En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 27 inciso l) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, Ley Nº 1917 del 30 de julio de 1955.

Considerando:

I.—Que la actividad turística en general se ha convertido en la principal fuente de generación de divisas para el país y una fuente importante de empleo para los costarricenses.

II.—Que se ha reconocido a la Ciudad de San José como Centro Histórico en el ámbito nacional e internacional como espacio de interés turístico.

III.—Que el casco central de la ciudad de San José, debe ser declarado de interés público y nacional, a fin de potenciar la promoción del país como un destino turístico sostenible.

IV.—Que se espera que la declaratoria de interés público y nacional del desarrollo turístico del casco central de la ciudad de San José genere los siguientes resultados derivados y positivos en materia turística para el país:

- Promocionar a Costa Rica en el ámbito mundial, como uno de los destinos turísticos del mundo, por medio de la promoción de su ciudad capital San José, ya que en ella convergen edificaciones que son testigos silenciosos de la historia del país como son el Teatro Nacional, Edificio de Correos, Asamblea Legislativa, Museo Nacional entre otros.

- Esta declaratoria brindará a Costa Rica y especialmente a la Ciudad de San José, una alternativa más como destino turístico, estableciendo a mediano plazo la afluencia de mayor visitación turística, no sólo de nuevos mercados, sino también la consolidación de mercados existentes en Costa Rica.

- Que aunado a lo anterior, se logrará el avance integral de la ciudad de San José promoviendo espacios para apoyar el desarrollo turístico en todos sus aspectos, así como para proteger la primacía de los valores patrios.

- Contribuir a fortalecer la identidad nacional, el fomento y respeto a la recreación, la reciprocidad y equidad turística, natural, ecológica y demográfica.

- Aprovechar el potencial turístico de la ciudad de San José con sus ventajas económicas y una posición geográfica que permite su consideración en el plano nacional e internacional.

V.—Que la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo Nº 1917 del 30 de julio de 1955, artículos 4 y 5, establece entre otras funciones la competencia de la Institución para fomentar el ingreso y grata permanencia en el país de los visitantes extranjeros que busquen descanso, diversión o entretenimiento, así como promover y estimular cualesquiera de las actividades comerciales, industriales, de transporte, deportivas, artísticas o culturales y ambientales entre otras, que permitan atraer el turismo, brindándoles facilidades y distracciones, para promocionar al país en los distintos campos.

VI.—Que en Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo N° 5865, Artículo 5, Inciso VII, celebrada el día 22 de octubre del 2014, se aprobó el Proyecto de Decreto denominado “Declaratoria de interés público y nacional del Desarrollo Turístico del Casco central de la Ciudad de San José.”

VII.—Que la declaración de interés público y nacional del desarrollo turístico del casco central de la ciudad de San José es amigable con el ambiente y con la sostenibilidad turística. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE INTERES PÚBLICO Y NACIONAL

EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CASCO CENTRAL

DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

Artículo 1º—Declaratoria. Se declara de interés público y nacional el desarrollo turístico del casco central de la ciudad de San José, comprendido entre las Avenidas 7ma y 10ma, y las calles 9na y 12ava, además de la zona urbana circundante, los barrios históricos de Amón, Otoya y Aranjuez al noreste, México al noroeste, San Francisco y Pitahaya al oeste, Ángeles y Cristo Rey al suroeste, Dolorosa al sur. La Cruz, San Cayetano y Luján al sureste, y La Soledad, González Lahman, Buenavista y La California, como la zona de ensanches.

Artículo 2º—Colaboración. Las instituciones del Sector Público y el Sector Privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con cualquier tipo de recursos o alternativas de colaboración, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos.

Artículo 3º—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—A los 30 días del mes de octubre del año dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín.—El Ministro de Turismo, Wilhelm Von Breymann Barquero.—1 vez.—O. C. Nº 16555.—Solicitud Nº 8355.—C-54750.—(D38814 - IN2015016262).

Nº 38890-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 140 inciso 18) y 146 de la Constitución Política, así como los artículos 25, inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2, acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 mayo de 1978 y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99 inciso j) y 129 de la Ley Nº 8131 del 18 de setiembre del 2001, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero del 2006, en la Ley de Planificación Nacional o Ley Nº 5525 del 2 de mayo de 1974, la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales Nº 7668 del 9 de abril de 1997, el Decreto Ejecutivo 26893-MTSS-PLAN Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y Reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y sus reformas y la Directriz Nº 021 PLAN, referente a Acatamiento Obligatorio de los “Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas” del 17 de mayo del 2007.

Considerando:

I.—Que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa es el Órgano Rector del Sistema Complementario de Administración de Bienes y Contratación Administrativa integrante del Sistema de Administración Financiera, de conformidad con la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero del 2006.

II.—Que mediante Decreto N° 33045 del 24 de marzo del 2006, publicado en La Gaceta N° 82 del 28 de abril del 2006, se reglamentó la Organización de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) del Ministerio de Hacienda.

III.—Que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa asume desde el año 2002 las funciones asignadas en la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001, así como aquellas destinadas a la entonces Proveeduría Nacional, según lo dispuesto en el artículo 128 de ese cuerpo normativo. Posteriormente a partir de la reforma a la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, que entraron a regir desde del año 2007, se le atribuyeron nuevas responsabilidades. Es así como el incremento, desarrollo y mejoramiento progresivo de sus múltiples funciones, ha originado la imperiosa necesidad de realizar ajustes en la actual estructura organizacional de esta Dirección, que le permita brindar un servicio más eficiente.

IV.—Que mediante oficios DM-1775-13 y DM-1776-13 ambos del 30 de octubre de 2013, el entonces Ministro de Hacienda, señor Edgar Ayales, avaló y remitió al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica la propuesta de reorganización parcial de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.

V.—Que mediante oficio DM-200-14 del 28 de abril de 2014, el entonces Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, señor Roberto J. Gallardo Núñez, aprueba parcialmente la modificación del modelo de organización planteada por el Ministerio de Hacienda, para la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, realizando algunos ajustes a dicho modelo, por lo que el presente Decreto se ajusta en todos sus extremos a la aprobación final dada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

VI.—Que en razón de lo anterior, resulta necesario formalizar la nueva organización de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para que robustezca la rectoría en el campo propio de su competencia. Por tanto,

Decretan:

Reglamento de Organización de la Dirección

General de Administración de Bienes

y Contratación Administrativa

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

Estructura administrativa

Artículo 1º—De la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa es el órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa con funciones de normalización, asesoría y supervisión. Dicha dependencia del Ministerio de Hacienda es el órgano técnico y consultivo en materia de contratación administrativa del Sector Público y también cumple funciones de asesoría para el Sector Privado, y sus funciones principales son:

a. Brindar asesoría a los sujetos públicos y privados que desarrollan actividades de contratación administrativa.

b. Evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten constantemente a satisfacer el interés público.

c. Tramitar en todas sus etapas incluso la de adjudicación, de los procedimientos para contratar del Poder Ejecutivo que no estén asignados a proveedurías institucionales.

d. Ser el órgano rector en el uso de medios electrónicos en procedimientos de contratación administrativa para todo el Sector Público.

Artículo 2º—De la estructura organizativa de la Dirección General. La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa estará a cargo de un Director (a) General, quien fungirá como superior jerárquico y un Subdirector (a) quien deberá reunir los mismos requisitos de su superior.

El Director (a) General es un (a) funcionario (a) de confianza, cuyo nombramiento lo hará el Ministro (a) de Hacienda y deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Contratación Administrativa. El cargo de Subdirector (a) estará sometido a las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil, su Reglamento, legislación conexa y al Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda.

Para el cumplimiento de sus funciones dispondrá de la siguiente estructura organizacional:

1. Dirección General.

a. Unidad de Investigación y Desarrollo

2. Subdirección General.

3. Dirección de Normas y Contrataciones

a. Departamento de Compras Consolidadas

b. Departamento Normativo

4. Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes

a. Unidad de Monitoreo

b. Departamento de Fiscalización

5. Dirección Técnica

a. Departamento de Registro, Control y Fiscalización de Proveedores

b. Unidad de Servicio al Usuario

La Dirección de Normas y Contrataciones, la Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes, así como la Dirección Técnica estarán cada una a cargo de un Director (a) de área, que fungirá como responsable y éste último con dependencia directa del Director (a) General y el Subdirector (a).

Por su parte, los Departamentos y Unidades de cada una de esas Direcciones estarán a cargo de un jefe (a), quien fungirá como responsable y con dependencia directa del Director (a) de área.

TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

Dirección y Subdirección General

Artículo 3º—Funciones del Director (a) General. Son funciones del Director (a) General del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en su condición de superior jerárquico, las siguientes:

a. Planear, dirigir y supervisar las actividades desarrolladas en el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa; a través de la evaluación de los resultados del accionar institucional, asistir a reuniones con sus superiores y colaboradores inmediatos; con el fin de velar por el cumplimiento de las facultades y obligaciones conferidas a la Institución, así como dictar las medidas correctivas que normalicen el funcionamiento del mismo.

b. Promover procesos de desarrollo organizacional en el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa para propiciar mejoras en la eficiencia, eficacia y calidad en su gestión.

c. Emitir las normativas, medidas y políticas necesarias; así como proponer cambios y ajustes a la legislación vigente; con base en los resultados del accionar del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa; para la consecución de los fines mismos de la Dirección y el Sistema.

d. Supervisar procedimientos realizados por las Proveedurías Institucionales y las Unidades de Administración de Bienes de las Instituciones que conforman el Sector Público; mediante la revisión y evaluación del cumplimiento de la legislación y normativa en materia de Contratación Administrativa, Administración de Bienes y toda otra norma o directriz que emitan los órganos competentes relacionados con la materia.

e. Desarrollar investigaciones, mediante la acción conjunta con los departamentos y direcciones de la Dirección General, con el fin de verificar estándares de calidad del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa; realizar evaluaciones de los instrumentos existentes y propiciar acciones de mejora, que impliquen reducción de costos, eficiencia de procedimientos y protección del medio ambiente.

f. Gestionar todos los requerimientos de recurso humano, financiero, material y tecnológico necesario para el funcionamiento de la Dirección.

g. Promover el perfeccionamiento catastral y registral de los títulos de propiedad del Sector Público y requerir del organismo técnico competente las acciones necesarias para preservar el patrimonio inmobiliario del Sector Público.

h. Administrar en coordinación con la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, los sistemas informáticos de apoyo para el control de la administración de bienes y la contratación administrativa, para uso de las diferentes dependencias que conforman el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

i. Asesorar a las autoridades ministeriales en aspectos propios de la administración de bienes y contratación administrativa; mediante la emisión de recomendaciones en cuanto al quehacer de las instituciones del Sector Público.

j. Representar a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa ante, las autoridades gubernamentales y organismos nacionales e internacionales.

k. Aprobar el plan estratégico, planes operativos, planes tácticos, programas y proyectos de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

l. Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como implementar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, en coordinación con las Direcciones, Departamentos y demás unidades administrativas que la conforman.

m. Las que le fijen otras leyes, reglamentos y sus superiores.

Artículo 4º—Funciones del Subdirector (a) General. Son funciones del Subdirector (a) General del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa:

a. Disponer las acciones necesarias para la agilización de los procedimientos administrativos y colaborar permanentemente con el Director(a) General en todo lo concerniente a la rectoría del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como la atención de otras funciones que se derivan de las leyes y normativa que rigen la materia de contratación administrativa y administración de bienes.

b. Sustituir al Director(a) en los casos de ausencia o de impedimento temporal, con todas las atribuciones; facultades y deberes propias del cargo.

c. Colaborar con el (la) Director(a) General en las labores de planeación, coordinación, organización y supervisión de la Dirección General y proponer ajustes y soluciones con el fin de cumplir los objetivos asignados a la Dependencia, en su condición de órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

d. Dirigir, coordinar y evaluar, la implantación de sistemas de trabajo: métodos y procedimientos para la realización de las actividades, por medio de reuniones y análisis de resultados, para la solución de los problemas que se presentan en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

e. Disponer las acciones necesarias para agilizar la parte operativa los procedimientos administrativos que son de aplicación en el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante la emisión de directrices y normativa, para lograr el oportuno, eficaz y eficiente cumplimento de los objetivos institucionales.

f. Velar por la correcta aplicación de las normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes actividades que se desarrollan en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, por medio de informes de avance de los planes y programas, manteniendo los controles necesarios de los trabajos que se realizan, con la finalidad de que los mismos se cumplan de acuerdo con los plazos establecidos y los estándares de calidad predeterminados.

g. Participar en la gestión del recurso humano, financiero, tecnológico y material necesario para el funcionamiento de la dependencia; coordinando con el Director(a) General, así como con el personal de la Dirección y de las dependencias competentes del Ministerio.

h. Coadyuvar con el Director(a) General en el desarrollo de investigaciones, mediante la acción conjunta con los departamentos y direcciones de la Dirección General, con el fin de verificar estándares de calidad del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa; realizar evaluaciones de los instrumentos existentes y propiciar acciones de mejora, que impliquen reducción de costos, eficiencia de procedimientos y protección del medio ambiente.

i. Colaborar con el Director(a) General, en las actividades tendientes a lograr el perfeccionamiento catastral y registral de los títulos de propiedad de la Administración Central, coordinando con el organismo técnico competente las acciones necesarias para preservar el patrimonio inmobiliario del Gobierno Central, a través de resultados del inventario, estado físico y utilización de los bienes de dominio público y privado de la Administración, mobiliario, equipo de oficina y otros objetos, con el fin de contribuir al uso eficiente de los mismos, así como autorizar las donaciones respectivas.

j. Participar en la supervisión de los actos y procedimientos realizados por las unidades de proveeduría y de administración de bienes de las instituciones del Sector Público; mediante la revisión y evaluación del cumplimiento de la legislación y normativa en materia de Administración Financiera de la República, de la Contratación Administrativa, de la Administración de Bienes y toda otra norma o directriz que emitan los órganos competentes relacionadas con la materia.

k. Asesorar a la Dirección General y a las máximas autoridades ministeriales en aspectos propios de la administración de bienes y contratación administrativa; mediante la emisión de recomendaciones en cuanto al quehacer de las instituciones de la Administración Central.

l. Colaborar permanentemente con el Director(a) General en la gestión del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, coordinando con éste, labores de evaluación y retroalimentación, a fin de cumplir con los objetivos asignados.

m. Atender y resolver consultas que le formulan superiores, colaboradores, subalternos, compañeros y público en general y brindar asesoría en materia de su especialidad.

n. Elaborar informes sobre las actividades realizadas y los asuntos solicitados por sus Superiores, con base en el cumplimiento de las labores y las situaciones presentadas, con el fin de coadyuvar en la toma de decisiones de los Jerarcas y en el control de las actividades operativas y estratégicas.

o. Otras funciones que determine la Dirección General o la normativa que rige la materia de contratación administrativa y administración de bienes, así como las necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema.

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

De la Unidad de Investigación y Desarrollo

Artículo 5º—Unidad de Investigación y Desarrollo. La Unidad de Investigación y Desarrollo tiene como función principal elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de la Dirección, así como coadyuvar en la implementación de medidas ambientales, avalúos de bienes para las instituciones que lo soliciten y realizar investigaciones especiales requeridas en la materia de competencia de la Dirección.

Artículo 6º—Funciones de la Unidad de Investigación y Desarrollo. Son funciones de la Unidad de Investigación y Desarrollo las siguientes:

a. Implementar y mantener procedimientos a lo interno de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para realizar una adecuada disposición de los desechos sólidos, por parte de todas las unidades que la conforman, garantizando la sostenibilidad ambiental, de acuerdo con las disposiciones que emita la dependencia institucional correspondiente.

b. Coadyuvar con las instituciones que se encuentran bajo la rectoría de la Dirección en la realización de avalúos a los bienes que desechan, para que las mismas determinen su destino final.

c. Documentar los procedimientos internos de trabajo de la Dirección, para el Sistema de Gestión Documental (Manuales de Procedimientos).

d. Investigar y proponer mejoras a los procesos actuales de trabajo, con el fin de optimizar los mismos.

e. Realizar investigaciones especiales requeridas por la Dirección, relacionadas con temas de Contratación Administrativa y Administración de Bienes.

f. Investigar y proponer a la Dirección procedimientos que estandaricen la cadena de abastecimiento de las Instituciones bajo su rectoría, con el fin de establecer mecanismos que permitan dar trazabilidad a las compras y seguir las mejores prácticas de almacenamiento y distribución.

g. Investigar y desarrollar indicadores de gestión interna, que ayuden a la Dirección General en el cumplimiento de objetivos y la toma de decisiones.

h. Dar seguimiento a la gestión administrativa de la Dirección General, mediante el uso de instrumentos como los indicadores de gestión y el Plan Operativo, con el propósito de identificar áreas críticas que afecten su eficacia.

i. Administrar y dar mantenimiento al Catálogo de Mercancías de la Administración Central, estableciendo procedimientos de normalización, codificación y especificaciones técnicas de los bienes y servicios que se adquieren.

j. Coordinar con las Direcciones competentes del Ministerio de Hacienda la creación de nuevas mercancías en el catálogo de mercancías, asociadas con el Clasificador por Objeto del Gasto.

k. Formular, implementar y administrar el plan estratégico, planes operativos y tácticos de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, según los lineamientos del Director (a) General y Subdirector (a).

TITULO IV

CAPÍTULO PRIMERO

Dirección de Normas y Contrataciones

Artículo 7º—De la Dirección de Normas y Contrataciones. La Dirección de Normas y Contrataciones tiene como función principal la elaboración de las propuestas de normas e instrumentos técnicos a someter a aprobación de la Dirección General que permitan dirigir y orientar el accionar de las Proveedurías Institucionales del Sector Público y brindar asesoría a los sujetos públicos y privados que desarrollan actividades de contratación administrativa y administración de bienes, evaluar las políticas y los procedimientos de contratación, con la finalidad de que se ajusten constantemente a satisfacer el interés público.

Lo anterior incluye promover la estandarización de métodos de trabajo en los diferentes campos de la contratación administrativa, tales como programas de compras, el trámite en todas sus etapas, precios referenciales, entre otros. Esto permite promover las modificaciones necesarias para que las normas y los procedimientos utilizados en los procesos del sistema garanticen la protección del interés público.

Para realizar sus funciones contará con dos Departamentos:

a. Departamento de Compras Consolidadas.

b. Departamento Normativo

Artículo 8°—Funciones de la Dirección de Normas y Contrataciones. Corresponderá a la Dirección de Normas y Contrataciones las siguientes funciones generales:

a. Participar en la definición del Plan Operativo y Estratégico de la Dirección General en conjunto con las otras Direcciones.

b. Formular los planes operativos de la Dirección, alineados a los estratégicos de la Dirección General, de acuerdo con la visión, misión y objetivos institucionales, con el fin de cumplir los propósitos que demanda la legislación.

c. Proponer políticas y reglamentos en la materia que le es propia, o bien el ajuste de éstas, conforme a las necesidades del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para el cumplimiento de los fines encomendados por la legislación vigente.

d. Diseñar y dirigir planes, programas y proyectos relacionados con los procesos del Área coordinando las labores de diagnóstico y proponer su aprobación a la Dirección General.

e. Coordinar actividades con otras Direcciones y Departamentos de la Dirección General y de las instituciones de gobierno, a efecto de favorecer una acción conjunta y mancomunada, suministrando información e insumos requeridos para la toma de decisiones en materia de contratación administrativa y administración de bienes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a lograr el alcance de la visión y la misión institucional.

f. Implementar las prioridades definidas por la Dirección General y las necesidades de los diferentes componentes del Sistema, en materia de contratación administrativa, con el fin de satisfacer los requerimientos organizacionales y promover su funcionamiento.

g. Proponer normas, directrices, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos en materia de su competencia, analizando las situaciones y los problemas presentados, para mejorar, simplificar y agilizar la toma de decisiones.

h. Brindar asesoría en la materia de su competencia al Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

i. Proponer a la Dirección General, la implementación de técnicas que reduzcan los costos, mejoren los procedimientos en la adquisición de bienes, obras y servicios con eficiencia; eficacia, economía y con criterios sustentables, de acuerdo al orden jurídico vigente.

j. Promover el desarrollo de procesos de contratación innovadores, con base en los objetivos institucionales y la existencia de recursos tecnológicos, con el objeto de favorecer el desarrollo organizacional e individual de los componentes del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

k. Proponer modificaciones y ajustes a la legislación en la materia de adquisiciones y fiscalización de bienes, a partir de las necesidades de cambio establecidas, con el objeto de enmarcar las nuevas iniciativas dentro del principio de legalidad y procurar el cumplimiento de las metas del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

l. Brindar información oportuna, clara y precisa a los usuarios, respondiendo a sus consultas en forma personal, telefónica, escrita o electrónica, con el objeto de satisfacer sus necesidades, en los plazos establecidos por Ley.

m. Otras funciones que determine la Dirección General en materia de su competencia.

CAPÍTULO SEGUNDO

Departamento de Compras Consolidadas

Artículo 9°—Del Departamento de Compras Consolidadas. El Departamento de Compras Consolidadas tiene como objetivo general, tramitar el proceso de los convenios marco y otros procesos innovadores de contratación, con el fin de lograr economías de escala y una mayor eficiencia en las compras de uso común, continuo y otras de carácter estratégico.

Artículo 10.—Funciones del Departamento de Compras Consolidadas. Corresponderá al Departamento de Compras Consolidadas realizar las siguientes funciones:

a. Dirigir en todas sus etapas los concursos que resulten necesarios para implementar Convenios Marco para que las instituciones que conforman el Sector Público puedan adquirir bienes y servicios que resulten pertinentes para el cumplimiento de los Planes Institucionales de compra de mediano y largo plazo.

b. Realizar estudios y/o análisis preliminares a fin de determinar la viabilidad de licitar un Convenio Marco, así como, la elaboración y revisión de los carteles de los convenios marco y demás etapas involucradas en el proceso de contratación administrativa.

c. Brindar asesoría y asistencia técnica a las instituciones usuarias de los sistemas de la Dirección General, en el uso de los Convenios Marco disponibles y otras modalidades alternativas de contratación, para las compras institucionales.

d. Realizar la inclusión de nuevas opciones de negocios del mismo giro comercial correspondiente a cada Convenio Marco, así como revisar y recomendar la implementación de los reajustes de precios en todos los convenios marco en ejecución.

e. Elaborar estudios económicos (costo-beneficio), investigaciones sobre estándares de calidad, diseñar e instrumentar mecanismos que faciliten la programación de compras, precios referenciales basados en estudios de mercado, entre otros.

f. Efectuar evaluación del desempeño de los convenios marco en ejecución incluyendo las estimaciones de ahorro para cada uno, mediante la aplicación de una metodología de ahorro, con el uso de Convenios Marco versus compras tradicionales.

g. Coordinar actividades con otras Direcciones y Departamentos de la Dirección General y de las instituciones de gobierno, a efecto de favorecer una acción conjunta y mancomunada, suministrando información e insumos requeridos para la toma de decisiones en materia de contratación administrativa y administración de bienes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a lograr el alcance de la visión y la misión institucional.

h. Elaborar informes sobre las actividades realizadas y los asuntos solicitados por los superiores, con base en el cumplimiento de las labores y las situaciones presentadas, para coadyuvar en la toma de decisiones y en el control de las actividades operativas y estratégicas de la Dirección General.

i. Coordinar con las instituciones competentes, el tema de compras públicas sustentables y ejecutar las acciones necesarias para impulsar estas en los procedimientos de contratación del Sector Público, así como su evaluación y seguimiento.

j. Asesorar a todo el Sector Público y Sector Privado sobre el avance en las compras públicas sustentables.

k. Otras funciones que determine la Dirección General en materia de su competencia.

CAPÍTULO TERCERO

Departamento Normativo

Artículo 11.—Del Departamento Normativo. Tiene como finalidad asesorar a instituciones bajo la rectoría de la Dirección General y proponer para su aprobación los reglamentos, directrices, circulares, lineamientos, resoluciones y manuales de procedimientos necesarios para el cumplimiento de la misión de la Dirección en materia de contratación administrativa y de administración de bienes, en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes, Dirección Técnica y Unidad de Investigación y Desarrollo.

Artículo 12.—Funciones del Departamento Normativo. Corresponderá al Departamento Normativo realizar las siguientes funciones:

a. Elaborar y proponer, políticas, reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos técnicos sobre contratación administrativa y de administración de bienes, o el ajuste a la legislación vigente, conforme a las necesidades del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

b. Asesorar a las unidades encargadas de la administración de los bienes y contratación administrativa de las diferentes Instituciones que conforman el Sistema, así como a lo interno de la Dirección General.

c. Asesorar y recomendar lineamientos en programas de compras que contribuyan a que la Administración Central adquiera bienes y servicios con eficiencia, eficacia y de acuerdo al orden jurídico vigente.

d. Coordinar actividades con otras Direcciones y Departamentos de la Dirección General y de las instituciones de gobierno, a efecto de favorecer una acción conjunta y mancomunada, suministrando información e insumos requeridos para la toma de decisiones en materia de contratación administrativa y administración de bienes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a lograr el alcance de la visión y la misión institucional.

e. Coadyuvar con el cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de contratación administrativa y administración de bienes, sean de acatamiento obligatorio para las diferentes instituciones de la Administración Central que están bajo la rectoría de esta Dirección.

f. Atender audiencias y denuncias, así como preparar informes para la atención de Recursos de Amparo, Recursos de Legalidad y Acciones de Inconstitucionalidad.

g. Recomendar criterios para resolver asuntos de naturaleza legal que se sometan a conocimiento de la Dirección General en materia de su competencia, en los plazos de ley, con la finalidad de que el trabajo pueda ser ejecutado en forma eficiente, eficaz y oportuna en busca de la consecución de los objetivos y metas propuestas.

h. Velar por el cumplimiento de las leyes y normas que regulan la actividad de la Dirección General, respecto de los procedimientos seguidos por las direcciones y departamentos y el marco jurídico definido para cada uno de ellos; con el fin de verificar legalidad de los productos y servicios que brindan los procesos de la Dirección.

i. Llevar a cabo los procedimientos administrativos disciplinarios o de otra índole que determine la Dirección General.

j. Coordinar la Comisión de Donaciones, preparar las actas y documentos correspondientes para remitirlos a la Dirección General.

k. Mantener y actualizar el registro de las Instituciones sujetas a recibir donaciones de la Administración Central.

l. Otras funciones que determine la Dirección General en materia de su competencia.

TÍTULO V

CAPÍTULO PRIMERO

Dirección de Fiscalización de Adquisiciones

y Registro de Bienes

Artículo 13.—De la Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes. La Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes es la encargada de velar por el correcto cumplimiento de las operaciones que se relacionen con los procedimientos de contratación administrativa, almacenamiento y distribución o tráfico de bienes, de las Proveedurías Institucionales y las Unidades encargadas de la Administración de Bienes, para asegurarse que los procedimientos de contratación administrativa, mantenimiento, registro, valoración, desecho, control de inventarios, almacenamiento y distribución o tráfico de los bienes se efectúen en cumplimiento de las leyes y normas que regulan la actividad del Sistema. Estará conformada por:

a. Unidad de Monitoreo

b. Departamento de Fiscalización

Artículo 14.—Funciones de la Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes. Corresponderá a la Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes las siguientes funciones generales:

a. Participar en la definición del Plan Operativo y Estratégico de la Dirección General en conjunto con las otras Direcciones.

c. Proponer políticas y reglamentos en la materia que le es propia, o bien el ajuste de éstas, en coordinación con el Departamento Normativo de la Dirección de Normas y Contrataciones, conforme a las necesidades del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para el cumplimiento de los fines encomendados por la legislación vigente.

d. Diseñar y dirigir planes, programas y proyectos relacionados con los procesos del Área que le corresponde coordinando las labores de diagnóstico y proponer su aprobación a la Dirección General.

f. Proponer normas, directrices, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos en materia de su competencia, analizando las situaciones y los problemas presentados, para mejorar, simplificar y agilizar la toma de decisiones.

g. Brindar asesoría en la materia de su competencia al Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

h. Proponer modificaciones y ajustes a la legislación en la materia de adquisiciones y fiscalización de bienes, a partir de las necesidades de cambio establecidas, con el objeto de enmarcar las nuevas iniciativas dentro del principio de legalidad y procurar el cumplimiento de las metas del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

i. Brindar información oportuna, clara y precisa a los usuarios, respondiendo a sus consultas en forma personal, telefónica, escrita o electrónica, con el objeto de satisfacer sus necesidades, en los plazos establecidos por Ley.

j. Otras funciones que determine la Dirección General en materia de su competencia.

CAPÍTULO SEGUNDO

Unidad de Monitoreo

Artículo 15.—De la Unidad de Monitoreo. El objetivo de esta Unidad es llevar un control diario de todos los procesos de contratación administrativa que llevan a cabo las instituciones bajo la rectoría de la Dirección, y del registro de los bienes que se adquieren por medio de estos procesos, en los sistemas de información que al efecto disponga la Dirección.

Artículo 16.—Funciones de la Unidad de Monitoreo. Corresponderá a la Unidad de Monitoreo realizar las siguientes funciones:

a. Planificar las labores, con base en los planes estratégicos y operativos institucionales, las prioridades definidas y las necesidades de los diferentes componentes del Sistema.

b. Diseñar y dirigir planes, programas y proyectos relacionados con los procesos de control y supervisión de la contratación administrativa y registro de bienes, diariamente.

c. Supervisar la actividad contractual y de registro de bienes que realizan las Proveedurías Institucionales y las Unidades de Bienes de la Administración Central diariamente por medio de los sistemas de información que se pongan a disposición de usuarios, mediante:

La emisión de recomendaciones necesarias para su mejoramiento.

1. La valoración de las técnicas empleadas en los procedimientos.

2. La revisión del cumplimiento de la normativa que la regula y de que la adquisición de bienes y servicios satisfagan el interés público, en forma oportuna y apegada a la legislación.

d. Brindar asesoría e información en la materia de su competencia.

e. Promover el desarrollo de sistemas innovadores en materia de su competencia, con base en los objetivos institucionales y la existencia de recursos tecnológicos, con el objeto de favorecer el desarrollo organizacional e individual de los componentes del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

f. Ejecutar el control de calidad de la información que brindan los sistemas de información que se utilizan tanto para la realización de los procesos contractuales como el registro de bienes.

g. Otras funciones que determine la Dirección General

CAPÍTULO TERCERO

Departamento de Fiscalización

Artículo 17.—Del Departamento de Fiscalización. El objetivo principal del Departamento es fiscalizar la actividad que realizan las Proveedurías Institucionales y las Unidades de Administración de Bienes de la Administración Central, de los procesos de contratación terminados por año y su inclusión en los sistemas de información.

Artículo 18.—Funciones del Departamento de Fiscalización. Corresponderá al Departamento de Fiscalización realizar las siguientes funciones:

a. Planificar las labores, con base en los planes estratégicos y operativos institucionales, las prioridades definidas y las necesidades de los diferentes componentes del Sistema.

b. Proponer políticas, reglamentos, manuales de procedimientos, o bien ajustes a la legislación vigente en materia de su competencia, conforme a las necesidades del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en coordinación con el Departamento Normativo de la Dirección de Normas y Contrataciones.

c. Diseñar y dirigir planes, programas y proyectos relacionados con la fiscalización trimestral de los procesos concluidos de contrataciones públicas y el registro de los bienes que adquieren las instituciones.

d. Fiscalizar la actividad que realizan las Proveedurías Institucionales y las Unidades de Administración de Bienes de la Administración Central, de los procesos de contratación terminados por año, a través de:

1. La emisión de recomendaciones necesarias para su mejoramiento.

2. La valoración de las técnicas empleadas en los procedimientos.

3. La revisión del cumplimiento de la normativa que la regula y de que la adquisición de bienes y servicios satisfagan el interés público, en forma oportuna y apegada a la legislación.

e. Brindar asesoría e información en la materia de su competencia a usuarios internos y externos y suministrarles la información que corresponda.

f. Coordinar con todos los que integran el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, según corresponda, aspectos relativos a la ejecución de sus responsabilidades.

g. Otras funciones que determine la Dirección General en materia de su competencia.

TITULO VI

CAPÍTULO PRIMERO

Dirección Técnica

Artículo 19.—De la Dirección Técnica. Esta Dirección es la encargada de proveer al usuario de los sistemas de información que al efecto determine la Dirección, la asistencia técnica para el uso de los mismos tanto a nivel de capacitación como en el trámite de los incidentes que se presenten en el uso de los mismos y llevar el control del registro y mantenimiento de los Proveedores que ofrecen sus servicios para la Administración Central. Estará conformada por:

a. Departamento de Registro, Control y Fiscalización de Proveedores.

b. Unidad de Servicio al Usuario.

Artículo 20.—Funciones de la Dirección Técnica. Corresponderá a la Dirección Técnica las siguientes funciones generales:

a. Elaborar planes de capacitación e impartir cursos, seminarios, charlas y resolver las consultas en relación con las políticas y procedimientos ya establecidos.

b. Coordinar actividades con otras Direcciones y Departamentos de la Dirección General y de las instituciones de gobierno, a efecto de favorecer una acción conjunta y mancomunada, suministrando información e insumos requeridos para la toma de decisiones en materia de contratación administrativa y administración de bienes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a lograr el alcance de la visión y la misión institucional.

c. Elaborar, consolidar y divulgar las estadísticas de contrataciones administrativas y administración de bienes para efectos internos y de otra índole.

d. Asesorar a los usuarios en el uso de los sistemas de información que utilice la Dirección para el cumplimiento de sus fines.

e. Registrar, controlar y fiscalizar a los proveedores comerciales.

CAPÍTULO SEGUNDO

Departamento de Registro, Control

y Fiscalización de Proveedores

Artículo 21.—Del Departamento de Registro, Control y Fiscalización de Proveedores. Este Departamento tiene como función principal administrar el Registro de Proveedores de la Administración Central, atendiendo consultas y colaborando con los Proveedores para su correcta inclusión en el registro mencionado.

Artículo 22.—Funciones del Departamento de Registro, Control y Fiscalización de Proveedores. Corresponderá al Departamento de Registro, Control y Fiscalización de Proveedores realizar las siguientes funciones:

a. Administrar el Registro de Proveedores de la Administración Central, estableciendo las normas para la modernización y su funcionamiento, así como proporcionar instrumentos que faciliten la categorización de los proveedores.

b. Registrar y actualizar en la base de datos del sistema de compras las solicitudes presentadas ante la Dirección General referente al Registro de Proveedores.

c. Controlar que el expediente electrónico de los proveedores inscritos contenga la información completa y correcta, según los procedimientos establecidos al efecto.

d. Atender trámites y consultas relacionados con las operaciones de registro de proveedores del sistema de compras.

e. Promover una atención efectiva al usuario.

f. Brindar a los proveedores comerciales los accesos necesarios para su ingreso y autenticación a los sistemas que se requieran para su efectiva participación.

g. Administrar el registro de sanciones a proveedores, que incluye tanto apercibimientos como inhabilitaciones para ofertar a la administración.

h. Administrar el registro de personas físicas inhibidas para contratar con la Administración.

i. Trabajar en conjunto con otras unidades en el desarrollo de las investigaciones y estudios especiales en aspectos del sistema y registro de proveedores, además de apoyar en lo referente a los problemas, modificaciones, actualizaciones pertenecientes a la parte de registro de proveedores, control interno, y otros.

j. Atender y resolver las solicitudes realizadas por los usuarios internos y externos relacionadas con los procesos propios de su competencia.

k. Otras que le sean asignados por la Dirección General en materia de su competencia.

CAPÍTULO TERCERO

Unidad de Servicio al Usuario

Artículo 23.—De la Unidad de Servicio al Usuario. Esta Unidad tiene la función principal de atender al usuario de los sistemas de información, por los medios que determine la Dirección, para evacuar dudas e incidentes que se presenten sobre el uso de los mencionados sistemas.

Artículo 24.—Funciones de la Unidad de Servicio al Usuario. Corresponderá a la Unidad de Servicio al Usuario realizar las siguientes funciones:

a. Brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas de información de apoyo, que se utilizan para la gestión y control de las áreas de contratación administrativa y administración de bienes, para las instituciones que estén bajo la rectoría de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

b. Proveer los canales necesarios que permitan a los usuarios de los sistemas de información comunicarse con las diferentes Direcciones y Departamentos que conforman la Dirección General.

c. Recibir, gestionar y resolver las solicitudes relacionadas con incidencias funcionales de los sistemas de información administrados por la Dirección.

d. Asesorar a usuarios internos y externos en el manejo de los sistemas de información, administrados por la Dirección.

e. Atención y soporte especializado a nuevas instituciones compradoras que utilizan los sistemas electrónicos de compras y administración de bienes.

f. Diseñar, implementar y medir el programa de formación de compradores, de manera que se cuente con usuarios con altas competencias en compras públicas para operar el sistema electrónico compras y de administración de bienes, en coordinación con las otras Direcciones.

g. Diseñar y aplicar el proceso de acreditación de competencias en gestión de abastecimiento a los compradores del Estado.

h. Propiciar alianzas con grupos de interés, con el objeto de apoyar y/o realizar actividades de formación hacia usuarios de los sistemas que administra la Dirección General.

i. Coordinar con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación las gestiones pertinentes para autorizar los certificados digitales a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).

j. Atender las solicitudes de las instituciones para la asignación de los roles y perfiles de usuarios en los sistemas de información que administra la Dirección General.

k. Otras que le sean asignados por la Dirección General en materia de su competencia.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

Derogatorias y Vigencia

Artículo 25.—Derogatorias. Deróguese el Decreto N° 33045 del 24 de marzo del 2006, publicado en La Gaceta N° 82 del 28 de abril del 2006. Reglamento de Organización de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Artículo 26.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dos días del mes de diciembre del dos mil catorce.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda Helio Fallas V.—1 vez.—O.C. N° 24435.—Solicitud N° 89602.—C-502690.—(D38890 - IN2015015956).

ACUERDOS

CONSEJO DE GOBIERNO

Nº 104

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo tercero del acta de la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el seis de enero del dos mil quince, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Nombrar a la señora Rita Hernández Bolaños, cédula de identidad número 1-506-578, en el cargo de Embajadora Alterna de Costa Rica, ante la Organización de Estados Americanos, a partir del 01 de febrero del 2015.

Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Consejo de Gobierno.—Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria.— 1 vez.—O. C. Nº 3400023604.—Solicitud Nº 28537.—C-14040.—(IN2015015389).

Nº 105

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo cuarto del acta de la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el seis de enero del dos mil quince, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Tener por conocida la renuncia presentada por el señor Jorge Luis Loría Núñez al cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), la que hace efectiva a partir del 06 de enero del 2015, y darle las más expresivas gracias por los valiosos servicios prestados.

Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Consejo de Gobierno.—Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria.— 1 vez.—O. C. Nº 3400023604.—Solicitud Nº 28614.—C-14120.—(IN2015015391).

Nº 106

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo sexto del acta de la sesión ordinaria número treinta y dos, celebrada el seis de enero del dos mil quince, tomó el acuerdo que textualmente dice: “1.- Tener por conocida la renuncia presentada por el señor Alejandro Barahona Kruger, al cargo que venía desempeñando como representante del sector público, proveniente de diferentes ministerios, ante la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), misma que hace efectiva a partir del 05 de enero del 2015, y darle las gracias por los valiosos servicios prestados. 2.- Nombrar en sustitución suya al señor Nicolás Alberto Murillo Rivas, cédula de identidad número 1-337-113, a partir del 06 de enero del 2015 y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 31 de mayo del 2018.

Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Consejo de Gobierno.—Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria.— 1 vez.—O. C. Nº 3400023604.—Solicitud Nº 28615.—C-19330.—(IN2015015392).

Nº 107

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo segundo del acta de la sesión ordinaria número treinta y tres, celebrada el trece de enero del dos mil quince, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Ante el vencimiento del período para el que fue nombrada la señora Jacqueline Castillo Rivas como Directora del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el próximo veintiuno de enero del dos mil quince; nómbrese en sustitución suya al señor Agustín Gómez Meléndez, cédula de identidad número 1-1118-696, a partir del veintiuno de enero del dos mil quince y por el período legal correspondiente, hasta el veintiuno de enero del dos mil veintiuno.

Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Consejo de Gobierno.—Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria.— 1 vez.—O. C. Nº 3400023604.—Solicitud Nº 28616.—C-17060.—(IN2015015393).

Nº 108

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo tercero del acta de la sesión ordinaria número treinta y tres, celebrada el trece de enero del dos mil quince, tomó el acuerdo que textualmente dice: “1.- Nombrar al señor Manuel Rojas Bolaños, cédula de identidad número 1-263-897, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante la República de Chile, a partir del 01 de febrero del 2015. / 2. Nombrar al señor Jairo Gabel Valverde Bermúdez, cédula de identidad número 1-772-715, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante la República Federativa del Brasil, a partir del 01 de febrero del 2015.

Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Consejo de Gobierno.—Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria.—1 vez.—O. C. Nº 3400023604.—Solicitud Nº 28617.—C-16930.—(IN2015015395).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

Nº 052-2015

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 8, inciso b) de la Ley 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; así como lo dispuesto en la Ley Nº 9289 del 15 de diciembre de 2014, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y,

Considerando:

1º—Que los países que integran el istmo centroamericano son socios comerciales estratégicos para nuestro país, ocupando el segundo lugar en el intercambio comercial de Costa Rica. Con el fin de potenciar los beneficios derivados de esta relación, la agenda de política comercial se ha enfocado en la modernización y profundización de la integración económica centroamericana. Una parte fundamental de estas labores la constituye la consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana, como eje fundamental en el proceso de consolidar la región como un bloque más fuerte y dinámico. De igual forma, la integración económica regional es un elemento esencial para el AACUE, acuerdo negociado bajo una estructura de región a región, en el que las Partes reafirman su voluntad de fortalecer y profundizar sus respectivos procesos de integración económica regional y asumen una serie de compromisos en ese sentido. Por ello, el grado de avance de los países centroamericanos en su integración regional permitirá aprovechar el AACUE de mejor manera.

2º—Que bajo ese contexto, se llevará a cabo en Guatemala la reunión intersectorial de Ministros de Integración Económica Centroamericana con Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Hacienda el 12 de febrero y el Foro de reflexión sobre la Integración Económica Centroamericana, el 13 de febrero de 2015.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Laura Rodríguez Vargas, portadora de la cédula N° 02-0353-0794, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar como Asesora del Viceministro de Comercio Exterior, quien participará en representación del Ministro de Comercio Exterior, en la reunión intersectorial de Ministros de Integración Económica Centroamericana con Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Hacienda, a efectuarse el 12 de febrero y en el Foro de Reflexión sobre la Integración Económica Centroamericana, la cual se llevará a cabo el 13 de febrero de 2015. Dichas actividades se llevarán a cabo en Guatemala. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) identificar las prioridades para potenciar la dinámica de la Integración Económica Centroamérica; 2) plantear acciones estratégicas para la agenda de la Integración Económica y; 3) asesorar al Viceministro en la reunión intersectorial con Ministros de Hacienda y Ministros de Relaciones Exteriores.

Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora Laura Rodríguez Vargas, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje del 11 y 13 de febrero de 2015, a saber US$279,36 (doscientos setenta y nueve dólares con treinta y seis centavos), sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501 y 10503 y 10504 del programa 796. COMEX deberá cubrir los impuestos de salida y transporte terrestre en ambos países. El Proyecto Regional de Apoyo a la integración Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA) cubrirá el boleto aéreo, el hospedaje, desayuno, almuerzo y cena del 12 de febrero; así como el desayuno y almuerzo del 13 de febrero de 2015. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 11 de febrero y retorna a Costa Rica hasta el 14 de febrero de 2015.

Artículo 3º—Rige a partir del 11 al 14 de febrero de 2015.

San José, a los nueve días del mes de febrero de dos mil quince.

Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro de Comercio Exterior a.í.—1 vez.—O.C. N° 24645.—Solicitud N° 10860.—C-74850.—(IN2015015407).

N° 455-2014

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 50, 140 incisos 3), 8), 12), 18) y 20), 146 y 148 de la Constitución Política; los artículos 4, 15, 17, 25, 27 párrafo 1 y 28 párrafo 2 inciso b) de la de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 6 y 10 de la Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N° 7473 del 20 de diciembre de 1994; los artículos 2 incisos a), b) y d) y 5 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el artículo 5 de la Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013, “Aprobación del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, y Aprobación por parte de la República de Costa Rica de la enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, adoptada en Reunión Extraordinaria de la Conferencia de las Partes, en Gaborone, Botswana, el 30 de abril de 1983”; el artículo 3 de la Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000; el artículo 10 del Estatuto del Servicio Exterior de la República, Ley N° 3530 del 05 de agosto de 1965; el Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Decreto Ejecutivo N° 25809-COMEX del 6 de enero de 1997; el Reglamento de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Decreto Ejecutivo N° 38363-COMEX del 11 de marzo de 2014; y

Considerando:

I.—Que el señor Ronald Saborío Soto, cédula de identidad número 2-368-158, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 21-97-COMEX del 6 de enero de 1997, prorrogado mediante los acuerdos números 313-2002-COMEX del 15 de julio de 2002, 264-2004-COMEX del 04 de mayo de 2004 y 387-2010-COMEX del 5 de julio del 2010; fue nombrado por el Poder Ejecutivo como Representante Permanente con Rango de Embajador-Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde el 01 de enero de 1997; ello de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 7473 del 20 de diciembre de 1994, el artículo 5 de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 25809-COMEX del 06 de enero de 1997.

II.—Que, asimismo, mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 300-2013-COMEX del 9 de setiembre del 2013, el Poder Ejecutivo designó y confirió plenos poderes al señor Saborío Soto como Representante de la República de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante dicho organismo internacional, de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 9154 del 3 de julio del 2013; a partir del 9 de setiembre del 2013.

III.—Que los puestos en los cuales se dieron tales designaciones, son de confianza al tenor de las disposiciones del artículo 10 Ley N° 3530 del 5 de agosto de 1965 y del artículo 3 de la Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000, por lo que con fundamento en el inciso 3) del artículo 147 de la Constitución Política, se estima procedente por motivos de oportunidad y conveniencia y en aras de procurar la mayor congruencia de los intereses nacionales y la política comercial internacional, cesar al señor Ronald Saborío Soto, cédula de identidad número 2-368-158, como Representante Permanente con Rango de Embajador-Jefe de misión de la delegación permanente de Costa Rica ante la OMC y como Representante de la República de Costa Rica y Jefe de la delegación permanente de Costa Rica ante la OCDE. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Cesar al señor Ronald Saborío Soto, cédula de identidad número 2-368-158, como Representante Permanente con Rango de Embajador- Jefe de Misión de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y como Representante de la República de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, a partir del 31 de enero del 2015, a quien se le agradecen los servicios prestados durante el tiempo que se desempeñó en dichos cargos.

2º—Rige a partir del 3 1 de enero del 2015.

Dado en la presidencia de la República, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

Comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora Delgado.—1 vez.—O. C. Nº 24645.—Solicitud Nº 8068.—C-86040.—(IN2015015973).

N° 036-2015

LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que el señor Marco Vinicio Castro Espinoza, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, portador de la cédula de identidad número 1-880-677, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma con facultades suficientes para estos efectos de la empresa Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-684697, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre del 2010 y para los efectos del inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, calificó como sector estratégico los proyectos en que la empresa acogida al Régimen se ubica en la industria de “Piezas y Componentes Maquinados de alta precisión”.

III.—Que Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-684697, se establecerá fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), específicamente en Alajuela, Orotina, La Ceiba, del Cruce a Uvita 250 metros al oeste, propiedad a mano derecha con una bodega con malla, instalaciones conocidas como la “Antigua Bodega Constenla”, por lo que cumple con lo dispuesto en el artículo 21 bis inciso a) de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

IV.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-684697, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 41-2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

V.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-684697 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria consistirá en la manufactura de piezas y componentes metálicos de alta precisión con o sin componentes de hule adherido; y piezas y componentes de alta precisión de plástico, de hule, y de poliuretano. Dicha actividad se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Piezas y Componentes Maquinados de alta precisión”.

3º—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente en Alajuela, Orotina, La Ceiba, del Cruce a Uvita 250 metros al oeste, propiedad a mano derecha con una bodega con malla, instalaciones conocidas como la “Antigua Bodega Constenla”. Tal ubicación se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de la ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso d) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un cero por ciento (0%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros seis años, un cinco por ciento (5%) durante los segundos seis años, y un quince por ciento (15%) durante los seis años siguientes. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria al amparo de la categoría f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del presente Acuerdo; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 y sus reformas. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete como cinco por ciento (7,5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 10 trabajadores, a más tardar el 1 de marzo del 2016. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos US$500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 10 de noviembre del 2017, así como a realizar y mantener una inversión mínima total de al menos US $750.000,00 (setecientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 5 de enero del 2018. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 28,72%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 16 de marzo del 2015. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial consignadas en su respectiva solicitud.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente acuerdo ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un acuerdo ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

16.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

17.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintidós días del mes de enero del dos mil quince.

ANA HELENA CHACÓN ECHEVERRÍA.—El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora Delgado.—1 vez.—(IN2015016147).

Nº 038-2015

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146) de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 9289 del 15 de diciembre de 2014, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y,

Considerando

1º—Que Costa Rica mantiene un rol muy activo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) así como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ante la OMC se trabaja intensamente en distintas iniciativas, como el Acuerdo de Facilitación del Comercio, el Acuerdo sobre Servicios en Tecnologías de Información, el Acuerdo sobre Bienes Ambientales, así como en Comités y grupos de trabajo.

2º—Que la representación ante la organización recae en el Embajador, Representante Permanente de Costa Rica ante la OMC, basado en Ginebra-Suiza. En virtud de los cambios organizacionales, en el Ministerio de Comercio Exterior, se ha designado un nuevo Embajador y dos Negociadores Comerciales ante la OMC, para suplir dos de las plazas vacantes existentes en la Misión, y llevar adelante los esfuerzos realizados a la fecha, con un nuevo impulso estratégico.

3º—Que el 14 de febrero de 2015 el señor Tayutic Mena Retana viajará a Ginebra-Suiza para asumir funciones propias de Negociador Comercial en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el fin de apoyar, asesorar y coordinar con el Embajador designado en los temas que se discuten en el foro de la OMC, cuando así lo requiera, así como defender las posiciones e intereses de Costa Rica ante el organismo multilateral y sus comités y grupos de trabajo.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Tayutic Mena Retana, portador de la cédula N° 01-1207-0586, Negociador Comercial en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que viaje a Ginebra-Suiza el 14 de febrero de 2015, con el fin asumir las funciones propias de Negociador Comercial en la OMC. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) apoyar al Embajador de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC y a los demás funcionarios de la Misión en la definición de las posiciones que presentará el país en los distintos temas tratados por la Organización Mundial del Comercio, con base en las labores de coordinación interinstitucional que se realizan en San José, Costa Rica; 2) analizar propuestas presentadas por otros Miembros de la Organización y potenciales áreas en las que Costa Rica, en conjunto con otros países con intereses similares, podría colaborar en la elaboración de propuestas concretas en los temas discutidos en la OMC; y 3) definir las acciones que deba realizar Costa Rica en el marco de las negociaciones comerciales llevadas a cabo en la OMC y los temas que deban discutirse con los jerarcas, otras instituciones públicas y/o el sector privado para el establecimiento de posiciones nacionales. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo hacia el lugar de destino viaja a partir del 14 de febrero de 2015.

Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Tayutic Mena Retana, por concepto de almuerzo del día 14 de febrero, por tránsito en New York, Estados Unidos de América, por un monto de US$37,08 (treinta y siete dólares con ocho centavos), sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del mismo programa. Lo correspondiente a la tarifa de escaneo, rayos X o inspección de equipaje (Ley 7664- Decreto N° 36341-MAG, artículo 3), será cubierto por las mismas subpartidas y por el mismo programa. Se le autoriza para hacer escala en New York-Estados Unidos de América, por conexión.

Artículo 2º—Rige a partir del 14 al 15 de febrero de 2015.

San José, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil quince.

Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O.C. N° 24645.—Solicitud N° 10859.—C-80190.—(IN2015015405).

Nº 042-2015

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Considerando:

1º—Que el artículo 2 de la Ley N° 7638, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como facultad definir y dirigir la política comercial externa y de inversión; dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, incluido lo relacionado con Centroamérica, así como suscribir tratados y convenios sobre esas materias. En atención de estas prerrogativas, el Ministerio debe velar por que todos los productos costarricenses se beneficien del tratamiento preferencial otorgado en los distintos tratados comerciales suscritos por el país.

2º—Que desde la entrada en vigor del DR-CAFTA, los productos costarricenses no están recibiendo el tratamiento arancelario preferencial otorgado bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) por parte de El Salvador. Por esta razón, en aras de brindar certeza jurídica a los operadores económicos, Costa Rica procedió a activar el mecanismo de solución de controversias del Tratado, el cual concluyó en noviembre pasado con la emisión del informe final por parte del Grupo Arbitral, el cual constató el incumplimiento del Gobierno de El Salvador a las disposiciones del DR-CAFTA.

3º—Que de conformidad con el DR-CAFTA, una vez emitido el informe final, corresponde a las Partes establecer un plan de trabajo para implementar las recomendaciones emitidas. Para ello, Costa Rica ha solicitado a El Salvador realizar una reunión en la que definan los pasos mediante los cuales ese gobierno cumplirá con lo que establece el tratado. En respuesta a la solicitud presentada, el Gobierno de El Salvador propuso realizar la reunión el próximo 5 de febrero en El Salvador. Por tratarse de un caso de gran interés para la defensa de los intereses comerciales de nuestros exportadores, se aceptó la fecha propuesta y se confirmó la participación por parte de la Directora General de Comercio Exterior y la Coordinadora de la Unidad Jurídica del Ministerio, funcionarias que han participado en todas las etapas de esta controversia.

ACUERDA:

Artículo º—Designar a la señora Adriana González Saborío, portadora de la cédula Nº 1-0873-0574, funcionaria de la Unidad Jurídica de la Dirección General de Comercio Exterior para asistir, representar y defender los intereses de Costa Rica en la reunión de seguimiento de la implementación del informe final de la controversia planteada por la no aplicación del programa de desgravación arancelaria a las importaciones de productos originarios de Costa Rica por parte de El Salvador al amparo del capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), a realizarse el 5 de febrero de 2015 en El Salvador. Durante su estadía procurará cumplir los siguientes objetivos específicos: 1) velar por el cumplimiento del informe final emitido por el Grupo Arbitral en la controversia planteada por Costa Rica al amparo del capítulo 20 del CAFTA-DR; y 2) establecer en coordinación con el Gobierno de El Salvador un plan de trabajo que incluya las acciones de implementación que se realizarán en acatamiento de las recomendaciones emitidas por el Tribunal Arbitral. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja a partir del 4 de febrero de 2015.

Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora Adriana González Saborío, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de alimentación y hospedaje, a saber $180,00 (ciento ochenta dólares), sujeto a liquidación, con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 796. Asimismo, lo correspondiente a la tarifa de escaneo, rayos X o inspección de equipaje (Ley 7664- Decreto N° 36341-MAG, artículo 3). El transporte aéreo será cubierto por la subpartida 10503 del mismo Programa. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior.

Artículo 3º—Rige del 04 al 05 de febrero de 2015.

San José, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil quince.

Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior.—1 vez.—O.C. N° 24645.—Solicitud N° 10861.—C-86820.—(IN2015015409).

Nº 049-2015

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20 y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley Nº 9289 del 15 de diciembre de 2014, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y,

Considerando:

1º—Que del 10 al 11 de febrero de 2015 el señor Jaime Coghi Arias viajará de Ginebra- Suiza a París-Francia con el fin de asesorar a los funcionarios de la Misión de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los procedimientos y prácticas administrativas y presupuestarias.

2º—Que la asesoría del señor Jaime Coghi Arias en esta materia resulta necesaria, y durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) establecer un presupuesto para el 2015; 2) identificar las necesidades de la Misión ante la OCDE para el año 2015; 3) ayudar a seleccionar el mobiliario de la Misión e iniciar los procedimientos de compra con miras a su inauguración en marzo de 2015; 4) intercambiar opiniones con otras misiones ante la OCDE sobre las prácticas administrativas y protocolarias; y 5) aprovechar la ocasión para fortalecer la red de contactos que se ha establecido con los países miembros de la OCDE y reforzar el interés del país en continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE, con miras a una futura membresía.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Jaime Coghi Arias, portador de la cédula de identidad número 3-301-158, Negociador Comercial de la Organización Mundial del Comercio, con rango de Ministro Consejero de la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para participar en lo indicado en el considerando 1° y 2° del precitado acuerdo en París-Francia del 10 al 11 de febrero de 2015. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo viaja hacia el lugar de destino el 09 de febrero de 2015.

Artículo 2º—Cubrir los gastos del señor Jaime Coghi Arias, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber US$658,00 (seiscientos cincuenta y ocho dólares), sujeto a liquidación, con recursos de la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los gastos de transporte aéreo también serán cubiertos por la Misión. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior.

Artículo 3º—Rige del 09 al 11 de febrero de 2015.

San José, a los seis días del mes de febrero del año dos mil quince.

Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior.—1 vez.—O.C. N° 24645.—Solicitud N° 10862.—C-52300.—(IN2015015411).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

N° 102.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—San José, a las quince horas y treinta y siete minutos del día dieciocho del mes de febrero del dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2015-0163 de 10 de febrero del 2015, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 9286 del 11 de noviembre de 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 4 de febrero del 2015, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 438626-000, cuya naturaleza es terreno para construir lote 2, situado en el distrito 10 Volio, cantón 02 San Ramón, de la provincia de Alajuela, con una medida de 1.813,45 metros cuadrados y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con calle pública, al sur, con Tony Gilberto Villalobos Rodríguez, al este, con Adolfo Villalobos Rodríguez y al oeste, con calle pública.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente a 1.714,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° 2-1776061-2014. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 29.000 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano Catastrado N° 2-1776061-2014, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 1.714,00 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble;

c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar;

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, Nº 9286 del 11 de noviembre de 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 04 de febrero del 2015, establece en sus artículos 2, 18 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

De conformidad con las disposiciones normativas, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 438626-000.

b) Naturaleza: terreno para construir lote 2.

c) Ubicación: Situado en el distrito 10 Volio, cantón 02 San Ramón, de la provincia de Alajuela. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° 2-1776061-2014.

d) Propiedad: Edgar Enrique Rojas Quirós, cédula 6-147-521.

e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 1.714,00 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”, según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad, en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley Nº 9286, artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, RESUELVE:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula N° 438626-000, situado en el distrito 10 Volio, cantón 02 San Ramón, de la provincia de Alajuela y propiedad de Edgar Enrique Rojas Quirós, cédula N° 6-147-521, con una área total de 1.714,00 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el Plano Catastrado N° 2-1776061-2014, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta Resolución se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley Nº 9286.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones.

Publíquese y Notifíquese.

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O. C. N° 3747.—Solicitud N° 60698.—C-68630.—(IN2015018271).

N° 000238.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—San José, a las quince horas y veinte minutos del día tres del mes de marzo del dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2015-0223 de 20 de febrero del 2015, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 9286 del 11 de noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 4 de febrero del 2015, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 36305-000, cuya naturaleza es terreno de solar con una casa, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste, con una medida de 450,00 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con Miguel Araya Venegas; al sur, con Miguel Araya Venegas; al este, con carretera Interamericana 15 metros, y al oeste, con Miguel Araya Venegas.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente a 163,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1793853-2015. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.905 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano catastrado N° G-1793853-2015, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 163,00 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, N° 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, N° 9286 del 11 de noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 4 de febrero del 2015, establece en sus artículos 2°, 18 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

De conformidad con las disposiciones normativas, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 36305-000.

b) Naturaleza: terreno de solar con una casa.

c) Ubicación: Situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° G-1793853-2015.

d) Propiedad: Triple J de Palmares S. A., cédula jurídica N° 3-101-182008, representada por Marianela Zeledón Bolaños, cédula N° 1-1164-883.

e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 163,00 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”, según se ha establecido supra.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 9286, artículo 21 y concordantes. Por tanto,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVE:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 36305-000, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste y propiedad de la empresa Triple J de Palmares S. A., cédula jurídica N° 3-101-182008, representada por Marianela Zeledón Bolaños, cédula N° 1-1164-883, con una área total de 163,00 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado N° G-1793853-2015, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta resolución se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 9286.

Publíquese y notifíquese.

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O. C. N° 3747.—Solicitud N° 29118.—(IN2015017886).

N° 000239.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—San José, a las quince horas y veinticinco minutos del día tres del mes de marzo del dos mil quince.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2015-0220 de 20 de febrero del 2015, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 9286 del 11 de noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 4 de febrero del 2015, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 174776-000, cuya naturaleza es terreno con patio y construido, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste, con una medida de 732,00 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con Berta Leal; al sur, con calle pública con 41,70 metros; al este, con calle pública con 14,00 en medio futura ampliación vial de 9 metros y espaldón de 11,62 metros, y al oeste, con Miriam Alpízar Bermúdez.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente a 138,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1793852-2015. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.903 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano catastrado N° G-1793852-2015, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 138,00 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

Considerando:

De conformidad con las disposiciones normativas, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 174776-000.

b) Naturaleza: terreno con patio y construido.

c) Ubicación: Situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° G-1793852-2015.

d) Propiedad: Christian Eduardo Araya Porras, cédula N° 5-282-501.

e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 138,00 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”, según se ha establecido supra.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVE:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 174776-000, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste y propiedad de Christian Eduardo Araya Porras, cédula N° 5-282-501, con una área total de 138,00 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado N° G-1793852-2015, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, Sección Cañas-Liberia”.

Publíquese y notifíquese.

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes.— 1 vez.—O. C. N° 3747.—Solicitud N° 29119.—(IN2015017888).

N° 000266.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—San José, a las ocho horas y cincuenta minutos del día seis del mes de marzo del dos mil quince.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2015-0222 del 20 de febrero del 2015, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 9286 del 11 de noviembre del 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 4 de febrero del 2015, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 173109-000, cuya naturaleza: terreno para construir, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste, con una medida de 732,00 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con Eduardo Araya Leal y Rocío Villalta Umaña; al sur, con Berta Leal Alemán; al este, con calle pública con un frente lineal de 12.87 centímetros, y al oeste, con Mirian Alpízar Bermúdez.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente a 138,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1793851-2015. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.904 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano catastrado N° G-1793851-2015, mediante el cual establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 138,00 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

Considerando:

De conformidad con las disposiciones normativas, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 173109-000.

b) Naturaleza: terreno para construir.

c) Ubicación: Situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° G-1793851-2015.

d) Propiedad: Óscar Eduardo Araya Leal, cédula N° 2-532-918.

e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 138,00 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”, según se ha establecido supra.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVE:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 173109-000, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste y propiedad de Óscar Eduardo Araya Leal, cédula N° 2-532-918, un área de terreno equivalente a 138,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1793851-2015, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”.

Publíquese y notifíquese.

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes.— 1 vez.—O. C. N° 3747.—Solicitud N° 29108.—(IN2015017863).

N° 000267.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—San José, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del día seis del mes de marzo del dos mil quince.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2015-0224 del 20 de febrero del 2015, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones N° 9286 del 11 de noviembre de 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 04 de febrero del 2015, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 176474-000, cuya naturaleza: terreno inculto, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste, con una medida de 1 507,50 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: al norte, con calle pública; al sur, con Berta Leal Alemán y Rocío Villalta Umaña; al este, con Carretera Interamericana y Rocío Villalta Umaña, y al oeste, con Eduardo Salazar Madrigal.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente a 274,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1793854-2015. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”.

3º—Constan en el expediente administrativo número 28.906 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a) Plano Catastrado N° G-1793854-2015, mediante el cual establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 274,00 metros cuadrados.

b) Estudio sobre la inscripción del inmueble;

c) Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar;

Considerando:

La Ley de Expropiaciones, N° 9286 del 11 de noviembre de 2014, publicada en La Gaceta N° 24 del 04 de febrero del 2015, establece en sus artículos 2, 18 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

De conformidad con las disposiciones normativas, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a) Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula número 176474-000.

b) Naturaleza: terreno inculto.

c) Ubicación: Situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° G-1793854-2015.

d) Propiedad: Mireya Ugalde Gutiérrez, cédula N° 5-297-986.

e) De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 274,00 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”, según se ha establecido supra.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, RESUELVE:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real Matrícula número 176474-000, situado en el distrito 01 Cañas, cantón 06 Cañas, de la provincia de Guanacaste y propiedad de Mireya Ugalde Gutiérrez, cédula N° 5-297-986, un área de terreno equivalente a 274,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1793854-2015, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 1, sección Cañas-Liberia”.

Publíquese y notifíquese.

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes.— 1 vez.—O. C. N° 3747.—Solicitud N° 29104.—(IN2015017858).

N° 000268.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del día seis del mes de marzo del dos mil quince.

Conoce este Despacho de diligencias de adquirir y autorizar a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Notaría del Estado, proceda a la confección de la respectiva escritura pública de traspaso del bien inmueble inscrito ante el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 441607-000, ubicado en el distrito 01 Quesada, cantón 10 San Carlos de la provincia de Alajuela, propiedad de Lidiett Pérez Castro, cédula N° 5-204-120, necesario para la ejecución del proyecto denominado: “Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”, a favor del Estado.

Resultando:

1º—Que para la construcción del proyecto de obra pública denominado: “Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”, es necesario proceder a la adquisición de un área de 550,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° 2-1510911-2011 del bien inmueble inscrito ante el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 441607-000, propiedad de Lidiett Pérez Castro, cédula N° 5-204-120, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de expropiaciones N° 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas, para lo cual el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, inició el Expediente Administrativo N° 28.891 y se emitió la Resolución Administrativa N° 1297 del 09 de setiembre del 2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 226 del 24 de noviembre del 2014, mediante la cual se declara de utilidad pública el inmueble antes descrito.

2º—Que para la adquisición del bien inmueble, señalado en el resultando anterior, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, procedió a emitir el avalúo administrativo N° 2015-008 del 12 de febrero del 2015, en el cual se estableció un monto de ¢22.550.000,00, a indemnizar a Lidiett Pérez Castro, cédula número 5-204-120.

Considerando:

Único.—Visto el Expediente Administrativo N° 28.891, que al efecto lleva el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, tenemos que para la ejecución del proyecto de obra pública denominado: “Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”, es necesario proceder a la adquisición de un área de 550,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° 2-1510911-2011 del bien inmueble, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 441607-000, propiedad de Lidiett Pérez Castro, cédula N° 5-204-120, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas, y siendo que el avalúo administrativo N° 2015-008 del 12 de febrero del 2015, realizado por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fue aceptado por la propietaria del inmueble a expropiar, es necesario remitir el Expediente antes referido, a la Procuraduría General de la República, con el fin de que la Notaría del Estado, proceda a la confección de la escritura pública de traspaso del inmueble antes descrito, a favor del Estado. Por tanto,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, RESUELVE:

Adquirir de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación N° 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas, y para la ejecución del proyecto de obra pública denominado: “Nueva Carretera a San Carlos, Sección Sifón-La Abundancia”, un área de 550,00 metros cuadrados, según plano catastrado N° 2-1510911-2011 del bien inmueble inscrito ante el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula número 441607-000, propiedad de Lidiett Pérez Castro, cédula N° 5-204-120, por cuanto el avalúo administrativo N° 2015-008 del 12 de febrero del 2015, realizado por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, fue aceptado por la propietaria del inmueble a expropiar. Y en consecuencia autorizar a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Notaría del Estado, proceda a la confección de la respectiva escritura pública de traspaso del bien inmueble antes descrito, a favor del Estado.

Carlos Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes.— 1 vez.—O. C. N° 3747.—Solicitud N° 29107.—(IN2015017860).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Nº 159-2015.—Despacho de la señora Ministra.—San José, a las once horas del día trece de febrero del año dos mil quince.

Resultando:

1º—Que la Ley Nº 5695 del 28 de mayo de 1975, crea el Registro Nacional, dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, el cual estará dirigido por una Junta Administrativa.

2º—Que de conformidad con el artículo cuarto de la supracitada ley, la Junta Administrativa del Registro Nacional, estará integrada, por siete miembros que son: el Ministro de Justicia, quien la presidirá; un notario en ejercicio, de reconocida experiencia, nombrado por el Ministro de Justicia; el Director Nacional de Notariado y un representante de cada uno de los siguientes organismos: Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados de Costa Rica, Colegio de Ingenieros Topógrafos y el Instituto Costarricense de Derecho Notarial. Para cada miembro se designará a un suplente.

3º—Que por acta de juramentación de las dieciocho horas del día veinte de noviembre del dos mil catorce, publicada en La Gaceta Digital Nº 233 del 3 de diciembre del 2014, se publicó la conformación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, para el periodo que funciona del 22 de noviembre del 2014, al 21 de noviembre del 2016.

Considerando único:

Que en virtud del oficio CSN-DNN-0038-2015 de fecha 03 de febrero del 2015, emitido por el Consejo Superior Notarial, es necesario proceder con una modificación parcial de la Junta Administrativa del Registro Nacional para el cabal funcionamiento de ese órgano colegiado. Por tanto;

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ, RESUELVE:

Artículo 1º—Modificar parcialmente la integración de la Junta Administrativa del Registro Nacional publicada en La Gaceta Digital Nº 233 del 3 de diciembre del 2014, para el periodo que funciona del 22 de noviembre del 2014 al 21 de noviembre del 2016, de modo que en adelante dicha integración se muestre de la siguiente manera: Cristina Ramírez Chavarría, cédula Nº 1-0795-0253, Ministra de Justicia y Paz, y Presidenta; Jonathan Bonilla Córdoba, cédula Nº 1-1120-0517, representante propietario de la Procuraduría General de la República; Laura Mora Camacho, cédula Nº 1-0488-0435, representante propietaria de la Dirección Nacional de Notariado; Marco Antonio Jiménez Carmiol, cédula Nº 1-0299-0846, representante propietario del Colegio de Abogados y Abogadas; Vera Cruz González Jiménez, cédula de identidad Nº 2-0466-0023, representante propietaria del Colegio de Ingenieros Topógrafos; Juan Carlos Montero Villalobos, cédula Nº 1-0592-0297, representante propietario del Instituto Costarricense de Derecho Notarial; Ligia Roxana Sánchez Boza, cédula Nº 1-0419-1351, representante propietaria, Notaria Pública en Ejercicio; Paula Azofeifa Chavarría, cédula Nº 1-1041-0092, representante suplente de la Procuraduría General de la República; Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno, cédula Nº 1-0395-0822, representante suplente de la Dirección Nacional de Notariado; Óscar Julio Rímola Umaña, cédula Nº 1-0418-0690, representante suplente del Colegio de Abogados y Abogadas; Jorge Alberto Delgado Barboza, cédula Nº 2-0409-0799, representante suplente del Colegio de Ingenieros Topógrafos; Jaime Wiesleder Weisleder, cédula Nº 1-0351-0341, representante suplente del Instituto Costarricense de Derecho Notarial.

Artículo 2º—Rige a partir de las dieciséis horas treinta minutos del 5 de febrero del 2015.

Artículo 3º—Publíquese en el diario oficial La Gaceta.

Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz, Presidenta Junta Administrativa del Registro Nacional.—1 vez.—O. C. Nº 15-0076.—Solicitud Nº 28719.—C-60740.—(IN2015016175).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Nº SC-004-2015.—San José, 3 de marzo del 2015

Se hace saber que la Dirección General de Servicio Civil ha emitido las siguientes resoluciones:

DG-190-2014: Se modifica la especialidad “Español” del Manual Descriptivo de Especialidades Docentes (Resolución DG-399-2010) para que se incluyan las carreras impartidas por la Universidad Nacional de Costa Rica.

DG-208-2014: Ampliar los alcances de la Resolución DG-118-2014, por medio de la cual se le otorga la delegación a la Máster Yaxinia Díaz Mendoza, quien ocupa el cargo de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.

DG-223-2014: Se modifica el Manual de Clases Anchas (Resolución DG-055-97), con el fin de crear las clases de Fiscalizador 1 y Fiscalizador 2.

DG-018-2015: Se modifica la Naturaleza de Trabajo de la clase Profesional de Apoyo 3 del Manual Institucional del INA.

Publíquese.—Lic. Hernán A. Rojas Angulo Mba., Director General.—1 vez.—O. C. Nº 3400024236.—Solicitud Nº 28789.—C-19920.—(IN2015016180).

HACIENDA

PROYECTO DE “RESOLUCIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA DGT-XXX-2015”

Que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, adicionado por el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria N° 9069 de 10 de setiembre de 2012, se concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles contados a partir de la primera publicación del presente aviso con el objeto de que expongan su parecer respecto del proyecto de resolución general denominado “Resolución Factura Electrónica”. Las observaciones sobre el proyecto de resolución general en referencia, deberán expresarse por escrito y dirigirlas a la Dirección de Control Tributario Extensivo de la Dirección General de Tributación, sita en el sexto piso del Edificio La Llacuna, Avenida Central, calle 5. Para los efectos indicados el citado proyecto de resolución general se encuentra disponible en el sitio web www.hacienda.go.cr, en la sección “Propuesta en consulta pública”.—San José, nueve de marzo de dos mil quince.—Carlos Vargas Durán, Director General.—O. C. Nº 3400023907.—Solicitud Nº 28960.—C-40470.—(IN2015017399). 2 v. 2

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección Administrativa Financiera comunica:

Extracto. Resolución N° DM 006-2015, firmada por el jerarca institucional en San José a las nueve horas del dieciocho de febrero del dos mil quince.

Se resuelve por economía procesal acumular y conocer los recursos de revocatoria presentados por la empresa Maquila Lama S. A, MERCASA, ANINSA, Consumidores de Costa Rica y Gobierno de Argentina, en contra de la Resolución N° DM-001-2015, del Ministerio de Economía Industria y Comercio de las catorce horas del 5 de enero de dos mil quince, emitida por el Despacho Ministerial, donde se resuelve la solicitud de aplicación de medida definitiva de salvaguarda sobre importaciones de “Arroz Pilado” que de conformidad con el SAC, ingresan a Costa Rica bajo las Fracciones Arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99. Exp N° 002-2013. Por tanto,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, RESUELVE:

1º—Acoger parcialmente los recursos de revocatoria interpuestos por las empresas: Mercadeo de Artículos de Consumo, S.A. (MERCASA); La Maquila Lama, S.A. y Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (ANINSA); solo en cuanto a la solicitud de revisión de la metodología establecida en la resolución 01-2015 para determinar el derecho a aplicar como medida de salvaguardia. En los demás extremos se rechaza los recursos por improcedentes.

2º—Rechazar, en todos sus extremos, los recursos de revocatoria interpuestos por consumidores de Costa Rica y la República de Argentina por improcedentes.

3º—Modificar el cuadro 8 del informe DDC-INF-007-14 del 9 de diciembre de 2014; visible a folio 3580 del expediente 02-2013 para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

“(…)

Cuadro 8

Costa Rica: salario real de la RPN variaciones

porcentuales en colones. Periodo 2011-2013

Año/rubro	2011	2012	2013	2011-2013
Salarios	2.697.565.938,95	3.126.749.134,44	3.422.379.818,64
Salarios Real	2.575.487.816,45	2.990.673.490,62	3.300.906.460,88
Variación %		16,12	10,37	28,17

(…)”.

4º—Modificar el numeral 136 de la resolución 01-2015 publicada en La Gaceta N° 05 del 8 de enero de 2015; para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“…Autorizar a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica la imposición de una medida de salvaguardia definitiva de un 24,88% adicional sobre el nivel del arancel existente de 35% del DAI para un total de 59,88% sobre el valor CIF, de todas las importaciones de arroz pilado que ingresen a Costa Rica, bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99, sin importar el origen (principio NMF)”.

5º—Modifíquese el anexo I a la Resolución 01-2015 publicada en La Gaceta N° 5 del 8 de enero de 2015; en los términos desarrollados en el punto tercero del análisis de fondo “Sobre la aplicación del derecho de salvaguardia” de la presente resolución.

6º—Modifíquese el anexo III a la Resolución 01-2015 publicada en La Gaceta N° 5 del 8 de enero de 2015 para que en lo sucesivo de lea de la siguiente manera:

“….

Fecha	Categoría de desgravación	Arancel (%)
Entrada de vigencia: 19 de febrero 2015		59,88
19 de febrero 2016	6,22%	53,66
19 de febrero 2017	6,22%	47,44
19 de febrero 2018	6,22%	41,22
A partir del 19 de febrero 2019	6,22%	35

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

7º—En los demás términos se mantiene incólume la resolución N° DM-01-2015, del Ministerio de Economía Industria y Comercio de las catorce horas del 5 de enero de dos mil quince; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 5 del 8 de enero de 2015.

8º—Notifíquese a las partes.

9º—Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta un extracto de la presente resolución y dispóngase en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio el texto completo de la misma.

Lic. Errol Solís Mata, Director Administrativo Financiero y Oficial Mayor.—1 vez.—O. C. Nº 3400025009.—Solicitud Nº 28104.—C-103540.—(IN2015015270).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 150, título Nº 2650, emitido por el Liceo Bilingüe de Belén, en el año dos mil trece, a nombre de González Quirós Nicole, cédula 1-1643-0142. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015014002).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 36, título N° 213, emitido por la Unidad Pedagógica La Valencia, en el año dos mil trece, a nombre de Camacho Marín Marianela, cédula 1-1547-0627. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veintitrés días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015014596).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 01, asiento N° 04, emitido por el Liceo Río Banano, en el año mil novecientos noventa y nueve, a nombre de Lawson Grainger Jonathan Jafet, cédula 7-0135-0662. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015014607).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, Rama Académica Modalidad Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 12, título N° 100, emitido por el Colegio Nuestra Señora Desamparados, en el año mil novecientos setenta y seis, a nombre de Badilla Gómez Patricia Eugenia, cédula 1-0505-0597. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los nueve días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015014613).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 375, título N° 1309, emitido por el Liceo de Nicoya, en el año dos mil doce, a nombre de Arauz Rodríguez Michelle Andrea, cédula 5-0404-0123. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.— San José, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015765).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 112, título N° 1104, emitido por el Liceo Ing. Carlos Pascua, en el año dos mil uno, a nombre de Redondo Bonilla Álvaro Esteban, cédula 4-0179-0612. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintiséis días del mes de enero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015904).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 91, asiento N° 485, emitido por el Liceo de Miramar, en el año dos mil uno, a nombre de Gómez Córdoba Mónica, cédula 1-1209-0277. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015909).

Ante este Departamento he presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 7, título N° 100, emitido por el Liceo José Joaquín Vargas Calvo, en el año mil novecientos setenta y cuatro, a nombre de González Arrieta Alvin, cédula 1-0486-0833. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil catorce.—Departamento Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015952).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 53, título N° 310, emitido por el Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz, en el año mil novecientos ochenta y cuatro, a nombre de Yorleni Espinoza Víctor. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original y corrección del nombre, cuyo nombre y apellidos correctos son: Espinoza Víctor Yorlenis, cédula 5-0245-0267. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015970).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 29, asiento 7, título N° 115, emitido por el Colegio Yurusti, en el año dos mil nueve, a nombre de Pereira Briceño Óscar Ignacio, cédula 1-1511-0957. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015975).

Ante este Departamento he presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios Diversificada en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo II, folio 69, título N° 949, emitido por el Liceo de Moravia, en el año mil novecientos ochenta y seis, a nombre de Hidalgo Maroto María Esmeralda, cédula 2-0454-0735. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil catorce.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015015994).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 33, título N° 793, emitido por el Liceo de Cedros, en el año dos mil cinco, a nombre de Spencer Monge Joel, cédula 1-1341-0061. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015016037).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada “Rama Técnica”, inscrito en el tomo 2, folio 25, asiento N° 655, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Carrillo, en el año mil novecientos ochenta y seis, a nombre de Hernández Wauters Francis Jenny, cédula 5-0255-0214. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015016054).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

De conformidad con resolución RMT-206-2015 de las 9:00 horas del 15 de enero del 2015. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, resuelve impartir aprobación final a la resolución JPIGTA-2089-2014, de sesión celebrada en San José, a las 9:00 horas del 01 de diciembre del 2014, de la Junta de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra. Se otorga traspaso de pensión de guerra incoadas por Alvarado Camacho Carlota, cédula de identidad N° 3-091-478, a partir del 01 de agosto del 2014; por la suma de ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y seis colones con cuarenta y cuatro céntimos (¢117.866,44), mensuales en forma vitalicia, sin perjuicio de los aumentos que por costo de vida se hayan decretado a la fecha. Se da así por agotada la vía administrativa Notifíquese.—Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.—MBA. Elizabeth Molina Soto, Directora Nacional de Pensiones.—1 vez.—(IN2015016977).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Patentes de invención

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Ernesto Gutiérrez Blanco, céd. 1-848-886, mayor de edad, vecino de San José, apoderado especial de SCA Hygiene Products AB, de Suecia, solicita el Diseño Industrial denominada TOALLA SANITARIA. Toalla sanitaria en diferentes colores reproduciendo una forma de ojo de cerradura antigua cuya configuración superior reproduce una figura en forma de corazón, todo ello decorado con puntos de varios colores que resiguen y rellenan la forma descrita. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Diseños Industriales es: 24/04; cuyo inventor es Cilla Persson. Prioridad: 27/05/2014 EM 002471581. La solicitud correspondiente lleva el número 20140543, y fue presentada a las 08:05:10 del 27 de noviembre del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 29 de enero del 2015.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—(IN2015014509).

El señor Victor Vargas Valenzuela, céd. 1-335-794, mayor, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de Genentech Inc., de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada ANTICUERPOS ANTI-CD22 E INMUNOCONJUGADOS. La invención proporciona anticuerpos anti-CD22 e inmunoconjugados y métodos para usarlos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A61K 47/48; A61P 35/00; cuyos inventores son Polakis, Paul, Polson, Andrew, Spencer, Susan Diane, Yu, Shang-Fan, Zheng, Bing. Prioridad: 09/07/2012 US 61/669,269; 15/11/2012 US 61/726,738; 16/01/2014 //WO2014/011520. La solicitud correspondiente lleva el número 20150047, y fue presentada a las 14:26:05 del 4 de febrero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 5 de febrero del 2015.—Lic. Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015014525).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La señora Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, cédula 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de North American Green, Inc., de E.U.A., solicita la patente de invención denominada ESTERILLA DE REFUERZO DEL TERRENO QUE SE ANCLA POR SI SOLA Y ESTERILLA DE FILTRACIÓN DEL SEDIMENTO REUTILIZABLE.

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Una esterilla de refuerzo del terreno (TRM) fuertemente tejida, tridimensional con una gran solidez o una esterilla de filtración del sedimento reutilizable diseñada para atrapar partículas de tierra en una corriente de agua y proporcionar un plano de corte para evitar que la tierra sea eliminada desde dentro y debajo de la esterilla por la corriente. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: E02B 3/12; cuyo(s) inventor(es) es (son) Lancaster, Timothy L. Prioridad: 15/05/2012 US 61/647,370; 21/11/2013 WO WO2013/173426. La solicitud correspondiente lleva el número 20140574, y fue presentada a las 8:30:06 del 12 de diciembre del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 13 de febrero del 2015.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Solicitud N° 28346.—(IN2015015804).

La señora Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, cédula 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de ST. Jude Medical, Cardiology División, Inc., de E.U.A., solicita la patente de invención denominada ENSAMBLE DE VÁLVULA PARA PERFIL COMPRIMIDO/PLEGADO.

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Un método de ensamble/montaje de una válvula de corazón prostética (100) incluye proporcionar un endoprótesis plegable y expansible (102) que tiene una sección anular (110) y una sección aórtica (111). La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A61F 2/24; cuyos inventores son Braido, Peter N, Coyle, Daniel P, Johnson, Mary B, Schraut, Julia A, Buesseler, Ryan K, Daly, Jacob J. Prioridad: 29/06/2012 US 61/666,174; 07/03/2013 US 13/788,696; 03/01/2014 WO WO2014/004944. La solicitud correspondiente lleva el número 20150010, y fue presentada a las 14:58:00 del 09 de enero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 17 de febrero del 2015.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Solicitud N° 28345.—(IN2015015867).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La señora María del Pilar López Quirós, céd. 1 1066 0601, mayor, abogada, vecina de San José, en calidad de apoderada especial de Conformis INC, de E. U. A., solicita la Patente de Invención denominada DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA LA FABRICACIÓN DE ADITIVOS DE COMPONENTES DE IMPLANTE. Se describen métodos y dispositivos mejorados para la fabricación de componentes de implante, lo que incluye mejoras relacionadas con la utilización de estructuras de soporte, la alineación de diseños de implante dentro del aparato de fabricación y la realización de implantes adaptados a los pacientes. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A61F 2/38; A61F 2/30; A61F 2/28; cuyos inventores son Miller, Bob, Hesketh, David. Prioridad: 13/04/2012 US 61/623,776; 17/10/2013//WO2013/155500. La solicitud correspondiente lleva el número 20140512, y fue presentada a las 14:31:11 del 7 de noviembre del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 9 de febrero del 2015.—Lic. Randall Abarca Aguilar, Registrador.—(IN2015016085).

La señora María del Pilar López Quirós, céd. 1 1066 0601, mayor, abogada, vecina de San José, en calidad de apoderada especial de New Energy Farms Limited, de Canadá, solicita la Patente de Invención denominada PROPAGACIÓN DE PLANTAS. La presente solicitud se relaciona, en general, con el campo de la propagación de plantas. En particular, la presente invención se relaciona con un método para la propagación de plantas de reproducción vegetativa y plantas y partes de plantas producidas por tales métodos. La invención también proporciona propágulos encapsulados. La invención también proporciona diversos usos finales para los propágulos encapsulados y para las plantas cultivadas a partir de los mismos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A01H 4/00; A01H 5/04; A01H 5/06; cuyo(s) inventor(es) es(son) Carver, Paul Adrián. Prioridad: 12/06/2012 GB 1210374.3; 19/12/2013//WO2013/186558. La solicitud correspondiente lleva el número 20150011, y fue presentada a las 13:34:58 del 12 de enero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 13 de febrero del 2015.—Lic. Randall Abarca Aguilar, Registrador.—1 vez.—(IN2015016086).

El señor Luis Diego Castro Chavarría, ced. 1-669-228, mayor, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de Pfizer Inc. de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada PIRIDINONAS BICÍCLICAS NOVEDOSAS. Se describen compuestos y sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos, en donde los compuestos tienen la estructura de la Fórmula I como se define en la especificación. Se describen también las composiciones farmacéuticas, métodos de tratamiento, métodos de síntesis e intermediarios correspondientes. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: C07D 471/04; A61K 31/498; A61P 25/28; cuyos inventores son: Am Ende, Christopher William, Verhoest, Patrick Robert, Tran, Tuan Phong, Subramanyam, Chakrapani, Stiff, Cory Michael, Stepan, Antonia Friederike, Pettersson, Martin Youngjin, Patel, Nandini Chaturbhai, O’donnell, Christopher John, Kauffman, Gregory Wayne, Johnson, Douglas Scott, Green, Michael Eric. Prioridad: 21/09/2012 US 61/703,969; 27/03/2014 // WO2014/045156. La solicitud correspondiente lleva el número 20150053, y fue presentada a las 13:52:50 del 5 de febrero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 9 de febrero del 2015.—Lic. Randall Abarca Aguilar, Registrador.—Solicitud Nº 28881.—(IN2015016245).

El señor Luis Diego Castro Chavarría, ced. 1-669-228, mayor, abogado, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de Helsinn Healthcare S. A., de Suiza, solicita la Patente de Invención denominada METODOS PARA PRODUCIR CLORHIDRATO DE ANAMORELINA QUE TIENE CONTENIDO CONTROLADO DE CLORURO. La presente invención se refiere a formas particuladas de monoclorhidrato de anamorelina o una composición de monoclorhidrato de anamorelina que tienen contenido controlado de cloruro, preferiblemente aislado en un estado amorfo y/o particulado fino, a procesos para preparar las formas particuladas, y a composiciones farmacéuticas que comprenden las formas particuladas. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: C07D 401/06; A61K 31/454; A61P 3/04; cuyos inventores son: Kuwabe, Shin-Itsu, Yanagimachi, Takehiko, Yoshiyama, Hideyuki, Pines, Seemon, De Groot, Eleanor, Garcia Rubio, Silvina, Manini, Peter. Prioridad: 20/04/2012 US 61/636,108; 24/10/2013 // WO2013/158874. La solicitud correspondiente lleva el número 20140530, y fue presentada a las 09:25:37 del 19 de noviembre del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 9 de febrero del 2015.—Lic. Randall Abarca Aguilar, Registrador.—Solicitud Nº 28879.—(IN2015016248).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Exp. 2011-0183.—La Licda. Alejandra Castro Bonilla, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0880-0194, solicita a este registro se anote la cesión en donde la compañía Dongbu Hitek Co., cede sus derechos sobre la patente de invención denominada: “COMPUESTOS DE URÁCILO Y HERBICIDAS QUE LOS COMPRENDEN” a favor de la compañía Dongbu Farm Hannong Co. Ltd., de conformidad con los documentos privados de cesión aportados el veintiséis de febrero de dos mil quince.—San José, 27 de febrero de 2015.—Randall Abarca Aguilar, Registrador.—1 vez.—(IN2015017000).

REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR

Y DERECHOS CONEXOS

Luz Marina García Ávila, cédula de residencia 117001392422, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, soltera, Psicóloga, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, San José, solicita la inscripción de los Derechos Morales y la titularidad de los Derechos Patrimoniales a su nombre, de la Obra Literaria Divulgada e Individual que se titula MANUAL PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON FIBROMIALGIA. Definición de la Fibromialgia. Influencia de la familia en la adherencia del paciente al tratamiento. El impacto del estrés en la enfermedad. Cómo combatir el estrés. Aprender a controlar pensamientos para controlar emociones y conducta. Relaciones interpersonales satisfactorias. Guía de tratamiento médico y psicológico. Guía espiritual. Publíquese por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta, para que terceros quienes crean tener derechos puedan oponerse a la inscripción solicitada dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta publicación, conforme al artículo 113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos N° 6683. Expediente 7824.—Curridabat, 23 de Mayo del 2014.—Carmen V. Valverde Chacón, Registradora.—1 vez.—(IN2015015192).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Asociaciones civiles

AVISOS

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Deportiva Real Pococí, con domicilio en la provincia de: Limón-Pococi, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Fomentar y desarrollar la enseñanza del deporte en niños y jóvenes sin discriminación alguna, principalmente la disciplina del fútbol, así como también otros deportes. Cuyo representante, será el presidente: Edén Gamboa Cantillo, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley No. 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2015 asiento: 18372.—Dado en el Registro Nacional, a las 9 horas 21 minutos y 3 segundos, del 18 de febrero del 2015.—Lic. Henry Jara Solís, Director a. í.—1 vez.—(IN2015015265).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula; 3-002-317116, denominación: Asociación Nacional de Grueros, Por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley N° 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 301074.—Dado en el Registro Nacional, a las 10 horas 13 minutos y 15 segundos, del 8 de diciembre del 2014.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015015991).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Iglesia Bautista Misionera Emanuel de Banegas, con domicilio en la provincia de: Puntarenas-Puntarenas, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: entre otros: proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Cuyo representante, será el presidente: Daniel Matarrita Matarrita, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 301673.—Dado en el Registro Nacional, a las 8 horas 34 minutos y 20 segundos, del 8 de diciembre del 2014.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015015992).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado El Brujo-La Florida de Buenos Aires de Puntarenas, con domicilio en la provincia de: Puntarenas-Buenos Aires, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: obtener la participación efectiva de la comunidad, en la construcción, operación, mantenimiento y desarrollo del acueducto. Cuyo representante, será el presidente: Ronald Lezcano Quiel, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939, y sus reformas, Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 154864 con adicional(es): 2015-18944.—Dado en el Registro Nacional, a las 15 horas 21 minutos y 32 segundos, del 27 de enero del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015016005).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Conservacionista Kue-Mar, con domicilio en la provincia de: Heredia-San Rafael, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: entre otros: conservar de manera adecuada diversos ecosistemas marinos y terrestres. Cuyo representante, será la presidenta: Elizabeth Argelis Velez Carballo, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley No. 218 del 8 de agosto de 1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite Documento tomo: 2014, asiento: 336663.—Dado en el Registro Nacional, a las 14 horas 3 minutos y 53 segundos, del 21 de enero del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015016046).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad; Asociación Deportiva Fútbol Guatuso, con domicilio en la provincia de: Alajuela-Guatuso, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: dirección, coordinación, organización, supervisión, promoción y todo lo relacionado con el fútbol en ambos géneros y en todas sus categorías, de acuerdo con sus propios estatutos y reglamentos y los entes oficiales de esta disciplina, Cuyo representante, será el presidente: Olivier Herrera López, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 108957 con adicional(es): 2014-296877, 2014-309086.—Dado en el Registro Nacional, a las 13 horas 59 minutos y 35 segundos, del 10 de diciembre del 2014.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015016114).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Productores Cañera Ajenjal, con domicilio en la provincia de: Cartago-Paraíso, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Integrar a personas físicas o jurídicas que estén ligados con la producción de caña en la zona de Cachí, en Paraíso de Cartago para la ejecución de diferentes actividades de interés común. Cuyo representante, será el presidente: Manuel Antonio Morales Bonilla, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 196152 con adicional: 2014-288707.—Dado en el Registro Nacional, a las 10 horas 3 minutos y 37 segundos, del 5 de marzo del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez—(IN2015017298).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

HACE SABER:

Habilitación de notario (a) público (a). La Dirección Nacional de Notariado con oficinas en San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que ante este Despacho se ha recibido solicitud de Inscripción y habilitación como delegatario para ser y ejercer la función pública Estatal del Notariado, por parte de Wilbert Yojancen Arce Acuña con cédula de identidad número 1-1283-0576, carné número 22192. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del (de la) solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación. Expediente #14-001638-0624-NO.—San José, 09 de febrero del 2015.—Licda. Tattiana Rojas S., Abogada.—Unidad Legal Notarial..—1 vez.—(IN2015015206).

Inscripción y habilitación de notario (a) publico (a). La Dirección Nacional de Notariadocon oficinas en San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to. piso, HACE SABER: Que ante este Despacho se ha recibido solicitud de inscripción y habilitación como delegatario para ser y ejercer la función pública Estatal del notariado, por parte de: Yosandra Apú Rojas, con cédula de identidad número 6-0309-0006, carné número 19304. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de la solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación. Exp N° 15-000253-0624-NO.—San José, 22 de febrero del 2015.—Unidad Legal Notarial.—Lic. Ricardo Edo. Arias Villalobos, Abogado.—1 vez.—(IN2015015212).

Que en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de enero del 2015, el Consejo Superior Notarial, aprobó en firme lo siguiente:

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL

ACUERDA POR UNANIMIDAD

Acuerdo 2015-004-001:

a) El Consejo Superior Notarial por unanimidad elige al Lic. Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno, como Presidente del Consejo Superior Notarial.

b) El Consejo Superior Notarial por unanimidad elige a la Lic. Laura Mora Camacho, como Secretaria del Consejo Superior Notarial.

c) Acuerdo Firme.

Msc. Guillermo Sandí Baltodano, Director Ejecutivo.

San José, 5 de marzo del 2015.—Unidad Legal Notarial.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 81.—Solicitud Nº 28725.—C-14860.—(IN2015016177).

AMBIENTE Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Exp. N° 10635P.—Banco Improsa S. A., solicita concesión de: 0,44 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo IS-489 en finca de su propiedad en Paraíso, Paraíso, Cartago, para uso agropecuario-riego. Coordenadas: 203.165 / 550.000, hoja Istaru. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015189).

Exp. N° 16454A.—Inversiones Norcha de Golfito S. A., solicita concesión de: 0,05 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de él mismo, en Golfito, Golfito, Puntarenas, para uso consumo humano-doméstico-piscina doméstica y agropecuario-riego. Coordenadas: 66.946 / 631.245, hoja Golfito CR2 CM-9. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 6 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015195).

Exp. N° 14607P.—Clorox de Centroamérica S. A., solicita concesión de: 1,27 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo AB-2531 en finca de su propiedad en Tirrases, Curridabat, San José, para uso industria (productos de limpieza). Coordenadas: 210.024 / 531.151, hoja San José. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de noviembre del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015198).

Exp. N° 10147A.—Agrícola Río Navarro S. A., solicita concesión de: 4,71 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Francisco (Cartago), Cartago, Cartago, para uso piscina-acuicultura y riego. Coordenadas: 198.550 / 548.150, hoja Tapantí. 0,198 litros por segundo del Nacimiento Termal 2, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Francisco (Cartago), Cartago, Cartago, para uso piscina-acuicultura y riego. Coordenadas: 198.250 / 548.800, hoja Tapantí. 1,05 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Francisco (Cartago), Cartago, Cartago, para uso piscina-acuicultura y riego. Coordenadas: 198.200 / 548.150, hoja Tapantí. 25 litros por segundo del río Navarro, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Francisco (Cartago), Cartago, Cartago, para uso piscina-acuicultura y riego. Coordenadas: 198.300 / 547.350, hoja Tapantí. 0,075 litros por segundo del Nacimiento Termal 1, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Francisco (Cartago), Cartago, Cartago, para uso piscina-acuicultura y riego. Coordenadas: 198.250 / 548.850, hoja Tapantí. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 27 de marzo del 2014.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015203).

Exp. N° 16033P.—Desarrollos Habitacionales Vega Real S. A., solicita concesión de: 10 litros por segundo del acuífero efectuando la captación por medio del pozo GM-110 en finca de su propiedad en Río Jiménez, Guácimo, Limón, para uso autoabastecimiento en condominio. Coordenadas: 249.314 / 579.648, hoja Guácimo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 24 de febrero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015219).

Exp. N° 10186A.—Sociedad de Usuarios de Agua Brisas Cotenses, solicita concesión de: 3 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Marvin Ramírez Rivera, en Cot, Oreamuno, Cartago, para uso abrevadero-lechería y riego. Coordenadas: 207.780 / 551.110, hoja Istaru. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015222).

Exp. N° 10502A.—Ralama de Sarchí S. A., solicita concesión de: 0,45 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Sarchí Norte, Valverde Vega, Alajuela, para uso comercial embotellado para la venta y agropecuario-riego. Coordenadas: 232.800 / 498.800, hoja Naranjo. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015223).

Exp. N° 10430P.—Condominio Horizontal Monteran Segunda Etapa, solicita concesión de: 1,1 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo AB-2094 en finca de su propiedad en Sánchez, Curridabat, San José, para uso riego. Coordenadas: 212.300 / 535.600, hoja Abra. 1,1 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo AB-2094 en finca de su propiedad en Sánchez, Curridabat, San José, para uso riego. Coordenadas: 212.550 / 535.600, hoja Abra. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015228).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. 10264A.—Kircua S. A., solicita concesión de: 0,08 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Nicolás, Cartago, Cartago, para uso agropecuario-abrevadero. Coordenadas 210.980 / 542.580 hoja Istarú. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 6 de enero del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015015369).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESOLUCIONES

N° 749-E10-2015.—San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de febrero de dos mil quince.

Liquidación de gastos de capacitación y organización del partido Liberación Nacional, correspondiente al período mayo-setiembre 2014. (Exp. N° 019-Z-2015).

Resultando:

1º—Por oficio N° DGRE-051-2015 del 2 de febrero de 2015, recibido en la Secretaría de este Tribunal en la misma fecha, el señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, remitió el informe N° DFPP-LT-PLN-02-2015 del 23 de enero de 2015, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (en adelante DFPP) y denominado: “Informe relativo a la revisión de la liquidación trimestral de gastos presentada por el partido Liberación Nacional correspondiente al período comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de setiembre 2014” (folios 1-22).

2º—El 3 de febrero del presente año, la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, en adelante la Dirección, remitió ante la Secretaría de este Tribunal el oficio N° DGRE-015-2015 (sustituir) del 2 de febrero de 2015 (folios 23-28).

3º—En auto de las 14:30 horas del 4 de febrero de 2015, la Magistrada Instructora confirió audiencia, por el plazo de ocho días hábiles, a las autoridades del partido Liberación Nacional (PLN) para que, si así lo estimaban conveniente, se manifestaran sobre el informe rendido por el DFPP (folio 29).

4º—Por memorial recibido mediante el sistema de fax de la Secretaría del Tribunal el 6 de febrero de 2015, cuyo original fue presentado el 11 de febrero, los señores Bernal Jiménez Monge y Antonio Calderón Castro y la señora Paulina Ramírez Portuguez, en su orden presidente, secretario y tesorera del Comité Ejecutivo Nacional del PLN, manifestaron la no objeción del informe N° DFPP-LT-PLN-02-2015, remitido mediante el oficio N° DGRE-051-2015 (folio 33).

5º—En el procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rodríguez Chaverrri; y,

Considerando:

I.—Hechos probados. De relevancia para la resolución de este asunto se tienen como probados los siguientes hechos: a) que el PLN presentó ante este Tribunal, dentro del plazo establecido, la liquidación trimestral de gastos del rubro de reserva de capacitación y organización política correspondiente al trimestre comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de setiembre, ambos de 2014, por un monto total de ¢131.860.150,00 (folios 10, 12 y 24 vuelto); b) que este Tribunal, por medio de resolución N° 5411-E10-2014 de las 15:30 horas del 22 de diciembre de 2014, determinó que el PLN tiene como reserva a su favor, para afrontar gastos de capacitación y organización, la suma de ¢688.865.296,45 (folios 36-42 y 49-50); c) que esa reserva quedó conformada por ¢162.877.617,33 para gastos de capacitación y ¢525.987.679,12 para gastos de organización (folios 40 vuelto y 50); d) que el PLN, de acuerdo con el resultado de la revisión final de gastos efectuada por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos correspondiente a las liquidaciones trimestrales del período comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de setiembre de 2014, logró comprobar gastos permanentes por la suma de ¢105.341.670,85, de los cuales ¢207.260,00 corresponden a la reserva de capacitación y ¢105.134.410,85 a la de organización política (folios 12, 13, 14 y 27); e) que el PLN acreditó haber realizado la publicación anual en un diario de circulación nacional de la lista de contribuyentes y el estado auditado de las finanzas partidarias del período comprendido entre el 1° de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, tal y como lo ordena el artículo 135 del Código Electoral (folios 14, 27 y 43-48); f) que el PLN no registra multas pendientes de cancelar (folios 14, 27 vuelto y 28); y, g) que el PLN se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (folios 13, 27 vuelto y 51).

II.—Reserva de capacitación y organización y principio de comprobación del gasto aplicable a las liquidaciones de gastos presentadas por los partidos como condición para recibir el aporte estatal. El artículo 96 de la Constitución Política, en relación con el artículo 89 del Código Electoral, establece que el Estado debe contribuir a sufragar los gastos de los partidos políticos. Esa contribución, de acuerdo con el inciso 1° de la misma norma constitucional, se debe destinar a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales y a satisfacer las necesidades de capacitación y organización política.

Para recibir el aporte del Estado prevalece el principio de comprobación del gasto que se traduce en el hecho de que, para optar por la contribución estatal, los partidos deberán demostrar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que solo debe aprobar aquellos autorizados previa su comprobación por parte del partido de que se trate y en estricta proporción a la votación obtenida.

El Tribunal, desde la sesión N° 11437 del 15 de julio de 1998 indicó que, para que los partidos políticos puedan recibir el aporte estatal, es determinante la verificación del gasto, al señalar:

“Para recibir el aporte del Estado, dispone el inciso 4) del artículo 96 de la Constitución Política –los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo esencial, bajo esta regla constitucional, es la comprobación del gasto. Todas las disposiciones del Código Electoral y de los reglamentos emitidos por el Tribunal y la Contraloría General de la República en esta materia, son reglas atinentes a esa comprobación que, sin duda alguna, es el principal objetivo. Por lo tanto, como regla general, puede establecerse que si el órgano contralor, con la documentación presentada dentro de los plazos legales y los otros elementos de juicio obtenidos por sus funcionarios conforme a los procedimientos de verificación propios de la materia, logra establecer, con la certeza requerida, que determinados gastos efectivamente se hicieron y son de aquellos que deben tomarse en cuenta para el aporte estatal, pueden ser aprobados aunque la documentación presentada o el procedimiento seguido en su trámite adolezca de algún defecto formal.”

A partir de las reglas establecidas en el Código Electoral, al momento en que se resuelvan las liquidaciones que plantean las agrupaciones políticas luego de celebrados los comicios respectivos, se debe conformar una reserva que les permita obtener el reembolso de futuros gastos que se hagan en época no electoral para atender dichas actividades de capacitación y organización. Esta reserva quedará constituida según el monto máximo de contribución a que tenga derecho cada partido y según los porcentajes correspondientes predeterminados estatutariamente.

IV.—Ausencia de objeciones en relación con los gastos rechazados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos: De previo a resolver lo que en derecho corresponde, este Tribunal confirió audiencia a las autoridades del PLN para que se manifestaran, si así lo estimaban conveniente, en relación con el informe N° DFPP-LT-PLN-02-2015 del 23 de enero de 2015 (folio 29). El partido manifestó que no existe ninguna objeción al informe (folio 33); por ende, carece de interés emitir pronunciamiento sobre este extremo.

V.—Resultado final de la revisión de la liquidación trimestral presentada por el PLN correspondiente al período mayo a setiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en los artículos 107 del Código Electoral y 70 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, la Dirección, por intermedio de su DFPP, evaluó la liquidación presentada por el PLN, así como la prueba para justificar el aporte estatal con cargo a la reserva de organización. A partir del informe emitido por esa Dirección, se procede a analizar los siguientes aspectos:

1) Reserva de capacitación y organización del PLN al momento del período trimestral que se revisa. De conformidad con la resolución de este Tribunal N° 5411-E10-2014 de las 15:30 horas del 22 de diciembre de 2014, la reserva de capacitación y organización del PLN quedó conformada por la suma de ¢688.865.296,45, de los cuales ¢162.877.617,33 serían para afrontar gastos de capacitación y ¢525.987.679,12 para gastos de organización política.

2) Gastos de capacitación. En el informe rendido por la Dirección, se determinaron como gastos de capacitación válidos y justificados la suma de ¢207.260,00 que corresponde reconocer a esa agrupación política en este rubro (folio 27).

3) Gastos de organización. Una vez realizada la evaluación correspondiente, la Dirección tuvo como gastos de organización válidos y justificados la suma de ¢105.134.410,85 que corresponde reconocer a esa agrupación política por ese rubro (folio 27).

VI.—Sobre las retenciones por morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social, omisión de publicaciones ordenadas en el artículo 135 del Código Electoral y multas impuestas pendientes de cancelación.

1) Está demostrado que el PLN se encuentra al día en sus obligaciones con la seguridad social, por lo que no procede ordenar retenciones por este concepto.

2) Está demostrado que el PLN está al día con las publicaciones a las que se refiere el artículo 135 del Código Electoral, por lo que tampoco corresponde retener suma alguna por este asunto.

3) Está demostrado que no se registran multas pendientes de cancelación de parte del PLN.

VII.—Sobre el monto total a reconocer: De conformidad con lo expuesto, el monto total aprobado al PLN, con base en la revisión de la liquidación de gastos del período comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de setiembre de 2014, asciende a ¢105.341.670,85.

VIII.—Sobre la reserva definitiva para futuros gastos de organización y de capacitación del PLN. Debido a que al PLN se le reconocen gastos por la suma de ¢105.341.670,85, corresponde deducir esa cifra de la reserva establecida a su favor (¢688.865.296,45). Aplicada la operación aritmética se tiene que, el nuevo monto de reserva con que cuenta el PLN, sujeto a futuras liquidaciones trimestrales, corresponde a ¢583.523.625,60, de los cuales ¢162.670.357,33 corresponden al rubro de capacitación y ¢420.853.268,27 al de organización (folios 14 y 27).

Por tanto:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96 inciso 4) de la Constitución Política, 102, 104 y 107 del Código Electoral y 70 y 73 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, corresponde reconocerle al partido Liberación Nacional, cédula jurídica N° 3-110-051854, la suma de ¢105.341.670,85 (ciento cinco millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos setenta colones con ochenta y cinco céntimos) que, a título de contribución estatal, le corresponde por gastos de organización y capacitación válidos y comprobados del período comprendido entre el 22 de mayo y el 30 de setiembre de 2014. Se informa al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional que ese partido mantiene a su favor una reserva de ¢583.523.625,60 (quinientos ochenta y tres millones quinientos veintitrés mil seiscientos veinticinco colones con sesenta céntimos) para afrontar gastos futuros de capacitación y organización, cuyo reconocimiento queda sujeto al procedimiento de liquidaciones trimestrales contemplado en el artículo 107 del Código Electoral, en relación con el artículo 73 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos. Tomen en cuenta el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional que el PLN utilizó, para la liquidación de sus gastos, la cuenta corriente N° 001-0270996-1 del Banco de Costa Rica, la cual tiene asociado el número de cuenta cliente 15201001027099615. De conformidad con el artículo 107 del Código Electoral, contra esta resolución procede recurso de reconsideración, que podrá interponerse en el plazo de ocho días hábiles. Notifíquese lo resuelto al PLN. Una vez que esta resolución adquiera firmeza, se comunicará a la Tesorería Nacional, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y se publicará en el Diario Oficial.

Luis Antonio Sobrado González.—Ovelio Rodríguez Chaverri.—Marisol Castro Dobles.—1 vez.—Solicitud N° 28518.—(IN2015015256).

N° 1014-E10-2015.—San José, a las catorce horas del veinticuatro de febrero de dos mil quince.

Liquidación de gastos permanentes del partido Frente Amplio, cédula jurídica N° 3-110-410964, correspondientes al periodo julio-setiembre de 2014. (Exp N° 030-S-2015).

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DGRE-066-2015 del 10 de febrero de 2015, el señor Héctor Enrique Fernández Masís, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de los Partidos Políticos, remitió a este Tribunal el informe sobre los resultados de la revisión de la liquidación de gastos permanentes correspondiente al periodo del 1° de julio al 30 de setiembre de 2014, presentada por el partido Frente Amplio (PFA en lo sucesivo), cédula jurídica N° 3-110-410964, así como el informe N° DFPP-IT-PFA-04-2015 del 9 de febrero de 2015, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y denominado: “Informe relativo a la Revisión de la Liquidación Trimestral de Gastos presentada por el Partido Frente Amplio correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de setiembre de 2014.” (folio 1).

2º—En auto de las 15:55 horas del 11 de febrero de 2015, el Magistrado Instructor dio audiencia a las autoridades del partido Frente Amplio para que, si así lo estimaban conveniente, se manifestaran sobre el informe contenido en el oficio N° DGRE-066-2015 (folio 19).

3º—Por oficio N° FA-CEN-017-2015 del 12 de febrero de 2015, recibido en la Secretaría del Tribunal a las 15:55 horas de ese mismo día, la señora Patricia Mora Castellanos y los señores Rodolfo Ulloa Bonilla y Roberto Alfaro Zumbado, en su orden presidenta, secretario y tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del PFA, manifestaron que no existían objeciones en relación con el informe N° DFPP-IT-PFA-04-2015, remitido mediante el oficio N° DGRE-066-2015 (folio 23).

4º—En los procedimientos se ha observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Sobrado González; y

Considerando:

I.—Sobre la reserva de capacitación y organización y su correspondiente liquidación trimestral. Tal y como reiteradamente lo ha indicado el Tribunal Supremo de Elecciones en su jurisprudencia, por el mandato que contempla el artículo 96.1) de la Constitución Política los partidos políticos no pueden dedicar la contribución estatal únicamente a hacer frente a los gastos electorales, sino que una parte de esta debe ser empleada para atender las actividades permanentes de organización partidaria y capacitación de sus militantes. La determinación de los montos de la contribución estatal con que se cubrirán esas tres cuestiones (gastos electorales, de capacitación y de organización) corresponde hacerla a cada partido, por medio de la respectiva previsión estatutaria.

Por tal motivo el Código Electoral ordena que, al momento de resolverse las liquidaciones que hacen las agrupaciones políticas luego de celebrados los comicios nacionales, se conforme una reserva que les permita obtener el reembolso de futuros gastos que se hagan en época no electoral para atender esas necesidades permanentes de capacitación y organización. Dicha reserva quedará constituida de acuerdo con el monto máximo de contribución a que tenga derecho cada partido y según los porcentajes correspondientes, predeterminados estatutariamente.

II.—Hechos probados. De relevancia para la resolución de este asunto se tienen los siguientes:

a) El PFA tiene como reserva a su favor, para afrontar gastos por actividades permanentes de organización y capacitación, la suma de ¢868.956.192,95 (ver resolución N° 674-E10-2015 de las 13:00 horas del 4 de febrero de 2015, agregada a folios 24 a 31 vuelto).

b) Esa reserva quedó conformada por ¢564.599.597,58 para gastos de organización y ¢304.356.595,37 para gastos de capacitación (resolución N° 674-E10-2015).

c) El PFA, de acuerdo con el resultado de la revisión final de gastos efectuada por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, correspondiente a las liquidaciones trimestrales del período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de setiembre de 2014, logró comprobar gastos de organización por la suma de ¢19.554.522,78 (folios 5, 7, 7 vuelto, 11 vuelto y 12 vuelto).

d) La publicación realizada por el PFA en el diario La Prensa Libre del 12 de noviembre de 2014, páginas 13 a 17, cumplió lo establecido en el artículo 135 del Código Electoral (ver folios 7, 7 vuelto, 12 vuelto y 13).

e) El Partido no tiene multas pendientes de cancelar (folios 8 y 13).

f) El PFA se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (folios 7, 12 vuelto y 32).

III.—Sobre la ausencia de oposición respecto de los gastos rechazados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Al respecto resulta indispensable indicar que, tal y como consta a folio 23, el PFA no se opuso ni presentó objeciones al informe trasladado en el oficio N° DGRE-066-2015 del 10 de febrero de 2015; en consecuencia, carece de interés cualquier pronunciamiento que vierta este Tribunal al respecto.

IV.—Sobre el resultado final de la revisión de la liquidación presentada por el PFA correspondiente al periodo julio a setiembre de 2014. De acuerdo con el examen practicado por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos a la documentación aportada por el PFA para justificar el aporte estatal con cargo a la reserva de organización, a la luz de lo que disponen los artículos 107 del Código Electoral y 70 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, procede analizar los siguientes aspectos:

IV.1. Sobre la reserva de organización y capacitación del PFA. De conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 674-E10-2015, la reserva de capacitación y organización del PFA quedó conformada por la suma de ¢868.956.192,95, de los cuales ¢564.599.597,58 serían para gastos de organización y ¢304.356.595,37 para gastos de capacitación.

IV.2. Sobre los gastos de organización reconocidos al PFA. De acuerdo con los elementos que constan en autos, el PFA tenía en reserva la suma de ¢564.599.597,58 para el reembolso de gastos de organización y presentó una liquidación por ¢24.729.317,66 para justificar los gastos de esa naturaleza que realizó del 1° de julio al 30 de septiembre de 2014. Una vez hecha la revisión de esos gastos, la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos tuvo como erogaciones válidas y justificadas la suma de ¢19.554.522,78, que corresponde entonces reconocer a esa agrupación política.

IV.3. Sobre los gastos de capacitación. De conformidad con el informe rendido por la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, en esta oportunidad al PFA no se le aprobaron gastos de capacitación, por lo que el monto reservado para ese rubro se mantiene en ¢304.356.595,37.

V.—Sobre la improcedencia de ordenar retenciones por morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social en el pago de cuotas obrero-patronales, multas impuestas pendientes de cancelación (artículo 300 del Código Electoral) u omisión de las publicaciones ordenadas en el artículo 135 del Código Electoral. En el presente caso, no resulta procedente efectuar retención alguna en aplicación del artículo 300 del Código Electoral pues no existe registro de que el Partido deba responder por las multas que establece el Código Electoral (folios 8 y 13). Adicionalmente, la publicación realizada por el PFA de sus contribuyentes y del estado auditado de sus finanzas en el diario La Prensa Libre del 12 de noviembre de 2014, páginas 13 a 17, cumplió lo establecido en el artículo 135 del Código Electoral, de forma tal que tampoco caben retenciones con base en esa disposición normativa (folios 7, 7 vuelto, 12 vuelto y 13). Asimismo, se debe tener en consideración que el PFA se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (folios 7, 12 vuelto y 32).

VI.—Sobre el monto total a reconocer. De conformidad con lo expuesto, el monto total aprobado al PFA, con base en la revisión de la liquidación de gastos del período comprendido entre el 1° de julio y el 30 de setiembre de 2014, asciende a la suma de ¢19.554.522,78.

VII.—Sobre la reserva para futuros gastos de organización y capacitación del PFA. Teniendo en consideración que al PFA no se le aprobaron gastos de capacitación y debido a que al PFA se le reconocieron gastos de organización por ¢19.554.522,78, corresponde deducir esa cifra de la reserva establecida a su favor.

Producto de esta operación, dicha agrupación política mantiene en reserva, para afrontar gastos futuros en los rubros mencionados, la suma de ¢849.401.670,17, de los cuales ¢545.045.074,80 corresponden al rubro de organización y ¢304.356.595,37 al de capacitación.

Por tanto:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 del Código Electoral y 70 del Reglamento sobre Financiamiento de los Partidos Políticos, se ordena girarle al partido Frente Amplio, cédula jurídica N° 3-110-410964, la suma de ¢19.554.522,78 (diecinueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintidós colones con setenta y ocho céntimos) que, a título de contribución estatal, le corresponde por gastos de organización válidos y comprobados del período que comprende del 1° de julio al 30 de setiembre de 2014. Se informa al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería Nacional que ese partido mantiene a su favor una reserva de ¢849.401.670,17 (ochocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos un mil seiscientos setenta colones con diecisiete céntimos) para afrontar gastos futuros de capacitación y organización, cuyo reconocimiento queda sujeto al procedimiento de liquidaciones trimestrales contemplado en el artículo 107 del Código Electoral. Tomen en cuenta el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional que el partido Frente Amplio utilizó, para la liquidación de sus gastos, la cuenta corriente N° 100-01-000-216230-3 del Banco Nacional, la cual tiene asociado el número de cuenta cliente N° 15100010012162304. De conformidad con el artículo 107 de repetida cita, contra esta resolución procede recurso de reconsideración, que podrá interponerse en el plazo de ocho días hábiles. Notifíquese lo resuelto al partido Frente Amplio. Una vez que esta resolución adquiera firmeza, se notificará a la Tesorería Nacional y al Ministerio de Hacienda y se publicará en el Diario Oficial.

Luis Antonio Sobrado González.—Eugenia María Zamora Chavarría.—Max Alberto Esquivel Faerron.—1 vez.—Solicitud Nº 28520.—(IN2015015267).

EDICTOS

Registro Civil-Departamento Civil

SECCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. Nº 45017-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil, Sección de Actos Jurídicos. San José, a las once horas del tres de febrero de dos mil quince. Procedimiento administrativo de cancelación del asiento de nacimiento de Keilyn Sofía Gómez Bolaños que lleva el número ochocientos cuarenta y nueve, folio cuatrocientos veinticinco, tomo doscientos ochenta y cinco, de la provincia de Heredia, Sección de Nacimientos, por aparecer inscrita como Keilyn Sofía Oviedo Bolaños, en el asiento número ochocientos ochenta y nueve, folio cuatrocientos cuarenta y cinco, tomo trescientos cuatro, provincia de Heredia, Sección de Nacimientos. Conforme lo señalan los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, publíquese este edicto por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta, se confiere audiencia por ocho días a partir de la primera publicación a los señores Juan José Alfaro Chacón y Alex Manuel Alfaro Morales, con el propósito que se pronuncien en relación a las presentes gestiones. Se previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derechos dentro del término señalado.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General a. í. del Registro Civil.—Lic. Gerardo Enrique Espinoza Sequeira, Jefe a. í. Sección Actos Jurídicos.—O. C. N° 3400024182.—Solicitud N° 28590.—(IN2015015530).

Exp. Nº 7901-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil catorce.— Diligencias de ocurso presentadas en la Oficina Regional de este Registro Civil en Alajuela, por Roberto Zamora Sánchez, mayor, pintor, costarricense, cédula de identidad número dos-doscientos ochenta y cinco-seiscientos cuarenta y siete, vecino de Canoas, Alajuela, tendentes a la rectificación de su asiento de nacimiento… en el sentido que la fecha de nacimiento… es “tres de octubre de mil novecientos cincuenta y uno”. Conforme lo señala el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, publíquese este edicto por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta. Se previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derechos dentro del término de ocho días a partir de su primera publicación.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—O. C. N° 3400024182.—Solicitud N° 28592.—C-58750.—(IN2015015533).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Weiguo Feng Wu, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 3991-2013.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las doce horas veinte minutos del dos de diciembre del dos mil trece. Exp. N° 19885-2013. Resultando: 1º—... 2º—...; Considerando: I.—Hechos probados... II.—Sobre el fondo..; Por tanto: Rectifíquense los asientos de, naturalización de Weiguo Feng Wu... en el sentido que el nombre del padre y el nombre de la madre... son “Xitian” y “Runxiao” respectivamente y el de matrimonio de Weiguo Feng, no indica otro apellido con Maribel de los Ángeles González López... en el sentido que el nombre del padre y el nombre de la madre del cónyuge son “Xitian” y “Runxiao” respectivamente.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015015191).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas Celeste Villeneuve Acevedo, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 2466-07.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las once horas y veintiséis minutos del veintiocho de agosto del dos mil siete. Ocurso. Exp N° 8447-07. Resultando: 1º—...; 2º—...; 3º—... Considerando: I. Hechos Probados:... II. Hechos no Probados... III. Sobre el Fondo:... Por Tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Azul Mari Vargas Acevedo...en el sentido que los apellidos de la madre de la persona ahí inscrita son “Villeneuve Acevedo” y no como se consignaron. Frs. Licda. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(IN2015015348).

Se hace saber que este Registro, en diligencias de ocurso incoadas por Karla Quesada Rojas, ha dictado la resolución N° 3708-2014, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de octubre del dos mil catorce. Exp. N° 33413-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Isley María Gutiérrez Quesada, en el sentido que el primer nombre de la persona inscrita es Ishlay.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—(IN2015016031).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Vicente Jesús Rodríguez, no indica segundo apellido, se ha dictado la resolución N° 362-2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas quince minutos del veintidós de enero de dos mil quince. Exp. N° 42508-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Isac Emanuel Rodríguez Maradiaga, en el sentido que el apellido del padre es Rodríguez no indica segundo apellido.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—(IN2015016044).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Adriana Vanessa Alvarado Moscoso y Lorna Fabiola Alvarado Moscoso, se ha dictado la resolución N° 653-2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las once horas del diez de febrero del dos mil quince. Exp. N° 54426-2014 Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Sobre el fondo: ... Por tanto: Rectifíquense los asientos de nacimiento de Adriana Vanessa Alvarado Moscoso y de Lorna Fabiola Alvarado Moscoso, en el sentido que los apellidos del padre de las personas inscritas son González Alvarado.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Gerardo Enrique Espinoza Sequeira, Jefe a. í. Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—(IN2015016080).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Ana Patricia Narváez Reyes, se ha dictado la resolución N° 155-2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas del doce de enero del dos mil quince. Exp. N° 49549-2014. Resultando 1º—... 2º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Sofía Patricia Martínez Narváez, en el sentido que el nombre de la madre de la persona inscrita es Ana Patricia.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—(IN2015016097).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Juana Espinoza Cano, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 244-2014.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las doce horas quince minutos del veintidós de enero de dos mil catorce. Ocurso. Exp. N° 36375-2012. Resultando 1º—..., 2º—..., 3º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Sobre el fondo:..., Por tanto: Rectifíquese el asiento de nacimiento de Andrés Manuel Lara Espinoza..., en el sentido que los apellidos de la madre del mismo son “Espinoza Cano”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe Sección Actos Jurídicos.—1 vez.—(IN2015016123).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Erika Patricia Madrigal Rivas, se ha dictado la resolución N° 0571-2015, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas y tres minutos del cinco de febrero de dos mil quince. Exp. N° 20282-2014. Resultando 1.-... 2.-... Considerando: I.- Hechos Probados:... II.- Sobre el Fondo:... Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Yandel Maryaam Gómez Madrigal, en el sentido que el nombre de la madre de la persona inscrita es Erika Patricia.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Gerardo Enrique Espinoza Sequeira, Jefe a. í.—1 vez.—(IN2015016989).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Maryini del Socorro Mercado González, se ha dictado la resolución N° 4470-2014, que en lo conducente dice: Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas cuarenta minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce. Exp. N° 27745-2013. Resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—.... Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Sobre el fondo:..., Por tanto, rectifíquese el asiento de nacimiento de Karla Maryini Bermúdez González, en el sentido que el nombre y los apellidos de la madre de la persona inscrita son Maryini del Socorro Mercado González.—Lic. Luis Antonio Bolaños Bolaños, Oficial Mayor Civil a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2015017296).

AVISOS

OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL

Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Electoral, se hace saber: Que el señor Rodrigo Muñoz Azofeifa, cédula de identidad número tres-doscientos cincuenta y uno-trescientos cuarenta, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo del partido Renovación Cartago, en escrito presentado el primero de diciembre de dos mil catorce, ha solicitado la inscripción de dicho partido a escala cantonal por el cantón de Central de la provincia de Cartago, agregando para esos efectos: protocolización de las actas de la asamblea constitutiva y asamblea superior conteniendo el Estatuto que incluye el programa doctrinal y la divisa del partido político que será: “…dos franjas horizontales del mismo ancho; la superior de color blanco y la inferior de color celeste cian 80%. En la franja blanca hay un sol de color celeste cian 80%. Representa el caminar hacia ese cambio tan buscado en la provincia, caminar a un nuevo horizonte donde calienta para todos de forma igual. En la franja inferior celeste cian 80% ubicado en el centro aparece el lema del partido “Vamos hacia el cambio”, tipografía superclarendon (90% comprensión horizontal -20 espacio entre letras). La bandera será de forma rectangular.” Previniese a quienes sean interesados para que dentro del término de quince días naturales contados a partir de la última publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las objeciones que estimen pertinentes.

San José, once de marzo del dos mil quince.—Héctor Fernández Masís, Director General.—(IN2015018675). 5. v. 2

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2015

En cumplimiento con lo que establece la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 6 y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 7, se hace de conocimiento de todos los proveedores interesados que el Programa Anual de Adquisiciones para el período 2015 así como sus modificaciones, estará disponible en la página Web de JAPDEVA.

Sección de Proveeduría Admón. de Desarrollo.—Lic. Walter Anderson Salomons, Proveedor.—1 vez.—O. C. N° 4767.—Solicitud N° 29453.—C-11270.—(IN2015019012).

LICITACIONES

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2015LN-000006-01

Contratación para los servicios para la impresión,

personalización y entrega de fórmulas de cheques

del Banco Nacional

La Proveeduría General del Banco Nacional de Costa Rica, recibirá ofertas por escrito, a las diez horas (10:00 a.m.) del 22 de abril del 2015, para la “Contratación para los servicios para la impresión, personalización y entrega de fórmulas de cheques del Banco Nacional”.

El cartel puede ser retirado sin costo adicional en la Oficina de Proveeduría, situada en el edificio de la Dirección Logística de Recursos Materiales del Banco Nacional de Costa Rica en La Uruca a partir del 23 de marzo del 2015.

La Uruca, 23 de marzo del 2015.—Proveeduría.—Ing. Douglas Noguera Porras, Supervisor Operativo.—1 vez.—O. C. N° 517819.—Solicitud N° 29449.—C-13890.—(IN2015018997).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2015LN-000007-DCADM

Alquiler de local para instalar una oficina de negocios

en San Francisco de Heredia

Apertura: para las 10:00 horas del día 24 de abril del 2015. Venta del cartel: Oficinas Centrales, de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Retiro del cartel en el 6to piso, División de Contratación Administrativa. Costo: ¢1.500.00 (mil quinientos colones con 00/100).

Se aclara que para efectos de consulta de expediente y demás trámites relacionados con este concurso, el día miércoles 01 de abril del 2015 será inhábil.

San José, 19 de marzo del 2015.—Área de Gestión y Análisis de Compras.—Licda. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa.—1 vez.—(IN2015019183).

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000010-DCADM

Alquiler de local para instalar una oficina

de negocios en la localidad de Ciudad Colón - Mora

Apertura: Para las 14:00 horas del día 24 de abril del 2015. Venta del cartel: Oficinas Centrales, de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Retiro del cartel en el 6to piso, División de Contratación Administrativa. Costo: ¢1.500.00 (mil quinientos colones con 00/100).

Se aclara que para efectos de consulta de expediente y demás trámites relacionados con este concurso, el día miércoles 01 de abril del 2015 será inhábil.

San José, 19 de marzo del 2015.—Área de Gestión y Análisis de Compras.—Licda. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa.—1 vez.—(IN2015019184).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS

DR. CARLOS SAENZ HERRERA

CENTRO DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBÁREA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000001-2103

Por: Oxígeno líquido, Oxigeno medicinal 220 PC tipo H, tipo

Pin Index, Grab And Go, carga de aire comprimido, Óxido

Nitroso, Gas Heliox tipo H, Óxido Nítrico.

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Nacional de Niños “Carlos Sáenz Herrera”, les invita a participar en el siguiente concurso:

Licitación pública N° 2015LN-000001-2103

Por: Oxígeno líquido, Oxigeno medicinal 220 PC tipo H, tipo Pin Index, Grab and Go, carga de aire comprimido, Óxido Nitroso, gas Heliox tipo H, Óxido Nítrico.

Fecha y hora de apertura: miércoles 22 de abril de 2015, a las 10:30 a.m.

Las ofertas se recibirán por escrito en la oficina del Área de Gestión de Bienes y Servicios, ubicada en el segundo piso (Antiguo Edificio Chapui) hasta la fecha y hora indicada anteriormente. Las bases del concurso se encuentran disponibles para los interesados en esta misma Área.

San José, 17 de marzo del 2015.—Lic. Yajaira Quesada Godínez, Coordinadora a. í.—1 vez.—(IN2015019120).

HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000013-2306

Interferón Beta 1-A de origen ADN recombinante.

Solución Inyectable. Modalidad de entrega según demanda

El Hospital Dr. Max Peralta Jiménez de Cartago, invita a los interesados a participar en el siguiente concurso:

• Número de licitación: 2015LA-000013-2306.

• Descripción: medicamento Interferón Beta 1-A de origen ADN recombinante. Solución Inyectable.

• Fecha máxima para el recibo de ofertas: 07 de abril de 2015.

• Hora de apertura: 10:00 a. m.

Los interesados en participar y conocer mayores detalles, podrán solicitar el cartel de especificaciones a partir del día de esta publicación al teléfono 2591-1161 ó 2591-8767, dicho cartel se enviará por correo electrónico.

Cartago, 19 de marzo de 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Jimmy Salazar Robles.—1 vez.—(IN2015019244).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000011-2306

Nilotinib 200 mgs bajo la modalidad

de entrega según demanda

El Hospital Dr. Max Peralta Jiménez de Cartago, invita a los interesados a participar en el siguiente concurso:

• Número de licitación: 2015LA-000011-2306.

• Descripción: medicamento Nilotinib 200 mgs gragea

• Fecha máxima para el recibo de ofertas: 10 de abril de 2015.

• Hora de apertura: 10:00 a. m.

Cartago, 19 de marzo de 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Jimmy Salazar Robles.—1 vez.—(IN2015019245).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000012-2306

Cetuximab 100 mg frasco

ampolla bajo la modalidad

de entrega según demanda

El Hospital Dr. Max Peralta Jiménez de Cartago, invita a los interesados a participar en el siguiente concurso:

• Número de licitación: 2015LA-000012-2306.

• Descripción: medicamento Cetuximab 100 mg frasco ampolla.

• Fecha máxima para el recibo de ofertas: 31 de marzo de 2015.

• Hora de apertura: 10:00 a. m.

Cartago, 19 de marzo de 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Jimmy Salazar Robles.—1 vez.—(IN2015019248).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000001-06

Compra de servidores de datos

y equipo de comunicación

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de Aprendizaje, estará recibiendo ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 21 de abril del 2015.

Los interesados podrán retirar el “Pliego de Condiciones”, el cual es gratuito, en el Proceso de Adquisiciones, sito en La Marina de La Palmera de San Carlos, 150 metros al norte de RTV; o bien, ver la página web del INA, dirección http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles.

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 29543.—C-11830.—(IN2015019251).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000001-01

Contrato de transporte de los desechos sólidos

del cantón de Curridabat

La Municipalidad de Curridabat, mediante la Proveeduría Institucional, invita a todos los oferentes interesados a participar en la Licitación Pública 2015LN-000001-01, contrato de transporte de los desechos sólidos del cantón de Curridabat. El cartel podrá ser descargado en la página www.curridabat.go.cr o solicitado al correo electrónico proveeduria@curridabat.go.cr, de lunes a viernes en el horario 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Fecha y hora de apertura día 20 de abril del 2015, hasta la 10:00 a. m. hora del reloj ubicado en la Proveeduría.

Proveeduría Institucional.—Lic. Christian González S.— 1 vez.—(IN2015019241).

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Nº 2015LA-000011-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo la operacionalidad del Centro

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del distrito

de Guadalupe, por un período de hasta doce meses,

prorrogables por tres períodos iguales

El Departamento de Proveeduría avisa que recibirá ofertas para la licitación antes indicada hasta las 9:00 horas del 16 de abril del 2015.

Los interesados podrán accesar el cartel de licitación en nuestra página web www.muni-carta.go.cr.

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Nº 2015LA-000012-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo la operacionalidad del Centro

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del distrito

de El Carmen, por un período de hasta doce meses,

prorrogables por tres períodos iguales

El Departamento de Proveeduría avisa que recibirá ofertas para la licitación antes indicada hasta las 10:00 horas del 16 de abril del 2015.

Los interesados podrán accesar el cartel de licitación en nuestra página web www.muni-carta.go.cr.

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Nº 2015LA-000013-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo la operacionalidad del Centro

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del distrito de

Corralillo, por un período de hasta diez meses,

Prorrogables por tres períodos iguales

El Departamento de Proveeduría avisa que recibirá ofertas para la licitación antes indicada hasta las 11:00 horas del 16 de abril del 2015.

Los interesados podrán accesar el cartel de licitación en nuestra página web www.muni-carta.go.cr.

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Nº 2015LA-000014-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo la operacionalidad del Centro

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Fátima, por

un período de hasta siete meses, prorrogables

por tres períodos iguales

El Departamento de Proveeduría avisa que recibirá ofertas para la licitación antes indicada hasta las 13:00 horas del 16 de abril del 2015.

Los interesados podrán accesar el cartel de licitación en nuestra página web www.muni-carta.go.cr.

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Nº 2015LA-000015-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo la operacionalidad del Centro

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del El Atardecer,

distrito San Nicolás, por un período de hasta seis meses,

prorrogables por tres períodos iguales

El Departamento de Proveeduría avisa que recibirá ofertas para la licitación antes indicada hasta las 14:00 horas del 16 de abril del 2015.

Los interesados podrán accesar el cartel de licitación en nuestra página web www.muni-carta.go.cr .

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Nº 2015LA-000016-MUNIPROV

Contratación para llevar a cabo la operacionalidad del Centro

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de la Urbanización

Manuel de Jesús Jiménez, distrito de San Francisco,

por un período de hasta siete meses, prorrogables

por tres períodos iguales

El Departamento de Proveeduría avisa que recibirá ofertas para la licitación antes indicada hasta las 15:00 horas del 16 de abril del 2015.

Los interesados podrán accesar el cartel de licitación en nuestra página web www.muni-carta.go.cr.

Se hace del conocimiento de los interesados en estos procesos licitatorios, que las Oficinas Municipales permanecerán cerradas durante toda la Semana Santa.

Proveeduría.—Guillermo Coronado Vargas, Jefe.—1 vez.—(IN2015019121).

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ

UNIDAD DE PROVEEDURÍA

La Municipalidad de Sarapiquí, ubicada costado noroeste de las Oficinas del Tránsito en Puerto Viejo de Sarapiquí, recibirá ofertas para el siguiente proceso de contratación:

Contratación Directa 2015CD-000125-01 “Contratación de servicios profesionales en ingeniería para la asesoría en el procedimiento de adquisición de camión recolector de basura usado para la Municipalidad de Sarapiquí”.

Hasta las 11 horas del día 25 de marzo del 2015.

El pliego de condiciones de esta contratación (cartel), normativa aplicable, estarán disponibles a partir de la presente publicación, en la página Web de la Municipalidad de Sarapiquí: www.sarapiqui.go.cr. Para mayor información comunicarse al teléfono 2766-6744 de la Proveeduría Municipal.

Diego Corella Miranda, Proveedor Municipal.—1 vez.—(IN2015019155).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000011-02

Suministro e instalación de sensores de red inalámbrica

en los planteles Moín, Siquirres y El Alto

La Dirección de Suministros de Recope invita a participar en la Licitación Abreviada Nº 2015LA-000011-02, para lo cual las propuestas deberán presentarse en el segundo piso de las Oficinas Centrales de Recope, Edificio Hernán Garrón, sita en Urbanización Tournón Norte, San Francisco de Guadalupe, 50 metros al este del Periódico La República, hasta las 10:00 horas del día 20 de abril del 2015.

Se les informa a los proveedores y demás interesados que los carteles únicamente estarán disponibles a través de la página WEB de Recope www.recope.go.cr.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio WEB www.recope.com, se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por RECOPE.

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—O. C. N° 2014003942.—Solicitud N° 29484.—C-16740.—(IN2015019115).

ONE MANAGEMENT REALTY

LICITACIÓN PRIVADA 00014-2015

Contratación de seguridad y vigilancia para las instalaciones

de fábrica en la Zona Industrial de Barreal de Heredia

Se invita cordialmente a los interesados, a presentar sus ofertas referentes a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia.

Los detalles y términos de la contratación podrán ser descargados del sitio web www.oneservices.info o ser solicitado vía correo electrónico a gerencia@oneservices.info, o vía fax al 4010-3010.

La oferta deberá ser presentada hasta las trece horas (13:00) del día 07 de abril del año 2015, en San José, Paseo Colón, Condominio Torres Paseo Colón, Oficina 901.

Eliécer M. Hernández Fallas.—1 vez.—(IN2015019216).

ADJUDICACIONES

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Se comunica a todos los interesados en los procedimientos de contratación que se dirán, que por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 23-15 del 12 de marzo de 2015, artículo IX y X respectivamente, se dispuso adjudicar de la forma siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000007-PROV

Compra de distribuidores apilables

para el Primer Circuito Judicial de San José

A: Componentes El Orbe S. A., cédula jurídica 3-101-111502 las líneas Nos 1 y 2 por un monto total de $1.108.323,03.

Demás características y condiciones según el cartel.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000088-PROV

Remodelación del sexto y sétimo piso del Edificio de los

Tribunales de Justicia del Segundo Circuito

Judicial de San José

A: Técnicas de Redes A y M S. A., cédula jurídica 3-101-279737, Etapa I y II, por un monto de ¢94.518.260,00.

Demás características y condiciones según el cartel.

San José, 18 de marzo del 2015.— Proceso de Adquisiciones.—MBA. Yurli Argüello Araya, Jefa.—1 vez.—Solicitud Nº 29476.—(IN2015019234).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000003-01

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA (1) EMPRESA

CALIFICADORA DE RIESGO PARA QUE SUMINISTRE AL BANCO

NACIONAL DE COSTA RICA: A- CALIFICACIÓN INTERNACIONAL

COMO EMISOR DE DEUDA, Y DE SUS EMISIONES INTERNACIONALES

VIGENTES, B- CALIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL DE SUS EMISIONES

ESTANDARIZADAS CON DISTINCIÓN DE SU DEUDA DE CORTO Y LARGO

PLAZO, C -CALIFICACIÓN DE FUTURAS EMISIONES INTERNACIONALES

Se comunica a los interesados de esta Licitación Abreviada, que el Comité de Licitaciones en el artículo 02 de la sesión ordinaria Nº 746-2015, celebrada el 09 de marzo del 2015 acordó:

Adjudicar la Licitación Abreviada Nº 2015LA-000003-01 citada, de la siguiente manera:

Nombre del Oferente Fitch Costa Rica

Calificadora de Riesgo S. A.

Representante Eric Campos Bolaños

Precio cotizado por el bien/servicio $75,000.00 anual,

desglosado de la siguiente

manera: $15,000.00 (quince

mil dólares exactos) por la

calificación nacional, y

$60,000.00 (sesenta mil

dólares exactos) por la

calificación internacional

Costo Post-garantía No aplica.

Plazo de entrega/ejecución/del contrato 1 (un) año, prorrogable en

forma automática por tres

períodos iguales.

Todo conforme lo estipulado en el cartel y la oferta presentada que consta en el expediente administrativo y que forma parte integral de la presente contratación.

La Uruca, 23 de marzo del 2015.— Proveeduría General.—Ing. Douglas Noguera Porras.—1 vez.—O. C. Nº 519306.—Solicitud Nº 29521.—C-24740.—(IN2015019220).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS

DR. CARLOS SAENZ HERRERA

CENTRO DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA CCSS

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBÁREA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000002-2103

Por: Imiglucerase 400 UI polvo para solución inyectable, frasco ampolla con o sin diluente adjunto

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Nacional de Niños “Carlos Sáenz Herrera”, le comunica a los proveedores interesados en este concurso que por resolución de la Dirección General del Hospital Nacional de Niños del día 10 de marzo del 2015, se adjudica la compra a:

Oferente: CEFA Central Farmacéutica S. A. Monto adjudicado: $294.400,00 ítem único

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los términos de la oferta adjudicada.

San José, 12 de marzo del 2015.—Lic. Yajaira Quesada Godínez, Coordinadora a. í.—1 vez.—(IN2015019122).

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS

DE SALUD CHOROTEGA

Comunica el resultado de la:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2014LN-000003-2599

(Modalidad entrega según demanda)

Compra Regional Materiales de Limpieza para los Hospitales y Áreas de Salud adscritas a la Región Chorotega

ADJUDICA A:

Liberia, Guanacaste, 12 de marzo del 2015.—Área de Gestión de Bienes y Servicios.—Licda. Grettel Angulo Duarte, Coordinadora a. í.—1 vez.—Solicitud Nº 29237.—(IN2015019231).

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000006-01

Corrección de nivel de aguas negras de la batería de servicios sanitarios accesibles contiguo a la soda comedor

y aguas negras de la soda

Comunica la adjudicación de la Contratación Directa 2015CD-000006-01 “Corrección de nivel de aguas negras de la batería de servicios sanitarios accesibles contiguo a la soda comedor y aguas negras de la soda”, a la oferta N° 2, presentada por el Ing. Francisco Castillo Bolaños, cédula de identidad número 1-1008-0684, por un monto total de ¢2.035.408,33 (dos millones cero treinta y cinco mil cuatrocientos ocho colones con 33/100). La adjudicación del proceso es por el total de las líneas, según el oficio ACS-110-2015 del 4 de marzo del 2015. El control, seguimiento y fiscalización de la correcta ejecución de esta contratación, estará a cargo del Ing. Jorge Coto Muñoz, miembro de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones, especificaciones, plazos, asignación de funciones, generar informes requeridos y demás condiciones de la contratación.

San Vicente de Moravia, San José.—Lic. Karen Valverde Soto, Coordinadora Área de Contratación y Suministros.—1 vez.—(IN2015019047).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADQUISICIONES

COMPRA DIRECTA 2015CD-000063-09

(Declaración infructuosa)

Compra de equipo para peluquería

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional de Heredia en acta 025-2015, artículo II, de fecha 18 de marzo del 2015 acordó:

De conformidad con el informe de recomendación URHE-PA-397-2015, el estudio técnico NSCYA-PGA-092-2015, se recomienda para el trámite 2015CD-000063-09:

Declarar infructuoso el presente trámite por incumplimiento insubsanable de la oferta presentada.

Unidad de Compras Institucionales.—Lic. Allan Altamirano Díaz.—1 vez.—O. C. Nº 23930.—Solicitud Nº 29541.—C-12240.—(IN2015019252).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000003-MUNIPROV

Contratación de servicio de seguridad privada para las plantas

de tratamiento de Manuel de Jesús Jiménez, Las Américas

y San Pablo, por un periodo de 12 meses con servicio

las 24 horas del día los 365 días del año,

con opción a ser prorrogado por tres

periodos iguales

A los interesados en esta licitación se les hace saber que el Concejo Municipal del cantón Central de Cartago, en Acta N° 366-15, Artículo N° 15 de sesión celebrada el 17 de marzo del 2015, acordó adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente forma:

Oferente.—Agencia de Seguridad Máxima S. A., cédula jurídica Nº 3-101-233940.

Línea única: Contratación de servicio de seguridad privada para las plantas de tratamiento de Manuel de Jesús Jiménez, Las Américas y San Pablo, por un periodo de 10 meses con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, con opción a ser prorrogado por tres periodos iguales.

Precio mensual: ¢4.997.500,00.

Monto total adjudicado: ¢49.975.000,00 (cuarenta y nueve millones, novecientos setenta y cinco mil colones exactos).

Forma de pago: Acepta la indicada en el cartel.

Todo lo demás de acuerdo con los términos de la oferta y el cartel.

Guillermo Coronado Vargas, Proveedor Municipal.—1 vez.—(IN2015019123).

REGISTRO DE PROVEEDORES

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESOLUCIÓN N° 130-VEC-2015

Departamento de Proveeduría, Poder Judicial.—San José, a las dieciséis horas del diez de marzo del dos mil quince.

A toda la Administración Pública se hace saber, que la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, mediante las resoluciones en firme N° 270-2015 de las catorce horas con cinco minutos del veinte de enero del dos mil quince; con fundamento en los artículos 100 inciso a) y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, dispuso inhabilitar por el período de dos años a la empresa Chemlabs S. A., cédula jurídica N° 3-101-402724, para participar en procesos de contratación promovidos por el Poder Judicial, en los que se pretenda adquirir calibrador vernier o pie de rey y embudos de vidrio, al haber incumplido el plazo de entrega de dichos bienes en la Compra Menor N° 315-2013 y estar previamente apercibida por la misma conducta y bienes; sanción que se comunicó tanto a la contratista infractora como a la Contraloría General de la República. Publíquese por única vez en el Diario Oficial.

Lic. Wilbert Kidd Alvarado, Proveedor Judicial.—1 vez.—(IN2015019116).

RESOLUCIÓN N° 129-VEC-2014

Departamento de Proveeduría, Poder Judicial.—San José, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del diez de marzo del dos mil quince.

A toda la Administración Pública se hace saber, que la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, mediante las resoluciones en firme N° 1782-2014 de las trece horas con cuarenta minutos del quince de mayo del dos mil catorce; con fundamento en los artículos 100 inciso a) y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, dispuso inhabilitar por el período de cuatro años a la empresa Comercializadora Mafaco MFC S. A., cédula jurídica N° 3-101-366001, para participar en procesos de contratación promovidos por el Poder Judicial, en los que se pretenda adquirir: a) pantalones, adjudicados en la Contratación Directa N° 772-2011, b) camisetas, adjudicadas en las Contrataciones Directas N° 772-2011, N° 164-2012 y N° 259-2012, c) jackets, adjudicadas en las Contrataciones Directas N° 112-2012 y N° 259-2012; al haber incumplido el plazo de entrega en todas las contrataciones indicadas y estar previamente apercibida por la misma conducta y bienes; sanción que se comunicó tanto a la contratista infractora como a la Contraloría General de la República. Publíquese por única vez en el Diario Oficial.

Lic. Wilbert Kidd Alvarado, Proveedor Judicial.—1 vez.—(IN2015019118).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBÁREA DE REGISTRO INSTITUCIONAL

DE PROVEEDORES

Por este medio, se le comunica a Proveedores de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se estará llevando a cabo una charla sobre el tema “Beneficios de la precalificación de medicamentos en la CCSS y procedimiento de registro en Línea en el Ministerio de Salud”, por lo que se extiende una cordial invitación a esta actividad.

Lugar: Centro de Desarrollo Social (CEDESO), frente a la clínica Carlos Durán, Barrio Vasconia, pista a Zapote.

Fecha: 30 de abril del 2015.

Hora: 8:00 a.m.-12 m.d.

Para participar, se deberá llenar boleta de inscripción, que podrán solicitar a los siguientes correos electrónicos: jsolisc@ccss.sa.c, amacasto@ccss.sa.cr, scalderon@ccss.sa.cr.

Para cualquier consulta, favor comunicarse a los teléfonos 2539-1531, 2539-1241, 2539-1242 y 2539-1486.

La fecha máxima de inscripción será hasta el 15 de abril del 2015. Cupo limitado.

Nota: Todo espacio se reservará solamente enviando la boleta de inscripción debidamente llena.

San José, 17 de marzo del 2015.—Área de Planificación de Bienes y Servicios.—Lic. Kathia Castro Alvarado, Jefe de Área.—O C N° 1143.—Solicitud N° 9103.—C-45050.—(IN2015019204). 2 v. 1.

REMATES

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS

DEL PACÍFICO

REMATE PÚBLICO N° 4-2014

Venta de vehículo marca Nissan estilo Microbús Urvan

El Departamento de Proveeduría del INCOP, avisa que el Remate Público 4-2014 para la venta de un vehículo marca Nissan estilo Microbús Urvan, placa 104-59 que había sido suspendido, conforme la publicación hecha en La Gaceta Nº 38 de fecha 24 de febrero del 2015, se estará realizando el día 14 de abril del 2015 a las 10:00 horas en Puerto Caldera, las características del vehículo son las siguientes:

Ø Estilo: Microbús Urvan

Ø Modelo: 2005

Ø Capacidad: 15 pasajeros

Ø Combustible: Diesel

El monto por el precio base es de ¢6.250.000.00 (seis millones doscientos cincuenta mil colones), conforme avalúo efectuado por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Se indica que el vehículo a rematar no posee gravámenes.

El vehículo a rematar puede ser examinado por los potenciales oferentes en el Parqueo Administrativo del INCOP, ubicado en Puerto Caldera, a partir de la publicación de la presente invitación, de 8 a.m. a 3:30 p.m.

El cartel con las condiciones generales para participar se podrá retirar en las oficinas de Proveeduría del INCOP en Puerto Caldera. El cartel respectivo puede descargarlo en la dirección electrónica http://www.incop.go.cr/proveeduria.php?p=109 o solicitarlo a los correos electrónicos jamadrigal@incop.go.cr o bien al correo jbravo@incop.go.cr a partir de la publicación de este aviso.

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras, Proveedor General.—1 vez.—O. C. N° 27830.—Solicitud N° 29493.—C-25470.—(IN2015019057).

FE DE ERRATAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2014LN-000008-BCCR

Licitación pública bajo la modalidad de precalificación,

para varios concursos para el suministro de horas

de mantenimiento según demanda para los sistemas

informáticos gestionados por la División de Servicios

Tecnológicos del Banco Central de Costa Rica

Se avisa a todos los interesados en participar en esta contratación, que al cartel se le realizaron aclaraciones y modificaciones, por lo que se procedió de la siguiente forma:

1. Se amplió el plazo para recepción de ofertas, hasta las 10:00 horas del día martes 14 de abril del 2015, según reloj marcador del Departamento de Proveeduría, ubicado en el primer piso del edificio principal del BCCR, avenidas central y primera, calles 2 y 4.

2. Se emitió una Fe de Erratas y el cartel actualizado, que estarán disponibles el día hábil siguiente a este comunicado, ya sea retirándolo en el Departamento de Proveeduría de este Banco, edificio principal, avenida central y primera, calles 2 y 4, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 9:15 a.m. a 4:00 p.m., o en forma gratuita ingresando a la siguiente dirección electrónica: http://www.bccr.fi.cr/contrataciones/

Quienes adquieran el cartel por este último medio deberán consignar la información que se solicita al accederlo.

San José, 19 de marzo del 2015.—Departamento de Proveeduría.—Rolando Protti B., Director.—1 vez.—O. C. Nº 2015014314.—Solicitud Nº 29531.—C-23360.—(IN2015019218).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2015LN-000002-01

(Modificación N° 1)

Contratación del servicio integral de suministro o producción,

abastecimiento y distribución de formularios, fórmulas

de seguridad, útiles, textiles, productos promocionales,

materiales de oficina y cualquier otro suministro

que requieran las Oficinas del Banco Nacional

y Sociedades Anónimas

La Proveeduría General del Banco Nacional comunica a los interesados en la Licitación Pública Nacional N° 2015LN-000002-01 lo siguiente:

Las primeras modificaciones al cartel, podrán ser retiradas en la Proveeduría General del Banco, situada en La Uruca, a partir de este momento, mismas que no se indican en Diario Oficial La Gaceta por su extensión.

Las demás condiciones del cartel permanecen invariables.

La Uruca, 23 de marzo del 2015.—Proveeduría General.—Ing. Douglas Noguera Porras.—1 vez.—O. C. Nº 519306.—Solicitud Nº 29505.—C-14910.—(IN2015019222).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL MÉXICO

LICITACIÓN NACIONAL 2015LN-000001-2104

Cardiodesfibrilador, desfibrilador, resincronizador

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital México comunica a los interesados que a partir de esta fecha se encuentran disponibles en la fotocopiadora públicas las modificaciones del presente concurso. Fecha de apertura 31 de marzo a las 9:00 horas.

San José, 18 de marzo del 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2015019242).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

PROVEEDURÍA MUNICIPAL

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000010-MUNIPROV

Contratación de servicio de recaudación por medios

electrónicos (tarjetas de débito o crédito), por un

periodo de un año con opción a ser prorrogado

por tres periodos iguales

A todos los interesados en esta licitación se les informa que la fecha de apertura se prorroga para las 10:00 horas del 27 de marzo del 2015 y no como se indicó en un principio.

Todo lo demás permanece invariable.

Guillermo Coronado Vargas, Jefe.—1 vez.—(IN2015019125).

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

REFORMA AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO

SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS

DE CONFIANZA PARA EL CONCEJO

MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

Por tanto;

Este Concejo Municipal acuerda en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el ordenamiento jurídico lo siguiente:

Anular Acuerdo 5 de Sesión Ordinaria 251 del 17 de febrero 2015, por contener el mismo, errores en su transcripción.

Adicionar en el por tanto del acuerdo número 10, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria Nº 246, celebrada por el Concejo Municipal el día 13 de enero del 2015, reforma al Reglamento sobre el Régimen de puestos de confianza para el Concejo Municipal de San José, la cual fuera publicada en el Diario Oficial La Gaceta Número 33 del día 17 de febrero del 2015, lo siguiente:

Artículo 1º—Refórmese el artículo 6 del Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza para el Concejo Municipal de San José, para que se lea como sigue:

CAPITULO II

Ámbito de aplicación

Artículo 6º—Cantidad de puestos de confianza. El número de puestos de confianza será de dos asesores y un (a) oficinista o un (a) secretaria para cada fracción política; dos asesores, un (a) oficinista, o un (a) secretaria y un vehículo con su respectivo chofer para la Presidencia, y un asesor, un (a) oficinista o una Secretaria, y un vehículo con su respectivo chofer para la Vicepresidencia del Concejo Municipal.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial”. Acuerdo aprobado. 16, Articulo Único de la Sesión Extraordinaria 122, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 23 de febrero del 2015.

Ratificado mediante aprobación del acta, en sesión ordinaria 253, del 3 de marzo de 2015.

San José, 5 de marzo del 2015.—Dpto. de Comunicación.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa.—1 vez.—O. C. Nº 135984.—Solicitud Nº 28877.—C-30210.—(IN2015016267).

MUNICIPALIDAD DE POÁS

AVISA

La suscrita Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, hago constar que: El Concejo Municipal del cantón de Poás, en su sesión ordinaria N° 248 celebrada el 27 de enero del 2014, en forma unánime, tomó el acuerdo N° 8719-01-2015, que dice: basados en el artículo 43 y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en su Dictamen N° C-060-2014 del 27 de febrero del 2014, publicar por segunda vez en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad del cantón de Poás, publicado en La Gaceta N° 221 del viernes 17 de setiembre del 2006 y sus reformas publicadas en La Gaceta N° 33 del 17 de febrero del 2009, el cual se detalla íntegramente incluyendo las reformas:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LA

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS

Considerando:

1º—Que es obligación de los Gobiernos Locales, velar por el crecimiento urbano, armónico y planificado de su jurisdicción, siendo las Municipalidades, las competentes para otorgar los permisos de construcción respectivos y establecer los requisitos para ello.

2º—Que la Ley de Construcciones, Ley Nº 833 y su Reglamento, obliga a la Municipalidad a otorgar los permisos de construcción en el cantón, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y procedimientos legalmente establecidos.

3º—Que con base en el Principio Precautorio, se hace necesario, en tanto no se emita el Plan Regulador, delimitar preventivamente los procedimientos de construcción del cantón.

4º—Que el artículo 4º de la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, exige que todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, deberá sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en ella, así como de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

5º—Que en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que anteceden, y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Municipal, emite el presente Reglamento de Construcciones de la Municipalidad del cantón Poás.

CAPÍTULO I

Aspectos generales

Artículo 1º—Conceptos. De conformidad con la Ley de Construcciones y su Reglamento y reformas, para los efectos del presente reglamento se entiende por:

1. Acera: parte de la vía pública normalmente ubicada en sus orillas que se reserva para el tránsito de peatones.

2. AyA: Acueductos y Alcantarillados.

3. Antejardín: distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen catastral y la primera, y de definición oficial la segunda (MOPT o Municipalidad); implica una servidumbre o restricción para construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada.

4. Alineamiento: línea fijada por la Municipalidad o por el MOPT, como límite o proximidad máxima de emplazamiento de la construcción con respecto a la vía pública.

5. Alteración: cualquier supresión, adición o modificación que afecte a un edificio u obra.

6. Altura de la edificación: distancia vertical sobre la línea de construcción, entre el nivel de piso oficial y el nivel medio de la cubierta del último piso.

7. Área de piso: es la superficie total de las plantas de una estructura.

8. Armadura en el concreto reforzado: el conjunto de varillas y aros de acero amarrados con alambre o soldados, que conforman el refuerzo del concreto. En construcciones metálicas o de madera, cualquier elemento reticulado que forme parte de la estructura.

9. Autoridad revisora: cualquier entidad gubernamental o municipal que intervenga en la revisión y aprobación del diseño, o en la inspección durante la construcción de las obras. Se entenderá también por autoridad revisora aquella que designe el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

10. Calle: cualquier vía pública o privada que permita el tránsito de vehículos automotores y peatones.

11. Calzada: parte de la calle destinada al tránsito vehicular, comprendida entre cordones, cunetas o zanjas de drenaje.

12. Carga: fuerza que actúa sobre una estructura.

13. Carga hidráulica: donde la obra a construir, genere o implique un aumento de aguas residuales y negras, que contempla la estructura original.

14. Carga permanente: fuerza causada por el peso propio de una estructura y por el peso propio de los elementos, máquinas y equipos unidos permanentemente a ella.

15. Carga muerta: fuerza debida al peso propio.

16. Carga temporal: carga variable y transitoria a lo largo de la vida de una estructura.

17. Carga viva: sinónimo de carga temporal.

18. Cobertura: es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura.

19. Colegio Federado o CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

20. Condominio: inmueble construido en forma horizontal, vertical o mixta, susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible.

21. Construcción: toda estructura que se fija o incorpora en un terreno, incluye obras de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia.

22. Cordón y caño: desagüe pluvial que conforma el límite entre la calzada de una calle y la acera.

23. Dibujo descriptivo: croquis en el cuál se exprese geométricamente la forma de la obra a realizar, y donde se aclare que la obra se vincula con la estructura básica existente.

24. Edificio: construcción destinada a habitación o en la que una o más personas pueden desarrollar cualquier labor, almacenamiento, o para protección de maquinaria.

25. Enrejado: sinónimo de reticulado cuando se refiera a estructuras de alma abierta.

26. Escala: la escala de un plano o mapa expresa la relación de longitud entre las características dibujadas y las reales sobre la superficie de la tierra.

27. Entubado pluvial: desagüe pluvial subterráneo formado generalmente por tubería de concreto.

28. Estacionamientos: aquellos lugares (ya sea en edificio o lotes) públicos o privados, destinados a guardar vehículos.

29. Estructura: sistemas de elementos resistentes a los efectos de fuerzas externas de todo tipo, que forma el esqueleto de un edificio u obra civil. Recibe y transcribe las cargas y efectos al suelo firme.

30. Fraccionamiento: es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes, incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles.

31. Instalación: en un edificio, cualquier sistema destinado a servicios tales como agua potable, desagües, energía eléctrica, transporte vertical, aire acondicionado, etc.

32. INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

33. MINAE: Ministerio de Ambiente Energía y Minas.

34. MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Trasportes.

35. Muro de carga: muro diseñado y construido para resistir principalmente cargas verticales.

36. Muro estructural: muro diseñado y construido para resistir principalmente cargas horizontales, perpendiculares a su plano.

37. Muro no estructural: muro considerado como no resistente y destinado a servir sólo de cierre o división de recintos. Sinónimo de pared.

38. Obra civil: obra diseñada y construida mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología perteneciente a la Ingeniería Civil.

39. Obra provisional: obra de carácter temporal que debe construirse o instalarse como medio de servicio para ayudar a la construcción de una obra definitiva.

40. Permiso de construcción: trámite indispensable que deberá ser aprobado por la Municipalidad para construir, remodelar, ampliar todo tipo de estructura u obra entre las cuales están por ejemplo: cercas, piscinas, cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, barandas, astas, cambio de pisos, entre otros. También es indispensable para movimientos de tierra, excavaciones o rellenos.

41. Piso: es de un edificio, plataforma a nivel que sirve de suelo habitable y sostener los muebles. Se llama piso al que está a nivel de la calle. Edificio de un piso es aquel de una sola planta.

42. Plano catastro: plano oficial de un terreno, debidamente registrado en la dirección de Catastro Nacional, que fija la forma, área, deslindes y orientación.

43. Profesional responsable: son los ingenieros o arquitectos activos incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y son los únicos que tendrán facultad de autorizar solicitudes de licencias para obras de construcción y la obligación de vigilar las obras para las cuales hayan solicitado ha autorizado la licencia.

44. Reparaciones: renovación de cualquier parte de una obra, para dejarla en condiciones iguales o mejores a las primitivas.

45. Retiros: son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del respectivo predio.

46. Retiro frontal: término equivalente al de antejardín.

47. Retiro lateral: espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral y la parte más cercana de la estructura física.

48. Urbanización: desarrollo o habilitación, para fines urbanos de acuerdo con la zonificación del Plan Regulador, mediante la apertura de calles o provisión de servicios.

49. Vía pública: es todo terreno de dominio público, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito, de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación. Las vías públicas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, según su clase se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que las limitan, a facilitar el acceso a los predios colindantes y a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinada a un servicio público.

50. Voladizo: parte que sobresale de una pared.

Artículo 2º—Obligatoriedad. Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el cantón Poás, deberá cumplir con todos los requisitos, el procedimiento y el formato señalado en el presente Reglamento, hasta tanto no se encuentre vigente el Plan Regulador del cantón. El incumplimiento de alguna disposición del mismo dará lugar a que la Municipalidad ordene la demolición de lo construido, previa resolución judicial conforme al debido proceso, corriendo los gastos por cuenta del dueño de la propiedad.

Los permisos de construcción debidamente aprobados vencen al año natural posterior a su aprobación. Si al contribuyente se le vence el permiso y no ha cancelado el impuesto correspondiente y desea construir deberá solicitar un nuevo permiso. Si el contribuyente lo canceló y si se le vence el plazo del mismo la Municipalidad se lo podrá rehabilitar haciéndole un nuevo cálculo, según la tabla que rija en ese momento y rebajándole el monto cancelado anteriormente, sin embargo, deberá presentar nuevas certificaciones de estar al día en sus pagos municipales y territoriales, así como presentar la solicitud por escrito con los respectivos timbres fiscales y municipales.

Artículo 3º—Aspectos de aplicación general: Para cualquier trámite de construcción, será indispensable:

1. El estar al día con el pago de los Tributos Municipales, lo que incluye la Declaración actualizada de Bienes Inmuebles. De lo contrario la solicitud no será tramitada.

2. Que se verifique de previo, que la solicitud no se encuentre en áreas de protección o de reserva de nacientes o pozos del cantón de Poás, con base en la información de los respectivos Planes de Contingencia Municipales o reglamentos respectivos.

3. Que en caso de dudas para ubicar el área restante de la finca madre, se podrá solicitar fotocopia del Plano de la Finca Madre o croquis acotado.

4. Que dicho inmueble cuente con la disponibilidad de servicios básicos.

CAPÍTULO II

De las obras menores

Artículo 4º—Obra menor: Se considerará obra menor todo tipo de reparación, remodelación, arreglo, ampliación, construcción o similar, avalado por el Departamento de Control y Planificación Urbana de la Municipalidad de Poás, que haya sido solicitada cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Reglamento y que por sus características, no altere los sistemas vitales un edificio o vivienda como el estructural, eléctrico, mecánico, entre otros y que además, sea declarado de esta forma por el citado Departamento.

El monto máximo permitido para considerar una obra como menor, será de 20 salarios mínimos de un trabajador no especializado, conforme al decreto nacional de salarios mínimos que se encuentre vigente.

Para una obra existente que se va a reparar, remodelar o arreglar no puede excederse de 30,00 metros cuadrados sin exceder tampoco el monto máximo de 20 salarios mínimos. Para una obra nueva que se desea construir bajo este Reglamento no podrá exceder de 30,00 metros cuadrados.

Artículo 5º—El Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Poás, cada vez que el salario mínimo sea modificado por decreto ejecutivo, deberá emitir una certificación de dicho monto, la cual deberá ser colocada en un lugar visible dentro de la instalación del edificio municipal, a efecto de que los vecinos del cantón conozcan, si la remodelación, reparación, arreglo o construcción es posible tramitarlo de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, y si es posible, conozcan el tributo a honrar ante el municipio, contemplado en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana.

Artículo 6º—Del objeto del Reglamento. El fin del presente reglamento, es simplificar los trámites de permisos de construcción que debe realizar el munícipe, cuando por su envergadura y facilidad, lo pueden ejecutar sin la supervisión de un profesional responsable (llámese ingeniero o arquitecto) y sin presentar ante la Municipalidad, planos constructivos, sino únicamente con los dibujos descriptivos o croquis detallados de la obra a ejecutar y la supervisión municipal.

Artículo 7º—Debido a que tratándose de obrar menor, no existirá un profesional responsable contratado por parte del solicitante del permiso de construcción o dueño de la obra, en lo que respecta al artículo 81 de la Ley de Construcciones, el propietario de inmueble donde se edificará la obra menor, será el responsable de los datos que consten en el proyecto. Por su parte la Municipalidad será responsable de establecer los alineamientos y niveles, pero el propietario será responsable de respetarlos durante la ejecución de la construcción.

Artículo 8º—Serán consideradas como obras menores, siempre y cuando no sobrepasen el monto o el área establecida en el artículo 4:

a) Aceras y pavimentos de áreas peatonales.

b) Verjas y portones.

c) Pintura exterior del edificio.

d) Cambios de paredes que no alteren la estructura del edificio.

e) Tapias (que no sean muros de retención).

f) Remodelación de locales comerciales de cualquier tipo, incluyendo aquellos en centros comerciales.

g) Construcción de nichos privados en cementerio.

h) Cambio de pisos hasta en dos niveles, siempre y cuando en el segundo nivel no se agregue carga muerta o peso a la estructura.

i) Ajardinamientos que involucren algún tipo de construcción.

j) Mejoramiento o reconstrucción de tanques sépticos y drenajes.

k) Enchape de paredes.

l) Estructura y cubierta de techos.

m) Demoliciones siempre que no representen riesgos a terceros.

n) Reparaciones de viviendas en general y ampliaciones que no superen en monto ni en área máximos permitidos, establecido en el artículo 4º del presente Reglamento.

Artículo 9º—De la tasación. El Departamento de Control y Planificación Urbana, será el encargado de determinar el monto imponible del permiso, conforme al artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, por lo que requerirá por parte del dueño de la obra, la presentación de un dibujo descriptivo detallado (croquis o plano a escala), con las especificaciones técnicas para llevar a cabo la obra. Tomará como base para el cálculo de ese monto, el valor del monto por metro cuadrado que utiliza el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. La tasación oficial se consignará en el permiso de construcción respectivo.

Artículo 10.—Toda obra que no sea declarada como obra menor, por parte del Departamento de Control y Planificación Urbana, deberá presentar la solicitud de licencia Municipal de construcción que estos efectos señala el artículo 74 de la Ley de Construcciones, cumpliendo con todos los visados municipales y demás normativa conforme.

CAPÍTULO III

De los planos y otros requerimientos de presentación

Artículo 11.—Forma de presentación. Los planos constructivos deberán venir en formato estándar, de tamaño tipo hoja bond 20 (75 x 100 cm.) y doblarse para ser conformados al tamaño de la carpeta dura, en forma tal que el cajetín sea visible en la margen derecha, para fácil ubicación del contenido de las láminas. Deberán consignar:

a) El nombre del proyecto, así como el nombre del propietario, deberán inscribirse en la portada del ampo así como en el lomo superior de este.

b) En proyectos que ocupen más de un ampo para su presentación, estos deberán numerarse de acuerdo a la numeración de planos e indicarse así en el lomo de cada ampo.

Artículo 12.—Se exceptúan de presentar plano constructivo. Tratándose de obra menor conforme al presente reglamento:

a) Cuando la obra que se solicita, no compromete la integridad y resistencia estructural del diseño original de la misma. El ente competente para realizar éste estudio es el Ministerio de Salud en coordinación con el Depto. de Control y Planificación Urbana.

b) Análisis de la carga hidráulica que puede implicar la obra. Sea que en aquellos casos donde la obra a construir, genere o implique un aumento de aguas residuales y negras, que contempla la estructura original. El ente competente para realizar éste estudio es el Ministerio de Salud.

c) Obras cuya cobertura máxima sea de 30 metros cuadrados o en caso de tapias perimetrales hechas con Sistema Prefabricado de Baldosas; o aquellas que utilicen un sistema constructivo liviano no mayor 60 metros lineales y que no exceda los dos metros veinte centímetros.

d) Cuya altura máxima no exceda dos metros y veinte centímetros.

e) En caso de los movimientos de tierra y apertura de entradas a las propiedades que no pongan en riesgos de deslizamientos o derrumbes a las propiedades colindantes y que contemple movimiento de capa Vegetal no mayor a 50 cm de corte por no más de 300 metros cuadrados de lote se le podrá excluir de la presentación de Planos ante el CFIA.

Artículo 13.—Tratándose del dibujo descriptivo aplicado para las obras menores, el interesado deberá presentarlo de la siguiente forma:

a) Debe venir firmado por un profesional responsable, (Arquitecto o Ingeniero activo).

b) Regirse por el Sistema Internacional de Normas.

c) Tipo de papel: blanco hoja bond 20.

d) Debe presentarse en una sola lámina de 70 cm x 90 cm.

e) En Idioma Español

f) En tinta, garantizando la preservación del dibujo.

g) Indicar claramente las características y especificaciones del proyecto a realizar.

CAPÍTULO IV

De los requisitos para construcción

Artículo 14.—Requisitos para Permisos de construcción de obra nueva. Para tramitar el Permiso Municipal de Construcción, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Llenar el formulario de solicitud de visto bueno ambiental para construcciones: debidamente que debe ser firmado por el dueño de la propiedad y por el solicitante.

b) Llenar el Formulario de Solicitud de Estadísticas y Censos en original y dos copias por el Profesional Responsable de la obra.

c) Copia por ambos lados de la cédula de identidad del solicitante y del propietario del inmueble.

d) Si es solicitada por una persona jurídica debe presentarse Certificación de Personería Jurídica, con no menos de tres meses de extendida

e) Dos copias del plano de catastro: con su respectivo Visado Municipal en tamaño original. Dicho plano no debe ser una reducción.

f) Original del Informe Registral de la propiedad con los respectivos timbres. (Con no más de un mes de emitido).

Permisos en coordinación con otras instituciones:

g) Alineamientos en zonas de protección de nacientes, ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales o artificiales y acuíferos de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas, revisados por la Dirección de Urbanismo del INVU.

h) Alineamiento de línea de Construcción para las Propiedades que enfrentan a Ruta Nacional emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

i) Copia del recibo de la Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros o en su defecto, exoneración del mismo.

j) Visto bueno del Ministerio de Salud: en los planos respectivos (conforme a los lineamientos establecidos por el A y A para el caso concreto del Cantón de Poás).

k) Planos constructivos de la obra:

• Aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

• Con el Contrato de Consultoría inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

• Visado del Plano Eléctrico aprobado por ese Colegio.

l) Se exceptúan del plano constructivo y el visto sanitario del Ministerio de Salud, cuando sea obra menor conforme a los términos y casos detallados en el presente reglamento, aplicándose en su defecto el Dibujo Descriptivo de la Obra.

m) Carta de disponibilidad de agua: emitida por la ASADA correspondiente o del Acueducto Municipal donde se localiza la propiedad, con vigencia máxima de seis meses, donde se expresar el destino que se le va a dar al servicio de Agua Potable para su debida calificación.

En caso de que el acueducto sea de Administración Municipal, sello o carta de disponibilidad de agua por parte del Departamento del Acueducto Municipal.

n) En general, cualquier otro requisito adicional que le sea solicitado por el Departamento de Control y Planificación Urbana, dependiendo de la complejidad de la obra.

Artículo 15.—Requisitos para permisos de remodelación y ampliación: para tramitar el permiso remodelación, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Llenar el formulario de solicitud respectivo, conforme lo establecido en el artículo 14 de este reglamento.

b) Cualquier otro requisito especial por la naturaleza de la obra.

Artículo 16.—Requisitos para visados municipales. Para tramitar el permiso visado municipal, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Cumplir con los requisitos a) y del c) al g) del artículo 14 de este Reglamento.

b) Planos originales y dos fotocopias, en caso de ser copia certificada (Con no más de dos meses de emitido).

c) Si el lote posee servidumbre debe estar autorizado por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

d) Carta de Disponibilidad de Agua: emitida por la ASADA correspondiente o del Acueducto Municipal donde se localiza la propiedad, con vigencia máxima de seis meses, donde se expresar el destino que se le va a dar al servicio de Agua Potable para su debida calificación.

En caso de que el acueducto sea de Administración Municipal, sello o carta de disponibilidad de agua por parte del Departamento del Acueducto Municipal.

Artículo 17.—Requisitos para permisos de movimientos de tierra. Para tramitar el permiso de movimientos de tierra se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Cumplir con requisitos del a) al d) del artículo 14 de este Reglamento.

b) Dos copias de los planos del diseño indicando curvas de nivel, terraceo, muros de contención, desfogue de aguas pluviales, cortes, taludes, niveles con respecto a calles y aceras, accesos o cualquier obra complementaria.

c) Certificado de uso de suelo que se pretende dar al terreno y nota del INVU aprobando dicho uso.

d) Firma de un profesional responsable en los planos.

e) Visto bueno emitido por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad para desfogue de aguas pluviales, cuando el movimiento de tierras sea superior a los 200 m³.

f) En caso de necesitar el visto bueno para desfogue de aguas pluviales debe aportar memoria de cálculo firmada por el profesional responsable.

g) Nota indicando la cantidad de material a remover, donde se depositará, ruta de transporte y autorización del propietario del inmueble donde se depositará dicho material.

h) Nota de compromiso del responsable del movimiento de tierras de que los trabajos se realizarán con el cuidado necesario para evitar polvaredas que perjudiquen a predios vecinos.

i) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar una garantía de cumplimiento por daños que pudieren ocasionarse.

j) En apertura de caminos se deben tomar las mismas consideraciones de este artículo.

Artículo 18.—Requisitos para permisos de demoliciones. El interesado que desee permiso para la demolición de una construcción en su propiedad, debe de cumplir con los siguientes requisitos:

a) Cumplir con requisitos del a) al d) del artículo 14 de este Reglamento.

b) Fotos del inmueble que pretende demolerse.

c) Uso de suelo que se pretende dar al terreno y visto bueno del INVU aprobando dicho uso.

d) Si la construcción tiene características arquitectónicas o históricas que ameriten su conservación, la Municipalidad podrá pedir al interesado que aporte criterio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

e) Nota de compromiso del responsable de la demolición de que si se utilizan explosivos deberá conseguir el permiso correspondiente de la Oficina de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, y tomar todas las medidas del caso para la seguridad tanto de construcciones vecinas como de los propios operarios que realicen el trabajo. Debe de indicarse en la nota las medidas de precaución que se tomarán para efectos de la seguridad en la demolición.

f) Visto bueno del propietario del terreno donde se depositarán los escombros.

Artículo 19.—Requisitos especiales.

a) Poder Especial: en caso de que la persona que solicita el trámite no sea el propietario del inmueble, debe presentar un Poder Especial otorgado ante notario público, donde el propietario además permite la construcción. Adicionalmente debe aportar copia de cédula del propietario del inmueble y copia de la cédula de quien solicita el permiso.

b) Si la propiedad pertenece a más de un propietario, debe presentar nota autenticada donde todos los propietarios autorizan la construcción y copia de las cédulas de identidad de cada uno.

c) Cuando el trámite de permiso es solicitado por una persona jurídica, la solicitud de permiso debe ser firmada por el representante legal de la empresa. Se debe aportar certificación de personería con no más de tres meses de emitida.

d) Cuando se realicen obras que puedan afectar un curso de agua, queda a criterio del Departamento de Control y Planificación Urbana, solicitar el visto bueno del MINAE y/o indicar el retiro mínimo de construcción, en el plano de catastro, emitido por la Dirección de Urbanismo del INVU.

e) Si la propiedad está frente a carretera nacional regional o proyectos ya definidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debe obtenerse el alineamiento de Construcción de esa Institución.

f) En caso de obras en donde se realice tala de árboles no frutales o de características maderables debe aportarse visto bueno del MINAE.

g) Cuando así lo amerite el Departamento de Control y Planificación Urbana, podrá solicitar el certificado de Uso de Suelo emitido por la Dirección de Urbanismo del INVU.

h) En caso de proyectos en condominio o con área de techo en que la obra supere los 400 m², debe aportarse el visto bueno para desfogue de aguas emitido por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad. En proyectos menores, queda a criterio del Departamento de Control y Planificación Urbana solicitar este visto bueno o no.

i) Los proyectos que se desarrollen en zonas de posible riesgo geológico dentro del cantón, requerirán de presentación de estudio geotécnico completo que incluya estabilidad de taludes y recomendaciones para las obras de retención y cualquier otro requerimiento contemplado por la Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias.

j) Los proyectos de urbanización y condominios deberán en forma adicional presentar el diseño de sitio en formato digital, para ser incluido en el catastro Municipal.

k) Para diseños de pavimentos, aceras y otros en urbanizaciones deberá consultarse y cumplirse el manual que para tal efecto tiene el Departamento de Control y Planificación Urbana.

l) El solicitante de una Edificación o de Permiso de Construcción de Obra Nueva deberá de construir la acera en frente al predio de su construcción bajo las recomendaciones técnicas en cuanto a especificaciones y alineamientos dadas por el Departamento.

m) Cualquier otro requisito contemplado en leyes especiales.

Artículo 20.—Del visado o permiso de sanitario emitido por el Ministerio de Salud. Toda obra que presente servicios sanitarios, ventanas en colindancia, bodegas, tanque séptico, planta de tratamiento, o que por cualquier otro requisito de salubridad con base a la Ley General de Salud, deben ser revisadas por el Ministerio de Salud y debe presentar el visto bueno de ese Ministerio, en atención al artículo 8º del presente Reglamento.

CAPÍTULO V

Otorgamiento del permiso

Artículo 21.—Conforme al presente reglamento, el propietario y el ingeniero o arquitecto responsable del diseño de la edificación responderán de los datos que se indiquen en el proyecto o diseño. La Municipalidad será responsable únicamente por los datos que se refieren a alineamientos y niveles.

Artículo 22.—En caso que el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos en este Reglamento, se le girará el permiso de construcción, previa inspección e informe de vista de campo si fuera necesario, por el Inspector Municipal asignado según zona, para que realice las visitas necesarias y verifique el cumplimiento de las condiciones de la licencia otorgada. El trámite de la solicitud es de 8 días hábiles como mínimo y 30 como máximo.

Artículo 22 Bis.—Para el trámite de permisos de construcción de obras nuevas, reparaciones o reconstrucción de los afectados por eventos declarados emergencia cantonal o nacional por las entidades competentes, se cobrará el monto de 0.25% del monto tasado y no el 1% de lo que establece la Ley de Planificación en su artículo 70 para casos normales, y 0.125% del 0.5% del monto tasado que se establece para los casos con declaratoria de interés social, estos montos de forma simbólica y previa solicitud del interesado. De igual forma para obras de prevención de emergencias como lo son canalización de aguas pluviales, terrazas o muros de contención se aplicarán las mismas tarifas. Los afectados deben aportar documentos de prueba o bien previa inspección de los funcionarios de la Municipalidad. Para los casos normales de construcción no se aplicarán las tarifas antes citadas, sino lo que establece la Ley de Planificación Urbana en su, artículo 70.

Artículo 23.—Concluido el proceso constructivo de la obra, el Inspector Municipal emitirá una boleta, certificando que lo construido fue lo autorizado en el permiso y remitirá el mismo al Departamento de Control y Planificación Urbana.

Artículo 24.—Deber y facultad de inspección. La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les esté dando. Los inspectores municipales son sus agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de éste Reglamento.

Artículo 25.—Reservas y retiros. En todo permiso de construcción, reparación, ampliación o remodelación se reservará el área, según el derecho de vía correspondiente para la construcción de entubado pluvial, acera, cordón y caño. Así como dejar las previstas para el futuro alcantarillado sanitario, en el caso de que se localice en unos desarrollos nucleados, conforme a los estudios del fallo 1923-04, existentes en el Depto. De Control y Planificación Urbana.

Además debe dejarse entre la línea de propiedad y la línea de construcción dos metros libres, a los cuáles se les llamará zona de antejardín, esto en el caso de Urbanizaciones, que en los planos constructivos así lo indican; dos metros si es frente a carretera controlada por la Municipalidad y tres metros si es frente a una controlada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (Carretera Nacional) y en carreteras en el Casco Urbano será regulado de acuerdo al Plan Regulador.

Artículo 26.—Obligaciones de construcción en la vía pública. De acuerdo con la normativa vigente y las recomendaciones técnicas dadas por el Departamento de Control y Planificación Urbana, es obligación del propietario construir la acera, caños con cuneta, o reconstruir las existentes de la o las calles a la cual enfrenta el proyecto.

Las rampas para entrada de personas o de vehículos, no deberán entorpecer ni hacer molesto el área de tránsito peatonal y su construcción se debe iniciar en el límite de la propiedad y respetar lo establecido en la Ley de Discapacitados, Ley 7600.

Artículo 27.—La pendiente de la acera hacia el cordón no podrá exceder del dos por ciento y los pisos deberán tener un acabado antideslizante. En casos calificados en que la pendiente de la calle sea muy pronunciada se deberá presentar un estudio del diseño de la acera a la Municipalidad para su aprobación. Los cortes en aceras y en cordones de calle para la entrada de vehículos a los predios, no deberán entorpecer o hacer molesto el tránsito de peatones. La Municipalidad podrá prohibirlos y autorizar el empleo de rampas móviles.

Artículo 27 bis.—Sesión de Áreas Públicas: Objeto de la normativa técnica: por ejemplo: Establecer los lineamientos para ceder área pública en casos de segregaciones. Considerando que con base en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, el mínimo a ceder, corresponde a ciento veinte metros cuadrados (120.00 m²). Se ha determinado lo siguiente:

Caso a) De igual forma al considerar la aplicación de lo indicado en el Capítulo III del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones inciso III.3.6.1.1.

“Urbanización o fraccionamiento residencial: El Criterio a utilizar es el de densidad habitacional debiendo cederse (20) metros cuadrados por lote o 20 m² unidad de vivienda...”. Por lo que nos permite determinar en una forma racional que al aplicar dicha área a ceder por lote; el fraccionador deberá haber segregado como mínimo seis lotes (seis por veinte es igual a ciento veinte metros cuadrados) con lo que se estaría cumpliendo con el área mínima a catastrar de un predio. Pero es recomendación de este Departamento que el lote a ceder al dominio Público sea como mínimo un área de ciento sesenta metros cuadrados ya que se obtendría un lote con un área de aprovechamiento mayor para la ejecución de cualquier obra comunal y con un frente mínimo a Calle Pública de diez metros lineales(10,00 metros lineales).

Ante tal situación se solicitara la disposición de que el fraccionador como mínimo tendría que fraccionar una cantidad de ocho lotes antes de solicitar lo correspondiente al área pública. Lo anterior para el caso que el que fraccionador segregue lotes con área igual a ciento veinte metros cuadrados.

Caso b) Para casos de lotes que se encuentran en un intervalo de ciento veintiún metros cuadrados a seis mil novecientos noventa y nueve se aplicara el diez por ciento por lote a segregar en la misma cantidad de lotes segregados y no los veinte metros cuadrados (Criterio de Densidad) indicado en el capítulo Nº III del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones inciso III.3.6.1.1. Por lo que el criterio para ambos casos es que el fraccionador podrá tramitar mínimo un total de Ocho Visados y al solicitar un Noveno Visado se le aplicara lo indicado en los puntos anteriores según sea el caso. Pero en el caso de que la finalidad de dicha segregación pura y simple, la puesta en marcha de un proyecto agropecuario o la reunión de la porción segregada con otra finca mayor para los mismos fines, no debe exigirse la cesión de terrenos.

Artículo 28.—De los alineamientos. Para solicitar alineamientos y niveles, el interesado debe presentar nota de solicitud y adjuntar:

a) Llenar el formulario de solicitud para alineamientos.

b) Adjuntar los respectivos timbres fiscales y municipales.

c) Especificar el uso que se dará a la construcción.

d) El plano original catastrado o copias certificadas. (Con no más de dos meses de emitido).

Todo alineamiento otorgado por esta Municipalidad tendrá una vigencia de un año natural a partir de la fecha en que fue otorgado. Si no se hiciera uso del mismo al cabo de ese tiempo deberá tramitarse de nuevo la respectiva solicitud.

Artículo 29.—El nivel debe ser de diez centímetros mínimo sobre el nivel de acera o dar una solución técnica debidamente anotada en los planos para el desagüe pluvial.

Artículo 30.—Todo edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo frente a vía pública deberá ajustarse al alineamiento de la Municipalidad de Poás en caso de caminos vecinales, o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tratándose de ruta nacional.

Artículo 31.—Ocupación temporal de la vía pública. Si en la ejecución de una obra debe ocuparse una vía o acceso público, el subsuelo o espacio aéreo de la misma, se deberá obtener un permiso de ocupación de vía de la Municipalidad o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según corresponda. El solicitante deberá reparar cualquier daño a que se provoque a la infraestructura existente.

Artículo 32.—En resguardo de la seguridad de los peatones, las construcciones, remodelaciones o reparaciones de edificios de más de una planta que estén colocados a la orilla de la acera o calle, deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Se deberá levantar además, una valla de 80 centímetros de alto sobre la línea del cordón de la acera o área que corresponda.

b) Debe protegerse por medio de un alero reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del edificio, cobertura o techo diseñado para soportar una carga mínima de 150 kilogramos por metro cuadrado, que evite los accidentes o molestias que puedan provocar los desprendimientos de materiales, el uso de equipo y otros factores. Esta protección se colocará a una altura mínima de 2,25 metros, sobre la acera o área que corresponda y en su ancho no sobrepasará la línea del cordón de caño.

c) Deberán colocar banderas, letreros durante todo el día y señales luminosas claramente visibles durante la noche, de manera que prevenga oportunamente al que transite por dicha vía.

Artículo 33.—En caso de incumplimiento de lo anterior, la Municipalidad retirará el permiso de uso concedido, ordenará el retiro de materiales y en caso de no cumplirse con la orden dictada, procederá de conformidad con la Ley General de Caminos Públicos. Los casos de accidentes por el incumplimiento de este punto, serán de exclusiva responsabilidad del encargado de la obra y del propietario del inmueble.

Artículo 34.—Rótulos comerciales. Para la colocación de rótulos los interesados deberán someterse a lo indicado en el artículo IV.15 del Reglamento a la Ley de Construcciones, La Gaceta Nº 56, Alcance 17 de 22 de marzo de 1983 y sus reformas.

Artículo 35.—Edificio en estado ruinoso. Todo edificio que se encuentre en estado ruinoso a juicio de la Municipalidad. Podrá ser reconocido por el Ingeniero Municipal, en compañía del propietario. Si el mismo no permitiere reparación se ordenará al propietario su demolición, previo dictamen del Ministerio de Salud o con una orden de un Juzgado.

CAPÍTULO VI

De los espacios de estacionamiento

Artículo 36.—Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y particulares, cuya área bruta de construcción sea mayor de setenta y cinco metros cuadrados (75 m²) y hasta un máximo de cien metros cuadraos (100 m²), deberá dejar un espacio para estacionamiento.

Artículo 37.—Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y particulares, cuya área de construcción sea superior a los cien metros cuadrados (100 m²) establecerá un espacio para estacionamiento por cada cincuenta metros (50 m²) de área comercial bruta o fracción mayor de veinticinco metros cuadrados (25 m²) adicionales de construcción.

Artículo 38.—En los centros comerciales planificados que incluyan locales de uso comercial y para oficinas, públicas y particulares, se considerarán que existe un estacionamiento por cada cincuenta metros cuadrados (50 m²), de área bruta de construcción.

CAPÍTULO VII

De las sanciones

Artículo 39.—La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las reglas de este Reglamento. Las sanciones serán las que se especifican en el cuerpo de la Ley de Construcciones y su Reglamento: multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc. y las que señalen este Reglamento.

Artículo 40.—Se considera infracción además de las señaladas en los puntos de este Reglamento las siguientes:

a) Ejecutar sin licencia o visado previos, cuando sea un requisito conforme al presente Reglamento.

b) Ejecutar obras amparadas a un permiso de plazo vencido.

c) Ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el proyecto que originalmente fue aprobado.

d) Ejecutar sin la debida protección obras que pongan en peligro, la vida de personas, las propiedades o el medio ambiente.

e) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, coberturas y además condiciones de zonificación si existieren.

f) No obedecer las órdenes sobre modificaciones de obras solicitadas por la Municipalidad.

g) Usar indebidamente la vía pública.

h) Usar indebidamente los servicios públicos.

i) Impedir o estorbar a los inspectores en el cumplimiento de sus labores.

j) Siempre que se trate de usar fundos sin requisitos de urbanización o faltos de acceso adecuado a la vía pública.

k) Si el lote o fracción de éste, tiene cavidad o dimensiones menores a los mínimos establecidos de acuerdo a la zonificación del cantón.

l) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o declaratoria formal de in habitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra las inundaciones, derrumbes y otros peligros evidentes.

m) Cuando el área en donde se va a construir coincida con una proyección vial aprobada por la Municipalidad del Cantón del Poás.

n) Los demás casos que indican las Leyes y los Reglamentos.

Artículo 41.—Cobro de Multas por iniciar sin el permiso municipal. Con base en artículo 90 de la Ley de Construcciones, incisos a, b y c y al artículo 82 del Código Municipal, de iniciarse una construcción sin el respectivo permiso municipal, se aplicará una multa por concepto de recargo del 1%, sobre el valor de la obra iniciada ilegalmente, junto con el cobro del respectivo permiso de construcción. La referida multa y el interés correspondiente, se cobrará por la Municipalidad a partir del día siguiente en que las obras dieron inicio sin contar con la respectiva licencia.

De conformidad con el inciso d) de la Ley de Construcciones y en consideración al voto 1923-04 de la Sala Constitucional, en los casos antes mencionados, se sancionará con el derribo de la obra, cualquier construcción que ponga en peligro la vida de las personas y particularmente aquellas, en las que se compruebe con un interés razonable, que se ha puesto en peligro el medio ambiente.

Artículo 42.—Del procedimiento de clausura. De verificarse alguna de las conductas sancionables, conforme al presente reglamento y la normativa conexa en materia constructiva, el Departamento de Control y Planificación Urbana, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública:

a) Verificada la infracción, levantará un acta de inspección, la cual será notificada a las partes involucradas. Esta se tendrá como la primera llamada de advertencia o primera notificación y pieza inicial del expediente del caso.

b) Trascurridos 15 días hábiles, sin que el administrado proceda conforme lo señalado en la primera notificación, se procederá con la clausura de la construcción y colocación de sellos, haciéndose las advertencias al interesado de las consecuencias penales de violentar los sellos. Brindándole audiencia oral y privada al interesado para ser oído, conforme a las reglas del debido proceso.

c) De lo anterior se levantará un informe, fijando al propietario un plazo improrrogable de 30 días hábiles, para que de cumplimiento a lo establecido por el Departamento de Control y Planificación Urbana, presentando aquello que originalmente omitió.

d) En caso de que en el plazo señalado, el interesado cumple a cabalidad con lo solicitado, el Departamento de Control y Planificación Urbana, verificará mediante inspección, si la obra se ha ejecutado de acuerdo con los lineamientos señalados por el mismo y acorde con la Ley de Construcciones y su Reglamento. De lo anterior levantará que será notificado a las partes y se archivará el expediente.

e) Si pasado el plazo fijado en el inciso anterior, el propietario no ha cumplido con lo ordenado, el Departamento levantará una nueva información, señalándole su renuencia, y se le señalará como último plazo el de 5 días hábiles, para que ejecute lo ordenado en la primera notificación.

f) Trascurrido el plazo del inciso anterior, seguido el debido proceso y demostrado la infracción al ordenamiento de construcciones, sin que aún exista cumplimiento, corresponderá al Departamento de Control y Planificación Urbana determinar la gravedad de las faltas, para lo cual elaborará informe final con recomendaciones técnicas determinando la sanción aplicable.

g) Dicho informe, deberá ser notificado mediante resolución motivada al interesado, en un plazo no mayor a diez días hábiles de su elaboración.

Artículo 43.—Del procedimiento en Alcaldía. En caso de que la sanción recomendada sea el derribo, el informe técnico del Departamento de Control y Planificación Urbana deberá ser elevado a la Alcaldía Municipal. La cual analizará las recomendaciones y emitirá resolución final, para lo cual contará con en el plazo de 10 días hábiles. La Alcaldía deberá notificar al propietario registral del inmueble resolución, misma que debe estar debidamente motivada. Previa resolución de un juzgado.

Artículo 44.—De la multa. Si la falta acreditada es por dar inicio sin contar con el permiso de construcciones, corresponderá imponer la multa de hasta un 1% del valor del permiso de construcción, adicional al monto del impuesto de construcción que corresponda (hasta el 1% del valor de la construcción), de tal forma que la multa sólo puede graduarse dentro de ese margen.

Artículo 45.—De las sanciones penales y su procedimiento. Si el infractor violentara los sellos colocados por los inspectores, conforme al procedimiento establecido en el presente reglamento:

a) El Departamento de Control y Planificación Urbana levantará una copia del expediente administrativo debidamente foliado, el cual será remitido a la Asesoría Legal, para efectos de que elabore la denuncia ante el Juzgado Penal de Faltas y Contravenciones, por el delito de Violación de Sellos Oficiales.

b) La asesoría legal, una vez completa la documentación, trasladará la denuncia Municipal a dicho Juzgado, notificando al infractor del mismo.

Artículo 46.—De la demolición o derribo: Dicha sanción sólo sería procedente cuando la obra cuestionada estuviere ocupando terrenos no aptos o prohibidos para ese fin, como por ejemplo:

a) La invasión o construcción en zonas, vías o sitios de naturaleza pública, áreas destinadas a parques y zonas verdes.

b) La construcción se hubiere construido de tal forma que sean un peligro contra las vidas de las personas.

c) Que técnicamente y previa comprobación en el procedimiento administrativo, no se hayan cumplido con las normas mínimas de la ingeniería de la construcción.

Artículo 47.—Del procedimiento de derribo. En caso de que, llevado a cabo el procedimiento administrativo establecido en el artículo 43, se verifique alguno de los supuestos del artículo anterior, el Departamento de Control y Planificación Urbana deberá atender a lo estipulado en el artículo 96 del Reglamento de Construcciones, y ordenará la destrucción de las partes defectuosas o la hará por cuento del propietario. En ningún caso autorizará el uso de la construcción y si está en uso, impondrá multa por esta causa y dispondrá la desocupación y clausura de ella. Dicho procedimiento deberá ser incluido en una Resolución Administrativa, la cual deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Se deberá efectuar o notificar al menos con 10 días hábiles de anticipación la ejecución del derribo.

b) Se deberá notificar la resolución al propietario registral del inmueble donde se localiza la construcción ilegal, indicándole el día y la hora en que se llevará a cabo el derribo, con indicación clara de las dimensiones y ubicación de lo que se demolerá.

c) En caso de negarse a recibir la notificación, el funcionario deberá consignarlo de esa manera.

d) Se deberá acompañar de una copia del expediente administrativo del caso.

e) Deberá ser firmada por el Alcalde y el Encargado del departamento de Control y Planificación Urbana y autenticada por el (la) Asesor Legal Municipal.

Artículo 48.—Del acto ejecutivo del derribo. Habiéndose cumplido el plazo establecido en el inciso a) del artículo anterior, el Encargado del Departamento en compañía de dos testigos, mayores de edad y funcionarios municipales, se apersonarán en el lugar con una copia y mostrarán el Acta de Derribo a ejecutar y procederá con el derribo, con los medios o equipos de que disponga la corporación y si es necesario, con la colaboración obligada de la Guardia de Asistencia Rural a efectos de que otras personas no impidan que la municipalidad realice los actos de destrucción que correspondan.

Conforme al artículo 96 de la ley de Construcciones, el costo del derribo correrá por cuenta del infractor, por lo que deberá ser incluido en su recibo municipal.

Artículo 49.—Recursos. Contra la anterior resolución el interesado podrá interponer los recursos ordinarios caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales deben interponerse dentro del quinto día, contados a partir del presente acto de notificación.

Artículo 50.—El presente Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria interna o acuerdo municipal anterior que verse sobre la misma materia o que se le oponga. En forma supletoria, a lo no contemplado en el presente Reglamento, se aplicará lo establecido en la normativa existente sobre la materia.

Artículo 51.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

San Pedro de Poás, 05 de febrero del 2015.—Concejo Municipal.—Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria.—1 vez.—(IN2015017372).

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS

MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Este Reglamento tiene como objeto establecer los requisitos y procedimientos para optar por certificados de uso del suelo, permisos de construcción y licencias comerciales en telecomunicaciones en la jurisdicción cantonal, en resguardo del espacio urbano-ambiental.

Artículo 2º—Se establecen como sus objetivos específicos:

1. Consolidar un respeto absoluto a los bienes que conforman el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ambiental del cantón, manteniendo la Municipalidad su responsabilidad de resguardo de estos valores, sin ningún límite y condicionamiento.

2. Asegurarse de que las Obras Constructivas sean realizadas de conformidad con las especificaciones técnicas bajo las cuales fueron autorizadas.

3. Propiciar razonablemente la minimización del impacto visual y ambiental sin perjuicio de la legislación nacional vigente para lo cual se autorizará la construcción únicamente de la infraestructura necesaria para lograr la cobertura y calidad del servicio que requiere la población en el ámbito de las telecomunicaciones, rechazando toda gestión que no forme parte de este principio.

4. Asegurarse de que las actividades desplegadas se enmarquen dentro de las regulaciones existentes en materia de patentes, de acuerdo al artículo 79 del Código Municipal y la Ley de Patentes de la Municipalidad.

5. Asegurarse de que las obras, estructuras e instalaciones para Redes y Sistemas de Telecomunicaciones, sean realizadas de conformidad con las especificaciones técnicas bajo las cuáles fueron autorizadas.

6. Minimizar el posible impacto a la salud que las emisiones electromagnéticas puedan generar de acuerdo al principio precautorio y la normativa del Ministerio de Salud sobre la materia.

Artículo 3º—Están sometidas al presente Reglamento en la jurisdicción del cantón, todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que requieran o soliciten Licencias Municipales, en condición de Operador, Proveedor de Infraestructura, Proveedor, o en cualquier condición similar, independientemente de las áreas donde se encuentren instaladas, ya sea de dominio público, acceso público o dominio privado o áreas privadas, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 3 del artículo anterior.

Artículo 4º—Quienes pretendan instalar mini torres, torres móviles, COW’s o similares en el cantón de La Unión, todas de uso temporal y por una única vez, deberán de previo obtener el certificado de uso de suelo conforme lo estipula el presente Reglamento. Las citadas torres únicamente serán permitidas por un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación del certificado de uso de suelo permitido y su respectiva licencia comercial, no se permitirá cerramiento. Vencido el plazo anterior, el solicitante, o el dueño del fundo, deberá removerla y si es de su interés, tramitar la licencia para torre fija cumpliendo con los requisitos que se establecen en el presente Reglamento. En caso de no proceder voluntariamente a la remoción de las torres móviles, la Municipalidad podrá hacerlo en forma coactiva, sin perjuicio de que en forma adicional, informe a la SUTEL para lo de su cargo y plantee las denuncias penales que corresponda.

Artículo 5º—Para los efectos de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones:

1. Ampliación y Modificación de la Obra Constructiva: Cualquier cambio a la Obra Constructiva autorizada por la municipalidad en la Licencia de Construcción.

2. Bienes de Dominio Público: Son aquellos que por voluntad expresa del legislador o disposición municipal, tienen un destino especial de servir a la comunidad o al interés público.

3. Canon por utilización de espacio público municipal: Es el monto a cancelar por la utilización de los espacios municipales de uso privado.

4. Licencia de Construcción: la autorización expedida por la Municipalidad para la construcción, instalación, ampliación o modificación de la Obra Constructiva.

5. Licencia Comercial: la autorización expedida por la Municipalidad para la explotación comercial de las Obras Constructivas y los servicios prestados por las mismas.

6. Obra Constructiva: torre y su obra civil relacionada, que sirven para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y equipos utilizados para la transmisión inalámbrica en los servicios de telecomunicaciones, ubicados dentro de un predio.

7. Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.

8. Patente: Impuesto a pagar por la realización y explotación de una actividad comercial, industrial o de servicios dentro de la jurisdicción del cantón, de conformidad con la ley de patentes vigente y su reglamento.

9. Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según corresponda.

10. Proveedor de Infraestructura: Es aquel intermediario, persona física o jurídica ajeno a la figura del Proveedor u Operador que regula la ley, que provee Obras Constructivas a terceros, en armonía con los planes de cobertura y calidad del servicio que exige la SUTEL.

11. Antena: Dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas hacia el espacio libre.

CAPÍTULO II

Atribuciones y facultades municipales

Artículo 6º—Con las atribuciones y facultades conferidas por la normativa vigente corresponde a la administración municipal mediante la Dirección de Desarrollo y Control Urbano, conocer, valorar, fiscalizar y resolver las solicitudes de las Licencias constructivas relacionadas con las torres de telecomunicaciones.

Artículo 7º—Le corresponde a la Municipalidad:

1. Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que, toda Obra Constructiva, instalación, ampliación y modificación a las Obras Constructivas, reúna las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón.

2. Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad sancionatoria en relación con las Licencias Municipales.

3. Ordenar la suspensión, clausura o demolición de las nuevas Obras Constructivas, en caso de no sujetarse a lo dispuesto en este Reglamento salvo que se cuente con la Licencia de Construcción a la entrada en vigencia de este Reglamento.

4. Comunicar a la Federación de Municipalidades de las Licencias de Construcción otorgadas por la Municipalidad, con el propósito de mantener actualizada la densidad regional, para los efectos del artículo 62 de la Ley de Planificación Urbana.

5. Otorgar el certificado de uso del suelo como uso conforme, cuando cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en el capítulo siguiente.

6. Considerar y solicitar los criterios y lineamientos técnicos que la SUTEL establezca en ejercicio de su competencia, con el propósito de coordinar y procurar un adecuado equilibrio entre los intereses nacionales de desarrollo del servicio de las telecomunicaciones y los intereses locales representados por la Municipalidad.

7. Crear mecanismos de resolución alterna de conflictos, propios o a través de las Federaciones de Municipalidades u otros que legalmente procedan.

8. Velar por el cumplimiento efectivo de los parámetros establecidos en el Reglamento de Salud en la materia, mediante Decreto Nº 36324-S, publicado en La Gaceta Nº 25 del 4 de febrero de 2011, en resguardo de la salud de los habitantes y usuarios de los servicios del cantón y formular cualquier denuncia o investigación que sean del caso ante las autoridades competentes, a nivel administrativo o judicial.

9. Velar por el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental aplicable y aquella que surja en un futuro, según los parámetros establecidos en el Reglamento de La Ley Salud para dicha materia, mediante Decreto 36324-S, publicado en la Gaceta 25 del 4 de febrero de 2011, en resguardo de la salud de los habitantes y visitantes del cantón y formular cualquier denuncia o investigación que sean del caso ante las autoridades competentes, a nivel administrativo o judicial.

10. Solicitar y coordinar con la SUTEL, la implementación de mecanismos periódicos de medición de los valores de exposición de las emisiones electromagnéticas, corroborando que se mantengan dentro de los rangos establecidos en el decreto No 36324-S y cualquier otra normativa vinculante. Las mediciones deberán hacerse en las colindancias del predio donde se ubiquen las antenas, de manera que no afecten, más allá de la norma, a los habitantes de propiedades vecinas. Las mediciones se solicitarán durante el primer trimestre de cada año.

11. Es entendido que si en cualquier momento se determina técnica o científicamente, que la telefonía celular o las obras que las posibilitan dañan la salud o el ambiente y por lo tanto los derechos constitucionales relativos a esos bienes jurídicos, son violentados o se hacen nugatorios, la licencia o licencias respectivas serán revocadas, y las obras deberán ser demolidas por el interesado, toda vez que las licencias se autorizarán a partir del estado del conocimiento técnico científico sobre esas obras y tecnología y sobre su relación con la salud y el ambiente, conforme al criterio respectivo de la autoridad sanitaria y de la SETENA entre otros órganos competentes, previo debido proceso.

Artículo 8º—La Municipalidad deberá mantener un registro, conforme al Anexo 1 de este Reglamento, actualizado y disponible al público que incluya la siguiente información: (1) nombre del solicitante, número de la finca y número de plano catastrado. (2) georeferenciación con coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84; (3) fecha de otorgamiento de Usos de Suelos conforme; (4) fecha y hora de recepción de solicitud de Licencias de Construcción; (5) fecha de otorgamiento de Licencias de Construcción; (5) fecha de denegación de Licencia de Construcción.

La Municipalidad podrá, en el momento en que lo crea pertinente, solicitar a la Sutel información en términos de la densidad, de las Obras Constructivas existentes en el Cantón respectivo.

Artículo 9º—La Municipalidad podrá autorizar Obras Constructivas en inmuebles municipales de uso privado, no se permitirá en áreas de dominio público, sujeto ello al pago del canon correspondiente el cual será definido por medio de contrato. El destino de dicho canon será para mejora de áreas recreativas y públicas de la zona de instalación de la torre. Con el propósito de contribuir con el plan de desarrollo regional y local de telecomunicaciones, la municipalidad y la Federación de Municipalidades elaborarán un mapa oficial de los inmuebles públicos que podrán destinarse al desarrollo de las Obras Constructivas. La municipalidad podrá utilizar los instrumentos de gestión autorizados por el Código Municipal para procurar la utilización de los inmuebles públicos en el desarrollo de las telecomunicaciones, entre los que se encuentran los mecanismos asociativos, empresariales, u otros legalmente autorizados. Se deberá cumplir con los requisitos del Artículo 11, 12 y 22 del presente Reglamento.

El Concejo Municipal dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles para emitir el acuerdo municipal donde se otorgue la asignación y uso de los espacios públicos municipales solicitados. Sin embargo, cualquier solicitud de información o aclaración al Operador tendrá por interrumpido aquel plazo. En ningún caso, el silencio de la Administración se considerará positivo. Queda entendido, que la Municipalidad para esos efectos se tiene como beneficiario, por lo que podría exigir las coberturas correspondientes si fuera del caso por daños provocados en los bienes de dominio público.

CAPÍTULO III

Del Uso del Suelo

Artículo 10.—Se otorgará el certificado de Uso de Suelo como uso conforme en cualquier área de la zonificación del cantón, siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en este Capítulo.

Artículo 11.—Para la obtención del certificado de Uso de Suelo los solicitantes deberán presentar los siguientes requisitos:

1. La altura de la torre, cuyo mínimo se establece en 30 metros;

2. Georeferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84.

3. El plano catastrado respectivo;

4. Copia de la cédula de identidad de personas físicas o certificación de personería jurídica cuando se trata de personas jurídicas de la persona natural o jurídica solicitante.

5. Fotomontaje ilustrativo desde la vía pública o desde donde la instalación sería más visible, con el fin de tener una imagen completa de la torre terminada con relación al entorno.

Artículo 12.—Los predios donde se pretendan ubicar e instalar las Obras Constructivas tendrán unas dimensiones mínimas de frente y de fondo equivalente o mayor al 40% de la altura de la torre medida desde el centro de la base de la torre hasta el final de la torre sin incluir el pararrayo (ej., Torre de 30 metros de altura dimensión mínima de 12 metros de frente por 12 metros de fondo, Torre de 45 metros de altura dimensión mínima de 18 metros de frente por 18 metros de fondo, Torre de 60 metros de altura dimensión mínima de 24 metros de frente por 24 metros de fondo). Los accesos se regularán conforme a la Ley de Construcciones, reglamentos nacionales o locales de fraccionamiento y construcción y plan regulador.

Artículo 13.—Se deberá mantener una franja de amortiguamiento mínima alrededor de una Obra Constructiva del veinte por ciento (20%) de la altura de la torre de telecomunicaciones, medida desde el centro de la base de la misma. Se establece además, que la torre de telecomunicaciones sea colocada en el centro del lote por lo que en el mismo no deberá existir construcción alguna.

Artículo 14.— El lote que contenga la estructura, se limitará de las propiedades vecinas con un muro de no menos de 2,50 metros de altura y 12 centímetros de espesor mínimo de material incombustible con un coeficiente retardatorio al fuego de no menos de tres horas.

Artículo 15.—No se otorgará la certificación del uso de suelo conforme en áreas de protección de ríos, monumentos públicos, zonas de protección histórico-patrimonial y donde sea expresamente prohibido por la legislación nacional.

Artículo 16.—Se permitirá la instalación de antenas sobre techos en edificios de tres pisos o más. Se deberá presentar estudio estructural que certifique la resistencia y soporte para el peso e instalación de la antena.

Artículo 17.—Una vez presentada la solicitud de certificación de uso del suelo ante la Municipalidad la administración tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para emitir este documento (Ley 8220), contando el interesado con la posibilidad de impugnarlo mediante los recursos previstos en el Código Municipal, en el plazo de cinco días hábiles.

CAPÍTULO IV

Obligaciones de los interesados

Artículo 18.—Es obligación de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten Licencias Municipales, estar al día con el pago de impuestos y tributos Municipales.

Artículo 19.—Para garantizar la responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros, incluyendo a la propia municipalidad, será necesario que el propietario de la Obra Constructiva, suscriba y exhiba póliza de seguro como garantía expedida por una compañía autorizada para la emisión de las mismas, por un monto mínimo equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un trabajador no calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, dicha póliza deberá de mantenerse siempre vigente. Esta garantía cubrirá la totalidad de las obras que se desarrollen en la jurisdicción cantonal, deberá ajustarse, mantenerse vigente mientras existan obras constructivas en el cantón y responderá por daños parciales o totales causados a la Municipalidad y a terceros en sus bienes o en personas, requisito sin el cual no se otorgará Licencia de Construcción. La vigencia de las pólizas será revisada siempre a principio de año por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano.

Artículo 20.—Son obligaciones además para los propietarios de las Obras Constructivas, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las siguientes:

20.1. Colocar desde el inicio del proceso constructivo y mantener actualizado durante la vida útil de la Obra Constructiva, un rótulo visible en la entrada al predio correspondiente, con una dimensión mínima de 0,45 x 0,60 metros, de cualquier material resistente, que contenga los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social.

b) Número de Licencia de Construcción.

c) Números telefónicos de contacto en caso de emergencias y para el mantenimiento de la Obra Constructiva.

d) Domicilio y/o medio para recibir notificaciones.

20.2. Mantener en buen estado físico y en condiciones de seguridad las Obras Constructivas.

20.3. Cumplir con las disposiciones de torres de la Dirección General de Aviación Civil.

20.4. Restringir el ingreso de terceros no autorizados a los predios donde se instalen las Obras Constructivas.

20.5. Pagar y mantener al día la póliza de seguro por responsabilidad civil a terceros.

20.6. Notificar y solicitar cualquier cambio constructivo que varíe la Obra Constructiva y obtener la autorización correspondiente.

20.7. Presentar ante la Dirección de Desarrollo y Control Urbano por medio de la plataforma de servicio en un plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la conclusión de las Obras Constructivas el informe del profesional responsable, en el que se acredite la ejecución conforme al proyecto, así como el cumplimiento estricto de las condiciones técnicas de Ley, medidas correctivas y condiciones establecidas e impuestas en la Licencia de Construcción otorgada.

20.8. Acatar las normas nacionales constructivas aplicables, las reglamentaciones y demás lineamientos emitidos tanto por la Sutel, autoridades nacionales competentes en la materia, así como las emitidas por la Municipalidad.

20.9. Contar con los alineamientos nacionales o locales cuando se requieran conforme a la Ley.

20.10. Contar con la Licencia comercial al día por el giro de sus actividades en el cantón.

20.11. Cualquier torre que se instale deberá ser tipo monopolo, la misma deberá estar debidamente mimetizada o camuflada con su entorno. Deberán simular la corteza y follaje de una determinada, o determinadas, especie forestal propia y representativa, esto deberá reflejarse en los planos constructivos.

20.12. Los trabajos de mimetización o camuflaje en telecomunicaciones deben garantizar la total transparencia radio-eléctrica, es decir, producir un efecto mínimo en el coeficiente de reflexión y aislamiento de las antenas, lo que permite una correcta emisión y recepción de la señal.

20.13. La mimetización deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a- Resistencia a los rayos ultravioleta (UVA).

b- Resistencia a climas extremos y a los agentes atmosféricos.

c- Facilidad de embalaje.

d- Mantener con el tiempo sus características mecánicas y de apariencia.

e- Cumplir con los estándares internacionales para diseño construcción o instalación de torres mimetizadas.

f- Contar con la autorización de aviación civil.

20.14. Respetar dentro del diseño urbanístico y sus espacios, tanto la seguridad física de personas y edificaciones, como la estética de la ciudad, la preservación del patrimonio histórico, la normativa ambiental y cualquier otro aspecto semiótico.

20.15. Deberán las empresas de telecomunicación que instalen torres o antenas en el cantón de La Unión brindar servicio de Internet inalámbrica (WI-FI) así como iluminación en su entorno.

Artículo 21.—El propietario de las Obras Constructivas será responsable de cualquier daño directo o indirecto que esta o estas puedan causar a los bienes municipales, privados o a terceros, relevando de cualquier responsabilidad a la Municipalidad.

CAPÍTULO V

Licencias Constructivas

Artículo 22.—Para la obtención de la Licencia de Construcción, los solicitantes deberán presentar los siguientes requisitos:

Una declaración jurada otorgada ante Notario Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar que no existe una torre de telecomunicaciones a una distancia de 500 metros desde el centro de la torre propuesta donde el operador pueda compartir algún emplazamiento que le permita dar cumplimiento efectivo a las obligaciones dispuestas en el artículo 74 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642, Decreto N° 34765-MINAET y se garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo segundo de la citada Ley, esto con el fin de minimizar el impacto o saturación visual. Lo anterior no aplica en los siguientes casos:

las torres existentes debidamente autorizadas a la entrada en vigencia de este Reglamento.

b- cuando las antenas se ubiquen en postes, azoteas o vallas existentes.

2. Una declaración jurada otorgada ante Notario Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar que las Obras Constructivas se construirán para ser compartidas por un mínimo de tres emplazamientos de antenas y equipos, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley Nº 8660 del 8 de agosto de 2008.

3. Documentación que acredite el derecho de uso, goce y disfrute del inmueble respectivo, en la cual debe hacerse constar consentimiento del propietario cuando se pretenda establecer las Obras Constructivas en inmuebles propiedad de un tercero que no sea el solicitante de la Licencia de Construcción.

4. Certificado de uso del suelo conforme.

5. Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería jurídica cuando se trate de persona jurídica de la persona natural o jurídica solicitante.

6. Certificación del plano catastrado visado del inmueble donde se ubicará el predio respectivo.

7. Certificación literal del inmueble.

8. Presentación de planos constructivos que cumplan con la normativa constructiva aplicable, firmados por el profesional responsable y visado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

9. La viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET). La Municipalidad velará por el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental aplicable a la materia.

10. Estar al día con los impuestos municipales.

11. Constancia del cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales actualizada, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por parte del propietario del inmueble y de la empresa concesionaria.

12. Autorización de la Dirección General de Aviación Civil.

13. Georeferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84.

Las Municipalidades se reservan la facultad de comprobar por cualquier medio la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas.

Artículo 23.—El Municipio no otorgará una Licencia de Construcción en los siguientes casos:

1. Que la altura de la torre sea menor a 30 metros, medida desde la base hasta el final de la torre sin incluir el pararrayo, o que sobrepase la altura máxima establecida por la Dirección General de Aviación Civil.

2. Que exista una Licencia de Construcción previamente otorgada para una torre ubicada a una distancia que permita el uso compartido o coubicación, conforme al plan de cobertura y calidad que requieren los operadores, y se encuentre dentro del plazo a que se refiere el artículo 22 de este Reglamento.

3. Que la instalación de la estructura, antena o torre implique una desmejora en la disposición del espacio público municipal o bien afecte el uso racional de los bienes en orden a la satisfacción del interés público.

Tanto con respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento, como en otros supuestos en los que el solicitante alegue razones técnicas para la instalación de torres con requisitos técnicos distintos a los indicados, la corporación municipal o el interesado podrán solicitar el criterio técnico debidamente motivado por parte de la SUTEL.

Artículo 24.—La Municipalidad verificará el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 20, y dará por admitida la Licencia de Construcción. Si la solicitud ha sido rechazada el interesado podrá impugnar la resolución dentro de los términos establecidos en el Código Municipal. Una vez otorgada la Licencia de Construcción, el solicitante tendrá derecho el de preferencia para construir la Obra Constructiva dentro de un plazo de 60 días naturales. Transcurrido dicho plazo, sin que el solicitante haya concluido la Obra Constructiva, caducará la Licencia de Construcción y la Municipalidad podrá otorgar otra Licencia de Construcción dentro del área preferencial, en orden de presentación de las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 25.—En caso de ampliación o modificación de las Obras Constructivas se deberá cumplir nuevamente con los trámites de Licencia de Construcción señalados en este Reglamento.

Artículo 26.—El pago por concepto de Licencia de Construcción se calculará conforme al artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana.

Artículo 27.—Una vez presentada completa la solicitud de Licencia de Construcción la administración tendrá treinta días naturales para emitir la resolución final. El interesado contará con la posibilidad de impugnar esta resolución, mediante los recursos previstos en el Código Municipal.

Artículo 28.—La Municipalidad podrá incorporar a este Reglamento las reformas que considere pertinentes de acuerdo con su autonomía. La reforma que se proponga se comunicará a la Federación de Municipalidades a la que se encuentre afiliada, con el propósito de que el resto de municipalidades valoren la posibilidad de adoptarla.

Artículo 29.—El pago por concepto de patente se fijará de acuerdo a los parámetros establecidos en la respectiva Ley de Patentes de la municipalidad, conforme al artículo 79 del Código Municipal, tanto para el Operador, Proveedor de Infraestructura, Proveedor, o en cualquier condición similar, mediante la información suministrada para estos efectos por el administrado o que sea recabada directamente por la Municipalidad en el Ministerio de Hacienda o en la SUTEL. Cada operador deberá establecer y comunicar oportunamente a la Municipalidad el ingreso anual que le generen las radiobases establecidas en la jurisdicción cantonal, con el propósito de cancelar a la Municipalidad el respecto Impuesto de Patente Comercial.

CAPÍTULO VI

Transitorios

Transitorio primero.—Las solicitudes de uso de suelo y Licencia de Construcción que se hayan presentado ante la Municipalidad antes de la publicación del presente Reglamento y que no han sido resueltas por la administración municipal, deberán ajustarse a lo establecido en el mismo, una vez este sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, conforme a lo siguiente:

(a) Una vez presentados los requisitos faltantes según corresponda, la Municipalidad irá resolviendo las solicitudes en un estricto orden, de acuerdo a la hora y fecha de recepción de la solicitud completa.

(b) En caso que no sea posible determinar cuál solicitud se presentó primero, la Municipalidad otorgará Licencia de Construcción según corresponda a aquel que complete sus requisitos primero. En caso que las partes interesadas también tengan sus requisitos completos, se otorgará la licencia respectiva mediante un sorteo. Para ello la Municipalidad convocará a las partes a una audiencia oral y privada en donde se llevará a cabo dicho sorteo del cual se levantará un acta.

Transitorio segundo.—Las Obras Constructivas existentes a la publicación de este Reglamento solo requerirán la debida Licencia Comercial. En caso de la modificación o ampliación de una Obra Constructiva existente se deberá cumplir con lo establecido en este Reglamento relacionado con Licencias de Construcción. Asimismo los propietarios deberán comunicar e informar a la Municipalidad la altura de las torres existentes e indicar la georeferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84 con el fin de que la Municipalidad mantenga un registro de Obras Constructivas en el Cantón. Para ambos efectos se les dará un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta.

Transitorio tercero.—Las solicitudes rechazadas antes de la publicación de este Reglamento y que no se hubieran impugnado conforme a los procedimientos previstos en el Código Municipal, o las que no hubieran reunido los requisitos establecidos en este Reglamento, se podrán presentar como solicitudes nuevas para los efectos del inciso a) del Transitorio Primero, sin que prevalezcan sobre las presentadas con posterioridad a la aprobación del Reglamento con los requisitos debidamente cumplidos. Se da un plazo de 10 días para las observaciones.

La Unión, 21 de febrero del 2015.—Ana Eugenia Ramírez Ruiz, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2015016157).

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER

CAPÍTULO I

De la Competencia

Artículo 1º—De conformidad con la Ley 7794, en el artículo N° 49 del Código Municipal vigente, se establece la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer en la Municipalidad de El Guarco; la cual se regirá por las siguientes normas.

Artículo 2º—Para efectos del presente reglamento, se entenderá por los siguientes conceptos:

Comisión: Comisión Permanente de la Condición de la Mujer.

CMCM: Siglas asignadas por el INAMU a la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer.

Ley 7794: Código Municipal.

Concejo: Concejo Municipal

INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres.

OFIM: Oficina Municipal de la Mujer.

PIEG: Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género

Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Refiere Diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales, estas diferencias se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que se desempeñan en la sociedad.

Igualdad: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. (Artículo 33. Constitución Política República de Costa Rica), condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que garanticen, tanto a las mujeres como a los hombres, tener un acceso igual a la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la recreación, etc.

Equidad: Significa justicia y cooperación; es aportar y dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, diversidad sexual, edad).Es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta signifique razón para la discriminación También significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres.

Plan de trabajo: El Plan de trabajo de la Comisión establece el conjunto de acciones a realizar de acuerdo a las necesidades de las mujeres del Cantón, se puede realizar este plan en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer, respetando las funciones diferenciadas de esta oficina y de la comisión.

Presidencia de la comisión: Persona encargada de convocar a las reuniones mínimo una vez al mes y convocar en forma extraordinaria, cuando así se requiera. También debe liderar los procesos que emanen de la Comisión.

Dictámenes: Acuerdos tomados en el seno de las reuniones periódicas de la Comisión y que son presentados ante el Concejo Municipal para su aprobación.

CAPÍTULO II

De las funciones

Artículo 3—La Comisión de la Condición de la Mujer tendrán las siguientes funciones:

a) Proponer al Concejo Municipal para su aprobación, políticas y proyectos específicos para la atención de necesidades de las mujeres del cantón.

b) Propiciar que en las políticas y prioridades de desarrollo del cantón, se incorpore la perspectiva de género y contemplen las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres.

c) Coordinar con diferentes instancias, el desarrollo de proyectos relativos a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género.

d) Realizar sesiones preparatorias para la elaboración de un plan anual de la Comisión.

e) Cualquier otra función que se le asigne por parte del Concejo, los reglamentos y leyes vigentes.

f) Esta comisión tendrá como fin incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer municipal, a través del cumplimiento efectivo de las funciones que se le asigne y cualquier otra que corresponda a su competencia que le sea asignada por el Código Municipal, los reglamentos que se dicten al efecto y cualquier Ley vigente.

g) Promover las directrices que en políticas de género emanen del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), e impulsará los proyectos que en este campo se requieran.

h) Promover que en el Plan de Desarrollo Municipal presentado por el Alcalde o Alcaldesa Municipal, se incorpore la perspectiva de género y se promuevan los derechos de las mujeres.

i) Impulsar la realización de la Política y Plan de Acción de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de El Guarco, así como cualquier otra normativa interna que se lleve a cabo sobre igualdad y equidad de género.

CAPÍTULO III

Del funcionamiento

Artículo 9º—Una vez designada la Comisión por la Presidencia Municipal, sus integrantes en la Sesión de instalación, que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, nombrarán de su seno los puestos de presidencia y secretaria/o.

Artículo 10.—La comisión atenderá los asuntos a su cargo a la mayor brevedad posible, salvo los casos especiales en que la Presidencia del Concejo en forma expresa, fije un término, de acuerdo al inciso g) del artículo 34 del Código Municipal.

Artículo 11.—Las personas integrantes de la comisión, deberán reunirse por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria, cuando así se requiera para discutir los asuntos y planes de trabajo, las necesidades del Cantón, así como cualquier otro aspecto que sea de interés de la comisión, los cuales deben hacerse constar en una acta, donde se consignará los acuerdos tomados.

CAPÍTULO IV

De las obligaciones de las personas

integrantes de la comisión

Artículo 12.—Asistir puntualmente a las sesiones para los que fuere convocado/a. Si alguna de las personas integrantes faltare a una sesión, debe justificarla ante la presidencia de la comisión y si incurriere en tres ausencias consecutivas sin justificación el Presidente/a Municipal deberá sustituir al integrante. El quórum estará formado por la mitad más una o uno de quienes conforman la comisión.

Artículo 13.—El incumplimiento, de algunas de estas estipulaciones reglamentarias por parte de las o los integrantes de la Comisión de la Condición de la Mujer, puede ser causa de separación en forma permanente de la misma, si así lo define el Presidente del Concejo Municipal.

Artículo 14.—Las personas integrantes del Concejo Municipal están en la obligación de participar en la comisión cuando fueren designadas por la presidencia del Concejo Municipal; de existir alguna imposibilidad para participar en la misma, solicitarán por escrito su exclusión al presidente o presidenta municipal, dando las razones del caso. La Presidencia Municipal tomará la determinación sobre la permanencia o exclusión del regidor o la regidora.

CAPÍTULO V

Mecanismos de Coordinación

Artículo 15.—La Comisión podrá realizar gestiones atinentes a promover la igualdad y la equidad de género a través de la promoción de proyectos así como otros recursos (servicios, papelería, asesoría, entre otros que sean requeridos) con las Comisiones Municipales establecidas en el Código Municipal.

CAPÍTULO VI

De los acuerdos de la comisión

Artículo 16.—Los acuerdos de la comisión se tomarán por mayoría.

Este Reglamento rige a partir de la aprobación en sesión ordinaria del Concejo Municipal y su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Aprobado en sesión N° 365-2015, celebrada el 10 de febrero de 2015 mediante acuerdo N° 919 definitivamente aprobado.

Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal.—1 vez.—(IN2015015752).

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

REFORMA PARCIAL AL REGLAMENTO DE REGULACIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO

ALCOHÓLICO PARA EL CANTÓN CENTRAL

DE HEREDIA

El Concejo Municipal del cantón de Heredia en el uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 inciso c) y 43 del Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998, en la sesión ordinaria trescientos noventa y cuatro -dos mil quince celebrada el 02 de marzo del 2015 acordó aprobar en forma definitiva la Reforma parcial al Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón Central de Heredia en los siguientes términos:

Considerando:

Que la Ley de Licores N° 9047 fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de junio del 2012 y publicada en el Alcance N° 109 de La Gaceta N° 152 del 8 de agosto de 2012.

Que antes de la Ley de Licores N° 9047, en el Ordenamiento Jurídico nacional estuvo vigente desde 1936 la Ley N° 10 (Ley de Licores) en la cual se establecía la patente de licores trimestral en montos que oscilaban entre setenta y cinco colones, ciento cincuenta colones y trescientos colones exactos.

Que la Ley de Licores N° 9047 dispuso en el artículo 10 que los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva, el pago por anticipado de este derecho que se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal, establecido en la clasificación que señala el artículo 4 y los montos a pagar por cada una de ellas, en el artículo 10.

Que mediante expediente N° 12-011881-007-CO y otros, la Sala Constitucional conoció de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por representantes de diversas Cámaras, entre ellas la Asociación de Patentados Heredianos, representada por el señor Manuel Antonio Aguilar Gómez.

En la acción de inconstitucionalidad de cita, se impugnaron los artículos 3, 4, 9, inciso l), 10, 14 inciso c), 17, 24, 26, los Transitorios I y II, así como el procedimiento de aprobación todo en relación con la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 9047 del 25 de junio de 2012.

La acción de inconstitucionalidad de cita, fue resuelta mediante resolución número 11499-2013, en la cual en lo fundamental se dispuso que:

a) En cuanto al artículo 3, cuando señala que la licencia no constituye un activo por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna, la Sala Constitucional es de la opinión que la totalidad del artículo 3 no es inconstitucional per se. Indicó que la licencia no puede convertirse en un activo a favor de una persona, pues consiste en un acto administrativo habilitante para el ejercicio de una actividad reglada, de modo que desde el momento en que se está en el plano de las autorizaciones, no es posible interpretar que se genere derecho de propiedad alguno respecto de dicho acto administrativo habilitante. Por tal motivo, se desestimó la acción en cuanto a este punto sin perjuicio de lo que se dijo en el análisis del Transitorio I de la Ley 9047.

b) En cuanto al artículo 3 cuando señala que en caso de las licencias tipo B, solo se podrá otorgar una licencia por cada trescientos habitantes como máximo, la Sala Constitucional estimó que se trataba de una diferenciación odiosa que atentaba contra el principio de igualdad, ya que las licencias Clase A no tenían esta aplicación de los niveles de población, pese a que, las licencias A y B son asimilables, en razón de que su actividad comercial y sus titulares deben estar sujetos al mismo límite poblacional.

c) En cuanto al tema de las distancias, en donde se señala que las licencias A y B se deberán respetar una distancia mínima de 400 metros respecto de los centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales clínicas y Ebais, y que para las licencias clase C se dispone una distancia mínima de cien metros respecto de los mismos lugares antes señalados, la Sala Constitucional rechazó la acción en tanto no se constató vulneración alguna al derecho a la salud ni a los principios de progresividad de los derechos fundamentales e interés superior del menor

d) En cuanto al artículo 4 que señala las categorías de licencias, la Sala estimó que no es inconstitucional que se excluyera de la posibilidad de optar por una de estas, a las pulperías y abastecedores, ya que esta constituye una decisión de libre configuración legislativa.

e) En relación al artículo 9, inciso l) que establece la prohibición de traspasar las licencias de licores, la Sala Constitucional estimó que esta limitación no es inconstitucional, porque las licencias no son un bien patrimonial en sí mismas, de modo que esta limitación de no poderlas traspasar es una consecuencia inmediata y lógica de que ya no se rematen este tipo de licencias, toda vez que por su naturaleza no pueden ser objeto de mercado.

f) En relación al artículo 10, donde se argumentó que la aplicación del tributo no nace de una base impositiva en razón de la venta o los ingresos, sino que se fijó basado en el parámetro “salario base”. La Sala estimó que no se llevaba razón en este argumento porque el hecho generador de la obligación tributaria es el otorgamiento de la autorización para la venta de licores, no la venta en sí. Es decir, el tributo nace de la licencia conferida, no en razón de las ventas o ingresos que efectivamente genere la actividad comercial autorizada. Tampoco consideró inconstitucional –por irrazonable y desproporcionado- el monto que se está cobrando a cada tipo de licencia de modo trimestral, donde aumentó de 300 colones a 320.000 colones, porque aunque en términos nominales parezca muy notorio el cambio, considera que el monto de 300 colones era anacrónico y que si esa cantidad se trae a valor presente, incluso supera el salario base de un Auxiliar Administrativo 1 del Poder Judicial, que es el referente utilizado.

g) Que en el cobro que se hacía con la Ley N° 10 se establecían diferencias en el pago de derechos de patente según el potencial de mercado del lugar en que estaba ubicado cada negocio, lo que resulta más acorde al principio de justicia tributaria, pero que en la Ley N° 9047 pese a que se establece distintos tipos de licencias, y fija rangos mínimos en los tipos A, B y D, tales diferenciaciones le parecen insuficientes a la Sala Constitucional e inconstitucionales, porque para que el ajuste planteado en la nueva regulación hubiese sido razonable y proporcionado, se necesita que el monto de los derechos trimestrales se gradúe conforme al potencial de explotación de cada negocio dentro de su tipo de licencia, según sea su tamaño, tipo de infraestructura entre otros parámetros objetivos.

h) Que a efecto de evitar graves dislocaciones a la seguridad jurídica, la justicia, la paz social, la Sala Constitucional dispuso como medida excepcional y transitoria tomando como referencia el artículo 12 de la Ley Nº 10, únicamente en cuanto al parámetro de ubicación para determinar el monto del cobro de patentes, todo ello mientras el legislador no disponga otra cosa y en línea con lo dicho, dispuso que los montos establecidos en el artículo 10 de la Ley 9047 se mantienen pero únicamente serán aplicables a las cabeceras de provincia, debiendo reducirse a la mitad en las cabeceras de cantón y a una cuarta parte en el resto.

i) Que en relación a las licencias clase E, resulta desproporcionado e irrazonable así como contrario a los principios del Derecho Constitucional Tributario, como es el de Justicia Tributaria, que en el artículo 10 se establezcan montos únicos por concepto de patente para las sub clases E, sin ningún parámetro de comparación respecto de su capacidad de explotación. El sistema de mínimos y de máximos que se utiliza en las A, B y D, no se impuso en este tipo de licencia, de modo que la Clase E se dispone (hasta que el legislador indique otra cosa) que los montos fijados en la norma en cuestión serán considerados como parámetros máximos a aplicar, lo que implica que cada municipio puede establecer los mínimos de acuerdo a parámetros objetivos. Igual suerte correrán las licencias tipo C, ya que resulta inconstitucional el artículo 10 en tanto subdivide el cobro de esta licencia en dos subtipos que el legislador no creó en el artículo 4, donde únicamente se definió la C.

Esta Comisión propone disponer la Reforma al Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico para el Cantón Central de Heredia en su numeral 57, de la siguiente manera

Art 57 Reforma en la Categoría C: se establece un monto mínimo de medio salario base y transitoriamente será el monto único que pagará esta categoría, y se eliminan las categorías C dada su inconstitucionalidad, conforme al voto 1499-2013 de la Sala Constitucional. En lo que respecta al Distrito 05 Vara Blanca, para la Categoría C, se establece un monto mínimo de un cuarto de salario base y transitoriamente, este será el único monto que pagará esta categoría por trimestre.

En la Categoría Ela: se establece un monto mínimo de medio salario base y transitoriamente será el monto único que pagará esta categoría. En lo que respecta al Distrito 05 Vara Blanca, para la Categoría C, se establece un monto mínimo de un cuarto de salario base y transitoriamente, este será el único monto que pagará esta categoría por trimestre.

En la Categoría E4: se establece un monto mínimo de un salario base y transitoriamente será el monto único que pagará esta categoría. En lo que respecta al Distrito 05 Vara Blanca, para la Categoría C, se establece un monto mínimo de un cuarto de salario base y transitoriamente, este será el único monto que pagará esta categoría por trimestre.

Artículo Uno: Se derogan las disposiciones reglamentarias que regulaban las categorías C, E1 y E4, indicados en el artículo anterior. Por no haberse detectado inconstitucionalidades en las demás categorías (A, B y D) no se proponen cambios a los montos trimestrales por encontrarse vigente la Ley 9047 en cuanto a esos puntos.

Transitorio Único: Esta reforma reglamentaria estará vigente desde su publicación y hasta que se publique la nueva Ley de Licores o su Reforma. Por tanto,

Se aprueba la reforma parcial del Artículo 57 del reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico para el Cantón Central de Heredia, de la siguiente manera

ART 57

REFORMA EN LA CATEGORÍA C: SE ELIMINAN LAS SUBCATEGORÍAS C DADA SU INCONSTITUCIONALIDAD, CONFORME AL VOTO 11499-2013 DE LA SALA CONSTITUCIONAL. SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO DE MEDIO SALARIO BASE Y TRANSITORIAMENTE SERÁ EL MONTO ÚNICO QUE PAGARÁ ESTA CATEGORÍA, EN LO QUE RESPECTA AL DISTRITO 05 VARA BLANCA, PARA LA CATEGORÍA C, SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO DE UN CUARTO DE SALARIO BASE Y TRANSITORIAMENTE, ESTE SERÁ EL ÚNICO MONTO QUE PAGARÁ ESTA CATEGORÍA POR TRIMESTRE.

EN LA CATEGORÍA E1A: SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO DE MEDIO SALARIO BASE Y TRANSITORIAMENTE SERÁ EL MONTO ÚNICO QUE PAGARÁ ESTA CATEGORÍA. EN LO QUE RESPECTA AL DISTRITO 05 VARA BLANCA, PARA LA CATEGORÍA C, SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO DE UN CUARTO DE SALARIO BASE Y TRANSITORIAMENTE, ESTE SERÁ EL ÚNICO MONTO QUE PAGARÁ ESTA CATEGORÍA POR TRIMESTRE.

EN LA CATEGORÍA E4: SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO DE UN SALARIO BASE Y TRANSITORIAMENTE SERÁ EL MONTO ÚNICO QUE PAGARÁ ESTA CATEGORÍA. EN LO QUE RESPECTA AL DISTRITO 05 VARA BLANCA, PARA LA CATEGORÍA C, SE ESTABLECE UN MONTO MÍNIMO DE UN CUARTO DE SALARIO BASE Y TRANSITORIAMENTE, ESTE SERÁ EL ÚNICO MONTO QUE PAGARÁ ESTA CATEGORÍA POR TRIMESTRE.

SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE REGULABAN LAS CATEGORÍAS C, E1 Y E4, INDICADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR. POR NO HABERSE DETECTADO INCONSTITUCIONALIDADES EN LAS DEMÁS CATEGORÍAS (A, B Y D) NO SE PROPONEN CAMBIOS A LOS MONTOS TRIMESTRALES POR ENCONTRARSE VIGENTE LA LEY 9047 EN CUANTO A ESOS PUNTOS.

TRANSITORIO ÚNICO: ESTA REFORMA REGLAMENTARIA ESTARÁ VIGENTE DESDE SU PUBLICACIÓN Y HASTA QUE SE PUBLIQUE LA NUEVA LEY DE LICORES O SU REFORMA.

Rige a partir de su publicación. Lo anterior para el trámite correspondiente.

Heredia, 03 de marzo del 2015.—Lic. Enio Vargas Arrieta, Proveedor Municipal.—1 vez.—O. C. N° 57370.—Solicitud N° 28661.—C-214100.—(IN2015015511).

La Municipalidad del cantón Central de Heredia informa a todos los interesados en el Reglamento de Capacitación Municipal el cual salió publicado en La Gaceta N° 24 del día 4 de febrero del 2015 que, el Concejo Municipal del cantón de Heredia en el uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 inciso c) y 43 del Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998 aprobó en la sesión ordinaria trescientos cuarenta y cinco-dos mil catorce celebrada el 28 de julio de 2014 este Reglamento.

Heredia, 05 de febrero del 2015.—Lic. Enio Vargas Arrieta.—1 vez.—O. C. N° 57370.—Solicitud N° 29478.—C-13740.—(IN2015018998).

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

El Concejo Municipal de Esparza, en sesión ordinaria según acta Nº cuarenta y dos, de fecha 16 de febrero de 2015, artículo veintisiete, del capítulo quinto, con sustento en lo establecido en los numerales 169 y 170, de la Constitución Política, artículos 13, inciso c), 43 y 164 a 172 del Código Municipal emite el presente:

REGLAMENTO DE CAJA CHICA DEL COMITÉ CANTONAL

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESPARZA

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El presente Reglamento contiene las disposiciones que regirán la correcta administración del fondo fijo de Caja Chica del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza (CCDRE).

Artículo 2º—Definiciones y abreviaturas. Cuando se empleen los siguientes términos, deben dárseles las definiciones que se señalan a continuación:

Arqueo de Caja Chica: Verificación del cumplimiento de la normativa que rige la Caja Chica, sobre todo con la constatación de que los documentos que dan soporte a los egresos, concuerda con los montos autorizados por el encargado de Caja Chica.

Bienes y servicios de uso común: Son los bienes y servicios de uso periódico y repetitivo, utilizados en las operaciones regulares del Comité (CCDRE).

CCDRE: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza.

Encargado de Caja Chica: Es la persona designada por la Junta Directiva del Comité; que se encuentra legalmente autorizada para tener bajo su custodia y administración, la Caja Chica.

Fondo de Caja Chica: Aquella suma de dinero destinada a realizar gastos menores para la adquisición de bienes y servicios que tienen carácter de indispensables y urgentes. Así como para pagar gastos de alimentación, hospedaje y transporte en el interior del país.

Gastos menores indispensables y urgentes: Aquellos que no excedan el monto máximo fijado en el artículo 6º de este Reglamento, los cuales se requieren para cubrir una necesidad de manera rápida, cuya solución no puede esperar la dilación en tiempo y trámites que requieren otros procedimientos de compra, y además, que corresponden a adquisiciones que se efectúen de manera excepcional por medio de este fondo.

Junta: Junta Directiva del CCDRE.

Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el responsable del vale de Caja Chica, mediante la presentación de los comprobantes originales que sustentan las adquisiciones o servicios recibidos.

Reintegro de fondos: Solicitud de reintegro de dinero al fondo de Caja Chica para reembolsar los gastos efectuados.

Vale: Documento que respalda el adelanto de dinero dado para adquirir bienes y/o servicios, debidamente autorizados.

Viáticos: Gastos de alimentación, transporte, parqueo, peaje y hospedaje en el interior del país.

Artículo 3º—Normativa complementaria. Este Reglamento y las personas que involucra, quedan sujetas a las disposiciones dadas por la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el Código Municipal, la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la República, el Reglamento Autónomo de Organización del Comité Cantonal, circulares de la Contraloría General de la República y cualquier otra normativa conexa con la materia.

CAPÍTULO II

Objetivos

Artículo 4º—Objetivo General. Dotar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza de un manual de manejo y control del Fondo fijo de Caja Chica, con la finalidad de establecer las políticas y procedimientos operativos, necesarios para garantizar la adecuada administración de dichos fondos.

Artículo 5º—Objetivos Específicos. Implementar las políticas y procedimientos necesarios para la adecuada gestión del Fondo Fijo de Caja Chica existente.

_ Establecer los mecanismos de control interno, necesarios para garantizar la razonabilidad de las erogaciones efectuadas.

_ Definir los alcances y limitaciones del fondo, a fin de garantizar el uso racional del mismo.

_ Minimizar el riesgo de atrasos o demoras en el proceso administrativo y operativo de la organización, por situaciones imprevistas que requieran de una erogación inmediata de efectivo.

CAPÍTULO III

De los valores del fondo

Artículo 6º—Establecimiento de los distintos montos. Para el primer año de vigencia del presente reglamento, se establecen los siguientes montos

Fondo de caja chica: ¢ 300.000,00

Monto máximo del vale: ¢ 70.000,00

Monto máximo para desayuno: ¢ 3.200,00

Monto máximo para almuerzo: ¢ 5.150,00

Monto máximo para cena: ¢ 5.150,00

Las compras de bienes o servicios por montos superiores al monto máximo del vale, deberán tramitarse ante la Junta Directiva, por medio de la solicitud de bien o servicio y siguiendo los lineamientos de la Ley de Contratación Administrativa vigente y su Reglamento.

Artículo 7º—Actualización de los montos. El monto del fondo fijo y el monto del vale serán modificados anualmente en el mes de enero por la Junta Directiva del Comité, en relación con el índice de precios al consumidor vigente para diciembre del año anterior y serán redondeados al millar superior inmediato.

Artículo 8º—Actualización de los viáticos. El monto de los viáticos se actualizará por parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, de conformidad con los valores establecidos por la Contraloría General de la República para este rubro.

CAPÍTULO IV

Persona designada para custodiar y administrar

el fondo de Caja Chica

Artículo 9º—Responsable directo del manejo del fondo de Caja Chica. La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza, designará mediante acuerdo simple, a la persona responsable para llevar a cabo la custodia y administración de los recursos del fondo fijo de Caja Chica. Preferiblemente debe recaer esta función en el Coordinador Administrativo si existiere, o en la Secretaria Ejecutiva, sin perjuicio de la potestad que tiene la Junta para designar a la persona que consideren más conveniente.

Artículo 10.—Funciones básicas del Administrador del fondo de Caja Chica. Para el correcto manejo del fondo Caja de Chica, la persona designada para custodiarlo y administrarlo deberá cumplir con las siguientes funciones:

a) Custodiar y administrar cuidadosamente los fondos asignados a la Caja Chica, así como los comprobantes y justificantes que respalden el gasto, los cuales, deben ser referenciados claramente con el respectivo vale.

b) Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden relación directa con el detalle indicado en el vale.

c) Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la administración del fondo.

d) Establecer un expediente en donde se archive el presente Reglamento, las resoluciones administrativas anuales de actualización de los montos y toda la documentación que se refiera al mismo.

e) Mantener un sistema adecuado de control interno.

f) Elaborar informes del manejo del fondo de caja chica cuando la Junta Directiva se lo requiera.

g) Asesorar en el uso de las exoneraciones del impuesto sobre ventas a todos los usuarios de la Caja Chica y vigilar porque las facturas no incluyan el citado impuesto.

h) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Artículo 11.—Obligación de comunicar los pendientes de liquidación. La persona designada para custodiar y administrar el Fondo de Caja Chica deberá comunicar de inmediato a la Junta Directiva del CCDRE, el nombre de los servidores y los montos de los anticipos que se encuentren pendientes de liquidar dentro del plazo establecido en este Reglamento, para que esta Junta Directiva tome las medidas pertinentes para obtener la pronta liquidación del anticipo y para que cumpla con las demás disposiciones de este cuerpo reglamentario.

CAPÍTULO V

De las prohibiciones y responsabilidades de la persona

designada para custodiar y administrar el fondo de Caja Chica

Artículo 12.—Prohibición de fragmentar compras. Fragmentar adquisiciones se considerará una falta grave para los efectos disciplinarios correspondientes. El Tesorero informará a la Junta Directiva, cuando se detecten vales que induzcan sospecha de que se ha fragmentado una adquisición para evadir los procedimientos de contratación administrativa.

Artículo 13.—Prohibición de préstamos. Se prohíbe efectuar préstamos de sueldo o cualquier otra operación diferente para lo que fue creado el fondo de Caja Chica.

Artículo 14.—Prohibición de mezclar el fondo. La persona designada para custodiar y administrar los fondos de Caja Chica no podrá guardar documentos, efectivo o cheques que sean de propiedad particular o de otra persona en los lugares destinados para guardar ese fondo.

Artículo 15.—Prohibición de utilizar el fondo para otros fines. Se prohíbe al funcionario responsable de la custodia y administración del fondo de la Caja Chica el cambio de cheques y de toda clase de tipos valores, a empleados o particulares.

Artículo 16.—Prohibición de comparar bienes y servicios de uso común. No se tramitarán, excepto por causa de fuerza mayor, por medio del fondo fijo de caja chica las compras que se definan como bienes y servicios de uso común, los que deberán ser adquiridos por medio de los sistemas convencionales de compra, según las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y en el Reglamento General de la Contratación Administrativa.

Artículo 17.—Prohibición de variar objetivo inicial de compra. Por ningún motivo se podrá variar el objetivo inicial de una compra.

Artículo 18.—Responsabilidad por pagos improcedentes. Si por negligencia, la persona designada para la custodia y administración del Fondo de Caja Chica incurre en pagos improcedentes, deberá reintegrar el monto erogado.

Artículo 19.—De la facultad de la persona designada para custodiar y administrar el fondo de Caja Chica. La persona designada para custodiar y administrar el fondo de Caja chica tendrá facultades para rechazar aquellos pagos efectuados por medio de estos fondos que no reúnan los requisitos estipulados en el Reglamento, haciendo responsable al que autorizó su trámite en forma incorrecta.

CAPÍTULO VI

Vales, viáticos y su liquidación

Artículo 20.—Autorización de vales y viáticos. El Tesorero de la Junta Directiva, será el encargado de autorizar los vales y los viáticos. En ausencia de éste, la autorización queda delegada en el Presidente de la Junta.

Artículo 21.—El vale. Se utilizará una fórmula previamente impresa y numerada consecutivamente, emitida en original y copia, en la que se deberá indicar la fecha, el nombre del solicitante, el monto solicitado, el destino del dinero y las firmas; del solicitante y de la persona que autoriza el mismo. Se entregará en original a la persona designada para la custodia y administración del Fondo de Caja Chica, limpio de borrones y tachaduras, para que lo haga efectivo. Cuando la compra no se lleve a cabo, el reintegro del vale deberá hacerse de inmediato.

Artículo 22.—De la entrega de dinero. El encargado de Caja Chica no entregará dinero si no es el funcionario para quien esté emitido el vale.

Artículo 23.—Límite del gasto. Las adquisiciones se deberán ajustar al monto de pago máximo establecido, de conformidad con el artículo 6º de este Reglamento, además el monto de lo gastado no podrá exceder el monto autorizado en el vale de caja chica. De presentarse esta situación, el funcionario a nombre de quien se giró el vale debe asumir el gasto diferencial resultante, sin que el CCDRE quede obligado a reintegrarle esa suma.

Artículo 24.—Liquidación de vales. Los vales se liquidaran; adjuntando los comprobantes del gasto y el efectivo sobrante, ante el encargado de custodiar y administrar el fondo de la Caja Chica, dentro de los tres días hábiles siguientes del día del retiro del efectivo.

Artículo 25.—Liquidación de viáticos. El funcionario que haya concluido una gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso, el formulario de liquidación del viaje adjuntando los comprobantes de cada gasto y además hacer el reintegro respectivo en los casos en que proceda, para que el encargado de custodiar y administrar el fondo de caja chica revise la liquidación.

Artículo 26.—Veracidad de los comprobantes. Todos los documentos comprobantes deben estar limpios de borrones y tachaduras, para que se puedan hacer efectivos. Cualquier indicio que produzca duda sobre la veracidad de lo consignado en ellos, autorizará al encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica para no cubrir el monto al que el documento alterado respalda. Por lo que el solicitante deberá asumir el importe.

Artículo 27.—Formalización de la liquidación del vale. La liquidación del vale queda formalizada cuando el Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica revisa todos los requisitos y será responsabilidad de la jefatura que firma el vale, constatar el ingreso de los bienes y servicios adquiridos.

Artículo 28.—Liquidaciones pendientes. A la persona que tenga pendiente una liquidación, no se le podrá girar otro vale o viático, hasta que presente la respectiva liquidación del anterior.

Artículo 29.—Requisitos de una factura comercial, tiquete de caja o comprobante, para liquidar vales o viáticos.

a. Los justificantes que respaldan la adquisición de mercadería y servicios deberán ser confeccionados por la respectiva casa comercial, en original, a nombre del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza, limpios de borrones y tachaduras y con indicación clara del bien o servicio adquirido, de la fecha de adquisición y de su valor, además, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tributación y traer impreso el sello de cancelado. No se tramitarán facturas con fecha anterior de haberse recibido el vale de caja chica.

b. La fecha del documento deberá ser igual o posterior a la emisión del vale o viático.

c. Para los casos de un tiquete de caja u otro tipo de comprobante que sustituya a la factura, éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tributación.

Artículo 30—Exoneración de impuestos. De conformidad, con lo establecido en el artículo 8 del Código Municipal, las Municipalidades estás exentas del pago de toda clase de tributos y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación al estar adscrito a la Municipalidad de Esparza, con personería jurídica instrumental para realizar sus funciones; es parte de la estructura organizativa de la Municipalidad, por lo tanto; la adquisición de bienes o servicios con cargo al fondo de Caja Chica deberá realizarse con una fórmula de exoneración del impuesto de ventas, que suministrará el Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica. Por lo que no se reconocerá el importe por concepto de impuesto de ventas, cuando este haya sido cancelado por el solicitante del vale o viático, haciendo caso omiso de esta exoneración.

CAPÍTULO VII

De los arqueos

Artículo 31.—Frecuencia. El Tesorero de la Junta Directiva realizará arqueos mensuales al Fondo de Caja Chica, o bien en el momento que se considere oportuno, con el propósito de verificar, supervisar y controlar la correcta aplicación del presente reglamento y las sanas prácticas de Administración.

Artículo 32.—Arqueo extraordinario. Cuando el Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica deba ser sustituido temporalmente, el Tesorero de la Junta Directiva realizará un arqueo antes de entregar el manejo del fondo a otra persona. Igual procedimiento se realizará cuando el Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica ingrese a laborar.

Artículo 33.—Hoja de arqueo. Para la elaboración del arqueo se deberá utilizar el formulario respectivo el cual contendrá la firma del Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica y del Tesorero de la Junta Directiva. Este arqueo deberá entregarse en original a la Junta Directiva en la sesión ordinaria siguiente de realizado, para que se constituya un expediente con las hojas de todos los arqueos realizados en el año.

Artículo 34.—Composición del fondo de caja chica. La caja chica mantendrá siempre el total del fondo asignado, el cual estará integrado de la siguiente forma: dinero en efectivo, vales liquidados, vales pendientes de liquidación y vales en trámite de reintegro. En ningún momento y por motivo alguno se podrán sustituir esos valores por otros de naturaleza distinta al de caja chica.

Artículo 35.—Faltantes de dinero. El faltante de dinero encontrado en un arqueo, será cubierto de inmediato por el Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica, dejando constancia de ello en la hoja del arqueo.

Artículo 36.—Sobrantes de dinero. Los sobrantes de dinero, resultado de los arqueos, se ingresarán por medio de un recibo a la Cuenta Corriente con el siguiente detalle: sobrante del fondo de Caja Chica en el arqueo de la fecha correspondiente. El Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica, dejará constancia en la hoja del arqueo, del número del depósito bancario; mediante el cual fue ingresado el sobrante.

CAPÍTULO VIII

De los reintegros

Artículo 37.—Momento de reintegrar el fondo. Los reintegros del fondo de Caja Chica deberán ser realizados por el Encargado de custodiarlo y administrarlo, cuando el disponible llegue a un cuarenta por ciento (40%) del fondo máximo autorizado, con el propósito de que le permita cumplir adecuadamente con la operación del mismo.

Artículo 38—Medio para trámite del reintegro. Todo reintegro al fondo de Caja Chica a solicitud del Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica, deberá tramitarse mediante el documento denominado “Reintegro”, con el detalle de las subpartidas presupuestarias y los respectivos montos, a la cual se deberá adjuntar los justificantes de los gastos.

Artículo 39—Del control de los reintegros. Todo reintegro de caja chica deberá respaldarse con documentos originales que serán revisados en cuanto a su integridad y autenticidad y sellados por el Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica, a efecto de que no puedan ser utilizados posteriormente.

Artículo 40.—De los cheques para reintegro. Los cheques que se emitan para reintegro de caja chica deberán confeccionarse a nombre del Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica.

CAPÍTULO IX

Disposiciones finales

Artículo 41.—Revisión y cumplimiento del sistema de control. Compete al Tesorero de la Junta Directiva, implantar y verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno, así como darle seguimiento y examinar regularmente la operación efectiva de la Caja Chica, sus registros, la custodia y el buen uso de los recursos. Tal disposición la desarrollará con fundamento en el presente Reglamento y la Ley General de Control Interno.

Artículo 42.—Régimen Sancionatorio. El Encargado de custodiar y administrar el fondo de Caja Chica del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza, así como los usuarios de dicho fondo que infrinjan las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, y cuando se llegare a comprobar, negligencia, dolo, peculado u otros delitos, se harán acreedores a las sanciones que correspondan de conformidad con las leyes y los reglamentos vigentes en la materia, tales como el código Municipal, la Ley de Control Interno, Ley de Enriquecimiento Ilícito, Código de Trabajo y demás normativa conexa.

Artículo 43.—Debido Proceso. Las sanciones correspondientes serán aplicadas por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza, respetando el debido proceso.

Artículo 44.—Derogatoria. El presente Reglamento deja sin efecto cualquier otro anterior o norma que se le oponga.

Artículo 45.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Espíritu Santo de Esparza, 17 de febrero de 2015.—Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2015015763).

El Concejo Municipal de Esparza, según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 3, 4 inciso a), 13 inciso d) y 43 del Código Municipal, mediante acuerdo tomado en sesión de fecha 26 de enero de 2015, según Artículo doce, Capítulo Tercero, del Acta Nº treinta y nueve, procede a someter a consulta pública no vinculante, por el plazo improrrogable de diez días, el siguiente:

PROYECTO DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN

EN EL CANTÓN DE ESPARZA

Considerando:

1º—Que en vista de la renovación y cambio permanente en el uso del espacio construido, tanto interno como externo de las casas y edificaciones, lo cual conlleva al mejoramiento de sus acabados, de las condiciones de seguridad física de predios y edificios, y de la capacidad adaptativa de los mismos, en tareas de rehabilitación, restauración y mantenimiento, así como la preservación y salvaguarda del espacio y entorno construido, se propone la diferenciación del trámite para la obtención de la Licencia Municipal para construcciones prevista en el artículo 74 de la Ley de Construcciones (833), distinguiendo aquellos proyectos constructivos de mantenimiento y reparación, que llevan el propósito mencionado, pero con un grado de intervención de menor complejidad y alcance en la modificación o mejoramiento de las obras existentes.

2º—Que se debe cumplir con los requerimientos de la ciudadanía del Cantón de Esparza, para resolver este tema de mantenimiento, reparación y ampliación de obras, tomando en cuenta las limitaciones de la legislación actual que regula esta materia.

3º—Que se debe considerar la necesidad urgente en nuestro cantón de contar con un mecanismo efectivo, práctico, justo y seguro que regule la construcción de esta clase de obras menores y que a la vez le permita a la municipalidad su control por medio de la supervisión de estas.

4º—Que bajo este contexto se crea el reglamento interno de construcciones de mantenimiento, reparación y ampliación, a fin de lograr que el contribuyente se acerque a gestionar los trámites del permiso, de cualquier construcción que se realice en el territorio del Ccantón de Esparza. Por tanto,

El Concejo Municipal de Esparza acuerda, emitir el siguiente:

REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN

EN EL CANTÓN DE ESPARZA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Ámbito de Aplicación. En concordancia con el artículo 1º de la Ley de Construcciones, la Municipalidad de Esparza, velará por el control y la supervisión de cualquier construcción que se realice en su jurisdicción sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en esta materia a otros órganos administrativos.

Artículo 2º—Cumplimiento. Ninguna de las obras contempladas en este reglamento serán ejecutadas sin cumplir los requerimientos que se detallan en el Reglamento de Construcciones, publicado en La Gaceta Nº 56, alcance Nº 17 del 22 de marzo de 1983, y sus reformas publicadas en La Gaceta Nº 117 del 22 de junio de 1987.

Artículo 3º—Protección de derechos. Todo permiso que se otorgue mediante esta modalidad, deberá dejar a salvo los derechos de terceros.

Artículo 4º—Objetivos. Este Reglamento no sustituye la Ley de Construcciones o cualquier otra ley que verse sobre las construcciones o sus reglamentaciones, más bien, se nutre de ellas para lograr su doble objetivo de: “acercar al munícipe a obtener la Licencia Municipal de Construcción sin requerir el concurso ni supervisión de un Profesional Responsable, conforme lo disponen los artículos 81 y 83 de la Ley de Construcciones” y de incrementar el control municipal sobre este tipo de obras.

Artículo 5º—Requisitos del encargado de la obra. Para poder realizar cualquier tipo de construcción de mantenimiento, reparación y ampliación, el Maestro de Obras, Albañil, Carpintero u Operario Especializado, bajo la cual recae la responsabilidad de la ejecución de la obra con todos los alcances de los artículos 81 y Transitorio del 83 de la Ley de Construcciones, deberá estar inscrito en el Municipio como encargado responsable de la obra, para lo cual deberá llenar la fórmula de registro respectivo.

Artículo 6º—Registro Municipal de Constructores Autorizados. Conforme a los alcances del artículo 81 y transitorio del artículo 83 de la Ley de Construcciones, se crea el Registro Municipal de Constructores Autorizados, tales como maestros de obras, albañiles, carpinteros, u operarios especializados quienes deberán inscribirse como responsables de dichas obras pudiendo efectuar construcciones y reparaciones con cualquier clase de material, siempre que se encuentre bajo la categoría que norma el presente Reglamento.

Estos constructores estarán autorizados para presentarle a la Gestión de Ordenamiento Territorial, planos o croquis diseñados con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la idoneidad de la obra a ejecutar, con los mismos requisitos que se le exigen a los profesionales responsables. En caso de objeciones o correcciones solicitadas a los documentos aportados, aquellos quedan autorizados para la modificación solicitada, siempre y cuando, se mantenga como obras de mantenimiento, reparación y ampliación. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles inherentes al propietario del inmueble.

CAPÍTULO II

Construcción de obras de mantenimiento,

reparación y ampliación

Artículo 7º—Calificación de las obras de mantenimiento, reparación y ampliación. Se considerarán obras de mantenimiento, reparación y ampliación, todo tipo de reparación, remodelación, arreglo, construcción, o similar avalada por la Gestión de Ordenamiento Territorial, que por sus características no altere los sistemas vitales de una casa o edificio, como el estructural, eléctrico, mecánico, datos y telefonía, cubiertas o similares y que además, sea declarado de esta forma por la Municipalidad. El monto máximo permitido como construcción obras de mantenimiento, reparación y ampliación será de 10 Salarios Base, entendiéndose el salario base como el establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993 y sus reformas.

Artículo 8º—Actualización del monto de salarios mínimos. La Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad de Esparza, deberá entregar cada vez que dicho mínimo sea modificado por decreto, una certificación del monto del salario base establecido en el artículo 2 de la Ley Nº, el cual será colocado en lugar visible para que los vecinos del cantón conozcan el tributo.

Artículo 9º—Clases de obras de mantenimiento, reparación y ampliación. Serán considerados como obras de mantenimiento, reparación y ampliación, siempre y cuando no sobrepasen el monto máximo permitido en el artículo 7 de este reglamento las siguientes:

a) Aceras y pavimentos de áreas peatonales.

b) Verjas, portones y cortinas de acero.

c) Pintura exterior de edificaciones no mayor a tres niveles.

d) Cambio de material de cubierta que no exceda los 100 m², incluyendo la hojalatería.

e) Cambio de material de emplantillado y material de cielo raso cuya área no supere los 100 m² y no implique modificaciones de la instalación eléctrica.

f) Cambio de paredes que no alteren la estructura del edificio.

g) Tapias (que no sean muro de retención).

h) Remodelación de locales comerciales de cualquier tipo, incluyendo aquellos en centros comerciales.

i) Construcción de nichos privados en cementerios.

j) Cambio de pisos hasta en dos niveles, siempre y cuando en el segundo nivel no se agregue carga muerta a la estructura.

k) Ajardinamientos hasta un máximo de 100 m².

l) Mejoramiento o reconstrucción de tanques sépticos y drenajes.

m) Enchape de paredes hasta un máximo de 25 m².

n) Estructura y cubierta de techos nuevos hasta un máximo de 30 m².

o) Demoliciones hasta un máximo de 60 m², siempre que no represente riesgo a terceros y que cumpla con lo dispuesto por el Capítulo XII de la Ley de Construcciones.

p) Movimientos de tierra de hasta un máximo de 100 m³, siempre que no represente riesgo a terceros y que cumpla con lo dispuesto por el Capítulo XIII de la Ley de Construcciones.

q) Limpieza de lotes de capa vegetal no asociados a construcciones por ejecutar, hasta un área de 100 m², y en terreno con pendientes no mayores al 10%.

r) Obras para ganadería como corrales, establos, gallineros, chancheras que no sobrepasen los 200 m².

s) Bodegas de hasta 100 m² que no requieran instalaciones eléctricas.

Artículo 10.—Tasación. La Gestión de Ordenamiento Territorial será la encargada de determinar el monto imponible del permiso, conforme el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, para lo que requerirá por parte del Encargado Responsable, un croquis o plano detallado con las especificaciones técnicas de la obra, conforme se estableció en el artículo 6º. La tasación se consignará en el permiso de construcción respectivo.

Artículo 11.—La no clasificación como obra de mantenimiento, reparación y ampliación. Toda obra que no sea declarada como obra de mantenimiento, reparación y ampliación por parte de la Gestión de Ordenamiento Territorial, deberá presentar la solicitud de Licencia Municipal de Construcción que para tal efecto se señala en el artículo 74 de la Ley de Construcciones y conforme el Decreto Nº 27967-MP-MIVAH-S-MEIC. Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, con la firma de un profesional responsable y con los visados requeridos por dicho decreto.

Artículo 12.—Exposición de los permisos de construcción. Todo permiso de construcción debe ser colocado en un lugar visible, de manera que facilite las labores de inspección y control por parte de la Municipalidad, lo cual debe ser comunicado oportunamente a los interesados.

CAPÍTULO III

Del encargado responsable de la obra

Artículo 13.—Encargado Responsable de la obra. El encargado responsable de la obra, será la persona autorizada por el municipio para ejercer la construcción de obras de mantenimiento, reparación y ampliación en el Cantón, y debidamente autorizado por el propietario de la obra. Para tal efecto, deberá llenar declaración jurada municipal de su idoneidad, y adjuntar fotocopia de la cédula de identidad, que lo responsabiliza administrativa, civil y penalmente ante cualquier daño imputable a su impericia técnica.

Podrá ejercer el cargo de Encargado Responsable, toda persona con conocimientos constructivos, y que así quede demostrado en el proceso de registro establecido en los artículos 5 y 6 de este Reglamento. En concordancia con el artículo 81 de la Ley de Construcciones.

Artículo 14.—Clausura de obras sin permiso. Toda obra de mantenimiento, reparación y ampliación que se realice en el Cantón de Esparza, y que no cuente con el permiso de construcción de obras de mantenimiento, reparación y ampliación, o no cuente con el Encargado Responsable de Obra, será clausurada, para lo cual el profesional a cargo de la Actividad de Permisos de Construcción de nuestra Institución, llevará el “Registro de Autorización Municipal para ejecución de obras de mantenimiento, reparación y ampliación”, así como de las personas con aval para tal efecto, con el fin hacer cumplir lo estipulado en este Reglamento.

Artículo 15.—Autorización y responsabilidad solidaria del propietario del inmueble. Solidariamente, el propietario del inmueble donde se realice la obra, es coorresponsable de los datos que constan en el proyecto, y debe de forma personal o mediante su representante legal, autorizar en forma escrita para que el Encargado de la obra, sea el responsable de la ejecución de la obra que se pretenda realizar.

Artículo 16.—Revocatoria de la Autorización por parte del propietario del inmueble. El propietario puede revocar la autorización dada de conformidad con el artículo anterior y solicitar un cambio de responsable, adjuntando la nueva autorización, y el nuevo responsable deberá hacer su registro conforme al artículo 5 y 6. El propietario puede presentar denuncias o quejas sobre un responsable autorizado, lo que abre el proceso de anulación de la autorización concedida, debiendo para tal efecto, aportar nota oficial y las pruebas que considere pertinente.

CAPÍTULO IV

Del permiso de construcción de obras

de mantenimiento, reparación y ampliación

Artículo 17.—Requisitos para el permiso. Para solicitar este permiso, deberá cumplirse con lo siguiente:

a) Una copia del plano catastrado de la propiedad, con el visado municipal o su documento de posesión autenticado por un profesional en derecho.

b) Declaración de bienes inmuebles efectuada.

c) Estar al día en el pago de todos los impuestos municipales.

d) Encontrarse la propiedad debidamente inscrita a nombre de la persona que solicita el permiso, o con la autorización correspondiente del titular.

e) Carta de autorización para el Encargado Responsable de la Obra, el formulario de solicitud con firma del dueño y del Encargado Responsable de la Obra.

f) Plano o croquis de la obra a realizar, con inclusión de todos los detalles constructivos, incluyendo además localización y ubicación de la propiedad.

Artículo 18.—Plazo de resolución de la solicitud. La resolución de estas solicitudes se deberá dar a más tardar en diez días hábiles, previo cumplimiento de todos los requisitos y pago de los impuesto respectivos

Artículo 19.—Inspección y supervisión. Una vez otorgado el permiso, la Gestión de Ordenamiento Territorial, por medio de los inspectores fiscalizará el trabajo que se llevó a cabo de conformidad con lo que indica el permiso de construcción.

CAPÍTULO V

De las sanciones

Artículo 20.—Incumplimiento. Para todos los efectos, la inobservancia de lo dispuesto en este Reglamento se considera una infracción, que implicara la clausura, aplicación de multas, desocupación o, destrucción de la obra, de acuerdo a la ley correspondiente.

Artículo 21.—Motivos de clausura. Además de lo estipulado en el artículo 20 anterior, serán motivos de clausura de las obras de mantenimiento, reparación y ampliación, los casos siguientes:

a) Por su complejidad, nivel y categoría de obra que sea declarada por la Gestión de Ordenamiento Territorial.

b) Cuando el avalúo del permiso solicitado ascienda a un monto mayor al que se autoriza como Licencia de obras de mantenimiento, reparación y ampliación, conforme el artículo 7 de este Reglamento.

c) Cuando se construya una obra diferente con la que se solicita en el permiso respectivo, generando el mismo una obra que sea mayor a la autorizada hasta en un 10% del volumen original.

d) Cuando se determine que lo construido pone en peligro la seguridad de terceros.

e) Cuando por emergencia cantonal u otra declaratoria dada por el Alcalde, así lo dispongan.

f) Cuando así sea indicado por alguna de las Instituciones que velan por el ordenamiento jurídico en materia de construcción, sea el INVU, el MOPT, el Ministerio de Salud, MINAE, AyA, la Comisión Nacional de Emergencias, ICAA o similar.

Los inspectores municipales serán los encargados de notificar y clausurar a fin de evitar que se consoliden las infracciones a este reglamento y normativa conexa.

Artículo 22.—Sanción por incumplimiento de los funcionarios municipales. El o los funcionarios municipales que incumplan con este Reglamento, serán sancionados acorde con lo que estipulan el Código de Trabajo, y otra normativa conexa.

Artículo 23.—Recursos. Las actuaciones de los funcionarios municipales serán susceptibles, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación, de los recursos de revocatoria y/o de apelación en de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Municipal

Artículo 24.—Agotamiento de la vía administrativa. Con la resolución del Alcalde, se dará por agotada la vía administrativa.

Artículo 25.—Derogatoria. Este Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria anterior que se le oponga en contrario.

Artículo 26.—Vigencia. Rige a partir de su aprobación y posterior publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.

Espíritu Santo de Esparza, 17 de febrero de 2015.—Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—(IN2015015766).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 5 del acta de la sesión 5680-2015, celebrada el 27 de febrero del 2015,

considerando que:

A. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R. L. (Coopeservidores), mediante oficio del 10 de noviembre del 2014 e información complementaria enviada mediante correo electrónico el 8 de enero del 2015, solicitó la autorización del Banco Central de Costa Rica, para contratar un crédito por EUA$10 millones con Banco G&T Continental S. A., con el fin de fondear su cartera.

B. El artículo 72 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, señala que todo endeudamiento en moneda nacional o extranjera, por parte de los entes financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, debe ser informado de previo al Banco Central de Costa Rica.

C. La Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, Ley 7391, establece en el literal ch), del artículo 14, que las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito podrán financiar sus operaciones con la contratación de recursos nacionales e internacionales y que, en este último caso, se requiere de aprobación previa del Banco Central de Costa Rica.

D. Lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7391 y en el artículo 72 de la Ley 7558 introduce tratamientos diferenciados para los intermediarios financieros, en materia de contratación de créditos externos.

E. Se estima que el flujo de recursos asociado con estas operaciones crediticias no tendrá efectos marginales que comprometan el logro de lo previsto en la programación macroeconómica para el 2015-2016.

F. Los recursos provenientes de este crédito serían utilizados por Coopeservidores, R.L. para brindar financiamiento en la misma moneda, aunque se prevé que buena parte de los beneficiarios finales de esos recursos no sean generadores de dólares, por lo que ante fluctuaciones inesperadas del tipo de cambio podría incrementarse el nivel de morosidad de su cartera de crédito.

dispuso:

1. Emitir el criterio favorable del Banco Central de Costa Rica para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. contrate un crédito con el Banco G&T Continental, S. A., por EUA$10 millones.

2. Aclarar que la autorización de este endeudamiento no significa, de manera alguna, que el Banco Central de Costa Rica califica la solvencia financiera del solicitante, pues es tarea de la entidad acreedora evaluar de previo su condición de solvencia y liquidez.

3. Sugerir a Coopeservidores que tome las previsiones del caso para evitar un eventual incremento de la morosidad en su cartera de crédito, ante variaciones inesperadas del tipo de cambio y cumplir con lo señalado en la normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Reglamento para juzgar la situación económica-financiera de las entidades fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 24-00).

4. Sugerir a Coopeservidores, R. L. que los beneficiarios finales de los recursos provenientes de la línea de crédito que se está autorizando en esta oportunidad sean, fundamentalmente, deudores cuya principal fuente de ingresos sea en moneda extranjera, con el propósito de evitar el riesgo cambiario en operaciones de crédito.

Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—O. C. N° 2015014280.—Solicitud N° 28711.—C-56410.—(IN2015015535).

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 4 del acta de la sesión 5680-2015, celebrada el 27 de febrero del 2015,

considerando que:

A. La Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae R.L.), mediante oficio del 4 de diciembre del 2014 e información complementaria enviada en correos electrónicos del 16 de diciembre del 2014 y 26 de enero del 2015, solicitó la autorización del Banco Central de Costa Rica para contratar tres créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de EUA$45 millones y otro con la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), por EUA$5 millones.

B. Los créditos se destinarán al financiamiento de hipotecas de vivienda de interés social y para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas generadoras de divisas en distintas actividades económicas.

C. La Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, Ley 7391, establece en el literal ch), artículo 14, que las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito podrán financiar sus operaciones con la contratación de recursos nacionales e internacionales y que, en este último caso, se requiere de aprobación previa del Banco Central de Costa Rica.

D. El artículo 72 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, señala que todo endeudamiento en moneda nacional o extranjera, por parte de los entes financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, debe ser informado de previo al Banco Central de Costa Rica.

E. Lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7391 y en el artículo 72 de la Ley 7558 introduce tratamientos diferenciados para los intermediarios financieros, en materia de contratación de créditos externos.

F. Dos de las tres operaciones crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo corresponderán a créditos en colones por el equivalente a EUA$40 millones, en las cuales el riesgo cambiario será administrado por un contrato de cobertura.

G. Se estima que el flujo de recursos asociado con estas operaciones crediticias no tendrá efectos marginales que comprometan el logro de lo previsto en la programación macroeconómica para el 2015-2016.

dispuso:

1. Emitir el criterio favorable del Banco Central de Costa Rica para que la Cooperativa Nacional de Educadores, R.L. contrate tres créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un total de EUA$45 millones, y un crédito con la Corporación Interamericana de Inversiones, por EUA$5 millones.

2. Señalar que la autorización de este endeudamiento no significa, de manera alguna, que el Banco Central de Costa Rica califica la solvencia financiera del solicitante, pues es tarea de la entidad acreedora evaluar de previo su condición de solvencia y liquidez.

3. Sugerir a Coopenae, R.L. que los beneficiarios finales de los recursos provenientes de la línea de crédito que se está autorizando en esta oportunidad sean, fundamentalmente, deudores cuya principal fuente de ingresos sea en moneda extranjera, con el propósito de evitar el riesgo cambio en operaciones de crédito.

Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—O. C. N° 2015014280.—Solicitud N° 28714.—C-53360.—(IN2015015539).

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en el artículo 6 del acta de la sesión 5681-2015, celebrada el 4 de marzo del 2015,

considerando que:

a. En el artículo 8, del acta de la sesión 5179-2003, del 12 de diciembre del 2003, y artículo 11, del acta de la sesión 5201-2004, celebrada el 9 de junio del 2004, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, dispuso que las entidades públicas debían solicitar autorización a este organismo cuando requieran contratar líneas de crédito, así como para el uso de garantías de cumplimiento y avales. Además dispuso que el saldo de líneas de crédito al término de cada año debía ser igual al saldo adeudado a inicios de ese año.

b. En el artículo 5, del acta de la sesión 5668-2014, del 12 de noviembre del 2014, este Directorio autorizó a la Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A. (RECOPE) para que finalizara el 2014 con un saldo de líneas de crédito para financiar, de manera exclusiva el pago de la factura petrolera, de hasta EUA$100 millones. El saldo de estas operaciones al finalizar el 2014 fue de EUA$89,2 millones.

c. RECOPE solicitó autorización del Banco Central de Costa Rica para utilizar líneas de crédito hasta por EUA$200,0 millones y, garantías de cumplimiento y avales por un máximo de EUA$25 millones, en el 2015.

RECOPE revisó a la baja el máximo solicitado de líneas de crédito, de un monto usual de EUA$250,0 millones a EUA$200,0 millones, e indicó que su objetivo es financiar, de manera exclusiva, el pago de la factura petrolera y la apertura de cartas de crédito para la importación de hidrocarburos.

d. Según esa entidad pública, el uso de líneas de crédito de corto plazo para el pago de la factura petrolera garantiza los flujos de financiamiento necesarios para administrar la volatilidad en el mercado de hidrocarburos y mantener el inventario de producto de acuerdo con las necesidades del país. Además señala que esa fuente de financiamiento tiene un menor costo financiero en relación con otras opciones de financiamiento.

e. Los efectos de esta operación sobre la balanza de pagos y los indicadores monetarios fueron considerados en el Programa Macroeconómico 2015-2016. En cuanto a las implicaciones sobre el mercado cambiario, éstas pueden ser administrados por el Banco Central de Costa Rica, dados los cambios en la gestión de divisas del Sector Público no Bancario, introducidos por esta Junta Directiva del Ente Emisor, mediante artículo 10, del acta de la sesión 5651-2014, celebrada el 25 de junio del 2014.

Dispuso en firme:

1. Emitir dictamen positivo para que la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A., utilice en el 2015, líneas de crédito hasta por EUA$200,0 millones y garantías de cumplimiento y avales por un máximo de EUA$25,0 millones.

Las líneas de crédito, según lo solicitado por Refinadora Costarricense de Petróleo S. A., se emplearán para financiar, de manera exclusiva, el pago de la factura petrolera y la apertura de cartas de crédito para la importación de hidrocarburos. El saldo de estas líneas de crédito al finalizar el 2015 no podrá superar EUA$89,2 millones, precisamente el saldo con el cual inició el presente año.

2. De conformidad con la normativa vigente, Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A., deberá:

i) Informar trimestralmente al Banco Central de Costa Rica sobre el monto utilizado y saldo disponible de las líneas de crédito y de avales y garantías de cumplimiento.

ii) Presentar una estimación actualizada para cada una de esas figuras financieras para los restantes trimestres del año.

Jorge Luis Rivera Coto, Secretario General ad hoc.—1 vez.—O. C. Nº 2015014280.—Solicitud Nº 28784.—C-61130.—(IN2015016263).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

EDICTO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

ORI-584-2015.—Alpízar Rodríguez Francisco, R-03-2015, cédula 1-0873-0480, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Economía, Göteborgs Universitet, Alemania. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de febrero del 2015.—Mba. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 28247.—C-34420.—(IN2015016167).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

CENTRO DE ELECTROQUÍMICA Y ENERGÍA QUÍMICA

Comunica al público en general y proveedores, el extravío del recibo de dinero N° 0543459, por tanto, no se hace responsable por el mal uso que se le dé a este documento.

Mayela Rodríguez Gutiérrez.—1 vez.—(IN2015017317).

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La señora Jhania Cecilia Parra Castro, pasaporte Nº 037883533 ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Ingeniera en Informática, obtenido en la Universidad Católica Andrés Bello. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Cartago 3 de marzo del 2015.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med., Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 28660.—C-32950.—(IN2015016170).

El señor Sebastien Guy Turco Barboza; cédula de identidad Nº 1-1095-0277, ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título de Licenciatura Electrónica, Electrotécnica y Automatismo, obtenido en la Universidad de Montpellier II. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Cartago, 3 de marzo de 2015.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanny Rojas Rodríguez, Med., Director.—O. C. Nº 20150003.—Solicitud Nº 28662.—C-35290.—(IN2015016172).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

A Katherine Andrea Santamaría Araya, se le comunica la resolución de las 08:00 horas del día 20 de enero del año 2015, que dispone el cuido provisional de su hija Mariana Santamaría Araya, en el hogar de los señores Jansy Zamora Mejía e Isabel Araya Murillo. Recurso de Apelación. Plazo: dos días hábiles, siguientes a la segunda publicación, ante el Órgano Director, quien lo elevará ante Presidencia Ejecutiva quien lo resolverá. Debiendo las partes señalar lugar para atender notificaciones futuras. El recurso de apelación no suspende la medida de protección. Expediente OLNA-00110-2014.—Naranjo, 19 de febrero del 2015.—Licda. Rosario Cruz Carvajal, Órgano Director del Procedimiento Administrativo.—O. C. Nº 36800.—Solicitud Nº 15000018.—C-10000.—(IN2015014868).

Oficina Local Pani de Pococí. A los señores Raúl Hernández Valladares y Yampier Alfonso Duarte Laitano, de otras calidades y domicilio ignorados; se le comunica la siguiente resolución de el inicio del proceso especial de protección y la medida de protección de cuido provisional de las 20:15 horas del 17 de julio del año 2014 y también la modifica medida de protección de cuido provisional en cuanto a ubicación de las 15:00 horas del 23 de enero del año 2015 a favor de las personas menores de edad Claudia Sofía Hernández Leal, Cristel Hernández Leal, Kristine Samantha Hernández Leal y Ángelo Gabriel Duarte Leal a fin de que permanezcan ubicados a cargo de la señora Desiré Araya Laitano. Notifíquese la anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, sin suficiente provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la comunicación, las notificaciones futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. El recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso deviene en inadmisible. Se deberá publicar este edicto por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta. Expediente administrativo: OLPO-00003-2015.—Oficina Local de Pococí.—MSC. María Gabriela Hidalgo Hurtado, Abogada.—O. C. Nº 36800.—Solicitud Nº 15000018.—C-27630.—(IN2015014879).

Oficina Local de Siquírres, comunica al señor Adilio Mora Madriz, mayor de edad, costarricense, soltero, portador de la cédula de identidad número 900430462, de oficio y demás calidades desconocidas, se le comunica la resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil quince que ordenó inicio del proceso especial de protección, en relación a la persona menor de edad Anyi Mora García, con citas de inscripción el en Registro Civil, 3-544-676. Recurso: El de Apelación, señalando lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de la Presidencia Ejecutiva en San José, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la tercera publicación de este edicto. Expediente N° OLSI-00015-2015.—Oficina Local de Siquirres.—Lic. Randall Quirós Cambronero, Órgano Director.—O. C. Nº 36800.—Solicitud Nº 15000018.—C-18020.—(IN2015014880).

Oficina Local de Siquirres comunica al señor Alexander Montero González, mayor de edad, costarricense, soltero, portador de la cédula de identidad número 303280717, de oficio y demás calidades desconocidas, se le comunica la resolución de las trece horas del tres de febrero del dos mil quince, que ordenó medida de protección de abrigo temporal a favor de la persona menor de edad Dylan Alexander Montero Toruño, de cuatro años once meses de edad, nacido el primero de marzo del dos mil diez, inscrito en el Registro Civil, sección de nacimientos de la provincia de San José, al tomo 2081, folio 270, asiento 539, hijo de Alexander Montero González y María Irma Toruño Solano, para que permanezca ubicad en la Alternativa de Protección institucional ubicada en Moín, Limón, denominada Aldea de Moín, mientras se realiza el abordaje en área psicosocial y se define su condición socio-legal por un plazo de seis meses prorrogables judicialmente. Recurso: Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación ante la Oficina Local A quo, quien lo elevará a la Presidencia Ejecutiva de la institución. Dicho recurso se podrá interponer en forma verbal o por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación. Se advierte a las partes que se debe señalar lugar o medio para atender notificaciones futuras dentro del perímetro de esta oficina local, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere las resoluciones posteriores se le tendrán por notificadas con el transcurso de veinticuatro horas.—Oficina Local de Siquirres.—Lic. Randall Quirós Cambronero, Órgano Director.—O. C. Nº 36800.—Solicitud Nº 15000018.—C-27840.—(IN2015014881).

SUPERITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

1282-SUTEL-SCS-2015.—El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, ley 6227, y el artículo 35 del Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarle(s) que en sesión ordinaria 012-2015, celebrada el 25 de febrero del 2015, mediante acuerdo 004-012-2015, de las 11:00 horas, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

RCS-033-2015

“SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO

POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

CONTRA LA RCS-319-2014 DE LAS 18:00 HORAS DEL 10

DE DICIEMBRE DEL 2014, DENOMINADA:

UNIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS

QUE FACULTAN A LOS USUARIOS EL EJERCICIO DE SU

DERECHO A LA PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL”.

EXPEDIENTE SUTEL-OT-021-2012

Resultando:

1º—Que mediante Acuerdo N° 037-076-2014, adoptado en la sesión N° 076-2014 del Consejo de la SUTEL del día 10 de diciembre de 2014, se aprobó la resolución RCS-319-2014 de las 18:00 horas, denominada “Unificación de las disposiciones regulatorias que facultan a los usuarios el ejercicio de du derecho a la portabilidad numérica móvil”.

2º—Que la referida resolución fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 14 de fecha 21 de enero de 2015.

3º—Que en fecha 26 de enero de 2015, se recibió en esta Superintendencia de Telecomunicaciones, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad, cédula jurídica número 4-000-042139, contra la resolución de referencia.

4º—Que de conformidad con el inciso 12) del artículo 36 del Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, corresponde a la Unidad Jurídica emitir el criterio jurídico para la atención de los recursos que deben ser conocidos por el Consejo de la Sutel.

5º—Que mediante oficio 1042-SUTEL-UJ-2015 del 16 de febrero del 2015, la Unidad Jurídica de esta Superintendencia rindió el criterio jurídico respectivo.

6º—Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución.

Considerando:

1º—Para efectos de resolver el presente asunto, conviene extraer del informe jurídico rendido mediante oficio 1042-SUTEL-UJ-2015, el cual es acogido en su totalidad por este órgano decisor, lo siguiente:

“(…)

I. ANÁLISIS DEL RECURSO POR LA FORMA

a) Naturaleza del Recurso

El recurso de reconsideración, presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad, en fecha de 26 de enero de 2015, corresponde a los recursos ordinarios regulados por los artículos 342 al 352 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227.

b) Admisibilidad del Recurso

Que la resolución del Consejo de la SUTEL N° RCS-319-2014 de las 18:00 horas , fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 21 de enero de 2015, y el recurso interpuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad fue recibido en la SUTEL en fecha 26 de enero de 2015; lo cual del análisis comparativo entre la fecha de publicación del acto y la interposición del recurso, con respecto al plazo de 3 días para recurrir otorgado en el artículo 346 de la LGAP, se concluye que el mismo se presentó en tiempo y en forma por parte del operador de servicio.

c) Legitimación

Respecto de la legitimación activa, el recurrente se encuentra legitimado para actuar en la forma en lo que ha realizado de conformidad con los artículos 275 y 276 de la Ley General de la Administración Pública.

Por su parte, cabe indicar que el recurso es firmado por el señor Jaime Palermo Quesada, de calidades y condición que constan en autos ante este Órgano regulador, en representación del Instituto Costarricense de Electricidad.

II. ANÁLISIS DEL RECURSO POR EL FONDO

I. Sección PRIMERA.

Se indica que la resolución recurrida, bajo una técnica jurídica inexistente, revoca las resoluciones RCS-090-2011, RCS-274-2011, RCS-140-2012, RCS-303-2012, RCS-208-2013, RCS-265-2013, RCS-178-2013, RCS-266-2013, RCS-293-2013, las cuales “forjaron las bases jurídicas sobre las cuales, el Comité de portabilidad numérica y la SUTEL implementaron y ejecutaron todo el proceso de portabilidad numérica en Costa Rica.” Indica que dicho acto contraviene toda la teoría de la revocación, de acuerdo con una serie de argumentos cimentados sobre la base doctrinaria del Dr. Jinesta Lobo (Ernesto), así como algunos aspectos atinentes al cartel de “Especificaciones Técnicas, Económicas y Administrativas para la selección de la empresa que se encargará de la provisión del servicio de Gestión Completa para la Implementación, Operación y Administración del Sistema Integral de Portabilidad Numérica en Costa Rica, numeral 1.1. Objeto del proceso de selección”.

Análisis de fondo:

Tal como se observa del recurso planteado por el ICE, el recurrente alega que la Administración, en adelante la Sutel, no debió revocar las resoluciones citadas, sean: RCS-090-2011, RCS-274-2011, RCS-140-2012, RCS-303-2012, RCS-208-2013, RCS-265-2013, RCS-178-2013, RCS-266-2013 y RCS-293-2013, pues considera que tal actuación resulta ilegal. En varias ocasiones, el recurrente argumenta que la regla general de principio, en lo que a los actos administrativos se refiere, es que estos deben gozar de estabilidad, por lo que no podría permitirse que los mismos se revoquen en cualquier momento que la administración decida, sin que medie un razonamiento objetivo. Dicho argumento no es de recibo y como se verá más adelante, tal situación no corresponde al caso que nos ocupa.

En primera instancia, esta Unidad procede a señalar que siempre y cuando se cumpla con el interés público, actos como los citados podrían ser revocados. La revocación procede aún y cuando el acto es perfectamente legal, pero ya no se acomoda a los intereses públicos y con ello la Sutel, decide dejarlo sin efecto. En este sentido, se advierte que las decisiones administrativas deben apegarse al interés público no solo al momento de su aprobación sino durante su permanencia, por lo que en el caso concreto se hace adecuada, y más aún, necesaria la aplicación del instituto de la revocación.

A pesar de tal afirmación, la existencia de la potestad revocatoria de actos administrativos conduce, por decirlo de alguna manera, a una afectación de la seguridad jurídica, debido al efecto que tiene sobre los derechos o situaciones jurídicas ya adquiridas. Por tal razón, se torna necesaria la búsqueda de procedimientos o técnicas conciliadoras en apego al principio de legalidad que rige para la Administración Pública.

Así las cosas, la resolución recurrida por el ICE refleja un claro procedimiento que dio como resultado un cuerpo sólido y unificado de la normativa existente en cuanto a portabilidad numérica y con ello se procuró la concordancia entre las normas y se evitó una posible falta de claridad en los procesos, así como duplicidad en las disposiciones emitidas por parte del Consejo de la SUTEL. En consecuencia, y con el fin de asegurar la correcta implementación de la portabilidad numérica en Costa Rica, se consideró que esos actos han sobrevenido en actos inoportunos o inconvenientes para el interés público, pues al conformar un número considerable de resoluciones relacionadas con la portabilidad y emitidas por el Consejo de Sutel, se podría crear un ambiente de inseguridad jurídica.

De ahí su revocación, precisamente en aras de la protección del interés general. Como lo advierte la misma resolución en sus considerandos finales, la resolución emitida por la Sutel es el resultado de un estudio y revisión de todos los contenidos en materia de portabilidad numérica móvil desde el momento de implementación hasta la actualidad. No se trata en ninguna manera, de una actuación antojadiza de la Sutel carente de técnicas jurídicas.

En este punto, cabe señalar alguna doctrina relacionada con la revocación de los actos administrativos, la cual es reiterativa en cuanto a la prevalencia del interés público involucrado en la revocación del acto. Así las cosas el autor Fabián Canda, ha indicado:

«…el interés público involucrado en la revocación debe ser apreciado a través del análisis del mérito, de la oportunidad y de la conveniencia actual de la continuidad de la relación jurídica nacida al amparo del acto original. …” (CANDA (Fabián), “La revocación por oportunidad del acto administrativo”, Buenos Aires: Ediciones RAP, 2002)

Esto es, que el mantenimiento del acto estará sujeto a que durante su vigencia, el desarrollo de la actividad conserve su congruencia con la conveniencia, oportunidad y eficacia para lograr sus fines propios. Como se dijo, la resolución RCS-319-2014 resulta conveniente al interés general pues con ella se realiza un ajuste a la realidad de la portabilidad numérica del país y aún más importante, se evita que existan resoluciones normativas que resulten contradictorias y repetitivas. Esto sin duda constituye el principal estandarte de la resolución que se recurre, la cual contiene en forma clara y detallada todos los elementos que componen el tema de portabilidad numérica en Costa Rica.

Dentro del Estado de Derecho costarricense, no cabe duda que tanto la revocación como la seguridad jurídica son necesarias y hasta complementarias. En el caso particular la Sutel, por medio del Consejo Directivo, debe poder siempre atender el interés público a su cargo y qué mejor manera que actualizando sus actuaciones, siendo que fue eso lo que precisamente ocurrió con la emisión y respectiva publicación de la resolución que el ICE impugna.

Para esta Superintendencia, la figura de la revocación consiste en la autoridad que la ley confiere a la administración para que, en cualquier tiempo, de manera directa, de oficio o a solicitud de parte y mediante un nuevo acto administrativo modifique, reforme, sustituya o extinga los efectos jurídicos de un acto administrativo anterior conforme a derecho, aún y cuando ya haya adquirido firmeza debido a que su permanencia ha acaecido en incompatible con el interés público tutelado por la institución.

Conforme lo anterior, se confirma que de ninguna manera la RCS-319-2014 se trata de un acto arbitrario que desconoce los intereses de los administrados. Menos aún, no se puede considerar como una resolución ilegal como lo advierte el ICE, puesto que con ella se resguardaron razonablemente todos sus derechos así como los del resto de los involucrados. Conocemos que la revocación encuentra un límite: la tutela de los derechos adquiridos y por no afectar a éstos, la facultad de revocar actos se admite en los términos más amplios y como se dijo líneas atrás, los actos deben ser revocados cuando esa revocación es conveniente a los intereses y fines públicos.

Por lo tanto, el argumento del ICE debe ser rechazado ya que la RCS-319-2014 permite definir con mayor claridad las gestiones que deben realizar los usuarios finales ante los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, para materializar su derecho a la portabilidad numérica. Asimismo, a través de este acto, se concentran y distribuyen de una mejor forma las obligaciones legales que deben acatar los prestadores de los servicios.

II. Sección SEGUNDA:

Señala el recurrente que “Mediante la resolución RCS-319-2014, no solamente se pretenden revocar resoluciones que son indispensables para el proceso de portabilidad numérica en Costa Rica, sino que además, se modifica, sin previa audiencia, el contenido de las mismas y se crean nuevas disposiciones, según describiremos a continuación, todo lo cual atenta en contra de los principios de legalidad, debido proceso, transparencia, seguridad jurídica.”

1. Sobre el argumento UNO: Aspectos administrativos de la Portabilidad Numérica Móvil.

El ICE reitera su inconformidad respecto a la inclusión de la telefonía fija dentro del proceso de portabilidad numérica, con fundamento en el artículos 28 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642.

Análisis de fondo:

Al respecto, es criterio de esta Unidad, que el argumento del ICE ya ha sido ampliamente analizado por esta Superintendencia. Por lo tanto, con el fin de aclarar nuevamente los extremos impugnados por el ICE, conviene transcribir lo definido por el Consejo de la Sutel mediante resolución RCS-253-2014:

“(…) manifiesta la representación del ICE que si bien es cierto, el servicio de telefonía básica tradicional es parte del mercado de telefonía fija, tal clasificación no la hace “igual” y ni siquiera “similar” a los demás sistemas de telefonía fija que existen en el mercado, por cuanto difieren en cuanto niveles de calidad, disponibilidad, costos de operación, facilidades y funciones ofrecidas.

Al respecto es preciso recordar que los artículos 28 de la LGT y 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones disponen una protección al establecimiento de concesiones para la explotación del servicio de telefonía básico tradicional, con lo cual se da una protección para la explotación de este tipo de tecnología, entendida como aquella que tiene como objeto la comunicación entre usuarios mediante el uso de centrales de conmutación de circuitos de voz y datos por medio de una red alámbrica.

Ahora bien, el hecho de que se resguarde el monopolio tecnológico no puede implicar bajo ningún supuesto que el mercado de los servicios fijos no se encuentre en competencia tal y como ya lo reconoció la Junta Directiva de la ARESEP mediante resolución RJD-019-2013 de las 14.50 horas del 04 de abril de 2013 al indicar en lo que interesa lo siguiente:

“(…) Considera esta órgano asesor que tal y como se dispuso en la resolución RJD-105-2012 del 5 de setiembre de 2012, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, que el artículo 28 de la ley 8642 y el artículo 7 de la ley 8660, indican que el servicio telefónico básico tradicional (comunicación entre usuarios mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red predominantemente alámbrica), se excluye del otorgamiento de concesiones o autorizaciones incluidas en las Ley 8642 y que el título habilitante para esa tecnología solo puede darse por una ley específica promovida por la Asamblea Legislativa. Bajo ese contexto se observa que el ICE mantiene el monopolio legal de la prestación de este servicio…”

En virtud de lo anterior, se puede desprender que el servicio telefónico básico tradicional (conmutación de circuitos) se encuentra excluido del otorgamiento de concesiones. Sin embargo, lo anterior no puede extenderse a afirmar que la telefonía fija, entendida ésta en los términos del artículo 3 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, como el “servicio telefónico que permite el intercambio bidireccional de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes clientes o usuarios cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado, se encuentra en monopolio, esto en virtud de que a la fecha en el mercado de telecomunicaciones operan diversas empresas que ofrecen soluciones telefónicas fijas, independientemente de la tecnología que se utilice para ello.

En virtud de lo anterior y en cuanto al servicio de telefonía fija (dentro del que se incluye el servicio telefónico básico tradicional), se constituye como un servicio de telecomunicaciones disponible al público, de conformidad con el artículo 6 incisos 23 y 24 de la Ley N° 8642 que señala que son aquellos “servicios que se ofrecen al público en general, a cambio de una contraprestación económica (…)”

Así las cosas, como se denota de lo transcrito, en el país existe una protección legal hacia el monopolio tecnológico que constituye la conmutación de circuitos y la imposibilidad de otorgar concesiones de este servicio a otros operadores, no obstante ha quedado demostrado la existencia de un régimen en competencia en telefonía fija como un todo. Nótese que la definición de telefonía fija incluye además de los servicios brindados mediante conmutación de circuitos, aquellos servicios de voz sobre IP, a través de medios alámbricos o inalámbricos (artículo 3 del Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones).

Para una mayor claridad, el artículo 16 inciso 19 de la Ley 8642 establece lo que se entiende por red de telecomunicaciones:

“sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres fijas ( conmutación de circuitos o paquetes, incluida internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.”

Como se denota del concepto transcrito, la Ley 8642 dispuso agrupar dentro de las redes terrestres fijas los servicios de conmutación de circuitos y la red de paquetes, incluido Internet, por lo que no debe de existir impedimento alguno en que se admita la existencia de una competencia en el servicio de redes fijas de nuestro país.

En ese sentido, la Resolución RCS-151-2012 del Consejo de la Sutel admitió la existencia de un régimen de competencia en la telefonía fija por parte de los operadores que prestan telefonía IP, al establecer en lo que interesa lo siguiente:

“…De aquí que, si el planteamiento es mantener la regulación, únicamente para la terminología del par de cobre simplemente por la ley esa red fue declarada en monopolio, se dejaría de lado que en realidad es la tecnología la que ha sido establecida en condición de monopólica y no el servicio de voz fija…”

(…)

Asimismo, es criterio de este Consejo que el análisis aquí adoptado, debe ser congruente y uniforme con otras decisiones regulatorias en las cuales se ha tomado en cuenta que, si bien es cierto el servicio de voz que se presta mediante la tecnología de conmutación de circuitos a través del par de cobre, se encuentra en monopolio, dicho servicio tiene un nivel de sustituibilidad con respecto al servicio de voz sobre IP….”

Complementariamente a lo indicado, debe resaltarse que el propio ICE ha reconocido la existencia del monopolio únicamente en cuanto a la tecnología por conmutación de circuitos. En este sentido, el ICE ha manifestado:

“(…) una condición especial que genera un monopolio real, le fue otorgada exclusivamente a una tecnología especifica (conmutación de circuitos) apta, al igual que otras, para prestar los servicios de voz y datos, pero es claro que dicha condición no le fue otorgada a los servicios propiamente de voz y datos. Prueba de lo anterior, es que la SUTEL en el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios vigente homologa las condiciones de calidad y prestación de los servicios de voz brindados a través de la tecnología de conmutación de circuitos con los brindados a través de la tecnología de IO (ver artículos 100, 101, 102, 103 y 104). De igual forma, en la resolución RCS-307-2009 de Mercados relevantes, la SUTEL incluyó todas las tecnologías existentes en la declaración de los mercados relacionados con servicios fijos…, con lo cual resulta evidente que las dos tecnologías de conmutación de circuitos y de IP forman parte de un mismo mercado relevante que se refiere a los servicios fijos”

Adicionalmente dentro del mismo proceso de implementación de la Portabilidad Numérica en nuestro país, el Consejo de la Sutel ya se ha pronunciado sobre la portabilidad mediante las resoluciones RCS-196-2012 y RCS-233-2012, las cuales en lo que interesa establecieron lo siguiente:

“(…) Una vez analizado lo señalado por el ICE, se considera que a pesar de que en el oficio 2288-SUTEL-2012 del 7 de junio del presente año se aclaró que los servicios de telefonía fija abarcan todos aquellos que son brindados tanto mediante la tecnología de conmutación de circuitos como la de voz sobre IP y que el Sistema de Portabilidad Numérica debe estar en la capacidad de habilitar la portación entre los mismos; el operador interpreta equivocadamente que a raíz de lo anterior se podría estar otorgando concesiones o autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio telefónico básico tradicional.

La categorización de la tecnología de conmutación de circuitos y la de voz sobre IP dentro de los servicios de telefonía fija, se encuentra claramente determinada en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones (publicado en La Gaceta N° 72 del 15 de abril del 2010), el cual define telefonía fija como el “servicio telefónico que permite el intercambio bidireccional de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes clientes o usuarios cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. En esta categoría se incluyen los servicios brindados mediante conmutación de circuitos y voz sobre IP, a través de medios alámbricos o inalámbricos.” De esta manera, lo indicado en el oficio 2288-SUTEL-2012 recurrido por el ICE, es una mera reiteración de las disposiciones reglamentarias vigentes. (…)”

“(…) Conviene aclarar que ni la resolución N° RCS-274-2011 ni el oficio recurrido, establecen disposiciones para brindar autorizaciones para la prestación de servicios de telefonía básica tradicional sobre redes conmutadas, por lo que no incentiva la competencia para la prestación de dichos servicios tal y como erróneamente lo sugiere el recurrente en las citas señaladas anteriormente. Es más, de la lectura integral del oficio recurrido y de la totalidad de folios que comprenden el expediente SUTEL-OT-021-2012, resulta evidente que esta Superintendencia únicamente pretende hacer cumplir el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones vigente. (…)”

“(…) Con respecto a lo indicado, esta Superintendencia reconoce que efectivamente la RCS-274-2011 se enfoca en pautar los principios regulatorios para la implementación de portabilidad numérica en redes móviles, lo que no exime el establecimiento de futuras disposiciones regulatorias en lo que respecta a telefonía fija.

Dicha determinación se adoptó con base en las recomendaciones emitidas por el consultor IMOBIX Inc., mismas que se basan en la experiencia y códigos de mejores prácticas a nivel internacional; y en las que se evidencia existe una tendencia en los diferentes mercados de las telecomunicaciones de distintos países a nivel mundial, de realizar la implementación de la portabilidad numérica en servicios móviles inicialmente, debido al auge y a la creciente demanda que poseen dichos servicios en comparación con las redes de telefonía fija.

Lo mencionado anteriormente, es el argumento principal por el cual esta Superintendencia ha considerado conveniente disponer que, en un principio, la portabilidad se implemente sobre redes móviles y que posteriormente cuando se considere oportuno, la portabilidad sea habilitada para redes de telefonía fija (…)”

“(…) Sin embargo, es importante mencionar que cuando se decida implementar la portabilidad numérica fija, esta Superintendencia procederá a incluir dentro de dicho Comité a los operadores y proveedores de servicios de telefonía fija. Asimismo, en apego a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a dichos operadores se les impondrán obligaciones económicas en lo que respecta al financiamiento del sistema de portabilidad numérica, tal y como en su momento se impuso dicha responsabilidad a los operadores y proveedores de servicios móviles mediante la resolución RCS-140-2012 acerca de la asignación y distribución de costos de la portabilidad numérica. (…)”

“(…) En este mismo sentido, conviene aclarar que si bien la resolución RCS-140-2012 acerca de la asignación y distribución de costos de la portabilidad numérica, no contempla la participación de operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones fijos; es claro que en el momento en que la portabilidad numérica sea habilitada para redes de telefonía fija, la SUTEL deberá realizar las modificaciones requeridas en las disposiciones regulatorias vigentes con el fin de que la misma responda a la realidad del sector y sea aplicable para todas las partes involucradas (…)”

(Texto Tomado de la RCS-196-2012)

“(…) Adicionalmente, es de gran importancia enfatizar que, mediante un acuerdo unánime del Comité Técnico de Portabilidad Numérica, en el pliego de condiciones se consignó que el plazo del servicio contratado será de 7 años, por lo que resulta evidente que no podrá limitarse la portabilidad en servicios de telefonía fija por dicho plazo, e incluso mantener la posibilidad de que pueda implementarse dentro de dicho periodo. Con base en lo anterior, y desde el punto de vista de la eficiencia en los costos y la eficacia del sistema, no resultaría correcto que en un futuro se deba constituir una nueva entidad de referencia que maneje únicamente la portabilidad de servicios de telefonía fija (…)”

“(…) Finalmente, se reitera al recurrente que mediante este procedimiento no se pretende realizar una apertura a la competencia del servicio telefónico básico tradicional. Por el contrario, se está tomando en consideración que la legislación y regulación actual disponen la obligatoriedad de garantizar la portabilidad numérica en otras modalidades distintas a la telefonía móvil, lo anterior como parte del cumplimiento del objetivo de la promoción de la competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones dispuesto en el artículo 2 de la Ley 8642. En todo caso, se remite nuevamente al recurrente a lo resuelto mediante la RCS-196-2012 y RCS-207-2012, que constan en el expediente administrativo.

De conformidad con lo anterior, la Superintendencia consideró prudente requerir a los posibles oferentes de la solución de portabilidad numérica, prever que su solución sea lo suficientemente flexible para que se encuentre en la capacidad de efectuar portabilidades en las modalidades de servicio fijo y Telefonía IP y así garantizar una administración eficiente de los recursos. En este sentido, llama la atención que el ICE se encuentre objetando esta previsibilidad cuando al ser una institución pública, debería enfocarse en asegurar un óptimo aprovechamiento de los recursos e inversiones.

De igual forma, cabe señalar que dicha flexibilidad evitará posteriormente, requerir un cambio drástico en la arquitectura de hardware y software o inversiones adicionales en el licenciamiento, así como el despliegue de nuevas gestiones administrativas en el futuro. (…)”

(Texto Tomado de la RCS-233-2012)

Por lo anterior, resulta claro que tanto para la Sutel como para el ICE, en diversas instancias, ha quedado más que demostrado que la telefonía básica tradicional en conjunto con la telefonía IP forman parte de un mismo mercado de servicios referido a la telefonía fija, en la cual ambas tecnologías resultan similares, tanto así que su tarificación se da bajo el mismo esquema. Adicionalmente, es ampliamente reconocido que el monopolio reservado por ley para el ICE corresponde a la tecnología de circuitos conmutados, más no existe monopolio alguno en cuanto a la prestación de servicios de telefonía fija, así como el hecho que la introducción de la portabilidad numérica fija no constituye bajo ningún supuesto una violación a dicho régimen.

Así las cosas, resulta claro que tanto la conmutación por circuitos como la conmutación de paquetes constituyen servicios de comunicación de voz entre medios fijos, por lo que se consideran de igual naturaleza, con lo que resulta posible la aplicación del artículo 45 inciso 17 de la Ley 8642, a fin de que los usuarios puedan hacer ejercicio del derecho a la portabilidad numérica en redes fijas.

En conclusión, no se comparte la posición externada por parte del ICE, dado que la telefonía básica tradicional se constituye en un monopolio tecnológico, más no así las restantes tecnologías para la prestación de servicios de voz como la tecnología IP que se encuentran en un régimen de competencia clasificado como telefonía fija.

2. Sobre el argumento DOS: “Las decisiones que adopta el mismo Comité deben ser tomadas de manera unánime, en el caso de que estas versen sobre aspectos de operación interna del Comité no requerirán ser elevados para la aprobación del Consejo de la SUTEL. Por su parte, en caso de no contar con una posición consensuada, el Consejo de la SUTEL resolverá las discrepancias que surjan entre los operadores a lo interno de dicho Comité de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 inciso f) de la Ley N° 7593.”

El ICE considera que el presidente del Comité no tiene el beneficio de voto de calidad en caso de empate.

Análisis de fondo:

Debe aclararse, que tal y como se estableció en el artículo 12 de los “Lineamientos de Gobernanza del CTPN” acordados de manera unánime por los operadores y proveedores miembros del Comité Técnico de Portabilidad Numérica (CTPN) y ratificados mediante acuerdo N° 018-017-2012 del Consejo de la Sutel en fecha 14 de marzo del 2012; en casos de no contar con una posición consensuada, el Presidente del CTPN decidirá sobre el tema en específico, y de ser necesario y en casos excepcionales, podrá elevar el asunto al Consejo de la Sutel en las situaciones en que así lo requiera, para que sea este último órgano el que emita el criterio final.

“Artículo 12 Lineamientos de Gobernanza del CTPN: (…) En todos los casos, se adoptarán las decisiones que sean emitidas por los miembros votantes del CTPN a manera de consenso (unanimidad) (quórum funcional). En caso de no contar con una posición consensuada, el Presidente del CPTN decidirá sobre el tema en específico, y de ser necesario y en casos excepcionales, podrá elevar el tema al Consejo de la SUTEL en las situaciones en que así lo requieran, para que sea este último órgano sea el que emita el criterio final”

Por tal motivo, el argumento del ICE resulta improcedente, toda vez que las disposiciones acordadas para el funcionamiento del CTPN de forma clara determinan la forma en que deben dirimirse aquellas situaciones cuyo votación no es unánime.

3. Sobre el argumento TRES: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil.

El ICE argumenta que el Consejo de la Sutel sin razonamiento ni justificación alguna eliminó la única garantía que tenían los usuarios de protección a sus derechos, sea solicitarle al cliente la firma del formulario para perfeccionar la portabilidad numérica. Además considera que eliminar el requisito de firma se constituye en un adelantamiento indebido de criterio respecto a los dos procesos administrativos sancionatorios en trámite y una violación evidente a todos los principios del debido proceso que deben imperar en la actuación administrativa.

Análisis de fondo:

En primer término se debe indicar que la resolución recurrida no exime el cumplimiento de las obligaciones legales que pesan sobre los operadores en lo que atiende al derecho fundamental de autodeterminación informativa de los usuarios finales (sean personas físicas o jurídicas), de conformidad con las disposiciones del artículo 24 de nuestra Constitución Política, en concordancia con las disposiciones del Capítulo II de la Ley 8642, y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones y el Reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las comunicaciones, Decreto 35205-MINAET. Reiterando inclusive éste último cuerpo normativo en su artículo 6, la obligación de los operadores y proveedores de “garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de carácter personal de los abonados y usuarios finales, mediante la instalación y operación de los sistemas y las medidas técnicas y administrativas para cumplir ese propósito.” (Negritas son propias).

En cuanto a los alegatos esbozados en el punto TRES señala el recurrente que la modificación de la firma establecida como requerimiento en la resolución RCS-274-2011 elimina la “única garantía que tenían los usuarios de protección de sus derechos, respecto de los cuales la SUTEL debe ser garante, que es la obligación de los operadores receptores de solicitarle al cliente la firma del formulario mediante el cual se garantizaba que el cliente o usuario realmente era el que solicitaba la misma…”.

Sobre este extremo, tal y como se indicó, la verificación de las calidades personales de los usuarios y la debida protección de sus datos, son obligaciones que se encuentran definidas en una jerarquía normativa superior a la resolución recurrida, con lo cual su acatamiento no se encuentra afecto a la vigencia de la resolución RCS-319-2014 o la revocatoria de las anteriores resoluciones en materia de portabilidad numérica.

La resolución RCS-319-2014 tiene dentro de sus objetivos regulatorios, la promoción de un mayor clima de seguridad jurídica, siendo que en el punto C. numeral 7 de la resolución se definen una conjunto de instrucciones regulatorias que orientan las gestiones que permiten materializar el derecho de los usuarios finales de cambiar libremente de operador de servicio (artículo 45 incisos 2) y 17), Ley 8642), lo cual flexibiliza la posibilidad de materializar dicho derecho sin menoscabar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas reguladas, en este sentido se dispone:

“La portabilidad numérica podrá realizarse a través de trámites presenciales en agencias, a través de centros de telegestión y a través de plataformas WEB, entre otros medios, siempre y cuando se registre de forma individual y fidedigna el consentimiento expreso por parte del usuario final.

En todo caso, indistintamente del medio por el cual se inicia el proceso de portabilidad numérica, el operador o proveedor se encuentra en la obligación de establecer los mecanismos tecnológicos que le permitan validar y verificar la identidad del usuario gestionante.

La información para el trámite de portabilidad numérica podrá ser registrada mediante medios físicos, electrónicos o cualquier otra alternativa idónea.

Adicionalmente, dicho registro se deberá conservar el consentimiento expreso por parte del usuario final de las siguientes condiciones respecto de su trámite de portabilidad numérica:

i. Aceptación por parte del usuario de la conclusión de la relación con el operador de la red donante y el inicio del trámite de portabilidad.

ii. Aceptación por parte del usuario de que el hecho de portar su número no lo exime de las obligaciones económicas adquiridas con el operador donante, por lo que podría estar recibiendo facturas de cobro del operador donante, las cuales podrían incluir cualquier saldo a la fecha de portación o incluso cargos de roaming; los cuales podrían ser facturados hasta por un período no mayor a noventa (90) días naturales después de la portación según se indica en el artículo 34 del Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones.

iii. Para el caso de clientes prepago una nota de aceptación de pérdida de saldo.

iv. Aceptación de las disposiciones emitidas por la SUTEL en torno a la portabilidad numérica”. (Negritas y subrayado son propios).

De la literalidad del texto supra citado, se desprende para los operadores y proveedores de servicios sujetos al procedimiento de portabilidad numérica, el deber de registrar el consentimiento del usuario, y establecer los mecanismos (técnicos o administrativos) que permitan validar y verificar la identidad del usuario, ya sea de manera física o electrónica.

En lo que atiende al perfeccionamiento del consentimiento del usuario o abonado, se ha indicado dentro del pensamiento jurídico moderno vinculado con la construcción del contrato que, para efectos de estructurarlos, se elabora con prescindencia de ritos y formalidades extrínsecas, dando preminencia al factor e ingrediente básico del consentimiento, siendo que el negocio adquiere objetividad y penetra en el mundo jurídico gracias a la manifestación, que es la exteriorización de la programación de intereses forjada voluntariamente (Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. Pág. 242).

Jurídicamente, en los actos bilaterales, la voluntad toma el nombre de consentimiento, que es el acuerdo de voluntades de dos o más sujetos –la cual para el caso que nos ocupa estaría conformada por las voluntades del usuario que peticiona su portación y la del operador receptor de dicha portación que la acepta cumpliendo las disposiciones regulatorias vigentes. Siendo que esta concordancia de voluntades de las partes que celebran el negocio, puede ocurrir de modo expreso o tácito (Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. Pág. 239).

Dentro de las formas materiales de alcances jurídicos por medio de las cuales se puede validar este consentimiento bilateral, lo instituyen la firma ológrafa y la firma digital, regulada esta última en el artículo 8 y siguientes de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley 8454.

Asimismo, la referida Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, determina el principio de equivalencia funcional de los documentos, el cual establece que “Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos.” Lo anterior, según el mismo artículo 3, no dispensa de las formalidades exigidas por ley para cada acto o negocio jurídico, es decir en todo caso, no quedan dispensadas de su cumplimiento las formalidades dispuestas en el punto C. numeral 7 de la resolución RCS-319-2014.

A lo anterior se debe aunar lo indicado por el referido autor Víctor Pérez Vargas, cuando indica que en el consentimiento pueden distinguirse tres fases:

1. La voluntad interna, e individual, de cada contratante, su querer y el propósito que le inspira;

2. La declaración que emite cada sujeto, dando a conocer su voluntad a los demás;

3. La voluntad o intención común, es decir el punto en que las voluntades manifestadas coindicen, y que es el fundamento mismo del contrato.

Al respecto, la resolución RCS-319-2014 define una serie de medios y mecanismos informativos dirigidos a confirmar la manifestación de voluntad de los usuarios que desean realizar el trámite de portabilidad numérica, así como el contenido práctico y jurídico de su gestión, es decir la definición de mecanismos que se estimen idóneos para la confirmación del consentimiento del usuario.

Inclusive este mismo instrumento regulatorio (RCS-319-2014), dispone un conjunto de requisitos administrativos a cumplir por parte de los operadores/proveedores mediante los cuales el usuario debe manifestar su voluntad para adoptar decisiones sobre su patrimonio, el cual se ha generado como producto del uso del servicio de telecomunicaciones en modalidad de telefonía móvil (pre pago o pos pago), e inclusive su alcance se expande sobre obligaciones jurídicas que continúan vigentes con el operador donante, toda vez que la ejecución del trámite de portación en ocasiones, no es causal de extinción de obligaciones pecuniarias previamente adquiridas como producto de la relación negocial de servicio.

En este sentido, no se comparte el criterio externado por el recurrente cuando indica que la firma en el formulario definida en la resolución RCS-274-2011, sea la única garantía con que contaban los usuarios para la protección de sus derechos, toda vez que existe un conjunto de disposiciones vigentes desde la más alta jerarquía normativa de nuestro ordenamiento que lo siguen protegiendo, sin perjuicio de que se disponen en la resolución RCS-319-2104 una serie de cargas administrativas para las empresas reguladas, que las obligan a registrar de forma fidedigna el consentimiento del usuario para realizar su trámite de portación, es decir la confirmación de su voluntad expresa de cambiar de operador/proveedor de servicio; y en adición se amplían para los agentes prestadores de servicio, la posibilidad de determinar aquellos mecanismos que estimen idóneos para la mejor marcha de su negocio, siempre en cumplimiento de sus obligaciones legales y las instrucciones emitidas por el Consejo de la Sutel, como órgano competente para su instauración.

Finalmente, cabe resaltar que actualmente un usuario puede suscribir nuevos servicios con el ICE o, modificar los ya existentes, a través de los sitios Web o centros de telegestión de dicho operador, lo cual a todas luces evidencia que los trámites presenciales no constituyen los únicos mecanismos que permiten verificar la identidad del usuario y garantizar sus derechos.

Por otra parte indica el recurrente que “eliminar el requisito de firma debidamente establecido en la resolución RCS-274-2011, se constituye en un adelantamiento indebido de criterio respecto a los dos procesos administrativo en trámite y una violación evidente a todos los principios del debido proceso que deben imperar en la actuación administrativa.” Y que además “se ha eliminado la principal causa que sostiene las diferentes denuncias presentadas por mi representado en contra otros operadores, que han utilizado procedimientos que lesionan no solo la normativa vigente (hasta ahora), sino los derechos de los propios usuarios, quienes en última instancia son los que han denunciados estas prácticas abusivas, donde se han verificado portaciones sin el consentimiento de los titulares, por lo que esta reforma hace nugatoria la posibilidad de que se resuelvan estos procedimientos y se establezcan las sanciones que corresponden por contravenir el orden normativo y lesionar los derechos de los usuarios.

Sobre los argumentos que se refieren a los procedimientos administrativos en curso, se debe indicar que la eventual violación de los principios del debido proceso dentro de los procedimientos administrativos ordinarios sancionatorios, es un aspecto que corresponde alegar a las Partes del procedimiento en sentido formal. Cabe recordar que el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227 establece que son parte del procedimiento administrativo todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por el acto final. En el caso en cuestión, el recurrente no ostenta dicha legitimación dentro de los procesos señalados.

En este sentido, la condición de parte está supeditada al interés con que cada uno actúe dentro del procedimiento o proceso que se encuentre en desarrollo, siendo que la Parte Activa “es aquella que dice tener un derecho, o que posee en abstracto un derecho o un interés legítimo y que alega por lo tanto, tenerlo. (…) A contario sensu, la parte pasiva es aquella parte contra quien se alega el derecho vulnerado o violentado y aquella de quien se dice, transgredió con su actuación o con su inacción un derecho perteneciente a la parte activa.” (Mora Espinoza Álvaro Enrique. El elemento subjetivo en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo (Partes, Capacidad y Legitimación). Código Procesal Contencioso Administrativo comentado. 1era. Ed. Juritexto, 2008).

Por lo tanto, correspondería argüir dichas violaciones -si fueran procedentes- a quién se encuentre en una posición procesal legitima y cuya esfera de derechos se pueda ver afectada con la vigencia de la resolución recurrida, y dentro del procedimiento bajo instrucción. Lo cual tal y como se indicó, no es una cualidad procesal que ostenta el ICE dentro de los procedimientos señalados.

En adición, debe estimarse que – según es de conocimiento del ICE- dichos procedimientos se han instruido para verificar supuestos incumplimientos de las disposiciones y resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones en materia de portabilidad numérica, y no de forma específica sobre el formulario con la firma del usuario según lo expone en sus alegatos.

También debe ponderar el recurrente que, la verificación de las conductas investigadas se encuentra en fase de instrucción administrativa, cuya competencia la ostentan los órganos directores designados al efecto, sin que al momento de la interposición de este recurso, se haya emitido un acto final por parte del Decisor, que contenga un fallo administrativo atinente a los extremos investigados.

Por otra parte, en cuanto a la lesión de los derechos de los usuarios que se esgrime por violaciones al régimen de derechos de los usuarios finales, se debe indicar que estas gestiones deben tramitarse de conformidad con las disposiciones de la Ley 8642, la cual en su artículo 41 define que “[l]os acuerdos entre operadores, lo estipulado en las concesiones, autorizaciones y, en general, todos los contratos por servicios de telecomunicaciones que se suscriban de conformidad con esta Ley, tendrán en cuenta (…) los derechos e intereses de los usuarios finales”.

Es decir que ante reclamaciones en materia de portabilidad numérica, los operadores y proveedores de servicio de telefonía móvil deben realizar todas aquellas acciones de coordinación necesarias para la efectiva protección de los derechos de los usuarios dentro de los cuales se encuentra la efectiva atención y resolución de las reclamaciones que estos interpongan.

En igual sentido, el artículo 47 de la Ley 8642 define para los operadores y proveedores de servicios la obligación de “garantizar la atención eficiente y gratuita de las reclamaciones que presenten los usuarios finales por violación a lo dispuesto en este capítulo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte”.

En igual línea, el artículo 48 de la Ley 8642, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el régimen de protección de los derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, determina un conjunto de obligaciones que deben cumplir los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones en relación con las reclamaciones que ante ellos presentan los usuarios finales, por violación a su régimen especial de derechos.

Y finalmente para estos efectos, se debe considerar que el artículo 67 de la Ley 8642, en su inciso b) numerales 3) y 4), clasifica como infracciones graves las de “[i]ncumplir las obligaciones derivadas de los derechos de los usuarios…”, así como “Omitir la resolución de las reclamaciones de los usuarios finales, en el plazo establecido en esta Ley”. Por lo tanto en caso de ponderarse por parte de un usuario final que ha existido una violación al régimen de derechos que lo ampara de acuerdo con la normativa vigente en materia de servicios de telecomunicaciones, y específicamente por gestiones derivadas de su derecho a la portabilidad numérica, el mismo ordenamiento ha dispuesto los mecanismos formales a los cuales puede ampararse para la efectiva tutela de sus derechos subjetivos, los cuales de ninguna manera se restringen o limitan con el contenido dispositivo de la resolución RCS-319-2014.

Con fundamento en los argumentos expuestos, no se considera por esta Unidad que, la ampliación de los mecanismos que pueden ser utilizados por los operadores y proveedores- dentro del cual puede incluirse el formulario señalado en caso de estimarse como un mecanismo idóneo-, violente los principios de transparencia y seguridad jurídica.

Finalmente se reitera que en la actualidad se ha dispuesto la implementación de mecanismos tecnológicos que le permitan a las empresas receptoras registrar mediante medios físicos, electrónicos o cualquier otra alternativa idónea, que permita validar y verificar la identidad del usuario portado y su consentimiento expreso para realizar la gestión (por ejemplo, la implementación de la herramienta del IVR y la supresión del correo como mecanismo de envío alterno del NIP), se ha incremento la seguridad de los procesos de portabilidad numérica, esto sin perjuicio de las potestades de fiscalización y sancionatorias de la Sutel las cuales no se ven afectas con motivo de la resolución en vigencia. Por lo tanto no se estima que las disposiciones resolutorias violenten el contenido dispuesto en el artículo 45 inciso 3 de la Ley 8642.

4. Sobre el argumento CUATRO: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil, punto 7vii.

El ICE considera que no es necesario distinguir entre un servicio prepago o pospago, por lo que la referencia es innecesaria.

Análisis de fondo:

Debe tenerse presente que la modalidad de pago de servicios con la red donante (prepago o pospago) es información requerida hasta tanto entre en aplicación la causal de rechazo asociada a la “no coincidencia en los datos de titularidad en líneas prepago”, de conformidad con el acuerdo del Consejo de la SUTEL 009-071-2014, el cual indica que entraría en vigor hasta el 1 de marzo del 2015. Por lo tanto, en aras de brindar mayor claridad y seguridad jurídica, la referencia incorporada en la resolución es oportuna y necesaria.

5. Sobre el argumento CINCO: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil, punto 9.

El ICE considera necesario incorporar como una causal de rechazo la existencia de un arreglo de pago por deudas.

Análisis de fondo:

Es vitar aclarar que en la actualidad únicamente son procedentes los rechazos para los trámites de portación debido a deudas asociadas a terminales subsidiados, dado que los operadores y proveedores cuentan con mecanismos ya implementados para los servicios de telecomunicaciones formulados de previo a la portabilidad numérica para promover el pago por parte de los usuarios finales.

Igualmente no es procedente aplicar una causal de rechazo adicional asociada con los mecanismos de arreglos de pago u otro tipo de deudas, dado que se estaría prejuzgando al usuario, asumiendo que no honraría sus deudas.

6. Sobre el argumento SEIS: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil, punto 10 b.

El recurrente se cuestiona cómo si se establecen alternativas de solicitudes de portación no presenciales, el receptor puede garantizar que los requisitos documentales se cumplen tal y cual se establece.

Análisis de fondo:

Al respecto, es necesario determinar que los operadores y proveedores deberán implementar las herramientas tecnológicas idóneas, así como las medidas administrativas, que permitan legitimar la identidad de quién realiza el trámite y registrar el consentimiento expreso del usuario de la solicitud de portación, tal y como lo establece la misma resolución recurrida. Por lo tanto, es una responsabilidad y obligación de los operadores y proveedores definir, para el mejor cumplimiento de los fines de su actividad de servicio, los mecanismos que permitan cumplir con los requisitos establecidos.

7. Sobre el argumento SIETE: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil, punto 10 c.

El ICE establece que no queda claro el significado del “SI” establecido en el punto 10 c.

Análisis de fondo:

Efectivamente se trata de un error material, en lugar de “SI” debe leerse “SIPN” que corresponde al Sistema Integral de Portabilidad Numérica, por lo que se recomienda al Consejo de la Sutel acoger la modificación indicada por el ICE.

8. Sobre el argumento OCHO: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil, punto 11v.

El ICE considera que es necesario conocer el fundamento de la disposición contenida en el punto 11v. En este sentido, el ICE considera que además del tipo de cliente, sería importante adicionar el nombre del cliente, tipo de documento de identidad y número de identificación.

Análisis de fondo:

Para una mayor claridad de la información básica que requiere incluirse en la solicitud de portación, es criterio de esta Unidad que efectivamente resulta oportuno y necesario eliminar la referencia de “tipo de cliente” y en su lugar incorporar el nombre del cliente, tipo de documento de identidad y número de identificación.

Por lo tanto, se recomienda al Consejo de la Sutel la inclusión de dichos campos de información en la solicitud respectiva.

9. Sobre el argumento NUEVE: Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil, punto 12 i.

El ICE considera que la Entidad de Referencia de Potabilidad Numérica (ERPN) no tiene los accesos o permisos necesarios para verificar y pronunciarse sobre si un eventual rechazo es injustificado o no, ya que existen otros procesos para estos fines.

Análisis de fondo:

Debe resaltarse que el mecanismo de verificación de causas de rechazo válidas, consiste en que por parte de la ERPN se implementen herramientas tecnológicas y de seguridad en el software del Sistema Integrado de Portabilidad Numérica (SIPN), de manera que a nivel de ingeniería de sistemas resulte materialmente imposible, para el operador o proveedor, seleccionar causas de rechazo que no se encuentren permitidas. Así las cosas, a nivel de sistemas, únicamente se encuentran habilitadas las causas de rechazo definidas por el marco jurídico vigente.

Ahora bien, resulta incuestionable que es una obligación de los operadores y proveedores ingresar información clara y veraz al SIPN sobre la causa de rechazo respectiva.

10. Sobre el argumento DIEZ: Gestión del Número de Identificación Personal (NIP) dentro del trámite de portación, punto 21 f.

El operador argumenta que las solicitudes múltiples de portabilidad deberían contener como máximo 50 líneas con el fin de disminuir el estrés de los sistemas de portabilidad y comerciales de los operadores.

Análisis de fondo:

En la actualidad existe un valor máximo de 1000 establecido para la cantidad de líneas que puede contener una solicitud de portación múltiple -parámetro establecido por IECISA como desarrollador de la solución con la finalidad de no afectar el rendimiento actual de la plataforma- por lo que la pretensión del ICE de modificar el valor máximo predeterminado a una cantidad 50 líneas telefónicas por solicitud de portación múltiple, no resulta procedente ya que es un valor muy distante al establecido, el cual se encuentra actualmente configurado en el entorno de producción de la plataforma del SIPN.

Asimismo, debe tenerse presente que corresponde a los operadores adecuar sus sistemas para que tengan la capacidad de manejar dicho valor (1000).

11. Sobre el argumento ONCE: Gestión del Número de Identificación Personal (NIP) dentro del trámite de portación, punto 21T.

El ICE alega que hoy en día cuando se rechaza la portabilidad, el donante únicamente provee como información adicional la línea rechazada más la causa de rechazo; y los demás datos serían de conocimiento del SIPN. Por lo anterior, considera que el envío del NIP por parte del donante es innecesario.

Análisis de fondo:

La solicitud realizada por el ICE no es procedente, dado que la característica aludida se encuentra establecida en el pliego de condiciones del proceso de selección N° 01-SUTEL-2012 y no existe ninguna normativa regulatoria de la SUTEL posterior a la misma que la modifique o revoque.

12. Sobre el argumento DOCE: Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación. Parámetros de entrada.

El ICE aduce que en este apartado falta agregar el tipo de documento de identidad.

Análisis de fondo:

Efectivamente debe incluirse como parámetro de entrada tanto el tipo como el número de identificación, por lo que se determina procedente recomendar al Consejo de la SUTEL la inclusión de dicho parámetro en el sistema.

13. Sobre el argumento TRECE: Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación. Proceso automático.

El ICE considera que falta agregar la condición referente al número de portaciones por línea en un año calendario.

Análisis de fondo:

Efectivamente de manera consecuente con las causas de rechazo establecidas, no debe permitirse la realización de una consulta de prevalidación a un usuario que haya realizado más de 5 portaciones en el plazo de un año calendario, por lo que se recomienda al Consejo de la SUTEL la inclusión de la condición requerida.

14. Sobre el argumento CATORCE: Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación. Proceso manual punto iii.

El ICE indica que falta agregar la condición referente a si el servicio cuenta con un plan con terminal asociado.

Análisis de fondo:

Efectivamente, dicho parámetro fue omitido como variable de salida dentro del proceso manual en las consultas de prevalidación, por lo que se determina procedente recomendar al Consejo de la SUTEL la inclusión de dicha condición en los siguientes términos:

“Analizará si el número telefónico se encuentra asociado a un plan con terminal subsidiado (Se espera una respuesta de tipo SI/NO)”

15. Sobre el argumento QUINCE: Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación. Cancelación de la portación.

El ICE argumenta que no procede lo determinado en este punto (Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación. Cancelación de la portación) pues implica un cambio en el diseño del proceso, ya que actualmente la Sutel puede cancelar una vez la solicitud que fue aceptada por el donante.

Análisis de fondo:

Esta Unidad no comparte lo argumentado por el ICE, pues el diseño del proceso actual no se está variando. Nótese que el primer párrafo del proceso de “Cancelación de la portación” establece explícitamente lo requerido por el ICE, en el sentido de que únicamente puede cancelarse por parte de Sutel una solicitud que “haya sido aceptada por el operador o proveedor donante y que aún esté pendiente de activación”.

16. Sobre el argumento DIECISÉIS: Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación. Repatriación de un número.

El ICE considera que lo correcto es que una vez que la línea portada fue desactivada de manera definitiva en el operador que la administra, este operador tendrá hasta un máximo de 8 meses para devolverla.

Análisis de fondo:

Al respecto, es criterio de esta Unidad, que lo aducido por el ICE ya se encuentra contemplado dentro del proceso de repatriación descrito en la resolución. En este sentido, la resolución recurrida establece que la repatriación “es el proceso mediante el cual un usuario que ha sido portado decide finalizar su relación contractual con el operador o proveedor donde el número portado esté activo (último operador o proveedor receptor), o que dichos servicios sean finalizados por causas fortuitas (muerte del suscriptor) o debido a la liquidación o suspensión definitiva del servicio por falta de pago. Para tales efectos, al detectarse la inactividad de una línea telefónica portada durante un período de 8 meses; el operador o proveedor donde el número portado esté activo deberá generar una solicitud de repatriación de número hacia el SIPN”.

17. Sobre el argumento DIECISIETE: Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica, punto 47.

El ICE considera que es necesario que queden claros los horarios y tiempos de respuesta para los grupos de soporte de los operadores y del regulador.

Análisis de fondo:

Con el fin de contemplar el horario de atención de todos los operadores y proveedores y la Sutel; se determina procedente recomendar al Consejo de la Sutel establecer el horario de funcionamiento del Grupo de Apoyo Administrativo (GAA) y del Grupo de Apoyo Técnico (GAT) para la portabilidad numérica desde las 8:00 horas hasta las 16:00 horas de lunes a viernes, con excepción de días feriados e inhábiles. Asimismo, es importante aclarar que los tiempos de respuesta para la Sutel y los operadores en ambos grupos se encuentran definidos en la resolución RCS-334-2013 del Consejo de la Sutel.

18. Sobre el argumento DIECIOCHO: Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica, punto 51.

En relación con el Grupo de Apoyo Administrativo (GAA), el ICE considera necesario separar la controversia “rechazo por mora” de la de “vigencia del contrato”. Asimismo, para el Grupo de Apoyo Técnico (GAT), aduce que deben agregarse controversias relativas a la BBDD prepago: (i) problemas con la ConsultaActivaService CAS, y (ii) problemas con la actualización de datos en el operador.

Análisis de fondo:

Con la finalidad de lograr una mayor claridad y comprensión de la categorización de las incidencias que son atendidas por el Grupo de Apoyo Administrativo (GAA) de los operadores, se recomienda al Consejo de la SUTEL adoptar la división propuesta por el ICE de conformidad con las categorías indicadas a continuación:

a. Rechazo por suspensión temporal o liquidación contable del servicio telefónico.

b. Rechazo por la existencia de un contrato vigente con terminal subsidiado.

c. Rechazo por titularidad.

Con respecto a la solicitud de incluir controversias relativas a la BBDD prepago, debe aclararse que la emisión de la resolución se realizó sin haberse determinado el uso de los Grupos de Apoyo para la atención de las incidencias presentadas en la Plataforma WEB de registro de usuarios prepago. Sin embargo, se pondera procedente incorporar dichas controversias (problemas con la ConsultaActivaService CAS; y problemas con la actualización de datos en el Operador) en la tabla de atributos mínimos a incluir en las solicitudes dentro de los Grupos de Apoyo Técnicos (GAT) de los operadores.

III. Otras consideraciones:

1. Sobre las autoridades competentes en materia de rastreo e intervención de comunicaciones:

De acuerdo con el texto contenido en el Por tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.”, específicamente en su inciso 54, se determina que con el fin de facilitar la realización de los rastreos e intervenciones telefónicas, se autoriza al Organismo de Investigación Judicial el acceso a la base de datos de números portados.

Sobre estos extremos se debe considerar que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 14, crea el Centro de Intervención de Comunicaciones. Este artículo señala lo siguiente: “El Poder Judicial tendrá a su cargo el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), con el personal necesario para operar veinticuatro horas al día, todos los días. Esta dependencia realizará la intervención de comunicaciones ordenadas por los jueces penales de todo el país, cuando para ello sea posible utilizar la tecnología de que se disponga”. La función del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones es la de realizar las intervenciones de las comunicaciones y también la de resguardar que no se violen derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por otra parte, con base en el artículo 286 del Código Procesal Penal y el numeral 4 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, la Policía Judicial y el Ministerio Público pueden solicitar la información vinculada con el rastreo de intervenciones telefónicas, pues logra aprehenderse únicamente la identidad de los números telefónicos que llamaron a ese teléfono o a quienes se llamó desde el mismo, sin imponerse de manera alguna sobre el contenido de conversaciones actuales o pasadas, es decir no existe en este ámbito una intervención de las comunicaciones.

En virtud de lo anterior, se presentan dentro de nuestro ordenamiento un conjunto de autoridades públicas competentes en materia de seguridad nacional para proceder tanto con la intervención de las comunicaciones como el rastreo de las mismas. Por tales motivos se recomienda modificar en el Por Tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.”, el numeral 54 del texto resolutivo para ampliar la facilidad de acceso a la base de datos de números portados a todas aquellas autoridades públicas competentes en materia de intervención y rastreo de comunicaciones, y no únicamente al Organismo de Investigación Judicial.

2. Sobre la armonía de las disposiciones del Por tanto “H. Disposiciones liquidación de interconexión en escenarios de portabilidad numérica.”, inciso 41 y el Por tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.”, inciso 55:

Considera esta Unidad Jurídica, que debe armonizarse el contenido dispositivo de ambas disposiciones, pues en el Por tanto “H. Disposiciones liquidación de interconexión en escenarios de portabilidad numérica.”, inciso 41, se posibilita el acceso a la información de la base de datos de los números portados del SIPN a los operadores y proveedores con título habilitante, así como a los proveedores de Larga Distancia Internacional (LDI), a empresas de entrega de mensajería internacionales y demás agentes responsables del enrutamiento de comunicaciones desde el exterior, en aras de no obstaculizar las comunicaciones dirigidas desde el extranjero hacia nuestro territorio nacional.

Por otra parte, el Por tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.” en su inciso 55, establece que no se podrá otorgar acceso a terceros distintos a los operadores o proveedores con título habilitante de telefonía en Costa Rica. Lo cual resulta contradictorio con la disposición referida en el párrafo anterior.

Sobre estos extremos se debe ponderar que, el dinamismo imperante en la operación de los agentes que intervienen dentro del sector telecomunicaciones, orienta a la emisión de regulaciones que permita un flujo natural de actividades entre los actores nacionales e internacionales, y específicamente en las relaciones comerciales particulares que se derivan de la prestación de dichos servicios.

En este sentido, considera este órgano administrativo que se debe armonizar el contenido dispositivo del Por tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.” en su inciso 55, para que se permita peticionar por parte de terceros distintos a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones habilitados en nuestro país, el acceso a la base de datos de los números portados del SIPN, y por ende que se conserve por parte de la SUTEL, la posibilidad de valorar la viabilidad de aquellas solicitudes formales por parte de las empresas descritas en el inciso 41 de la sección H, vinculadas con un eventual acceso a la base de datos del SIPN.

3. Error material en el Por Tanto I “Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica”, inciso 44 de la RCS-319-2014

Debe tomarse en consideración que por un error material, en dicho inciso se indica que en caso de conflicto en los trámites de portabilidad numérica, los operadores y proveedores deberán utilizar el procedimiento definido en la resolución del Consejo de la Sutel RCS-344-2013; no obstante, el número correcto de dicha resolución es RCS-334-2013.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, dicho error debe ser rectificado.

(…)”

2º—Que por lo tanto, de conformidad con los Resultandos y los Considerandos que preceden, lo procedente es acoger parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) contra la resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones RCS-319-2014, tal y como se dispone.

Por tanto:

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y su Reglamento; Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593; Ley General de la Administración Pública, Ley 6227.

EL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA

DE TELECOMUNICACIONES

RESUELVE:

1º—Acoger parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) contra la resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones RCS-319-2014, denominada “Unificación de las disposiciones regulatorias que facultan a los usuarios el ejercicio de su derecho a la portabilidad numérica móvil”, publicada en La Gaceta N° 14 de fecha 21 de enero de 2015.

2º—Modificar en el Por Tanto C “Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil”, el inciso 10), sub inciso c) de la RCS-319-2014 para que se lea de la siguiente manera:

“c. Red receptora envía solicitud hacia la red donante: Una vez que el usuario haya recibido el NIP en su equipo y lo haya entregado al operador receptor al solicitar la portabilidad numérica, este último generará una solicitud de portación que entregará a la red donante a través de una interfaz con el SIPN”.

3º—Modificar en el Por Tanto C “Condiciones operativas de la Portabilidad Numérica Móvil”, el inciso 11) de la RCS-319-2014 para que se lea de la siguiente manera:

“La solicitud de potación que genera la red receptora hacia la red donante a través de la ERPN deberá contener al menos la siguiente información:

i. Fecha y hora de la solicitud

ii. Número a ser portado.

iii. Red donante.

iv. Red receptora.

v. Nombre del cliente, tipo de documento de identidad y número de identificación.

vi. NIP de confirmación”.

4º—Modificar en el Por Tanto G “Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación”, el inciso 25, en cuanto a los Parámetros de Entrada de las consultas de prevalidación, para que se lea de la siguiente manera:

“Parámetros de entrada:

a. Nombre del cliente

b. Tipo de documento de identidad y número de identificación

c. NIP

d. Número de teléfono

e. Operador donante”

5º—Adicionar en el Por Tanto G “Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación”, inciso 25, en cuanto a los Parámetros de Salida de las consultas de prevalidación (Proceso Automático), la condición referente al número de portaciones efectuadas por el usuario, con el fin de que se lea de la siguiente manera:

“Parámetros de salida:

Proceso Automático

i. Se analizará si el número telefónico que desea ser portado pertenece al mismo operador receptor (…)

ii. Se analizará si el número telefónico no corresponde a ningún abonado (…)

iii. Se verificará si se solicitó la portación (…)

iv. Se evaluará si el MSISDN (…)

v. Se evaluará el número de portaciones efectuadas por el usuario en el plazo de un año calendario (enero a diciembre) con el fin de evitar que se realicen más de cinco portaciones anuales”.

6º—Adicionar en el Por Tanto G “Consultas de prevalidación y solicitudes de cancelación y repatriación”, inciso 25, en cuanto a los Parámetros de Salida de las consultas de prevalidación (Proceso Manual), la condición referente a planes con terminales subsidiados, con el fin de que se lea de la siguiente manera:

“Parámetros de salida:

Proceso Automático

(…)

Proceso Manual:

i. Se analizará si existe una coincidencia total (…)

ii. Se analiza si el número telefónico se encuentra suspendido (…)

iii. Se analizará si el número telefónico se encuentra asociado a un plan con terminal subsidiado (Se espera una respuesta de tipo SI/NO)”

7º—Rectificar el error material del inciso 44) del Por Tanto I “Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica”, para que se lea correctamente:

“44. En caso de conflicto en los trámites de portabilidad numérica los operadores y proveedores deberán utilizar el procedimiento para la atención de problemas técnicos (Grupo de Apoyo Técnico, GAT) y administrativos (Grupo de Apoyo Administrativo, GAA) en procesos de portabilidad numérica, de acuerdo con lo dispuesto por la SUTEL por medio de la RCS-334-2013”.

8º—Modificar en el Por Tanto I “Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica”, el inciso 47, para que se lea de la siguiente manera:

“47. Siempre que se eleve al GAA o al GAT algún problema que restringa la posibilidad de un usuario a ejercer su derecho a la portabilidad numérica, el operador que ocasiona la posible afectación debe presentar un reporte con los pormenores de la situación presentada. Para estos efectos, el horario de funcionamiento del GAA y el GAT será desde las 8:00 horas hasta las 16:00 horas de lunes a viernes, con excepción de días feriados e inhábiles”.

9º—Modificar la tabla incorporada en el Por Tanto I “Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica”, inciso 51, para que se lea de la siguiente manera:

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

10.—Modificar en el Por tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.”, el inciso 54, para que se lea de la siguiente manera:

“54. Con el fin de facilitar la realización de los rastreos e intervenciones telefónicas, su autoriza a las autoridades públicas competentes en materia de intervención y rastreo de comunicaciones, el acceso a la base de datos de números portados.”

11.—Modificar en Por tanto “I. Otras consideraciones sobre los procesos de portabilidad numérica.”, el inciso 55), para que se lea de la siguiente manera:

“55. La Sutel valorará aquellas solicitudes realizadas por terceros distintos a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones con título habilitante de telefonía en Costa Rica, que requieran el acceso a la base de datos de los números portados.”

12.—Publicar la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta.

Acuerdo firme.

Notifíquese y publíquese.

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Luis Alberto Cascante Alvarado, Secretario del Consejo.—1 vez.—O. C. Nº 1663-15.—Solicitud Nº 29111.—C-1268540.—(IN2015019104).

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL

Comunica que por medio de acuerdo primero, artículo uno de la Sesión Extraordinaria Nº 4342, del 4 de marzo de 2015, la Junta Directiva del IFAM aprobó la publicación de la siguiente resolución:

Resolución General N° 01-2015

La Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, representada por Laura Obando Villegas, en su condición de Directora de la Administración Tributaria.

Considerando:

I.—Que la Ley N° 9036, denominada “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, aprobada el 22 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 2012 se encuentra en vigencia desde el 29 de noviembre de 2012.

II.—Que la Ley Nº 9036, en el artículo 37, modificó el artículo 10, de la Ley N° 5792, de fecha 01 de setiembre de 1975, estableciendo un impuesto específico de cero coma dos dos tres tres dos colones (¢0,22332) por cada mililitro de alcohol absoluto sobre la cerveza nacional y extranjera a favor del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - IFAM.

III.—Que el artículo 10 de la Ley N° 5792, establece la obligación que tiene el IFAM como Administración Tributaria, de actualizar y publicar de oficio, en forma trimestral, el monto de los impuestos creados en ese artículo a favor del IFAM. Lo anterior, deberá de realizarse dentro de los quince días anteriores a cada período trimestral de aplicación, que iniciarán el primer día de enero, abril, julio y octubre.

IV.—Que el artículo 10 de la Ley N° 5792, establece que la actualización del monto del impuesto específico, se fijará de forma trimestral conforme a la variación del índice de precios al consumidor-IPC que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual se aplicará como tasa de aumento a aquél impuesto. La variación del índice de precios al consumidor-IPC no podrá en ningún caso exceder de un tres por ciento (3%).

V.—Que el valor del índice de precios al consumidor-IPC para los meses de octubre de 2014 y enero del 2015, corresponden a 170,559 y 170,842 respectivamente, generándose una variación positiva en el período comprendido entre los meses citados de cero coma uno seis cinco nueve por ciento (0,1659%). Por lo tanto,

Resuelve:

Artículo 1º—Con el propósito de cumplir con lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 5792 del 01 de setiembre de 1975, vigente a partir del 29 de noviembre de 2012, se actualiza el impuesto específico creado por la Ley N° 9036 y otorgado a favor del IFAM, según se detalla a continuación:

Tipo de Bebida	Impuesto por mililitro de Alcohol Absoluto
Cervezas	¢0,24873

Artículo 2º—El monto del impuesto específico ¢0,24873 (cero coma dos cuatro ocho siete tres colones), indicado en el artículo anterior, se aplicará sobre cada mililitro de alcohol absoluto a partir del 01 de abril de 2015.

Artículo 3º—A partir del 01 de abril de 2015, se deja sin efecto el monto establecido en la Resolución N° 27-2014, publicada en La Gaceta N° 243 del 17 de diciembre de 2014, que actualizó el impuesto específico creado por el artículo 10 de la Ley 5792, para los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

Dado en la Ciudad de Moravia a los 09 días del mes de febrero de 2015.

Publíquese.—Moravia, 09 de febrero del 2015.— Administración Tributaria.—MSc. Laura Gabriela Obando Villegas, Directora.—1 vez.—(IN2015017329).

AVISOS

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

ESCUELA CANAÁN DE RIVAS DE PÉREZ ZELEDÓN

Se hace conocimiento que la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Canaán de Rivas de Pérez Zeledón, cédula jurídica número 3-008-092494, ha solicitado a la Procuraduría General de la República, la inscripción registral del bien inmueble no inscrito ubicado en la provincia de San José, cantón Pérez Zeledón, distrito Rivas, terreno donde se localiza el Centro Educativo Escuela Canaán de Rivas de Pérez Zeledón, el cual colinda al norte, calle pública con un ancho de catorce metros y plaza de deportes; sur, Eduardo Villarevia Ledezma; este, calle pública e iglesia y oeste, Eduardo Villarevia Ledezma, cuenta con plano catastrado número SJ-uno siete seis siete uno ocho cuatro-dos mil catorce, con un área de dos mil treinta y tres metros cuadrados, dicha inscripción se realiza según el artículo 27 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos. La Junta de Educación ha mantenido la posesión en dicho inmueble por más de diez años, en forma quieta, publica, pacífica, sin interrupción, de buena fe y a título de dueña. Quien se crea con derecho sobre el inmueble que se pretende inscribir, deberá hacerlo saber en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente edicto, en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) o bien en la Procuraduría General de la República, Notaría del Estado en la cual se están realizando las presentes diligencias.—Canaán de Rivas, Pérez Zeledón, 27 de febrero del 2015.—Edgar Borbón Hidalgo, cédula 1-0920-0989, Presidente Junta de Educación.—1 vez.—(IN2015016605).

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

El Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea en sesión ordinaria N° 9-15, celebrada el día 2 de marzo de 2015, artículo 8°, aprobó.

Trasladar la sesión ordinaria a celebrarse el lunes 30 de marzo 2015 para el miércoles 25 de marzo de 2015, manteniendo la hora y el lugar para este tipo de sesiones.

Departamento Secretaría.—Zahyra Artavia Blanco, Jefa.—1 vez.—(IN2015015386).

MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

PROVEEDURÍA MUNICIPAL

Acuerdo N° 2412-2015, tomado en la sesión ordinaria N° 253 del 3 de marzo del 2015:

Considerando:

I.—Que la Semana Santa inicia el 29 de marzo del año en curso.

II.—Que en años anteriores la Municipalidad ha permanecido cerrada durante dicha semana, Por tanto,

SE ACUERDA:

Trasladar la fecha de la sesión ordinaria del lunes 30 de marzo del 2015 al día miércoles 25 de marzo las 7 p. m.

Acuerdo definitivamente aprobado.

Moravia, 5 de marzo del 2015.—Jorge Mesén Solórzano, Proveedor Institucional.—1 vez.—(IN2015015385).

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN

CONCEJO MUNICIPAL

AVISA

Que mediante acuerdo Nº 09 de la sesión Nº 387 ordinaria celebrada el 3 de marzo del 2015, dispuso trasladar la sesión ordinaria del martes 31 de marzo de 2015, para el viernes, 20 de ese mismo mes, a las 5:15 p.m., por motivo de estar celebrando en esa fecha la Semana Santa.—San Ramón, 4 marzo 2015.—Silvino Sánchez Ortiz, Secretario.—1 vez.—Solicitud Nº 28664.—(IN2015016282).

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO

El Concejo Municipal de Paraíso en la sesión N° 377 del día 03 de marzo del 2015, acordó lo siguiente:

Que la sesión ordinaria del día 31 de marzo del 2015 (martes santo) se realizará el día jueves 26 de marzo del 2015 a las 6:00 p. m.

La sesión ordinaria del martes 15 de setiembre del 2015 por ser feriado por ley se traslade para el día 16 de setiembre del presente año a partir de las 6:00 p. m., en la sala de sesiones del Municipio.

Acuerdo en firme y definitivamente aprobado.

Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaría del Concejo Municipal.—Ing. Omar Chavarría Cordero, Jefe de Proveeduría Municipal.—1 vez.—(IN2015016537).

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO

EDICTO

Acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 371-2014 del 17 de noviembre del 2014, en el artículo V. Según oficio SCM-2483-2014 del 20 de noviembre del 2014.

La Municipalidad de Heredia hace saber a quién interese que en el Cementerio Central, existe un derecho a nombre de: Etelvina Prendas Montero y Simona Prendas Cambronero, la Sra. Simona no registra fecha de defunción ante registro civil. La otra arrendataria aún vive y solicita el traspaso del derecho y la inclusión de beneficiarios, indicándose así:

Arrendatario: Sergio González Prendas, cédula 4-0118-0373

Beneficiarios: Doris González Prendas, cédula 1-0399-0252

Gerardo Emilio González Prendas, cédula 1-0365- 0207

Lote N° 10 Bloque D, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, solicitud 2943-2991-184, recibo 6489-11408-151, inscrita en Folio 7-65-67, libro 1, el cual fue adquirido en tres compras registradas las fechas; 31 de julio de 1920, 10 de marzo de 1977, 04 de julio de 1977. Datos confirmados según constancia extendida por la Administración de Cementerios el 03 de febrero del 2014.

Se emplaza por 30 días hábiles a todo aquel que pretenda tener derecho sobre el mismo, para que se apersone a la oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Heredia, a fin de hacer valer sus derechos, caso contrario se inscribirá dicho derecho a nombre de la petente.

Adriana Bonilla Sequeira, Administradora de Cementerios.—1 vez.—(IN2015015177).

DEPARTAMENTO DE RENTAS Y COBRANZAS

EDICTO

Acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 0211-2012 del 19-11-2012, en el Artículo V, Según Oficio SCM-3042-2012 del 22-11-2012. La Municipalidad de Heredia hace saber a quién interese que en el Cementerio Central, existe un derecho, registrado a nombre de Andrés Benavides, quien falleció hace más de 15 años, por muchos años tiene los pagos y mantenimiento del mismo al día y estaba a cargo de la sobrina Sra. Marta Benavides Benavides una vez fallecida dicha señora y su hermana Sra. Luz Benavides Benavides, todo quedo a cargo de la Sra. Landelina Benavides León y su esposo por ser el albacea de la sucesión de las hermanas Benavides Benavides, la única que queda viva de estas Hermanas en la Sra. Irma Benavides Benavides, de 98 años y está muy enferma, no puede hacer ninguna función, y la Sra. Benavides León y su esposo son los que se encargan de todos los asuntos de ella y posiblemente a darle sepultura en ese mismo lugar, por lo que mi esposa no le interesa aparecer como arrendataria, solicita que se nombre como nuevo arrendatario a su esposo y ella como beneficiaría, indicándose así:

Arrendatario: Carlos M. Rojas Mora, cédula N° 1-323-517.

Beneficiaría: Landelina Benavides León, 4-106-149.

Lote N° 14 Bloque B, con una medida de 9 metros cuadrados, para 6 nichos, solicitud N° 171-175, recibo N° 336-19, inscrito en Folio 07 Libro 1, el cual fue adquirido el 31-05-1919 y 18-11-1919.

El mismo se encuentra a nombre del Andrés Benavides. (Fallecido). Datos confirmados según constancia extendida por nuestro Departamento de Rentas y Cobranzas de fecha 02-05-2012. Se emplaza por 30 días a todo aquel que pretenda tener derecho sobre el mismo para que se apersone a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Heredia, a fin de hacer valer sus derechos, caso contrario se inscribirá dicho derecho a nombre de la petente.

Licda. Hellen Bonilla Gutiérrez, Jefa.—1 vez.—(IN2015015224).

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 322-2014 del 14-04-2014, en el Artículo V, según oficio SCM-0795-2014 del 25-04-2014.

La Municipalidad de Heredia hace saber a quien interese que en el Cementerio Central de Heredia, existe un derecho donde el arrendatario falleció el 05-11-1990 y su esposa también falleció el 03-06-1974, sus 4 únicos hijos vivos, en común acuerdo solicitan traspasar el mismo a su sobrina como nueva arrendataria y que se incluyan beneficiarios a otros sobrinos, indicándose así: Arrendataria: Luciana Gutiérrez Wachong, cédula: 4-084-0449. Beneficiarios: Ligia Bonilla Gutiérrez, cédula 4-097-006, Mario Aporte Gutiérrez, cédula 4-169-349, lote N° 108, bloque D, con una medida de 6 metros cuadrados, para 4 nichos, solicitud 1527 recibo 7379 inscrito en folio 44, libro 1, el cual fue adquirido el 20 de febrero de 1967. El mismo se encuentra a nombre del Samuel Gutiérrez Morales (fallecido). Datos confirmados según constancia extendida por la Administración de Cementerios con fecha del 5 de setiembre del 2013. Se emplaza por treinta días hábiles a todo aquel que pretenda tener derecho sobre el mismo para que se apersone a la oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Heredia a fin de hacer valer sus derechos caso contrario se inscribirá dicho derecho a nombre de la petente.

Adriana Bonilla Sequeira, Administradora de Cementerios.— 1 vez.—(IN2015016705).

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

La Municipalidad de la Cruz, Guanacaste, comunica, resolución ALC-0909-2014-01.

Resolución de las diez horas treinta minutos del nueve de setiembre del dos mil catorce, Carlos Matías Gonzaga Martínez, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad cinco-ciento cincuenta-setecientos cincuenta y tres, vecino del cantón de La Cruz centro, en calidad de Alcalde Municipal de la ciudad de La Cruz, según resolución número cero cero dos tres- E once, guion dos mil once del Tribunal Supremo de Elecciones, y amparado a los artículos números ciento dos inciso siete, ciento sesenta y nueve, de la Constitución Política. Catorce del Código Municipal y ciento noventa y nueve del Código Electoral, periodo comprendido entre el siete de febrero del año dos mil once, hasta el treinta de abril del año dos mil dieciséis.

Considerando:

1º—Que con base a la normativa vigente, Ley General de Caminos Públicos, serán las Municipalidades las encargadas de llevar a cabo el debido proceso en cuanto a la declaración y reapertura de vía pública, (ver artículo 33 LGCP).

2º—Que en fecha 6 de noviembre del 2013, se realiza audiencia pública en la localidad de Los Andes de La Garita, por el asunto de existencia de portones y estrechamiento de camino público, audiencia en la cual se utiliza para comprobar la veracidad de la existencia de la ruta aparentemente estrechada si es pública o no ante esta municipalidad y bajo los parámetros de la legalidad por medio de los cuales se puede concluir si es pública la calle estrechada o no lo es esto con antelación a declarar un estrechamiento.

3º—En fechas 16 y 17 de octubre del 2013 se procede a notificar a las partes colindantes del camino en litigio de la celebración de la audiencia, por medio de cedulas de notificaciones se le informo personalmente a los colindantes Edwin Duarte Espinoza, Edgar Duarte Hernández, Esteban Espinoza Chávez, Johel Mejía Martínez, Melvin Martínez Castro.

4º—Dentro de la audiencia pública en el camino en litigio celebrada el 06 de noviembre del 2013, se recibieron los testimonios de los testigos ofrecidos por las partes intervinientes en el proceso, en total se recibieron 6 testigos entre todos las partes que ofrecieron testigos.

5º—Dentro del expediente administrativo que lleva la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentran prueba documental aportada por la administración Municipal así como prueba documental aportada por las partes interesadas dentro del proceso administrativo.

6º—Dentro del expediente administrativo que lleva la Unidad Técnica de Gestión Vial, se encuentran en los folios 0000043 la prueba para mejor resolver que la administración recibió para mejor resolver del presente expediente.

Hechos probados

Según la valoración de la prueba documental como testimonial, aportada por las partes y las pruebas testimoniales llevadas por la administración en el transcurso del presente proceso dentro de la audiencia pública celebrada en el lugar de los hechos se logra determinar como hechos probados.

1º—Que el camino en litigio a Declarar como público comunica directamente aproximadamente quince familias con acceso de entrada y salida a sus casas de habitación por el camino aquí en litigio el cual se comprueba es público.

2º—Según los testimonios de los testigos José Luis Condega Vásquez, Juan Vásquez López, Mario Artiaga Artiaga, aportados por uno de los interesados sea el señor Johel Mejía, se refleja que los señores que han frecuentado este camino lo han realizado por un periodo de tiempo importante para definir la existencia de la ruta aquí en discusión, así como el tipo de trazo que se ha realizado por parte de los usuarios durante este tiempo, compartiendo el testimonio los tres testigos José Luis Condega Vásquez, Juan Vásquez López, Mario Artiaga Artiaga, escuchados en manifestar que el paso lo han realizado de forma continua y reconocen que el camino lo han mantenido los vecinos que lo utilizan para sacar madera u otros intereses reconocen a los señores madereros y al señor Edwin Duarte como los responsables de reparar el camino en los últimos años, así mismo proceden los testigos a reconocer la ruta que transitan como un camino.

3º—Tal y como se ha manifestado los testigos José Luis Condega Vásquez, Juan Vásquez López, Mario Artiaga Artiaga, ofrecidos por el señor Johel Mejía y los testigos Rogelio Quintanilla Cantillano, Tomas Sánchez Álvarez ofrecidos por los señores Estaban Espinoza y Edgar Duarte, han coincidido en las características principales del uso del camino aquí en litigio como son la antigüedad y la continuidad, por el cual han pasado por parte de los propietarios de las fincas las cuales se pudiese atrever a llamar sirvientes de los usuarios en el paso por la zona aquí en litigio.

4º—Ambos testigos ofrecidos por la administración municipal señores Adrien Francois luc Baeyens y María Mireya Martínez Castro, con el fin de escuchar testimonios que ayuden a llegar a la verdad real de la utilidad del camino en litigio coinciden que han utilizado el camino en litigio sin restricciones y por tiempos indefinidos así mismo que no le han tenido que pedir permisos a nadie esto incluye a los propietarios de los fundos colindantes a la ruta en litigio, siendo claro para la suscrita que el camino si ha estado al servicio de los pobladores de la zona exactamente de vecinos propietarios de fincas vecinas que se benefician del camino en litigio para acortar accesar a sus propiedades.

5º—Se constata según el plano catastrado G-508685-1998, que indica como Poseedor Sociedad Agrícola Ganadera Curvas Verdes S.A. Actualmente a nombre de Finca Ede Montañas del Río S. A. Dicho plano indica que el acceso es por calle pública, con un ancho de 14m, además este plano generó título de propiedad mediante diligencias de Información Posesoria, en el cual un Juez dio la orden de inscribir la propiedad con el plano catastrado G-508685-1998, lo cual lleva a concluir que el acceso indicado en dicho plano es camino público, y de acuerdo a la Ubicación Geográfica del mismo, este se ubica al norte del plano G-1059721-2006. Así mismo el plano catastrado G-281394-1977, el cual indica como poseedor a Felicia Duarte Quintanilla, indica que tiene un frente a calle pública de 1447,49m, dicho plano por la Ubicación Geográfica se encuentra ubicado al norte del plano catastrado G-1059721-2006, y el camino público al que hace referencia el plano G-281394-1977 es el mismo que se indica como servidumbre agrícola en el plano G-1059721-2006, a como también el plano catastrado G-558451-1999, con número de finca 5005794-000, indica que el acceso es por calle pública con un derecho de vía de 14m hasta cierto punto y por servidumbre de paso con un ancho de 6mhasta la propiedad, tal y como se indica en el plano G-558451-1999, este plano de acuerdo a la Ubicación Geográfica está al norte del plano G-1059721-2006, siguiendo con la línea de pruebas el plano catastrado G-11474-1975, genero la finca número 5121567-000, de esta finca se hicieron catorce segregaciones en el año 2010, de las cuales cuatro planos indican que el acceso es una calle pública con un ancho de 14m, todos estos planos por la Ubicación Geográfica, están al norte del plano G-1059721-2006.

Hechos no probados

1º—Que el camino en litigio no existe como camino de acceso al público.

2º—Que dicho camino en litigio es una servidumbre de paso privado con uso público. Por tanto,

Se declara camino público el que comunica de forma directa aproximadamente quince familias con acceso de entrada y salida a sus casas de habitación y propiedades agrícolas con la calle principal que conecta Los Andes a La Garita, llevando la calle en litigio del sector de Los Andes a La Fortuna, con una longitud de la distancia de seis kilómetros, esto por más de veinte años en promedio, camino que se logra demostrar ha estado abierto durante este tiempo a la comunidad de familias que ahí habitan y que se han generado más propiedades inscritas a raíz de ese camino como límite de acceso y colindate de propiedades.

Que con base a la normativa vigente que establece el Código Municipal, serán las Municipalidades las que coordinaran los alineamientos frente a los caminos vecinales, así mismo las Municipalidades están dotadas con autoridad Legal para exigir la realización de las obras en virtud de la planificación urbana de la ciudades, debiendo cumplir los propietarios con los incisos a) y b) del artículo 75 del Código Municipal, en concordancia con la Ley General Caminos en su artículo 32, 33, queda debidamente apercibidos los interesados sean todos ellos los vecinos y colindantes del camino aquí declarado como público que deberán de delimitar sus propiedades con el camino público respetando la línea de 14 metros de ancho que sostiene actualmente y con el cual se declara público el camino de acceso de entrada y salida, así mismo se les advierte que de omitir dicha orden procederá la Municipalidad a ejecutar lo aquí ordenado y la misma procederá a realizar el cobro económico que devengo la ejecución de la presente resolución. Se ordena a los señores Johel Mejía Martínez y Edwin Duarte Espinoza, ambos conocidos en autos tanto físico como en las representaciones que este ostenta levantar colindancias que delimiten el camino público con sus propiedades inscritas a nivel registral a su nombre o de su representada así mismo todas aquellas propiedades que colinden con el camino y se encuentren dentro del régimen de posesión. También se ordena levantar los portones de golpe que obstruyan el paso libre de los usuarios del camino público que lleva de Los Andes a la Libertad.

En otro orden de ideas se dicta la publicación de esta resolución en el diario oficial La Gaceta, según lo estipula la Ley General de Caminos Públicos. Contra esta resolución cabe el recurso de apelación, según los parámetros del artículo 33 de la Ley General de caminos Públicos, mismo que no impide la ejecución del acto. Notifíquese a los todos los interesados en el lugar señalado dentro del expediente número UT-MLC-EXP003-12 para recibirlas. Notifíquese.

La Cruz, Guanacaste, 5 de marzo del 2015.—Lic. Carlos Matías Gonzaga Martínez, Alcalde Municipal.—Nury Jara Rodríguez, Proveedora Municipal a. í.—1 vez.—(IN2015015742).

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

EDICTO

Desarrollos Inmobiliarios Varo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-471694, representada por Carlos Alberto Hernández Navarro, cédula N° 3-0355-0871, casado una vez, abogado, vecino de Cartago, Oreamuno, diagonal al cementerio, con base en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043 del 2 de marzo de 1977 y el Decreto Ejecutivo N° 7841-P del 16 de Diciembre de 1977, solicita en concesión una parcela de terreno localizado en Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia de Puntarenas. Mide 4243 m², de conformidad con el plano de catastro P-1696151-2013, y es terreno para dedicarlo al uso Zona Residencial Turística de conformidad al Plan Regulador aprobado. Linderos: Norte, Propiedad privada; sur, calle pública; este, Municipalidad de Aguirre, oeste, calle pública. Se advierte que la presente publicación no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de que las futuras disposiciones del Plan Regulador aprobado en este sector costero, afecten el uso actual de la parcela. Se conceden treinta días hábiles para oír oposiciones, las cuales deberán venir acompañadas de dos copias y ser presentadas al Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Además el opositor deberá identificarse debidamente.—Quepos, 10 de marzo del 2015.—Departamento de Zona Marítimo Terrestre.—Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. MBA, Coordinador.—1 vez.—(IN2015017364).

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S. A.

Otárola Guerrero Arístides, cédula N° 1-0238-0712, tramita por extravío, la reposición del título definitivo de acciones N° 0002267 A, que ampara 5 acciones comunes y nominativas con un valor facial de mil colones cada una de la Sociedad Central Azucarera Tempisque S. A. Quienes se consideren afectados, podrán dirigir sus oposiciones a las oficinas de Central Azucarera Tempisque S. A., situadas en Guardia, Liberia, Guanacaste, 6.5 kilómetros al oeste de la Escuela Pública de la localidad, dentro del plazo indicado en el artículo 689 del Código de Comercio.—03 de marzo del 2015.—Arístides Otárola Guerrero.—(IN2015015551).

CONDOMINIO RESIDENCIAL COMERCIAL

LAS FLORES DEL PACÍFICO

Condominio Residencial Comercial Las Flores del Pacífico, cédula de persona jurídica número tres-ciento nueve-doscientos treinta y seis mil setenta y dos, solicita ante La Sección de Propiedad en Condominio del Registro Público de la Propiedad, la reposición de los siguientes libros: Actas de Junta Directiva, Actas de Asamblea de Propietarios y Caja, por haberse extraviado. Quien se considere afectado debe dirigir sus oposiciones a la Sección de Propiedad en Condominio del Registro Público de la Propiedad en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación en La Gaceta.—San José, diecisiete de noviembre del dos mil catorce.—Luis Muñoz González, Condómino.—(IN2015015630).

CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL

Y VERTICAL VILLA CLAUDIA

Condominio Residencial Horizontal y Vertical Villa Claudia, cédula de persona jurídica número tres-ciento nueve-quinientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho, solicita ante la Sección de Propiedad en Condominio del Registro Público de la Propiedad, la reposición de los siguientes libros: Actas de Junta Directiva, Actas de Asamblea de Propietarios y Caja, por haberse extraviado. Quien se considere afectado debe dirigir sus oposiciones a la Sección de Propiedad en Condominio del Registro Público de la Propiedad en el término de ocho días habites, contados a partir de la última publicación en La Gaceta.—San José, tres de febrero del dos mil quince.—Marciano Campos Cordero, Condómino.—(IN2015015631).

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

VILLAS DEL PACÍFICO

Condominio Horizontal Residencial Villas del Pacífico, cédula de persona jurídica número tres-ciento nueve-trescientos veintiséis mil seiscientos noventa y siete, solicita ante La Sección de Propiedad en Condomino del Registro Público de la Propiedad, la reposición de los siguientes libros: Actas de Junta Directiva, Actas de Asamblea de Propietarios y Caja, por haberse extraviado. Quien se considere afectado debe dirigir sus oposiciones a la Sección de Propiedad en Condominio del Registro Público de la Propiedad en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación en La Gaceta.—San José, diecisiete de noviembre del dos mil catorce.—Juan Carlos Segares Lutz, Condómino.—(IN2015015632).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La suscrita Zoraida Cárdenas Zúñiga, portadora de la cédula 5-078-930, vecina de Hatillo de Santa Cruz, Guanacaste, le solicito a ustedes para que se publique en los medios correspondientes las veces que sea necesario el número de certificado 62758488 del Banco de Costa Rica sede Santa Cruz que fue emitido con fecha 17 de setiembre del 2010 con un vencimiento de 17 de enero de 2011, con un plazo de 120 días. Esto debido a que se extravió el documento.—Zoraida Cárdenas Zúñiga.—(IN2015015135).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

LA VIGA DE ORO

Condominio Horizontal Residencial La Viga de Oro, cédula jurídica 3-109-667151, solicita al Departamento de Propiedad en Condominio del Registro Nacional la reposición por extravío del libro de caja. Se cita a los interesados a manifestar oposiciones a dicho Departamento en los siguientes ocho días a la publicación en La Gaceta.—Lic. Cristina Vargas Trejos, Notaria.—(IN2015016535).

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

HACIENDA EL PASEO

Condominio Horizontal Residencial Hacienda El Paseo, cédula jurídica 3-109-355197, solicita al Departamento de Propiedad en Condominio del Registro Nacional la reposición por extravío del libro de caja. Se cita a los interesados a manifestar oposiciones a dicho Departamento en los siguientes ocho días a la publicación en La Gaceta.—Lic. Cristina Vargas Trejos, Notaria.—(IN2015016538).

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

LOMAS DEL BOSQUE

Condominio Horizontal Residencial Lomas del Bosque, cédula jurídica 3-109-577521, solicita al Departamento de Propiedad en Condominio del Registro Nacional la reposición por extravío del libro de caja. Se cita a los interesados a manifestar oposiciones a dicho Departamento en los siguientes ocho días a la publicación en La Gaceta.—Lic. Isabel Cristina Vargas Trejos, Notaria.—(IN2015016540).

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL LAS CALAS

Condominio Horizontal Residencial Las Calas, cédula jurídica 3-109-440842, solicita al Departamento de Propiedad en Condominio del Registro Nacional la reposición por extravío del libro de caja. Se cita a los interesados a manifestar oposiciones a dicho Departamento en los siguientes ocho días a la publicación en La Gaceta.—Lic. Cristina Vargas Trejos, Notaria.—(IN2015016543).

PANAMERICAN WOODS PLANTATIONS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Panamerican Woods Plantations Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-243251, hace del conocimiento público que por motivo de extravío, el señor Paul Nolan ha solicitado la reposición de las acciones número 792 (1-10), 1175 (1-10) y 3891 (6-10). Se emplaza a cualquier interesado para que en el término de un mes a partir de la última publicación de este aviso, manifiesten su oposición dirigida a: Panamerican Woods Plantations S. A., domicilio en San José, Mata Redonda, Sabana norte, esquina sureste de la intersección entre calle sesenta y ocho y avenida nueve.—A. Dr. Néstor Baltodano Vargas, Presidente.—(IN2015016550).

BANCO BCT S. A.

A quien interese se hace constar que el certificado de depósito a plazo N° 90003285, por un monto USD$3.420,00 y el cupón N° 90003285-1, por la suma de USD$43.68, con vencimiento el 26-08-2015, emitidos ambos a la orden de Fernan Rohrmoser Herrmann por Banco BCT S.A., han sido reportados como extraviados, por lo que se solicita a Banco BCT S. A. su reposición de acuerdo con los artículos 708 y 709 del Código de Comercio.—11 de marzo del 2015.—Agencia Alajuela.—Melissa Guzmán Gutiérrez, Jefa de Operaciones.—(IN2015016988).

PUBLICACIÓN DE unA VEZ

ROCOVI S. A.

Se hace saber a todos los interesados de conformidad con el articulo diecinueve del Código de comercio que en Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Rocovi S. A., cédula jurídica tres-ciento uno- doscientos sesenta y dos -doscientos ocho. Celebrada al ser las dieciséis horas, del día veintiocho de junio del año dos mil catorce. Se acordó que el correspondería al Presidente al tesorero la representación Judicial y extrajudicial de la sociedad, quienes actuarán conjuntamente o separadamente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma. Notaría del Licenciado Gustavo Alvarado Sánchez.—Lic. Gustavo Alvarado Sánchez, Notario.—1 vez.—(IN2015015357).

U BROKER COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA

Balance Final de Liquidación. De conformidad con el Balance Final de Liquidación de U Broker Costa Rica Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101- 182198, se desprende que el total del activo y patrimonio es la suma de ciento veintisiete millones ochocientos veintiocho mil veintisiete colones con setenta y tres céntimos. En virtud de lo anterior la suma a distribuir a los accionistas, es de ciento veintisiete millones ochocientos veintiocho mil veintisiete colones con setenta y tres céntimos, menos retenciones por impuestos en forma proporcional a su participación en el capital social.—San José, tres de marzo de dos mil quince.—Noraleyda Guadamuz Chavarría.—Eduardo López Chasí, Liquidadores.—1 vez.—(IN2015015383).

SERVICIOS ELECTROMÉDICOS

Y DE LABORATORIO SOCIEDAD ANÓNIMA

La suscrita tesorera de la sociedad Servicios Electromédicos y de Laboratorio Sociedad Anónima, con cédula jurídica número: 3-101-99269, por este medio informo al público en general, la pérdida de los Libros Sociales de esta sociedad. Se otorga un plazo de ocho días hábiles a partir de la publicación, para escuchar oposiciones antes de proceder a la reposición de los mismos.—Patricia Montero Gamboa.—1 vez.—(IN2015015718).

ONE SPORTS COSTA RICA OSCR SOCIEDAD
ANÓNIMA DEPORTIVA

El suscrito, Juan Carlos Campos Hernández, mayor de edad, casado una vez, Empresario, vecino de San José, San Rafael de Escazú, Torre Davivienda primer piso, Meridiano Business Center, frente a tienda Alyss, portador de la cédula de identidad número uno-nueve uno cero-siete cero seis, en mi condición de Presidente solicito la reposición de libros de accionistas de la sociedad denominada One Sports Costa Rica OSCR Sociedad Anónima Deportiva, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seis cinco nueve dos seis tres, con domicilio en San José, calle trece y quince, avenida seis bis, casa numero mil trescientos cuarenta y tres, por lo que solicito se publique el respectivo edicto de Ley. Es todo.—San José, veintisiete de febrero del dos mil quince.—Juan Carlos Campos Hernández, Presidente.—1 vez.—(IN2015015972).

AGROCOMERCIAL EL CORRAL AGUAS ZARCAS

SOCIEDAD ANÓNIMA

El suscrito, Alejandro Francisco Romero Barrientos, cédula de identidad dos-trescientos noventa-seiscientos setenta y nueve, en mi condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Agrocomercial El Corral Aguas Zarcas Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos nueve, de conformidad con los artículos doscientos cincuenta y dos y doscientos sesenta y tres del Código de Comercio, en concordancia con el Reglamento respectivo del Registro Nacional para la Legalización de Libros de Sociedades Mercantiles, solicito la reposición del Libro de Actas de Asambleas Generales (uno). Dicha solicitud la realizo en virtud de que el libro uno se extravío. Cualquier persona que tenga interés o reclamo a la reposición de este libro deberá notificarlo a la sociedad en su domicilio social, ubicado en Aguas Zarcas de San Carlos, ochocientos metros sur de la escuela.—Aguas Zarcas, San Carlos, seis de marzo del dos mil quince.—Víctor Andrés Moreira Sirias.—1 vez.—Solicitud Nº 28791.—(IN2015016151).

S Y L INGENIERÍA S. A.

En representación de la sociedad denominada S Y L Ingeniería S. A., procedo a realizar el trámite de reposición de los siguientes libros sociales: Libro de Actas de Asamblea de Accionistas, Libro de Registro de Socios, Libro de Actas de Asamblea de Junta Directiva, Diario, Inventarios y Balances y Mayor, en razón de que por causa involuntaria los mismos fueron extraviados.—San José, nueve de marzo de dos mil quince.—Lic. Jonathan Jara Castro.—1 vez.—Solicitud Nº 28830.—(IN2015016237).

LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR

COMUNICA

La Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, en su sesión ordinaria N° 499 del martes 3 de marzo de 2015 adopta los siguientes acuerdos, por unanimidad y en firme:

1. En razón de que el Ingenio Santa Fe ya cerró definitivamente sus operaciones fabriles, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 7818 y los artículos 361 y 362 del Reglamento Ejecutivo, en relación con lo estatuido en el “Reglamento para Regular el Traslado y Extinción de la Cuota de Referencia para el caso de Cierre Definitivo de Operaciones Fabriles de los Ingenios”, autoriza la transferencia de la participación correspondiente a dicho ingenio y a sus productores independientes de caña debidamente inscritos en la Cuota de Producción Calculada de dicho ingenio, a aquellos ingenios por ellos escogidos como sigue:

Ingenio Cutris: 12.463 bultos de azúcar de 96° de polarización, y al

Ingenio Quebrada Azul: 1.175,3 bultos de azúcar de 96° de polarización.

2. En razón de que el Ingenio San Ramón ya cerró definitivamente sus operaciones fabriles, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 7818 y los artículos 361 y 362 del Reglamento Ejecutivo, en relación con lo estatuido en el “Reglamento para Regular el Traslado y Extinción de la Cuota de Referencia para el caso de Cierre Definitivo de Operaciones Fabriles de los Ingenios”, autoriza la transferencia de la participación correspondiente a dicho ingenio y a sus productores independientes de caña debidamente inscritos en la Cuota de Producción Calculada de dicho ingenio, a aquellos ingenios por ellos escogidos como sigue:

Ingenio Costa Rica: 4.873,77 bultos de azúcar de 96° de polarización.

3. Reducir la Cuota Nacional de Producción de Azúcar Ajustada en 14.416,72 bultos de 96º de polarización de acuerdo al siguiente detalle: 4.873,77 bultos de azúcar de 96º de polarización transferida a la Cuota Individual de Producción Calculada del ingenio Costa Rica y 9.542,95 bultos de 96º de polarización no transferidos de las participaciones de la Cuota Individual de Producción del ingenio San Ramón, por lo que la nueva Cuota Nacional de Producción de Azúcar Ajustada suma 7.584.712,75 bultos de 96º de polarización.

4. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, 118, 119, 121, 125 (párrafos tercero, cuarto y quinto), 134 y concordantes de la Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar N° 7818 del 02 de setiembre de 1998, por condiciones de mercado acuerda modificar la composición (tipos de azúcar) de la Cuota Nacional de Producción de Azúcar para la zafra 2014-2015, la cual se mantiene en 7.584.712,75 bultos de 96° de polarización como sigue:

a) Azúcar para el consumo nacional y sus reservas:

Blanco de Plantación: 4.493.680 bultos de azúcar de 99,5° de polarización, equivalente a 4.656.994 bultos de 96° de polarización.

Refino 45 UI: 85.913 bultos de azúcar de 99,7° de polarización, equivalente a 89.224 bultos de 96° de polarización.

Zukra: 66.042 bultos de azúcar de 98,8º de polarización, equivalente a 67.968 bultos de 96º de polarización.

Orgánico: 5.000 bultos de azúcar de 98,8º de polarización, equivalente a 5.172 bultos de 96º de polarización.

De las citadas cantidades y tipos de azúcar, el 45,0% corresponde a ventas a clientes comerciales y el 55,0% corresponde a ventas a clientes industriales.

b) Azúcar para la exportación y sus reservas:

Blanco Especial 150 UI: 219.835 bultos de azúcar de 99,6° de polarización, equivalente a 228.079 bultos de 96° de polarización.

Refino 45 UI: 95.940 bultos de azúcar de 99,7° de polarización, equivalente a 99.430 bultos de 96° de polarización.

Crudo mercado estadounidense: 302.320 bultos de azúcar de 98,5° de polarización, equivalentes a 310.193 bultos de 96° de polarización.

Crudo cuota CAFTA: 259.600 bultos de 98,0° de polarización equivalentes a 266.360 bultos de 96° de polarización.

Crudo alta polarización: 600.000 bultos de azúcar de 99,1º de polarización, equivalente a 619.375 bultos de azúcar de 96º de polarización.

Crudo otros mercados: 1.210.218 bultos de azúcar de 98,0° de polarización, equivalentes a 1.241.917 bultos de 96° de polarización.

Las citadas cantidades de azúcar, podrán sustituirse por otros tipos de azúcar, que se justifiquen para satisfacer la demanda del mercado.

En el caso de los azúcares especiales, la cantidad asignada corresponde a compromisos asumidos por los ingenios en forma expresa, según documentación que consta en los archivos de LAICA, concordantes con los procedimientos aprobados por la Junta Directiva Corporativa.

c) Reservas totales (Incluidos en literales “a” y “b”):

5. Distribuir la Cuota Nacional de Producción de Azúcar, entre todos los ingenios, asignándoles las correspondientes Cuotas Individuales de Producción, en forma proporcional a sus respectivas cuotas de referencia, según la siguiente distribución:

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Edgar Herrera Echandi, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2015016721).

JEFESA S. A.

Por escritura pública de las 10:00 horas del 9 de marzo de 2015, la señora Sandra Faingezicht Steimberg, con cédula de identidad número 1-0367-0904, actuando en su condición de vicepresidenta de la junta directiva con facultades de apodera generalísima sin límite de suma de Jefesa S. A., cédula jurídica 3-101-043660, domiciliada en San José, solicitó ante el Registro Nacional, Registro de Personas Jurídicas, la reposición por extravío de los libros número uno de Actas de Asamblea de Socios, Registro de Socios y Actas del Consejo de Administración.—San José, 9 de marzo del año 2015.—Lic. Alejandro Antillón Appel, Notario.—1 vez.—(IN2015017304).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Por escritura otorgada ante esta notaría a las 13:00 horas del 24 de febrero del 2015; se protocolizó el acta en la que se acordó la disminución del capital social y se reforma la cláusula quinta del pacto constitutivo de Babyliss Costa Rica Limitada, cédula jurídica 3-102-218136.—San José, veintiséis de febrero del dos mil quince.—Sergio Antonio Solera Lacayo, Notario.—Solicitud Nº 28397.—(IN2015013885).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Por escritura otorgada ante esta notaría se protocolizó asamblea general extraordinaria de tres-ciento uno-quinientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco s. a. en la que se sustituyeron los puestos de junta directiva, fiscal y agente de residente, y se modificaron las cláusulas del domicilio y la representación.—San José, a las catorce horas del cuatro de marzo del dos mil quince.—Lic. Ronald Soto Arias, Notario.—1 vez.—Solicitud Nº 28679.—(IN2015015260).

Por escritura ciento treinta y nueve, otorgada ante la notaria pública Carolina Ulate Zárate, a las dieciséis horas diez minutos del día tres de marzo del año dos mil quince, se modificó las cláusulas segunda y la sexta de la sociedad denominada Wadisa W.G.L. Sociedad Anónima.—Heredia, cuatro de marzo del año dos mil quince.—Licda. Carolina Ulate Zárate, Notaria.—1 vez.—Solicitud Nº 28678.—(IN2015015263).

Por escrituras otorgadas el día de hoy ante mí se constituyeron Newgate International (NGI) S. A. y Latam Risk Consulting S. A., capital social de cien dólares y la representación en el presidente y secretario.—San Pablo de Heredia, 4 de marzo del 2015.—Lic. Edgardo Campos Espinoza, Notario.—1 vez.—Solicitud Nº 28672.—(IN2015015264).

Ante esta notaría por medio de escritura pública número 107-VI, otorgada en Guanacaste a las 13:00 horas del 2 de marzo del año 2015 se protocolizó el acta número uno de la sociedad denominada Colina Turquesa Level One Right Limitada, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: Primero: Se reforman las cláusulas segunda, del domicilio y la cláusula sexta de la administración.—Guanacaste, cuatro de marzo del dos mil quince.—Licda. Priscilla Solano Castillo, Notaria.—1 vez.—Solicitud Nº 28669.—(IN2015015266).

Por escritura otorgada ante el notario César Augusto Mora Zahner, a las 10:00 horas del 4 de marzo del dos mil quince, se protocolizó acta de la sociedad 3-101-613310 s. a., con cédula jurídica 3-101-613310, modificando su cláusula segunda. Es todo.—Jacó, 4 de marzo del 2015.—Lic. César Augusto Mora Zahner, Notario.—1 vez.—Sol. 28655.—(IN2015015268).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 18 horas 00 minutos del 18 de diciembre del año 2014, se constituyó la sociedad denominada Security Checks Sociedad Anónima.—San José, 8 de enero del 2015.—Lic. Ólman Alberto Rivera Valverde, Notario.—1 vez.—CE2015000086.—(IN2015015271).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las 16 horas 00 minutos del 7 de enero del año 2015, se constituyó la sociedad denominada Energy Control Sociedad de Responsabilidad Limitada.—San José, 8 de enero del 2015.—Lic. Eric Francisco Badilla Córdoba, Notario.—1 vez.—CE2015000087.—(IN2015015272).

Por escritura de las 08:00 horas del 3 de marzo del 2015, otorgada ante esta notaría pública, se modifica la cláusula octava referente a la administración de la sociedad: LTE Cuatro Alerosi Sociedad Anónima.—San José, 3 de marzo del 2015.—Licda. Eslava Hernández Jiménez, Notaria.—1 vez.—(IN2015015333).

Yo, Trycia Saborío Barrios, notaria pública de Escazú, mediante escritura pública se reforma el pacto constitucional de la sociedad: Inversiones El Macho JFA Limitada y se realiza cambio de junta directiva de la sociedad Edu & Shey S. A.—Escazú, 4 de marzo del 2015.—Licda. Trycia Saborío Barrios, Notaria.—1 vez.—Solicitud Nº 28654.—(IN2015015334).

Mediante escritura pública 31-19, otorgada ante esta notaría, a las 10:00 horas del 3 de marzo del 2015, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada: Cadaga del Este de San José Sociedad Anónima. Se modifica el pacto constitutivo, cláusula octava sobre la representación judicial y extrajudicial y se modifica la junta directiva.—Lic. Mario Rodríguez Barrantes, Notario.—1 vez.—(IN2015015336).

El suscrito notario protocolizó el día cuatro de marzo del dos mil quince el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía Enchanted Hills Los Sueños Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se modifica la cláusula novena en cuanto a la administración.—San José, cuatro de marzo de dos mil quince.—Lic. William Richard Philps Moore, Notario.—1 vez.—Solicitud Nº 28645.—(IN2015015338).

El suscrito notario protocolizó el día cuatro de marzo del dos mil quince el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la compañía El Beril Sociedad Anónima. Se modifica la cláusula sexta en cuanto a la administración.—San José, cuatro de marzo de dos mil quince.—Lic. William Richard Philps Moore, Notario.—1 vez.—Solicitud Nº 28644.—(IN2015015340).

Que mediante escritura número ciento setenta y siete-veintitrés, del tomo veintitrés, otorgada a las catorce horas del veintitrés de febrero del dos mil quince, ante la notaría de la Licda. Andrea Catalina Argüello Corrales, se protocoliza acta de modificación de cláusulas sexta y segunda de la sociedad: Rock System Inc Sociedad Anónima, cambiando su domicilio social en Costa Rica, San José, Condominio Las Américas, local C dos-quince, y la cláusula sexta modificando su representación la cual recae únicamente en el presidente.—Heredia, cuatro de marzo del dos mil quince.—Licda. Andrea Argüello Corrales, Notaria.—1 vez.—(IN2015015343).

Ante esta notaría por medio de escritura pública N° 43-VI, otorgada en Guanacaste a las 15:30 horas del 3 de marzo del 2015 se protocolizó el acta número diez de la sociedad denominada Asociación de Propietarios de Club de Golf y Campestre (Homeowners Association of Papagayo Golf and Country Club), en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: Octavo: Se acuerda realizar cambio en los nombramientos de junta directiva.—Guanacaste, cuatro de marzo del dos mil quince.—Licda. Laura Rojas Coto, Notaria.—1 vez.—Solicitud Nº 28643.—(IN2015015346).

Ante esta notaría por medio de escritura pública número 35-VI, otorgada en Guanacaste a las 17:00 horas del 25 de febrero del año 2015 se protocolizó el acta número treinta de la sociedad denominada Asociación Cmara de Turismo Guanacasteca, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: Sétimo: Se acuerda realizar cambio en los nombramientos de junta directiva.—Guanacaste, cuatro de marzo del dos mil quince.—Licda. Laura Rojas Coto, Notaria.—1 vez.—Solicitud Nº 28641.—(IN2015015349).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las once horas del cuatro de diciembre del dos mil catorce, se constituyó una sociedad anónima con número de cédula jurídica. Capital social: cien mil colones.—San José, tres de marzo del dos mil quince.—Licda. Yorleny Murillo Vargas, Notaria.—1 vez.—(IN2015015350).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las once horas del doce de febrero del dos mil quince, se reformó el pacto constitutivo en su cláusula sexta de la sociedad: Duotec S. A.—San José, dos de marzo del dos mil quince.—Lic. Jimmy Meza Lázarus, Notario.—1 vez.—(IN2015015351).

NOTIFICACIONES

PODER LEGISLATIVO

ASAMBLEA LEGISLATIVA

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Al señor Max Alberto Rubín Herrera, cédula 1-723-056, con domicilio desconocido, de acuerdo al libro segundo, procedimiento administrativo, título tercero, capítulo primero de la comunicación de los actos de procedimientos, de la Ley General de la Administración Pública, se le comunica que dentro de los registros contables del Departamento Financiero le adeuda a la Asamblea Legislativa la suma de ¢510.078,96 más los correspondientes intereses de ley, por concepto de suma pagada de más en salario, le solicitamos que se apersone a la Dirección Ejecutiva de esta institución, para llegar a un arreglo de pago satisfactorio para ambas partes, de lo contrario seguiremos con el procedimiento administrativo según el Reglamento de Prevención y control de las sumas pagadas de más a funcionarios y exfuncionarios de la Asamblea Legislativa y después de la tercera publicación de este aviso, se tomará el acuerdo por parte del Directorio Legislativo, de dar por agotada la vía administrativa y trasladar el expediente a la Procuraduría General de la República, para llevar a cabo el cobro judicial correspondiente. Asamblea Legislativa. San José a las 15 horas del 03 de marzo de 2015.—Silvinia Trejos Solano, Directora Financiera a. í.—O. C. N° 25002.—Solicitud N° 28733.—C-520480.—(IN2015015876).

SEGURIDAD PÚBLICA

DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO LEGAL

SECCIÓN DE INSPECCIÓN POLICIAL

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Acto de apertura, causa administrativa disciplinaria número 040-IP-2015-DDL-AFS. San José a las ocho horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del dos mil quince. De conformidad con los artículos 211, 214, 218, 221, 222, 225, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 308 inciso a), 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 de la Ley General de la Administración Pública; 57, 78, 84 de la Ley General de Policía, 108, 109, 110, 111 del Reglamento de Organización de este Ministerio, 74, 80, 91, 95, 96 inciso c) y d) del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, procede este Despacho, en esta vía a iniciar Procedimiento Administrativo Ordinario Laboral, bajo el expediente 040-IP-2015-DDL, en contra del servidor Mario Enrique Solano González, cédula de identidad número 02-0491-0571, funcionario destacado en la Delegación Policial Cantonal de Palmares, a quien resultó materialmente imposible notificar personalmente por ignorarse su actual domicilio, a efecto de determinar su participación y responsabilidad disciplinaria y de otra índole, que le pueda caber por los hechos que se le imputan, a saber: 1. Ausencias al trabajo de los días 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre del 2014, 01 y 02 de enero del 2015. 2. Incumplimiento de la obligación de avisar oportunamente a su superior de los motivos de tales ausencias y aportar prueba documental donde se demuestre la justificación válida de las mismas. Lo cual en caso de comprobarse, le podría acarrear la imposición de una sanción disciplinaria de uno a treinta días de suspensión sin goce salarial o inclusive hasta el despido sin responsabilidad patronal, así como compelerlo al pago de los salarios percibidos durante esas fechas, así como al pago de los gastos en que ha tenido que incurrir la Administración para poder comunicarle el presente Auto de Apertura. Lo anterior con sustento en lo previsto en los artículos 81 inciso g del Código de Trabajo y 86 inciso e) y 87 del Reglamento de servicio de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, 44 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública, el cual es aplicado supletoriamente según el artículo 202 del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales Adscritos a este Ministerio. Para los anteriores efectos, recábese la prueba pertinente a fin de esclarecer la verdad real de los hechos, haciéndosele saber al referido encausado que este Órgano Director ha ordenado realizar una audiencia oral y privada, a celebrarse en la Sección de Inspección Policial del Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública, situado en San José, Zapote, de los semáforos sobre el puente de Casa Presidencial 100 metros al sur, edificio a mano derecha color azul con ventanales, a partir de las 08:30 horas del decimosexto día hábil contado a partir de la tercera publicación del presente acto, en donde será atendido por la Licenciada Liseth Acosta Porras, funcionaria de esta Oficina asignada para tal efecto. El mencionado inculpado deberá comparecer personalmente y no por medio de representante o apoderado, aunque puede hacerse asesorar y acompañar de un abogado durante todo el proceso. En tal sentido se le hace saber al encausado que dicha comparecencia será el momento procesal oportuno para ofrecer y recibir toda la prueba y los alegatos pertinentes; pudiendo aportar prueba escrita con antelación a dicha comparecencia. Asimismo se le hace de su conocimiento que en contra de ésta resolución proceden los recursos de Revocatoria y Apelación en subsidio, a interponer ante el Órgano Director que dicta ésta resolución, a quien corresponde resolver el primero y elevar el segundo al superior jerárquico. Es potestativo emplear uno o ambos, pero será inadmisible el interpuesto pasadas 24 horas contadas a partir de la tercera publicación de éste acto. Se le advierte igualmente al señor Solano González que debe señalar lugar donde atender futuras notificaciones, caso contrario se le tendrán por notificadas las resoluciones emitidas por este Despacho, en el transcurso de 24:00 horas. Toda la documentación habida en el expediente administrativo puede ser consultada y copiada en este Despacho, en días y horas hábiles, para lo cual se le recuerda al investigado que en el momento en que solicite copia del expediente, debe presentar a este Departamento, un dispositivo de almacenamiento digital (llave maya) o disco, libre de virus para tal efecto. Se le advierte al encausado que por la naturaleza dicha de este expediente, de conformidad con los artículos 39 y 40 constitucional, 272, 273 de la Ley General de la Administración Pública, se declara el mismo de acceso restringido sólo a las partes y sus representantes legales, siendo lo aquí ventilado de interés únicamente para éste Ministerio y las partes, por lo que pueden incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza la persona que hiciere uso indebido o no autorizado de la información que aquí se consigne. Todo de conformidad con el artículo 312 de la Ley General de Administración Pública. Notifíquese.—Raisa Bravo García, Jefa.—O. C. Nº 3400024678.—Solicitud Nº 28821.—C-276140.—(IN2015016266).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Se hace saber a la señora Marcela Murillo Quirós en su doble condición tanto como administradora inscrita del Condominio Residencial Vertical Villas del Pacífico, titular de la cédula jurídica número: 3-109-437064 como de apoderada general judicial y apoderada generalísimo del citado condominio, que el Registro de Personas Jurídicas dio apertura a un proceso de diligencia administrativa de oficio, por presentar anomalías los poderes otorgados por el mencionado condominio, y del cual que se le confiere audiencia, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al del recibido de la presente resolución, a efecto de que dentro del plazo antes indicado, presente los alegatos que a los derechos de la entidad convenga. Se le previene que en el acto de notificarle la represente resolución o dentro del tercer día, deben señalar lugar o medio para atender notificaciones de este Despacho dentro del perímetro de la ciudad de San José, bajo el apercibimiento de que si no lo hace las resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas a este Despacho, o bien, si el lugar señalado no existe, permanece cerrado, si la dirección es imprecisa, incierta o inexistente. Todo lo anterior, de conformidad con los artículos 92 y siguientes del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo número 26771-J de 18 de marzo de 1998 y sus reformas. (Expediente RPJ-071-2014), publíquese por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.—Curridabat, 26 de enero del 2015.—Licenciada Yolanda Víquez Alvarado, coordinadora de Asesoría Jurídica.—O. C. N° OC15-0076.—Solicitud N° 28500.—C-87800.—(IN2015015499).

Se hace saber a, Rubenia Martínez Reyes, cédula de residencia 155800453730, en su condición de administradora inscrita del Condominio El Portón, cédula jurídica 3-109-132567, y a la señora Itzel Gómez Ruiz, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma del Condominio El Portón, cédula jurídica 3-109-132567, que a través del Expediente RPJ-067-2014 del Registro de Personas Jurídicas, se ha iniciado diligencia administrativa oficiosas, en virtud del oficio AJRPJ-194-2014 de fecha 22 de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado Fabián Benavides Acosta en su calidad de Asesor Jurídico de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional y remitido en misma fecha a la Dirección de este Registro, se pone en conocimiento que “[…] sobre la base de lo dispuesto en la circular DRPJ-005-2013 de esa Dirección, se llevó a cabo oficiosamente una investigación preliminar con relación a poderes inscritos en los cuales un condominio figura como poderdante y apoderado, en contradicción con la circular DRPJ-005-2013. De la investigación realizada se detectó una serie de inconsistencias en los poderes inscritos a las citas: […]551-13175-1-1(…) por lo que lo procedente a fin de subsanar la información que refleja los asientos registrales es decretar la apertura de expedientes administrativos, seguir el procedimiento de estilo y resolver lo que en derecho corresponda […]” Así las cosas, y a efecto de proceder como en derecho corresponde, otorgando el debido proceso a los interesados, se decreta la apertura oficiosa de esta gestión y su tramitación de estilo; y del cual que se le confiere audiencia, según resoluciones dictadas por este Despacho a las quince horas con cincuenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil catorce y de las nueve horas del diecisiete de febrero de dos mil quince, por un plazo de quince días hábiles, siendo que el plazo relacionado en dichas resoluciones comenzará a partir del día siguiente a la tercera y última publicación del presente edicto en el Diario Oficial La Gaceta; a efecto de que dentro del plazo antes indicado, presente los alegatos que a sus intereses y de su representada convenga. Se le previene que en el acto de quedar notificada la presente resolución o dentro del tercer día, debe señalar lugar o medio para atender notificaciones de este Despacho dentro del perímetro de la ciudad de San José, así como lugar o medio para atender notificaciones ante el Tribunal Registral Administrativo, dentro de su perímetro en Montelimar, Goicoechea, bajo el apercibimiento de que si no lo hace las resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas a este Despacho, o bien, si el lugar señalado no existe, permanece cerrado, si la dirección es imprecisa, incierta o inexistente. Todo lo anterior de conformidad con los artículos noventa y dos (92) y siguientes del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo número Veintiséis mil setecientos setenta y uno-J de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho y sus reformas, con los artículos veinticinco (25) y veintiséis (26) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número Ocho mil treinta y nueve de veintisiete de octubre del dos mil y con los artículos dos (2) y diecinueve (19) del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo número Treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis-J de treinta y uno de agosto del dos mil nueve. (Expediente RPJ-067-2014), publíquese por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.—Curridabat, 17 de febrero del 2015.—Dirección de Personas Jurídicas.—Licenciada Yolanda Víquez Alvarado, Subdirectora a. í.—O. C. N° OC15-0076.—Solicitud N° 28501.—C-198010.—(IN2015015503).

Se hace saber a, Ashod Martirossian, de un solo apellido en razón de su nacionalidad canadiense, pasaporte de su país QC 825696, en su condición de presidente de la Junta Administrativa del Condominio Horizontal Vertical Residencial Dolce Vita, cédula jurídica 3-109-482971,que a través del Expediente RPJ-069-2014 del Registro de Personas Jurídicas, se ha iniciado diligencia administrativa oficiosas, en virtud del oficio AJRPJ-194-2014 de fecha 22 de octubre del año en curso, suscrito por el Licenciado Fabián Benavides Acosta en su calidad de Asesor Jurídico de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional y remitido en misma fecha a la Dirección de este Registro, se pone en conocimiento que “[…] sobre la base de lo dispuesto en la circular DRPJ-005-2013 de esa Dirección, se llevó a cabo oficiosamente una investigación preliminar con relación a poderes inscritos en los cuales un condominio figura como poderdante y apoderado, en contradicción con la circular DRPJ-005-2013. De la investigación realizada se detectó una serie de inconsistencias en los poderes inscritos a las citas: […]2009-161471-1-1(…) por lo que lo procedente a fin de subsanar la información que refleja los asientos registrales es decretar la apertura de expedientes administrativos, seguir el procedimiento de estilo y resolver lo que en derecho corresponda […]” Así las cosas, y a efecto de proceder como en derecho corresponde, otorgando el debido proceso a los interesados, se decreta la apertura oficiosa de esta gestión y su tramitación de estilo; y del cual que se le confiere audiencia, según resoluciones dictadas por este Despacho a las quince horas con cincuenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil catorce y de las nueve horas del diecisiete de febrero de dos mil quince, por un plazo de quince días hábiles, siendo que el plazo relacionado en dichas resoluciones comenzará a partir del día siguiente a la tercera y última publicación del presente edicto en el Diario Oficial La Gaceta; a efecto de que dentro del plazo antes indicado, presente los alegatos que a sus intereses y de su representada convenga. Se le previene que en el acto de quedar notificada la presente resolución o dentro del tercer día, debe señalar lugar o medio para atender notificaciones de este Despacho dentro del perímetro de la ciudad de San José, así como lugar o medio para atender notificaciones ante el Tribunal Registral Administrativo, dentro de su perímetro en Montelimar, Goicoechea, bajo el apercibimiento de que si no lo hace las resoluciones que se dicten se le tendrán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas a este Despacho, o bien, si el lugar señalado no existe, permanece cerrado, si la dirección es imprecisa, incierta o inexistente. Todo lo anterior de conformidad con los artículos noventa y dos (92) y siguientes del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo número Veintiséis mil setecientos setenta y uno-J de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho y sus reformas, con los artículos veinticinco (25) y veintiséis (26) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número Ocho mil treinta y nueve de veintisiete de octubre del dos mil y con los artículos dos (2) y diecinueve (19) del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo número Treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis-J de treinta y uno de agosto del dos mil nueve. (Expediente RPJ-069-2014), publíquese por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.—Curridabat, 17 de febrero del 2015.—Dirección de Personas Jurídicas.—Licenciada Yolanda Víquez Alvarado, Subdirectora a. í.—O. C. N° OC15-0076.—Solicitud N° 28502.—C-195670.—(IN2015015505).

Se hace saber a, Olga Ramírez Chavarría, cédula de identidad 6-0146-0431, en su condición de titular registral de la finca del Partido de Puntarenas 48375, derecho 001, y a la sucesión del señor Manuel Ramírez Delgado, cédula 6-0014-3631, en su condición de propietario de la finca del Partido de Puntarenas 20649, que en este Registro se iniciaron Diligencias Administrativas de oficio, para investigar una posible doble inmatriculación del plano catastrado P-52867-1952, inscrito sobre las fincas del Partido de Puntarenas 48375 y 20649. En virtud de lo informado esta Asesoría mediante resolución de las 08:15 horas del 25/08/2014, ordenó consignar Advertencia Administrativa sobre las fincas del Partido de Puntarenas 48375 y 20649 y con el objeto de cumplir con el principio constitucional del debido proceso, por resolución de las 08:50 horas del 27/02/2015, se autorizó la publicación por una única vez de un edicto para conferirle audiencia a las personas mencionadas, por el término de quince días contados a partir del día siguiente de la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta; a efecto de que dentro de dicho término presente los alegatos que a sus derechos convenga, y Se le previene que dentro del término establecido para la audiencia, debe señalar facsímil o en su defecto casa u oficina dentro de la ciudad de San José donde oír notificaciones, conforme los artículos 93, 94 y 98 del Decreto Ejecutivo 26771 que es el Reglamento del Registro Público, bajo apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, las resoluciones se tendrán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el lugar señalado fuere impreciso, incierto o ya no existiere, conforme al artículo 20 y de la Ley 3883 Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y el artículo 11 de la Ley 8687 Ley de Notificaciones Judiciales. Notifíquese. (Referencia Exp. 2014-2138-RIM).—Curridabat, 27 de febrero del 2015.—Licenciada Gabriela Montoya Dobles, Asesora Jurídica.—1 vez.—O. C. N° OC15-0076.—Solicitud N° 28505.—C-34920.—(IN2015015507).

Se hace saber a, Ezequías Antonio Loria Muñoz, cédula 3-094-825, en calidad de propietario registral de la finca del partido de Cartago 64719 derecho 005, al señor Walter Antonio Loría Arias, cédula 9-0044-779, propietario registral de la finca del partido de Cartago 64719 derecho 002, al señor Rodrigo Humberto Loria Arias, propietario registral de la finca del partido de Cartago 64719-001, asimismo a cualquier tercero con interés legítimo, a sus albaceas o a sus representantes legales, que por desconocerse su domicilio exacto. I.—Que el Registro Inmobiliario ordenó la Apertura de Diligencias Administrativas por resolución de las 13:00 horas del 06 de setiembre del 2012, en virtud de la inconsistencia detectada por la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro Registro relacionada con las fincas de Cartago 64719, 64721 mediante el cual detectan que la información catastral de estas fincas demuestra que existe una sobre posición entre ellas, en el mapa catastral cada una de ellas corresponde a un predio independiente. II.—Que mediante resolución de las 09:00 horas del 13 de noviembre del 2012, se confirió audiencia a las partes, siendo que fue devuelto los sobres certificados de correos RR042257436CR, RR032257440CR, dirigido a estas personas con la indicación con el fin de cumplir con el Debido Proceso y por resolución de las 15:00 horas del 26 de noviembre del 2012, se autorizó la publicación por única vez, para conferirle audiencia a las personas indicadas, contados a partir del día siguiente de la última publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta; a efecto de que dentro del dicho término presente los alegatos que a sus derechos convenga y Se les previene: Que dentro de éste término deben señalar número de fax, medio electrónico, o casa u oficina, donde oír futuras notificaciones de éste Despacho, conforme a los artículos 22 y 26 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, que es Decreto Ejecutivo N° 35509-J, en concordancia con los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales Ley Nº 8687, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las resoluciones se tendrán por notificadas 24 horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio señalado fuere impreciso, incierto o ya no existiere, conforme al artículo 27 del Reglamento de cita y al artículo 11 de la Ley Nº 8687. (Exp. 2012-1103-RIM).—Curridabat, 3 de marzo del 2015.—Licenciada Ruth Espinoza Miranda, Asesora Jurídica.—1 vez.—O. C. N° OC15-0076.—Solicitud N° 28581.—C-43710.—(IN2015015508).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

REGISTRO INMOBILIARIO

Se hace saber a: I.—José Marcelino Jiménez Jiménez, cédula 5-225-310 propietario de la finca de Limón 58403, cualquier tercero con interés legítimo, albaceas o representantes legales, que la Dirección de este Registro ha iniciado Diligencias Administrativas que afectan dicha finca. Por lo anterior se le confiere audiencia, hasta por el término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a esta publicación, a efecto de que presente los alegatos que a sus derechos convengan, y se le previene que dentro de ese término debe señalar fax o correo electrónico donde oír futuras notificaciones de este Despacho. Asimismo, se les aclara que los detalles de esta gestión pueden consultarse en el Expediente 2015-037-RIM que se tramita en la Dirección del Registro Inmobiliario.—Curridabat, 4 de marzo de 2015.— Departamento de Asesoría Jurídica Registral.—Lic. Kattia Meza Brenes.—1 vez.—O. C. Nº 15-0076.—Solicitud Nº 28656.—C-16060.—(IN2015016169).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SUCURSAL GUADALUPE

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

La suscrita Ana G. Vargas Martínez, Administradora a. í. de la Sucursal de Guadalupe, Caja Costarricense del Seguro Social, mediante el presente edicto y por no haber sido posible notificarlos en el domicilio indicado, procede a efectuar la siguiente notificación por publicación a los patronos y trabajadores independientes incluidos en el listado que se detalla, de conformidad con los artículos 240 y 241 de la Ley General de Administración Pública. En el listado, se indica el nombre de la razón social, patronal o nombre del trabajador independiente, número cédula jurídica, física o número de asegurado y monto de la deuda al 17 de febrero del 2015. La Institución le concede 5 días hábiles, para que se presenten a normalizar su situación, caso contrario el adeudo quedará firme en sede administrativa y se dará inicio a las acciones de cobro judicial. Tanto en la vía civil como penal. Los períodos notificados anteriormente que ya poseen firmeza en Sede Administrativa por tanto; en caso de aparecer en este aviso de cobro deben ser tomados a efectos de referencia de la deuda. Acabados para la Construcción Los Tucanes MPF S. A. 3101622493 ¢1.481.911–Amador Barrenechea Conrad Frank 105690062 ¢65.814.667–Amvar Mar S. A. 3101177190 ¢1.095.397–Barna Guadamuz Giacomo 110100080 ¢759.225–Bolaños Vargas Yoselyn Mariela 112860087 ¢2.819.851–Brenes Angulo Dinnia María 502740424 ¢4.145.880–Bulgarelli Fuentes Adriana Vanessa 117250587 ¢412.346–Camacho Calderón William 112620876 ¢10.215.688–Campos Salazar Bryan Manuel 114050437 ¢1.223.209–Celle S. A. 3101106888 ¢891.949–C N Negocios S. A. 3101235985 ¢287.158–Creaciones Asia Oeste S. A. 3101654441 ¢3.843.033–Distribuidora Velamar S. A. 3101106245 ¢996.732–Empresa Comercializadora de Productos Indígenas Ecoproi S. A. 3101441146 ¢665.716–Gómez Fonseca Gerardo Alfonso 203880971 ¢17.170.939–Lobo Sancho Manuel Antonio 700850571 ¢9.577.676–Ocean Transport S. A. 3101274362 ¢6.430.180–Pollos Durps S. A. 3101668925 ¢2.319.501–Ramírez Salazar María Gabriela 109520677 ¢1.542.267–Representaciones Baltodano & Hernández S. A. 3101199563 ¢965.869–Sánchez Soto Patricia 701030147 ¢1.998.978–Tecsa Hispano Tico y Obra Civil S. A. 3101652824 ¢10.875.247–Transformadora Internacional del Papel S. A. 3101288990 ¢27.267.621–Vega Gowrzong Guillermo 700500266 ¢18.833.286–Vega Madrigal José Delfino 110770731 ¢20.074.664.—Sucursal de Guadalupe.—Lic. Ana G. Vargas Martínez, Jefa Administrativa.—(IN2015014275).

AVISOS

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS

Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Que en ejercicio de la facultad que prevé el ordinal 21 del Reglamento del Proceso Disciplinario del CFIA, en concordancia con la Ley General de la Administración Pública, se dispuso publicar lo siguiente: Oficio N° 3828-2014-DRD. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y el Departamento de Régimen Disciplinario en fecha 05 de diciembre, 2014, inicia una investigación previa, en contra del Ing. Francisco García Morales IC-7554; por queja interpuesta por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, por presunta falta a la ética en el ejercicio profesional por incumplimiento en la normativa en la ejecución del proyecto tramitado bajo el contrato OC-609102, propiedad de Marcela de los Ángeles Espinoza Campos, ubicado en Urbanización La Caporal en Aguas Zarcas de San Carlos, la cual se tramita bajo el expediente N° 274-14. En virtud de lo anterior se le concede el plazo de cinco 5 días hábiles contados a partir de esta publicación, para que si a bien lo tiene, manifieste por escrito lo de su interés sobre la investigación preliminar que aquí se tramita. Asimismo, se indica que la no comparecencia en el plazo conferido, no impedirá la continuación de la etapa preliminar, con el fin de dilucidar la existencia o no de presuntas violaciones al Código de Ética Profesional. El alcance del procedimiento administrativo de instrucción o investigación previa, únicamente conlleva a dirimir la existencia o no de presuntas violaciones al Código de Ética Profesional de este Colegio Federado y no podrá dilucidar conflictos de orden patrimonial, los que sí podrán ventilarse en el Centro de Resolución de Conflictos o bien ante la autoridad judicial competente. A efecto de lo anterior, proceda a señalar medio para atender notificaciones, mismo que deberá permanecer habilitado para esos efectos, ya que en caso contrario se tendrá por notificado con solo el transcurso de 24 horas después de emitido el oficio. Toda la documentación habida en el expediente administrativo puede ser consultada y fotocopiada en este departamento en días y horas hábiles a costa del interesado. Notifíquese.—Departamento de Régimen Disciplinario.—Arq. Carlos Murillo Gómez, Jefe.—O. C. N° 154-2015.—Solicitud N° 28600.—C-134180.—(IN2015015534).