ARTÍCULO 2.- La paz es un derecho humano fundamental. El Estado promoverá, defenderá y garantizará la paz por todos los medios posibles y mediante la aplicación de su neutralidad activa en los conflictos entre Estados e internamente en los países, según lo que dispongan los tratados internacionales, sus principios y propósitos, y la ley.

Costa Rica es neutral ante todos los conflictos armados internacionales y ante todos los conflictos armados dentro de otros Estados, de conformidad con lo que disponen esta ley y el derecho internacional.

Se prohíbe la instalación, en territorio nacional, de cualquier industria para la fabricación de armas de guerra.

El Estado incluirá, por medio del Consejo Superior de Educación Pública, en sus programas de educación, principalmente preescolar, primaria y secundaria, contenidos curriculares que propugnen y cimenten la cultura de paz; para ello, se apoyará en el Instituto Costarricense de la Neutralidad, la Paz y la Democracia, así como en la Universidad para la Paz, entidad afiliada a la Organización de las Naciones Unidas, con sede principal en nuestro país, para que con esas instituciones se alienten los estudios de paz en los centros educativos y se contribuya con todo ello al establecimiento de una cultura de paz en la sociedad costarricense.

Rige a partir de su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA TERCERA.- Aprobado el doce de noviembre de dos mil catorce.

Víctor Hugo Morales Zapata Carmen Quesada Santamaría

PRESIDENTE SECRETARIA

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A los veinte días del mes de noviembre de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Henry Manuel Mora Jiménez

PRESIDENTE

Luis Alberto Vásquez Castro Jorge Rodríguez Araya

PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González Sanz.—La Ministra de Educación Pública a. í., Alicia Vargas Porras.—1 vez.—O. C. Nº 24160.—Solicitud Nº 3770.—C-24760.—(L9288-IN2015011721).

PROYECTOS

Comisión Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Asamblea Legislativa

Texto Base Expediente Nº 19340. APROBACIÓN DEL

CONVENIO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA

ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

“APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE DELIMITACIÓN

MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébese en cada una de sus partes el “CONVENIO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, suscrito en la ciudad de Quito, Ecuador, el 21 de abril de 2014, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA

ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, en adelante denominadas las “Partes”;

Animados por la voluntad de fortalecer los vínculos históricos de amistad y fraternidad que unen a sus pueblos;

Conscientes de la necesidad y conveniencia de delimitar los espacios marítimos jurisdiccionales entre los dos países con base en la igualdad de soberanía y las normas y principios relevantes del derecho internacional;

Teniendo en cuenta los trabajos realizados previamente por la Comisión Binacional entre Ecuador y Costa Rica para la delimitación de los espacios marítimos jurisdiccionales entre los dos Estados;

Tomando en consideración las normas y principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual ambos Estados forman parte;

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO

La zona económica exclusiva y la plataforma continental del Ecuador del Archipiélago de Galápagos y la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Costa Rica de la Isla del Coco delimitan en el Océano Pacífico, en el sector donde se superponen, por las líneas geodésicas que pasan por puntos equidistantes entre los dos países, que se definen de acuerdo con los literales A), B) y C) siguientes:

A. Puntos de Base

En Costa Rica:

CR-1, en el Suroeste de la isla DOS AMIGOS.

CR-2, en el Suroeste del cabo DAMPIER, en la Isla del COCO

En Ecuador:

EC-1, en el Noreste de la isla DARWIN

EC-2, en el Noreste de la isla GENOVESA

B. Sobre la base de lo establecido anteriormente, se determinan los siguientes puntos para el trazado de las líneas geodésicas, a partir de las cuales se define el límite marítimo:

Punto B-1 Punto equidistante, determinado por la intersección de los arcos de círculo trazados con un radio de 200 millas náuticas, desde los puntos de base EC-1, en el Noreste de la isla DARWIN y CR-1, en el Suroeste de la isla DOS AMIGOS.

Punto B-2 Punto equidistante, determinado por la intersección de los arcos de círculo trazados con un radio de 200 millas náuticas, desde los puntos de base EC-2, en el Noreste de la isla GENOVESA y CR-2, en el Suroeste del cabo DAMPIER.

Punto C-1 Determinado como el punto medio de la línea geodésica de base (EC-1)(CR-1).

Punto C-2 Determinado como el punto medio de la línea geodésica de base (EC-2) (CR-2).

Punto B-3 Determinado por la intersección de las proyecciones de las dos líneas geodésicas intermedias.

La primera línea geodésica intermedia pasará por los puntos B-1 y C-1.

La segunda línea geodésica intermedia pasará por los puntos B-2 y C-2

C. Las líneas geodésicas que pasan por los puntos B-1, B-3 y B-2 definen el límite marítimo entre Ecuador y Costa Rica. Las coordenadas geográficas correspondientes a estos puntos, presentadas en el orden anteriormente indicado, son las siguientes:

Punto	Latitud Norte	Longitud Oeste
B-1	04°33’55.741”	090°18’24.485”
B-3	03°26’37.922”	089°26’11.383”
B-2	02°09’02.238”	087°08’42.443”

Las coordenadas geográficas de todos los puntos objeto de este Convenio están determinadas en el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).

La Carta del Límite Marítimo entre Ecuador y Costa Rica se incorpora como anexo al presente convenio.

ARTÍCULO SEGUNDO

Se establece una zona especial de 10 millas náuticas de ancho situada a cada lado del límite marítimo señalado en el literal C) del artículo anterior, en la cual la presencia accidental de embarcaciones pesqueras de uno u otro país no será considerada como una violación a las normas pertinentes del respectivo Estado. Ello no significa reconocimiento de derecho alguno para ejecutar faenas de pesca o caza en dicha zona especial.

ARTÍCULO TERCERO

Sobre la base de la definición del límite marítimo establecida mediante el presente Convenio, las Partes propiciarán la más amplia cooperación en temas marítimos de mutuo interés, sin perjuicio de los derechos de soberanía y de jurisdicción que ambos Estados ejerzan en sus respectivos espacios marítimos.

ARTICULO CUARTO

El presente Convenio será sometido para su aprobación a los trámites constitucionales establecidos en cada una de las Partes. Entrará en vigor en la fecha de la segunda nota diplomática en la que se informe sobre el cumplimiento de dichos trámites constitucionales.

En fe de lo cual, los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos países suscriben el presente Convenio, en dos ejemplares, igualmente válidos, en la ciudad de Quito, el veintiuno de abril de dos mil catorce.

Por la República de Costa Rica Por la República del Ecuador

Enrique Castillo Barrantes Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto Exteriores y Movilidad Humana

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

República de Costa Rica

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Dirección General de Política Exterior

MICHEL CHARTIER FUSCALDO

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

CERTIFICA:

Que las anteriores cuatro copias, son fieles y exactas del texto original del Convenio sobre Delimitación Marítima entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador y su anexo la Carta del Límite Marítimo entre Ecuador y Costa Rica, suscrito en la ciudad de Quito, Ecuador, el veintiuno de abril de dos mil catorce. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección General de Política Exterior, a las diez horas del tres de setiembre del dos mil catorce.

Rige a partir de su publicación.

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

1 vez.—O. C. N° 25003.—Solicitud N° 28124.—C-205170.—(IN2015012026).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 38803-MTSS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 y el artículo 146 de la Constitución Política; el inciso 1) del artículo 25 y el inciso 2 b) del artículo 28 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº N° 6227 de 2 de mayo de 1978, artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ley Nº1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, así como los artículos 117 y 126 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto Nº 27969-TSS del 23 de junio de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 138 del 16 de julio de 1999.

Considerando:

1º—Que el 11 de diciembre del 2009, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sindicato Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo (AFUMITRA) suscribieron una Convención Colectiva de Trabajo y el 11 de diciembre de 2011, un Adendum a la misma.

2º—Que los artículos 19, 20 y 21 de la Convención Colectiva citada regulan los derechos de las personas trabajadoras para que se les conceda permisos por citas médicas y para atender asuntos escolares, licencia para elaborar tesis y otras licencias con goce de salario por fallecimiento de familiares cercanos y para atender familiares en situaciones especiales.

3º—Que el artículo 21 de esa Convención Colectiva establece la obligación de elaborar un reglamento para regular las licencias de los artículos 19, 20 y 21, dentro del término de cuatro meses a partir de la vigencia de la Convención Colectiva, que será elaborado por una Comisión Bipartita.

4º—Que la Comisión Bipartita fue constituida en el año 2010 y desde esa fecha ha venido trabajando en la elaboración del reglamento para el otorgamiento de las licencias antes indicadas y como consecuencia de ese trabajo conjunto, aprobó de forma íntegra y unánime el texto de este Reglamento, el cual fue remitido al Despacho del Señor Ministro mediante oficio del 23 de setiembre de 2014. Por tanto,

Decretan:

Reglamento para el otorgamiento de las

Licencias previstas en los artículos 19,

20 y 21 de la convención colectiva de

Trabajo del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

Artículo 1º—Las licencias previstas en el artículo 19 de la Convención Colectiva, para la asistencia a las citas médicas de las personas funcionarias, se tramitarán de la siguiente forma:

a) La persona funcionaria que requiera permiso para asistir a una cita médica o para llevar a sus hijos (as) a atención médica, deberá comunicarlo al Superior Inmediato, al menos con tres días de anticipación.

b) La persona funcionaria deberá presentar al Superior Inmediato el comprobante de asistencia respectivo extendido por el centro médico público o privado donde fue atendido (a) a más tardar el día siguiente hábil después de la cita médica.

c) En caso de situaciones de emergencia, la persona funcionaria deberá comunicar el mismo día la situación al Superior Inmediato, salvo impedimento grave que lo limite. El aviso lo realizará vía telefónica o correo electrónico o cualquier otro medio idóneo, presentando el respectivo comprobante de atención médica, a más tardar al día siguiente.

d) En casos de reuniones escolares y/o colegiales propias o de sus hijos (as) menores de edad o con discapacidad, la persona funcionaria deberá informar verbalmente a su superior inmediato, al menos con tres días de anticipación y presentará el respectivo comprobante de asistencia a más tardar el día siguiente del permiso.

e) Para los casos anteriores, cuando la persona funcionaria no presente el comprobante respectivo, se tendrá para todos los efectos como ausencia injustificada.

Artículo 2º—Las licencias con goce de salario para la elaboración de la tesis, prevista en el artículo 20 de la Convención Colectiva, se tramitarán de la siguiente forma:

a) La persona funcionaria deberá presentar el comprobante de matrícula del proyecto de tesis extendida por la Universidad que se trate, al superior inmediato.

b) Esta solicitud la deberá hacer con al menos quince días de anticipación a la fecha probable de inicio de la licencia, la cual se otorgará durante los tres meses previos a la presentación del proyecto de tesis.

c) El superior inmediato deberá resolver esta solicitud en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

d) La persona funcionaria y el superior inmediato deberán negociar dentro de esos cinco días, el disfrute de la licencia, procurando no alterar el servicio público que se brinda, ni limitar el derecho a la persona funcionaria. Para estos efectos la persona funcionaria deberá presentar un plan de distribución del tiempo que justifique el número de horas y la forma en que se utilizarán.

e) Esta licencia se concederá por una sola vez para la misma carrera y grado.

f) La persona funcionaria deberá presentar a su superior inmediato, un mes después de finalizada esta licencia, el comprobante extendido por la Universidad, donde indique el resultado obtenido.

g) El superior inmediato llevará un expediente con los documentos pertinentes.

h) Si se presume incumplimiento de lo previsto en este artículo, el superior inmediato elevará el caso ante el órgano competente para aplicar las sanciones disciplinarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que se proceda con el inicio de una investigación administrativa y se establezcan las sanciones disciplinarias que correspondan, de acuerdo a la legislación aplicable.

Artículo 3º—Las licencias con goce de salario para realizar las pruebas de grado, previstas en el artículo 20 de la Convención Colectiva, se tramitarán de la siguiente forma:

a) La persona funcionaria deberá presentar la solicitud por escrito al superior inmediato, aportando la constancia extendida por la Universidad, donde se indique la fecha posible de presentación de las pruebas de grado; además le presentará un plan de distribución del tiempo que justifique el número de horas (32) mensuales y la forma en que se utilizarán.

b) Esta solicitud se deberá presentar ante el superior inmediato, con al menos quince días de anticipación a la fecha probable de inicio de la licencia, la cual se otorgará de conformidad con la distribución de las horas autorizadas.

c) El superior inmediato deberá resolver esta solicitud en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

d) La persona funcionaria y el superior inmediato deberán negociar dentro de esos cinco días, la distribución de las horas que comprende la licencia, procurando no alterar el servicio público que se brinda, ni limitar el derecho a la persona funcionaria.

e) Esta licencia se concederá por una sola vez para la misma carrera y grado.

f) La persona funcionaria deberá presentar a su superior inmediato, un mes después de finalizada esta licencia, el comprobante extendido por la Universidad, donde indique el resultado obtenido en las pruebas realizadas.

g) El superior inmediato llevará un expediente con los documentos pertinentes.

Artículo 4º—Una vez cumplidos los trámites y requisitos previstos en los artículos 2 y 3 anteriores, el superior inmediato deberá enviar al Departamento de Gestión del Capital Humano la documentación relacionada con las licencias otorgadas, en el término de un mes, contado a partir de la entrega del comprobante del resultado obtenido extendido por la Universidad.

Artículo 5º—Las licencias con goce de salario por tres días hábiles, previstas en el inciso a) del artículo 21 de la Convención Colectiva de Trabajo, por el fallecimiento de los abuelos o el padre o madre del cónyuge o conviviente de hecho y cualquier persona bajo la tutela legal del funcionario, se tramitarán de la siguiente forma:

a) La persona funcionaria deberá comunicar verbalmente o por cualquier otro medio a su superior inmediato sobre el fallecimiento del familiar el mismo día que sucede.

b) La licencia rige a partir del día hábil siguiente del fallecimiento del familiar que se trate, o del día del fallecimiento cuando la persona funcionaria se retire de su trabajo antes de las doce horas.

c) El día de su reingreso al trabajo posterior al disfrute de la licencia, la persona funcionaria deberá presentar a su superior inmediato, copia del acta de defunción y declaración jurada simple respecto al parentesco con la persona fallecida, a la fecha del acontecimiento. Esta declaración jurada deberá cumplir con el formato que al efecto establezcan de forma conjunta la Administración Superior y la AFUMITRA.

d) Si la persona funcionaria no cumple con lo previsto en este artículo, se tendrá como ausencias injustificadas, por lo que el superior inmediato deberá comunicarlo en el plazo de cinco días hábiles a la Dirección de Gestión del Capital Humano, para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 117 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 6º—Las licencias con goce de salario por un mes, prorrogable hasta por tres meses máximo, previstas en el inciso b) del artículo 21 de la Convención Colectiva, para atender a un hijo (a), cónyuge, conviviente de hecho, padre o madre biológicos o de crianza, o de cualquier persona bajo la tutela legal de la persona funcionaria, por alguna condición que requiera cuidados especiales, se tramitarán de la siguiente forma:

a) La persona funcionaria deberá presentar solicitud de aplicación del derecho, indicando su parentesco con la persona que requiere su atención, ante el Ministro (a) con copia al Departamento de Gestión del Capital Humano, aportando la certificación médica extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se indique la situación que amerita la licencia y el plazo que la persona requiere de esos cuidados especiales. Además, informará a su superior inmediato sobre la gestión que está presentando aportando copia de la solicitud gestionada. En caso de no contar con el certificado médico al momento de presentar la solicitud, la persona funcionaria deberá presentar una declaración jurada simple donde se indique parentesco con la persona que requiere su atención, la situación que amerita la licencia y el plazo que la persona requiere de los cuidados especiales, debiendo presentar la certificación médica dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas luego de emitida por la autoridad correspondiente. Esta declaración jurada deberá cumplir con el formato que al efecto establezcan de forma conjunta la Administración Superior y la AFUMITRA. De existir diferencias entre el plazo señalado en la declaración jurada y el establecido en el certificado médico, la licencia se ajustara a este último.

b) El Ministro (a) deberá resolver en el término de tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud en el Despacho. En caso de no resolver en este plazo, se entenderá por otorgada la licencia, siempre y cuando la persona funcionaria haya presentado los requisitos solicitados en el punto anterior.

c) Una vez aprobado el permiso, el Ministro(a) comunicará del mismo al superior inmediato y a la Dirección de Gestión del Capital Humano, para lo que corresponda.

d) El mismo procedimiento indicado en los incisos anteriores, incluida la presentación de un certificado médico con fecha actualizada, se utilizará para cada una de las prórrogas, cuando ellas fueran necesarias, pero la solicitud al Ministro (a) deberá presentarla el funcionario (a) al menos con cinco días previos a la fecha en que vence la licencia.

e) La persona funcionaria deberá indicar el plazo por el cual requiere la licencia, cuando se trate de términos menores a un mes.

f) Si se presume el uso de esta licencia para fines distintos para lo cual fue otorgada o la persona funcionaria presento datos falsos o inexactos que indujeron a la Administración a error al otorgar la licencia, se elevará el caso ante el órgano competente para aplicar las sanciones disciplinarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que se proceda con el inicio de una investigación administrativa y se establezcan las sanciones disciplinarias que correspondan, de acuerdo a la legislación aplicable.

g) De forma excepcional y ante situaciones de extrema urgencia o necesidad que impidan a la persona funcionaria cumplir con el procedimiento establecido en el presente artículo, el Jerarca del Ministerio podrá otorgar licencias con rige retroactivo.

h) No podrán concederse licencias continuas argumentando motivos iguales o diferentes, hasta después de haber transcurrido por lo menos seis meses del reintegro del servidor al trabajo, excepto casos muy calificados a juicio del máximo Jerarca del Ministerio y siempre que no se perjudique gravemente la prestación de los servicios. Para tal efecto la persona funcionaria deberá presentar nueva solicitud de aplicación de la licencia, ante el Ministro (a) con copia al Departamento de Gestión de Capital Humano, indicando su parentesco con la persona que requiere su atención y aportando la certificación médica extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social que indique la situación que amerita la licencia y el plazo que la persona requiere de cuidados especiales.

Artículo 7º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los dos días del mes de octubre de dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora.—1 vez.—O. C. N° 23786.—Solicitud N° 1694.—C-157990.—(D38803- IN2015011704).

N° 38804-C

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3), 8) y 18), y 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; 25 inciso 1) y 28 inciso 2) b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; la Ley N° 8347, Ley de Creación del Centro Nacional de la Música del 19 de febrero de 2003, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 3 de marzo de 2003; el Decreto Ejecutivo N° 36789-C del 1 de agosto de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 14 de octubre de 2011, denominado Reglamento a la Ley de Creación del Centro Nacional de la Música; y

Considerando:

I.—Que por Decreto Ejecutivo N° 36789-C del 1° de agosto de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 14 de octubre de 2011, denominado Reglamento a la Ley de Creación del Centro Nacional de la Música, se estableció que la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) contará con un órgano consultivo denominado Comisión Técnica, integrada por los siguientes siete miembros: el Director Artístico de la OSN (o en su ausencia el Director General del Centro Nacional de la Música), el Concertino (o en su ausencia el Asistente del Concertino) y cinco miembros electos por el cuerpo de Principales de la OSN, que serán escogidos de su propio seno.

II.—Que la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música ha considerado oportuno modificar la conformación de esta Comisión Técnica, con el propósito de democratizar la forma de escoger a sus miembros y su margen de representatividad en relación con los músicos que componen la Orquesta Sinfónica Nacional.

III.—Que la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música avaló la presente reforma según acuerdo firme Nº 6 tomado en la sesión ordinaria Nº 13-14 del 7 de agosto del 2014. Por tanto,

Decretan:

REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 36789-C

DEL 1° DE AGOSTO DE 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL La Gaceta N° 198 DEL 14 DE OCTUBRE DE

2011, DENOMINADO REGLAMENTO A LA LEY

DE CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL

DE LA MÚSICA

Artículo 1º—Modifíquese el artículo 32 del Decreto Ejecutivo N° 36789-C del 1° de agosto de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 14 de octubre de 2011, denominado Reglamento a la Ley de Creación del Centro Nacional de la Música, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma:

“Artículo 32.—De la Comisión Técnica. La OSN contará con un órgano consultivo denominado Comisión Técnica, cuyas recomendaciones no son vinculantes. Estará integrada por siete miembros, a saber:

El Director Artístico de la OSN, o en su ausencia el Director General del Centro, quien la presidirá.

b. El Concertino, o en su ausencia el Asistente del Concertino,

c. Cinco miembros conformados de la siguiente manera: dos representantes de la sección de cuerdas, un representante de las maderas, un representante de vientos/bronces, y un representante de la percusión (incluyendo arpa y piano).

Los miembros salientes podrán ser reelegidos.”

Artículo 2º—En todo lo demás, el Decreto Ejecutivo N° 36789-C del 1° de agosto de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 14 de octubre de 2011, denominado Reglamento a la Ley de Creación del Centro Nacional de la Música, permanece incólume.

Artículo 3º—Los miembros de la Comisión Técnica que se encuentren nombrados al momento de entrada en vigencia de la presente reforma, cesarán sus funciones de inmediato.

Artículo 4º—Vigencia: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la Republica.—San José, a los trece días del mes de noviembre del dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.— La Ministra de Cultura y Juventud, Elizabeth Fonseca Corrales.—1 vez.—O. C. N° 001-2014.—Solicitud N° 34692.—C-41720.—(D38804 - IN2015011772).

Nº 38807-C-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA

Y DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3), 8) y 18), y 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; 25 inciso 1) y 28 inciso 2) b de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; Ley 1581 de 30 de mayo de 1953, Estatuto de Servicio Civil, Ley 8555 de 10 de octubre del 2006, Integración del Régimen Artístico al Estatuto del Servicio Civil y Decreto Ejecutivo Nº 34971-MP del 8 de diciembre del 2008, Reglamento a la Ley 8555.

Considerando:

1º—Que mediante Ley Nº 8555 del 10 de octubre del 2006, se crea el “Régimen Artístico” mediante el cual se adiciona el Título IV del Estatuto de Servicio Civil.

2º—Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 34971-MP, del 8 de diciembre del 2008, se reglamenta el precitado Título IV.

3º—Que dentro del Régimen Artístico, se establecen el Manual Descriptivo de Clases Artísticas, los Grados Artísticos y la Carrera Artística, como componentes del sistema de clasificación y valoración de puestos, nivel de desarrollo y posicionamiento del servidor artístico, establecimiento de incentivos económicos y demás vinculados a la gestión del personal artístico.

4º—Que de conformidad con los contenidos de las normas antes citadas, la inclusión al Régimen Artístico se da en un marco novedoso de criterios técnicos, que inciden tanto en la clasificación y valoración de puestos, como la calificación de las personas, a fin de ubicar puestos y personas, dentro del Manual Descriptivo de Clases Artísticas y los Grados Artísticos.

5º—Que existen dependencias del Poder Ejecutivo, que cuentan con puestos cubiertos por las regulaciones del Título IV del Estatuto de Servicio Civil, que anteriormente se regulaban por disposiciones de otros regímenes de empleo público, por lo que se han determinado situaciones particulares individuales, que demandan de atención especial para su ubicación en la actual estructura ocupacional establecida para los puestos del estrato Artístico.

6º—Que la inserción de personas al Régimen Artístico, debe darse siempre en resguardo de los principios de legalidad y equidad, bajo las normas que establecen el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, procurando respetar los logros individuales habidos a la emisión del citado Régimen, así como los principios técnicos y legales pertinentes.

7º—Que salvo disposición legal en contrario, de conformidad con el artículo 231 del Título IV del Estatuto de Servicio Civil, los servidores acogidos al Régimen de Carrera Artística no podrán pertenecer a otro régimen, ni a otro sistema de beneficios e incentivos económicos vigentes en el sector público, distintos de los propios, salvo que la ley así lo permita.

8º—Que en razón de lo expuesto, y por única vez, se hace necesario establecer un mecanismo que permita en la mejor forma posible, en concordancia con lo indicado en el considerando precedente, ubicar los puestos de aquellas personas que a la fecha de vigencia y aplicación del Título IV del Estatuto de Servicio Civil, se encontraban nombradas en propiedad bajo otros regímenes de empleo público.

9º—Que mediante oficio DG-622-2014 de 30 de setiembre del 2014, la Dirección General del Servicio Civil otorgó el visto bueno a este Decreto Ejecutivo. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Adiciónese un Transitorio Quinto al Decreto Ejecutivo Nº 34971-MP del 12 de diciembre del 2008, Reglamento del Título IV del Estatuto de Servicio Civil, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, N° 7 del 12 de enero del 2009, para que se lea de la siguiente manera:

“Transitorio V.—La ubicación de los puestos en la estructura ocupacional del Régimen Artístico, se hará de conformidad con el estudio de funciones asignadas a los mismos, y su concordancia con los contenidos de las clases de puestos del Manual Descriptivo de Clases Artísticas.

La calificación de los funcionarios ocupantes de los puestos, a fin de determinar el Grado Artístico que les corresponde, se hará de conformidad con el estudio de sus atestados personales, y su concordancia con los contenidos de la especificación de dichos grados, según lo que al efecto estipule la Dirección General de Servicio Civil.

En aquellos casos en que el salario que el servidor ha venido devengando, resulte mayor al resultante de la ubicación del puesto bajo el Régimen Artístico, clase de puesto del Manual Descriptivo de Clases Artísticas y el Grado Artístico que en la misma le corresponda, por única vez se mantendrá la clasificación del puesto en suspenso para su ingreso al Régimen Artístico, de forma que la retribución del servidor se mantendrá bajo las condiciones del sistema salarial que devenga, salvo que el servidor acepte el rebajo salarial de manera expresa, en cuyo caso se aplicará la indemnización conforme a los contenidos del artículo 111 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

Para los casos de los puestos que se mantengan en condición de suspenso, cualquier movimiento posterior de personal que se pretenda aplicar al puesto y su servidor (reasignación, reestructuración u otro), deberá hacerse en el marco de lo que regula el Régimen Artístico y sus instrumentos de clasificación de puestos y salarios. Las diferencias salariales en detrimento del servidor, que pudieran darse en este caso, se indemnizarán conforme a los contenidos del artículo 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.

Cuando un puesto en la condición de “suspenso” mencionada previamente, quedare vacante, se procederá de inmediato a su asignación al Régimen Artístico.

Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos de la institución en la cual se den situaciones como las reguladas en el presente transitorio, mantener los controles y ejecutar las acciones que aseguren la correcta aplicación del mismo.”

Artículo 2º—Rige a partir de la fecha de emisión de este Decreto Ejecutivo.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintisiete días del mes noviembre del dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín y el Ministro de Cultura y Juventud a. í, Luis Carlos Amador Brenes.—1 vez.—O. C. N° 23839.—Solicitud N° 09692.—C-69200.—(D38807- IN2015011694).

Nº 38840-MGP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del 2000 y el Acuerdo N° 01 de la Sesión Ordinaria N° 242, celebrada el día 06 de enero del 2015, por la Municipalidad de León Cortés, provincia de San José. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de León Cortés, provincia de San José, el día 26 de enero del 2015, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3º—En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese cantón.

Artículo 5º—No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública número 5482.

Artículo 6º—Rige el día 26 de enero del 2015.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las catorce horas y cuarenta minutos del día trece de enero del dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez.—1 vez.—O. C. N° 23926.—Solicitud N° 0676.—C-29760.—(D38840-IN2015011690).

Nº 38848-MGP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del 2000 y el Artículo N° 9, del capítulo 4º del Acta Nº18 de la Sesión Extraordinaria, celebrada el día 19 de noviembre del 2014, por la Municipalidad de Esparza, Provincia de Puntarenas. Por tanto:

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Esparza, provincia de Puntarenas, el día 02 de febrero del 2015, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 6º—Rige el día 02 de febrero del 2015.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las catorce horas con treinta minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Gobernación , Policía y Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez.—1 vez.—O. C. N° 23926.—Solicitud N° 0658.—C-30260.—(D38848-IN2015011689).

Nº 38849-MEIC

LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 50 y 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; la Ley Nº 6054 del 14 de junio de 1977, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el artículo 45 de la Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; la Ley Nº 8279 del 2 de mayo del 2002, Ley del Sistema Nacional para la Calidad; la Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 2002, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

Considerando:

I.—Que el proceso de apertura comercial favorece la concurrencia en el mercado costarricense de productos de diversos orígenes, tanto de la producción nacional como importados, que deben cumplir con los requisitos reglamentarios exigidos por el ordenamiento regulatorio nacional.

II.—Que los Reglamentos Técnicos Costarricenses incluyen requisitos idénticos o similares a los establecidos en documentos normativos, nacionales, regionales e internacionales.

III.—Que una forma de facilitar el cumplimiento de los Reglamentos Técnicos Nacionales sin poner en riesgo la protección de su objetivo legítimo, es estableciendo la equivalencia de estos con otros documentos normativos.

IV.—Que dada la variedad de productos, procesos productivos, niveles de riesgo asociados y mecanismos de evaluación de la conformidad aplicables, se requiere un ordenamiento proporcionado, efectivo y eficiente, ajustado a lo imprescindible para no afectar innecesariamente el comercio, pero a la vez capaz de reducir al mínimo los riesgos asociados al incumplimiento.

V.—Que Costa Rica cuenta con un Sistema Nacional para la Calidad que engloba y ordena las actividades de evaluación de la conformidad, coherente con el ordenamiento y compromisos internacionales.

Por tanto,

Decretan:

Artículo 1°—Aprobar el siguiente:

PROCEDIMIENTO PARA DEMOSTRAR EQUIVALENCIA

CON UN REGLAMENTO TÉCNICO DE COSTA RICA (RTCR)

1º—Objeto. Establecer el procedimiento para demostrar la equivalencia de un documento normativo con un reglamento técnico costarricense (RTCR).

2º—Campo de aplicación. Aplica a todos los productos cuyos reglamentos técnicos establezcan procedimientos de evaluación de conformidad.

Se excluyen de la aplicación de este procedimiento, aquellos productos para los cuales la Autoridad Competente determine que requieran registro sanitario, notificación sanitaria, homologación o aprobación de tipo o modelo previo a su comercialización, para lo cual deberán completar tal requisito y cumplir la reglamentación técnica aplicable a ese producto.

3º—Definiciones

3.1 Autoridad Nacional Competente (ANC): La autoridad que tiene la rectoría en la materia que es reglamentada a través del RTCR.

3.2 Comerciante / comercializador: Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes, sin que necesariamente esta sea su actividad principal.

3.3 Documento normativo: Las normas internacionales, regionales y nacionales aprobadas por organismos de normalización que han adoptado el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio o los reglamentos técnicos de otros países o regiones y sus partes.

3.4 Ente Nacional de Normalización (ENN): El organismo de normalización sin fines de lucro que haya adoptado los requisitos internacionales en materia de normalización y que cuenta con el reconocimiento del Poder Ejecutivo de Costa Rica de conformidad con el artículo 45 de la Ley 8279 del Sistema Nacional para la Calidad.

3.5 Equivalencia: Es la posibilidad de que diferentes documentos normativos cubran de manera similar la protección del objetivo legítimo definido en el respectivo RTCR.

3.6 Fabricante/ productor: Cualquier persona física o jurídica responsable del diseño y fabricación de un producto con vistas a su comercialización en el mercado costarricense. Para los efectos de este procedimiento, el productor, como proveedor de bienes, también está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos.

3.7 Importador: Es la persona natural o jurídica que se dedica al transporte legítimo de bienes nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.

3.8 Interesado / solicitante: Persona Física o Jurídica que solicita al ENN el servicio de equivalencia, puede ser el fabricante, representante o su comercializador.

3.9 Norma técnica: Documento aprobado por una institución reconocida que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicable a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

3.10 Reglamento técnico: Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

4º—Procedimiento para la determinación de la equivalencia con un RTCR

4.1 El interesado deberá solicitar al ENN que realice un estudio para determinar la equivalencia del documento normativo con el respectivo RTCR. Dicha solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos de respaldo:

4.1.1 El documento normativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que corresponda (se deben aportar los documentos de requisitos y de métodos de ensayo o de pruebas).

4.1.2 Un cuadro o matriz comparativa entre el RTCR y el documento normativo de origen sobre los que se desea demostrar equivalencia.

4.2 Después de recibir la solicitud, la Dirección de Normalización del ENN, se encargará de evaluar si un RTCR es equivalente a alguno de los siguientes documentos normativos:

a) Reglamentos técnicos vigentes, documento completo o parte del documento, que contenga requisitos.

b) Normas técnicas, documento completo o parte del documento, que contenga requisitos.

4.3 En caso que los métodos de ensayo o de prueba difieran a los establecidos en el RTCR bajo análisis, los interesados deben presentar una sustentación técnica que permita una vez analizada por el ENN, concluir la equivalencia. El ENN en consulta con los expertos o especialistas que considere necesario determinará que con tales métodos de ensayo o de pruebas se demuestra la equivalencia de los parámetros que contiene el respectivo RTCR.

4.4 El ente técnico del ENN, elaborará un informe de revisión, para lo cual podrá realizar consultas técnicas a sus homólogos en el exterior, a laboratorios de ensayos o pruebas, expertos, especialistas u otros organismos que cuenten con competencia técnica para ello.

4.5 La solicitud debe presentarse de forma completa para que se resuelva en los plazos establecidos en este procedimiento. En ningún caso se podrá rechazar “ad portas” las solicitudes presentadas de forma incompleta. No obstante, se le comunicará al interesado que hasta tanto no complete su gestión, a la misma no se le podrá dar el trámite respectivo. Para dichos efectos el interesado contará con un plazo de 10 días hábiles para completar la solicitud.

4.6 La Dirección de Normalización del Ente Nacional de Normalización, con base en el informe de revisión, emitirá un criterio sobre la equivalencia del documento normativo con el RTCR.

4.7 El criterio emitido por el ENN deberá además contener la siguiente información:

a) El nombre de la organización cuyo(s) producto(s) están sujetos a la equivalencia.

b) La dirección donde el interesado pueda recibir posteriores notificaciones en torno a su gestión (puede ser física, por fax o electrónica).

c) El alcance de la equivalencia, incluyendo:

- Descripción del (los) producto(s) considerados conforme lo indicado en el respectivo RTCR.

- El documento normativo y del RTCR de los cuales se está determinando la equivalencia, estas citas deben incluir los respectivos códigos, números y año que permitan identificar tales documentos.

d) Cualquier otra información que a juicio del ENN sea pertinente para la emisión de su criterio.

4.8 A partir de la recepción completa de la solicitud (numeral 4.5), el ENN tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para remitir al interesado el criterio respectivo; sin embargo, tal comunicación no debe interpretarse en el sentido de que la equivalencia se ha otorgado o denegado. No obstante, el plazo señalado, el ENN tendrá la posibilidad de extenderlo hasta por un periodo igual, si la complejidad del tema así lo requiere, en cuyo caso deberá informarlo al interesado, con las respectivas justificaciones del caso.

4.9 En caso que el criterio sobre la equivalencia emitido por el ENN sea negativo, esta comunicación deberá incluir las razones correspondientes de este criterio.

5º—Decisión por parte de la ANC

5.1 El interesado podrá solicitar ante la ANC que corresponda, el otorgamiento de la equivalencia con el RTCR, con fundamento en el informe remitido por el ENN.

5.2 Si la ANC aprueba la solicitud sobre la equivalencia, procederá a publicar un extracto de la Resolución en el Diario Oficial La Gaceta; asimismo deberá notificar dicha Resolución al interesado, al Ente Costarricense de Acreditación (ECA), al ENN y al Centro de Información de Obstáculos Técnicos (CIOT), quien finalmente, la pondrá a disposición del público en su sitio web.

5.3 La ANC tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver la solicitud de equivalencia, no obstante, la ANC tendrá la posibilidad de extender dicho plazo hasta por un periodo igual, si la complejidad del tema así lo requiere, en cuyo caso deberá informarlo al interesado, con las respectivas justificaciones del caso.

5.4 Una vez publicado el extracto de la Resolución indicada en el punto 5.2, cualquier otro interesado podrá utilizar la equivalencia reconocida para los efectos de la Declaración de Conformidad indicada en el apartado 8 del presente procedimiento, sin que requiera autorización de ninguna de las partes que dio origen a la equivalencia.

5.5 La ANC, a pesar del criterio emitido por el ENN, podrá apartarse del mismo, en cuyo caso deberá justificar a todas las partes las razones.

5.6 Siempre que la decisión de la ANC sea denegar el reconocimiento de la equivalencia, deberá justificar las razones de su negativa al interesado.

5.7 En cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, el CIOT procederá a coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior la correspondiente notificación a dicha organización y finalmente, lo pondrá a disposición del público en su sitio web.

5.8 Ante una Resolución negativa por parte de la ANC, el interesado podrá interponer los recursos ordinarios establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

6º—No otorgamiento de la equivalencia. No se otorgará la equivalencia, cuando se presenten las siguientes condiciones:

a) Los requisitos técnicos del documento normativo son inferiores a los establecidos en el RTCR respectivo.

b) Cuando el solicitante, informe o publique antes de la decisión de equivalencia por parte de la ANC, que el o los productos ya están certificados con base en los documentos normativos de respaldo, que se utilizan para determinar la equivalencia respecto al RTCR.

c) Cuando el interesado haga un uso tendencioso, malicioso o engañoso de la documentación requerida en el proceso.

7º—Vigencia

7.1 La equivalencia tendrá una vigencia indefinida; no obstante las modificaciones a las disposiciones técnicas del documento normativo, las derogaciones así como las anulaciones invalidan la misma. En dichos casos, será obligación del interesado gestionar un nuevo proceso de equivalencia.

7.2 La ANC podrá retirar la equivalencia si hay evidencia comprobada de que los bienes no cumplen con los documentos normativos que dieron origen a la misma y para los efectos de la demostración de la conformidad no podrá ser utilizada. En este caso se deberá emitir una Resolución la cual además de ser notificada al solicitante; deberá ser publicada mediante extracto en el Diario Oficial La Gaceta y comunicada al CIOT, quien procederá a coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior la correspondiente notificación a dicha organización y finalmente, lo pondrá a disposición del público en su sitio web.

7.3 Adicionalmente, si en el proceso de verificación de mercado, se determina que hay un mal uso de la equivalencia, el infractor no podrá utilizar la condición de equivalencia para los efectos de la demostración de la conformidad y deberá someterse a los procedimientos establecidos en el RTCR en cuestión para demostrar la conformidad, sin perjuicio de otras sanciones administrativas establecidas en la legislación nacional.

8º—Declaración de conformidad. Cuando se requiera demostrar la conformidad de un producto, respecto a un documento normativo que ya fue aprobado como equivalente a un RTCR en los términos y condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº 37662-MEIC-H-MICIT del Procedimiento para la Demostración de la Evaluación de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos, la Declaración de Conformidad podrá ser sustentada con un certificado basado en el documento normativo, sobre el cual se dio la equivalencia, siempre y cuando el organismo de evaluación de la conformidad utilizado esté acreditado o reconocido por el ECA, siempre que la autoridad de acreditación del país de origen sea signatario de un Acuerdo Multilateral ante la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC por siglas en inglés) o el Foro Internacional de Acreditación (IAF por siglas en inglés), en los alcances requeridos por el documento normativo aplicable al producto.

Artículo 2.—Los costos relacionados con la solicitud de equivalencia, deberán ser cubiertos y cancelados por el interesado previamente, para dichos efectos se aplicará la tarifa que determine el ENN, conforme a sus procedimientos internos, proporcionando al interesado una cotización previa, la cual deberá incluir un estimado de horas y su costo unitario.

Artículo 3.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en San José, a los seis días del mes de enero del año dos mil quince.

ANA HELENA CHACÓN ECHEVERRÍA.—El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos González.—1 vez.—O. C. Nº 23835.—Solicitud Nº 5802.—C-173600.—(D38849-IN2015011725).

Nº 38852-MGP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del 2000 y el Acuerdo 05 de la Sesión Ordinaria N° 234, celebrada el día 06 de enero del 2015, por la Municipalidad de Dota, provincia de San José. Por Tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Dota, provincia de San José, el día 02 de febrero del 2015, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 6º—Rige el día 02 de febrero del 2015.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las trece horas del día doce de enero del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez.—1 vez.—O. C. N° 23926.—Solicitud N° 0675.—C-29360.—(D38852-IN2015011693).

Nº 38858-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; y la Ley Nº 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 de 1º de diciembre de 2014.

Considerando:

1º—Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley Nº 8131, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles.

2º—Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley Nº 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto.

3º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

4º—Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.

5º—Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender modificaciones presupuestarias para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación Pública las cuales se requieren para cumplir con los objetivos y metas establecidas en la Ley Nº 9289, publicada en el Alcance Digital Nº 80 a La Gaceta Nº 241 de 15 de diciembre de 2014.

6º—Que los ministerios incluidos en el presente decreto han solicitado su confección, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

7º—Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la unidad financiera del respectivo ministerio, o bien, por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la ley de presupuesto ordinario es incorrecto.

8º—Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para los órganos involucrados, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º—Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015, publicada en el Alcance Digital Nº 80 a La Gaceta Nº 241 de 15 de diciembre de 2014, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos.

Artículo 2º.—La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de diez mil doscientos noventa millones ciento sesenta y tres mil ciento cincuenta colones sin céntimos (¢10.290.163.150,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en la Presidencia de la República, a los dos días del mes de febrero del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.—1 vez.—O. C. N° 24628.—Solicitud N° 3059.—C-61480.—(D38858-IN2015011695).

N° 38861-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA,

INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 inciso 3) de la Constitución Política, el artículo 28 inciso 2), acápite b) y 112 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y el Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953, el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil y sus reformas, Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954; la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y sus reformas, Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977.

Considerando:

I.—Que con el fin de garantizar mayor eficiencia en el servicio que presta el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, resulta necesario procurar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuenta esta dependencia.

II.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 37369-MEIC del 4 de noviembre del 2012, publicado en el Alcance Digital N° 181 de La Gaceta N° 221 del 15 de noviembre de 2012, se emitió el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

III.—Que dado el estudio presentando por las Unidades de Planificación y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía Industria y Comercio; así como la encuesta interna efectuada en los distintos Departamentos y Direcciones de este Ministerio, se considera necesario proceder a la reforma del artículo 139 el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

IV.—Que el contenido de la presente reforma cuenta con la aprobación de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil, de conformidad con lo que dispone el inciso i), del artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil; lo anterior mediante el Oficio N° AJ-615-2014 del 5 de setiembre de 2014.

Por tanto,

Decretan:

Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio

de Economía, Industria y Comercio, Decreto Ejecutivo

N° 37369-MEIC

Artículo 1º—Refórmese el artículo 139 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, publicado en el Alcance Digital N° 181 de La Gaceta N° 221 del 15 de noviembre de 2012, para que en la sucesivo se lea:

“Artículo 139.- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios(as) será de cuarenta horas en un horario de ocho horas diarias de lunes a viernes en jornada continua, iniciando a las ocho horas y concluyendo a las dieciséis horas. No obstante, aquellas Direcciones que brindan atención al público externo y poseen ventanilla de atención al público, su horario de atención será de las siete a las dieciséis horas, correspondiéndoles a los Jefes Inmediatos velar por el cumplimiento de dicho horario de atención y el respeto de la jornada ordinaria de ocho horas a cada uno de sus subalternos.

Dentro de la referida jornada diurna, los funcionarios(as) tendrán derecho a un descanso máximo de quince minutos (15) en la mañana y 10 minutos en la tarde (10); además de cuarenta y cinco minutos (45), comprendidos entre las 11:30 a 13:30 horas, por lo que se considerará abandono de trabajo el exceder dichos lapsos, debiéndose aplicar lo establecido en el artículo 188 del presente Reglamento.

Los servidores(as) que no hicieren uso de este otorgamiento no podrán reclamar su compensación en ninguna forma.

Estarán excluidos de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo quienes ocupen puestos de confianza, los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola presencia. Estos funcionarios no estarán obligados a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo, y tendrán derecho a un descanso mínimo de una hora y media, según lo dispone el artículo 143 del Código de Trabajo”.

Artículo 2º—Rige. Esta reforma rige a partir del primero de enero de dos mil quince.

Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos González.—1 vez.—O. C. Nº 24283.—Solicitud Nº 5804.—C-44040.—(D38861-IN2015011729).

Nº 38866-MGP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del 2000 y el Acuerdo N° 02 de la Sesión Ordinaria N° 245, celebrada el día 05 de enero del 2015, por la Municipalidad de Nicoya, provincia de Guanacaste. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste, el día 09 de febrero del 2015, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 6º—Rige el día 09 de febrero del 2015.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las diez horas del día tres de febrero del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Gobernación , Policía y Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez.—1 vez.—O. C. N° 23926.—Solicitud N° 0677.—C-29460.—(D38866-IN2015011707).

N° 38868-H

LA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; Ley N° 7941, Creación del Colegio Universitario de Limón de 9 de noviembre de 1999; el Decreto Ejecutivo N° 32452-H de 29 de junio de 2005 y sus reformas; y el Decreto Ejecutivo N° 38279-H de 7 de marzo de 2014.

Considerando:

1°—Que mediante la Ley N° 7941, publicada en el Alcance Nº 96 a La Gaceta Nº 231 de 29 de noviembre de 1999 se creó el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN), como una institución semiautónoma de educación superior, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

2°—Que mediante los oficios DEC-344-2014 y DEC-355-2014 de 26 y 29 de setiembre del 2014 respectivamente, el Decano del CUNLIMÓN, solicitó incrementar el gasto presupuestario máximo de dicha Institución para el 2015, por un monto total de ¢260.535.519,00 (doscientos sesenta millones quinientos treinta y cinco mil quinientos diecinueve colones exactos), para atender gastos operativos que sufren en su mayoría un incremento por costo de vida. Dicha solicitud fue avalada por la Ministra de Educación Pública mediante el oficio DM-1627-11-2014 del 10 de noviembre de 2014.

3°—Que de dicho monto corresponde ampliar por la vía del Decreto Ejecutivo, la suma de ¢103.434.153,00 (ciento tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y tres colones exactos), para atender la operatividad institucional, así como los aspectos sustantivos relacionados con el equipamiento de aulas en zonas vulnerables de la Provincia de Limón, con el fin de mejorar el servicio que se presta a los estudiantes de esa provincia, los cuales corresponden a recursos provenientes del superávit libre.

4°—Que no se aprueba la ampliación por los restantes ¢157.101.366,00 (ciento cincuenta y siete millones ciento un mil trescientos sesenta y seis colones exactos), de los cuales ¢35.501.366,00 (treinta y cinco millones quinientos un mil trescientos sesenta y seis colones exactos), no se aprueban por ser recursos provenientes de superávit libre que conforme al Decreto Ejecutivo N° 32452-H, publicado en La Gaceta N° 130 de 6 de julio de 2005 y sus reformas, no pueden ser incorporados en la Subpartida de Servicios de Gestión. Los recursos restantes por la suma de ¢121.600.000,00 (ciento veintiún millones seiscientos mil colones exactos), incorporados en la subpartida de “Edificios”, se relacionan con la exclusión “Proyectos de inversión en infraestructura” que se encuentra excluida del gasto máximo presupuestario, según el inciso a.19) del artículo 2° de las Directrices de Política Presupuestaria para el 2015, por lo que tampoco se consideran en la presente ampliación.

5°—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 38279-H publicado en La Gaceta N° 61 del 27 de marzo de 2014, se emitieron las Directrices Generales de Política Presupuestaria para el año 2015, estableciéndose en el artículo 2°, el porcentaje máximo en que podría incrementarse el gasto presupuestario de las entidades públicas, ministerios y demás órganos, con respecto al del año precedente. En correspondencia con dicha disposición, el monto de gasto presupuestario máximo para el año 2015 resultante para el CUNLIMÓN, fue establecido en la suma de ¢1.609.240.000,00 (mil seiscientos nueve millones doscientos cuarenta mil colones exactos), el cual fue comunicado mediante el oficio STAP-0789-2014 del 28 de abril de 2014; cifra que no contempla el gasto indicado previamente en este decreto.

6°—Que mediante el citado Decreto Ejecutivo Nº 32452-H y sus reformas, se emite el “Lineamiento para la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”.

7°—Que el artículo 7° del Decreto citado en el considerando anterior, dispone que los recursos de financiamiento que provienen de vigencias anteriores -superávit libre- son parte del patrimonio de los órganos y las entidades y pueden utilizarlos en períodos subsiguientes para financiar gastos que se refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés de la colectividad, el servicio público y los fines institucionales siempre que no tengan el carácter permanente o generen una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza.

8°—Que por lo anterior, resulta necesario ampliar el gasto presupuestario máximo fijado al Colegio Universitario de Limón para el año 2015, incrementándolo en la suma de ¢103.434.153,00 (ciento tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y tres colones exactos). Por tanto;

Decretan:

Artículo 1°—Amplíese para el Colegio Universitario de Limón, el gasto presupuestario máximo para el año 2015, establecido de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 38279-H, publicado en La Gaceta N° 61 del 27 de marzo de 2014, en la suma de ¢103.434.153,00 (ciento tres millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y tres colones exactos), para ese período.

Artículo 2°—Es responsabilidad de la administración activa del Colegio Universitario de Limón, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta N° 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo N° 32452-H, publicado en La Gaceta N° 130 de 6 de julio de 2005 y sus reformas.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince.

ANA HELENA CHACÓN ECHEVERRÍA.—Helio Fallas V., Ministro de Hacienda.—1 vez.—(D38868-IN2015011662).

ACUERDOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

N° 002-2015-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En uso de las facultades y atribuciones que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo 1) y 28 párrafo 2) inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA) que incorpora la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley N° 7064 del 29 de abril de 1987.

Considerando:

I.—Que la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, dispone la creación de una instancia institucional idónea para la dirección, planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las actividades públicas, denominado Sector Agropecuario, dirigido y coordinado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, como medio para fortalecer y agilizar el sistema de dirección y planificación nacional, así como para coadyuvar a la coordinación de las actividades del Gobierno y de sus instituciones.

II.—Que el fin fundamental de la Ley N° 7779 de 30 de abril de 1998 “Uso, Manejo y Conservación de Suelos” consiste en proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental, declarando de interés público la acción estatal y privada para el manejo, conservación y recuperación de suelos.

III.—Que en el año 2013 la 68ª sesión de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/68/232, designó el 2015 como Año Mundial de los Suelos con el fin primordial de sensibilizar al público sobre el aporte del suelo a la humanidad y al medio ambiente.

IV.—Que la Sociedad Mundial del Suelo, está haciendo un llamado para que los diferentes Gobiernos del Mundo programen actividades relacionadas a la divulgación de la importancia del suelo y que en Costa Rica el representante de esta sociedad es la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS).

V.—Que la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS) es una agrupación sin fines de lucro, conformada por profesionales nacionales de diferentes áreas del saber, quienes en sus actividades se relacionan con el uso, la investigación, la enseñanza o el manejo de los suelos, y tiene entre otras finalidades velar para que los profesionales ligados a las Ciencia del suelo en Costa Rica, ejerzan de acuerdo a las normas de la ética profesional, promover el mejoramiento del ejercicio de la profesión y promover el intercambio científico entre sus miembros y el de éstos con los centros y autoridades científicas nacionales e internacionales.

VI.—Que dicha Asociación está organizando el Congreso Nacional de Suelos, que se realizará entre los días 18 al 20 de marzo, bajo el slogan: “Los Suelos una base sólida para la vida”.

VII.—Que para el estado costarricense dicha actividad es de relevancia pues permitirá a los agremiados a esta asociación y a otros profesionales ligados a la actividad, actualizarse en nuevos conocimientos, discutir la realidad nacional y plantear vías o alternativas para el desarrollo del país en el campo de la agricultura, agua, C2 y otros beneficiando con ello la colectividad nacional, por lo que se considera dicha actividad de interés público. Por tanto,

ACUERDAN:

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO “CONGRESO

NACIONAL DE SUELOS” QUE SE REALIZARÁ ENTRE

LOS DÍAS 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015, BAJO

EL SLOGAN: “LOS SUELOS, UNA BASE

SÓLIDA PARA LA VIDA”

Artículo 1º—Se declara de Interés Público el Congreso Nacional de Suelos, que se realizará entre los días 18 al 20 de marzo del 2015, bajo el slogan: “Los Suelos, una base sólida para la vida”.

Artículo 2º—Se insta a los órganos y entes del Sector Público y al Sector Privado para que, dentro del marco jurídico-legal de sus competencias, contribuyan con recursos humanos y económicos o alternativas de colaboración y cooperación requeridas, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de la actividad indicada.

Artículo 3º—Se deja sin efecto el Acuerdo Ejecutivo N° 013-2014-MAG de 12 de diciembre del 2014.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Ciudad de San José, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz Cavallini.—1 vez.—(D002 - IN2015014111).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

Nº 084-MEIC-2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en las facultades que les confiere los incisos 3) del artículo 140 y 146 de la Constitución Política; el artículo 28, inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; y los artículos 18 y 19 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994.

Considerando:

I—Que mediante la Ley Nº 7472, se crea la Comisión de Mejora Regulatoria, en lo sucesivo CMR, como un órgano consultivo de la Administración Pública, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuya misión es coordinar y liderar los esfuerzos de las diferentes instancias en materia de mejora regulatoria para simplificar y agilizar la tramitología.

II—Que mediante el acuerdo número 065-MEIC-2014, artículo 1, inciso g), se nombró al señor Johnny Javier Rodríguez Arias, titular de la cédula número 1-0581-0022, como representante propietario de la Cámara de Industrias de Costa Rica; y como suplente a la señora Luisa María Auxiliadora Díaz Sánchez, titular de la cédula número 1-0576-0274.

III—Que mediante oficio DE-124-2014, la Cámara de Industrias de Costa Rica, solicita el cambio de sus miembros ante la Comisión de Mejora Regulatoria. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1°—Modifíquese el artículo 1, inciso g) y el artículo 2° del acuerdo N° 065-MEIC-2014, para que se lean de la siguiente manera:

“Artículo 1°…

g. Nombrar como representante propietario de la Cámara de Industrias de Costa Rica a la señora Kenlly Alfaro Ugalde, titular de la cédula número 1-940-526; y como suplente al señor Javier Rodríguez Arias, titular de la cédula 1-0581-0022.

Artículo 2°—Los nombramientos indicados, rigen a partir del 15 de octubre del presente año hasta el siete de mayo de dos mil dieciocho.”

Artículo 2º—En lo que respecta al resto del acuerdo se mantiene incólume.

Artículo 3º—Rige a partir del quince de octubre de dos mil catorce.

Dado en la Presidencia de la República, a los trece días del mes de octubre del dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos González.—1 vez.—O. C. Nº 23835.—Solicitud Nº 5800.—C-37950.—(IN2015011212).

N° 005-MEIC-2015

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública, Ley N° 6362 del 03 de setiembre de 1979; y el Reglamento de Viajes y Transportes para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República y sus reformas.

Considerando:

I.—Que es de interés para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en su responsabilidad por fortalecer y acompañar el desarrollo de las PYME a nivel nacional, integrarse en todas aquellas actividades o iniciativas que propicien un espacio de crecimiento e intercambio entre diferentes instituciones o países.

II.—Que los días 22 y 23 de enero del 2015, se llevará a cabo en Tegucigalpa, Honduras un taller de diseño para la incorporación de Costa Rica en el proyecto “Emprende una Microfranquicia para una Vida Mejor”.

III.—Que dicho taller, es organizado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) junto con la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras y el Ministerio de Economía de Guatemala. Por tanto;

ACUERDA:

Artículo 1°—Autorizar a Ivania Arguedas Vargas, portadora de la cédula de identidad 2-0618-0427, Asesora del Despacho Viceministerial del MEIC y a Laura López Salazar, portadora de la cédula de identidad N° 112390867, Directora de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) del MEIC, para que participen en el taller de diseño para la incorporación de Costa Rica en el proyecto “Emprende una Microfranquicia para una Vida Mejor”, a realizarse en Tegucigalpa, Honduras del 22 al 23 de enero de 2015.

Artículo 2°—Los gastos por concepto de tiquete aéreos, transporte, hospedaje, y alimentación serán cubiertos por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.

Artículo 3°—Rige a partir del 22 de enero del 2015 y hasta su regreso el día 23 de enero del mismo año, devengando ambas funcionarias el 100% de su salario durante su ausencia.

Dado en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en la ciudad de San José, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil quince.

Welmer Ramos González, Ministro de Economía, Industria y Comercio.—1 vez.—O. C. N° 24603.—Solicitud N° 5771.—C-39920.—(IN2015011298).

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Nº 009-C.—San José, 26 de enero del 2015.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20, 146 de la Constitución Política y el artículo 25 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, y

Considerando:

1º—Que la presentación del espectáculo “West Side Story” del compositor Leonard Bernstein, coproducida entre el Centro Nacional de la Música, el Teatro Popular Melico Salazar y la empresa Luciérnaga 88 Producciones, permite representar un clásico del teatro musical que combina con perfección la danza, la música, el canto y la actuación.

2º—Que esta producción, pretende generar oportunidades laborales multidisciplinarias en el ámbito artístico del país, bajo estándares internacionales, de tal manera que contribuye al crecimiento artístico y cultural del territorio nacional en un área artística poco desarrollada.

3º—Que este evento está dirigido a un público multigeneracional y pretende dejar una gran enseñanza ya que aborda temas como la intolerancia, la xenofobia, el racismo, el respeto por las diferencias y el amor al prójimo. Por tanto;

ACUERDAN:

Artículo 1º—Declarar de Interés Cultural la presentación del espectáculo “West Side Story” del compositor Leonard Bernstein, que se llevará a cabo en el mes de mayo del 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar.

Artículo 2º—Rige a partir del 26 de enero del 2015.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de Cultura y Juventud, Elizabeth Fonseca Corrales.—1 vez.—(IN2015011613).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Nº 0290-2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 25, 27 párrafo primero, 28, párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo Nº 34739-H-COMEX del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 34 de fecha 24 de abril de 1991, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 107 del 7 de junio de 1991; a la empresa Hilos A & E de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3-101-107803, se le adecuaron los beneficios e incentivos a los contemplados por el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, clasificándola como industria procesadora de exportación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 de dicha Ley.

2º—Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 81-92 de fecha 31 de agosto de 1992, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 195 del 09 de octubre de 1992, a la empresa Exportadora A & E de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3-101-119379, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, clasificándola como empresa comercial de exportación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 17 de dicha Ley.

3º—Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 001-2012 de fecha 11 de enero de 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 35 del 17 de febrero de 2012; se acordó tomar nota de la fusión operada entre las empresas Hilos A & E de Costa Rica S. A. y Exportadora A & E de Costa Rica S. A., prevaleciendo la compañía Hilos A & E de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3-101-107803, por lo que actualmente se encuentra clasificada como industria procesadora de exportación y como empresa comercial de exportación, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 17 de dicha Ley.

4º—Que el señor Rodrigo Alberto Elías Alvarado, mayor, portador de la cédula de identidad Nº 8-094-219, en su condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa Hilos A & E de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3-101-107803, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue nuevamente el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento, a efecto de que se le clasifique como Industria Procesadora de Exportación, Empresa Comercial de Exportación y Empresa de Servicios, de conformidad con los incisos a), b) y c) del artículo 17 de la Ley Nº 7210 y sus reformas.

5º—Que en la solicitud mencionada Hilos A & E de Costa Rica S. A., se comprometió a mantener una inversión de al menos US $4.139.399,02 (cuatro millones ciento treinta y nueve mil trescientos noventa y nueve dólares con dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Así mismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $1.131.000,00 (un millón ciento treinta y un mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. La empresa ofrece igualmente consolidar como uno de sus compromisos, el nivel de empleo real que actualmente tiene, el cual asciende a 118 trabajadores. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

6º—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Hilos A & E de Costa Rica S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER Nº 15-2014, acordó someter a consideración del Ministerio de Comercio Exterior la solicitud de ingreso al Régimen de Zonas Francas presentada, a fin de que dicho órgano ejerza la facultad establecida en el artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, determine si en la especie resulta aplicable la excepción que contempla dicho artículo, y analice si se trata de un proyecto nuevo cuya inversión adicional, magnitud y beneficios justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento.

7º—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo efectivamente considera que en la especie resulta plenamente aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de un proyecto nuevo cuya inversión adicional y magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley número 7210, sus reformas y su Reglamento.

8. Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto;

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Hilos A & E de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3-101-107803 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora de Exportación, Empresa Comercial de Exportación, y Empresa de Servicios, de conformidad con los incisos a), b) y c) del artículo 17 de la Ley Nº 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en la fabricación de hilos de coser industriales, en la comercialización de hilos, zippers, botones y elásticos, en brindar servicios de soporte administrativo y de negocios, servicios de tecnología de la información y soporte técnico, y servicio de teñido y cambio en la presentación del hilo.

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Zona Franca Metropolitana S. A., ubicado en la provincia de Heredia.

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley Nº 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley Nº 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley Nº 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Así mismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de la ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5.—a) En lo que concierne a su actividad como Industria Procesadora de Exportación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus productos al mercado local, observando rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

b) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Con base en el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, la beneficiaria no podrá realizar ventas en el mercado local.

c) En lo que corresponde a su actividad como Empresa de Servicios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Dicha beneficiaria sólo podrá introducir sus servicios al mercado local, observando rigurosamente los requisitos establecidos al efecto por el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

d) De conformidad con lo establecido en el numeral 71 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, dado que las tres clasificaciones de la beneficiaria tienen la misma exoneración del impuesto sobre la renta, no será necesaria la separación de cuentas para las ventas, los activos, los costos y los gastos de cada actividad. Bajo el supuesto de que la beneficiaria llegue a desarrollar actividades que tengan distinta tarifa o exoneración del impuesto sobre la renta, deberá llevar cuentas separadas.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 118 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Así mismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $4.139.399,02 (cuatro millones ciento treinta y nueve mil trescientos noventa y nueve dólares con dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $1.131.000,00 (un millón ciento treinta y un mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 30 de diciembre del 2015. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $5.270.399,02 (cinco millones doscientos setenta mil trescientos noventa y nueve dólares con dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 31,04%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, para lo cual PROCOMER tomará como referencia para su cálculo, las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Así mismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Así mismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Así mismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley Nº 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley Nº 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo Nº 34 de fecha 24 de abril de 1991 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Comercio Exterior a. í., Jhon Fonseca Ordoñez.—1 vez.—(IN2015010761).

N° 0408-2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

1º—Que con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 y sus reformas, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 0084-2013 de fecha 22 de abril del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 98 del 23 de mayo del 2013, a la empresa Deroyal Científica de Latinoamérica SRL., cédula jurídica N° 3-102-199795, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por el artículo 20 de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo la categoría de empresa procesadora de exportación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 de dicha Ley.

2º—Que el señor Eduardo Alonso Díaz Sánchez, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, portador de la cédula de identidad N° 1-1021-134, vecino de Heredia, en su condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma con facultades suficientes para estos efectos de la empresa Deroyal Científica de Latinoamérica SRL., cédula jurídica N° 3-102-199795, presentó solicitud para trasladarse a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

3º—Que el Transitorio III de la Ley N° 8794 del 12 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 15 del 22 de enero de 2010, señala:

“Transitorio III. Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley de régimen de zonas francas, N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del mismo artículo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 21 bis de esta Ley y realicen inversiones nuevas en los términos dispuestos por el artículo primero de este mismo cuerpo normativo. En caso de que la empresa disfrute de los beneficios en condición fuera del parque industrial la inversión mínima será de quinientos mil dólares estadounidenses (US $500.000). En tales casos, a partir del traslado empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de esta Ley.”

4º—Que el artículo 145 del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N°34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, dispone:

“Artículo 145.- Traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley.

Las empresas beneficiarias indicadas en el inciso a) del artículo 17 de la Ley , podrán solicitar trasladarse a la categoría descrita en el inciso f) del artículo 17 de la Ley , siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que se trate de un proyecto que se ejecute dentro de un sector estratégico, según lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos o que la empresa se instale fuera de la GAMA.

b) Que al momento de solicitar el traslado de categoría la empresa beneficiaria se encuentre al día con las obligaciones del Régimen.

c) Que la empresa se comprometa a realizar inversiones nuevas en activos fijos en los términos dispuestos por la Ley.

d) Que la empresa se encuentre exenta total o parcialmente o no sujeta al impuesto sobre la renta, según los términos del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las empresas que se trasladen de categoría tendrán un plazo máximo de tres años para realizar la inversión nueva inicial e iniciar operaciones productivas al amparo del nuevo régimen.”

5º—Que el artículo 132.4 de la Ley General de la Administración Pública, permite la inclusión discrecional de condiciones, términos y modos en el acto administrativo, como mecanismos para adaptar su contenido al fin perseguido, indicando en lo conducente:

“Artículo 132.-

El contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

(….)

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.”

6º—Que el artículo 145.1 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los efectos del acto administrativo podrán sujetarse a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento jurídico.

7º—Que en la solicitud mencionada la empresa Deroyal Científica de Latinoamérica SRL., cédula jurídica N° 3-102-199795, se comprometió a mantener una inversión de al menos US $1.663.694,92 (un millón seiscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro dólares con noventa y dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Así mismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa.

8º—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el diario oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre de 2010, calificó como un sector estratégico los proyectos en que la empresa acogida al Régimen se encuentra en la industria de “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”. En virtud de lo anterior, el traslado a la categoría se ajusta a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

9º—Que la empresa opera en el parque industrial denominado CF Free Zone Park SRL. (Heredia), por lo que se encuentra ubicada dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

10.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Deroyal Científica de Latinoamérica SRL., cédula jurídica N° 3-102-199795, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 148-2014, acordó trasladar al Ministerio de Comercio Exterior la solicitud presentada por la empresa, a fin de que el Poder Ejecutivo resuelva definitivamente sobre la procedencia de la misma.

11.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto;

ACUERDAN:

1º—Autorizar el traslado a la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas a la empresa Deroyal Científica de Latinoamérica SRL., cédula jurídica N° 3-102-199795 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hará efectivo a partir del 01 de enero del 2016, fecha en la cual la empresa deberá iniciar operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezarán a correr los plazos y se aplicarán las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de Ley N° 8794 de fecha 12 de enero del año 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en la producción de equipos, artículos y aparatos médicos, quirúrgicos, ortopédicos y de traumatología. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”.

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado CF Free Zone Park SRL. (Heredia), ubicado en la provincia de Heredia. Tal ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al efecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

5.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros ocho años y un quince por ciento (15%) durante los siguientes cuatro años. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley Nº 7210 y sus reformas. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete como cinco por ciento (7,5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 295 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Así mismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $1.663.694,92 (un millón seiscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro dólares con noventa y dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de octubre del 2017. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $1.913.694,92 (un millón novecientos trece mil seiscientos noventa y cuatro dólares con noventa y dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 25%.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas, es a partir de la fecha de traslado indicada en la cláusula primera del presente Acuerdo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial, consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—La empresa beneficiaria continuará disfrutando de los beneficios otorgados bajo la categoría a) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, según los términos del Acuerdo Ejecutivo de otorgamiento N° 0084-2013 de fecha 22 de abril del 2013, hasta el momento en que se realice el traslado a la categoría f) en la fecha indicada en el punto primero del presente Acuerdo.

17.—El Acuerdo Ejecutivo N° 0084-2013 de fecha 22 de abril del 2013, será sustituido plenamente por el presente Acuerdo Ejecutivo, una vez que la empresa beneficiaria inicie operaciones productivas al amparo de la categoría prevista en el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora Delgado.—1 vez.—(IN2015010895).

N° 035-2015

LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas número 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica número 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo número 34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 524-2012 de fecha 05 de diciembre del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 25 del 5 de febrero del 2013, se acordó trasladar de la categoría prevista en el inciso a) a la categoría prevista en el inciso f), ambos del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, a la empresa Hutchings Automotive Products S. A., cédula jurídica número 3-101-378943, clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas. El traslado se hizo efectivo a partir del 16 de enero del 2013, fecha en la cual la empresa inició operaciones productivas al amparo de la citada categoría f)- A partir del traslado, empezaron a correr los plazos y se aplican las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de la Ley N° 8794 de fecha 12 de enero del 2010, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

II.—Que mediante documentos presentados los días 6, 14 y 24 de noviembre del 2014, en la Gerencia de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Hutchings Automotive Products S. A., cédula jurídica número 3-101-378943, solicitó la disminución del nivel mínimo de empleo, para que el mismo quede en 500 trabajadores. Ello por cuanto medidas adoptadas por países a los cuales suplen los bienes que producen, procuran el mayor rendimiento del combustible en los vehículos lo que repercute en lograr un menor peso en los mismos; de forma que la empresa se ha visto obligada a modificar su línea de producción propiciando el uso del aluminio sobre el del acero en las piezas que fabrica, lo cual supone eliminar paulatinamente procesos en los que el uso del acero requería mano de obra más intensiva. Aduce la empresa que no ajustarse a tales cambios la dejaría fuera del mercado, dados los productos y precios que ofrecen sus competidoras a nivel internacional.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Hutchings Automotive Products S. A., cédula jurídica número 3-101-378943, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes

Especiales de PROCOMER número 149-2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley No.7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en relación con las disminuciones de los niveles de empleo e inversión, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante el Oficio DM-911-1 de 26 de septiembre del 2001, señaló lo siguiente:

“(...) No obstante lo anterior, al ser ésta una institución con una misión y vocación clara de servicio a la exportación, sin dejar de lado claro está, su función de supervisión y control, PROCOMER no puede dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial. Es así como también debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarios del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas en la comercialización de sus bienes, a crisis financieras internas inclusive problemas de índole macroeconómicos en sus países y hasta a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado.

Ha sido el afán del Ministerio atender y tratar de ayudar a solventar de la forma más objetiva posible estas situaciones, no sólo teniendo en consideración la posición de las empresas, sino el resguardo sobre todo de intereses de orden general, al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa. (...)”.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por Tanto,

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 524-2012 de fecha 05 de diciembre del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 25 del 05 de febrero del 2013, para que en el futuro la cláusula sexta se lea de la siguiente manera:

“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 500 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos $13.211.300,87 (trece millones doscientos once mil trescientos dólares con ochenta y siete centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 16 de enero del 2013, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de septiembre del 2013. Por lo tanto, la beneficiaría se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $13.361.300,87 (trece millones trescientos sesenta y un mil trescientos dólares con ochenta y siete centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).

Finalmente, la empresa beneficiaría se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 100%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaría, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.”

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo número 524-2012 de fecha 05 de diciembre del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 25 del 5 de febrero del 2013.

3º—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince.

ANA HELENA CHACÓN ECHEVERRÍA.—El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora Delgado.—1 vez.—(IN2015011132).

DOCUMENTOS VARIOS

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL

N° 02-2015.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—Consejo Técnico de Aviación Civil.—San José, a las 18:00 horas del 13 del mes de enero del dos mil quince.

Se conoce solicitud de la compañía Delta Air Lines Inc., cédula de persona jurídica N° 3-012-130869, representada por el señor Jorge Arturo Arce Lara; para suspender de manera temporal la ruta New York (JFK)-Liberia y viceversa, a partir del el 11 de enero y hasta el 06 de junio 2015.

RESULTANDOS:

1º—La compañía Delta Airlines Inc., cuenta con un certificado de explotación vigente hasta el 15 de julio del 2023, otorgado mediante resolución N° 51-2008 del 30 de abril de 2008, publicado en La Gaceta N° 136 del 15 de julio de 2008 y otorgado por el Consejo Técnico conforme al Acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América, el cual le permite operar en las siguientes rutas:

Atlanta, Georgia, Estados Unidos – San José, Costa Rica y viceversa.

Los Ángeles, Estados Unidos – San José, Costa Rica y viceversa.

New York, Estados Unidos – San José, Costa Rica y viceversa.

Minneapolis, Estados Unidos – San José, Costa Rica y viceversa.

Atlanta, Georgia, Estados Unidos – Liberia, Costa Rica y viceversa.

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos - Liberia, Costa Rica y viceversa.

Los Ángeles, Estados Unidos – Liberia, Costa Rica y viceversa.

New York, Estados Unidos – Liberia, Costa Rica y viceversa.

2º—Mediante escrito presentado ante el Consejo Técnico de Aviación Civil el 11 de diciembre del 2014, el Sr. Jorge Arturo Arce Lara, Representante Legal de la compañía Delta Airlines Inc., solicitó autorización para la suspensión temporal de la ruta JFK – LIR – JFK, efectivo desde el 11 de enero y hasta el 6 de junio del 2015.

3º—Mediante oficio DGAC-TA-INF-0300-2014 de fecha 19 de diciembre de 2014, la Unidad de Transporté Aéreo en lo que interesa recomendó:

“Con base en lo anterior se concluye que la solicitud fue presentada de forma extemporánea lo cual no garantiza que dicha suspensión sea autorizada por el CETAC de previo a su vigencia, por lo tanto tomando en consideración la solicitud expresa de la compañía Delta Airlines Inc., y a lo establecido en los artículos 173 y 175 de la Ley General de Aviación Civil y previa autorización por parte del CETAC, se recomienda:

i. Autorizar a la compañía Delta Airlines Inc., a suspender de manera temporal a partir del 11 de enero y hasta el 06 de junio 2015, la operación de la ruta: JFK – LIR – JFK, operada mediante los vuelos DL463/724.

ii. Recordarle a la compañía Delta Airlines, Inc., que este tipo de solicitudes deben ser presentadas con un mes de anticipación previo a su vigencia, y de igual forma que la solicitud para el reinicio de las operaciones en la ruta: JFK-LIR-JFK, debe ser presentada con el mismo plazo y presentar el itinerario y tarifas actualizadas.

4º—Que en el dictado de esta resolución se han observado las normas y procedimientos de ley.

Considerando:

I.—Sobre los hechos: Que para efectos del dictado de esta resolución se tienen por ciertos los resultandos anteriores por constar así en el expediente administrativo que al efecto lleva la Asesoría Legal de la Dirección General de Aviación Civil.

II.—Fondo del asunto: Dicha solicitud se fundamenta en los artículos 157 y 173 de la Ley General de Aviación Civil establecer en los artículos 157 y 173 lo siguiente:

“Artículo 157.- El Consejo Técnico de Aviación Civil, a solicitud de parte interesada o por propia iniciativa, puede alterar, enmendar, modificar, suspender o cancelar con la aprobación del Poder Ejecutivo si se trata de servicios internacionales, cualquier certificado de explotación en todo o en parte, tomando en cuenta la necesidad o conveniencia de los interesados, debidamente comprobada. Asimismo podrá modificar y cancelar el certificado por razones de interés público o por el incumplimiento del concesionario de los términos de la ley, de la concesión o de los reglamentos respectivos…”

“Artículo 173.- Ninguna empresa de transporte aéreo puede cambiar o abandonar una ruta o parte .le ella, sin autorización previa del Consejo Técnico de Aviación Civil.”

Con fundamento en los hechos descritos y citas de ley, Por tanto,

EL CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL

RESUELVE:

Autorizar a la compañía Delta Air Lines Inc., cédula de persona jurídica 3-012-130869, representada por el señor Jorge Arturo Arce Lara, a suspender de manera temporal a partir del 11 de enero y hasta el 06 de junio 2015, la operación de la ruta: New York (JFK)-Liberia y viceversa, operada mediante los vuelos DL463/724.

Hacer un llamado de atención a la compañía Delta Air Lines Inc., por haber presentado la solicitud de suspensión de ruta fuera del plazo establecido, además se le recuerda que previo a reiniciar operaciones en la ruta indicada, deberá presentar los itinerarios y las tarifas, con al menos 30 días de antelación a la entrada en vigencia.

Notifíquese y publíquese

Aprobado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante artículo quinto de la sesión ordinaria N° 03-2015, celebrada el día 13 de enero de 2015.

Eduardo Montero González, Vicepresidente.—1 vez.—O. C. Nº 24932.—Solicitud Nº 2430.—C-86860.—(IN2015011297).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante esta dirección ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 35, título N° 713, emitido por el Instituto de Alajuela, en el año mil setecientos setenta y siete, a nombre de Chanto Carvajal María Isabel, cédula 2-0350-0628. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en San José, a los trece días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015010220).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante esta dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 62, título N° 334, emitido por el Liceo de Chacarita, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Guzmán Azofeifa Luis Gustavo, cédula 1-0993-0236. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los trece días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015010225).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 148, título N° 1247, emitido por el Liceo Miguel Araya Venegas, en el año dos mil tres, a nombre de Araya Tijerino Karen Patricia, cédula 2-0610-0147. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los cinco días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015010504).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, este Registro ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su estatuto Social de la organización social denominada Sindicato de Ingenieros y Arquitectos Caja Costarricense de Seguro Social siglas SIACCSS, acordada en asamblea celebrada el día 05 de setiembre del 2014. Expediente 880-SI. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 344 del Código de Trabajo y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se envía un extracto de la inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma ha sido inscrita en los libros de registro que al efecto lleva este Registro mediante tomo: 16, folio: 197, asiento: 4828 del 12 de noviembre del 2014. La reforma afecta los artículos 2, 21, 22, 26, 27 bis, 29 bis, 30 y 32 del Estatuto.—12 de noviembre del 2014.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—Exonerado.—(IN2015011514).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Marcas de ganado

Solicitud Nº 2015-255.—Theresa Christina D Alton Kilby, cédula de identidad 0800740870, en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de Punta de Lanza Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-177764, solicita la inscripción de:W3V como marca de ganado, que usará preferentemente en San José, Puriscal, San Rafael, Punta de Lanza, Guayabo de Mora, de la iglesia católica 3 kilómetros al sur. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 10 de febrero del 2015. Según el expediente Nº 2015-255.—San José, 11 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015009948).

Solicitud Nº 2015-248.—Doman Bravo Tellez, cédula de residencia 155821533808, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala, Upala, San Fernando, de la escuela 500 metros al este. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 9 de febrero del 2015. Según el expediente Nº 2015-248.—San José, 10 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010210).

Solicitud Nº 2015-137.—José Espinoza Castro, cédula de identidad 0201620140, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala, Yolillal, San Rafael, 1 kilómetro al norte de la escuela. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 27 de enero del 2015. Según el expediente Nº 2015-137.—San José, 28 de enero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010211).

Solicitud Nº 2015-219.—Álvaro García Quirós, cédula de identidad 0501910101, solicita la inscripción de: Q G 5 como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Los Chiles, San Jorge, San Jorge, 200 metros sur del colegio San Jorge. Se cita a terceros, interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 6 de febrero del 2015. Según el expediente Nº 2015-219.—San José, 9 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010218).

Solicitud Nº 2015-106.—Ulises Rosales Carballo, cédula de identidad 0109450485, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Puntarenas, Golfito, Guaycará, Río Claro, Barrio Las Parcelas, entrada de La Picadora de arroz. Camino al quebrador, 300 metros norte de la pista. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 22 de enero del 2015. Según el expediente Nº 2015-106.—San José, 26 de enero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010385).

Solicitud N° 2014-2151.—Rafael Ángel Díaz Romero, cédula de identidad N° 0502040444, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Limón, Pococí, Roxana, Ciudadela Luis XV, San Antonio, de la Escuela Luis XV, 300 metros este, 1 kilómetro norte y 25 metros oeste. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 25 de noviembre del 2014. Según el expediente N° 2014-2151.—San José, 26 de noviembre del 2014.—Elda Cerdas Badilla, Registradora.—1 vez.—(IN2015010431).

Solicitud N° 2015-271.—Didier Soto Ramírez, cédula de identidad N° 0502640468, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Guanacaste, Tilarán, Santa Rosa, Ranchitos, 1 kilómetro y medio al norte de la Escuela. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 11 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-271.—San José, 12 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010545).

Solicitud N° 2014-1769.—José Carlos Chinchilla Alvarado, cédula de identidad N° 0205490023, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Pital, Veracruz, 300 metros norte del Templo Católico. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 23 de setiembre del 2014. Según el expediente N° 2014-1769.—San José, 2 de octubre del 2014.—Viviana Segura de la O, Registradora.—1 vez.—(IN2015010744).

Solicitud N° 2015-234.—José Ángel Ruiz Jiménez, cédula de identidad N° 0202960987; Benjamín Ruiz Jiménez, cédula de identidad N° 0204590131, solicita la inscripción de:

J R

como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala, Yolillal, Montecristo, 150 metros al este de la Escuela Esperanza. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 9 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-234.—San José, 10 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010746).

Solicitud N° 2014-1965.—Lorena Vargas Arce, cédula de identidad N° 0204570131, solicita la inscripción de:

X 2

como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Pital, El Ojoche, 1 kilómetro norte de la entrada a Castel Mar. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 27 de octubre del 2014. Según el expediente N° 2014-1965.—San José, 28 de octubre del 2014.—Elda Cerdas Badilla, Registradora.—1 vez.—(IN2015010747).

Solicitud N° 2015-233.—Vidal Fernández Morales, cédula de identidad N° 0502320035, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala, San José, San Bosco, de la Escuela El Progreso, 4 kilómetros al norte. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 9 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-233.—San José, 10 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010749).

Solicitud N° 2015-129.—Víctor Manuel Rodríguez Alpízar, cédula de identidad 0203110294, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Monterrey, Las Delicias, 500 metros norte del cruce de Chambacú. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 27 de enero del 2015, según el expediente N° 2015-129.—San José, 28 de enero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010849).

Solicitud N° 2014-2240.—Juana de Jesús Hernández López, cédula de identidad 0900090801, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Agro-Ganadera Rojas & Hernández Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-562140, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos, Monterrey, San Juan, 500 metros este del puente Jicarito. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 11 de diciembre del 2014, según el expediente N° 2014-2240.—San José, 20 de enero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010851).

Solicitud N° 2015-110.—Carlos Manuel Fuentes López, cédula de identidad 0112460530, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Óscar Antonio Rojas Mora, cédula de identidad 0112650504, solícita la inscripción de:

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como marca de ganado que usará preferentemente en San José, Pérez Zeledón, Cajón, Arco Iris, 100 metros norte y 100 este de la plaza de deportes de la comunidad. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 23 de enero del 2015, según el expediente N° 2015-110.—San José, 4 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015010995).

Solicitud N° 2015-168.—Adrián González Rojas, cédula de identidad 0201510218, solicita la inscripción de:

G J

como marca de ganado que usará preferentemente en Guanacaste, Tilarán, Quebrada Grande, Quebrada Honda, 600 metros al norte de la iglesia. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 2 de febrero del 2015, según el expediente N° 2015-168.—San José, 3 de febrero del 2015.—Luz Marina Vega Rojas, Registradora.—1 vez.—(IN2015011058).

Solicitud N° 2015-265.—Jaime Tardencilla Arcia, cédula de identidad 0204590820, solicita la inscripción de:

J T

como marca de ganado que usará preferentemente en Alajuela, Upala, Aguas Claras, Cuatro Bocas, de salón comunal de Cuatro Bocas 950 metros al sureste. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este registro dentro de los diez días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 11 de febrero del 2015, según el expediente N° 2015-265.—San José, 12 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015011059).

Solicitud N° 2015-200.—Arturo Gerardo Rojas Castro, cédula de identidad 0203660496, solicita la inscripción de: 4QZ como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Los Chiles, San Jorge, San Isidro, 1 kilómetro al norte de la escuela. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 5 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-200.—San José, 6 de febrero del 2015.—Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015011638).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Asociaciones civiles

AVISOS

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula 3-002-577817, denominación Asociación de Empresarios para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos ASEGIRE, por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento Tomo: 2014 Asiento: 83855.—Dado en el Registro Nacional a las 10 horas, 9 minutos y 54 segundos del 8 de abril del 2014.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015011493).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-066488, denominación Asociación de Exposiciones Agropecuarias de Pococí, por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento Tomo: 2014 Asiento: 303057.—Dado en el Registro Nacional a las 10 horas, 29 minutos y 12 segundos del 19 de enero del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015011510).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula 3-002-170060, denominación Asociación de Beneficencia Rostro de María. Por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 247641.—Dado en el Registro Nacional a las 9 horas, 24 minutos y 35 segundos del 03 de febrero del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015011615).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Sector Central de Pavas, con domicilio en la provincia de San José-San José, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Promover, impulsar y apoyar la producción de toda clase de productos en la zona, proporcionando instrucción, capacitación y apoyo integral para los pequeños y medianos productores, cuyo representante, será el presidente, Humberto Gerardo Vargas Méndez, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2015, asiento: 11497.— Dado en el Registro Nacional a las 16 horas, 31 minutos y 5 segundos del 11 de febrero del 2015.—Lic. Henry Jara Solís, Director a. í.—1 vez.—(IN2015011616).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Habilitación de Notario(a) Público(a). La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5topiso, hace saber que ante este Despacho, se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación como delegatario para ser y ejercer la función pública estatal del notariado, por parte de Michael Murillo Hernández, con cédula de identidad número 1-1169-0537, carné número 22565. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del (de la) solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación. Expediente Nº 15-000186-0624-NO.—San José, 12 de febrero del 2015.—Unidad Legal Notarial.—Licda. Tattiana Rojas S., Abogada.—1 vez.—(IN2015011513).

Habilitación de Notario(a) Público(a). La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to piso, hace saber que ante este Despacho, se ha recibido solicitud de habilitación como delegatario para ser y ejercer la función pública estatal del notariado, por parte de María de Los Ángeles Orozco Castillo, con cédula de identidad número 3-0198-0196, carné número 4009. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación. Exp. Nº 15-000221-0624-NO.—San José, 16 de febrero del 2015.—Unidad Legal Notarial.—Lic. Ricardo Edo. Arias Villalobos, Abogado.—1 vez.—(IN2015011624).

AMBIENTE Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Exp. 16153P.—Compañía Bananera Atlántica Ltda., solicita concesión de: 9 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo RS-103 en finca de su propiedad en Horquetas, Sarapiquí, Heredia, para uso agroindustrial empacadora de banano. Coordenadas 269.183 / 544.449 hoja Río Sucio. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 18 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010526).

Exp. 10586P.—Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S. A., solicita concesión de: 11,5 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo PAR-54 en finca de su propiedad en Cairo, Siquirres, Limón, para uso agroindustrial-bananeras y consumo humano-doméstico. Coordenadas 246.705 / 593.000 hoja Parismina. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010529).

Exp. 16451P.—Compañía Palma Tica S. A., solicita concesión de: 13,88 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo 8 cerros 2 en finca del mismo en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 164.780 / 515.799 hoja Quepos. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 08 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010531).

Exp. 7306A.—Compañía Palma Tica S. A., solicita aumento de caudal de: 137,5 litros por segundo del Río Damas Toma 2, efectuando la captación en finca de Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso riego. Coordenadas 166.528 / 514.103 hoja Quepos. 137,5 litros por segundo del Río Damas Toma 1, efectuando la captación en finca del mismo en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso riego. Coordenadas 166.735 / 514.295 hoja Dota. 137,5 litros por segundo del Río Damas Toma 3, efectuando la captación en finca del mismo en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso riego. Coordenadas 166.444 / 513.308 hoja Quepos. 137,5 litros por segundo del Río Damas Toma 4, efectuando la captación en finca del mismo en Quepos, Aguirre, Puntarenas, para uso riego. Coordenadas 166.272 / 512.702 hoja Quepos. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 15 de octubre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010534).

Exp. 11456P.—Heladería del Valle del Sur S. A., solicita concesión de: 0,13 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo Artesanal en finca de su propiedad en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, San José, para uso comercial-lavado de vehículos. Coordenadas 151.658 / 568.792 hoja San Isidro. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010538).

Exp. 16431A.—Condominio Vertical Residencial y Comercial Costa del Sol, solicita concesión de: 10 litros por segundo del Océano Pacífico, efectuando la captación en finca del mismo en Sámara, Nicoya, Guanacaste, para uso consumo humano doméstico para autoconsumo en condominio. Coordenadas 206.360 / 370.620 hoja Garza. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 21 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010546).

Exp. 15514P.—Banco Improsa S. A., solicita concesión de: 3 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo GT-16 en finca del mismo en Upala, Upala, Alajuela, para uso Agroindustrial Empacadora de Piña. Coordenadas 310.138 / 432.835 hoja Guatuso. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 17 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010548).

Exp. 16433A.—Barquero Vargas Hermanos Ltda., solicita concesión de: 0,5 litros por segundo del nacimiento Río Seco, efectuando la captación en finca del mismo en Zapote (Alfaro Ruiz), Zarcero, Alajuela, para uso agropecuario. Coordenadas 245.412 / 489.017 hoja Quesada. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 12 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010550).

Exp. 10171A.—Matamoros Solís S. A., solicita concesión de: 0,1 litro por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Colón, Mora, San José, para uso agropecuario-abrevadero y consumo humano-doméstico. Coordenadas 212.480 / 508.970 hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 27 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas. Coordinador.—(IN2015010552).

Exp. 11037A.—Adita Cordero Castro solicita concesión de: 0,36 litros por segundo del nacimiento, efectuando la captación en finca de su propiedad en Quesada, San Carlos, Alajuela, para uso agropecuario-abrevadero-lechería, consumo humano-doméstico. Coordenadas 252.600 / 489.800 hoja Quesada. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 25 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010555).

Exp. 7958A.—Agropecuaria Alvarado Durán S. A., solicita concesión de: 0,5 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Palmira (Alfaro Ruiz), Zarcero, Alajuela, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 242.550 / 496.600 hoja Quesada. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010561).

Exp. 11301P.—Antonio Vallese Bianchi, solicita concesión de: 0,3 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo CY-28 en finca de su propiedad en Cóbano, Puntarenas, para uso consumo humano-doméstico-piscina, agropecuario-riego. Coordenadas 182.450 / 418.650 hoja Cabuya. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015010564).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. N° 16480-A.—Julio César Arias Zúñiga, solicita concesión de: 9 litros por segundo del río La Paz, efectuando la captación en finca de su propiedad en Ángeles, San Ramón, Alajuela, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 235.403/481.945 hoja Naranjo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 4 de febrero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2014010468).

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS

REGISTRO NACIONAL MINERO

SOLICITUD DE EXPLOTACIÓN EN

CAUCE DE DOMINIO PÚBLICO

EDICTO

En expediente N° 1-2014 el señor Álvaro Murillo Murillo, casado, empresario, cédula de identidad 2-0276-0564, apoderado generalísimo de Acarreos y Servicios Murillo S. A., cedula jurídica 3-101-144527, solicita concesión para extracción de materiales en cauce de dominio público sobre el Río Toro.

Localización geográfica:

Sito en: Río Cuarto, distritos 06 Pital y 06 Río Cuarto, cantones 10 San Carlos y 03 Grecia, provincia 02 Alajuela.

Hoja cartográfica:

Hojas Aguas Zarcas y Río Cuarto, escala 1:50.000 del I.G.N.

Localización cartográfica:

Entre coordenadas generales: 269421.035-269509.930 Norte, 509172.244-509060.680 Este límite aguas arriba y 271001.682-270984.187 Norte, 509796.464-509845.880 Este límite aguas abajo.

Área solicitada:

19 ha 0740.97 m², longitud promedio 1981.44 metros, según consta en plano aportado al folio 22.

Derrotero: Coordenadas del vértice N° 1 269509.930 Norte, 509060.680 Este.

Línea	Acimut			Distancia
	°	‘	“	m	mm
1 - 2	42	21	13.69	70	326
2 - 3	35	26	3.74	89	972
3 - 4	42	12	47.37	62	988
4 - 5	14	43	46.05	63	371
5 - 6	08	56	24.78	43	868
6 - 7	41	48	48.12	39	040
7 - 8	011	14	2.29	134	293
8 - 9	336	31	49.83	50	175
9 - 10	346	27	50.31	53	518
10 - 11	00	00	0.00	44	608
11 - 12	30	54	23.67	31	473
12 - 13	48	5	46.36	37	466
13 - 14	64	8	27.86	61	980
14 - 15	78	17	57.74	36	969
15 - 16	72	39	39.11	180	022
16 - 17	61	42	42.08	100	818
17 - 18	25	23	10.35	56	844
18 - 19	46	13	11.40	39	560
19 - 20	40	15	26.47	91	031
20 - 21	51	49	1.20	47	199
21 - 22	46	18	6.28	44	012
22 - 23	20	47	27.58	67	132
23 - 24	15	41	39.74	55	463
24 - 25	335	8	38.50	106	538
25 - 26	315	5	11.92	67	332
26 - 27	358	12	46.61	98	317
27 - 28	17	15	2.16	59	453
28 - 29	19	58	30.47	83	463
29 - 30	21	33	39.13	20	874
30 - 31	109	29	43.23	52	422
31 - 32	196	40	4.09	18	634
32 - 33	198	49	15.06	110	148
33 - 34	158	28	6.15	157	315
34 – 35	130	11	10.84	73	327
35 - 36	140	35	53.33	10	612
36 - 37	168	5	32.24	51	111
37 - 38	186	41	16.83	113	478
38 - 39	215	13	14.96	113	448
39 - 40	204	48	16.62	143	493
40 - 41	245	10	31.64	119	437
41 - 42	245	10	31.64	128	988
42 - 43	249	11	52.47	115	77
43 - 44	249	11	52.47	127	22
44 - 45	172	32	18.04	69	043
45 - 46	187	26	17.16	59	361
46 - 47	172	23	51.78	48	411
47 - 48	146	56	24.09	49	284
48 - 49	180	0	0.00	56	302
49 - 50	197	27	52.11	46	951
50 - 51	218	54	17.85	94	272
51 - 52	218	54	17.85	110	813
52 - 53	195	52	4.93	49	529
53 - 54	170	44	36.33	55	749
54 - 55	215	36	42.90	102	074
55 - 1	308	32	53.19	142	649

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el 30 de enero del 2014, área y derrotero aportados el 10 de marzo del 2014. Con quince días hábiles de término, contados a partir de la segunda publicación, cítese a quienes tengan derechos mineros que oponer hacerlos valer ante este Registro Nacional Minero.—San José, a las nueve horas cuarenta minutos del diez de febrero del dos mil quince.—Licda. Rosa María Ovares Alvarado, Jefa a. í.—(IN2015011249). 2. v. 1. Alt.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS

Registro Civil-Departamento Civil

SECCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso incoadas por Gina Mora Fallas, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 3759-2013. Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas cuarenta y tres minutos del siete de noviembre de dos mil trece. Exp. Nº 22324-2013. Resultando 1º—... 2º—... 3º—...Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por Tanto: Rectifíquense los asientos de nacimiento de Yeimy Fabiola y Brandon Andrés, ambos de apellidos Seas Fallas... en el sentido que los apellidos de la madre de las personas ahí inscritas y, consecuentemente, el segundo apellido de las mismas son: “Mora Fallas” y “Mora”, respectivamente.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011492).

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso incoadas por Dora María Figueroa Ochoa, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 3098-2014. Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las doce horas cuarenta y dos minutos del once de setiembre de dos mil catorce. Exp. Nº 27288-2014. Resultando 1º—... 2º—... 3º—... Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por Tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Mayerlin Figueroa Ulloa... en el sentido que el segundo apellido de la madre y, consecuentemente, el segundo apellido de la misma es “Ochoa”.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a.í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011520).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Zezalia del Carmen Rivera Benavides, se ha dictado la resolución Nº 4966-2014, que en lo conducente dice: Registro Civil.— Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas quince minutos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce. Exp. Nº 42319-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por Tanto: Rectifíquese los asientos de matrimonio de Claudio Torres Elizondo con Zezalia del Carmen Rivera no indica otro apellido y de nacimiento de Claudio Torres Rivera, en el sentido que el nombre y los apellidos de la cónyuge y madre del menor son Zezalia del Carmen Rivera Benavides.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011608).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Israel Rodríguez Urgelles y Martha Leidys Almeida Soto, se ha dictado la resolución Nº 4385-2014, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las once horas cuarenta y siete minutos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce. Exp. Nº 42382-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por Tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Alejandro Manuel Rodríguez Almeida, en el sentido que el segundo apellido del padre y el nombre de la madre son Urgelles y Martha Leidys respectivamente.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011614).

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso incoadas por Damari de los Ángeles Dávila Abarca, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2548-2014. Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas veinte minutos del doce de agosto de dos mil catorce. Exp. Nº 23542-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por tanto; Rectifíquese el asiento de nacimiento de Valeria Dayana Obando Dávila... en el sentido que el nombre de la madre de la misma es “Damari de los Ángeles”.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011620).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Gloria Aracelis Bravo Martínez, se ha dictado la resolución Nº 4239-2014, que en lo conducente dice: Registro Civil.— Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas y veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil catorce. Exp. Nº 39926-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por tanto; Rectifíquese el asiento de nacimiento de Abel Oswaldo Álvarez Bravo, en el sentido que el segundo nombre de la madre de la persona inscrita es Aracelis.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011625).

Se hace saber que este Registro, en diligencias de ocurso incoadas por Lidia Murillo Martínez, ha dictado la resolución Nº 3645-2014, que en lo conducente dice: Registro Civil.— Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas y dos minutos del veintidós de octubre de dos mil catorce. Exp. Nº 19854-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el Fondo:... Por Tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Karla Vanessa Sosa Murillo, en el sentido que el segundo apellido de la madre de la persona inscrita es Martínez.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011633).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por, Chirley María Mendoza Amador, se ha dictado una resolución N° 25-2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos. San José, a las trece horas cuarenta minutos del cinco de enero de dos mil quince. Exp. N° 21425-2013. Resultando 1º—... 2º—… Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquense los asientos de nacimiento de, Jonathan Josué Alemán Mendoza, en el sentido que el nombre y el segundo apellido de la madre son Chirley María y Amador, respectivamente, y de José David Alemán Mendoza en el sentido que el nombre de la madre es Chirley María.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015011674).

AVISOS

Registro Civil-Departamento Civil

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de solicitud de naturalización

Margarita del Carmen Obregón Cerda, mayor, divorciada, abogada, nicaragüense, cédula de residencia Nº 270-115997-51042, vecina de San José, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp. Nº 2794-2003.—San José, dieciséis de diciembre de dos mil catorce.—Germán Alberto Rojas Flores, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2015011601).

Luz Ángela Vaquez Carvajal, mayor, soltera, educadora, colombiana, cédula de residencia N° 117000227435, vecina de San José, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp. 130055-2014.—San José, nueve de febrero del dos mil quince.—Lic. Randall Marín Badilla, Jefe a.í.—1 vez.—(IN2015011649).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SUCURSAL DE PARRITA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2015

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, solicito realizar la siguiente publicación:

210 SERVICIOS NO PERSONALES 13.296.000,00

2112 INFORMACIÓN 500.000,00

2114 IMPRESIÓN ENCUAD.Y OTROS 10.000,00

2122 TELECOMUNICACIONES 800.000,00

2124 SERVICIOS DE CORREO 150.000,00

2126 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.200.000,00

2128 SERVICIOS DE AGUA 650.000,00

2130 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 200.000,00

2134 GASTOS VIAJ DENTRO DEL P. 2.200.000,00

2140 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

|2141 TRANSPORTE BIENES 100.000,00

2142 SEGURO DE DANOS Y OTROS SEGURO 50.000,00

2144 SEGURO RIESGOS PROFESIONA 403.000,00

2152 MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA 100.000,00

2153 MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC 1.000.000,00

2154 MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS 250.000,00

2156 MANT.REPAR.ED.TERCEROS 1.083.000,00

2157 MANT. REP. EQUIPO COMUNICACIÓN 50.000,00

2159 MANT. REP. EQUP. CÓMPUTO Y SIST. INFORM 150.000,00

2160 GASTOS JUDICIALES 1.500.000,00

2199 OTROS SERV.NO PERSONALES 750.000,00

2200 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.725.000,00

2205 OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS 150.000,00

2206 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.000.000,00

2207 TEXTILES Y VESTUARIOS 450.000,00

2210 PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN 500.000,00

2211 IMPRESOS Y OTROS 105.000,00

2212 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 300.000,00

2215 OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCIÓN 200.000,00

2216 MAT. PROD. ELECTR.TELF.CÓMPUTO 100.000,00

2217 INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA 150.000,00

2218 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 70.000,00

2220 MATERIALES PRODUCTOS DE PLÁSTICO 50.000,00

2221 REP.EQUIPO DE TRANSPORTE 1.000.000,00

2223 OTROS REPUESTOS 500.000,00

2225 ÚTILES Y MATER.DE OFICINA 300.000,00

2227 ÚTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 300.000,00

2233 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 200.000,00

2241 COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE 2.000.000,00

2243 LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP 350.000,00

Licda. Danixa Cordero Barrantes, Administradora a. í.— 1 vez.—(IN2015013945).

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

SEGURIDAD PÚBLICA

MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

La Dirección de Proveeduría Institucional les informa a todos los interesados que a partir de esta fecha se ha publicado Modificación al Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Seguridad Pública correspondiente al siguiente programa presupuestario 09002 Escuela Nacional de Policía el cual se encuentra a su disposición en la dirección electrónica www.hacienda.go.cr. En el link de COMPRARED

San José, 25 de febrero de 2015.—Dirección Proveeduría Institucional.—Lic. Mario Umaña Mora, Director.—1 vez.—O. C. Nº 3400024965.—Solicitud Nº 28324.—C-11250.—(IN2015014093).

LICITACIONES

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2014LN-000008-BCCR

Licitación pública bajo la modalidad de precalificación,

para varios concursos para el suministro de horas

de mantenimiento según demanda

para los sistemas informáticos

gestionados por la División

de Servicios Tecnológicos

del Banco Central

de Costa Rica

El Departamento de Proveeduría del Banco Central de Costa Rica (BCCR) recibirá ofertas, hasta las 10:00 horas del día 27 de marzo del 2015, según reloj marcador del Departamento de Proveeduría, para la Licitación Pública bajo la modalidad de precalificación para varios concursos para el suministro de horas de mantenimiento según demanda para los sistemas informáticos gestionados por la División de Servicios Tecnológicos del Banco Central de Costa Rica; por un año prorrogable por periodos anuales hasta un máximo total de cuatro (4) años.

Los interesados pueden retirar el cartel en el Departamento de Proveeduría de este Banco, edificio principal, avenida central y primera, calles 2 y 4, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 9:15 a.m. a 4:00 p.m., en forma gratuita o en la siguiente dirección electrónica a partir del día hábil siguiente a la fecha de su publicación: http://www.bccr.fi.cr/contrataciones/

Quienes adquieran el cartel por este último medio deberán consignar la información que se solicita al accederlo. El incumplimiento de este requisito exonera al BCCR la no comunicación de posibles Fe de Erratas y/o avisos que se puedan generar en el concurso.

San José, 26 de febrero del 2015.—Rolando Protti B., Director.—1 vez.—O. C. Nº 2015014314.—Solicitud Nº 28416.—C-26490.—(IN2015013873).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DR. RAFAEL Á. CALDERÓN GUARDIA

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LN-000002-2101

Por concepto de productos mini (margarina, natilla,

mermelada, miel de abeja, miel de maple, gelatinas)

El Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, invita a todos los interesados en participar en el siguiente concurso: Licitación Abreviada 2015LN-000002-2101, por concepto de productos mini (margarina, natilla, mermelada, miel de abeja, miel de maple, gelatinas), cuya apertura se efectuará el día 23 de marzo del 2015, al ser las 10:00, a.m.

El Cartel se puede adquirir en la Administración del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ubicada 100 metros oeste del Instituto Meteorológico Nacional o 100 metros oeste de la entrada del Servicio de Admisión costado noroeste del Hospital.

El lugar fijado para recibir ofertas es la Administración, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. La apertura de la contratación será efectuada en la Sala Aperturas, de la Administración.

Valor del cartel: ¢500. Ver detalles en en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 27 de febrero del 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. David Sánchez Valverde.—1 vez.—(IN2015013934).

HOSPITAL MÉXICO

ADMINISTRACIÓN-SUBÁREA

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000011-2104

Por la adquisición de zapatos de seguridad, varios tipos

Se comunica a los interesados en participar que la fecha máxima de recepción de ofertas es el día 18 de marzo del 2015 a las 10:00 horas.

Vea detalles y mayor información en http:// www.ccss.sa.cr.

San José, 27 de febrero del 2015.—Lic. Carmen Rodríguez Castro, Subárea de Contratación Administrativa.—1 vez.—(IN2015014048).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2015LI-000001-PRI

Ampliación y mejoras al acueducto de Palmar Norte

Convocatoria

El Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica N° 4-000-042138, comunica que se recibirán ofertas hasta las 9:00 horas del día 1° de abril del 2015, para la “Ampliación y mejoras al acueducto de Palmar Norte”.

Los documentos que conforman el cartel podrán descargarse de la dirección electrónica www.aya.go.cr o bien retirarse en la Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el Módulo C, piso 3 del Edificio Sede del AyA ubicado en Pavas, el mismo tendrá un costo de ¢500,00.

Dirección de Proveeduría.—Licda. Jeniffer Fernández Guillén.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 28432.—C-12990.—(IN2015014097).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000006-PRI

(Convocatoria)

Compra de 350 cilindros para gas cloro norma

DOT 3AA480 ó 3A480

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica N° 4-000-042138, comunica que se recibirán ofertas hasta las 9:00 horas del día 24 de marzo del 2015, para la compra de 350 cilindros para gas cloro norma DOT 3AA480 ó 3A480.

Los documentos que conforman el cartel podrán descargarse de la dirección electrónica www.aya.go.cr o bien retirarse en la Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el módulo C, piso 3 del edificio sede del AyA ubicado en Pavas, el mismo tendrá un costo de ¢500,00.

Dirección de Proveeduría.—Lic. Jennifer Fernández Guillén.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 28434.—C-13290.—(IN2015014101).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000013-02

Compra de equipo de estética

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental del Instituto Nacional de Aprendizaje, estará recibiendo ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 24 de marzo del 2015. Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones el cual es gratuito, en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Oriental, ubicado de Pizza Hut Paseo Colón, 250 metros al sur, contiguo a la Iglesia San Juan Bosco, Edificio Don Bosco, primer nivel, o bien ver la página Web del INA, dirección http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles.

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 28410.—C-12870.—(IN2015013871).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000012-02

Compra de equipos para diagnóstico de vehículos

automotores

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 28413.—C-13380.—(IN2015013872).

PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000001-10

Telas para confección de ropa y otros artículos

de tienda en general

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, recibirá ofertas por escrito para este concurso, hasta las 10:00 horas del 27 de marzo del 2015. Los interesados podrán obtener el Cartel de Contratación en la página Web del INA, dirección http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles, o bien retirar el pliego de condiciones, en el Proceso de Adquisiciones, sita Cartago, 300 metros este y 25 metros norte del Parque Central.

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 28447.—C-11580.—(IN2015014102).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000001-01

Contratación de servicios de auditorías financieras años 2014,

2015 y 2016, para el Instituto Nacional de Aprendizaje

El Proceso de Adquisiciones de la Sede Central del Instituto Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 13 de marzo del 2015. Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones el cual es gratuito, en el Proceso de Adquisiciones, sita La Uruca, 2.5 kilómetros al oeste del Hospital México, o bien ver la página Web del INA, dirección http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles.

Unidad de Compras Institucionales —Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 28459.—C-12320.—(IN2015014104).

AVISOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ZONA NORTE-NORTE

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE GUATUSO

LICITACIÓN ABREVIADA LA-2015-001

Servicios Profesionales en Contabilidad

Las Juntas Administrativas del Colegio Técnico Profesional de Guatuso y CINDEA Guatuso invitan a participar en la Licitación Abreviada LA-2015-001 “servicios Profesionales en Contabilidad”. El oferente debe estar incorporado al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. El Pliego Cartelario estará disponible al público para su entrega de forma personal máximo tres días hábiles contados a partir de esta publicación en la Coordinación Técnica del Colegio Técnico Profesional de Guatuso Tel: 2464 1152 ó 2464 0181, ubicado en la provincia de Alajuela, cantón Guatuso, distrito San Rafael, 200m sur y 50 oeste del BNCR en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Junta Administrativa.—Lic. Merlin Córdoba Zambrano, Presidenta.—1 vez.—(IN2015013961).

ADJUDICACIONES

AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000004-10800

Servicios de diseño para el desarrollo de los planos

constructivos, especificaciones técnicas y documentos

complementarios para el proyecto Laboratorio Central de

Diagnóstico de Plagas del Servicio Fitosanitario del Estado

Se avisa a todos los interesados en esta licitación, para el Servicio Fitosanitario del Estado, que por Resolución N° 054-2015, del día 26 de febrero del 2015, se declaró desierto el servicio de diseño de planos.

El resultado de dicha resolución está disponible en el Sistema de CompraRed, en forma gratuita, en la dirección de internet https://www.hacienda.go.cr/comprared a partir de la fecha de publicación.

San José, 26 de febrero del 2015.—Licda. Felicia Calderón Carballo, Proveedora Institucional a. í.—1 vez.—O. C. Nº 10301.—Solicitud N° 4882.—C-16120.—(IN2015014031).

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de contratación que se dirá, que por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 12-15 del 12 de febrero de 2015, artículo VII, se dispuso adjudicarlo de la forma siguiente:

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000075-PROV

Renovación de licencias de software de la Plataforma

de Información Policial del Organismo

de Investigación Judicial

Línea 1 y 3: A CR Conectividad S. A., cédula jurídica número 3-101-108469, para un precio total de $45.590,00. Línea 2: se declara infructuosa. Demás características y condiciones según cartel respectivo.

San José, 26 de febrero de 2014.—Proceso de Adquisiciones.—MBA. Yurly Argüello Araya, Jefa.—1 vez.—Solicitud Nº 28402.—(IN2015013895).

Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de contratación que se dirá, que por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 15-15 del día 19 de febrero del 2015, artículos IV, se dispuso adjudicarlo de la forma siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000012-PROV

Compra de guantes descartables bajo la

modalidad de entrega según demanda

A: Ambiderm Centroamérica S. A., cédula jurídica 3101153540

Bloque N° 1

Línea N° 1 (base) Precio por caja: ¢11.250,00

Línea N° 2 (base) Precio por caja: ¢11.250,00

Línea N° 3 (base) Precio por caja: ¢11.250,00

El bloque N° 2, líneas Nos. 4, 5 y 6 se declaran infructuosas

San José, 26 de febrero de 2015.—Proceso de Adquisiciones.—MBA. Yurly Argüello Araya, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 28425.—(IN2015014106).

UNIVERSIDAD NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000015-SCA

Compra de equipo científico y de laboratorio

La Universidad Nacional por medio de la Proveeduría Institucional comunica a los proveedores que participaron en esta Contratación que mediante resolución R-0010-2015 de las ocho horas del día 26 de febrero 2015 se dispuso lo siguiente:

Readjudicar la línea 33 de la Licitación Pública 2014LN-000015-SCA para la adquisición de Equipo científico y de laboratorio a favor del proveedor Scanco Tecnología S. A., céd. jur. 3-101-137941, monto total adjudicado $106.911,90 (ciento seis mil novecientos once dólares con 9/100). Plazo de entrega 25 días hábiles. Garantía 12 meses.

Heredia, 27 de febrero del 2015.—Proveeduría Institucional.—MAP. Nelson Valerio Aguilar, Director.—1 vez.—O. C. Nº P0023276.—Solicitud Nº 28429.—C-13650.—(IN2015014094).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

COMPRA DIRECTA Nº 2015CD-000008-09

Compra de folletos para uso en comercio y servicios

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia en acta 011-2015, artículo I, de fecha 25 de febrero del 2015 acordó:

De conformidad con el informe de recomendación URHE-PA-234-2015, el estudio técnico NSCS-PGA-504-2015, se recomienda adjudicar lo siguiente para el trámite de compra de folletos para uso en comercio y servicios Nº 2015CD-000008-09:

A la oferta Nº 1 Inversiones La Rueca S. A., las líneas 1 y 2 por cumplir técnicamente y su precio es razonable por un monto de $280,00.

Declarar infructuosas las líneas Nos. 3, 4, 5 y 6 por incumplimientos técnicos de ambas ofertas.

Proceso de Adquisiciones.—Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 28409.—C-13790.—(IN2015013870).

PROCESO DE ADQUISICIONES - URHN

COMPRA DIRECTA Nº 2015CD-000005-06

Compra de repuestos y accesorios para bicicletas

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de Aprendizaje, en su acta Nº 04-2015, del día 26 de febrero del 2015, tomó el siguiente acuerdo de conformidad con los criterios técnicos, jurídicos y administrativo, según detalle:

Adjudicar el Concurso de la Compra Directa Nº 2015CD-000005-06, para la “compra de repuestos y accesorios para bicicletas”, a la empresa Distribuidora Ochenta y Seis S. A., por un monto de ¢3.745.000,00 (tres millones setecientos cuarenta y cinco mil colones con 00/100), por cumplir técnicamente con lo solicitado en el Cartel de Licitación y obtener el mayor puntaje de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas.

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 28448.—C-16290.—(IN2015014103).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000029-02

Suministro de uniformes en la modalidad

de entregar según demanda

Se informa que la Presidencia de Recope, mediante oficio P-0211-2015 de fecha 23 de febrero de 2015, declara Infructuoso el presente concurso con fundamento en lo establecido en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, considerando que las cinco ofertas presentadas, son inadmisibles desde la perspectiva técnica, motivando el acto según las siguientes razones:

Oferta N° 1, incumple el requisito establecido en cuanto a la experiencia, al no aportar la documentación solicitada que satisfaga este requisito. Oferta N° 2, incumple el requisito de experiencia, dado que, de las tres certificaciones aportadas, la que corresponde al Ministerio de Seguridad Pública muestra un monto de ¢23.482.367,22 (veintitrés millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y siete colones con 22/100), por lo que se encuentra por debajo de la demanda anual estimada para la comparación de ofertas, que de acuerdo a lo exigido en el pliego cartelario, debe ser por un monto igual o superior a ¢67.000.000,00 (sesenta y siete millones de colones exactos). Oferta N° 3, no cumple con la subsanación solicitada en cuanto a aportar la ficha técnica debidamente firmada y fechada, además de incumplir con el requisito de experiencia al aportar certificaciones que no cumplen con los requisitos exigidos, específicamente al monto estimado de demanda anual indicado en el pliego cartelario para la comparación de ofertas. Oferta N° 4, aporta documentación relacionada con la marca cotizada con incongruencias en lo que a fecha, firma y características de la tela se refiere; aunado a ello, aporta únicamente dos certificaciones sobre la experiencia que satisfagan los requisitos establecidos; siendo lo requerido la presentación de por lo menos tres certificaciones. Oferta N° 5, al igual que las plicas anteriores, esta oferta no satisface el requisito de la experiencia al aportar certificaciones que no se ajustan a la cuantía establecida en el cartel; siendo además, incumpliente en cuanto a las fichas técnicas aportadas.

Asimismo se autoriza promover un nuevo proceso concursal para el suministro de uniformes requerido.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio Web www.recope.com se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por RECOPE.

Departamento de Contratación de Bienes y Servicios.—Lic. Jhonny Gamboa Chacón, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 2014003942.—Solicitud Nº 28431.—C-48210.—(IN2015014096).

REGISTRO DE PROVEEDORES

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA

PROVEEDURÍA MUNICIPAL

Invitación a formar parte del Registro de Proveedores

De conformidad con el artículo 108 de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 116 y 118 del Reglamento a esta Ley se invita a personas físicas y jurídicas a integrar o actualizar el Registro de Proveedores de esta Municipalidad. Los proveedores que ya se encuentren inscritos solamente deberán informar mediante nota si ha variado la situación declarada. Los formularios de inscripción los pueden obtener en la Proveeduría Municipal en San Pablo de Heredia, costado norte del Parque Central de San Pablo de Heredia.

San Pablo de Heredia, 27 de febrero del 2015.—Óscar Hidalgo Mena, Proveedor Municipal.—1 vez.—(IN2015013988).

FE DE ERRATAS

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000008-CMBYC

Licitación de Convenio Marco de Servicios de Seguridad y

Vigilancia para las Instituciones Públicas

que utilizan comprared

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, suspende hasta nuevo aviso el acto de apertura de la Licitación Pública N° 2014LN-000008-CMBYC, por haberse interpuesto recursos de objeción al cartel; comunicado por la Contraloría General de la República, mediante Audiencia Especial de las diez horas con treinta minutos del diecinueve de febrero del 2015, una vez resuelto los mismos, se procederá a fijar nueva fecha para la recepción de ofertas.

De igual forma en apego a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública, se procede a corregir los siguientes errores materiales contenidos en el cartel publicado el pasado 06 de febrero del 2015, quedando de la siguiente forma:

En la página 1 del encabezado, “2014N-00000x-CMBYC”, léase correctamente “2014LN-000008-CMBYC”.

Página 6, del punto 1.1 Invitación, léase correctamente “…hasta las 10:00 horas del 13 de marzo del 2015, para la contratación mediante la modalidad de Convenio Marco de Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instituciones públicas que utilizan CompraRed”.

Página 8, el punto 1.8 Audiencia Previa léase correctamente en este título, “Reunión Informativa”, y en el texto respectivo lo siguiente “El día 10 de marzo de 2015 a las 9:30 a. m., en el Auditorio de la Administración Tributaria San José Este, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, edificio del Outlet Mall, se realizará la reunión informativa, para aclarar cualquier duda que se presentara respecto a este procedimiento”.

Página 9, el punto 1.9 Envío de aclaraciones, léase correctamente en este título, “Envío de aclaraciones de audiencia previa”. Debe leerse en la descripción de este punto lo siguiente: “Posterior a la audiencia previa, se recibieron una serie de observaciones, las cuales fueron sometidas a valoración por parte de los encargados de este proceso de licitación”. Elimínese el párrafo segundo de este punto.

Página 18, sobre los “Requerimientos para la institución usuaria”, debe leerse: Requerimientos a suministrar, por parte de la institución usuaria.

Página 23, en el detalle obligatorio de “Responsabilidad sobre bienes”, debe leerse: “Adicionalmente estará apegado a la multa pertinente definida en el presente pliego cartelario del punto 7.16 referente a las multas”.

Página 24, en el detalle obligatorio del “Plan Operativo de Seguridad y Vigilancia”, debe leerse: “Los aspectos que deben considerarse en el mismo, se pueden encontrar en el Capítulo IV del presente pliego de condiciones, en el punto 4.10.”

Página 26, en el detalle obligatorio de “Presentación de la factura”, debe leerse en lo indicado dentro del paréntesis descrito: (De acuerdo a lo indicado en el punto 7.14)

Página 51, punto 6.3.1.1. Cartas de Recomendación Adicionales (25 puntos), debe leerse correctamente: “…hasta un máximo de 25 puntos.”

Página 52, el punto 6.3.3.1. Razones Financieras (24 puntos), primer párrafo, léase correctamente “…cada empresa deberá presentar los estados financieros auditados por un profesional debidamente inscrito como Contador Público Autorizado (CPA), de los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013…” Párrafo segundo, debe leerse correctamente: “Se realizará un análisis de razones financieras, a partir de los estados financieros de los años: 2011, 2012 y 2013”.

Página 55, punto 7.1 Garantía de cumplimiento, se adiciona al final del párrafo primero: “El monto rendido por este concepto, responde por la totalidad de las líneas adjudicadas.” Todo lo demás permanece invariable.

San José, 26 de febrero del 2015.—Luis Segura Amador, Subdirector General.—1 vez.—O. C. Nº 3400024435.—Solicitud Nº 28462.—C-67620.—(IN2015014105).

SALUD

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO

Y FARMACODEPENDENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2015LN-000001-99999

El IAFA comunica que ha publicado por medio de Comprared una aclaración al cartel línea 3 y línea 51 de la Licitación Pública antes indicada. Se mantiene la fecha y hora de apertura de la presente licitación.

San José, 25 de febrero del 2015.—Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios.—Leónidas Ramírez Villalobos.—1 vez.—O. C. Nº 2015022710.—Solicitud Nº 28357.—C-6850.—(IN2015014073).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO

SUBÁREA DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LA-000002-2502

Suministro de Gas Licuado

A los interesados en la Licitación Pública 2015LA-000002-2502, (Suministro de Gas Licuado), ver modificación al cartel en el punto 2.13, la apertura de ofertas se mantiene para el 17-03-2015 a las 14 horas, ver detalles en: http:/www.ccss.sa.cr. Bach. Patricia Canales Artavia.

Liberia, 23 de febrero del 2015.—Área de Gestión de Bienes y Servicios.—Lic. Óscar Sánchez Fuentes, Coordinador.—1 vez.—(IN2015013921).

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2015LN-000001-2502

Compra regional según demanda de pruebas especiales

(hormonas, marcadores tumorales, medicamentos y otros)

Se informa a los interesados que de nuevo se realizaron modificaciones al cartel de la Licitación Pública 2015LN-000001-2502, por compra regional según demanda de pruebas especiales (hormonas, marcadores tumorales, medicamentos y otros) ver última versión del cartel en: http:/www.ccss.sa.cr, nueva fecha de apertura 23/03/2015 a las 14 horas. Subárea de Contratación Administrativa.—Licda. Reina Martínez Guadamuz, Coordinadora a. í.

Liberia, 23 de febrero del 2015.—Lic. Óscar Sánchez Fuentes, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2015013924).

REGLAMENTOS

AMBIENTE Y ENERGÍA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

La Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en sesión ordinaria N° 1-2015, celebrada a las 9:00 horas del martes 13 de enero del 2015, según acuerdo noveno:

Considerando:

I.—Que el Artículo 50 de la Ley Forestal dispone “El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal podrá contratar al personal y los servicios profesionales necesarios para la ejecución y el control de sus operaciones, así como adquirir el equipo y mobiliario necesarios para el desempeño de sus funciones”

II.—Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 48 de la Ley Forestal “El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal tendrá una Junta Directiva, encargada de emitir las directrices generales, los reglamentos de crédito u otros, cuando sea del caso y de aprobar las operaciones financieras”

III.—Que mediante Resolución DGABCA-NP-002-2013 la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, determinó procedente autorizar la creación de la Proveeduría Institucional del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

IV.—Que en el Capítulo XV del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, emitido mediante Decreto Ejecutivo N° 33411-H de veintisiete de setiembre de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del dos de noviembre de dos mil seis, se establece que el máximo Jerarca de cada Institución, puede delegar la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra, siguiendo al efecto las disposiciones del reglamento interno que se dicte al efecto.

V.—Que el artículo 105 de la Ley Contratación Administrativa dispone que “En cada uno de los órganos y sujetos públicos sometidos a los alcances de esta Ley, existirá una dependencia encargada de los procedimientos de contratación administrativa, con la organización y las funciones que, en cada caso, se determinarán por medio del reglamento”

RESOLVIÓ:

Aprobar el “Reglamento interno de contratación administrativa del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal”, en los términos siguientes:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º—Objetivos. Los objetivos de este Reglamento son:

a. Normar el proceso interno de Contratación Administrativa.

b. Establecer las competencias, funciones y responsabilidades de las Dependencias internas del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal que participan en los procesos de adquisición de bienes y servicios contemplados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Artículo 2º—Normativa. La compra, venta y arrendamiento de bienes, suministros, servicios y obras que realice FONAFIFO, con recursos de su presupuesto ordinario, con excepción de la actividad ordinaria; estará regulada por la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, este Reglamento Interno y las demás normas o disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 3º—Abreviaturas. Únicamente para efecto de este Reglamento, se establecen las siguientes abreviaturas y definiciones:

CGR: Contraloría General de la República.

DA: Departamento Administrativo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

DAF: Dirección Administrativa Financiera del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

DAJ: Dirección de Asuntos Jurídicos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

DFC: Departamento Financiero Contable del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

DG: Dirección General del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

DGBCA: Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

FONAFIFO: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

LCA: Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494, publicada en el Alcance Nº 20 a La Gaceta Nº 110, del 8 de junio de 1995 y sus reformas.

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en La Gaceta Nº 210 del 2 de noviembre del 2006 y sus reformas.

UPSG: Unidad de Proveeduría y Servicios Generales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.

Artículo 4º—Definiciones. Para un mejor entendimiento del presente reglamento, se presentan las siguientes definiciones:

Acto final: Acto administrativo mediante el cual se selecciona al adjudicatario, de conformidad con los términos establecidos en el cartel, acto también denominado adjudicación.

Adjudicatario: Persona física o jurídica que ha sido seleccionada en un procedimiento de contratación administrativa para la adquisición de bienes o servicios

Comisión de Adjudicaciones: Comisión designada por la junta directiva de FONAFIFO según acuerdo sexto de la sesión N° 04-2013 del 11 de julio de 2013, para analizar y efectuar la adjudicación de las contrataciones administrativas (Contrataciones Directas, Licitaciones Abreviadas, Licitaciones Públicas).

Decisión Inicial: Decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación. Esta decisión se plasma en el documento denominado “Orden de Inicio”, que debe estar firmado por el Director respectivo.

Infructuoso: Acto administrativo que se dicta cuando, para una contratación o renglón (es) de una contratación, no se reciben ofertas o las que se recibieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso.

Desierto: Acto administrativo que se dicta cuando se reciben ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público no se adjudica.

Encargado (a) de Control y Seguimiento Presupuestario y de Contrataciones: Funcionario (a) designado (a) a lo interno de cada Dirección para constituirse en el enlace entre ésta y la UPSG en cuanto al estado y avance de las contrataciones y entre ésta y el Departamento Financiero Contable así como dar seguimiento a la ejecución presupuestaria respectiva.

Solicitud de Pedido: Documento que genera de forma electrónica el sistema CompraRed, cuyo objetivo principal es reservar los recursos presupuestarios correspondientes para la adquisición de bienes, servicios u obras, cuando los trámites están enlazados a un sistema financiero. En caso de contarse con un sistema financiero es un documento que permite generar el trámite en el sistema CompraRed o en cualquier otro sistema que deba utilizarse para realizar los procedimientos.

Dependencia Solicitante: Unidad, Departamento o Dirección del FONAFIFO que gestiona un trámite de contratación ante la UPSG, con el propósito de adquirir bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Unidad Técnica Especializada: Unidad, que dependiendo del objeto a contratar, cuenta con el conocimiento, experiencia o habilitación legal necesaria para emitir un criterio técnico especializado (Unidad de Informática, Unidad de Salud Ocupacional, Unidad de Archivo, Unidad de Recursos Humanos u otra que se determine en su momento).

CAPÍTULO II

Participantes en los procesos de contratación administrativa

Artículo 5º—De la Unidad de Proveeduría y Servicios Generales. La UPSG es la Unidad del FONAFIFO que ostenta la designación de Proveeduría Institucional y por tanto la competencia para conducir los procedimientos de contratación administrativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

El funcionamiento de la Proveeduría Institucional será conforme con lo establecido en el Capítulo XV Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales del Sector Público, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como con lo dispuesto en el “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno” emitido en el Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 27 de junio del 2002 y reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H del 19 de agosto del 2003.

La UPSG estará a cargo de un (a) Proveedor (a) Institucional, que es el (la) responsable de la organización y buen funcionamiento de esa unidad conforme al ordenamiento jurídico y atendiendo el ámbito jerárquico institucional, las disposiciones, los procedimientos y los controles internos. Ejercerá funciones de Jefatura y su nombramiento se hará conforme a los requisitos y reglas del Régimen del Servicio Civil.

La UPSG tendrá como mínimo la estructura organizativa prevista en el “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno” emitido en el Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 27 de junio del 2002 y reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H del 19 de agosto del 2003. Contará al menos con las siguientes Coordinaciones:

Programación y Control.

Contrataciones.

Almacenamiento y Distribución.

La estructura anterior podrá ser fortalecida para resolver las necesidades institucionales.

La UPSG tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

a. Programar, coordinar y conducir la gestión de la contratación administrativa institucional, en el marco establecido por el ordenamiento jurídico.

b. Utilizar la plataforma tecnológica de CompraRed, Merlink o cualquier otra que corresponda, para el trámite de los procedimientos de contratación administrativa.

c. Preparar y publicar en el primer mes de cada período presupuestario, el Programa de adquisiciones de FONAFIFO.

d. Verificar de previo a iniciar los procedimientos de contratación administrativa, que se haya cumplido con los siguientes prerrequisitos:

i. Existencia de contenido presupuestario.

ii. Disponer de la decisión inicial para contratar (Orden de Inicio), la que debe contener la información descrita en el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

iii. El requerimiento debe estar incluido en el Programa Anual de adquisiciones (salvo las excepciones dispuestas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento).

e. Determinar el tipo de procedimiento que corresponde según el objeto contractual y su cuantía (Licitación Pública, Licitación Abreviada, Contratación Directa, Remate, Subasta u otro que se considere pertinente y legalmente aplicable).

f. Preparar el cronograma de actividades de cada procedimiento contractual, estableciendo los plazos de cada etapa.

g. Confeccionar los carteles, con base en la información técnica recibida de cada Dependencia solicitante e incluyendo las condiciones y requisitos formales aplicables según la normativa vigente en materia de contratación administrativa.

h. Dictar oportunamente las modificaciones, prórrogas y aclaraciones que deban realizarse al cartel, ya sean de oficio o a petición de parte.

i. Atender los recursos de objeción a los carteles, así como los de revocatoria contra los actos de adjudicación en las contrataciones, con el apoyo de las Dependencias solicitantes y de ser necesario con el apoyo de la DAJ. La aprobación de la decisión final corresponde a la Comisión de Adjudicaciones.

j. Dirigir las audiencias y visitas previas, cuando se hayan incluido en el cartel de la contratación. Sin perjuicio de la participación de la Dependencia solicitante en este tipo de audiencias.

k. Conformar un expediente administrativo, físico o electrónico, de cada procedimiento de compra, en el que se mantenga la integridad de la información y el orden cronológico de incorporación de la documentación que éste contenga.

l. Programar y presidir (cuando corresponda por el tipo de contratación) los actos de apertura de ofertas, de los cuales se levantará un acta, salvo que en el sistema CompraRed, Merlink u otro que se deba utilizar, se genere un acta a partir de la información electrónica.

m. Realizar el análisis formal de las ofertas.

n. Solicitar a las Dependencias solicitantes, el análisis técnico de las ofertas y verificar, en lo posible, que éste se haya realizado siguiendo los principios y normativa vigente en materia de contratación administrativa.

o. Solicitar oportunamente las subsanaciones de las ofertas a los oferentes.

p. Coordinar con las otras unidades el cumplimiento de los plazos y/o requerimientos necesarios en cada etapa del procedimiento de contratación administrativa.

q. Aplicar, tomando en cuenta los resultados del análisis formal y el análisis técnico de las ofertas, los parámetros de evaluación de ofertas establecidos en el cartel.

r. Elaborar un informe con la recomendación de adjudicación, declaratoria de infructuoso o declaratoria de desierto, según corresponda, acompañando una propuesta de acuerdo y efectuar su presentación ante la Comisión de Adjudicaciones para que dicha Comisión tome la decisión final.

s. Preparar y remitir la respuesta a las audiencias que durante el trámite de recursos de apelación y objeción conceda la CGR, con el apoyo de las Dependencias solicitantes y si fuera necesario con la colaboración de la DAJ.

t. Gestionar ante la CGR cualquier solicitud de autorización o trámite que se requiera en los procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios, en coordinación con la Dependencia solicitante (cuando corresponda).

u. Gestionar ante la DAJ la aprobación interna de contratos, cuando corresponda.

v. Gestionar ante la CGR el refrendo de contratos, cuando corresponda.

w. Llevar el control de los tiempos máximos de trámite de cada uno de los procedimientos de contratación administrativa.

x. Coordinar con los adjudicatarios la formalización de los contratos, según los términos pactados y los plazos establecidos en la normativa.

y. Preparar y comunicar las órdenes de compra correspondientes a la (s) adjudicación (es) efectuada (s), marcando el inicio de la ejecución, salvo que en el sistema CompraRed, Merlink u otro que se deba utilizar, se realice una comunicación electrónica, lo que en todo caso deberá verificar la UPSG.

z. Comunicar a las Dependencias solicitantes el inicio de la ejecución de los contratos (cuando corresponda).

aa. Llevar el control de las garantías de participación y cumplimiento rendidas en los procedimientos de contratación administrativa para adquirir bienes y servicios siendo parte de ello el velar porque las garantías no expiren durante el plazo otorgado, se renueven y actualicen oportunamente, así como verificar y determinar la procedencia de la devolución. La custodia de las garantías deberá ser realizada por el DFC.

bb. Obtener de las Dependencias solicitantes el recibo a conformidad de los bienes y servicios adjudicados. En los casos que corresponda la UPSG podrá efectuar el recibo a conformidad de los bienes o servicios adjudicados.

cc. Recibir y verificar en cada caso que los adjudicatarios entreguen los bienes adjudicados dentro del plazo contractual establecido, en caso contrario valorar y tomar las medidas que correspondan.

dd. Una vez recibidos a conformidad los bienes o servicios, realizará el plaqueo y registro de los bienes que correspondan y su distribución a las Dependencias solicitantes.

ee. Tramitar las modificaciones contractuales, considerando las razones que fundamente el área solicitante para tal efecto y la normativa aplicable. Su aprobación corresponderá a la Comisión de Adjudicaciones.

ff. Tramitar las solicitudes de reajuste y revisión de precios según lo dispuesto en la normativa.

gg. Gestionar ante el DFC el pago de los bienes y servicios que hayan sido recibidos a conformidad.

hh. Llevar el registro actualizado de los bienes (activos de la Institución) utilizando la plataforma definida para ello (Sibinet u otro que se deba utilizar) y atender las consultas, directrices y/o lineamientos que sobre esta materia emita la DGABCA.

ii. Preparar, obtener la aprobación y enviar los informes que en materia de contratación administrativa se requiera remitir a las diferentes instancias competentes (CGR, Ministerio de Hacienda u otros).

jj. Solicitar la actualización del presente Reglamento, según las modificaciones que se produzcan en materia de contratación administrativa como resultado de la promulgación de leyes, decretos, reglamentos y circulares que se emitan por las instancias competentes.

kk. Emitir recomendaciones, lineamientos, disposiciones u otros en materia de contratación administrativa, que coadyuven en la gestión contractual institucional y promuevan como resultado, mejoras en la ejecución presupuestaria (previa aprobación en el nivel que corresponda).

ll. Cualquier otra función, concordante con su competencia, que le sea asignada.

Artículo 6º—De las Dependencias solicitantes. Corresponde a la Dependencia Solicitante:

a. Verificar la existencia de contenido presupuestario en todo procedimiento de contratación administrativa que pretenda realizar.

b. Preparar y presentar, en el tiempo dispuesto para ello, ante la UPSG la decisión inicial (Orden de Inicio) y demás documentos de orden técnico que se requieran para el trámite de los procedimientos de contratación administrativa para adquirir los bienes o servicios incluidos en su presupuesto.

En los casos en que la naturaleza del objeto contractual haga necesaria la participación de una Unidad Técnica Especializada (Unidad de Informática, Unidad de Salud Ocupacional, Unidad de Archivo), la Orden de Inicio deberá tener su visto bueno. Las especificaciones técnicas respectivas deberán ser definidas por la Unidad Técnica Especializada.

c. Elaborar y remitir a la UPSG las especificaciones técnicas de los bienes o servicios solicitados, según los plazos dispuestos por la UPSG.

d. Realizar el análisis técnico de las ofertas, en el lapso dispuesto en el cronograma del procedimiento y de conformidad con lo establecido en el cartel y en general en el ordenamiento jurídico. En materia de contratación administrativa podrá apoyarse y recibir asesoría de la UPSG.

e. Solicitar a la UPSG que se realicen las solicitudes de subsanación técnica a los oferentes, cuando corresponda.

f. Durante la ejecución de los contratos, fungir como contraparte y velar por la correcta ejecución de cada una de las obligaciones indicadas en el cartel, la orden de compra y/o el contrato, según corresponda, es decir, debe verificar que los bienes o servicios sean entregados/prestados según los términos pactados.

g. Dar recibo a conformidad a los bienes y servicios y remitirlo formalmente a la UPSG. Caso contrario, debe informar a la UPSG si se ha presentado un incumplimiento de las obligaciones contractuales a efecto de que ésta última valore las medidas a aplicar.

h. Dar seguimiento al estado de atención de las órdenes de inicio remitidas a la UPSG, especialmente en los casos en que representan bienes o servicios esenciales para la Institución, así como a la ejecución presupuestaria correspondiente.

i. Determinar oportunamente la necesidad de ampliar, disminuir o modificar la prestación objeto del contrato y realizar la gestión ante la UPSG.

j. Atender la programación de la Gestión Contractual que comunique la UPSG, para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

k. Colaborar con la UPSG, dentro de su competencia técnica, en la atención de los recursos que se presenten en los procesos de contratación administrativa que solicite.

l. Designar a un (a) funcionario (a) para el control y seguimiento presupuestario y de las contrataciones gestionadas por la Dependencia.

m. Designar para cada procedimiento de contratación administrativa un encargado general del contrato, cuando por la magnitud del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato.

n. En materia de servicios continuos específicos de la Dependencia solicitante, administrar el contrato, realizando para ello, como mínimo las siguientes labores:

i. Coordinar con el adjudicatario la prestación del servicio.

ii. Verificar que el servicio se preste según los términos pactados.

iii. Emitir el recibo a conformidad en los periodos de pago establecidos en el cartel y remitirlo a la UPSG.

iv. Llevar una bitácora de pagos que les permita tener control de no sobrepasar el monto máximo anual del contrato.

v. Gestionar el presupuesto respectivo ante el DFC, durante todos los periodos de vigencia del contrato.

vi. Comunicar a la UPSG cualquier anomalía en la ejecución del contrato, para que se puedan tomar las medidas que correspondan según los términos contractuales.

vii. Informar a la UPSG, con antelación suficiente a la de finalización de los contratos de servicios continuos que estén a su cargo, si requieren que se realice un nuevo trámite.

Artículo 7º—De la Dirección de Asuntos Jurídicos. La DAJ tendrá las mismas funciones y responsabilidades que las demás Dependencias solicitantes cuando requiera gestionar la contratación de bienes y servicios.

Adicionalmente, en materia de contratación administrativa, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

a. Emitir los criterios jurídicos que correspondan para dar atención a los recursos, reclamos u otros de tipo legal que se presenten en los procesos de contratación administrativa, en aquellos casos que resulte necesario, por la complejidad o especificidad de la materia legal tratada.

b. Elaborar los contratos administrativos (documento contractual) que requieran ser refrendados por la CGR.

c. Otorgar la aprobación interna a los contratos que corresponda según los reglamentos y/o disposiciones de la CGR. Esta será otorgada mediante la firma del abogado designado por la DAJ para esta labor en el formulario remitido por la UPSG. La aprobación interna deberá otorgarse en un plazo máximo de 8 hábiles.

d. En caso de que se requiera que la DAJ requiera el aporte de algún documento adicional, efectuar alguna observación o solicitar alguna modificación; procederá a devolver el trámite a la UPSG. En el momento que la DAJ reciba el caso otra vez, el plazo de los 5 días hábiles iniciará nuevamente.

Artículo 8º—De las Unidades Técnicas Especializadas. Las Unidades Técnicas Especializadas tendrán las mismas funciones y responsabilidades que las demás Dependencias solicitantes cuando requieran gestionar la contratación de bienes y servicios.

Adicionalmente, en virtud de su conocimiento especializado en su campo, corresponde a las Unidades Técnicas Especializadas (Unidad de Informática, Unidad de Salud Ocupacional, Unidad de Archivo, Unidad de Recursos Humanos u otra que se defina) las siguientes funciones y responsabilidades:

a. Centralizar las necesidades institucionales sobre las materias que correspondan.

b. Presupuestar los recursos necesarios para las necesidades institucionales en el área de su conocimiento.

c. Mantener una participación activa en la definición de las necesidades de adquisición de los bienes y servicios que corresponden a su campo, lo que incluye:

i. Emitir recomendaciones al nivel jerárquico que corresponda en cuanto a tendencias de mercado y/o actualizaciones u otras propias de su área de conocimiento, a fin de mantener a la Institución actualizada en los bienes y servicios que adquiere.

ii. Implementar políticas periódicas de renovación de bienes (cuando corresponda) previo proceso de aprobación, según los procedimientos internos o externos (si fuera el caso) procedentes.

iii. Implementar, según corresponda para el área de su conocimiento, modelos de atención para mantener los equipos y/o garantizar la prestación de servicios requeridos a nivel institucional (servicios continuos para el mantenimiento de equipos, servicios diversos u otros). Para ello deberá coordinar con las Dependencias que resulte pertinente (Departamento Administrativo, UPSG, usuarios, u otros).

iv. Efectuar recomendaciones en el campo de su especialidad y previo a la aprobación del presupuesto respectivo, sobre aspectos que deben tener en cuenta las Dependencias solicitantes, para la adquisición de bienes y servicios que éstas realizan. Dichas recomendaciones deberán coordinarse con el Departamento Financiero Contable, con el Departamento Administrativo o con la Unidad de Proveeduría según corresponda.

d. Otorgar el visto bueno a las órdenes de inicio de las Dependencias Solicitantes.

e. Realizar (cuando corresponda) estudios de mercado sobre los costos de los bienes o servicios que se desean contratar.

f. Elaborar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar en el ámbito de su área de conocimiento, atendiendo el ordenamiento jurídico y verificando el cumplimiento de los principios de contratación administrativa. En materia propia de contratación administrativa podrá apoyarse en la UPSG.

g. Realizar el análisis técnico de las ofertas de los bienes y servicios a contratar en el ámbito de su área de conocimiento, en el lapso dispuesto en el cronograma del procedimiento y de conformidad con lo establecido en el cartel y en general en el ordenamiento jurídico. En materia de contratación administrativa podrá apoyarse y recibir asesoría de la UPSG.

h. Solicitar a la UPSG que se realicen las solicitudes de subsanación técnica a los oferentes, cuando corresponda.

i. Dar recibo a conformidad a los bienes y servicios y remitirlo formalmente a la UPSG. Caso contrario, debe informar a la UPSG si se ha presentado un incumplimiento de las obligaciones contractuales a efecto de que ésta última valore las medidas a aplicar.

j. Durante la ejecución de los contratos derivados de los procedimientos de contratación administrativa de su área de conocimiento, fungir como contraparte y velar por la correcta ejecución de cada una de las obligaciones indicadas en el cartel, la orden de compra y/o el contrato, según corresponda, es decir, debe verificar que los bienes o servicios sean entregados/prestados según los términos pactados.

mm. Cualquier otra función, concordante con su competencia, que le sea asignada.

Artículo 9º—Del Departamento Financiero Contable. El DFC tiene las siguientes funciones y responsabilidades, en cuanto a la gestión contractual:

a. Realizar los pagos a los adjudicatarios de bienes y servicios, previo recibo de los siguientes documentos mínimos, de parte de la UPSG:

i. Formulario de pago, en el que se indique el nombre del adjudicatario, el número de cédula (persona física o jurídica), número de cuenta cliente, monto, el financiador, número de certificación, número de factura, número de procedimiento de contratación administrativa y motivo, según formato definido por el DFC.

ii. Orden de Compra

iii. Factura

iv. Oficio de solicitud de aplicación de multas (cuando corresponda)

v. Oficio de plaqueo de bienes (cuando corresponda).

b. En coordinación con el DA (UPSG) emitir recomendaciones, lineamientos, disposiciones u otros que correspondiendo a la materia presupuestaria, coadyuven en la gestión contractual institucional (previa aprobación en el nivel que corresponda).

c. Cualquier otra función, concordante con su competencia, que le sea asignada.

Artículo 10.—De la Comisión de Adjudicaciones.

A la Comisión de Adjudicaciones le corresponde:

a. Tomar la decisión final adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, según lo siguiente:

i. En Contrataciones Directas: Se constituirá por el proveedor institucional y la jefatura del Departamento Administrativo. En caso de compras de cuantía mayor al nivel de contrataciones directas, tramitadas por excepción, corresponderá adjudicarlas, según se hubiera tenido que realizar por la cuantía.

ii. En Licitaciones Abreviadas: Se constituirá por la Jefatura del Departamento Administrativo, el (la) Proveedor (a) Institucional, el Titular del Programa Solicitante o su representante y el Director de la Dirección Jurídica o quien éste designe.

iii. En Licitaciones Públicas: Se constituirá por el Director Administrativo Financiero, la Jefatura del Departamento Administrativo, el Proveedor Institucional, el Titular del Programa o su representante y el Director de la Dirección Jurídica o quien éste designe.

b. Emitir sus actos con estricto apego a la normativa de contratación administrativa. Para poder apartarse de dicho criterio deberán mediar razones técnicas de igual naturaleza.

c. La competencia de la Comisión de Adjudicaciones para tomar la decisión final, incluye declarar infructuoso, desierto o readjudicar un procedimiento de contratación administrativo o renglón de éste, considerando (para la conformación de la Comisión de Adjudicaciones) la cuantía como si hubiera tenido que adjudicar. Deberá tomarse en cuenta, lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

d. En otro tipo de procedimientos de contratación administrativa (remates, subasta a la baja, tipos abiertos u otros legalmente aplicables) para conformar la Comisión de Adjudicaciones se considerará la cuantía y en caso de no poder determinarse ésta, la decisión final será tomada por la Comisión de Adjudicaciones conformada como si se tratara de una Licitación Pública.

e. Corresponderá también a la Comisión de Adjudicaciones (conformada con los mismos miembros que realizaron la adjudicación) la aprobación de modificaciones de contratos.

f. Cualquier otra función, concordante con su competencia, que le sea asignada.

CAPÍTULO III

El proceso de contratación administrativa

Artículo 11.—Publicidad del Programa de Adquisiciones. La UPSG elaborará y publicará, en el Diario Oficial La Gaceta y/o en el sistema CompraRED u otro que deba utilizarse (según corresponda), el Programa Anual de Adquisiciones, durante el primer mes de cada periodo presupuestario, procurando agrupar las necesidades para lograr mejores condiciones de compra y siguiendo lo establecido al respecto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Artículo 12.—Procedimiento de Contratación Administrativa. El inicio del procedimiento de contratación que corresponda, deberá ser solicitado por el Director General o por el Director de la Dirección respectiva, mediante la orden de inicio correspondiente, en el plazo dispuesto para ello por la UPSG.

En caso de que la Dependencia solicitante presente las órdenes de inicio en fecha posterior a la definida por la UPSG, deberá acompañarse la justificación respectiva.

Los procedimientos de contratación administrativa para adquirir bienes y servicios deben llevarse a cabo dentro del ordenamiento jurídico, atendiendo lo dispuesto para cada etapa en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Asimismo, durante todo el proceso y como responsabilidad de todas las Dependencias involucradas en éste, deberá privar el interés público y aplicarse los más altos valores que rigen la contratación administrativa y la función pública.

Artículo 13.—Recepción de Bienes o suministros. Toda recepción de bienes o suministros deberá realizarse siguiendo los procedimientos establecidos para este efecto y solo participarán las personas autorizadas que hayan cumplido con los requisitos que ha establecido la CGR para este tipo de labores, así como lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Cada responsable de realizar la recepción provisional o definitiva de bienes o suministros deberá tomar las previsiones necesarias para resguardar los bienes y efectuar su revisión en apego a los términos pactados.

Artículo 14.—Revisión y Reajuste de precios. LA UPSG incorporará en los carteles (cuando corresponda) la fórmula de revisión o reajuste de precios y los índices de precios que considere pertinentes para el tipo de servicio de que se trate.

Las solicitudes de revisión y reajuste de precios las tramitará la UPSG de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y en lo que resulte procedente la jurisprudencia de la CGR y de la Sala Constitucional.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

Artículo 15.—Competencia. La UPSG en lo no previsto en el presente Reglamento y salvo que la competencia o función sea asignada por norma expresa a otra Dependencia, como Proveeduría Institucional tendrá competencia para resolver y tramitar los diferentes asuntos conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Lo que no esté normado en el presente Reglamento Interno, se remitirá a la Ley de Contratación Administrativa y a su Reglamento; así como cualquier otra normativa vigente aplicable.

Unidad de Proveeduría y Servicios Generales.—Lic. Elizabeth Castro Fallas, Jefa.—1 vez.—O. C. Nº 011-2015.—Solicitud Nº 63695.—C-542420.—(IN2015010986).

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL

DE LÍNEAS Y TELÉFONOS CELULARES PROPIEDAD

DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y

RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE TARIFAS

EN TELÉFONOS CELULARES PROPIEDAD

DE FUNCIONARIOS(AS)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Objetivo. El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las disposiciones de acatamiento obligatorio para asignación, uso y control de teléfonos celulares en el Instituto Mixto de Ayuda Social, ya sea de teléfonos y líneas telefónicas propiedad del Instituto o propiedad de funcionarios(as) autorizados(as) por este Reglamento para acogerse a esta modalidad.

Artículo 2º—Alcance. El presente Reglamento es aplicable para la asignación de líneas de teléfonos celulares propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social a los funcionarios institucionales. En el mismo se velará por el correcto uso y control de las líneas institucionales asignadas. Se faculta también para el reconocimiento de pago de tarifas de teléfonos celulares que sean propiedad de funcionarios.

Artículo 3º—Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entiende por:

1. IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.

2. Funcionario(a): Servidor(a) regular que presta sus servicios al IMAS, al que se le ha asignado un teléfono celular, o bien ha puesto a disponibilidad de sus funciones su propio teléfono y línea celular.

3. Servicio celular: Se compone de una unidad de comunicación bidireccional de tecnología de celdas, conocido como teléfono celular (y sus accesorios) y que a su vez debe contar con una línea de comunicación activa y provista por el Proveedor de servicios de telefonía celular.

4. Servicio celular propiedad del IMAS: Se compone del aparato telefónico y línea activa (chip, en el caso de tecnología GSM, 3G, 4G o superior) provista por el proveedor de servicios, asignados al IMAS.

5. Servicio celular propiedad del funcionario: Corresponde al aparato telefónico y línea activa ambas propiedad del funcionario, disponible para cumplir con las funciones, tareas y actividades que le competen, y por el cual el IMAS le reconocerá el pago, según lo establecido por este Reglamento.

6. Compañía telefónica: Proveedor de telefonía celular.

7. Contrato: Documento que se debe suscribir para la asignación de teléfonos celulares y reconocimiento de tarifas telefónicas.

8. Tarifa mínima mensual: Tarifa que establece la compañía telefónica por el servicio de telefonía celular.

Artículo 4º—Definición de procedimientos. La Subgerencia de Soporte Administrativo será la encargada de establecer los procedimientos a seguir para la contratación, uso y control del servicio celular propiedad del IMAS, así como, establecer los procedimientos de control y pago cuando el servicio celular sea propiedad del funcionario.

Artículo 5º—Coordinación con el proveedor de servicios. El Área de Servicios Generales, será la encargada de realizar los trámites de servicios nuevos, traslados, desconexiones temporales o definitivas, programación o reprogramación de líneas o teléfonos celulares, cambios de número, ante la compañía telefónica, en los casos en que corresponda, previa autorización del Gerente General. De igual forma, será el responsable de mantener actualizado el registro de teléfonos celulares propiedad de los funcionarios autorizados, según el artículo séptimo, del presente Reglamento.

Artículo 6º—Supervisión de cumplimiento. El Área de Servicios Generales, se encargará de velar por el cumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 7º—De los principios que orientan la asignación del servicio de telefonía celular. La asignación del servicio objeto del presente reglamento se orientará, fundamentalmente, por los siguientes principios:

1. El uso del equipo telefónico deberá guiarse bajo los más estrictos principios éticos y de racionalidad del gasto público.

2. Los funcionarios(as) son los responsables directos(as) de la conservación, uso racional de la línea, el equipo telefónico, y los accesorios facilitados por el Instituto Mixto de Ayuda Social en calidad de instrumentos de trabajo, para su uso exclusivo y el mejor desempeño de sus funciones.

3. Tanto la asignación de los bienes objeto de este Reglamento, como el pago de las tarifas no se considerarán como salario en especie ni dan origen a derechos adquiridos de ninguna especie, por ser meros instrumentos de trabajo de los funcionarios(as).

4. La persona a quien se le asigne un equipo telefónico tendrá el carácter de depositario del bien, con todas las obligaciones que al efecto establece el Código Civil.

Artículo 8º—Usuarios(as) del servicio. Se encuentran facultados de pleno derecho para utilizar teléfonos celulares, que pertenezcan al IMAS y/o sean de su propiedad, en virtud de sus cargos:

a. Presidente(a) Ejecutivo(a).

b. Auditor(a) Interno(a) y Subauditor(a) Interno(a).

c. Gerente(a) General.

d. Subgerentes(as).

e. Director(a) de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI).

f. Administrador(a) General de Empresas Comerciales.

g. Asesor(a) Jurídico(a) General.

h. Jefes(as) de Áreas Regionales.

i. Aquellos(as) funcionarios(as) autorizados(as) expresamente, en razón de sus funciones, por el Consejo Directivo.

Artículo 9º—Asignación de usuarios(as) del servicio. La asignación y uso del servicio celular propiedad del IMAS o el pago de tarifa del servicio celular propiedad del funcionario(a) se deben sujetar a los principios de razonabilidad, racionalidad y, en general a las prácticas generales de sana administración de recursos públicos, según lo establece la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Administración Financiera y Presupuesto Público y la normativa vigente.

Los funcionarios(as) indicados en el inciso i), podrán tener acceso al uso de teléfono celular que por motivo de sus funciones así lo requieran. Este servicio deberá ser autorizado expresamente por el Consejo Directivo, indicando las razones de la necesidad institucional que sustentan la asignación del bien y/o el reconocimiento del pago de la tarifa básica por el teléfono y la línea celular.

CAPÍTULO II

De la asignación de los teléfonos celulares

y servicio celular

Artículo 10.—De las solicitudes para la asignación del servicio de telefonía celular. Las solicitudes para otorgar el servicio celular deben ser suscritas por el superior inmediato de los funcionarios(as) solicitantes en aquellos casos donde se demuestre una necesidad comprobada y manifiesta, de que el mismo constituya un instrumento de trabajo para facilitar el mejor desempeño de las labores del funcionario(a).

El Área de Servicios Generales realizará para los incisos del a) al h) del artículo 8° la gestión de asignación y para el inciso i), las solicitudes del servicio celular deben ser presentadas ante la Gerencia General, y contener la justificación de la necesidad, según el puesto y las funciones que desempeñará el responsable del equipo, siendo este Despacho quien presentara dicha solicitud ante el Consejo Directivo.

Artículo 11.—Asignación del servicio de telefonía celular. La línea y el teléfono celular, se asignan al cargo asignado al funcionario(a) quien lo ocupe, y estarán restringidas a una línea por funcionario(a).

El funcionario(a) que utiliza el servicio celular y es trasladado(a) o removido(a) de los cargos mencionados en el artículo 8°, debe hacer el traspaso del servicio cuando corresponda al nuevo(a) funcionario(a) que ocupe el cargo, e informar por escrito y de inmediato al Área de Servicios Generales, a efecto de llevar a cabo el trámite correspondiente para la cancelación del contrato.

Artículo 12.—Del pago del servicio telefónico. Independientemente del tipo de contrato que se suscriba con el funcionario(a), sea por asignación de servicio celular propiedad del IMAS o bien, por reconocimiento de tarifa telefónica por uso de teléfono propio, las tarifas se regirán por las siguientes disposiciones:

1. El Presidente(a) Ejecutivo(a) y el Gerente(a) General del IMAS podrán hacer uso discrecional del equipo sin límite de facturación pudiendo realizar las llamadas internacionales que considere conveniente en razón de las funciones y jerarquía propias de su cargo, así como acceso a Internet. b) A los(as) Subgerentes(as), el Auditor(a) y Subauditor(a) de la Institución, se les cancelará hasta cuatro veces la tarifa mínima mensual, establecida por la compañía telefónica, así como acceso a Internet, sin que se les permita llamadas internacionales.

2. Al Administrador(a) General de Empresas Comerciales, el Asesor(a) Jurídico(a) General y los(as) Jefes(as) de Áreas Regionales y Director(a) de REDCUDI se les cancelará hasta tres veces la tarifa mínima mensual, establecida por la compañía telefónica, así como acceso a Internet y no se les permite llamadas internacionales.

3. A los funcionarios(as) citados(as) en el artículo 8° inciso i) de este Reglamento, se les reconocerá una tarifa mínima mensual, establecida por la compañía telefónica, así como acceso a Internet, sin que se les permita llamadas internacionales.

4. En todas aquellas situaciones en que el funcionario del Instituto sea el propietario del teléfono celular, se le pagará de acuerdo al detalle anteriormente indicado, sin que se deban cancelar montos correspondientes a impuestos y tasas.

Artículo 13.—Del reintegro de las sumas pagadas. Para los casos en que el funcionario(a) suministre la línea telefónica de su propiedad así como el aparato, en lo que se refiere al reintegro por el pago autorizado, regirá lo siguiente:

1. Los funcionarios de oficinas centrales, deben presentar al Área de Servicios Generales, la solicitud de reintegro del monto correspondiente autorizado a su persona, para que dependiendo del monto realice el trámite de pago por medio de caja chica, u otro medio debidamente autorizado.

2. Para el caso de los(as) funcionarios(as) que se encuentren destacados en las Áreas Regionales, llevarán a cabo dicho trámite por medio del Jefe(a) de la Unidad Coordinación Administrativa Regional, quien deberá informar al Área de Servicios Generales.

Junto a la solicitud de reintegro, deberá acompañarse el comprobante de pago correspondiente, o bien documento idóneo que demuestre la cancelación del recibo que solicita se reintegre.

Artículo 14.—Del contrato. Para la asignación y uso del servicio celular propiedad del IMAS, así como, el reconocimiento de tarifa celular en teléfonos propiedad del servidor(a), cada funcionario(a) usuario(a) del servicio, deberá suscribir un contrato, el cual será proporcionado por la Asesoría Jurídica en el que se indiquen las regulaciones de uso de los mismos.

Este contrato deberá considerar al menos, los siguientes aspectos:

1. La tarifa básica del teléfono celular que se reconocerá, será según lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento. Igualmente se consignará que para el cobro del excedente, el funcionario(a) deberá cancelar en las cajas de las oficinas del IMAS.

2. El(la) funcionario(a) responsable solo podrá hacer uso del teléfono celular otorgado por la institución, para la atención de asuntos estrictamente relacionados con el ejercicio de su cargo.

3. Cuando se asigne un teléfono celular, el funcionario(a) responsable deberá tenerlo encendido y presentarse o comunicarse, dentro del tiempo estipulado en el artículo N° 143 del Código de Trabajo.

4. En caso de extravío, robo, daño u otra situación similar, se actuará conforme con lo establecido en el artículo 18 del presente Reglamento y el funcionario(a) responsable no estará exento(a) de responsabilidad administrativa, civil o disciplinaria.

5. Los motivos de rescisión del contrato según se establece en el artículo 16 del presente Reglamento.

6. Que para el caso en que la línea telefónica celular sea propiedad del funcionario(a), este se compromete en caso de ser requerido por parte del IMAS a presentar el detalle de las llamadas salientes.

Artículo 15.—De las obligaciones de los funcionarios(as). Además de las obligaciones establecidas en el Código Civil para la figura del depositario, son obligaciones de los funcionarios(as) que utilizan los servicios de telefonía celular propiedad del IMAS:

1. Suscribir el contrato correspondiente en el momento de la asignación del equipo, autorizando a deducir en la quincena siguiente de su salario, aquellas sumas que excedan la tarifa básica autorizada en el presente reglamento, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 13 del presente reglamento.

2. Hacer buen uso y velar por el cuido del equipo a su cargo, destinándolo exclusivamente al servicio institucional.

3. Reportar en forma inmediata al Área de Servicios Generales del IMAS cualquier anomalía, desperfecto, mal funcionamiento, en el uso del equipo.

4. Acatar las disposiciones que sobre la utilización de los servicios se establezca en el presente Reglamento.

5. Estar dispuestos a ser llamados y/o localizados y contestar o responder a dichos requerimientos.

6. Hacer devolución del equipo asignado en el mismo estado en que lo recibió o en un estado de deterioro razonablemente aceptable de conformidad con el tiempo de utilización.

7. Cubrir el costo del excedente de la tarifa básica asignada por medio de depósito en la caja de la Institución.

8. Autorizar a la Administración al cobro del respectivo aparato en caso de que este se extraviare o destruyere por causas imputables al servidor(a).

Artículo 16.—Retiro del uso del teléfono celular. El uso del teléfono celular no crea derechos, ni se considera parte del salario o beneficio personal, por lo que el funcionario(a) no tendrá derecho alguno a cobrar el uso de teléfono como parte del pago por concepto de prestaciones laborales. En el mismo sentido el Consejo Directivo podrá retirar su uso en cualquier momento, entre otras causas por:

1. Desaparición de la necesidad institucional.

2. Incumplimiento, por parte del funcionario(a) responsable, de este Reglamento o del contrato respectivo.

3. Cambio de cargo del funcionario(a) responsable.

4. Despido del funcionario(a) responsable.

5. Limitaciones presupuestarias.

6. Cualquier otro motivo o causa a juicio exclusivo del Consejo Directivo, previa verificación de los hechos mediante la aplicación de los principios del debido proceso y derecho de defensa.

Artículo 17.—Uso del teléfono celular en vacaciones o incapacidad. Se prohíbe el uso del teléfono celular propiedad del IMAS, cuando el funcionario(a) se encuentre en vacaciones o incapacitado(a), y se superen los cinco días hábiles; a excepción de los funcionarios mencionados en los incisos del a) al i) del artículo 8°.

Para el caso de las líneas celulares propiedad del funcionario(a), cuando se encuentren en periodo de vacaciones, incapacidad, permisos sin goce de salario, o cualquier otra circunstancia de ausencia temporal hasta por quince días naturales, se les reconocerá el monto correspondiente a una tarifa básica mensual; en caso de que la ausencia temporal supere los quince días naturales, no se les reconocerá suma alguna, hasta su reincorporación a las labores.

Para lo indicado en el párrafo anterior Desarrollo Humano, debe remitir al Área de Servicios Generales la comunicación oportuna del momento en que los funcionarios se encuentren en alguna de las situaciones indicadas en el párrafo anterior.

CAPÍTULO III

Responsabilidades

Artículo 18.—De la responsabilidad de custodia y conservación. El funcionario(a) que tenga asignado un teléfono celular es responsable de su custodia, conservación, uso correcto y racional, conforme lo dispone este Reglamento.

En caso de extravío, robo o daños del teléfono celular, sus accesorios o ambos, el funcionario(a) responsable deberá presentar la denuncia respectiva ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y proceder a suspender el servicio mediante el servicio telefónico 1193 e informar al día siguiente hábil posterior a los hechos, por escrito, al Área de Servicios Generales.

El Área de Servicios Generales realizará informe sobre el hecho acontecido y procederá al traslado de dicho informe a la Subgerencia de Soporte Administrativo, el cual actuara conforme lo establecido en el debido proceso.

Lo anterior, no excluye de responsabilidad penal o civil, en la que se determine haya incurrido el funcionario(a), como consecuencia de la investigación que, al efecto, realice el Organismo de Investigación Judicial. De igual forma sucederá en caso de deterioro, cuando se compruebe que se produjo por falta de cuidado o uso anormal del teléfono.

Artículo 19.—Del funcionario(a) responsable del control y seguimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. El Área de Servicios Generales será responsable de la adquisición, registro y control de los teléfonos celulares, para lo cual deberá registrar en el inventario institucional los aparatos y llevar registros actualizados, para lo cual se consignará el nombre, número de cédula y cargo que desempeña el funcionario(a), a quien se le asignó el teléfono, marca, modelo, número de serie, número de patrimonio y precio según los registro contables de la institución.

Para la adquisición de los aparatos deberán observarse los principios de razonabilidad y racionabilidad en el gasto.

Corresponderá al Jefe(a) del Área de Servicios Generales ser el funcionario(a), responsable del control del uso de los servicios de teléfono celular. Asimismo, será el responsable de comunicar en forma directa las presentes disposiciones a cada funcionario (a) que se le asigne el uso de celular.

Artículo 20.—De la devolución del equipo. En aquellos casos previstos en los artículos 15 y 16 del presente Reglamento el funcionario(a) responsable del equipo deberá devolverlo con sus accesorios de forma inmediata, quien comunicará al Área de Servicios Generales, para la actualización de los registros y la respectiva suspensión del pago del servicio.

Artículo 21.—Prohibiciones. Queda prohibido a aquellos(as) funcionarios(as) a quienes se les ha asignado teléfono celular:

1. Modificar la configuración del servicio en cuanto a número telefónico, servicios, o de cualquiera otra forma que dificulte o impida mantener control adecuado sobre su uso.

2. Ceder el derecho de uso a terceros formal o informalmente, ya sea temporal o permanentemente.

3. Queda terminantemente prohibido el envío de mensajes para participar en concursos, promociones, o cualquier otro de este tipo en que se pretenda obtener un beneficio particular.

4. Cuando se trate de celulares propiedad de la Institución, únicamente se podrá dar el número telefónico a terceros para asuntos de carácter laboral y no personal.

CAPÍTULO IV

De las sanciones

Artículo 22.—Del incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento, hará acreedor al funcionario(a) de las sanciones disciplinarias que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Mixto de Ayuda Social, en lo que se refiere a las responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de cualquier otro tipo de responsabilidad que conforme el Ordenamiento Jurídico le sean aplicables.

CAPÍTULO V

De la contabilidad de los teléfonos celulares

Artículo 23.—Del pago de los servicios telefónicos. El Área de Servicios Generales será responsable de llevar el control del consumo, en forma separada de cada uno de los teléfonos celulares y tramitar el pago de los servicios de los teléfonos celulares del IMAS, y de la tarifa básica de los teléfonos y líneas celulares propiedad de los funcionarios(as), en forma mensual de acuerdo con los recibos de cobro presentados por la compañía telefónica, para lo cual llevará registros actualizados.

Artículo 24.—Del cobro del excedente. Si el consumo reportado por el proveedor de telefonía celular excede el tope establecido en este Reglamento, dentro de los tres días hábiles siguientes a su conocimiento, el Área de Servicios Generales informará de la situación al funcionario(a) responsable del equipo con su debida documentación probatoria, que en este caso será el recibo de cancelación, para que en el plazo de tres días hábiles reintegre al IMAS el excedente u opte por su deducción salarial, o manifieste su disconformidad con la prueba de descargo respectiva.

La negativa a reintegrar el monto que exceda la tarifa máxima mensual reconocida por el IMAS, sin justificación, generará responsabilidad disciplinaria para el servidor(a) respectivo(a).

Artículo 25.—De la resolución del pago. En caso de que el servidor(a) manifestare su disconformidad, el Área de Servicios Generales valorará los argumentos esgrimidos y mediante resolución razonada resolverá lo correspondiente.

En contra de lo resuelto, procederá el recurso de revocatoria ante el Jefe(a) del Área de Servicios Generales con apelación en subsidio ante la Subgerencia de Soporte Administrativo.

Artículo 26.—Del cobro de los excedentes del servicio máximo reconocido por el presente Reglamento. Una vez firme la respectiva resolución o en caso de que el servidor(a) no impugnare el cobro ni reintegrare las sumas pagadas en exceso, el Área de Servicios Generales procederá a solicitar a Desarrollo Humano que realice la deducción respectiva en los salarios devengados en la quincena inmediata siguiente.

Dicha deducción se realizará de conformidad con la autorización que emita el servidor(a) en el respectivo contrato.

Artículo 27.—De la vigencia. El presente Reglamento rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y será sujeto de revisión cuando la Administración así lo defina debido a la variación en las condiciones de trabajo, cambios en la Plataforma Tecnológica del Sistema o cualquier otro que imposibilite la aplicación de la normativa, tal como se establece en el presente Reglamento.

Artículo 28.—Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento queda derogado el Reglamento aprobado mediante acuerdo N° CD: 212-09, sesión celebrada el 16 de junio del 2009, del Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 180 del 16 de setiembre del 2009 y toda normativa vigente interna igual o de rango inferior que se le oponga.

Lic. Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo.—1 vez.—O. C. N° 7360.—Solicitud N° 25541.—C-374.680.—(IN2015010384).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

El Concejo Municipal de Moravia, según acuerdo N° 2373-2015 tomado en la sesión ordinaria N° 249 del 2 de febrero del 2015, aprueba en definitiva el siguiente reglamento:

Considerando:

1º—Que si bien la interpretación literal del artículo 109 del Código Municipal lleva a considerar que un pago municipal sólo es válido y eficaz si se realiza por medio de cheque, el operador jurídico debe privilegiar la interpretación que mejor satisfaga el interés público, es decir, la interpretación teleológica. Lo cual es una derivación del precepto incluido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, el cual regula que la norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular y que deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza, valor de la conducta y hechos a que se refiere.

2º—Que el artículo 10 del Código Civil establece que las normas jurídicas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.

3º—Que a partir de lo anterior el artículo 109 del Código Municipal debe ser interpretado de manera que responda en la forma más efectiva a las necesidades sociales y a la realidad social del contexto actual, para lo cual debe valorarse que al momento en que se emitió el Código Municipal (1998) los medios de pago más usuales en el país eran el pago en efectivo y el cheque bancario.

4º—Que los servicios financieros electrónicos que se ofrecían en 1998 eran muy limitados y quizás su utilización por parte de las entidades públicas se manifestaba como riesgosa, dado que no existía una infraestructura electrónica moderna y segura para el sistema de pagos electrónicos. Lo que hacía que el sistema interbancario de transferencias de fondos se fundará en medios de pagos tradicionales y no fundamentalmente en medios electrónicos. Circunstancias que dificultaban la movilización de fondos entre las diferentes entidades financieras y, por ende, los servicios que podrían prestarse a los clientes de los servicios financieros, incluidos los organismos públicos.

5º—Que el desarrollo de la plataforma tecnológica SINPE comenzó a partir de 2001 y se consolida con el Reglamento del Sistema de Pagos, emitido por el Banco Central el 1° de setiembre del 2004. Es decir, se crea y desarrolla años después de la emisión del Código Municipal, que entró a regir el 18 de julio de 1998.

6º—Que la introducción de la informática y nuevas tecnologías de telecomunicaciones en la Administración Pública costarricense, particularmente municipalidades, era incipiente. Por consiguiente, era difícil vislumbrar la posibilidad de transacciones electrónicas en menor tiempo y realizadas en forma segura, que evitaran la emisión de papel o bien, el intercambio físico del dinero. O sea que pudieran movilizar recursos en tiempo real y sobre todo en forma segura y con menores costos que los generados por la movilización con cheques, por ejemplo.

7º—Que el desarrollo de los medios tecnológicos determina, hoy día, una tendencia a disminuir el uso del cheque como forma de pago y un aumento en el cobro por ese uso, monto que depende en mucho del costo de procesamiento de los cheques.

8º—Que la Administración Pública debe desarrollar sus funciones de forma eficaz y eficiente, objetivos que no son extraños a la Administración Municipal y así lo dispone el artículo 9° del Código Municipal, al señalar que la eficacia y eficiencia debe manifestarse en todo el accionar de la Municipalidad.

9º—Que la posibilidad de realizar pagos por otros medios e incluso escoger una forma de pago para determinado gasto contribuye a la eficacia y eficiencia administrativa, lo cual implica que prohibir el uso de esos medios electrónicos es susceptible de afectar esa eficacia y eficiencia. De allí que debe interpretarse que las municipalidades pueden escoger medios de pago que permitan una gestión eficaz a menor costo en las condiciones de seguridad que requiere la gestión administrativa y en particular, la gestión de recursos financieros parte de la Hacienda Pública. Lo anterior comprendido con respeto a la distribución y organización interna de la Municipalidad y con extrema diligencia al momento de fijar los procedimientos, registros, físicos o electrónicos, y controles que deben ser establecidos para garantizar la seguridad en las transacciones.

El Concejo Municipal de Moravia emite el presente:

REGLAMENTO DE PAGOS A PROVEEDORES

VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplica a las contrataciones que realice la Municipalidad de Moravia con sus proveedores, para adquirir los bienes y servicios que la Institución requiere para su funcionamiento normal.

Artículo 2º—Definiciones. Para efectos del presente reglamento procede precisar los siguientes conceptos:

a) Alcaldía municipal: Máximo jerarca administrativo de la Municipalidad de Moravia.

b) Contabilidad: Dependencia conformada por el contador y su personal de apoyo administrativo, encargada del registro de los ingresos, egresos y activos en general de la Municipalidad.

c) Dirección Financiera: Instancia máxima en materia de administración financiera de la Municipalidad.

d) Medio de pago electrónico: Es un sistema de pago por medio de transacciones en línea a través de Internet.

e) Nómina de pago: Se define como un instrumento administrativo que permite de una manera ordenada autorizar los pagos de bienes y servicios adquiridos por la institución y detalla la información contable relacionada con el pago.

f) Número de cuenta cliente: Es un código que se compone de 17 dígitos. Los tres primeros identifican la entidad financiera en que se encuentra la cuenta y los demás son dígitos que incluyen datos como el número de la cuenta (interna de la entidad), moneda en que está expresada la cuenta y otros datos para la identificación en la entidad.

g) Número de cuenta: Es un código de dígitos asignado por una entidad financiera que identifica una cuenta de ahorros o corriente.

h) Oficina de Presupuesto: Instancia encargada del control presupuestario.

i) Orden de compra: Es un documento que emite la Proveeduría Municipal para generar la obligación de pago de los bienes y servicios adquiridos por el ayuntamiento, en el cual se incluyen los siguientes datos: detalles de identificación del adjudicado, identificación de quien requirió el bien o servicio, detalles de emisión, tales como fecha y emisor, detalle de los bienes o servicios, precios unitarios y totales de la compra, condiciones de pago, plazo de entrega, detalles de retenciones, las firmas y autorizaciones del Alcalde Municipal, encargado de la Oficina de Presupuesto y de la Proveeduría Institucional.

j) Orden de pago: Documento que se utiliza para formalizar la elaboración de un pago, el mismo lo emite la tesorería y contiene los códigos presupuestarios que se van a afectar con el egreso. En su contenido se refiere el monto del egreso, el destinatario y detalle del pago, fecha y la respectiva firma del responsable de su emisión.

k) Proveedor: Persona física o jurídica que ha provisto, provee o podría proveer bienes o servicios de conformidad con lo requerido por la Municipalidad de Moravia.

l) Proveeduría Institucional: Instancia encargada de conducir los trámites de los procedimientos administrativos de contratación de bienes y servicios institucionales.

m) Tesorería: Dependencia encargada de pagar y custodiar los valores (títulos y efectivo).

Artículo 3º—Del procedimiento.

a) La Proveeduría Institucional deberá incluir obligatoriamente en los carteles y pliegos de condiciones de las contrataciones el requerimiento de que el proveedor señale dentro de su oferta el número de cuenta o cuenta cliente, así como la autorización para que en caso de resultar adjudicado se le deposite en dicha cuenta el pago respectivo. Lo anterior se considerara un requisito de admisibilidad de las ofertas.

b) Una vez firme la contratación, la Proveeduría emitirá la orden de compra la cual deberá contener los requisitos señalados en el artículo 2°, inciso i) de este reglamento.

c) La proveeduría deberá recibir la factura original del proveedor, misma que deberá contener el visto bueno del fiscalizador del contrato y en ese acto deberá colocarle el sello de “factura recibida para trámite de pago”, la cual deberá de contener la fecha y hora de recibido.

d) Una vez verificado lo anterior, la Proveeduría deberá remitir la orden de compra a la Dirección Financiera, con los documentos de respaldo necesarios, entre los cuales estarán facturas originales, así como en los casos que medie contrato, una copia del mismo, con un oficio en donde se indique claramente que el bien o servicio fue recibido a satisfacción y la solicitud para que se incluya en nómina de órdenes de pago.

e) Una vez entregada la orden de compra a la Dirección Financiera esta dependencia deberá generar y autorizar junto con el Alcalde la nómina de órdenes de pago. Para ello, deberá verificar: número de orden de compra, código presupuestario, nombre del Proveedor, número de cuenta o cuenta cliente, número de cédula, monto y detalle de la nómina, incluido el número de factura.

f) Una vez que se genere y autorice la nómina por parte del Alcalde y Dirección Financiera, esta última la enviara a Contabilidad para que esa instancia elabore un documento consecutivo, el cual deberá ser impreso en papel corriente con un número de consecutivo y en paralelo Contabilidad generará el archivo digital bajo el formato específico y lo incluirá en el sistema de la entidad financiera respectiva. El documento consecutivo se adjuntara a los documentos que conforman la nómina para respaldo de la transacción y será entregado a la Oficina de Tesorería.

g) La Tesorería Municipal deberá revisar el archivo en el sistema, sí está correcto procederá a su validación. En caso de detectar algún error lo deberá devolver al Departamento de Contabilidad para su subsanación.

h) El Departamento de Tesorería deberá generar el o los débitos correspondientes en forma mancomunada con el funcionario autorizado por el Alcalde o con este último y deberá generar los comprobantes de pago electrónico respectivos, según sea la entidad e informara vía correo electrónico o documento físico al departamento de contabilidad para el registro correspondiente y afectación de la partida.

i) En el caso de los servicios básicos, contrataciones de bienes o servicios de prestación continua y de cuantía inestimable o en casos de extrema urgencia, debidamente justificados, la Tesorería emitirá la respectiva orden de pago, la cual deberá ser autorizada por el Alcalde Municipal y el titular de la Dirección Financiera, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria de la oficina de presupuesto. En este trámite resultará aplicable el procedimiento anterior en lo que resulte pertinente.

Artículo 4º—Controles. Los departamentos involucrados en la gestión de pago por transferencia electrónica a proveedores deberán:

a) Velar por el uso adecuado de documentos y registros que coadyuven en la anotación correcta de las transacciones y los hechos significativos que se realicen con motivo de éstas.

b) Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. Así como efectuarse conciliaciones periódicas de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. Asimismo, velar por el funcionamiento correcto y veraz de los sistemas de información.

Artículo 5º—De la responsabilidad administrativa. El incumplimiento a los controles debidos o actos deliberados para alterar los procedimientos previstos en este reglamento, generará al funcionario responsabilidad administrativa y civil con fundamento en los artículos 211 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, Ley de la Administración Financiera y demás normativa relativa al régimen de derecho público-administrativo, artículos 147 y 148 del Código Municipal en los supuestos que resulten aplicables con motivo de las funciones debidas en este reglamento.

Artículo 6º—Sanciones. Los funcionarios que incurran en violaciones a las regulaciones del presente reglamento se harán acreedores de las sanciones pertinentes, según la gravedad del hecho y en lo posible siguiendo la gradualidad definida por el artículo 149 del Código Municipal. Lo anterior, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 150 y siguientes del Código Municipal y las reglas del debido proceso y el derecho de defensa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda derivarse de actos contemplados en el bloque de legalidad público-administrativo.

Por tratarse de un reglamento de organización, de conformidad con el numeral 43 de la Ley N° 7794 (Código Municipal) el mismo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Lic. Juan Pablo Hernández Cortés, Alcalde Municipal.— 1 vez.—(IN2015010736).

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

Que el Concejo Municipal de Grecia, en su sesión ordinaria celebrada el 3 de marzo del 2014, por medio del Acuerdo SEC-4393-2014, Artículo III, Inciso 14, Sub Inciso a), Acta 303, acuerda:

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD

Y DISCAPACIDAD (COMAD) DE LA

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

CAPÍTULO I

Comisiones Municipales de Accesibilidad

y Discapacidad (COMAD)

Disposiciones Generales

Artículo 1°—Objeto. El presente reglamento tiene como objeto la regulación del funcionamiento y conformación de las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad creadas mediante la ley 8822 en el año 2009, en la que se establecen normas y procedimientos de obligatoria observancia para todos los gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades en sus municipios. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de la Ley 8661 Aprobación de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo y de la Ley 7600 Igualdad de oportunidades para Personas con Discapacidad.

Artículo 2°—Ámbito. La Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, en adelante COMAD, velará porque el Concejo Municipal y la Alcaldía impulsen políticas públicas locales, a favor de la igualdad y la equiparación de oportunidades, promoviendo un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple las diversas necesidades y derechos de la población con discapacidad.

Artículo 3°—Planificación Anual. LA COMAD será vigilante de que La Alcaldía y el Concejo Municipal incluyan en sus planes anuales operativos en los periodos correspondientes a su formulación, las acciones y proyectos que garanticen el acceso a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todo el cantón.

Artículo 4°—Presupuesto. La COMAD fiscalizará que la Alcaldía y el Concejo Municipal incluyan el contenido presupuestario requerido para cumplir con las acciones y proyectos formulados en el Plan Anual Operativo, cuando elaboran su proyecto de presupuesto anual.

Artículo 5°—Inversión. La COMAD asesorará para que el Gobierno Local incluya en sus programas de inversión, proyectos cuyo financiamiento requiera recursos extraordinarios no contemplados en sus presupuestos regulares o de funcionamiento.

Artículo 6°—Fiscalización a cargo de la COMAD. La COMAD velará porque la Municipalidad dentro de su ámbito de competencia exija a las instituciones y empresas privadas presentes en el cantón, que ofrezcan las oportunidades y condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

a. Reglamentos Internos. La COMAD revisará permanentemente las disposiciones reglamentarias y acuerdos municipales así como de funcionamiento, para asegurar que no contengan medidas discriminatorias o que impidan el acceso de las personas con discapacidad a sus programas y servicios. Toda nueva reglamentación deberá ajustarse a lo prescrito en la Ley 7600, 8661, etc.

b. Información Accesible. La COMAD vigilará que las publicaciones sobre planes, políticas, programas y servicios Municipales, sean accesibles con la finalidad que las organizaciones de personas con discapacidad, se apersonen y ejerzan su derecho de participación.

c. Servicios de apoyo en las gestiones municipales. La COMAD vigilará y colaborará para que la municipalidad preste los servicios de apoyo que requieran las personas con discapacidad, en la realización de las gestiones políticas, administrativas, comunales, cívicas, culturales y de toda índole que sean convocadas, organizadas o administradas por el gobierno local.

Artículo 7°—Apoyo de las municipalidades. A efecto que la municipalidad cumpla con sus funciones de apoyo a las instituciones públicas o privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo inclusivo. La Administración Municipal impulsará la creación y mantenimiento de bases de datos de todos los recursos humanos e institucionales de sus respectivas comunidades. Esta información estará accesible a todas las personas con discapacidad. Para esto coordinará con el CNREE, para la implementación de la Red de Información Estadística Decreto 36357-S.

Artículo 8°—Organizaciones de personas con discapacidad. LA COMAD impulsará y apoyará al Concejo Municipal y a la Alcaldía para que incorporen una partida en su presupuesto anual, para que las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas fomenten su participación activa, consciente y democrática en las decisiones del gobierno local. Así mismo el Gobierno local le indicará a las instituciones públicas su obligación a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente. Esto en concordancia con el artículo 29 de la Ley 8661, 5 y 9 de la Ley 7600.

CAPÍTULO II

DEL FUNCIONAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LA

COMISIÓN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD

Y DISCAPACIDAD

Artículo 9°—Objeto de la COMAD. La COMAD velará porque en el Gobierno Local:

a) Se cumplan las disposiciones de la Ley 8661 Aprobación de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, del 29 de setiembre de 2008.

b) Supletoriamente, se aplique la demás normativa vigente de derechos de personas con discapacidad.

c) Se incluyan, tanto en las políticas institucionales como locales los derechos de las personas con discapacidad.

d) Se canalicen los requerimientos de accesibilidad de las personas con discapacidad no contempladas en este Reglamento.

e) Se cumpla lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 10.—Conformación. La COMAD estará integrada por un mínimo de tres regidores, garantizándose la participación de los diferentes partidos políticos representados en el Concejo Municipal, y procurando también la participación de las y los regidores suplentes y síndicos: estará también integrada por el Alcalde Municipal y por representantes de la administración municipal y de la sociedad civil, en calidad de asesores y asesoras.

Artículo 11.—Plazo de nombramientos. Los integrantes de la COMAD desempeñarán sus cargos por un período de dos años y podrán ser reelectos. No obstante, el miembro de la Comisión que, sin justa causa, se ausente de tres sesiones consecutivas, será sustituido en forma definitiva, por otra persona designada por la presidencia Municipal.

Artículo 12.—Funciones. Para cumplir su cometido, de acuerdo con Ley 8661 Aprobación de la Convención sobre derechos de personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, la Ley Nº 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley 8822 Creación de las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad, La Política Nacional de Discapacidad PONADIS 2011-2021 y las políticas municipales de derechos de personas con de discapacidad, y demás normativa conexa, la COMAD desempeñará, además de las señaladas en el Capítulo 1, las siguientes funciones:

a) Promover y fiscalizar el proceso de diseño, formulación y ejecución de Políticas y Planes Anuales Operativos inclusivos y transversalizados por el acceso universal y el desarrollo inclusivo y con un claro incremento en la inversión social.

b) Servir de enlace entre los niveles político, administrativo y comunitario, para la formulación, ejecución y evaluación de políticas de derechos de personas con discapacidad.

c) Recomendar al Concejo Municipal y la Alcaldía, la eliminación de acciones o disposiciones que promuevan la discriminación, dificulten la accesibilidad o impidan la participación ciudadana de personas con discapacidad en los programas o servicios que brinde la Municipalidad.

d) Promover la articulación de esfuerzos de la Municipalidad con otras entidades públicas y privadas, responsables de garantizar la implementación de los derechos de las personas con discapacidad en el cantón, donde se fortalezcan los programas orientados al desarrollo inclusivo.

e) Promover la participación y consultar a miembros de la población con discapacidad, en los diferentes procesos de diagnóstico, planificación, evaluación, control ciudadano, verificación y otros, respecto de los acuerdos, políticas y directrices que en materia de derechos de personas con discapacidad podrían implementarse en el cantón; mediante los mecanismos técnicos pertinentes.

f) Promover y fiscalizar que las unidades administrativas de la Municipalidad, tomen las medidas necesarias, a fin de brindar el apoyo que los funcionarios con discapacidad requieran para el desempeño de sus funciones; asimismo, las facilidades necesarias para el acceso a los servicios municipales y otros que sean necesarios para la correcta y oportuna atención de la población con discapacidad por parte de la Municipalidad.

g) Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en discapacidad por parte de la Municipalidad y de las instituciones presentes en el cantón, promoviendo la incorporación de la perspectiva de derechos de personas con discapacidad, en los reglamentos, procedimientos, políticas, planes, programas, proyectos y servicios municipales.

h) Velar porque la información que se brinda tanto a los funcionarios como a los administrados sea accesible y comprensible para la población con discapacidad.

i) Procurar un manejo adecuado de la imagen de la población con discapacidad, en el lenguaje empleado en cualquier tipo de información que se genere y se difunda.

j) Colaborar con todas dependencias municipales para que el tema de los derechos de las personas con discapacidad sea considerado en los asuntos propios de la unidad administrativa de que se trate.

k) Participar en experiencias de redes locales, provinciales o nacionales que permitan realimentar y fortalecer la gestión de la COMAD.

l) Incidir en el ámbito político y administrativo para que los programas de capacitación estén reforzados con el enfoque en acceso universal y la equidad. Con especial interés en la capacitación a organizaciones de personas con discapacidad, en mecanismos de exigibilidad de derechos, legislación en discapacidad, mecanismos de incidencia política, que permitan desarrollar y acceder al desarrollo inclusivo y exigir el cumplimiento de sus derechos.

m) Establecer una política municipal de inclusión y protección laboral, realizando los mayores esfuerzos para cumplir la cuota de funcionarios y funcionarias con discapacidad señaladas en la Ley 8822 y su Reglamento y el establecimiento y desarrollo de estrategias de inserción laboral inclusivas.

n) Coordinar con las instituciones presentes en el cantón para establecer las condiciones para el logro de un entorno inclusivo, desarrollando acciones enfocadas al ejercicio pleno de. la ciudadanía y la participación activa en los procesos municipales y de proyección a la comunidad, de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, como actores protagónicos de su propio desarrollo.

o) Comprometer al Concejo Municipal y la Alcaldía en participar e impulsar la construcción de un entorno cantonal inclusivo en todos los órdenes y todas las expresiones, mediante el involucramiento de todos los participantes públicos y privados en el proceso de producción social del desarrollo inclusivo.

Artículo 13.—Organización. En el seno de la Comisión, se designará entre los regidores propietarios, una presidencia y una secretaría que coordinaran las sesiones y levantarán las actas de la Comisión.

Artículo 14.—Subcomisiones. La COMAD podrá crear subcomisiones para el alcance de sus fines y objetivos en estas participaran en igualdad de condiciones cualquiera de los miembros de la comisión.

CAPÍTULO III

Quejas y procedimientos

Artículo 15.—Quejas. La Comisión deberá ser informada de las quejas que se presenten en la Municipalidad respecto de asuntos que afecten la accesibilidad o los derechos fundamentales de la población con discapacidad del cantón. El propósito es que la COMAD canalice la disconformidad adecuadamente, a fin de coadyuvar en la solución del problema.

La COMAD recibirá las quejas, sugerencias y denuncias que presenten tanto funcionarios municipales como usuarios externos, en cuanto a violaciones de la Ley Nº 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, Ley 8661 en el canten, o la invisibilización de la discapacidad en el desarrollo de los planes y programas municipales vigentes.

CAPÍTULO IV

Disposiciones Transitorias

Transitorio único.—La COMAD tendrá un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de publicación el presente reglamento para formular todas las políticas municipales de derechos de personas con discapacidad que se implementarán en la Institución y el cantan, así como para revisar y evaluar las ya existentes. Asimismo, deberá enviar al CNREE, copia de dichas políticas e información de los cambios que se desee implantar en las políticas.

Este reglamento deroga cualquier otro publicado anteriormente.

Rige a partir de su publicación.

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal.—1 vez.—O. C. N° 42725.—Solicitud N° 5916.—C-220630.—(IN2015011309).

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN

DE ANUNCIOS Y RÓTULOS

RÉGIMEN DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO

POR LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS

RÓTULOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para el otorgamiento de permiso para la colocación de anuncios y con la ley y este reglamento.

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplicará en toda el área jurisdiccional del cantón Central de la provincia de Limón. Se exceptúa el pago de patente el rótulo propio del establecimiento, siempre y cuando no exceda 1.00 metro cuadrado.

Artículo 3º—La instalación de anuncios, rótulos, letreros o avisos en el exterior de las edificaciones del cantón Central de Limón, se regirá por el siguiente reglamento.

Artículo 4º—Definiciones:

Anuncios volados: Cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley, independientemente de su estructura, material o tamaño, excepto los luminosos, colocados en el borde y a lo largo de la marquesina de un edificio o estructura.

Anuncios salientes: Cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley, independientemente de su estructura, material o tamaño, excepto los luminosos que sobresalgan de la marquesina de un edificio o estructura.

Rótulos bajo o sobre marquesinas: Cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por la ley independientemente de su estructura, material y tamaño, excepto los luminosos, colocados bajo o sobre marquesinas de edificios o estructuras.

Rótulos luminosos: Cualquier tipo de rótulo o anuncio permitido por ley que funcione con sistemas de iluminación incorporado a su funcionamiento.

Anuncio en predios sin edificaciones contiguo a vías públicas: Todo tipo de rótulo o anuncio permitido por ley, independientemente de su estructura, material y tamaño, excepto las vallas publicitarias, ubicado en predios sin edificaciones contiguo a vías públicas.

Anuncio en paredes o vallas: Cualquier tipo de rótulos o anuncios permitidos por ley, instalado sobre paredes de edificios o estructuras, de cualquier material y tamaño o pintado directamente sobre las paredes, así como las vallas publicitarias de cualquier tipo de tamaño.

CAPÍTULO II

Licencias

Artículo 5º—Para colocar o fijar anuncios, letreros o avisos se deberá pedir licencia a la Municipalidad.

La solicitud debe ser del propietario en donde se fijará el anuncio y con la anuencia del dueño de la propiedad cuando sea el caso.

El propietario del comercio que será anunciado por el rótulo, para el que se solicita licencia, y del predio deberán estar al día con impuestos, patente y pago de servicios municipales.

La Municipalidad tiene facultades para limitar la superficie que en una fachada ocupará un anuncio o el conjunto de ellos y para denegar el permiso para colocarlos.

CAPÍTULO III

Requisitos técnicos

Artículo 6º—Cuando para la instalación del anuncio se hace necesario el uso de estructuras especiales (metal, madera o cualquier otro material) se deberá presentar plano del mismo, así como los dibujos necesarios para juzgar el modo en que se instalará y los cálculos relativos a su estabilidad. El plano deberá contener los siguientes datos:

a) Esquema de fachada y planta del edificio en que se instalará el anuncio, mostrando claramente la posición del mismo.

b) Descripción detallada del anuncio o rótulo con la indicación de la clase o tipo, medidas, ubicación, lectura, iluminación, distribución de cargas y la estructura que lo soporte, así como la forma en que se adhiera al edificio.

CAPÍTULO IV

Solicitud de licencias

Artículo 7º—A toda solicitud de licencia deberá agregársele timbres municipales por ¢500,00 y será presentada ante la Unidad de Rentas Municipales, quien coordinara lo necesario con Ingeniería Municipal, en lo referido a los aspectos técnicos y de seguridad y deberá ser resuelta en el término máximo de ocho días naturales posterior a la recepción.

Derechos de terceros

Artículo 8º—La licencia para la colocación de cualquier tipo de rotulo, exceptuando los rótulos temporales, tendrá vigencia por un periodo de cinco años a partir del cual deberá solicitarse su renovación cumpliendo con los requisitos de la solicitud. La licencia se podrá renovar previa a inspección Municipal para reconocer el estado, las características y la cantidad de rótulos existentes en el sitio particular donde se ubica el rótulo. En caso de existir alguna alteración en las condiciones del mismo, alteraciones no autorizadas hechas posteriores a su colocación, malas condiciones por falta de mantenimiento o si, en algún aspecto violaré este Reglamento, no se autoriza su renovación. El propietario será notificado y deberá proceder en el plazo de quince días naturales ponerse a derecho. Para los rótulos temporales se otorgara permiso por un plazo máximo de tres meses y mínimo de quince días.

Prohibiciones

Artículo 9º—No se permitirá la instalación de anuncios que invadan la vía pública, excepto lo permitido por este Reglamento.

Cuando se trate de festejos populares o actividades similares las vallas publicitarias, anuncios o rótulos deberán - también - ajustarse en un todo a los establecido por el presente Reglamento, incluyendo el pago de la licencia respectiva por cada unidad de anuncio. Es terminantemente prohibido fijar o pintar avisos, anuncios o programas, de cualquier clase o material, en los siguientes lugares:

• Edificios públicos, escuela y templos.

• Edificios catalogados por la Municipalidad o por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes como monumentos o patrimonio nacional.

• Postería para el alumbrado público, quioscos, fuentes, aceras, guarniciones en general, elementos de ornato, plazas y paseos, parques y calles.

• En señales de tránsito, placas de nomenclatura o en lugares que obstaculicen la visibilidad de tránsito peatonal vehicular.

• No se permitirá colocar soportes de ninguna naturaleza para sostener rótulos y anuncios sobre la vía pública.

Rótulos que por sus dimensiones y posición se considere peligrosos, tales como:

• Los que obstruyen la visibilidad, el tránsito vehicular y peatonal o tengan reflectores con efectos intermitentes, que puedan deslumbrar a los conductores o puedan confundirse con las señales de tránsito.

• Los que por ubicación en laderas o terrenos de un nivel más alto de la carretera puedan caerse o ser arrastrados por los vientos sobre carreteras o edificaciones.

No requiere permiso de la Municipalidad de Limón los siguientes rótulos:

• Rótulos utilizados en templos religiosos.

• Rótulos informativos para señalar entradas o salidas a la vía pública.

• Decoraciones temporales para eventos o días festivos establecidos por la Municipalidad.

• Rótulos que anuncien la venta, arriendo o alquiler de una propiedad o inmueble, que sea menos de un metro cuadrado.

• Rótulos informativos dentro de Centros Comerciales en los locales con vista hacia pasillos o estacionamientos internos.

La Municipalidad se reserva el derecho de retirar todo aquel rótulo, anuncio o propaganda que infrinja las disposiciones de este Reglamento, sin responsabilidad alguna y con cargo al propietario del inmueble que corresponda, incluyendo la ley de construcciones o que pongan en riesgo la integridad de personas o cosas. Asimismo se procederá cuando la licencia sea morosa por más de un trimestre.

CAPÍTULO V

De la tarifa

Artículo 10.—Las tarifas se cobrarán por trimestre adelantado y serán modificadas automáticamente al modificarse el Salario Base.

Artículo 11.—La instalación, construcción, reconstrucción, exhibición, colocación y desinstalación de publicidad exterior, que se encuentren en los terrenos adyacentes al derecho de vía de la red vial Nacional, deberán cumplir primero, con las disposiciones del Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior N 29253-MOPT y sus reformas. Luego de cumplido este requisito, el solicitante deberá cumplir con las demás disposiciones del presente reglamento, la Ley de Construcción, la Ley de Planificación Urbana, Ley Orgánica del Ambiente, Código Municipal y el Plan Regulador del cantón de Limón y cualesquiera otra norma aplicable.

La forma de calcular el cobro de cada anuncio o rótulo.

SALARIO BASE ¢287.547,21
	%	Anual	Trimestral
Anuncios volados.	5%	¢3.594,34	¢14.377,36
Anuncios salientes.	8%	¢5.750,94	¢23.003,78
Rótulos bajo o sobre marquesinas.	10%	¢7.188,68	¢28.754,72
Rótulos luminosos.	12%	¢8.626,42	¢34.505,67
Anuncios en predios sin edificaciones contiguo a vías públicas.	26%	¢18.690,57	¢74.762,27
Vallas publicitarias.	35%	¢25.168,38	¢100.641,52

Régimen transitorio

Artículo 12.—Por única vez y durante el término de treinta días, posterior a la publicación del presente reglamento en el Diario Oficial La Gaceta, podrán los propietarios presentar la solicitud de licencia sobre los rótulos ya existentes, en formulario, caso contrario la Municipalidad ejecutará el retiro de aquellos rótulos que no cuenten con la licencia respectiva.

Acuerdo tomado en sesión extraordinaria N° 32 artículo IV inciso a) de fecha 4 de febrero del 2015, se dispone la publicación del presente Reglamento y se somete a consulta pública no vinculante en un plazo de diez días hábiles para que interesados formulen objeciones mediante nota dirigida ante el Departamento de Secretaría Municipal ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal de Limón.

Francella Chacón Obando, Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2015010434).

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

EN EL CANTÓN DE SIQUIQUIRRES.

Considerando:

Que la Municipalidad de Siquirres, de conformidad con lo que establece los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del código Municipal, procede a emitir el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Municipales requerido en el transitorio II de la Ley Nº 9047 denominada “Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. Acuerdo de concejo Nº 26494.

1º—Los artículos 169 de la Constitución Política y 3 del Código Municipal, establecen que compete a la Administración Municipal velar por los intereses y servicios locales, concepto en el cual se encuentra inmerso regular el adecuado funcionamiento de las actividades comerciales y de consumo de bebidas con contenido alcohólico que se realizan en el Cantón de Siquirres.

2º—De conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Código Municipal, ley Nº 7176, es competencia de la Municipalidad establecer las políticas generales de las actividades económicas que se desarrollan en su cantón.

3º—Mediante el voto Nº 6469-97 de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, la Sala Constitucional estableció “que es materia municipal todo lo que se refiere al otorgamiento de las licencias para el ejercicio del comercio en su más variada gama de actividades y su natural consecuencia que es percibir el llamado impuesto de patente”.

4º—Para cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley en esta materia, la Constitución Política, mediante su artículo 170, y el Código Municipal en su artículo 4º, establecen la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, así como la potestad de dictar reglamentos autónomos de organización y de servicio, y cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

5º—Que el transitorio II de la Ley Nº 9047 denominada: “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, publicada en el Alcance Digital Nº 109 del diario oficial La Gaceta de fecha 8 de agosto del 2012, dispone que las municipalidades deben emitir y publicar el Reglamento de dicho cuerpo normativo en un plazo de 3 meses.

Es así como se propone el siguiente proyecto de Reglamento para la solicitud de Licencias Municipales que regulará la comercialización de bebidas con contenido alcohólico dentro del cantón de Siquirres:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Este reglamento tiene por objeto establecer pautas claras y precisas para la autorización, control y fiscalización de las actividades comerciales asociadas a la comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Siquirres.

Artículo 2º—El presente reglamento aplica para todas las personas físicas, jurídicas, privadas, públicas, nacionales o extranjeras que comercialicen o expendan bebidas con contenido alcohólico; así como para aquellos que las consuman sobre espacio público.

Artículo 3º—Para los efectos de aplicación de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones:

Actividades masivas: Se trata de actividades que congreguen una cantidad estimada en 500 personas o más.

Actividades Turísticas temáticas: Son todas aquellas que por naturaleza recreativa o de esparcimiento y que por estar relacionadas con el turismo, tengan como finalidad ofrecer al turista una experiencia vivencial, incluyendo aquellas que lo ponen en contacto con manifestaciones históricas, culturales, fincas agropecuarias demostrativas, áreas naturales dedicadas a la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, zoo criaderos, zoológicos, acuarios, parques de diversión y acuáticos.

Área útil: Espacio destinado para el desarrollo de la actividad comercial bajo el giro solicitado sin que a esta se le sume el área destinada para espacios de parqueo. Este espacio incluye áreas de cocina, pasillos, bodegas, servicios sanitarios, y demás áreas que de manera directa o indirecta contribuyan con una finalidad específica o accesoria para el desarrollo de la actividad.

Bares: Son aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico para su consumo dentro del establecimiento. No está permitido el uso de música para actividad bailable.

Cantinas o tabernas: Aquellos negocios sin actividad de baile donde se expenden bebidas alcohólicas al copeo o en envase abierto para su consumo en el mismo lugar, contando principalmente para ello con barras y/o contra barras. Cuentan con una oferta de alimentos limitada a entradas o aperitivos sin capacidad de preparar o servir platos fuertes. Estos establecimientos no podrán optar por patentes o licencias de espectáculos públicos.

Cancelación: Es el acto administrativo por el cual la Municipalidad deja sin efecto una licencia o permiso, previo cumplimiento del debido proceso. La cancelación de la licencia implica la clausura inmediata del establecimiento comercial.

Casa-habitación: Inmueble, cuarto, departamento, aposento, edificio o lugar construido con un fin residencial, que esté habitado por una o más personas; y que no posea licencia o patente comercial; así como que tampoco posea patente o licencia aprobada para el almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Casas importadoras, fabricantes, distribuidoras y almacenes: Aquellos establecimientos comerciales cuya actividad principal es la venta de bebidas de contenido alcohólico en bulto cerrado no menor a seis unidades.

Centros educativos: Se entenderá por centros educativos a todo centro de enseñanza, sean públicos o privados, de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universitaria, técnica y para-universitaria debidamente autorizados para su funcionamiento por la autoridad competente o la Municipalidad.

Centro comercial: Se trata de un desarrollo inmobiliario urbano con áreas de compras para consumidores finales de mercancías y/o servicios, que concentra una mezcla de negocios en un área determinada, con los espacios para la circulación de personas y espacios de circulación de vehículos así como áreas de estacionamiento a disponibilidad de sus visitantes. Para que se denomine centro comercial deberá contar como mínimo con 15 (quince) locales de uso comercial diferente.

Centro de atención para adulto mayor: Se entenderá por10.72Patente de funcionamiento: Es el acto de habilitación que a través del pago del impuesto que recibe la Municipalidad en contraprestación a la licencia de funcionamiento permite la operación de los establecimientos dedicados al almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas con contenido alcohólico. Toda patente implica indispensablemente la existencia de una licencia municipal.

Reglamento municipal: Es el instrumento jurídico conformado por las disposiciones que norman el rol, acciones y procedimientos a cargo de la Municipalidad, cuyo contenido incide en la autorización, control y fiscalización de las actividades comerciales asociadas a la comercialización y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Cantón de Siquirres.

Reincidencia: Reiteración de una misma falta cometida en más de una ocasión en un establecimiento. Se entenderá para estos efectos como falta cometida aquella que se tenga debidamente acreditada por la Municipalidad previo cumplimiento de la fase recursiva contenida en el Código Municipal. En caso de que el patentado no haga uso de los recursos administrativos de ley la fase recursiva se tendrá por renunciada automáticamente.

Restaurantes: Son establecimientos comerciales dedicados al expendio de comidas y bebidas de acuerdo a un menú de comidas con al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público durante todo el horario de apertura del negocio. Debe contar con cocina debidamente equipada, salón comedor, mesas, vajillas, cubertería, caja, muebles, personal para la atención en las mesas, área de cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas para granos y enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación para mariscos, aves, carnes y legumbres. Estos establecimientos podrán facultativamente optar por patente o licencia de espectáculos públicos debiendo cancelar el respectivo pago del impuesto por este importe. El espectáculo solicitado no debe desnaturalizar el giro comercial ordinario del establecimiento, con actividades como: música de cabina, karaokes, actividades bailables o similares.

Salario base: Para los efectos de la determinación del impuesto y la aplicación de sanciones que señala la Ley Nº 9047, se entenderá que es el establecido para el Auxiliar Administrativo 1 que señala el artículo 2 de la Ley Nº 7337 del 5 de mayo de 1993 y sus reformas. Este salario se mantendrá vigente para todo el año, aun cuando sea modificado en el transcurso del mismo.

Salones de baile y discotecas: Son aquellos negocios cuya actividad comercial principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico para el consumo dentro del establecimiento, así como la realización de bailes público s con música de cabina, orquestas y conjuntos musicales.

Sitios públicos: Se denomina de esta manera a parques públicos, zonas de recreo o esparcimiento establecidas por la Municipalidad o el Estado, bibliotecas, canchas o estadios donde se practique cualquier deporte y que sean de uso público.

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal.

Para el caso de los negocios que se denominan “Mini-súper” deberán contar, como máximo, con un área útil de cincuenta metros cuadrados de construcción, con pasillos internos para el tránsito de clientes, las áreas destinadas para la exhibición y venta de los productos y alimentos de consumo diario deberán evidenciar fácilmente que la actividad principal corresponde en un todo al giro de “Mini-súper”.

Vía pública: Comprende las aceras, caminos, calles y carreteras por donde transita libremente cualquier persona o vehículo.

CAPÍTULOII

Atribuciones municipales

Artículo 4º—Las disposiciones del presente Reglamento son de interés público y resultan de aplicación general en todo el territorio de nuestra competencia a efecto de:

Autorizar, denegar o condicionar la emisión de licencias para expendio de bebidas con contenido alcohólico.

b) Renovar, revocar, o cancelar las licencias que se emitan.

c) Autorizar los cambios de giro del establecimiento, con el correspondiente ajuste del Horario y del monto de pago de los derechos trimestrales de la licencia.

d) Realizar la homologación de categorías en las actividades asociadas a la comercialización de bebidas de contenido alcohólico, ajustes y cálculos correspondientes a efecto de proceder a la tasación conforme a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.

e) Regular y fiscalizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos destinados al almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas para la efectiva tutela de las disposiciones urbanísticas, protección de la salud y la seguridad pública.

f) Velar por el adecuado control superior de las licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico, para lo cual la administración podrá fundamentar sus actuaciones mediante criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón; para lo cual podrá hacer uso de las atribuciones, potestades y sanciones dispuestas en la ley y este reglamento.

g) Imponer las sanciones establecidas en la Ley Nº 9047 y este reglamento.

h) Cualquier otra que se desprenda de la aplicación directa o indirecta de la Ley Nº 9047 y este reglamento.

CAPÍTULO III

SECCIÓN I

Tipos de licencias

Artículo 5º—La Municipalidad podrá otorgar, según la actividad del negocio, licencias permanentes, y licencias para actividades ocasionales de conformidad con los siguientes criterios, mismos a que deberán someterse las licencias para actividades comerciales:

Licencias permanentes: Son aquellas que se otorgan para ejercer una actividad de forma continua y permanente, su explotación no implica de forma alguna la puesta en peligro del orden público. No deben ser renovadas por el patentado, sin embargo, pueden ser revocadas por la Administración Municipal, cuando el establecimiento comercial por una causa sobrevenida, no reúna los requisitos mínimos establecidos por ley para su explotación, haya variado el giro de la actividad sin estar autorizada por la Municipalidad o que esta se esté realizando en evidente violación a la ley y/o al orden. Que las licencias categoría A debe ajustarse a una licencia por cada 300 habitantes como máximo.

b) Licencias para actividades ocasionales: Son otorgadas por el Concejo Municipal para el ejercicio de actividades de carácter ocasional, tales como fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias, en épocas navideñas o afines. Se podrán otorgar hasta por un plazo máximo de quince días y podrán ser revocadas por el Concejo Municipal cuando la explotación de la actividad autorizada sea variada, o cuando con la misma implique una violación a la ley y/o el orden público.

SECCIÓN II

Disposiciones generales

Artículo 6º—Compete a la Municipalidad de Siquirres velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico Nº 9047 dentro de los límites territoriales de su jurisdicción. Para el trámite de cancelación de licencias, el Alcalde o Alcaldesa Municipal designarán el órgano respectivo que se encargará de llevar el procedimiento administrativo y recomendar lo pertinente.

Cuando la cancelación de este tipo de licencias se dé sobre un establecimiento declarado de interés turístico y que cuente con licencia clase E, se dará aviso al Instituto Costarricense de Turismo (I.C.T.).

Artículo 7º—La solicitud de una licencia municipal para ejercer la actividad, sólo podrá ser denegada cuando esta sea contraria a la ley, al orden, la moral o las buenas costumbres y/o cuando el solicitante no haya cumplido los requisitos legales y reglamentarios. Asimismo, en caso de las licencias temporales que se encuentren en funcionamiento, la renovación será rechazada cuando el solicitante haya incurrido en violaciones reiteradas a la ley, la moral o las buenas costumbres en el ejercicio de la actividad realizada.

La dependencia encargada de otorgar licencias deberá fiscalizar la buena marcha de las actividades autorizadas en aras de controlar la continuidad normal de la explotación de la actividad, la revocatoria de la licencia, o la renovación de la misma, para lo cual la administración deberá proveer los recursos tecnológicos, económicos y humanos necesarios que le permitan realizar esta labor.

Artículo 8º—Las licencias concedidas bajo la Ley Nº 9047 tendrán una vigencia de cinco años, prorrogable en forma automática por periodos iguales, siempre y cuando al momento de la renovación el patentado cumpla con todos los requisitos legales establecidos, respetándose situaciones consolidadas en razón a la ubicación geográfica según el giro aprobado en la licencia y se encuentren al día en el pago de los tributos municipales. Este tipo de licencia no constituye un activo, no podrá ser arrendada, vendida, canjeada o concedida bajo ningún término, oneroso o no, a una tercera persona.

Artículo 9º—Nadie puede comercializar bebidas con contenido alcohólico sin haber obtenido previamente una licencia municipal, la cual, una vez aprobada por la dependencia encargada de tramitar y aprobar las licencias en la municipalidad, deberá ser cancelada en un plazo máximo de quince días hábiles en las cajas recaudadoras de la Municipalidad, a partir del día siguiente a su notificación. En caso de no cumplirse con ese plazo, se procederá a archivar la solicitud sin más trámite.

Artículo 10.—Todo trámite para obtener la explotación, traslado, traspaso o renovación de las licencias de licores otorgadas bajo la Ley Nº 10 del 7 de octubre de 1936, así como las solicitudes, renovaciones y renuncias de las licencias para el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohólico bajo la Ley Nº 9047, deberán realizarse ante la dependencia encargada de tramitar y aprobar las mismas, dependencia que le compete verificar la presentación de requisitos y determinar la legalidad del trámite para posteriormente aprobar o denegar la petición.

Artículo 11.—La Municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación. Vencido el término y cumplidos los requisitos en forma completa sin respuesta alguna de la municipalidad, el solicitante podrá establecer su actividad, siempre y cuando no sea contraria a la ley, al orden, la moral y/o las buenas costumbres, de conformidad con lo que se indica en este Reglamento y el artículo 7 de la Ley Nº 8220.

Artículo 12.—En caso de una presentación incompleta de requisitos, la Municipalidad deberá prevenir al administrado por una única vez y por escrito en un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente del recibo de los documentos, para que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información.

La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Municipalidad y otorgará al interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar; transcurrido este término, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. Vencido el plazo sin el cumplimiento de los requisitos faltantes, se procederá al archivo de la documentación presentada y se entenderá la actividad como no autorizada.

Artículo 13.—No se permitirá el expendio o consumo de bebidas con contenido alcohólico en establecimientos de venta de abarrotes, tales como pulperías o similares, salvo los señalados en el inciso e) del artículo 42 de este reglamento; así como tampoco en negocios que pretendan realizar dos actividades lucrativas que sean excluyentes entre sí, de forma conjunta, como el caso de “Pulpería y Cantina”, “Heladería y Bar”, “Bar y Soda”, salones de masajes y salones de ejercicios.

Artículo 14.—Cuando el establecimiento comercial explote varias actividades en los términos expuestos en este reglamento, el horario se determinará conforme a la actividad principal del mismo, no pudiendo gozar de dos horarios distintos de apertura y cierre. La dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento deberá indicar en la licencia de expendio de bebidas alcohólicas los giros autorizados y el horario establecido.

Artículo 15.—En caso de duda sobre la clasificación o categorización, se determinará con fundamento en los registros de patentes de la municipalidad, donde consta la actividad o el giro mercantil principal del correspondiente negocio. Si la duda persiste, se determinará mediante inspección de campo a efecto de verificar cual es el área útil mayor destinada a un giro específico, o condiciones generales del negocio y en razón a esta se impondrá la clasificación y horario que corresponda.

Artículo 16.—Los establecimientos que expendieren licores, independientemente del giro con que cuenten deberán cerrar comercialmente a la hora que determine su respectiva licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico. Una vez que se proceda al cierre no se permitirá en ningún caso la permanencia de clientes dentro del establecimiento, ni siquiera para aquellos negocios en los que la comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico sea una actividad secundaria. Por tal motivo el patentado, el propietario, administrador o encargado, deberá dar aviso a sus clientes con suficiente antelación cuando se acerque la hora de cierre, para que se preparen al abandono el establecimiento a la hora correspondiente.

Artículo 17.—El establecimiento autorizado para el giro de Hotel podrá mantener dentro de la misma unidad material y jurídica de sus instalaciones más de un giro complementario a esa actividad, sea para Restaurante, Bar, Casino y similares, en el tanto estas otras se encuentren claramente individualizadas, no tengan acceso directo desde la vía pública y sean explotadas directamente por el mismo patentado comercial y de licores. Estos establecimientos, únicamente cancelarán el monto de la patente de licores correspondiente al giro de hotel.

En caso de mediar otras personas físicas o jurídicas que exploten actividades comerciales distintas del patentado de licores del hotel; estas deberán obtener una patente comercial propia, y pagar el monto correspondiente por el giro autorizado, más no podrán hacer uso de la licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico.

Artículo 18.—Es obligación de los establecimientos mantener en un lugar visible para las autoridades municipales y de policía el certificado de la licencia de funcionamiento comercial y de licores extendida por la Municipalidad, así como el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud vigentes, so pena de clausura. En caso de extravío de estos documentos, deberán gestionar inmediatamente su reposición, el cual tendrá un costo administrativo que será valorado anualmente por el área competente.

Artículo 19.—Cuando en un establecimiento dedicado a la venta de licores se produzca escándalo, alteración del orden y la tranquilidad pública, o cuando se violaren las disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento por razones transitorias o temporales, los inspectores y/o las autoridades de policía se encontrarán facultadas para suspender por el término de 72 horas la venta del licor y ordenar el cierre del negocio, aún para el caso de comercios que cuenten con declaratoria turística sin horario de cierre. La reincidencia de esta condición dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo ordinario a efecto de cancelar la licencia.

Artículo 20.—En caso de detectarse que el establecimiento no cuenta con la respectiva licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico o que no cuenta con algún requisito esencial para su funcionamiento vigente, se procederá a la clausura del establecimiento hasta tanto el interesado subsane el incumplimiento.

Artículo 21.—Las licencias municipales se otorgarán únicamente para que las actividades se desarrollen dentro del establecimiento; cuando se comprobare que se utiliza la vía pública para consumir alimentos o bebidas con contenido alcohólico. En los centros comerciales, el uso de zonas comunes con el mismo fin, se procederá en primera instancia a notificar al titular de la licencia la violación en la cual está incurriendo con su actuar. La reincidencia acarreará el deber municipal de aplicar las sanciones correspondientes detalladas en el artículo 53 de este reglamento.

Artículo 22.—Es obligación de la persona jurídica que ha obtenido la licencia, de presentar cada dos años en el mes de octubre, contados a partir de su expedición, una declaración jurada protocolizada de su capital accionario. La dependencia encargada de tramitar y aprobar las licencias en la Municipalidad podrá verificar esa información con la que posea el Registro Público, y de existir omisión de información con respecto a la composición del capital social, iniciará el procedimiento de cancelación del permiso o la no renovación de la licencia.

Artículo 23.—Ningún establecimiento dedicado a la venta de licores, puede vender tales productos a los menores de edad, ni siquiera cuando sea para el consumo fuera del local. Los establecimientos cuya actividad principal lo constituya la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, tales como, clubes nocturnos, cabarés, cantinas, tabernas, bares y discotecas, de conformidad con la categoría que haya asignado la Municipalidad al otorgar la licencia Municipal, no permitirán el ingreso de los menores de edad al local.

En establecimientos donde la venta de licor constituya actividad secundaria y no principal, se permitirá la permanencia de los menores pero en ningún caso podrán consumir bebidas con contenido alcohólico.

Artículo 24.—La Municipalidad, a través del Concejo Municipal, en razón a la tutela del orden público y para actividades masivas, tendrá la facultad de regular dentro de su jurisdicción la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en los establecimientos, así como el consumo de esas mismas bebidas en la vía y sitios públicos, los días en que se celebren actos cívicos, festivales, desfiles u otras actividades estudiantiles o cantonales en la ruta que se haya asignado para la actividad.

Podrá además regular a nivel cantonal esa misma comercialización y consumo cuando se celebren actos religiosos o de elecciones nacionales y cantonales. Para este último caso, la Municipalidad deberá emitir un comunicado con las restricciones que aplicarán para la fecha que ésta está con una antelación de al menos quince días naturales.

No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas alcohólicas sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en las fechas antes indicadas, siempre y cuando no lo comercialicen y cierren la sección dedicada a venderlas. Las autoridades de policía y los inspectores municipales, obligarán a cumplir con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 25.—Para el cumplimiento de los fines de este reglamento la Municipalidad podrá solicitar la colaboración de las autoridades de policía u otras que considere convenientes, las cuales estarán obligadas a brindarla.

Artículo 26.—El Concejo Municipal tomará el acuerdo respectivo para demarcar zonas comerciales en las que otorgará licencias turísticas o clase E a restaurantes y bares que hayan sido declarados de interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo. La demarcación de las zonas corresponderá al Departamento de Desarrollo y Control Urbano y se regirá por lo dispuesto en él Plan Nacional de Desarrollo Turístico emitido por el I.C.T. y el Plan Regulador del Cantón de Siquirres. La aprobación de estas zonas comerciales corresponderá por obligación al Concejo Municipal.

CAPITULO IV

De las actividades ocasionales

Artículo 27.—El Concejo Municipal podrá autorizar mediante acuerdo firme, el permiso correspondiente, determinando el plazo de la actividad, para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en fiestas cívicas, patrona les, turnos, ferias y otras afines. Para ello, previamente la persona solicitante deberá haber cumplido con los requisitos para obtener la licencia de actividades ocasionales y señalar el área que se destinará para la realización del evento.

La cantidad de licencias solicitadas y aprobadas deberán cancelarse antes del inicio de la actividad en las cajas recaudadoras de la Municipalidad o mediante depósito bancario y corresponderá a una licencia por cada puesto, no permitiendo se la instalación de más puestos de los aprobados.

Artículo 28.—No se otorgarán ni en forma permanente, temporal u ocasional, licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en centros educativos de cualquier nivel, iglesias o instalaciones donde se celebren actividades religiosas y centros infantiles de nutrición. En el caso de centros deportivos, públicos o privados, estadios y gimnasios, y campos donde se desarrollen actividades deportivas, se aplicará la misma prohibición cuando se pretenda llevar a cabo la actividad de comercialización de bebidas con contenido alcohólico con la deportiva de manera conjunta.

Artículo 29.—En caso de los negocios que obtengan la licencia ocasional para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberán cancelar el impuesto correspondiente de la siguiente manera:

a) Se clasificarán los puestos de licores conforme a la categoría solicitada y deberá Cancelar el equivalente al monto trimestral correspondiente.

CAPÍTULO V

SECCIÓN I

Requisitos que deben cumplir las personas que pretendan obtener una licencia bajo la Ley Nº 9047 que entró a regir el 8 de agosto del 2012.

Artículo 30.—Para realizar el trámite de obtención y explotación de una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, el patentado deberá presentar lo siguiente, siempre y cuando, algunos de los requisitos solicitados no se encuentren vigentes en el expediente de la licencia comercial respectiva:

a) Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal con todos los datos requeridos para su trámite y fumado por la persona interesada. En el caso de que la persona solicitante no efectúe el trámite de manera personal, la firma deberá estar autenticada por un profesional en notariado.

b) Contar con la licencia municipal para patente comercial

e) Comunicación expresa de la actividad que se desea desarrollar, la clase de licencia que se pretende explotar, nombre con que operará el comercio y su dirección exacta.

d) Señalar medio para notificaciones (correo electrónico o fax)

e) Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble donde se desarrollará la actividad o bien que acredite ser arrendatario.

f) En aquellos casos en que la patente comercial tenga más de un año de expendida por el ente municipal, deberá presentar original y copia del permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud.

g) Estar al día con el pago de los impuestos municipales. Este requisito aplica tanto para gestionante de la licencia, como para el propietario del bien donde se pretenda explotar la misma.

h) Certificación de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y asignaciones Familiares.

i) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros.

j) Desarrollar la actividad en un local comercial que fuera construido con la licencia y que se ajuste a los requerimientos de la Ley 7600 y su reglamento.

k) Para las licencias tipo E, deberá aportarse original y copia certificada de la declaratoria de interés turístico emitida por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

l) En el caso de las licencias tipo C, deberá presentar declaración jurada protocolizada en la que se indique que el establecimiento donde se pretende explotar la licencia comercial se encuentra debidamente equipada (cocina, mesas, sillas, vajillas, cubertería, etc.) además deberá indicar que el local comercial cuenta con un menú de comidas de al menos diez opciones alimenticias disponibles para el público durante todo el periodo de apertura del mismo.

m) En caso de personas jurídicas, deberá aportarse certificación de personería jurídica, emitida por el registro público o notarialmente, con un máximo de treinta días de expedida.

n) Para personas jurídicas de sebe aportar certificación notarial donde se indique la composición y distribución de capital social. Esta certificación deberá ser renovada cada dos años, en el mes de octubre.

ñ) En caso de las personas físicas, copia certificada del documento de identidad legalmente procedente.

o) Cuando el solicitante actúa como apoderado deberá acreditar esa representación con poder especial protocolizado, poder general o generalísimo en caso de personas físicas y en caso de personas jurídicas con personería jurídica con no más de treinta días de emitida.

Importante: Si el trámite se realiza a nombre de un patentado físico fallecido o persona jurídica intervenida, debe aportar el documento emitido por el despacho judicial o del Registro Público de quien abstente el cargo de albacea en caso de patentado físico fallecido y en caso de personas jurídicas certificación de personería jurídica que acredite las facultades suficientes para actuar en su representación.

SECCIÓN VI

Requisitos que deben cumplir las personas que pretendan realizar actividades ocasionales.

Artículo 31.—Quien desee obtener una licencia ocasional deberá presentar:

a) Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal con todos los datos requeridos para su trámite y firmado por todas las personas interesadas. En el caso de que no se efectúe el trámite de manera personal, las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en notariado.

b) Descripción de la actividad a realizar y su clasificación según el artículo 4 de la ley 9047 y el artículo 42 de este reglamento, con indicación de la dirección exacta, fechas y horarios; debidamente firmada por todos los involucrados. En caso de no realizarse el trámite de forma personal, las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en notariado.

c) Si se trata de una persona jurídica deberá aportar: a) la Personería jurídica con no más de tres meses de emitida y b) Declaración jurada protocolizada, realizada ante notario público, en la que se haga constar que la persona solicitante (Representante judicial) es una persona que cuenta con plena capacidad cognoscitiva y volitiva.

d) Croquis que muestre la ubicación de todos los puestos relacionados a la actividad temporal, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se tiene previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólico.

e) Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido de manera expresa, clara y precisa para el evento o actividad por realizarse.

f) Autorización del dueño de la propiedad en la que se desarrollará la actividad, las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en notariado. En caso de desarrollarse en espacio público, el Concejo Municipal deberá autorizar mediante acuerdo la realización y ubicación del evento.

g) Acuerdo del Concejo Municipal que autorice la instalación de la o las licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 7 de la Ley Nº 9047.

h) Estar al día con el pago de los impuestos municipales. Este requisito aplica tanto para gestionante de la licencia, como para el propietario del bien donde se pretenda explotar la misma.

i) Certificación de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y asignaciones Familiares.

j) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el Instituto Nacional de Seguros.

El solicitante estará exento de aportar cualquier tipo de constancia que demuestre lo detallado en este inciso cuando la Municipalidad pueda acceder a dicha información en forma remota.

k) Indicar medio para recibir notificaciones (correo electrónico o fax) o lugar dentro de la jurisdicción del Cantón.

Es obligación del solicitante informar a la Municipalidad cualquier modificación de las condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada.

Artículo 32.—Todas las personas solicitantes de licencias y traslados de ellas deben ajustarse al cumplimiento de las distancias establecidas en el artículo 9 de la Ley Nº 9047 y el artículo 48 de este reglamento.

Artículo 33.—Todas las personas físicas o jurídicas deberán cumplir lo siguiente, según las condiciones:

a.) En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente.

b.) Cuando la actividad solicitada sea la correspondiente al giro de restaurante, el establecimiento deberá cumplir con el equipo, condiciones y requerimientos establecidos en el artículo Nº 3 de este reglamento.

c.) Para los efectos del cumplimiento de los tres artículos anteriores, la Municipalidad podrá disponer el uso de un formulario diseñado para tal fin, en el cual se consignará la información pertinente que satisfaga los requerimientos indicados.

d.) Es obligación del solicitante informar a la Municipalidad cualquier modificación de las condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se verifique antes del otorgamiento de la licencia.

e.) En el caso de las licencias autorizadas Clase E, en que exista cancelación de la declaratoria turística por parte del ICT, el patentado deberá hacerlo de conocimiento por escrito a esta Municipalidad en el término de los 5 días hábiles siguientes a su conocimiento para lo que corresponda. De no hacerlo y detectarlo la Municipalidad se procederá a revocar de inmediato la licencia.

Artículo 34.—Las licencias podrán denegarse en los siguientes casos:

a. Cuando la ubicación del establecimiento sea incompatible con el expendio de bebidas alcohólicas, conforme al artículo 9 de la Ley.

b. Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con la Municipalidad, de cualquier índole que estas sean.

c. Cuando el giro solicitado para la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico sea incompatible con la actividad comercial ya autorizada para el establecimiento.

d. Cuando la solicitud esté incompleta y/o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo conferido al efecto.

e. Cuando lo solicitado sea una licencia temporal y se den los supuestos contenidos en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley.

f. Cuando la cantidad total de licencias clase A y B otorgadas en el distrito donde se pretenda obtener exceda la proporción de una por cada trescientos habitantes.

g. Donde la aplicación de criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés público superior, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón motiven tal denegatoria.

Artículo 35.—Una vez cumplidos los requisitos de conformidad con las normas anteriores, la dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento ordenará a los inspectores municipales, la valoración ocular interna y externa del establecimiento donde se pretende explotar la licencia de comercialización de bebidas con contenido alcohólico; a efecto de verificar el cumplimiento de requisitos y distancias según lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nº 9047, así como verificar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento dispuestas en este reglamento. De lo actuado, se levantará un acta que se deberá incorporar al expediente administrativo correspondiente a la gestión del interesado.

Artículo 36.—Verificados los requisitos administrativos, las distancias correspondientes, y la inspección del sitio, de conformidad con lo anteriormente prescrito, la dependencia encargada de tramitar las licencias en la Municipalidad le remitirá al Concejo Municipal, la solicitud respectiva para lo que corresponda.

Artículo 37.—Verificados todos los requisitos, la dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes de funcionamiento procederá a emitir la resolución y el certificado correspondiente en caso de resultar aprobada su gestión, mismo que deberá contar con la aprobación de la jefatura inmediata superior. El establecimiento no podrá iniciar ninguna actividad asociada a la comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico hasta tanto cuente con la respectiva licencia de funcionamiento aprobada y haya cancelado los derechos correspondientes. En caso de proceder la denegatoria de la licencia de funcionamiento se deberá emitir una resolución debidamente motivada, que contenga indicación expresa de los recursos que proceden contra dicho acto.

SECCIÓN IV

De la renovación del quinquenio

Artículo 38.—Compete a la dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes de funcionamiento todo lo relacionado al proceso de renovaciones de quinquenio, sean licencias otorgadas bajo la ley Nº 10 o bajo la Ley Nº 9047, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Formulario de trámite establecido por la Municipalidad, debidamente fumado por todos los involucrados. En caso de que no se realice de manera personal, las firmas deberán estar autenticadas por un profesional en notariado.

b. En caso de sociedades y con el propósito de cumplir con el artículo Nº 3 de la Ley Nº 9047 sobre la composición de su capital social deberá aportar una certificación notarial con vista en el Registro de Accionistas, con vista en la Constitución de la Sociedad o bien en el Registro de Accionistas.

c. Si se trata de persona física aportar fotocopia de cédula de identidad; si se trata de persona jurídica, aportar personería jurídica con no más de tres meses de emitida.

d. Contrato de póliza de riesgos del trabajo del INS y recibo al día o exoneración a nombre del patentado.

e. Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud.

f. Comprobante de estar al día en el pago de impuestos de Cerveza a favor de la Junta de Educación.

g. Estar al día con el pago de los tributos municipales; así como con la cuota obrero patronal de la Caja Costarricense del Seguro Social, y con el pago de sus obligaciones ante Asignaciones Familiares cuando corresponda. El solicitante estará exento de aportar cualquier tipo de constancia que demuestre lo detallado en este inciso cuando la Municipalidad pueda acceder a dicha información en forma remota.

h. En caso que se renueve una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística vigente.

i. Indicar medio legalmente idóneo para recibir notificaciones y/o lugar dentro de la jurisdicción del Cantón.

j. En caso de las licencias otorgadas por medio de la ley 10, mantendrán el derecho de transmitirla a un tercero en los términos del derogado ordinal 17 de dicha ley hasta que expire su plazo bienal de vigencia y deba ser renovada. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la ley 9047. “Resolución 1499 del 28-8-2013”.

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad podrá disponer el uso de un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente que satisfaga los requerimientos indicados.

Es obligación del solicitante informar a la Municipalidad cualquier modificación de las condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada.

Artículo 39.—La dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento procederá a renovar cada quinquenio mediante la emisión del certificado correspondiente el cual deberá contar con la aprobación de la jefatura inmediata superior; para ello se deberá observar que en el periodo de funcionamiento anterior el establecimiento no haya infringido las leyes y reglamentos vigentes, de ser así, se deberá valorar la apertura de un procedimiento administrativo tendiente a la cancelación de la licencia.

Artículo 40.—En caso de tramitarse la renovación de la licencia de funcionamiento junto al cambio de giro, la dependencia encargada de otorgar las licencias y patente s de funcionamiento deberá ordenar la comprobación de distancias según lo establece el artículo Nº 9 de la ley y 48 de este reglamento; de resultar las distancias aplicadas inferiores respecto al nuevo giro solicitado, deberá proceder a la denegatoria respectiva.

De los horarios de funcionamiento

Artículo 41.—Los siguientes serán los horarios de funcionamiento para comercializar bebidas con contenido alcohólico:

a. Licoreras (categoría A): Desde las 11:00 de la mañana hasta las 12:00 medianoche.

b. Cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile (categoría Bl): Desde las 11:00 de la mañana hasta las 12:00 medianoche.

c. Salones de baile, discotecas, clubes nocturno s y cabarés con actividad de baile (categoría B2): Desde las 4:00 de la tarde hasta las 2:30 de la madrugada.

d. Restaurantes y similares (categoría C): Desde las 11:00 de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada.

e. Supermercados y mini-súper (categoría D): Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 medianoche.

f. Establecimientos declarados de interés turístico (categoría E): Sin limitación de horario.

Artículo 42.—Los establecimientos que como actividad primaria expendieren licor, deberán abrir y cerrar a la hora que indique el respectivo permiso de funcionamiento otorgado por la municipalidad, de conformidad con la categorización establecida y que está fundamentada en el artículo Nº 11 de la Ley Nº 9047. Una vez que se proceda al cierre, no se permitirá en ningún caso la permanencia de clientes dentro del local.

Los establecimientos como restaurantes y afines, supermercados y mini-súper, les queda terminantemente prohibido la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos en la licencia. La infracción a esta determinación será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo Nº 14 de la ley y el capítulo VIII de este reglamento.

SECCIÓN II

De las tarifas del impuesto

Artículo 43.—Toda persona física o jurídica que haya obtenido una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deberá cancelar un impuesto trimestral, según el tipo de negocio de la siguiente manera, se deberá considerarse tanto el monto estipulado en el artículo 10 de la Ley Nº 9047 como lo dispuesto por la Sala Constitucional, entendiendo los montos únicos como límites máximos, esto de acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio contemplando, entre otros parámetros objetivos, su ubicación, tamaño y tipo de infraestructura:

a) Los negocios ubicados en las cabeceras de cantón se ajustaran a los límites máximos y mínimos contemplados en el artículo 10 de la Ley Nº 9047, reducid os a la mitad (entiéndase como cabecera de cantón, población principal de un territorio) con el potencial de explotación de cada negocio contemplando, su ubicación, tamaño y tipo de infraestructura entre otros parámetros objetivos.

b) Los negocios ubicados en las demás poblaciones se ajustaran a los límites máximos y mínimos contemplados en el artículo 10 de la Ley Nº 9047, reducidos a una cuarta parte.

Artículo 44.—Para los efectos de la aplicación del impuesto en aprobaciones y renuncias de las licencias, los patentados deberán cancelar solo la fracción correspondiente a los días faltantes para finalizar el trimestre en que se apruebe, o los cuyas transcurridos, en el caso de las renuncias.

Artículo 45.—El impuesto de las licencias para comercialización de bebidas con contenido alcohólico será trimestral y se pagará por adelantado entre el primer día y el último día de los meses enero, abril, julio y octubre de cada año. El pago extemporáneo acarreará un cargo de intereses moratorios que deberán computarse a partir del primer día hábil de cada trimestre y que se calcularán según lo establece el artículo 58 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 46.—Si el monto del impuesto no se cancela de manera oportuna se cobrará, conjuntamente con él, una multa del uno por ciento (1%) por mes o fracción de mes sobre el monto del impuesto no pagado, sin que esa multa pueda superar el veinte por ciento (20%) del impuesto trimestral adeudado.

CAPÍTULO VII

De las prohibiciones

Artículo 47.—No se permitirá la explotación de licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en las siguientes condiciones, según los términos que define el artículo 9º de la Ley Nº 9047 publicada el 8 de agosto del 2012:

a) Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría A o a la Categoría B y se encuentre ubicado en zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan Regulador del Cantón de Siquirres. Tampoco se permitirá si estuviere ubicado a cuatrocientos metros o menos de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que hayan obtenido la licencia municipal correspondiente para su funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y EBAIS. En estos casos solo se podrán otorgar una licencia por cada trescientos habitantes como máximo.

b) Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría C y se encuentre ubicado en zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan Regulador del Cantón de Siquirres. Tampoco se permitirá si estuviere ubicado a cien metros o menos de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que hayan obtenido la licencia municipal correspondiente para su funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y EBAIS.

c) Las restricciones dichas en los dos incisos anteriores no se aplicarán a los negocios de esas categorías que se ubiquen en centros comerciales.

d) No se aplicará restricción de distancias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los establecimientos comerciales correspondientes a la categoría D en razón de que en esas actividades no hay consumo de licor en el sitio.

e) La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) anteriores, se hará de puerta a puerta. Se entenderá por puerta, la entrada principal de los establecimientos, en igual sentido se entenderá que existen los establecimientos a que se refieren esos incisos, aun en el caso de que estuvieren en proyecto formal de construcción, con permisos aprobados por la Municipalidad.

f) Las actividades y establecimientos a los que se refieren los incisos a) y b) anteriores y que sirven como limitante para la extensión de licencias para la regulación de bebidas con contenido alcohólico, que se pretendan instalar posterior a la operación de un establecimiento con licencia de licores, deberán respetar las distancias mínimas contempladas en esos artículos.

Será responsabilidad de la dependencia municipal encargada de Desarrollo y Control Urbano del cantón, aplicar esta normativa cuando se presente la consulta del uso de suelo o la solicitud del permiso de construcción.

h) Aquellos actos públicos como fiestas cívicas, patronales, culturales, ferias y similares que cuenten con el permiso respectivo del Concejo Municipal, no estarán sujetos a restricción de distancia alguna, siempre que sean de índole ocasional, pero los puestos que se instalen deben estar ubicados únicamente en el área demarcada para celebrar la actividad. Deberán cancelar en la Municipalidad o mediante depósito bancario en la cuenta de la Municipalidad el equivalente a medio salario base. Cuando la actividad la realizan Asociaciones de Desarrollo, Comités de Desarrollo u Organizaciones sin fines de lucro que así lo demuestren pagarán el equivalente a un cuarto de medio salario base.

i) Se prohíbe la comercialización o el otorgamiento gratuito de bebidas con contenido alcohólico a menores de edad, es obligatorio para los expendedores de bebidas con contenido alcohólico solicitar la cédula de identificación u otro documento público oficial cuando tengan dudas con respecto a la edad de la persona.

j) Queda terminantemente prohibido la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en casas de habitación.

k) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios determinados en la licencia municipal respectiva y que señala el artículo Nº 11 de la Ley Nº 9047 y 41 de este reglamento.

Artículo 48.—Aquellas actividades temporales tales como fiestas Cívicas, patronales, culturales, ferias y similares que cuenten con el permiso respectivo de la municipalidad, no estarán sujetos a restricción por distancia alguna. Los puestos sólo podrán ubicar se en el área demarcada por la Municipalidad para la realización de los festejos. En ningún caso, durante la celebración de las citadas actividades se permitirá que se instalen ventas de licores en casas de habitación.

CAPÍTULO VIII

SECCIÓN I

De la revocación

Artículo 49.—La licencia concedida para el expendio de bebidas con contenido alcohólico será revocada o cancelada administrativamente por las siguientes razones:

a. Por renuncia expresa del patentado.

b. Cuando el patentado abandone la actividad y así sea comunicado a la Municipalidad.

c. Cuando resulte totalmente evidente el abandono de la actividad aunque el interesado no lo comunique a la Municipalidad, siempre y cuando los inspectores así lo corroboren en el campo. Para la determinación del estado de abandono los inspectores deberá realizar al menos tres inspecciones al lugar en semanas diferentes; una vez corroborada esta condición, deberá informarlo dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes de la última visita a la dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes, a efecto de proceder a la cancelación de oficio de cualquier tipo de licencia que haya sido otorgada en el lugar. La dependencia encargada de tramitar las licencias y patentes deberá publicar en el diario oficial La Gaceta la intención de cancelar la licencia, concediendo al interesado diez días hábiles para apersonarse; transcurrido dicho término sin que se haya apersonado se procederá a la cancelación definitiva de la licencia y solicitará a la dependencia encargada de la gestión de cobro, la recuperación del pendiente de pago en caso de existir.

d. Cuando el establecimiento varíe las condiciones de funcionamiento o incumpla con los requisitos valorados al momento del otorgamiento de la licencia.

e. Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley 9047; excepto las licencias concedidas bajo la Ley Nº 10 del 7 de octubre de 1936.

f. La licencia concedida para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico podrá suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres, para lo cual deberá prevenir se al patentado en su negocio concediendo un plazo de ocho días hábiles para su cancelación. Si vencido el plazo no se hiciere efectiva la cancelación, la dependencia encargada de tramitar y aprobar las licencias en la Municipalidad iniciará el procedimiento para la revocación de la licencia respectiva.

g. Mediante la apertura de un procedimiento administrativo.

La pérdida de la licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico por cualquiera de las condiciones aquí detalladas, impide la continuidad del funcionamiento del comercio, ante ello, cualquier actividad asociada a la comercialización, expendio y consumo de bebidas con contenido alcohólico que se pretenda instalar en la misma propiedad será considerada como una nueva licencia, inclusive para la aplicación de distancias según el artículo 9 de la Ley Nº 9047 y 48 de este reglamento.

Artículo 50.—La declaratoria de interés turístico que otorgue el ICT para la obtención de una licencia para expendio de bebidas con contenido alcohólico clase E, no operará de oficio, será facultad de la Municipalidad el aceptar o denegar esta categoría para la concesión de los beneficios que conlleva su aceptación, ya sea en cuanto a la exoneración de la limitación de horario, inaplicabilidad de las distancias contenidas en el artículo 9 de la Ley Nº 9047 y 48 de este reglamento, o cualquier otro beneficio asociado directa o indirectamente, que sea concedido a través de la licencia de funcionamiento municipal. La aprobación o denegatoria del trámite estará a cargo de la dependencia encargada de otorgar las licencias y patentes de funcionamiento.

La denegatoria deberá hacerse mediante resolución motivada que responda a criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón.

SECCIÓN II

De las sanciones

Artículo 51.—Sanciones pecuniarias por el uso inadecuado de la licencia. Sin demerito de otras sanciones administrativas relativas a la suspensión o cancelación de las licencias, cuando el titular de una licencia irrespete los siguientes supuestos:

a) Desnaturalice en uso, realizando actividades comerciales diferentes a las que se autorizaron con su otorgamiento, sea licencia temporal o permanente.

b) Comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios establecidos para su licencia, conforme lo regulado por el artículo 11 de la Ley 9047.

c) Irrespete el artículo 3 de la Ley en lo referente a transferencia de dominio, arrendamiento y/o uso personalísimo de la licencia.

d) Por omisión o irrespeto al control previo de publicidad comercial relacionada con la venta bebidas con contenido alcohólico. Para efecto de aplicación de este inciso será necesaria la existencia de informe del Ministerio de Salud por medio del cual se acredite esa circulación de conformidad con el artículo 12 de la Ley 9047.

e) Por no presentación de actualización de capital social accionario en los términos del Artículo 3 de esta ley.

f) Por venta o facilitación de bebidas con contenido alcohólico a personas menores de edad y/o con limitaciones cognoscitivas y volitivas.

g) Por permitir la permanencia de personas menores de edad en los establecimientos con licencias clase B y E-4.

Serán sancionados con multa de entre uno y diez salarios base los supuestos de los incisos a, b, e, y d) de este artículo, según la siguiente escala:

- Por el primer irrespeto se sancionará con multa de 2.5 salario base.

- Por el segundo irrespeto se sancionará con una multa de 5 salarios base, siempre que no medie más de dos años entre la firmeza de la primera sanción y el segundo incumplimiento.

- Ante el tercer irrespeto se sancionará con una multa de 7.5 salarios base, en tanto entre la firmeza de la segunda sanción y tercer incumplimiento no hubiere transcurrido más de dos años.

Por el cuarto irrespeto se sancionará con multa de 10 salarios base, al igual en los supuestos anteriores, sólo se considerara antecedente para la aplicación de esta sanción el transcurso de un plazo máximo de dos años entre la tercera sanción y el cuarto incumplimiento.

En caso de los supuestos señalados por los incisos f) y g) la multa será de cinco salarios base por el primer incumplimiento, diez salarios el segundo y quince salarios el tercero.

Cuando un comercio incurra en las faltas señaladas en este artículo de forma reincidente, pero hubieren transcurrido más de dos años entre la imposición de la sanción anterior y la nueva falta, la anterior falta no podrá considerarse para efectos de fijación la multa, en consecuencia deberá valorarse la falta para efecto de multa como primera. No obstante lo anterior, para efecto de sanción de suspensión o cancelación de la licencia se computarán como antecedentes todos los incumplimientos ocurridos en el último decenio.

La imposición de las multas señaladas en este artículo se hará por resolución administrativa emitida por el departamento de Patentes de la Municipalidad, quien dejará constancia escrita de las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan la sanción y para ello creará un legajo adiciona l, especialmente al efecto donde se hará constar todo lo actuado.

Para efecto del cálculo de sanciones y en general de las imposiciones económicas creadas por la Ley 9047 y este reglamento se considerará salario base en el artículo 2 de la ley 7337.

Artículo 52.—Sanciones de suspensión o cancelación de la licencia. Por reincidencia en las conductas tipificadas en los incisos a), b), e) y d) del artículo 52 de este reglamento se aplicará las siguientes sanciones:

Por el primer incumplimiento; suspensión de la licencia por quince días hábiles. Por el segundo incumplimiento; suspensión de la licencia por treinta días hábiles. Ante el tercer incumplimiento; suspensión de la licencia por cuarenta y cinco días hábiles. Ante el cuarto incumplimiento cancelación definitiva de la licencia.

En el caso de los supuestos señalados por los incisos f) y g) del artículo 52 de este reglamento con el primer incumplimiento se suspenderá la licencia por veinte días hábiles, con el segundo incumplimiento cuarenta días hábiles y por el tercero procederá la cancelación definitiva del derecho.

Para que se considere que existe reincidencia en los incumplimientos estos deberán ocurrir dentro del lapso de diez años. De superarse este periodo deberá iniciarse un nuevo cómputo.

En el caso de las sanciones de suspensión o cancelación de licencias, por limitarse o extinguirse un derecho subjetivo la Municipalidad deberá sustanciar la sanción mediante procedimiento administrativo ordinario desarrollado bajo las disposiciones establecidas por la Ley General de la Administración Pública. La aplicación de la sanción será responsabilidad exclusiva del Alcalde Municipal y será este funcionario quien designe el órgano respectivo encargado de la instrucción, instancia que concluirá actuaciones con informe de instrucción y recomendación. Si se cancelare la licencia a un establecimiento clase E) la Municipalidad informará al Instituto Costarricense de Turismo para lo de su competencia.

Artículo 53.—Las sanciones contenidas en los artículos 19 y 21 de la Ley Nº 9047 deberán ser tramitadas para su aplicación ante el Juzgado Contravenciones competente.

La sanción contenida en el numeral 22 de la Ley Nº 9047 deberá ser tramitada para su aplicación ante el Juzgado Penal competente.

Artículo 54.—Cuando convenga la situación jurídica dispuesta en el artículo 16 de la Ley Nº 9047, respecto a la contenida en el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo; privará la aplicación y trámite de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley y 54 de este reglamento.

SECCIÓN II

De los recursos

Artículo 55.—La resolución que deniegue una licencia o la que imponga una sanción tendrá derecho a la vía recursiva que contempla el Código Municipal.

Artículo 56.—Sanciones por venta ilegal de bebidas con contenido alcohólico. A quien venda bebidas con contenido alcohólico sin la licencia respectiva se le decomisará la mercadería, para lo cual se realizará el parte respectivo y se levantará un acta de decomiso. Esta Mercadería se pondrá a disposición del respectivo juzgado contravenciones con la denuncia respectiva, donde se incluirá el parte y el acta de decomiso, para que esa instancia proceda a aplicar lo dicho por el artículo 21 de la Ley 9047. Para efectos de aplicar el decomiso dicho en este artículo la Municipalidad actuará mediante sus inspectores con el apoyo de la Policía Municipal y/o de la Fuerza Pública.

Artículo 57.—Las multas establecidas serán acreditadas en los registros municipales de los patentados, y deberán ser canceladas en un plazo de treinta días naturales, posterior a su comunicación; caso contrario, se procederá a suspender la licencia concedida hasta que se haga efectivo el pago. De mantenerse la mora por quince días hábiles posterior al cierre del establecimiento, la deuda será trasladada al proceso de cobro judicial y se ordenará el cierre definitivo del establecimiento y la cancelación de las licencias que se hayan otorgado para el funcionamiento del local, todo ello previo haber concedido el derecho de defensa correspondiente.

De la recaudación realizada por concepto de multas, ingresará a las arcas municipales y se considerará recurso libre.

Vice-Presidente Hidalgo. Salas: Somete a votación el anterior reglamento.

Acuerdo: Nº 26494-08-09-2014

Sometido a votación se acuerda la aprobación del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, que se detalló anteriormente. Así mismo se proceda a la publicación en el diario oficial La Gaceta, como corresponde según la ley. Acuerdo definitivamente aprobado.

Proveeduría.—Sandra Vargas Fernández, Proveedora a. í.— 1 vez.—(IN2015010903).

10MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán, en ejercicio de las facultades que le confiere la legislación, dispuso mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número 246 del 15 de enero de 2015, someter a consulta pública no vinculante, por espacio de 10 días: el Proyecto DE Reglamento Autónomo DE Servicios DE LA Municipalidad DE Tilarán, en los términos que a continuación se detalla:

PROYECTO DE REGLAMENTO AUTÓNOMO DE

SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

CAPÍTULO I

Principios y propósitos que inspiran este Reglamento

Artículo 1º—Son principios que inspiran la maximización de los recursos, la excelencia e igualdad en este reglamento y que deben orientar la relación laboral entre la municipalidad y sus servidores, así como el servicio al usuario, la armonización de los procedimientos, la simplificación, la flexibilidad, la eficacia, el trabajo en equipo, la proporcionalidad y el apego a las más estrictas normas de ética en el ejercicio de la función pública, así como el respeto a la dignidad y a los derechos del trabajador, con acatamiento riguroso del principio de legalidad.

Artículo 2°—Son principios éticos del servidor municipal los siguientes:

—Orientar el ejercicio de la función municipal hacia la satisfacción del bien común, que es su fin último y esencial. Para ello la función municipal está dirigida al mantenimiento y aplicación de los valores de seguridad, justicia, solidaridad, paz, libertad y democracia.

—La lealtad, la eficiencia, la probidad, el respeto a la autoridad y hacia los demás funcionarios y la responsabilidad, son valores fundamentales e intrínsecos al ejercicio de la función municipal. También, se tendrán presentes los principios del servicio público. Los deberes y prohibiciones que deben acatar los funcionarios municipales se fundamentan en esos valores y principios.

—El funcionario es un servidor de los administrados del cantón de Tilarán y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la prestación de servicio y de la función que desempeña, la cual debe atender de una manera integral con aplicación plena de sus conocimientos, aptitudes, actitudes y valores.

—El funcionario municipal estará siempre presto a adquirir nuevos y mejores conocimientos que completen aquellos que ya posee, con el propósito de brindar siempre el mejor servicio a la comunidad. La formación y la capacitación permanente se complementarán con el trabajo en equipo, para que comparta los conocimientos que ha adquirido con sus compañeros de trabajo, lo cual será esencial para la buena marcha de todas las dependencias del gobierno local. La Municipalidad velará por brindar las condiciones que faciliten dicha capacitación.

CAPÍTULO II

Disposiciones generales y definiciones

Artículo 3°—El presente Reglamento Autónomo de Servicio regulará las relaciones de trabajo y el funcionamiento entre la Municipalidad de Tilarán y sus funcionarios. Su finalidad es procurar la mayor eficacia y eficiencia del servicio público, dentro de un ambiente de armonía, siendo de acatamiento obligatorio para todos los servidores y funcionarios.

Artículo 4°—La Municipalidad propiciará la efectiva vigencia de los principios universales del Derecho Laboral y aplicará las sanciones pertinentes a los responsables por la violación de dicha normativa, atendiendo el debido proceso.

La aplicación de este reglamento corresponde al Alcalde Municipal, según concierna y rija para todos los funcionarios. Cualquier ambigüedad que contenga este reglamento deberá ser interpretada o aclarada conforme a la jerarquía de las fuentes del Derecho.

Artículo 5°—Para efectos de este reglamento, se entiende por:

a- Patrono: La Municipalidad de Tilarán, en su condición de empleador de los servicios de los trabajadores.

b. Administración Municipal: La Municipalidad de Tilarán

c. Máximo Jerarca: El Alcalde Municipal.

d. Superior Jerárquico: El jefe superior inmediato, según la jerarquía de la respectiva unidad o proceso.

e. Relación de servicio: El conjunto de obligaciones, derechos, atribuciones, funciones y tareas que corresponden al servidor o funcionario, en relación con la municipalidad y los administrados de acuerdo con el ordenamiento jurídico,

f. La Unidad de Recursos Humanos: La unidad administrativa encargada de la ejecución de las actividades, tareas y funciones relacionadas con la administración de recursos humanos de la municipalidad.

g. Servidor: La persona física que presta sus servicios a la institución, a nombre de la municipalidad o por cuenta de esta, como parte de su organización, en virtud de acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o transitorio de la actividad respectiva. Para efecto de este reglamento son equivalentes los términos “funcionario público”, “servidor público” y “empleado municipal”.

h- Servidor interino en plaza vacante: El nombrado para llenar una plaza vacante por un máximo de 2 meses, mientras se resuelven los concursos internos y externos, y la selección del personal correspondiente.

i. Servidor interino suplente: El nombrado para sustituir temporalmente a uno regular que esté con licencia, sin goce de salario, o ausente de la relación de servicios por suspensión sin goce de salario.

j. Servidor suplente: El nombrado por un período determinado para sustituir temporalmente a uno regular que cuenta con permiso y goce de salario, vacaciones, incapacidad u otra similar.

k. Servicios especiales: Los ejecutados por servidores no incluidos en los incisos anteriores y que se contraten a plazo fijo para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a la partida de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales. Dichos servidores tendrán derecho al pago de las prestaciones legales que procedan, de acuerdo con los requisitos y la normativa aplicable.

l. Administrado contribuyente: Toda persona física o jurídica domiciliada en el cantón de Tilarán que recibe los servicios brindados por la municipalidad o con propiedades en el cantón aunque no residan él.

m. Ascenso: Promoción que se le realiza a un trabajador municipal a un puesto de categoría superior en la Escala Salarial.

n. Asignación: Acto mediante el cual se ubica una plaza nueva en la clase que le corresponde.

o. Atestados: Pruebas de idoneidad, experiencia, certificados, recomendaciones, comprobantes de estudios y toda aquella información que demuestre la idoneidad del personal para ocupar un puesto.

p. CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.

q. Cantón: Cantón de Tilarán.

r. Clase: Conjunto de puestos similares en cuanto a deberes, responsabilidades y autoridad, a los que se les aplica el mismo título. Exige a los candidatos los mismos requisitos en cuanto a su preparación académica, experiencia, conocimientos y otros.

s. Clasificación: Sistema en el cual se analizan, evalúan y ordenan todas las tareas que se realizan en cada uno de los puestos de la municipalidad, agrupándolos en clases.

t. Concejo: Concejo Municipal del Cantón de Tilarán.

u. INS: Instituto Nacional de Seguros.

v. Puesto: Conjunto de deberes, responsabilidades y requisitos asignados a un funcionario, que deben ser atendidos durante la jornada de trabajo.

w. Reasignación: Cambio que se efectúa a la clasificación de un puesto cuando este se ha modificado sustancial y permanente en sus tareas.

x. Reclasificación: Procedimiento que rectifica la clasificación de un puesto que había sido asignado erróneamente.

y. Revaloración: Aumentos en los salarios base asignados a las diferentes clases, por aumento del costo de la vida, relaciones de competencia y otros.

z. Valoración: Proceso mediante el cual se asignan remuneraciones a las clases de puestos considerando los niveles o grado de dificultad, responsabilidad y variedad de tareas, requisitos mínimos, índices de costo de vida, encuestas de salarios, de acuerdo a la Escala de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Artículo 6°—Los jefes de unidad o proceso y todos aquellos funcionarios que tengan bajo su responsabilidad tareas de administración o supervisión de personal, son responsables ante el Alcalde de velar por la correcta aplicación de todas las disposiciones de este reglamento.

CAPÍTULO III

Estructura de la Administración Municipal

Artículo 7º—La Administración Municipal está integrada por:

a. Un Alcalde Municipal, que tiene las obligaciones, potestades y responsabilidades que emanan del artículos 17 y demás conducentes del Código Municipal, artículos 101 a 103 de la Ley General de la Administración Pública, y otras leyes conexas que rijan en la materia.

b. Coordinadores, Jefes de Unidad y Jefes de Proceso, de los diferentes procesos, nombrados por el Alcalde.

Artículo 8°—El Alcalde Municipal es el enlace entre el Concejo Municipal y los servidores de la comunidad; él es el funcionario de mayor jerarquía dentro de la institución.

A él le corresponde la presentación ante el Concejo de toda iniciativa y de los informes que presente la Administración ante dicha instancia. También, toda información dirigida al Concejo Municipal debe ser transmitida a través de su despacho.

CAPÍTULO IV

La Unidad de Recursos Humanos

y la Unidad de Servicios Jurídicos

LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 9°—La Unidad de Recursos Humanos funge como asesor del sistema de administración de recursos humanos de la Administración Municipal y, por tanto, cumplirá y ejecutará todas las funciones, tareas y actividades propias de la administración de recursos humanos asignadas por el ordenamiento jurídico.

Artículo 10.—La Unidad de Recursos Humanos llevará a cabo las actividades de control sobre la aplicación de las sanciones disciplinarias que se establecen en este reglamento.

Artículo 11.—La Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad será responsable de elaborar y custodiar el expediente personal de cada uno de los funcionarios y de mantener al día los archivos de los documentos pertinentes que estos aportan, así como de preservar su confidencialidad.

Artículo 12.—Los expedientes del personal deberán contener todos aquellos documentos y datos que sirvan para determinar el historial de la relación de servicios y será responsabilidad del funcionario aportar la documentación que permita actualizarlo.

Artículo 13.—La Unidad de Recursos Humanos confeccionará un prontuario, con el propósito de llevar un registro expedito de todos aquellos datos y registros derivados de la relación de servicios en asuntos tales como: asistencia, evaluación del desempeño, aspectos disciplinarios, capacitación recibida y calidades del funcionario.

Artículo 14.—Es deber de cada jefatura de las diferentes Unidades Administrativas de la Municipalidad, enviar copia al expediente personal de los funcionarios de aquellas gestiones que dentro de su ámbito de competencia puedan generar actos jurídico-administrativos.

Artículo 15.—La información contenida en el expediente y prontuario personal es de carácter confidencial y sólo tendrán acceso a él los funcionarios que los requieran exclusivamente para labores propias del cargo, además del servidor o su representante legal, debidamente acreditado como apoderado.

La Unidad de Servicios Jurídicos

Artículo 16.—La Unidad de Servicios Jurídicos brindará todo el apoyo legal en materia laboral a la institución.

CAPÍTULO V

Principios éticos de la función pública

y del servidor municipal

Artículo 17.—Son principios éticos de la función pública y del servidor los siguientes:

a. El ejercicio de la función pública, la cual debe orientarse a la satisfacción del bien común, que es su fin último y esencial. Para ello la función pública propondrá a la actualización de los valores de seguridad, justicia, paz, libertad y democracia.

b. La lealtad, la eficiencia, la probidad y la responsabilidad son valores fundamentales que deberán estar presentes en el ejercicio de la función pública. También se tendrán en cuenta los principios del servicio público. Los deberes y prohibiciones que deben acatar los funcionarios públicos se fundamentan en esos valores y principios.

c. El funcionario público es un servidor de los administrados en general y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la prestación de servicio y de la función que desempeña.

d. El servidor público debe actuar en forma tal que su conducta pueda admitir el examen público más minucioso. Para ello, no es suficiente la simple observancia de la ley, deben aplicarse también los principios de la ética del servicio público, regulados o no de modo directo por la normativa.

Artículo 18.—Los principios éticos del servicio público tienen como función inspirar la confianza de los ciudadanos para fortalecer la credibilidad en el gobierno, sus gestores e instituciones, con el objetivo de facilitar a los gobernantes el cumplimiento de los diversos fines estatales en beneficio de la comunidad.

CAPÍTULO VI

Deberes éticos del servidor municipal

Artículo 19.—Todo servidor debe acatar los siguientes deberes, sin perjuicio de todos los demás establecidos por la ley y este reglamento:

a. Deber de lealtad: Todo servidor debe ser fiel a los principios éticos del servicio público, le debe lealtad a la institución.

b. Deber de eficiencia: Todo servidor debe cumplir personal y eficientemente la función que le corresponde en la institución en las condiciones de tiempo, forma y lugar que determinen las normas correspondientes y de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Usar el tiempo laboral realizando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible y en el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con el esmero, la intensidad y el cuidado apropiados.

2. Esforzarse por encontrar y utilizar la forma más eficiente y económica de realizar sus tareas, así como para mejorar los sistemas administrativos y de atención al usuario en los cuales participa. Esto lo puede realizar mediante sugerencias e iniciativas explícitas a sus superiores.

3. Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio de la municipalidad y el de los terceros que se pongan bajo su custodia, y entregarlos cuando corresponda.

4. Hacer uso razonable de los útiles y materiales que se le proporcionen para realizar sus tareas, procurando dar a cada uno de ellos el máximo rendimiento y menor desperdicio posibles.

c. Deber de probidad: Todo servidor debe de actuar con honradez, en especial cuando haga uso de recursos públicos que le son confiados para el cumplimiento de los fines municipales, o cuando participe en actividades o negocios de la administración que comprometan esos recursos.

d. Deber de responsabilidad: Todo servidor actuará con claro sentido del deber que le corresponde para el cumplimiento del fin público que compete a la municipalidad y de las consecuencias que el cumplimiento o incumplimiento de ese deber conllevan en relación con ese cometido institucional.

e. Deber de confidencialidad: El servidor debe guardar discreción con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con el motivo del ejercicio de sus funciones, independientemente de que el asunto haya sido calificado o no como confidencial por el superior, salvo en el caso de que sea autorizado para dar informaciones y sin perjuicio del derecho de información del administrado, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

f. Deber de imparcialidad: El servidor debe ejercer el cargo sin discriminar en cuanto a las formas y condiciones del servicio a ninguna persona por razón de raza, género, religión, nacionalidad, situaciones económicas, ideología o afiliación política.

g. Deber de conducirse apropiadamente frente al público: Todo servidor debe observar frente al público, en el servicio y fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, evitando actitudes que puedan socavar la confianza del público y la integridad del funcionario y de la municipalidad.

h. Deber de conocer prohibiciones y regímenes especiales que puedan ser aplicables: Todo servidor debe conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad de acumulación de cargos, prohibiciones por razón de parentesco y cualquier otro régimen especial que le sea aplicable y asegurarse de cumplir con las acciones necesarias para determinar si está o no comprendido en algunas de las prohibiciones establecidas en ellos.

i. Deber de objetividad: El servidor siempre debe emitir juicios objetivos sin influencia de criterios personales o de terceros no autorizados por la administración y se abstendrá de participar en cualquier decisión cuando exista violencia moral sobre él que pueda hacerle incumplir su deber de objetividad. Queda a salvo su deber de obediencia al superior en los términos previstos en la Ley General de la Administración Pública.

j. Deber de comportarse con decoro y respeto: Todo servidor debe ser justo, cuidadoso, respetuoso y cortés en el trato con los usuarios del servicio, sus jefes, colaboradores y compañeros.

k. Deber de denuncia: Es obligación de todo servidor formular la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, cuando en el ejercicio de su cargo tenga conocimiento de cualquier irregularidad en perjuicio de los funcionarios y de la municipalidad y otros que se integren.

CAPÍTULO VII

Otras obligaciones de los funcionarios

Artículo 20.—Sin perjuicio de lo que al efecto dispongan la Ley General de la Administración Pública, el Código de Trabajo, el Código Municipal, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley de Justicia Tributaria y otros cuerpos normativos que regulan la materia, las siguientes son obligaciones de los funcionarios de la Municipalidad:

a. Cumplir con las disposiciones normativas aplicables a la relación de servicio, así como con todas aquellas de orden interno que llegaran a dictarse, sin perjuicio de la validación de sus derechos, si en algún momento se consideraran lesionados.

b. Ejecutar las labores con la capacidad, dedicación, esmero y diligencia que el cargo requiera, aplicando todo el esfuerzo para el desempeño de sus funciones.

c. Rehusar dádivas, obsequios o recompensas ofrecidas como retribución por actos inherentes a sus funciones, deberes y obligaciones y denunciar a quien las ofrezca.

d. Dedicar el mayor esfuerzo a mantener al día las labores encomendadas, ejecutándolas dentro de los plazos que la ley, reglamentos o disposiciones de carácter administrativo hayan fijado.

e. Comunicar verbalmente o por escrito las observaciones que su experiencia y conocimiento le sugieran para prevenir daño o perjuicio a los intereses de la municipalidad, a los de sus compañeros de trabajo o a las personas que eventual o permanentemente se encuentren dentro de los lugares que prestan servicios.

f. Informar o solicitar el permiso correspondiente antes de salir del centro de trabajo, así como reportar con exactitud el lugar que visitará y el motivo que justifique la salida, según sea el caso.

g. Notificar lo antes posible, verbalmente o por escrito, las causas que le impiden asistir al trabajo. Por ningún motivo se deberá esperar hasta el segundo día de ausencia para hacerlo, salvo casos de fuerza mayor comprobada. El aviso en sí de la no-asistencia, no representa la causa de justificación para la ausencia, ya que se deberá demostrar ante los superiores correspondientes de la jerarquía, la existencia de la causa justa, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la ausencia.

h. Vestir apropiadamente durante las horas de trabajo, de conformidad con el cargo que desempeña y los recintos donde presta sus servicios. El vestuario debe ser decoroso y prescindir de extravagancias o imágenes que atenten contra la moral.

i. Todos los funcionarios dotados de uniforme e implementos de seguridad deben vestirlo completo y sin modificaciones durante su jornada de trabajo, de lo contrario se contará como falta leve o grave, dependiendo de la reincidencia. Se deben observar rigurosamente las normas de seguridad e higiene ocupacional que dicten las leyes y autoridades respectivas, así como aquellas que indiquen en este campo las autoridades competentes de la Municipalidad.

j. Portar el carné de la institución, prendido en un lugar visible.

k. Participar y prestar colaboración a las comisiones y subcomisiones de salud, seguridad e higiene, comités permanentes y otros que se integren en la Municipalidad.

l. Someterse a pruebas de idoneidad (psicológicas, de conocimientos habilidades y otras) que fueren necesarias e indispensables para determinar la elegibilidad a puestos de mayor categoría.

m. Participar y colaborar en los cursos de capacitación que ofrezca la Municipalidad, así como mantenerse actualizado en lo conocimientos técnicos y prácticos, relacionados con la índole de las funciones y trabajo que ejecuten.

n. Rendir, con absoluto apego a la verdad, las declaraciones requeridas por las diferentes autoridades de la Municipalidad.

o. Avisar por escrito cuando se desee renunciar a un puesto, respetando lo estipulado en el 28 del Código de Trabajo.

p. Prestar los auxilios necesarios en casos de siniestro o riesgo inminente, cuando personas, bienes e intereses de la Municipalidad, o algún compañero de trabajo se encuentren en peligro.

q. Asegurarse, al terminar la jornada laboral, de que todo artefacto eléctrico que pueda representar un peligro, se encuentre apagado. También, deberá desconectar las máquinas, cubrirlas, apagar las luces si se sale de último y, en fin, tomar las medidas de precaución necesarias para la buena conservación del equipo y para evitar el desperdicio o mal uso de la energía eléctrica, del agua y de los recursos en general.

r. Presentar las facturas y liquidar lo asignado por caja chica de gastos y viáticos que le hubiera girado la institución, dentro del plazo que señale el respectivo reglamento.

s. Avisar al jefe respectivo de los riesgos laborales (accidente o enfermedad profesional), que sufra dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir del acaecimiento del accidente de trabajo, o de la determinación de la enfermedad.

t. No ingerir drogas ni licor en las horas de trabajo, y fuera de él cuando porte el uniforme o algún distintivo de la municipalidad. Será sancionado en caso de presentarse a laborar en estado de embriaguez o bajo algún efecto de droga.

CAPÍTULO VIII

Obligaciones de los funcionarios con autoridad

Administrativa, técnica o de ambos tipos

Artículo 21.—Además de lo contemplado en el artículo anterior y en el presente reglamento, los funcionarios que ocupen cargos con autoridad administrativa, técnica o de ambos tipos, están obligados a:

a. Diagnosticar periódicamente, en forma objetiva y veraz, las características del desempeño de todos sus colaboradores, tanto en el aspecto técnico como administrativo y brindarles o gestionar la capacitación que requieran.

b. Preparar informes y reportes con la correspondiente periodicidad sobre la marcha de su respectiva unidad o proceso; o en forma inmediata, sobre cualquier hecho relevante que requiera pronta solución.

c. Observar que se cumplan las normas de disciplina y asistencia de sus colaboradores.

d. Planificar, orientar y guiar a sus colaboradores para que las actividades y procesos asignados se desarrollen conforme a las normas de eficiencia y calidad deseadas.

e. Dictar las disposiciones administrativas y disciplinarias necesarias para la buena marcha del equipo de colaboradores.

f. Planear y programar, en los niveles que lo exijan, las condiciones del entorno y las acciones estratégicas y operativas pertinentes, además de formular los anteproyectos de presupuesto correspondientes.

g. Velar para que los funcionarios bajo su coordinación y supervisión cumplan con las obligaciones señaladas y no incurran en las conductas prohibidas por el capítulo X de este reglamento.

h. Efectuar la calificación y evaluación del desempeño de los colaboradores en forma objetiva, puntual y veraz, y enviar en el plazo estipulado los documentos y reportes que al efecto se establezcan.

i. Atender las observaciones, ideas e inquietudes del equipo de colaboradores y buscar la pronta solución a las gestiones que le formulen, siempre y cuando procedan dentro del ámbito de su actividad y conforme al ordenamiento establecido.

j. Velar para que las relaciones interpersonales sean cordiales y se desarrollen dentro de los cánones del respeto mutuo.

k. Crear un equipo de colaboradores con capacidad de autodirección y autocontrol.

l. Crear y mantener una cultura de trabajo orientada a estimular en sus colaboradores el trabajo en equipo, sustentado en un enfoque de procesos y productos y en una vocación de creatividad y anticipación a los cambios.

m. Cumplir con todas las responsabilidades que se le confieran y con aquellas contenidas en el Artículo 104 de la Ley General de la Administración Pública.

n. Velar para que sus subordinados disfruten de sus vacaciones de modo tal que no se produzcan acumulaciones indebidas de estas.

o. Brindar especial atención a los servidores en los aspectos propios de su desempeño durante el período de prueba.

p. Cumplir con sus funciones sin sujeción a los límites de la jornada establecida por este reglamento, cuando fuere necesario, sin que ello generare remuneración, siempre respetando lo establecido en dicha materia por el Código de Trabajo.

q. Elevar a decisión del Alcalde, al término improrrogable de tres días a partir del día cuando este tuvo conocimiento, las faltas graves en que incurrieron los servidores a su cargo.

r. Cumplir con todas las demás obligaciones propias de su cargo.

CAPÍTULO IX

De las obligaciones de los servidores que conducen

vehículos de la Municipalidad

Artículo 22.—Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en este reglamento y en otras leyes, son obligaciones específicas de quienes manejan vehículos de la Municipalidad:

a. Mantener al día la licencia de conducir en la categoría correspondiente.

b. Tratar con absoluto esmero y cuidado los vehículos de la Municipalidad, de modo que estos no sufran más daños y desperfectos que los debidos a la depreciación y al desgaste; responderán por ellos cuando sean ocasionados por su culpa o dolo, sin perjuicio de las sanciones aplicables.

c. No ingerir licor o drogas cuando están en servicio y no manejar bajo sus efectos o a velocidades que puedan propiciar accidentes de tránsito. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones es suficiente causal para el despido inmediato sin responsabilidad patronal.

d. Impedir la conducción de los vehículos que les han sido encomendados a personas extrañas a la Municipalidad, o que no estén debidamente autorizadas.

e. No transportar en los vehículos de la Municipalidad a personas ajenas al servicio, bienes u objetos que no sean los estrictamente necesarios para la función municipal.

f. Revisar con regularidad aconsejable el vehículo y reportar inmediatamente, ante la persona adecuada, los desperfectos que note y los ruidos que escuche y que hagan presumir la existencia de un daño.

g. Limitar el recorrido del vehículo al estrictamente necesario para proporcionar el servicio requerido por la Municipalidad y no ocuparlo en menesteres ajenos a este o personales.

h. Asumir la responsabilidad del equipo, llantas de repuesto y demás accesorios y herramientas de vehículo, durante el tiempo que permanezca bajo su cuidado; responderá por cualquier pérdida ocasionada por culpa o dolo.

i. Reportar inmediatamente al superior inmediato, cualquier infracción o accidente de tránsito que sufra, suministrando información lo más detallada y completa posible, tal como hora, lugar y circunstancias propias del accidente, el nombre o nombres de personas lesionadas o atropelladas, testigos, características del otro vehículo, si fuere el caso y, en general, todo tipo de detalles.

j. Respetar en todos su extremos la Ley de Tránsito.

CAPÍTULO X

De la utilización de software y equipo de cómputo

Artículo 23.—Los usuarios de los equipos no podrán mantener documentos de carácter personal o de cualquier otro tipo que no se relacionen estrictamente con la función municipal. Para estos efectos, los funcionarios de la Unidad de Cómputo de la Municipalidad podrán realizar revisiones del equipo al azar y sin previo aviso.

Artículo 24.—Para efectos de protectores y refrescadores de pantalla, podrán utilizarse únicamente los definidos por la municipalidad y conforme lo estable la directriz Nº 30 de El Presidente de la República, el Ministro de Gobernación y Policía y la Ministra de la Condición de la Mujer, publicada el día 22 de agosto del 2001, así como las reformas que se realicen en la misma.

Artículo 25.—El uso de Internet y correo electrónico está permitido solo a los funcionarios autorizados para ello, quienes deberán ajustarse a los estándares definidos por la Municipalidad. En caso de que se demuestre abuso en su utilización, de acuerdo con el análisis de las bitácoras registradas en la Unidad de Informática, se sancionará verbalmente en caso de reincidencia, se sancionará conforme lo establecido en este reglamento y las demás normas supletorias. De igual manera, en caso de que se compruebe que un funcionario esté accesando páginas clasificadas como pornográficas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres se aplicará la sanción escrita cuando sea por primera vez y si reincide, se le suspenderá sin goce de salario, de acuerdo con el artículo 149, inciso c del Código Municipal.

CAPÍTULO XI

Prohibiciones a los funcionarios

Artículo 26.—Además de lo establecido en este reglamento y en todas las normas supletorias que se le apliquen, queda prohibido a los funcionarios:

1. Usar el poder oficial o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio personal que implique un privilegio para sus familiares, amigos o para cualquier otra persona, medie o no la remuneración.

2. Emitir normas en su propio beneficio.

3. Usar el título oficial, los distintivos, la papelería o el prestigio de la oficina pública para asuntos de carácter personal o privado.

4. Usar los servicios del personal subalterno, así como los servicios que presta la institución a la que sirve, para beneficio propio, de familiares o amigos, salvo el derecho personal que pueda corresponderle.

5. Participar en transacciones financieras utilizando información de la Municipalidad que no es pública.

6. Aceptar pago u honorarios por discurso, conferencia o actividad similar a la que haya sido invitado a participar en su calidad de funcionario público.

7. Llevar a cabo trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de su empleo, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades municipales y que generen motivo de duda razonable sobre la imparcialidad en la toma de decisiones que competen al empleado, salvo excepciones admitidas por la ley.

8. Actuar como agente o abogado de una persona, salvo las excepciones de ley o si el interesado es cónyuge, hermano, ascendiente o descendente, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive, en reclamos administrativos o judiciales contra la Municipalidad.

9. Solicitar a gobiernos extranjeros o a empresas privadas, colaboraciones especiales para viajes, becas, hospitalidades, aportes en dinero u otras liberalidades semejantes, para su propio beneficio o para otro funcionario, aun cuando se esté en funciones del cargo. No opera esta disposición cuando se pida colaboración a varias entidades para la celebración de actividades de beneficencia organizadas por la municipalidad, o cuando se trate de programas de capacitación de personal que justifiquen esa colaboración, a criterio del Alcalde.

10. Efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, fuera de los cauces normales de la prestación del servicio o actividad, de forma tal que su acción implique una discriminación a favor del tercero.

11. Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios, remuneradamente o no, a personas de existencia física o jurídica, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración, o que fueran sus proveedores o contratistas.

12. Solicitar servicios o recursos especiales para la institución, cuando dicha aportación comprometa o condicione en alguna medida la toma de decisiones.

13. Hacer abandono o dejar de hacer las labores encomendadas sin causa justificada o sin permiso expreso del responsable de la actividad donde se encuentre ubicado. Sin perjuicio de otros supuestos, constituye abandono:

a- Distraer tiempo de sus horas de trabajo para asuntos ajenos a las labores correspondientes del cargo que desempeña.

b- Atender visitas en horas de trabajo y hacer llamadas telefónicas de carácter personal para asuntos ajenos a sus labores, a menos que estas sean de gravedad o de urgencia, en cuyo caso deberán ser lo más breves posibles.

c- Atender negocios de carácter personal, o ejecutar algún trabajo de cualquier naturaleza, ajeno a los fines de su función o de la Municipalidad.

d- Visitar otras oficinas que no sean aquellas donde presta sus servicios, a no ser que lo exija la naturaleza del trabajo; así como mantener conversaciones innecesarias con compañeros de labores o con extraños, en perjuicio o con demora del trabajo que se está ejecutando

e- Accesar a las redes sociales, internet mediante dispositivo móvil personales excepto en caso de urgencia.

14. Distraer con cualquier clase de juegos o bromas a los compañeros de trabajo o quebrantar la cordialidad y el mutuo respeto que deben prevalecer en las relaciones del personal de la institución.

15. Incumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, cuando sean propias de su competencia, salvo excepciones establecidas por ley.

16. Ejercer dentro de la institución, o en el desempeño de sus funciones, actividades de propaganda político-electoral.

17. Tomar represalias en contra de sus colaboradores, motivadas por causas político-electorales, o que impliquen violación de cualquier otro derecho que conceden las leyes.

18. Divulgar el contenido de informes o documentos confidenciales, así como hacer público cualquier asunto de orden interno o privado de la oficina, sin la autorización correspondiente.

19. Ingerir licor o presentarse a las labores en estado de embriaguez, drogadicción o cualquier otra condición análoga.

20. Emplear o ceder útiles, herramientas y equipo de cualquier tipo suministrado por la Municipalidad, para objeto distinto de aquel al que está oficialmente destinado.

21. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, salvo que ellas sean requisito derivado del desempeño de su cargo.

22. Recoger o solicitar, directa o indirectamente, contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros compañeros o funcionarios públicos; realizar colectas, rifas o ventas de objetos dentro de las oficinas, salvo las excepciones muy calificadas autorizadas por el Alcalde.

23. Ampararse en la condición de funcionario municipal o invocarle para obtener ventajas de cualquier índole, ajenas a las funciones que se le han encomendado.

24. Ejercer actividades profesionales cuando riñan con el ejercicio de las funciones que se estén desempeñando, cuando quebranten la prohibición que imponga la ley para el ejercicio liberal de la profesión, o violen los deberes del régimen de dedicación exclusiva; tampoco se debe servir como mediador para facilitar a terceros sus actividades profesionales, valiéndose para ello del cargo o posición que se ocupa.

25. Ejercer presión, hostigar, acosar, tomar represalias contra compañeros y subalternos, para obtener provecho personal en acciones relacionadas con credos políticos, religiosos, sexuales, económicos y de cualquier otra índole.

26. Fumar en el centro de trabajo de acuerdo con lo establecido en el Decreto No 7501, sobre la regulación del fumado. Ley 9028

27. Hacer propaganda religiosa y política en el centro de trabajo, o inclusive en horas laborales.

28. Extraer documentos, expedientes, equipo o al cualquier bien de la institución, sin permiso expreso y previo del superior jerárquico, aunque sea para dar cumplimiento a labores del municipio.

29. Tratar de resolver por medio de la violencia de hecho o de palabra las dificultades que surjan con jefes y demás servidores o usuarios.

30. Para todos los funcionarios que atienden de manera directa y continua a los usuarios está totalmente prohibido consumir refrigerios o comidas en su módulo de trabajo, pues para ello existen lugares designados en donde podrán consumir los alimentos en los horarios establecidos.

31. Incurrir en prácticas laborales desleales.

32. Nombrar a funcionarios con parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, con el jefe inmediato o con los superiores en el respectivo a la unidad u oficina, así también como lo señala el artículo 127 del Código Municipal.

33. Aquellas otras que se estipulen por los medios administrativos, jurídicos y las demás incluidas en la legislación existente al respecto que no se hayan considerado en este artículo.

CAPÍTULO XII

De las relaciones de servicio.

Artículo 27.—Las relaciones de servicio entre los servidores municipales y la Municipalidad de Tilarán se regirán por las disposiciones del Código Municipal, Código de Trabajo, Ley General de Administración Pública, Ley de Administración Financiera, Ley de Contratación Administrativa, Ley de Salarios, Leyes supletorias y conexas.

Artículo 28.—Son servidores municipales nombrados de acuerdo con el artículo 125 del Código Municipal y que satisfacen los requisitos que establece el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública, y lo estipulado en el artículo 118 del Código Municipal.

Artículo 29.—Todo trabajador deberá estar amparado a un contrato de trabajo o acción de personal que contendrá el salario devengado, especificando el salario base y pluses salariales.

Artículo 30.—La relación de servicio puede ser:

a. Por tiempo indeterminado: Cuando tiene por objeto desarrollar las actividades propias y de manera permanente de la Municipalidad.

b. A plazo fijo o por tiempo determinado: Cuando el trabajador consiente en prestar servicios por un período determinado, cuya iniciación y terminación se conocen previamente. Podrá contratarse a un servidor bajo esta modalidad para sustituir a otro que se encuentre con permiso sin goce de salario hasta por un período máximo de un año; en suplencia, para sustituir a otro servidor por enfermedad; y en la partida de Servicios Especiales, por el tiempo que se haya presupuestado. También podrá contratarse a un servidor, a plazo fijo, dentro de la partida de Servicios Especiales, para los puestos de confianza y los señalados en el artículo 118 del Código Municipal; en estos casos se definirá el plazo del nombramiento a conveniencia de la Municipalidad, y los jornales ocasionales, el tiempo de inicio y el de finalización se definirán por la realización del trabajo. Por otro lado, en plaza vacante se podrá contratar un servidor por un período de dos meses, de acuerdo con el artículo 130 del Código Municipal.

Artículo 31.—En toda relación de servicio por tiempo indeterminado habrá un período de prueba de hasta tres meses de acuerdo con el artículo 133 del Código Municipal. El período de prueba se aplicará también en los casos de ascenso o traslado; en consecuencia, el servidor podrá ser reintegrado a su anterior ocupación, cuando la Municipalidad estime que no reúne satisfactoriamente las competencias requeridas para el normal desempeño del cargo en cuestión o bien, cuando el propio servidor así lo solicite.

Artículo 32.—Los puestos de confianza, ubicados en Servicios Especiales y de acuerdo con el artículo 118 del Código Municipal, estarán sometidos a los requisitos establecidos en el Manual Descriptivo de Puestos.

Artículo 33.—La descripción de las actividades que se hace en el Manual de Puestos de la Municipalidad es tan solo representativa, pero debe respetarse el mínimo de requisitos necesarios para cubrir las necesidades del puesto.

Cualquier aplicación del manual es válida en la medida que guarde relación con la capacidad del funcionario y la naturaleza del puesto que ocupa. El servidor tendrá la obligación de prestar servicios en diferentes tareas dentro de la misma clase, según determine la municipalidad de conformidad con el Manual Descriptivo de Puestos, a fin de garantizar un conocimiento integral de las diferentes operaciones.

La Municipalidad, previo cumplimiento del debido proceso, con la debida justificación y con fundamento en los principios de eficiencia y gestión local, podrá cambiar el horario y el lugar de trabajo y jornada, siempre que no se cause un perjuicio grave al trabajador. También, podrá reubicar a los funcionarios dentro de la Municipalidad, siempre y cuando se respeten las tareas propias de la clase.

CAPÍTULO XIII

De la carrera administrativa

Artículo 34.—La carrera administrativa es un derecho de los servidores de la Municipalidad de Tilarán, y se regirá por lo que indica el artículo 119 del Código Municipal y su Reglamento de Carrera Administrativa.

CAPÍTULO XIV

De las becas y la capacitación

Artículo 35.—La materia relativa a la concesión de becas y a la capacitación de los funcionarios de la Municipalidad estará regulada por la normativa interna que se disponga para ello.

CAPÍTULO XV

De la evaluación del desempeño

Artículo 36.—La evaluación del período de prueba y la evaluación anual del servidor estarán reguladas por lo que establece el Reglamento de Carrera Administrativa de la Municipalidad de Tilarán.

CAPÍTULO XVI

De los salarios, incentivos y otras

Compensaciones económicas.

Artículo 37.—Los salarios mínimos de los servidores serán los aprobados por el Concejo Municipal de acuerdo a la Escala Salarial de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Los reajustes salariales se aplicarán de acuerdo al costo de vida. En todo caso se tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de la Municipalidad como lo indica el numeral 122 del Código Municipal. Los pagos se realizarán en las fechas programadas mediante depósitos en la cuenta de ahorro que cada funcionario ha indicado para tal efecto, o el Banco que la Municipalidad designe.

Artículo 38.—La Comisión de Salarios integrada por la Encargada de Recursos Humanos, la Coordinación de Hacienda, la Unidad de Planificación, la jefatura de Procesos Jurídicos y el Alcalde, realizarán el estudio correspondiente con el objetivo de realizar los ajustes necesarios para que ningún funcionario devengue menos salario del que le corresponda a la categoría de puestos. Esta Comisión llevará la moción correspondiente al Concejo Municipal para estudiar la propuesta de acuerdo a la proyección del presupuesto municipal.

Artículo 39.—Todos los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones deban viajar dentro o fuera del país tendrán derecho a que se les reconozca los gastos de transporte y viáticos, consistentes en pasajes, alimentación y hospedaje, entre otros, de acuerdo con la tabla de viáticos vigente aprobada por la Contraloría General de la República, al momento de la solicitud. Este reconocimiento deberá efectuarse antes del inicio de la gira respectiva y su pago no se considerará salario para ningún efecto legal.

Artículo 40.—En caso de recargo de funciones, el servidor devengará el salario base correspondiente a la categoría del puesto que se le recargue, todo de conformidad con lo señalado en la circular 8060 de la Contraloría General de la República, en su versión actualizada.

Artículo 41.—Todo servidor municipal tendrá derecho a que se le reconozca por concepto de anualidad un 3% sobre la base salarial, por cada año laborado, a la vez que anualmente tendrán una evaluación y calificación de sus servicios, que servirá como apreciación de rendimiento, estímulo para impulsar mayor eficiencia y factor a considerar para el reclutamiento y la selección, la capacitación, los ascensos, el aumento de sueldo, la concesión de permisos y las reducciones forzosas de personal. Las categorías a utilizar serán las siguientes: Regular, Bueno, Muy Bueno y Excelente, se hará efectiva en la primera quincena del mes de junio de cada año. Si el resultado de la evaluación y calificación de servicios anual del servidor fuese regular y hubiese desacuerdo, será resuelto por el Alcalde Municipal, previa audiencia a las partes interesadas.

La Oficina de Recursos Humanos confeccionará los formularios para tal fin y velará por que cada Jefe cumpla esta disposición, todo conforme al Manual Genérico de Evaluación del Desempeño Municipal implementado por la UNGL y la normativa del Capítulo V (Incentivos y Beneficios) del Código Municipal, es requisito indispensable que el servidor obtenga nota de calificación de Bueno para la aplicación del 3% de anualidad a su base salarial.

Artículo 42.—El aguinaldo se pagará en la primera quincena del mes de diciembre, de acuerdo con lo que establece el decreto 1835, sobre la Regulación de Pago del Aguinaldo, o cualquier otra disposición legal o reglamentaria que lo mejore.

Artículo 43.—La compensación económica por concepto de Prohibición del ejercicio particular de la profesión y Disponibilidad, se regulará conforme lo indique su propio reglamento.

Artículo 44.—Los funcionarios podrán acogerse al pago por concepto de Dedicación Exclusiva según las disposiciones del Reglamento de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Tilarán.

Artículo 45.—El pago de salarios se hará Quincenal.

CAPÍTULO XVII

De la salud ocupacional y equipo de trabajo

Artículo 46.—Es deber de la Municipalidad procurar el bienestar físico, mental y social de los funcionarios municipales, para lo cual deberá mostrar especial atención e interés en todo lo relacionado con la salud ocupacional.

Artículo 47.—La Unidad de Recursos Humanos elaborará e impulsará el programa de salud ocupacional de conformidad con el artículo 288 de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y sus reformas.

Artículo 48.—La Municipalidad, dentro de sus posibilidades materiales y profesionales, brindará los servicios de un médico de empresa para la atención y prevención de las enfermedades de los funcionarios. De igual forma, la Municipalidad procurará realizar actividades de tipo recreativo, cultural, deportivo, y educativo, con el fin de contribuir a la integración de los trabajadores y de sus familias, por medio de éstas, al fortalecimiento de las relaciones entre la Institución y los trabajadores.

Artículo 49.—La Municipalidad adoptará las medidas necesarias tendientes a proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física y moral de los funcionarios, manteniendo en estado adecuado lo relativo a:

a. Edificaciones, instalaciones, equipo y condiciones ambientales.

b. Suministro, uso y mantenimiento de equipos y materiales para la protección personal.

c. Suministro de un uniforme por año al personal que sus labores deban de realizarse en el campo incluido los guardas. Un par de zapatos adecuados, dos camisetas, 2 pantalones, cuando así se requiera guantes de cuero, capa, chalecos, anteojos de seguridad, cascos y orejeras

A los albañiles y carpinteros se les proporcionará además delantales.

A los notificadores, inspectores y mensajeros, se les proporcionará además una capa de dos piezas por año, y un portafolio cada dos años.

Los trabajadores no podrán hacerle modificaciones a los uniformes.

Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos que para su salud conlleva la actividad a la que están dedicados. Además, se les deberá informar de todo factor de riesgo conocido o sospechoso en el ambiente de trabajo que pueda afectar su salud o la del resto de compañeros de trabajo.

Artículo 50.—La Municipalidad establecerá una Comisión de Salud Ocupacional del Trabajo cuyo objetivo será la capacitación en salud ocupacional, emergencias y riesgos del trabajo, de forma que exista retroalimentación permanente al resto de los funcionarios respecto a la difusión y práctica de métodos y sistemas técnicos de prevención en esta materia.

Artículo 51.—Todo funcionario municipal tendrá derecho a presentar ante la Comisión de Salud Ocupacional las quejas y propuestas tendientes a mejorar las condiciones laborales, con el propósito de que esta canalice la solución del problema a través de los medios adecuados.

CAPÍTULO XVIII

De la regulación del fumado

Artículo 52.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 9028, llamada Ley sobre la Regulación del Fumado, se prohibirá y sancionará, a todos los servidores sin excepción, el fumado dentro de oficinas, pasillos, servicios sanitarios y otros sitios no autorizados para tales efectos.

Artículo 53.—Los jefes inmediatos serán responsables de advertir a los funcionarios sobre la prohibición del fumado. La Municipalidad deberá, asimismo, indicar dicha prohibición por medio de rótulos en lugares visibles.

Artículo 54.—Por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Fumado y en este reglamento se impondrá una multa equivalente a la cuarta parte del salario base menor pagado en la municipalidad, en aplicación a la Ley N° 9028.

CAPÍTULO XIX

Del hostigamiento sexual

Artículo 55.—Para los efectos del presente reglamento y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, N°7476 del 3 de febrero de 1995, se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos:

a. Condiciones materiales de empleo.

b. Desempeño y cumplimiento en la prestación del servicio.

c. Estado general del bienestar personal.

También se considera acoso sexual la conducta lasciva que, habiendo ocurrido aunque fuere una sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados.

Artículo 56.—La persona afectada planteará la denuncia escrita o verbal ante la jefatura del departamento o dirección; en ausencia o por impedimento legal de esta persona, podrá hacerlo ante el superior de la jefatura inmediata.

De lo manifestado se levantará un acta que suscribirá, junto a la persona ofendida, quien recibe la denuncia. En el acta deberá indicarse:

a. Nombre de la persona denunciante, número de cédula y lugar de trabajo.

b. Nombre de la persona denunciada y lugar de trabajo.

c. Indicación de las manifestaciones de acoso sexual que afectan a la persona denunciante.

d. Fecha aproximada a partir de la cual ha sido víctima del acoso sexual.

e. Firma de la persona denunciante y de quien recibe la denuncia.

Durante los dos días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, corresponderá a la oficina que la recibió informar mediante oficio, en sobre cerrado, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y a la Defensoría de los Habitantes.

Artículo 57.—En un plazo no mayor a cinco días naturales después de recibido el oficio ante el Alcalde, este procederá a conformar el Órgano Director que se regirá por las normas del procedimiento administrativo que se dictan en el presente reglamento y en las leyes que rigen la materia.

Artículo 58.—El Alcalde podrá reubicar en otro unidad a la persona ofendida, de manera temporal, si esta lo solicita.

Artículo 59.—Serán tipificados como manifestaciones del acoso sexual los siguientes comportamientos:

a. Requerimientos de favores sexuales que indiquen:

i. Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación actual o futura de empleo de quien la reciba.

ii. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación actual o futura de empleo de quien la reciba.

iii. Exigencia de una conducta de sujeción o rechazo, sea de forma implícita o explícita, como condición para el empleo.

b. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes ofensivas para quien las reciba.

c. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas y ofensivas para quien las reciba.

Artículo 60.—El procedimiento administrativo interno deberá ser llevado a cabo guardando confidencialidad absoluta de los hechos y sus participantes, respetando los principios que rigen la actividad administrativa y garantizando, ante todo, el debido proceso.

Artículo 61.—Cualquier infidencia de una persona que conforme el Órgano Director o de cualquier otro funcionario vinculado directa o indirectamente con el procedimiento, se considerará falta grave de acuerdo con las disposiciones de este reglamento.

Artículo 62.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 7476, las sanciones por hostigamiento sexual se aplicarán de conformidad con las reglas de la sana crítica racional. Considerando la gravedad de los hechos, se podrá sancionar de la siguiente forma amonestación escrita, suspensión sin goce de salario y despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente, cuando la conducta constituya hechos punibles según lo establecido en el Código Penal.

Artículo 63.—La persona que denuncia hostigamiento sexual falso podrá incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia, de acuerdo con las disposiciones correspondientes del Código Penal, sin perjuicio de que a criterio de la Administración se le pueda abrir un proceso administrativo sancionatorio.

CAPÍTULO XX

De los derechos de los servidores

Artículo 64.—Los funcionarios regulares tendrán derecho a:

a. Recibir capacitación conforme a la naturaleza de su trabajo y al desarrollo tecnológico requerido para su mejor desempeño y estímulo.

b. Estabilidad en el puesto.

c. Reasignación de los puestos conforme a las regulaciones establecidas en esta materia.

d. Carrera administrativa, siempre y cuando participe en los concursos internos y reúna los requisitos establecidos para el puesto objeto de concurso.

e. Recibir instrucciones claras y precisas sobre sus labores, deberes y responsabilidades.

f. Aportar y recibir retroalimentación acerca de sus ideas y de aquellos asuntos relacionados con las labores que desempeña.

g. Contar con un local acondicionado y adecuado para ingerir sus alimentos y bebidas durante el tiempo estipulado.

h. Contar con los instrumentos, equipos y materiales mínimos necesarios para realizar su trabajo; así como con las condiciones físico-ambientales apropiadas, considerando los lugares donde deba permanecer la mayor parte del tiempo para hacer su trabajo, excepto cuando este deba realizarse obligadamente a la intemperie, o bajo condiciones adversas de clima y ambiente.

i. Ser escuchado y atendido por las instancias establecidas para resolver situaciones encubiertas o manifiestas de hostigamiento y acoso sexual.

j. El pago de viáticos para los funcionarios que, por la índole de sus actividades laborales, deban trasladarse a prestar sus servicios donde se les requiera y conforme a las regulaciones establecidas sobre este particular.

k. El debido proceso para ejercer su derecho de defensa.

l. Un período de lactancia de una hora diaria y hasta que el infante cumpla el año de nacido, y si los nacidos son más de uno, en apego a la ley de lactancia y dictamen médico que lo demuestre, certificado expedido por la CCSS conforme lo resuelto por la Sala Constitucional.

m. No ser despedidos de sus cargos a menos que incurran en causal de despido y habiéndose tramitado un debido proceso de conformidad con este reglamento, la legislación laboral vigente, o cuando se trate de procesos de reestructuración.

CAPÍTULO XXI

De las Vacaciones

Artículo 65.—Los servidores (as) de la Municipalidad disfrutarán de vacaciones anuales renumeradas de acuerdo con las siguientes normas:

a) Si hubieren trabajado de cincuenta semanas a cuatro años y cincuenta semanas, gozarán de quince días hábiles de vacaciones.

b) Si hubieren trabajado de cinco años y cincuenta semanas a nueve años y cincuenta semanas, gozarán de veinte días hábiles de vacaciones.

c) Si hubieren trabajado, durante diez años y cincuenta semanas o más, gozarán de treinta días hábiles de vacaciones.

El derecho a vacaciones se tiene cualquiera que sea la modalidad de la relación laboral del servidor (a) con la Municipalidad y aunque no preste servicios todos los días de la semana laboral, ni la totalidad de la jornada ordinaria.

Artículo 66.—Cuando ingrese a laborar un funcionario al que se le ha reconocido el pago de anualidades y los años de servicio, se le otorgará vacaciones de acuerdo con el mismo tiempo laborado en la Administración Pública; sin embargo, no podrán reconocerse vacaciones no disfrutadas correspondientes a períodos anteriores laborados antes de ingresar a la municipalidad.

Artículo 67.—Para obtener el derecho a las vacaciones anuales, es necesario que el funcionario haya prestado sus servicios durante cincuenta semanas continuas. Sin embargo, si por cualquier causa no completara ese plazo por terminación de su relación de servicio, o porque se le autorice a acogerse a las vacaciones antes de cumplir el período correspondiente, tendrá derecho a vacaciones proporcionales, conforme a las siguientes disposiciones:

a) Un día por cada mes de trabajo, en los casos en que se haya cumplido las cincuenta semanas de servicio.

b) Uno punto veinticinco (1.25) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de quince días hábiles de vacaciones.

c) Uno punto sesenta y seis (1.66) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de veinte días hábiles de vacaciones.

d) Dos puntos veintinueve (2.29) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de treinta días hábiles de vacaciones.

Para la determinación de los días hábiles, se excluirán los días de descanso semanal y los fijados establecidos por el artículo 147 del Código de Trabajo y los días de asueto que conceda el Poder Ejecutivo, siempre que el asueto comprenda a la dependencia y el funcionario (a) que se trate.

Para la determinación de los días hábiles, se excluirán los días de descanso semanal y los feriados establecidos en el artículo 147 del Código de Trabajo y los días de asueto que conceda el Poder Ejecutivo o inclusive el Concejo Municipal, siempre que el asueto comprenda a la Municipalidad.

Artículo 68.—Los Coordinadores, Encargados de Unidad y el Alcalde, señalarán la época en que los funcionarios bajo su cargo disfrutarán de vacaciones, tratando de que no se altere la buena marcha de las labores encomendadas, ni que sufra menoscabo la efectividad del descanso. La fijación deberá hacerla dentro de las quince semanas siguientes al día en que se cumpla el derecho de disfrutar las vacaciones. Si transcurridas las quince semanas no se ha fijado la fecha correspondiente, el funcionario podrá solicitar las vacaciones por escrito ante el jefe de la unidad administrativa correspondiente. En tal caso, se deberá conceder el disfrute de vacaciones a más tardar dentro del mes posterior a la solicitud; si el jerarca no las otorga en los ocho días siguientes a ese mes, el servidor podrá reportar esta situación a la Unidad de Recursos Humanos, quien otorgará las vacaciones e iniciará el proceso correspondiente para determinar las eventuales responsabilidades del jerarca incumpliente.

Artículo 69.—Las vacaciones se deberán gozar sin interrupciones. Estas podrán ser divididas hasta en dos fracciones como máximo. En aquellos casos cuando la jefatura requiera del nombramiento de una suplencia, las vacaciones se deberán gozar sin fraccionar.

Las boletas de vacaciones serán autorizadas por los coordinadores de proceso y unidad, presentándolas como mínimo con tres días de antelación al disfrute de estas a la Unidad de Recursos Humanos, el cual informará al día siguiente si fueron aceptadas o no. Sin embargo, cuando se requiera suplir a un funcionario por disfrute de vacaciones, la boleta se presentará por lo menos con tres semanas de antelación.

Artículo 70.—El pago de vacaciones se hará con base en lo que establece el Código de Trabajo y lo establecido por la Contraloría General de la República, a través de las circulares que esta emita al respecto.

Artículo 71.—Cuando un servidor haya disfrutado de un permiso sin goce de salario o haya estado incapacitado, las vacaciones se le computarán de igual manera como si hubiera estado laborando, ya que la relación de trabajo no está finiquitada. Esto para el pago de vacaciones si se termina la relación laboral o bien para su disfrute, si tal relación continúa.

Artículo 72.—Cuando se presente un caso de emergencia o de urgencia en el trabajo y se considere que la solución del problema podría estar en el regreso inmediato del servidor en vacaciones, podrá pedirse a éste su regreso. Si está anuente, se interrumpirá el disfrute por todo el tiempo que sea necesario y, al término de la situación que la originó, continuará el servidor el disfrute de su derecho. Esto lo deberá informar por escrito el jefe inmediato a la Unidad de Recursos Humanos, para el control correspondiente y con la debida motivación que justifique dicha acción.

Artículo 73.—Por razones de suma urgencia y debidamente justificadas, el trabajador podrá solicitar un adelanto de sus vacaciones que, en ningún caso, podrá superar el número de días que proporcionalmente corresponda a los meses laborados.

CAPITULO XXII

De las licencias con y sin goce de salario.

Artículo 74.—Siendo un derecho del funcionario (a) de la Municipalidad, podrá solicitar licencia ocasional o de excepción en los siguientes casos: Las licencias por regla general, serán sin goce de sueldo, no obstante tratándose de casos especiales contemplados en el Código Municipal, podrán concederse con el disfrute de la retribución correspondiente.

Situaciones familiares del servidor (a): Se podrá conceder licencia por cinco días hábiles en caso de matrimonio del funcionario (a) o de fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos (as), hermanos (as), cónyuge o compañero (a), legalmente reconocido; al padre en caso del nacimiento de su hijo (a) o de adopción de un (una) menor; en estos casos, el funcionario (a) deberá presentar la boleta de la concesión de la licencia y el día de su regreso deberá presentar los documentos probatorios pertinentes, remitiéndolos para su archivo al expediente personal a la Oficina de Recursos Humanos.

Los documentos probatorios serán cuando menos los siguientes: según el caso, certificado o constancia de matrimonio, certificado de defunción, acta de nacimiento o de adopción.

Actividades sindicales: La Municipalidad podrá otorgar licencias que no podrán exceder de tres meses a los (las) miembros y dirigentes de sindicatos que cuenten con afiliados (as) en la Municipalidad, para asistir a seminarios, cursos de capacitación o de estudios en general, dentro o fuera del país, los cuales dependerán de que las necesidades de la oficina o dependencia en donde presten los servicios, así lo permitan, debiendo aportarse para ello los documentos probatorios que se consideren pertinentes, así como la personería al día, del sindicato solicitante, o en su defecto, copia autenticada del nombramiento de la Junta Directiva, remitida por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Municipalidad podrá autorizar licencias a los (as) integrantes de las juntas directivas de los respectivos sindicatos, para desempeñar el cargo, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador (a) conforme lo establecen los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el país.

c) Otras actividades del servidor (a):

1. El Alcalde (sa) podrá otorgar licencias que no excedan de tres meses, para que los funcionarios (as) acojan las invitaciones de gobiernos o de organismos internacionales, para viajes de representación o participación en seminarios, congresos o actividades similares.

2. Hasta por quince días al servidor (a) que haya sido designado para representar al país, tanto en el interior como en el extranjero, en actividades culturales, académicas o deportivas; siempre y cuando se aporte certificación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de la oficialidad del evento y de la escogencia del funcionario para dicho evento.

d) En casos de fuerza mayor: serán otorgados hasta por cinco días hábiles al trabajador que sufra un caso de calamidad doméstica, incendio, derrumbe o cualquier otra circunstancia similar de fuerza mayor.

e) En los demás casos de licencias:

1. Serán otorgadas por el (la) responsable de la dependencia, quien dependiendo del tipo de licencia solicitada por el servidor (a) procederá a trasladar la petición a la Oficina de Recursos Humanos, para determinar, si será otorgada sin goce de sueldo, con goce de sueldo o se deducirá de su periodo de vacaciones, en este último caso el número de días de la licencia no podrá exceder del número de días de vacaciones con que cuenta el funcionario (a) en el momento de otorgarse el permiso. El servidor (a) deberá presentar los documentos probatorios pertinentes, los cuales el coordinador (a) de la dependencia enviará junto con la boleta de concesión de la licencia a la Oficina de Recursos Humanos para su archivo en el expediente personal.

Artículo 75.—El Alcalde podrá conceder licencia con goce de salario en los siguientes casos:

a. Por nacimiento de un hijo o adopción, el trabajador disfrutará de cinco días hábiles, contados a partir del día en que den de alta a la esposa, o del día del nacimiento o adopción del menor. Para esto debe presentar una copia de la constancia del nacimiento o adopción del menor.

b. Por matrimonio del servidor disfrutará de cinco días hábiles, solicitados con antelación y contados a partir del día de la ceremonia, a su regreso, deberá de presentar la respectiva acta de matrimonio.

c. Por muerte del o la cónyuge, compañero (a) padres (naturales o adoptivos), hijos, entenados y hermanos consanguíneos, el servidor tendrá derecho a 5 días hábiles a partir del día del sepelio, los que justificará a su regreso a laborar, con una copia del acta de defunción.

d. Por enfermedad de padres, hijos, cónyuges y hermanos que habiten en el mismo hogar y debidamente comprobado el estado de salud de estos familiares, el servidor tendrá derecho a cinco días hábiles que solicitará por escrito con la constancia médica correspondiente, emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social o Medicina Mixta.

e. Para asistir a citas judiciales o médicas personales, el servidor tendrá derecho a utilizar el tiempo estrictamente necesario, lo que demostrará mediante comprobación de atención y tiempo utilizado ante la Oficina de Recursos Humanos.

f. Para asistir a citas médicas de hijos menores de edad, o mayores en casos calificados y especiales de enfermedad, del cónyuge o padres, siempre que presente el comprobante de la Caja Costarricense del Seguro Social ante la Oficina de Recursos Humanos. El servidor tendrá derecho a utilizar el tiempo estrictamente necesario.

g. Para asistir a cursos de capacitación dentro o fuera del país, de acuerdo con la conveniencia de la Municipalidad y a juicio del Alcalde.

h. Por casos de calamidad doméstica y de fuerza mayor, incendio, derrumbe, inundación u otro siniestro natural, que sufriere el servidor, le será otorgado permiso hasta por cinco días, a juicio del Alcalde.

Artículo 76.—En los casos que estén debidamente justificados por presentarse alguna emergencia de tipo familiar, ante la jefatura de unidad o coordinadores facultados para otorgar el permiso correspondiente, siempre que no exceda de un día.

Artículo 77.—El Alcalde podrá conceder permisos sin goce de salario hasta por seis meses, prorrogables una sola vez por un plazo igual, con previa consulta de la jefatura superior del solicitante y verificación de que no se perjudicará el funcionamiento municipal, de acuerdo al artículo 145 del Código Municipal. Quien haya disfrutado de un permiso sin goce de salario no podrá obtener otro si no ha transcurrido un período igual al doble del tiempo del permiso anterior concedido. Para obtener un permiso de esta naturaleza, el servidor deberá tener, como mínimo, un año de laborar para la Municipalidad.

Como excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera nombrado en un puesto de elección popular, podrá otorgársele un permiso sin goce de salario hasta por el período que le corresponda ejercerlo.

Todo permiso sin goce de sueldo deberá solicitarse con un mínimo de diez días hábiles de antelación.

CAPITULO XXIII

De las incapacidades para trabajar

Artículo 78.—La Municipalidad reconocerá las ausencias al trabajo del servidor motivadas por incapacidad para trabajar, ya sea por enfermedad, maternidad o riesgo profesional de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a. La Municipalidad pagará en un 100% la incapacidad para trabajar por motivos de enfermedad hasta por 3 días cuando la misma sea por la CCSS, en caso que esta sea por el INS se reconocerá el porcentaje correspondiente desde el primer día hasta completar un 100%.

b. Cuando la incapacidad es por cuatro o más días, la Municipalidad pagará al funcionario el porcentaje correspondiente de indemnización hasta completar el 100% del salario, durante el tiempo que dure la incapacidad y hasta un tope de 104 semanas. Por incapacidad del Instituto Nacional de Seguros, la Municipalidad dará otro tanto por ciento para completar la totalidad del salario del trabajador, durante el tiempo que dure la incapacidad y hasta un tope de 104 semanas.

c. Por maternidad se pagarán cuatro meses, de acuerdo con lo que establece el Código de Trabajo, reconociendo la diferencia que exista entre el total de su salario y lo que pague la Caja Costarricense del Seguro Social.

En ningún caso de incapacidad para trabajar por enfermedad, maternidad o riesgo de trabajo, el monto del subsidio que pague la respectiva institución aseguradora, sumando al que pague la Municipalidad, podrá exceder el monto del salario del servidor.

CAPÍTULO XXIV

De la jornada de trabajo

Artículo 79.—La jornada ordinaria de trabajo de los servidores municipales, se desarrollará de la siguiente manera.

a) Personal administrativo: de lunes a jueves de 7:00 a. m. a las 4:00 p. m. (jornada continua), con descanso de una hora para almorzar. Los viernes de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

b) Personal de campo: de lunes a jueves de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. (jornada continua) con un descanso de una hora para almorzar. Los viernes de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

c) Además, tendrán un descanso de 15 minutos en la mañana y 15 minutos por la tarde, entre las nueve y diez horas y entre las catorce y quince horas reguladas por la Alcaldía, con apego al Código de Trabajo.

No obstante, la Municipalidad, podrá establecer jornadas ordinarias inferiores a estas por razones de salud, ocupación, u horarios de trabajo distintos a los aquí señalados. En cuanto a la jornada y horario de trabajo de los conserjes, guardas, choferes y cualquier otro puesto que lo justifique, será regulado por el Alcalde y la Oficina de Recursos Humanos, en conjunto con el jefe de la dependencia respectiva.

Artículo 80.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, estarán obligados a prestar sus servicios hasta por 12 horas diarias, con hora y media de descanso, conforme lo dispuesto en el Código de Trabajo.

Artículo 81.—Los funcionarios de la Municipalidad desempeñarán sus funciones durante todos los días hábiles y durante las horas reglamentarias. No se podrá conceder permisos para trabajar menos horas de la jornada ordinaria, salvo por motivos de estudio, en la forma regulada, por el Reglamento de Capacitación.

Artículo 82.—Son días hábiles todos los días del año, excepto los feriados considerados en el Código de Trabajo. Los días que no se encuentran contemplados como feriados en el Código de Trabajo, podrán ser disfrutados por el trabajador(a) a su conveniencia, con la debida autorización del jerarca administrativo.

Artículo 83.—Todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria de servicio que se establezca en las unidades administrativas de la Municipalidad o durante los días no hábiles, será considerado como extraordinario y se remunerará conforme a lo dispuesto por el Código de Trabajo y la Circular 8060 de la Contraloría General de la República en su versión actualizada.

Cuando por requerimiento de la Administración, para el cumplimiento de los fines del Servicio Público deba trabajarse tiempo extraordinario, el jefe deberá entregar la autorización de la jornada extraordinaria al funcionario requerido.

La jefatura que indique al servidor que debe trabajar la jornada extraordinaria deberá asegurarse de que exista el contenido presupuestario correspondiente. En el caso de que se indicara a un funcionario trabajar sin que hubiera presupuesto para pagarle, recaerá en el jefe el pago al funcionario.

No se pagará, en ningún caso, el tiempo extraordinario ejecutado sin la autorización previa de la jefatura de cada unidad o coordinación.

Cuando dicha jefatura autorice algún tiempo extraordinario, deberá comprobar previamente que exista el contenido presupuestario para pagarlo. No se reconocerá como trabajo extraordinario el tiempo necesario para subsanar errores imputables al funcionario y que hubiere cometido dentro de la jornada ordinaria o extraordinaria. No podrá pagarse a quienes ocupen puestos de confianza o jefatura, salvo después de una jornada de diez horas.

La jornada ordinaria sumada a la extraordinaria, no podrá exceder las doce horas diarias, salvo casos excepcionales de siniestro ocurrido o peligro para las personas, el establecimiento o las instalaciones, donde no puedan sustituirse los servidores o suspenderse las labores de los que están trabajando.

La jornada extraordinaria es de naturaleza excepcional, por lo que no puede autorizarse jornada extraordinaria permanente, salvo en el caso de jornadas mixtas y nocturnas en servicios en donde se trabaje las veinticuatro horas del día y, consecuentemente, en la jornada mixta, en la cual se trabaja una hora extraordinaria, y en la nocturna, dos horas extraordinarias.

La jornada extraordinaria se reportará a la unidad encargada de realizar el pago de planilla, mediante los formularios establecidos para tal efecto y en el calendario fijado por dicho departamento; no se recibirán reportes de un mes de atraso. En este caso, la Municipalidad posee la facultad de exigir al funcionario responsable de la tramitación del reporte de horas extraordinarias, la indemnización civil y administrativa correspondiente.

Artículo 84.—Cuando se deba laborar jornadas extraordinarias por razones de suma urgencia y no se cuente con el presupuesto correspondiente para el pago, el jefe dela unidad o coordinación, con la anuencia del servidor, acordará compensar dicho lapso adicional con reposición de tiempo. Para esto ambos funcionarios deberán reportar tal acuerdo por escrito a la Unidad de Recursos Humanos, para que sea registrado y controlado.

Artículo 85.—Salvo por un impedimento grave, los servidores están en la ineludible obligación de laborar horas extraordinarias hasta por el máximo permitido por la ley, cuando necesidades imperiosas e impostergables de la Municipalidad así lo requieran. En cada caso, la jefatura inmediata deberá comunicarlo al servidor con anticipación a la jornada extraordinaria que debe laborar. La negativa injustificada a laborar jornada extraordinaria se tendrá como falta grave, para efectos de sanción.

Artículo 86.—En casos muy calificados cuando el funcionario no pueda ingresar a la hora establecida, el jefe inmediato podrá autorizar el ingreso de dicho servidor fuera del horario, siempre que su trabajo no tenga una relación directa con el usuario o con la atención al público. De este modo se entenderá que el tiempo concedido será de reposición con la fiscalización de la jefatura. Las marcas de asistencia deberán corresponder a la jornada de ley. En todo caso, deberá comunicarse a la Unidad de Recursos Humanos para el respectivo control de asistencia. Lo anterior no constituye un derecho adquirido ni tampoco causará a la Administración erogación alguna por concepto de horas extra, por lo cual el funcionario deberá retornar a su horario habitual cuando la causa que originó esta prerrogativa haya desaparecido.

CAPÍTULO XXV

Del registro y control de asistencias, llegadas tardías y ausencias.

Artículo 87.—La asistencia al trabajo será registrada personalmente por cada funcionario al inicio y finalización del horario establecido, como también a la salida y a la entrada de la hora del almuerzo, mediante la forma en que la Administración establezca.

Artículo 88— Se entenderá como omisión de marca, la ausencia de esta en el respectivo registro, en la jornada laboral correspondiente.

Artículo 89—Solo se considerarán como válidas y justificadas las omisiones de marca que se originen en la imposibilidad real de registrar la marca con ocasión o falta de fluido eléctrico, desperfecto mecánico, por inasistencia del trabajador a sus labores y/o por la atención en asuntos propios del cargo fuera del centro de trabajo.

Artículo 90.—Los registros de asistencia serán computados semanalmente y la Unidad de Recursos Humanos notificará, en caso necesario, al superior inmediato sobre las irregularidades de la asistencia. Sin embargo, los servidores que por algún motivo muy calificado no registraron la asistencia, deberán justificarlo el día siguiente a la omisión, con el comprobante y la firma de la jefatura de la unidad o dirección, ante la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 91.—Salvo casos especiales y justificados, la omisión de registro de asistencia a cualquiera de las horas establecidas, se considerará como ausencia a la respectiva fracción de jornada.

Artículo 92.—Se considerará llegada tardía la presentación al trabajo después de la hora señalada para el comienzo de las labores en la jornada diaria.

Artículo 93.—La llegada tardía que exceda quince minutos, contados a partir de la hora de ingreso establecida, en la mañana o después del almuerzo, acarreará la pérdida de media jornada, lo cual representa la mitad de una ausencia para efectos de sanción, salvo que el responsable de la unidad administrativa avale la justificación bajo su entera responsabilidad.

Artículo 94.—Se considera ausencia la falta de un día completo de trabajo. La inasistencia a una fracción de la jornada se considera como la mitad de una ausencia. Dos mitades de una ausencia, para los efectos de aplicación de este reglamento, se computarán como una ausencia. No se pagará el salario que corresponda a las ausencias, salvo en los casos señalados por el Código de Trabajo. Lo anterior es válido sin perjuicio de la sanción disciplinaria que corresponda.

Artículo 95.—Las ausencias al trabajo por enfermedad deberá justificarlas el funcionario incapacitado mediante una certificación médica extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social o por el Instituto Nacional de Seguros, si se tratara de un riesgo profesional. La ausencia podrá justificarse mediante un dictamen médico emitido por un médico particular. En estos casos, la incapacidad no podrá ser mayor a cuatro días.

Artículo 96.—Para casos muy calificados no contemplados en este reglamento, quedará a juicio del responsable de la unidad administrativa, justificar las ausencias que no cuenten con comprobante médico, por un máximo de un día, dentro de un mismo mes calendario. En estos casos, se procederá al rebajo automático del salario del día no laborado.

CAPÍTULO XXVI

Del régimen disciplinario, y disposiciones

varias de las medidas disciplinarias

Artículo 97.—La inobservancia de los deberes y obligaciones o la violación de las prohibiciones por parte de los funcionarios de la Municipalidad en el desempeño de sus funciones, las cuales se encuentran debidamente establecidas en el Código Municipal, el Código de Trabajo y este reglamento, se sancionará de acuerdo con la gravedad de la falta cometida y siguiendo el procedimiento que en adelante se indica:

Artículo 98.—De acuerdo con el artículo anterior y el artículo 149 del Código Municipal, las sanciones por aplicar se clasifican en:

a. Amonestación verbal.

b. Advertencia escrita.

c. Suspensión del trabajo sin goce de salario hasta por quince días.

d. Despido sin responsabilidad por parte de la municipalidad.

Para efectos de aplicar una sanción, la reincidencia se considerará en un lapso de tres meses. Tales sanciones no se aplicarán atendiendo estrictamente el orden en que aquí aparecen, sino a lo reglado en cada caso según la gravedad de la falta y al debido proceso, acorde con el artículo 150 del Código Municipal, cuyas puniciones se harán de conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 99.—La amonestación verbal se aplicará:

a. En los casos de falta leve.

b. Cuando otras normas aplicables exijan la amonestación escrita y la aplicación de lo indicado en el artículo 149 del Código Municipal.

Artículo 100.—La suspensión sin goce de salario se aplicará hasta por quince días, excepto cuando la disposición legal determine lo contrario, en los siguientes casos:

a. Cuando el servidor, después de haber sido amonestado por escrito, reincida con la misma falta.

b. Cuando el servidor haya sido amonestado por escrito por tres faltas diferentes, dentro de un plazo de tres meses a partir de la aplicación de la última sanción.

Artículo 101.—El despido se efectuará sin responsabilidad para el patrono, en los siguientes casos:

a. En los casos de falta grave previstos en este reglamento.

b. En los casos excepcionalmente previstos en este reglamento.

c. Cuando el funcionario incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 81 del Código de Trabajo, artículo 148 del Código Municipal y otras disposiciones conexas y supletorias.

d. En los casos anteriores, el Alcalde podrá aplicar una sanción de suspensión, de conformidad con el artículo anterior, valorando las circunstancias atenuantes que se presenten en cada caso, y tomando en consideración aspectos tales como: la magnitud del daño, tanto patrimonial como de la imagen institucional, causado a la Municipalidad, el grado de culpabilidad o dolo que determine la jerarquía del funcionario, su nivel de responsabilidad dentro de la Municipalidad, y los antecedentes de su expediente personal.

Artículo 102.—Para aplicar cualquier sanción disciplinaria de llamada de atención escrita, de suspensión y despido, previamente deberá concederse audiencia al funcionario. En los casos de gravedad, que no sea evidente y manifiesta la falta, se levantará información escrita por parte de un Órgano Director designado por el Alcalde, con el propósito de elaborar un expediente administrativo de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública. Este expediente servirá de base para la resolución que proceda y se conservará en los archivos de la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 103.—Se aplicarán las siguientes sanciones específicas:

1. Para llegadas tardías injustificadas en un mismo mes calendario:

a. Por tres: amonestación verbal.

b. Por cuatro: amonestación escrita.

c. Por cinco: suspensión por tres días.

d. Por seis: suspensión por quince días.

e. Por siete o más: despido.

2. Ausencias injustificadas en un mismo mes calendario:

a. Por media ausencia: amonestación verbal y el rebajo de media jornada.

b. Por una o dos medias ausencias: amonestación escrita y rebajo correspondiente al tiempo no laborado.

c. Por tres medias ausencias o dos ausencias alternas en un mismo mes calendario: suspensión hasta por quince días y el rebajo correspondiente al tiempo no laborado.

d. Por cinco o más medias ausencias, por dos ausencias consecutivas, o por más de dos ausencias alternas en un mismo mes calendario: despido sin responsabilidad para la municipalidad.

3. Abandono injustificado del trabajo: despido sin responsabilidad patronal.

4. Violación de las disposiciones de los artículos 21, 22 (excepto del inciso “c”), 24:

a. Primera vez: suspensión por ocho días.

b. Segunda vez: despido sin responsabilidad patronal.

5. Conductas definidas como causa justa o falta grave en los artículos 27 y 22 (inciso “c”), y lo estipulado en el Código Municipal y el Código de Trabajo: despido sin responsabilidad patronal para la Municipalidad.

Artículo 104.—Tanto la amonestación verbal como la advertencia escrita, relacionadas con aspectos disciplinarios ajenos a las faltas por inasistencia al trabajo, serán impuestas por quien funge como jefe inmediato del funcionario, previo cumplimiento del debido proceso.

Las sanciones de suspensión sin goce de salario o despido, por inasistencia al trabajo corresponderá aplicarlas al Alcalde, previo informe de la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 105.—Otras sanciones: Si la falta no tiene una sanción específica, se aplicarán las siguientes:

a. Amonestación verbal: cuando el funcionario, en forma expresa o tácita, cometa alguna falta leve.

b. Advertencia escrita: cuando el funcionario cometa una falta leve por segunda vez o incurra por primera vez en una falta considerada de cierta gravedad.

Artículo 106.—Respecto del servidor que incurra en las causales que se dirán, sin perjuicio de cualquier otra prevista en las leyes y reglamentos laborales y en este reglamento, podrá acordarse la gestión de despido para que pueda ser removido de su puesto sin responsabilidad para la Municipalidad. Son causas justas las siguientes:

1. Las contempladas en el artículo 81 del Código de Trabajo.

2. Las contempladas en el artículo 369 del Código de Trabajo.

3. Ser sentenciado por un delito.

4. Cuando el servidor incurra por tercera vez en una de las faltas consideradas de cierta gravedad.

5. El retraso injustificado en los procedimientos en que intervengan.

6. Cuando el servidor acceda, sin la autorización correspondiente y por cualquier medio, a los sistemas informáticos utilizados por la municipalidad.

7. Cuando el servidor se apodere, copie, destruya, inutilice, facilite, transfiera o tenga en su poder sin autorización de la autoridad correspondiente, cualquier programa de computación y base de datos, utilizados por la Municipalidad.

8. Cuando el servidor dañe los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados para las operaciones de la Municipalidad o para el trabajo diario de cuadrillas, con cualquier propósito.

9. Cuando el servidor facilite el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los sistemas informáticos de la municipalidad, para que otra persona los use.

10. Cuando el servidor actúe como cómplice o instigador de las conductas y hechos previstos en los incisos 6, 7, 8 y 9 anteriores.

11. Por inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, decretada por sentencia firme de la autoridad competente.

12. Cuando el servidor colabore o facilite de manera directa o indirecta, por acción u omisión de cualquier forma, el incumplimiento de la obligación tributaria de los Administrados.

13. Cuando el servidor oculte o destruya información, libros contables, bienes, documentos, registros, sistemas, programas computarizados, soportes magnéticos u otros medios de trascendencia municipal o tributaria en las investigaciones y los procedimientos Municipales o tributarios.

14. Cuando el servidor divulgue, en cualquier forma o por cualquier medio, la cuantía u origen de las rentas o cualquier otro dato que figure en las declaraciones, o permita que estas o sus copias, libros o documentos que contengan extractos o referencia de ellas, sean vistas por personas ajenas a las que la Administración Tributaria haya encargado para tal efecto.

15. Cuando el funcionario efectúe un registro de asistencia que no sea el suyo, o consienta o solicite a otro que le registre su marca de asistencia.

16. Cuando el funcionario viole la confidencialidad en el procedimiento por casos de hostigamiento o acoso sexual.

CAPÍTULO XXVII

De la terminación de la relación de servicios

Artículo 107.—Los funcionarios regulares terminarán su relación de servicios cuando se dé uno de los siguientes supuestos:

a. Renuncia del funcionario, debidamente aceptada.

b. Despido del funcionario sin responsabilidad patronal, para lo cual debe existir resolución del Alcalde.

c. Fallecimiento del funcionario.

d. Jubilación del servidor.

e. Invalidez total o permanente del servidor, debidamente declarada.

f. Nulidad del nombramiento.

g. Cuando el servidor se acoja a un programa de movilidad laboral voluntario.

h. En el caso de los funcionarios interinos, estos terminarán su relación de servicio cuando:

1. El titular de un puesto se reintegre a él, ya sea porque no superó el período de prueba correspondiente, o porque su ascenso interino llegó a su vencimiento.

2. Se escoja de la terna un candidato para ocupar un puesto en propiedad.

3. El interino incurra en falta grave o en causal de despido, en cuyo caso debe garantizársele el debido proceso.

Artículo 108.—En el caso de los funcionarios nombrados a plazo fijo, o contratados para realizar una obra determinada, la relación de servicio termina:

a. Por vencimiento del plazo en que fue nombrado, o terminación de la obra para cuya realización fue contratado.

b. Cuando el servidor incurra en causal de despido; para esto, se le debe garantizar el debido proceso.

c. Por renuncia del funcionario.

d. Por fallecimiento del funcionario.

e. Por jubilación del funcionario.

CAPÍTULO XXVIII

Disposiciones varias

Artículo 109.—Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el Artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas:

1) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un importe igual a siete días de salario.

2) Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año, un importe igual a catorce días de salario.

3) Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario indicado en la siguiente tabla:

a) Año 1. 19,5 días por año laborado.

b) Año 2. 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

c) Año 3. 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

d) Año 4. 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

e) Año 5 .21, 24 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

f) Año 6. 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

g) Año 7. 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

h) Año 8. 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

i) Año 9. 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

j) Año 10. 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

k) Año 11.21 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

l) Año 12.20, 5 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

m) Año 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses.

4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de relación laboral.

5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono.

Artículo 110.—Las sugerencias de los funcionarios y en general, toda aquella intervención o aporte suyo que estimule su iniciativa personal, así como su eficiencia y el mejoramiento de las condiciones de sus servicios, deberán ser debidamente atendidas por los responsables de las dependencias, programas o equipos de trabajo.

Todas las quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, entre otras intervenciones, surgidas en la relación de servicio, pero que no se circunscriban a aspectos disciplinarios, deberán ser dirigidas a los responsables de dichas dependencias, jefes de departamento, dirección o equipos de trabajo de la Municipalidad, según el caso, en forma respetuosa, objetiva y comedida.

Artículo 111.—Ante la falta de disposiciones de este reglamento aplicables a un caso determinado, deben tenerse como normas supletorias el Código Municipal, el Código de Trabajo, la Ley General de Administración Pública, los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por la Asamblea Legislativa y las demás leyes y reglamentos conexos.

Artículo 112.—El presente reglamento entrará en vigencia en la fecha de la aprobación del Concejo Municipal. Se procederá a reproducirle y entregar ejemplares a los funcionarios municipales.

Artículo 113.—La Municipalidad se reserva el derecho de adicionar o modificar en cualquier momento las disposiciones de este reglamento, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 136, inciso e), de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 114.—Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango que se le opongan.

CAPÍTULO XXIX

Procedimiento administrativo

Artículo 115.—El Alcalde Municipal resolverá en instancia administrativa final, pero en el caso de la secretaria y el auditor interno le corresponderá resolver al Concejo Municipal.

Artículo 116.—Para los procedimientos disciplinarios se aplicará el Código Municipal y en su defecto, los procedimientos de las normas supletorias en su materia.

Artículo 117.—Vigencia. Rige a partir de su adopción como Reglamento.

Jovel Arias Ortega, Alcalde.—1 vez.—O. C. N° 16-2015.—Solicitud N° 32825.—C-1.583.020.—(IN2015011687).

AVISOS

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

DE LOS GRADUADOS EN EL ÁREA AMBIENTAL, INCORPORADOS AL COLEGIO DE

INGENIEROS AGRÓNOMOS

LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

Considerando:

I.—Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica Nº 7221, reformado por el artículo 1 de Ley N° 8188 de 18 de diciembre del 2001, establece que son miembros ordinarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, los graduados de la Escuela Nacional de Agricultura y los profesionales en ciencias agropecuarias con un título o grado conferido o reconocido por una institución nacional de enseñanza superior de nivel universitario, registrado conforme a las disposiciones legales sobre la materia.

Para los alcances de este artículo, es un profesional en ciencias agropecuarias quien se haya graduado como ingeniero agrónomo (generalista, en Producción, Fitotecnia, Zootecnia, Economía Agrícola), ingeniero forestal, administrador de empresas agropecuarias, con el grado de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

Asimismo, se considerará profesional en ciencias agropecuarias, quien posea algún título o grado vinculado con las ciencias agropecuarias, que en el futuro sea otorgado o reconocido por las universidades.

II.—Que la Junta Directiva del Colegio en sesión Nº 25-2011, celebrada el día lunes 26 de setiembre del 2011, acordó incorporar a los profesionales graduados en el área ambiental de Universidades debidamente reconocidas por CONARE y CONESUP, con grado de bachillerato o licenciatura, cuyas materias de ciencias agropecuarias, forestales, agroindustriales, acuícolas o aquellas vinculadas a éstas, sumen al menos setenta créditos.

III.—Que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Nº 7221, establece que el Colegio autorizará el ejercicio de la profesión en las áreas y niveles correspondientes de cada uno de sus miembros, de conformidad con lo que establecen los artículos 3º y 16 de esa Ley y su Reglamento y el artículo 26 le otorga al Colegio la potestad de regular todo lo relativo al ejercicio de los diversos profesionales que lo integran por la vía reglamentaria.

IV.—Que dada la incorporación de los profesionales graduados en el área ambiental, es necesario establecer los campos de competencia para el ejercicio profesional de esos graduados. Por tanto,

Acuerda emitir el siguiente

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

DE LOS GRADUADOS EN EL ÁREA AMBIENTAL, INCORPORADOS AL COLEGIO DE

INGENIEROS AGRÓNOMOS

Artículo 1º—Los miembros ordinarios graduados en el área ambiental deberán ejercer la profesión, en aquellos campos de las ciencias ambientales que le acrediten su orientación académica.

Artículo 2º—Es competencia de los miembros ordinarios graduados en el área ambiental que posean grado de licenciatura o superior a éste, la realización de las siguientes funciones:

a. Planificación, dirección, supervisión y evaluación de la investigación en gestión ambiental para fines oficiales.

b. Dirección de instituciones, programas o proyectos en gestión ambiental de la administración pública y del sector privado.

c. Dirección técnica en instituciones públicas y privadas que brinden servicios de generación y transferencia de tecnología en gestión ambiental.

Artículo 3º—Es competencia de los miembros ordinarios graduados en el área ambiental que posean grado de bachiller o superior a éste, la realización de las siguientes funciones:

a. Coordinación y realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental, Regencias ambientales en el sector público y privado de acuerdo con la normativa vigente en el país y el reglamento que para tales efectos apruebe el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

b. Investigación y transferencia tecnológica en gestión ambiental.

c. Formación y la capacitación en gestión ambiental.

d. Diseño, ejecución, evaluación de planes, programas y proyectos de gestión ambiental.

e. Valoraciones, evaluaciones, estimaciones, peritajes, arbitrajes e inventarios relativos a daños ambientales e impacto ambiental.

f. Participación en estudios técnicos interdisciplinarios que contemplen la variable ambiental.

g. Programas de monitoreo ambiental.

h. Auditorías ambientales.

i. Análisis de riesgos, programas de emergencia y salud ocupacional, siempre y cuando estén autorizados por la entidad competente.

j. Programas de biorremediación, educación y comunicación ambiental.

k. Programas de Gestión Integral de Residuos.

l. Coordinación y Realización de los Programas de Gestión Ambiental Institucional.

m. Coordinación, realización y tramitología ante las distintas instancias del estado en el tema ambiental y de salud pública.

Artículo 4º—Las funciones descritas en los artículos 2 y 3 anteriores, competencia de los miembros graduados en el área ambiental, también podrán ser ejercidas por otros miembros incorporados al Colegio y que se encuentren debidamente inscritos por las instituciones competentes para ejercer en el área ambiental.

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Este Reglamento fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria Nº 149, efectuada el 31 de enero del 2015.

Ing. Agr. Óscar Fonseca Rojas, Presidente.—Br. For. María Lucía Valverde Muñoz, Secretaria.—1 vez.—(IN2015011036).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

AGENCIA DE BARVA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Yo Rodrio Swissboring Costa Rica S. A., en calidad de tenero (endosatario) del Certificado a nombre de Inversiones Kresco S. A., cédula de identidad Nº 3-101- 664736 solicitante del Certificado de Depósito a Plazo, emitido por el Banco Nacional de Costa Rica, Oficina de Barva, que se detalla a continuación:

C.D.P Monto Emisión Vencimiento

400-01-123-021869-3 ¢2.636.000,00 4-10-2013 7-02-2014

Título(s) emitido (s) a la orden, a una tasa de interés del 4,50 %. Solicito reposición de este documento por causa de extravío. Se publica este anuncio por tres veces consecutivas para oír reclamos de terceros, por el término de quince días.

Heredia, Barva, 05 de febrero del 2015.—Junior Edo. Calvo Moya, Supervisor Operativo.—(IN2015011655).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

ORI-443-2015.—Barquero Arroyo Marco David, R-020-2015, cédula 109580334, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Filosofía, Universidad de Macquarie, Australia. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 30 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27544.—C-34480.—(IN2015010427).

ORI-5242-2014.—Cardona Restrepo Angélica María, R-414-2014, cédula: 8 0091 0385, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Lenguas Modernas, Universidad del Quindio, Colombia. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 15 de diciembre del 2014.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27547.—C-34880.—(IN2015010432).

ORI-4646-2014.—Blas Gil Gil, R-372-2014, pasaporte: XDB256602, solicitó reconocimiento y equiparación del título Ingeniero Técnico Industrial, Universidad del País Vasco, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 06 de diciembre del 2014.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27549.—C-34630.—(IN2015010435).

ORI-353-2015.—León Hernández Nini Yohana, R-007-2015, pasaporte: AM529887, solicitó reconocimiento y equiparación del título Contadora Pública, Universidad de la Salle, Colombia. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27552.—C-34420.—(IN2015010436).

ORI-388-2015.—Lloyd Alcock Kevin Jonathan, R-17-2015, cédula: 1 1340 0352, solicitó reconocimiento y equiparación del título Bachiller en Ciencia, Universidad de Columbia Británica-Kelowna, Canadá. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 28 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27553.—C-35550.—(IN2015010438).

ORI-387-2015.—Méndez Jiménez Édgar Alfredo, R-09-2015, cédula: 1 0573 0027, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor, Universidad de Salamanca, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 28 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27555.—C-34020.—(IN2015010439).

ORI-451-2014.—Miranda Morales Bárbara Cristina, R-06-2015, cédula 4-0181-0389, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor, Universidad Rovira I Virgili, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 30 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27556.—C-34170.—(IN2015010441).

ORI-461-2015.—Padilla Hernández María Mercedes, R-10-2015, pasaporte E087641, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctora en Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 30 de enero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27558.—C-36570.—(IN2015010444).

ORI-374-2015.—Palma Castillo Julio Antonio, costarricense, 9 0020 0239, ha solicitado reposición del título de Diplomado en Laboratorio Clínico. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio, a los veintiocho días del mes de enero del dos mil quince.—MBA. José Rivera Monge, Director.—(IN2015010619).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

ORI-400-2015.—Peña Núñez Reynaldo Andrés, R-18-2015, pasaporte 085330070, solicitó reconocimiento y equiparación del título Médico Cirujano, Universidad Del Zulia, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 29 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27567.—C-34170.—(IN2015010447).

ORI-303-2015.—Pinto Terrene Robert, R-008-2015, pasaporte 455088137, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Quiropráctica, Life University, Estados Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 23 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27568.—C-23000.—(IN2015010449).

ORI-407-2015.—Reyes Amat Ovial, R-02-2015, carné de refugiado 135-477945, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Medicina, Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, Cuba. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 29 de enero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27570.—C-35550.—(IN2015010450).

ORI-307-2015.—Richmond Navarro Gustavo Bernardo, R-01-2015, cédula: 206030533, solicitó reconocimiento y equiparación del título Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Mecánica, Universidad de Chile, Chile. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 23 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27571.—C-36410.—(IN2015010453).

ORI-441-2015.—Suárez Matarrita Leonardo Esteban, R-016-2015, cédula 113230836, solicitó reconocimiento y equiparación del título Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética, Universitat de Barcelona, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 30 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27572.—C-26010.—(IN2015010454).

ORI-5244-2014.—Tello Sucre Carolina, R-423-2014, residente: 186200045208, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Idiomas Modernos, Universidad Metropolitana, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 15 de diciembre del 2014.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27573.—C-34680.—(IN2015010457).

ORI-306-2015.—Valiente De Chaverri Sonia Elizabeth, R-05-2015, residente: 132000204320, solicitó reconocimiento y equiparación del título Química Farmacéutica, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 23 de enero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27574.—C-36210.—(IN2015010458).

ORI-367-2015.—Velásquez Ortiz Aleyda Yessenia, R-019-2015, residente permanente: 155807756119, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciada en Enfermería Materno Infantil, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de enero del 2014.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 130859.—Solicitud Nº 27575.—C-37740.—(IN2015010460).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

El señor Fermín Vargas Cabezas, cédula de residencia Nº 106800017326 ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Licenciado en Ingeniería Forestal, obtenido en la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Cartago, 15 de diciembre del 2014.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med. Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 26997.—C-34370.—(IN2015008542).

La señora Lourdes Suyapa Ferraro Gonzales, pasaporte Nº C715765 ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Arquitecta, obtenido en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Cartago, 10 de diciembre del 2014.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med. Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 26998.—C-32900.—(IN2015008545).

El señor Malkhaz Gonenashvili, cédula de residencia Nº 126800000429 ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Ingeniero de Electricidad, Especialidad Automática y Telemecánica, obtenido en el Instituto Politécnico V.I. Lenin de Georgia. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Cartago, 10 de diciembre del 2014.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med. Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 27147.—C-36110.—(IN2015008547).

La señora Elena Chavarría Gordienko, cédula de identidad Nº 1 1297 0402 ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Bachiller en Ciencias, obtenido en la Universidad de Cornell. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Cartago, 04 de febrero de 2015.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med. Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 27227.—C-32950.—(IN2015008550).

La señora Elena Chavarría Gordienko, cédula de identidad Nº 1 1297 0402 ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Master en Ciencias en Ingeniería, obtenido en la Universidad de Texas en Austin. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Cartago, 04 de febrero de 2015.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med. Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 27229.—C-33920.—(IN2015008552).

Ante el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se ha presentado Tomás Federico Vargas Halabí, cédula Nº 303210386, Carné de Estudiante 9111329, a solicitar reposición de su título de Máster en Administración de Empresas, Grado Académico: Maestría, según consta en el libro oficial de graduados tomo 3, acta Nº 131, página 83, registro Nº MAE2002011, Graduación efectuada el 5 de setiembre del 2002, por robo. Se publica este edicto para recibir oposiciones a esta reposición, dentro del término de cinco días hábiles a partir de la tercera publicación.

Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Geovanni Rojas Rodríguez, Med. Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 27231.—C-37740.—(IN2015008559).

AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS

Resolución RJD-016-2015.—San José, a las quince horas con veinte minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince.

Recursos de apelación, revisión y gestión de nulidad interpuestos por el señor Leiber Aníbal Mora Campos contra la resolución RJD-101-2014 del 22 de setiembre del 2014, referida al Reglamento Técnico de «Prestación de los Servicios de acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013», dictada por la Junta Directiva. Expediente OT-157-2014.

Resultando:

I.—Que mediante el oficio N° DFOE-AE-IF-08-2012, la Contraloría General de la República, dispuso a la Junta Directiva de Aresep: «4.5 Emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, que se relacionan con: calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y prestación óptima. Lo anterior en apego al artículo 25 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), nro. (sic) 7593. Remitir a la Contraloría General la resolución que contiene dicha normativa y que compruebe la publicación, el 30 de noviembre del 2013. Ver párrafo 2.74 de este informe».

II.—Que el 14 de enero del 2013, la Junta Directiva mediante el acuerdo N° 06-01-2013 de la sesión N° 1-2013 dispuso: «Instruir a la Intendencia de Aguas (sic) que someta una propuesta para emitir y publicar la normativa que regule las condiciones con que se debe suministrar el servicio de abastecimiento de agua potable, de conformidad con las disposición 4.5 del informe de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-08-2012, indicado en el numeral 1 anterior, en un plazo máximo al 28 de febrero del 2013».

III.—Que el 3 de julio del 2014, la Junta Directiva, en la sesión extraordinaria N° 35-2014, acordó:

[…]

ACUERDO 09-35-2014

1. Someter al proceso de audiencia pública la propuesta de reglamento técnico denominado: “Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013”, cuyo texto se copia a continuación:

(...)

2. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario que proceda a publicar la respectiva audiencia pública de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley N° 7593.

3. Instruir a la Intendencia de Agua para que una vez realizado el proceso de audiencia pública, proceda a analizar y dar respuesta a todas las posiciones presentadas y remita a la Junta Directiva la propuesta final de reglamento.

4. Informar a la Contraloría General de la República que el 26 de marzo del 2014, se llevó a cabo la audiencia pública de la propuesta de reglamento “Prestación de los Servicios de acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-20123”.

[…] (Folios 2 al 33).

IV.—Que el 15 de julio del 2014, se publicó la convocatoria a la audiencia pública de la propuesta de reglamento «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013» en La Gaceta N° 135; así como en el diario Extra y La Nación, el 18 de julio del 2014. (Folios 37 y 43).

V.—Que el 11 de agosto del 2014, se llevó a cabo la audiencia pública, en forma presencial en el salón Parroquial de Bribrí y en forma simultánea por medio del sistema de video conferencia en el Auditorio de la Aresep; en los Tribunales de Justicia de los centros de: Limón Centro, Heredia Centro, Ciudad Quesada, Liberia Centro, Puntarenas Centro, Pérez Zeledón, Cartago Centro y Guápiles Centro, en la cual se presentaron y admitieron 5 posiciones, según el informe de oposiciones y coadyuvancias; oficio 2370-DGAU-2014 del 19 de agosto del 2014. (Folios 124 y 125).

VI.—Que el 8 de setiembre del 2014, mediante el oficio 0648-IA-2014, la Intendencia de Agua (en adelante IA), emitió el informe denominado: «Informe sobre Propuesta de Reglamento técnico: Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013». (Folios 126 al 349).

VII.—Que el 11 de setiembre del 2014, mediante el memorando 580-SJD-2014, la Secretaría de Junta Directiva, remitió a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (en adelante DGAJR) para su análisis, el oficio 0648-IA-2014. (Folio 359).

VIII.—Que el 17 de setiembre del 2014, mediante el oficio 719-DGAJR-2014, la DGAJR rindió el criterio sobre la propuesta del reglamento técnico, limitándose a identificar si los cambios incorporados ameritaban convocar a una nueva audiencia pública -según el acuerdo 09-35-2014 del acta de la sesión extraordinaria 35-2014-. (Folios 352 al 357).

IX.—Que el 22 de setiembre del 2014, mediante la resolución RJD-101-2014, la Junta Directiva aprobó el reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013» (folios 495 al 587) publicado el 29 de octubre del 2014, en La Gaceta N° 189, en el Alcance Digital N° 50.

X.—Que el 2 de octubre del 2014, el señor Leiber Aníbal Mora Campos, inconforme con lo resuelto, interpuso recursos de apelación, revisión y gestión de nulidad contra la resolución RJD-101-2014, referida al reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013». (Folios 467 a 471).

XI.—Que el 2 de octubre del 2014, la Secretaría de Junta Directiva, mediante el memorando 646-SJD-2014, trasladó para el análisis de la DGAJR, los recursos de apelación, revisión y gestión de nulidad interpuestos por el señor Leiber Aníbal Mora Campos, contra la resolución RJD-101-2014. (Folio 493).

XII.—Que el 2 de octubre del 2014, el ICAA inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución RJD-101-2014 referida al Reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013». (Folios 472 al 492).

XIII.—Que el 3 de octubre del 2014, la Secretaría de Junta Directiva, mediante el memorando 652-SJD-2014, trasladó para el análisis de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuestos por el ICAA, contra la resolución RJD-101-2014. (Folio 494).

XIV.—Que el 2 de febrero del 2015, mediante el oficio 079-DGAJR-2015, la DGAJR rindió el criterio sobre los recursos de apelación, revisión y gestión de nulidad interpuestos por el señor Leiber Aníbal Mora Campos contra la resolución RJD-101-2014 del 22 de setiembre del 2014, referida al Reglamento Técnico de «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013». (No consta en autos).

XV.—Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente resolución.

Considerando:

I.—En ausencia del señor Regulador General Dennis Meléndez Howell el 19 de febrero del 2015, con motivo de su participación en el taller técnico “Corredor Centroamericano de Energía Limpia, organizada por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), que se llevará a cabo en El Salvador, comparece en este acto la señora Grettel López Castro, en su condición de Reguladora General Adjunta, según el acuerdo que consta en el artículo segundo del acta de la sesión ordinaria número ciento sesenta y uno, celebrada por el Consejo de Gobierno el 20 de agosto del 2013, publicado en La Gaceta N° 211 del 1° de noviembre del 2013, nombramiento que quedó ratificado por la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria N° 69, celebrada el 19 de setiembre del 2013, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, nombramiento que a la fecha se encuentra vigente. De conformidad con el artículo 57 de la misma ley, la Reguladora General Adjunta sustituye al Regulador General durante sus ausencias temporales.

II.—Que del oficio 079-DGAJR-2015 arriba citado, que sirve de sustento a la presente resolución, se extrae lo siguiente:

“(…)

I. Análisis por la forma

1) Naturaleza de los recursos y la gestión de nulidad

De previo a realizar el análisis de forma del denominado recurso de apelación interpuesto por el señor Leiber Aníbal Mora Campos, se aclara que en virtud del principio de informalismo, en aplicación del artículo 344 inciso 3) de la LGAP y por resultar de mayor garantía procesal para el recurrente, la impugnación es tratada como un recurso de reposición, por tratarse en el fondo de una disconformidad contra la resolución RJD-101-2014, que corresponde al acto final dictado por el máximo jerarca de la Autoridad Reguladora. En virtud de lo anterior, al recurso interpuesto por el recurrente, le resulta aplicable lo establecido en los artículos 342 a 352 de la LGAP.

En cuanto al recurso extraordinario de revisión, se le aplican las disposiciones contenidas en los artículos 353 a 355 de la LGAP; normativa que es clara en establecer, entre otras cosas, las circunstancias bajo las cuales procede la interposición de dicho recurso. En ese sentido la Ley señala, que dicho recurso se plantea contra aquellos actos finales firmes y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: a) manifiesto error de hecho, b) cuando aparezcan documentos de valor esencial para resolver el asunto que hayan sido ignorados al dictarse el acto o que hubiere sido imposible aportarlos al expediente, c) cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme y d) cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta declarada en sentencia judicial.

De la impugnación planteada por el recurrente, se desprende que el acto final no está en firme y por otro lado, no se infiere el fundamento bajo el cual se configuró alguna de las causales establecidas taxativamente en el artículo 353 supra citado. En virtud de lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 292 inciso 3) de la LGAP, el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, contra la resolución RJD-101-2014, resulta inadmisible.

Además, el recurrente interpuso gestión de nulidad, a la cual le resulta aplicable lo establecido en los artículos 158 a 179 de la LGAP.

2) Temporalidad del recurso de reposición y la gestión de nulidad

La resolución recurrida fue publicada en La Gaceta N° 189 el 29 de setiembre del 2014 y notificada al recurrente el 9 de octubre del 2014 (folios 580 y 587). La impugnación fue planteada el 2 de octubre de 2014 (folio 467).

Siendo que el recurrente interpuso el recurso de reposición previo a la notificación del acto administrativo en cuestión, se dio por notificado con la interposición del recurso. En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la LGAP, se concluye que la impugnación fue interpuesta en tiempo.

Sobre la gestión de nulidad interpuesta, es preciso indicar que esta fue presentada de manera conjunta con el recurso en análisis, el 2 de octubre del 2014; y considerando que la resolución RJD-101-2014 fue publicada en La Gaceta el 29 de setiembre del 2014, de conformidad con lo que dispone el artículo 175 de la LGAP en cuanto a que el plazo para solicitar la nulidad de un acto administrativo es de un año, debe concluirse que la gestión de nulidad se presentó en tiempo, puesto que el plazo vencería el 30 de setiembre del 2015.

3) Legitimación

Respecto de la legitimación activa, cabe indicar que el señor Leiber Aníbal Mora Campos está legitimado para actuar -en la forma en lo que ha hecho- ya que es parte dentro del procedimiento en la cual recayó la resolución recurrida; de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley N° 7593 en concordancia con los artículos 275 y 276 de la LGAP.

(…)

IV. Análisis por el fondo

En cuanto a los argumentos de inconformidad del recurrente, este órgano asesor procede a realizar las siguientes valoraciones:

1. El reglamento incumple la Ley N° 6227 (LGAP), en cuanto a plazos o tipo de días.

El recurrente alegó en su recurso, que «en la audiencia pública convocada para conocer el reglamento en mención, manifesté que este no es claro en los periodos que allí se disponen, ya que algunos artículos no indican si se trata de días hábiles o naturales, lo cual contradice lo que ordena la LGAP, ya que esta Ley, ordena que los plazos para la Administración son en días naturales». Por lo anterior, indicó que «el reglamento emitido por la Autoridad Reguladora, es contrario a las Leyes Nos. 6227 y 7593, conllevando a la nulidad del reglamento ya que no está adecuadamente motivado, irrespetando lo dispuesto en la Ley 6227».

En este sentido, el recurrente citó los siguientes ejemplos:

[…]

Artículo 11.- Plazo para emitir dictamen de disponibilidad. El prestador tendrá un plazo de cinco días para emitir el dictamen de disponibilidad, posterior al recibido a satisfacción de los requisitos establecidos.

Artículo 21.- Reparación de vías públicas. Los prestadores, independientemente del estado en que se hallen las vías públicas en las que se requiera realizar obras de mejoramiento, reposición o construcción, relacionadas con la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes, deberán devolver la superficie rodante de la vía pública y las aceras al menos a su estado anterior, en un plazo máximo de quince días hábiles.

[…]

Ahora bien, para el análisis de este argumento, es importante considerar lo señalado en el artículo 2° de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillado (en adelante Ley N° 2726):

[…]

Artículo 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

[…]

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.

Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades;

[…] El destacado no es del original.

Aunado a lo anterior, el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales -Decreto Ejecutivo N° 32529-S-MINAE del 2 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta N° 150 del 5 de agosto del 2005-, en sus artículos 2°, 3°, 4° y 20 señala lo siguiente:

[…]

(…) Artículo 2.-

Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA, como ente rector en materia de los sistemas de acueducto y alcantarillado, intervenir en todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de estos sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones; así como colaborar en la conservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, vigilancia y control de su contaminación o alteración, definición de las medidas y acciones necesarias para la protección de las cuencas hidrográficas.

Asimismo, le corresponde a AyA velar porque todos los sistemas de acueducto y/o alcantarillado sanitario cumplan con los principios del servicio público.

[…]

Artículo 3.-

AyA mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 95 del 21 de mayo del 2001.

[...]

Artículo 4.-

AyA podrá asumir la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de todos los sistemas de acueductos y/o alcantarillado comunales, indistintamente de quien sea su ente administrador, cuando no se garantice el servicio público de conformidad con el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública. Estos sistemas serán asumidos de pleno derecho con todos sus deberes, obligaciones y patrimonio.

[...]

Artículo 20.-

AyA unilateralmente podrá rescindir en cualquier momento el Convenio de Delegación de la gestión del servicio y asumir de pleno derecho la administración del sistema, previo el debido proceso, para lo cual procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de este Reglamento.

[...]

En relación con la naturaleza jurídica de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (en adelante ASADAS), el dictamen de la Procuraduría General de la República C-078-2012 del 22 de marzo del 2012, indicó:

[…]

I. Naturaleza jurídica de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados.

Las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADA), surgen a raíz de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ley N° 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, la cual además de constituir al AyA como una institución autónoma del Estado, lo facultó a delegar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados --que le fueron encomendados por el legislador--, a agrupaciones debidamente conformadas para tal efecto, según se desprende del artículo segundo inciso g) de la citada ley:

Artículo 2. Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

(…) g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades´. (El resaltado no es del original)

Con fundamento en la norma transcrita anteriormente, el Poder Ejecutivo procedió en un primer momento a emitir el Reglamento de los Comités Administradores de los Acueductos Rurales, Decreto N° 6387-G de 16 de setiembre de 1976, el cual pretendió regular las organizaciones encargadas de administrar los servicios delegados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. No obstante, dicha normativa fue derogada por el Reglamento de las Asociaciones Administrativas de Acueductos Rurales, Decreto sin número de fecha 14 de enero de 1997, mismo que quedó sin efecto por el Reglamento de las Asociaciones Administrativas de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, Decreto N° 29100-S de 9 de noviembre del 2000, el cual a su vez perdió vigencia con el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N° 32529 de 2 de febrero del 2005, que rige a la fecha. Dispone este último reglamento en su artículo 3°:

Artículo 3. AyA mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 95 del 21 de mayo del 2001.

Asimismo, AyA facilitará a las futuras asociaciones el proyecto de estatutos y posteriormente el aval de los mismos, los que deberán ser presentados al Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

De la norma transcrita, se desprende que las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados constituyen personas jurídicas de naturaleza privada, dado que su creación debe regirse por la Ley de Asociaciones. Por esta razón, la Procuraduría General mediante criterio OJ-066-2002 del 30 de abril del 2002, indicó que la constitución de dichas asociaciones (ASADA) debe realizarse con absoluto respeto al derecho de libre asociación. No obstante, también advirtió que su funcionamiento se encuentra sometido a los requisitos y requerimientos exigidos por la normativa que las regula, ya que les fue encomendado el ejercicio de una especial actividad que involucra la prestación de servicios públicos en beneficio de una colectividad.

Al respecto, la Sala Constitucional ha destacado que la delegación de esa responsabilidad de administrar el sistema de acueductos y/o alcantarillados sanitarios, supone una clara concesión de gestión de servicio público, obsérvese:

(…)

Este pronunciamiento de la Sala Constitucional, legitima a las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados para brindar a la comunidad un servicio público, mediante la figura de concesión de gestión. Sin embargo debe aclararse que, no por ello, dichas asociaciones forman parte del sector público, ya que éste lo conforman única y exclusivamente organizaciones de naturaleza pública, situación que fue analizada en el Dictamen C-136-94 de 22 de agosto de 1994:

(…) Si bien el término ´sector público´ es un término de difícil definición, puede decirse que su núcleo está constituido por organizaciones públicas.

Es decir, está integrado por personas jurídicas de naturaleza pública. Lo que excluye, por principio, la integración del sector por personas privadas, aun cuando realicen una actividad considerada servicio público o bien que esa actividad sea de utilidad pública. (…) Las entidades privadas componen ese sector privado, aun cuando la actividad que realicen pueda catalogarse de servicio público económico. Simplemente, el Estado no toma a su cargo la actividad ejercida por la entidad privada, no la incorpora a la Administración ni al resto de su organización. El resaltado y subrayado no son del original.

Asimismo, debe recalcarse que aunque el Poder Ejecutivo dotó a las asociaciones en cuestión de una reglamentación especial para su actividad y organización (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N° 32529), tal normativa no modifica en lo absoluto su carácter privado. Conforme se ha indicado, estas asociaciones constituyen entidades de servicio público de naturaleza privada (ver Dictamen C-190-96 de 27 de noviembre de 1996), a las cuales les corresponde brindar dichos servicios de forma eficiente, oportuna e igualitaria, y para lograrlo deben cumplir los fines previstos en el artículo 16 del citado Reglamento (…)

En razón de lo dicho ya por esta Procuraduría en anteriores ocasiones, resulta claro que las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados constituyen personas jurídicas de naturaleza privada que realizan labores de interés público pues brindan a la comunidad un servicio público -lo que no modifica su carácter privado-, y que como tales, deben encontrarse organizadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley de Asociaciones, cuyo principio fundamental se encuentra precisamente en el respeto a la libre asociación razón por la cual, en el proceso de constitución de una ASADA, se debe garantizar ese derecho. (…)” (Dictamen C-036-2010, del 10 de marzo de 2010. El énfasis es del original).

[…]

En ese mismo orden de ideas, el Voto N° 00013 del 9 de febrero del 2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, señaló:

[…]

AyA podrá asumir de pleno de derecho, para garantizar la prestación adecuada del servicio público, la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de tal sistema de acueducto, con todos sus deberes, obligaciones y patrimonio, (artículo cuarto ibid), previa indemnización mediante procedimiento expropiatorio (ordinal 45 constitucional).

[…]

Así las cosas, analizado el ordenamiento jurídico y la doctrina citada, este órgano asesor considera que si bien es cierto las ASADAS son operadores con naturaleza de persona jurídica privada que realizan labores de interés público, el ICAA podrá asumir de pleno derecho el sistema de acueducto de las ASADAS, cuando no se garantice el servicio público de conformidad con el artículo 4° de la LGAP.

Adicionalmente, es importante traer a colación el principio de sujeción especial; éste trata de relaciones que la doctrina define como la relación jurídica entre dos sujetos, uno de los cuales siempre será el Estado, en la que una de las notas principales que lo caracteriza es la superioridad de uno sobre el otro. De esta forma, el sujeto que se ubique dentro de la relación de sujeción especial quedará sometido a la voluntad de la Administración. Claro está, que la restricción a su ámbito de libertad sólo es para aquellos supuestos en que la actuación del sujeto deba ajustarse al fin del Estado.

En otras palabras, la Administración podrá limitar aquellos derechos del sujeto situado en una relación de sujeción especial, si la conducta que se pretende de él es para que se ajuste a los fines de la Administración propiamente.

Lo anterior ha sido admitido por la Sala Constitucional en su resolución N° 2006-017599 del 6 de diciembre del 2006, en la cual reconoció la potestad normativa e interventora de la Administración Pública dirigida a aquellos sujetos con los que tiene un vínculo jurídico, a fin de lograr la consecución de sus fines públicos.

Analizado el marco jurídico que rige la materia, las ASADAS son prestadores de naturaleza privada que están en una relación de sujeción especial con el ICAA, -en razón de ser esta institución el ente rector en todas las áreas necesarias para el control, organización, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, alcantarillado e hidrantes delegados a las ASADAS- y el ICAA podrá asumir de pleno derecho estos sistemas de las ASADAS, cuando no se garantice la prestación adecuada del servicio público delegado.

En abono a lo anterior, se debe tener en consideración el principio constitucional de igualdad jurídica, establecido en el Artículo 33 de la Constitución Política, que si bien es cierto no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, más bien concede un derecho a exigir que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales.

Este órgano asesor, considera que el Reglamento en análisis debe establecer plazos uniformes para los prestadores del servicio público de acueductos, alcantarillados e hidrantes, sin hacer distinciones en razón de su naturaleza jurídica.

Ahora bien, los plazos establecidos en el reglamento técnico bajo análisis deben ser acordes con lo indicado en el artículo 256 de la LGAP, que en lo que interesa establece:

[…]

Artículo 256.-

Los plazos por días, para la Administración, incluyen los inhábiles.

Los que son para los particulares serán siempre de días hábiles.

[…]

De esta forma, para la Administración los plazos por días incluyen los inhábiles y para los particulares únicamente los días hábiles.

Ello es así, en razón de lo establecido en el artículo 10 de la LGAP, el cual indica:

[…]

Artículo 10.-

La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

[…]

Con base en lo anterior, debe entenderse que la Administración equivale tanto a los prestadores del servicio de acueducto, alcantarillado e hidrantes públicos como privados -ASADAS-, por lo cual sus plazos deben ser dados en días naturales y los plazos de los usuarios deben ser dados en días hábiles.

De tal manera, este órgano asesor considera que lleva razón el recurrente en cuanto a que se denota una inconsistencia respecto a lo dispuesto en el artículo 256 de la LGAP, por cuanto en el Reglamento existen plazos para los prestadores del servicio público dados en días hábiles, -artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87 y 100- cuando de acuerdo al análisis realizado se deben ser plazos en días naturales y siendo que un reglamento no puede contradecir una Ley, en este caso la LGAP, en virtud del Principio de la Jerarquía Normativa establecida en el artículo 6° de la LGAP, se puede concluir que los plazos establecidos en el reglamento técnico, deben ser acordes a lo indicado en el citado artículo 256 de la LGAP.

Por todo lo anterior y de conformidad con los artículos 128, 132 y 133 de la LGAP lo que corresponde es anular parcialmente la resolución RJD-101-2014, únicamente en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87 y 100 para que los plazos dados se ajusten a lo establecido en el artículo 256 de la LGAP y lo expuesto en este criterio, ya que dicha inconsistencia constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución.

Adicionalmente, este órgano asesor identificó que en los artículos 5°, 11, 95, 106 y el Transitorio VII del reglamento bajo análisis, se omitió indicar si los plazos son en días hábiles o naturales. Por lo tanto, este órgano asesor recomienda que se reformen estos artículos, en el sentido de que se indique expresamente si corresponden a días hábiles o naturales.

En virtud de lo anterior, lleva razón el recurrente en cuanto a este argumento.

2. El reglamento es excesivo en castigar más allá de lo que la Ley dispone.

En relación con este argumento, el recurrente alegó en su recurso, que «le parece excesivo los artículos 95 y 97 del reglamento técnico aprobado por la Autoridad Reguladora, ya que castiga a los prestadores en no recibir ingresos de aquellos usuarios que reciban un servicio discontinuo aun cuando el prestador haya procurado abastecer el agua mediante cisternas, mientras soluciona esa discontinuidad en el servicio, o en caso de baja calidad de agua, pagar solo el 50%, considerando que este tipo de situaciones ya están contempladas en la Ley N° 7593, específicamente en el artículo 38. Por lo anterior, considera el recurrente, que se está imponiendo vía reglamento, un castigo mayor al que la Ley dispone».

Para dar inicio con el análisis de este argumento, debe hacerse referencia a las competencias exclusivas y excluyentes de regulación de los servicios públicos que le corresponden a la Autoridad Reguladora en la Ley N° 7593, tal y como lo dispone el artículo 59 de la LGAP:

[…]

Artículo 59.-

1.- La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio.

[…]

Así las cosas, la competencia de regular los servicios públicos por parte de la Autoridad Reguladora, se encuentra establecida en la Ley 7593, específicamente en los artículos 4°, 5° y 6°. De forma tal que, la Aresep debe no solo fijar tarifas y precios de los servicios públicos, sino, también velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de la Ley N° 7593.

Dicha competencia de regulación, tiene la condición de ser exclusiva y excluyente, correspondiéndole solamente a la Aresep el ejercicio de la misma.

A su vez, el mencionado artículo 25 dispone lo siguiente:

[…]

Artículo 25.- Reglamentación

La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos técnicos, que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso.

[…]

En este sentido, la Aresep debe cumplir con sus funciones aplicando los reglamentos técnicos que emita a la luz del artículo 25 antes transcrito. Tales reglamentos por su parte, deben ser elaborados de acuerdo con las necesidades de regulación que se presenten, siempre dentro del ámbito de la especialidad de este Ente Regulador y siguiendo para ello el procedimiento de audiencia pública establecido en el artículo 36 de la Ley N° 7593.

Con respecto a este tipo de reglamentos técnicos, además de que la Ley N° 7593 establece la potestad de la Aresep de emitirlos y publicarlos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia N° 001000-F-S1-2010 de las 09:35 horas del 26 de agosto del 2010, se ha referido a ello, indicando lo siguiente:

[…]

Ahora bien, a pesar de que esta es la distinción que, tradicionalmente, se ha admitido en materia reglamentaria, la realidad impone un replanteamiento de esta distinción tradicional. Esto por cuanto el legislador, cada vez con mayor frecuencia, confiere la obligación de reglamentar una ley a un ente público descentralizado tomando en consideración su competencia específica y su especialidad según la materia, lo que viene a cuestionar y resquebrajar la categorización antes realizada. En estos supuestos, no puede afirmarse que se trate de reglamentos autónomos, por cuanto su objeto es, la más de las veces, precisar los alcances de los preceptos normativos incorporados en la ley. Pero tampoco pueden asimilarse con los ejecutivos, a pesar de que concurra una identidad en cuanto a la materia que desarrollan, toda vez que no son emitidos en el ejercicio de la facultad constitucional de reglamentar las leyes, característica propia de este tipo de reglamentos, según lo ya explicado. Esto hace que estos cuerpos normativos infralegales adquieran contornos propios, reconocidos a nivel doctrinal, que a su vez vienen a fijar su principal característica definitoria, cual es, que su ejercicio depende del precepto legal en que se disponga la habilitación incorporada en el cuerpo legal. Dicho de otra manera, como consecuencia del principio de legalidad, la materia que puede ser desarrollada por estas normas es, únicamente, aquella para la cual el legislador le facultó en forma expresa, mediante la asignación de una competencia específica. En esto se diferencian, de manera radical, del reglamento ejecutivo, el cual puede abarcar la totalidad de la regulación contenida en la ley. Así, en tanto en el primer caso la habilitación es específica y derivada, en el segundo es genérica y autónoma, según se indicó. Por ello, la administración descentralizada u órgano adscrito a esta, al que se le asigne esta competencia -la de reglamentar-, únicamente podrá normar aquello para lo cual fue expresamente autorizado en la ley, sometido a las reglas contenidas en la LGAP sobre competencia (artículos 59 y concordantes).

[…]

Es así, como los reglamentos técnicos que la Aresep emita, tienen la condición de desarrollar de una manera detallada las competencias que le corresponden según la Ley N° 7593.

Uno de los servicios públicos respecto de los cuales la Aresep debe ejercer la labor de regulación, es el suministro del servicio de acueducto y alcantarillado así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes (artículo 5° inciso a) de la Ley N° 7593.

A fin de verificar las condiciones de calidad de este servicio público, la Aresep aplica la Ley 7593, el reglamento a dicha Ley, así como el reglamento técnico «Prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSYA-2013», estableciendo las condiciones de prestación, la gestión de servicios, la responsabilidades de los prestadores, los derechos y deberes de los abonados y los procedimientos generales para los trámites relacionados con la prestación de los servicios públicos que deben cumplir los prestadores.

Dicho reglamento técnico, ha sido dictado conforme al artículo 25 de la Ley N° 7593, llevando a cabo el debido proceso para su emisión y respetando el derecho de participación ciudadana de los interesados, conforme el artículo 36 de la misma Ley.

El establecimiento de medidas regulatorias de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes, es un ejemplo del ejercicio de las competencias de la Aresep. Si bien, ni en la Ley N° 7593 ni en el reglamento técnico en análisis, se encuentran expresas medidas regulatorias particulares o específicas, es claro que dicha ley establece la función de velar por la calidad y continuidad en la prestación del servicio público en cuestión.

La Aresep dentro del ámbito de su especialización, tiene la posibilidad de establecer mediante reglamentos o normas técnicas, aquellos mecanismos mediante los cuales fomente y garantice el cumplimiento de cada una de las condiciones idóneas para la prestación de los servicios públicos.

Es por lo anterior, que este órgano asesor considera que el recurrente no lleva razón en cuanto a que el reglamento técnico es excesivo o que impone castigos en razón de la supuesta falta de competencia de la Aresep para establecer medidas regulatorias, pues como ya se indicó, todo reglamento técnico tiene fundamento en la Ley N° 7593, siendo estas medidas específicas una manera en que la Aresep ejerce sus competencias exclusivas y excluyentes.

Respecto a lo argumentado por el recurrente, en cuanto a que vía reglamento, se están imponiendo castigos mayores a los que la Ley 7593 dispone, valga indicar que las medidas regulatorias incluidas en el Reglamento no han sido contempladas como sanciones mediante las cuales se busque castigar a los prestadores por algún comportamiento ilegal; para ello, previo debido proceso, se aplica el régimen sancionatorio en los artículos 38 y 41 de la Ley N° 7593.

En este sentido, las medidas se están planteando desde un punto de vista regulatorio, más que sancionatorio. Ciertamente, los prestadores lo ven como una sanción económica, no obstante, lejos de eso, lo que estas medidas regulatorias pretenden es un avance regulatorio, mediante el cual se promueve la prestación eficiente del servicio público.

Con relación a lo anterior, el artículo 4° de la Ley N° 7593, establece entre los objetivos de la Aresep, tres que resultan de especial importancia para esta discusión:

[...]

Artículo 4.- Objetivos

Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro. (Así reformado por artículo 41, inciso a) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta N° 156 del 13/8/2008).

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos. (Así reformado por artículo 41, inciso a) de la Ley N° 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta N° 156 del 13/8/2008).

[…]

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.

[…]

De tal manera, la Autoridad Reguladora, tiene el deber de velar por el equilibrio entre los intereses de los usuarios o consumidores y los de los prestadores de los servicios. Si bien los prestadores tienen el interés de poder ofrecer el servicio con vista en el Principio de Servicio al Costo, igualmente, los usuarios también tienen el interés de que conforme a la tarifa que pagan se les brinde un servicio que cumpla con los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad, confiabilidad y de prestación óptima.

Por lo tanto, mediante las medidas regulatorias impugnadas por el recurrente, no se pretende sancionar a los prestadores, lo que se busca es que los usuarios paguen un monto ajustado a las condiciones del servicio recibido.

Lo anterior, en razón de que cada vez que un prestador solicita un ajuste tarifario, lo hace con miras a que se le conceda una tarifa justa, mediante la cual se le garantice no solo una retribución competitiva, sino también los medios económicos para realizar un adecuado desarrollo de la actividad.

Partiendo de que el servicio es y será prestado en condiciones óptimas para los usuarios, la Aresep, le reconoce a los prestadores, conforme a los artículos del 29 al 35 de la Ley N° 7593, aquellos costos que conllevan de manera directa la prestación del servicio. Cuando dicho servicio no es prestado en condiciones de calidad o continuidad, por ejemplo -sin justa causa eximente-, se evidencia que el prestador está recibiendo el reconocimiento de costos por un servicio que no fue brindado en las mejores condiciones, motivo por el cual, esa prestación deficiente lleva aparejado un pago ajustado a la condición del servicio recibido.

De tal manera, con estas medidas regulatorias se pretende incentivar, desde un marco regulatorio y no sancionatorio, la prestación eficiente de los servicios públicos, pues conforme los prestadores tomen las medidas necesarias para ofrecer un servicio adecuado, estos dejarán de ajustar los montos de la facturación a sus usuarios.

Se tiene entonces, que la sanción para el prestador se determina por la verificación de algún comportamiento ilegal, previo a la realización del debido proceso, mientras que las medidas regulatorias, por su parte, implican un incentivo para el prestador -en beneficio del usuario- a fin de que procure -salvo excepciones justificantes- ofrecer un servicio óptimo conforme dispone la Ley N° 7593.

Tome nota el recurrente que en el caso del Reglamento Técnico «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes», se prevén medidas regulatorias en los artículos 95 y 97 bajo dos supuestos: 1) cuando los abonados reciban un servicio discontinuo cuya causa no sea caso fortuito, fuerza mayor o suspensiones programadas y 2) cuando los abonados reciban agua que incumpla las normas y principios de calidad, siempre y cuando no sea atribuible a caso fortuito o fuerza mayor o suspensiones programadas por mantenimiento, realización de mejoras o nuevas inversiones. El primer supuesto lleva implícito el incumplimiento de la condición de continuidad del servicio, mientras que, el segundo supuesto conlleva el incumplimiento de la condición de calidad.

Ahora bien, en ambos supuestos se plantean eximentes, como lo son el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrados. No se trata de una medida que se aplicaría de manera inevitable en todos los casos que se detecten. Sino, que de manera lógica se reconocen circunstancias fuera del control de los prestadores, que les pueden impedir ofrecer siempre el servicio en las mejores condiciones. No obstante, estas circunstancias vendrían a ser la excepción y la regla sería la prestación óptima del servicio.

Además, en los artículos citados del reglamento, se indica que se elaborará una metodología específica para la aplicación de estas medidas regulatorias.

Así, queda claro que el fundamento legal para que la Aresep implemente medidas regulatorias se encuentra en la Ley N° 7593, la cual como ya se expuso, establece sus competencias regulatorias, las cuales son exclusivas y excluyentes.

Los criterios regulatorios que la Aresep establezca mediante reglamentos o normas técnicas debidamente emitidas y promulgadas según el artículo 25 de la Ley N° 7593, reflejan y detallan justamente el ejercicio de tales competencias. No se trata de que, mediante una reglamento técnico se esté creando una potestad o competencia de la Aresep, así como, tampoco se está creando una sanción, pues como bien se dijo, las medidas regulatorias deben ser vistas como tales, con lo cual no resultan ser, ni una sanción ni una indemnización de un daño.

En otro orden de ideas, considera el recurrente que el mencionado Reglamento es una norma de rango inferior a la Ley N° 7593, motivo por el cual debe prevalecer la segunda sobre la primera. Lo que el recurrente no toma en cuenta, es que el reglamento es emitido y publicado por la Aresep, en calidad de reglamento técnico, conforme al artículo 25 antes indicado.

En el caso que nos ocupa, no es preciso observar cual norma debe prevalecer sobre la otra, pues no nos encontramos frente a un supuesto en el cual se debe aplicar el principio de jerarquía de las normas, ya que no existen disposiciones contradictorias sobre un mismo asunto.

Las competencias de la Aresep abarcan la posibilidad de establecer los mecanismos aplicados regulatoriamente, que considere necesarios y convenientes para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, de manera que los prestadores cumplan con las condiciones legalmente establecidas. Esto implica que, los mecanismos que implemente, buscan beneficiar al interés público, más no sancionar.

En este caso, las medidas regulatorias, como se explicó anteriormente, pretenden que a los usuarios se les ajuste el monto de la facturación a las ineficiencias en la prestación de un servicio público; las cuales llevaron a que no pudiera recibir el servicio o, a pesar de recibirlo, las condiciones de éste no fueron óptimas. Con esto, se busca equilibrar los intereses y necesidades tanto de los prestadores como de los usuarios, donde los operadores deben ofrecer un servicio eficiente, en condiciones de calidad y continuidad.

En este sentido, las sanciones conforme a los artículos 38 y 41 de la Ley N° 7593, son impuestas por la Aresep -previo debido proceso- a fin de hacer valer su potestad sancionatoria y deber de fiscalización; con éstas se establece la responsabilidad de los prestadores de los servicios públicos.

En cuanto a la imposición “vía reglamento” de medidas regulatorias, según lo afirma el recurrente, debe indicarse que, como se señala en el reglamento técnico bajo análisis -en sus artículos 95 y 97-, la Aresep deberá establecer formalmente la metodología mediante la cual se implementarán dichas medidas, motivo por el cual resulta prematuro afirmar que serán impuestas.

Finalmente, en cuanto a una menor captación de recursos económicos que dice el recurrente pueden sufrir los prestadores, a partir de las medidas regulatorias económicas que deba realizar a favor de los usuarios, se deben indicar dos aspectos: 1.- no en todos los casos se debería aplicar las medidas regulatorias indicadas en los artículos 95 y 97, sino solo en aquellos casos en que se reciba un servicio discontinuo o se reciba un servicio que incumple con las normas y principios de calidad, ambas situaciones en los supuestos taxativos establecidos y 2.- la implementación de las medidas regulatorias, dependerá de las acciones que los prestadores vayan tomando a fin de ofrecer un servicio de manera eficiente y en condiciones de calidad.

De conformidad con lo anterior, se considera que no lleva razón el recurrente en cuanto este argumento.

3. ARESEP establece vía reglamento, aspectos más allá de sus competencias.

En este argumento, el recurrente indicó que el reglamento aprobado por la Autoridad Reguladora excede sus competencias, al normar en él aspectos que no corresponden a calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima.

En ese orden de ideas, el recurrente citó los siguientes ejemplos:

[…]

Artículo 109.- Ajuste de facturas por alto consumo.

Los prestadores a solicitud del abonado, deberán efectuar ajustes a las facturas por altos consumos derivados de fugas no visibles en las instalaciones internas.

El prestador ajustará hasta dos facturas emitidas consecutivamente cada doce facturaciones, cuando:

a. Para cualquier categoría tarifaria, el consumo facturado supere en un 100% el consumo promedio normal, y

b. Se compruebe que el incremento en el consumo se originó por fugas no visibles y no por actividades ocasionales, consumos estacionales o cambios en el patrón del consumo del abonado,

Para la aplicación de nuevos ajustes, el abonado deberá demostrar que realizó las reparaciones pertinentes.

Si el alto consumo se genera por problemas en la red del prestador, como altas presiones, el prestador deberá realizar todos los ajustes que sean necesarias no pudiendo cobrar los altos consumos registrados.

[…]

Artículo 123.- Excepción de pago del aporte por nuevos desarrollos.

Se exceptúan del pago del aporte por nuevos desarrollos a los proyectos habitacionales de interés social.

[…]

En relación con el artículo 109, el recurrente indicó que no es justo ni lógico que el prestador asuma la responsabilidad por la mala instalación interna de sus abonados, sobre todo, en virtud de que el artículo 119 señala como obligación del abonado tener en buen estado sus instalaciones internas.

Para el presente análisis, resulta oportuno tomar en consideración los siguientes artículos del Reglamento aprobado mediante la resolución recurrida:

[…]

Artículo 5.- Definiciones

Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

[…]

Instalaciones internas o red interna: Conjunto de tuberías, accesorios y piezas sanitarias que se ubican a partir del límite físico de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario; destinados al abastecimiento y distribución del agua potable o a la evacuación de aguas residuales, dentro de un inmueble.

[…]

Artículo 7.- Límite físico de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

El límite físico entre estos servicios y las instalaciones internas, está dado por el límite entre la propiedad privada y la propiedad pública.

Artículo 8.- Punto de entrega.

Los servicios serán suministrados hasta el límite físico del servicio establecido en este Reglamento.

[…]

Artículo 20.- Mantenimiento de la infraestructura.

Los prestadores deben dar mantenimiento a la infraestructura, para asegurarse que la prestación de los servicios sea acorde con las exigencias de este Reglamento y la legislación vigente aplicable. El mantenimiento se dará hasta el límite físico del servicio público.

[…]

Artículo 119.- Deberes de los abonados.

Los principales deberes de los abonados son los siguientes:

a. Mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones interiores;

[…]

Sobre este particular, la IA mediante el oficio 0648-IA-2014 (folios 298 y 299), entre otras cosas, indicó: « [...] el prestador es responsable hasta donde termina la parte pública del servicio, si son fugas internas son responsabilidad del abonado. […] ».

Por lo anterior, este órgano asesor considera que a la luz de la normativa expuesta, lleva razón el recurrente en cuanto a que, del artículo 109 se desprende que el prestador deberá efectuar ajustes por altos consumos derivados por fugas no visibles en las instalaciones internas del abonado, a pesar de que el artículo 119 señala como obligación del abonado mantener en buen estado sus instalaciones internas.

Adicionalmente, con relación al artículo 109, este órgano asesor considera que el texto es omiso en indicar cómo se deben realizar los ajustes por altos consumos. Lo anterior deriva en un acto no conforme con lo establecido en el artículo 16 de la LGAP, referido a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, así como de los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia, lo que resulta en una nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto al artículo 109 del reglamento recurrido, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución. Lo anterior de conformidad con el artículo con el artículo 174 de la LGAP.

En otro orden de ideas, con respecto al artículo 123 recurrido, considera el recurrente que es propio de la administración local y no de la Aresep, determinar si se hace una excepción de pago del aporte por nuevos desarrollos.

Con relación al artículo 123 no se analizó lo argumentado por el recurrente en virtud de la forma en que se recomienda resolver este asunto. No obstante lo anterior, este órgano asesor, considera necesario referirse al artículo 38 de la Ley N° 4240, Ley de Planificación Urbana, que en lo que interesa señala:

[…]

Los proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios necesarios.

[…]

En este sentido, observando lo expuesto por el ordenamiento jurídico citado, se tiene que el artículo 123 del reglamento establece una excepción al pago del aporte para nuevos desarrollos, que el artículo 38 de la Ley N° 4240 no hace. Por tal razón, considera este órgano asesor que el artículo 123 del reglamento en estudio -norma de rango inferior-, resulta contrario a la Ley 4240 -norma de rango superior- en cuanto a su contenido y por lo tanto esto deviene en una nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto al referido artículo, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución. Lo anterior de conformidad con el artículo 174 de la LGAP.

Lo anterior, en razón de que el ordenamiento jurídico tiene un orden jerárquico, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado en razón del Principio de Legalidad y de lo establecido en el artículo 6° de la LGAP sobre la jerarquía de las normas.

V. Sobre la nulidad

A. Nulidad alegada por el recurrente

De conformidad con el análisis de fondo realizado -sección IV punto 1 de este criterio, y en virtud de la gestión de nulidad interpuesta por el recurrente, es preciso indicar que:

En tesis de principio, la validez del acto administrativo se logra verificar normalmente, con el cumplimiento y presencia en forma perfecta de todos los elementos que lo constituyen, tanto formales como sustanciales o materiales.

Estos elementos a los que hace referencia, tanto la doctrina nacional como la misma LGAP, los distingue entre formales y sustanciales. Entre los elementos formales, se encuentran el sujeto, el procedimiento y la forma; y entre los sustanciales resaltan el motivo, contenido y fin.

Así las cosas, las razones para anular los actos administrativos, residen en los artículos 158 al 179 de la LGAP. Más específicamente, en lo concerniente a la nulidad absoluta del acto administrativo, establece dicha Ley en sus artículos 166 y 167 respectivamente, que deben de faltarle totalmente al acto administrativo del que se trate, uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente, o bien, que la imperfección impida la realización del fin del acto.

A su vez, la LGAP hace referencia a una serie de elementos que debe tener todo acto administrativo para considerarse válido. Dichos elementos son: 1) Sujeto (artículo 129), 2) Forma (artículo 134), 3) Procedimiento (artículo 308 y siguientes), 4) Motivo (artículo 133), 5) Contenido (artículo 132); y, 6) Fin (artículo 131).

El motivo legítimo lo constituye el conjunto de antecedentes fácticos y jurídicos que justifican la decisión tomada por la respectiva Administración y su falta provocaría la nulidad absoluta del acto.

En cuanto al contenido del acto, debe ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho, surgidas del motivo, proporcionado al fin y en caso de afectar derechos subjetivos de los particulares debe contar con un motivo legítimo y razonable.

El recurrente fundamenta su gestión de nulidad, solamente en el hecho de que el reglamento técnico no es consistente en los plazos que allí se disponen, ya que algunos artículos incumplen con lo establecido en la LGAP y la Ley N° 7593. Según indica, esto conlleva a la nulidad del reglamento, ya que no está motivado y al irrespetar lo dispuesto en la LGAP, su contenido también está viciado de nulidad.

Por todo lo analizado en el apartado anterior, este órgano asesor denota una inconsistencia respecto a lo dispuesto en el artículo 256 de la LGAP, por cuanto en el Reglamento existen plazos para los prestadores del servicio público dados en días hábiles, cuando deben darse en días naturales. Considerando el análisis efectuado en este criterio y siendo que un reglamento no puede contradecir una Ley, en este caso en específico la LGAP, se puede concluir que los plazos establecidos en el reglamento técnico deben ser acordes a lo indicado en el citado artículo 256 de la LGAP.

De conformidad con los artículos 128, 132 y 133 de la LGAP, lo que corresponde es anular parcialmente la RJD-101-2014, en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87 y 100, para que los plazos dados se ajusten a lo establecido en el artículo 256 de la LGAP, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución.

B. Nulidad de oficio

De conformidad con el análisis de fondo realizado -sección IV punto 3 de este criterio-, es preciso indicar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 174 de la LGAP, los cuales establecen que la administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esa Ley.

Con el fin de evitar que los actos administrativos dictados adolezcan de vicios, se señala que de conformidad con lo establecido por la LGAP, para la validez de un acto administrativo, debe cumplir con una serie de elementos esenciales, a saber: motivo legítimo, contenido y fin.

Al respecto se observa que:

1. La resolución RJD-101-2014 fue dictada por el órgano competente, es decir por la Junta Directiva. (Sujeto: artículos 129 y 180 de la LGAP).

2. El acto administrativo RJD-101-2014 en análisis, fue emitido por escrito como corresponde. (Forma: artículos 134 y 136 de la LGAP).

3. De previo al dictado de la resolución RJD-101-2014, se realizaron los trámites sustanciales y se cumplieron los requisitos establecidos en la ley. (Procedimiento: artículo 214 y siguientes de la LGAP).

4. Con relación al artículo 109 del Reglamento, se observa que es omiso en indicar cómo se deben realizar los ajustes por altos consumos, constituyéndose en un motivo que imposibilita la aplicación de éste artículo. Lo anterior deriva en un acto no conforme con lo establecido en el artículo 16 de la LGAP, referido a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, así como de los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Ello, deviene en una nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto al artículo 109 del reglamento recurrido, ya que se observa un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución. (Contenido: artículo 132 y motivo artículo133 de la LGAP).

5. En el artículo 123, se establece una excepción al pago del aporte para nuevos desarrollos, que el artículo 38 de la Ley 4240 no hace. Por tal razón, considera este órgano asesor que el artículo 123 del reglamento en estudio -norma de rango inferior- , resulta contrario a la Ley N° 4240 -norma de rango superior- en cuanto a su contenido. Por lo tanto esto deviene en una nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto al artículo 123 del reglamento recurrido, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución. (Contenido: artículo 132 y motivo artículo133 de la LGAP).

6. Se estableció en la parte considerativa de la resolución RJD-101-2014, las razones que sustentaron las decisiones del órgano competente. (Fin: artículo 131 de la LGAP).

Por todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 174 de la LGAP, lo que corresponde es anular parcialmente la RJD-101-2014, en cuanto al artículo 109 para que sea conforme con lo establecido en el artículo 16 de la LGAP y en cuanto al artículo 123 para que se ajuste a lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 4240.

VI. Sobre el dimensionamiento de los efectos de los actos anulatorios de la Junta Directiva

Considerando que a la fecha de este criterio, la resolución recurrida -RJD-101-2014- mediante la que se aprobó el reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013», se encuentra vigente, es jurídicamente viable que la Junta Directiva dimensione los efectos del acto anulatorio, siempre y cuando sustente dicha decisión, a fin de que no se produzcan graves dislocaciones de la seguridad jurídica, la justicia y la paz; todos bienes jurídicos comprendidos en el concepto de interés público; lo anterior de conformidad con los artículos 229 de la LGAP y 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Sobre la facultad de dimensionar los efectos de los actos, mediante el dictamen 188-AJD-2008, del 12 de junio del 2008, la entonces Asesoría Legal de Junta Directiva analizó ampliamente el tema.

De dicho oficio conviene extraer lo siguiente:

«[…] Dimensionamiento de los efectos de los actos administrativos anulatorios

Comencemos diciendo que los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley general de la administración pública, establecen los límites dentro de los que pueden actuar los funcionarios públicos y los órganos de las Administraciones públicas, nos referimos al llamado Principio de legalidad.

Conforme a dicho principio, los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les asigne, porque son simples depositarios de la autoridad que tiene su fuente en la ley.

Siendo así las cosas, es imperativo para el funcionario o el órgano público, basar sus actos y actuaciones en lo que disponga el ordenamiento jurídico, de ahí la necesidad que buscar en ese ordenamiento la norma que faculte dictar los actos administrativos de que se trate.

La ley general de repetida cita, no contiene norma expresa que regule el dimensionamiento que comentamos. Sin embargo, su artículo 229 remite al Código procesal contencioso-administrativo, cuando no haya norma en esa ley general, para resolver determinado caso. […]

Así, el artículo 131 del código procesal de cita, es la norma que faculta a los órganos de la Administración pública para que puedan realizar el dimensionamiento del que venimos hablando. Reza ese artículo:

Artículo 131

1) La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o la norma, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

2) La declaratoria de nulidad relativa tendrá efectos constitutivos y futuros.

3) Si es necesario para la estabilidad social y la seguridad jurídica, la sentencia deberá graduar y dimensionar sus efectos en el tiempo, el espacio o la materia. (El original no está subrayado).

Una norma similar al artículo 131 recién citado, se halla en el párrafo segundo del artículo 91 de la Ley de la jurisdicción constitucional, que prescribe: «La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivos, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz sociales.»

El Tribunal Constitucional de Costa Rica, basado en el referido artículo 91 —como se dijo, norma equivalente al artículo 131 del citado código procesal—; ha dimensionado los efectos de varios de sus resoluciones. […]

Conclusiones

A la luz de lo arriba expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones, que conforman las respuestas a las preguntas formuladas por la Junta Directiva:

1. Es imperativo, por ministerio de ley, que los actos administrativos sean debidamente motivados o fundamentados, de ahí que no sea suficiente la simple invocación de una ley o de unos hechos, aunque revistan la mayor relevancia para el caso de que se trate.

2. El interés público lo constituye el conjunto de intereses individuales, compartidos y coincidentes, de un número relevante personas que representarían a toda la comunidad y; prevalece sobre el interés individual.

3. Los funcionarios y los órganos públicos, están obligados a tomar en cuenta el interés público, cuando conozcan de los asuntos de su competencia.

4. Por ser el principio de continuidad, característica del servicio público, todo prestador, sea público o privado, de tal servicio; así como las Administraciones públicas a las que corresponda regularlo; deben procurar, por todos los medios líticos a su alcance, que el servicio no se interrumpa.

5. De conformidad con lo estipulado en el artículo 131 del Código procesal contencioso-administrativo, Junta Directiva puede dimensionar los efectos de sus actos administrativo anulatorios, a fin de que no produzcan graves dislocaciones de la seguridad jurídica, la justicia y, la paz social; todos, bienes jurídicos comprendidos en el concepto interés público.

6. Las reglas técnicas y científicas y, por extensión, los criterios, las valoraciones y los razonamientos que se basen el aquéllas (sic), gozan del mismo valor y de la misma fuerza que las normas jurídicas, por lo que pueden servir y sirven para motivar o fundamentar los actos administrativos.

7. La Junta Directiva puede anular la RRG-7350-2007, de las 13:00 horas del 18 de octubre del 2007 y al mismo tiempo, dimensionar los efectos de ese acto anulatorio; siempre que se motive o fundamente debidamente, tal dimensionamiento. […]»

Siendo que –de acuerdo con lo analizado en el presente criterio- los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87, 100, 109 y 123 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013» aprobado mediante la resolución RJD-101-2014, contienen vicios en el motivo y en el contenido y que estos constituyen elementos sustanciales del acto administrativo, que acarrean su nulidad absoluta, es jurídicamente viable que al anular parcialmente esta resolución, la Junta Directiva dimensione el alcance de sus efectos anulatorios, manteniendo vigente la resolución RJD-101-2014 hasta tanto la Junta Directiva reforme los citados artículos conforme a derecho.

VII. Conclusiones

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se concluye que:

1. En virtud del principio de informalismo y en aplicación del artículo 344 inciso 3 de la LGAP, el recurso de apelación es analizado como un recurso de reposición, por tratarse en el fondo de una disconformidad contra la resolución RJD-101-2014, que corresponde al acto final dictado por el máximo jerarca de la Autoridad Reguladora y por resultar de mayor garantía procesal para el recurrente.

2. Desde el punto de vista formal, el recurso ordinario de reposición y la gestión de nulidad interpuestos por el señor Leiber Aníbal Mora Campos contra la resolución RJD-101-2014, resultan admisibles, puesto que fueron presentados en tiempo y forma.

3. Desde el punto de vista formal, el recurso de revisión interpuesto por el señor Leiber Aníbal Mora Campos contra la resolución RJD-101-2014, resulta inadmisible de conformidad con lo establecido en el artículo 292 inciso 3) de la LGAP.

4. Las ASADAS son prestadores de naturaleza privada que están en una relación de sujeción especial con el ICAA.

5. Debe entenderse que la Administración equivale tanto a los prestadores del servicio de acueducto, alcantarillado e hidrantes públicos, como privados -ASADAS-, por lo cual sus plazos deben ser dados en días naturales y los plazos de los usuarios deben ser dados en días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 256 de la LGAP.

6. De conformidad con los artículos 128, 132 y 133 de la LGAP, lo que corresponde es anular parcialmente la resolución RJD-101-2014, en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87 y 100 para que los plazos dados se ajusten a lo establecido en el artículo 256 de la LGAP y lo indicado en este criterio, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución.

7. En los artículos 5°, 11, 95, 106 y el Transitorio VII del reglamento bajo análisis, se omitió indicar si los plazos son en días hábiles o naturales.

8. La Aresep dentro del ámbito de su especialización, tiene la posibilidad de establecer mediante reglamentos o normas técnicas, aquellos mecanismos mediante los cuales fomente y garantice el cumplimiento de cada una de las condiciones idóneas para la prestación de los servicios públicos.

9. Los criterios regulatorios que la Autoridad Reguladora establezca mediante reglamentos o normas técnicas debidamente emitidas y promulgadas según el artículo 25 de la Ley N° 7593, reflejan y detallan justamente el ejercicio de sus competencias. No se trata de que, mediante una reglamento técnico se esté creando una potestad o competencia de la Autoridad Reguladora, así como, tampoco se está creando una sanción, pues la figura de la medida regulatoria debe ser vista desde el ámbito regulatorio, con lo cual no resulta ser, ni una sanción ni una manera de indemnizar un daño.

10. Las medidas regulatorias como las establecidas en los artículos 95 y 97 del Reglamento, pretenden equilibrar los intereses y las necesidades tanto de los prestadores como de los usuarios; no se pretende sancionar a los prestadores pues lo que se busca es que, los usuarios paguen un monto ajustado a la condición del servicio recibido.

11. Del artículo 109 se desprende que el prestador deberá efectuar ajustes por altos consumos derivados por fugas no visibles en las instalaciones internas del abonado, a pesar de que el artículo 119 señala como obligación del abonado mantenerlas en buen estado.

12. El artículo 109 del Reglamento en análisis, es omiso en indicar cómo se deben realizar los ajustes por altos consumos, lo que deriva en un acto no conforme con lo establecido en el artículo 16 de la LGAP, acarreando esto la nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto a este artículo, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución. Lo anterior de conformidad con el artículo 174 de la LGAP.

13. El artículo 123 del Reglamento establece una excepción al pago del aporte para nuevo desarrollos, que el artículo 38 de la Ley 4240 no hace. El artículo 123 del reglamento en estudio -norma de rango inferior-, resulta contrario a la Ley N° 4240 -norma de rango superior- en cuanto a su contenido y por lo tanto esto deviene en una nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto al referido artículo, ya que ello constituye un vicio en el motivo y en el contenido de dicha resolución. Lo anterior de conformidad con el artículo 174 de la LGAP.

14. Es jurídicamente viable que la Junta Directiva decida dimensionar el alcance de los efectos del acto anulatorio, y en ese sentido, mantenga vigente la resolución RJD-101-2014 hasta tanto ella reforme los artículos previamente señalados conforme a derecho.

(…)”

III.—Con fundamento en los resultandos y considerandos precedentes y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es: 1.- Rechazar de plano por inadmisible, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Leiber Aníbal Mora Campos, contra la resolución RJD-101-2014; 2.- Declarar parcialmente con lugar el recurso de reposición y la gestión de nulidad interpuestos por el señor Leiber Aníbal Mora Campos, contra la resolución RJD-101-2014, únicamente en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87 y 100 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013». En todo lo restante se declara sin lugar el recurso de reposición y la gestión de nulidad; 3.- Declarar de oficio la nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, únicamente en cuanto a los artículos 109 y 123 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013»; 4.- Retrotraer el procedimiento a la etapa procesal oportuna, es decir a la elaboración del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013», para que la Intendencia de Agua presente a la Junta Directiva, una propuesta de modificación a este en la cual deberá considerar lo señalado en este criterio; 5.- Dimensionar los efectos de la anulación parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87, 100, 109 y 123 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013», manteniéndolos vigentes, hasta tanto la Junta Directiva lo modifique conforme a derecho; 6.- Dar por agotada la vía administrativa, 7.- Notificar a las partes, la resolución que ha de dictarse, 8.- Publicar la resolución que ha de dictarse, 9.- Trasladar el expediente a la Intendencia de Agua, para lo que corresponda.

IV.—Que en sesión 07-2015, del 19 de febrero del 2015, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, sobre la base del oficio 079-DGAJR-2015, de cita, acordó entre otras cosas y con carácter de firme, dictar la presente resolución. Por tanto,

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD

REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS,

RESUELVE:

I.—Rechazar de plano por inadmisible, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Leiber Aníbal Mora Campos, contra la resolución RJD-101-2014.

II.—Declarar parcialmente con lugar el recurso de reposición y la gestión de nulidad interpuestos por el señor Leiber Aníbal Mora Campos, contra la resolución RJD-101-2014, únicamente en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87 y 100 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013». En todo lo restante se declara sin lugar el recurso de reposición y la gestión de nulidad.

III.—Declarar de oficio la nulidad parcial de la resolución RJD-101-2014, únicamente en cuanto a los artículos 109 y 123 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013».

IV.—Retrotraer el procedimiento a la etapa procesal oportuna, es decir a la elaboración del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013», para que la Intendencia de Agua presente a la Junta Directiva, una propuesta de modificación a este en la cual deberá considerar lo señalado en este criterio.

V.—Dimensionar los efectos de la anulación parcial de la resolución RJD-101-2014, en cuanto a los artículos 21, 53, 70, 74, 75, 82, 87, 100, 109 y 123 del reglamento técnico denominado: «Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, AR-PSAYA-2013», manteniéndolos vigentes, hasta tanto la Junta Directiva lo modifique conforme a derecho.

VI.—Dar por agotada la vía administrativa.

VII.—Notificar a las partes, la presente resolución.

VIII.—Publicar la presente resolución.

IX.—Trasladar el expediente a la Intendencia de Agua, para lo que corresponda.

Notifíquese y publíquese.—Grettel López Castro.—Sylvia Saborío Alvarado.—Édgar Gutiérrez López.—Pablo Sauma Fiatt.—Adriana Garrido Quesada.—Alfredo Cordero Chinchilla, Secretario.—1 vez.—O. C. N° 8377-2015.—Solicitud N° 28387.—C-1.283.500.—(IN2015014098).

Resolución RJD-018-2015.—San José, a las quince horas del doce de febrero de dos mil quince.

Metodología para fijar el precio de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (Sen), por parte de los micro y mini generadores adscritos a la Norma Poasen. (OT-230-2014).

Resultando:

I.—Que el 21 de diciembre de 2001, el Regulador General, mediante la resolución RRG-2439-2001, dictó la norma técnica denominada “Calidad en el Servicio de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica AR-NTGT” publicada en La Gaceta N° 5 del 8 de enero de 2002 (OT-024-2000).

II.—Que el 18 de setiembre de 2013, el Regulador General, mediante el memorando 721-RG-2013, designó a “los miembros integrantes de la Comisión Ad Hoc que tendrá a su cargo la revisión, actualización, replanteamiento y/o modificación de la “Norma de Calidad en el Servicio de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica” (Norma ARNT-GT).

III.—Que el 24 de octubre de 2013, la Junta Directiva, mediante el acuerdo 09-75-2013 de la sesión ordinaria 75-2013, ordenó “Someter al trámite de audiencia pública el proyecto de norma técnica denominada “Planeación, Operación y Acceso al sistema Eléctrico Nacional (AR-NT-POASEN)”, contenida en el oficio 1882-IE-2013 (Folios del 1 al 68 del OT-342-2013).

IV.—Que el 12 de diciembre de 2013, la Junta Directiva, mediante el acuerdo 05-88-2013 de la sesión ordinaria 88-2013, ordenó someter nuevamente al trámite de audiencia pública la propuesta de norma técnica AR-NT-POASEN-2013 (Folios del 1 al 72 del OT-370-2013).

V.—Que el 31 de marzo de 2014, la Junta Directiva, mediante el acuerdo 01-19-2014 aprobó la norma técnica denominada Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional AR-NT-POASEN.

VI.—Que el 8 de abril de 2014, en La Gaceta Nº 69 se publicó la norma técnica denominada Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional AR-NT-POASEN.

VII.—Que el 19 de setiembre de 2014, el Regulador General, de conformidad con lo que se dispone en el nuevo Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado. -RIOF-, en particular los artículos 9, 16, 17, 19 y 21, designó a los miembros integrantes de la Comisión Autónoma Ad Hoc que tendrá a su cargo la propuesta metodológica para fijar el precio de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por parte de los micro y mini generadores adscritos al programa POASEN. Esta compra venta de energía se entiende que es exclusivamente la que se entregue en calidad de excedentes posteriores al autoconsumo.

VIII.—Que el 25 de setiembre de 2014, la Junta Directiva, mediante acuerdo 06-56-2014 de la sesión ordinaria 56-2014, acordó “Someter al trámite de audiencia pública la Propuesta “Metodología para fijar el precio de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por parte de los micro y mini generadores adscritos a la norma POASEN”(…).” (Folios 01 al 06 del OT-230-2014).

IX.—Que el 16 de octubre de 2014, se publicó en La Gaceta N° 199 la convocatoria a la audiencia pública para conocer la propuesta de “Metodología de fijación de tarifas de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por parte de los micro y mini generadores adscritos al programa POASEN” (Folio 10 del OT-230-2014).

X.—Que el 20 de octubre de 2014, se publicó en los diarios La Nación y la Prensa Libre la convocatoria a la audiencia pública para conocer la propuesta de “Metodología de fijación de tarifas de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por parte de los micro y mini generadores adscritos al programa POASEN” (Folio 12 del OT-230-2014).

XI.—Que el 13 de noviembre de 2014, se llevó a cabo la audiencia pública en el auditorio de la Aresep interconectados por el sistema de videoconferencia con los Tribunales de Justicia de los centros de: Cartago, Ciudad Quesada, Heredia, Liberia, Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas, además dicha audiencia se desarrolló en forma presencial en el salón parroquial de Bribrí, Limón, Talamanca en la cual se presentaron y admitieron las siguientes 7 posiciones de: la Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR), el Consejero de Usuario, Jorge Sanarrucia Aragón, la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R. L.), la Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz, R.L. (Coopealfaro Ruiz R. L.), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Cooperativa de Electrificación Rural los Santos R.L. (Coopesantos R.L.) y la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L. (Coopeguanacaste R.L.). (Folios del 67 al 82 y del 86 al 156 del OT-230-2014).

XII.—Que el 16 diciembre de 2014, la Comisión Ad Hoc, remitió a la Secretaría de Junta Directiva el informe final de la “Propuesta de Metodología de fijación de tarifas de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por parte de los micro y mini generadores adscritos al programa POASEN”. (No consta en los autos del OT-230-2014).

XIII.—Que 15 de enero de 2015, la Dirección de Asesoría Jurídica y Regulatoria, mediante el criterio 037-DGAJR-2015 le recomendó a la Junta Directiva: “1. Solicitar a la Comisión ad hoc, remitir el borrador de acuerdo y la propuesta de resolución que deberá dictarse por parte de la Junta Directiva.2. Someter a conocimiento y valoración de la Junta Directiva la propuesta de “Metodología para fijar el precio de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por parte de los micro y mini generadores adscritos al programa POASEN” presentada por la Comisión ad hoc mediante el oficio sin número del 16 de diciembre de 2014”. (No consta en los autos del OT-230-2014).

Considerando:

I.—Que en cuanto a las oposiciones y coadyuvancias presentadas en la audiencia pública, del informe del 16 de diciembre de 2014 emitido por la Comisión Ad Hoc que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

“(...)

6.1 Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR), representado por Natalia Alvarado Sanabria, folios 104-111 del expediente OT-230-2014.

6.1.1 Están de acuerdo con la fijación del precio de liquidación de los excedentes de energía entregada al SEN con base en el costo ponderado anual de compras de energía y potencia que realizan las empresas distribuidoras a generadores y el costo promedio ponderado anual de su generación propia.

6.1.2 En vista de que la metodología establece que en junio de cada año se establecerá la tarifa que regirá en el año siguiente, pregunta. ¿Cuándo se establecerá la tarifa que regirá para los excedentes del 2015?

222226.1.1 Con respecto al primer ítem, se toma en cuenta su posición en el sentido de que avala la propuesta de metodología para el cálculo del precio a utilizar para hacer las liquidaciones de la energía que suministren los generadores a pequeña escala, ya sean mini o micro generadores, en carácter de excedentes de energía, esto es una vez cubiertas sus necesidades propias de consumo.

6.1.2 Para responder la pregunta sobre cuándo se establecerá la tarifa aplicable para los excedentes de energía que se entreguen durante el año 2015, es necesario primero indicar que es un requisito previo que la metodología quede formalmente publicada. Una vez aprobada y publicada esta metodología, se iniciará el procedimiento correspondiente para la aplicación de la metodología para obtener el precio por aplicar para ese año 2015.

6.2 Consejero de Usuario, Jorge Sanarrucia Aragón, folios 41-45 del expediente OT-230-2014.

6.2.1 Se debe dar seguimiento a la aplicación de la metodología para evaluar que la práctica es consistente con la realidad, en cuanto a que se le reconoce a los usuarios un beneficio económico en relación a la inversión inicial y los precios de mercado.

6.2.2 Aresep dé seguimiento a los contratos para que clarifique e incorpore nuevas condiciones relativas a los derechos y obligaciones de los usuarios.

6.2.3 Valorar la posibilidad de excluir el CVC de la metodología.

6.2.4 Se le solicita a la Aresep, articular y liderar esfuerzos con el MINAE para hacer del proceso de emisión de concesiones o posibles títulos habilitantes, un proceso de acceso sencillo y ágil para los usuarios y que sea ampliamente difundido.

6.2.1 En la propuesta que se llevó a audiencia es muy claro el sustento de que debido a que en la actualidad los sistemas por desarrollarse para participar en el SEN como micro o mini generadores que entregan sus excedentes de producción de energía, están en su fase embrionaria, no se dispone de información estructurada que sirva de base para calcular un precio que responda a una estructura de costos propia de la actividad; por lo tanto, con fundamento en el concepto de un precio de referencia, se propone realizar las fijaciones del precio de liquidación de la energía entregada por este medio al SEN, con base en: el costo promedio ponderado anual por empresa de las compras de la energía y potencia que realiza cada una de las empresas distribuidoras - a empresas generadoras, y el costo promedio ponderado anual de su generación propia.

Así es que con la propuesta conocida en audiencia la Autoridad Reguladora atiende la necesidad de establecer las condiciones mínimas necesarias de la metodología para fijar un precio, que respete el principio del servicio al costo, que permita a los posibles agentes del mercado de generación a pequeña escala disponer en forma clara, precisa y oportuna de los precios para hacer las liquidaciones correspondientes, que permita el despegue de las opciones para el desarrollo de una fuente adicional de generación (auto consumo, micro y mini generadores); además de establecer las bases para fijar un precio que es neutro en su impacto sobre el precio medio total del servicio de distribución de electricidad de cada empresa distribuidora en específico.

Conforme las condiciones reales de operación de este mercado y la disponibilidad de información que replique ese comportamiento, de ser necesario ajustes en la metodología, se procederá con el trámite necesario para hacer ver y modificar cualquier aspecto de la metodología, si es del caso, según las propuestas de los diferentes agentes del mercado que legalmente tengan la potestad de hacer las solicitudes de cambio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 7593.

6.2.2 De conformidad con el artículo 130 de la norma técnica de Planeamiento, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional, le corresponde a la ARESEP aprobar los “formatos y prototipos de los contratos de conexión y las observaciones que haga serán de carácter obligatorio”. Así mismo, el numeral 133 dispone que la Autoridad Reguladora debe aprobar el procedimiento para la puesta en servicio de un micro o mini generador dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de dicha norma. Aunado a lo anterior, cabe indicar que el artículo 133 establece dentro de las cláusulas contractuales mínimas: “b. Objeto y alcance contractuales incluyendo las obligaciones que se impongan a las partes…j. Cualquier otro aspecto importante que regulen los deberes y derechos de las partes”. De los artículos citados se deprende la potestad de aprobación de la ARESEP en cuanto al procedimiento y el contrato de conexión y también las obligaciones de los abonados o usuarios y de la empresa distribuidora.

6.2.3 En esta propuesta se indicó muy claramente que el sustento de la misma es con base en el pago de un precio medio total de lo que le cuesta a cada empresa distribuidora por separado la adquisición de un KWH, y dentro de ese concepto está el costo que agrega la necesidad país de generar con combustibles, por lo que basados en este concepto de costo total no es posible eliminar del cálculo el CVC.

Es el valor que tiene un KWH, independientemente de la fuente con que se produzca, ya que no se tiene certeza en qué momento va a sustituir energía.

6.2.4 En el programa de generadores privados a pequeña escala, para autoconsumo y venta de excedentes, de acuerdo con lo establecido en la norma ARNT-POASEN y los requisitos establecidos en la Ley Nº 7593, para vender o intercambiar energía eléctrica, es necesario contar con un permiso o concesión emitida por el MINAE. Desde esta perspectiva, la ARESEP ha venido coordinando con el MINAE elementos necesarios para propiciar la simplificación del proceso de autorización.

6.3 Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L., folios 93-103 del expediente OT-230-2014.

6.3.1 La propuesta metodológica se está obviando que la generación distribuida la realizan usuarios del servicio de distribución, lo que hace que se incluyan en el cálculo tarifario parámetros que no corresponden.

6.3.2 Aresep debe resguardar el principio de que la generación distribuida nunca implique un costo mayor de energía para las distribuidoras a los costos que tienen que comprar al ICE o a otras distribuidoras o generadores.

6.3.3 Indicar expresamente que los costos por compras de los excedentes de energía que realicen las empresas distribuidoras a los mini y micro generadores serán reconocidos en las tarifas del servicio de distribución de éstas.

6.3.4 Utilizar el precio medio es erróneo desde la óptica de la regulación económica porque los generadores deben garantizar la sostenibilidad del servicio de largo plazo (depreciación y rendimiento sobre la base tarifaria) y los mini o micro generadores no.

6.3.5 Con la propuesta de Aresep se obtiene un precio promedio, con lo que no se estaría cumpliendo lo que estable el artículo 159 de la norma POASEN.

6.3.6 Se establezca que la tarifa para los excedentes de energía de los micro y mini generadores se fije por cada empresa distribuidora, de forma trimestral y con base en el precio alternativo de compra de energía más bajo que tenga cada empresa, menos un porcentaje equivalente a los costos de depreciación y del rendimiento sobre la base tarifaria del sistema de generación de cada empresa distribuidora.

6.3.1 Hay conciencia y así se toma en cuenta en la base de la propuesta de que los agentes que realizan la producción de energía eléctrica son los usuarios del servicio de distribución y que son éstos los que una vez cubiertas sus necesidades de consumo propio de energía eléctrica, entregarán al SEN el excedente de generación que puedan obtener de su nuevo emprendimiento; sin embargo, dadas las condiciones existentes en ese nuevo mercado de energía, se aclara: “Debido a que en la actualidad los sistemas por desarrollarse para participar en el SEN como micro o mini generadores que entregan sus excedentes de producción de energía, están en su fase embrionaria, no se dispone de información estructurada que sirva de base para calcular un precio que responda a una estructura de costos propia de la actividad; por lo tanto, con fundamento en el concepto de un precio de referencia, se propone realizar las fijaciones del precio de liquidación de la energía entregada por este medio al SEN, con base en: el costo promedio ponderado anual de las compras de la energía y potencia que realizan las empresas distribuidoras - a empresas generadoras, y el costo promedio ponderado anual de su generación propia.” Los parámetros propuestos en la metodología de cálculo del precio de liquidación están claros y son precisos, corresponden a los necesarios para calcular un precio promedio ponderado de la adquisición de energía de cada una de las empresas distribuidoras.

6.3.2 Por definición la metodología propuesta establece que el precio para utilizar como referencia para liquidar la energía entregada por los generadores a pequeña escala es el precio promedio de la compra de cada empresa distribuidora a las generadoras, ponderado con el precio promedio de la generación propia, si ésta existe. Siendo esto así, no existe ninguna opción de que el precio promedio anual que se le pagará a un generador a pequeña escala para autoconsumo sea menor o superior al costo promedio del período de referencia (un año). Al ser la liquidación anual y el precio calculado un promedio anual real, no es posible tener un precio anual superior, ya que se utiliza información real, además, el costo de la generación propia debe ser menor o igual que las compras al ICE.

6.3.3 En el cálculo de los precios o tarifas que fija la ARESEP no existe una determinación tácita y absoluta de que determinado gasto o costo que realicen las empresas reguladas será reconocido o desestimado, excepto los que explícitamente la Ley Nº 7593 establece como no reconocibles en el cálculo tarifario. En el caso particular de las compras de energía de las empresas distribuidoras a las generadoras, en el tanto tengan los respectivos elementos de sustento de las cantidades consignadas y los precios sean los previamente fijados por ARESEP, no tendrán ninguna dificultad para ser reconocidos en el cálculo tarifario de los precios para la fase de precios de distribución.

6.3.4 Los generadores distribuidos no pueden ni deben asumir el compromiso de garantizar la sostenibilidad de largo plazo de la prestación del servicio eléctrico; además de que aún no inician formalmente sus actividades de producción, cuando así lo hagan será un aporte marginal con respecto al total del SEN, no tendrán capacidad para garantizar energía firme y se les estableció un tope de la energía que pueden entregar en función de su consumo propio; así es que no tiene ningún sentido técnico, económico ni razonable pretender que estos actores puedan garantizar la sostenibilidad del sistema.

En esta propuesta se indicó muy claramente que el sustento de la misma es con base en el pago de un precio medio total de lo que le cuesta a cada empresa distribuidora por separado la adquisición de un KWH, y dentro de ese concepto está el costo total que agrega la necesidad país de generar.

Cuando el cálculo de un precio regulado se hace con base en las cifras contable financieras de la empresa que realiza la actividad, se hace un detallado reconocimiento y estudio de las cifras propias de la empresa, incluyéndose lo que se considere oportuno y razonable de los gastos reportados, por supuesto lo concerniente a depreciación y rédito para el desarrollo estará presente, con las limitaciones ya conocidas de si se refieren a activos propios de la prestación de ese servicio en particular y si esos activos son útiles y utilizables en la prestación del servicio. Pero en este caso de la generación a pequeña escala, en esta propuesta de metodología para la fijación de los precios de liquidación de la energía excedente entregada al SEN, se utiliza un precio de referencia, que es el precio medio de compra de energía de la empresa distribuidora a la generadora, ponderado con el precio medio de generación propia, si la hay; así las cosas, no hay forma de considerar componentes de un sistema de cálculo de precios con base en costos propios de la empresa que produce con otro sistema que calcula el precio como un precio total de referencia de la industria o de otra empresa o del usuario.

6.3.5 El artículo Nº 159 de la norma POASEN textualmente indica: “Para la modalidad contractual “Medición Neta Completa”, en la facturación del mes de diciembre la empresa eléctrica deberá compensar económicamente al generador, los posibles excedentes de energía acumulados a la fecha aplicándoles el precio de la energía correspondiente con la estructura tarifaria vigente al momento en que los mismos se produjeron.” De tal forma que con la propuesta de un precio promedio y un precio único, un precio con una estructura tarifaria en términos de un solo precio monómico, no se incumple en nada lo establecido en este artículo. No hay ninguna prohibición de establecer un único precio, ni desautorización alguna de utilizar el concepto de precio promedio.

6.3.6 Se agradece la propuesta alternativa de una forma de calcular el precio de liquidación de la energía entregada como excedentes por parte de los generadores a pequeña escala para autoconsumo, pero los criterios de fijación en forma trimestral y con base en el precio alternativo de compra de energía más bajo que tenga cada empresa y la eliminación del porcentaje equivalente a los costos de depreciación y del rendimiento sobre la base tarifaria del sistema de generación de cada empresa distribuidora, no son congruentes con las condiciones propias actuales de la generación a pequeña escala, al menos para los primeros años en los que operarán en Costa Rica. La fijación de un precio particular para cada una de las empresas distribuidoras si está plenamente incluido en la propuesta que ARESEP sometió a audiencia.

6.4 Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz, R.L., folios 46-50 del expediente OT-230-2014.

6.4.1 Indicar expresamente que los costos por compras de los excedentes de energía que realicen las empresas distribuidoras a los mini y micro generadores serán reconocidos en las tarifas del servicio de distribución de éstas.

6.4.2 Implícitamente se les está reconociendo el costo de depreciación y el del rédito para el desarrollo, lo que significa en la práctica una rentabilidad más alta que la que reciben las distribuidoras.

6.4.3 No se precisa cuál es la estructura tarifaria definida, en el caso de que sea plana se deben de justificar los subsidios que se crearían.

6.4.1 En el cálculo de los precios o tarifas que fija la ARESEP no existe una determinación tácita y absoluta de que determinado gasto o costo que realicen las empresas reguladas será reconocido o desestimado, excepto los que explícitamente la Ley Nº 7593 establece como no reconocibles en el cálculo tarifario. En el caso particular de las compras de energía de las empresas distribuidoras a las generadoras, en el tanto tengan los respectivos elementos de sustento de las cantidades consignadas y los precios sean los previamente fijados por ARESEP, no tendrán ninguna dificultad para ser reconocidos en el cálculo tarifario de los precios para la fase de precios de distribución.

6.4.2 Cuando el cálculo de un precio regulado se hace con base en las cifras contable financieras de la empresa que realiza la actividad, se hace un detallado reconocimiento y estudio de las cifras propias de la empresa, incluyéndose lo que se considere oportuno y razonable de los gastos reportados, por su puesto lo concerniente a depreciación y rédito para el desarrollo estará presente, con las limitaciones ya conocidas de si se refieren a activos propios de la prestación de ese servicio en particular y si esos activos son útiles y utilizables en la prestación del servicio. Pero en este caso de la generación a pequeña escala, en esta propuesta de metodología para la fijación de los precios de liquidación de la energía excedente entregada al SEN, se utiliza un precio de referencia, que es el precio medio de compra de energía de la empresa distribuidora a la generadora, ponderado con el precio medio de generación propia, si la hay; así las cosas, no hay forma de considerar componentes de un sistema de cálculo de precios con base en costos propios de la empresa que produce con otro sistema que calcula el precio como un precio total de referencia de la industria o de otra empresa o del usuario.

6.4.3 La estructura tarifaria que se propone es la que se conforma con un precio monómico, un precio medio único para cada una de las empresas distribuidoras. No hay subsidios explícitos creados o incluidos, tan solo es un precio de referencia dado. El precio medio de referencia ya sea calculado como un precio medio de compra de la empresa distribuidora a la generadora y los costos medios de generación propia de la distribuidora, en caso de existir, o sea un precio medio “eficiente” de todos los generadores distribuidos a pequeña escala es un precio de referencia para un generador distribuido en particular. Si existieran costos medios totales del generador a pequeña escala con respecto a esos precios medios ya fijados, deben considerarse como eficiencias o deficiencias de la estructura de costos del generador a pequeña escala con respecto al “precio de mercado” fijado y no como un subsidio creado por la fijación del precio.

6.5 Instituto Costarricense de Electricidad, folios 20-27 del expediente OT-230-2014.

6.5.1 Considerar únicamente los rubros de costo de energía y costo variable de combustibles en el cálculo del precio de liquidación de excedentes y excluir el costo de la potencia.

6.5.2 Ampliar y clarificar los conceptos de egresos directos e indirectos, con el fin de poder incluir correctamente los rubros que deben considerarse en el cálculo del precio de liquidación.

6.5.3 Incluir una cláusula de reserva de compra de excedentes que indique que la empresa distribuidora no está en la obligación de comprar energía a los pequeños generadores.

6.5.1 El precio que se calcularía con base en la metodología propuesta es un precio medio total asociado con la energía recibida por cada empresa distribuidora, en términos de un precio monómico que incluye la energía y la potencia, los costos fijos y los variables, los costos de combustibles asociados con la producción de esa energía y potencia recibidos. En buena medida, este precio es congruente con el precio monómico que cobran las empresas distribuidoras a sus clientes que no tienen medición de potencia entregada. Por ejemplo, no es posible decir que los clientes residenciales, que pagan una tarifa monómica, no pagan una proporción por la demanda de potencia que individual o conjuntamente demandan del sistema. De tal forma que de conformidad con lo propuesto, no se procede con la exclusión del costo de potencia en el cálculo del precio necesario para liquidar la entrega de energía excedente que suministrarán los generadores a pequeña escala.

Algunas fuentes no pueden garantizar potencia firme; sin embargo, la base fundamental para calcular el precio de la energía entregada por los generadores distribuidos, no se sustenta en las condiciones propias de esa generación, sino en propiciar el inicio de operaciones de esta nueva modalidad de generación y entrega de energía al SEN. Esto se pretende lograr pagando en principio un precio medio total que surge de ponderar el costo total de las compras de energía y potencia, más CVC, que realiza cada empresa distribuidora y el costo medio total de su generación propia, en caso de existir ésta. Ese precio medio total, en su carácter de representar el costo medio total de un KWH recibido por la empresa distribuidora, debe ser un precio monómico y no permite la eliminación de conceptos como la potencia, el CVC, depreciación, rentabilidad, etc.

6.5.2 En la actual propuesta, se aclara que se refiere a los costos de generación propia de las empresas distribuidoras, de forma que se indica que se deben incluir los costos directos e indirectos, ello se refiere a que se deben incluir los “costos totales” de su generación propia y no solo los identificados en forma directa, como lo podría ser la división, departamento o unidad de generación. Al tomar en cuenta el costo medio total de generación, hace que este valor sea comparable y se pondere al costo o precio medio total de compra de energía a la o las empresas generadoras y con ello tener cifras comparables y ponderables.

6.5.3 La inclusión de esa cláusula de reserva en la compra de excedentes de energía eléctrica, es un tema de los contratos y no de la metodología de fijación de los precios que se aplicarán en su debido momento.

6.6 Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, R.L., folios 67-72 del expediente OT-230-2014.

6.6.1 La propuesta metodológica está obviando que la generación distribuida la realizan usuarios del servicio de distribución, lo que hace que se incluyan en el cálculo tarifario parámetros que no corresponden.

6.6.2 Aresep debe resguardar el principio de que la generación distribuida nunca implique un costo mayor de energía para las distribuidoras a los costos que tienen que comprar al ICE o a otras distribuidoras o generadores.

6.6.3 Indicar expresamente que los costos por compras de los excedentes de energía que realicen las empresas distribuidoras a los mini y micro generadores serán reconocidos en las tarifas del servicio de distribución de éstas.

6.6.4 Utilizar el precio medio es erróneo desde la óptica de la regulación económica porque los generadores deben garantizar la sostenibilidad del servicio de largo plazo (depreciación y rendimiento sobre la base tarifaria) y los mini o micro generadores no.

6.6.5 Con la propuesta de Aresep se obtiene un precio promedio, con lo que no se estaría cumpliendo lo que establece el artículo 159 de la norma POASEN.

6.6.6 Se establezca que la tarifa para los excedentes de energía de los micro y mini generadores se fije por cada empresa distribuidora, de forma trimestral y con base en el precio alternativo de compra de energía más bajo que tenga cada empresa, menos un porcentaje equivalente a los costos de depreciación y del rendimiento sobre la base tarifaria del sistema de generación de cada empresa distribuidora.

6.6.1 Hay conciencia y así se toma en cuenta en la base de la propuesta de que los agentes que realizan la producción de energía eléctrica son los usuarios del servicio de distribución y que son éstos los que una vez cubiertas sus necesidades de consumo propio de energía eléctrica, entregarán al SEN el excedente de generación que puedan obtener de su nuevo emprendimiento; sin embargo, dadas las condiciones existentes en ese nuevo mercado de energía, se aclara: “Debido a que en la actualidad los sistemas por desarrollarse para participar en el SEN como micro o mini generadores que entregan sus excedentes de producción de energía, están en su fase embrionaria, no se dispone de información estructurada que sirva de base para calcular un precio que responda a una estructura de costos propia de la actividad; por lo tanto, con fundamento en el concepto de un precio de referencia, se propone realizar las fijaciones del precio de liquidación de la energía entregada por este medio al SEN, con base en: el costo promedio ponderado anual de las compras de la energía y potencia que realizan las empresas distribuidoras - a empresas generadoras, y el costo promedio ponderado anual de su generación propia.” Los parámetros propuestos en la metodología de cálculo del precio de liquidación están claros y son precisos, corresponden a los necesarios para calcular un precio promedio ponderado de la adquisición de energía de cada una de las empresas distribuidoras.

6.6.2 Por definición la metodología propuesta establece que el precio para utilizar como referencia para liquidar la energía entregada por los generadores a pequeña escala es el precio promedio de la compra de cada empresa distribuidora a las generadoras, ponderado con el precio promedio de la generación propia, si ésta existe. Siendo esto así, no existe ninguna opción de que el precio promedio anual que se le pagará a un generador a pequeña escala para autoconsumo sea menor o superior al costo promedio del período de referencia (un año). Al ser la liquidación anual y el precio calculado un promedio anual real, no es posible tener un precio anual superior, ya que se utiliza información real, además, el costo de la generación propia debe ser menor o igual que las compras al ICE.

6.6.3 En el cálculo de los precios o tarifas que fija la ARESEP no existe una determinación tácita y absoluta de que determinado gasto o costo que realicen las empresas reguladas será reconocido o desestimado, excepto los que explícitamente la Ley Nº 7593 establece como no reconocibles en el cálculo tarifario. En el caso particular de las compras de energía de las empresas distribuidoras a las generadoras, en el tanto tengan los respectivos elementos de sustento de las cantidades consignadas y los precios sean los previamente fijados por ARESEP, no tendrán ninguna dificultad para ser reconocidos en el cálculo tarifario de los precios para la fase de precios de distribución.

6.6.4 Los generadores distribuidos no pueden ni deben asumir el compromiso de garantizar la sostenibilidad de largo plazo de la prestación del servicio eléctrico; además de que aún no inician formalmente sus actividades de producción, cuando así lo hagan será un aporte marginal con respecto al total del SEN, no tendrán capacidad para garantizar energía firme y se les estableció un tope de la energía que pueden entregar en función de su consumo propio; así es que no tiene ningún sentido técnico, económico ni razonable pretender que estos actores puedan garantizar la sostenibilidad del sistema.

6.6.5 El artículo Nº 159 de la norma POASEN textualmente indica: “Para la modalidad contractual “Medición Neta Completa”, en la facturación del mes de diciembre la empresa eléctrica deberá compensar económicamente al generador, los posibles excedentes de energía acumulados a la fecha aplicándoles el precio de la energía correspondiente con la estructura tarifaria vigente al momento en que los mismos se produjeron.” De tal forma que con la propuesta de un precio promedio y un precio único, un precio con una estructura tarifaria en términos de un solo precio monómico, no se incumple en nada lo establecido en este artículo. No hay ninguna prohibición de establecer un único precio, ni desautorización alguna de utilizar el concepto de precio promedio.

6.6.6 Se agradece la propuesta alternativa de una forma de calcular el precio de liquidación de la energía entregada como excedentes por parte de los generadores a pequeña escala, pero los criterios de fijación en forma trimestral y con base en el precio alternativo de compra de energía más bajo que tenga cada empresa y la eliminación del porcentaje equivalente a los costos de depreciación y del rendimiento sobre la base tarifaria del sistema de generación de cada empresa distribuidora, no son congruentes con la filosofía y las condiciones propias de la generación a pequeña escala, al menos para los primeros años en los que operarán en Costa Rica. La fijación de un precio particular para cada una de las empresas distribuidoras si está plenamente incluido en la propuesta que ARESEP sometió a audiencia.

6.7 Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L., folios 73-79 del expediente OT-230-2014.

6.7.1 La propuesta metodológica está obviando que la generación distribuida la realizan usuarios del servicio de distribución, lo que hace que se incluyan en el cálculo tarifario parámetros que no corresponden.

6.7.2 Aresep debe resguardar el principio de que la generación distribuida nunca implique un costo mayor de energía para las distribuidoras a los costos que tienen que comprar al ICE o a otras distribuidoras o generadores.

6.7.3 Indicar expresamente que los costos por compras de los excedentes de energía que realicen las empresas distribuidoras a los mini y micro generadores serán reconocidos en las tarifas del servicio de distribución de éstas.

6.7.4 Utilizar el precio medio es erróneo desde la óptica de la regulación económica porque los generadores deben garantizar la sostenibilidad del servicio de largo plazo (depreciación y rendimiento sobre la base tarifaria) y los mini o micro generadores no.

6.7.5 Debe indicarse que es el precio ponderado promedio de cada empresa distribuidora.

6.7.6 Con la propuesta de Aresep se obtiene un precio promedio, con lo que no se estaría cumpliendo lo que establece el artículo 159 de la norma POASEN.

6.7.7 La generación solar y eólica no aporta potencia mientras que la fórmula de cálculo incorpora este elemento.

6.7.8 Se establezca que la tarifa para los excedentes de energía de los micro y mini generadores se fije por cada empresa distribuidora, de forma trimestral y con base en el precio alternativo de compra de energía más bajo que tenga cada empresa, menos un porcentaje equivalente a los costos de depreciación y del rendimiento sobre la base tarifaria del sistema de generación de cada empresa distribuidora.

6.7.1 Hay conciencia y así se toma en cuenta en la base de la propuesta de que los agentes que realizan la producción de energía eléctrica son los usuarios del servicio de distribución y que son éstos los que una vez cubiertas sus necesidades de consumo propio de energía eléctrica, entregarán al SEN el excedente de generación que puedan obtener de su nuevo emprendimiento; sin embargo, dadas las condiciones existentes en ese nuevo mercado de energía, se aclara: “Debido a que en la actualidad los sistemas por desarrollarse para participar en el SEN como micro o mini generadores que entregan sus excedentes de producción de energía, están en su fase embrionaria, no se dispone de información estructurada que sirva de base para calcular un precio que responda a una estructura de costos propia de la actividad; por lo tanto, con fundamento en el concepto de un precio de referencia, se propone realizar las fijaciones del precio de liquidación de la energía entregada por este medio al SEN, con base en: el costo promedio ponderado anual de las compras de la energía y potencia que realizan las empresas distribuidoras - a empresas generadoras, y el costo promedio ponderado anual de su generación propia.” Los parámetros propuestos en la metodología de cálculo del precio de liquidación están claros y son precisos, corresponden a los necesarios para calcular un precio promedio ponderado de la adquisición de energía de cada una de las empresas distribuidoras.

6.7.2 Por definición la metodología propuesta establece que el precio para utilizar como referencia para liquidar la energía entregada por los generadores a pequeña escala es el precio promedio de la compra de cada empresa distribuidora a las generadoras, ponderado con el precio promedio de la generación propia, si ésta existe. Siendo esto así, no existe ninguna opción de que el precio promedio anual que se le pagará a un generador a pequeña escala para autoconsumo sea menor o superior al costo promedio del período de referencia (un año). Al ser la liquidación anual y el precio calculado un promedio anual real, no es posible tener un precio anual superior, ya que se utiliza información real, además, el costo de la generación propia debe ser menor o igual que las compras al ICE.

6.7.3 En el cálculo de los precios o tarifas que fija la ARESEP no existe una determinación tácita y absoluta de que determinado gasto o costo que realicen las empresas reguladas será reconocido o desestimado, excepto los que explícitamente la Ley Nº 7593 establece como no reconocibles en el cálculo tarifario. En el caso particular de las compras de energía de las empresas distribuidoras a las generadoras, en el tanto tengan los respectivos elementos de sustento de las cantidades consignadas y los precios sean los previamente fijados por ARESEP, no tendrán ninguna dificultad para ser reconocidos en el cálculo tarifario de los precios para la fase de precios de distribución.

6.7.4 Los generadores distribuidos no pueden ni deben asumir el compromiso de garantizar la sostenibilidad de largo plazo de la prestación del servicio eléctrico; además de que aún no inician formalmente sus actividades de producción, cuando así lo hagan será un aporte marginal con respecto al total del SEN, no tendrán capacidad para garantizar energía firme y se les estableció un tope de la energía que pueden entregar en función de su consumo propio; así es que no tiene ningún sentido técnico, económico ni razonable pretender que estos actores puedan garantizar la sostenibilidad del sistema.

6.7.5 En la propuesta que se presentó a audiencia efectivamente el sustento es que se calcule un precio medio total de KWH por empresa; sin embargo, para efectos de mayor claridad en las definiciones de las variables de la fórmula que se está proponiendo sea aprobada se hace visible y evidente, de una forma totalmente explícita que el cálculo se realizará es sobre variables de cada una de las diferentes empresas distribuidoras.

6.7.6 El artículo Nº 159 de la norma POASEN textualmente indica: “Para la modalidad contractual “Medición Neta Completa”, en la facturación del mes de diciembre la empresa eléctrica deberá compensar económicamente al generador, los posibles excedentes de energía acumulados a la fecha aplicándoles el precio de la energía correspondiente con la estructura tarifaria vigente al momento en que los mismos se produjeron.” De tal forma que con la propuesta de un precio promedio y un precio único, un precio con una estructura tarifaria en términos de un solo precio monómico, no se incumple en nada lo establecido en este artículo. No hay ninguna prohibición de establecer un único precio, ni desautorización alguna de utilizar el concepto de precio promedio.

6.7.7 Evidentemente la energía que se genera por fuentes eólicas o solares no puede garantizar potencia firme; sin embargo, en esta modalidad de generación a pequeña escala podrían entrar otras fuentes a ofrecer energía. Además en esta propuesta, la base fundamental para calcular el precio de la energía entregada por los generadores distribuidos, no se sustenta en las condiciones propias de esa generación, sino en propiciar el inicio de operaciones de esta nueva modalidad de generación y entrega de energía al SEN. Esto se pretende lograr pagando en principio un precio medio total que surge de ponderar el costo total de las compras de energía y potencia, más CVC, que realiza cada empresa distribuidora y el costo medio total de su generación propia, en caso de existir ésta. Ese precio medio total, en su carácter de representar el costo medio total de un KWH recibido por la empresa distribuidora, debe ser un precio monómico y no permite la eliminación de conceptos como la potencia, el CVC, depreciación, rentabilidad, etc.

6.7.8 Se agradece la propuesta alternativa de una forma de calcular el precio de liquidación de la energía entregada como excedentes por parte de los generadores a pequeña escala, pero los criterios de fijación en forma trimestral y con base en el precio alternativo de compra de energía más bajo que tenga cada empresa y la eliminación del porcentaje equivalente a los costos de depreciación y del rendimiento sobre la base tarifaria del sistema de generación de cada empresa distribuidora, no son congruentes con la filosofía y las condiciones propias de la generación a pequeña escala, al menos para los primeros años en los que operarán en Costa Rica. La fijación de un precio particular para cada una de las empresas distribuidoras si está plenamente incluido en la propuesta que ARESEP sometió a audiencia.

(…)”

II.—Que de conformidad con los resultandos y considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es: 1- Aprobar la “Metodología para fijar el precio de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por parte de los micro y mini generadores adscritos a la norma POASEN”, 2- Tener como respuesta a los opositores que participaron en la audiencia pública realizada el 13 de noviembre de 2014, lo señalado en el Considerando I de esta resolución y agradecer su valiosa participación en este proceso y 3- Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la respectiva publicación de esta metodología en el Diario Oficial La Gaceta.

III.—Que en sesión 4-2015 del 5 de febrero de 2015 y ratificada el 12 de febrero de 2015, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sobre la base de la propuesta de la Comisión Ad Hoc del 16 de diciembre de 2014, así como del oficio 037-DGAJR-2015 del 15 de enero de 2015, acordó entre otras cosas:

Por tanto:

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N° 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N° 6227, en el Decreto Ejecutivo N° 29732-MP, que es el Reglamento a la Ley N° 7593, y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:

I.—Aprobar la “Metodología para fijar el precio de liquidación de la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por parte de los micro y mini generadores adscritos a la norma POASEN”, presentada según el oficio ni número dictado por la Comisión Ad Hoc el 16 de diciembre de 2014, tal y como se detalla a continuación:

“ (…)

3. Marco legal

La aprobación de la presente metodología, encuentra sustento legal en la normativa que se cita a continuación:

a. La Ley Nº 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece, en su artículo 5, que “… En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas…” Los servicios públicos citados incluyen, en el inciso a) del mismo artículo, el “Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización.”

b. La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, al tenor de lo establecido en el artículo 6, inciso 2), sub inciso c) del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado se encuentra facultada para dictar y modificar las metodologías regulatorias que se aplicarán en los diversos mercados. Dicho reglamento fue publicado en el Alcance 13 a La Gaceta Nº 69, del 8 de abril de 2009 y sus reformas.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta claro que la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora es la competente para emitir y modificar las metodologías tarifarias de los servicios públicos regulados, incluyendo la generación de electricidad, para lo cual deberá seguir el procedimiento de audiencia pública. El marco legal citado provee la base que faculta a ARESEP para establecer y o modificar las metodologías regulatorias.

4. Metodología:

Tomando en consideración los antecedentes y justificaciones expresadas anteriormente, así como los resultados de la audiencia pública, se propone aprobar lo siguiente:

El precio aplicable para cada una de las empresas distribuidoras en la compensación económica de los excedentes de producción que llegaren a entregar los generadores a pequeña escala, en el régimen contractual “Medición neta completa, con liquidación anual”, será el siguiente:

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Donde:

Pn = Precio en colones por kWh para cada una de las empresas distribuidoras, que se utilizará para liquidar el excedente anual del año “n”.

CCEP_iⁿ = “Costo en colones de compras de energía y potencia” de cada empresa distribuidora a otras empresas generadoras, aplicable para el año “n”, año que se liquida, que incluye las cifras de los meses de diciembre del año “n-3”, más enero a noviembre del año “n-2”. Se incluyen únicamente los rubros de energía y potencia, más el costo variable del combustible.

𝐶𝐺𝑃_iⁿ = Costo en colones, según registro contable de cada una de las empresas distribuidoras y validados por ARESEP, de los costos directos e indirectos por la generación propia (costo total de la generación propia), aplicable para el año “n”, año que se liquida, que incluye las cifras de los meses de diciembre del año “n-3”, más enero a noviembre del año “n-2”. Es un precio de transferencia de generación a distribución, de la misma empresa distribuidora.

kWh _i^ce = Cantidades físicas de kWh reportados por cada una de las empresas distribuidoras, como compras de energía en las facturas del generador al distribuidor, correspondientes al año “n”, año que se liquida, que incluye las cifras de los meses de diciembre del año “n-3”, más enero a noviembre del año “n-2”.

kWh _i^GP = Cantidades físicas de kWh reportados por cada una de las empresas distribuidoras, como generación propia por parte del distribuidor, correspondientes al año “n”, año que se liquida, que incluye las cifras de los meses de diciembre del año “n-3”, más enero a noviembre del año “n-2”.

5. Otras consideraciones de aplicación.

Con el objetivo de que la liquidación que debe hacer la empresa distribuidora en el mes de diciembre del año “n”, pueda contar con un precio previamente fijado por la Aresep, y tomando en cuenta los rezagos en la disponibilidad de la información, especialmente los costos propios de generación que requieren de al menos unos dos o tres meses para estar disponibles, a lo cual se debe agregar el plazo de la Aresep para hacer los cálculos, convocar a audiencia, el mes que deben disponer las partes para conocer de la propuesta y presentar sus posiciones en la audiencia y la publicación en La Gaceta de la tarifa fijada, se requiere de los siguientes tiempos para contar con esa tarifa o precio publicado en el diario oficial en fecha previa al inicio del periodo de entrega de la energía.

Debido a que en la actualidad los sistemas por desarrollarse para participar en el SEN como micro o mini generadores que entregan sus excedentes de producción de energía, están en su fase embrionaria, no se dispone de información estructurada que sirva de base para calcular un precio que responda a una estructura de costos propia de la actividad; por lo tanto, con fundamento en el concepto de un precio de referencia, se propone realizar las fijaciones del precio de liquidación de la energía entregada por este medio al SEN, con base en: el costo promedio ponderado anual de las compras de la energía y potencia que realizan las empresas distribuidoras a empresas generadoras, y el costo promedio ponderado anual de su generación propia.

Tanto los precios para la venta de la energía como la potencia de las generadoras a las distribuidoras, así como los costos promedios ponderados de la generación propia son regulados, fijados o calculados por la ARESEP previo a su utilización en este cálculo, por lo que el precio medio ponderado que se determine en este cálculo, responde implícitamente al concepto del principio del servicio al costo y es neutro en cuanto a su efecto directo sobre los precios que las empresas distribuidoras cobrarán a sus usuarios. En el caso de que la empresa distribuidora aún no cuente con la separación de las actividades de generación y distribución, se aclara que de acuerdo con la fórmula de cálculo propuesta, el cálculo del precio ponderado total de esa empresa distribuidora tendrá un costo de generación propia de cero.

Considerada la posible inyección de esta energía como de carácter marginal, al valorarse con un precio ponderado promedio de la propia empresa distribuidora que compra, el efecto de la inserción de esa energía sobre la estructura de costos de la empresa distribuidora, no provocaría cambios en el costo medio total.

De esta manera, la Autoridad Reguladora atiende la necesidad de fijar un precio, que respete el principio del servicio al costo, que permita a los posibles agentes del mercado de generación a pequeña escala para autoconsumo disponer en forma clara, precisa y oportuna de los precios para hacer las liquidaciones correspondientes, que permita el despegue de las opciones para el desarrollo de una fuente adicional de generación (auto consumo, micro y mini generadores); además de establecer las bases para fijar un precio que es neutro en su impacto sobre el precio medio total del servicio de distribución de electricidad de cada empresa distribuidora en específico.

(…)”

II.—Tener como respuesta a los opositores que participaron en la audiencia pública realizada el 13 de noviembre del 2014, lo señalado en el Considerando I de la resolución que aquí se acuerda y agradecer la valiosa participación de todos en este proceso.

III.—Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que proceda a realizar la respectiva publicación de esta metodología en el Diario Oficial La Gaceta. En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, contra la presente resolución cabe el recurso ordinario de reposición o reconsideración, el cual deberá interponerse en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación, y el recurso extraordinario de revisión, el cual deberá interponerse dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada ley. Ambos recursos deberán interponerse ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a quien corresponde resolverlos.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Publíquese y notifíquese.—Dennis Meléndez Howell, Sylvia Saborío Alvarado, Edgar Gutiérrez López, Pablo Sauma Fiatt, Adriana Garrido Quesada, Alfredo Cordero Chinchilla, Secretario.—1 vez.—O. C. Nº 8377-2015.—Solicitud Nº 28390.—C-948300.—(IN2015014100).

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA

CONCURSO EXTERNO 01-2015

El proceso de recursos humanos informa la apertura de concurso externo N° 01-2015, para el nombramiento en propiedad en el puesto de coordinación policía municipal. Se recibirán curriculum completos a partir del día hábil siguiente a la publicación del presente aviso y hasta el día 20 de marzo del 2015, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para mayor información favor comunicarse al teléfono 2277-0760, Lic. Pamela Cruz Valerio.

San Pablo de Heredia, 27 de febrero del 2015.—Lic. Pamela Cruz Valerio, Proceso de Recursos Humanos.—1 vez.—(IN2015013987).

AVISOS

CONVOCATORIAS

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 212

24 de marzo del 2015

De conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Nº 1038 y conforme con lo aprobado por la junta directiva en su sesión ordinaria número 08-2015, celebrada el día 23 de febrero de 2015, se convoca a las y los Contadores Públicos Autorizados a la asamblea de junta general extraordinaria, a realizarse el día 24 de marzo del 2015, en la sede del Colegio, sita en Moravia, San Vicente en primera convocatoria 17:30 horas. De no contar con el quórum de ley para la primera convocatoria, de conformidad con el artículo 18 citado, se sesionará en segunda convocatoria en el mismo lugar y fecha señalada al ser las 18:00 horas para lo cual hará quórum cualquier número de miembros presentes:

ORDEN DEL DÍA

I- Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea.

II- Aprobación del orden del día.

III- Entonación del Himno Nacional y del Himno del Colegio.

IV- Conocimiento de las notas del 27 de enero de 2015, 10 de febrero de 2015 suscritas por el Lic. Arturo Fallas Zúñiga Presidente Tribunal de Honor Ad Hoc; nota del 5 de febrero de 2015, suscrita por la Lic. Ingrid Villalobos Durán, sobre renuncia de uno de sus integrantes y nombramiento de nuevo(a) integrante.

V- Nombramiento miembro Comisión Ad Hoc.

VI- Clausura de la Asamblea General por parte del Presidente.

Se les recuerda que para participar en las Asambleas es requisito obligatorio estar al día en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias al 28 de febrero de 2015.

Lic. Mauricio Artavia Mora, Dirección Ejecutiva.—(IN2015014083). 2 v. 1.

SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES

Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones primera convocatoria.

La junta directiva de SITET, convoca a todos los afiliados (as) a la XLIX asamblea general ordinaria, que se realizará el día viernes 10 de abril del 2015. A partir de las 16:00 horas en las oficinas de SITET. Sita: avenida 9, calles 2 y 4; de no haber quorum, los presentes definirán el día, hora y lugar en que se realizará en segunda convocatoria.

Se propondrá a los asambleístas, convocar en segunda convocatoria para el día sábado 18 de abril del 2015, a las 10:00 de la mañana en el Gimnasio del Liceo de San José. Sito: 500 metros al oeste del costado oeste del Parque de Barrio México. Cabe indicar que no se enviarán invitaciones personalizadas. Por favor anotar en su agenda.

Junta Directiva.—Sergio Saborío Brenes, Secretario General.—José Alberto Vargas Leiva, Secretario de Actas.—Rosa Villalobos Mora, Coordinadora Comisión Asamblea General.— 1 vez.—(IN2015013962).

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

CPIC, ente no estatal de derecho público creado por ley 7537, conforme a los artículos 1,13 inc. e, 19 y 20 de su ley orgánica, convoca a sus agremiados a: asamblea extraordinaria 2015.

Tema único

“Sustitución y elección de miembros de la junta directiva 2014-2016”

Fecha: 28 de marzo del 2015, primer convocatoria: 8:00 am, segunda convocatoria: 9:15 am, lugar: Hotel Crown Plaza Corobici, Salón Chirripó.

Artículo	Orden del día
Artículo 1	Lectura y aprobación de agenda: Convocatoria para sustitución y elección de miembros de la junta directiva, 2014-2016.
Artículo II	Reintegración de junta directiva 2014-2016.
Artículo III	Elección de puestos vacantes.
Artículo IV	Juramentación del miembro elegido para los puestos vacantes.

MATI. Luis Alonso Ramírez Jiménez, Presidente Junta Directiva 2014-2016.

Lic. Catalina Blanco Sánchez, Gerente General.—1 vez.—(IN2015013982).

SERVICIOS FISIOTERAPÉUTICOS SÁNCHEZ OSPINA S. A.

Servicios Fisioterapéuticos Sánchez Ospina S. A., convoca a asamblea extraordinaria por cambio de domicilio, y aumento de capital social, en su domicilio social a las 8:00 horas del 6/4/2015. Segunda convocatoria 1 hora después.—Karla Vanessa López Silva, Notaria.—1 vez.—(IN2015014091).

AVISOS

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

ZAPATERÍA EL CABALLITO SOCIEDAD ANÓNIMA

Se publica edicto de reposición de los libros Registro de Socios, Actas de Junta Directiva y Actas de Asamblea de Socios, legalizados en su oportunidad por la Dirección General de Tributación Directa, de la compañía Zapatería el Caballito Sociedad Anónima., cédula jurídica 3-101-085225. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Registro de Personas Jurídicas dentro del término de 8 días hábiles a partir de la publicación de este aviso. Mario Eduardo Muñoz Fuentes, cédula 3-0284-0476, Secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.—Mario Eduardo Muñoz Fuentes, Apoderado Generalísimo.—(IN2015011630).

GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA

De conformidad con lo estipulado por los artículos 708 y 709 del Código de Comercio, la señora Altagracia González Bonilla cédula 201500269 ha presentado ante esta Entidad, solicitud de reposición de su Certificado CPH Nº 112-301-803301118820 por ¢1.243.072,43 y su cupón Nº 1 por ¢52.209,04 ambos con fecha de vencimiento del 18-11-2010.—Alajuela, 18 de febrero del 2015.—Centro de Negocios Sarchí.—Iván Alfaro Vargas, Gerente.—(IN2015011635).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

COMPAÑÍA SAJIPA S. A.

Vyria Paniagua Rodríguez, mayor, casada una vez, ama de casa, con cédula 5-073-951, vecina de San José, actuando en su condición de secretaria con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de Compañía Sajipa S. A., con cédula 3-101-029012, solicita al Registro Público, la reposición de los libros de Actas de Registro de Accionistas, el de Acta de Asamblea de Accionistas y el de Acta de Junta Directiva de su representada, citando a todo aquel que se considere afectado a dirigir su oposición al Área de Legalización de Libros del Registro Público, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación de éste aviso.—Filadelfia, 13 de febrero del 2015.—Vyria Paniagua Rodríguez, Apoderada Generalísima.—1 vez.—(IN2015011664).

VERANDA PROPERTY VENTURES LIMITADA

El suscrito, William Villalobos Herrera, mayor, casado una vez, portador de la cédula de Identidad número uno-mil doscientos veintisiete-trescientos cincuenta y ocho, vecino de Heredia, Mercedes, del Liceo Samuel Sáenz Flores, cien metros al sur y veinticinco metros al oeste, actuando en mi condición de subgerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Veranda Property Ventures Limitada, titular de la cédula jurídica número tres- ciento dos- cuatrocientos treinta mil ochocientos diecinueve, con domicilio social en San José, San José, Mata Redonda, Rohrmoser de la casa de Oscar Arias setenta y cinco metros oeste oficinas LegalCorp Abogados, por este medio hago constar a cualquier tercero interesado que en vista de que los libros de la sociedad denominados: a) Actas de Asamblea General, b) Actas de Registro de Accionistas; fueron extraviados, hemos procedido a reponer los mismos. Se emplaza a partir de la publicación a cualquier interesado a fin de oír objeciones en San José, Escazú, Contiguo al Hospital Cima, Plaza Tempo, Lobby B, Cuarto piso Oficinas del Bufete LegalCorp Abogados.—San José, 18 de febrero del 2015.—William Villalobos Herrera, Apoderado Generalísimo.—1 vez.—(IN2015011679).

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES

EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES

A las siguientes personas se les comunica que una vez realizada la gestión administrativa de cobro, con corte al 31 de diciembre 2014, tal como lo establece la política POL/PRO-COB04 Gestión de Cobros, Suspensión y Levantamiento de Suspensión, y según nuestros registros al 27 de enero 2015, aún se encuentran morosos. Transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que sus nombres aparezcan en esta publicación, de no cancelar la suma adeudada o firmar un arreglo de pago, se iniciará el proceso administrativo, al mismo tiempo se les recuerda que este trámite tiene como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio legal de la profesión. Si al momento de la publicación ya realizó el pago respectivo, favor hacer caso omiso a la misma.

Nombre	Cédula
Abarca Artavia Elizabeth	205960306
Acuña Castro Natalia María	205840855
Acuña Monge Jeimy	112480584
Aguilar Muñoz Marcela	108720057
Alemán Vega Patricia	107930646
Alfaro Gamboa Rosmery	203380044
Alfaro Hidalgo Kattia Priscila	204690599
Alvarado Ovares Ma. Cecilia	202811333
Alvarado Quevedo Mariano	105120456
Alvarado Sarraga Gabriela	113680032
Andrade Chavarría Laura Melissa	112770020
Arce Flores Diana	110580073
Arguedas Flatts Yendry Nairobi	701630704
Arguedas González María Fernanda	114100077
Arias Quesada María	112780632
Arrieta Zúñiga Abad Silvestre	503180671
Artavia Velásquez Adonay	304170624
Azofeifa Saborío Gabriel Eliécer	113250895
Barberena Araya Patricia	108210990
Barquero Álvarez Nelson	303980677
Barquero Herrera Ericka Francini	111830079
Barrantes Borbón Denia	203680042
Barrantes Ramírez Carlos Manuel	103120358
Baudrit Ramírez Irene	108070598
Benavides Morales Carlos Antonio	113170089
Blanco Vásquez Diana María	206100694
Bolaños Fernández Karla	111770083
Borges Salas Jenny	112860806
Brenes Contreras Yesenia	205130041
Brenes Granados Karla Vanessa	111540133
Brenes Zúñiga Ana Yancy	110360640
Briceño Obando Laura Cristina	110120843
Calderón Blanco Marco Vinicio	304180137
Calderón Montero Raquel	701690585
Callejas Escobar Lillian	800740316
Calvo Amores Edith Cristina	206160762
Camacho Carrillo Flory Iveth	204370344
Camacho Navarro Graciela	112330085
Campos Gutiérrez Ingrid	110340884
Cano Navarro Eda Vilma	202380057
Carmona González Marvin Esteban	205940470
Carvajal Campos Xinia María	105880530
Carvajal Chinchilla Ileana María	111310135
Cascante Porras José Francisco	104490631
Cascante Ramírez Ana Patricia	203740586
Cascante Ureña Ingrid Victoria	304330422
Castillo García Luis Ángel	503530575
Castillo Venegas Rocío	112910169
Castro Céspedes Luz Marina	106180322
Castro Ramírez Paola	113550199
Céspedes Sandoval Angie Rebeca	603540358
Chacón Chaves Mónica	108800911
Chavarría Alpízar Silvia	113490112
Chavarría Artavia Julio Marcelo	108730207
Chavarría Delgado Miguel Eduardo	303660076
Chavarría Vásquez Katty	204980953
Chaves Flores Ólger	106750288
Chaves Sancho María Carolina	205740379
Chávez Salazar Rodrigo Estuardo	132000000125
Collado Blanco Kimberly	112490309
Conejo Bogantes María Alejandra	108080965
Contreras Alfaro Melvin	503670315
Contreras Peralta Marta Digna	114820304
Cordero Calderón Joseph Alberto	113650132
Cordero Valverde Angie Pamela	112480349
Corella Rojas Mariana Raquel	114320021
Corrales Vargas Ayron	113210260
Cortes Villalobos Luis Ángel	601840380
Díaz Cabalceta Marcos Armando	503400747
Durán Rivera Ericka Patricia	109680420
Elizondo Hidalgo María de los Ángeles	202920274
Espinoza Arce José Guillermo	112280866
Espinoza Sandí Viviana	205420956
Espinoza Vásquez Adrián Emilio	503320806
Esquivel Meléndez María de los Ángeles	104200420
Fernández Castillo Shirley Van	107770960
Flores Espinoza Ana Melisa	112510404
Fonseca Arias Lorna	111440761
Fournier Solano Patricia	104100007
Godínez Marín Jorge Andrey	112800315
Goldenberg Cárdenas Lissette	110940853
Gómez Cascante Luis Alonso	401080965
González Ortiz Jennifer Auxiliadora	503530998
González Oviedo Mariela	113040342
González Vargas Ana Iris	108050032
Granados Meléndez Natalia	112800113
Granados Picado Mariela	502950814
Grijalva Grijalva Sara	502720837
Guevara Mora Jorge Luis	502150979
Guevara Morales Gustavo	502980009
Gutiérrez Álvarez Mirna	501910730
Hay Madrigal Jefferson Armando	114300912
Hermosilla Barrientos Héctor Hernán	800930507
Hernández Apu Sianny María	503290350
Hernández Brenes David	113220047
Hernández Jiménez Sandra Isabel	502940360
Herrera Alfaro María Gabriela	204360548
Hidalgo Campos María	205830950
Izaguirre Cedeño Lenin	111860436
Jaén Álvarez Jesse	503390457
Jiménez Jiménez Sandra María	203820156
Jiménez Retana Randall	109690329
Jiménez Salas Karla Berlioth	111710337
Leitón Ramírez Mynor	204420845
López Alfaro Candy Raquel	303690302
López Cascante Samantha	112630759
López Castro Viviana	107080469
Marín Barrantes Mauricio	206200280
Martínez Montero Gricel Maritza	700900941
Matamoros Hernández Luis	204980347
Matarrita Chavarría Jeannette	111450564
Mena Salazar Randall	114060014
Méndez Altamirano Francis Tatiana	603630794
Méndez Muñoz Johanna	111930485
Méndez Ulloa Olga Martha	104050381
Mesén Lizano María Irene	107570670
Montero Alvarado Natalia María	113170528
Montero Villalobos Víctor Manuel	502920086
Mora Villanea Floribeth	603450230
Moraga Cuendis Yahaira Antonia	503350747
Moreira Mena Camilo	202690841
Morera Herrera Daniela María	206520821
Moya Carpio Glen Anthony	107580581
Naranjo Montero José Joaquín	105890892
Narváez Ugarte Mónica Elena	503520986
Noguera Leal Luis Ángel	104620320
Obando Medina Miriam	502990808
Ocampo Cruz Aurea	202730629
Orozco Orozco Cinthia	503050423
Orozco Rodríguez María Cecilia	601060715
Pérez Casares Jesús	501670806
Pérez Rodríguez Priscila de los Ángeles	304260681
Pérez Valverde Alexander	110210943
Picado Brenes Ruth	302380101
Pizarro Picado Estrella	503490783
Polini Delgado Adriana	113330271
Quirós Matarrita Estefany	503860463
Quirós Parra Leila	601500476
Quirós Pérez Maricela	502930696
Ramírez Alonso Natalia	401880957
Ramírez Araya María Gabriela	111830027
Ramírez Icabalzeta Mirta	205090075
Ramírez Mena Walter	104000275
Ramírez Muñoz Roselyn María	112310967
Ramírez Ramírez Marleny	401200498
Ramírez Sánchez Guadalupe	108220520
Ramírez Tapia Maureen	107480762
Ramírez Vargas Julián	204220021
Ramos González Alexánder	206140920
Retana Abarca Diego Armando	111010697
Retana Chacón Denis Leandro	109530930
Rivas Novoa Evelyn	110570098
Rivera Salas Antony Josué	701850953
Rocha Gutiérrez Jéssica	205780250
Rodríguez Barrantes Karina	109700575
Rodríguez Calvo Maikel de los Ángeles	206060440
Rodríguez Chaves Karla Pamela	603950829
Rodríguez Corrales Carla María	111440776
Rodríguez Mongrio Juan	205640812
Rodríguez Pereira Clara Sofía	113030142
Rodríguez Porras Jenny	205060791
Rodríguez Ramírez Linday	205080479
Rodríguez Saborío Ana Rosario	204930587
Rojas Fernández Michael José	205700024
Rojas Gamboa José Nelson	204340410
Rojas Jiménez Dalia María	112050153
Rojas Jiménez Steven Jesús	112240124
Rojas López Mercedes	502330268
Rojas Rojas Kattia Liseth	205670589
Rojas Salgado Lucía	112710244
Rojas Zúñiga Max Alfonso	107120025
Romero Blanco Marianela	700900987
Sáenz Carvajal Melissa	112140264
Sáenz Pineda Imelda Mercedes	901280918
Salas Arce Martha Eugenia	900730723
Salas Castro Marianela	204320904
Salas Cedeño Olga Marta	203330921
Salazar Calderón Ivannia Elena	111960756
Sánchez Alfaro Ana Yerlin	205940172
Sánchez Quesada Violeta	110300524
Segura Céspedes Blanca Rosa	203040595
Segura Díaz María del Carmen	112750311
Solís Salazar Ana Lorena	302430406
Soto Orozco Sara	302510890
Soto Rodríguez Rodrigo	106070429
Soto Vásquez Cristobalina	202750033
Tablada Guzmán Ronny Armando	113330575
Torrentes Arias Yinelly Nayyt	701250705
Uba Quesada Ryker Steve	303490401
Ubau Hernández Alejandro	900920559
Vallejos Acosta Guadalupe América	501361006
Valverde Salazar Luis Ronulfo	303890627
Valverde Torres Fernando	105710215
Vargas Araya Óscar Geovanny	114190860
Vargas Elizondo Iliana María	206180425
Vargas Fernández Jossie Esteban	113770441
Vargas Ramírez José Miguel	112300101
Vásquez Sancho María	303370570
Vega Díaz Alexander	700930706
Vega Rodríguez Marlene	105500409
Velez Camargo Yadira Edilma	117001774907
Velthuzen Arias Norma Eugenia	105570583
Viales Zúñiga Graciela	503360712
Villalobos Chaves Francini Tatiana	401560727
Villalobos Pérez Verónica	113040474
Villanueva Villalobos Rafael Ángel	603010010
Vindas García Viuty Yausela	110020092
Víquez Chaves María Patricia	401490599
Víquez Jara Viviana María	205920558
Zúñiga Arias Lorena	108670451

M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta Junta Directiva.— 1 vez.—(IN2015010433).

COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS Y PROFESIONALES AFINES

COMUNICADO

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, comunica que los profesionales abajo listados se encuentran registrados con la categoría indicada en el siguiente cuadro:

Apellido 1	Apellido 2	Nombre	N.A.	Profesión	Cédula	Estatus	N° sesión
Medina	Rodríguez	Cesar A.	2757	Ingeniero en Materiales	2-0598-0806	Suspendido	08-2014
Morales	Vargas	Thanee M.	2410	Tecnóloga de Alimentos	5-0343-0661	Suspendido	08-2014
Campos	Arroyo	Patricia	2504	Tecnóloga de Alimentos	6-0346-0068	Suspendido	08-2014
Medina	Zeledón	María A.	2720	Ingeniera Química	1-1250-0924	Retirado	08-2014
Blair	Vásquez	Paola	2727	Ingeniera Química	1-1385-0891	Ausente	08-2014
Mora	Sojo	Estefan	2681	Ingeniero Químico	1-0830-0816	Suspendido	09-2014
Acuña	May	Daniel	2277	Ingeniero Químico	1-1154-0230	Suspendido	09-2014
Rodríguez	Arce	Juan C.	568	Ingeniero Químico	4-0117-0175	Suspendido	11-2014
Solís	Solís	Edel	2101	Tecnóloga de Alimentos	1-0548-0831	Suspendido	11-2014
Belfort	García	José	910	Ingeniero Químico	2-0387-021	Suspendido	11-2014
Estrada	Brenes	Sebastián	2364	Ingeniero Químico	1-1088-0916	Suspendido	11-2014
Tijerino	Navarro	Luis Eduardo	2762	Ingeniero Químico	1-1325-0707	Incorporado	09-2014
Li	Montero	Andrea	2769	Tecnóloga de Alimentos	5-0301-0920	Incorporado	09-2014
Alfaro	Santamaría	Kattia	2771	Ingeniería Química	1-0884-0506	Incorporado	09-2014
Chacón	Fernández	Luis Roberto	2772	Ingeniero Químico	2-0524-0137	Incorporado	09-2014
Alpízar	Herrera	Juan Carlos	2786	Ingeniero Químico	1-1209-0596	Incorporado	09-2014
Ramírez	Brenes	Ricardo Gonzalo	2787	Ingeniero Químico	4-0202-0032	Incorporado	09-2014
Trejos	Quesada	Juan Carlos	2788	Ingeniero Químico	1-0903-0696	Incorporado	09-2014
Matus	Ramírez	Adrián Francisco	2789	Ingeniero Químico	1-1426-0275	Incorporado	09-2014
Quirós	Fournier	José Pablo	2790	Ingeniero Químico	1-1325-0254	Incorporado	09-2014
Blanco	Castro	Stephanny	2420	Tecnóloga de Alimentos	2-0631-0799	Suspendido	01-2015
Li	Montero	Andrea	2769	Tecnóloga de Alimentos	5-0301-0920	Suspendido	01-2015
Matarrita	Pérez	Melissa	2203	Tecnóloga de Alimentos	1-1174-0527	Suspendido	01-2015
Loaiza	Arguedas	Douglas	2744	Ingeniero Químico	3-0337-0534	Incorporado	12-2014
Wong	Monge	Anayansi	2775	Ingeniera Química	9-0103-0826	Incorporado	12-2014
Hernández	Sánchez	Luis Alfredo	2785	Ingeniero Químico	2-0435-0954	Incorporado	12-2014
Valverde	Camacho	Édgar Ricardo	2794	Ingeniero Químico	1-1359-0256	Incorporado	12-2014
Saborío	Marín	Laura María	2795	Ingeniera Química	6-0372-0558	Incorporado	12-2014
Aguilar	Protti	Alexander	2796	Ingeniero Químico	1-1352-0742	Incorporado	12-2014
Rodríguez	Quesada	Andrés José	2797	Ingeniero de Materiales	1-1241-0253	Incorporado	12-2014
Valverde	Sánchez	Óscar Alcides	2798	Ingeniero Químico	1-1346-0181	Incorporado	12-2014
Morales	Elizondo	Jennifer	2799	Ingeniera Química	5-0366-0496	Incorporado	12-2014
Quesada	Bolaños	Priscilla	2800	Tecnóloga de Alimentos	2-0626-0370	Incorporado	12-2014
Quesada	Bolaños	Ada Sofía	2801	Tecnóloga de Alimentos	2-0653-0174	Incorporado	12-2014
Rodríguez	Jiménez	Esteban	2802	Ingeniero de Materiales	1-1297-0515	Incorporado	12-2014
Jiménez	Castro	Maximiliano	2803	Tecnólogo de Alimentos	1-1051-0697	Incorporado	12-2014
Vargas	Morera	Horacio	483	Tecnólogo de Alimentos	2-0280-0909	Suspendido	12-2014
Salazar	Miranda	Noily	2093	Tecnóloga de Alimentos	5-0279-0738	Suspendido	12-2014
Montero	Noguera	Gabriel	2621	Ingeniero de Materiales	5-0353-0220	Suspendido	12-2014

Ing. José Adrián Jiménez Brenes, Director Administrativo.—1 vez.—(IN2015010573).

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN CRIMINOLOGÍA

DE COSTA RICA

A las siguientes personas se les comunica por primera vez, que según nuestros registros al 9 de febrero del 2015, se encuentran con seis o más meses de morosidad. Transcurridos 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que sus nombres aparezcan publicados en el Diario Oficial La Gaceta, de no cancelar la suma adeudada o firmar un arreglo de pago, se iniciará el proceso administrativo o judicial según corresponda. Al mismo tiempo se les recuerda que este trámite tiene como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio legal de la profesión en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 8831. En caso de haber regulado su situación le solicitamos comunicarlo a nuestro colegio profesional y hacer caso omiso a lo indicado en esta publicación

Carné	Nombre completo	Cédula
1119	ACOSTA VALVERDE JESÚS ALEJANDRO	0111990683
0481	ALVARADO SALAZAR ARIAN	0109420675
0580	ÁLVAREZ MENA YÉRICA	0502840164
0759	ARAYA ALFARO GIORGINELA	0206300029
1126	ARIAS GUEVARA MARÍA JOSÉ	0701970522
1251	ARIAS RIVERA CHRISTIAN ALEJANDRO	0112460262
0588	ARIAS ZÚÑIGA JÉSSICA PATRICIA	0110950358
1127	BADILLA GONZÁLEZ JÉSSICA	0114710653
0196	BALTODANO PANIAGUA LUIS MANUEL	0206940465
0598	BARQUERO MORA JESÚS	0109690674
0627	BARRANTES CAMPBELL JONNATHAN	0701650371
0850	BARRANTES HERRERA LILLIAM MARÍA	0114030282
0236	BERMÚDEZ SOLANO CARLOS ENRIQUE	0112900006
0396	BONILLA MORALES MARIO ALBERTO	0302760447
1234	BRENES CAMACHO CATALINA	0603100917
0939	BRENES JIMÉNEZ ESTEBAN DE JESUS	0113670688
0520	BRENES VINDAS SILVIA GABRIELA	0113440904
0832	CALDERÓN VALVERDE RONAL ALBERTO	0105850739
0918	CALVO CUADRA JUAN PABLO	0302620599
0047	CALVO PÉREZ RICARDO	0303250490
1102	CAMPOS AZOFEIFA SUAMY	0503830721
0980	CAMPOS CAMPOS LUIS EDUARDO	0401910637
0458	CAMPOS SOLÍS ADRIANA PATRICIA	0111590603
0623	CASCANTE VILLEGAS ANDREA MELISSA	0503510552
1135	CASTILLO CASTILLO LAURA	0303770285
1134	CASTILLO SANABRIA JONATHAN	0304600017
0551	CASTRO ALVARADO ANA MARCELA	0205460016
0263	CECILIANO MONGE JUAN CARLOS	0303710220
0508	CECILIANO ROMERO VIVIANA	0304230994
0822	CERDAS BARRANTES EVARISTO	0112520629
0278	CÉSPEDES ARTAVIA EDDIE MAURICIO	0303980628
1019	CÉSPEDES BARRIOS ALEJANDRO JOSÉ	0110810563
1047	CÉSPEDES GONZÁLEZ ANA MARÍA	0110040636
1032	CHACÓN ZÚÑIGA BERNY	0107420382
1240	CHACON ARIAS JÉSSICA CAROLINA	0401980950
0947	CHACÓN MATARRITA PABLO JOSUÉ	0112570575
0877	CHAVARRÍA PORRAS EDDISON	0603750413
0836	CLARK CORDERO JUAN GABRIEL	0113230930
1138	CORTÉS SOTO CINDIA KATHERINE	0114490500
0583	COTO HERNÁNDEZ MOISÉS EDUARDO	0114380520
0566	DÍAZ CALDERÓN CARMEN ELENA	0304350024
0695	ESPINOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO	0206470618
0666	FONSECA LOÁICIGA NATALIE CAROLIN	0113180015
0708	GARBANZO NAVARRO KENNY FRANCISCO	0112150582
1051	GÓMEZ MATAMOROS KARLA TATIANA	0304620357
1235	GONZÁLEZ ACEVEDO EVELYN	0109260275
0753	GONZÁLEZ QUESADA SILVIA	0206740766
1144	GONZÁLEZ SALAS FABIÁN	0108320201
0852	GRANADOS QUESADA HEILYN	0114430885
1005	HENAO LADINO JULIAN DAVID	0800930654
0169	HERNÁNDEZ SEQUEIRA GUILLERMO ENRIQUE	0110380106
1061	HERRERA SEGURA MARÍA DEL MILAGRO	0114570928
0110	JIMÉNEZ JIMÉNEZ ESTEBAN	0602470694
0239	LEIVA MÉNDEZ MARILYN	0304010702
0516	LEÓN CAMPOS ISRAEL FERNANDO	0401420575
1206	LIZANO ARAYA KAREN MELISA	0207130989
1147	LOAIZA SANDOVAL MARÍA DANIELA	0113980592
0114	MADRIGAL CÉSPEDES GREIVIN	0206550997
1249	MADRIGAL RAMIREZ CRISTOPHER ENRIQUE	0205530661
0313	MADRÍZ CANESSA MARIO ENRIQUE	0603660373
0578	MARTÍNEZ JAEN PAULA VANESSA	0112170656
0513	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JAIME	0503150270
1254	MONGE RODRÍGUEZ TANIA MELISSA	0113900225
0940	MONTES CERNA ANA ISAMAR	0603860704
0286	MORALES CASTRO CARLA JOHANNA	0303720788
0951	MORALES ROJAS ANDREA MARIN	0111370329
0474	OBALDÍA AGUILAR PRISCILLA	0127900842
1229	OROZCO HERNANDEZ FANNY	0901060811
0665	ORTÍZ BRENES JONATHAN	0110850875
0679	OVIEDO CARBALLO NATALIA	0401960719
0397	PANIAGUA HERNANDEZ MINOR WILLY	0701540615
1159	PERALTA ALFARO JONATHAN JOSÉ	0114990943
1225	PERAZA MONGE ARIEL	0604040284
1038	PÉREZ RAMÍREZ JUAN MANUEL	0111810371
0704	PÉREZ SÁNCHEZ KAROL LIDIETH	0113780535
0637	QUESADA LÓPEZ MÓNICA	0206280775
1037	QUIRÓS CANO RUDIARD MILZAHIR	0109400820
0519	RAMÍREZ JIMÉNEZ GABRIELA	0112040636
1045	RAMÍREZ JIMÉNEZ JENNY	0114460066
1164	RECIO MOLINA PAMELA	0114700440
1117	REID SINCLAIR CHANELLY	0702180466
1165	RIVERA GÓMEZ CAROLINA	0401720735
0609	RODRÍGUEZ GÓMEZ REBECA	0701800410
0353	RODRÍGUEZ HIDALGO DANIEL ALBERTO	0401760946
0750	ROMERO FERNÁNDEZ ISMENIA	0204780336
1210	ROMERO RIVAS KEYSHA NICHOLE	0115590931
0521	ROSALES ENRIQUEZ MARCELINO	0501270258
0662	SALAS GUZMÁN JOHEL	0113510804
1089	SALAZAR CASTRO CINDY YESSENIA	0109380682
1075	SALGUERO ALFARO MARÍA GRACIELA	0114540983
0868	SÁNCHEZ SALAS HECTOR	0302300493
0190	SANDOVAL DURÁN CARLOS FABIÁN	0303370501
1063	SEGURA SÁNCHEZ WILLIAM	0106400897
0430	SOLANO CHACÓN OLMAN ALONSO	0503110156
0197	SOLÍS ÁLVAREZ MELANIA	0113220139
1039	SOLÍS VILLALOBOS JOSÉ MANUEL	0602410235
0992	SOTO JIMÉNEZ DAVID ALBERTO	0114060856
1075	SUÁREZ ALEXANDER TASHANA ANGENETT	0114540983
1009	THOMAS OCAMPO AMY	0401970402
0592	UGALDE MUÑOZ HENRY ALBERTO	0603030072
0428	UREÑA RODRÍGUEZ IVAN	0303240472
0514	VALERIO SANDOVAL ELIÉCER	0111330379
0778	VALLEJO ACOSTA ADRIANA GABRIELA	0108590187
1030	VALVERDE DÍAZ NAZARIO	0104460634
0601	VALVERDE JIMÉNEZ MARÍA SAMANTA	0113890860
1015	VARGAS GONZÁLEZ SHARON	0114380054
0405	VARGAS MARTÍNEZ VERONICA	0112020379
0216	VÁSQUEZ CÉSPEDES ALONSO FRANCISCO	0204510728
0631	VEGA ARTAVIA JOHN JOSUE	0114220816
1116	VEGA GONZÁLEZ MARCENETH	0303990357
1049	YUNIS GONZÁLEZ ANA ROSA	0203930656
0475	ZÚÑIGA VEGA PATRICIA	0302300482

San José, 16 de febrero del 2015.—Licda. Alba María Solano Chacón, Presidenta.—Lic. Armando Núñez Ureña, Secretario.— 1 vez.—(IN2015010958).

NOTIFICACIONES

HACIENDA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA

NOTIFICACIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO

ATAR -02-054-2015.—Por desconocerse el domicilio actual y habiéndose agotado las formas de localización posibles, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 137 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se procede a notificar por edicto los saldos deudores de los contribuyentes o responsables que a continuación se indican:

Requerimiento N°	Contribuyente	Cédula	Impuesto	Documento	Período	*Monto()**
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431522	01/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431547	02/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431565	03/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431574	04/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431583	05/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431617	06/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431635	07/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431653	08/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	VENTAS	9090000431662	09/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	RENTA	1221103385835	03/2013	8.530,33
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	RENTA	1221103385817	06/2013	8.530,33
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	RENTA	1221103385792	09/2013	8.530,33
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	RENTA	9090000431513	12/2013	3.794.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	T.E.C	1261037022244	12/2011	9.000
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697847	01/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697856	02/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697865	03/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697874	04/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697883	05/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697892	06/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697901	07/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697917	08/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697926	09/2013	189.700
1911001970132	SMART LIFE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	3101502941	SANCIÓN	9222000697831	12/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431696	01/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431705	02/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431714	03/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431723	04/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431732	05/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431741	06/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431757	07/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431766	08/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	VENTAS	9090000431775	09/2013	3.794.000
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719644	01/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719653	02/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719662	03/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719671	04/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719687	05/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719696	06/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719705	07/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719714	08/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719723	09/2013	189.700
1911001970166	JEINER VILLALOBOS JIMÉNEZ	206420271	SANCIÓN	9222000719635	12/2013	189.700
1911001968574	GLORIA VITAL SOCIEDAD ANÓNIMA	3101534145	SANCIÓN	9222000723022	05/2014	175.600
1911001970403	PANES POPULARES DE ATENAS SOCIEDAD ANÓNIMA	3101241945	VENTAS	1044014229736	08/2013	49.945
1911001970403	PANES POPULARES DE ATENAS SOCIEDAD ANÓNIMA	3101241945	RENTA	1012604155211	12/2012	12.094,14
1911001970403	PANES POPULARES DE ATENAS SOCIEDAD ANÓNIMA	3101241945	T.E.C.	1261039027071	12/2013	9.000

(*) Devenga intereses y recargos de ley.

Publíquese.—Lic. Carlos Vargas Durán, Director General.—Lic. Freddy Jiménez Cubero, Gerente Tributario.—1 vez.—O. C. Nº 3400023907.—Solicitud Nº 27490.—C-86770.—(IN2015009733).

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CARTAGO

N° RATC-060-2015.—Por desconocerse el domicilio fiscal actual y habiéndose agotado las formas de localización posibles, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 137 y 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se procede a notificar por edicto los saldos deudores del contribuyente que a continuación indican:

N° de requerimiento	Contribuyente	N° cédula	impuesto	N° documento	Periodo	Monto
1911001961084 1911001961075	ELECTOTAL DIEZ S. A. ELECTOTAL DIEZ S. A.	3101515216 3101515216	SANCIÓN RENTA RENTA RENTA TIMBRE	9222000715751 1221103476713 1221103476695 1012607572006 1261040139493	12/2010 TOTAL 06/2013 09/2013 12/2013 12/2013 TOTAL	148.316.00 ¢148.316.00 19.846.00 19.846.00 14.275.00 3.000.00 c56.967.00
1911001962651	NAVARRO MORA RANDALL FERNANDO	11439099425	SANCIÓN SANCIÓN	9222000715952 9222000715961	TOTAL	45.075.00 47.425.00 ¢92.500.00
1911001961811	CECILIANO ROMERO MARTIN ROLANDO	30257017429	SANCIÓN	9222000718716	12-2013 TOTAL	47.425.00 ¢47.425.00
9222000718542	ESPINOZA MONGE NELSON MANJEL	10998032305	SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN	9222000718542 9222000718551 9222000718567 9222000718576 9222000718585 9222000718594 9222000718603 9222000718612 9222000718621 9222000718637 9222000718682 9222000718646 9222000718655 9222000718664 9222000718673	01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 05-2013 06-2013 07-2013 08-2013 09-2013 10-2013 12-2013 02-2014 03-2014 04-2014 05-2014 TOTAL	47.425.00 47.425.00 47.425.00 47.425.00 47.425.00 47.425.00 47.425.00 47.425.00 47.4.25.00 47.425.00 47.425.00 49.925.00 49.925.00 49.925.00 49.825.00 ¢721.375.00
1911001861973	FERRETERÍA JUAN VIÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA	310162286412	TEC TEC SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN	1261036457064 1261037578123 9222000565057 9222000565066 9222000565075	12-2011 12-2012 10-2012 11-2012 12-2012 TOTAL	9.000.00 9.000.00 45.075.00 45.075.00 47.425.00 ¢155.575.00
1911001908523	COTO Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	310103575734	RENTA TEC TEC SANCIÓN SANCIÓN SANCIÓN	1221094583597 1261038647312 1261039916884 9222000640045 9222000640054 9222000640063	03/2013 12/2012 12/2013 12/2009 12/2010 12/2011 TOTAL	209.502.00 9.000.00 9.000.00 896.951.00 2.022.430.00 212.924.00 ¢3.359.807.00

N° de

requerimiento

Contribuyente

N° cédula

impuesto

N° documento

Periodo

Monto

1911001961084

1911001961075

ELECTOTAL DIEZ S. A.

3101515216

SANCIÓN

RENTA

TIMBRE

9222000715751

1221103476713

1221103476695

1012607572006

1261040139493

12/2010

TOTAL

06/2013

09/2013

12/2013

TOTAL

148.316.00

¢148.316.00

19.846.00

14.275.00

3.000.00

c56.967.00

1911001962651

NAVARRO MORA

RANDALL FERNANDO

11439099425

SANCIÓN

9222000715952

9222000715961

TOTAL

45.075.00

47.425.00

¢92.500.00

1911001961811

CECILIANO ROMERO

MARTIN ROLANDO

30257017429

SANCIÓN

9222000718716

12-2013

TOTAL

47.425.00

¢47.425.00

9222000718542

ESPINOZA MONGE

NELSON MANJEL

10998032305

SANCIÓN

9222000718542

9222000718551

9222000718567

9222000718576

9222000718585

9222000718594

9222000718603

9222000718612

9222000718621

9222000718637

9222000718682

9222000718646

9222000718655

9222000718664

9222000718673

01-2013

02-2013

03-2013

04-2013

05-2013

06-2013

07-2013

08-2013

09-2013

10-2013

12-2013

02-2014

03-2014

04-2014

05-2014

TOTAL

47.425.00

47.4.25.00

47.425.00

49.925.00

49.825.00

¢721.375.00

1911001861973

FERRETERÍA JUAN

VIÑAS SOCIEDAD

ANÓNIMA

310162286412

TEC

SANCIÓN

1261036457064

1261037578123

9222000565057

9222000565066

9222000565075

12-2011

12-2012

10-2012

11-2012

12-2012

TOTAL

9.000.00

45.075.00

47.425.00

¢155.575.00

1911001908523

COTO Y COMPAÑÍA

SOCIEDAD ANÓNIMA

310103575734

RENTA

TEC

SANCIÓN

1221094583597

1261038647312

1261039916884

9222000640045

9222000640054

9222000640063

03/2013

12/2012

12/2013

12/2009

12/2010

12/2011

TOTAL

209.502.00

9.000.00

896.951.00

2.022.430.00

212.924.00

¢3.359.807.00

(*) Más los recargos de ley.

Se concede un plazo de quince días a partir del tercer día hábil de esta publicación, para que el contribuyente arriba indicado cancele la deuda. De no hacerlo, el caso será trasladado a la Oficina de Cobros Judiciales para el trámite correspondiente.

Asimismo se procede a notificar por edicto los siguientes requerimientos de información:

Publíquese.—Lic. Carlos Vargas Durán, Director General.—M.B.A. Marta Quirós Garita, Gerente Tributario.—1 vez.—O. C. Nº 3400023907.—Solicitud Nº 27492.—C-44230.—(IN2015009735).

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO

ATAR 02-052-2015.—Por desconocerse el domicilio actual y habiéndose agotado las formas de localización posibles, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 137 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se procede a notificar por edicto los saldos deudores de los contribuyentes o responsables que a continuación se indican:

Requerimiento N°	Contribuyente	Cédula	Impuesto	Documento	Período	Monto (*)
1911001942062	AF CONSTRUCTION S.A.	3101502732	RENTA	1012607250006	12/2013	2.409.133
1911001942613	CONTROL Y ACCESO SSR S.A.	3101531072	RENTA	1012606998383	12/2013	780.883
1911001943015	GAMBOA GAMEZ JOSÉ MARÍA	111270901	SANCIÓN	9222000691662	04/2014	49.925
1911001943015	GAMBOA GAMEZ JOSÉ MARÍA	111270901	SANCIÓN	9222000691723	05/2014	49.925
1911001943015	GAMBOA GAMEZ JOSÉ MARÍA	111270901	SANCIÓN	9222000691741	06/2014	49.925
1911001942227	MORALES FLETCHER MIGUEL ÁNGEL	900970374	RENTA	1012259952602	12/2011	545
1911001942227	MORALES FLETCHER MIGUEL ÁNGEL	900970374	RENTA	1012606498206	12/2013	801.150
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443121	10/2012	140.400
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443146	11/2012	147.693
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443164	12/2012	122.200
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443173	01/2013	104.807
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443182	02/2013	83.762
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443191	03/2013	131.300
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	VENTAS	1044020443207	042013	268.590
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	RENTA	1221099330796	03/2013	25.823
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678536	10/2012	45.075
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678545	11/2012	45.705
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678554	12/2012	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678563	01/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678572	02/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678581	03/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678597	04/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678606	05/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678615	06/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678624	07/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678633	08/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678642	09/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678651	10/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678667	11/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678676	12/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678685	12/2013	47.425
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000679114	01/2014	49.925
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678703	02/2014	49.925
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000678712	03/2014	49.925
1911001943173	MORERA ARAYA JHONATAN	205230735	SANCIÓN	9222000679123	04/2014	49.925

(*) Devenga intereses y recargos de ley.

Publíquese.—Lic. Carlos Vargas Durán, Director General.—Lic. Freddy Jiménez Cubero, Gerente Tributario.—1 vez.—O. C. Nº 3400023907.—Solicitud Nº 27498.—C-60670.—(IN2015009736).

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA

ATAR-02-061-2015.—Por desconocerse el domicilio actual y habiéndose agotado las formas de localización posibles, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 137 y 192 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se procede a notificar por edicto los saldos deudores de los contribuyentes o responsables que a continuación se indican:

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

*) Devenga intereses y recargos de ley.

Se concede un plazo de quince días a partir del tercer día hábil de esta publicación, para que los contribuyentes arriba indicados cancelen la deuda. De no hacerlo, el caso será trasladado a la Oficina de Cobros Judiciales para el trámite correspondiente. Publíquese.—Lic. Carlos Vargas Durán, Director General.—Lic. Freddy Jiménez Cubero, Gerente Tributario.—1 vez.—O. C. N° 3400023907.—Solicitud N° 27624.—C-29770.—(IN2015010139).

JUSTICIA Y PAZ

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

EMPLAZAMIENTO, INTIMACIÓN E IMPUTACIÓN

La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en San José, San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, quinto piso, de conformidad con la competencia legal atribuida por el artículo 140 del Código Notarial, procediendo en cumplimiento de los acuerdos del Consejo Superior Notarial números 2013-003-005 y 2013-011-006, en contexto con lo dispuesto por la Sala Constitucional en los Votos números 8197-1999, 4841-2002, 19054-2014 y 19424-2014, y por así haberse ordenado en cada uno de los expedientes que se enumeran a continuación, notifica a los Notarios Públicos que se indican, que ante este Órgano Rector y Fiscalizador de la función pública notarial se han abierto procedimientos administrativos no disciplinarios para la inhabilitación o cese forzoso en la función pública notarial que con carácter de delegatarios funcionales les fuera conferida por el Estado. Los siguientes son los Notarios Públicos encausados, sus números de identificación, expedientes administrativos, cantidad de Cuotas registradas en el Registro Nacional de Notarios como adeudadas, y medida cautelar impuesta:

Froilán Alvarado Pereira, cédula de identidad 7-0048-1456, carné 5685, expediente 13-001986-0624-NO. Cuotas adeudadas al momento del inicio del procedimiento: 6. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Ana María Rojas Zamora, cédula de identidad 9-0089-0265, carné 14819, expediente 14-001294-0624-NO. Cuotas adeudadas 11. Medida cautelar: suspensión por el plazo de tres meses.

Roberto Francisco Camacho Umaña, cédula de identidad 1-0531-0152, carné 3044, expediente 14-001115-0624-NO. Cuotas adeudadas 104. Medida cautelar: suspensión por el plazo de tres meses.

José María Zonta Arias, cédula de identidad 1-0676-0890, carné 3558, expediente 14-000194-0624-NO. Cuotas adeudadas 37. Medida cautelar: suspensión por el plazo de tres meses.

Luis Fernando Carmona Pérez, cédula de identidad 5-0261-0276, carné 6574, expediente 13-002951-0624-NO. Cuotas adeudadas 44. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Jorge Rivera Leandro, cédula de identidad 3-0199-0355, carné 2664, expediente 14-000393-0624-NO. Cuotas adeudadas 4. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Alberto Víquez Ramírez, cédula de identidad 1-0703-0202, carné 5075, expediente 14-000079-0624-NO. Cuotas adeudadas 99. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Isaac Felipe Mora Céspedes, cédula de identidad 1-0706-0194, carné 4950, expediente 12-000488-0624-NO. Cuotas adeudadas 173. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

David Alexander Reina Lamas, cédula de identidad 1-0619-0560, carné 4034, expediente 14-000116-0624-NO. Cuotas adeudadas 8. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Arnoldo Segura Rodríguez, cédula de identidad 1-0206-0176, carné 667, expediente 14-000200-0624-NO. Cuotas adeudadas 40. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Alfonso Augusto Angulo Mondragón, cédula de identidad 1-0935-0573, carné 6440, expediente 12-001769-0624-NO. Cuotas adeudadas 22. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Reynaldo Vosman Roldan, cédula de identidad 1-0368-0664, carné 5067, expediente 14-001330-0624-NO. Suspendido por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Medida cautelar: suspensión por el plazo de tres meses.

Zaida Flores Rodríguez, cédula de identidad 4-0115-0761, carné 2877, expediente 09-002458-0624-NO. Cuotas adeudadas 168. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Silvia Carvajal Castro, cédula de identidad 2-0259-0178, carné 12664, expediente 12-000701-0624-NO. Cuotas adeudadas 53. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Ivannia Mireya Picado Selva, cédula de identidad 1-0682-0983, carné 6731, expediente 14-000232-0624-NO. Cuotas adeudadas 158. Medida cautelar: suspensión por el plazo de tres meses.

Federico Vargas Ulloa, cédula de identidad 4-0137-0297, carné 6019, expediente 12-000631-0624-NO. Cuotas adeudadas 65. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Rosa María Vargas Ramírez, cédula de identidad 2-0281-0248, carné 2328, expediente 12-000589-0624-NO. Cuotas adeudadas 63. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Leslie Wilson Ching, cédula de identidad 1-0715-0487, carné 5350, expediente 09-002525-0624-NO. Cuotas adeudadas 43. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Mauricio Brenes Loaiza, cédula de identidad 1-0755-0111, carné 5999, expediente 13-003145-0624-NO. Cuotas adeudadas 22. Medida cautelar: suspensión por el PLaZO de seis meses.

Alex Zamora Porras, cédula de identidad 5-0168-0755, carné 9921, expediente 13-003172-0624-NO. Cuotas adeudadas 10. Medida cautelar: suspensión por el plazo de seis meses.

Los procedimientos tienen como objetivo y causa la averiguación de la verdad real por pérdida de requisitos legales para ser y ejercer la función notarial, concretamente por no encontrarse al día en el pago del fondo de garantía notarial (pago por mensualidad adelantada), y por encontrarse suspendidos por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, según se discriminó en cada caso en el listado anterior. Se advierte que respecto de la primera causa impeditiva la cantidad de Cuotas adeudadas anotada en cada Notario es la que registra el Registro Nacional de Notarios según reporte de la entidad autorizada BN-Vital del Banco Nacional de Costa Rica, y respecto de la segunda causa impeditiva corresponde al estado del Notario según publicita la base pública de datos del Colegio de Abogados; en todos los casos al momento de dictar el Acto Inicial de traslado de cada procedimiento. Emplazamiento: Se hace saber a los Notarios accionados que esta Administración activa ha conformado un expediente en el que consta la prueba de cargo que sirve a este traslado, el cual se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Dirección Nacional de Notariado en la dirección antes indicada, en el que constan las probanzas sobre los hechos y circunstancias antes endilgados. Se emplaza a cada notario accionado identificado en el listado aquí incluido para que dentro del plazo de ocho días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de este traslado, para que haga uso de su derecho de defensa y presente por escrito los descargos legales que estime pertinentes y ofrezca la prueba que disponga en abono a esa defensa. Se apercibe a los Notarios Públicos que en todo momento deben cumplir los requisitos legales para ejercer la función notarial, tales como encontrarse habilitados ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, estar al día y mantener pagado por mensualidades adelantadas o anticipadas el Fondo de Garantía Notarial; que la falta de pago de una sola cuota constituye impedimento legal para ser y ejercer como delegatario del Estado la función pública del notariado, dada la especial naturaleza del Fondo como garantía para la colectividad de los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar el Notario en el desempeño funcional, por consiguiente, quedan apercibidos que aún y cuando se pague la totalidad de las Cuotas endilgadas como adeudadas o desaparezca la causal impeditiva, si al momento de dictarse el Acto Final o resolverse los recursos que correspondan, ha sobrevenido nuevamente morosidad en el pago del Fondo o cualquier otra causal impeditiva, indefectiblemente se dictará la inhabilitación o cese forzoso. Medidas cautelares. Contra los Notarios Públicos enlistados y por los plazos que en el listado inicial se indican, lo cual rige a partir de la fecha de notificación de este emplazamiento, se ha decretado la medida cautelar de inhabilitación de la Licencia para ejercer como delegatario del Estado la función pública del notariado. Se hace ver a todos los notarios que si al final del procedimiento se concluye que la verdad real es la existencia una o varias causales impeditivas imputadas o sobrevenidas, se exponen a la inhabilitación funcional por así disponerlo los artículos 13 y 148 del Código Notarial, misma que solo podrá ser revertida mediante el procedimiento de rehabilitación previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos que constan en la página web de esta Dirección: www.dnn.go.cr Resolución Integral: Se apercibe a los Notarios Públicos que la resolución integral el Acto Inicial está a su disposición en los respectivos expedientes administrativos. Cómputo del emplazamiento: Se informa que de conformidad con el artículo 241 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, el emplazamiento empezará a correr cinco días hábiles después de la tercera publicación.—Unidad Legal Notarial.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, Jefe.—O. C. N° 81.—Solicitud N° 27640.—C-475400.—(IN2015010144).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Notificación de Resolución Final Nº 0001-2015

Expediente Nº 2007CD-000287-3003

La Dirección Administrativa Financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública en virtud de que materialmente resultó imposible localizar a la empresa Grupo Medics de Centroamérica LL C S. A., cédula jurídica Nº 3-101-197420, en San José, San Pedro de Montes de Oca; 300 metros al sur, del cementerio; por ignorarse su actual domicilio, se procede en esta vía a comunicar que mediante resolución Nº 0001-2015, del 13 de enero del 2015, se inicia el procedimiento administrativo ordinario para la resolución contractual, sanción de apercibimiento, con base en artículo 99 inciso a de la Ley de Contratación Administrativa y articulo 308 1(a) siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para la Compra Directa Nº 2007CD-000287-3003, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de camas, camillas y mesas, código 3-101-197420, por no cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato Nº 711 la cual se encuentra visible a folios 000198 al 000189 del expediente de incumplimiento. Se comunica que contra la presente resolución cabe recurso de revocatoria y apelación dentro de 03 días hábiles, a partir del recibo de la presente, de conformidad con los artículos 344, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública, los mismos deben presentarse en la Dirección Administrativa Financiera del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, San José. Notifíquese.—San José, 17 de febrero del 2015.—Dirección Administrativa Financiera.—Lic. Carlos Alfaro Valverde, Director a. í.—(IN2015011640).

Notificación de Resolución Inicial Nº 00007-2014

Expediente Nº 2008LA-000012-3003

La Dirección Administrativa Financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública en virtud de que materialmente resultó imposible localizar a la Empresa Utsupra Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-22768, en Barva de Heredia, mil doscientos metros norte de la iglesia por ignorarse su actual domicilio, se procede en esta vía, a comunicar que mediante resolución Nº 0007-2014, del treinta y uno de marzo del 2014, se inicia el procedimiento Administrativo Ordinario para la Resolución Contractual , Sanción de Apercibimiento, con base en artículo 99 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 308 1(a) siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para la licitación abreviada 2008LA-000012-3003, por concepto de consultoría diseño sistema integral aire acondicionado, código 0-06-10-0032, por no cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato Nº 802 la cual se encuentra visible a folios 000100 al 000115 del expediente de incumplimiento. Por lo que se convoca a la celebración de la comparecencia oral y Privada el día viernes 20 de marzo del 2015 a las 10:00 a.m. en la oficina de la Jefatura del Área de Gestión de bienes y Servicios, Se comunica que contra la presente resolución cabe recurso de revocatoria y apelación dentro de 03 días hábiles, a partir del recibo de la presente, de conformidad con los artículos 344, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública, los mismos deben presentarse en la Dirección Administrativa Financiera del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, San José. Notifíquese.—Dirección Administrativa Financiera.—Lic. Carlos Alfaro Valverde, Director a. í.—(IN2015011642).

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES BRUNCA

SUCURSAL DE GOLFITO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La suscrita Administradora de la Agencia del Seguro Social de Golfito, por no ser posible la notificación en su domicilio, procede a efectuar la siguiente publicación de edicto por notificación a Patrono y Trabajadores Independientes de conformidad con los artículos 240 y 241 de la Ley General de Administración Pública. Se les concede 5 días hábiles para normalizar su situación, caso contrario el adeudo queda firme en sede administrativa y se dará inicio a las acciones de Cobro Judicial, tanto por la Vía Civil como Penal. El monto contempla períodos adeudados al 31 de enero del 2015. Y se detallan a continuación, con número de cédula, nombre y monto adeudado:

Trabajadores independientes PEGG: 501030624 ARGUEDAS CONTRERAS ROSALINA DEL CARMEN ¢1.487.836, 602350453 ARIAS DELGADO ALEXANDER ¢1.106.534, 900470431 CAMPOS HIDALGO JORGE ALEJANDRO ¢379.448, 109200359 CORDERO ROMERO ANDRES FERNANDO ¢2.987.841, 112670253 LOPEZ PEREZ MONICA ¢292.851, 1860102630 RAMOS TEJADA NATANAEL ¢403.744, 111520505 SANCHEZ GARITA ESTEBAN ALONSO ¢1.322.935. Trabajadores independientes Golfito: 601880939 ZELEDON VILLALOBOS SALVADOR ¢295,512, 602190527 GUTIERREZ MARTINEZ JORGE ¢473,270.00, 603540404 VINDAS VASQUEZ JOSEPH JOAQUIN ¢297,306.00, 105770847 SEGURA MUÑOZ JUAN CARLOS ¢576,021.00, 108180675 CALVO SANDINO HUGO MARTIN ¢255,627.00, 603300309 ROJAS DOBROSKY JUAN PABLO ¢522,262.00, 601700031 OBANDO CASTILLO PABLO ¢406,130.00, 601900821 JIMENEZ CALDERON FERNANDO ¢521,895.00, 9001190175 AGÜERO ARAGON JOCELYN ¢235,052.00, 7-1690100176 RIVERA ZELEDON FRANK LARRY ¢235,662.00, 602320587 ESPINOZA CHAVES JOSE ANTONIO ¢275,324.00, 105180437 ELIZONDO ARIAS MIGUEL ANGEL ¢274,836.00, 602740306 NIETO VILLARREAL MENARDO MARCELO ¢613,925.00, 204690713 MORUX ALVARADO MANUEL ¢357,322.00, 6107640183 JIMENEZ MENA GERARDO ENRIQUE ¢360,890.00, 401570445 HIDALGO HERNANDEZ ALONSO ¢360,508.00, 603460365 GONZALEZ ROJAS PAMELA ¢418,980.00, 603470308 MESEN JIMENEZ RANDAL ¢773,429.00, 602390031 VILLAGRA MORALES MARTIN ¢708,958.00, 7-16304744 URBINA LARGAESPADA MARCOS ANTONIO ¢319,805.00, 602340030 CHAVARRIA COBA SIXTO ¢235,813.00, 603060646 MORALES MENDOZA VICTOR JESUS, ¢323,341.00, 111810641 RIVERA ROJAS MARIO ALBERTO ¢360,830.00, 602300824 MENA ORTEGA ADOLFO ¢235015, 603100527 FUENTES FUENTES VICTOR MANUEL ¢535,252.00, 603100880 PORRAS SUAREZ ABNER ¢237,086.00, 602850606 CERDAS ESPINOZA LEIVER ¢343,160.00, 602100240 VILLARREAL GONZALEZ CARLOS LUIS ¢305,362.00. 205160845 PEREZ GONZALEZ LUIS RIGOBERTO ¢468,375, 501280527 LOPEZ SEGURA ELIAS ¢360,888.00, 604170875 GOMEZ RILL OLGER ¢469,919, 602420660 SANCHEZ AGUIRRE BELMAN MANRIQUE ¢697,604.00, 502610550 BRIONES BRIONES JESUS ¢446,873.00, 603600165 SANCHEZ OROZCO CARLOS ¢236,791.00, 601700449 RUIZ BUSTOS CADER MOISES ¢578,351.00, 603190278 ROJAS NAVARRO KENNETH ALEXIS ¢349,884.00, 110100397 ZUÑIGA MUÑOZ DAISY VIVIANA ¢245,671.00, 7-26663091 ZAPATA CASTRO NOEMY ¢307,504.00, 106280985 MONTERO MADRIGAL SANTIAGO ¢360,824.00, 601200910 VENEGAS VARGAS RUBEN RAMON ¢249.864.00, 111150420 MOYA NAVARRO HEINER BRAULIO ¢448,376.00, 602970437 ZELAYA VARGAS JACKSON ¢352,093.00, 602830599 GONZALEZ MENDEZ MAURICIO ¢258,321.00, 601640975 QUINTERO SAAVEDRA LUIS ALFREDO ¢257,024.00, 104970787 VALVERDE NAVARRAO LUIS FERNANDO ¢360,768.00, 104970787 VALVERDE NAVARRO LUIS FERNANDO ¢360,768.00, 106240592 ZUÑIGA TORRES CARLOS LUIS ¢213,003.00, 205620281 VILLALOBOS NUÑEZ ROGER OCTAVIO ¢360,389.00, 0602390709 UZAGA ACUÑA ROGER IVAN ¢360,830.00, 103470582 ARIAS NAVARRO RAFAEL ¢464,651.00, 204950433 BONILLA MEJIAS DAUVER ¢500,498.00, 603400179 MONGE GALO OSCAR ALBERTO ¢481,582.00, 109890438 VILLALOBOS CALVO LUIS ALBERTO ¢308,604.00, 700490816 ESPINOZA OVARES ANABELLE ¢925,857.00, 800780716 COTO LOPEZ SONIA YANIRA ¢243,975.00, 602930463 RODRIGUEZ JIMENEZ VICTOR ARTURO ¢943,007.00, 603000985 DIAZ DURAN ALEJANDRA ¢1,019,413.00, 602430486 GUEVARA VALVERDE JIMMY ¢213,378, 602140982 GONZALEZ DALOLIO EDWIN ¢679,157.00, VILLALOBOS SEGURA CARLOS ¢234,971, 601600264 RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL ANGEL ¢296,816.00, 601430401 ROJAS MORALES JORGE ARTURO ¢360,830.00, 502910654 MATARRITA OBANDO GERSON GERARDO ¢584,705.00, 502160901 PEREZ GOMEZ VICTOR JULIO ¢469,947.00, 502120204 HERRERA BADILLA ANANIAS ¢267,963.00, 401050583 ARGUEDAS RAMIREZ EDGAR ¢274,957.00, 601620418 ACEVEDO OBANDO CARLOS ¢965,238.00, 304130080 FERNANDEZ MARIN LUIS MIGUEL ¢361,003.00, 104840283 OBANDO JARAMILLO MARLENE ¢474,114.00, 103890214 ARCE BARRANTES ROGELIO ¢190,349.00, 103300841 DESANTI VASQUEZ HANNIA CECILIA ¢278,690.00, 900720528 LOBO MAYORGA ROGER ¢217,393.00, 7-1630099738 LYNSKEY JAMES DONALD ¢584,422.00, 602240035 MATARRITA RAMIREZ JUAN JOSE ¢381,767.00. Trabajadores independientes Puerto Jiménez: MORA CASTILLO ESTEBAN GERARDO 110160694-999 ¢208,165; JIMENEZ SOLIS MELVIN 109920109-999 ¢3,379,532; CONCEPCION CHAVES JEISON 603730320-999 ¢258,676; BARRIOS QUIROS ANDREA 60370065-999 ¢264,996; FERRETO GOMEZ JOSE LUIS 602650625-999 ¢382,878; MATARRITA CASTELLON JUAN JOSE 602260108-999 ¢582,949; UMAÑA RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO 603370689-999 ¢308,754; REYES ORDOÑEZ MARTIN 7-00017227745-999 ¢275,878; LOBO MORA MARYONI MARIA 701460915-999 ¢198,828; DIAZ RIVAS MARINO, 7-0017262556-999 ¢224,696; DIAZ BERROCAL ROBIN HUMBERTO 603190470-999 ¢330,394; CENTENO CENTENO MARIA BENITA 104650647-999 ¢756,647; LOPEZ JARQUIN YADIRA 7-00028418193-999 ¢216,701; VALVERDE CHANTO HERIBERTO 102660611-999 ¢179,681; CATHERINE MADELI SANSON SANSON 7-00026461605-999 ¢1,784,265.—Lic. Edwin Pérez Díaz, Administrador.—(IN2015011671).

AVISOS

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS

Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Que en ejercicio de la facultad que prevé el ordinal 21 del Reglamento del Proceso Disciplinario del CFIA, en concordancia con la Ley General de la Administración Pública, se dispuso publicar lo siguiente: Oficio N° 0550-2015-DRD. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y el Departamento de Régimen Disciplinario en fecha 9 de febrero 2015, inicia una investigación previa, a partir del Informe de Inspección DRD-INSP-474-2014, en contra de la Arq. Elba López Guerrero, cédula 1-1158-735 carné A-19542, por presunta trasgresión al Código de Ética del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica por incumplimiento de la normativa que rige la profesión al tramitar ante la Municipalidad de Escazú proyecto con croquis sin la debida tramitación ante el CFIA, ubicado en San Rafael de Escazú, Condominio Loma Real, así como ejercer la profesión estando suspendida del ejercicio profesional, la cual se tramita bajo el expediente N° 051-15. En virtud de lo anterior se le concede el plazo de cinco 5 días hábiles contados a partir de esta publicación, para que si a bien lo tiene, manifieste por escrito lo de su interés sobre la investigación preliminar que aquí se tramita. Asimismo, se indica que la no comparecencia en el plazo conferido, no impedirá la continuación de la etapa preliminar, con el fin de dilucidar la existencia o no de presuntas violaciones al Código de Ética Profesional. El alcance del procedimiento administrativo de instrucción o investigación previa, únicamente conlleva a dirimir la existencia o no de presuntas violaciones al Código de Ética Profesional de este Colegio Federado y no podrá dilucidar conflictos de orden patrimonial, los que sí podrán ventilarse en el Centro de Resolución de Conflictos o bien ante la autoridad judicial competente. A efecto de lo anterior, proceda a señalar medio para atender notificaciones, mismo que deberá permanecer habilitado para esos efectos, ya que en caso contrario se tendrá por notificado con solo el transcurso de 24 horas después de emitido el oficio. Toda la documentación habida en el expediente administrativo puede ser consultada y fotocopiada en este departamento en días y horas hábiles a costa del interesado. Notifíquese.—San José, 12 de febrero del 2015.—Departamento de Régimen Disciplinario.—Arq. Carlos Murillo Gómez, Jefe.—O. C. 099-2015.—Sol. 27717.—C-139640.—(IN2015010464).

FE DE ERRATAS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO

El Concejo Municipal de Carrillo, a través del acuerdo Nº 3, emitido en la sesión ordinaria Nº 05 celebrada el 3 de febrero de 2015, y en apego a lo establecido en los artículos 157 de la Ley General de Administración Pública y 43 del Código Municipal, por unanimidad de votos dispuso: publicar una Fe de Erratas en el Diario Oficial donde se indique literalmente lo siguiente: “Se corrige la publicación efectuada en La Gaceta número 18 del martes 27 de enero de 2015, página 44, correspondiente al Reglamento para la Asignación, Uso, Custodia, Conservación y el Control de los Teléfonos Celulares propiedad de la Municipalidad de Carrillo, toda vez que por error material se consignó la palabra Proyecto, más sin embargo corresponde a la disposición reglamentaria definitiva”. Publíquese para efectos de ley.

Filadelfia. 9 de febrero de 2015.—Concejo Municipal.—Sandra María Ondoy Ondoy, Secretaria Auxiliar.—1 vez.—Solicitud N° 27794.—C-15200.—(IN2015014076).