones que superen los tres niveles o una altura superior a 9 metros considerando la distancia vertical sobre la línea de construcción, entre el nivel de piso oficial y el nivel medio de la cubierta del último piso. En los casos de que el municipio no cuente con Plan Regulador la definición de alturas seguirá rigiéndose por lo establecido en el Capítulo V (Restricciones urbanísticas) Artículo V. 2. (Alturas de edificación) del Reglamento de Construcciones.

h. Paisaje: Sistema formado por las características naturales del entorno y por la influencia humana (construcciones, contaminación, etc.).

i. CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.

j. CNE: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

k. FONATEL: Fondo Nacional de Telecomunicaciones.

l. GAM: Gran Área Metropolitana.

m. ICE: Instituto Costarricense de Electricidad.

n. ICAA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

o. IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

p. INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

q. INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

r. INTA: Instituto Nacional de Investigación e Innovación de Tecnologías Agropecuarias.

s. MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

t. MICIT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

u. MCJ: Ministerio de Cultura y Juventud.

v. MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

w. MINAE: Ministerio del Ambiente y Energía.

x. MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

y. MNCR: Museo Nacional de Costa Rica.

z. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

aa. MRG: Macro zonas Regionales de la GAM.

bb. MSALUD: Ministerio de Salud.

cc. MUNICIPES: Habitantes de un cantón o municipio.

dd. MUT: Modelo Urbano Territorial.

ee. PLAN GAM: Plan Regional de la Gran Área Metropolitana.

ff. PLANOT: Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

gg. PUIM: Planes Urbanos Intermunicipales o Metropolitanos.

hh. PNDU: Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

ii. PNOT: Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

jj. SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

kk. SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

ll. SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

mm. SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica.

nn. ZCE: Zonas de Control Especial.

Artículo 5º—Del ejercicio de la función pública y de la función social de la propiedad. Para los fines de este instrumento, se entiende, que la actividad de ordenamiento territorial y urbanística es una función pública propia del Estado que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, en atención a su función social, cuyo propósito es alcanzar un desarrollo urbano racional, equilibrado e inducido, que propicie el ordenamiento del territorio y la dotación suficiente y adecuada de vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como la protección armónica del ambiente.

Artículo 6º—De las entidades competentes de la gestión del Plan. La responsabilidad de la ejecución, revisión y vigilancia del cumplimiento del Plan GAM corresponderá a la Dirección de Urbanismo del INVU , en función de lo establecido en el artículo 2°, 7° y 8° de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 1968 y MIDEPLAN según la ley de Planificación Nacional, N° 5525 del 2 de mayo de 1974 quienes deberán coordinar con el Ministro del MIVAH las acciones de la administración pública y el PNOT (Decreto Ejecutivo N° 37623-Plan MINAET-MIVAH) y PLANOT.

Para dar cumplimiento a la planificación regional de la GAM en el ejercicio de las leyes sectoriales existentes, las instituciones y ministerios competentes deberán ejecutar planes sectoriales concordantes con dicha planificación y se deberá considerar el ejercicio de coordinación con los municipios.

Para lograr una gestión adecuada del Plan se emplearán los mecanismos establecidos en el artículo 4° del presente instrumento.

Artículo 7º—Modificación y actualización del PLAN GAM. En el tanto en que el PLAN GAM se constituye en parte integral del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), para la revisión, actualización y modificación del PLAN GAM, en forma total o parcial, se deberán seguir las disposiciones que señala la Ley de Planificación Urbana en relación con el PNDU, siendo competencia de la Dirección de Urbanismo del INVU y del MIDEPLAN la revisión y actualización del PLAN GAM.

Para fundamentar la revisión y actualización se podrán utilizar estudios y aportes oficiales, sean públicos o privados, así como las disposiciones propias del PNDU. Las modificaciones que se realicen serán siempre de carácter técnico regional y respetarán los principios y requisitos establecidos en el presente instrumento. Para este fin, dichas modificaciones deberán ser concordantes con los lineamientos de la viabilidad ambiental del Plan GAM (2009).

El INVU con el MIVAH deberá remitir un informe resumen de las modificaciones de los planes regionales y locales a MIDEPLAN en forma anual para facilitar la integración con la planificación regional y nacional.

Artículo 8º—Jerarquía de los planes. La planificación urbana en la GAM se efectuará en tres niveles de acción: nacional, regional y municipal.

Artículo 9º—Relación entre los distintos niveles de la planificación. Los Planes Reguladores deberán acatar los lineamientos regionales del PLAN GAM en la planificación del uso del suelo, en las disposiciones administrativas para la emisión de permisos y en el desarrollo urbano dentro de su jurisdicción municipal, de acuerdo con la escala respectiva. Del mismo modo, los Planes Reguladores deberán incorporar aquellas disposiciones que haya establecido el PLAN GAM para lograr el cumplimiento armónico de metas regionales de desarrollo urbano. Corresponderá a la Dirección de Urbanismo del INVU verificar la incorporación de dichos lineamientos y mecanismos en el momento de la aprobación del Plan Regulador.

En el nivel local se deberán considerar los planes de desarrollo elaborados por MIDEPLAN y mediante regulación explícita en sus planes reguladores, hacer referencia a los mecanismos de coordinación entre la planificación local y los otros niveles de mayor escala.

Artículo 10.—De las potestades de coordinación y planificación. En el ejercicio de las disposiciones contenidas en el PLAN GAM, los órganos de la Administración Pública -incluyendo las municipalidades- dispondrán de todas las medidas necesarias para la coordinación requerida, a solicitud de cualquier ente público. En cualquier caso, la coordinación deberá efectuarse sin alterar las atribuciones y funciones que correspondan a los organismos respectivos y en el cumplimiento de las condiciones establecidas por ley para tales efectos.

Artículo 11.—De la coordinación entre municipalidades. En función de las disposiciones del PLAN GAM, la coordinación para la planificación intermunicipal se desarrollará a través de relaciones intermunicipales. En aquellos casos en que así se requiera, dichas relaciones podrán incluir Ministerios e Instituciones de Estado. Esta coordinación debe ser coherente con los planteamientos regionales del Plan GAM.

Artículo 12.—De la coordinación en la planificación intermunicipal. Dos o más municipalidades vecinas podrán constituir asociaciones municipales para los efectos de facilitar los procesos de planificación urbana y lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Estas asociaciones podrán tener por objeto: a) el fortalecimiento de los instrumentos de planificación; b) la realización conjunta de programas de planificación urbana; c) la capacitación y el fortalecimiento técnico del personal municipal en ordenamiento territorial y planificación urbana; y d) la coordinación con instituciones nacionales e internacionales. Los acuerdos tomados en función de esta asociación deberán ser aprobados por cada Concejo Municipal para entrar en vigencia, de conformidad con el Código Municipal. Los convenios o los acuerdos intermunicipales de planificación urbana deberán acatar los lineamientos urbanísticos y ambientales del PLAN GAM.

Artículo 13.—De los Planes Urbanos Intermunicipales o Metropolitanos. El Plan Urbano Intermunicipal estará compuesto de: a) una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de acción y justificará la coherencia con el Plan GAM; b) un Reglamento que contendrá las disposiciones legales pertinentes; y c) los planos que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general, equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión urbana, densidades, vulnerabilidad y riesgo, zonas de protección, áreas ambientalmente frágiles, procedimiento estandarizado de trámite de uso del suelo y permiso de construcción, entre otros. Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituyen un solo cuerpo legal.

El Plan Urbano Intermunicipal será confeccionado por las municipalidades que conformen la unidad territorial respectiva. La Dirección de Urbanismo del INVU podrá, de así solicitarlo las municipalidades, brindar servicios de asesoramiento durante la elaboración del Plan. Los Planes Urbanos Intermunicipales deberán tramitar su viabilidad ambiental ante la SETENA, salvo que se ajuste a la viabilidad ambiental que el Plan GAM ya dispone.

Artículo 14.—De los Planes Urbanos Intermunicipales. Los Planes Urbanos Intermunicipales y Metropolitanos tomarán en consideración la planificación sectorial del Estado a la hora de elaborar políticas del uso del suelo. En aras de la coordinación y simplificación de la gestión pública, las instituciones del Estado facilitarán a las municipalidades toda la documentación necesaria sobre dichos planes. Los Planes Urbanos Intermunicipales serán aprobados como reformas parciales al PLAN GAM, por lo que deberán cumplir con las disposiciones establecidas para la aprobación de dicho Plan.

Artículo 15.—Inclusión de la variable ambiental. En la elaboración y modificación de todo plan regulador municipal deberá incluirse la variable ambiental, cuya viabilidad ambiental debe tramitarse ante la SETENA. En caso de no contar con viabilidad ambiental o de modificarse sustancialmente los elementos bajo los que fue aprobada, deberá tramitarse dicha viabilidad ambiental ante la SETENA, según el procedimiento técnico establecido para tal fin.

Artículo 16.—Alcances de la variable ambiental. La variable ambiental servirá como herramienta obligatoria de carácter técnico y deberá ser aplicada en la elaboración, modificación o aplicación de cualquier plan regulador de la GAM.

Artículo 17.—Contenido ambiental de las revisiones del Plan. Cualquier elaboración de Planes Reguladores, o la revisión del PLAN GAM, supondrá el cumplimiento de lo que en esta materia determine la SETENA.

Artículo 18.—Incorporación de la variable ambiental en municipios que no cuentan con Plan Regulador. En el marco de lo establecido en el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades que todavía no dispongan de Plan Regulador podrán, sobre la base de la zonificación ambiental de su territorio que ya disponga viabilidad ambiental, establecer reglamentos específicos que pongan en práctica lineamientos de protección del ambiente y de los recursos naturales sin que esto sustituya de ninguna forma el mapa de zonificación del municipio.

Artículo 19.—Adaptación de los estudios ambientales regionales de la GAM en los Planes Reguladores. Las municipalidades podrán utilizar los estudios técnicos de la incorporación de la variable ambiental del PLAN GAM aprobados por la SETENA, como base ambiental para la elaboración de la zonificación de fragilidad ambiental de los territorios bajo su jurisdicción.

Las municipalidades no podrán considerar el mapa del IFA integrado del Plan GAM como sustituto de la zonificación de fragilidad ambiental de su jurisdicción, ni tampoco como sustituto de la zonificación propuesta de usos del suelo. En los distintos usos del suelo que establezca el Plan Regulador deberán reflejarse las limitantes y potencialidades técnicas, así como las consideraciones ambientales fundamentadas por los Índices de Fragilidad Ambiental, por el estudio de Alcance Ambiental y por lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo Sostenible, así como las soluciones de ingeniería recomendadas para solventar dichas limitaciones.

Artículo 20.—Vulnerabilidad hidrogeológica. En la elaboración y modificación de todo plan regulador deberán incorporarse los mapas y las matrices de vulnerabilidad hidrogeológica que se oficialicen como instrumento genérico de aplicación oficial, con el fin de proteger los acuíferos de la GAM.

Los detalles de vulnerabilidad hidrogeológica deben ser incorporados en un mapa de escala que permita la consulta y el trabajo para la definición de áreas con restricciones de crecimiento urbano.

Artículo 21.—Del apoyo a las municipalidades por el IFAM. El IFAM procurará apoyar a las municipalidades en el equipamiento tecnológico y en la adopción de procedimientos de trámite ágiles y eficientes en lo referente al otorgamiento de uso del suelo y permisos de construcción, de manera que los mismos cumplan con altos índices de calidad y eficiencia técnica y ambiental.

Artículo 22.—Participación de los vecinos. Los procesos de planificación que afecten a los vecinos de una municipalidad deben considerar mecanismos de difusión, participación y acceso a la información por parte de todos los munícipes, que asegure un conocimiento informado y transparente de la planificación urbana territorial en todas sus fases de ejecución.

Asimismo, los procesos de participación municipal deberán arrojar como resultado la identificación de un conjunto de proyectos de interés de sus vecinos como acciones prioritarias a considerar como insumos en la elaboración o modificación de los Planes Reguladores.

La Comisión de Plan Regulador será la instancia responsable de asegurar este proceso, siendo a su vez obligación de cada municipalidad velar porque existan y funcionen continua y efectivamente este tipo de comisiones, procurando la mayor y más efectiva participación ciudadana.

TÍTULO II

Regulación urbana regional

CAPÍTULO I

Modelo Urbano Territorial

Artículo 23.—Macro zonas Regionales del GAM. El territorio del GAM se divide en tres grandes zonas:

Macro zona de Protección y Preservación: Corresponderá al MINAE, a través del SINAC y a la CNE el control de esta zona a nivel nacional, en coordinación con los municipios que estén comprendidos en su espacio territorial. Los puntos extremos que referencian la ubicación de la zona en metros planos es:

Longitud (Coordenada X) Latitud (Coordenada Y)

Coordenadas X (CRTM05) Y(CRTM05)

448525,045699 1085952,951386

519521,318746 1114516,006586

El mapa con la ubicación exacta debe ser consultado en el capítulo de la Dimensión Urbano Regional (Figura DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital de este plan.

Macro zona de Producción Agropecuaria: Se subdivide en una Zona de Recuperación Urbana y una Zona de Centralidades Periféricas (Cuadrantes Urbanos, según Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE de 12 de febrero de 1997). Su control corresponderá al INVU, INDER, MAG, INTA a nivel nacional, en coordinación con los municipios que se comprendan en su espacio territorial. Los puntos extremos que referencian la ubicación de la zona en metros planos son:

Coordenadas X (CRTM05) Y(CRTM05)

460733,557146 1085952,951386

519521,318746 1114516,006586

El mapa con la ubicación exacta deben ser consultados en el capítulo de la Dimensión Urbano Regional (Figura DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital.

Zona de Recuperación Urbana: Esta área dentro de la Macrozona de Producción Agropecuaria, incluye áreas con potencial urbano, según los IFAS aprobados por SETENA (moderada fragilidad ambiental), y se ubica en la periferia del actual anillo de contención urbana. En esta área no se permitirá la apertura de calles públicas, así como urbanizaciones, condominios y servidumbres de ningún tipo, hasta que los municipios la incorporen a sus planes reguladores, en concordancia con lo determinado por la viabilidad ambiental, bajo los criterios de la ficha UR-1 y de lo estipulado de manera integral en el presente instrumento, así como los demás requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional.

También Incluye zonas ya impactadas (cuadrantes superiores a 10 manzanas) por desarrollos urbanos fuera del Anillo de Contención Urbana. En estos casos se requieren generar las estructuras de vinculación urbana y vial y fortalecimiento de infraestructura y equipamientos mediante acciones de integración establecidas en el Plan GAM de tal forma que tiendan a conformar los requerimientos necesarios de un CDI según el artículo 28 del presente reglamento. Cuando el crecimiento urbano haya traspasado el anillo pero su condición ambiental no es favorable se procurará orientar el crecimiento y urbanización a zonas más aptas.

Centralidades Densas Integrales Periféricas (Cuadrantes urbanos): Dentro de la macro zona de producción agropecuaria se encuentran núcleos establecidos en cuadrantes urbanos de las cabeceras de distrito. Estos cuadrantes fueron delimitados por el Decreto Ejecutivo Nº 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997, y mantienen esta regulación. El objetivo de este Plan GAM es convertir estos cuadrantes en Centralidades Densas Integrales, según alcances de los artículos 26, 27 y 28 de este instrumento, que absorban el crecimiento vegetativo de forma ordenada y protejan la frontera agrícola así como el paisaje natural y cultural de su entorno.

Macro zona Urbana: Se subdivide en la zona dentro del Anillo de Contención Urbana y la Zona de Crecimiento Restringido. Su administración estará a cargo del INVU y los municipios con territorio en esta zona. Los puntos extremos que referencian la ubicación de la zona en metros planos son:

Coordenadas X (CRTM05) Y(CRTM05)

460959,8762258 1085542,591753

515361,496184 1110083,164374

El mapa con la ubicación exacta debe ser consultado en el capítulo de la Dimensión Urbano Regional (Figura DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital.

Artículo 24º—Objetivos del modelo urbano territorial. El PLAN GAM busca crear condiciones para generar un modelo urbano basado en las variables que conducen a la sostenibilidad: la económica, social y ambiental; una adecuada distribución de los equipamientos y servicios básicos a lo largo de toda la GAM; el adecuado aprovechamiento de los espacios y recursos disponibles; la eficiente gestión del paisaje y los recursos hídricos; la priorización de la localización de la vivienda; y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Artículo 25.—Principios del modelo urbano territorial.

a) Se establecen como principios regionales para la construcción del modelo urbano territorial de la GAM los siguientes:

b) Uso intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros usos o para expansión residencial futura, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995.

c) Menor y más eficiente consumo del suelo, por medio de núcleos con eficiencia energética y con reducción de huella de carbono.

d) Desarrollo económico y autonomía de núcleos urbanos.

e) Reducción de viajes motorizados e integración efectiva del transporte público.

f) Modelo de ciudades que integra el concepto de compacidad (implementa la densidad habitacional con la dotación de áreas verdes, movilidad, usos mixtos y equipamiento social) y procesos de regeneración urbana.

g) Desarrollo de condiciones de ampliación y mejora del espacio público promoviendo accesibilidad universal, recuperación del espacio deteriorado y vinculación de la misma con mejoras en la movilidad y las condiciones ambientales.

h) Penetración de la estructura ecológica regional a los núcleos urbanos, con especial énfasis en el desarrollo de corredores biológicos de diversas escalas, partiendo de la recuperación de los bosques ribereños de los principales ríos de la GAM.

i) Análisis de riesgos, como concepto que está vinculado al diagnóstico y a la gestión del riesgo según el artículo 4° de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del 22 de noviembre del 2005.

j) Promoción de la construcción sostenible, promoviendo la autonomía energética por medio del uso de fuentes de energía renovables.

k) Eficiente gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, como elemento estratégico para la sostenibilidad futura de la GAM.

l) Valoración e integración del paisaje natural y cultural y del entorno verde.

m) Procurar la implementación de incentivos o compensaciones a territorios municipales con limitaciones de uso de suelo por parte de las herramientas de planificación territorial

n) Procurar la integración de los bordes y riberas de los ríos al entorno urbano y el espacio público promoviendo el aprovechamiento y mejora de la condición ambiental de los habitantes.

o) Procurar la integración de información sobre calidad del aire, proveniente de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire

p) Procurar la eficiente gestión integral de residuos considerando la ejecución de instrumentos indicados en la Ley 8839.

Artículo 26.—Centralidades Densas Integrales. El mecanismo práctico para la implementación del modelo urbano territorial regional se denomina Centralidad Densa Integral, en adelante CDI.

La CDI se define como la unidad territorial en la cual se promueve la reconstrucción y fortalecimiento de núcleos urbanos con densidades proporcionales a su capacidad de soporte ambiental, según su fragilidad ambiental, su infraestructura, redes y equipamiento social, con el fin principal de incorporar los usos, servicios y equipamientos sociales de requerimiento básico para la población, a fin de revitalizar física y socialmente zonas urbanas conurbadas y mejorar la calidad de vida.

Artículo 27.—Objetivos de las Centralidades Densas Integrales. Los objetivos de las CDI serán:

a) Establecer espacios territoriales para la coordinación e integración de programas y esfuerzos sectoriales, mediante la asignación prioritaria de recursos presupuestarios, tanto por parte del Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas y los gobiernos locales, así como la cooperación de entes públicos y privados nacionales y extranjeros.

b) Fijar la capacidad de carga del territorio según su fragilidad ambiental, su infraestructura sanitaria, vial, entre otros, y su soporte en equipamiento social, para establecer los tipos de densidades pertinentes (moderada, alta y muy alta densidad).

c) Orientar los usos de suelo básicos requeridos en los CDI para consolidar las diferentes categorías de CDI, con el fin de facilitar su consolidación a través de los Planes Reguladores.

d) Proteger la frontera agrícola, zonas de recarga acuífera, áreas de alta y muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales y áreas de valor ambiental.

Artículo 28.—Requisitos para la incorporación de Centralidades Densas Integrales en los Planes Reguladores. Para la incorporación de las CDI en los Planes Reguladores municipales, el gobierno local respectivo deberá asegurar el cumplimiento de las siguientes condiciones, ajustables según la realidad puntual de cada municipio:

(a) Contar con capacidad de carga ambiental, según una efectiva zonificación de fragilidad ambiental y de zonas de riesgo (alta y muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales), debidamente coordinadas con los entes responsables (CNE, SETENA).

(b) Contar con capacidad de soporte de infraestructura sanitaria, pluvial, vial, y de infotelecomunicaciones.

(d) Asegurar la adecuada vinculación a la estructura de movilidad local y metropolitana en armonía con el Plan Nacional de Transporte y la propuesta técnica del Plan GAM.

(e) Asegurar las medidas que eviten la contaminación visual. De igual forma la efectiva gestión integral del paisaje.

(f) Concordar las acciones tendientes a consolidar los CDI con la planificación estratégica del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

Artículo 29.—Coordinación intersectorial para la consolidación de Centralidades Densas Integrales en los Planes Reguladores. Se deberá prever la coordinación y planificación de infraestructura nueva, al menos alcantarillado sanitario, de agua potable, y residuos en sitios con potencial de CDI. Estas acciones podrían incluir propuestas de carácter público y privado.

CAPÍTULO II

Control del desarrollo urbano

Artículo 30.—Mecanismos de control. El control espacial del desarrollo urbano se basa en la integración de dos mecanismos científicamente definidos: a) el anillo de contención urbana y b) la zonificación ambiental aprobada como viabilidad ambiental de la GAM.

Artículo 31.—Zonas de Control Especial (ZCE). Considerando su interés público y ambiental, las zonas identificadas en el documento técnico del Plan GAM como Zonas de Control Especial (ZCE) mantienen su régimen de protección de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Estas zonas incluyen: zonas especiales de conexión de redes; zonas de protección de cuerpos de agua; Ley que Declara inalienables las montañas en que tienen su origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela, Decreto Ley N° 65 del 30 de julio de 1888; Zona Especial de Río Reventado y La Loma Salitral, Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE de 12 de febrero de 1997; Zona Especial de Protección Aeroportuaria, Ley General de Aviación Civil N° 5150 de 14 de mayo de 1973; Zonas de Valor Arqueológico y Zonas Protectoras, como: Cerro de la Carpintera, Cerros de Escazú, Cerro Atenas, El Rodeo, Decreto Ejecutivo Nº 6112-A, de 23 de junio de 1976; Río Tiribí, Decreto Ejecutivo N° 29393-MINAE Plan de Ordenamiento Ambiental de 15 de enero de 2001; Reserva Indígena Quitirrisí, Decreto Ejecutivo N° 13569 de 30 de abril de 1982 y Río Navarro - Río Sombrero, Decreto 15436-MAG, de 30 de marzo de 1984.

Estas zonas, según su categoría de manejo podrán ser ordenadas según planes de manejo así aprobados por el Ministerio del Ambiente y Energía a través del SINAC.

Artículo 32.—Anillo de contención urbana. Se mantiene el anillo de contención urbana establecido en el PLAN GAM de 1982 y su modificación del año 1997 realizada mediante Decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE del 12 de febrero de 1997. La macro zona urbana de los planos de zonificación regional corresponde literalmente a este anillo a excepción de las modificaciones efectuadas por los municipios en los Planes Reguladores.

Artículo 33.—Carácter regional de los mecanismos de control del desarrollo urbano. La fundamentación, desarrollo, trazado e implementación de los mecanismos de contención del desarrollo urbano que se especifican en el presente capítulo constituyen, en función de su propia naturaleza, mecanismos de regulación urbanística regional.

La modificación de cualquiera de ambos, o de cualquier producto que surja de su combinación, es potestad exclusiva de la Dirección de Urbanismo del INVU, en estricta coordinación con MIDEPLAN y la SETENA, en el ejercicio de las competencias que les otorga la Ley de Planificación Urbana y la legislación ambiental vigente en el país.

Artículo 34.—Posibilidad de modificación de los mecanismos de control del desarrollo urbano. En función de su naturaleza y de la regulación vigente, cada uno de los mecanismos de control del desarrollo urbano (Anillo de contención urbana, ZCE, Cuadrantes Urbanos, Macrozonas), o cualquier combinación que de ellos resulte, podrá ser sujeto de modificación en el tanto se cumpla con criterios de objetividad y sustento técnico-científico que demuestren que la modificación planteada no conlleva una lesión al derecho constitucional de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y seguro.

En todo caso, los mecanismos de control del desarrollo urbano sólo podrán ser modificados como parte de los procesos de actualización, revisión o modificación del PLAN GAM o de los Planes Reguladores municipales.

Artículo 35.—Procedimiento para la modificación del anillo de contención urbano. Cuando exista necesidad de revisión, actualización o modificación del anillo de contención urbano se deberá aplicar cualquiera de los dos procedimientos que se describen a continuación:

a) En los casos de modificación regional, corresponderá a la Dirección de Urbanismo del INVU la elaboración de un estudio técnico ambiental previo que demuestre la posibilidad de modificación total o parcial del anillo, tanto desde la perspectiva urbanística como ambiental. Dicho estudio deberá formularse de forma tal que le permita a la SETENA analizar el valor científico y técnico de la propuesta de modificación y que establezca los fundamentos urbanísticos que respalden el crecimiento del área urbana; para este propósito deben seguirse los lineamientos que esa Secretaría Técnica establezca de previo, en cumplimiento de los lineamientos ambientales del Plan GAM. . Una vez otorgada la viabilidad ambiental de dicho estudio por parte de la SETENA, la Dirección de Urbanismo procederá con la modificación respectiva.

b) En los casos de modificación por iniciativa municipal, el gobierno local podrá hacerlo única y exclusivamente en el marco de un proceso de elaboración o actualización de Plan Regulador que cumpla con toda la normativa vigente, incluyendo la viabilidad ambiental. En dichas circunstancias el municipio deberá presentar ante la Dirección de Urbanismo del INVU solicitud expresa de modificación, junto con el estudio científico y técnico de la propuesta, según lo establecido en el inciso anterior. El proceso de crecimiento urbano que modifique el anillo de contención en un plan regulador debe efectuarse siguiendo el procedimiento definido en la ficha de acción UR-1 del Plan GAM. Una vez recibida la solicitud, la Dirección de Urbanismo analizará el valor urbanístico de la propuesta y el cumplimiento del procedimiento de la ficha UR-1 y remitirá a la SETENA la información.

En ambos casos deberá considerarse la efectiva participación ciudadana.

CAPÍTULO III

Zonificación

Artículo 36.—De la cesión de áreas. Las calles, parques y espacios públicos que se incorporen al dominio público, conforme lo establece la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, deberán ser aquellas que, además, cumplan con las disposiciones que al respecto establezcan las municipalidades en el respectivo plan regulador.

Artículo 37.—De los conflictos de la zonificación. En razón del cumplimiento de los intereses regionales, los Planes Reguladores deberán incluir disposiciones sobre la forma de solventar los conflictos o contradicciones en la zonificación entre dos o más cantones. Dichas disposiciones deberán incluir criterios técnicos y de procedimiento para la determinación final del uso del suelo permitido. Como base para resolver las situaciones de conflicto, se utilizará la zonificación urbana y ambiental del Plan GAM, así como sus limitantes y potencialidades técnicas.

CAPÍTULO IV

Construcción en altura y densidad

Artículo 38.—Creación de densidad. Como parte de los elementos propios de los CDI contenidos en los artículos 27 y siguientes del presente Reglamento, en aquellos espacios donde los Planes Reguladores determinen el establecimiento de dichos centros, las municipalidades pueden incluir Zonas de Construcción en Altura de acuerdo con los criterios técnicos indicados en el artículo 39 (Balance Regional) del presente instrumento. Corresponderá a cada municipalidad la definición de las condiciones propias y específicas aplicables a la construcción en altura orientada por el Plan GAM. Los rangos orientadores de densidad están establecidos en los documentos técnicos del Plan GAM, y las propuestas finales de cada municipio deben ser coherentes y obedecer a criterios técnicos según la ficha UR-2 (Áreas de Densificación) del Anexo Único del presente Decreto. En aquellos municipios que no cuenten con plan regulador, éstos continúan rigiéndose por lo establecido en el Reglamento de Construcciones.

Artículo 39.—Balance regional. La inclusión de zonas de construcción en altura en los Planes Reguladores deberá basarse en el cumplimiento de al menos las siguientes consideraciones:

(a) Áreas de accesibilidad al sistema de infraestructura y transportes. Se definen como:

(i) Propiedades ubicadas a menos de 500 metros a cada lado de los corredores de transporte público principales, dentro de la zona urbana, o según lo estipulado en la normativa de transporte para distancia caminable entre paradas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte

(ii) Zonas donde exista el servicio de agua potable.

(iii) Zonas donde existe alcantarillado sanitario, incluida la primera etapa de expansión del alcantarillado sanitario metropolitano, o en su defecto que cuente con un sistema de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N° 31545 de 9 de octubre del 2003 y en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N° 33601 de 9 de agosto del 2006.

(iv) Existencia de Infraestructura vial y su derecho de vía, a efectos de generar proporcionalidad entre la altura de los edificios y el derecho de vía existente, según lo establecido en el artículo V. 2. (Alturas de edificación) del Reglamento de Construcciones. Esta medida queda sujeta al estudio respectivo de carácter individual y a la definición espacial establecida en el Plan Regulador respectivo.

(b) Áreas sujetas a renovación urbana. En función de estos parámetros el municipio establecerá en su Plan Regulador los límites de altura que se consideren técnicamente pertinentes, según sus condiciones de soporte ambiental y de infraestructura. La mejora o la ejecución de planes de infraestructura que solventen algunos de los vacíos de los puntos anteriores es un factor que posibilita la implementación de construcción en altura.

En aquellos municipios que no cuenten con plan regulador la definición de altura continuará rigiéndose por lo establecido en el artículo V. 2. (Alturas de edificación) del Reglamento de Construcciones.

CAPÍTULO V

Renovación urbana

Artículo 40.—De las Zonas de Renovación Urbana. Las municipalidades, en torno a las CDI de las que se disponga, deberán fijar en sus Planes Reguladores, Zonas de Renovación Urbana y reglamentos de Renovación Urbana, de conformidad con lo que establecen los artículos 29 y 30 de este Reglamento, estableciendo una política de renovación en las mismas. Deberán identificarse expresamente en el Mapa Oficial del Plan Regulador, con referencia literal a las zonas de renovación pública y las de renovación privada.

En las zonas de renovación pública, el Plan Regulador deberá asignar disposiciones tendientes a promover el aumento de áreas verdes y comunales, con aprovechamiento urbanístico de alta densidad y baja cobertura. Las zonas de renovación privada se podrán clasificar como de aptitud para edificación, usos y fraccionamiento, atendiendo a las necesidades de los habitantes.

Para la gestión de una Zona de Renovación Urbana deberá desarrollarse el procedimiento indicado en la ficha UR-4 del Anexo Único del presente Decreto y un plano especial de renovación de la zona escogida, en el que se determinen las nuevas características de ella, como el aspecto urbanístico de uso del suelo, trazados viales, densidades, líneas de edificación, sistemas de agrupamiento de las edificaciones, índices de edificabilidad, alturas mínimas y máximas, entre otros.

Artículo 41.—Disposiciones locales. Con el fin de promover y estimular la renovación urbana, cada Municipalidad podrá establecer incentivos urbanísticos en las disposiciones reglamentarias de las Zonas de Renovación Urbana.

Artículo 42.—Criterios regionales para los reglamentos de renovación. La regulación de renovación urbana, que se incluya en los Planes Reguladores, deberá basarse en las disposiciones regionales que establece el PLAN GAM (ficha UR-4) y que se disponen en los artículos que siguen.

Artículo 43.—Ubicación preferente de zonas de renovación. La creación de zonas de renovación urbana se dará con prioridad en los núcleos y cuadrantes urbanos que constituyan CDI, según definición propia del Plan Regulador.

Artículo 44.—Planes Especiales de Renovación Urbana. Los Planes Especiales de Renovación Urbana determinarán la intensidad de edificación y los usos del suelo en función de los objetivos del modelo urbano planteado en el Plan GAM.

Artículo 45.—Contenido Mínimo del Plan Especial de Renovación Urbana. El Plan Especial de Renovación Urbana deberá contener como mínimo:

(a) Los objetivos y justificación del mismo.

(b) Planos detallados de vialidad, usos, edificación, áreas verdes y espacio público y facilidades comunales.

(d) Estudio económico y financiero de la intervención urbanística.

(e) Análisis de riesgo de acuerdo con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 del 22 de noviembre de 2005.

Artículo 46.—Cumplimiento urbanístico. El Plan Especial de Renovación Urbana deberá cumplir con todas las especificaciones del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, los requisitos requeridos en el Capítulo III y IV del mismo Reglamento, así como con las disposiciones urbanísticas del Plan Regulador vigente.

Artículo 47.—Proceso de aprobación. Los Planes Especiales de Renovación Urbana serán aprobados conforme a la Ley de Planificación Urbana N° 4240 de 1968 y serán objeto de una participación efectiva de los munícipes de conformidad con los mecanismos de participación ciudadana establecidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 48.—Centros históricos y ejes comerciales. Los centros históricos y ejes comerciales se delimitarán con el fin primordial de facilitar su uso ciudadano, su peatonización, creación y mejora de accesos y parqueos. Estas zonas se desarrollarán bajo la orientación de la ficha UR-5 del Anexo único del presente Decreto.

Artículo 49.—Usos no conformes. Todo Plan Especial de Renovación Urbana deberá delimitar como usos no conformes los de industrias contaminantes, o incompatibles con la zonificación vigente. Sin embargo, las zonas industriales con limitaciones en razón del crecimiento urbano, podrán ser sujetas a procesos de renovación urbana. Estas zonas se denominarán en el Plan Especial de Renovación Urbana como Zonas de Mejora Urbana. Cuando haya condiciones extremas de riesgo en un sitio, deberán tener la condición de uso no conforme y estar sujetas al desarrollo de un Plan de Readecuación Ambiental.

TÍTULO III

Lineamientos para la planificación local

CAPÍTULO I

Lineamientos para la elaboración de Planes Reguladores

Artículo 50.—Potestad de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. De conformidad con lo establecido en los artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de Planificación Urbana, la Dirección de Urbanismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, fiscalizará el cumplimiento de los lineamientos que se establecen en el PLAN GAM, incluyendo su variable ambiental, a la hora de aprobar los Planes Reguladores.

En ejercicio de las atribuciones arriba mencionadas, la Dirección de Urbanismo denegará la aprobación de las disposiciones contenidas en las propuestas de Plan Regulador que no cumplan con los lineamientos contenidos del PLAN GAM, salvo aquellos casos en los que el municipio respectivo presente justificaciones técnicas que motiven dicha omisión. Los casos de excepción se consideran en el transitorio único del presente reglamento, para los Planes Reguladores en proceso vigente de desarrollo previo a la aprobación del Plan GAM.

Artículo 51.—De las etapas de participación. La elaboración de los Planes Reguladores deberá elaborarse con un proceso participativo de sus munícipes que al menos considere:

(a) Una etapa de información previa a los vecinos o interesados acerca de las disposiciones del instrumento de planificación propuesto y de sus efectos. Dicha etapa consistirá en poner a disposición de los vecinos el proyecto en la totalidad de distritos que integren el cantón correspondiente.

(b) Audiencia pública de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968.

La comunicación de todas las actividades de participación de los vecinos se hará por los medios de comunicación masiva más adecuada y mediante la publicación de carteles o rótulos informativos en las paredes del edificio municipal, de forma tal que estos sean visibles a cualquier habitante.

Artículo 52.—Memoria de Coordinación. Durante el proceso de elaboración de los Planes Reguladores, las municipalidades deberán desarrollar una Memoria de Coordinación que consistirá en el recuento de todas las actuaciones de coordinación con órganos sectoriales, instituciones nacionales y sectores interesados, realizadas en razón del proceso de planificación. La Memoria de Coordinación consistirá en la unificación de los resultados de los procesos desarrollados y deberá presentarse junto con la documentación técnica que sustente la aprobación del Plan Regulador respectivo.

Artículo 53.—Aprobación de Planes Reguladores. La aprobación, revisión, actualización y modificación de los planes descritos se regirá por lo establecido para cada caso por la Ley de Planificación Urbana.

Artículo 54.—Planes Parciales. En los casos en que se realicen planes parciales, cuando el área es menor a la jurisdicción cantonal o cuando no se cuenten con todos los reglamentos de desarrollo deberán observarse los siguientes estándares mínimos:

(a) Se basarán en unidades inferiores al cantón y se fundamentarán en estudios a escala más detallada que aquella utilizada por los Planes Reguladores.

(b) En ellos se fijarán con exactitud los trazados y anchos de calles y cualquier otra infraestructura pública, la zonificación detallada, las especificaciones de construcción vigentes, así como cualquier otra disposición de los Planes Reguladores.

(d) Se orientaran por las fichas UR1 a UR-7 del Anexo Único del presente Decreto.

CAPÍTULO II

Del contenido de la planificación

Artículo 55.—Del contenido normativo de los Planes Reguladores. Complementario a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana Número 4240 de 1968, los Planes Reguladores contendrán:

(a) Las referencias al cumplimiento de las disposiciones regionales contenidas en el PLAN GAM, así como los mecanismos desarrollados para lograr dicho cumplimiento. Cuando corresponda, las justificaciones técnicas que motiven la generación de propuestas urbanísticas que no se fundamenten en los lineamientos contenidos en el PLAN GAM. Estas referencias deberán ser expresas y puntuales.

(b) En materia de zonificación: uso y ocupación de la vía pública, nomenclatura y alineamientos, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, uso; las responsabilidades a las que se harán acreedores los propietarios de los inmuebles.

(c) En materia de regeneración, imagen o diseño urbano (cuando corresponda por la presencia de reconocido valor cultural- patrimonial): integración al contexto y al paisaje urbano, fachadas frentes, materiales, mobiliario, elementos del patrimonio cultural urbano.

(d) En materia de publicidad externa: diseño, forma, dimensión, materiales, elaboración, fijación, instalación, colocación, iluminación, distribución y distanciamiento, así como las responsabilidades a las que se harán acreedores los propietarios de la publicidad externa y de los inmuebles en donde se ubique dicha publicidad; deben tomarse en cuenta los lineamientos de corrección y prevención de la contaminación visual y de la eficiente gestión del paisaje.

(e) En materias asociadas con el desarrollo sostenible: la referencia a las limitaciones físico-naturales para el desarrollo, basadas en la fragilidad ambiental y las condicionantes para la construcción, distribuidas en función de las categorías de fragilidad determinadas en el Plan GAM.

Artículo 56.—Del Espacio Público. En estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el PLAN GAM, los Planes Reguladores deberán hacer especial referencia a los espacios públicos, incluyendo su ubicación, su fin, alineamiento oficial y linderos. La determinación de un espacio como público hará presumir esta naturaleza, salvo prueba en contrario. Las áreas cedidas como públicas por el fraccionamiento, urbanización o desarrollo privado de cualquier tipo de terreno, que sean aprobadas por autoridad competente, destinados a vías públicas, al uso común o algún servicio público, se considerarán, para todos los efectos, como bienes de dominio público de la municipalidad respectiva.

Artículo 57.—De la determinación oficial de las vías públicas nacionales. La determinación oficial de las vías públicas, dependiendo de la naturaleza de éstas, la harán las autoridades competentes, de conformidad con lo que al respecto disponga la legislación aplicable. Los alineamientos sobre dichas vías competerán al MOPT y a la Municipalidad respectiva, según corresponda, quienes los plasmarán en el Plan Regulador correspondiente a la escala en que hayan sido graficadas en el órgano competente. La determinación oficial de vía pública y sus alineamientos podrá realizarse de oficio por el ente competente, o a solicitud de terceros.

Artículo 58.—De la delimitación de la vialidad en el Plan Regulador. Con el objeto de que la planificación vial contenida en los Planes Reguladores locales coincida con el Plan Nacional de Transporte, en lo que a vías o rutas nacionales se refiera, las municipalidades coordinaran lo pertinente con el MOPT y, concretamente:

(a) La planificación de la red de vías públicas.

(b) Los derechos de vía.

(d) Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública.

(e) La posibilidad de implementar carriles exclusivos para el transporte masivo.

El MOPT deberá brindar a las municipalidades, que lo soliciten, información sobre los proyectos que incidan en sus territorios, con el fin de que los municipios puedan tomar las consideraciones de planificación necesaria en sus Planes Reguladores y facilitar las condiciones de coordinación para una adecuada integración entre la red vial nacional, cantonal y el uso del suelo.

CAPÍTULO III

De la integración con las redes regionales

Artículo 59.—Líneas de transmisión. Las municipalidades coordinarán con el ICE lo relativo al suministro de información actualizada sobre líneas eléctricas y líneas de alta tensión, a fin de incluir esa información como Zonas de Líneas de Transmisión en el mapa de restricciones técnicas ambientales y legales que se sobreponen al Plan Regulador. En estas zonas, las referidas líneas constituirán una limitación para construir, en la parte en que efectivamente lo afecten con base en el alineamiento que al efecto imponga el ICE. La afectación por estas líneas será considerada por la municipalidad correspondiente en la resolución de solicitudes de licencias municipales de naturaleza urbanística, certificados de uso del suelo y licencias de funcionamiento para actividades lucrativas.

En el caso de líneas nuevas, en la planificación de las mismas el ICE deberá tomar en cuenta los lineamientos regionales del Plan GAM y los locales del Plan Regulador, a fin de que su disposición se ajuste a la zonificación ambiental.

Artículo 60.—Poliducto. Las Municipalidades por las cuales discurra el poliducto de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) deberán dejar expresa constancia, en el mapa de restricciones técnicas ambientales y legales que se sobrepone al Plan Regulador, la zona del poliducto y su servidumbre, y considerar dicho uso como condicionante para los usos permitidos en los terrenos aledaños a la servidumbre del poliducto. Será requisito para la aprobación del Plan Regulador por parte de la Dirección de Urbanismo, el aporte de los documentos respectivos, donde consten las gestiones realizadas para la coordinación con RECOPE a la hora de elaborar el mapa indicado.

Artículo 61.—Otras redes. Será igualmente requisito para el otorgamiento del visado al Plan Regulador por parte de la Dirección de Urbanismo, la presentación de los documentos respectivos donde consten las gestiones realizadas para la coordinación con las demás instituciones competentes en materia de redes públicas de importancia regional. Estas instituciones incluirán, pero no estarán limitadas a AyA, ICE (Red de Fibra Óptica), INCOFER, MOPT. Todos estos como zonas de restricción dentro del mapa de restricciones técnicas, legales y ambientales que se sobreponen al Plan Regulador.

Artículo 62.—Condiciones de la coordinación. Las Municipalidades, o quien éstas designen para la elaboración de los Planes Reguladores, deberán realizar las gestiones necesarias para incluir en las consideraciones de la planificación los proyectos, iniciativas e infraestructura de ministerios e instituciones autónomas y cualquier otro órgano o institución pública que por ley realice cometidos que afecten la planificación urbana nacional, regional o local.

En el proceso de aprobación de los Planes Reguladores, la Dirección de Urbanismo entrará a valorar únicamente que existan en forma efectiva las gestiones de coordinación a que se refiere este reglamento, no así la calidad o veracidad de la información.

CAPÍTULO IV

Evaluación Ambiental

Artículo 63.—Áreas silvestres protegidas dentro de la GAM. Las áreas silvestres protegidas y los corredores biológicos, debidamente delimitados y aprobados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, deberán ser consideradas dentro de cualquier Plan Regulador, con el objeto de asegurar un adecuado manejo de las áreas silvestres protegidas y corredores biológicos.

Artículo 64.—Preservación del Paisaje. Con el fin de lograr la preservación del paisaje natural y cultural rural y urbano los Planes Reguladores deberán delimitar áreas de paisaje tradicional que tendrán al menos, las determinaciones relativas a los siguientes aspectos:

(a) Se protege la topografía, de acuerdo con la viabilidad ambiental correspondiente.

(b) Se protegen los puntos o lugares de interés patrimonial o cultural definidos por el Ministerio de Cultura y Juventud impidiendo actuaciones que alteren sus características.

(d) Se protegen los bosques según la ley forestal y se promueven las plantaciones forestales naturales y la permanencia de los árboles individuales y conjuntos de árboles.

(e) Se protegen los caminos tradicionales de valor cultural de uso público: caminos públicos, vías pecuarias, plataformas de ferrocarril en desuso, entre otros, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la UNESCO para los paisajes culturales o itinerarios culturales.

(f) Los espacios exteriores (áreas no construidas o antejardines) no accesibles deberán ser conservados y cuidados por los propietarios particulares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. La Municipalidad, vigilará el cumplimiento de estas obligaciones.

(g) La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto paisajístico, tales como canteras, terraceo o similares, además de cumplir con la normativa sectorial concurrente, deberá realizarse de manera que se minimice su impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar expresamente este extremo en las correspondientes solicitudes de permiso (viabilidad ambiental, uso del suelo, concesiones mineras, permisos de movimiento de tierras, entre otros).

(h) La ordenación de la publicidad exterior deberá integrarse dentro de un tratamiento paisajístico de forma global y en cumplimiento de un reglamento nacional, regional y local de corrección y prevención de la contaminación paisajística y de gestión del paisaje.

CAPÍTULO V

Protección de los recursos hídricos

Artículo 65.—Protección de cauces. Para los efectos urbanísticos, el régimen de protección será el establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal vigente y sus reformas y reglamentos.

Artículo 66.—Protección de las aguas subterráneas. Los permisos de construcción para el establecimiento de cualquier actividad que produzca aguas residuales o deposite sustancias que, por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, sean capaces de contaminar las aguas profundas o superficiales, el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno, estarán condicionados a la evaluación de su impacto ambiental de conformidad con las disposiciones generales que al respecto establezca tanto SENARA como SETENA, así como a la reglamentación que sobre uso, manejo y protección de aguas subterráneas establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 67.—Coordinación para la protección de mantos acuíferos por viviendas aisladas. En razón de los lineamientos regionales del PLAN GAM, los Planes Reguladores deberán proteger los mantos acuíferos debidamente constatados en estudios y establecer medidas que condicionen el desarrollo de viviendas aisladas o situadas en lugares donde no exista red de alcantarillado o la existencia de medidas de saneamiento de las aguas residuales. Para lograr la efectividad de esta norma, las municipalidades deberán coordinar de manera efectiva y permanente con el Ministerio de Salud y el ICAA. Se tomarán en cuenta los mapas oficiales emitidos por SENARA para identificar las zonas de recarga y descarga acuífera.

Artículo 68.—Vertidos de aguas residuales. En el cumplimiento de los lineamientos regionales del PLAN GAM, los municipios no podrán otorgar permisos de construcción a aquellos desarrollos urbanísticos que viertan directa o indirectamente aguas residuales cuya composición química o contaminación bacteriológica pueda contaminar las aguas con efectos adversos para la salud pública o para los aprovechamientos inferiores, tanto comunes como especiales, a un cauce público, canal de riego o acuífero subterráneo, sin previo tratamiento y cumpliendo con la reglamentación vigente para la operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Artículo 69.—Zonas de recarga acuífera. Las zonas de recarga acuífera, identificadas oficialmente por el SENARA se considerarán, para todos los efectos urbanísticos y de construcciones, como terrenos privados sujetos a limitaciones adicionales en función de su naturaleza ambiental. En el régimen del suelo urbanístico, las zonas de recarga acuífera estratégicas serán consideradas como suelo no urbanizable especialmente protegido por razones ambientales. Sin embargo se pueden realizar medidas de mitigación técnicamente sustentadas, las cuales pueden permitir el desarrollo de ciertas actividades compatibles. Se deberá acatar lo establecido por reglamento en esta materia por parte del Poder Ejecutivo.

Artículo 70.—Régimen del suelo en razón de la protección del agua. La sola existencia de fragilidad ambiental, según sea determinada por los Índices de Fragilidad Ambiental del Plan GAM o por vía municipal, en razón de la existencia de mantos acuíferos aprovechables para el abastecimiento de agua potable, obligará a los municipios al establecimiento de disposiciones específicas que prohíban el uso de tanques sépticos o cualquier solución que no sea ambientalmente adecuada para su tratamiento; salvo que se demuestre que, con la aplicación de tecnologías de tratamiento y la ubicación del acuífero, la vulnerabilidad de contaminación del mismo disminuya sustancialmente.

Artículo 71.—Gestión del Riesgo. En materia de Gestión del Riesgo las municipalidades deberán cumplir con los lineamientos definidos por SETENA en la reglamentación de los índices de fragilidad ambiental, así́ como lo previsto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 de 22 de noviembre del 2005 y demás regulaciones conexas.

TÍTULO IV

Disposiciones finales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 72.—Del alcance del PLAN GAM 2013-2030. El Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana PLAN GAM mantiene su vigencia, excepto en todo aquello en donde el PLAN GAM 2013-2030 lo renueva o sustituye, según lo establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 de 15 de noviembre de 1968.

Artículo 73.—Actualización de estudios técnicos. Los estudios técnicos, ambientales, oficiales, emitidos por las Instituciones de Gobierno, que actualicen, mejoren o aumenten el nivel de detalle y que sean determinantes al ordenamiento territorial deberán ser considerados en la actualización del Plan GAM y en la elaboración de los Planes Reguladores de la GAM. Se procurará su actualización cada 5 años.

Artículo 74.—Ajustes de la viabilidad ambiental al PLAN GAM 2013. El Reglamento de Desarrollo Sostenible, como parte integral de la viabilidad ambiental de la GAM, es un instrumento jurídico que sirve de base para normar y orientar el control y condicionamiento ambiental de la ejecución del desarrollo de cada municipio para los Planes Reguladores. Los ajustes al Reglamento se efectuarán bajo el procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE de 20 de febrero del 2006.

Artículo 75.—Anexos. Forman parte integral del presente Decreto el documento identificado como Anexo Único que comprende:

I-3.1.-1, División político administrativa y límites

DUR-5.1.2.-5 Macro zonas regionales

DUR-5.1.2.-6 Macro zonas y subzonas regionales

DUR-5.1.2.- Centralidades Densas Integrales

DUR-5.1.1.-6 Zonas de prioridad para la densificación

DMCR-5.5.6.-2 Estructura vial-Plan

Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS)

DMCR 5.5.8-1.Sistema integrado de transporte público

Así como las Fichas:

UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-7

Los documentos técnicos correspondientes a diagnósticos, estudios base, propuestas, fichas de la Guía Operativa Completa y cartografía completa con su respectivo índice podrán ser consultados en la página web www.mivah.go.cr. Su versión impresa estará disponible al público en la Dirección de Urbanismo del INVU, en el Archivo Central del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y en el Centro de Documentación de MIDEPLAN.

Disposiciones transitorias

Transitorio único.—Los procesos que acrediten la vigencia en el desarrollo de Planes Reguladores iniciados previamente a la aprobación del PLAN GAM 2013, mantendrán vigentes sus propuestas siempre que cuenten con el respaldo técnico requerido y las memorias de coordinación y participación ciudadana que los respalden. Sin embargo, las Municipalidades integrantes de la GAM, procurarán en un plazo no mayor de cinco (5) años, a partir de la entrada en vigencia de este instrumento adecuar sus planes reguladores vigentes, a esta normativa integrando la viabilidad ambiental.

Las Municipalidades que no posean planes reguladores, en forma residual deberán aplicar las regulaciones contenidas en este reglamento hasta que promulguen sus regulaciones locales, en observancia a las regulaciones contenidas en este Instrumento Regional.

Artículo 76.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente y Energía, René Castro Salazar; la Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta; el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Luis Castro Fernández; la Ministra de Salud, Daisy María Corrales Díaz; el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto J. Gallardo Núñez, y el Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guido Alberto Monge Fernández.—1 vez.—O. C. N° 22005.—Solicitud N° 3161.—C-2764070.—(D38334 - IN2014026012).

ANEXOS

1. Cartografía

Para ver imágenes solo en La Gaceta con formato PDF

2. Fichas Operativas

Para ver imágenes solo en La Gaceta con formato PDF

ACUERDOS

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Nº 21-2014-MGP

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y el artículo 7° último párrafo) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos N° R-DC-111-2011 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que la participación en la convocatoria de la “Quincuagésima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y de la Subcomisión de Prevención Social de la Violencia”, es de interés para el Ministerio de Gobernación y Policía, porque en ella se tratarán temas de relevancia para esta Cartera Ministerial.

II.—Que la actividad se realizará en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del día 24 al 26 de marzo del 2014. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor: Freddy Mauricio Montero Mora, cédula de identidad Nº 1-0707-0998, Viceministro de Gobernación y Policía, para que participe en la “Quincuagésima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y de la Subcomisión de Prevención Social de la Violencia”, a realizarse en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del día 24 al 26 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Los gastos del señor: Freddy Mauricio Montero Mora, por concepto tiquetes aéreos, gastos por hospedaje, alimentación, serán cubiertos en su totalidad por el Proyecto Regional BA1. Los gastos por impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales y gastos menores serán cubiertos con recursos de la subpartida 1.05.04, del Programa 044-00 Actividad Central, todo sujeto a liquidación y de conformidad con la tabla de gastos de viáticos al Exterior publicada en La Gaceta N° 7 del 10 de enero del año 2012.

Artículo 3º—Durante los días que se autoriza la participación del funcionario en dicha actividad devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 23 hasta el 27 de marzo del 2014.

San José, a las 10:00 horas del veinte de marzo del 2014.

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación y Policía.—1 vez.—O. C. Nº 20363.—Solicitud Nº 0586.—C-35570.—(IN2014024183).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

N° 032-MOPT

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, ACUERDAN:

Artículo 1º—De conformidad con lo dispuesto por la Ley 7495 del 03 de mayo de 1995 reformada mediante Ley N° 7757 de 10 de marzo de 1998, publicada en La Gaceta N° 72 del 15 de abril de 1998, se procede a expropiar 302 metros cuadrados de terreno según plano catastrado L-1692320-2013 del bien inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario de la provincia de Limón matrícula Nº 43344-000, inscrita a nombre de Inversiones Tranes Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-314372 con la Naturaleza, situación y linderos que indica el Registro Inmobiliario.

Artículo 2º—Dicha expropiación se requiere para la ejecución del Proyecto Terminal de Contenedores de Moín, según Declaratoria de Interés Público contenida en la Resolución Administrativa N° 001399 del 20 de noviembre del 2013, publicada en La Gaceta 19 del 28 de enero del 2014.

Artículo 3º—La estimación del terreno a expropiar por parte de la entidad expropiatoria es de ¢4.132.368.68 (cuatro millones ciento treinta y dos mil trescientos sesenta y ocho colones con sesenta y ocho céntimos) que corresponde al total de la suma a pagar de conformidad con el Avalúo Administrativo remitido mediante oficio IJL-1061-2013 del 19 de setiembre del 2013, realizado para el Consejo Nacional de Concesiones por IJL Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S. A. y aprobado por la Dirección de Administración de Contratos.

Artículo 4º—Dicho avalúo administrativo NO fue aceptado por el representante legal de la propietaria, según consta a folio 028 del expediente administrativo, así mismo el inmueble objeto de la expropiación soporta una hipoteca en primer grado, cuyo acreedor es Asociación Adri, cedula jurídica 3-002-078177, por lo que de conformidad con el artículo 28 incisos a) y b) de la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas se procede a la confección del presente acuerdo expropiatorio.

Artículo 5º—Comisionar y Autorizar a la Procuraduría General de la República a efecto que proceda a interponer el proceso especial de expropiación hasta su final ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, incluyendo la protocolización e inscripción registral del terreno expropiado, conforme lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las trece horas y cuarenta minutos del día trece del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro Luis Castro Fernández.—1 vez.—O. C. Nº 001-2014.—Solicitud Nº 5490.—C-44610.—(IN2014024116).

N° 037-MOPT

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

ACUERDAN:

Artículo 1º—De conformidad con lo dispuesto por la Ley 7495 del 3 de mayo de 1995 reformada mediante Ley N° 7757 de 10 de marzo de 1998, publicada en La Gaceta N° 72 del 15 de abril de 1998, se procede a expropiar 930 (novecientos treinta metros cuadrados) del inmueble 7-061409-000, según plano catastrado L-1689396-2013, propiedad de Bananera Dione Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-093540.

Artículo 2º—Dicha expropiación se requiere para la ejecución del Proyecto “Terminal de Contenedores de Moín”, según Declaratoria de Interés Público contenida en la Resolución Administrativa N° 1376 del 11 de noviembre del 2013, publicada en La Gaceta N° 19 del 28 de enero del 2014.

Artículo 3º—La estimación del terreno a expropiar por parte de la administración es de ¢16.186.940.50 (dieciséis millones ciento ochenta y seis mil novecientos cuarenta colones con cincuenta céntimos) que corresponde al total de la suma a pagar de conformidad con el Avalúo Administrativo remitido mediante oficio IJL-1061-2013 del 19 de setiembre del 2013, realizado por IJL Ingenierías Jorge Lizano & Asociados y revisado por el Ing. Manuel Serrano Beeche, Director de Administración de Contratos del CNC.

Artículo 4º—Dicho avalúo administrativo no fue aceptado por el representante legal de la propietaria según nota del 7 de marzo del 2014, por lo que de conformidad con el artículo 28 inciso a) de la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas se procede a la confección del presente acuerdo expropiatorio.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las trece horas y cuarenta y siete minutos del día veintiseises del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro Luis Castro Fernández.—1 vez.—O. C. Nº 001-2014.—Solicitud Nº 5491.—C-38420.—(IN2014024120).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 015-MEIC-2014

LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 inciso 1, 27 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978. Así como, la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública, Ley N° 6362 del 03 de setiembre de 1979 y el Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República y sus reformas.

Considerando

I.—Que es de interés para el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), órgano de máxima desconcentración, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como país miembro del Sistema Inter-Americano de Metrología (SIM), participar en el “Workshop Interamericano de Aseguramiento de Software y Hardware para Metrología Legal”, la cual se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, del 28 al 30 de abril del 2014.

II.—Que de conformidad con lo que establece la “Ley del Sistema Nacional para la Calidad”, Ley N° 8279, le corresponde a LACOMET, garantizar trazabilidad de las mediciones que se ejecutan en el país hasta la realización de ellas acorde con lo establecido por el Sistema Internacional de Unidades (SI); difundir y fundamentar la metrología nacional, custodiar los patrones nacionales y fungir como laboratorio nacional de referencia en metrología.

III.—Que es de interés del LACOMET fortalecer la formación del funcionario del Departamento de Administrativo Financiero, para lograr un aumento de la eficiencia en el proceso de evaluación de la conformidad, de un instrumento de medida que conlleva un análisis detallado de las características del software y del hardware; en los métodos y procesos en los cuales el software del instrumento de medida debería estar diseñado de forma; que permita evaluar fácilmente la conformidad del software sometido a control legal, así como las funciones y requisitos incluidos en dicho control. Conocer sobre el diseñe de software de forma que, no admita perturbaciones, ni de otro software ni de otras interfaces o dispositivos; el proceso de aprobación y verificación en instrumentos de medida y subconjuntos cuando éstos estén sometidos a control metrológico del Estado en uso del software. Por tanto,

ACUERDA

Artículo 1º—Autorizar al señor Fabio Javier López Alfaro, portador de la cédula de identidad número 4-0190-0503, funcionario del Departamento Administrativo Financiero, para que participen en el evento “Workshop Interamericano de Aseguramiento de Software y Hardware para Metrología Legal”, que se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil del día 28 al 30 de abril del 2014.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, son cubiertos por el Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, y los viáticos para el hospedaje y alimentación son cubiertos mediante la partida nacional 5.01.04 “Viáticos en el exterior” del Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), correspondiéndole al funcionario un monto de 1.653,76 U$D (mil seiscientos cincuenta y tres dólares americanos con setenta y seis centavos). Los gastos por transporte interno dentro del país visitado serán cancelados por el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) contra la presentación de las respectivas facturas.

Artículo 3º—Rige a partir del 26 de abril del 2014 y hasta su regreso el 2 de mayo del mismo año, devengando el funcionario el 100 % de su salario.

Dado en el Ministerio de Economía Industria y Comercio, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio.—1 vez.—O. C. N° 1.—Sol. 11449.—C-crédito.— (IN2014020927).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0030-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que la señora Miriam Judith Oliveras Muñoz, de nacionalidad estadounidense, mayor, casada una vez, empresaria, portadora de la cédula de residencia número 184000970115, vecina de Heredia, en su condición de Secretaria con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Horizons International Corporation Costa Rica HICR S. A., cédula jurídica Nº 3-101-374058, presentó solicitud para trasladarse a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que el Transitorio III de la Ley N° 8794 del 12 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 15 del 22 de enero de 2010, señala:

“TRANSITORIO III.—Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de régimen de zonas francas, N° 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 21 bis de esta Ley y realicen inversiones nuevas en los términos dispuestos por el artículo primero de este mismo cuerpo normativo. En caso de que la empresa disfrute de los beneficios en condición fuera del parque industrial la inversión mínima será de quinientos mil dólares estadounidenses (US$500.000). En tales casos, a partir del traslado empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de esta Ley.”

III.—Que el artículo 145 del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N°34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 181 del 19 de setiembre del 2008 y sus reformas, dispone:

“Artículo 145.- Traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley.

Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley , podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del artículo 17 de la Ley, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que se trate de un proyecto que se ejecute dentro de un sector estratégico, según lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos o que la empresa se instale fuera de la GAMA.

b) Que al momento de solicitar el traslado de categoría la empresa beneficiaria se encuentre al día con las obligaciones del Régimen.

c) Que la empresa se comprometa a realizar inversiones nuevas en activos fijos en los términos dispuestos por la Ley.

d) Que la empresa se encuentre exenta total o parcialmente o no sujeta al impuesto sobre la renta, según los términos del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas que se trasladen de categoría tendrán un plazo máximo de tres años para realizar la inversión nueva inicial e iniciar operaciones productivas al amparo del nuevo régimen.”

IV.—Que el artículo 132.4 de la Ley General de la Administración Pública, permite la inclusión discrecional de condiciones, términos y modos en el acto administrativo, como mecanismos para adaptar su contenido al fin perseguido, indicando en lo conducente:

“Artículo 132.-

1. El contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

(….)

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.”

V.—Que el artículo 145.1 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los efectos del acto administrativo podrán sujetarse a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento jurídico.

VI.—Que en la solicitud mencionada la empresa Horizons International Corporation Costa Rica HICR S.A., se comprometió a mantener una inversión de al menos US $582.945,19 (quinientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco dólares con diecinueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa.

VII.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre del 2010, calificó como un sector estratégico los proyectos en que la empresa acogida al Régimen se ubica en la industria de “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados.”

VIII.—Que la empresa opera en el parque industrial denominado Inversiones Zeta S. A. (La Valencia), cita en la provincia de Heredia, por lo que se encuentra ubicada dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA). En virtud de lo anterior, el traslado a la categoría se ajusta a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

IX.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa HORIZons International Corporation Costa Rica HICR S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER Nº 07-2014 de fecha 7 de febrero del 2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

X.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Horizons International Corporation Costa Rica HICR S.A., cédula jurídica Nº 3-101-374058 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hará efectivo a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, fecha en la cual la empresa deberá iniciar operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de Ley N° 8794 de fecha 12 de enero del año 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de instrumentos y equipos para diagnóstico médico. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”.

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Inversiones Zeta S. A. (La Valencia), ubicado en la provincia de Heredia. Tal ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al efecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria tendrá derecho a solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros ocho años y un quince por ciento (15%) durante los siguientes cuatro años. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley Nº 7210 y sus reformas. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete como cinco por ciento (7,5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 30 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $582.945,19 (quinientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco dólares con diecinueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 21 de noviembre del 2016. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $732.945,19 (setecientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y cinco dólares con diecinueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 21 de noviembre del 2016. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 37,50%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas, es a partir de la fecha de traslado indicada en la cláusula primera del presente Acuerdo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial, consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el presente Acuerdo de autorización de traslado.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—La empresa beneficiaria continuará disfrutando de los beneficios otorgados bajo la categoría a) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, según los términos del Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento Nº 354-2005 de fecha 23 de agosto del 2005 y sus reformas, hasta el momento en que se realice el traslado a la categoría f) en la fecha indicada en el punto primero del presente Acuerdo.

17.—El Acuerdo Ejecutivo Nº 354-2005 de fecha 23 de agosto del 2005 y sus reformas, será sustituido plenamente por el presente Acuerdo Ejecutivo, una vez que la empresa beneficiaria inicie operaciones productivas al amparo de la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014024218).

N° 079-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 044-2006 de fecha 7 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 73 del 17 de abril de 2006; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N°295-2006 de fecha 10 de noviembre de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 26 de diciembre de 2006; por el Acuerdo Ejecutivo N° 051-2007 de fecha 13 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°65 del 2 de abril de 2007; por el Acuerdo Ejecutivo N° 072-2007 de fecha 1° de marzo de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2007; por el Acuerdo Ejecutivo N° 243-2007 de fecha 3 de julio de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 155 del 14 de agosto de 2007; por el Informe N° 02-2009 de fecha 13 de enero de 2009, emitido por PROCOMER; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 295-2010 de fecha 27 de mayo de 2010; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 130 del 6 de julio de 2010; a la empresa ALLERGAN COSTA RICA LIMITADA, cédula jurídica N° 3-102-237665, se le otorgaron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante documentos presentados los días 5 y 10 de diciembre de 2013, en la Gerencia de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa ALLERGAN COSTA RICA LIMITADA, solicitó el aumento del nivel de empleo y la modificación de su fecha de cumplimiento.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa ALLERGAN COSTA RICA LIMITADA, y con fundamento en consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 119-2013 de fecha 11 de diciembre de 2013, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en virtud de las reformas legales y reglamentarias que han operado con posterioridad al otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la empresa, se hace necesario adecuar en lo conducente el Acuerdo Ejecutivo original.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 044-2006 de fecha 7 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 73 del 17 de abril de 2006 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas sexta y octava se lean de la siguiente manera:

“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 520 trabajadores a partir del 31 de diciembre del 2013. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos $3.200.000,00 (tres millones doscientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) a partir del 30 de marzo del 2006, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional de al menos $11.500.000,00 (once millones quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 31 de diciembre del 2007. Por lo tanto, la beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos $14.700.000,00 (catorce millones setecientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaría se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 18.74%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaría, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.”

“8. La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaría se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional dispongan para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.”

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 044-2006 de fecha 7 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 73 del 17 de abril de 2006 y sus reformas.

3º—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Comercio Exterior a. í., Fernando Ocampo Sánchez.—1 vez.—(IN2014024351).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Se hace saber que la Dirección General de Servicio Civil ha emitido la siguiente resolución:

DG-059-2014: Se modifica el artículo 5° de la Resolución DG-183-2013 para que la instrucción de los expedientes de gestión de despidos y reclamos que fue delegado, tenga un rige a partir del 1° de octubre del 2014 y no a partir del 1° de abril del 2014.

Publíquese.—Maricela Tapia Gutiérrez, Subdirectora General.—1 vez.—O. C. Nº 11702.—Solicitud Nº 3400020830.—C-Crédito.—(IN2014021051).

HACIENDA

SERVICIO GENERAL DE ADUANAS

ADUANA PEÑAS BLANCAS

Aduana Peñas Blancas, La Cruz, Guanacaste. Res-APB-DN-AP-025-2013. Al ser las ocho horas treinta y nueve minutos del dieciséis de octubre del dos mil trece. La administración inicia de oficio procedimiento ordinario en contra del señor Modesto Rosales Briceño, cédula de identidad 503200253, propietario de un vehículo marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de VIN WAUZZZ4B84N013310, color plata, número de motor BDV068337, decomisado mediante acta efectuada por funcionarios de esta aduana APB-DT-244-2012 de fecha 09/07/2012, al presumirse que no cumplió con las formalidades de importación al país.

Resultando

A. Que a fecha 09/07/2012 funcionarios de la Aduana de Peñas Blancas (Cristian Mora Ramos, cédula de identidad 5-275-021, José Carlos Rodríguez Serrano, cédula de identidad 5-306-752 procedieron a efectuar el decomiso del vehículo marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de VIN WAUZZZ4B84N013310, color plata, motor número BDV068337, modelo A6, al señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253 quien autorizó al señor Álvaro Ramírez Junez cédula de identidad 501560016 para que en su nombre firme dicha acta de decomiso, debido a que no porta documentación que demuestre su ingreso al país por la frontera sur: Aduana de Paso Canoas ni tampoco su estancia legal dentro del país, conforme al Acta de Decomiso APB-DT-244-2012, para los efectos se indica: “Se procede al decomiso preventivo del vehículo antes citado ya que se presenta ante la Ventanilla de Vehitur y no porta Certificado de Importación Temporal y el usuario indica que el vehículo ingresó por la Aduana Paso Canoas y que se le extravió dicho documento de ingreso al país, por lo cual es trasladado al Depósito Aduanero Peñas Blancas código A235 para su custodia y pago de impuestos Además se adjunta Carta de Poder a favor del Lic. Álvaro Ramírez Junez para el respectivo pago de impuestos y multas correspondientes”. (Folio 34).

B. Que a fecha 09/07/2012 se remitió al Depositario Aduanero Peñas Blancas dicho vehículo para su respectiva custodia, mercancía que fue registrada bajo el número de inventario N° 2080-2012 (Folio 49).

C. Que a fecha 12/07/2012 se remitió a las aduanas del país el oficio APB-SUBG-042-2012 sobre solicitud de información respecto al ingreso al país o declaratoria de régimen aduanero de la mercancía decomisada mediante acta APB-DT-244-2012 (ver Folio 34): vehículo marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de VIN WAUZZZ4B84N013310, color plata, motor número BDV068337. Siendo atendido dicha consulta a fecha 12 y 13 de julio donde se informa a esta aduana por medio de correos electrónicos de las aduanas Caldera, Santamaría, Limón y Anexión no reportan trámite alguno respeto a dicho vehículo y la aduana de Canoas hace referencia a dos vehículos con número de VIN distinto de la mercancía decomisada. (Folios 01-10).

D. Que a fecha 16/07/2012 el señor Modesto Rosales Briceño, cédula de identidad 5-320-253 solicita esta administración que se le autorice la cancelación de los impuestos respectivos del vehículo decomisado mediante acta APB-DT-244-2012, para los efectos adjunta fotocopia de Certificado de Inspección Vehicular de la República de Panamá, fotocopia de Registro Único de Propiedad Vehicular N° 2232392 también de la República de Panamá, fotocopia de Entero a Favor del Gobierno N° 85802 por un monto de ¢252.875 (donde se indica artículo 236 inciso 1 LGA) y fotocopia del Municipio de Panamá. Dicha gestión fue ingresada bajo el número 658. (Folios 22-27).

E. Que a fecha 17/07/2012 se recibió el criterio técnico APB-DT-250-2012 (Folio 32) emitido por la Sección Técnica Operativa de esta aduana donde se remite acta de decomiso APB-DT-244-2012, escrito recibido en fecha 09/07/2012 por Depositario Aduanero Peñas Blancas sobre autorización del señor Modesto Rosales Briceño al señor Álvaro Ramírez Junez para que en su nombre ingrese al Depósito Fiscal y firme acta de decomiso del vehículo automotor matrícula de la República de Panamá placas: 293508, marca Audi, año 2004, Serie WAUZZZ4B84N013310 y copias de una aparente cédula de identidad del señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253, Certificado de Inspección Vehicular de la República de Panamá y del Registro Único de Propiedad vehicular N° 2232392 también de la República de Panamá. En dicho criterio se indica lo siguiente: “…Que se desconoce por cuál Aduana ingreso al país por cuanto no presentó documento que demuestre que el ingreso al país, por alguna Aduana del Servicio Nacional de Aduanas, dependencia del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Que el día 10 de julio de 2012, el señor Álvaro Ramírez Júnez, solicita información sobre la clase tributaria a aplicar al vehículo descrito en el numeral 1, para tal efecto se efectuó la consulta a la señora Alicia Calvo funcionaria de la Área de Valoraciones Tributarias (AVT), de la Dirección General de Tributación, recomendando la clase tributaria número 2313385 con un valor de Importación de ¢4.370.000, en base a la misma se efectúa la liquidación de impuestos, al día 9 de julio de 2012, fecha del acta de decomiso. Que el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América, en la fecha decomiso 09/07/2012 es de ¢508,73. Que a continuación se detalla la liquidación de impuestos, para los efectos que considere pertinentes.

Calculo impuestos a pagar Audi A6, partida arancelaria 87.03.23.79.33, tipo de cambio ¢508,73, valor en aduana $8.590,02, Impuestos:

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Que el total de impuestos calculados a la fecha de decomiso es por la suma ¢3.453.393,19 (tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y tres colones con diecinueve céntimos), con base en un valor en aduanas de $8.590,02 equivalentes a ¢4.370.000,87 (tipo cambio ¢508,73). Se realizó consulta del vehículo por número de Vin en el sistema informático TIC@ módulo vehitur, y no se encontró ningún registro del mismo.

F. Que en virtud de dicho decomiso, se remitió denuncia ante el Ministerio Público a fin de investigar los hechos denunciados, según oficio APB-DN-507-2012 que fue recibido en fecha 23/07/2012 y registrado bajo la causa Penal 12-001617-0396-PE al superar los $5000 de conformidad con el artículo 211 de la Ley General de Aduanas (Folio 53).

G. Que a fecha 24/06/2013 la parte presenta escrito ante esta aduana, según gestión 653-2013 (Folios 68-129), donde reitera su petición de pago de impuestos, exoneración de bodegaje, que se le proceda a dar movimiento de inventario y que luego del pago de impuestos se le autorice la entrega del vehículo de referencia. Para dichos efectos adjunta copia certificada del Juzgado Penal de Liberia de la causa Penal 12-001617-0396 donde consta en el Folio 127 y 128 de la petición de desestimación de la Fiscalía de Liberia y su acojida de parte del Juzgado Penal de Liberia quien ordena el sobreseimiento de dicha causa penal por falta de prueba.

H. Que a fecha 05/08/2013 esta administración notificó a la parte la resolución RES-APB-DN-188-2013 sobre autorización de pago de impuestos.

I. Que al día de hoy conforme a consulta efectuada en el sistema informático TICA sobre el movimiento de inventario 2080, este aun se mantiene Pendiente de asociarse a un DUA y con la mercancía aun ingresada al Depositario Aduanero Peñas Blancas Código A235, lo que demuestra que al día de hoy la parte no ha realizado el pago de impuestos conforme a la resolución RES-APB-DN-188-2013 (Folios 144-147).

J. Que esta administración considera necesario el proceder a través de un eventual procedimiento ordinario, el determinar la existencia de posible incumplimiento de las formalidades legales de importación, en contra del señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253 y de la procedencia de efectuar el cobro de la obligación tributaria aduanera al que estaría eventualmente afecto las mercancías decomisadas.

K. Que en el presente procedimiento se han observados las prescripciones de ley.

Considerando:

I.—Régimen legal aplicable: Que esta aduana tiene competencia para ejercer el control aduanero sobre el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del territorio nacional, así como de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Lo anterior de conformidad con los artículos 22, 23, 24, 165, 166, 168, 196, 234 de la Ley General de Aduanas, artículos 435,437,139, 440 inciso f), 458, 463, 520 y 533 de su Reglamento, artículos 6,7,9,97,98 del CAUCA y artículo 4 del recauca.

II.—Objeto del procedimiento: Que se procede a la procedencia de dar inicio a un procedimiento administrativo ordinario de cobro de la obligación tributaria aduanera en contra del señor Modesto Rosales Briceño, cédula de identidad 503200253, en razón de no haber cumplido con las formalidades de importación del vehículo marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de VIN WAUZZZ4B84N013310, color plata, número de motor BDV068337, decomisado mediante acta APB-DT-244-2012 de fecha 09/07/2012.

III.—Competencia de subgerencia: Que de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 34, 35 y 36 del Decreto No 32481-H, las Aduanas son las unidades técnico administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones exigir y comprobar los elementos que determinen la obligación tributaria aduanera e iniciar los procedimientos administrativos y atender las gestiones que puedan derivarse de la entrada, permanencia y salida de las mercancías al territorio aduanero nacional por lo que le compete al Gerente de la Aduana emitir actos finalesante solicitudes de devolución por concepto de pago en exceso de tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza y por determinaciones de la obligación aduanera. Siendo que el Subgerente en ausencia de la Gerencia tiene sus mismas facultades de ley conforme al artículo 35 inciso bis del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

IV.—Hechos probados: Que se tienen por demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución del fondo de la presente gestión:

Que a fecha 09/07/2012 funcionarios de la Aduana de Peñas Blancas (Cristian Mora Ramos cédula de identidad 5-275-021, Jose Carlos Rodríguez Serrano cédula de identidad 5-306-752 procedieron a efectuar el decomiso del vehículo marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de VIN WAUZZZ4B84N013310, color plata, motor número BDV068337, modelo A6, al señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253 quien autorizó al señor Álvaro Ramírez Junez cédula de identidad 501560016 para que en su nombre firme dicha acta de decomiso, debido a que no porta documentación que demuestre su ingreso al país por la frontera sur: Aduana de Paso Canoas ni tampoco su estancia legal dentro del país, conforme al Acta de Decomiso APB-DT-244-2012, para los efectos se indica: “ “Se procede al decomiso preventivo del vehículo antes citado ya que se presenta ante la Ventanilla de Vehitur y no porta Certificado de Importación Temporal y el usuario indica que el vehículo ingresó por la Aduana Paso Canoas y que se le extravió dicho documento de ingreso al país, por lo cual es trasladado al Depósito Aduanero Peñas Blancas código A235 para su custodia y pago de impuestos.

Además se adjunta Carta de Poder a favor del Lic. Álvaro Ramírez Junez para el respectivo pago de impuestos y multas correspondientes”. (Folio 34).

B. Que dicha mercancía se encuentra bajo custodia del depositario Aduanero Peñas Blancas Código A235 bajo el movimiento de inventario N° 2080-2012 en estado Ingresado y con Retención.

C. Que conforme al criterio técnico APB-DT-250-2012 de fecha 16/07/2012 el vehículo decomisado marca Audi año 2004, placa de Panamá 293508, número de Vin WAUZZZ4B84N013310, color plata, motor número BDV068337, no se encuentra registrado bajo ningún régimen y tiene un total de impuestos calculados a la fecha de decomiso por la suma ¢3.453.393,19 (tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y tres colones con diecinueve céntimos), con base en un valor en aduanas de $8.590,02 equivalentes a ¢4.370.000,87 (tipo cambio ¢508,73), clase tributaria 2313385, conforme al siguiente cuadro:

Cálculo impuestos a pagar AUDI A6, partida arancelaria 87.03.23.79.33, tipo de cambio ¢508,73, valor en aduana $8.590,02, impuestos:

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V.—Fondo del asunto: Que de conformidad con el artículo 68, 79, y 109 toda mercancía bajo control aduanero que ingrese o salga del país deberá de declarar un régimen aduanero, entendiendo como tal la destinación de la mercancía. Para lo cual las personas, sus mercancías deberán de presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional. Asimismo las mercancías que no hayan cumplido las formalidades legales de importación o internación ni los derechos transmitidos sobre ellas, quedarán afectas al cumplimiento de la obligación tributaria aduanera y demás cargos. Sobre este eventual cobro el Estado tiene derecho de prelación. La parte debía de haber presentado sus mercancías ante la autoridad aduanera, situación que no se dio, el vehículo decomisado no tiene registros en el sistema informática TICA según señala el Departamento Técnico en oficio APB-DT-250-2012 (Folio 101). La parte no realizó una declaración aduanera sobre el vehículo decomisado a efectos de ser sometido a un régimen aduanero conforme al artículo 110 de la Ley General de aduanas, donde la aduana pudiera revisar las mercancías. Que conforme al análisis anterior se determina que la mercancía objeto de decomiso, estaba dentro del país sin haber realizado formalidades de internamiento o importación como declarar un régimen aduanero, estando sujeta al pago de la obligación tributaria aduanera, ya que con las mercancías se responde directa y preferentemente al fisco por los tributos, las multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos (artículo 71 Ley General de Aduanas). En razón de lo expuesto, y en atención a la evidente violación de la normativa aduanera, concluye esta Administración que la mercancía de marras no se puede devolver para su reexportación o internamiento, en tanto no se cumpla con las obligaciones tributarias de rigor.-Siendo necesario la apertura de un procedimiento ordinario, que contiene amplias garantías procesales, tendiente al cobro de la obligación tributaria aduanera por la suma de ¢3.453.393,19 (tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y tres colones con diecinueve céntimos) más timbres de ley en contra su legítimo propietario, el señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253, según documentación aportada por la parte (fotocopias de Certificado de Inspección Vehicular de la República de Panamá, fotocopia de Registro Único de Propiedad Vehicular N° 2232392 también de la República de Panamá, Folios 24-25), a efectos de determinar la verdad real de los hechos que se presumen en relación al supuesto incumplimiento de las formalidades de importación al no haber sido sometido a control aduanero para la declaratoria de un régimen aduanero (importación definitiva, tránsito aduanero, etc, artículo 109-110 LGA) el vehículo decomisado marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de Vin WAUZZZ4B84N013310. Por tanto,

Con fundamento en las anotadas consideraciones de hecho y derecho y con base en las facultades otorgadas por ley a esta Subgerencia en ausencia de la Gerencia y con sus mismas facultades de ley conforme al artículo 35 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, así como artículos 24, 36, 62, 59, 102 ,192 y 196 de la Ley General de Aduanas, 35 y 525 de su Reglamento, se resuelve: 1- Iniciar procedimiento ordinario contra el señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253, tendiente a determinar: 1) La procedencia del cobro de la obligación tributaria ¢3.453.393,19 (tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y tres colones con diecinueve céntimos), más timbres de ley como impuestos dejados de percibir por el Estado, ya que se presume que el propietario de la mercancía decomisada mediante Acta de Decomiso APB-DT-244-2012: vehículo marca Audi, año 2004, placa de Panamá 293508, número de Vin WAUZZZ4B84N013310, color plata, motor número BDV068337, modelo A6, clase tributaria 2313385, con un valor de importación de $8.590,02 equivalentes a ¢4.370.000,87 (tipo cambio ¢508,73), clase tributaria 2313385, partida arancelaria 87.03.23.79.33, no cumplió con las formalidades de importación al no haberlas sometidas a control aduanero para la declaratoria de un régimen aduanero Siendo que de comprobarse el anterior presupuesto, existiría un adeudo a favor del Fisco, por la suma de 3.453.393,19 (tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y tres colones con diecinueve céntimos), más timbres de ley suma que en el cuadro siguiente se desglosa.

Cálculo impuestos a pagar AUDI A6, partida arancelaria 87.03.23.79.33, tipo de cambio ¢508,73, valor en aduana $8.590,02, impuestos:

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2.- Que de conformidad con el artículo 196 de la Ley General de Aduanas se otorga un plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que se refiera a los hechos que se atribuyen en esta y presente por escrito sus alegatos, ofrezca y presente en el mismo acto toda la prueba que estime pertinente ante esta aduana. Asimismo, deberá señalar lugar o medio para notificaciones, bajo apercibimiento de que en caso de omisión o si el lugar o medio señalado fuera impreciso o no existiere, las futuras notificaciones se tendrán por notificadas veinticuatro horas después de emitida. Se pone a su disposición el expediente administrativo DN-APB-207-2012 levantado al efecto, mismo que puede ser leído, consultado y fotocopiado en la Aduana de Peñas Blancas. Notifíquese al señor Modesto Rosales Briceño cédula de identidad 503200253, por medio de una única publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por desconocerse su domicilio actual de conformidad con el artículo 194 inciso e) de la Ley General de Aduanas, en cuyo caso se tendrá por efectuada al quinto día hábil posterior a esa publicación y Departamento Técnico.

Servicio Nacional de Aduanas.—Gerardo Bolaños Alvarado, Director General.—V.B. Lic. Juan Carlos Aguilar Jiménez, Subgerente Aduana Peñas Blancas.—1 vez.—O. C. Nº 3400021142.—Solicitud Nº 11679.—C-Crédito.—(IN2014021395).

Aduana Peñas Blancas, La Cruz, Guanacaste. Res-APB-DN-AP-014-2013. Al ser las nueve horas treinta y nueve minutos del ocho de julio del dos mil trece. La administración inicia de oficio procedimiento ordinario en contra del señor Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, pasaporte 500694358, propietario de una mercancía decomisada por la Policía de Control Fiscal, mediante Acta de Decomiso de Vehículo 0509-2013 del 12/03/2013, en razón de presumirse que no cumplió con las formalidades de importación al país.

Resultando:

A. Que a fecha 12/03/2013, los funcionarios de la Policía Fiscal proceden a levantar Acta de Inspección Ocular N° 0509-2013 en el lugar La Cruz del puesto policial un 5 Kilómetros camino a Peñas Blancas respecto a la presunta irregularidad detectada en el proceso de revisión del vehículo matrícula estadunidense número AGE9015, marca Mitsubishi, estilo Camioneta, modelo Montero Sport, año 2002, color gris, Vin JA4MT31R02J065784. Dicha acción obedece a una llamada de alerta del Jefe de seguridad de la Aduana de Peñas Blancas donde informó de un vehículo que evadió el control aduanero al no haber tramitado los permisos correspondientes para el debido rodaje del vehículo en territorio nacional. Sobre lo cual los oficiales solicitaron información al propietario identificado como Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, Pasaporte 500694358 incluyendo documentación de respaldo e ingreso lícito al país, para los efectos se le facilitó un traductor el oficial Adrián Quesada, quien le comunicó el porqué de la diligencia y los requerimientos de la misma, donde se determina que este vehículo no tenía ninguna documentación que respaldara el ingreso lícito a territorio nacional. En vista de dicha irregularidad la Policía de Control Fiscal procedió al decomiso respectivo para someter dichas mercancías a control aduanero, conforme al Acta de Decomiso N° 00509-2013, mercancía que se encuentra registrado en el sistema informático Tica del Depósito Aduanero Peñas Blancas código A235, bajo el número de inventario número 6628-2013. Realizando el traslado del caso a esta aduana a fecha 14/03/2013 según expediente e informe: PCD-DO-DPC-PB-025-2013 (ver Folios 01-015). Se hace constar que en dicho informe la Policía de Control Fiscal indica que el señor Lonny nos informó que no iba a firmar las actas respectivas al caso por la falta de completa comprensión del idioma, pero colaboró brindando su anuencia y manteniéndose siempre presente en el procedimiento.

B. Que a fecha 14/03/2013 la Policía de Control Fiscal remite a esta aduana dicho expediente y pone a las órdenes de esta aduana el vehículo decomisado.

C. Que en las fechas 22/03/2013 y 25/04/2013 el señor Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, Pasaporte 500694358, solicita mediante escritos registrados bajo los consecutivos 273 y 404 (Folios 017 y 031), la devolución del vehículo decomisado 10/02/2012 y aporta copia de certificado de registro del vehículo decomisado (Folios 017 y 020). En dichos escritos la parte en resumen señala: menciona una serie de incidentes en Nicaragua sobre un presunto cobro irregular por $300, asimismo señala que al ingresar a Costa Rica pensó que al preguntarle un funcionario que tenía que pagarle $20 dólares para asegurar el vehículo creyó que era excesivo y por esa razón decidí iniciar el viaje al interior del país pensando en adquirir el seguro en otro lugar, posteriormente fui detenido por la policía donde mi vehículo y todas mis pertenencias me fueron decomisadas, por lo cual solicito su devolución.

D. Que a fecha 22/03/2013 y 25/04/2013 se hizo entrega a la parte de una serie de mercancías que forman parte del equipaje y que no fueron objeto de decomiso conforme a las actas 005-2013 y 006-2013 (ver Folios 026 y 033).

E. Que a fecha 22/03/2013 se solicitó criterio técnico al Departamento Técnico de esta aduana, mediante el oficio APB-DN-228-2013 de fecha 21/03/2013.

F. Que a fecha 26/04/2013 la Sección Técnica Operativa de esta aduana remite el criterio técnico APB-DT-187-2013 (Folio 035) donde informa lo siguiente en relación al vehículo decomisado mediante acta policial fiscal N° 509 de fecha 12-03-2013: dicha Sección determina conforme a inspección física las siguientes características: marca Mitsubishi, estilo Montero Sport XLS, año 2002, VIN JA4MT31R02J065784, color Dorado, combustible Gasolina, tracción 4x4, tranmsisión Automática, carrocería Todo Terreno 4 puertas, Centímetros Cúbicos 3500cc, clase tributaria 2369543, con un valor de importación de ¢2.902.600, convertidos al tipo de cambio venta ¢504,04 de fecha decomiso 12/03/2013 se obtiene $5.758,66, clasificación arancelaria 87.03.24.70.23. Asimismo con base en lo anterior se le determina un cálculo de impuestos de ¢2.293.775,69 que en el cuadro siguiente se desglosa y que se realizó consulta en sistema informático Tica módulo Vehitur donde no se encontró ningún registro para dicho vehículo.

Vehículo decomisado Mitsubishi valor importación 2.902.600 ($5.758,66), clase tributaria 2369543, partida 87.03.24.70.23, base legal Decreto N° 32458-H (La Gaceta Nº 131 del 07/07/2005)

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G. Que el día 30/04/2013 el señor Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, Pasaporte 500694358 remite escrito mediante fax, donde nuevamente solicita la devolución del vehículo de su propiedad decomisado en vista de un supuesto error de conocimiento al momento de pasar la frontera norte de Costa Rica, según se indica en resumen la versión de lo que le pasó en su viaje desde el Estado de Washington hasta Costa Rica: Que tuvo problemas con supuestos cobros ilegales en los países de México Guatemala y Nicaragua. Que en la frontera sur de Nicaragua un hombre le estaba vendiendo un permiso por $200 y el le dijo que no, luego de sellar la salida se dirigió a Migración de Costa Rica donde una mujer de esa oficina le informó que luego de sellar en Costa Rica ya había terminado todo que fuera a fumigación y que luego fuera al portón. Cuando llegó al portón estaba un guarda que estaba hablando con el hombre que pretendía venderle un permiso por $200. Cuando llegó al portón el policía le dijo que le faltaba un documento, le dio $20, el abrió el portón y el se encargaría del papeleo eso fue lo que le entendió, no me dijo que lo esperara porque me tenía que traer una calcomanía para el parabrisas, luego el se fue y comenzó a hablar por teléfono, cuando salía el portón estaba levantado y el guarda estaba hablando con el hombre que pretendía venderme un permiso. Yo pensé que ya ellos se iban a cansar de pedirme plata y pasé directo. Más adelante en el camino había un bloqueo y mi carro fue rodeado por la policía de La Cruz. Yo pensé que me devolverían mi carro porque sólo me faltaba una calcomanía de seguro y lo más una multa no que tendría que pagar impuestos, no que le quitaran el carro y que tenga que pagar impuestos cuando no tiene plata para sacar el carro del almacén ni para pagar la tarifa por almacenamiento. Fue un error honesto, nunca fue mi intención.

H. Siendo rechazada dicha petición conforme a la resolución RES-APB-DN-109-2013 de fecha 07/03/2013, que fue notificada a la parte a fecha 14/05/2013 (Folios 048-056), bajo el expediente DN-APB-062-2013. Expediente que fue archivado conforme a la resolución RES-APB-DN-140-2013 de fecha 12/06/2013, por estar en firme al no haber sido impugnada la resolución RES-APB-DN-109-2013 (Folio 062).

I. Siendo que al día de hoy no consta escrito de impugnación en contra de dicha resolución.

J. Que esta administración considera necesario el proceder a través de un eventual procedimiento ordinario, el determinar la existencia de posible incumplimiento de las formalidades legales de importación, en contra del señor Lonny Michael Smith, y de la procedencia de efectuar el cobro de la obligación tributaria aduanera al que estaría eventualmente afecto las mercancías decomisadas.

K. Que en el presente procedimiento se han observados las prescripciones de ley.

Considerando:

II.—Que a fecha 12/03/2013, los funcionarios de la Policía Fiscal proceden a levantar Acta de Inspección Ocular N° 0509-2013 en el lugar La Cruz del puesto policial un 5 Kilómetros camino a Peñas Blancas respecto a la presunta irregularidad detectada en el proceso de revisión del vehículo matrícula estadunidense número AGE9015, marca Mitsubishi, estilo Camioneta, modelo Montero Sport, año 2002, color gris, VIN JA4MT31R02J065784. Dicha acción obedece a una llamada de alerta del Jefe de seguridad de la Aduana de Peñas Blancas donde informó de un vehículo que evadió el control aduanero al no haber tramitado los permisos correspondientes para el debido rodaje del vehículo en territorio nacional. Sobre lo cual los oficiales solicitaron información al propietario identificado como Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, Pasaporte 500694358 incluyendo documentación de respaldo e ingreso lícito al país, para los efectos se le facilitó un traductor el oficial Adrián Quesada, quien le comunicó el porqué de la diligencia y los requerimientos de la misma, donde se determina que este vehículo no tenía ninguna documentación que respaldara el ingreso lícito a territorio nacional. En vista de dicha irregularidad la Policía de Control Fiscal procedió al decomiso respectivo para someter dichas mercancías a control aduanero, conforme al Acta de Decomiso N° 00509-2013, mercancía que se encuentra registrado en el sistema informático TICA del Depósito Aduanero Peñas Blancas código A235, bajo el número de inventario número 6628-2013. Realizando el traslado del caso a esta aduana a fecha 14/03/2013 según expediente e informe: PCD-DO-DPC-PB-025-2013 (ver Folios 01-015).

III.—Que de conformidad con los artículos 68, 79, y 109 toda mercancía bajo control aduanero que ingrese o salga del país deberá de declarar un régimen aduanero, entendiendo como tal la destinación de la mercancía. Para lo cual las personas, sus mercancías deberán de presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional. Asimismo las mercancías que no hayan cumplido las formalidades legales de importación o internación ni los derechos transmitidos sobre ellas, quedarán afectas al cumplimiento de la obligación tributaria aduanera y demás cargos. Sobre este eventual cobro el Estado tiene derecho de prelación. La parte debía de haber presentado sus mercancías a la autoridad aduanera, situación que no se dio la parte no realizó una declaración aduanera sobre éstas para que el funcionario designado en equipaje pudiera revisar dicha mercancía y determinar si procedía o no otorgar dicho beneficio, ya sea declarar un régimen de importación definitiva o temporal u otro, según señala el artículo 110 de la Ley general de Aduanas). Ni tampoco presentó para ser sometida a control aduanero la mercancía decomisada. Como prueba de esto se solicitó al Departamento Técnico que informar si lo decomsiado fue sometido a régimen aduanero al momento de su decomiso: 12/03/2013 siendo que este Departamento nos informa que no ha sucedido que esta mercancía no tiene registros de dicha declaratoria, según oficio APB-DT-187-2013 (Folio 035).

IV.—Que conforme al análisis anterior se determina que la mercancía objeto de decomiso, estaba dentro del país sin haber realizado formalidades de internamiento o importación como declarar un régimen aduanero, estando sujeta al pago de la obligación tributaria aduanera, ya que con las mercancías se responde directa y preferentemente al fisco por los tributos, las multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos (artículo 71 Ley General de Aduanas).

V.—En razón de lo expuesto, y en atención a la evidente violación de la normativa aduanera, concluye esta Administración que la mercancía de marras no se puede devolver para su reexportación o internamiento, en tanto no se cumpla con las obligaciones tributarias de rigor, exigiendo nuestra legislación para alcanzar tal fin el Procedimiento Ordinario, el cual promete amplias garantías procesales, para presentar pruebas en abono de su defensa y alegatos pertinentes.

VI.—Siendo necesario la apertura de un procedimiento ordinario tendiente al cobro de la obligación tributaria aduanera en contra su legítimo propietario, ya que con las mercancías se responde directa y preferentemente al fisco por los tributos, las multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos ( artículo 71 Ley General de Aduanas) a efectos de determinar la verdad real de los hechos que se presumen en relación al supuesto incumplimiento de las formalidades de importación al no haberlas sometidas a control aduanero para la declaratoria de un régimen aduanero (importación definitiva, tránsito aduanero, etc, artículo 109-110 LGA).

VII.—Sobre este eventual cobro el Estado tiene derecho de prelación. Estando establecida dicha obligación y derecho de cobro de la obligación tributaria aduanera dentro de los artículo 68 y 109 de la Ley General de Aduanas. Por lo que dicho impedimento no es una excusa de la parte para no dar cumplimiento a dichas formalidades de importación o internamiento.

VIII.—Que de comprobarse que lo anterior, dicha mercancía estaría afecta al pago de la obligación tributaria aduanera por la suma de ¢2.293.775,69 más timbres de ley según clase tributaria 2369543, partida 87.03.24.70.23, valor importación ¢2.902.600 ($5.758,66), determinándose la procedencia de la apertura de un procedimiento ordinario tendiente al cobro de la obligación tributaria aduanera en contra su legítimo propietario, ya que con las mercancías se responde directa y preferentemente al fisco por los tributos, las multas y los demás cargos que causen y que no hayan sido cubiertos ( artículo 71 Ley General de Aduanas) a efectos de determinar la verdad real de los hechos que se presumen en relación al decomiso de dicha mercancía. Dicha suma se determinó conforme al criterio técnico emitido por el Departamento Técnico de esta aduana: APB-DT-187-2013, suma que se desglosa de la siguiente forma:

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I.—Iniciar procedimiento ordinario contra el señor Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, Pasaporte 500694358, en su calidad de legítimo propietario, tendiente a determinar: 1) La procedencia del cobro de la obligación tributaria ¢ 69.131,14 más timbres de ley (Procomer, Colegio Contadores, Archivo, etc) como impuestos dejados de percibir por el Estado, ya que se presume que el propietario de la mercancía decomisada mediante acta de decomiso 783-2012: vehículo Mitsubishi, estilo Montero Sport XLS, año 2002, Vin JA4MT31R02J065784, color Dorado, combustible Gasolina, tracción 4x4, transmisión Automática, carrocería Todo Terreno 4 puertas, Centímetros Cúbicos 3500cc, clase tributaria 2369543, con un valor de importación de ¢2.902.600, convertidos al tipo de cambio venta ¢504,04 de fecha decomiso 12/03/2013 se obtiene $5.758,66, clasificación arancelaria 87.03.24.70.23, no cumplió con las formalidades de importación al no haberlas sometidas a control aduanero para la declaratoria de un régimen aduanero Siendo que de comprobarse el anterior presupuesto, existiría un adeudo a favor del Fisco, por la suma de ¢2.293.775,69 (dos millones doscientos noventa yt res mil setecientos setenta y cinco colones con 69/100) más timbres de ley suma que en el cuadro siguiente se desglosa.

Vehículo decomisado Mitsubishi valor importación 2.902.600 ($5.758,66), clase tributaria 2369543, partida 87.03.24.70.23, base legal Decreto N° 32458-H (La Gaceta Nº 131 del 07/07/2005)

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II.—Que de conformidad con el artículo 196 de la Ley General de Aduanas se otorga un plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que se refiera a los hechos que se atribuyen en esta y presente por escrito sus alegatos, ofrezca y presente en el mismo acto toda la prueba que estime pertinente ante esta aduana. Asimismo, deberá señalar lugar o medio para notificaciones, bajo apercibimiento de que en caso de omisión o si el lugar o medio señalado fuera impreciso o no existiere, las futuras notificaciones se tendrán por notificadas veinticuatro horas después de emitida. Se pone a su disposición el expediente administrativo DN-APB-175-2013 levantado al efecto, mismo que puede ser leído, consultado y fotocopiado en la Aduana de Peñas Blancas. Notifíquese al señor Lonny Michael Smith, de nacionalidad estadunidense, Pasaporte 500694358, por medio de una única publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por desconocerse su domicilio actual de conformidad con el artículo 194 inciso e) de la Ley General de Aduanas, en cuyo caso se tendrá por efectuada al quinto día hábil posterior a esa publicación, y Departamento Técnico.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

EDICTOS

La doctora Natalia Zeledón Muñoz número de cédula 111520513, vecina de San José en calidad de regente de la compañía Droguería Virbac de Costa Rica S. A., con domicilio en San José, solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Clostrisan P, fabricado por Laboratorio Santa Elena S.A. de Uruguay, con los siguientes principios activos: Cada dosis de 5 ml contiene: Clostridium perfringens tipo D, C. Clostridium novy tipo B, Clostridium chauvoei, Clostridium haemolyticum, Clostridium sordellii, Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica (Pasteurela haemolytica) y las siguientes indicaciones: Vacuna para la prevención de los clostridiosis y pasteurelosis en bovinos, caprinos y ovinos. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer ante esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, a las 7 horas del día 15 de enero del 2014.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe de Registro.—1 vez.—(IN2014021101).

La señora Alejandra Camacho Castro con número de cédula 4-145-612, vecina de Heredia en calidad de regente veterinario de la compañía Oficina Tramitadora de Registros DQSA Costa Rica S. A., con domicilio en San José, solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Amoxin 200, fabricado por Laboratorio Distrago Química Panamá S. A., de Panamá, con los siguientes principios activos: Cada 100 g contiene: Amoxicilina trihidratada 20 g y las siguientes indicaciones terapéuticas: Antibiótico de amplio espectro para tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer ante esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, a las 13 horas del día 21 de marzo del 2014.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe de Registro.—1 vez.—(IN2014021406).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo I, folio 54, título N° 327, emitido por el Liceo San Miguel, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Jiménez García Karol Marcela, cédula 1-1101-0902. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil catorce.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014019961).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 72, título N° 249, emitido por el Saint George High School, en el año dos mil doce, a nombre de Dehaney Henry Ryan Jerrick, cédula: 1-1615-0210. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014019992).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 3, título N° 6, emitido por el Liceo de Tarrazú, en el año mil novecientos ochenta y ocho, a nombre de Monge Cordero José Rafael, cédula: 1-0806-0844. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil catorce.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014020028).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 4, folio 22, título N° 1434, emitido por el Liceo San Miguel, en el año dos mil diez, a nombre de Salazar Sanabria Kimberly Pamela, cédula: 1-1433-0066. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—(IN2014020168).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 442, título N° 3606 y del Título de Técnico Medio en Electromecánica, inscrito en el tomo 2, folio 258, título N° 5388, extendido en el año dos mil once, ambos títulos fueron emitidos por el Colegio Técnico Profesional de San Sebastián, a nombre de Avilés Víctor Jefry Antonio. Se solicita la reposición del título indicado por deterioro del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa, Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—(IN2014020179).

Ante este departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 110, título N° 7535, emitido por el Colegio Técnico Vocacional Monseñor Sanabria, en el año dos mil once, a nombre de Elizondo Ramírez Didier Gerardo, cédula: 1-1536-0212. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, veinticinco de marzo del dos mil catorce.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014020184).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 20, título N° 870, emitido por el Colegio San Isidro de Heredia, en el año dos mil dos, a nombre de Villalobos Méndez Ivette Marcela, cédula: 4-0186-0127. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 31 de marzo del 2014.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014021026).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 475, título N° 3768, emitido por Colegio Técnico Profesional de San Sebastián, en el año dos mil doce, a nombre de Rojas Valdivia Katherine Paola, cédula 1-1579-0935. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 4 de noviembre del 2014.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014021596).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 218, asiento N° 1011, emitido por el Liceo Nocturno de Liberia, en el año dos mil once, a nombre de Morales Mondoy Maikel de Jesús, cédula: 5-0322-0048. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 25 de marzo del 2014.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2014021602).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

AVISOS

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comunica que la Cuenta Corriente 211674-7 MTSS-PRESTACIONES LEGALES, del Banco Nacional de Costa Rica, se cerrará dos días posteriores a esta publicación en acatamiento a la Circular 006-2014 del 12 de marzo del 2014, emitida por el Despacho del Señor Ministro de Trabajo Dr. Olman Segura Bonilla. Los depósitos de dineros de patronos -por concepto de prestaciones legales- a sus ex trabajadores deben realizarse en sede judicial de conformidad con la competencia que corresponda.—Dora Orozco Sánchez, Directora Financiera.—1 vez.—O. C. N° 3400021358.—Solicitud N° 12392.—C-10690.—(IN2014025151).

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se ha procedido a la inscripción de la organización social denominada: Cooperativa de Procicultores y Productores de Concentrados de Pérez Zeledón R.L., siglas: COOPEAVANZANDO JUNTOS R. L., constituida en asamblea celebrada el 3 octubre de 2013. Número de expediente código 1477-CO. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción y se envía un extracto para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Presidente	Martín Navarro Porras
Vicepresidenta	Mayela Vargas Ramírez
Secretario	Rodolfo Fallas Vargas
Vocal 1	Marcos Morales Vargas
Vocal 2	Nelson Acuña Badilla
Suplente 1	Leticia Ríos Garro
Suplente 2	Marvin Blanco Valverde
Gerente	Luis Guillén Fernández

01 de abril del 2014.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(IN2014021298).

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto la organización social denominada Asociación Nacional de Empleados Judiciales, siglas ANEJUD, acordada en asamblea celebrada el día 24 de noviembre del 2013. Expediente J-16. Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Trabajo y 349 de la Ley orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se procede a la inscripción correspondiente. La reforma ha sido inscrita en los libros de registro que al efecto lleva este Registro visible tomo 16, folio 177, asiento 4786 del 24 de febrero del 2014. La reforma afecta los artículos 8, 19 y 48 del estatuto.—San José, 24 de febrero del 2014.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(IN2014021302).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas de Ganado

Eladio Ramírez González, cédula de identidad 0102910807, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera Rio Zent Limitada, cédula jurídica 3-102-387335, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Limón, Matina, Carrandi, Palestina, de la escuela 1.5 kilómetros al oeste. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 11 de marzo del 2014. Según el expediente N° 2014-510.—Viviana Segura De la O, Registradora.—1 vez.—(IN2014019836).

Rafael Gamboa Orozco, cédula de identidad 0301360684, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Cutris, San Marcos, de la subasta ganadera 30 kilómetros al norte. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 25 de febrero del 2014. Según el expediente N° 2014-404.—San José, 12 de marzo del 2014.—Viviana Segura de la O, Registradora.—1 vez.—(IN2014020232).

Alvin Asdrubal Cordero Alvarado, cédula de identidad 0303530855, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Cartago, Cartago, Corralillo, La Guaria, frente a la pulpería La Primavera.. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 29 de octubre del 2013. Según el expediente N° 2013-1912.—San José, 11 de noviembre del 2013.—Viviana Segura de la O, Registradora.—1 vez.—(IN2014020244).

Miguel Ugalde Bello, cédula de identidad 0502340068, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Puntarenas, Guacimal, La Guaria, de la escuela de La Guaria, 2 km oeste. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 05 de noviembre del 2013, según el expediente Nº 2013-1953.—San José, 19 de noviembre del 2013.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2014020328).

Claudio González Hidalgo, cédula de identidad 0202480467, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera Vaylo Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-268248, solicita la inscripción de:

N 3

como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Cutris, San Josecito, 600 mts este de la escuela San Cristóbal. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 20 de enero del 2014. Solicitud N° 2014-99.—San José, 28 de marzo del 2014.—Viviana Segura De la O, Registradora.—1 vez.—(IN2014020373).

Rafael González González, cédula de identidad 0500820812, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Guanacaste, Santa Cruz, Barrio Limón, 300 metros al este del pozo de Acueductos y Alcantarillados. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 25 de febrero del 2014. Solicitud N° 2014-409.—San José, 12 de marzo del 2014.—Viviana Segura De la O, Registradora.—1 vez.—(IN2014020418).

José Gerardo Chavarría Ferraro, cédula de identidad 2-0338-0448, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Ganadera Jocha Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-192654, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado que usará preferentemente en Heredia, Belén, La Asunción, Bosques de Doña Rosa, al final de la calle Lola. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 4 de marzo del 2014, solicitud N° 2014-463.—San José, 25 de marzo del 2014.—Karol Claudel Palma, Registradora.—1 vez.—(IN2014020510).

Marco Vinicio Rodríguez Benavides, cédula de identidad 2-0504-0679, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, San Luis de Santa Tesalia, de la torre de radio, 200 metros al norte. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 11 de marzo del 2014. Solicitud N° 2014-513.—San José, 25 de marzo del 2014.—Karol Claudel Palma, Registradora.—1 vez.—(IN2014020532).

José Pablo Madrigal Otoya, cédula de identidad 0204520343, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Sarapiquí, San Miguel, del Ebais 70 metros al norte. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 5 de marzo del 2014. Solicitud N° 2014-470.—San José, 21 de marzo del 2014.—Viviana Segura De la O, Registradora.—1 vez.—(IN2014020556).

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

Con fundamento en el artículo 3, incisos a) y e) de la Ley de Creación del Registro Nacional, N° 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas, artículos 120, 140, 252 y 263 del Código de Comercio, Ley N° 3284 de 27 de mayo de 1964; artículos 1 y siguientes de la Ley No. 8454 denominada Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, del 13 de octubre de 2005; artículos 1, 4 y 5 de la Ley N° 8220, denominada Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, del 11 de marzo de 2002; artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo N° 35776-PLAN-G-J, Promoción del Modelo de Interoperabilidad en el Sector Público, de 1 de marzo de 2010.

Considerando:

I.—Que de conformidad con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Nº 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, se establecen por medio del artículo 84 bis, sanciones por el incumplimiento al deber de llevar el registro de accionistas de las sociedades anónimas.

II.—Que el Código de Comercio, Nº 3284, del 24 de abril de 1964, en su artículo 140 establece que se considerará como socio al inscrito en el registro de accionistas. En tanto que el artículo 120 considera que la acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de socio.

III.—Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Nº 8220, en su artículo 4º establece que todo trámite o requisito, para ser exigido al administrado, deberá estar sujeto y fundamentado en la ley, debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta, junto con los instructivos, manuales y formularios correspondientes.

IV.—Que ante la incertidumbre que se genera en aquellos casos en que la sociedad carezca de un representante legal, en los supuestos que quien ostentaba el cargo hubiese presentado su renuncia conforme a lo estipulado en el Transitorio IV de la Ley 9024; o bien por el fallecimiento demostrado de la persona que ostentaba dicho cargo, se hace necesario establecer la reglamentación necesaria para el trámite de legalización o reposición de libros cuando la sociedad carezca de un representante legal que realice dicho proceso.

V.—Que en Sesión Ordinaria Nº 47-2013 -2013, celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil trece, la Junta Administrativa del Registro Nacional, mediante Acuerdo Firme Nº J570, en forma unánime y firme aprobó la inclusión del siguiente artículo al Reglamento del Registro Nacional para la Legalización de Libros de Sociedades Mercantiles. Por tanto,

Se ordena la inclusión del artículo 10 bis en el Reglamento del Registro Nacional para la Legalización de Libros de Sociedades Mercantiles.

Artículo 10 bisº—Legalización de libros, a falta de representante legal. En el supuesto que de la información que consta en el Registro se desprenda que la entidad jurídica carezca de representante legal, apoderado general o generalísimo inscrito, o bien cuando se demuestre que la persona que ostentaba la representación se encuentra fallecida, los socios personalmente o por medio de un representante podrán efectuar la solicitud de legalización de libros.

Dicho acto deberá efectuarse en escritura ante Notario Público, quien deberá dar fe, con vista en el Libro de Registro de Socios o de los respectivos títulos accionarios, que los comparecientes solicitantes de los libros en mención, son los únicos socios de la sociedad en cuestión.

Rige a partir de su publicación.

Ana Isabel Garita Vílchez, Presidenta.—1 vez.—O. C. Nº OC14-0003.—Sol. 11560.—C-Crédito.—(IN2014021047).

Patentes de invención

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

El señor Luis Esteban Hernández Brenes, cédula 4-155-803, mayor, abogado, vecino de San José, en calidad de Apoderado Especial de Joint Stock Company “Pharmasyntez, de Rusia, solicita la Patente de Invención denominada LOS COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE LA ADHESIÓN, LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS RELACIONADAS CON EL COMPUESTO Y LOS MÉTODOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRAMIENTO DE ADHERENCIAS. La invención se refiere al campo de la farmacia, la medicina clínica y experimental y la ciencia veterianaria. En particular se refiere a nuevos compuestos para el tratamiento y la prevención de adherencias, composiciones farmacéuticas que contienen estos compuestos y un método para el tratamiento y la prevención de la formación de adherencias. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: C08G 73/06; A61P 41/00; C07L 79/06; C07D 401/04; cuyos inventores son Shurygin, Mikhail Gennadievich, Shurygina, Irina Aleksandrovna. La solicitud correspondiente lleva el número 20130600, y fue presentada a las 12:49:00 del 15 de noviembre del 2013. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 27 de marzo del 2014.—Lic. Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2014020704).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La señora Alejandra Castro Bonilla, mayor de edad, Abogada, con cédula de identidad número: 1-0880-0194 vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Fabriciano Rivera Barquero, de Costa Rica, solicita la Patente de Invención denominada “SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA.” La presente se refiere a un proceso de generación de electricidad mediante la reutilización de las aguas de acueductos cerrados. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes de Invención es: F03B 17/06; H02K 7/00; cuyo inventor es Fabriciano Rivera Barquero. La solicitud correspondiente lleva el número 2014-0110, y fue presentada a las 10:21:56 del 4 de marzo del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 18 de marzo del dos mil catorce.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—O. C. Nº OC14-0019.—Solicitud Nº 11387.—C-Crédito.—(IN2014020937).

La señora Roxana Cordero Pereira, cédula N° 1-1161-0034, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de Stoller Enterprises, Inc., de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS.

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Una composición y método para mitigar la autofagia y/o apoptosis de plantas de células recientemente desarrolladas en plantas que crecen bajo condiciones de crecimiento ambientalmente estresantes, tal como alta temperatura. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A01N 33/00; A01N 33/06; A01N 43/713; cuyo(s) inventor(es) es(son) Stoller, Jerry, Liptay, Albert, Salzman, Ronald. La solicitud correspondiente lleva el número 20130558, y fue presentada a las 13:33:10 del 29 de octubre del 2013. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 20 de febrero del 2014.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—(IN2014021014).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Asociaciones civiles

avisos

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Iglesia Cristiana Verbo con domicilio en la provincia de San José, cuyos fines principales entre otros son los siguientes: dar a conocer la gracia de salvación proclamando el Evangelio del Reino a todos los necesitados para su restauración, tanto espiritual como material. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las demás limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Marco Tulio Castro Chinchilla. Al encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 2014 asiento: 25594.—Curridabat, 5 de marzo del dos mil catorce.—Lic. Luis Gustavo Alvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014021109).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción, la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-218195, denominación: Asociación Pro Academia Nacional de Medicina. Por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939, y sus reformas. Se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 33031.—Dado en el Registro Nacional, a las diez horas seis minutos y veintiún segundos del veintiséis de febrero del dos mil catorce.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014021563).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación de Vecinos Villas Paseo del Río y Alrededores para el Cantón de Vázquez de Coronado AVPRA, con domicilio en la provincia de San José, cuyos fines principales entre otros son los siguientes; Ayudar a los asociados a impulsar proyectos variados que sean factibles a través del tiempo y que permitan a la población mejorar su nivel socio organizativo. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Luis Alberto Cascante Alvarado. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 2013, asiento: 317887, adicionales tomo: 2014 asientos: 14478-61834).—Curridabat, 7 de marzo del 2014.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez—(IN2014021796).

Dirección Nacional de Notariado

La Dirección Nacional de Notariado hace saber: que ante este Despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación para delegatario del ejercicio de la función pública estatal del notariado, por parte de Yorlene María González Ocampo, con cédula de identidad número 2-0455-0465, carné de abogada número 21245. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la solicitante, a efecto de que los comuniquen a esta Dirección dentro de los quince días hábiles siguientes a esta publicación. Expediente N° 14-000420-0624-NO.—San José, 27 de marzo del 2014.—Lic. Anaida Cambronero Anchía, Abogada de Unidad de Trámite Legal.—1 vez.—(IN2014021290).

AMBIENTE Y ENERGÍA

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

ÁREA DE CONSERVACIÓN TORTUGUERO

JUNTA DIRECTIVA CONSEJO REGIONAL

CONVOCATORIA PÚBLICA

Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el artículo 27 y siguientes de la Ley de Biodiversidad 7788, publicada en La Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998, en relación con la conformación del Consejo Regional, se invita a los representantes legales de organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunales, relacionadas con los recursos naturales y el ambiente, municipalidades e instituciones públicas, presentes en el territorio del Área de Conservación Tortuguero (ACTo), para que manifiesten formalmente por escrito el interés de participar en el Consejo Regional del ACTo. El Área de Conservación está territorialmente conformada por los cantones de Pococí y Guácimo de la provincia de Limón y el distrito Llanuras del Gaspar, del cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia. Las notas de interés se recibirán hasta el jueves 19 de junio del 2013, hasta las 16 horas, en la Dirección Regional del Área de Conservación Tortuguero, en Guápiles, Pococí, sita en Finca Diamantes, contiguo al puente sobre el Río Santa Clara, en las que debe indicarse el nombre de la persona acreditada para participar en la asamblea general, programada para el viernes 20 de junio, a las 08 horas (primera convocatoria) y a las 8:30 horas (segunda convocatoria) y que se llevará a cabo en la sala de reuniones de la citada Dirección Regional. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 2710-2929, extensión 114, al fax: 2710-7673, o por medio del correo electrónico: actoregional@sinac.go.cr.—David Chavarría Morales, Coordinador Administrativo.—1 vez.—O. C. Nº 12612.—Solicitud Nº 12614.—C-29850.—(IN2014025773).

DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Exp. 16197A.—FN Browning S. A., solicita concesión de: 0,06 litros por segundo del Río Colorado, efectuando la captación en finca de el mismo en Curubandé, Liberia, Guanacaste, para uso consumo humano-doméstico. Coordenadas 296.775/378.325 hoja Curubandé. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 11 de marzo de 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014019991).

Exp 11107A.—Eduardo Jiménez Murillo y Marvin, Miriam y Francisco Jiménez Fernández, solicita concesión de: 0,95 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Candelarita (Puriscal), Puriscal, San José, para uso consumo humano - doméstico y riego. Coordenadas 199.800 / 500.350 hoja Candelaria. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de marzo del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014019994).

Exp. 15628P.—Productos Esmeralda S. A., solicita concesión de: 2,9 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo RT-85 en finca de el mismo en Río Cuarto, Grecia, Alajuela, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 271.917/510.625 hoja Río Cuarto. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 4 de marzo del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020002).

Exp. 15941P.—Haciendas Pacífico Mar Azul Ltda., solicita concesión de: 0,14 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo CY-169 en finca de Haciendas Techos del Mundo Ltda. en Cóbano, Puntarenas, Puntarenas, para uso consumo humano-piscina. Coordenadas 181.010/410.155 hoja Cabuya. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 6 de setiembre del 2013.—Departamento de Información.— Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020006).

Exp. 15375P.—El Guapinol Reforesta Limitada, solicita concesión de: 1 litro por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo MT-415 en finca de el mismo en Hojancha, Guanacaste, para uso consumo humano. Coordenadas 221.113 / 379.370 hoja Matambu. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 4 de marzo de 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020010).

Exp. 16157P.—Aeroenergía S. A., solicita concesión de: 0,5 litros por segundo del pozo, efectuando la captación en finca de el mismo en Santa Rosa (Tilarán), Tilarán, Guanacaste, para uso consumo humano - doméstico. Coordenadas 276.245/430.567 hoja Arenal. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 11 de febrero del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020013).

Exp. N° 16167A.—José Carlos Rodríguez González, solicita concesión de: 0,05 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de el mismo, en San Pedro, Turrubares, San José, para uso agropecuario-abrevadero y consumo humano-doméstico. Coordenadas: 206.593 / 488.970, hoja Río Grande. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 17 de febrero del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020494).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Exp. N° 15975A.—German Ruiz Jiménez, solicita concesión de: 2,8 litros por segundo del Rio Coto Brus, efectuando la captación en finca de su propiedad en Potrero Grande, Buenos Aires, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 110.008/626.772 hoja Coto Brus. Quienes se consideren lesionados deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de setiembre de 2013.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014002628).

Exp. N° 16216A.—Hidroeléctrica Cuatro Bocas S. A., solicita concesión de: 2 litros por segundo del Rio Negro, efectuando la captación en finca de el mismo en Aguas Claras, Upala, Alajuela, para uso consumo humano usos propios de la construcción e higiene del personal. Coordenadas 315.800/403.700 hoja Upala. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 24 de marzo de 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020358).

Exp. N° 2210A.—Sucesorio Neftali Gómez Coto, solicita concesión de: 0,25 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Potrero Cerrado, Oreamuno, Cartago, para uso consumo humano-doméstico. Coordenadas 215.900/553.400 hoja Istaru. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de marzo del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020363).

Exp. N° 6752A.—Municipalidad de La Unión, solicita concesión de: 25 litros por segundo del nacimiento Naciente El Oro, efectuando la captación en finca de Mayalva S. A., en Llano Grande, Cartago, para uso consumo humano-doméstico. Coordenadas 214.576/542.476 hoja Istaru. 40 litros por segundo del nacimiento El Diamante, efectuando la captación en finca de Mayalva S. A., en Llano Grande, Cartago, para uso consumo humano-doméstico. Coordenadas 214.718/542.252 hoja Istaru. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 22 de enero de 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014020375).

Exp. N° 992-H.—Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S. A., solicita concesión de: 15200 litros por segundo del río Caño Negro, efectuando la captación en finca de Hidroeléctrica Cuatro Bocas S. A. en Aguas Claras, Upala, Alajuela para fuerza hidráulica a ser usada en generación hidroeléctrica para venta a terceros. Coordenadas 315.800/403.700 hoja Upala. Caída bruta (137 metros) y potencia teórica (27 800 kw). Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 3 de abril del 2014.—Departamento de Información—Douglas Alvarado Rojas. Coordinador.—(IN2014023011).

Exp. N° 16221-A.— Hidroeléctrica Cuatro Bocas S. A., solicita concesión de: 0,5 litros por segundo de la quebrada 1 y 2, efectuando la captación en finca de Blanca, Gilberth, Nidia, Nora y Víctor todos Valerio Marín en Aguas Claras, Upala, Alajuela, para uso consumo humano–usos propios de la construcción y servicios sanitarios. Coordenadas 317.321/405.899 hoja Upala. 1 litros por segundo de la quebrada casa de máquinas, efectuando la captación en finca de Blanca, Gilberth, Nidia, Nora y Víctor todos Valerio Marin en Aguas Claras, Upala, Alajuela, para uso consumo humano–usos propios de la construcción y servicios sanitarios. Coordenadas 317.740/405.952 hoja Upala. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 26 de marzo del 2014.—Departamento de Información—Douglas Alvarado Rojas. Coordinador.—(IN2014023013).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESOLUCIONES

Res. N° 1176-M-2014.—San José, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil catorce. Expediente N° 098-C-2014.

Diligencias de cancelación de credenciales de concejal municipal de distrito suplente del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, cantón Puntarenas, provincia Puntarenas, que ostenta la señora Denice Katiana Quesada Rojas c.c. Denixe Quesada Rojas.

Resultando

1º—Por oficio N° SM-86-2014, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 17 de febrero del 2014, la señora Kattya Montero Arce, Secretaria del Concejo Municipal de distrito de Lepanto, informó que ese órgano colegiado, en la sesión ordinaria N° 663-2014 -celebrada el 13 de febrero del 2014 conoció la renuncia de la señora Denice Katiana Quesada Rojas c. c. Denixe Quesada Rojas a su cargo de concejal municipal de distrito suplente en ese distrito (folio 1 y 2).

2º—En auto de las 12:10 horas del 25 de febrero del 2014, la Magistrada Instructora previno a la Secretaría del Concejo Municipal de distrito de Lepanto para que, en los términos de los artículos 255 y 257 del Código Electoral, enviara original o copia certificada de la renuncia de la señora Quesada Rojas y, además, indicara la dirección en donde puede ser notificada la señora concejal municipal de distrito suplente (folio 3).

3º—La secretaría del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, por oficio N° SM-98-2014, recibido en la Oficina Regional de estos organismos electorales en Jicaral el 26 de febrero de 2014, cumplió con lo prevenido según el resultando anterior (folios 5 al 9).

4º—En el procedimiento no se notan vicios o defectos que causen nulidad o indefensión.

Redacta la Magistrada Castro Dobles; y,

Considerando:

I.—Hechos probados. De interés para la resolución de este asunto se tienen, como debidamente demostrados, los siguientes: 1) que la señora Denice Katiana Quesada Rojas c.c. Denixe Quesada Rojas fue designada concejal municipal de distrito suplente del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto (ver resolución de este Tribunal Nº 4682-M-2013 de las 11:15 horas del 22 de octubre de 2013, folios 11 a 15); 2) que la señora Quesada Rojas fue propuesta, en su momento, por el partido Unidad Social Cristiana (folio 16 vuelto); 3) que la señora Denice Katiana Quesada Rojas renunció voluntariamente a su cargo y su dimisión fue conocida por el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto en la sesión ordinaria N° 663-2014, celebrada el 13 de febrero de 2014 (folios 1, 8 y 9); y, 4) que el candidato a concejal municipal suplente de ese distrito, propuesto por el partido Unidad Social Cristiana, que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para desempeñar ese cargo, es el señor Roberto Granados Mora c.c. Roberto Granados Granados, cédula N° 6-0127-0367 (folios 16 vuelto y 17).

II.—Sobre el fondo. Los concejos municipales de distrito se regulan, de forma especial, por la ley N° 8173 Ley General de Concejos Municipales de Distrito cuyo artículo 3 establece que toda la normativa referente a las municipalidades será aplicable a los concejos municipales de distrito y, por ende, a sus concejales, siempre que no haya incompatibilidad en cuanto a las atribuciones propias y exclusivas de esos órganos.

En igual sentido, el artículo 6 de la citada ley prescribe que los concejales de distrito -propietarios y suplentes- se regirán bajo las mismas condiciones y tendrán iguales deberes y atribuciones que los regidores municipales. De esa suerte, al contemplarse la renuncia como una causal de cancelación de credenciales para los ediles, resulta también aplicable a los concejales de distrito suplentes.

De otra parte, el artículo 253 del Código Electoral señala que el Tribunal Supremo de Elecciones acordará la cancelación o anulación de las credenciales de los funcionarios municipales de elección popular en los supuestos contemplados expresamente en la ley.

Por último, el artículo 208 del Código Electoral regula la sustitución de esos funcionarios ante circunstancias de fallecimiento, renuncia o incapacidad para ejercer el cargo, estipulando que se designará -por el resto del período- a quien, sin haber sido electo, siga en la misma lista.

En el caso concreto, al haberse acreditado que la señora Quesada Rojas dimitió voluntariamente a su cargo y que tal determinación fue conocida por el Concejo Municipal de distrito, lo procedente es, según las normas anteriormente mencionadas, sustituir el puesto vacante con el candidato que sigue en la lista de suplentes, que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para ejercer el cargo que, en este caso, es el señor Roberto Granados Mora c.c. Roberto Granados Granados, cédula n.° 6-0127-0367, quien deberá ser juramentado por el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto con la mayor brevedad. La presente designación lo será por el período que va desde su juramentación y hasta el 30 de abril de 2016. Por tanto,

Cancélese la credencial de concejal municipal de distrito suplente del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, cantón Puntarenas, provincia Puntarenas, que ostenta la señora Denice Katiana Quesada Rojas c.c. Denixe Quesada Rojas. En su lugar, se designa al señor Roberto Granados Mora c.c. Roberto Granados Granados, cédula N° 6-0127-0367. La presente designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese a la señora Quesada Rojas, al señor Granados Mora y al Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. Publíquese en el Diario Oficial.

Luis Antonio Sobrado González.—Eugenia María Zamora Chavarría.—Max Alberto Esquivel Faerron.—Marisol Castro Dobles.—Fernando del Castillo Riggioni.—1 vez.—O. C. N° 3400020562.—Sol. 11605.—C-crédito.—(IN2014021084).

Res. N° 1135-M-2014.—San José, a las ocho horas treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce. Expediente N° 115-C-2014.

Cancelación de credenciales del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, regidor propietario del Concejo Municipal de San Carlos, provincia Alajuela.

Resultando

1º—Por resolución N° 916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo del 2014, este Tribunal otorgó, entre otros, al señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja un plazo de tres días para que renunciara discrecionalmente a su cargo de regidor propietario de San Carlos o a su designación como diputado a la Asamblea Legislativa -para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018, por existir incompatibilidad constitucional entre ambos cargos (folios 1 y 2).

2º—El señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, en nota recibida vía fax el 11 de marzo de 2014, informa a este Tribunal que renuncia a su cargo de regidor propietario de San Carlos, a partir del 30 de abril de 2014, con el fin de asumir el puesto de diputado a la Asamblea Legislativa (folio 3).

3º—Por oficio n.° S.M.-0527-2014 del 19 de marzo de 2014, recibido en la Secretaría de este Tribunal del 20 de esos mismos mes y año, la señora Alejandra Bustamante Segura, secretaria del Concejo Municipal de San Carlos, puso en conocimiento el acuerdo de ese órgano colegiado local adoptado en el artículo 10, inciso 4 de la sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2014 en el que se conoció la renuncia del señor Araya Sibaja (folio 26).

4º—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Castro Dobles; y,

Considerando

I.—Cuestión previa. Al existir una incompatibilidad constitucional sobreviniente entre el cargo de regidor propietario de San Carlos que actualmente ostenta el señor Araya Sibaja y su designación como diputado a la Asamblea Legislativa para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 este Tribunal, en resolución N° 0916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo, lo previno para que, discrecionalmente, renunciara a alguno de esos puestos.

De esa suerte, al contar con una manifestación expresa del interesado donde decide acerca de cuál cargo desempeñar, según se lo solicitara esta Autoridad Electoral, lo procedente es conocer por el fondo su gestión.

II.—Hechos probados. Como tales y de relevancia para la resolución del presente asunto, se tienen los siguientes: a) que el señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja fue designado regidor propietario del cantón San Carlos, provincia Alajuela, según lo dispuesto por este Tribunal en resolución Nº 2094-E11-2010 de las 8:30 horas del 26 de marzo del 2010 (folios 5 a 16); b) que el señor Araya Sibaja fue postulado en su momento por el partido Coalición Alianza Sancarleña (folio 4); c) que el señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja renunció voluntariamente a su cargo de regidor propietario de la Municipalidad de San Carlos con una fecha de rige a partir del 30 de abril de 2014 (folio 3); d) que el candidato que sigue en la nómina de regidores propietarios del partido Coalición Alianza Sancarleña, que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para ejercer el cargo en el Concejo Municipal de San Carlos, es el señor Edgar Gamboa Araya, cédula de identidad N° 2-0405-0952 (folios 4, 17 y 18); e) que este Tribunal, por resolución n.° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo del 2014, declaró electo al señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja como diputado a la Asamblea Legislativa por el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 (folios 20 a 24); y, f) que el Concejo Municipal de San Carlos, en sesión celebrada el 17 de marzo de 2014, conoció de la renuncia del señor Araya Sibaja a su cargo de regidor propietario (folio 26).

III.—Hechos no probados. No existe ninguno relevante para efectos del dictado de la presente resolución.

IV.—Sobre la renuncia presentada. El artículo 171 de la Constitución Política dispone que los Regidores Municipales “desempeñan sus cargos obligatoriamente”, obligatoriedad que debe entenderse referida al debido cumplimiento de las responsabilidades propias del cargo mientras se ostente la investidura, pero no a la imposibilidad de renunciar a él cuando circunstancias personales o de otro orden así lo indiquen. La renuncia a cualquier cargo público, incluyendo los de elección popular, es inherente a la libertad como valor constitucional de que gozan todas las personas, pues constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que la renuncia formulada por un regidor, en los términos establecidos en el inciso c) del artículo 24 del Código Municipal, constituye causal para la cancelación de la credencial que, en ese carácter, ostenta.

De no aceptarse la posibilidad de la renuncia pura y simple se atentaría contra un derecho fundamental: la libertad, previsto no sólo en la Constitución Política sino también en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que es parte el Estado Costarricense, siendo una de sus manifestaciones el poder optar por mantenerse o no en determinado cargo. Igualmente, en caso de no accederse a la posibilidad de una renuncia voluntaria, se induciría al regidor a incurrir en una causal sancionatoria, como podría ser el abandono de sesiones, con evidente lesión a los intereses de la Corporación Municipal.

Por ello, al haberse acreditado que el señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, en su condición de regidor propietario de la Municipalidad de San Carlos, renunció voluntariamente a su cargo, lo procedente es cancelar su credencial y llenar la vacante conforme corresponda.

III.—Sustitución del señor Araya Sibaja. Al cancelarse la credencial del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja se produce una vacante, de entre los regidores propietarios del citado concejo municipal, que es necesario suplir según las reglas que determinaron la elección. El artículo 208, párrafo segundo del Código Electoral regula la sustitución de diputados, regidores o concejales de distrito ante circunstancias de fallecimiento, renuncia o incapacidad de éstos para ejercer el cargo y establece que el Tribunal Supremo de Elecciones “dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el resto del período constitucional, a quien en la misma lista obtuvo más votos o a quien siga en la misma lista, según corresponda”. En consecuencia este Tribunal sustituirá, a los regidores propietarios que deban cesar en sus funciones, con los candidatos de la misma naturaleza que sigan en la lista del partido político del funcionario cesante, que no hayan resultado electos ni hayan sido designados para desempeñar el cargo.

Así las cosas, al haberse acreditado que el candidato que sigue en la nómina del partido Coalición Alianza Sancarleña, que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para desempeñar el cargo, es el señor Edgar Gamboa Araya, cédula de identidad N° 2-0405-0952, se le designa como regidor propietario en la Municipalidad de San Carlos. La presente designación lo será por el período que va del 30 de abril de 2014 hasta el treinta de abril de dos mil dieciséis. Por tanto

Cancélese, a partir del 30 de abril de 2014, la credencial de regidor propietario de la Municipalidad de San Carlos, provincia Alajuela, que ostenta el señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja. En su lugar, se designa al señor Edgar Gamboa Araya, cédula de identidad n.° 2-0405-0952. La presente designación rige a partir del 30 de abril de 2014 y hasta el treinta de abril de dos mil dieciséis. Los Magistrados Sobrado González y del Castillo Riggioni ponen nota. Notifíquese a los señores Araya Sibaja, Gamboa Araya y al Concejo Municipal de San Carlos. Publíquese en el Diario Oficial.

Luis Antonio Sobrado González

Eugenia María Zamora Chavarría Max Alberto Esquivel Faerron

Marisol Castro Dobles Fernando del Castillo Riggioni

NOTA SEPARADA DE LOS MAGISTRADOS

SOBRADO GONZÁLEZ Y DEL CASTILLO RIGGIONI

Los suscritos Magistrados Sobrado González y Del Castillo Riggioni hemos indicado en innumerables ocasiones que, en nuestro criterio, el Código Municipal solo autoriza a cancelar las credenciales del regidor que renuncia a su cargo cuando tal renuncia se base en motivos excepcionales que razonablemente eximan al interesado o interesada del cumplimiento de su deber constitucional, previamente valorados por el respectivo concejo municipal. Únicamente de esa manera es posible conciliar la obligatoriedad del cargo, impuesta constitucionalmente (artículo 171), con el principio de que nadie está obligado a lo imposible.

El caso del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja se considera una de las excepciones que justifican ese proceder, dado que su renuncia lo es, según lo indica, por haber resultado electo como diputado a la Asamblea Legislativa para el período constitucional que va del 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2018. En efecto, según lo dispuso este Colegiado en resolución n.° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo de 2014, el señor Araya Sibaja ha sido designado para ocupar el referido cargo en el Poder Legislativo.

De esa suerte, y al existir una incompatibilidad para el desempeño simultáneo de ambos puestos (artículo 112 de la Constitución Política), cabe ordenar la cancelación de la credencial de regidor suplente que ostenta, por lo que concurrimos con nuestro voto a la adopción de la presente resolución.

Luis Antonio Sobrado González.—Fernando del Castillo Riggioni.—1 vez.—O. C. Nº 11608.—Solicitud Nº 3400020562.—C-Crédito.—(IN2014021086).

Res. N° 1130-M-2014.—San José, a las catorce horas treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil catorce. Expediente N° 122-DC-2014

Cancelación de credenciales del señor Jorge Rodríguez Araya, Alcalde de Paraíso, provincia Cartago.

Resultando

1º—Por resolución N° 916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo de 2014, este Tribunal otorgó, entre otros, al señor Jorge Rodríguez Araya un plazo de tres días para que renunciara –discrecionalmente– a su cargo de Alcalde de Paraíso o a su designación como diputado a la Asamblea Legislativa -para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018-, por existir incompatibilidad constitucional entre ambos cargos (folios 1 y 2).

2º—El Concejo Municipal de Paraíso, en el artículo 10 de la sesión N° 299, celebrada el 11 de marzo de 2014, conoció la renuncia del señor Rodríguez Araya a su cargo de Alcalde de ese cantón -con rige a partir del 30 de abril de 2014- (folio 18).

3º—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Del Castillo Riggioni; y,

Considerando

I.—Cuestión previa. Al existir una incompatibilidad constitucional sobreviniente entre el cargo de Alcalde de Paraíso que actualmente ostenta el señor Jorge Rodríguez Araya y su designación como diputado a la Asamblea Legislativa para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 este Tribunal, en resolución N° 0916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo, lo previno para que, discrecionalmente, renunciara a alguno de esos puestos.

De esa suerte, al contar con una manifestación expresa del interesado puesta en conocimiento del Concejo Municipal del citado cantón donde decide acerca de cuál cargo desempeñar, según lo solicitado esta Autoridad Electoral, lo procedente es conocer por el fondo la gestión.

II.—Hechos probados. De interés para la resolución de este asunto se tienen, como debidamente demostrados, los siguientes: 1) que el señor Jorge Rodríguez Araya fue electo Alcalde de la Municipalidad de Paraíso, provincia Cartago (ver resolución de este Tribunal N° 0021-E11-2011 de las 10:00 horas del 3 de enero de 2011, folios 3 a 6); 2) que el señor Rodríguez Araya fue postulado, en su momento, por el partido Unidad Social Cristiana (folios 4 vuelto y 7); 3) que el señor Rodríguez Araya renunció voluntariamente a su cargo de Alcalde de Paraíso con una fecha de rige a partir del 30 de abril de 2014 y que su dimisión fue conocida por el Concejo Municipal de ese cantón (folios 17 y 18); 4) que los señores María Marlene Acuña González cédula de identidad N° 3-0251-0774 y Fernando Antonio Chaves Rosas –cédula de identidad N° 3-0189-0520–, fueron electos como Vicealcaldesa primera y Vicealcalde segundo, respectivamente, de la Municipalidad de Paraíso (folios 3 a 7); y, 5) que este Tribunal, por resolución n.° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo de 2014, declaró electo al señor Jorge Rodríguez Araya como diputado a la Asamblea Legislativa para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 (folios 8 a 12).

III.—Sobre la renuncia presentada. El Código Electoral señala que corresponde a este Tribunal acordar la cancelación de credenciales de los funcionarios públicos de elección popular en los supuestos expresamente previstos por la ley (artículo 253). De igual manera, el Código Municipal precisa que este Colegiado es el órgano constitucional competente para, entre otras, cancelar o declarar la nulidad de las credenciales conferidas al alcalde municipal (artículo 25 b.).

Ahora bien, el numeral 18 inciso f) del citado Código Municipal establece que será causal para la pérdida de credencial de alcalde municipal el “Renunciar voluntariamente a su puesto”. De esa suerte, ante la dimisión presentada por el señor Jorge Rodríguez Araya a su cargo de Alcalde de la Municipalidad de Paraíso, provincia Cartago, lo procedente es cancelar su credencial a partir del 30 de abril de 2014 (fecha en la que el funcionario público expresamente desea separarse de su puesto y para la cual aún no se da la superposición de cargos constitucionalmente incompatibles), como en efecto se dispone.

IV.—Sustitución del señor Rodríguez Araya. Al cancelarse la credencial del alcalde municipal se produce una vacante que es necesario suplir de acuerdo con las reglas que determinan la respectiva elección, sea designando a quien ocupe la vicealcaldía primera del cantón. Por ello, al tenerse por acreditado que la señora María Marlene Acuña González, cédula de identidad N° 3-0251-0774, es quien se desempeña en ese puesto, corresponde nombrarla como Alcaldesa de la Municipalidad de Paraíso a partir del 30 de abril de 2014 y hasta el 30 de abril de 2016, fecha en que culmina el presente período legal.

IV.—Sustitución de la señora Acuña González. Al designarse a la señora María Marlene Acuña González como Alcaldesa de Paraíso, queda vacante la vicealcaldía primera del citado cantón, puesto que es necesario suplir según lo interpretara esta Magistratura Electoral en resolución N° 1293-M-2011 de las 13:15 horas del 3 de marzo de 2011.

En efecto, al ser el vicealcalde primero un funcionario permanente de la corporación municipal, con las funciones administrativas y operativas que le asigne el alcalde, debe sustituirse con quien ocupe el puesto de vicealcalde segundo si sobreviene una ausencia definitiva del primero, como ocurre en este caso.

De este modo, al tenerse por acreditado que el vicealcalde segundo de la Municipalidad de Paraíso es el señor Fernando Antonio Chaves Rosas, cédula de identidad N° 3-0189-0520, la vacante que deja la señora Acuña González como vicealcaldesa primera será ocupada por él. Esta designación lo será a partir del 30 de abril de 2014 y hasta el 30 de abril de 2016.

En cuanto a la vacante que deja el señor Chaves Rosas como Vicealcalde segundo, no procede designación alguna, pues la normativa vigente no contempla la sustitución de ese cargo. Por tanto,

Se cancela, a partir del 30 de abril de 2014, la credencial de Alcalde de la Municipalidad de Paraíso, provincia Cartago, que ostenta el señor Jorge Rodríguez Araya. En su lugar, se designa como Alcaldesa de esa municipalidad a la señora María Marlene Acuña González, cédula de identidad N° 3-00251-0774, a partir del 30 de abril de 2014 y hasta el 30 de abril de 2016. Se designa al señor Fernando Antonio Chaves Rosas, cédula de identidad N° 3-0189-0520, como Vicealcalde Primero de Paraíso por el período comprendido entre el 30 de abril de 2014 y el 30 de abril de 2016. Proceda el Concejo Municipal del citado cantón a realizar las juramentaciones correspondientes. Notifíquese a los señores Rodríguez Araya, Acuña González y Chaves Rosas, así como al Concejo Municipal de Paraíso. Publíquese en el Diario Oficial.

Luis Antonio Sobrado González.—Eugenia María Zamora Chavarría.—Max Alberto Esquivel Faerron.—Marisol Castro Dobles.—Fernando del Castillo Riggioni.—1 vez.—O. C. Nº 11609.—Solicitud Nº 3400020562.—C-Crédito.—(IN2014021091).

Res. N° 1132-M-2014.—San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiuno de marzo de dos mil catorce. Expediente N° 114-S-2014.

Cancelación de credenciales de la señora Paulina María Ramírez Portuguez, Vicealcaldesa primera de Cartago, provincia Cartago.

Resultando

1º—Por resolución N° 916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo del 2014, este Tribunal otorgó, entre otros, a la señora Paulina María Ramírez Portuguez un plazo de tres días para que renunciara discrecionalmente a su cargo de Vicealcaldesa primera de Cartago o a su designación como diputada a la Asamblea Legislativa para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018, por existir incompatibilidad constitucional entre ambos cargos (folios 1 y 2).

2º—La señora Paulina María Ramírez Portuguez, en oficio N° VAM-OF-007-2014 del 6 de marzo de 2014, cuya copia escaneada fue recibida –vía correo electrónico– en la Secretaría de este Tribunal el 11 de marzo de 2014, presenta ante el Alcalde de Cartago renuncia a su cargo de Vicealcaldesa de Cartago a partir del 27 de abril de 2014, con el fin de asumir el puesto de diputada a la Asamblea Legislativa (folios 4 y 5).

3º—Por nota del 12 marzo de 2014, la señora Guisella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal de Cartago, informó que ese órgano colegiado en el artículo 5° del acta n.° 288-14, de la sesión celebrada el 11 de marzo de 2014, conoció la renuncia de la señora Ramírez Portuguez a su cargo de Vicealcaldesa primera de ese cantón (folio 19).

4º—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Sobrado González; y,

Considerando

I.—Cuestión previa. Al existir una incompatibilidad constitucional sobreviniente entre el cargo de Vicealcaldesa primera de Cartago que actualmente ostenta la señora Ramírez Portuguez y su designación como diputada a la Asamblea Legislativa para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 este Tribunal, en resolución N° 0916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo, lo previno para que, discrecionalmente, renunciara a alguno de esos puestos.

De esa suerte, al contar con una manifestación expresa de la interesada donde decide acerca de cuál cargo desempeñar, según se lo solicitara esta Autoridad Electoral, lo procedente es conocer por el fondo su gestión.

II.—Hechos probados. De interés para la resolución de este asunto se tienen, como debidamente demostrados, los siguientes: 1) que la señora Paulina María Ramírez Portuguez fue electa Vicealcaldesa primera de la Municipalidad de Cartago, provincia Cartago (ver resolución de este Tribunal N° 0021-E11-2011 de las 10:00 horas del 3 de enero de 2011, folios 6 a 9); 2) que la señora Ramírez Portuguez fue postulada, en su momento, por el partido Liberación Nacional (folios 7 vuelto y 10); 3) que la señora Ramírez Portuguez renunció voluntariamente a su cargo con una fecha de rige a partir del 27 de abril de 2014 (folios 4 y 5); 4) que el Concejo Municipal de Cartago, en sesión ordinaria celebrada el 11 de marzo del 2014, conoció de la renuncia de la señora Ramírez Portuguez (folio 19); 5) que el señor Carlos Alberto Halabi Fauaz cédula de identidad N° 3-0194-1024 fue electo como vicealcalde segundo de la Municipalidad de Cartago (folios 6 a 10); y, 6) que este Tribunal, por resolución N° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo del 2014, declaró electa a la señora Paulina María Ramírez Portuguez como diputada a la Asamblea Legislativa para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 (folios 13 a 17).

III.—Hechos no probados.- No los hay de relevancia para efectos del dictado de la presente resolución.

IV.—Sobre el fondo.- El artículo 14 del Código Municipal regula lo concerniente a la figura de los vicealcaldes municipales en los siguientes términos:

“(…) Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un (a) vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

En los casos en que el o la vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y definitivas, el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución. (…)”.

Si bien los vicealcaldes son elegidos popularmente, la ley prevé expresamente la posibilidad de que puedan renunciar a sus cargos. Así se desprende de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 19 del Código Municipal que señala:

“Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncien (sic), el Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se realiza la elección, el presidente del concejo asumirá, como recargo, el puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones que le otorga este Código.” (el destacado no es del original)

En ese sentido, la renuncia formulada por un vicealcalde, en los términos establecidos en el artículo 257 del Código Electoral, constituye causal para la cancelación de la credencial que ostenta como funcionario municipal de elección popular. Esa norma dispone:

“No será necesario seguir el procedimiento administrativo, si la cancelación ha de declararse en virtud de renuncia del servidor, previamente conocida por el concejo municipal. En este caso, junto con la solicitud de cancelación de credenciales, el órgano municipal deberá enviar el original o copia certificada de la carta de renuncia y el Tribunal Supremo de Elecciones respectivo acuerdo del concejo municipal en que se pronuncia sobre esta.” (el destacado no es del original).

Sobre este particular, el Tribunal analizó la figura de los vicealcaldes municipales y la posibilidad que tienen de renunciar a sus cargos y su correspondiente sustitución. Así, en resolución n.° 1296-M-2011 de las 13:15 horas del 3 de marzo de 2011 indicó, en lo que resulta de interés, lo siguiente:

“En el evento de una ausencia definitiva del primer vicealcalde o vicealcaldesa, el segundo vicealcalde o vicealcaldesa, asumirá el cargo, sin que se prevea su sustitución.” (el resaltado no es del original).

En el presente caso, ante la renuncia planteada por la señora Paulina María Ramírez Portuguez, a su cargo de vicealcaldesa primera de la Municipalidad de Cartago, lo procedente es -de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 inciso b) del Código Municipal y 257 del Código Electoral- cancelar la credencial que en ese carácter ostenta y llenar la vacante, como en efecto se ordena.

Al tenerse por acreditado que el Vicealcalde segundo de esa municipalidad es el señor Carlos Alberto Halabi Fauaz, la vacante que deja la señora Ramírez Portuguez-vicealcaldía primera- debe ser ocupada por él.

En cuanto a la vacante que deja el señor Halabi como vicealcalde segundo, no procede realizar designación alguna pues la normativa vigente no contempla la sustitución de ese cargo.

La presente designación rige a partir del 27 de abril de 2014 y hasta el 30 de abril del 2016. Por tanto

Se cancela, a partir del 27 de abril de 2014, la credencial de Vicealcaldesa primera de la Municipalidad de Cartago, provincia Cartago, que ostenta la señora Paulina María Ramírez Portuguez. En su lugar, se designa como Vicealcalde primero de esa municipalidad al señor Carlos Alberto Halabi Fauaz, cédula de identidad n.° 3-0194-1024, a partir del 27 de abril de 2014 y hasta el 30 de abril de 2016. Proceda el Concejo Municipal del citado cantón a realizar la juramentación correspondiente. Notifíquese a los señores Ramírez Portuguez y Halabi Fauaz, así como al Concejo Municipal de Cartago. Publíquese en el Diario Oficial.

Luis Antonio Sobrado González.—Eugenia María Zamora Chavarría.—Max Alberto Esquivel Faerron.—Marisol Castro Dobles.—Fernando del Castillo Riggioni.—1 vez.—O. C. Nº 3400020562.—Solicitud Nº 11607.—C-Crédito.—(IN2014021098).

Res. N° 1165-M-2014.—San José, a las catorce horas treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil catorce. Expediente N° 123-S-2014.

Cancelación de credencial de Vicealcalde segundo de la Municipalidad de Grecia, provincia Alajuela, que ostenta el señor Michael Jake Arce Sancho.

Resultando

1º—En resolución n.° 916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo de 2014, este Tribunal otorgó, entre otros, al señor Michael Jake Arce Sancho un plazo de tres días para que renunciara –discrecionalmente– a su cargo de Vicealcalde segundo de Grecia o a su designación como diputado a la Asamblea Legislativa -para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018-, por existir incompatibilidad constitucional entre ambos cargos (folios 1 y 2).

2º—Por oficio n.° SEC-4412-2014 del 18 marzo de 2014, la señora Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del Concejo Municipal de Grecia, informó que ese órgano colegiado en el artículo III, inciso 11 del acta N° 305, de la sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2014 conoció la renuncia del señor Arce Sancho a su cargo de Vicealcalde segundo de ese cantón y, además, dispuso remitir a este Tribunal la citada dimisión (folios 3 a 5).

3º—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Sobrado González; y,

Considerando

I.—Cuestión previa. Al existir una incompatibilidad constitucional sobreviniente entre el cargo de Vicealcalde segundo de Grecia que actualmente ostenta el señor Arce Sancho y su designación como diputado a la Asamblea Legislativa para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 este Tribunal, en resolución N° 0916-M-2014 de las 12:00 horas del 6 de marzo, lo previno para que, discrecionalmente, renunciara a alguno de esos puestos.

De esa suerte, al contar con una manifestación expresa del interesado –puesta en conocimiento a través del Concejo Municipal del citado cantón– donde decide acerca de cuál cargo desempeñar, según se lo solicitara esta Autoridad Electoral, lo procedente es conocer por el fondo la gestión.

II.—Hechos probados. Como tales y de relevancia para la resolución del presente asunto se tienen los siguientes: a) que el señor Michael Jake Arce Sancho fue electo Vicealcalde segundo de la Municipalidad de Grecia, provincia Alajuela (ver resolución de este Tribunal N° 0020-E11-2011 de las 9:45 horas del 3 de enero de 2011, folios 6 a 10); b) que el señor Arce Sancho fue postulado, en su momento, por el partido Liberación Nacional (folios 8 y 11); c) que el señor Arce Sancho renunció voluntariamente a su cargo (folio 5); d) que el Concejo Municipal de Grecia, en sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo del 2014, conoció de la dimisión del señor Arce Sancho (folios 3 y 4); y, e) que este Tribunal, por resolución N° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo del 2014, declaró electo al señor Michael Jake Arce Sancho como diputado a la Asamblea Legislativa para el período constitucional comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018 (folios 12 a 16).

III.—Sobre el fondo: El artículo 14 del Código Municipal, regula lo concerniente a la figura de los vicealcaldes municipales, en los siguientes términos:

“Existirán dos vicealcaldes municipales: un (a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

Por su parte, el inciso f) del artículo 18 ibídem establece que la renuncia voluntaria a su puesto es causal automática para la pérdida de la credencial de los alcaldes municipales.

Asimismo, este Tribunal analizó la posibilidad que tienen los vicealcaldes municipales de renunciar a sus cargos y su correspondiente sustitución. Así, en resolución número 1296-M-2011 de las 13:15 horas del 3 de marzo de 2011, en lo que es de interés, se estableció cuanto sigue:

“En el evento de una ausencia definitiva del primer vicealcalde o vicealcaldesa, el segundo vicealcalde o vicealcaldesa, asumirá el cargo, sin que se prevea su sustitución.” (el resaltado no es del original).

En el presente caso, ante la renuncia formulada por el señor Arce Sancho a su cargo de Vicealcalde segundo de la Municipalidad de Grecia, lo procedente es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 inciso b) del Código Municipal y 257 del Código Electoral, cancelar la credencial que en ese carácter ostenta.

Es importante señalar que, en lo atinente a la vacante que deja el señor Arce Sancho -como Vicealcalde segundo-, no procede realizar designación alguna, dado que la normativa vigente no contempla la sustitución de ese cargo. Por tanto

Se cancela la credencial de Vicealcalde segundo de la Municipalidad de Grecia, provincia Alajuela, que ostenta el señor Michael Jake Arce Sancho. Notifíquese al señor Arce Sancho y al Concejo Municipal de Grecia. Publíquese en el Diario Oficial.

Res. N° 1138-M-2014.—San José, a las ocho horas cuarenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil catorce. Expediente N° 087-DC-2014.

Resultando

1º—Por oficio N° SM-63-2014 del 3 de febrero del 2014, recibido en la Secretaria de este Tribunal el 4 de esos mismos mes y año, la señora Kathya Montero Arce, Secretaria del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, puso en conocimiento de este Tribunal el acuerdo adoptado por ese órgano colegiado en la sesión ordinaria N° 659-2014 celebrada el 28 de enero del año en curso en el que se conoció la renuncia interpuesta por la señora Albertina Aleida Rosales Valencia a su cargo de concejal municipal suplente de ese distrito (folios 1 al 3).

2º—En auto de las 12:05 horas del 12 de febrero del 2014, el Magistrado Instructor solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto que remitiera original o fotocopia certificada de la carta de renuncia y, además, indicara la dirección en la que puede ser notificada la señora Rosales Valencia (folio 4).

3º—Por oficio N° SM-98-2014 del 26 de febrero del 2014, recibido en la Oficina Regional de estos organismos electorales en Jicaral ese mismo día, la Secretaría del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto cumplió con lo prevenido según el resultando anterior (folios 7 al 11).

4º—En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Del Castillo Riggioni; y,

Considerando

I.—Hechos probados. Como tales y de relevancia para la resolución del presente asunto se tienen, como debidamente acreditados, los siguientes: a) que la señora Albertina Aleida Rosales Valencia fue designada concejal municipal de distrito suplente del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, en resolución Nº 4682-M-2013 de las 11:15 horas del 22 de octubre del 2013, (folios 13 al 17); b) que la señora Rosales Valencia fue propuesta, en su momento, por el partido Movimiento Libertario (folio 18 vuelto); c) que la señora Rosales Valencia renunció voluntariamente a su cargo y su dimisión fue conocida por el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto en sesión ordinaria N° 659-2014, celebrada el 28 de enero del año en curso (folios 1, 10 y 11); y, d) que el candidato que sigue en la nómina de concejales municipales de distrito suplentes del partido Movimiento Libertario, que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para ejercer el cargo, es el señor Miguel Cruz Leitón, cédula de identidad N° 5-0264-0770 (folios 18 al 20).

II.—Hechos no probados. No existe ninguno relevante para efectos del dictado de la presente resolución.

III.—Sobre el fondo. Los concejos municipales de distrito se regulan, de forma especial, por la ley N° 8173 Ley General de Concejos Municipales de Distrito cuyo artículo 3 establece que toda la normativa referente a las municipalidades será aplicable a los concejos municipales de distrito y, por ende, a sus concejales, siempre que no haya incompatibilidad en cuanto a las atribuciones propias y exclusivas de esos órganos.

En el caso concreto, al haberse acreditado que la señora Albertina Aleida Rosales Valencia renunció voluntariamente a su cargo y que tal dimisión fue conocida por el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, lo procedente es, según las normas anteriormente relacionadas, sustituir el puesto vacante con el candidato que sigue en la lista de concejales municipales de distrito suplentes, que no resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para ejercer el cargo que, en este caso, es el señor Miguel Cruz Leitón, cédula de identidad N° 5-0264-0770, quien deberá ser juramentado por ese concejo municipal de distrito con la mayor brevedad. La presente designación lo será por el período que va desde su juramentación y hasta el 30 de abril de 2016. Por tanto

Se cancela la credencial de concejal municipal de distrito suplente del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto que ostenta la señora Albertina Aleida Rosales Valencia. En su lugar, se designa al señor Miguel Cruz Leitón, cédula de identidad n.° 5-0264-0770. Esta designación rige a partir de su juramentación y hasta el 30 de abril de 2016. Publíquese en el Diario Oficial. Notifíquese a la señora Rosales Valencia, al señor Cruz Leitón y al Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.

EDICTOS

Registro Civil - Departamento Civil

OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso incoadas por Gloria Marina Bermúdez Guadamuz, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 801-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de marzo del dos mil catorce. Exp. N° 2474-2013. Resultando 1º—..., 2º—..., 3º—... Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Sobre el fondo:..., Por tanto: rectifíquense el asiento de nacimiento de Alberto Manuel y Orlando, ambos de apellidos Acevedo Guadamuz... en el sentido que los apellidos de la madre... consecuentemente los apellidos de los mismos son “Bermúdez Guadamuz”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014021095).

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso incoadas por Meyling del Socorro Martínez no indica segundo apellido, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 408-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas trece minutos del siete de febrero de dos mil catorce. Exp. N° 48128-2013. Resultando: 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquense: el asiento de nacimiento de Mayleng Yurina Castro Martínez... en el sentido que el apellido de la madre... es “Martínez, no indica segundo apellido”; y los asientos de nacimiento de Ángel Estich Castro Martínez... y Andrew Marino Castro Martínez... en el sentido que el nombre y el apellido de la madre... son “Meyling del Socorro Martínez, no indica segundo apellido”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014021276).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Karla Janeth Jiménez Murillo, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 212-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas quince minutos del veinte de enero de dos mil catorce. Ocurso. Exp. N° 46648-2012. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Leo José Macrea Jiménez... en el sentido que el nombre de la madre del mismo es “Karla Janeth”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014021373).

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso incoadas por Deysis Yadira González Mondragón, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 157-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas veinte minutos del catorce de enero de dos mil catorce. Exp. N° 50111-2013. Resultando: 1º—..., 2º—.... Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Sobre el fondo:..., Por tanto, rectifíquese el asiento de nacimiento de Alison Dariela Pérez González... en el sentido que el nombre de la madre es... “Deysis Yadira”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014021844).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Michal Sacasa Arguedas, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 085-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas veinte minutos del ocho de enero del dos mil catorce. Exp. No. 44820-2013. Resultando: 1º—..., 2º—.... Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Sobre el fondo:..., Por tanto, rectifíquese el asiento de nacimiento de Michal Vinicio Sacasa Arguedas... en el sentido que el primer nombre de la persona ahí inscrita es “Michael”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014021847).

AVISOS

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de solicitud de naturalización

Paula Calderón Ortega, mayor, casada, empleada doméstica, nicaragüense, cédula de residencia 155807187017, vecina de San José, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp.130550-2014.—San José, veintiuno de febrero de dos mil catorce.—Lic. Ricardo Chavarría Barquero, Jefe.—1 vez.—(IN2014021232).

Florencio Antonio García Espinoza, mayor, casado, maestro de obras, nicaragüense, cédula de residencia N° 155811150603, vecino de Cartago, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp.1811-2013.—San José, primero de julio de dos mil trece.—Lic. Wagner Granados Chaves, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2014021390).

Erlean Joshua Rivas Betancourt, mayor, soltero, estudiante, nicaragüense, cédula de residencia 155804666824, vecino de San José, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp. 130888-2014.—San José, veintiuno de marzo de dos mil catorce.—Lic. Ricardo Chavarría Barquero, Jefe.—1 vez.—(IN2014021396).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ÁREA DE SALUD DE PÉREZ ZELEDÓN

I ADEMDUM AL PLAN DE ADQUISICIONES

DEL PERIODO 2014

En cumplimiento con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se informa que el I Ademdum al Programa Anual de Adquisiciones del año 2014 correspondiente al Área de Salud de Pérez Zeledón Unidad Programática 2760, se encuentra publicado en la página web de la CCSS, ver detalles en www.ccss.sa.cr.

San Isidro de Pérez Zeledón, 24 de abril del 2014.—Área de Gestión Bienes y Servicios.—Lic. Luis Solís Fonseca, Encargado.—1 vez.—Solicitud N° 12646.—C-8430.—(IN2014025781).

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

BANCO DE COSTA RICA

MODIFICACION AL PROGRAMA

DE ADQUISICIONES AÑO 2014

Fecha Fuente Monto

Descripción estimada financiamiento

Compra de hasta 901.000 I semestre BCR US$392.632,00

tarjetas plásticas Visa y

Master Card.

Oficina de Compras y Pagos.—Rodrigo Aguilar S., Supervisor.—1 vez.—O. C. N° 63816.—Solicitud N° 12686.—C-4640.—(IN2014025806).

AVISOS

BCR PENSIONES

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA

DE ADQUISICIONES AÑO 2014

Fecha Fuente Monto

Descripción estimada financiamiento aprox.

Contratación de servicios para el I semestre BCR-Pensiones ¢15.000.000,00

procesamiento de información

de riesgos de BCR Pensiones.

Oficina de Compras y Pagos.—Rodrigo Aguilar S., Supervisor.—1 vez.—O. C. N° 63816.—Solicitud N° 12684.—C-5420.—(IN2014025804).

LICITACIONES

CULTURA Y JUVENTUD

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000001-75800

Servicios de producción para las bandas de concierto

de la Dirección General de Bandas para el año 2014

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud avisa a todos los interesados en esta licitación, que se dictó el acto de adjudicación el día 23 de abril a las 9:59 horas.

El interesado tiene esta resolución de adjudicación a disposición en el Sistema CompraRed, en la dirección https://www.hacienda.go.cr/comprared de Internet a partir de esta notificación, o podrá obtenerla en la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, que se encuentra en la antigua Fanal, frente al Parque España.

Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta.

San José, 23 de abril del 2014.—Lic. Jorge Rodríguez Solera, Proveedor Institucional.—1 vez.—O. C. Nº 3400021856.—Solicitud Nº 12616.—C-14960.—(IN2014025655).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

LICITACION PÚBLICA

Adquisición de equipos de red para el Registro Nacional

El Departamento de Proveeduría del Registro Nacional comunica que se recibirán ofertas para la licitación de referencia hasta las 9 horas del 23 de mayo de 2014 a través del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas (MER-LINK).

Además se informa que todos los actos relacionados con esta contratación serán publicitados a través de dicho sistema y no del Diario Oficial La Gaceta.

Rodolfo Chacón Jiménez.—1 vez.—O. C. N° oc14-0003.—Solicitud N° 12336.—C-9160.—(IN2014025150).

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROVEEDURÍA INSITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000001-89300

Dotación de infraestructura tecnológica para el proyecto

centros comunitarios inteligentes del para el Ministerio
de Ciencia, Tecnología, y Telecomunicaciones

Se avisa a todos los posibles oferentes que está en comprared la Licitación Pública N° 2014LN-000001-89300 “Dotación de infraestructura tecnológica para el proyecto centros comunitarios inteligentes del para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, y Telecomunicaciones ” www.hacienda.go.cr/comprared

La apertura para esta licitación es el día 26 de mayo del 2014 a las 9 de la mañana.

MBA Fressy Corrales Esquivel, Proveedora Institucional.—1 vez.—O.C. N° 3400020340.—Solicitud N° 12228.—(IN2014023839).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS

DE SALUD CENTRAL NORTE

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000003-2299

Servicios profesionales en vigilancia y seguridad

para el Área de Salud Atenas

El plazo para recepción de ofertas será de 20 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presente publicación en el Diario Oficial La Gaceta. El cartel no tendrá costo y se encuentra disponible a partir del día hábil siguiente a esta publicación en la Unidad de Contratación Administrativa de esta Sede Regional, ubicada 200 metros norte de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia o en la siguiente dirección electrónica: http://www.ccss.sa.cr/licitaciones_detalle?up=2299&tipo=LA

Lic. Carlos Gómez Cruz, Unidad Regional de Contratación Administrativa.—1 vez.—Solicitud N° 12583.—(IN2014025667).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN PROVEEDURÍA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000014-PRI

Compra de motores y bombas sumergibles para agua potable

para las Regiones Periféricas del AyA

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica que se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del 23 de mayo del 2014, para contratar los servicios de la presente licitación.

Los documentos que conforman el cartel, pueden ser retirados en la Proveeduría del AyA sita en el Módulo C, piso 3 del edificio sede del AyA, ubicado en Pavas, previa cancelación de ¢500,00 o en el Web www.aya.go.cr, Link Proveeduría, Expediente Digital.

Lic. Iris Patricia Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. N° 5100002278.—Solicitud N° 12650.—C-13310.—(IN2014025695).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000009-01

Servicios profesionales de personas graduadas en carreras

de las Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social,

Orientación), para la ejecución de 28 talleres

sobre estilos de vida Saludables en el Marco

del Programa de Promoción Estudiantil

El Proceso de Adquisiciones de la Sede Central del Instituto Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 26 de mayo del 2014. Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones el cual es gratuito, en el Proceso de Adquisiciones, sita La Uruca, 2.5 kilómetros al oeste del Hospital México, o bien ver la página web del INA, dirección http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles.

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. N° 23220.—Solicitud N° 12659.—C-16590.—(IN2014025701).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

2014LN-000003-MMO

Tratamiento y disposición final de residuos sólidos

La Municipalidad de Montes de Oca, invita a todos los posibles oferentes de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, a presentar ofertas para brindar servicios en el cantón de Montes de Oca.

El cartel se pondrá a disposición de los interesados a partir del día siguiente de su publicación.

Para retirarlo se debe solicitar el original del cartel en el Departamento de Proveeduría, ubicado en la primera planta del Palacio Municipal, San Pedro de Montes de Oca, costado norte del Parque Kennedy, y sacar copia.

Corre por cuenta de los interesados las copias del documento.

La fecha para recepción de ofertas será 15 hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, a las 10:00 horas.

No se reciben ofertas que se presenten a las 10:01 horas según tiempo marcado por la Proveeduría Municipal.

28 de abril del 2014.—Lic. Víctor Hugo Portilla Madrigal MBA, Proveedor Municipal.—1 vez.—(IN2014025692).

ADJUDICACIONES

AMBIENTE Y ENERGÍA

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000001-00400

Concesión de servicios no esenciales

Parque Nacional Manuel Antonio

Informa:

A través de la Proveeduría Institucional que se encuentra adjudicado el trámite.

El interesado tiene la resolución de adjudicación a disposición en el Sistema Compra Red en forma gratuita, en la dirección https:www.hacienda.go.cr/comprared; a partir del siguiente día hábil de la presente publicación.

MBA. William Dalorzo Chinchilla, Proveedor Institucional a. í.—1 vez.—O. C. N° 12612.—Solicitud N° 12612.—C-11060.—(IN2014025758).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2014LN-000004-DCADM

Contratación de los servicios de entrega de tarjetas (débito

y crédito), venta y entrega de servicios asociados y

actualización de información de la Ley 8204 en

todo el país (consumo según demanda)

La División de Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal hace del conocimiento de los interesados en la Licitación Pública Nº 2014LN-000004-DCADM, que la Comisión de Licitaciones Públicas, mediante acta Nº 689-2014 del 24 de abril del 2014, resolvió adjudicar la presente licitación en los siguientes términos.

Consorcio CBP Business Process Outsourcing

(Conformado por las empresas: CBP Business Process Outsourcing S. A., cédula jurídica N° 3-101656361 y Excelsis Consultores S. A., cédula jurídica N° 3-101-392097. Istmo Center S. A., cédula jurídica N° 3-101-485529

Precios unitarios visibles a los folios 382, 394 y 469.

Esta necesidad se establece como de cuantía inestimable.

Garantía de cumplimiento: Cada adjudicatario dispondrá de cinco días hábiles contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación del concurso, para rendir cada uno la correspondiente garantía de cumplimiento por un monto de ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones con 00/100) y con una vigencia mínima de catorce meses.

San José, 28 de abril del 2014.—Lic. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa.—1 vez.—(IN2014025661).

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2014LN-000001-DCADM

Alquiler edificio para ubicar centro de procesamiento

nacional y servicio de soporte al negocio del Banco Popular

La División de Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal hace del conocimiento de los interesados en la Licitación Pública Nº 2014LN-000001-DCADM, que la Comisión de Licitaciones Públicas, mediante acta Nº 690-2014 del 24 de abril del 2014, resolvió adjudicar la presente licitación en los siguientes términos.

Nerovens Sauce S. A., cédula jurídica N° 3-101-502950

Área total ofertada: 1.200 metros cuadrados (folio 335). Precio mensual por metro cuadrado: $18,00 (folio 648).

San José, 28 de abril del 2014.—Lic. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa.—1 vez.—(IN2014025666).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

LICITACIÓN ABREVIADA MODALIDAD ENTREGA

SEGÚN DEMANDA N° 2014LA-000001-2208

Por pruebas e insumos para realizar pruebas especializadas

para el diagnóstico de enfermedad cardiopulmonar y

procalcitonina o presepsina en forma automatizada

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital San Vicente de Paúl, comunica a los proveedores participantes en la presente Licitación, su adjudicación a la Empresa:

Tecno Diagnóstica S. A.

Monto aproximado: $75.600,00 (Setenta y cinco mil seiscientos dólares exactos).

Heredia, 24 de abril del 2014.—MSc. Rosario Segura Esquivel, Directora Administrativa.—1 vez.—(IN2014025600).

DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-3110

Equipos de rayos X III fase

Se comunica que por resolución de la Junta Directiva en, artículo 1 sesión N° 8707, celebrada el 03 de abril de 2014, se adjudica: Ítem 1 y 4, a Multiservicios Electromédicos S. A., ¢292.310.724,20, ítem 2 y 3, a Siemens S. A., $2.320.272,00 Equipos y ¢254.224.194,27 Pre-Instalación. Ver detalle http://www.ccss.sa.cr transparencia/licitaciones/3110 Dirección Equipamiento Institucional.

San José, 23 de abril del 2014.—Subárea Gestión Administrativa y Logística.—Lic. Jorge Hidalgo Moraga.—1 vez.—(IN2014025654).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2012LN-000001-03

Contratación de servicios de capacitación y formación

profesional en el subsector idiomas por demanda,

cuantía inestimada para la Unidad Regional

Central Occidental

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en sesión Nº 4624, del día 21 de abril del 2014, artículo VI, tomó el siguiente acuerdo de conformidad con los criterios técnicos jurídicos, administrativos y la recomendación de la Comisión de Licitaciones:

Adjudicar la Licitación Pública N° 2012LN-000001-03, para la “Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas por demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Central Occidental”, de acuerdo a los estudios técnicos del núcleo sector comercio y servicios NSCS-2726-2012, NSCS-3290-2012, NSCS-421-2013 y NSCS-792-2013, el estudio legal es el ALCA-369-2012 y al informe de recomendación oficio URCOC-PS-J-0006-2014, bajo los siguientes términos:

• Adjudicar las líneas 3 y 4 a la oferta Nº 6, empresa Instituto de Servicios Educativos S. A., con los siguientes precios:

Empresa	Líneas	Programa	Módulo	Precio adjudicado (¢)
Instituto de Servicios Educativos S. A.	3	Inglés Conversacional para el Sector Comercial	Inglés Conversacional Introductorio para el Sector Comercial (CSID0002)	162.000.00
			Inglés Conversacional I para el Sector Comercial (CSID0003)	162.000.00
			Inglés Conversacional II para el Sector Comercial (CSID0004)	108.000.00
Instituto de Servicios Educativos S. A.	4	Ejecutivo Especializado en Inglés para Centros de Servicios	Inglés Básico (CSID0001)	150.000.00
			Inglés Intermedio I (CSID0051)	150.000.00
			Pronunciación Inglesa (CSID0052)	45.000.00
			Pronunciación Inglesa (CSID0053)	45.000.00
			Técnicas para Lectura en Inglés (CSID0054)	45.000.00
			Inglés Intermedio II (CSID0015)	127.500.00
			Comprensión de Lectura en Inglés (CSID0055)	45.000.00
			Expresión Escritura en Inglés (CSID0056)	56.250.00
			Inglés Avanzado (CSID0016)	76.500.00
			Atención Telefónica en Inglés (CSID0017)	36.000.00
			Inglés para Negocios (CSID0018)	36.000.00
			Diferencias Culturales en Inglés (CSID0057)	36.000.00
			Integración de Destrezas Comunicativas en Inglés para el Servicio al Cliente (CSID0058)	150.000.00
			Dominio Oral del Idioma Inglés (CSID0084)	127.500.00

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Proceso de Adquisiciones.—1 vez.—O. C. Nº 23220.—Solicitud Nº 12524.—C-40050.—(IN2014025665).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2013LN-000002-01

Contratación para la recolección, transporte, tratamiento

y disposición final de los residuos sólidos ordinarios

y de manejo especial (no tradicionales) generados

en el cantón central de Heredia

Mediante acuerdo del Concejo Municipal del cantón central de Heredia, tomado en sesión ordinaria N° 324-2014 del día jueves 24 de abril del 2014, se acuerda por unanimidad adjudicar al Consorcio Tecnoambiente-Rabsa-Lumar.

Heredia, 25 de abril de 2014.—Lic. Enio Vargas Arrieta.—1 vez.—O.C. N° 56416.—Solicitud N° 42230.—C-7660.— (IN2014025570).

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000002-01

Adquisición de un vehículo nuevo doble tracción

El Concejo Municipal de Talamanca mediante acuerdo municipal 01, en su sesión extraordinaria N° 116 del 22 de abril de 2014, una vez analizado y revisado el respectivo expediente de Contratación Administrativa por la Comisión de Contratación Administrativa, se acuerda adjudicar la Licitación Abreviada N° 2014LA-000002-01, denominada “Adquisición de un vehículo nuevo doble tracción” a la empresa Purdy Motor S. A., cédula jurídica N° 3-101-0057744-24 por un monto de $33.845,00 (treinta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco dólares). Acuerdo aprobado por unanimidad.

Bribrí, 24 de abril del 2014.—Melvin Cordero Cordero, Alcalde Municipal.—1 vez.—Solicitud N° 12645.—C-10900.—(IN2014025783).

FE DE ERRATAS

JUSTICIA Y PAZ

AGENCIA DE PROTECCIÓN

DE DATOS DE LOS HABITANTES (PROHAB)

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000001-00101

(Asunto: suspensión de apertura)

Compra de equipo y programas de cómputo para la Agencia

de Protección de Datos de los Habitantes (PROHAB)

A los oferentes interesados en la licitación citada anteriormente, se les comunica que la misma se suspenderá hasta nuevo aviso, con el fin de atender Recurso de Objeción presentado contra el cartel.

San José, 25 de abril del 2014.—Angie Darling Ordoñez Bogarín, Proveeduría Institucional.—1 vez.—O. C. Nº 3400020731.—Solicitud Nº 12606.—C-9980.—(IN2014025690).

BANCO DE COSTA RICA

OFICINA DE COMPRAS Y PAGOS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000014-01

(Modificación Nº 2)

Renovación, actualización y ampliación

del licenciamiento del sistema antimalware

El Banco de Costa Rica comunica a los interesados en participar en la licitación en referencia, que el cartel de la licitación en referencia ha sufrido las siguientes modificaciones al Anexo Nº 1:

1.2.3.1. Debe ser compatible con smartphones y tablets con:

1.2.3.1.1. Apple iOS 5.0 o superior

1.2.3.1.2. Windows Phone 7 and 8

1.2.3.1.3. Android 2.3 o superior

7.1 La capacitación debe ser impartida por un consultor del fabricante, debidamente certificado en la solución. Se deberá presentar el contenido de los módulos de dicha capacitación. Se debe incluir en la oferta, el número de parte del entrenamiento.

7.4. La capacitación debe contemplar todas las herramientas a adquirir por parte del Banco en esta contratación. Debe contemplar los siguientes módulos:

7.4.1. ePolicy Orchestrator and VirusScan Enterprise Administration, Consola de Administración, Software de Seguridad para Endpoints.

7.4.2. Host Intrusion Prevention System Administration, Software para Prevención de Intrusos.

7.8. Los funcionarios que asistirán a los cursos serán definidos por el Administrador del Contrato y comunicado con antelación al Contratista.

7.12. El curso debe respetar el programa brindado por el fabricante, contemplando al menos 32 horas efectivas.

7.19. El Contratista deberá brindar como parte de la misma, los exámenes de certificación necesarios para que el personal que asista a la capacitación realice la prueba y se certifique por el título que acredite el nivel técnico obtenido.

Eliminar el texto del punto 7.18 del Anexo 1:

7.18. Texto eliminado.

El resto de las condiciones se mantienen invariables.

San José, 28 de abril del 2014.—Área de Licitaciones.—Rodrigo Aguilar S.—1 vez.—O. C. N° 63816.—Solicitud N° 12672.—C-31770.—(IN2014025715).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN PROVEEDURÍA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2014LN-000001-PRI

(Circular Nº 2)

Contratación de servicios de limpieza para los edificios de la

sede central, Subgerencia gestión de Sistemas Periféricos,

Unidades Ejecutoras BCIE-KFW, Gestión Ambiental,

Urbanizaciones y Desarrollo de Proyectos Rurales,

Laboratorio Nacional de Aguas y Fondo

de Ahorro, Retiro y Garantía del AYA

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica a todos los interesados en participar en la Licitación arriba indicada, que a partir de la presente publicación podrán retirar, sin costo alguno, la Circular Nº 2, en la Dirección Proveeduría del AyA sita en el Módulo C, piso 3 del edificio sede del AyA, ubicado en Pavas o accesarla en el Web www.aya.go.cr, Link Proveeduría. Expediente.

Demás condiciones del cartel permanecen invariables.

Lic. Iris Patricia Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. N° 5100002278.—Solicitud N° 12648.—C-16950.—(IN2014025706).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Nº 2014LI–000001-PRI

(Circular Nº 1)

Etapa I, mejoras al acueducto de Nicoya, Guanacaste

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica a todos los interesados en participar en la Licitación arriba indicada, que se prorroga la fecha de apertura de ofertas para 28 de mayo del 2014 a las 10:00 horas.

Lic. Iris Patricia Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. N° 5100002278.—Solicitud N° 12652.—C-8530.—(IN2014025710).

REGLAMENTOS

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Secretaría Técnica del Órgano de Reglamentación Técnica.

La Secretaría Técnica del Órgano de Reglamentación Técnica informa, que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, somete a conocimiento de las instituciones y público en general, el siguiente proyecto de reglamento técnico:

“RTCR 468:2014. Metrología. Instrumentos Destinados a Medir la Concentración de Alcohol en Aire Exhalado”.

Para lo cual, se otorga un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, contados a partir del día siguiente de la publicación de este aviso, para presentar ante dicha Secretaría las observaciones con la respectiva justificación técnica, científica o legal.

El texto de este reglamento técnico, se encuentra en las oficinas de la Secretaría, localizado en Sabana Sur de la Contraloría General de la República, 400 metros al oeste, II piso; en horarios de 8 a.m. a 4 p.m. jornada continua. La versión digital está disponible en este sitio http://www.reglatec.go.cr/prNacionalPublica.htm o bien, la puede solicitar a la siguiente dirección electrónica: reglatec@meic.go.cr

Las observaciones podrán ser presentadas o entregadas a la dirección física o electrónica indicada anteriormente o al fax: 2291-2015.

Departamento de Reglamentación Técnica.—Orlando Muñoz Hernández, Jefe.—1 vez.—O. C. N° 1.— Sol. 11656.—C-crédito.—(IN2014020930).

AVISOS

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.

REGLAMENTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS

DE ADQUISICIÓN DE LA COMPAÑÍA NACIONAL

DE FUERZA Y LUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Aprobado por el Consejo de Administración, según artículo 2º, Inciso d), del acta de la Sesión 2352, celebrada el miércoles 26 de marzo del 2014.

CAPÍTULO I

SECCIÓN I

Disposiciones Generales

Artículo 1º—Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo regular la actividad de adquisición de bienes y servicios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Sociedad Anónima, en adelante CNFL.

SECCIÓN II

Cobertura, Principios y Jerarquía de las Fuentes

Artículo 2º—Cobertura. Regirá para las adquisiciones de bienes y servicios de la CNFL. Se exceptúa de la aplicación del presente reglamento, la prestación de servicios que realice la CNFL de su giro comercial, así como las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen en forma corporativa entre el Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, salvo que las empresas definan de mutuo acuerdo, la utilización del presente reglamento para su trámite.

Artículo 3º—Principios. La actividad de adquisición se regirá, entre otros, por los siguientes principios: eficiencia, eficacia, publicidad, libre competencia, igualdad, buena fe, neutralidad tecnológica, sostenibilidad ambiental, legalidad y seguridad jurídica.

Artículo 4º—Jerarquía de las Fuentes de Derecho. Las adquisiciones de la CNFL se regirán por los principios y Derecho Común, según el siguiente orden:

a) Constitución Política.

b) Instrumentos Internacionales ratificados por Costa Rica.

c) Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector Telecomunicaciones.

d) Código de Comercio.

e) Código Civil.

f) Reglamento para los procedimientos de Adquisición de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Sociedad Anónima.

g) Reglamento de la Comisión de Adquisiciones de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Sociedad Anónima.

h) Requerimientos técnicos, financieros y jurídicos de la adquisición.

i) El contrato u orden de compra.

SECCIÓN III

Requisitos previos

Artículo 5º—Capacidad para contratar. La CNFL tiene plena capacidad para realizar todo tipo de contratos de orden lícito, típico o atípico, con el propósito de adquirir, enajenar o arrendar bienes y servicios, constituir fideicomisos y en general, cualquier otro tipo contractual que resulte necesario para el debido cumplimiento de sus fines. La modalidad de contrato se establecerá en el requerimiento de adquisición.

Artículo 6º—Actualización Económica. Los montos establecidos en el presente reglamento serán actualizados cada año, según el Índice de Precios al Productor Industrial establecido por el Banco Central para el año anterior y será ajustado mediante resolución por la Proveeduría de la CNFL, en el mes de enero de cada año.

Artículo 7º—Alcance de la Proveeduría. La Proveeduría es el área competente para conducir los procedimientos de adquisiciones y reglamentar su organización y funcionalidad. Se exceptúa de lo anterior las adquisiciones efectuadas mediante tarjetas de compras institucionales, los Fondos de Trabajo y otros que por su índole son reguladas mediante normas dictadas por la Gerencia General de la CNFL.

Artículo 8º—Registro de Proveedores. Los proveedores registrados en el Sistema Electrónico de Compras Públicas “Mer-link” automáticamente formarán parte del Registro de Proveedores de la CNFL.

Durante el primer trimestre de cada año, la Proveeduría invitará a todos los interesados a formar parte del Registro de Proveedores, mediante la publicación en un diario de circulación nacional y/o en su sitio web y/o en cualquier otro medio digital de publicidad.

Las personas físicas o jurídicas interesadas, que cumplan con los requisitos solicitados, podrán así mismo solicitar su incorporación al Registro de Proveedores de la CNFL en cualquier momento.

Los interesados en inscribirse en el Registro de Proveedores de la CNFL deberán utilizar el formulario disponible para dicho fin en la página Web de la CNFL, o solicitar se le remita vía correo electrónico. Una vez lleno el formulario, se podrá entregar personalmente, vía Internet o por fax.

Una vez recibida la solicitud de los interesados para integrar el Registro de Proveedores, la Proveeduría, en un plazo máximo de dos días hábiles verificará el cumplimiento de los requisitos y en el caso de existir un incumplimiento o defecto, concederá un plazo máximo de tres días hábiles adicionales para que se subsane. Si la prevención no es atendida en tiempo y forma, la solicitud será rechazada, sin responsabilidad para la CNFL.

Cuando un proveedor esté interesado en participar en un determinado procedimiento de adquisición y no esté inscrito en el Registro de Proveedores, podrá presentar la información, siempre que cumpla con todos los requisitos que se le solicitan en el formulario. Podrá quedar inscrito en dicho registro por solicitud expresa del oferente y siempre que se cumpla lo establecido en el párrafo anterior.

En el momento de darse un cambio en su situación jurídica o de los bienes y servicios que ofrecen los proveedores inscritos, éstos estarán obligados a verificar y actualizar la información aportada al registro, para lo cual deben presentar los documentos que demuestren esa situación o realizar la actualización por el medio digital disponible.

Se podrá dar la exclusión legal de una persona física o jurídica del registro por los siguientes motivos:

a) Muerte o extinción.

b) Manifestación expresa del interesado.

c) Carencia de interés de la CNFL de continuar contratando determinado bien o servicio.

d) Inactivo por no actualización de atestados y referencias.

e) No actualización de la información en los términos que se establece en el presente reglamento.

Salvo cuando la exclusión se fundamente en la manifestación expresa del interesado, o en las causas señaladas en los incisos a), c), d) y e), anteriores, se dará audiencia al proveedor a fin de que ejercite las Garantías Constitucionales que le asisten entre ellas el debido proceso y el derecho de defensa. En el caso de proveedores extranjeros se les notificará en la dirección registrada.

SECCIÓN IV

Régimen de prohibiciones y acceso a la información

Artículo 9º—Prohibiciones. Queda prohibido a los empleados que tengan injerencia en un procedimiento de adquisición específico, participar directa o indirectamente en ese procedimiento. La misma prohibición rige para los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, de los empleados cubiertos por la prohibición, también aplica a las sociedades en que los empleados o parientes sean socios o directores.

Los miembros del Consejo de Administración de la CNFL, quedan cubiertos por esta prohibición.

Dicha prohibición puede ser levantada por la Proveeduría, a solicitud del interesado.

El régimen de prohibiciones establecido en el capítulo V de la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 será aplicable para los procedimientos de adquisición de la CNFL.

Artículo 10.—Sanciones. Las personas cubiertas por las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento que participen, directa o indirectamente en un procedimiento de adquisición o adquisición especial, incurrirán en falta grave, misma que será valorada de acuerdo al grado de mando, sin perjuicio de la responsabilidad laboral, civil o penal respectiva.

Cualquier otra irregularidad en que incurra el personal de la CNFL en un procedimiento de adquisición o adquisición especial, será sancionada conforme al régimen interno vigente.

Artículo 11.—Acceso a la Información. Los documentos calificados como confidenciales en el requerimiento de adquisición, y que formen parte del expediente del procedimiento de adquisición, podrán ser consultados solamente por el oferente respectivo.

Artículo 12.—Confidencialidad. Cuando así lo amerite el procedimiento de adquisición, el adjudicatario deberá suscribir con la CNFL un acuerdo de confidencialidad.

CAPÍTULO II

Procedimientos de Adquisición

SECCIÓN I

Tipos de adquisiciones

Artículo 13.—Por Concurso. Es el procedimiento que se aplicará para todas las adquisiciones de bienes y servicios superiores a ¢118.000.000,00 (ciento dieciocho millones de colones), las condiciones técnicas, ambientales, salud ocupacional, financieras y legales de la adquisición se indicarán en el requerimiento de adquisición respectivo, dependiendo de la naturaleza de la adquisición.

La invitación a participar en el concurso se hará mediante publicación por medio del sitio Web de la CNFL u otros medios que garanticen su publicidad, según conveniencia de la CNFL. No obstante, por razones de oportunidad, conveniencia o estrategia empresarial, la CNFL podrá realizar concursos por medio de invitación.

Las fechas máximas de adjudicación, que estén por vencerse, podrán ser prorrogadas por la Proveeduría, en caso de que proceda, para lo cual deberá mediar resolución motivada debidamente acreditada en el expediente respectivo. La justificación de la prórroga deberá efectuarse con base en circunstancias excepcionales, desconocidas al inicio de la contratación.

Artículo 14.—Por Escasa Cuantía. Es el procedimiento para todas las adquisiciones por montos iguales o menores a ¢118.000.000,00 (ciento dieciocho millones de colones), excepto las realizadas por medio del sistema de fondos de trabajo, tarjetas de compras institucionales u otras que por su índole son reguladas mediante normas dictadas por la Gerencia General.

En toda adquisición de escasa cuantía igual o menor a ¢23.602.972,00 (veintitrés millones seiscientos dos mil novecientos setenta y dos colones), se podrá tramitar con la invitación de un solo oferente. Las adquisiciones que superen ese monto y hasta el límite inferior del concurso, deberán invitar a un mínimo de tres oferentes, para lo cual se debe utilizar el registro de proveedores en primera instancia, o en su defecto se acudirá al mercado. Asimismo, la invitación podrá realizarse mediante publicación en la prensa escrita, sitio Web u otros medios electrónicos.

Artículo 15.—Por Excepción. Es el procedimiento para adquirir directamente cuando se razone debidamente las siguientes excepciones: oferente único, bienes o servicios artísticos o intelectuales, servicios financieros, servicios de capacitación dirigidos al público en general, atención urgente de acciones judiciales, bienes y servicios que requieran seguridad calificada, arrendamiento o compra de bienes únicos, servicios de arbitraje o conciliación, razones de urgencia, emergencia, oportunidad y conveniencia, suscripciones de revistas, semanarios o diarios de circulación nacional o internacional y compra de material bibliográfico, incluido el contenido en medios electrónicos, software o bases de datos especializadas, publicidad, combustible, reparaciones indeterminadas, interés manifiesto de colaborar con la CNFL, situaciones imprevisibles, bienes o servicios cuya tarifa es fijada mediante un arancel oficial, patrocinios, por razones de normalización para asegurar la compatibilidad de equipo, adquisición de bienes para prueba o ensayo y asesoría para las auditorías internas.

También se autorizará la adquisición directa con sujetos de derecho público o privado, nacional o internacional, las reguladas por instrumentos internacionales, adquisiciones en el extranjero, así como aquellas que obedezcan a circunstancias calificadas o estratégicas, negociaciones de corresponsalía internacional, negociaciones en valor agregado, en contenido e información, de interconexión y acceso, formas colaborativas y asociativas de cualquier naturaleza.

Artículo 16.—Por Remate. Es el procedimiento ordinario al que puede recurrir alternativamente la CNFL para vender o arrendar bienes muebles o inmuebles, cuando así resulte más conveniente a sus intereses con base en un avalúo administrativo previo.

El personal que presidirán los remates, así como el secretario y el pregonero que lo asiste, serán designados por la Gerencia General, según corresponda. El personal que presida tendrá la competencia para adjudicar el remate correspondiente y demás actuaciones según el requerimiento del remate. En los casos de remate electrónico, el personal que participen en el remate serán los encargados de monitorear el trámite durante el tiempo en que esté abierto el remate.

Artículo 17.—Concesión de Instalaciones Públicas. La CNFL mediante Concurso, podrá dar en concesión sus instalaciones a personas físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten en la prestación de un servicio complementario, a cambio de un precio que se determinará a través del concurso respectivo.

Si dentro de los requerimientos de adquisición se establecen aportes de la CNFL, los mismos deben ser considerados en el precio.

El concesionario tiene prohibido dañar o hacer uso distinto a los bienes concesionados, caso contrario se tendrá como una causal de resolución contractual y eventualmente se cobrarán daños y perjuicios.

La concesión de instalaciones otorga al concesionario únicamente el beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido. La concesión no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del indicado.

La CNFL podrá poner término a la concesión, cuando lo estime necesario a sus intereses. Lo hará mediante resolución motivada, previo aviso al concesionario, con al menos tres meses de anticipación a su vencimiento.

Artículo 18.—Procedimientos Sustitutos. Será competencia de la CNFL autorizar la aplicación de los procedimientos sustitutivos como una excepción a los procedimientos de adquisición, de conformidad con los principios constitucionales que rige la materia.

SECCIÓN II

Ampliaciones

Artículo 19.—Ampliaciones Contractuales. La CNFL antes o durante la ejecución de un contrato, podrá ampliar unilateralmente sus adquisiciones hasta un 200% del monto contratado. Se podrán realizar ampliaciones unilaterales posteriores a la ejecución contractual satisfactoria hasta por un 200% del monto contratado y durante un plazo de hasta 24 meses siempre y cuando se mantengan las condiciones esenciales del requerimiento de adquisición anterior.

SECCIÓN III

Aspectos económicos

Artículo 20.—El Precio. El precio ofertado se tendrá como firme y definitivo, incluyendo todo tipo de cargos de internamiento y tributos, sujeto a las condiciones establecidas en los requerimientos de adquisición y sin perjuicio de eventuales reajustes cuando exista desglose de precios. Se aceptarán ofertas con descuentos incorporados en sus propuestas originales.

Artículo 21.—Negociación de Precio. La CNFL podrá, después de la apertura de ofertas, convocar a los participantes interesados a mejorar su propuesta económica. El precio a considerar para efectos del sistema de evaluación y posible adjudicación, será el último precio que propongan los oferentes en dichas audiencias. Una vez que esté en firme la adjudicación, la CNFL podrá renegociar una disminución en el precio. En el caso de que la CNFL lo estime necesario podrá convocar rondas adicionales para recibir mejoras en la disminución en el precio, así como utilizar el mecanismo de subasta a la baja en los procedimientos que se estime apropiado.

Artículo 22.—Medio, Moneda y Forma de Pago. En el requerimiento de adquisición se establecerá el medio, la moneda y el plazo de pago. Asimismo, podrá fijarse un único anticipo que será pagado al inicio del contrato, cuyo monto podrá variarse cuando las causas lo ameritan, en cuyo caso el adjudicatario deberá aportar una garantía colateral, por el 100% del anticipo.

Artículo 23.—Cesión de los derechos de pago. El contratista podrá ceder los derechos de pago en cualquier momento y será eficaz con la notificación a la CNFL, sin detrimento de los montos que por concepto de multas y cláusulas penales o de oponer las excepciones de falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo pactado, que se deban resarcir con dicho pago. La sesión aquí establecida es solo para efectos de pago, el contratista es el único responsable de los deberes y derechos contractuales no siendo parte de esta relación, el cesionario, quien asume por cuenta propia el riesgo por el no pago de las obligaciones por parte de la CNFL por incumplimientos del contratista.

SECCIÓN IV

Garantías y retenciones

Artículo 24.—Garantías. En los concursos se podrá solicitar una garantía de participación y obligatoriamente una garantía de cumplimiento. En los procedimientos de escasa cuantía se podrán solicitar garantías tanto de participación como de cumplimiento.

Por la naturaleza del objeto y los riesgos asociados, se podrán establecer otros tipos de garantías.

El monto, el tipo, porcentaje y de demás condiciones de las garantías se establecerá en el requerimiento de adquisición.

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, podrán rendirse mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el país, o de uno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; certificados de depósito a plazo, bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional; dinero en efectivo mediante depósito a la orden de un Banco del mismo sistema, presentando la boleta respectiva o mediante depósito en la CNFL. Asimismo, podrán rendirse por medios electrónicos, en aquellos casos en que la entidad licitante expresamente lo autorice.

Las garantías también podrán ser extendidas por bancos internacionales de primer orden, según reconocimiento que haga el Banco Central de Costa Rica, cuando cuenten con un corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando sean emitidas conforme la legislación costarricense y sean ejecutables en caso de ser necesario.

Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna bolsa de valores legalmente reconocida. Se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados de depósito a plazo emitidas por los bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido a las garantías en el requerimiento de adquisición.

No se reconocerá intereses por las garantías mantenidas en depósito por la CNFL; sin embargo los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o su depositante.

Las garantías pueden rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación de la oferta o la suscripción del contrato, según corresponda. En este último caso el contratista está obligado a mantener actualizado el monto de la garantía, por las variaciones de tipo de cambio que le puedan afectar.

En caso de requerirse cualquier prórroga o renovación de estas garantías, las mismas deben ser presentadas a la Proveeduría al menos 1 día hábil antes de la fecha de expiración de las mismas. El incumplimiento de este plazo por parte del Contratista, facultará a la CNFL a ejecutar las garantías correspondientes, sin perjuicio posteriormente del debido proceso.

Artículo 25.—Retenciones. En el requerimiento de adquisición se podrán incorporar cláusulas de retención a las sumas devengadas para asegurar una correcta ejecución contractual, cuando ello resulte de interés para la CNFL.

SECCIÓN V

Multas y cláusula penal

Artículo 26.—Concepto. En los requerimientos de adquisición se podrán establecer el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato y cláusulas penales por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, aportando para ello el estudio de razonabilidad y proporcionalidad del porcentaje. En ambos casos, el cobro no podrá exceder del 25% del valor total del contrato.

En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para su cobro se considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones, caso contrario, se aplicaría sobre el total.

El cobro de las multas podrá hacerse con las sumas retenidas que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En caso de que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo, sin ser necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio, sin que ello sea excluyente para acudir a la vía judicial.

CAPÍTULO III

Requerimiento de adquisición

Artículo 27.—Concepto. El requerimiento de adquisición es el documento donde se establecen las condiciones generales, especiales y especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas y amplias que garanticen el nivel de aceptación a cumplir para las adquisiciones y remates.

Por causas extraordinarias, se podrá otorgar un plazo mínimo razonable para la presentación de las cotizaciones, el cual no podrá ser inferior a un día hábil.

Artículo 28.—Estudios Preliminares. Previo a la elaboración de los requerimientos de adquisición definitivos, se podrá recurrir al mercado respectivo para realizar los estudios pertinentes. La invitación para participar en el estudio preliminar, se realizará mediante publicación en la prensa escrita, sitio Web u otros medios.

Artículo 29.—Sistema de Evaluación. Para seleccionar la oferta que mejor satisface las necesidades del giro del negocio, se establecerá un sistema de evaluación que contemplará los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para comparar las ofertas en relación con cada factor. Se podrán incluir otros factores de calificación distintos al precio, siempre y cuando impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta que mejor satisfaga el interés empresarial. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la adquisición que se tramite.

En caso de empate en la calificación final la CNFL utilizará como primer criterio de desempate la de mejor precio de las ofertas empatadas y como segundo criterio la de mejor calificación técnica. En los casos de empate en donde el precio sea el único elemento a evaluar, se convocará a los oferentes que se encuentran empatados a efecto de escoger cada uno un sobre cerrado, dentro de los cuales uno tendrá la palabra “adjudicación”, y que resultará como adjudicataria del procedimiento de adquisición.

Artículo 30.—Compras Verdes. Se podrá establecer en el sistema de evaluación de ofertas y cuando la naturaleza de la adquisición lo amerite, hasta un 20% de puntuación a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios de gestión de residuos establecidos en el requerimiento de adquisición, cuya responsabilidad debe ser asumida por el proveedor.

CAPÍTULO IV

La Oferta

SECCIÓN I

Generalidades

Artículo 31.—Condiciones. Las condiciones de la oferta y su estudio se establecerán en el requerimiento de adquisición.

Artículo 32.—Subsanaciones. Todos los elementos que componen la oferta podrán ser subsanados cuando estén referenciados de forma completa en la oferta, salvo aquellos que por medio de la subsanación confieran una ventaja indebida.

CAPÍTULO V

Adjudicación

SECCIÓN I

Modalidades

Artículo 33.—Estudio y Adjudicación. El estudio de las ofertas se realizará en el tiempo establecido en el requerimiento de adquisición. El análisis de la información disponible, permitirá a la CNFL adjudicar parcial, total o declarar nulo el procedimiento de adquisición. En el caso de los concursos, estos quedarán en firme tres días hábiles después de la comunicación de la adjudicación.

La CNFL podrá adjudicar una cantidad mayor a la solicitada en el requerimiento de adquisición, cuando el presupuesto estimado lo permita. Asimismo, si una vez concluido el estudio de ofertas, se determinare que las mismas superan los límites del procedimiento de adquisición respectivo, no se invalidará el mismo. Lo anterior, siempre y cuando se disponga de los recursos suficientes para asumir la erogación.

Artículo 34.—Declaratoria de Nulidad. Si no se presentan ofertas o bien si las mismas no se ajustan a los requerimientos de adquisición respectivo o resulten inaceptables, o por razones de interés público, mediante resolución motivada, la Sección Proveeduría podrá declarar nulo el procedimiento de adquisición, quedando facultada la CNFL a realizar un procedimiento de adquisición directa por invitación, salvo por razones de interés público.

SECCIÓN II

Revocación y readjudicación

Artículo 35.—Revocación del Acto. Antes de la entrega de la orden de inicio al adjudicatario, mediante resolución debidamente razonada, el acuerdo de adjudicación puede ser revocado por la CNFL sin responsabilidad alguna, por razones de oportunidad o conveniencia.

Artículo 36.—Readjudicación. Si el oferente seleccionado no rinde la garantía de cumplimiento dentro del término señalado en los requerimientos de adquisición o no firma el contrato, automáticamente perderá la garantía rendida de pleno derecho. En este caso, cuando conviniere a los intereses de la CNFL, se podrá anular la adjudicación hecha y readjudicar el procedimiento de adquisición a la siguiente oferta mejor calificada o en su defecto, declarar nulo el procedimiento.

CAPÍTULO VI

Observaciones al Requerimiento de Adquisición

y Revisión al Acto de Selección

SECCIÓN I

Observaciones al Requerimiento de Adquisición

Artículo 37.—Presentación y legitimación. Los posibles oferentes podrán señalar sus observaciones al requerimiento de adquisición de un concurso, dentro del primer cuarto del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones. En las adquisiciones de escasa cuantía no proceden las observaciones.

Las observaciones deberán presentarse debidamente fundamentadas, a fin de demostrar que el requerimiento de adquisición puede ser mejorado.

Las observaciones serán resueltas en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de su presentación, o bien dentro del siguiente cuarto del plazo dado para el recibo de ofertas.

SECCIÓN II

Solicitud de revisión

Artículo 38.—Aplicabilidad. En los concursos podrá plantearse la solicitud de revisión en relación con el acto de adjudicación. En las adquisiciones de escasa cuantía, no procederá la solicitud de revisión.

Artículo 39.—Presentación de la Solicitud de Revisión. La solicitud de revisión deberá presentarse ante la Proveeduría, dentro del plazo de tres días hábiles después de comunicada la adjudicación. Para tal fin se podrán utilizar medios electrónicos.

Artículo 40.—Notificación. Los solicitantes deben señalar lugar, fax o medio electrónico donde atender notificaciones, caso contrario se tendrán por notificados de las futuras resoluciones transcurridas veinticuatro horas después de haberse dictado.

Artículo 41.—Audiencias Orales. Cuando la CNFL lo considere oportuno, podrá convocar a audiencia oral a los interesados, con la finalidad de ampliar o aclarar los argumentos planteados.

Artículo 42.—Trámite. La solicitud de revisión será planteada ante la Proveeduría de la CNFL quien le dará el trámite correspondiente y cursará audiencia al adjudicatario por un plazo no menor a tres días hábiles para que manifieste lo que estime pertinente.

La solicitud de revisión será resuelta por la instancia que dictó el acto de adjudicación.

La presentación de la solicitud de revisión tendrá efecto suspensivo en casos excepcionales.

Artículo 43.—Resolución. La CNFL deberá resolver la solicitud de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción. Este plazo podrá ampliarse por quince días adicionales.

CAPÍTULO VII

Sanciones

SECCIÓN I

De los contratistas

Artículo 44.—Aplicación de Sanciones. En caso de determinarse incumplimiento a los requerimientos de adquisición, u otro tipo de infracciones a los principios constitucionales, legales o contractuales, según sea su gravedad, se aplicará la sanción que corresponda.

Artículo 45.—De las Sanciones. Una vez determinado el incumplimiento o infracciones del contratista, y con el debido proceso, se procederá a adoptar algunas de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento por escrito: El cual consiste en una amonestación formal escrita, a efectos de que el mismo corrija su conducta cuando fuere posible y constituye un antecedente para la sanción de inhabilitación.

b) Inhabilitación de dos a cinco años: Atendiendo a la gravedad de la falta, se le impondrá la sanción de inhabilitación, la cual consiste en el impedimento para participar en las compras con fondos públicos de dos a cinco años.

La sanción deberá estar debidamente motivada y será aplicada atendiendo al procedimiento adoptado, por la Proveeduría y contra la misma solamente cabrá recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse en un plazo no mayor a tres días hábiles después de su notificación. La sanción deberá ser proporcional a la falta cometida.

La aplicación de las sanciones anteriores se realizará sin perjuicio de la ejecución de garantías, multas y daños y perjuicios, cuando corresponda.

La Proveeduría será la encargada de llevar el registro de las sanciones aplicadas a los contratistas.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones finales

Artículo 46.—Derogatorias. El presente Reglamento deja sin efecto el Reglamento para los Procesos de Adquisición de las Empresas del Instituto Costarricense de Electricidad, en lo concerniente a la CNFL.

Artículo 47.—De su entrada en Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en La Gaceta.

Artículo 48.—Disposición Transitoria. Todos los procedimientos iniciados antes de la vigencia del presente Reglamento, se continuarán tramitando bajo la reglamentación anterior.

San José, 08 de abril del 2014.—José Antonio Salas Monge, Proveedor Institucional.—1 vez.—(IN2014023005).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

SECRETARÍA MUNICIPAL

Reforma del “Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Escazú”

El Concejo Municipal, mediante acuerdo municipal AC-78-14, adoptado en sesión extraordinaria 105, acta 309 del 26 de marzo del 2014 y habiéndose cumplido con la consulta pública no vinculante establecida en el párrafo segundo del artículo 43 del Código Municipal, sin que se recibieran observaciones u objeciones, este Concejo Municipal dispone: aprobar el texto de la “Reforma al Reglamento para la Regulación Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Escazú”, en los mismos términos en que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 235 del jueves 05 de diciembre del 2013.

I.—Reformar el Artículo 3º—agregando a las definiciones las siguientes: “Distrito cabecera de cantón: distrito 01 Escazú” y “otras poblaciones: distrito 02 San Antonio y distrito 03 San Rafael”. II.—Reformar el Artículo 29.—para que en adelante se lea como sigue: “Artículo 29.—En caso de los negocios que obtengan la licencia ocasional para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberán cancelar el impuesto correspondiente de la siguiente manera: a) Cuando la actividad ocasional tenga una duración de 1 a 10 días: Un impuesto igual al 10% de un salario base. b) Cuando la actividad ocasional tenga una duración de 11 a 20 días: Un impuesto igual al 20% de un salario base. c) Cuando la actividad ocasional tenga una duración de 21 a 30 días: Un impuesto igual al 30% de un salario base”. III.—Reformar el inciso B) del Artículo 34.—para que en adelante se lea como sigue: “b.) Cuando la actividad solicitada sea la correspondiente al giro de restaurante, el establecimiento deberá cumplir con el equipo, condiciones y requerimientos establecidos en la definición indicada en el artículo Nº 3 de este reglamento. No obstante, deberá valorarse la especialidad de la actividad comercial, para determinar qué tipo de accesorios son necesarios para desarrollarla”. IV.—Reformar el inciso F) del Artículo 35.—para que en adelante se lea como sigue: “f) Cuando la cantidad total de licencias para el expendio de bebidas con contenido alcohólico de las clases A y B otorgadas en el distrito donde se pretenda desarrollar la actividad comercial, exceda la proporción de una licencia por cada trescientos habitantes como máximo”. V.—Reformar el Artículo 44. para que en adelante se lea como sigue: “Artículo 44.—Toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, ya sea mediante la ley Nº 10 del 7 de octubre de 1936 o la Ley Nº 9047 del 8 de agosto del 2012, deberá cancelar un impuesto trimestral, según el tipo de negocio y su ubicación de la siguiente manera: 1. Licoreras y similares (categoría A): Un impuesto igual a un salario base (1) en el distrito (01) y de medio salario base (½) en los distritos (02) y (03). 2. Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría B1): Un impuesto igual a medio salario base (½) en el distrito (01) y de un cuarto (¼) de salario base en los distritos (02) y (03). 3. Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con actividad de baile (categoría B2): Un impuesto igual a medio salario base (½) en el distrito (01) y de un cuarto de salario base (¼) en los distritos (02) y (03). 4. Restaurantes y similares (categoría C): Un impuesto igual a un salario base como máximo (1) en los tres distritos. 5. Mini - súper (categoría D1): Un impuesto igual a un salario base (1) en el distrito (01) y de medio salario base (½) en los distritos (02) y (03). 6. Supermercado (categoría D2): Un impuesto igual a un salario y medio base (1 ½) en el distrito (01) y de tres cuartos de salario base (¾) en los distritos (02) y (03). 7. Establecimientos de hospedaje declarados de interés turístico por el I.C.T.: g.1) Empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones (Categorías E.1.a): Un impuesto igual a un salario base como máximo (1) en los tres distritos. g.2) Empresas de hospedaje con quince o más habitaciones (Categorías E.1.b): Un impuesto igual a dos salarios base como máximo (2) en los tres distritos. 8. Empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el I.C.T (categoría E3): Un impuesto igual a dos salarios base como máximo (2) en los tres distritos. 9. Centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el I.C.T (categoría E4): Un impuesto igual a tres salarios base como máximo (3) en los tres distritos. 10. Actividades temáticas declaradas de interés turístico por el I.C.T (categoría E5): Un impuesto igual a un salario base como máximo (1) en los tres distritos. Para determinar el impuesto que deberá cancelarse por concepto de la licencia de bebidas con contenido alcohólico, tanto en la categoría C como en la categoría E, se deberá realizar la calificación del local y su actividad de acuerdo los elementos que se detallan en los índices siguientes, mismos que constituirán factores determinantes de la imposición. El impuesto se asignará de acuerdo a la categoría final obtenida. Calificación porcentual del local y su actividad: 1 Alquileres de locales: Monto mensual superior a $1.501,00 en adelante: 20 % Monto mensual entre $1.001,00 y 1.500,00: 15%. Monto mensual entre $501,00 y $1.000,00: 10%. Monto mensual entre $0,00 y $ 500,00: 5%. Propia: 1%. 2. Ubicación: Excelente zona comercial y/o servicios consolidada: .20 %. Buena zona en proceso de consolidación: 15%. Mixta, ubicación con acceso: 10%. Regular, ubicación dispersa: 5%. Mala ubicación (zonas alejadas de centros con dificultad de acceso): 1%. 3. Condición del local: Excelente condición o muy buena: 20%. Buena condición del local: 15%. Regular condición: 10%. Mala condición: 5%. Deficiente condición: 1%. 4. Nivel de Mobiliario y Equipo: Altos, superiores a $20.001,00 o su equivalente en colones: 20%. Moderados, entre $15.001,00 y $20.000,00 o su equivalente en colones: 15%. Medios, entre $10.001,00 y $15.000,00 o su equivalente en colones: 10%. Bajos, entre $5.001,00 y $10.000,00 o su equivalente en colones: 5%. Básicos, entre $0,00 y $5.000,00 o su equivalente en colones: 1%. 5. Número de empleados: Grandes empresas, más de 23 empleados: 20%. Medianas empresas, de 16 a 23 empleados: 15%. Pequeñas empresas, de 9 a 15 empleados: 10%. Empresas familiares, de 4 a 8 empleados: 5%. Empresas personales, de 1 a 3 empleados: 1%.

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VI.—Reformar el inciso E) del Artículo 50 para que en adelante de lea como sigue: “e) Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6, de la Ley número 9047”. VII.—Reformar las Disposiciones Transitorias del Capítulo IX agregando lo siguiente al transitorio I: “Los titulares de patentes de licor adquiridas mediante la Ley número 10 mantienen el derecho de transmitirla a un tercero en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia y deba ser renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna”, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Licores número 9047”. Se establece el plazo bienal a partir de la promulgación de la Ley número 9047, sea el 8 de agosto del año 2012 y hasta el día 8 de agosto del año 2014.” y reformando el transitorio III de manera que en adelante se lea como sigue: “Las tarifas del impuesto de harán efectivas a partir del primer trimestre del 2013, en cuyo caso, todos los patentados que se encuentren en las categorías definidas por rangos, que hayan cancelado el impuesto correspondiente a los trimestres anteriores a la resolución 11499-2013 de la Sala Constitucional y hayan presentado antes de ésta, reclamos pendientes de resolución en vía administrativa o judicial, deberán obtener un crédito a su favor por la suma pagada de mas, tanto en el monto principal como en sus accesorios. De igual manera, todo patentado que no haya pagado ese mismo impuesto, deberá cancelar el principal dictado en dicha resolución y establecido en el artículo 44 de este reglamento más sus respectivos accesorios, entiéndase éstos como multa e intereses moratorios. La aplicación porcentual de cobro para las categorías C y E entrarán a regir a partir de la entrada en vigencia de este reglamento. Los patentados que realizaron su pago con anterioridad a la sentencia dicha y no presentaron reclamo alguno, no tendrán derecho a repetir lo pagado por tratarse de una situación jurídica consolidada.” Segundo: Para los efectos del artículo 43 del Código Municipal se ordena la publicación de estas reformas al “Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Escazú” en el Diario Oficial La Gaceta por el plazo de diez días hábiles para la consulta pública no vinculante. Una vez cumplido dicho plazo se ordenará la correspondiente publicación definitiva si fuere del caso. Notifíquese este acuerdo al señor Alcalde Municipal en su despacho para lo de su cargo.

Lic. Ana Parrini Degl Saavedra, Secretaria Municipal.—1 vez.—O. C. Nº 33972.—Solicitud Nº 11568.—C-Crédito.—(IN2014021036).

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO

Conforme al artículo 43 del Código Municipal, se somete a consulta pública por el plazo improrrogable de diez días hábiles a partir de la presente publicación el siguiente:

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD

DE El GUARCOA LA LEY SOBRE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON

CONTENIDO ALCOHÓLICO, LEY 9047

La Municipalidad de El Guarco, según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a), 13 inciso d) y 43 del Código Municipal, procede a emitir el Reglamento para el otorgamiento de Licencias Municipales requerido en el transitorio II de la Ley No. 9047 denominada “Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”.

Considerando:

1º—Que el artículo 169 de la Constitución Política y el literal 3 del Código Municipal, establecen que compete a la Administración Municipal velar por los intereses y servicios locales, lo que conlleva regular el adecuado funcionamiento de las actividades comerciales y de consumo de bebidas con contenido alcohólico que se realizan en el Cantón de El Guarco.

2º—Que de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Código Municipal, ley Nº 7794 del 16 de abril de 1998, es competencia de la Municipalidad establecer las políticas generales de las actividades económicas que se desarrollan en su cantón.

3º—Que la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado “que es materia municipal todo lo que se refiere al otorgamiento de las licencias para el ejercicio del comercio en su más variada gama de actividades y su natural consecuencia que es percibir el llamado impuesto de patente“. (Entre otros voto Nº 6469-97 de las 16:20 horas de 8 de octubre de 1997).

4º—Que para cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley en esta materia, la Constitución Política, mediante su artículo 170, y el Código Municipal en su artículo 4, establecen la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, así como la potestad de dictar reglamentos autónomos de organización y de servicio, y cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

5º—Que el transitorio II de la “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, número 9047 de 28 de junio de 2012, publicada en el Alcance Digital Nº 109 del diario oficial La Gaceta de fecha 8 de agosto de 2012, dispone que las municipalidades deben emitir y publicar el Reglamento de dicho cuerpo normativo en un plazo de 3 meses.

6º—Que la Municipalidad de El Guarco aprobó El Reglamento Sobre Regulación y Comercialización de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico emitido por el Concejo Municipal de El Guarco, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 2012, ratificado en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2013.

7º—Que la Sala Constitucional mediante resolución N° 11499, del 28 de agosto de 2013, declaro inconstitucional y modifico los artículos 3, 10 de Ley Sobre Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, Ley 9047 y realizo varias aclaraciones a aspectos sustanciales de la misma ley, lo cual deja sin eficacia el Reglamento Sobre Regulación y Comercialización de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico emitido por el Concejo Municipal de El Guarco, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°244 del 18 de diciembre de 2012, ratificado en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2013.

Por tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de El Guarco acuerda emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE El GUARCO

A LA LEY SOBRE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, LEY 9047

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

SECCIÓN ÚNICA

Objeto y definiciones

Artículo 1º—Objeto. El objeto de este Reglamento es regular la aplicación de la Ley de “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” N° 9047 de 28 de junio de 2012, en aquellos aspectos relacionados con el otorgamiento de licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico y sobre otras materias facultadas legalmente en torno a dichas licencias.

Artículo 2º—Definiciones. Para efectos de este reglamento, se entenderá por:

a) Actividades temáticas: Son actividades turísticas temáticas todas aquellas que por naturaleza recreativa o de esparcimiento y que por estar relacionadas con el turismo, tengan como finalidad ofrecer al turista una experiencia vivencial, incluyendo aquellas que lo ponen en contacto con manifestaciones históricas, culturales, fincas agropecuarias demostrativas, áreas naturales dedicadas a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, zoo criaderos, zoológicos, acuarios, parques de diversión y acuáticos.

b) Bar: Todo negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico para el consumo al detalle y dentro del establecimiento, en los cuales no existen actividades bailables o de espectáculos públicos. Para efectos de este reglamento entiéndase como sinónimos de Bar, las denominaciones de cantina y taberna.

c) Bebidas con contenido alcohólico: Son los productos que contienen alcohol etílico en solución y que son aptos para el consumo humano, provenientes de la fermentación, destilación, preparación o mezcla de productos alcohólicos de origen vegetal, trátese de cervezas, vinos y licores y de todo producto considerado como tal de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. No se incluyen dentro de esta normativa las preparaciones farmacéuticas, perfumes, jarabes y los demás productos industriales no atinentes a la industria licorera.

d) Cabecera de Cantón: Para el presente reglamento entiéndase como cabecera del cantón el Distrito primero El Tejar.

e) Centros Comerciales: Desarrollo inmobiliario urbano, con espacios para el público en el que se concentran una serie de locales destinados al comercio, oficinas y servicios, con distintas tiendas, lugares de ocio, esparcimiento y diversión, que poseen como mínimo los siguientes servicios en común: servicios sanitarios abiertos al público, mantenimiento, vigilancia privada, salón para el consumo de alimentos y estacionamiento conforme lo dispone el Reglamento de Construcciones, emitido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en fecha 10 de noviembre de 1982, en el Capítulo XVIII sobre “espacios de estacionamientos”, sin embargo el espacio para estacionamiento para efectos de otorgamiento de licencia de comercialización de bebidas alcohólicas deberá ser mínimo para 10 automóviles de cuatro ruedas.

f) Días Multa: Se refiere a la sanción máxima fijado por la ley 9047. Para realizar el cálculo se divide el salario base, fijado por el poder judicial cada año, entre treinta y se multiplica por la sanción máxima impuesta por la ley.

g) Empresas de interés turístico: Son aquellas a las que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha declarado como de interés turístico, tales como: hoteles, restaurantes, centros de diversión y actividades temáticas.

h) Ley: La Ley de “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” N° 9047 de 28 de agosto de 2012.

i) Licencias: Derecho de expendio de bebidas con contenido alcohólico, según lo establece el párrafo primero del artículo 3 de la Ley.

j) Licorera: Es aquel negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado para llevar, que no se puede consumir dentro del establecimiento.

k) Mini Súper: Es un establecimiento comercial que vende bienes para consumo diario, en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza, entre otros. Estos negocios cuenta con un máximo de 7 y un mínimo 3 empleados, todos los empleados deben estar debidamente inscritos en planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y con póliza de riesgos al trabajador. Estos negocios cuentan con pasillos internos para el tránsito de clientes que dispongan de los anchos mínimos que exigen la normativa de construcciones. El área destinada para la exhibición y venta de productos de la canasta básica será las dos terceras partes del total del área del local donde se encuentre el negocio. En general, en el aspecto constructivo quedan sometidos al capítulo VIII y el Capítulo XVIII del Reglamento de Construcciones, emitido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en fecha 10 de noviembre de 1982. Para este tipo de establecimientos solo se podrá otorgar licencia clase D1, de la clasificación de licencias del artículo 4 de la Ley.

l) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de El Guarco.

m) Night Club: Lugar de esparcimiento donde se bebe y baila y donde se ofrecen espectáculos de variedades.

n) Permiso de Funcionamiento: Derecho que conforme a las regulaciones aplicables deben obtener los interesados ante organismos estatales de previo al ejercicio de ciertas actividades.

o) Restaurantes: Es un establecimiento comercial que cuenta con licencia clase C de la tipología establecida en el artículo 4 de la Ley, es un negocio dedicado al expendio de comidas y bebidas de todo tipo, con un menú de alimentos preparados de al menos diez opciones disponibles (platos fuertes) para el público durante todo el horario de apertura del negocio, que para tales efectos cuenta con cocina debidamente equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, personal para la atención en las mesas y espacio de almacenamiento de alimentos. En estos establecimientos no es posible disponer de música de cabina ni actividad bailable.

p) Salones de baile: Negocio comercial cuya actividad principal y permanente, es la realización actividades bailables de acceso público con música de cabina o presentación de orquestas, disco-móviles, conjuntos o grupos musicales. Pude presentarse en la modalidad de discoteca o simplemente salón de baile.

q) Supermercados: Es un establecimiento comercial que vende bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estos negocios cuentan con un mínimo de 8 empleados debidamente inscritos en planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y con póliza de riesgos al trabajador. Estos negocios cuentan con pasillos internos para el tránsito de clientes que dispongan de los anchos mínimos que exigen la normativa de construcciones, de accesibilidad y área de parqueo. El área destinada para la exhibición y venta de productos de la canasta básica será las dos terceras partes del total del área del local donde se encuentre el negocio. En general, en el aspecto constructivo quedan sometidos al capítulo VIII y el Capítulo XVIII del Reglamento de Construcciones, emitido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en fecha 10 de noviembre de 1982. Este tipo de establecimientos se clasifican en la categoría D2 a que se refiere el artículo 4 de la Ley.

Asimismo, se tienen por incorporadas las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley.

Artículo 3º—Condiciones en que se otorgan las licencias. Las licencias constituyen un derecho para comercializar al detalle bebidas con contenido alcohólico en el cantón, y se otorgarán únicamente para el ejercicio de la actividad que ellas mismas determinan y en las condiciones que se establezcan de acuerdo a la legislación vigente.

Artículo 4º—Advertencia legal. Las licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico tienen las siguientes características:

a) El derecho que se otorga por medio de la licencia está directamente ligado al establecimiento comercial para el cual fue expedido, y no constituye un activo independiente a dicho establecimiento.

b) Las licencias no son susceptibles de embargo, de apropiación mediante remate o adjudicación vía sucesión, traspaso, arrendamiento, o cualquier otra forma de enajenación;

c) En caso de que el establecimiento comercial que goza de la licencia sea traspasado, ya sea mediante compraventa de establecimiento mercantil o bien mediante el traspaso de más del cincuenta por ciento del capital social en el caso de personas jurídicas, el adquirente deberá notificar del cambio de titularidad a la Municipalidad dentro de los cinco días hábiles a partir de la compra, y aportar la información correspondiente a efectos del otorgamiento de una nueva licencia a su nombre.

El documento en el que conste la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico otorgado por la Municipalidad, deberá exhibirse en un lugar visible del establecimiento.

CAPÍTULO SEGUNDO

Ubicación y tipos de las licencias

SECCIÓN PRIMERA

Ubicación de las licencias

Artículo 5º—Establecimientos aptos para cada tipo de licencia: La licencia otorgada por La Municipalidad para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, solo puede ser utilizada en el establecimiento para el cual se solicitó y limitarse exclusivamente a su tipo en los términos del artículo 4 de la Ley. En tal virtud, no podrá cambiar de ubicación, de nombre o de dueño.

Artículo 6º—Poblaciones. La cantidad total de licencias clase A y B otorgadas en cada distrito no podrá exceder la cantidad de una por cada trescientos habitantes. En la determinación del total de habitantes del Cantón, se acudirá al último estudio realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo).

Artículo 7º—Distancias. La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 9 de la Ley, se hará desde la puerta de ingreso del establecimiento que se pretende el derecho para expender licor y la puerta de ingreso del inmueble del respectivo centro educativo, infantil de nutrición, de atención de adultos mayores, instalación para actividad religiosa, hospital, clínica o EBAIS. Sin embargo, cuando estas no cuenten con cerramiento en su propiedad donde no se distinga la entrada principal, la distancia se tomara desde el vértice más cercano por vía pública de la institución o instalación hasta la puerta de ingreso del establecimiento o local comercial. Para estos efectos se entenderá por puerta de ingreso, la entrada o sitio principal de ingreso al público.

Artículo 8º—Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días Especiales en que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo del Concejo Municipal, y posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 días de anticipación, se podrán establecer días específicos en los que no se permitirá en todo el cantón el expendio de licores, por tal motivo los establecimientos correspondientes deberán permanecer totalmente cerrados en esas fechas. Deberán permanecer cerrados los días jueves, viernes santos y los demás días indicados en la Ley N° 7633 “Ley Regulación de Horarios de Funcionamiento en Expendios de Bebidas alcohólicas.

No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas alcohólicas, sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en las fechas antes indicadas, siempre y cuando cierren la sección dedicada a venderlas. Las autoridades correspondientes obligarán a cumplir con lo dispuesto en este artículo mediante el sistema que consideren más eficaz.”

SECCIÓN SEGUNDA

De las licencias permanentes

Artículo 9º—Solicitud. Quien desee obtener una licencia deberá presentar una solicitud firmada, ya sea directamente por el solicitante o por su representante con poder suficiente. En caso de no presentarse en forma personal la solicitud, la firma deberá estar autenticada por un Notario Público.

La solicitud deberá contener al menos lo siguiente:

a. Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase de licencia que solicita.

b. El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia.

c. Fotocopia de la cédula de identidad o de residencia permanente en caso de extranjeros.

d. Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad. Deberá aportarse copia del plano catastrado respectivo.

e. En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de la sociedad y representación legal con no menos de un mes de emitida, así como certificación de la composición de su capital social, esta última mediante certificación notarial con vista en el libro social respectivo.

f. Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, con indicación del nombre y ubicación del establecimiento comercial o su original para cotejo con su respectiva fotocopia.

g. En caso que el permiso o patente comercial estén en trámite, deberá indicar el expediente en el cual se tramita. En este caso, el otorgamiento de la licencia estará sujeto al efectivo otorgamiento del permiso de funcionamiento y la patente comercial respectivos.

h. Certificación de la propiedad, que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la actividad con no más de un mes de emitida, en caso de pertenecer a otra persona diferente al solicitante, se presentara además copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el establecimiento en dicho inmueble debidamente autenticado por Notario Público.

i. En casos que se solicite una licencia clase C, el permiso sanitario de funcionamiento que autorice expresamente como restaurante, así como la declaración jurada rendida bajo gravedad de juramento de que se cumple con el artículo 8 inciso d) de la ley.

j. En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente o su original para cotejo con su respectiva fotocopia.

k. Declaración jurada rendida bajo gravedad de juramento, en la que manifieste conocer las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.

l. Declaración jurada autenticada por notario público que se encuentra al día con el pago de obligaciones con el Estado.

m. Constancia que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social.

n. Constancia que los empleados cuentan con póliza de riesgos laborales al día del Instituto Nacional de Seguros, para las categorías C, D Y E.

o. Constancia de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares (FODESAF).

p. Constancia de la inscripción y presentación de la planilla a la Caja Costarricense del Seguro Social, para las categorías C, D y E.

q. En caso de las Licencias clase C y Ese deberá presentar copia del título o certificado académico que cuenta con el curso básico de manipulación de alimentos, esto para cada uno de los empleados.

r. En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, señalar fax que permita la seguridad del acto de comunicación o lugar (dentro de la jurisdicción del cantón) para notificaciones.

s. Declaración de bienes inmuebles aprobada y en firme por el departamento de valoración de la Municipalidad de El Guarco, con no menos de 5 años.

t. Declaración Jurada autenticada por Notario Público que el solicitante tiene capacidad cognitiva y volitiva.

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición del solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente que satisfaga los requerimientos indicados. A este formulario se adjuntaran los demás requisitos estipulados.

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se verifique antes del otorgamiento de la licencia.

Artículo 10.—Plazo para resolver. La Municipalidad deberá resolver, otorgando o denegando la licencia, dentro de los 30 días naturales a partir de la presentación de la solicitud. En caso que la solicitud requiera aclaraciones o correcciones, se prevendrá al solicitante por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información.

La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará al interesado un plazo de diez días hábiles para completar o aclarar, apercibiéndolo que el incumplimiento de la prevención generará el rechazo de la solicitud y archivo del expediente. Transcurrido este plazo otorgado al administrado continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver.

Artículo 11.—Denegatoria. La licencia podrá denegarse en los siguientes casos:

a. Cuando se esté ante alguna de las prohibiciones del artículo conforme al artículo 9 de la Ley.

b. Cuando se presenten los supuestos del artículo 81 del Código Municipal.

c. Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con la Municipalidad, de cualquier índole que estas sean.

d. Cuando la actividad principal autorizada a realizar en el establecimiento sea incompatible con la clase de licencia solicitada.

e. Cuando la solicitud esté incompleta o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo conferido al efecto en virtud del artículo anterior.

Artículo 12.—Pago de derechos trimestrales. De conformidad con el artículo 10 de la Ley, todos las personas físicas o jurídicas que adquirieron su licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico, anteriormente denominada licencia o patente de licores, en virtud de la ley numero 9047 así como de la ley número 10 del 07 de octubre de 1936; deberán cancelar por concepto de impuesto de patente de licores, de forma trimestral y por anticipado, según el tipo de licencia, los siguientes montos:

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El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa del veinte por ciento (20%) cuando este se realice 30 días posteriores a la fecha establecida para el pago, sobre el monto no pagado, sin perjuicio del pago de intereses corrientes del 16% anual.

Artículo 13.—Vigencia. La licencia tendrá una vigencia de cinco años renovables por períodos iguales de forma automática siempre y cuando se presente la solicitud de prórroga junto con todos los documentos que se describen en el artículo 9 de este reglamento, antes de cada vencimiento. Si la solicitud y los documentos se presentan con posterioridad al vencimiento, la solicitud se tramitara como nueva y no como prórroga automática. Al momento de la prórroga el patentado deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos para el momento. Además, al momento de solicitar la prórroga el patentado deberá estar al día en todas sus obligaciones tributarias con el Estado, de cualquier índole que éstas sean, lo contrario acarrearía las consecuencias del párrafo segundo del artículo 10 del presente reglamento.

Las personas jurídicas a las cuales se les otorgue la licencia deberán presentar cada dos años cumplidos, hasta el 31 de octubre del respectivo año una declaración jurada bajo fe de juramento de su capital accionario autenticada por Notario Público. La persona jurídica adjudicataria de la licencia que omita presentar a la municipalidad la actualización de su capital accionario, será sancionada con una multa de diez salarios base.

Artículo 14.—Revocación anticipada de la Licencia. Siguiendo el debido proceso, la municipalidad podrá revocar la licencia para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en los siguientes casos:

a. Por muerte, disolución, quiebra o insolvencia judicialmente declarada.

b. Por renuncia expresa del patentado.

c. Cuando el patentado deje de explotar el negocio por más de seis meses sin justificación alguna.

d. Por la pérdida o cancelación del permiso de funcionamiento del establecimiento, independientemente del motivo que lo origine.

e. Por el no pago de los derechos trimestrales, sus intereses, la multa impuesta por pago extemporáneo cuando estos alcancen los seis meses.

f. Por la desobediencia a la sanción impuesta por parte de la Municipalidad. Cuando esta sea una sanción dineraria, el no pago de esta en el periodo de tres meses desde la notificación será causal para revocar la licencia.

g. Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley.

h. Por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones establecidos en la Ley, previa suspensión establecida en el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley.

Artículo 15.—Inspección y Control. Del total recaudado en virtud de la Ley 9047 anualmente, se destinará un porcentaje de un 15% para las funciones de inspección y control encomendadas a la Municipalidad, mediante el trámite de presupuestos municipales. Así mismo, de los recursos obtenidos por concepto de sanciones y multas se destinaran en su totalidad para éstas mismas funciones.

Artículo 16. Competencias. La tramitación y aprobación de licencias permanentes, estará a cargo del Departamento de Patentes, mismo que deberá hacerlo de conocimiento del Alcalde Municipal quien tiene la competencia para otorgarlas. En caso de las licencias temporales la tramitación y aprobación, queda a cargo del Departamento de Patentes, pero el otorgamiento, la revocación y sanciones solo lo podrá realizar el Concejo Municipal.

SECCIÓN TERCERA

De las licencias temporales

Artículo 17.—Otorgamiento. El Concejo Municipal por acuerdo simple otorgara la licencia temporal de expendio de bebidas con contenidos alcohólico. El otorgamiento o su negativa serán resueltos en 8 días máximo desde la fecha de la aprobación interna del Departamento de Patentes quien verificara el cumplimiento de todos los requisitos estipulados en la ley y el presente reglamento, en un plazo de 5 días. Las prevenciones por falta de requisitos se realizaran conforme el artículo 10 del presente reglamento.

Estas licencias serán otorgadas con el fin de habilitar el expendio de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto para consumo dentro de la zona establecida en ocasiones específicas, tales como fiestas cívicas, populares, ferias, turnos y afines.

Deberán ser solicitadas específicamente por la persona o entidad que va a ejecutar la explotación en forma directa, indistintamente si se trata del ente organizador de la actividad o del adjudicatario del derecho mediante remate de puestos.

Artículo 18.—Prohibiciones. No se otorgarán licencias temporales en ninguna de las circunstancias detalladas en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley.

Será causal de cancelación de la licencia temporal su subarriendo o cualquier otro acto de disposición de la misma.

Artículo 19.—Requisitos. Quien pretenda obtener una licencia deberá presentar una solicitud firmada con treinta días de anticipación al día de inicio del evento, ya sea directamente por el solicitante o por su representante con poder suficiente. Si la solicitud no se presenta en forma personal por el organizador del evento, quien realiza el trámite deberá presentar una autorización con firma del organizador autenticada por notario público.

La solicitud deberá contener al menos lo siguiente:

a. Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, así como las fechas en que se realizara.

b. El nombre con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia.

c. Fotocopia de la cédula de identidad o documento de identificación del solicitante persona física o representante legal.

d. En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de la sociedad, así como los poderes de representación del firmante.

e. Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un croquis o plano del mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólico.

f. Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a otra persona diferente al solicitante, se deberá presentar autorización autenticada del propietario del inmueble para realizar la actividad programada, salvo que se trate de actividades a realizarse en terrenos municipales, en cuyo caso el Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha ubicación.

g. Declaración jurada rendida bajo gravedad de juramento, en la que manifieste que conoce las prohibiciones establecidas en los incisos h, i, j, k, l del artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.

h. Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social.

i. Constancia que cuenta con póliza de riesgos laborales al día.

j. Constancia de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares (FODESAF).

k. En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, señalar fax, o lugar (dentro de la jurisdicción del cantón), que permita la seguridad del acto de comunicación.

l. En caso de ser el solicitante un adjudicatario del derecho mediante remate de puestos, deberá presentar una certificación emitida por el organizador de la actividad que lo acredite como tal.

m. Declaración jurada estar al día en el pago de todas las obligaciones con el Estado de cualquier índole que estas sean.

n. Declaración Jurada autenticada por Notario Público que el solicitante cuenta con capacidad cognoscitiva y volitiva.

Es obligación del solicitante informar a la Municipalidad cualquier modificación de las condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se verifique antes del otorgamiento de la licencia.

Artículo 20.—Pago de derechos. En caso de autorizarse la licencia temporal, cuando proceda, previo informe técnico, se prevendrá por una única vez al solicitante de realizar el pago de los derechos de dicha licencia, como condición para el otorgamiento de la misma, si en cinco días antes del evento no se ha pagado dicho monto se rechazara la solicitud.

Este derecho se calculará por un monto correspondiente a un 10% de un salario base por cada día que dure la actividad.

CAPÍTULO TERCERO

Sanciones y recursos

SECCIÓN ÚNICA

De la imposición de sanciones

y las impugnaciones respectivas

Artículo 21.—Imposición de sanciones. La Municipalidad podrá imponer las sanciones establecidas en la Ley, para lo cual deben respetarse los principios del debido proceso, la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, respetando además los trámites y formalidades que informan el procedimiento administrativo estipulado en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 22.—Sanciones relativas al uso de la licencias. Será sancionado con una multa de cinco salarios base quien realice un uso no permitido de la Licencia otorgada según los incisos a, b y c del artículo 14 de la Ley.

Artículo 23.—Sanción relativa a la venta y permanencia de menores de edad y de personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas. Quien venda o facilite bebidas con contenido alcohólico a menores de edad y a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas será sancionado con una multa de diez salarios base. La permanencia de personas menores de edad en los establecimientos con licencia clase B y E4 será sancionada con una multa de siete salarios base.

Artículo 24.—Sanciones relativas al control previo de la publicidad comercial. Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico será sancionado con una multa de cinco salarios base.

Artículo 25.—Sanciones relativas a la venta en vías públicas y sitios públicos. Quien venda bebidas con contenido alcohólico en las vías públicas y sitios públicos, casas de habitación y en aquellos otros lugares donde se desarrollan actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo, recibirán sanción de treinta días multa.

Artículo 26.—Sanciones relativas a la venta ilegal. Quien comercialice bebidas con contenido alcohólico, sin contar con una licencia vigente y expedida por la municipalidad respectiva, recibirá una sanción de sesenta días multa.

Artículo 27.—Recursos. La decisión municipal que deniegue una licencia o que imponga una sanción tendrá los medios de impugnación que se establecen en el régimen recursivo del Código Municipal.

Artículo 28.—Denuncia ante otras autoridades. En los supuestos normativos de los artículos 15 al 23 de la Ley, la Fuerza Pública, la Policía Municipal y los Inspectores Municipales tendrán facultades cautelares de decomiso y procederán a levantar el parte correspondiente, mismo que remitirán al departamento de Patentes, la Policía de Control Fiscal o la autoridad competente correspondiente, adjuntando todas las pruebas e indicios con que cuenten para darle sustento.

CAPÍTULO CUARTO

Disposiciones finales

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones transitorias

Transitorio I.—Los titulares de la licencias adquiridas con la vigencia de la ley 10 del 09 de octubre del año 1936, están obligados a actualizar sus datos en un plazo de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, de lo contrario la Municipalidad de oficio y conforme a la ley realizara la clasificación, el monto a pagar y el periodo de vencimiento de la licencia. Los documentos y la información a presentar son los estipulados en el artículo 9 de este reglamento.

Transitorio II.—De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia en sentencia 2013-11499 del 28 del 2013, los titulares de patentes adquiridas mediante la ley número 10 del 09 de octubre de 1936, mantendrán su derecho hasta que expire su plazo bienal de vigencia, plazo que empieza a correr al termino de los dos meses estipulados en el transitorio anterior. A partir de ese momento quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que debe ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la ley y su reglamento.

SECCIÓN SEGUNDA

Derogaciones

Derogaciones.—Deróguense en su totalidad el Reglamento Sobre Regulación y Comercialización de Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico emitido por el Concejo Municipal de El Guarco, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 18 de diciembre de 2012, ratificado en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2013.

Aprobado en la sesión N° 298-2014, celebrada el 25 de marzo del 2014, mediante acuerdo N° 728 definitivamente aprobado por el Concejo Municipal del cantón de El Guarco.

Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2014021231).

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria N° 12-2014, Artículo 6, celebrada el veinticinco de febrero del dos mil catorce, que literalmente dice:

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política; del artículo 4 inciso a), artículo 13 incisos c), del Código Municipal, Ley N° 7794, 4 de la Ley de Licores, acuerda emitir el presente Reglamento.

Considerando:

I.—Que es un deber y una atribución de la Municipalidad de Belén, mantener el orden y la tranquilidad del cantón de Belén y procurar el mayor bienestar a todos los habitantes de este cantón, teniendo derecho la familia costarricense a la protección especial de la Municipalidad.

II.—Que una de las formas de cumplir con el anterior mandato es a través de la reglamentación de la Ley de “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” N° 9047, publicada en La Gaceta del 8 de agosto de 2012 y sus actualizaciones.

III.—Que el alcoholismo es uno de los problemas sociales más graves que afectan al país, ya que cada año ha venido en aumento el número de personas alcohólicas produciendo ello consecuencias sumamente negativas en el ámbito social, económico y moral de la familia costarricense en particular y de la nación en general.

IV.—Que se hace necesario erradicar el negocio de alquiler y venta de patente de licores, así como generar ingresos sanos a las municipalidades producto de la actividad de expendio de licores.

V.—Que la Ley de Licores Nº 9047 del 8 de agosto del 2012, indica que las Municipalidades emitirán y publicarán el reglamento de esta ley.

VI.—Que las actuales circunstancias sociales y económicas del país, requieren que un reglamento de ese tipo se incorpore al ordenamiento jurídico costarricense. Por tanto,

La Municipalidad de Belén, decreta el siguiente

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto. El objeto de este Reglamento es regular la aplicación de la Ley de “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” Ley N° 9047, en aquellos aspectos relacionados con el otorgamiento de licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico, así como los diferentes aspectos relacionados con dichas licencias dentro del territorio del cantón de Belén y en absoluto apego a la normativa local y nacional vigente. Este Reglamento se articula con toda la normativa de Municipalidad de Belén y a las Leyes de la República.

Artículo 2º—Definiciones. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

Bebidas con contenido alcohólico: Bebidas que en su contenido químico u orgánico se encuentran los alcoholes. Son aquellas que en su elaboración se pueden distinguir entre las producidas por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, sake) en las que el contenido en alcohol no supera los 15 grados, y las producidas por destilación, generalmente a partir de un producto de fermentación (licores, aguardientes, etc.) Entre ellas se encuentran bebidas de muy variadas características, y que van desde los diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, anís, tequila, ron, vodka, cachaça, vermouth y ginebra entre otras.

Cantinas y bares: Negocio cuya actividad principal y permanente es el expendio de licores y de bebidas con contenido alcohólico, para el consumo dentro del establecimiento comercial.

Concejo Municipal: Concejo de la Municipalidad de Belén, como Gobierno Local o Municipal con las atribuciones de Ley.

Declaratoria Turística: Es el acto mediante el cual la Junta Directiva del Instituto Costarricense declara a una empresa o actividad de interés turístico, luego de cumplir con los requisitos técnicos y legales que señalen los reglamentos vigentes en la materia; en estrecha coordinación con el Gobierno Local, tal y como lo establece la Ley 8801.

Ley N° 9047: La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 publicada en el Diario Oficial y vigente desde el 08 de agosto de 2012 y sus actualizaciones.

Licencias: Se refiere a las Licencias cuyo otorgamiento autoriza la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, otorgadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley N° 9047 y este Reglamento.

Licoreras: Negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de licor y bebidas con contenido alcohólico; todos en envase cerrado.

Licores: Bebidas, por extensión, todas las bebidas con contenido alcohólico.

Mini súper: Se trata de aquellos negocios cuya actividad comercial principal es la venta de productos de la canasta básica o que contengan el 75 por ciento (75%) de los productos de la canasta básica publicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; siendo la actividad de venta de licor o bebidas alcohólicas secundaria y para su consumo fuera del local de adquisición y que por su actividad comercial sus ingresos no sobrepasan los 270 salarios base. Deberá contar con espacios del parqueo conforme lo establece el Artículo XX.2 del Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta número 56 del 22 de marzo de 1983.

Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Belén, entendiéndose como un todo unitario.

Patentes: Las autorizaciones para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, otorgadas al amparo de las disposiciones de la Ley N° 10 Ley sobre Venta de Licores.

Permiso de Funcionamiento: Autorizaciones que conforme a las regulaciones aplicables deben obtener los interesados ante órganos gubernamentales de previo al ejercicio de ciertas actividades.

Plan Regulador: Plan Regulador del cantón de Belén vigente y sus reformas, que como acto del poder público ordena el territorio del cantón estableciendo previsiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y residencia; regula la ordenación y utilización del suelo urbano para su destino público o privado y al hacerlo, define el contenido del derecho de propiedad, y programa de desarrollo de la gestión urbanística.

Salario Base: Salario base establecido en la Ley número N° 7337 del 5 de mayo de 1993.

Salones de baile y discotecas: Negocio cuya actividad principal es la realización de bailes públicos con música de cabina o presentación de orquestas, conjuntos o grupos musicales y el expendio de licores o bebidas con contenido alcohólico; que cuenten con las dimensiones y medidas de seguridad que las leyes y reglamentos establecen para el desarrollo de la actividad.

Supermercado: Se refiere a aquellos negocios cuya actividad comercial principal es la venta de que contengan el 100 por ciento (100%) de los productos de la canasta básica publicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, siendo la actividad de venta de licor secundaria y para su consumo fuera del local de adquisición y que por su actividad comercial sus ingresos no sobrepasan los 270 salarios base. Deberá contar con espacios del parqueo conforme lo establece el Artículo XX.2 del Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta número 56 del 22 de marzo de 1983; como lo establece el artículo 14 de la Ley.

Artículo 3º—Condiciones en que se otorgan las licencias. Las licencias constituyen una autorización para comercializar al detalle bebidas con contenido alcohólico en el Cantón, y se otorgarán únicamente para el ejercicio de la actividad que ellas mismas determinan y en las condiciones que establece la resolución administrativa que se dicte con ese fin. El derecho para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico que se otorga por medio de la licencia, está directamente ligado al establecimiento comercial en el cual se utilizará, y no constituye un activo independiente a dicho establecimiento. En consecuencia, las licencias no son susceptibles de embargo, de apropiación mediante remate o adjudicación vía sucesión, traspaso, arrendamiento, o cualquier otra forma de enajenación.

Artículo 4º—Traspaso del establecimiento. En caso que el establecimiento comercial que goza de la licencia sea traspasado, ya sea mediante compraventa de establecimiento mercantil o bien mediante el traspaso de más del cincuenta por ciento del capital social en el caso de personas jurídicas, el adquirente deberá notificar del cambio de titularidad a la Municipalidad dentro de los cinco días hábiles a partir de la compra, y aportar la información correspondiente a efectos del otorgamiento de una nueva licencia a su nombre, en caso de que eso sea procedente.

CAPÍTULO II

Tipos y ubicación de las licencias

Artículo 5º—Establecimientos aptos para cada tipo de licencia. Las licencias se otorgarán únicamente para los establecimientos autorizados para realizar las actividades comerciales acordes para cada tipo de licencia, según la clasificación de artículo 4 de la Ley. En consecuencia, la licencia se otorgará para establecimientos que cuenten con un permiso de funcionamiento y patente comercial municipal aptos para realizar la actividad principal relacionada con cada una de las clasificaciones que corresponden conforme al artículo 4 de la Ley N° 9047, otorgados conforme al Plan Regulador, uso de suelo y demás regulaciones de ordenamiento territorial que por su naturaleza sean aplicables. Adicionalmente, el solicitante deberá contar con los permisos, declaratorias y autorizaciones especiales que se requieran en razón del tipo de licencia que solicite.

Artículo 6º—Suspensión de licencias. La suspensión de la licencia comercial conforme a lo dispuesto por el artículo 81 bis del Código Municipal, o la ausencia o vencimiento de la patente comercial municipal, implicará la suspensión de la licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico.

Artículo 7º—Limitación cuantitativa. La cantidad total de licencias clase A y B otorgadas en el cantón no podrá exceder la cantidad de una por cada trescientos habitantes, para lo cual deberán considerarse las patentes y licencias ya otorgadas en cada uno de los distritos. En la determinación del total de habitantes del cantón, se acudirá al estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Artículo 8º—Ampliación o cambio de clasificación de la licencia. Una licencia que haya sido otorgada para una determinada actividad o actividades y en condiciones específicas solamente podrá ser modificada o ampliada a otras actividades previa autorización expresa por parte de la Municipalidad. Para estos efectos deberá cumplirse con los requisitos aplicables a cada una de las actividades para las cuales el patentado requiera la licencia.

Artículo 9º—Prohibiciones para el otorgamiento de licencias.

No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases A y B a negocios que se encuentren en zonas demarcadas incompatibles con esta actividad tal y como lo establece el Plan Regulador; tampoco a negocios que se encuentren a una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros educativos y salud públicos o privados, centros infantiles, centros de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas o educativas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais.

No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a negocios que se encuentren en zonas Regulador o la norma por la que se rige, tampoco a negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros educativos y salud públicos o privados, centros infantiles, centros de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas o educativas que cuenten con el permiso de funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais.

El uso de licencias clase A, B y C no estará sujeto a límites de distancia alguno, cuando los locales respectivos se encuentren ubicados en centros comerciales, definidos estos como una construcción que consta de uno o varios edificios, que albergan locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. El tamaño es una de las diferencias fundamentales entre un centro comercial y un mercado; además, este último puede no situarse en un sitio techado. Otra diferencia es la existencia de una o más tiendas ancla; esto es los hipermercados o tiendas por departamentos presentes en el centro comercial.

En los establecimientos que comercialicen bebidas con contenido alcohólico estará prohibido que laboren menores de edad.

En los establecimientos que funcionen con licencia clase B y E4 estará prohibido el ingreso y la permanencia de menores de edad.

Se prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en vías públicas y sitios públicos, salvo en los lugares donde se estén realizando fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines autorizados por la municipalidad respectiva; la salvedad se circunscribe al área de la comunidad donde se realiza la actividad, la cual será debidamente demarcada por la municipalidad.

Se prohíbe la comercialización o el otorgamiento gratuito de bebidas con contenido alcohólico a menores de edad, a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas, a personas en evidente estado de ebriedad y a personas que estén perturbando el orden público,

Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico dentro de escuelas o colegios, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento y centros infantiles de nutrición.

Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo deportivo.

Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en casas de habitación.

Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos en el artículo 11 de la presente ley.

Queda prohibida la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el traspaso y cualquier forma de enajenación o transacción de licencias, entre el licenciado directo y terceros, sean los licenciados de naturaleza física o jurídica.

Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en establecimientos que no tengan una licencia vigente que autorice de forma expresa y explicita para esa actividad, incluyendo los denominados pulperías, abastecedores y similares

Artículo 10.—Medición de distancias: La medición de las distancias a que se refiere el inciso a) anterior, se hará de puerta a puerta entre los establecimientos que expenderían licor y aquel punto de referencia. Se entenderá por puerta, la entrada o sitio principal de ingresos al público. En igual sentido se entenderá que existen los establecimientos a que se refiere este inciso, aún en el caso de que estuvieren en proyecto formal de construcción, con permisos aprobados por la Municipalidad respectiva.

Artículo 11.—Prohibiciones por en días festivos, de actividad electoral, actos cívicos, u otras actividades cantonales: El día de las elecciones nacionales o locales, el jueves y viernes santos y cuando fuere necesario; se establece, a través de un acuerdo del Concejo Municipal, la prohibición de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en todo el cantón; excepto los establecimientos con declaratoria turística. El acuerdo del Concejo Municipal deberá expresar que no se permitirá en todo el cantón el expendio de licores. Por tal motivo los establecimientos correspondientes deben permanecer totalmente cerrados en esas fechas, para lo cual la Policía Municipal realizará las verificaciones del cumplimiento de esta prohibición en todo el territorio del cantón de Belén.

CAPÍTULO III

De las licencias permanentes

Artículo 12.—Solicitud y trámite. Quien desee obtener una licencia deberá presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad de Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un expediente único; luego el Concejo Municipal hará el análisis y aprobará o improbará la licencia. La firma deberá estar autenticada, y deberá contener los siguientes requisitos:

a) Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase de licencia que solicita.

b) El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La misma Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene nada pendiente con esa municipalidad.

c) Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo de inmueble que será usado.

d) En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y vigencia de la sociedad, los poderes de representación del firmante, y la composición de su capital social con referencia expresa de los titulares de las acciones que indique nombre, identificación y domicilio.

e) Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de patente comercial correspondiente al establecimiento.

f) En caso que el permiso o patente comercial estén en trámite, deberá indicar el expediente en el cual se tramita. En este caso, el otorgamiento de la licencia estará sujeto al efectivo otorgamiento del permiso de funcionamiento y la patente comercial respectivos.

g) Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el establecimiento en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el expediente de la patente comercial del establecimiento, según lo indicado en los incisos e. y f. anteriores.

h) En casos que se solicite una licencia clase C, documentación idónea que demuestre el cumplimiento del artículo 8 inciso d) de la Ley, y el para tal efecto se utilizará el Manual de la Administración Tributaria de Belén “Manual para la calificación de actividades gastronómicas del Cantón de Belén”.

i) En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente, emitida por el Instituto Costarricense de Turismo; siempre y cuando tenga la aprobación correspondiente del Concejo Municipal.

j) Declaración Jurada Autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar ésta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.

k) Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de forma remota por parte de la Municipalidad.

l) Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los efectos como domicilio fiscal del titular de la licencia.

Artículo 13.—Plazo para resolver. La administración tributaria municipal bajo la jerarquía de la Dirección Administrativa Financiera de la Municipalidad de Belén, será la responsable de resolver las solicitudes de Licencia que se presenten. La Unidad Tributaria será la responsable de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten y deberá presentar ante el Concejo Municipal el expediente completo en quince días hábiles a partir de la presentación de la solicitud en servicio al cliente; el expediente deberá ser presentado en forma física y digital para facilitar el estudio. El Concejo deberá resolver otorgando o denegando la licencia dentro de los quince días hábiles, a partir de la presentación por parte la Unidad Tributaria.

Artículo 14.—Denegatoria. La licencia podrá denegarse en los siguientes casos:

Cuando la ubicación del establecimiento sea incompatible con el expendio de bebidas alcohólicas, conforme al artículo 9 de la Ley.

b) Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones tributaria con la Municipalidad, de cualquier índole que estas sean.

c) Cuando la actividad principal autorizada a realizar en el establecimiento sea incompatible con la clase de licencia solicitada.

d) Cuando la ubicación del establecimiento o las características del local no sean conformes con las regulaciones y restricciones establecidas por Ley y el Plan Regulador de Belén.

e) Cuando en el establecimiento no se respete la normativa nacional y local.

f) Cuando la solicitud esté incompleta o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo conferido al efecto.

CAPÍTULO IV

Clasificación de las categorías

Artículo 15.—Categorización. Para los efectos de aplicación del presente reglamento se establecen las siguientes categorías:

Licencia clase A: Licorera, aquel negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de licor en envases cerrados.

Licencia clase B1: Cantinas, Bares, Tabernas, y todos aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de licores para su consumo dentro del establecimiento.

Licencia clase B2: Salones de baile, discoteca, aquellos negocios cuya actividad comercial principal y permanente, es el expendio de licores y la realización de bailes públicos con música de cabina o presentación de orquestas. Conjuntos o grupos musicales: que cuentan con las dimensiones y medidas de seguridad que las leyes y reglamentos exijan para el desarrollo de la actividad.

Licencia clase C: Restaurantes, establecimiento gastronómico de expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo a un menú nacional o internacional. Debe contar con salón comedor, caja, muebles y salonero, área de cocción y preparación de alimentos, área de bodegas para granos y enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación separadas para mariscos, aves, carnes y legumbres, contando con el equipo necesario para desarrollar la actividad.(Manual para la calificación y recalificación de actividades gastronómicas del Cantón de Belén)

Licencia Clase D1: Mini Supermercado, y todos aquellos negocios cuya actividad comercial principal es la venta de que contengan el 75 por ciento (75%) de los productos de la canasta básica publicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, siendo la actividad de venta de licor secundaria y para su consumo fuera del local de adquisición y que por su actividad comercial sus ingresos no sobrepasan los 270 salarios base. Deberá contar con espacios del parqueo conforme lo establece el Artículo XX.2 del Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta número 56 del 22 de marzo de 1983.

Licencia Clase D2: Supermercados, y todos aquellos negocios cuya actividad comercial principal es la venta de que contengan el cien por ciento (100%) de los productos de la canasta básica publicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, siendo la actividad de venta de licor secundaria y para su consumo fuera del local de adquisición y que por su actividad comercial sus ingresos sobrepasen los 271 salarios base. Deberá contar con espacios del parqueo conforme lo establece el Artículo XX.2 del Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta número 56 del 22 de marzo de 1983.

Licencia Clase E1: Aquellas empresas cuya actividad comercial principal es el alojamiento de personas para pernoctar, cuya diferencia radica en la estructura, dimensiones y reglamentación que las rige, que incluyan como servicio el expendio de licor, y que cumplan con las leyes y reglamentos para el desarrollo de la actividad, además de haber sido declarada de interés turístico.

Licencia Clase E1 a): Aquellas empresas declaradas de interés turístico, por el Instituto Costarricense de turismo, cuya actividad comercial principal es el alojamiento de personas para pernoctar, con menos de quince habitaciones.

Licencia Clase E1 b): Aquellas empresas declaradas de interés turístico, por el Instituto Costarricense de turismo, cuya actividad comercial principal es el alojamiento de personas para pernoctar.

Licencia Clase E3: Establecimiento gastronómico de expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo a un menú nacional o internacional. Debe contar con salón comedor, caja, muebles y salonero, área de cocción y preparación de alimentos, área de bodegas para granos y enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación separadas para mariscos, aves, carnes y legumbres, contando con el equipo necesario para desarrollar la actividad, declarada de interés turístico, por el Instituto Costarricense de Turismo.

Licencia Clase E4: Clubes nocturnos y cabaret, aquellos negocios cuya actividad principal es el expendio de licores y la realización de espectáculos públicos para mayores de dieciocho años, entendidos estos como toda función, representación, transmisión o captación pública que congregue, en cualquier lugar o personas para presenciarla o escucharla; que cuenten con la debida autorización según ley 7440.

Ante la ausencia de una clasificación para la actividad de casino, analógicamente se incluye esta actividad dentro de la clasificación E4 de la Ley 9047; siempre y cuando este dentro del sistema de seguridad del Complejo Hotelero, dado que solo en estos espacios pueden funcionar los casinos, donde se circunscribe la venta de bebidas alcohólicas al horario del casino.

Artículo 16.—Generación del Tributo: La Unidad Tributaria, considerando la clasificación de cada establecimiento, procederá a la generación del tributo correspondiente por cada una de las actividades de los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley número 10, tomando como base los montos que se establece en el Artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, cuyo vencimiento será el último día hábil del primer mes de cada trimestre.

Artículo 17.—Pago de Multas e intereses: Conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 9047, el atraso en el pago de este derecho, será sujeto a una multa del uno por ciento por mes sobre el principal hasta un máximo de un veinte por ciento (20%), y al pago de intereses, sin perjuicio de la suspensión de la licencia como lo establece el artículo 10 de la Ley N° 9047.

Artículo 18.—Pago del Tributo: De conformidad con el citado artículo 10 de la Ley, y conforme a lo que dicto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto N° 11499-13 de fecha 28 de agosto de 2013, se establecen los siguientes derechos que deberán pagar los patentados de forma trimestral por anticipado, según el tipo de licencia, y distrito como se muestra en el siguiente cuadro:

CABECERA DE CANTÓN: SAN ANTONIO

Artículo 19.—Pérdida anticipada de vigencia. La licencia perderá vigencia antes de su vencimiento en los siguientes casos:

a) Por renuncia expresa del patentado.

b) Cuando el patentado abandone la actividad y así sea comunicado a la Municipalidad.

c) Cuando resulte totalmente evidente el abandono de la actividad aun cuando el interesado no lo haya comunicado.

d) Por la pérdida o cancelación del permiso de funcionamiento del establecimiento, independientemente del motivo que lo origine.

e) Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley.

f) Por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones establecidos en la Ley, previa suspensión, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley.

CAPÍTULO V

Licencias temporales

Artículo 20.—De los requisitos para licencias temporales solicitadas por organizaciones sin fines de lucro. Quien desee obtener una licencia temporal solicitada por organizaciones sin fines de lucro deberá presentar una solicitud firmada directamente por su representante legal la cual deberá contener al menos lo siguiente:

a) Formulario de solicitud de licencia para el expendio de licor.

b) Descripción de la actividad a realizar, con indicación de la dirección exacta, fechas y horarios en las que se realizará.

c) Certificación que acredite la existencia y vigencia de la organización (Personería Jurídica vigente).

d) Copia del acuerdo de recomendación del Concejo de Distrito correspondiente, de conformidad al artículo 57 inciso d) del Código Municipal.

e) Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un croquis del mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólico.

f) Estudio registral que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, autorización y copia fotostática de la cédula de identidad del propietario del inmueble para realizar la actividad programada, salvo que se trate de actividades a realizarse en terrenos públicos y/o Municipales, en cuyo caso la aprobación del Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha ubicación.

g) Aplicación del Reglamento de Espacios o Espectáculos públicos y normativa conexa.

h) Documento que demuestre que el evento o actividad contará con la seguridad pública durante todo su desarrollo.

i) En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, señalar fax, correo electrónico o cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comunicación.

j) Compromiso escrito de confinar el ruido dentro del local, de la venta y consumo de las bebidas dentro de las instalaciones y nunca en vía pública, de no vender ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores; en fin, el fiel cumplimiento de toda la normativa vigente.

Artículo 21.—De la aprobación. Le corresponde al Concejo Municipal la competencia de resolver la solicitud de licencias permanentes y temporales; las cuales en caso de ser aprobada deberá enviarse copia del acuerdo correspondiente a la Unidad Tributaria de la Municipalidad; Unidad que deberá comunicar, informar, y coordinar con la Policía Municipal, Cruz Roja y Policía de Proximidad.

CAPÍTULO VI

De las sanciones

Artículo 22.—Del debido proceso. La municipalidad podrá imponer las sanciones establecidas en el capítulo IV de la Ley 9047, para lo cual deben respetarse los principios del debido proceso, la verdad real de los hechos, el impulso de oficio, la imparcialidad, la publicidad, y así como los sanos criterios de la lógica, la razonabilidad y la proporcionalidad, para lo cual se realizaran procedimientos administrativos ordinarios o sumarios, sean corresponda a las circunstancias de cada caso. Cuando la conducta objeto de sanción se determine por las reglas de la sana crítica y la mera constatación se procederá de inmediato a emplazar al sancionado e imponer la sanción que en derecho corresponda. Cuando la sanción dispuesta implique la revocación o cancelación de la licencia, deberá seguirse el procedimiento administrativo ordinario dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 23.—Cierre Cautelar. Cuando en un establecimiento autorizado para la venta de licores no respete la normativa, no se confine el ruido que produce; cuando se produzca escándalo o alteración a la tranquilidad y el orden público, o cuando se violaren las disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento tanto permanente o temporal, la Administración Tributaria, el Departamento de Inspecciones o las autoridades de policía se encontrarán facultadas para suspender por el término de 72 horas la venta de bebidas con contenido alcohólico y ordenar el cierre del negocio, aún para el caso de comercios que cuenten con declaratoria turística sin horario de cierre. La reincidencia de este hecho dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo ordinario a efecto de cancelar la licencia.

Artículo 24.—Sanciones relativas al uso de la licencia. Será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base a quien:

Exceda las limitaciones de comercialización de la licencia permanente o licencia temporal con que opere; cuando incumpla este reglamento.

b. Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos para su licencia.

c. Venda, canjee, arriende, transfiera, enajene, traspase o arriende de forma alguna la licencia o por cualquier medio permita su utilización indebida por terceros en contravención de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9047.

La aplicación de dichas sanciones se dará por medio de la simple constatación de los funcionarios públicos encargados de la fiscalización de las actividades autorizadas al expendio de bebidas con contenido alcohólico, la primera multa será por la cantidad de 5 salarios base y si existe reincidencia en un mismo trimestre será por la totalidad de los 10 salarios base, aunado este último supuesto a la clausura del local comercial y el inicio del procedimiento administrativo correspondiente a la cancelación de la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico de conformidad con el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 25.—Sanción relativa a la venta de menores de edad y de personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas. Quien venda o facilite a título oneroso o gratuito bebidas con contenido alcohólico a menores de edad y a personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas será sancionado con una multa de entre uno y quince salarios base. La aplicación de dichas sanciones se dará por medio de la simple constatación de los funcionarios públicos encargados de la fiscalización de las actividades autorizadas al expendio de bebidas con contenido alcohólico, la primera falta será por la cantidad de 7 ½ salarios base y si existe reincidencia será por la totalidad de los 15 salarios base, aunado este último supuesto a la clausura del local comercial y el inicio del procedimiento administrativo correspondiente a la cancelación de la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico de conformidad con el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo se le dará trasladado para su aplicación ante el Juzgado Penal competente con el fin de que se aplique la sanción de seis meses a tres años de prisión al infractor de este delito tutelado en artículo 188 bis del Código Penal, Ley 4573.

Artículo 26.—De la permanencia de menores en establecimientos con licencia clase B y E4. Los menores de edad podrán ingresar a aquellos establecimientos catalogados en este reglamento bajo la clase A que vendieren complementariamente otros productos sin contenido alcohólico, con el único fin de adquirir tales mercancías; realizada la compra, deberán hacer abandono inmediato del local. Los establecimientos autorizados para el giro de restaurante, permitirán la permanencia de menores de edad; quienes no podrán adquirir ni consumir dentro del establecimiento bebidas con contenido alcohólico. La permanencia de personas menores de edad en los establecimientos con licencia clase B y E4 será sancionada con una multa de entre uno y quince salarios base, aunque estuvieren en compañía de sus padres, tutores o personas mayores de edad. La aplicación de dichas sanciones se dará por medio de la simple constatación de los funcionarios públicos encargados de la fiscalización de las actividades autorizadas al expendio de bebidas con contenido alcohólico, la primera falta será por la cantidad de 7 ½ salarios base y si existe reincidencia será por la totalidad de los 15 salarios base, aunado este último supuesto, la clausura del local comercial y el inicio del procedimiento administrativo correspondiente a la cancelación de la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico de conformidad con el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 27.—Sanción relativa a personas jurídicas. Quien omita presentar a la municipalidad la actualización de su capital accionario, cuando se trate de personas jurídicas adjudicatarias de licencias, será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base. La aplicación de dichas sanciones se dará por medio de la simple constatación de la Administración Tributaria, la primera falta será por la cantidad de 5 salarios base y si existe reincidencia será por la totalidad de los 10 salarios base.

Artículo 28.—Sanciones relativas al consumo en vía pública y sitios públicos. Será sancionada con una multa de medio salario base, la persona que sea sorprendida consumiendo bebidas con contenido alcohólico en vía pública y en los sitios públicos determinados por la municipalidad. En estos casos, la Fuerza Pública, la Policía Municipal y los Inspectores Municipales deberán decomisar el producto y levantar el parte correspondiente, la cual se aplicara por medio de la simple constatación de dichos funcionarios, estos deberán remitir a la Unidad Tributaria la información de los partes correspondientes con el fin de tramitar el cobro de la multa de rigor.

Artículo 29.—Sanciones relativas a la venta en vías públicas y sitios públicos. Quien venda bebidas con contenido alcohólico en las vías públicas y sitios públicos, casas de habitación y en aquellos otros lugares donde se desarrollan actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo, recibirán sanción de entre diez y treinta días multa, en estos casos las autoridades de policía mediante el levantamiento de un parte policial, podrán realizar su decomiso, el cual deberá ser remitido ante el Juzgado Contravencional competente para que determine la procedencia de su destrucción y la aplicación de la sanción correspondiente, la cual de conformidad con el artículo 24 de la Ley 9047 debe destinarse a las arcas municipales de esta Municipalidad.

Artículo 30.—Sanciones relativas a la venta ilegal. Quien comercialice bebidas con contenido alcohólico, sin contar con una licencia vigente y expedida por la municipalidad respectiva, recibirá una sanción de entre treinta y sesenta días multa, en estos casos las autoridades de policía mediante el levantamiento de un parte policial, podrán realizar su decomiso, el cual deberá ser remitido ante el Juzgado Contravencional competente para que determine la procedencia de su destrucción y la aplicación de la sanción correspondiente, la cual de conformidad con el artículo 24 de la Ley 9047 debe destinarse a las arcas municipales de esta Municipalidad.

Artículo 31.—Sanciones relativas al control previo de la publicidad comercial. Quien infrinja el control previo de la publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios base. La aplicación de dichas sanciones se dará por medio de la simple constatación de los funcionarios municipales encargados de la fiscalización de las actividades autorizadas al expendio de bebidas con contenido alcohólico, la primera multa será por la cantidad de 5 salarios base y si existe reincidencia en un mismo trimestre será por la totalidad de los 10 salarios base, aunado este último supuesto a la clausura del local comercial y el inicio del procedimiento administrativo correspondiente a la cancelación de la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico de conformidad con el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 32.—Destino de las multas. Lo recaudado por concepto de multas ingresará a las arcas municipales, las multas establecidas serán acreditadas en los registros municipales de los patentados, y deberán ser canceladas en un plazo de veinte días hábiles, posterior a su comunicación; caso contrario, se procederá a suspender la licencia concedida hasta que se haga efectivo el pago. De mantenerse la mora por diez días hábiles posterior al cierre del establecimiento, la deuda será trasladada al proceso de cobro judicial y se ordenará el cierre definitivo del establecimiento y la cancelación de las licencias que se hayan otorgado para el funcionamiento del local, todo ello previo haber concedido el derecho de defensa correspondiente.

CAPÍTULO VII

Procedimiento de recalificación de patentes

Artículo 33.—Situaciones existentes y de hecho. La Administración Tributaria Municipal, mediante acto motivado asignará la categoría y horario que conforme a los artículos 4 y 11 de la Ley N° 9047 les corresponda a las patentes de licores adquiridas mediante la Ley N° 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, indicando el tipo de licencia y su horario conforme a la solicitud que al efecto debieron presentar conforme a lo dispuesto por el Transitorio I de la Ley N° 9047, previa verificación de las condiciones objetivas de funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Artículo 34.—Asignación de categoría de oficio. Por encontrarse vencido el plazo dispuesto en el Transitorio I de la Ley N° 9047, la Administración Tributaria Municipal, procederá a asignar de oficio la categorías de las patentes cuyos titulares no se hayan a apersonado a realizar el trámite correspondiente.

Artículo 35.—De los derechos de los titulares de patentes adquiridas conforme a la Ley N° 10. De conformidad con el Voto Nº 11499-2013 del 28 de agosto del 2013 dictado por la Sala Constitucional los titulares de patentes de licor adquiridas al amparo de las regulaciones de la Ley Nº 10 (parcialmente derogada), mantienen el derecho de traspasarla a un tercero hasta que expire el plazo del último bienio vigente para dichas patentes. Vencido ese plazo el titular de dichas patentes no podrán venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, en el tanto dichas patentes se deben ajustar a todas las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Licores Nº 9047.

Artículo 36.—De la cancelación de las patentes de licores inactivas: Las patentes adquiridas bajo la vigencia de la Ley Nº 10 que se encuentren inactivas por más de seis meses contados a partir del vencimiento del bienio que corresponda, serán revocadas por la Municipalidad, de conformidad con la potestad que le confiere el artículo 6 de la Ley Nº 9047.

CAPÍTULO VIII

Recursos administrativos

Artículo 37.—Recursos. Contra lo resuelto por la administración municipal o el Concejo Municipal, según sea el caso, cabrán los recursos ordinarios previstos en los artículos 162 y 154 del Código Municipal respectivamente, según sea el acto que se recurra.

CAPÍTULO IX

Disposiciones finales

Artículo 38.—Vigencia. La licencia tendrá una vigencia de cinco años renovables por períodos iguales de forma automática siempre y cuando la solicitud de prórroga se presente antes de cada vencimiento. Al momento de la prórroga el patentado deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos, respetándose situaciones consolidadas en ubicación geográfica. En la solicitud de prórroga se deberá adjuntar una constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares. Además, al momento de solicitar la prórroga el patentado deberá estar al día en sus obligaciones con la Municipalidad.

Artículo 39.—Condición. Las licencias están condicionadas al cumplimiento de toda la normativa vigente, las políticas y lineamientos de la Municipalidad de Belén especialmente Ley 7600, Protección a la Niñez, el Reglamento y Plan Cantonal de Gestión Integral de Residuos, del Reglamento de Rótulos, entre otros.

Se acuerda por unanimidad por unanimidad y en forma definitivamente aprobada:

Primero: Aprobar el CAJ-03-2014. Segundo: Instruir a la Secretaría del Concejo para que aplique el Artículo 43 del Código Municipal y todo el procedimiento necesario para la entrada en vigor de este reglamento. Tercero: Aprobar el Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico aquí propuesto. Cuarto: Queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de ésta publicación. Publíquese

Área Administrativa-Financiera.—Lic. Jorge L. González González, Director.—1 vez.—O. C. Nº 029667.—Solicitud Nº 11672.—C-Crédito.—(IN2014021032).

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO DE HEREDIA

CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en Sesión Ordinaria N° 16-2014, celebrada el día 10 de marzo de 2014, mediante acuerdo N° 194-2014 por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión, aprobó someter a Consulta Pública no vinculante por un plazo de 10 días hábiles, contando a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta el Proyecto de Reglamento de Comités de Caminos del Cantón de San Isidro de Heredia.

PROYECTO DE REGLAMENTO DE COMITÉS DE

CAMINOS DEL CANTÓN DE SAN ISIDRO DE HEREDIA

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento regula la naturaleza, objetivos, convocatoria, dirección y composición, relaciones de dependencia, requisitos de adscripción, investidura, vigencia, renuncia, destitución y sustitución, competencia territorial, funciones, atribuciones, organización y funcionamiento, rendición de cuentas y, en general, todo el accionar de los Comités de Caminos del Cantón de San Isidro de Heredia.

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

1. Organización comunal: Grupo de munícipes, representantes de una comunidad, que se manifiestan mediante organizaciones de diversa índole, a nivel local y cuyo fin es la coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos comunes.

2. Asamblea general de vecinos y vecinas: La reunión pública y abierta de vecinos y vecinas de una comunidad, convocada por parte de la Asociación de Desarrollo Integral respectiva, la Municipalidad u otro tipo de organización de interés público, a través de los medios de comunicación locales apropiados como radio, televisión, carteles, invitaciones u otros pertinentes, cuya finalidad es legitimar la existencia y funcionamiento del Comité de Caminos.

3. Comité de Caminos: Grupo de vecinos y vecinas elegidos /as en asamblea general de vecinos (as), adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral, a la Municipalidad o a otro tipo de organización, o entidad de interés público y juramentados por el Concejo Municipal del cantón y que en forma voluntaria se organizan para contribuir con las labores de planificación y definición de prioridades que realice el Consejo de Distrito correspondiente, así como trabajar conjuntamente con la Municipalidad u otros órganos competentes en la ejecución de las tareas relacionadas con el desarrollo y la conservación vial de la jurisdicción que determine la asamblea general de vecinos /as, bajo la modalidad participativa de ejecución de obras.

4. Red Vial Cantonal: Está constituida por la red de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red Vial Nacional y cuya administración es responsabilidad municipal en lo que corresponde.

5. Conservación Vial: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida el buen estado de las vías, de modo que se garantice un óptimo servicio al usuario (as). La conservación vial comprende el mantenimiento rutinario, periódico y la rehabilitación de los diferentes componentes de la vía: derecho de vía, sistema de drenaje, puentes, obras de arte y la base de la vía o pavimento, sea esta a base de asfalto, concreto hidráulico, lastre o tierra.

6. Modalidad participativa de ejecución de obras: Se le conoce también como “conservación vial participativa” y se refiere a la coordinación y cooperación que se establece entre la municipalidad, el gobierno central, las organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón; con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial, en el entendido de que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los recursos del gobierno y la municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas con otros elementos como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de los usuarios, la cooperación y la solidaridad.

7. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: es la dependencia que tendrá a su cargo el servicio de gestión de caminos cantonales en el gobierno local; fungirá como Secretaría Técnica de la Junta Vial Cantonal. De ser posible contará al menos con un ingeniero (a) de caminos, un (a) técnico asistente, y un (a) promotor (a) social. Su operación y financiamiento se incluirá dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, en carácter de servicio de gestión vial.

8. Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento de la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la construcción o reconstrucción de los sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que el sistema de drenaje funcione bien. En el caso de los puentes y de las alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las reparaciones mayores tales como el cambio de elementos o componentes estructurales principales, el cambio de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u otros. En el caso de muros de contención se refiere a la reparación o cambio de las secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de estabilidad correspondiente.

9. Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.

10. Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales, sellos o recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de taludes de corte y de relleno y del señalamiento en mal estado. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así como la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas.

11. Mantenimiento mecanizado: Se compone de labores como la conformación, el relastrado y la compactación de la superficie de ruedo. En estas labores se utiliza maquinaria pesada (cargador, motoniveladora, tractor, vagonetas y compactador).

12. Mantenimiento manual: Entiéndase por éstas: descuaje, desmonte, chapea, limpieza de cunetas y contra cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de cabezales, limpieza de canales de salida, confección de canales transversales o sangrías, bacheo en lastre.

13. Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontal y/o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes o intersecciones.

Artículo 3º—Naturaleza de los Comités de Caminos. Los Comités de Caminos son órganos auxiliares de las municipalidades que en forma voluntaria apoyan las tareas de conservación y desarrollo vial cantonal.

Artículo 4º—Objetivos de los Comités de Caminos. Los Comités de Caminos contribuirán en la planificación, ejecución, supervisión, fiscalización y, en general todas las actividades inherentes al desarrollo y conservación de la Red Vial Cantonal, en función de las necesidades presentadas y detectadas, en forma coordinada con la municipalidad u otros entes competentes.

Artículo 5º—Convocatoria y elección. La convocatoria a asamblea general de vecinos y vecinas estará a cargo de las y los interesados (a) y deberá realizarse utilizando los medios de comunicación idóneos (radio, televisión, carteles, invitaciones, prensa, perifoneo y otros) y al menos con quince días naturales de anticipación. La elección será nominal y bajo las reglas de la mayoría simple; resultando electos (a) las y los miembros que alcancen el mayor número de votos de los asambleístas.

Artículo 6º—Dirección y composición. El Comité de Caminos estará integrado al menos por un mínimo de cinco miembros titulares con sus respectivos suplentes, mayores de edad que constituyen una Junta Directiva compuesta por los siguientes cargos: Presidente (a), Secretario (a), Tesorero (a) y Vocales. Contará además con un Fiscal con voz pero sin voto; todos elegidos (as) en asamblea general de vecinos (as), conforme se establece en este reglamento, sin distingo de género, religión, sexo y preferentemente por personas que no tengan lazos de consanguinidad o afinidad.

Artículo 7º—Relaciones de dependencia. El Comité de Caminos depende, en primera instancia, de la Asociación de Desarrollo Integral, de la Municipalidad u otro tipo de organización o entidad de interés público y, en segunda instancia, de la asamblea general de vecinos (as); siendo ésta el órgano máximo de representación.

Artículo 8º—Requisitos para la adscripción del Comité de Caminos. Para la adscripción, de los Comités de Caminos se deberá cumplir con lo siguiente:

a. Presentar los requisitos que indique la organización o entidad de interés público a la cual estará adscrita.

b. Solicitud formal indicando, la nómina de las y los integrantes, el código o códigos y el nombre del camino a intervenir (en caso de no existir, brindar la ubicación y descripción del mismo). De ello informará a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de San Isidro de Heredia.

c. Resolución afirmativa de la entidad u órgano a la que se adscribe.

Artículo 9º—Investidura del Comité de Caminos. El Comité de Caminos, para su legitimación, deberá ser juramentado en un plazo máximo de treinta días naturales, a partir de la presentación de la solicitud, por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia a petición de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

Artículo 10.—Vigencia. El Comité de Caminos tendrá una vigencia de dos años, a partir del día de su juramentación; pudiendo ser reelectos.

Artículo 11.—Renuncia, destitución y sustitución. Los y las miembros (as) del Comité de Caminos podrán renunciar a su cargo por cualquier motivo, debiendo presentar por escrito las razones de su renuncia ante la Junta Directiva. De igual forma podrán ser destituidos, por causa justificada o incumplimiento de deberes, previo otorgamiento del debido proceso y derecho a la defensa, que brindará la Junta Directiva, la que resolverá lo que corresponda y contra lo cual procederán los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, ante la asamblea general de vecinos (as), que se convocará para tal efecto. En cualquiera de los casos, se procederá a la sustitución con los suplentes electos.

Artículo 12.—Competencia territorial. La competencia territorial del Comité de Caminos estará delimitada por el (los) camino (s) de su circunscripción.

Artículo 13.—Funciones y atribuciones. Las funciones del Comité de Caminos son:

1. Coordinar con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, o en su ausencia, con la dependencia municipal competente, los procesos que proponga el Comité de Caminos o solicite la municipalidad para la rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción, mejoramiento y/u obra nueva de los caminos de su jurisdicción.

2. Servir de enlace entre la Unidad Técnica de Gestión Vial u otra competencia municipal y la comunidad, cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas, así como con cualquier otro ente u órgano interesado y competente en materia vial.

3. Cooperar con los diversos actores mencionados en el inciso anterior, las labores de ejecución y control de las obras de diversa índole contempladas dentro de la conservación y construcción de la red vial de su competencia.

4. Informar por escrito a la Unidad Técnica de Gestión Vial u otra competencia municipal, respecto de sus actuaciones y problemas puntuales de la red vial, ejemplo: alcantarillas que no abastecen, fugas de agua, localización de fuentes de material, ampliaciones de vías, construcción de cordón y caño, construcción de cabezales, construcción y limpieza de cunetas, descuajes y chapeas, o cualquier otra situación relevante que afecte su prestación de servicio. La Unidad Técnica o la dependencia municipal competente, mantendrá un expediente actualizado de esos informes.

5. Fiscalizar los proyectos viales ejecutados, bajo cualquier modalidad, por la Municipalidad de San Isidro de Heredia y de otras organizaciones e instituciones públicas o privadas, en las vías de su jurisdicción; para ello coordinará con la Unidad Técnica de Gestión Vial u otra competencia Municipal.

6. Fomentar actividades dentro del marco de la Conservación Vial Participativa.

7. Rendir cuentas a la comunidad sobre sus labores y actividades realizadas, mediante los informes correspondientes ante la asamblea general anual.

8. Programar y desarrollar actividades que permitan la recaudación y aprovisionamiento de recursos de cualquier tipo para ser utilizados en el mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y/o mejoramiento de los caminos de su jurisdicción; los recursos recaudados también podrán ser utilizados para solventar las necesidades operativas del Comité, ejemplo: materiales didácticos y herramientas para realizar mantenimiento manual (carretillos, palas, machetes), entre otros. El origen y administración de estos recursos, se incorporará en el informe anual.

9. Autorizar los pagos y desembolsos que sean necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

10. Inspeccionar, documentar e informar a la Unidad Técnica o a la dependencia municipal competente, sobre el cumplimiento de los deberes de los propietarios y poseedores de fundos colindantes, con vías públicas en términos de lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos y el Código Municipal sobre el particular.

11. Coordinar, promover, apoyar en la logística y participar en las actividades de capacitación relacionadas con la Conservación Vial Participativa.

12. Promover y participar en eventos de divulgación -murales, entrevistas de radio, TV, prensa escrita; entre otros- a nivel local, regional o nacional, de acuerdo a sus posibilidades.

13. Ejecutar cualquier otra actividad de su competencia, que le encomiende la asamblea de vecinos (as), la Asociación de Desarrollo Integral o por su representante legal, Consejo de Distrito, el Concejo Municipal o la Municipalidad, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial u otro órgano competente.

Artículo 14.—Organización y funcionamiento. Para el cumplimiento de sus cometidos, el Comité de Caminos deberá:

1. Acordar como primera medida el periodo y lugar para celebrar sus reuniones.

2. Definir en un plazo no mayor de dos meses a partir de su nombramiento, los objetivos y labores en un plan de trabajo, en el que se determinará las actividades, plazo para ser ejecutadas y responsables. Dicho plan de trabajo deberá presentarse, conjuntamente con el informe de labores, en la asamblea anual.

3. Realizar sus funciones en forma honorífica, pudiendo percibir únicamente el reembolso de los gastos en que incurra para el desempeño de sus funciones; debiendo justificar documentalmente dichas erogaciones (gastos).

4. Reunirse como mínimo, ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando así lo determine el Presidente o dos terceras partes de los y las miembros (as). El quórum estará conformado por la mitad más uno de sus miembros.

5. Tomar los acuerdos por simple mayoría de votos.

6. Nombrar, en caso de ser necesario, los subcomités de apoyo, para lo cual deberá integrar la mayor cantidad de miembros (as) posibles de la comunidad, los cuales funcionarán conforme a los lineamientos que el Comité establecerá para tal fin.

7. En lo no dispuesto anteriormente, el Comité regirá su funcionamiento por lo establecido en la Ley General de Administración Pública para los órganos colegiados.

Artículo 15.—Funciones del (de la) Presidente. Las funciones del (de la) Presidente del Comité, serán las siguientes:

1. Presidir las reuniones de la Junta Directiva.

2. Firmar las actas de las sesiones conjuntamente con el secretario (a).

3. Firmar conjuntamente con el secretario (a) la comunicación de los acuerdos.

4. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité.

5. Elaborar con los demás miembros el plan de trabajo y el informe anual de labores.

6. Ejercer la representación del Comité cuando sea necesario y procedente.

7. Exponer el informe anual de labores a la Asamblea General de vecinos.

8. Ejecutar cualquier otra tarea que la Junta Directiva le encomiende.

Artículo 16.—Funciones del secretario (a). Las funciones del (de la) Secretario (a) del Comité, serán las siguientes:

1. Actualizar y custodiar el libro de actas de la junta directiva.

2. Firmar conjuntamente con el Presidente (a) las actas de las sesiones.

3. Firmar conjuntamente con el Presidente (a) la comunicación de acuerdos.

4. Leer y tramitar la correspondencia a la brevedad posible.

5. Llevar un archivo completo y ordenado de la correspondencia recibida y enviada, así como de las actividades proyectadas, realizadas y en ejecución.

6. Entregar, toda la documentación en su poder a su sucesor (a) inmediatamente finalizadas sus funciones.

7. Ejecutar cualquier otra tarea que la Junta Directiva le encomiende.

Artículo 17.—Funciones del Tesorero (a). Las funciones del (de la) Tesorero (a) del Comité, serán las siguientes:

1. Mantener actualizado el registro contable de ingresos y egresos del Comité.

2. Desembolsar las sumas o pagos que sean acordados en Junta Directiva.

3. Preparar el informe económico que se incorporará en el informe anual que presentará la Junta Directiva a la Asamblea General.

4. Establecer formas de divulgación utilizando medios locales, regionales o nacionales según corresponda, para informar sobre los recursos disponibles, recaudaciones realizadas después de cada actividad de generación de recursos, para ello podría utilizar la iglesia, escuela, negocios comerciales locales.

5. Entregar, toda la documentación y recursos en su poder a su sucesor (a) inmediatamente finalizadas sus funciones.

6. Ejecutar cualquier otra tarea que la Junta Directiva le encomiende.

Artículo 18.—Funciones del o la Fiscal. Las funciones del (de la) Fiscal del Comité, serán las siguientes:

1. Vigilar que se cumplan los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Vecinos (as).

2. Velar porque cada Miembro de la Junta Directiva cumpla con su labor.

3. Fiscalizar y vigilar la marcha del Comité de Caminos.

4. Denunciar, ante la Asamblea General de vecinos (a) y/o quien corresponda sobre el acaecimiento de irregularidades o anomalías en que incurra la organización.

Artículo 19.—Funciones de las y los Vocales. Las funciones de los (de las) Vocales del Comité, serán las siguientes:

1 Los vocales sustituirán temporalmente en su orden de nombramiento a las y los miembros de la Junta Directiva ausentes.

Transitorio único.

1. Los Comités de Caminos existentes a la fecha de promulgación del presente Reglamento, mantendrán su condición hasta su fenecimiento, o sea al cumplir los dos años de existencia.

2. El presente Proyecto de Reglamento de Comités de Caminos del cantón de San Isidro de Heredia, se somete a consulta pública no vinculante por el plazo de los diez días hábiles que establece el artículo 43 de la Ley 7794.

3. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Zeidy Aguilar Vindas, Secretaria, Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2014021343).

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

El Concejo Municipal en el acta de la sesión ordinaria N° 325 celebrada el día 18 de marzo del 2014, en el artículo 5, inciso 1), punto 9.

ACUERDA:

Se proceda modificar el artículo 5° del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes y Especiales de la Municipalidad de Orotina y deberá leerse así:

“Las comisiones sesionarán en el edificio municipal y deberá el Concejo Municipal convocar en las Sesiones Ordinarias, a las sesiones ordinarias o extraordinarias de las comisiones permanentes o especiales cuando se trasladen documentos que deban ser atendidos por las mismas, quedando convocados en la misma sesión los regidores propietarios y los asesores. La hora de las sesiones debe acordarse de tal forma que permita a la totalidad de sus miembros asistir a las sesiones sin sufrir problemas de tipo laboral y mientras no le provoque choques de horario con otra comisión. La fecha y hora de las sesiones ordinarias podría cambiarse si resultara en un problema para el trabajo de la comisión. Asimismo, podría variarse el lugar de la sesión de la comisión siempre y cuando sea de manera excepcional y por unanimidad de los integrantes de esta.”

Se proceda con la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta.

Kattia María Salas Castro, Secretaria del Concejo.—1 vez.—(IN2014021590).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO DE COSTA RICA

AVISO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

A quien interese, hago constar que el certificado de Depósito a Plazo del Banco de Costa Rica:

Certificado N° Monto Plazo Emitido Vence Tasa

63796778 ¢2.800.000,00 30 días 25-03-2014 25-04-2014 3.05

Certificado emitido a la orden de: Roberto Valladares Mayorga, cédula N° 1-0416-01237, emitido por la Oficinas Centrales, ha sido reportado como extraviado por lo que se solicita al Banco de Costa Rica su reposición de acuerdo con lo establecido en los artículos 708 y 709 del Código de Comercio.

Roberto Valladares Mayorga.—(IN2014021042).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Isacc José Solís Mejía, cédula de identidad N° 901100451, ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Arquitecto obtenido en la Universidad José Cecilio del Valle. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Cartago, 17 de marzo del 2014.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, M.Ed., Director.—O. C. N° 20140261.—Solicitud N° 11234.—(IN2014020389).

El señor Christopher Michael Morehead, cédula de residencia N° 184000219736, ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Bachelor Of Architecture obtenido en la University of Kentucky. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Cartago, 10 de marzo del 2014.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, M.Ed., Director.—O. C. N° 20140261.—Solicitud N° 11232.—(IN2014020391).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Comunica a quien interese la resolución de las once horas quince minutos del día veintiocho de febrero del dos mil catorce. Que declaró administrativamente en estado de abandono a la persona menor de edad Paola Andrea Jarquín Villalobos. Recursos. Proceden los de revocatoria con apelación en subsidio, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la tercera publicación de este edicto, los que deberán interponerse ante el Órgano Director de la Oficina Local de Cartago. Expediente Administrativo OLC-00246-2012.—Oficina Local de Cartago.—Lic. Rodolfo Jiménez Arias.—O. C. N° 36800.—Solicitud N° 1400013.—(IN2014020321).

A Xinia María Sánchez Castro, se le comunica la resolución de las 15:00 horas del 13 de marzo del 2014, donde se resuelve: I) Dar inicio al proceso de protección en sede administrativa regulado por las disposiciones del artículo 128 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley número 7739, del 3 de diciembre de 1997, publicada en La Gaceta número 26 del viernes 6 de febrero de 1998. II) Se descarta el hogar de los señores José Alfredo Sánchez Castro y Lady Patricia Castro Hidalgo como hogar recurso para la reubicación de la persona menor de edad Otilio Jesús Sánchez Castro. III) Medidas cautelares. Se ordena el cuido provisional del niño Otilio Jesús Sánchez Castro en el hogar de los señores Randall Álvarez Sánchez y Stephanie Raquel González Ramírez. Se advierte a las partes que la presente Medida de Protección rige hasta tanto no se modifique en vía administrativa o judicial. Se previene a las partes que les asiste el derecho de hacerse asesorar y representar por un profesional en derecho y se les hace saber que tienen derecho al acceso del expediente administrativo para su estudio y revisión IV) En cuanto a la interrelación familiar, se suspenden las visitas de parte de la señora Xinia María Sánchez Castro. V) Se advierte a la señora Xinia María Sánchez Castro su deber de asistir a IAFA para ser valorados con el objetivo de que se le defina tratamiento a seguir por las adicciones que presentan, debiendo presentar informes de avance periódicamente a esta oficina. VI) Remítase el expediente al Área Integral de esta Oficina, a fin de que se continúe con la intervención y se valoren las condiciones del niño Otilio Jesús Sánchez Castro en el hogar cuidador de los señores Randall Álvarez Sánchez y Stephanie Raquel González Ramírez, debiendo rendir el informe respectivo un mes antes del vencimiento de las medidas de protección. VII) Comuníquese esta resolución al Juzgado de Familia de Alajuela. Plazo: Para interponer recurso de apelación dos días hábiles; señalando lugar para atender notificaciones dentro del Perímetro Jurisdiccional de esta oficina, contados a partir de la tercera publicación de este edicto. Publíquese tres veces consecutivas. Expediente administrativo número 231-00314-95.—Oficina de Alajuela.—Lic. Marianela Acón Chan, Órgano Director del Procedimiento.—O. C. N° 36800.—Solicitud N° 1400013.—(IN2014020334).

A quien interese. Se le avisa a la señora, Luz del Socorro Sanabria Sandí, cédula de identidad número: 901050684, mayor de edad, demás calidades desconocidas, domicilio desconocido, que en esta Oficina Local se tramita el expediente Administrativo número OLPZ-00020-2014, correspondiente a la Medida de Protección de Cuido Provisional en Hogar Sustituto, de las ocho horas del doce de febrero del dos mil catorce, dictada a favor de la persona menor de edad Michelle Vargas Sanabria. Se le concede el plazo de tres días naturales, para que manifieste su conformidad o se oponga en estas diligencias. recursos: En contra de lo ordenado se previene a la parte interesada que podrá interponer Recurso de Apelación ante la Oficina Local de Pérez Zeledón entre las siete horas y treinta minutos y las dieciséis horas. Se le previene a las partes señalar lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de esta oficina local, igualmente pueden señalar un fax en donde puedan realizarse estas notificaciones, de lo contrario, las resoluciones posteriores quedarán notificadas por el transcurso de veinticuatro horas de dictadas. Dicho recurso se podrá interponer en forma verbal o por escrito dentro las cuarenta y ocho horas a su notificación, en esta oficina local quién lo elevará a la Presidencia Ejecutiva de la Institución, ubicada en San José Barrio Lujan antigua Dos Pinos, entre las siete horas y treinta minutos y las dieciséis horas. Se advierte que se debe de señalar lugar donde atender notificaciones futuras dentro del perímetro judicial de la Presidencia Ejecutiva en San José un kilómetro a la redonda, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, o si el lugar señalado fuere impreciso o incierto o ya no existiere, las resoluciones posteriores que se dicten se dará por notificadas con solo el transcurso de veinticuatro horas después de dictada. La presentación del recurso no suspende la aplicación a la medida de protección indicada. Notifíquese. Exp: OLPZ-00020-2014.— Oficina Local de Pérez Zeledón.—Lic. Mildred Morales Castrejón, Órgano Director del Procedimiento Administrativo.—O. C. N° 36800.—Solicitud N° 1400013.—(IN2014020344).

A quien interese. Se le avisa al señor, Adolfo Vargas Vargas, cédula de identidad número: 108320959, mayor, demás calidades desconocidas, domicilio desconocido, que en esta Oficina Local se tramita el expediente Administrativo número OLPZ-00020-2014, correspondiente a la Medida de Protección de Cuido Provisional en Hogar Sustituto, de las ocho horas del doce de febrero del dos mil catorce, dictada a favor de la persona menor de edad Michelle Vargas Sanabria. Se le concede el plazo de tres días naturales, para que manifieste su conformidad o se oponga en estas diligencias. Recursos: En contra de lo ordenado se previene a la parte interesada que podrá interponer Recurso de Apelación ante la Oficina Local de Pérez Zeledón entre las siete horas y treinta minutos y las dieciséis horas. Se le previene a las partes señalar lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de esta oficina local, igualmente pueden señalar un fax en donde puedan realizarse estas notificaciones, de lo contrario, las resoluciones posteriores quedarán notificadas por el transcurso de veinticuatro horas de dictadas. Dicho recurso se podrá interponer en forma verbal o por escrito dentro las cuarenta y ocho horas a su notificación, en esta oficina local quién lo elevará a la Presidencia Ejecutiva de la Institución, ubicada en San José Barrio Lujan antigua Dos Pinos, entre las siete horas y treinta minutos y las dieciséis horas. Se advierte que se debe de señalar lugar donde atender notificaciones futuras dentro del perímetro judicial de la Presidencia Ejecutiva en San José un kilómetro a la redonda, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, o si el lugar señalado fuere impreciso o incierto o ya no existiere, las resoluciones posteriores que se dicten se dará por notificadas con solo el transcurso de veinticuatro horas después de dictada. La presentación del recurso no suspende la aplicación a la medida de protección indicada. Exp. N° OLPZ-00020-2014. Notifíquese.— Oficina Local de Pérez Zeledón.—Lic. Mildred Morales Castrejón, Órgano Director del Procedimiento Administrativo.—Solicitud N° 1400013.—O. C. N° 36800.—C-27880.—(IN2014020350).

Al ser las diez horas del día diez de marzo del año dos mil catorce, se le comunica a la señora Natalia Ramírez Ruiz, la resolución de las ocho horas del día diez de marzo del año dos mil catorce que ordenó la Declaratoria de Adoptabilidad de la persona menor de edad S.V.R.R. e iniciar el Trámite Judicial de Declaratoria de Abandono con Fines de Adopción. Notifíquese la anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Expediente N° 246-00031-2013.—Oficina Local de Upala-Guatuso.—Lic. Katia Corrales Medrano, Organo Director del Procedimiento.—Solicitud N° 1400008.—O. C. N° 36800.—C-22200.—(IN2014020368).

Al ser las once horas del día once de marzo del año dos mil catorce, se le comunica a los señores Yaneth del Socorro Pérez Amador y Medardo Alberto García García la resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día once de marzo del año dos mil que ordenó la Declaratoria de Adoptabilidad de la persona menor de edad J.M.G.P. e iniciar el Trámite Judicial de Declaratoria de Abandono con Fines de Adopción. Notifíquese la anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Expediente N° OLU-00035-2013.—Oficina Local de Upala-Guatuso.—Lic. Katia Corrales Medrano, Órgano Director del Procedimiento.—Solicitud N° 1400008.—O. C. N° 36800.—C-23010.—(IN2014020378).

A las diez horas diez minutos, a los señores Reyes Godínez Francisco Javier y Silva Mora Stepfanie, se les comunica la resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día once de marzo del año dos mil catorce, mediante en la cual se resolvió dar Inicio con el Proceso Especial de Protección en Sede Administrativa y se ordenó llevar a cabo una investigación de los hechos denunciados por el plazo de cincuenta días, refiriéndose el presente proceso al área de Trabajo Social. Notifíquese, la anterior resolución a las partes interesadas, por medio de Edicto, debido a que se desconoce el domicilio actual de los progenitores, o personalmente en su casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la última notificación o la última publicación a las partes, el de recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Exp. OLCO-00008-2014.—Oficina Local de Corredores.—Lic. Dinia Vallejos Badilla, Directora del Procediminto.—Solicitud N° 1400008.—O. C. N° 36800.—C-24910.—(IN2014020388).

Al señor Marco Antonio Fonseca Loaiza, de otras calidades y domicilio ignorados; se le comunica la siguiente resolución: Inicio Proceso Especial de Protección en Sede Administrativa y dictado de medida de cuido provisional de las 13:00 horas del 27 de setiembre del 2013 a favor de la persona menor de edad Darren Steven Fonseca León, a fin de permanecer en el hogar de su abuela materna Ivonne Barrantes Cambronero. Notifíquese la anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después -de dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la última notificación a las partes, el de recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar este edicto por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Expediente Administrativo N° OLPO-00018-2014.—Oficina Local de Pococí.—Msc. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—Solicitud N° 1400008.—O. C. N° 36800.—C-24035.—(IN2014020396).

A Priscilla de Los Ángeles Arias Cerdas, se le comunica que mediante resolución administrativa de las nueve horas once minutos del veinticinco de setiembre del dos mil trece, se inició Proceso Especial de Protección a favor de la persona menor de edad Donovan David Ballestero Arias, en la cual se ordenó el cuido provisional, a favor del mismo, para que permaneciera ubicado a cargo de la señora Julia García López. Se le advierte que deberá señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímil o medio electrónico para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere inexacto o no funcionara, las notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Contra la presente cabe recurso de apelación ante la Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberá interponer ante esta Representación Legal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de su última publicación. Expediente 115-00220-2012.—Oficina Local de Alajuelita.—Lic. Ileana Ballard Romero, Representante Legal.—Solicitud N° 1400009.—O. C. N° 36800.—C-15340.—(IN2014020450).

A Yasmina del Socorro Díaz González, se le comunica la resolución de las 8:00 horas del 5 de marzo del 2014, donde se resuelve: I) Declarar a la persona menor de edad Zayra Esther Díaz González, en condición de adoptabilidad. II) Continúese con el seguimiento psicosociolegal de la situación de la persona menor de edad por parte de esta Oficina. Plazo: Para interponer recursos de revocatoria con apelación subsidiaria tres días hábiles; señalando lugar para atender notificaciones dentro del Perímetro Jurisdiccional de esta Oficina, contados a partir de la tercera publicación de este edicto. Expediente administrativo número 441-00039-2012.—Oficina Local de Alajuela.—Lic. Marianela Acón Chan, Organo Director del Procedimiento.—Solicitud N° 1400009.—O. C. N° 36800.—C-11380.—(IN2014020452).

AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

INTENDENCIA DE ENERGÍA

RIE-019-2014 a las 15:43 horas del 21 de abril de 2014. Adición a la resolución RIE-003-2014. ET-138-2013.

Considerando:

I.—Que el 14 de enero de 2014, mediante la resolución RIE-003-2014, la Intendencia de Energía fijó entre otras cosas los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos.

II.—Que se desprende del Considerando I de la resolución RIE-003-2014, el cálculo del ajuste del (Diferencial) Rezago, denominado factor Di.

III.—Que de acuerdo con la metodología vigente (resolución RRG-9233-2008), el denominado factor Di, correspondiente al: […] diferencial de precios que se produce entre el precio de referencia (PRi) incorporado en el precio plantel de venta y el precio internacional vigente en el momento en que RECOPE realiza las importaciones de combustibles […] y […] será revisado en junio y en diciembre de cada año mediante el procedimiento extraordinario de ajuste de precio y estará vigente por el periodo necesario para compensar las diferencias […].

IV.—Que de conformidad con lo establecido en los considerandos anteriores, lo procedente es adicionar la resolución RIE-003-2014 en su parte dispositiva y establecer el denominado factor Di para el primer semestre del 2014, tal y como se dispone; Por tanto,

EL INTENDENTE DE ENERGÍA, RESUELVE:

I.—Adicionar la resolución RIE-003-2014 del 14 de enero del 2014, en el siguiente sentido:

“Fijar los siguientes diferenciales de precios en los planteles de abasto de los combustibles derivados de los hidrocarburos los cuales estarán vigentes hasta junio de 2014 en:

Cálculo del rezago del primer semestre del 2014

Producto	Dif x litro
Gasolina Plus 91	(¢ 8,38)
Gasolina Súper	(¢ 10,45)
Diesel 0,05%S	(¢ 0,35)
Diesel Térmico	¢ 0,00
Asfalto	¢ 0,07
GLP	¢ 5,58
Jet fuel	¢ 3,31
Bunker c	(¢ 2,84)
Bunker Bajo azufre	(¢ 29,60)
Av-gas	(¢ 19,26)
Totales	(¢ 4,96)
Fuente : ARESEP (…)”

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (L.G.A.P.) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la L.G.A.P., los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

Publíquese y notifíquese.—Juan Manuel Quesada, Intendente.—1 vez.—O.C. N° 7851-2014.—Solicitud N° 12608.—(IN2014025714).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA

Y ACUICULTURA

AJDIP/081-2014.—Puntarenas, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil catorce.

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo Ejecutivo AJDIP/476-2008 de 18 de diciembre del 2008, publicado en La Gaceta Nº8 del 13 de enero del 2008, modificado mediante Acuerdo AJDIP/090-2009 del 12 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta Nº69 del 08 de abril del 2009, se emitieron Medidas de Ordenamiento para el Establecimiento de Acuerdos que Permitan Regular las Actividades de la Pesca Comercial y la Pesca Turística Deportiva.

2º—Que en la aplicación posterior de los Acuerdos indicados, y producto de la dinámica de las actividades pesqueras, se ha considerado necesario para la correcta interpretación y aplicación de las regulaciones establecidas, modificar los artículos pertinentes que permitan el cumplimiento de los fines y objetivos perseguidos con las disposiciones emitidas. Por tanto,

La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura,

ACUERDA:

1º—Modifíquense los artículos 1, 4, 5 y 8 del Acuerdo Ejecutivo 476/2008 y su reforma mediante Acuerdo AJDIP/090-2009, los cuales se leerán de la siguiente manera:

“Artículo 1º—Se prohíbe la pesca dirigida al pez vela, utilizando palangre de superficie adaptada para ese fin y con carnada viva como arte de pesca en las zonas expresamente establecidas e indicadas en el presente acuerdo, a la flota comercial no turística-deportiva. Las faenas de pesca de la flota pesquera nacional, utilizando palangre y carnada viva, en especial en cuanto a zonas y fechas, quedan sometidas a las regulaciones del presente Acuerdo.”

“Artículo 4º—Modifíquese la frase final en los incisos a), b) y c) del artículo 4 para que se lea en todos los incisos de la siguiente manera:

…,`a embarcaciones que no cuenten con licencia de pesca vigente y específica que autorice la captura para comercialización de carnada en esa zona, así como el tipo de carnada autorizada a ser extraída`.”

“Artículo 5º—A partir de la Costa Pacífica Costarricense y las líneas imaginarias establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 4, hasta las 30 millas náuticas aguas afuera se establece una línea imaginaria paralela a la costa que delimita una zona de prohibición permanente para la realización de faenas de pesca comercial no turística, utilizando palangre (long line) de superficie con carnada viva como arte de pesca, ya que será considerado como pesca dirigida a la captura de pez vela. Sin embargo, en las 30 millas indicadas las embarcaciones pertenecientes a la flota comercial no turística sí podrán capturar y almacenar en viveros carnada viva para utilización en faenas de pesca propias de la embarcación, pero fuera de las 30 millas.”

“Artículo 8º—Modifíquese el artículo 8 del Acuerdo indicado y su reforma, para eliminar el párrafo tercero y por ende la Comisión indicada que en el mismo se citaba”.

2º—Elimínese el artículo 12 del Acuerdo Ejecutivo AJDIP/476-2008 y su reforma mediante Acuerdo AJDIP/090-2009:

3º—Comuníquese al Servicio Nacional de Guardacostas, para el ejercicio de sus competencias, cumplimiento, vigilancia y control.

4º—Acuerdo firme

5º—Publíquese,

Lic. Luis Gerardo Dobles Ramírez, Presidente Ejecutivo.—Lic. Guillermo Ramírez Gätjens, Jefe Secretaría Técnica de Junta Directiva.—1 vez.—(IN2014021256).

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

El Concejo Municipal en el acta de la sesión extraordinaria N° 329 celebrada el día 2 de abril del 2014,

ACUERDA:

1. Que se derogue el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 320 del 25 de febrero del 2014, artículo 7°, inciso 3), por carecer el acuerdo tomado del debido proceso que se debe ofrecer por la vía de la publicación a los interesados o afectados del Cantón de Orotina. Además de que no se cumplió con lo estipulado en el oficio C-060-2014 de la Procuraduría General de la República.

2. Que se derogue dicho acuerdo por no haberse cumplido con el debido proceso según lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal.

3. Que se proceda a publicarse la derogación de dicho acuerdo.

4. Que se someta a consulta pública.

5. Que se someta, dos veces su publicación, en el Diario Oficial La Gaceta.

Aprobado en firme y con dispensa de trámite de comisión.

Kattia María Salas Castro, Secretaria del Concejo.—(IN2014021598). 2 v 2.

AVISOS

CONVOCATORIAS

CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL PORTOFIÑO

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a asamblea ordinaria del Condominio Residencial Horizontal Portofino a realizarse el día domingo 1° de junio del 2014. La primera convocatoria será a las 17:00 horas y la segunda a las 18:00 horas en el parque, en caso de lluvia, la asamblea se realizará en la cochera de la finca filial número 5.

Agenda:

- Informe de la Administración.

- Presupuesto y fijación de la cuota de mantenimiento.

- Elección del Administrador

- Elección de Junta Directiva

Notas: Sólo se tendrá un voto por finca filial, ejercido por el propietario registral o su representante mediante poder debidamente autenticado por notario. Si la finca está a nombre de una sociedad, deberá aportar personería y poder, el cual deberá indicar los actos para los cuales está autorizado y la vigencia de la misma.—Hazel Calderón Morales, Administración.—1 vez.—(IN2014025777).

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA

De conformidad con lo estipulado por los artículos 708 y 709 del Código de Comercio, el señor Daniel Gamboa Miranda, cédula 2-364-001, ha presentado ante esta entidad la solicitud para reposición por motivo de extravío del cheque N° 3156 por ¢6.320.000,00 del Banco Nacional de Costa Rica, cuyo beneficiario es (Daniel Gamboa Miranda, cédula 2-364-001 emitido el 14/03/2014.—25 de marzo del 2014.—Lic. Olga María Araya Rojas, Gerente de CN San Carlos.—(IN2014020221).

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S. A.

La señora Patricia Araya Solera cédula Nº 1-0437-0298 y el señor Enrique Tacsan Araya cédula Nº 1-1228-0342, han solicitado la reposición del certificado de acciones Nº S 1538 de fecha 30 de noviembre del 2011, por la cantidad de 10.400 acciones de Florida Ice And Farm Company S. A., a sus nombres, por haberse extraviado. Se publica este aviso para efectos del artículo 689 del Código de Comercio.—Ramón De Mendiola Sánchez, Director General.—(IN2014020392).

UNIVERSIDAD CENTRAL

Por medio de la presente la Universidad Central, certifica que ante este Registro se ha presentado solicitud de reposición de Título de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, a nombre de Ingrid Tatiana Rodríguez Sanabria, cédula 113500126, inscrito en la Universidad en el tomo 2, folio 189, asiento 5571 y en el CONESUP en el código 08, asiento 41737. Se pide la reposición por extravío del original, se publica este edicto para oír oposición a esta reposición dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en este Diario Oficial.—San José, 26 de marzo del 2014.—Departamento de Registro.—Javier Jiménez G.—(IN2014020440).

LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S. A.

Para los efectos del artículo 689 del Código de Comercio, Líneas Aéreas Costarricenses S. A. (LACSA), hace constar a quien interese que por haberse extraviado al propietario, repondrá los siguientes certificados de acciones:

Certificado Nº Acciones Serie

3372 800 B

5314 4000 B

Nombre del accionista: Salazar Padilla Carlos Francisco, Folio número: 4739

San José, 01 de abril del 2014.—Norma Naranjo M., Gerente de Accionistas.—(IN2014020672).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA

De conformidad con lo estipulado por los artículos 708 y 709 del Código de Comercio, el señor Ulises Zumbado Alfaro, cédula 401051478 ha presentado ante esta Entidad, solicitud de reposición de su(s) Certificado(s) CPH Nº 100-301-803301340434 por ¢6.581.691,73 y con fecha de vencimiento del 11-01-2015 con 1 cupón al vencimiento Nº 100-301-803301340434 por ￠437.680,80 con fecha de vencimiento el 11-01-2015.—Heredia, 29 de marzo del 2014.—Elia Delgado Arias, Gerente del Centro de Negocios Belén.—(IN2014021760).

LA CUEVA S. A.

Por este medio se hace constar que la señora Anabelle Quirós Barrantes, de nacionalidad costarricense, mayor, casada, portadora de la cédula N° 2-404-809, es dueña de la acción número 541 y quiere hacer su publicación por extravío de la misma. Quedando de la siguiente manera: para efectos del artículo 689 del Código de Comercio, Rafael Ángel Alfaro Vargas representante legal de La Cueva S. A., hace saber a quien interese que por habérsele extraviado a la propietaria de la acción, y que se registra a su nombre; que cualquier persona interesada al respecto podrá oponerse durante un mes a partir de la tercera y última publicación de este aviso.—Rafael Ángel Alfaro Vargas, Representante legal.—(IN2014021809).

Por este medio se hace constar que el señor Anselmo Sánchez Valerio, de nacionalidad costarricense, mayor, casado, portador de la cédula N° 90009-0844, es dueño de la acción número 599 y quiere hacer su publicación por extravío de la misma, quedando de la siguiente manera: para efectos del artículo 689 del Código de Comercio, Rafael Ángel Alfaro Vargas representante legal de La Cueva S. A., hace saber a quien interese que por habérsele extraviado al propietario de la acción, y que se registra a su nombre; que cualquier persona interesada al respecto podrá oponerse durante un mes a partir de la tercera y última publicación de este aviso.—Rafael Ángel Alfaro Vargas, Representante legal.—(IN2014021824).

ATA TRUST COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA

BONANZA FRUIT CO (COSTA RICA) SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante escritura pública número catorce, otorgada ante los Notarios Públicos Silvia Muñoz García, Douglas Soto Campos, Miguel Antonio Elizondo Soto y Claudio Antonio Quirós Lara, a las 20:00 horas del 24 de marzo del 2014, visible al folio 28 frente, del tomo 54 del protocolo de la conotaria Silvia Muñoz García, Ata Trust Company S. A., actuando en su condición de fiduciaria del fideicomiso denominado “Fideicomiso Atlantic Bananas” y Bonanza Fruit Co (Costa Rica) S. A., realizaron, bajo la condición suspensiva que se indica en dicho instrumento, la compraventa de determinados activos del establecimiento agroindustrial, dedicado a la siembra, explotación y comercialización bananera, ubicado en distrito primero Guápiles, cantón segundo Pococí, de la provincia de Limón, República de Costa Rica, conocido como “Finca Campo Cinco”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 478 siguientes y concordantes del Código de Comercio. Se convoca a los acreedores e interesados que pudieran considerarse afectados por dicha compraventa, para que dentro del término de 15 días hábiles a partir de la primera publicación, se apersonen a hacer valer sus derechos ante S&R Trustee Company Limitada, en San José, Guachipelín de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. piso, en jornada de lunes a viernes a partir de las nueve horas a las doce horas, y continuando de las catorce horas a las diecisiete horas. La legitimación de créditos se realizará mediante la verificación del cumplimiento de las disposiciones que señale el Código Procesal Civil para estos efectos, mediante la presentación de una solicitud por escrito acompañada de toda la documentación legal de respaldo del crédito. Al momento de solicitar la legitimación de créditos el acreedor solicitante deberá indicar un correo electrónico en el cual pueda recibir cualquier tipo de comunicación relacionada con este procedimiento. Edwin Alberto Acuña Rosales, cedula 1-675-999 en representación de S&R Truste Company Limitada.—San José, 21 de abril del 2014.—Edwin Alberto Acuña Rosales, Representante.—(IN2014023535).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL S. A.

Código del Proveedor: _______

Fecha de Ingreso: __________

Formulario Inscripción de Proveedores

Corporación Bananera Nacional S. A., y subsidiarias

Proveeduría General de Bienes y Servicios

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

1. Nombre de la razón social o persona física: ______________

(Según cédula jurídica)

2. Número de cédula jurídica o de identidad:________________

3. Dirección exacta:________________________

4. Nombre del representante legal:_______ 5. Cédula:______

6. Actividad a la que se dedica la empresa: _______________

7. Plazo del crédito a Corbana S. A.

y subsidiarias: 30 días 45 días 60 días Otro: ____

* Si no se indica se asumirán 30 días de crédito.

* Deben adjuntar de ser necesario los documentos para tramitar el crédito ante su representada.

8. Contactos (preferiblemente del Departamento de Ventas):

9. Teléfono central:____ 10. Fax: ____ 12. Apartado:______

Teléfono del ______ 11. E-mail:__________

Departamento de Ventas

13. Exento de renta: SÍ NO En caso de que esté exento,

debe presentar la certificación

emitida por la Dirección

General de Tributación

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR:

1. Copia legible de la cédula jurídica vigente de la empresa o institución.

2. Copia legible de la cédula de identidad del representante legal.

3. Original o copia de la personería jurídica, las certificaciones deben contar con los requisitos formales exigidos por la ley, se aceptan las emitidas por el Registro Público, en ambos casos no mayor a 3 meses de expedida, sin perjuicio de que CORBANA pueda corroborar en el Registro Público cualquier dato adicional.

4. Presentar una copia de las certificación de que esta al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social, en el momento de presentar su solicitud de inclusión en el registro de proveedores. De conformidad con lo que establece la Ley constitutiva de la CCSS No.17 del 22 de octubre de 1943. En su artículo 74 y la reforma publicada en el diario oficial La Gaceta Número 46 del 7 de marzo del 2011, es requisito indispensable que toda persona física como jurídica se encuentre al día con los pagos a la Caja Costarricense del Seguro Social, para realizar cualquier trámite en instituciones públicas.

5. Los proveedores deben de adjuntar una nota que certifique que están inscritos en el registro de contribuyentes del Ministerio de Hacienda.

6. Para efecto de pago debe llenarse la Boleta de Aurotización para el Retiro de Cheques, y junto a esto deberá adjuntar los requisitos señalados en el oficio STES-021-2013. Esta documentación debera presentarse en forma separada y entregarla en la Sección de Tesorería de Corbana o Centro Regionales respectivos.

NOTAS:

* CORBANA y Subsidiarias se reservan el derecho de solicitar cualquier otra información adicional que requiera.

* El proveedor deberá actualizar esta información cada vez que ocurra alguna modificación.

* Consultas sobre este formulario, pueden comunicarse al teléfono 2202-4700.

* El formulario junto con la información solicitada lo pueden enviar al fax 2253-9117, al correo electrónico wmunoz@corbana.co.cr o entregarlo directamente en las oficinas de CORBANA S. A.

Hago constar que la información y los documentos presentados son correctos y documentos presentados son correctos y válidos, así mismo declaro bajo válidos, así mismo declaro bajo juramento que no estamos sujetos a las prohibiciones que establece el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa a funcionarios públicos públicos.

______________ ____________ ______________

Nombre del responsable Número de cédula Firma Sello

Ing. Jorge A. Sauma Aguilar, Gerente General.—1 vez.—(IN2014021313).

LA ALEGRÍA DE TAMARINDO SOCIEDAD ANÓNIMA

La suscrita Vanessa Carmona, con único apellido en razón de mi nacionalidad francesa, antiguamente portadora del pasaporte de mi país número cero cinco R F dos ocho seis nueve siete y actualmente portadora del pasaporte número uno uno A A siete dos seis nueve dos, actuando en mi condición de Presidenta de La Alegría de Tamarindo Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres -ciento uno - cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos diez, por este medio hago constar a cualquier tercero interesado que en vista de que los libros de la sociedad: a) Actas de Asamblea de socios; b) Registro de Socios; c) Junta Directiva, d) Mayor; e) Inventario y balances; f) Diario, fueron extraviados procederemos a reponer los mismos. Se emplaza a partir de esta publicación a cualquier interesado a fin de oír objeciones ante el domicilio de la sociedad.—1° de marzo del año 2014.—Vanesa Carmona, Presidenta.—1 vez.—(IN2014021360).

VAN VLIET BRASILITO DOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Esmeralda Guillén Murillo, mayor, vecina de San José, con cédula de identidad numero: uno-mil dos-doscientos veintiuno, como secretaria apoderada generalísima sin límite de suma de: Van Vliet Brasilito Dos Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica numero: tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y nueve, publica este edicto para efectos de reponer el Libro de Asamblea de Socios Número Uno de esta empresa que se extravío. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Registro Público, Sección de Personas Jurídicas, en el término de ocho días hábiles contados a partir de la publicación de este aviso.—San José, 14 de marzo 2014.—Esmeralda Guillén Murillo, secretaria apoderada generalísima.—1 vez.—(IN2014021394).

ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA

NACIONAL DE MEDICINA

Yo, Carlos Arrea Baixench, portador de la cédula de identidad número uno-ciento ochenta y nueve-ciento dieciséis, en mi calidad de presidente y representante legal de la Asociación Pro Academia Nacional de Medicina, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-dos uno ocho uno nueve cinco, solicito al Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas, la reposición del libro de Junta Directiva número uno, el cual fue extraviado. Se emplaza por ocho días hábiles a partir de la publicación a cualquier interesado a fin de oír objeciones ante el Registro de Asociaciones.—San José, diez de marzo del dos mil catorce.—Carlos Arrea Baixench, Presidente.—1 vez.—(IN2014021562).

FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CANTONES

PRODUCTORES DE BANANO DE COSTA RICA

(CAPROBA)

Comunica a todo el público en general que nuestras oficinas ubicadas en Siquirres, Barrio El Mangal, costado norte del polideportivo. Permanecerán cerradas en la semana que comprenden del lunes 14 al viernes 18 de abril, por motivo de celebración de Semana Santa. Regresando a labores el lunes 21 de abril.—Siquirres, 1° de abril del 2014.—Johnny Rodríguez Rodríguez, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2014021714).

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN RAFAEL

DISTRITO DE SAN RAFAEL CANTÓN DE SAN

RAMÓN PROVINCIA DE ALAJUELA

Yo, Miguel Ángel Mora Jiménez, cédula de identidad número 2-0314- 0321; en mi condición de presidente y representante legal de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael Distrito de San Rafael Cantón de San Ramón Provincia de Alajuela, cédula de persona jurídica Nº 3-002-367758, solicito al Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas la reposición del Libro de Registro de Asociados número uno, los cuales fueron extraviados. Se emplaza por ocho días hábiles a partir de la publicación a cualquier interesado a fin de oír objeciones ante el Registro de Asociaciones.—San Ramón, Alajuela, 20 de febrero del 2014.—Miguel Ángel Mora Jiménez, Presidente y Representante Legal.—1 vez.—(IN2014021741).

NOTIFICACIONES

SALUD

AVISOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

DAJ-UAL-JM-480-2014

(Audiencia para conclusiones)

El Ministerio de Salud hace saber a: Sender Eduardo Zúñiga Carvajal, cédula de identidad 110090988, expediente CO-SUMARIO-020-2014, Christian Jesús Araya Ramírez, cédula de identidad 206630663, expediente CO-SUMARIO-035-2014, Fernando Elí Cascante Gamboa, cédula de identidad 604060255, expediente CO-SUMARIO-033-2014, que en procedimiento sumario incoado en su contra por infringir las disposiciones de la Ley 9028 “Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Nº 9028 del 22 de marzo del 2012” y su reglamento, Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, el Órgano Director del Procedimiento sumario conformado para tales efectos le otorga Audiencia para que en el plazo de 5 días hábiles a partir de la tercera publicación de este aviso presente sus conclusiones y/o alegaciones ante el Órgano Director de Procedimiento Sumario de acuerdo con los hechos que se le endilgan. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley precitada; 46, 50 y 51 del Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP; 239 sigs y concordantes y 320 sigs y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. Esto por cuanto fue imposible notificarle en virtud de que se desconoce su domicilio. Se publica el presente edicto a ruego del Órgano Director de Procedimiento Sumario, con sede en la Dirección de Rectoría de la Salud Central Occidente, sita en San Ramón, Alajuela.—San José, 14 de marzo del 2014.—Lic. Ronny Stanley Muñoz Salazar, Director Jurídico.—O. C. Nº 3400021308.—Solicitud Nº 11483.—Crédito.—(IN2014020254).

DAJ-UAL-JM-487-2014

(Audiencia para conclusiones)

El Ministerio de Salud hace saber a: Juan José Vásquez Vargas, cédula de identidad 203510855, expediente CO-SUMARIO-017-2014, Jefrry Willian Grobe, pasaporte de identidad 455150892, expediente CO-SUMARIO-187-2013 y Dennovan Francisco Quesada Sibaja, cédula de identidad 207290984, expediente CO-SUMARIO-018-2014, que en procedimiento sumario incoado en su contra por infringir las disposiciones de la “Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Nº 9028 del 22 de marzo del 2012” y su reglamento, Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, el Órgano Director del Procedimiento sumario conformado para tales efectos le otorga Audiencia para que en el plazo de 5 días hábiles a partir de la tercera publicación de este aviso presente sus conclusiones y/o alegaciones ante el Órgano Director de Procedimiento Sumario de acuerdo con los hechos que se le endilgan. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley precitada; 46, 50 y 51 del Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP; 239 sigs y concordantes y 320 sigs. y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. Esto por cuanto fue imposible notificarle en virtud de que se desconoce su domicilio. Se publica el presente edicto a ruego del Órgano Director de Procedimiento Sumario, con sede en la Dirección de Rectoría de la Salud Central Occidente, sita en San Ramón, Alajuela.—San José, 11 de marzo del 2014.—Lic. Ronny Stanley Muñoz Salazar, Director Jurídico.—O. C. Nº 3400021308.—Solicitud Nº 11484.—Crédito.—(IN2014020259).

DAJ-UAL-JM-678-2014

(Audiencia para conclusiones)

El Ministerio de Salud hace saber a: Kenneth Antonio Murillo Soto, cédula de identidad 207280448, expediente CO-SUMARIO-028-2014 y Melissa Bolaños Campos, cédula de identidad 207220775, expediente CO-SUMARIO-016-2014, que en procedimiento sumario incoado en su contra por infringir las disposiciones de la Ley 9028 “Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Nº 9028 del 22 de marzo del 2012” y su reglamento, Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, el Órgano Director del Procedimiento sumario conformado para tales efectos le otorga Audiencia para que en el plazo de 5 días hábiles a partir de la tercera publicación de este aviso presente sus conclusiones y/o alegaciones ante el Órgano Director de Procedimiento Sumario de acuerdo con los hechos que se le endilgan. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley precitada; 46, 50 y 51 del Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP; 239 sigs. y concordantes y 320 sigs. y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. Esto por cuanto fue imposible notificarle en virtud de que se desconoce su domicilio. Se publica el presente edicto a ruego del Órgano Director de Procedimiento Sumario, con sede en la Dirección de Rectoría de la Salud Central Occidente, sita en San Ramón, Alajuela.—San José, 18 de marzo del 2014.—Lic. Ronny Stanley Muñoz Salazar, Director Jurídico.—O. C. Nº 3400021308.—Solicitud Nº 11481.—Crédito.—(IN2014020290).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SUCURSAL PÉREZ ZELEDÓN

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El suscrito jefe de la Sucursal de la CCSS de Pérez Zeledón, por no ser posible la notificación en su domicilio, procede a efectuar la siguiente notificación por publicación a los Patronos y Trabajadores Independientes incluidos abajo, de conformidad con los artículos 240 y 241 de la Ley General de Administración Pública, Se le concede 5 días hábiles para normalizar su situación, caso contrario el adeudo queda firme en sede administrativa y se dará inicio a las acciones de cobro judicial, tanto en la Vía Civil como Penal, El monto contempla periodos adeudados al 18 de marzo del 2014, y se detalla número patronal/TI, nombre y monto:

Patronos:

2-03101609604-001-001 3-101-609604 S. A. ¢78.333,00, 0-00109980968-001-001 Blanco Padilla Ever ¢647.626,00, 2-03101496884-001-001 Carmel Real DC Herradura S. A. ¢50.836,00, 2-03101242369-001-001 Corporación Apolob S. A. ¢1.396.961,00, 0-00104790145-001-001 Delgado Azofeifa Gerardo ¢59.166,00, 2-03101416279-001 001 El Duende Que Camina S,A ¢126.975,00, 0-00109310396-001-001 Gastón Ureña Maikel ¢74.276,00, 2-03101244018-001-001 Grupo Kinney S. A. ¢699.565,00, 0-00800850816-001-001 Martínez Rojas Adelina F ¢73.341,00, 0 00800540484-002-001 Mitjavila Lemus Álvaro Armando ¢704.231,00. 2 03101397935-001-001 Robles Barrantes De San Isidro S. A. ¢782.538,00. 0-00106900839-001-001 Roldan Villalobos José Ricardo ¢249.667,00.

Subtotal patronos 12 casos por ¢4.943.515,00

Trabajador independiente:

0-00106420682-999-001 Abarca Segura Marco A., ¢887.213,00, 0-00603400721-999-001 Acuña González Harold ¢722.955,00, 0-00110310306-999-001 Agüero Laidley German ¢717.678,00, 0-00112820023-999-001 Aguilar Mena Anthony J ¢748.690,00, 0-00110990986-999-001 Alvarado Badilla Yosser ¢881.156,00, 0-00108560215-999-001 Arauz Beita Denis ¢710.756,00, 0-00104290339-999-001 Araya Pereira Edwin ¢788.021,00, 0-00110840125-999-001 Arce Porras Alberto J ¢717.115,00, 0-00108760463-999-001 Ávila Granados Xochitl ¢967.422,00, 0-00900970317-999-001 Barboza Padilla Adonay ¢653.923,00, 0-00108160729-999-001 Barrantes Acosta Jose ¢820.058,00, 0-00107690018-999-001 Blanco González Rodolfo ¢1.022.815,00, 0-00109980968-999-001 Blanco Padilla Ever ¢83.923,00, 0-00114450053-999-001 Bonilla Bonilla Allen ¢746.165,00, 0-00602240888-999-001 Bristan Samudio Rigoberto ¢683.366,00, 0-00107960002-999-001 Calderón Valverde José L, ¢848.442,00, 0-00111310764-999-001 Calvo Rodríguez Bayron ¢749.979,00, 0-00109880542-999-001, Cambronero Pérez Gerardo ¢719.024,00, 0-00109700459-999-001 Campos Guerrero Rainer ¢669.622,00, 0-00110760492-999-001 Campos Mora Luis Diego ¢879.812,00, 0-00107660610-999-001 Cascante Ortiz Ana M., ¢735.125,00, 0-00900840432-999-001 Cascante Rivera Oscar ¢921.167,00, 0-00108210010-999-001 Castillo Ceciliano Gabriel ¢890.850,00. 0-00107830143-999-001 Castillo Sánchez Mario ¢720.622,00. 0-00110500597-999 001 Castro Fernández Carlos A., ¢890.850,00, 0-00303560164-999-001 Castro Rojas Esteban A., ¢909.532,00, 0-00112680118-999-001 Ceciliano Mora Henry ¢713.699,00, 0-00602890937-999-001 Céspedes Calderón Carlos 716.799,00, 0-00111440149-999-001 Chacón Camacho Aurora ¢668.604,00, 0-00106550054-999-001 Chacón Porras Sandra ¢640.810,00, 0-00602240371-999-001 Chavarría Campos Víctor ¢743.933,00, 0-00111850237-999-001 Chaves Vargas Gerardo ¢637.556,00, 0-00106810982-999-001 Chinchilla Chaves Rodolfo ¢746.079,00, 0-00111530001-999-001 Chinchilla Valverde Iván A., ¢895.290,00. 0-00105960886-999-001 Cordero Díaz Jorge ¢781.758,00, 0-00108820122-999-001 Cordero Mata Gilbert ¢784.382,00, 0-00602230569-999-001 Cordero Sánchez Salvador ¢685.130,00. 0-00112580315-999-001. Corrales Agüero Elías ¢806.858,00, 0-00105650674-999-001 Corrales Valverde Roger ¢701.399,00, 0-00110940538-999-001 Cubero Vargas Luis Diego ¢686.985,00, 0-00104790145-999-001 Delgado Azofeifa Gerardo, ¢308.003,00, 0-00108410299-999-001 Donzon Cuadra Leonardo ¢653.025,00, 0-00108100503-999-001 Duarte Gamboa Bernald ¢762.549,00, 0-00110980733-999-001 Duarte Hernández Ronald ¢736.117,00, 0-00108640584-999-001 Elizondo Duran Roy Harold ¢769.915,00, 0-00601570377-999-001 Elizondo Méndez Freddy ¢862.347,00, 0-00110980465-999-001 Fallas Esquivel Wagner ¢834.345,00, 0-00303690652-999-001 Fernández Torres Evelyn ¢12.812.503,00, 0-00106910063-999-001 Fonseca Fallas Ligia María ¢1.279.996,00, 0-00105980817-999-001 Fonseca Gamboa José ¢812.727,00, 0-00109970139-999-001 Gamboa Gamboa Johan ¢762.850,00, 0-00107810471-999-001 Gamboa Rojas Sidney ¢749.748,00.0-00112660984-999-001 Gamboa Vega José ¢732.581,00, 0-00110930212-999-001 Garbanzo Garbanzo Wilber 701.419,00, 0-00602740460-999-001 García Cruz Carlos Luis ¢719.637,00, 0-00112630603-999-001 Garro Ceciliano Christian ¢699.487,00, 0-00603910912-999-001 Gómez Bermúdez David ¢876.349,00, 0-00111720056-999-001 Gómez Marín Iván A., ¢890.589,00,. 0-00701350908-999-001 Gómez Urbina Carlos Adán ¢862.215,00, 0-00108450368-999-001 Hernández Mora Jorge ¢862.215,00, 0-00112260457-999-001 Hernández Villarevia Nidia ¢2.552.417,00, 0-00106630979-999-001 Hidalgo Conejo Bernan ¢733.564,00, 0-00104760020-999-001 Hidalgo Valenciano Ramiro ¢849.021,00, 0-00108880360-999-001 Ilama Granados Sandra L., ¢866.859,00, 0-00111570549-999-001 Jiménez Castillo David ¢885.143,00, 0-00105010840-999-001 Jiménez Fernández Luis ¢756.497,00, 0 00601190126-999-001 Jiménez Salazar Eladio ¢933.393,00, 0-00109300230-999-001 Leiva Bermúdez Gerald ¢806.480,00, 0-00104780515-999-001 Leiva Herrera William ¢746.405,00, 0-00106780148-999-001 Leiva Mora Edin ¢717.327,00, 0-00501550095-999-001 Mairena Juárez Gerardo ¢684.695,00, 0-00112180034-999-001 Mena Arias Gilberto ¢733.508,00, 0-00303520999-999-001 Mena Brenes Geiner A ¢732.863,00, 0-00111360856-999-001 Mena Jiménez Jean ¢753.422,00, 0-00111680720-999-001 Méndez Hidalgo Michael ¢799.956,00, 0-00105620184-999-001 Méndez Jiménez José A., ¢896.410,00, 0-00602850373-999-001 Monge Vindas Heiner Miguel ¢862.072,00, 0-006303080178-999-001 Mora Ceciliano Walter ¢700.089,00, 0-00603040139-999-001 Mora Corrales Carlos A, ¢747.771,00, 0-00110070349-999-001 Mora Fallas Gonzalo ¢932.602,00, 0-00104770094-999-001 Mora Quirós Oscar ¢796.033,00, 0-00106560725-999-001 Mora Vargas Fernando ¢919.754,00, 0-00111900393-999-001 Murillo Murcia Luis J, ¢668.902,00, 0-00107360992-999-001 Murillo Otarola Alvin ¢667.736,00, 0-00602440012-999-001 Naranjo Mena Fernando ¢637.827,00, 0-00205300470-999-001 Núñez González Juan C, ¢909.204,00, 7-00016720539-999-001 Obando Cubillo Walter ¢833.972,00, 0-00106460382-999-001 Obando Román Nibia ¢652.965,00, 0-00501850353-999-001 Obregón Matamoros Gerardo ¢847.902,00, 0-00111370140-999-001 Palomo Palomo Pablo C ¢717.878,00, 0-00203460855-999-001 Paz Romero Andrés ¢890.284,00, 0-00104940731-999-001 Pérez Camacho Francisco ¢820.122,00, 0-00701480823-999-001 Pérez Corrales Víctor K, ¢876.052,00, 0-00107950063-999-001 Pérez Quesada Lidiette ¢820.122,00, 0-00603300206-999-001 Picado Alfaro Leonardo ¢700.516,00, 0-00502000480-999-001 Quirós Aguilar Eduardo ¢744.053,00, 0-00103901294-999-001 Quirós Camacho Juan R ¢733.315,00, 0-00109830773-999-001 Ramírez Méndez Maynor ¢668.695,00, 0-00112120024-999-001 Ramírez Mora Christopher ¢970.410,00, 0-00501520226-999-001 Ramírez Murillo Juan ¢1.053.599,00, 0-00110090922-999-001 Rojas Chavarría Ariel. ¢778.976,00, 0-00112670720-999-001. Rojas Granados José P ¢688.150,00, 0-00104360416-999-001 Rojas Jiménez José Evelio ¢727.926,00, 0-00106900839-999-001 Roldan Villalobos José R. ¢722.964,00, 0-00106630696-999-001 Román Mora Marta L, ¢700.620,00, 0-00110450421-999-001 Salazar Amador Julio Cesar ¢904.610,00, 0-00104670616-999-001 Salazar Vargas Manuel ¢749.494,00, 0-00112010766-999-001 Sánchez Acuña José E, ¢894.566,00, 0-00105950522-999-001 Sánchez Godínez Hermes B, ¢876.052,00, 0-00900940304-999-001 Segura Chaves Vidal Antonio ¢790.135,00, 0-00304280578-999-001 Serrano Castillo Michael A., ¢829.119,00, 7-02690100130-999-001 Serva No indica otro Celine M ¢842.758,00, 0-00112990604-999-001 Sibaja Pereira Cesar David ¢806.344,00, 0-00108910097-999-001 Solano Redondo Jhoan ¢652.826,00, 0-00601690688-999-001 Soto Campos Giovanni ¢1.027.809,00, 0-00109410041-999-001 Trejos Cambronero Javier ¢780.623,00, 0-00105830920-999-001 Umaña Venegas Hermógenes ¢685.214,00. 0-00108370726-999-001 Ureña Barboza Mauricio ¢833.972,00, 0 00111270018-999-001 Valverde Corrales José ¢963.022,00, 0-00112440815-999-001 Valverde Elizondo David ¢669.320,00, 0-00602980746-999-001 Vanegas Cruz Johanne ¢622.520,00, 0-00108660069-999-001 Varela Villalobos Ana ¢670.085,00, 0-00112360323-999-001 Vargas Altamirano Iván M, ¢921.299,00, 0-00106890260-999-001 Vargas Arias Damaris ¢833.972,00, 0-00603090128-999-001 Vargas Mata Lorena ¢637.126,00. 0-00112630016-999-001 Vega Romero Alejandro ¢649.339,00, 0-00900930256-999-001 Venegas Venegas William ¢674.175,00, 0-00108560861-999-001 Villalobos Sánchez Dinier A, ¢841.906,00, 0-00108580820-999-001 Zúñiga Agüero Juan C, ¢869.381,00, 0-00111600988-999-001 Abarca Mora Edixon ¢1.047.367,00, 0-00111100605-999-001 Acuña Cordero Gerardo ¢971.556,00, 0-00112160378-999-001 Alfaro Ramírez Pablo ¢971.556,00, 0-00204470730-999-001 Amador Hernández Juan ¢1.001.734,00, 0-00105140992-999-001 Araya Hernández Jorge ¢955.431,00, 0-00701220837-999-001 Arroyo Abarca Edgar D. ¢1.016.924,00, 0-00603620036-999-001 Barboza Tenorio Michael ¢1.124.542,00, 0-00110270294-999-001 Blanco Pérez Eugelbert ¢897.542,00, 0-00111160424-999-001 Bonilla Arias Juan Ant, ¢868.572,00, 0-00204250761-999-001 Camacho Carrillo Mario ¢897.542,00, 0-00109960523-999-001 Céspedes Castrillo Antonio ¢891.520,00, 0-00900980391-999-001 Chinchilla Murillo Víctor ¢956.574,00, 0-00109650109-999-001 Durán Solís Carlos Antonio ¢1.025.397,00, 0-00106630846-999-001 Fallas Ramírez Miguel A, ¢881.803,00, 0-00105530862-999-001 Fallas Ureña Rodrigo ¢5.750.236,00, 0-00110020617-999-001 Fallas Vindas Mario E, ¢882.867,00, 0-00109710390-999-001 Fernández Jiménez José M, ¢941.521,00, 0-00110950273-999-001 Gamboa Calderón Deiby ¢994.666,00, 0-00104990076-999-001 Granados Fallas José A., ¢2.966.510,00, 0-00603390492-999-001 Hernández Avalos Alfred ¢897.271,00, 0-00602150622-999-001 Hernández Hernández Fernando ¢912.585,00, 0-00205080279-999-001, Herrera Arrieta Henry ¢882.745,00, 0-00109820250-999-001, Jiménez Agüero Julio Cesar ¢883.812,00, 0-00602840433-999-001 López Rojas Yonatan ¢971.078,00, 0-00602720675-999-001 Loria Amaya Nancy Francini ¢887.086,00, 0-00109970664-999-001 Mata Ramírez Ricardo ¢1.031.672,00, 0-00108890882-999-001 Monge Aguilar Julio Cesar ¢939.933,00, 0-00601970739-999-001 Montoya Gómez Wilber ¢1.046.956,00, 0-00602600381-999-001 Mora Cubero Giovanni ¢1.103.742,00, 0-00602680632-999-001 Mora Vargas Elías ¢897.116,00, 0-00602270638-999-001 Morales Alvarado Yamileth ¢911.726,00, 0-00111670244-999-001 Ortega Naranjo Dinia ¢147.108,00, 0-00113440156-999-001 Ortiz Cerdas Anthony ¢896.946,00, 7-00017009966-999-001 Schuyler Noindicaotro Paul ¢1.225.591,00, 0-00106440160-999-001 Umaña Segura Sonia ¢918.999,00, 0-00303710859-999-001 Valverde Mendoza Katya ¢970.900,00, 0-00107900245-999-001 Vega Jiménez Lilliam ¢905.262,00, 0-00108300310-999-001 Villanueva Beita Carlos ¢962.878,00, 0-00110040174-999-001 Zúñiga Cordero Paulo ¢1.016.240,00.

Subtotal trabajador independiente 168 casos por ¢157.701.824,00.

Total 180 casos por ¢162.645.339,00.

Lic. Jorge Minor Mata Arias.—(IN2014020110).

SUCURSAL DE GOLFITO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La suscrita Administradora de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de Golfito, mediante el presente edicto y por no haber sido posible notificarlos en el domicilio indicado, procede a efectuar la siguiente notificación por publicación a los Patronos incluidos abajo, de conformidad con los artículos 240 y 241 de la Ley General de Administración Pública. Se le concede 5 días hábiles para normalizar su situación, caso contrario el adeudo queda firme en sede administrativa y se dará inicio a las acciones de cobro judicial, tanto en la vía civil como penal. El monto contempla periodos que poseen firmeza administrativa al 20 de marzo del 2014. Y se detalla nombre, número y monto adeudado: Ana del Coco Sociedad Anónima 2-03101380376-001-001 ¢115.097,00, Arroyo Guerrero Mario 0-00111250156-001-001 ¢976.022,00, Comidas Rápidas del Sur Sociedad Anónima 2-03101104424-001-001 ¢768.051,00, McNair Noindicaotro Jasón Dylan 7-01560100330-001-001 ¢676.538,00, Seguridad Seg Fem Sociedad Anónima 2-03101373984-001-001 ¢1.299.135, Ramírez Valerio Gilberto Rafael de la Trinidad 0-00401050699-001-001 ¢394.693,00.—Lic. Isabel Garbanzo León Administradora.—(IN2014021810).