En uso de las facultades que les confieren los artículos 47, 50, 140 incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política, los artículos 11, 25, y 121 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG, N° 7064 del 29 de abril de 1987 Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria N° 8149 del 5 de noviembre del 2001, Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 del 8 de abril de 1997, Ley Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico N° 7169 del 26 de junio de 1990, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes N° 4788 del 05 de julio de 1971, Ley Adscripción del Museo Nacional y del Parque Bolívar a Ministerios N° 1542 del 7 de marzo de 1953, Ley de Donaciones al Museo Nacional de Costa Rica N° 7429, del 14 de setiembre de 1994, Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía N° 7152 del 05 de junio de 1990, Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998, el Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos (Río de Janeiro, 1992), aprobado mediante Ley N° 7416 del 30 de junio de 1994, Ley N° 7526 del 10 de julio de 1995, denominada Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada por Ley N° 3763 del 19 de octubre de 1966, el Convenio Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central aprobado por Ley N° 7433 del 14 de setiembre del 1994, y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ratificado por Ley N° 8539 de 23 de agosto del 2006; y,

Considerando:

I.—Que el artículo 50 constitucional establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida.

II.—Que el Artículo 89 constitucional establece que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.

III.—Que como parte de las acciones estatales dirigidas a fomentar y proteger el desarrollo científico, la conservación del patrimonio histórico y artístico, es que se considera necesario declarar de interés público, nacional y cultural las colecciones biológicas ex situ y la información asociada a éstas, que se encuentren en custodia del Museo Nacional y las que ha de recibir ese museo por parte de la Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad, en adelante INBIO, así como cualesquiera otras.

IV.—Que el país se ha posicionado mundialmente en el campo de la investigación, conservación y protección de la biodiversidad in situ y ex situ debido a las actividades que realizan, tanto las instituciones estatales como las personas físicas y jurídicas de carácter privado, contribuyendo a incrementar el conocimiento del patrimonio natural y cultural del país.

V.—Que la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada por Ley N° 3763 del 19 de octubre de 1966; el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por la Ley N° 7416 del 30 de junio de 1994; el Convenio Centroamericano de Protección de la Biodiversidad y Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, aprobado por Ley N° 7433 del 14 de setiembre del 1994 y el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, ratificado por Ley N° 8539 de 23 de agosto del 2006, exigen al Estado tomar acciones para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo aquellas relacionadas con la conservación ex situ y la información, investigación y educación sobre los elementos y recursos de la biodiversidad.

VI.—Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica fue aprobado por la Ley N° 7416 del 30 de junio de 1994, publicado en La Gaceta el 28 de julio de 1994, el cual establece como sus objetivos, la conservación, el uso sostenible y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la biodiversidad.

VII.—Que la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales fue aprobada por la Ley N° 7526 del 16 de agosto de 1995, la cual en su artículo 1 inciso a) considera como bienes culturales los designados expresamente por cada Estado, tales como las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleontológico, por su importancia para la historia, el arte o la ciencia.

VIII.—Que la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788, incluye dentro del concepto de biodiversidad tanto los elementos tangibles como los intangibles: el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional. En su artículo 6 declara de dominio público las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la biodiversidad silvestre o doméstica, por lo que el Estado autorizará su exploración, investigación, bioprospección, uso y aprovechamiento, tanto de los elementos de la biodiversidad que sean bienes públicos como de los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las normas de acceso. Que los esfuerzos de conservación ex situ son vitales para apoyar los sistemas de conservación in situ, así como para preservar los recursos genéticos y bioquímicos de interés para el país y asegurar la viabilidad de poblaciones de especies amenazadas.

IX.—Que la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N° 7152, estipula que el MINAE es el ente rector del Sector Ambiente y Energía, y conforme con el artículo 2, cuenta con competencias para: “...a) formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales (...)y de protección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la promoción y el desarrollo de los campos mencionados; (...) e) promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su cumplimiento (...) y h) fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general”.

X.—Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, regula en su artículo 1 que el Estado deberá defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Declara de utilidad pública e interés social la participación del Estado y de los particulares en la conservación y utilización sostenibles del ambiente, debiendo el Estado velar por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional, y de propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, y que de conformidad con el artículo 46 de esta ley son de interés público las actividades destinadas a conservar, mejorar y en lo posible, recuperar la diversidad biológica del territorio nacional, y las dirigidas a asegurar su uso sostenible.

XI.—Que el Decreto Ejecutivo N° 33697-MINAE del 06 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 74 del 18 de abril del 2007, establece en su artículo 4 inciso 19) la definición de colección ex situ sistematizada como “...cualquier colección sistemática de especímenes, partes u órganos de ellos, vivos o muertos, representativos de plantas, animales, microorganismos u otros seres vivos. Estas colecciones pueden ser entre otras, herbarios, extractotecas, ADN total, macerados, viveros, jardines botánicos, bancos de semillas, bancos de germoplasma o de genes in vitro, huertos, semilleros, zoológicos, zoocriaderos, acuarios, centros de rescate, bancos de semen animal, colecciones de microorganismos, hongos, artrópodos o colecciones de otros materiales de propagación. Se trata de colecciones sistematizadas en que se identifican ingresos o accesiones y otro tipo de información relacionada, como nombre científico, la procedencia o el origen...”.

XII.—Que el Decreto Ejecutivo N°33697-MINAE en su artículo 6 establece: “...Los propietarios o responsables, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o sus representantes, deberán registrar sus colecciones ex situ sistematizadas en la Oficina Técnica, de acuerdo con un formulario elaborado y suministrado por la misma...”.

XIII.—Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de conformidad con la Ley FODEA y Orgánica del MAG N° 7064, del 8 de mayo de 1987, tiene como funciones promover el desarrollo agropecuario a partir, fundamentalmente, de la investigación y de la extensión agrícola, con objetivos socioeconómicos, de acuerdo a las necesidades del productor agropecuario. Para el cumplimiento de estas funciones sustantivas, las áreas de competencia del Ministerio son: la investigación agropecuaria, la extensión agropecuaria, la regulación, racionalización y apoyo al desarrollo de los subsectores agrícolas, pecuario y pesquero. Asimismo, la Ley N° 8149 del 5 de noviembre del 2001 crea el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), como un órgano de desconcentración máxima especializado en investigación, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Su objetivo será contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense. Este órgano tiene bajo su responsabilidad las colecciones de recursos fitogenéticos de interés agrícola.

XIV.—Que el Servicio Fitosanitario del Estado adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería adquirió el inmueble matrícula 4-023854-000, plano catastro H-0007745-1975, ubicado en la Provincia de Heredia, Cantón Santo Domingo, Distrito Santa Rosa, y estableció un Convenio de Permiso de Uso de Dominio Público con el INBIO, para mantener la permanencia de la colección biológica.

XV.—Que el MICITT por Ley N° 7169 de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 36575-MICIT-MEIC, posee como objetivo general facilitar la investigación científica y la innovación tecnológica, que conduzcan a un mayor avance económico y social en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible integral, con el propósito de conservar para las futuras generaciones, los recursos naturales del país y garantizar a los costarricenses una mejor calidad de vida y bienestar, así como un mejor conocimiento del mismo y de la sociedad, que la Ley N° 7169 de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 36575-MICIT-MEIC, otorga en materia de ciencia y tecnología en particular, para fomentar la investigación y la transferencia del conocimiento.

XVI.—Que la Ley N°7169 “Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico”, establece en su artículo 4 que es deber del Estado: “...c) Proporcionar los instrumentos específicos para incentivar y estimular investigaciones, la transferencia del conocimiento, y la ciencia y la tecnología, como condiciones fundamentales del desarrollo y como elementos de la cultura universal, d) Promover la coordinación entre los sectores privado y público y los centros de investigación de las instituciones estatales de educación superior, para asesorar, orientar y promover las políticas sobre ciencia y tecnología para los diversos sectores de la sociedad. (...) k) Impulsar la incorporación selectiva de la tecnología moderna en la administración pública, a fin de agilizar y actualizar permanentemente, los servicios públicos, en el marco de una reforma administrativa, para lograr la modernización del aparato estatal costarricense, en procura de mejores niveles de eficiencia...”

XVII.—Que la Ley N° 4788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 17 de julio de 1971, crea el Ministerio de Cultura y Juventud como ente rector en materia de cultura y juventud, al que corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.

XVIII.—Que por Acuerdo LX del 4 de mayo de 1887, se determina que el Museo Nacional será un establecimiento público donde se depositan los productos naturales que sirven de base para el estudio de la riqueza y la cultura del país.

XIX.—Que la Ley N° 1542, del 7 de marzo de 1953 establece en su artículo 1, como fin del Museo Nacional de Costa Rica: “...ser el centro encargado de recoger, estudiar y conservar debidamente ejemplares representativos de la flora y la fauna del país, y de los minerales de su suelo, así como de sus reliquias históricas y arqueológicas, y servirá como centro de exposición y estudio. Con ese objeto, y a fin de promover el desarrollo de la etnografía y la historia nacionales, aprovechará la colaboración científica que más convenga a sus propósitos.”

XX.—Que de acuerdo con la definición del Consejo Internacional de Museos (ICOM) “Un museo es una institución permanente, sinfines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad confines de estudio, educación y recreo.”

XXI.—Que los artículos 8 inciso 6) y 15 inciso 1), del Reglamento del Museo Nacional, Decreto Ejecutivo N° 11496 del 14 de mayo de 1980 y sus reformas, regulan las atribuciones y funciones de la Junta Administrativa del Museo Nacional y del Director General, ordenando, en lo conducente, lo siguiente: “Son atribuciones de la Junta Administrativa del Museo Nacional, las siguientes: (...) 6) Elaborar y aprobar proyectos destinados a mejorar la calidad del servicio prestado por el Museo Nacional y los Museos Regionales, así como propuestas que contribuyan al conocimiento de la riqueza cultural y científica del país. (...)”, “Son Junciones y atribuciones del Director General: 1) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Museo Nacional, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, salvo que la junta conforme a lo previsto en el artículo 4, traslade para casos concretos esa representación a su Presidente.”

XXII.—Que el Museo Nacional de Costa Rica, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud con personalidad y capacidad jurídica instrumental, de conformidad con la Ley N° 7429, del 14 de setiembre de 1994, Ley de Donaciones al Museo Nacional de Costa Rica y sus reformas, que establece en su artículo 2: “Se autoriza al Gobierno Central, la Asamblea Legislativa, los bancos comerciales del Estado, las instituciones de educación superior, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para efectuar donaciones al Museo Nacional de Costa Rica, el cual queda autorizado para recibirlas, con el fin de que contribuyan a la expansión y la remodelación de sus instalaciones y cumplan mejor con sus objetivos. Se otorga igual autorización a las entidades administradoras de museos públicos, ubicados en otros cantones del país, o de monumentos históricos declarados patrimonio nacional, siempre que posean capacidad jurídica para recibir las donaciones.”

XXIII.—Que la Ley N° 7429 indica en el artículo 4: “Las citadas donaciones deberán tener un propósito específico, de manera que se pueda dar seguimiento y controlar la aplicación y el uso de los recursos donados.”

XXIV.—Que en el Decreto Ejecutivo N° 25598-J de 21 octubre de 1996 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas, se declaró de utilidad pública para los intereses del Estado, la Asociación denominada Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), con cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-ciento tres mil doscientos sesenta y uno-doce, para la realización del inventario nacional de biodiversidad, el desarrollo de las colecciones biológicas, y la divulgación del conocimiento y promoción de los usos de la biodiversidad.

XXV.—Que desde 1992 el MINAE ha establecido Convenios de Cooperación con el INBIO, a efectos de facilitarle su labor de elaboración del Inventario Nacional de la Biodiversidad, realizado principalmente en las áreas silvestres protegidas del país. A partir del 2004, el artículo 63 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788, el INBIO ha gestionado los contratos de consentimiento previamente informado para el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos, con distintos proveedores especialmente con las Áreas de Conservación. Que en ese mismo sentido, La ley 7169, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 144 el 1° de agosto de 1997, Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), en sus artículos 7 y 8, desde 1990 se le brindaron las facilidades previstas para las instituciones miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

XXVI.—Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Biodiversidad, mediante el acuerdo adoptado en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 238 del 31 de julio del 2013, considerando sus limitaciones financieras que impiden la adecuada custodia y conservación de las colecciones biológicas, acordó entregar al Estado Costarricense las colecciones biológicas ex situ, las cuales son el producto del trabajo científico de clasificación y sistematización de los especímenes recolectados que conforman la colección biológica.

XXVII.—Que las colecciones biológicas que ha recolectado el INBIO son patrimonio natural y cultural del Estado, de importancia estratégica para el país.

XXVIII.—Que ante la propuesta del INBIO de regresar al Estado las colecciones biológicas, la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica en sesión N° 1190, artículo XI, celebrada el 12 de junio del 2014 acordó: “...Consciente de la importancia del resultado que se obtendrá con la transferencia al Estado de estas colecciones, esta Junta manifiesta una vez más que el traslado efectivo de las mismas debe ser objeto de un proceso gradual y ordenado, en aras de garantizar la integridad de los especímenes recibidos así como la información descriptiva y científica asociada a ellos. Señala igualmente esta Junta, que dicho traspaso efectivo deberá tener lugar en la medida que se haga efectiva la asignación al Museo Nacional de los recursos humanos, financieros y de infraestructura necesarios para garantizar la óptima conservación de este acervo”.

XXIX.—Que el Museo Nacional de Costa Rica es la institución del Estado que por mandato de la Ley Orgánica del Museo Nacional del 28 de enero de 1888, Ley N° 5, es la responsable de custodiar las colecciones biológicas ex situ, el Herbario Nacional y la información asociada a las colecciones, como parte del patrimonio natural y cultural de Costa Rica, para guarda de nuestra historia natural y cultural.

XXX.—Que el ordenamiento jurídico antes indicado y otras disposiciones relacionadas establecen la responsabilidad del Estado costarricense de realizar las acciones necesarias con el fin de conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad tanto, in situ como ex situ, de promover la generación de conocimiento sobre los componentes de la misma y de diseminar públicamente esa información y conocimiento para beneficios de la sociedad. Por tanto,

Decretan:

“ENTREGA AL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

DE LA COLECCIÓN BIOLÓGICA EX SITU CUSTODIADAS

POR EL INBIO, SU INFORMACIÓN ASOCIADA Y

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO NACIONAL

Y CULTURAL DE LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS

EX SITU QUE CUSTODIA EL MUSEO NACIONAL”

Artículo 1°—Objeto del decreto. El presente Decreto Ejecutivo tiene como objeto:

a) Regular el proceso de entrega al Estado para su custodia, conservación, uso para la investigación, curación y protección en el Museo Nacional de Costa Rica, de la totalidad de las colecciones biológicas ex situ y la información asociada producto del trabajo científico realizado por la Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y sus colaboradores.

b) La declaratoria de interés público nacional y cultural de las colecciones biológicas ex situ y la información asociada a éstas que custodia el Museo Nacional de Costa Rica, incluyendo las que entregará el INBIO, que son patrimonio natural y cultural del país, así como cualesquiera otras que reciba.

Artículo 2°—Material a entregar. El Museo Nacional de Costa Rica recibirá del INBIO para su custodia, conservación, uso para la investigación, curación y protección lo siguiente:

a) La totalidad de las colecciones biológicas de invertebrados y de herbario.

b) La información científica y tecnológica asociada tanto en formato análogo como digital.

c) Las bases de datos asociadas a los especímenes.

d) Los sistemas, equipos y programas (hardware y software) necesarios para la administración de la información asociada a los especímenes de colección.

e) La documentación técnica asociada y recopilada tales como: artículos científicos, monografías, guías de campo de identificación, entre otros.

f) Cualquier forma de conocimiento necesario para la continuidad de las plataformas de información, la conservación y protección de las colecciones, con la finalidad de garantizar el acceso y uso del patrimonio natural y cultural del Estado para las presentes y futuras generaciones.

Artículo 3°—Donación de activos. El Museo Nacional de Costa Rica recibirá en calidad de donación los activos, correspondientes a bienes muebles, que estén en buen estado de conservación por parte del INBIO, y de conformidad con el procedimiento que establece el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, Decreto Ejecutivo N° 30720-H, y demás normativa aplicable.

Se consideran como parte de los activos los siguientes:

a) Todos los gabinetes, gavetas y anaqueles, diseñados especialmente para colecciones, en los cuales se encuentran almacenados los especímenes de las colecciones.

b) El equipo óptico, otros equipos y materiales que se utilizan actualmente para la adecuada conservación, manejo técnico y actualización taxonómica de las colecciones.

c) Los anaqueles y/o estantes donde se almacena la documentación técnica asociada.

d) Aquellos activos que a criterio del Museo Nacional de Costa Rica, se consideren importantes para el manejo de las colecciones.

Artículo 4°—Proceso para la recepción de las colecciones. El Museo Nacional de Costa Rica, antes del proceso material de recepción de las colecciones, realizará una auditoría.

Esta auditoría tendrá como objetivo suministrar a la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica y a la Comisión que se crea en el artículo 8 del presente Decreto Ejecutivo, información clara, razonable, confiable y precisa sobre la situación actual e integral de la colección custodiada por el INBIO, que le permita la toma de decisiones. Dicha auditoría deberá determinar la composición de la colección custodiada por el INBIO; evaluar el estado general de la conservación del acervo; tener una certeza razonable de la cantidad de especímenes que componen la colección custodiada por el INBIO; evaluar la integridad de la información digital y material (de especímenes) que respalda o sustenta la colección INBIO; evaluar el estado de los demás elementos que estime necesarios, y que potencialmente podría recibir el Museo Nacional de Costa Rica en el proceso; evaluar los sistemas informáticos que se utilizan para generar, guardar, divulgar y administrar la información asociada, así como del mobiliario, materiales y equipos. Además deberá incluir la información referente a cualquier espécimen que haya sido dado en préstamo por el INBIO a otra Institución. La Auditoría Interna del Museo Nacional deberá rendir el informe con los resultados en el plazo de seis meses luego de publicado el presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 5°—Responsables: acta de entrega y donación. El Museo Nacional de Costa Rica coordinará con el INBIO, de modo que se facilite el proceso de entrega y recepción, respectivamente, de las colecciones biológicas y la información asociada, brindando el apoyo mutuo que sea requerido. Esa coordinación se dará entre los funcionarios del INBIO y del Museo Nacional de Costa Rica, previamente designados para hacer la efectiva entrega y recepción de las colecciones biológicas y la respectiva información. La entrega y recepción deberá constar en un acta suscrita por las partes, al igual que la donación de los activos y demás requisitos de conformidad con lo que establece el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.

Artículo 6°—Comunicación a terceros. Se comunicará formalmente a los terceros directamente interesados, a nivel nacional e internacional, sobre la entrega, al Museo Nacional de Costa Rica, de las colecciones biológicas y la información asociada a ellas, procurando mantener las relaciones de apoyo y colaboración de los taxónomos nacionales e internacionales, que han contribuido con el desarrollo de las colecciones biológicas.

El INBIO deberá comunicar al Museo Nacional de Costa Rica, cualquier negociación o convenio que exista previamente con terceros, respecto a la utilización de esos materiales o al traslado o uso de la información asociada o al depósito de nuevos materiales en la colección o de la situación de los materiales en préstamo. Igualmente deberá hacer de conocimiento del Museo Nacional de Costa Rica, cualquier reclamo relacionado, concretamente, sobre el uso y conocimiento tradicional de los materiales que traslada. El Museo Nacional de Costa Rica gestionará con el INBIO la devolución del material prestado a otras personas, físicas o jurídicas, nacionales o internacionales.

Artículo 7°—Cumplimiento de procedimientos. El Museo Nacional de Costa Rica exigirá al INBIO una declaración jurada, que se adjuntará al acta de entrega de colecciones, mencionada en el artículo 5 anterior, en la que indique que la totalidad de las mismas le pertenecen y que su desarrollo ha cumplido con los procedimientos legales establecidos para la conformación de las colecciones biológicas, tales como permisos de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos, el consentimiento previamente informado y permisos de investigación y recolecta científica. Igualmente, deberá hacer de conocimiento del Museo Nacional de Costa Rica, cualquier reclamo relacionado, concretamente, sobre el uso y conocimiento tradicional de los materiales que traslada.

Artículo 8°—Creación, integración y funciones de la Comisión. Créase una Comisión para facilitar la entrega, recepción, custodia, conservación y la protección de las colecciones biológicas, incluyendo la información asociada a las mismas que entregará el INBIO al Museo Nacional de Costa Rica.

La Comisión tendrá como objetivo coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones, públicas y privadas, para apoyar el adecuado traslado, manejo, conservación, mantenimiento y uso de colecciones y de la información asociada, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

La Comisión estará integrada por los Jerarcas o sus representantes delegados del:

a) Ministerio de Cultura y Juventud, quien la presidirá.

b) Ministerio de Ambiente y Energía.

c) Ministerio de Agricultura y Ganadería.

d) Director del Servicio Fitosanitario del Estado.

e) Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

f) Dirección del Museo Nacional de Costa Rica.

g) Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

La Comisión tendrá vigencia a partir de la publicación del presente Decreto Ejecutivo y cesará sus funciones cuando así lo determine, vía Decreto, el Poder Ejecutivo. Al concluir sus funciones, deberá entregar un informe a los respectivos jerarcas de cada una de las instituciones que la componen.

Artículo 9°—Declaratoria de interés público. Se declaran de interés público nacional y cultural, las colecciones de patrimonio natural que posee bajo su custodia el Museo Nacional de Costa Rica, así como las que recibirán del INBIO, y cualesquiera otras que adquiera, por cualquier título, en el futuro. Asimismo, los demás bienes consignados en el artículo 2° del presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 10.—Colaboración. Las instituciones del Sector Público y del Sector Privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con cualquier tipo de recursos o alternativas de colaboración, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, con las actividades e iniciativas relacionadas con la protección, conservación, investigación y divulgación de las colecciones biológicas y la información asociada propiedad del Estado, en custodia del Museo Nacional de Costa Rica.

Artículo 11.—Mejora y Eficiencia Administrativa. La Administración Pública Central contribuirá aplicando las reglas de simplificación de trámite, eficiencia administrativa y coordinación interinstitucional, incentivando con ello el desarrollo, fortalecimiento y expansión del Museo Nacional de Costa Rica.

Los entes que tengan injerencia en cualquier trámite relacionado con las colecciones biológicas e información relacionada, propiedad del Estado, podrán participar y cooperar para facilitar las acciones que permitan el desarrollo de estas actividades e iniciativas.

Artículo 12.—Apoyo de iniciativas. El Poder Ejecutivo, consciente de la necesidad de articular esfuerzos públicos y privados para promover a Costa Rica como país líder en la conservación de la biodiversidad ex situ e in situ, apoyará en infraestructura, recursos económicos y humanos, así como estimulando las iniciativas para la promoción y fortalecimiento de la conservación y divulgación de las colecciones de patrimonio natural ex situ en custodia del Museo Nacional de Costa Rica.

Todas las entidades relacionadas con investigación, ciencia y tecnología, así como los órganos públicos estatales en general, podrán colaborar con el cumplimiento del presente Decreto Ejecutivo, de conformidad con su naturaleza y competencia.

Artículo 13.—Infraestructura y recursos humanos. El Estado costarricense velará por dotar al Museo Nacional de Costa Rica de los recursos necesarios para el planeamiento y construcción de la infraestructura requerida para albergar las colecciones referidas en el presente Decreto Ejecutivo.

Igualmente deberá garantizar que se cuente con el recurso humano capacitado para el mantenimiento, conservación y desarrollo de dichas colecciones.

Artículo 14.—Integridad. El Museo Nacional de Costa Rica, una vez recibidas las colecciones biológicas, así como la información y la donación de los activos, garantizará en todo momento la integridad de las colecciones y su material asociado, como bienes propiedad del Estado.

Artículo 15.—Acceso y uso. El acceso y uso de las colecciones biológicas y la información asociada a ellas, bajo custodia del Museo Nacional de Costa Rica, se regirá por los procedimientos internos que dicha institución defina, atendiendo los principios de interés público, legalidad, eficiencia, eficacia y simplificación de trámites.

Los convenios suscritos por el INBIO y que al momento de firmar el acta de entrega y recepción de las colecciones biológicas estén vigentes, según lo indicado en el artículo 6 anterior, serán estudiados por el Museo Nacional de Costa Rica a efecto de valorar la conveniencia de suscribir un nuevo convenio de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Artículo 16.—Reformas. Agréguese un ítem b.31 al inciso b del artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 38279-H, “Directrices generales de política presupuestaria para las entidades públicas, ministerios y demás órganos, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2015 “ para que a partir de la vigencia de este Decreto se lea:

“...b.31 Museo Nacional de Costa Rica: Los gastos e inversión asociada con la recepción, custodia y almacenamiento de la colección biológica ex situ y la información producto del trabajo científico realizado por la Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y sus colaboradores...”

Artículo 17.—Excepción. La Directriz 009-H-2014, publicada en La Gaceta N° 137 del 17 de Julio de 2014 y sus modificaciones, no será aplicable al Museo Nacional de Costa Rica en lo que respecta al objeto del presente Decreto Ejecutivo.

Transitorio único. Hasta tanto el Museo Nacional de Costa Rica no cuente con un espacio, que cumpla con las condiciones adecuadas para albergar las colecciones biológicas que le entrega el INBIO, éstas se mantendrán temporalmente donde se encuentran ubicadas actualmente, en parte del inmueble propiedad del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, localizado en Santo Domingo de Heredia, inscrito en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles, Folio Real número 4-023854-000, plano de catastro N° H-0007745-1975, bajo las condiciones que se establezcan mediante un convenio interinstitucional que se suscribirá para tales efectos.

Artículo 18.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el veinticuatro de febrero del dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta.—La Ministra de Cultura y Juventud, Elizabeth Fonseca Corrales.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz Cavallini.—La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisella Kopper Arguedas.—1 vez.—(D38882 - IN2015018507).

N° 38915-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 140, incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 1°, 3º, 4º, 5º, 9°, 21, 23, 24, 25, 57, 80, 83 y 125 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 2001, sus reformas y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley N° 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público del 24 de febrero de 1984 y sus reformas; la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015, Ley N° 9289, del 1° de diciembre del 2014 y sus reformas; la ley N° 1581, Estatuto de Servicio Civil del 30 de mayo de 1953 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N° 25592-MP, Manual General de Clasificación de Clases del 29 de octubre de 1996 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N° 37485-H Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias de 17 de diciembre del 2012; y el Decreto Ejecutivo N° 26893-MTSS-PLAN, Reglamento a la Ley Marco para la Transformación Institucional y reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 6 de enero de 1998 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que de conformidad con los artículos 1º, 9º, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre del 2001, sus reformas y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº 74 del 18 de abril del 2006 y sus reformas, la Autoridad Presupuestaria, en adelante AP, está facultada para formular las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, para las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, cubiertos por su ámbito.

II.—Que con fundamento en el artículo 21 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la AP debe dirigir sus esfuerzos al ordenamiento presupuestario del Sector Público costarricense, así como asesorar al Presidente de la República en materia de política presupuestaria.

III.—Que en aras de una política fiscal responsable y financieramente sostenible, en concordancia con las prioridades, objetivos y estrategias fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en adelante PND, elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en adelante MIDEPLAN, y de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas realizadas por el Ministerio de Hacienda, en adelante MH, y el Banco Central de Costa Rica, en adelante BCCR, es necesario establecer directrices que regulen el gasto público.

IV.—Que para contribuir con la reducción del déficit fiscal, así como lograr una mayor eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, se hace imprescindible implementar medidas de austeridad y de control del gasto, que tiendan a limitar o regular las erogaciones, y en consecuencia a obtener una mayor racionalización del gasto público, sin menoscabo de la atención a los sectores prioritarios de desarrollo definidos por el Poder Ejecutivo.

V.—Que en virtud de la coexistencia de la problemática generada por la escasez de recursos económicos, y la necesidad de realizar proyectos de inversión que sirvan para el desarrollo nacional, se hace necesario que la escogencia y desarrollo de estos proyectos se realice de manera ordenada y sistemática, estableciendo prioridades que permitan conciliar las medidas de austeridad con la atención de las prioridades del Gobierno, el fomento de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

VI.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5° inciso g) de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se deben implementar mecanismos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos públicos de las entidades dentro del ámbito de la AP.

VII.—Que los ministerios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37485-H Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias publicado en La Gaceta N° 33 del 15 de febrero del 2013, deben asumir un rol más eficiente en la asignación, control y seguimiento de los recursos que presupuesten los órganos desconcentrados.

VIII.—Que la AP y la Dirección General de Servicio Civil, en adelante DGSC, son los órganos competentes en materia salarial para las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados.

IX.—Que las directrices buscan uniformar las diferentes estructuras salariales vigentes en el Sector Público, así como lograr un nivel de empleo que procure la utilización racional del recurso humano.

X.—Que la Ley N° 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público publicada en La Gaceta N° 45 del 2 de marzo de 1984 y sus reformas, tiene como propósito ordenar, sanear y mantener fortalecida la Hacienda Pública y faculta a la AP para fijar lineamientos en materia de empleo público.

XI.—Que la Ley N° 1581, Estatuto de Servicio Civil, publicada en el Alcance N° 20 a La Gaceta N° 121 de 31 de mayo de 1953 y sus reformas, reproducida en La Gaceta N° 128 del 10 de junio de 1953 y su Reglamento, así como la Ley N° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, publicada el 15 de octubre de 1957 y sus reformas, contienen la normativa general en materia de clasificación de puestos y administración de salarios, para los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.

XII.—Que la AP formuló las presentes Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2016, mediante el acuerdo Nº 10838, tomado en la sesión ordinaria Nº 02-2015, celebrada el 25 de febrero del 2015.

XIII.—Que el Consejo de Gobierno conoció las Directrices mencionadas en el Considerando anterior, lo que consta en el Artículo sétimo de la sesión ordinaria número cuarenta y uno del Consejo de Gobierno, celebrada el diez de marzo del dos mil quince. Por tanto,

Decretan:

Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial,

Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades

públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según

corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad

Presupuestaria, para el año 2016

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—Estas directrices serán aplicables a las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, cubiertos por el ámbito de la AP, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales.

Artículo 2º—En concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y 15 de su Reglamento, es responsabilidad de la máxima autoridad de cada ministerio, órgano desconcentrado y entidad, velar por el cumplimiento de estas directrices.

Artículo 3º—La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en adelante STAP, con fundamento en las atribuciones legalmente conferidas, solicitará la información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Los requerimientos de información son básicos para la atención de solicitudes, así como para la elaboración de estudios por parte de la STAP para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II

Sobre materia presupuestaria

Artículo 4º—El límite de gasto para el año 2016 de los ministerios, no podrá exceder el monto que se determine luego de deducir del presupuesto institucional autorizado según la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015, Ley N° 9289, publicada en el Alcance Digital N° 80 a La Gaceta N° 241 del 15 de diciembre del 2014 y sus reformas, los gastos no recurrentes, así como los recursos derivados de obligaciones constitucionales y legales, y otras prioridades gubernamentales definidas por el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Hacienda, atendiendo lo dispuesto en los artículos 176 y 177 de la Constitución Política, 32 y 35 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y 38 de su Reglamento y sus reformas, comunicará a los ministerios a más tardar el 15 de abril del 2015, los límites de gasto para el año 2016, determinados según los parámetros establecidos en el párrafo anterior.

Artículo 5º—El gasto presupuestario de las entidades públicas y órganos desconcentrados para el año 2016, no podrá exceder el monto incorporado en el presupuesto ordinario 2015, deduciendo los gastos no recurrentes, siempre y cuando no correspondan a proyectos de inversión plurianuales, así como las transferencias que deban realizar por mandato de ley.

Los montos del gasto presupuestario máximo resultantes, serán comunicados por la STAP a más tardar el 30 de abril de 2015.

Artículo 6º—Para las entidades públicas y los órganos desconcentrados que ingresen al ámbito de la AP y que por primera vez formulen sus presupuestos, el gasto presupuestario máximo se definirá una vez que se cuente con el presupuesto del siguiente ejercicio económico.

Para aquellas entidades públicas y órganos desconcentrados que ingresen al ámbito de la AP y que desde años anteriores hayan iniciado sus actividades, el gasto presupuestario máximo se definirá tomando en cuenta el presupuesto definitivo del ejercicio económico del año anterior.

Artículo 7º—En casos excepcionales, las entidades públicas y órganos desconcentrados podrán solicitar ampliaciones del gasto presupuestario máximo, siempre y cuando obtengan ingresos adicionales a los incorporados en el Presupuesto Ordinario del 2016, para financiar gastos ineludibles, programas y proyectos que sean prioritarios para atender una necesidad del país, que cuenten con estudios de factibilidad cuando corresponda y orientados directamente a la población objetivo y a mejorar el servicio público.

En el caso de las empresas públicas, adicionalmente deberán presentar proyecciones de ingresos y gastos que respondan al comportamiento histórico y actual y el análisis financiero que refleje la sostenibilidad, solidez y solvencia financiera.

Artículo 8º—La STAP podrá ampliar el gasto presupuestario máximo de las entidades públicas y órganos desconcentrados. Para el caso de ampliaciones de gastos que se financien con superávit libre o superávit específico, la ampliación se realizará mediante Decreto Ejecutivo.

En ambos casos, la STAP comunicará mediante oficio el nuevo gasto presupuestario máximo.

No se tramitarán solicitudes de ampliación del gasto para financiar la elaboración, cambios e implementación de Manuales Institucionales de Clases de Puestos.

Artículo 9º—Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, para la formulación de sus presupuestos, deberán considerar además de las disposiciones contenidas en las presentes Directrices, las prioridades y metas del PND, así como su vinculación con el presupuesto de manera que garantice su ejecución y se refleje en el cumplimiento de las metas programadas. También deberán incluir los recursos necesarios para realizar las evaluaciones establecidas en la Agenda Nacional de Evaluación, cuando corresponda, así como otras disposiciones técnicas y legales.

Artículo 10.—Los ministerios en la formulación de sus presupuestos deberán valorar la continuidad de la asignación de las transferencias, asignadas a sus órganos desconcentrados, mediante la realización de un estudio técnico y legal.

Los resultados del citado estudio, así como las respectivas sugerencias y propuestas de modificaciones a la normativa que las fundamentan, deberán presentarse a más tardar el 31 de mayo del 2016 a la Dirección General de Presupuesto Nacional, en adelante DGPN, con copia a la STAP.

Artículo 11.—Los ministerios, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 37485-H, deberán informar a más tardar el 31 de marzo del 2016, a la DGPN, sobre el uso de los recursos que estos asignen mediante transferencias durante el ejercicio económico anterior, a fin de ordenar la asignación de los recursos en la formulación del Presupuesto de la República del periodo económico siguiente.

La DGPN le facilitará oportunamente el instrumento respectivo a los ministerios para la recopilación de la información.

Artículo 12.—Los ministerios, en los anteproyectos de presupuesto, deberán eliminar de su relación de puestos, aquellas plazas que no cuenten con la aprobación de la AP, aun y cuando hayan tenido contenido económico en el periodo inmediato anterior. En su defecto, la DGPN deberá realizar la eliminación de las plazas en el proceso de formulación del Presupuesto de la República, con base en el acuerdo emitido por la AP.

Una vez eliminadas las plazas, la DGPN deberá informar a la STAP, detallando número de puesto y clasificación.

Artículo 13.—La Tesorería Nacional para el giro de las transferencias a los órganos desconcentrados, deberá considerar la programación de flujo de efectivo que presentan los ministerios, el comportamiento real de los ingresos según fuente de financiamiento, la ejecución de los recursos, los saldos de caja única, así como las proyecciones de ingresos y gastos de dichos órganos desconcentrados.

Artículo 14.—Los ministerios deberán verificar que los órganos desconcentrados incorporen en el presupuesto ordinario los recursos provenientes de superávit acumulado, asignándolos en los gastos donde la normativa lo permita, con el objetivo de lograr un uso eficiente de dichos recursos.

Artículo 15.—Los ministros serán responsables de garantizar que los órganos desconcentrados incluyan en sus presupuestos, solo aquellos proyectos para los que cuenten con los recursos financieros y técnicos necesarios para su ejecución y que sean prioritarios según el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 16.—Para efectos de la formulación de los presupuestos, los ministerios, entidades públicas y órganos desconcentrados solo podrán incorporar los proyectos que estén incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN y que cumplan con los requerimientos establecidos por dicho ministerio.

Artículo 17.—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, en la planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto de inversión en obras de infraestructura y servicios relacionados, de conformidad con la política de Gobierno y lo establecido por el MIDEPLAN, deberán dar prioridad en su orden, a lo siguiente:

• Las obras en proceso.

• Las obras nuevas que cuenten con estudios de factibilidad.

• Estudios y proyectos nuevos.

Artículo 18.—Las entidades públicas que tengan capacidad financiera, podrán realizar la construcción de nuevos edificios o la adquisición de inmuebles, solamente si en el mediano plazo implica un ahorro en el pago de alquileres y no repercuta en el desarrollo normal de sus actividades, previo estudio que demuestre su factibilidad económica y financiera.

Dichos gastos deberán contar con el aval del Ministro Rector.

Artículo 19.—Las entidades públicas y órganos desconcentrados que se financien con recursos provenientes de transferencias del Presupuesto de la República y que tienen capacidad legal para cobrar por los servicios que prestan, deberán establecer precios y tarifas que contribuyan a reducir gradualmente su dependencia del Presupuesto de la República.

Para verificar el cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior, deberán remitir a la STAP dentro de los diez días hábiles posteriores a la finalización de cada semestre, un informe sobre las acciones realizadas para disminuir la dependencia de recursos provenientes de transferencia del Presupuesto de la República. Los requerimientos del informe serán comunicados por la STAP mediante circular.

CAPÍTULO III

Sobre inversiones financieras

Artículo 20.—Las entidades públicas deberán cumplir con las Políticas Generales de Captación establecidas por la Tesorería Nacional para la adquisición de títulos de Gobierno, incluyendo las garantías judiciales y otras cauciones ordenadas por el Poder Judicial, así como las garantías requeridas a las entidades como las ambientales, entre otras.

Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo financiero, se deberá contar con la autorización previa de la Tesorería Nacional.

Artículo 21.—Las entidades públicas, salvo autorización legal en contrario, solo podrán tener cuentas corrientes en los bancos estatales.

CAPÍTULO IV

Sobre endeudamiento público

Artículo 22.—La Dirección de Crédito Público deberá presentar ante la AP para su conocimiento, la propuesta de la Política de Endeudamiento y reducción de la deuda pública tanto interna como externa, para el corto, mediano y largo plazo, para aprobación del Presidente de la República.

La Dirección de Crédito Público, a más tardar el 1º de marzo de cada año, deberá presentar a la AP la revisión y actualización de la Política de Endeudamiento y reducción de la deuda pública y un estudio sobre el comportamiento y composición del endeudamiento del Sector Público no Financiero.

Artículo 23.—Las entidades públicas y órganos desconcentrados, procurarán cubrir con recursos propios los gastos de contrapartida local, los estudios de prefactibilidad y de perfiles, que se requieran para la ejecución de proyectos, en adición a los provenientes de fuentes externas y en especial de endeudamiento público.

Artículo 24.—En las negociaciones de créditos tanto por parte de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, como de la Dirección de Crédito Público, se deberá procurar que la conformación de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión, se constituyan con el recurso humano existente.

Artículo 25.—Las entidades públicas exceptuadas de la aplicación del “Reglamento para Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito Público del Gobierno de la República, Entidades Públicas y demás Órganos según corresponda”, remitirán a la Dirección de Crédito Público, cada vez que se requiera, información sobre la deuda pública contratada.

CAPÍTULO V

Sobre materia salarial

Artículo 26.—Los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, de las entidades cubiertas por el ámbito de la AP, serán valorados por este Órgano Colegiado.

Artículo 27.—Los incrementos salariales que disponga el Poder Ejecutivo, podrán ser aplicados a los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, una vez que se hagan extensivos por parte de la AP.

Artículo 28.—Las revaloraciones, modificaciones de escala, otros conceptos salariales, ajustes y aspectos técnicos, emitidos por la Dirección General de Servicio Civil, cuando corresponda, podrán hacerse extensivos por parte de la AP, a las entidades homologadas y no homologadas, previa presentación a la STAP, del estudio técnico correspondiente, para el dictamen del Órgano Colegiado.

Artículo 29.—El pago de los salarios de los servidores de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, será mensual y se hará efectivo por quincena vencida.

Artículo 30.—Toda entidad pública, órgano desconcentrado o ministerio para el caso de los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, amparados en normativa específica contará con el respectivo manual institucional de clases de puestos y cargos y su correspondiente Nivel Salarial, atendiendo principios de racionalidad y austeridad, así como velando por la consistencia entre las estructuras organizacional, ocupacional y salarial.

Además, deberán formularse atendiendo la normativa existente en MIDEPLAN, sobre la conformación de unidades administrativas organizacionales y debe responder a la estructura organizativa aprobada por ese ministerio.

Artículo 31.—Las entidades públicas homologadas no podrán apartarse del sistema de clasificación y valoración de puestos del Régimen de Servicio Civil vigente.

Artículo 32.—El Manual General de Clasificación de Clases, Decreto Ejecutivo N° 25592-MP del 15 de noviembre de 1996, basado en el Estatuto de Servicio Civil, la Ley de Salarios de la Administración Pública, la Escala de Sueldos de la Administración Pública y los correspondientes índices salariales, constituyen los instrumentos básicos de referencia de la administración del potencial humano para el reclutamiento, selección, clasificación y valoración de puestos, entre otros.

Artículo 33.—La propuesta salarial de las entidades públicas homologadas y no homologadas al Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Régimen de Servicio Civil, producto o no de nuevos manuales institucionales de clases o cambios de estos, se someterá a conocimiento de la AP para que resuelva lo correspondiente.

La propuesta salarial presentada, no podrá superar los salarios base de las clases similares en naturaleza, funciones y demás factores de clasificación de dicho Sistema, para lo cual deberán referenciarse al Manual de Clases Anchas, salvo normativa legal en contrario.

Para las entidades públicas homologadas y no homologadas, la STAP podrá solicitar a la DGSC, el criterio técnico sobre la propuesta del Manual Institucional de Clases de puestos aprobado por el jerarca supremo.

Además, la propuesta salarial deberá guardar consistencia con la estructura orgánica y ocupacional, manteniendo la jerarquización de las clases.

En concordancia con el artículo 26 de las presentes Directrices, las propuestas salariales derivadas de la elaboración o cambios en los manuales, no podrán incluir los puestos de fiscalización superior, nivel gerencial y de confianza.

Artículo 34.—El gasto total que genera la implementación de la propuesta salarial en la partida de remuneraciones, deberá cubrirse con el monto presupuestado en dicha partida en el periodo vigente.

Artículo 35.—A los puestos de servicios especiales se les aplicará el mismo sistema de clasificación y valoración utilizado para los puestos de cargos fijos.

CAPÍTULO VI

Sobre empleo

Artículo 36.—No se autorizará la creación de plazas. La AP conocerá y valorará únicamente casos excepcionales.

Artículo 37.—Las plazas por servicios especiales, no se podrán convertir a plazas por cargos fijos.

No se le podrá variar la naturaleza a las plazas de confianza. Además, deberán estar acorde con la estructura organizacional aprobada por el MIDEPLAN. En el caso de una reestructuración organizacional donde se elimine la unidad administrativa en que se ubican, los puestos de confianza deberán ser eliminados.

Artículo 38.—La AP comunicará cada año, a las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, la cantidad de puestos autorizados, así como sus modificaciones.

Artículo 39.—En aquellos casos en que exista contenido presupuestario en la Ley de Presupuesto de la República, para financiar posibles nuevas plazas para los ministerios y órganos desconcentrados, únicamente podrán utilizarse hasta que cuenten con la aprobación respectiva por parte de la AP.

Artículo 40.—Las entidades públicas que cuentan con plazas docentes y policiales, no podrán utilizarlas para otro fin.

Artículo 41.—Cada plaza contará con un único código o número de puesto y en ella solo se podrá nombrar a un funcionario, salvo en los casos de suplencia o sustitución en que se podrá nombrar a otro funcionario en el mismo código o número de puesto para esos efectos.

Artículo 42.—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, deberán eliminar los puestos vacantes que se generen por movilidad laboral voluntaria en aplicación del artículo 25 de la Ley N° 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y sus reformas; o por reestructuración organizacional, excepto cuando las vacantes se originen por cambios en el perfil del puesto que conllevan a homologaciones o modificaciones en los manuales vigentes.

Artículo 43.—No procede el traslado de plazas del sector descentralizado a entidades u órganos que dependen presupuestariamente de manera directa o indirecta del Presupuesto de la República.

Artículo 44.—No se podrá contratar personal con carácter permanente por las subpartidas de jornales y de servicios especiales.

Los jerarcas de las entidades públicas serán los responsables de dar cumplimiento a esta disposición.

Artículo 45.—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados solo podrán realizar las reasignaciones de puestos ocupados en propiedad y vacantes (excepto por movilidad laboral o por reestructuración), estrictamente indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando que se cumpla con todos los requisitos y factores contemplados en el respectivo Manual Institucional de Clases de Puestos.

La reasignación procederá si han transcurrido como mínimo seis meses de que el funcionario esté realizando las nuevas actividades y responsabilidades del puesto. Además, para efectuar otra reasignación al mismo puesto deberá haber transcurrido como mínimo un año desde la última reasignación.

La fecha de vigencia de las reasignaciones será el primer día del mes siguiente, en que se emita la aprobación respectiva del jerarca supremo.

Artículo 46.—Para cualquier movimiento de personal, la administración activa es la responsable de garantizar que los funcionarios cumplan con los requisitos académicos, legales y de experiencia que exigen los correspondientes manuales institucionales de clases y cargos vigentes.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 47.—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, no podrán incluir en los proyectos de reglamento autónomo y de servicio, aspectos relacionados con la materia salarial y laboral, que contravenga la normativa vigente y las presentes Directrices.

Los proyectos de reglamento autónomo de organización y de servicio, modificaciones a los vigentes, así como cualquier otra disposición institucional que se relacione con la materia salarial y empleo, se presentarán a la STAP previo a su publicación, con el fin de verificar su cumplimiento.

En el caso de los ministerios y demás órganos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, los presentarán a la DGSC para su aprobación en materia de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de Servicio Civil, previo a su envío a la STAP.

Artículo 48.—Las entidades públicas y ministerios en lo relativo a puestos de confianza subalternos deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público vigente.

Artículo 49.—Toda estructura organizacional, así como sus modificaciones, deberá contar con la aprobación del MIDEPLAN, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 26893-MTSS-PLAN de 6 de enero de 1998 y sus reformas.

Artículo 50.—El MIDEPLAN, como parte de sus funciones rectoras, en las áreas de modernización institucional y reorganización del Estado y con el fin de mejorar la eficiencia en el gasto y la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos, deberá realizar estudios sectoriales, tanto de los ministerios como de sus órganos desconcentrados, con la participación de estos, que permita determinar si existen duplicidades en las diferentes áreas de la organización.

Lo anterior, para buscar la optimización de los recursos, el mayor impacto en la población meta, el cumplimiento de los objetivos, articulación institucional, sinergias y economías de escala.

MIDEPLAN realizará esta tarea en dos etapas, agrupando los ministerios y sus órganos desconcentrados, de manera que en cada una de ellas entregue el estudio y la propuesta; la primera en marzo del 2016 y la segunda en marzo del 2017.

Estos estudios y sus respectivas recomendaciones, se presentarán ante la DGPN y a la AP, para emitir recomendaciones a la Presidencia de la República para la toma de decisiones.

En concordancia con lo anterior, los ministerios y órganos desconcentrados deberán dar prioridad a la elaboración e implementación de planes para la optimización de los procesos necesarios para la prestación del servicio público, con el objetivo de lograr economías de escala, ahorro y eliminación de duplicidades de funciones.

Artículo 51.—La fecha de rige de los acuerdos tomados por la AP, en ejercicio de sus competencias, será el primer día del mes siguiente al de la aprobación del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 52.—En caso de que las fechas establecidas para la remisión de información no correspondan a días hábiles, será presentada el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 53.—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, en aras de cumplir el principio de publicidad del presupuesto, deberán divulgar en sus páginas web los presupuestos, su programación de metas y resultados de cada periodo ante la sociedad civil.

Artículo 54.—El incumplimiento de lo dispuesto en estas directrices podrá acarrear la aplicación del régimen de responsabilidad establecido en el título X, artículos 107 y siguientes de la Ley N° 8131 ya citada.

Artículo 55.—La STAP, cuando corresponda, divulgará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda los requerimientos de información sobre las solicitudes que presenten las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados.

Artículo 56.—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, observarán los Procedimientos de estas directrices, que el Poder Ejecutivo establezca mediante decreto ejecutivo para su aplicación y seguimiento.

Artículo 57.—Para la formulación de los presupuestos rige a partir de su publicación y para su ejecución a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.—1 vez.—O. C. Nº 24272.—Solicitud Nº 27240.—(D38915 - IN2015019514).

N° 38916-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Considerando:

I.—Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001, le corresponde a la Autoridad Presupuestaria, en adelante AP, formular y presentar a conocimiento del Consejo de Gobierno y aprobación del Presidente de la República, las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos, para las entidades públicas, ministerios y demás órganos, las cuales fueron promulgadas mediante Decreto Ejecutivo.

II.—Que la Ley N° 1581, Estatuto de Servicio Civil, publicada en el Alcance N° 20 a La Gaceta N° 121 de 31 de mayo de 1953 y sus reformas, reproducida en La Gaceta N° 128 del 10 de junio de 1953, su Reglamento y la normativa que emite la Dirección General de Servicio Civil, en adelante DGSC, regulan las relaciones de los funcionarios cubiertos por el Régimen de Servicio Civil.

III.—Que con fundamento en los artículos 3º inciso b), 57 y 125 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, es necesario que las entidades públicas, ministerios y demás órganos suministren la información en materia de nivel de empleo, en el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público Costarricense, en adelante SICCNET.

IV.—Que con el propósito de que la AP vele por el cumplimiento de las directrices mencionadas en los considerandos anteriores, según lo dispone el inciso c) del artículo 21 de la Ley N° 8131, es necesario que el Poder Ejecutivo establezca nuevos procedimientos a seguir para la aplicación de estas.

V.—Que la AP acordó formular los presentes procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la AP, mediante el acuerdo N° 10838, tomado en la sesión ordinaria N° 02-2015, celebrada el 25 de febrero de 2015. Por tanto,

Decretan:

PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECTRICES GENERALES DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA, SALARIAL, EMPLEO, INVERSIÓN Y ENDEUDAMIENTO PARA ENTIDADES PÚBLICAS, MINISTERIOS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, SEGÚN CORRESPONDA, CUBIERTOS POR EL ÁMBITO DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIa

CAPÍTULO I

Glosario de Términos

Artículo 1º—Para efectos de la aplicación de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, se considerará lo siguiente:

Administración activa: Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluye a los jerarcas, como última instancia.

Cargo: Nombre interno con el que se conoce a cada uno de los puestos de la organización.

Clase: Grupo de puestos suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y autoridad, de manera que pueda utilizarse el mismo título descriptivo para designar cada puesto comprendido en esta y que exijan los mismos requisitos (académicos, experiencia, capacidad, conocimientos, eficiencia, habilidad y otros).

Concesión de préstamos: Créditos directos otorgados por una entidad pública a otra perteneciente al sector público o al sector privado.

Concesión neta de préstamos: Es el saldo neto resultante de la concesión de préstamos menos la recuperación de estos.

Cuenta corriente: Contrato bancario en que el titular efectúa depósitos y que la entidad administradora tiene la obligación de entregar las cantidades de fondos depositados.

Deuda pública: Endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público, que puede generarse por cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 81 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Comprende tanto el endeudamiento público interno como externo del Gobierno de la República, así como la administración descentralizada no empresarial y las empresas públicas.

Entidad pública: Figura organizativa con personalidad jurídica propia, que incluye a los órganos y entes de la administración descentralizada no empresarial y empresas públicas.

Estructura ocupacional: Organización jerárquica de los puestos que posee una entidad pública, ministerio u órgano, basada en la naturaleza del trabajo, niveles de complejidad, responsabilidades, requisitos y condiciones organizacionales entre otros factores, que se desprenden de los procesos que esta ejecuta.

Estructura organizacional: Comprende las diferentes unidades administrativas de una organización, relacionadas y ordenadas jerárquicamente para atender los fines de esta.

Factores de clasificación: Elementos que definen una clase dentro de un manual, tales como: naturaleza del trabajo, actividades, responsabilidad, consecuencia del error, supervisión, condiciones organizacionales y ambientales, características personales y requisitos académicos y legales, entre otros.

Financiamiento: Recursos que tienen el propósito de cubrir las necesidades derivadas de la insuficiencia de los ingresos corrientes y de capital. Comprende los créditos netos, sean internos o externos (préstamos recibidos menos la amortización efectuada), más las variaciones de caja y bancos entre el inicio y fin del período, así como las colocaciones netas de títulos valores.

Flujo de caja: Refleja el movimiento de entradas y salidas de efectivo, así como las variaciones en el financiamiento durante un período dado.

Gasto corriente: Egresos que contribuyen con la operación de las entidades públicas, ministerios y demás órganos, que incluye remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones y transferencias corrientes.

Gasto de capital: Egresos por concepto de adquisición de bienes duraderos, ya sean de carácter real, financiero e intangible y de transferencias de capital.

Gasto no recurrente: Egresos que no requieren presupuestarse todos los años, por ser de carácter extraordinario, originados en actividades, programas o proyectos de carácter temporal y que no forman parte de la actividad ordinaria de la entidad pública, ministerio u órgano.

Gasto presupuestario: Proyección de egresos por partidas, grupos de subpartidas y subpartidas por objeto del gasto, incluidas en el presupuesto de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, debidamente aprobada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Gasto presupuestario máximo: Monto del gasto presupuestario autorizado a las entidades cubiertas por el ámbito de la AP, que se establece de conformidad con lo dispuesto en las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento vigentes.

Gasto recurrente: Egreso que requiere presupuestarse todos los años, al formar parte de la operatividad de la institución.

Grupo ocupacional: Conjunto de series relacionadas o complementarias, agrupadas bajo una denominación común y amplia que corresponde a determinada área ocupacional, a saber: servicios, técnico, profesional, administrativo, ejecutivo y superior.

Homologar: Equiparar la clasificación de las clases de puestos de un sistema de clasificación y valoración, diferente al que se utiliza en el Régimen de Servicio Civil, adquiriendo para todos los efectos posteriores una referencia específica con las clases anchas y genéricas de ese Régimen, debiendo ajustar el proceso para que coincida en cuanto a valoración y orientación general de requisitos académicos, legales y demás factores de clasificación.

Jerarca ejecutivo: Órgano unipersonal, subordinado al jerarca supremo, encargado de la operación y funcionamiento cotidiano de la Administración.

Jerarca supremo: Órgano superior o máxima autoridad que dirige la entidad pública, ministerio u órgano. Puede ser colegiado o unipersonal, según lo establezca la normativa vigente.

Jornales: Remuneración que se paga por la prestación de servicios, al personal ocasional o temporal, no profesional, técnico o administrativo, contratado para efectuar labores primordialmente de carácter manual; como labores agrícolas, de zanjeo u otras similares, estipulado por jornada de trabajo, sea por hora, día o a destajo.

Manual de cargos: Conjunto de descripciones y especificaciones de los cargos propios de una entidad pública, ministerio u órgano.

Manual institucional de clases de puestos: Conjunto de clases de puestos específicos de la entidad pública, ministerio u órgano, que ordena los procesos de trabajo en que participan los diferentes puestos de la organización.

Ministerio: Organización integrada por una pluralidad de dependencias, bajo la dirección político-administrativa de los ministros. Incluye a los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica instrumental.

Ministro rector: Ministro que se encarga de dirigir, coordinar y velar por el acatamiento de las estrategias y políticas públicas de cada uno de los sectores, en que se integran y clasifican las entidades públicas, ministerios y órganos, según su competencia.

Modificación presupuestaria: Es toda aquella variación que se realice en los egresos presupuestados, que tiene por objeto disminuir o aumentar los diferentes conceptos de estos o incorporar otros que no habían sido considerados, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado.

Nivel de empleo: Cantidad de plazas autorizadas por la AP, incorporadas en los presupuestos de las entidades públicas, ministerios u órganos.

Nivel salarial: Código con que se identifica a cada uno de los salarios base que se determinan en forma ascendente en lo interno de las categorías salariales.

Órgano desconcentrado: Figura organizativa adscrita a un ministerio o a una entidad, creada por ley a la que se atribuye personalidad jurídica instrumental, que le faculta a tener su presupuesto propio y administrar los recursos que le corresponden.

Plaza o puesto: Conjunto de actividades, deberes y responsabilidades, asignadas por una autoridad competente, para que sean realizadas por un funcionario durante la totalidad o una parte de la jornada de trabajo, para el cual existe el contenido presupuestario para su pago.

Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico.

Presupuesto extraordinario: Mecanismo que permite incorporar al presupuesto, los ingresos extraordinarios y los gastos correspondientes; registrar las disminuciones de ingresos y el efecto que dichos ajustes tienen en el presupuesto de egresos; asimismo, sustituir las fuentes de financiamiento previstas, sin que para ello se varíe el monto total de presupuesto previamente aprobado.

Presupuesto ordinario: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual operativo de cada institución, mediante la estimación de los ingresos probables y los egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.

Presupuesto por programas: Técnica presupuestaria que permite la asignación de recursos en categoría programáticas.

Programa presupuestario: Categoría programática de mayor nivel en el proceso de presupuesto. Es la unidad productiva, conformada por un conjunto de subprogramas, actividades o proyectos afines, que conducen a uno o más productos finales para el cumplimiento de objetivos y metas.

Proyecto de inversión: Conjunto de obras de infraestructura, que incluye las acciones del sector público destinadas a la creación, ampliación o conservación de los bienes de capital del país. También contemplan los gastos de mantenimiento asociados a esos proyectos de inversión.

Puestos de cargos fijos: Plazas permanentes con que cuenta una entidad pública, ministerio u órgano, para el cumplimiento de sus objetivos.

Puestos de confianza de nivel superior: Plazas autorizadas y valoradas por la Autoridad Presupuestaria, que comprenden presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes, ministros, viceministros y directores, excluidos del Régimen de Servicio Civil.

Puestos de servicios especiales: Plazas autorizadas por la AP, con el fin de contar con personal profesional, técnico o administrativo, contratado por un periodo determinado para realizar trabajos de carácter transitorio o temporal.

Puesto ocupado en propiedad: Aquel que de conformidad con la normativa o regulaciones vigentes, está ocupado por plazo indefinido.

Puesto ocupado interinamente: Aquel que de conformidad con la normativa o regulaciones vigentes, está ocupado por un plazo definido.

Reasignación de puestos: Cambio en la clasificación de un puesto de cargos fijos que conlleva a un nivel salarial mayor, menor o igual, con motivo de haber experimentado una variación sustancial y permanente en sus tareas y niveles de responsabilidad.

Relación de puestos: Documento técnico legal que refleja la agrupación de todos los puestos ocupados y vacantes según clasificación, unidades administrativas y la asignación presupuestaria mensual y anual, correspondiente a los salarios base y pluses salariales legalmente establecidos.

Reestructuración organizacional: Proceso político, administrativo y técnico, dirigido al fortalecimiento de la gestión pública, que podría conllevar la modificación de unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura de una entidad pública, ministerio u órgano desconcentrado del sector público.

Revaloración por ajuste técnico: Modificación salarial específica de una clase o grupo de estas, basada en razones técnico-jurídicas distintas a la de costo de vida.

Revaloración salarial: Modificación del salario de las clases de puestos por concepto de incrementos decretados por el Poder Ejecutivo.

Sector público: Conjunto de entidades, ministerios y órganos que realizan función de gobierno y que incluye también a las empresas que son propiedad del gobierno o están bajo su control. Se divide en dos categorías: el Sector Público Financiero y el Sector Público No Financiero.

Sector público financiero: Conjunto de entidades públicas dedicadas a la intermediación, movilización y distribución del ahorro del país, que ejercen funciones de autoridad monetaria, supervisión y control del sector financiero.

Sector público no financiero: Conjunto de entidades públicas, ministerios y órganos, que realizan funciones económicas de gobierno, como son la provisión de bienes y servicios fuera de mercado a la comunidad, así como las empresas que realizan las actividades comerciales y productivas pertenecientes o controladas por este.

Superávit libre: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gasto que puede financiar

Superávit específico: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Ubicación por reestructuración: Ubicar a los ocupantes de los puestos en la nueva clasificación, originada por la variación del Manual de Clases Anchas o en los manuales de la institución (de clases y de cargos), siempre que ocurran variaciones fundamentales en estos instrumentos. Tiene los mismos efectos de una reasignación.

Vacante: Puesto en el que no existe persona nombrada para el desempeñando de sus deberes y responsabilidades, sea interina o en propiedad.

Valoración: Proceso mediante el cual se asignan las remuneraciones a las clases de puestos, tomando en consideración el estudio de los factores de clasificación, los índices de costo de vida, encuestas de salarios y otros elementos de juicio de uso condicionado.

CAPÍTULO II

Disposiciones Generales

Artículo 2º—Las entidades públicas y los órganos desconcentrados presentarán a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en adelante STAP, a más tardar el 30 de setiembre de cada año, copia de sus presupuestos para el siguiente ejercicio económico, bajo la modalidad de Presupuesto por Programas.

Los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias, se remitirán a la STAP en la misma fecha en que se presenten a la Contraloría General de la República, en adelante CGR, para su información, verificación del cumplimiento de las directrices vigentes y la emisión del respectivo dictamen cuando corresponda, de conformidad con lo indicado en el artículo 24 de la Ley N° 8131 y el artículo 21 de su Reglamento. En caso de que los documentos presupuestarios no requieran aprobación de la CGR, los remitirán a la STAP a más tardar 10 días hábiles después de que haya sido aprobado por el jerarca supremo.

En caso de que la CGR apruebe parcialmente los documentos presupuestarios, las entidades públicas y órganos desconcentrados deberán remitir a la STAP dichos documentos ajustados.

Las entidades públicas y órganos desconcentrados deberán remitir a la STAP, el desglose y justificación de las partidas, grupos de subpartidas y otros conceptos que se requieran de los diversos documentos presupuestarios.

Artículo 3º—De conformidad con el artículo 3° de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, enviarán a la STAP, dentro de los primeros cinco días hábiles al vencimiento de cada semestre, los informes sobre el nivel de empleo que incluye plazas nuevas, ocupadas, vacantes, vacantes por movilidad laboral voluntaria y por reestructuración organizacional, así como el listado de reasignaciones aprobadas, que incluya número de puesto, clase anterior y clase nueva.

También deberán presentar la relación de puestos una vez aplicado el incremento salarial de cada semestre.

Artículo 4º—Las entidades públicas y órganos desconcentrados, en acatamiento de lo señalado en el artículo 57 de la Ley N° 8131, presentarán cada año a la STAP en formato digital con firma digital o en documento físico, la siguiente información en la fecha que se detalla:

Tipo de información Fecha

Liquidación presupuestaria del año anterior 16 de febrero

Ejecución presupuestaria I trimestre 22 de abril

Ejecución presupuestaria II trimestre 22 de julio

Ejecución presupuestaria III trimestre 22 de octubre

Artículo 5º—En concordancia con el artículo 3° de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, las entidades públicas y órganos desconcentrados, remitirán a la STAP, dentro de los 15 días naturales después de finalizado el mes, lo siguiente:

• Flujo de caja mensual detallando los ingresos corrientes y de capital, las erogaciones correspondientes a cada uno de los rubros de gasto corriente, el gasto de capital y la concesión neta de préstamos, así como un desglose del financiamiento interno y externo.

• Totalidad de la cartera de títulos valores con excepción de las entidades y órganos desconcentrados que se encuentren en Caja Única del Estado, detallando, la institución emisora, clase de título, monto en colones, monto en dólares o en otras monedas extranjeras, plazo, fechas de emisión y vencimiento, tasa de interés, montos generados y el destino a mediano y largo plazo; incluyendo las inversiones financieras para respaldar garantías judiciales y otras cauciones ordenadas por el Poder Judicial, para lo cual presentarán la documentación judicial probatoria correspondiente. Asimismo, deberán informar sobre los recursos orientados hacia cartas de crédito y garantías requeridas.

• Conciliaciones Bancarias y saldos en Caja Única, identificando las cuentas que corresponden a garantías de proveedores.

Artículo 6º—La información contenida en los artículos 3 y 5 de los presentes Procedimientos, según corresponda, deberá incluirse en el SICCNET dentro del plazo establecido.

CAPÍTULO III

Sobre materia Presupuestaria

Artículo 7º—Los requisitos para las solicitudes de ampliación del gasto presupuestario máximo, serán comunicados por la STAP y estarán disponibles en la página electrónica del Ministerio de Hacienda.

CAPÍTULO IV

Sobre materia Salarial

Artículo 8º—Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados que cuenten con clases de puestos excluidas del Régimen de Servicio Civil y requieran realizar un nuevo Manual o cambios en el Manual existente, que impliquen variaciones en la valoración, remitirán a la STAP, con la aprobación del jerarca supremo, la propuesta del Manual Institucional de Clases de puestos y de valoración de sus respectivas clases, así como la metodología utilizada, acorde con lo dispuesto en el artículo 33 de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, adjuntando las justificaciones que dieron origen a dicha propuesta.

Además, deberán indicar la fuente de financiamiento y remitir una certificación que demuestre que el gasto total que genera la implementación de la propuesta salarial, se cubre con los recursos presupuestados en la partida de remuneraciones del ejercicio económico vigente.

Concluido el estudio por parte de la STAP, la propuesta de valoración se someterá a conocimiento de la AP, para que resuelva y emita el acuerdo respectivo.

El rige de la valoración será el primer día del mes siguiente de la aprobación por parte de la AP.

CAPÍTULO V

Sobre Empleo

Artículo 9º—En caso de producirse variaciones hacia clasificaciones de menor nivel salarial que la original, producto de la aplicación de un nuevo manual institucional de clases o un cambio al vigente, reasignaciones, u homologaciones, la administración activa deberá cumplir con lo siguiente:

El funcionario podrá continuar en el desempeño de sus actividades hasta por un período máximo de seis meses, dentro del cual podrá ser trasladado a otro puesto de igual clase a la del puesto que venía desempeñando antes de producirse la variación, o bien ser promovido a otro puesto si reuniere los requisitos para ocuparlo.

Al concluir los seis meses, en caso de que el funcionario aceptare el descenso, tendrá derecho a una indemnización correspondiente a un mes por cada año de servicios prestados, en la proporción correspondiente al monto de la reducción de su salario total.

Si la ubicación del funcionario en otro puesto no fuere posible en los seis meses estipulados y este no aceptare el descenso, se procederá a la indemnización correspondiente, pagándole a razón de un mes por cada año o fracción de seis o más meses de servicios prestados.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Finales

Artículo 10.—El incumplimiento de lo dispuesto en este decreto, podrá acarrear la aplicación del régimen de responsabilidad de la Ley N° 8131, establecido en el título X, artículos 107 y siguientes.

Artículo 11.—En caso de que las fechas establecidas para la remisión de información no correspondan a días hábiles, será presentada el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 12.—Deróguense a partir de la vigencia de este Decreto, los Decretos Ejecutivos N° 37077-H y el N° 37078-H, denominados respectivamente “Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria para las Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria” y “Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de las Directrices Generales en Materia Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, y sus reformas, ambos del 19 de marzo del 2012.

Artículo 13.—Este Decreto se encuentra disponible en la página electrónica del Ministerio de Hacienda en la siguiente dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12553-directrices-y-procedimientos-presupuestarios-y-salariales

Artículo 14.—Rige a partir del 1º de enero del 2016.

Dado en la Presidencia de la República, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.—1 vez.—O. C. Nº 24272.—Solicitud Nº 27240.—(D38916 - IN2015019508).

Nº 38931-H

LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en los artículos 140, incisos 8) y 18) y 146 de la Constitución Política, 25 inciso 1º, 27 inciso 1º, y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley número 6227 de fecha 2 de mayo de 1978, denominada “Ley General de Administración Pública”, la Ley número 8114 de fecha 4 de julio de 2001, denominada “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, y el Decreto Ejecutivo número 29643-H de fecha 10 de julio de 2001, denominado “Reglamento a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”.

Considerando:

I.—Que el artículo 9 de la Ley número 8114 de fecha 4 de julio de 2001, denominada “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, publicada en el Alcance número 53 a La Gaceta número 131 del 9 de julio de 2001, establece un impuesto específico por unidad de consumo para todas las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y todos los productos contemplados en el registro que lleva el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, de bebidas terapéuticas y de uso médico, utilizados en los establecimientos sanitarios y hospitalarios del país.

II.—Que el mencionado artículo 9, crea además un impuesto específico por gramo de jabón de tocador.

III.—Que el artículo 11 de la Ley número 8114 citada, dispone que a partir de su vigencia, el Ministerio de Hacienda deberá actualizar trimestralmente el monto de estos impuestos, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y que el monto resultante de la actualización deberá comunicarse mediante Decreto Ejecutivo.

IV.—Que en el mencionado artículo 11, se establece que los períodos de aplicación de cada actualización iniciarán el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre y que dicha actualización no podrá en ningún caso, ser superior al tres por ciento (3%).

V.—Que en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 29643-H, denominado “Reglamento a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, publicado en La Gaceta número 138 de fecha 18 de julio de 2001, se establece el procedimiento para realizar el ajuste, para lo cual se considerará la variación en el índice de precios al consumidor, de los trimestres inmediatos anteriores a finales de cada uno de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.

VI.—Que mediante Decreto Ejecutivo número 38783-H del 2 de diciembre de 2014, publicado en el Alcance Digital número 83 a La Gaceta número 246 de fecha 22 de diciembre de 2014, se actualizaron los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9 de la Ley número 8114 citada, a partir del 1° de enero de 2015.

VII.—Que los niveles del índice de precios al consumidor a los meses de noviembre de 2014 y febrero del 2015, corresponden a 171,142 y 170,560 generándose una variación de menos cero coma treinta y cuatro por ciento (-0,34%).

VIII.—Que según la variación del índice de precios al consumidor, corresponde actualizar los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9 de la Ley número 8114 citada, en menos cero coma treinta y cuatro por ciento (-0,34%).

IX.—Que por existir en el presente caso, razones -de interés público y de urgencia- que obligan a la publicación del decreto antes del 1° de abril de dos mil quince; no corresponde aplicar la disposición del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que obliga a la Administración a dar audiencia por 10 días a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo o de intereses difusos. Lo anterior, por cuanto podría verse afectada la publicación en el tiempo que corresponde legalmente, y por ende el cobro del impuesto, en virtud de que la redacción, revisión y aprobación del decreto inicia a partir de la determinación del índice de precios al consumidor del mes de febrero de 2015, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos realiza en los primeros días de marzo de 2015, razón por la cual con fundamento en el artículo citado, se prescinde de la publicación en el Diario Oficial.

X.—Que mediante Resolución DGT-R-12-2014 de las quince horas del 13 de marzo del 2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 129 el 7 de julio de 2014, la Dirección General de Tributación trasladó la función de actualización del impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y sobre los jabones de tocador, de la Dirección General de Tributación a la Dirección General de Hacienda. Por tanto,

Decretan:

ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE

LAS BEBIDAS ENVASADAS SIN CONTENIDO ALCOHÓLICO,

EXCEPTO LA LECHE Y SOBRE LOS JABONES DE TOCADOR

Artículo 1º—Actualícense los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9 de la Ley número 8114 de fecha 4 de julio de 2001, denominada “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, publicada en el Alcance número 53 a La Gaceta número 131 del 9 de julio de 2001, mediante un ajuste menos cero coma treinta y cuatro por ciento (-0,34%) según se detalla a continuación:

Tipo de Producto	Impuesto en colones por unidad de consumo
Bebidas gaseosas y concentrados de gaseosas	18,27
Otras bebidas líquidas envasadas (incluso agua)	13,54
Agua (envases de 18 litros o más)	6,30
Impuesto por gramo de jabón de tocador	0,231

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Ejecutivo número 38783-H de fecha 2 de diciembre de 2014, publicado en el Alcance Digital número 83 a La Gaceta número 246 de fecha 22 de diciembre de 2014, a partir de la vigencia del presente decreto.

Artículo 3º—Rige a partir del primero de abril de dos mil quince.

Dado en la Presidencia de la República, a los nueve días del mes de marzo de dos mil quince.

ANA HELENA CHACÓN ECHEVERRÍA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.—1 vez.—O. C. Nº 24185.—Solicitud Nº 5458.—(D38931-IN2015019776).

N° 38932-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en el artículo 140, incisos 3) ,8), 12) y 20) y el artículo 146 de la Constitución Política.

Por cuanto:

En la ciudad de San José, Costa Rica, el día dieciocho de febrero de dos mil quince, se firmó el Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Programa Cooperativo de Integración de Información Situacional, firmando por el Gobierno de la República de Costa Rica, el señor Manuel González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Considerando:

1º—Que el artículo I del Convenio General para la Ayuda Económica, Técnica y para Propósitos Afines entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América, suscrito en San José, el 22 de diciembre de 1961, y aprobado por la Asamblea Legislativa, mediante Ley número 3011 del 18 de julio de 1962, establece la posibilidad de suscribir acuerdos específicos de cooperación entre las Partes, en aras de alcanzar el progreso social y económico nacional.

2º—Que el mencionado Acuerdo de Coordinación tiene como fundamento jurídico el Convenio General para la Ayuda Económica, Técnica y para Propósitos Afines entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América, anteriormente mencionado. Por tanto,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 140, incisos 10) y 12) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1º—Promulgar, teniendo como vigente para los efectos internos y externos, el presente Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Programa Cooperativo de Integración de Información Situacional, cuyo texto literal es el siguiente:

ACUERDO DE COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO

AL PROGRAMA COOPERATIVO DE INTEGRACIÓN

DE INFORMACIÓN SITUACIONAL

El Gobierno de la República de Costa Rica (Gobierno de Costa Rica) y el Gobierno de Los Estados Unidos de América (Gobierno de los Estados Unidos) en conjunto mencionados aquí como los “Participantes” o el “Participante” en singular, deseando aumentar la cooperación regional y el conocimiento del entorno y tomando en consideración el Convenio General para la Ayuda Económica, Técnica y para Propósitos Afines entre el Gobierno de Los Estados Unidos de América y el gobierno de Costa Rica, suscrito en San José, el 22 de diciembre de 1961, y que entrará en vigencia el 7 de setiembre de 1962, han llegado al siguiente entendimiento:

Sección 1: Propósito

El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto permitir a los participantes compartir información mediante el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional. El Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional es una red de intercambio de información en internet que permite a los participantes fusionar datos de los rastreos aéreos, marítimos y terrestres con el fin de elaborar un cuadro operativo común. Los datos fusionados se comparten como parte de una red diseñada para apoyar múltiples objetivos y áreas de misión, tales como lucha contra el tráfico ilícito, asistencia humanitaria, mitigación de desastres, seguridad marítima y aérea, y búsqueda y rescate. El presente Acuerdo de Coordinación no crea ningún derecho ni beneficio, sustantivo ni de procedimiento, para los participantes, sus agencias, personal ni cualquier otra persona. Además, el presente Acuerdo de Coordinación no impone a los participantes ningún requisito jurídicamente vinculante.

El presente Acuerdo de Coordinación no altera las responsabilidades de los participantes en virtud del Acuerdo entre los Estados Unidos y Costa Rica relativo al Sistema de Intercambio de Información entre los Países Cooperantes con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos realizado mediante canje de notas en San José, el 19 y 20 de marzo 2009 (AIAA), ni de ningún otro acuerdo internacional pertinente. De acuerdo con sus obligaciones en virtud del AIAA, las naciones participantes no han de usar la información intercambiada en virtud del presente Acuerdo de Coordinación para dañar, destruir, inutilizar ni amenazar a las aeronaves civiles en servicio.

Sección 2: Acceso y uso de los radares y la información

Los participantes han de utilizar el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional para tener acceso a datos de radares y sensores y compartirlos entre ellos y con otros socios regionales. Los participantes, mediante la aplicación del intercambio selectivo, han de tener la capacidad de seleccionar los datos que los participantes desean compartir; sin embargo, la intención de los participantes es maximizar el intercambio regional. Ningún participante ha de compartir datos de radares y sensores, procedentes del otro participante, con otros países que no sean los datos que el otro participante haya seleccionado expresamente para compartir con otros países. Todo el intercambio de datos ha de hacerse conforme a las disposiciones del AIAA. El presente Acuerdo de Coordinación no limita la capacidad de un participante de compartir sus propios datos de radares y sensores con otros países a través de otros medios. Para gestionar con eficacia el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional, el Gobierno de los EE.UU. ha de tener acceso sin restricciones a todos los datos obtenidos mediante el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional.

Los participantes no se cobrarán entre ellos ni cobrarán a los socios regionales por usar los datos.

Sección 3: Integración de los radares y la información

Para tener más conocimientos del entorno, los participantes, según lo aprueben mutuamente, podrán integrar radares y otros sensores del Gobierno de Costa Rica al Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional.

Sección 4: Equipo de Integración de radares y la información

Si se integran radares y otros sensores al Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional, el Gobierno de los Estados Unidos podrá instalar y usar en Costa Rica equipo de integración, equipo de redes, o ambos, con el propósito de compartir datos. El Gobierno de los Estados Unidos tiene entendido que el equipo de integración o de red instalado no ha de afectar a los sistemas de radares y sensores de Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica ha de proporcionar al Gobierno de los Estados Unidos instalaciones adecuadas para instalar el equipo de integración o de redes; acceso a energía eléctrica comercial; y acceso al equipo de integración y de redes para fines de mantenimiento. Además, el Gobierno de Costa Rica seguirá siendo responsable del funcionamiento y del mantenimiento de sus radares y sensores.

Sección 5: Titular del equipo de integración de radares y la información

El Gobierno de los Estados Unidos seguirá siendo el propietario de todos sus bienes. El Gobierno de Costa Rica no alterará ni usará software proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos, para otro propósito que no sea el descrito en el presente Acuerdo de Coordinación.

Sección 6: Financiamiento

Cada participante es responsable de financiar sus propios gastos en virtud del presente Acuerdo de Coordinación, incluidos los gastos relacionados con la instalación, la operación y el mantenimiento de los bienes propiedad de ese participante y los gastos relacionados con la integración y transmisión (servicio de Internet) de datos de radares y sensores para su propio uso.

Las contribuciones financieras del participante en virtud del presente Acuerdo de Coordinación están sujetas a la disponibilidad de fondos autorizados y asignados para esos fines de acuerdo con las leyes nacionales respectivas de los Participantes. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo de Coordinación deberá entenderse como verdadera obligación, compromiso ni establecimiento de un requisito para la obligación, o compromiso, de fondos asignados por el Gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus representantes.

Sección 7: Modificación

El presente Acuerdo de Coordinación se podrá modificar por consentimiento mutuo de los participantes. Los detalles de cualquier modificación de esa índole se deberán realizar por escrito y ser firmados por ambos participantes y tiene por objetivo que entren en vigencia de conformidad con la sección 8.

Sección 8: Comienzo

Este Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de la fecha en que ambos participantes lo firmen y su respectiva publicación en La Gaceta.

Sección 9: Duración

El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objetivo una duración por un plazo de diez (10) años. Cualquiera de los participantes podrá poner fin a este Acuerdo de Coordinación pero debe asegurarse de proporcionar notificación escrita con noventa (90) días de antelación. El presente Acuerdo de Coordinación se podrá prorrogar mediante consentimiento mutuo de los participantes.

Firmado en San José, Costa Rica, el día dieciocho de febrero de dos mil quince, por duplicado en idioma español e inglés.

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República a los veintitrés días del mes de febrero del dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González Sanz.—1 vez.—O. C. Nº 24160.—Solicitud Nº 3776.—(D38932 - IN2015019802).

Nº 38941-H-MP-PLAN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE HACIENDA, EL MINISTRO

DE LA PRESIDENCIA Y LA MINISTRA

DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 140 incisos 3), 8) y 18), y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 1°, 9°, 21, 22, 23, 24, 25, y 129 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; artículo 16 de la Ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público del 24 de febrero de 1984 y sus reformas; artículo 13, incisos g) y k) de la Ley Nº 1581, Estatuto de Servicio Civil del 30 de mayo de 1953 y sus reformas; y el artículo 20 del Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 31 de enero de 2006 y sus reformas.

Considerando:

1º—Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, se emitió el respectivo Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas.

2º—Que la Autoridad Presupuestaria de conformidad con los artículos 1º, 9º, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Nº 8131 y su Reglamento, ambos citados en el considerando anterior, está facultada para formular las Directrices y los Lineamientos Generales y Específicos de Política Presupuestaria para las entidades públicas, ministerios y órganos, cubiertos por su ámbito, incluso lo relativo a salarios, empleo, inversión y endeudamiento.

3º—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la citada ley, la Autoridad Presupuestaria cuenta con un órgano ejecutivo denominado Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, cuyas funciones fueron dispuestas en el artículo 20 del Reglamento mencionado.

4º—Que en el inciso e) del artículo 20 del Reglamento de repetida cita, se señala que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria verificará e informará sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Autoridad Presupuestaria con respecto a “las metas de empleo”, no obstante, el término correcto es “cantidad de plazas autorizadas por la Autoridad Presupuestaria”; de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, publicada en La Gaceta Nº 45 de 2 de marzo de 1984, de ahí que resulte procedente modificar en lo pertinente este inciso.

5º—Que para la atención del quehacer de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la asesoría en materia salarial que en lo atinente le pueda brindar la Dirección General de Servicio Civil, resulta un importante insumo, además de permitir desarrollar una coordinación interinstitucional, con el consecuente beneficio para la prestación del servicio público.

6º—Que conforme lo expuesto en el Considerando que antecede, deviene de interés público modificar el texto vigente del artículo 20 en su inciso g) del Reglamento de la Ley Nº 8131, de manera tal que se permita a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria contar con el asesoramiento de la Dirección General de Servicio Civil en materia salarial.

7º—Que con la finalidad de dar uniformidad al texto del artículo 20 del Reglamento antes citado, en el inciso k) resulta conveniente sustituir la referencia a “Directrices y lineamientos de política presupuestaria, salarial, de empleo y clasificación de puestos” y en su lugar señalar “Directrices y lineamientos formulados por la Autoridad Presupuestaria”.

8º—Que la Autoridad Presupuestaria, como asesor de la Presidencia de la República, está encargada de elaborar la propuesta de lineamientos generales y específicos de política presupuestaria, de carácter macro, para ser atendidos por los responsables de las instituciones, ministerios y órganos desconcentrados dentro de su ámbito.

9º—Que si bien la valoración salarial de los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, derivada de los Manuales Institucionales de Clases de Puestos compete a la Autoridad Presupuestaria, la elaboración y aprobación de los citados Manuales, son responsabilidad exclusiva de cada administración activa.

10.—Que dado que el inciso g) del artículo 20 de repetida cita, ya alude a la revisión de manuales como uno de los insumos para analizar las propuestas de valoración de los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil; resulta reiterada la disposición contenida en el inciso i).

11.—Que es necesario que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria realice estudios que permitan proponer acciones y políticas, para contribuir con el ordenamiento presupuestario.

12.—Que por todo lo anterior, deviene obligatorio reformar el mencionado Reglamento, con el objetivo de que se adecúe a la legislación vigente y a la realidad actual. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Modifíquense los incisos e), g) y k) del artículo 20, del Decreto Ejecutivo Nº 32988, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en La Gaceta Nº 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, a efecto de que en lo sucesivo se lean de la siguiente forma:

“Artículo 20.—Funciones. Sin perjuicio de otras que pueda asignarle la Autoridad Presupuestaria, la Secretaría Técnica deberá realizar las siguientes funciones:

(…)

e) Verificar e informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Autoridad Presupuestaria, relacionados con la creación y utilización de plazas, cantidad de plazas autorizadas, valoración de puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, revaloración salarial por costo de vida, inversiones financieras y racionalización del gasto, entre otros, mediante el seguimiento y control de dichos acuerdos.

(…)

g) Revisar las propuestas salariales para los puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, contemplados en los manuales de clases de las diferentes instituciones, que servirán de insumo, entre otros aspectos técnicos, para posterior resolución de la Autoridad Presupuestaria. En materia salarial podrá contar con el asesoramiento de la Dirección General de Servicio Civil.

(…)

k) Dictaminar los documentos presupuestarios remitidos por las entidades y órganos desconcentrados, para verificar el cumplimiento de las Directrices y lineamientos formulados por la Autoridad Presupuestaria.”

Artículo 2º—Deróguese el inciso i) del artículo 20 del citado Reglamento.

Artículo 3º—Adiciónese un inciso t) al artículo 20, del Decreto Ejecutivo Nº 32988, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en La Gaceta Nº 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, que se leerá de la siguiente forma:

“t) Realizar estudios a solicitud de la Autoridad Presupuestaria o de oficio, referentes a la materia presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento, que permitan proponer acciones y políticas que contribuyan al ordenamiento presupuestario.”

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Hacienda, Helio Fallas V.; el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín y la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Olga Marta Sánchez Oviedo.—1 vez.—O. C. N° 3400024272.—Solicitud N° 27241.—(D38941 - IN2015020775).

ACUERDOS

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

N° 046-2015 MSP

EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 25 inciso 2, 28 incisos 1 y 2. acápite a) y 92 de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, el Decreto Ejecutivo N° 38908 MEP-MSP-MTSS y el Acuerdo N° 226-P.

ACUERDA:

Artículo 1º—Delegar en la señora Bernardita Marín Salazar, cédula de identidad 4-0147-0807, Viceministra de Seguridad Pública, la firma del Ministro para el dictado de las resoluciones administrativas referentes a derechos laborales de los servidores y exservidores del Ministerio de Seguridad Pública cuando el monto acreditado no supere los ¢15.000.000.00 (quince millones de colones con cero céntimos).

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en el Ministerio de Seguridad Pública, el día trece de marzo de dos mil quince.

Luis Gustavo Mata Vega, Ministro de Seguridad Pública.—1 vez.—O. C. N° 3400024678.—Solicitud N° 29441.—(IN2015019367).

DOCUMENTOS VARIOS

AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS

EDICTO

AE-REG-E-003/2015.—La señora Marianella Sevilla Leiva, cédula de identidad N° 2-0532-0248, en calidad de autorizada con poder especial, de la compañía El Colono Agropecuario S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Pococí, provincia de Limón, solicita la inscripción del equipo de aplicación, tipo: Distribuidor doble disco para semillas y abonos, marca: MF 2013 Massey Ferguson, modelo: MF 2013, peso: 300 kilogramos, y cuyo fabricante es: AGCO Do Brasil Co. Inc, Brasil. Conforme a lo establece la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, y el Decreto N° 27037 MAG-MEIC. Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a las 09:00 horas del 18 de febrero del 2015.—Unidad Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación.—Ing. Esaú Miranda Vargas, Jefe.—1 vez.—(IN2015017644).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 194, título N° 1885, emitido por el Colegio Redentorista San Alfonso, en el año dos mil siete, a nombre de Bolaños Hernández Fabricio, cédula 2-0672-0301. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los nueve días del mes de febrero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015017046).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 1, Folio 44, Título N° 111, emitido por el Colegio Nocturno de Orotina, en el año dos mil doce, a nombre de Alfaro Matarrita Candace Jerusha, cédula 1-1605-0545. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015017688).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 1, Folio 28, Título N° 150, emitido por el Liceo Santa Teresita, en el año dos mil seis, a nombre de Gamboa Solano Carlos Luis, cédula 3-0434-0296. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015017880).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 429, título N° 858, emitido por el Liceo Santa Cruz Clímaco A. Pérez, en el año mil novecientos ochenta y uno, a nombre de Aura Isabel Morales Cerna. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original y por corrección del apellido, cuyos nombres y apellidos correctos son: Aura Isabel Morales Cernas, cédula 5-0215-0915. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015018156).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 121, asiento N° 2296, emitido por el Colegio Superior de Señoritas, en el año mil novecientos ochenta y cinco a nombre de Hernández Martínez Marilyn. Se solicita la reposición del título indicado por cambio de apellidos, cuyos nombres y apellidos correctos son: Solórzano Hernández Marlen. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial “La Gaceta.—Dado en San José, a los trece días del mes de febrero del dos mil quince.—Gestión y Evaluación de la Calidad.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015018251).

Ante este Departamento he presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo II, folio 112, asiento 7, título N° 1705, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Puntarenas, en el año dos mil doce, a nombre de Canales Campos Harold Manuel, cédula 6-0401-0822. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los diez días del mes de noviembre del dos mil catorce.—Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Liliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015018277).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo II, folio 04, asiento N° 1958, emitido por el Instituto de Guanacaste, en el año dos mil ocho, a nombre de Quesada Picado Angie Juliet, cédula 5-0381-0157. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el diario oficial La Gaceta.—San José, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince.—Gestión y Evaluación de la Calidad.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015016560).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 82, asiento N° 405, emitido por el Colegio Santa Margarita, en el año dos mil seis, a nombre de Ochoa Paz Verónica. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los nueve días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015016687).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 03, título N° 231, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Upala, en el año mil novecientos noventa y cinco, a nombre de Marjorie Lorio Escamilla. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original y corrección del apellido, cuyo nombre y apellidos correctos son: Marjorie Loria Escamilla, cédula 2-0529-0561. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince.— Gestión y Evaluación de la Calidad.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015016706).

Ante esta Dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 226, título N° 1052, emitido en el año dos mil once y del Título de Técnico Medio en la Especialidad de Secretariado Ejecutivo, inscrito en el tomo 1, folio 102, título N° 1008, emitido en el año dos mil diez, ambos títulos fueron extendidos por el Colegio Técnico Profesional de Upala, a nombre de Guillén Corea Leyvi Raquel, cédula 2-0699-0614. Se solicita la reposición de los títulos indicados por pérdida de los títulos originales. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el diario oficial La Gaceta.—San José, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015016726).

Ante esta dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 1, Folio 179, Título N° 1354, emitido por el Colegio El Carmen de Alajuela, en el año dos mil seis, a nombre de González Ramírez Luis Fernando, cédula 2-0656-0198. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los tres días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015017472).

Ante este departamento he presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 10, título N° 270, emitido por el Liceo de Curridabat, en el año mil novecientos setenta y seis, a nombre de Sánchez Castro José Miguel, cédula 1-0519-0060. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil catorce.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015019410).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 21, título N° 1223, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Puntarenas, en el año dos mil siete, a nombre de Jiménez Alpízar Stephannie de los Ángeles, cédula 6-0385-0272. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015018696).

Ante esta dirección ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 59, título N° 259, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo, en el año dos mil tres, a nombre de Vega Esquivel Jason Andrés, cédula 7-0152-0843. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintiséis días del mes de enero del dos mil quince.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2015018760).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 295, título N° 1817, emitido por el Liceo Rodrigo Facio Brenes, en el año dos mil seis, a nombre de Johel García Aguilar, cédula: 114050773. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince.—Gestión y Evaluación de la Calidad.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015018834).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas de Ganado

Solicitud Nº 2015-296.—Geovanny Barrantes Chaverrí, cédula de identidad 0502490827, solicita la inscripción de:

como marca de ganado, que usará preferentemente en Guanacaste, Cañas, San Miguel, San Juan, 2.5 kilómetros al este, de la escuela de San Juan. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 13 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-296.—San José, 16 de febrero del 2015.—Lic. Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015017743).

Solicitud Nº 2015-384.—Yehudin Gerardo Sancho Elizondo, cédula de identidad 0206110618, en calidad de apoderado especial de Juan Gerardo Quesada Mora, cédula, de identidad 0105940370, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Guanacaste, Liberia, Liberia, Capulín, de Liceo Laboratorio 100 metros al oeste. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 26 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-384.—San José, 3 de marzo del 2015.—Lic. Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015018189).

Solicitud Nº 2015-385.—Yehudin Gerardo Sancho Elizondo, cédula de identidad 0206110618, en calidad de apoderada especial de Juan Gerardo Quesada Mora, cédula de identidad 0105940370, solicita la inscripción de:

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como marca de ganado, que usará preferentemente en Guanacaste, Liberia, Liberia, Capulín, de Liceo Laboratorio 100 metros al oeste. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 26 de febrero del 2015. Según el expediente N° 2015-385.—San José, 3 de marzo del 2015.—Lic. Luz Vega, Registradora.—1 vez.—(IN2015018190).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Patentes de invención

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

La señora María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, cédula N° 1-626-794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Zipz Inc., de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada: RECIPIENTE DE BEBIDAS DE PORCIÓN INDIVIDUAL.

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Un recipiente de bebidas (100, 300) que contiene una bebida incluye una tapa (102) que puede ser utilizada para evitar la contaminación de una bebida entre sorbos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A47G 19/22; A47G 23/03; B65D 51/20; B65D 51/24; B65D 77/00; B65D 77/30; B65D 85/72; cuyo(s) inventor(es) es(son) Scott, J., Henry. Prioridad: 25/05/2012 US 61/651.808; 28/11/2013 WO WO2013/176833. La solicitud correspondiente lleva el número 20140595, y fue presentada a las 08:56:13 del 19 de diciembre del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 19 de febrero del 2015.—Licda. Melissa Solís Zamora, Registradora.—(IN2015016353).

La señora Kristel Faith Neurohr, cédula N° 1-1143-447, mayor de edad, vecina de San José, apoderada especial Janssen R&D Ireland, de Irlanda, solicita la Patente de Invención denominada: NUCLEÓSIDOS DE ESPIROOXETANO DE URACILO.

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La presente invención se refiere a compuestos de fórmula I. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: C07H 19/11; A61P 31/14; A61K 31/707; cuyo(s) inventor(es) es (son) Houpis, Ioannis Nicolaos, Jonckers, Tim Hugo Maria, Raboisson, Pierre Jean-Marie Bernard, Tahri, Abdellah. Prioridad: 25/05/2012 EP 12169425.1; 28/11/2013 WO 2013/174962. La solicitud correspondiente lleva el número 20140510, y fue presentada a las 12:49:40 del 6 de noviembre del 2014. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 10 de febrero del 2015.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—(IN2015016490).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Reposición total o parcial de protocolo. La Dirección Nacional de Notariado con oficinas en Curridabat, diagonal al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Edificio Galerías del Este. Hace saber: Que ante este Despacho se tramitan diligencias de reposición del folio 15, 16 y 17 del tomo número cinco (5) del protocolo autorizado al (la) notario (a) público (a) Rosa Nora Acuña Zapata, con cédula de identidad N° 8-0040-0167, carné de abogado N° 2787. En el folio N° 15, 16 y 17, según afirma el (la) notario (a), se encontraban debidamente otorgados y autorizados los instrumentos públicos números 21, 22 y 23. Se cita y emplaza a las personas interesadas, a fin de que, dentro del mes calendario siguiente a la tercera y última publicación de este aviso, presenten a este Despacho la reproducción de los instrumentos públicos en su poder y se apersonen para hacer valer sus derechos. (Artículo 64 del Código Notarial). Expediente N° 15-000041-0624-NO.—San José, 28 de enero del 2014.—Unidad Legal Notarial.—Licda. Tattiana Rojas S., Abogada.—(IN2015016491). 3 v. 3

AMBIENTE Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Exp 16505A.—Hermanos Fallas Jiménez Ltda, solicita concesión de: 1,2 litros por segundo de la quebrada sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Miguel, Naranjo, Alajuela, para uso agropecuario-riego. Coordenadas 228.476 / 491.480 hoja Naranjo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 5 de marzo de 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015018026).

Exp. 8190A.—Sociedad de Usuarios de Agua Proyecto de Riego Tres Esquinas, solicita concesión de: 50 litros por segundo del Río Burrito, efectuando la captación en finca de Solano Delgado Luis Emilio en Fortuna, San Carlos, Alajuela, para uso Agropecuario Abrevadero y Agropecuario Riego Hortaliza. Coordenadas 267.100 / 468.750 hoja Fortuna. Predios inferiores: Ana Deysi Araya Vargas, Yaneth Solano Delgado, Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 30 de enero de 2013.—Jorge Bonilla Cervantes, Director.—(IN2015018210).

Exp. 11270P.—Proquinal Costa Rica S. A., solicita concesión de: 0,18 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del pozo RG-687 en finca de su propiedad en La Garita, Alajuela, Alajuela, para uso Consumo Humano - Comercial. Coordenadas 218.080 / 506.000 hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de enero de 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015018250).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SUBÁREA PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Addéndum Plan Anual de Compras 2015

Descripción	Código	Cantidad Referencial	Unidad	Monto
Tocilizumab 80 mg/4 mL. Frasco ampolla	1-11-41-0097	1092	FC	¢59.949.289,11
Tocilizumab 200 mg/10 mL. Frasco ampolla	1-11-41-0090	1092	FA	¢153.504.187,20

Área Gestión de Medicamentos-PEC.—Lic. Melvin Hernández Rojas, Jefe a. í.—1 vez.—O. C. Nº 1142.—Solicitud Nº 5142.—C-6990.—(IN2015020485).

Descripción	Código	Cantidad Referencial	Unidad	Monto
TAMOXIFENO BASE 20 MG (COMO CITRATO DE TAMOXIFENO) TABLETAS	1-10-41-1615	6800	CN	¢90.018.400,00

Área Gestión de Medicamentos-PEC.—Lic. Melvin Hernández Rojas, Jefe a. í.—1 vez.—O. C. Nº 1142.—Solicitud Nº 5147.—C-6090.—(IN2015020490).

Descripción	Código	Cantidad Referencial	Unidad	Monto
ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG (8.000 UI)/0.8 ML. SOLUCIÓN INYECTABLE. JERINGA PRELLENADA CON 0.8 ML.	1-10-11-4095	30000	UD	¢110.000.000,00

Área Gestión de Medicamentos-PEC.—Lic. Melvin Hernández Rojas, Jefe a. í.—1 vez.—O. C. Nº 1142.—Solicitud Nº 5146.—C-6730.—(IN2015020494).

Descripción	Código	Cantidad Referencial	Unidad	Monto
Expediente médico, tamaño 27 x 30,5 cms.	4-70-07-0320	9000	Cientos	¢54.108.000,00

Área Gestión de Medicamentos-PEC.—Lic. Melvin Hernández Rojas, Jefe a. í.—1 vez.—O. C. Nº 1142.—Solicitud Nº 5144.—C-5880.—(IN2015020498).

LICITACIONES

SALUD

INSTITUTO COSTARRICENSE

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

CONCURSO: COMPRA DIRECTA N° 2014CD-0000114-01

Objeto de contrato: “servicios de administración, organización

técnica administrativa, de la etapa eliminatoria y final de la

XXXIV edición de Juegos Deportivos Nacionales 2014-2015

disciplina deportiva del ajedrez femenino masculino

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación invitan a participar en este concurso, para tal efecto se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del jueves 9 de abril del 2015 en la Proveeduría Institucional, ubicada dentro de las instalaciones del Estadio Nacional, cuarto piso, sector noroeste, oficina N° 5. Los interesados pueden obtener el pliego de condiciones en la dirección electrónica www.icoder.go.cr o bien retirarlo directamente en la Proveeduría Institucional del ICODER.

San José 24 de marzo del 2015.—Proveeduría Institucional.—Lic. Eduardo Alonso Ramírez Brenes. Proveedor.—1 vez.—(IN2015020336).

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

El Departamento de Proveeduría invita a todos los potenciales proveedores interesados en participar en el siguiente procedimiento: Licitación Abreviada 2015LA-000007-PROV, suministro de una plataforma de virtualización de escritorios (VDI) para el Poder Judicial.

Fecha y hora de apertura: 30 de abril del 2015, a las 10:00 horas.

El respectivo cartel se puede obtener sin costo alguno a partir de la presente publicación. Para ello, los interesados deben acceder a través de Internet, en la dirección http://poder-judicial.go.cr/proveeduria/adquisiciones/invitalic.htm o solicitar el envío del correspondiente archivo por correo electrónico a la siguiente dirección: ssalasal@poder-judicial.go.cr. Cualquier consulta a los teléfonos 2295-3295/ 3623.

San José, 24 de marzo de 2015.—Proceso de Adquisiciones.—MBA. Yurli Argüello Araya, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 29885.—(IN2015020380).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000006-DCADM

Contratación de servicios de persona

física que brinde servicios de avalúos

a los bienes inmuebles

propiedad del Banco

Apertura: Para las 10:00 horas del día 23 de abril del 2015. Venta del cartel: En cajas de Oficinas Centrales y retiro del cartel en el 6^to piso, División de Contratación Administrativa. Horario de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:00 p.m. Costo: ¢1.500,00 (mil quinientos colones con 00/100). Se aclara que para efectos de consulta de expediente y demás trámites relacionados con este concurso, el día miércoles 1º de abril del 2015 será inhábil.

San José, 25 de marzo del 2015.—Área de Gestión y Análisis de Compras.—Licda. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa.—1 vez.—(IN2015020642).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000002-1150

Servicios de mantenimiento para equipos del Core

Institucional de Videocomunicaciones

Se informa a los interesados que está disponible el cartel de la Licitación Abreviada mencionada anteriormente con apertura de ofertas para el 23 de abril de 2015, a las 9:00 a. m. Valor aproximado del cartel ¢800,00. Ver mayores detalles en http://www.ccss.sa.cr.

Subárea Gestión de Compras.—MBA. Lydia Durán Jiménez, Jefa.—1 vez.—(IN2015020342).

HOSPITAL MÉXICO

LICITACIÓN NACIONAL 2015LN-000002-2104

Por la adquisición de reactivos para inmunohistoquímica

Se comunica: Fecha de visita al sitio el 6 de abril del 2015, a las 13:00 horas, en el Servicio de Anatomía Patológica (sótano). Contacto: Yamileth Estrada o Giselle Hidalgo al 2242-6509, 2242-6510.

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr

San José, 24 de marzo del 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Licda. Carmen Rodríguez Castro, Coordinadora.—1 vez.—(IN2015020641).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000018-2104

Por la adquisición de reactivos para inmunohistoquímica

Se comunica: fecha de recepción de ofertas el 13 de abril de 2015 a las 10:00 horas.

Vea detalles v mayor información en http://www.ccss.sa.cr

San José, 24 de marzo del 2015.—Subárea Contratación Administrativa.—Licda. Carmen Rodríguez Castro, Coordinadora.— 1 vez.—(IN2015020643).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000020-2104

Por la adquisición de insumos para biopsias

percutáneas guiadas por imágenes

Se comunica a los interesados en participar que la fecha máxima de recepción de ofertas es el día 21 de abril de 2015, a las 9:00 horas.

San José, 24 de marzo del 2015.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Carmen Rodríguez Castro, Jefa.—1 vez.—(IN2015020645).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000010-PRI

Adquisición de cajas de protección de HF para hidrómetros

y tapas p/cajas de protección de hidrómetros

de 12,7mm, 19mm y 25mm

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica que se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del día 10 de abril del 2015, para la Adquisición de cajas de protección de HF para hidrómetros y tapas p/cajas de protección de hidrómetros de 12,7mm, 19mm, 25mm. Los documentos que conforman el cartel, podrán descargarse en la dirección electrónica www.aya.go.cr o bien retirarse en la Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el Módulo C, piso 3 del Edificio Sede del AyA, ubicado en Pavas, el mismo tendrá un costo de ¢500,00.

Dirección Proveeduría.—Licda. Jeniffer Fernández Guillén.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29836.—(IN2015020430).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000011-PRI

Compra de brocas para perforación de pozos

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), recibirá ofertas hasta las 11:00 horas del día 24 de abril del 2015, para la compra de brocas para perforación de pozos.

El archivo que conforma el cartel podrá accesarse en la página www.aya.go.cr, o bien, adquirirse en la Dirección de Proveeduría de AyA, previo pago de ¢500,00, sita en el módulo C, piso 3 del Edificio Sede del AyA en Pavas.

Dirección de Proveeduría.—Licda. Iris Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29922.—(IN2015020493).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000012-02

Contratación de los servicios para la limpieza de aguas

pluviales y oleaginosas en Refinería

La Dirección de Suministros de Recope invita a participar en la Licitación Abreviada Nº 2015LA-000012-02, para lo cual las propuestas deberán presentarse en el segundo piso de las Oficinas Centrales de Recope, Edificio Hernán Garrón, sita en Urbanización Tournón Norte San Francisco de Guadalupe, 50 metros al este del Periódico La República, hasta las 10:00 horas del día 24 de abril del 2015.

Se les informa a los proveedores y demás interesados que los carteles únicamente estarán disponibles a través de la página WEB de Recope www.recope.go.cr.

La visita al sitio para explicar los alcances técnicos y demás aspectos relevantes de este concurso se llevará a cabo el día 7 de abril del 2015 a las 10:00 horas en la entrada principal de la Refinería en Limón.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio WEB www.recope.com, se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por RECOPE.

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—O. C. Nº 2014003942.—Solicitud Nº 29873.—(IN2015020501).

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.

ÁREA LICITACIONES Y COMPRAS AL EXTERIOR

CONCURSO N° 2015PP-000005-PROV

Elevadores aéreos hidráulicos aislados para 69 kv y grúas

telescópicas aisladas con canasta, instalados en camión

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A., invita a participar en el siguiente concurso de adquisición:

Concurso	Descripción	Apertura	Hora	Valor
N° 2015PP-000005-PROV	Elevadores aéreos hidráulicos aislados para 69 kv y grúas telescópicas aisladas con canasta, instalados en camión.	22/04/2015	13:00	¢5.000,00

Las especificaciones técnicas y sus requerimientos de adquisición deben ser retiradas en Proveeduría, sita en la Uruca, de la compañía Pozuelo, 125m al este.

Para esta contratación rige la Ley N° 8660 y el Reglamento para procedimientos de adquisición de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 82 del 30 de abril del 2014.

Las especificaciones técnicas y sus requerimientos de adquisición deben ser retiradas en nuestra Área Proveeduría Empresarial, 250 metros este de Pozuelo S. A., en la Uruca (frente a Ciudad Toyota, plantel Virilla).

Guillermo Chinchilla Zúñiga, Proveedor Empresarial.—1 vez.—(IN2015020469).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

LICITACIÓN Nº 2015LN-000001-01

Concesión para la comercialización de la cafetería instalada

en el lobby del Teatro Municipal La Villa

La Municipalidad de Desamparados, por medio de la Proveeduría Institucional, invita a personas físicas o jurídicas a participar en el concurso arriba mencionado.

Recepción de ofertas: Se recibirán en un sobre cerrado en la Proveeduría Municipal, ubicada costado oeste, del Parque Centenario. Fecha límite de recepción de ofertas: 15 días hábiles posteriores a la publicación. Carteles: deben retirarse en la Unidad de Proveeduría Municipal; ubicada costado oeste, del Parque Centenario.

Proveeduría Municipal.—Licda. Melissa Jiménez Venegas.—1 vez.—(IN2015020537).

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2015CD-000050-01PM

Adquisición de Dropbox para negocios con

5 licencias para servicio de un año

La Municipalidad del Cantón Central de Limón, mediante el Departamento de Proveeduría invita a participar en la Contratación Directa N° 2015CD-000050-01PM, cuyo objeto es la “Adquisición de Dropbox para negocios con 5 licencias para servicio de un año”, para la Dirección de Obras y Proyectos de la Municipalidad de Limón. Las ofertas se deben presentar según lo dispuesto en el siguiente apartado y se recibirán hasta las 14:00 horas del martes 28 de abril del 2015.

Las ofertas podrán presentarse en un sobre cerrado y rotulado a la oficina de la Proveeduría o bien al correo electrónico proveeduriamunilimon@gmail.com., redactadas en español, expresamente lo requerido en el cartel.

En caso de enviar la oferta mediante correo, se deberá enviar la oferta original dentro de los tres días hábiles siguientes de la apertura, para su validez.

1 Condiciones particulares:

a. Vigencia de la oferta: no menor a 25 días hábiles.

b. Lugar de entrega: en la Municipalidad de Limón.

c. Tiempo de entrega: una semana hábil una vez entregada la orden de compra.

d. Forma de pago: mediante cheque, 30 días naturales.

e. Garantía: sobre la vigencia de la licencia.

2 Consultas y aclaraciones:

Correo electrónico

Fax

Teléfono

Licda. Vielka Cerdas Blanco

Proveeduriamunilimon@gmail.com

2758-0219

2758-0219.

2758-0134 (105)

Otras Condiciones Particulares:

1. En la oferta deberán tomarse en cuenta los costos por: fletes y cualquier otra suma que deba de rembolsarse como consecuencia de la contratación (según artículo N° 12 R.LC.A.)

2. Presentar las declaraciones juradas según (art. N° 65 R.L.C.A)

A) Estar al día con las cuotas obrero patronal.

B) Estar al día con los impuestos municipales.

C) Estar al día con los impuestos nacionales.

D) No estar afectado por ninguna causal de prohibición (art. 22 y 22 bis. R.L.C.A.)

3. La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la oferta de menor precio y de mejor condición, (según artículo N° 52, inciso N) R.L.C.A.)

3 Multas y cláusula penal: En caso de atraso en la entrega del bien requerido de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, el contratista deberá pagar a la Municipalidad del Cantón Central de Limón por concepto de cláusula penal la suma del 10% del valor de la parte incumplida, según el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cada día natural de atraso. El cobro de la multa podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio que se hubieran practicado y a las facturas pendientes de pago.

4 Especificaciones del bien requerido:

Cantidad	Descripción
5	Paquete base DfB o Dropbox para negocios con cinco licencias para brindar el servicio por un año.

5. Adjudicación: Se evaluarán las ofertas que cumplan estrictamente con las especificaciones indicadas y las condiciones particulares señaladas.

Unidad de Bienes y Servicios.—Licda. Vielka Cerdas Blanco.—1 vez.—(IN2015020416).

ADJUDICACIONES

HACIENDA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000001-13801

Servicio de custodia y traslado de información

para medios magnéticos

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Hacienda avisa a todos los interesados en esta licitación que por Resolución de Adjudicación Nº DAF-RA-004-2015 de las 15:31 horas del día 20 de marzo del 2015, se adjudicó de la siguiente manera:

Oferta Nº 1. Document Management Solution SDM S.R.L., cédula jurídica 3-102-333279.

Línea Nº1: Servicio de custodia y traslado de información para medios magnéticos, de conformidad con las características indicadas en el cartel y la oferta. Costo adjudicado mensual máximo del servicio: $745,00. Costo adjudicado anual máximo del servicio $8.940,00 (Ocho mil novecientos cuarenta dólares con 00/100).

Se aclara a todos los participantes en este concurso que el presente comunicado es solo el resumen de la Resolución de Adjudicación, misma que se encuentra completa en el sistema CompraRed, en el expediente administrativo de la citada licitación, en la dirección www.hacienda.go.cr/comprared de Internet, un día hábil después de publicado este aviso.

San José, 24 de marzo del 2015.—Msc. Marco A. Fernández Umaña, Proveedor Institucional.—1 vez.—O. C. Nº 3400024341.—Solicitud Nº 29807.—(IN2015020414).

SALUD

INSTITUTO COSTARRICENSE

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

ACTO FINAL

CONCURSO: LICITACION PÚBLICA N° 2014LN-000001-01

Objeto de contrato: “instalación de máquinas

especializadas para ejercicios recreativos

al aire libre (circuitos biosaludables)

Se les comunica a los interesados en este concurso que el mismo ha sido declarado infructuoso.

San José, 24 de marzo del 2015.—Proveeduría Institucional.—Lic. Eduardo Alonso Ramírez Brenes. Proveedor.—1 vez.—(IN2015020330).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2014LN-000003-85002

Alquiler de vehículos para programas electorales

La Proveeduría del Tribunal Supremo de Elecciones comunica que en el artículo tercero, inciso A) de la reunión ordinaria Nº 16-2015, realizada el 20 de marzo del año en curso y comunicado en oficio Nº CDIR-073-2015, el Consejo de Directores de este Tribunal dispuso adjudicar el concurso de referencia de la siguiente manera:

Oferta Nº 1, Las Cuatro Vías S. A., cédula jurídica número 3101233229, la línea 32, por un monto total de ¢1.396.000,00 (un millón trescientos noventa y seis mil colones exactos), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.

Oferta Nº 2, Anc Car S. A., cédula jurídica número 3101013775, las líneas 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21 y 29, por un monto total de $47.033,00 (cuarenta y siete mil treinta y tres dólares exactos), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.

Oferta Nº 3, Alquiler de Carro Tico S. A., cédula jurídica número 3101018910, las líneas 3, 5, 11, 13, 15, 19, 20, 28, 31 por un monto total de $27.761,00 (veintisiete mil setecientos sesenta y un dólares exactos) todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.

Oferta Nº 4, Renta de Automóviles El Indio S. A., cédula jurídica número 3101044294, las líneas 1, 2, 17, 22, 23, 26, y 27, por un monto total de ¢63.496.723,75 (sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y seis mil setecientos veintitrés colones con setenta y cinco céntimos) todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.

Declarar desiertas las líneas 6, 16, 24, y 30, ya que por conveniencia institucional, se atenderán con recursos propios.

Declarar infructuosas las líneas 14 y 25 por inopia de ofertas.

El documento que resuelve la adjudicación puede ser consultado en la dirección electrónica www.hacienda.go.cr/comprared del trámite indicado.

Proveeduría.—Lic. Allan Herrera Herrera, Proveedor Institucional.—1 vez.—O. C. Nº 3400024182.—Solicitud Nº 29897.—(IN2015020410).

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

REMATE Nº 2015RE-000001-BCCR

Remate de tres vehículos

El Departamento de Proveeduría del Banco Central de Costa Rica, informa a los interesados en este remate que, mediante Acta de Adjudicación Nº 1052 de fecha 24 de marzo del 2015, se adjudicó de la siguiente manera:

El renglón Nº 1, un vehículo Nissan Pathfinder, 1999, por un monto de ¢2.450.000,00 al señor Fabio Benavides Morales, el renglón Nº 2, un vehículo Hyundai Veracruz, 2008, por un monto de ¢9.025.000,00 al señor Fernando Rodríguez García y el renglón Nº 3, un vehículo Mitsubishi Montero GL, 2000, por un monto de ¢2.250.000,00 al señor Rafael Salazar Núñez.

San José, 24 de marzo del 2015.—Departamento de Proveeduría.—Rolando Protti B., Director.—1 vez.—O. C. Nº 2015014314.—Solicitud Nº 29864.—(IN2015020394).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000016-99999

(Resolución de adjudicación N° 32)

Servicios de producción editorial entrega según demanda

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), comunica a los interesados en la presente licitación que el Consejo de Rectoría en sesión N° 1855-2015, art. III, inciso 9), celebrada el 23 de marzo del 2015, acordó:

Avalar la recomendación de la Comisión de Licitaciones, y adjudicar la Licitación Abreviada 2014LA-000016-99999, “Servicios de producción editorial entrega según demanda”, de la siguiente manera:

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2014LA-000016-99999, “Servicios de producción editorial entrega según demanda”,, con base en lo indicado en la recomendación y la evaluación respectiva, de la siguiente manera:

a. Al oferente Sergio Aguilar Mora, lo siguiente: ítem único: “Servicios de producción editorial entrega según demanda”, por un periodo de 4 años bajo el sistema de entrega según demanda. Monto total por 48 meses adjudicado: ¢38.000.000,00, de conformidad con el desglose de precios por año indicado en la oferta. Plazo de entrega: El producto diagramado terminado se entregará en un plazo no menor a tres meses según cronograma.

Sabanilla, 25 de marzo del 2015.—Oficina de Contratación y Suministros.—Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 29878.—(IN2015020360).

LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000014-99999

(Resolución de adjudicación N° 33)

Remodelaciones varias UNED

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), comunica a los interesados en la presente licitación que el Consejo de Rectoría en sesión N° 1855-2015, Art. III, inciso 10), celebrada el 23 de marzo del 2015, acordó:

Avalar la recomendación de la Comisión de Licitaciones, y adjudicar la Licitación Abreviada 2014LA-000014-99999, “Remodelaciones varias UNED”, de la siguiente manera:

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2014LA-000014-99999, “Remodelaciones varias UNED”, con base en lo indicado en la recomendación y la evaluación respectiva, de la siguiente manera:

I. Dejar fuera de concurso a la empresa Servicios de Mantenimiento Cubero S. A. (SERMAC S. A.), no alcanza el porcentaje mínimo solicitado en la Metodología de Evaluación del Cartel, para el Ítem 1.

II. Dejar fuera de concurso a la empresa Decoración y Muebles W Y W S. A., no alcanza el porcentaje mínimo solicitado en la Metodología de Evaluación del Cartel, para el Ítem 1.

III. Dejar fuera de concurso a la empresa P.M.L PROMELEC S. A., no alcanza el porcentaje mínimo solicitado en la Metodología de Evaluación del Cartel, para el Ítem 2.

IV. Dejar fuera de concurso a la empresa Sistemas & Construcciones A G Limitada, no alcanza el porcentaje mínimo solicitado en la Metodología de Evaluación del Cartel, para el Ítem 1 e Ítem 2.

V. Dejar fuera de concurso a la empresa Constructora K Y S S.A, no alcanza el porcentaje mínimo solicitado en la Metodología de Evaluación del Cartel, para el Ítem 1 e Ítem 2.

VI. Dejar fuera de concurso a la empresa APAME S.A., por cuanto no atendieron la solicitud de ampliación de la vigencia.

VII. Adjudicar la Licitación Abreviada 2014LA-000014-99999, “Remodelaciones varias UNED”, con base en lo indicado en la recomendación y la evaluación respectiva, de la siguiente manera:

a) Al oferente P.M.L PROMELC S. A., lo siguiente:

Ítem 1: “Construcción de un módulo de servicios sanitarios, Centro Universitario de Alajuela”, según especificaciones. Precio unitario: ¢36.718.322,00. Precio total: ¢36.718.322,00. Monto total adjudicado: ¢36.718.322,00. Tiempo de entrega: 55 días naturales.

b) Al oferente Red Sistema de Rotulación S.A., lo siguiente: Ítem 2: “Remodelación del módulo de aulas, Centro Universitario de San José (Bloque central)”, según especificaciones., Precio unitario: ¢46.971.250,00. Precio total: ¢46.971.250,00. Monto total adjudicado: ¢46.971.250,00. Tiempo de entrega: 42 días naturales.

Sabanilla, 25 de marzo del 2015.—Oficina de Contratación y Suministros.—Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 29880.—(IN2015020366).

COMUNICACIÓN GENERAL

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000006-99999

Construcción planta de tratamiento

en la sede central de la UNED

La Universidad Estatal a Distancia, comunica a los interesados en la presente licitación que por motivo de modificaciones de fondo y replanteamiento de las especificaciones técnicas del cartel se anula este proceso.

Sabanilla, 24 de marzo del 2015.—Oficina de Contratación y Suministros.—M.B.A. Yirlania Quesada Boniche, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 29883.—(IN2015020370).

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000003-99999

(Resolución de adjudicación N° 34)

Compra de sistema de respaldo institucional

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), comunica a los interesados en la presente Licitación, que el Consejo de Rectoría en sesión N° 1855-2015, Art. III, inciso 8), celebrada el 23 de marzo del 2015, acordó:

Avalar la recomendación de la Comisión de Licitaciones, y adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000003-99999, “Compra de sistema de respaldo institucional”, de la siguiente manera:

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000003-99999, “Compra de sistema de respaldo institucional”, con base en lo indicado en la recomendación y la evaluación respectiva, de la siguiente manera:

1. Al oferente Storageware Solutions S. A., lo siguiente:

a. 5 Terabytes de Arcserve UDP v5 Premium Edition. Managed Capacity. Crossgrade from existing ARCserve. Producto más 3 años de mantenimiento incluido. Implementación completa en los servidores de la UNED. Precio unitario $5.800,00; Precio total $29.000,00.

b. Curso de capacitación formal en ARCserve para 4 ingenieros de la UNED. Abarca temas de respaldo y restauración a nivel de archivos, a nivel de bases de datos y a nivel de imágenes, replicación de información máquinas virtuales en espera etc. Cubre los productos ARCserve Backup, ARCserve UDP y ARCserve replication. El curso se realiza en laboratorio con servidores virtuales, configurados por Storageware Solutions S.A. Total 20 (veinte) horas. Precio unitario $1.840,00; precio total $1.840,00.

c. Soporte preventivo y correctivo durante 3 años y con tiempo de respuesta de 4 horas, en horario 24X7X365. Incluye atención de reportes y problemas, instalación de nuevas versiones, instalación de la solución en servidores nuevos, instalación de service packs y fixes. Consultoría para el mejoramiento del rendimiento de la solución ofertada. Servicios brindados por personal experimentado y certificado por el fabricante. Precio Unitario $3.460,00. Precio total $3.460,00.

d. Servidor HP ProLiant DL360p Gen8. Procesador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (6 core, 2.6 GHz. HP 32GB Memoria RAM. Dos discos HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in. Doble fuente de poder redundante. HP 1U Security Bezel Gen8 Kit. DVD RW HP 9.5mm SATA DVD RW. Tarjeta Fibre Channel doble puerto PCI-e. Garantía y soporte HP 3y 4h 24x7 DL36x(p) Proactive Care Service. Implementación completa. Precio unitario $8.764,00. Precio total $8.764,00.

Garantía: 3 años.

Plazo de entrega: 20 días naturales a partir de la orden de compra.

Monto total adjudicado $43.064,00.

(Cuarenta y tres mil sesenta y cuatro dólares con 00 centavos).

Monto total Adjudicado $43.064,00. (cuarenta y tres mil sesenta y cuatro con 00 centavos).

Sabanilla, 25 de marzo del 2015.—Oficina de Contratación y Suministros.—Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 29886.—(IN2015020378).

COLEGIOS UNIVERSITARIOS

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000002-01

Concesión servicio de seguridad

y vigilancia CUC 2015-2019

La Proveeduría Institucional del Colegio Universitario de Cartago, se permite comunicar el acto de adjudicación al procedimiento de contratación administrativa, por medio de Licitación Pública N° 2014LN-000002-01 “Concesión servicio de seguridad y vigilancia CUC 2015-2019.

El cual ha quedado adjudicado a la oferta N° 01, presentada por la empresa Sevin Ltda., cédula jurídica número 3-102-067171-28, monto mensual del contrato: tres millones ochocientos sesenta mil doscientos cincuenta y cinco mil colones (¢3.865.255,00).

La institución permanecerá cerrada durante toda la Semana Santa.

Cartago, 23 de marzo del 2015.—Proveeduría.—Licda. Ligia Amador Brenes, Proveedora.—1 vez.—(IN2015020371).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000024-2101

Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes

equipos (tomógrafo/reveladora de placas/ sistema

de aire acondicionado e inyector

de medio de contraste)

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, les comunica a los interesados en este concurso, que se resolvió adjudicar los ítemes 1, 3 y 4 de la siguiente manera:

Empresa adjudicada: Elvatron S. A. Ítem 1: Monto total adjudicado: $36.000,00. Monto en letras: treinta y seis mil dólares con 00/100.

Empresa adjudicada: Rafgsi de Costa Rica S. A. Ítem 3: Monto total: ¢3.564.000,00. Item 4: Monto total: ¢2.328.000,00. Monto total adjudicado (ítemes 3 y 4): ¢5.892.000,00. Monto en letras: cinco millones ochocientos noventa y dos mil colones con 00/100. Ítem 2: Se declara infructuoso ya que no fue cotizado por las empresas participantes.

Ver detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 25 de marzo del 2015.—Subárea Contratación Administrativa.—Lic. David Sánchez Valverde, Coordinador a. í.—1 vez.—(IN2015020540).

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº 2014LN-000005-2101

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, les comunica a los interesados en este concurso, que:

Que el día 12 de febrero del dos mil quince, se adjudicó la compra a favor de la empresa Equitron S. A., para lo cual se debe considerar los siguientes puntos:

Tiempo de entrega: Se solicitará una primera entrega, la cual se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días naturales, el plazo rige a partir del día hábil siguiente de la notificación de retiro de orden de compra o puesta en vigencia del contrato.

2. El monto total aproximado a adjudicar es de $147.395,00.

3. Corresponde para este procedimiento Licitación Pública Nacional Nº 2014LN-000005-2101.

4. En cuanto a las prórrogas de la contratación se aplica lo dispuesto en el punto 1.9 de las Condiciones Generales de Contratación de la CCSS.

5. De acuerdo a criterio, se aplica lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Equipo y Material Biomédico, esto para los ítemes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 y 15, así como para el analizador de Química Cobas 311.

Nota: El resto de las condiciones se mantienen tal y como lo indica el Acta de Adjudicación visible en folios 000594, 000595, 000596.

Ver detalles en http://www.ccss.sa.cr.

Subárea Contratación Administrativa.—Lic. David Sánchez Valverde, Coordinador a. í.—1 vez.—(IN2015020541).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2014LN-000031-PRI

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

para la comunidad de Bolivia y San Gerardo de Platanares,

II Etapa (planta potabilizadora de agua)

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica que mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2015-110 del 23 de marzo del 2015, se adjudica la presente licitación a la oferta Nº 3 Consorcio Sogeosa-Caminos y Cauces, formado por Sogeosa Sociedad General de Obras S. A. y Caminos y Cauces S. A., por un monto total de ¢1.056.801.475,29 colones. Para efectos presupuestarios se asigna además a este proyecto, el rubro 020 “trabajos por administración”, la suma de ¢30.000.000,00 colones.

Demás condiciones de acuerdo al cartel y la oferta respectiva.

Dirección Proveeduría.—Lic. Iris Patricia Fernández Barrantes.— 1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29874.—(IN2015020389).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000004-PRI

(Circular Nº 1)

Contratación auditoria externa de la calidad de la liquidación

presupuestaria de los años 2014, 2015, 2016 y 2017

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica que se deja sin efecto el proceso de licitación, a que se refiere este aviso.

Dirección Proveeduría.—Licda. Iris Fernández Barrantes.— 1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29845.—(IN2015020419).

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2014LN-000026-PRI

(Modalidad entrega según demanda)

Instalación de nuevos servicios de conexiones de agua

potable en la Región Pacífico Central

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cédula jurídica 4-000-042138, comunica que mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 2015-102 del 16 de marzo del 2015, se adjudica de la Licitación Pública Nacional Nº 2014LN-000026-PRI, de la siguiente manera:

Oferta 1: Constructora C&L Hermanos S. A., Pos. 1, Cantonal de Palmares: Conexión Prevista de 12.7 mm ¢29.000,00; Conexión No Prev. 12.7 mm calle tierra o lastre ¢80.000,00; Conexión No Prev. 12.7 mm calle de asfalto con acometida ¢94.000,00; Pos. 2, Cantonal San Ramón: Conexión Prevista de 12.7 mm ¢29.000,00; Conexión No Prev. 12.7 mm calle tierra o lastre ¢80.000,00; Conexión No Prev. 12.7 mm calle de asfalto con acometida ¢94.000,00 y Pos. 3 Cantonal de Quepos: Conexión No Prev. 12.7 mm calle de tierra o lastre ¢105.000,00; Conexión No Prev. 12.7 mm calle de asfalto con acometida ¢125.000,00. Demás condiciones de acuerdo al cartel y ofertas respectivas

Dirección Proveeduría.—Licda. Iris Fernández Barrantes.— 1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29838.—(IN2015020423).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 2014LI-000005-PRI

Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable

para la Zona Noreste de San José - Línea 1

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica N° 4-000-042138, comunica que mediante acuerdo de junta directiva Nº 2015-112 del 23 de marzo del 2015, se adjudica la presente Licitación a la oferta Nº 2: Consorcio SOGEOSA Sociedad General de Obras S. A. y Caminos y Cauces S. A., por un monto total de ¢885.777.974,80 colones.

Para efectos presupuestarios se asigna además a este proyecto, por el rubro 020 “Trabajos por Administración”, la suma de ¢24.000.000,00 colones.

Demás condiciones de acuerdo al cartel y la oferta respectiva.

Dirección Proveeduría.—Licda. Iris Patricia Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29905.—(IN2015020497).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000030-02

Suministro de tubería

Se informa que el concurso en referencia, fue adjudicado según acuerdo tomado por la Gerencia de Distribución y Ventas de Recope, mediante oficio GDV-0122-2015, de fecha 18 de marzo del 2015, de acuerdo con el siguiente detalle:

Oferta N°	N° 4
Oferente	GPM Consultores S. A.
Representante Legal	Luis Paniagua Carranza
Monto total	$138.144,50 IVI
Descripción	Línea 1: Cinco mil doscientos trece (5.213) metros de tubería con costura de 150 mm de diámetro nominal en acero al carbono para el poliducto de RECOPE de 150 mm Limón-Barranca. Espesor: 5.56 mm, especificación: API-5L grado X46, PSL1. Longitud de 12 metros mínimo, extremos biselados a 30 grados, tubería marcada conforme al estándar API-5L. Precio unitario: $23,4513 Subtotal: $122.251,77 Impuesto de ventas: $15.892,73 Total: $138.144,50
Forma de pago	Treinta días mediante transferencia bancaria
Tiempo de entrega	Ciento diez (110) días naturales
Garantía	Seis meses
Lugar de entrega	Plantel El Alto

Oferta N°	N° 7
Oferente	Aliados Agroindustriales S. A.
Representante Legal	Sigurd Moklebust
Monto total	$74.380,22
Descripción	Línea 2: Ochenta (80) unidades de tubería de acero al carbón ERW CED40 con costura 12 pulgadas de 300 mm de diámetro nominal en acero al carbono para el poliducto de RECOPE de 304,8 mm Limón-La Garita, en presentación de 42 pies cada unidad, equivalente 12,8 metros cada tubo para un total de 1.024 metros, y a un precio de $ 64,28 por metro. Precio unitario: $822,79 Subtotal: $65.823,20 Impuesto de ventas: $8.557,02 Total: $74.380,22
Forma de pago	Treinta días mediante transferencia bancaria.
Tiempo de entrega	Tres meses
Garantía	Dieciocho (18) meses.
Lugar de entrega	Plantel El Alto

Notas importantes:

1. El adjudicatario dispondrá de diez (10) días hábiles contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación para rendir la correspondiente garantía de cumplimiento, por el diez (10%) por ciento del total adjudicado, y con una vigencia mínima de tres meses adicionales a la fecha probable de recepción definitiva del objeto contratado, de conformidad con los términos establecidos en la cláusula 1.11.2 del cartel.

2. La presente contratación se formalizará mediante la emisión respectiva del pedido.

3. Con el fin de validar jurídicamente el documento definido para formalizar la presente contratación, se deberán reintegrar las especies fiscales de ley correspondientes a un 0.5% del monto total del contrato, pagadero en su totalidad por el contratista, utilizando para tal efecto el tipo de cambio de venta que reporte el Banco Central de Costa Rica.

4. Confirmada la adjudicación de la línea N° 2 a favor de la firma Aliados Agroindustriales S. A., previo a su formalización deberá presentar la documentación en donde se acredite su existencia, según se establece en los apartados 1.2.8 y 1.11.1 del cartel de licitación.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio Web www.recope.com se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por Recope.

Departamento Contratación Bienes y Servicios.—Ing. Johnny Gamboa Chacón, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 2014003942.—Solicitud Nº 29828—(IN2015020579).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2014LA-000034-02

Suministro e instalación de planta eléctrica

en Plantel La Garita

Se informa que el concurso en referencia, fue adjudicado según acuerdo tomado por la Gerencia de Administración y Finanzas de Recope, mediante oficio GAF-0354-2015, de fecha 23 de marzo del 2015, de acuerdo con el siguiente detalle:

Oferta N°	N° 1
Oferente	Fans de Costa Rica S. A.
Representante Legal	Arturo Freer González
Monto total	€560 536,51
Descripción	Línea 1: Suministro e instalación de un grupo electrógeno 1500kVA motor – generador de electricidad, con sus respectivos paneles de control, accesorios, instrumentación, válvulas tuberías y todos los materiales necesarios para ser utilizado en la producción de electricidad en el Plantel La Garita. Marca GENESAL modelo GEN 1650 HC, completamente nuevo fabricado en España por generadores Europeos SAL. Precio unitario: €476.500,00 Impuesto de ventas: €61.945,00 Precio Total: €538.445,00 Dos (02) paquetes de repuestos con el siguiente contenido: *Para ver imagen solo en La Gaceta* con formato PDF**
Forma de pago	Mediante transferencia, cancelándose un 75% del valor del equipo y repuestos contra el recibo a satisfacción correspondiente en el sitio de los trabajos y el remanente de los bienes y el costo de las actividades restantes como instalación y puesta en funcionamiento se cancelará contra el recibo a satisfacción del objeto contratado.
Tiempo de entrega	170 días hábiles.
Garantía	Dos (02) años
Lugar de entrega	Plantel La Garita

Notas importantes:

El monto adjudicado contempla la disminución por el recibo como parte de pago de los equipos descritos a continuación:

Modelo	Potencia	Ubicación	Precio avalúo
CAT 3508	600 KVA	Plantel La Garita	$36.964,00
CAT 3406	250 KVA	Plantel La Garita	$21.397,00
CAT 3408	387 KVA	Plantel El Alto	$31.156,00
TOTAL			$89.517,00

Dicho monto será descontado de la facturación al contratista, en la moneda cotizada en su oferta al tipo de cambio del Euro con respecto al Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que reporte el Banco Central de Costa Rica al momento de hacerse efectivo el pago.

2. El adjudicatario dispondrá de diez (10) días hábiles contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación para rendir la correspondiente garantía de cumplimiento, por el diez (10%) por ciento del total adjudicado de conformidad con los términos establecidos en la cláusula 1.11.2 del cartel.

3. La presente contratación se formalizará mediante la emisión respectiva del pedido mismo que será y aprobado internamente por la Dirección Jurídica de RECOPE.

4. Con el fin de validar jurídicamente el documento definido para formalizar la presente contratación, se deberán reintegrar las especies fiscales de ley correspondientes a un 0.5% del monto total del contrato, pagadero en su totalidad por el contratista, utilizando para tal efecto el tipo de cambio de venta que reporte el Banco Central de Costa Rica.

5. El adjudicatario debe aportar certificación notarial o registral de la existencia de la sociedad y de la personería jurídica del representante legal y vigencia de ambas, con indicación del nombre y apellidos, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad y número de documento de identidad que lo acredita.

Certificación notarial indicando el monto del capital social, la cantidad y naturaleza de las cuotas o acciones que lo conforman, y la propiedad de las mismas con indicación del nombre y apellidos de los propietarios de las cuotas o acciones, así como demás información contenida en el numeral 1.11.1.1 del cartel de licitación.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio Web www.recope.com se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por Recope.

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—O. C. Nº 2014003942.—Solicitud Nº 29823—(IN2015020584).

FE DE ERRATAS

BANCO DE COSTA RICA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000012-01

(Modificación Nº 1)

Remodelación Oficina BCR-Centro Comercial

Plaza La Ribera de Belén en Heredia

El Banco de Costa Rica informa a los interesados en la contratación en referencia, que el cartel se ha modificado, para lo cual debe tomar en cuenta lo siguiente:

Se modifica el punto Nº1 del cartel, debe leerse de la siguiente manera: El Banco de Costa Rica, recibirá ofertas por escrito hasta las once horas con treinta minutos (11:30) del día 13 de abril del 2015.

El Anexo Nº 1, indicado en el punto 30.7 del cartel, lo pueden retirar en la Oficina de Compras y Pagos, ubicada en el tercer piso de Oficinas Centrales del BCR.

Las demás condiciones se mantienen invariables.

San José, 24 de febrero del 2015.—Oficina de Compras y Pagos.—Rodrigo Aguilar Solórzano, Supervisor.—1 vez.—O. C. Nº 64891.—Solicitud Nº 29848.—(IN2015020400).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000008-DCADM

(Prórroga N° 1)

Compra de vehículos

Se les comunica a los interesados que por atención de recursos de objeción y según resolución Nº DCADM-203-2015 del día 24 de marzo 2015, emitida por la División de Contratación Administrativa, se prorroga la fecha y hora para la apertura de ofertas de este concurso, para el día 28 de abril del 2015 a las 14:00 horas. Demás condiciones y requisitos permanecen invariables. Se aclara que para efectos de consulta de expediente y demás trámites relacionados con este concurso, el día miércoles 1° de abril, 2015 será inhábil.

San José, 25 de marzo del 2015.—Licda. Ana Victoria Bolaños, Jefa Área Gestión y Análisis de Compras.—1 vez.—(IN2015020644).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000005-99999

(Adenda N° 1)

Construcción set virtual de TV

La Universidad Estatal a Distancia, comunica a los interesados en la presente licitación que se están realizando las siguientes aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas de dicho proceso, las cuales obedecen a las consultas realizadas en la visita técnica correspondiente:

1) En las especificaciones técnicas y a en los detalles en planos, CORTE B-B y CORTE C-C se indica que la cubierta es en TERMOPANEL de 2” de espesor.

2) Se eliminará los cielos de Gypsum en todas las áreas. El acabado lo dará el termopanel.

3) Las lámparas LED serán del modelo MLVT 24D5550 Marca Max Lite o similar. Incluir kit de instalación parche. Instalar un DIMER Bticino o similar en cada interruptor.

4) El piso a instalar entre los ejes D AL F y del 3 AL 9 se colocará piso vinílico de 4mm de espesor tipo Amstron o similar.

5) De acuerdo a la lámina 14/20 del plano se indica alargar bajantes existentes en HG, realizando los ajustes en la salida de canoas en el tramo vertical para conservar las pendientes.

6) Se adjunta lámina con la identificación de columnas.

7) Las cámaras de vigilancia existentes, los aires acondicionados y las instalaciones de cableado existente serán desmontadas por el personal de mantenimiento de la UNED, igualmente con la instalación de los mismos.

8) Se rectifica el calibre de cable de la acometida monofásica caída de voltaje en cable 3 N° 4/0 + 1 N° 2 en tierra.

9) El Rack a instalar será un gabinete cerrado de 29U. Se adjunta lámina con ubicación de tablero TA.

10) Se deberá instalar el siguiente equipo:

- Enlace de fibra.

- Swich de 48 puertos UTP categoría 6.

- Patch Panel de 48 puertos.

- Organizador horizontal y vertical.

- Instalar el cableado UTP categoría 6.

11) La UNED no está suministrando ningún equipo.

12) De acuerdo a lo expuesto en la visita la UNED proporciona la corriente eléctrica.

13) La vigilancia de la construcción es responsabilidad de la empresa constructora. La UNED no asume responsabilidad al respecto.

14) El agua es suministrada por la UNED.

15) El anexo o tabla de presupuesto es una guía para presentar la oferta por lo que está sujeta al criterio técnico del especialista en presupuestos de la empresa.

16) La lámina N° 13 se publicará nuevamente.

17) Se elimina del apartado de la Metodología de Evaluación el punto N° 1 y N° 2, concerniente a los estados y razones financieras. Se debe sustituir estos requisitos de admisibilidad por lo siguiente:

Se deberá presentar certificación en original o copia certificada por un notario público, la experiencia de la empresa, junto con cartas de referencia de proyectos similares, construidos en los últimos dos años, en las cuales debe indicar la descripción de las obras, metros cuadrados de construcción, tiempo de ejecución, y el año en que fueron construidas.

18) Se prorroga la fecha y la hora de recepción y apertura de ofertas, para el 16 de abril del 2015, a las 10:00 horas.

19) Todas las demás condiciones permanecen invariables.

Sabanilla, 24 de marzo del 2015.—Oficina de Contratación y Suministros.—M.B.A. Yirlania Quesada Boniche, Jefa.—1 vez.—Solicitud N° 29884.—(IN2015020375).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000003-05101

(Aviso N° 04)

Clavo bloqueante intramedular para tibia,

fémur y húmero (3 ítemes)

A todos los interesados en el presente concurso se les informa que el mismo se prorroga para el 10/04/2015, a las 10:00 horas, por encontrarse pendiente las nuevas fichas técnicas modificadas correspondientes a cada uno de los ítemes.

Los demás términos se mantienen invariables.

San José, 25 de marzo del 2015.—Línea de Producción de Insumos Médicos.—Licda. Vilma Arias Marchena Jefa.—1 vez.—O. C. N° 1142.—Solicitud N° 5064.—C-10970.—(IN2015020441).

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

SUBÁREA DE REGISTRO INSTITUCIONAL

DE PROVEEDORES

El Área de Planificación de Bienes y Servicios comunica por este medio a todos los Proveedores de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que respecto a la charla sobre el tema “Beneficios de la precalificación de medicamentos en la CCSS y procedimiento de registro en Línea en el Ministerio de Salud”, que fuera publicado por el Diario Oficial La Gaceta el 23 de marzo de 2015, se debió modificar la hora de la actividad, por lo que se debe leerse correctamente: hora: 1 a 4 p. m.

San José, 24 de marzo del 2015.—Área de Planificación de Bienes y Servicios.—Lic. Kathia Castro Alvarado, Jefa.—1 vez.—O. C. N° 1143.—Solicitud N° 9105.—C-15710.—(IN2015020509).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000013-PRI

(Circular N° 1)

Compra de vehículos: cinco pick-up doble, cabina 4x4,

para 5 pasajeros y un Station Wagon, 4x4, 5 puertas,

tracción permanente en las cuatro ruedas

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante AyA, cédula jurídica N° 4000-042138, comunica a todos los interesados en participar en la Licitación arriba indicada, que se efectúan las siguientes modificaciones al cartel:

Volumen N° 1 del cartel:

Artículo N° 1:

Se prorroga la fecha para recepción de ofertas hasta las 11:00 horas del día 17 de abril del 2015.

Demás condiciones permanecen invariables.

Dirección de Proveeduría.—Licda. Iris Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. N° 6000000728.—Solicitud N° 29890.—(IN2015020386).

DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2015LI-000001-PRI

(Circular 2)

Ampliación y mejoras al Acueducto de Palmar Norte

El Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cédula jurídica N° 4-000-042138, comunica que se prorroga el recibo de ofertas de la licitación arriba indicada hasta las 9:00 horas del día 22 de abril del 2015, para la “Ampliación y mejoras al Acueducto de Palmar Norte”, a partir de la presente publicación podrán hacer retiro de la Circular 2.

Los documentos que conforman la Circular 2 podrán descargarse de la dirección electrónica www.aya.go.cr o bien retirarse en la Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el módulo C, piso 3 del Edificio Sede del AyA ubicado en Pavas.

Licda. Iris Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29831.—(IN2015020436).

LICITACIÓN N° 2015LA-000008-PRI (Circular Nº 1)

Servicio de seguridad y vigilancia en el Edificio

de Urbanizaciones y Desarrollo de Proyectos Rurales

y las Fuentes Mario Echandi Echeverría

(El Mundo) y la Hispanidad

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica a todos los interesados en participar en la Licitación arriba indicada, que por motivo de vacaciones colectivas en la Semana Santa, se prorroga la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de abril del 2015 a las 10:00 horas. Demás condiciones permanecen invariables.

Dirección Proveeduría.—Licda. Iris Patricia Fernández Barrantes.—1 vez.—O. C. Nº 6000000728.—Solicitud Nº 29920.—(IN2015020488).

AVISOS

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000008-02

(Prórroga N° 1)

Suministro de bombas

Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso en referencia, que la fecha de apertura y recepción de ofertas se prorrogó para el día 15 de abril del 2015, a las 10:00 horas.

Se recuerda a los proveedores y demás interesados que a través del sitio WEB www.recope.com, se encuentran publicadas las licitaciones y contrataciones por escasa cuantía promovidas por RECOPE.

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez Morales, Directora.—1 vez.—O. C. Nº 2014003942.—Solicitud Nº 29872.—(IN2015020505).

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO

REGLAMENTO DE CAJA RECAUDADORA

CAPÍTULO I

Del fondo fijo de caja recaudadora

Artículo 1º—Reglamento de Caja Recaudadora de la Municipalidad de Oreamuno, con el fin exclusivo de recibir ingresos municipales, de acuerdo al artículo 108 del Código Municipal, que se regirá por las normas del presente Reglamento.

Artículo 2º—Del fondo fijo de caja. El monto de dinero con que operará la caja recaudadora será de cien mil colones con cero céntimos (¢100.000,00), en moneda nacional; y será utilizado exclusivamente para dar vuelto a los contribuyentes.

Artículo 3º—Aumento del fondo fijo. El monto del fondo fijo de la caja recaudadora sólo puede ser aumentado por acuerdo del Concejo Municipal.

Artículo 4º—Custodia y seguridad del fondo fijo. El fondo fijo de caja será depositado en una caja metálica de seguridad, cuya copia de la llave sólo la tendrá la tesorera en la caja fuerte de Tesorería.

El fondo fijo que mantiene la caja recaudadora debe entregarse a la Tesorería para ser guardado el último día hábil de la semana, cuando fuese feriado, fin de año y semana santa o cualquier otro caso que se presente, en la caja fuerte de Tesorería.

Artículo 5º—Revisión del fondo fijo. Los saldos de fondo fijo se revisarán todos los días, sin previo aviso, por la Tesorería Municipal, quien verificará que los montos estén correctos. En caso contrario, incurrirá en falta la cual será sancionada de acuerdo con el régimen disciplinario contenido en el Reglamento Interno de la Municipalidad de Oreamuno.

CAPÍTULO II

Del funcionamiento de las cajas recaudadoras

Artículo 6º—De los horarios. La caja recaudadora de la Municipalidad trabajará de lunes a viernes, de siete y quince minutos (07:15 a. m.) de la mañana a las tres (03:00 p. m.) de la tarde.

Artículo 7º—De la recaudación. Recibida la información por el sistema, el cajero revisa que el número de recibo que emite el sistema coincida con el número del recibo físico. Además, debe revisar las operaciones aritméticas del comprobante, sella, recauda y entrega el recibo del interesado cancelado al contribuyente y conserva la copia con sello de cancelado para Tesorería.

Artículo 8º—De las copias de recibos. Las copias de los recibos cancelados las retiene el Tesorero para su correspondiente anotación en sus registros, una vez cumplida esta labor los envía, en conjunto con el informe de caja a que se refiere el artículo siguiente al Departamento de Contabilidad.

Artículo 9º—De los registros de movimientos. El cajero encargado de la caja recaudadora, obligatoriamente deberá registrar, diariamente en la cinta de la calculadora, todos los movimientos de operaciones que efectúe durante el día y tendrá que conservar la cinta íntegra, hasta que la Tesorería haya verificado el cierre correcto a la caja recaudadora.

Artículo 10.—Del ingreso de dinero. A la Caja recaudadora ingresará dinero en efectivo, cheques por el monto exacto de la deuda debidamente firmado al dorso con el número de cédula del endosante y su número telefónico, además de pagos por medio de tarjeta (débito o crédito) emitida por entidades financieras adscritas al Sistema Bancario.

Artículo 11.—Ingresos mediante cheques. A todo recibo cancelado mediante cheque debe consignarse la leyenda “QUEDA SUJETO A QUE EL CHEQUE TENGA FONDOS”.

Cuando el cheque presente alguna duda se procederá a hacer la consulta con la tesorera para que haga la consulta al banco respectivo.

Cuando se emitan cheques superiores a un millón de colones (1.000.000,00) a favor de la Municipalidad de Oreamuno el cheque deberá ser certificado por la entidad bancaria.

Artículo 12.—Custodia del dinero. La caja recaudadora municipal contará una caja metálica de seguridad donde el cajero pueda custodiar el dinero y los valores que para sus funciones tenga en su poder en horas hábiles. Fuera de éstas los ingresos deben quedar en la Caja Fuerte de la Tesorería.

Artículo 13.—De las remesas parciales. Cuando el monto de la recaudación supere el 50% de la póliza de fidelidad del Cajero, antes de la hora fijada para el cierre diario, el cajero debe entregar a la tesorera el dinero recaudado mediante el formulario “Remesas Parciales a Tesorería.

Artículo 14.—Cierre de Caja. Al finalizar el día el cajero realiza el cierre de caja, posteriormente el Tesorero revisará el cierre delante del cajero.

La tesorera revisa la liquidación, verificando los montos del listado diario de los recibos cancelados, y que la suma de los montos registrados coincida con los montos de los ingresos generados menos los depósitos efectuados como remesas parciales y el efectivo correspondiente al fondo de caja, coincidan con los ingresos del día según las operaciones del día, recibos enviados a caja y el Registro Control Diario.

El informe de caja del día, se firmará en conjunto por el cajero y tesorero municipal.

Artículo 15.—De los faltantes. En el caso de un faltante a la hora de cierre de la caja recaudadora, el Cajero deberá cubrir ese faltante en un día hábil después, ya que es responsable directo del faltante en tanto no haya liquidado la retribución ante el tesorero.

El tesorero notificará a la Alcaldía Municipal con copia al cajero el monto por concepto de faltantes de dinero para lo que corresponda.

Artículo 16.—De los sobrantes. Los sobrantes que se produzcan en los cierres diarios de operaciones de la caja, deberán ser depositados en el banco respectivo, a nombre de la Municipalidad a más tardar el día hábil siguiente a que se verifique el mismo.

Artículo 17.—Del depósito. El dinero recaudado en las cajas municipales, será entregado al tesorero, quien debe preparar el depósito bancario con lo recaudado durante el día, guardará en la caja fuerte lo correspondiente al fondo fijo y remitirá la documentación al departamento de Contabilidad para su respectivo registro.

El depósito al que se refiere el párrafo anterior se hará las veces que sean necesarios para mantener en las arcas lo menos posible, según las remesas parciales de liquidación que efectúe la caja recaudadora.

Los depósitos se realizaran dos veces al día utilizando el Servicio de Recolección de Depósitos a domicilio depósito se hará en el banco más cercano o en el de mejor conveniencia para los intereses de la Municipalidad.

Artículo 18.—Responsabilidad. La tesorera y el cajero municipal son solidariamente responsables por el buen funcionamiento de la caja recaudadora.

CAPÍTULO III

De los cajeros

Artículo 19.—Manejo. La Caja recaudadora estará integrada por funcionarios municipales que cumplan con el perfil de cajeros definido por la Municipalidad, en la cantidad que se estime necesario para satisfacer las necesidades del Municipio. Dichos cajeros dependen jerárquicamente de la Tesorería Municipal. Al cubículo donde se ubicará la caja recaudadora, no debe ingresar persona alguna.

Artículo 20.—Póliza. El encargado de la caja recaudadora, deberá contar con una póliza de fidelidad, dicha póliza deber ser otorgada por el Instituto Nacional de Seguros, cuyo monto se fijará de acuerdo con sus disposiciones internas. Mientras se tramita esta ante el INS, deberá rendir una garantía fiduciaria.

Artículo 21.—De la caja de seguridad. La caja de seguridad estará cubierta con una póliza contra robos y asaltos, en aras de cubrir los valores que se encuentra en la misma.

Artículo 22.—De los suplentes. Deberá existir en la municipalidad funcionarios adiestrados y que cuenten con la póliza de fidelidad otorgada por el INS o rindan una garantía fiduciaria para que suplan al cajero en su ausencia.

Artículo 23.—De los funcionarios. Los funcionarios municipales destacados en las cajas recaudadoras de la municipalidad, observarán en cumplimiento de sus funciones, las indicaciones que en materia laboral y de control de operaciones y de actividades propias de la caja dicte el Tesorero Municipal.

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

Artículo 24.—De la póliza de dinero en tránsito. La municipalidad deberá contar con una póliza de dinero en tránsito vigente, suscrita con el Instituto Nacional de Seguros, a fin de asegurar los fondos municipales trasladados entre dependencias o hasta otras instituciones. Igualmente deberá contar con una póliza de caja fuerte y robo a cajeros, así como aquellas que determinen autoridades fiscalizadoras internas y/o externas competentes.

Artículo 25.—De la venta de timbres. La caja recaudadora municipal podrá vender timbres municipales, sin perjuicio de la venta que realicen entidades bancarias autorizadas externas.

Artículo 26.—La caja mantendrá el fondo de venta de timbres de 5.000.

Artículo 27.—Se deroga cualquier disposición municipal que contravenga lo dispuesto en el presente reglamento.

Artículo 28.—El presente reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Arq. José Rafael Huertas Guillén, Alcalde.—1 vez.—(IN2015016386).

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la sesión ordinaria N° 12-2014, Artículo 17, celebrada el veinticuatro de febrero del dos mil quince, para someterlo a consulta pública por un plazo de diez días hábiles a partir de tal publicación, de previo a su aprobación definitiva, que literalmente dice:

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO

CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO

ARTÍSTICO EN EL CANTÓN DE BELÉN

CAPÍTULO I

Conceptos Generales

Artículo 1º—Objeto de Regulación. La presente normativa tiene por objeto reglamentar lo relacionado al “Fondo Concursable para el Desarrollo Artístico en el Cantón de Belén”, que en lo sucesivo se denominará “Fondo Concursable”, según lo estipulado en sesión ordinaria 41-2014 del 15 de julio del 2014.

Artículo 2º—Competencia: La Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén fungirá como la instancia competente para el fiel cumplimiento, verificación y aplicación del presente reglamento en cuanto a: publicitar, recibir las propuestas, comunicar, facilitar el trabajo de la Comisión Evaluadora; así como el tramitar y fiscalizar el giro y ejecución de los recursos económicos para la realización de las propuestas ganadoras e incorporar en su gestión administrativa la meta y el contenido presupuestario necesario, incorporándolo a su actividad regular y operativa de dicha Unidad. La Unidad de Cultura apoyará y dará acompañamiento de una Comisión Evaluadora Ad honoren, que en lo sucesivo se denominará “Comisión Evaluadora”, constituida anualmente para la evaluación de las propuestas y recomendar al o los proyectos aprobados y sujetos al giro de los recursos.

Artículo 3º—Prohibiciones. No podrán participar como postulantes ni ser beneficiarios (as) del Fondo Concursable, las personas con las siguientes características:

a) Los funcionarios y funcionarias de la Administración Municipal de Belén y todas sus dependencias.

b) Las personas que residan fuera del cantón de Belén.

c) Las personas extranjeras residentes en Cantón que no cuenten con un estatus migratorio legal, es decir que no tengan sus permisos de trabajo y residencia al día.

d) Las personas u organizaciones que durante ese mismo período cuenten con otro patrocinio financiero de alguno de los programas o fondos que implementa la Municipalidad de Belén, ni el Ministerio de Cultura y Juventud o sus órganos desconcentrados.

Artículo 4º—Alcance. Los Fondos Concursables. Se pretende favorecer proyectos artísticos de creadores, intérpretes, investigadores, productores, promotores, gestores o cualquier otro trabajador de la cultura belemita, sean personas físicas o jurídicas, que tengan como objetivo el desarrollo artístico del cantón de Belén.

Artículo 5º—Política de no discriminación. La Municipalidad de Belén, no apoyará proyectos que fomenten el desorden público, el odio y/o la discriminación de las personas por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación política, ideología, preferencia deportiva, nacionalidad, género, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición social o personal; tampoco apoyará proyectos que contradigan las políticas, premisas y principios institucionales. Así mismo, la Comisión Evaluadora, deberá contar con el compromiso pluralista y respetuoso de la diversidad en la evaluación y recomendación de los proyectos beneficiados.

CAPÍTULO II

De los encargados del proceso

Artículo 6º—Instancia responsable del proceso administrativo. El proceso general relacionado al Fondo Concursable, estará a cargo de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, a quien le corresponderá todo lo administrativo y operativo. Le corresponde a la Comisión Evaluadora establecer el o los proyectos que se apoyarán y los montos que se asignarán a cada uno de ellos; luego de haber estudiado todas las propuestas; esto dependiendo del contenido del Fondo.

Artículo 7º—Instancia responsable del proceso de selección y asignación. Se establece la creación de la Comisión Evaluadora, como órgano decisorio que cuenta con el apoyo a la Unidad de Cultura. La Comisión Evaluadora deberá evaluar y recomendar los proyectos, seleccionar los proyectos tomando en cuenta primeramente su calidad artística, luego su factibilidad y su importancia para el cantón de Belén. Se deberán estudiar todos los proyectos presentados, para poder establecer la cantidad de proyectos que pueden recibir fondos, así como la cantidad de recurso que recibirían los proyectos seleccionados. Esta comisión deberá estar conformada por:

a) Un representante de la Regional de Cultura de Heredia, experto (a) o conocedor en cualquiera de las artes.

b) Un representante del Ministerio de Cultura, experto(a) o conocedor(a) en cualquiera de las artes.

c) Dos representantes provenientes de las escuelas de arte de las Universidades Estatales o Privadas, como respaldo experto según corresponda a las propuestas presentadas.

Expertos(as) o conocedor(as) en cualquiera de las artes, inclusive Historia del Arte.

d) Un representante de la sociedad civil belemita vinculado con la cultura belemita.

Los participantes en esta comisión serán nombrados anualmente, con un cargo ad honorem y en optimización del programa y de los recursos con que se cuenta.

Artículo 8º—Funciones de la Comisión Evaluadora. La Comisión Evaluadora tendrá las siguientes labores:

a) Verificar que las propuestas cumplan a satisfacción con los requerimientos establecidos en el presente reglamento.

b) Efectuar un análisis general de los proyectos recibidos, priorizándolos, de acuerdo a su pertinencia e impacto a escala local o nacional; manteniendo lineamientos de respeto y equidad entre los participantes.

c) Consultar a especialistas de otras instancias de la gestión cultural en el ámbito local o nacional, sobre los aspectos técnicos específicos establecidos en las propuestas presentadas, de existir dudas referentes.

d) Documentar todas y cada una de las sesiones de trabajo que se realicen en el seno del cumplimiento de sus funciones, como Comisión Evaluadora.

e) Evaluar todos los proyectos presentados, una vez evaluados se definirán las cantidades de proyectos y los recursos que recibirían cada uno de ellos.

f) Elaborar un acta de adjudicación de ganador o ganadores, la cual deberá ser refrendada por un representante de la Dirección Jurídica de la Municipalidad, en calidad de garante del proceso. Acta que deberá ser presentada ante el Concejo Municipal de Belén antes del 15 de diciembre de cada año, una vez que conste en el Acta Municipal los resultados, estos resultados podrán hacerse públicos.

Este grupo calificador deberá cumplir además, con ciertos parámetros y normativas vigentes, establecidas de la siguiente manera:

* Recibirán solo proyectos bajo un seudónimo y se estudiarán todas las propuestas presentadas.

* Los miembros participantes en la Comisión Evaluadora no podrán presentar propuestas para obtener dicho Fondo Concursable.

* Deberán velar por la existencia de criterios objetivos artísticos, basados en los derechos humanos y orientados a la diversidad cultural. Tomando en última instancia la factibilidad del proyecto y la importancia para el cantón.

CAPÍTULO III

De los requisitos de las propuestas y sus postulantes

Artículo 9º—Categorización de las propuestas: Los proyectos se clasificarán en las siguientes áreas de acción: tradiciones locales, gestión artística y cultural, investigación, audiovisuales y formativos, según las siguientes descripciones. No se recibirán proyectos que no articulen las áreas de acción anteriormente establecidas.

Categoría Detalle

Fomento de tradiciones locales. Se presentan en esta categoría, las propuestas en cuanto a las tradiciones principalmente Belemitas; sean memorias, encuentros, conversatorios, actividades, diálogos entre culturas, congresos, talleres, revistas y/o registros que permitan recuperar, mantener, difundir e investigar acciones locales y nacionales que nos representen de forma artística Producción artística Propuestas orientadas a la creación o producción de proyectos que generen valor a las manifestaciones artísticas del Cantón , tales como: Visual: obras, exposiciones y/o talleres de pintura, escultura, cerámica, arte digital, danza: obras, giras y/o talleres de danza clásica, folclórica, moderna, contemporánea, fotográfica: muestras, exposiciones, publicaciones y/o talleres que generen valor a la fotografía, literario: talleres, recitales y/o eventos literarios y producción literaria música: obras, conciertos, giras y/o espectáculos en cuanto a música académica, popular, instrumental, tradicional, teatro: giras, obras de teatro, producción y/o talleres de obras de teatro, títeres y artes circenses, artesanía: técnicas, conocimientos y en general acciones manuales tradicionales del cantón de gran valor artístico.

Investigación Propuestas de investigación, inventario y/o registro de acciones artísticasculturales locales y/o nacionales vinculadas al Cantón; que permitan inventariar, conocer, recuperar, mantener, difundir e investigar elementos artísticos importantes del patrimonio cultural tangible e intangible.

Formativa Acciones orientadas a la formación en administración de proyectos artísticos y gestión artístico-cultural como herramientas metodológicas para el trabajo y/o dirigidos al quehacer cultural y desenvolvimiento de la cultura viva belemita.

Audio Audivisual. Es en esta categoría que se pueden presentar propuestas para el desarrollo de productos audiovisuales artísticos, de género documental, cortometraje y reportaje; con una duración estimada de 10 minutos. Dichas propuestas deben orientarse al aporte artístico con identidad local, como parte de la necesidad de la comunidad para visualizarse. Es importante presentar en detalle la inversión de capital propuesta y el patrocinio comprometido; así como el Plan de Trabajo y lo correspondiente a los recursos técnicos.

Artículo 10.—Requisitos de las propuestas. Para obtener el financiamiento del Fondo Concursable, los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos sustantivos:

a) Presentarse bajo seudónimo

b) Promover la diversidad sociocultural y la pluralidad de identidades.

c) Ser proyectos artísticos técnicamente viables y realizables en el período establecido, con resultados concretos y verificables.

d) Prever mecanismos debidamente comprobables para su divulgación y devolución a la población involucrada.

e) Generar reconocimiento, participación y compromiso comunitario.

f) Fortalecer actores y artistas que se destaquen en la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Artículo 11.—Requisitos formales de los proyectos. Los interesados en participar en el Fondo Concursable, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos y la documentación que oportunamente se solicite y publique la Unidad de Cultura, en medios escritos, página web de la Municipalidad de Belén y otros medios a fines de información.

Artículo 12.—Requerimientos del postulante. Para optar como beneficiario de los recursos establecidos en el Fondo Concursable, cada postulante debe cumplir los siguientes requisitos:

a) No tener ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4 del presente reglamento.

b) Disponer de tiempo suficiente y compromiso para la ejecución exitosa del proyecto.

c) Adjuntar a la propuesta o proyecto un sobre sellado con su datos personales, esto debido a que solo se recibirán proyectos bajo seudónimo.

CAPÍTULO IV

Del proceso de selección y adjudicación

Artículo 13.—Plazo para la recepción de proyectos. El plazo de recepción para la presentación de los proyectos, será del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. La recepción se hará mediante el servicio de Atención al Cliente o al Público de la Municipalidad de Belén, en el horario regular de dicho servicio. La Unidad de Cultura publicitará y divulgará en nombre de la Municipalidad la apertura del concurso un mes antes, es decir a partir del 15 de agosto de cada año. La Unidad también se ocupará de la búsqueda de voluntarios para conformar la Comisión Evaluadora, candidaturas que presentará antes del 10 de septiembre de cada año, al Concejo Municipal para su aprobación y juramentación. Además la Unidad de Cultura hará llegar las propuestas debidamente selladas a la Comisión Evaluadora antes del 20 de octubre de cada año. Durante este período, la entidad la Unidad de Cultura ofrecerá la colaboración y orientación requerida a los interesados para la formulación de los proyectos.

Artículo 14.—De la recepción de proyectos. Los proyectos deberán presentarse en la ventanilla del servicio de Atención al Cliente o al Público de la Municipalidad de Belén, en el horario regular de dicho servicio, en un sobre sellado identificado con un pseudónimo impreso, asegurándose que al presentar la propuesta se le emita una boleta de recibido por parte del o la funcionaria municipal a nombre del pseudónimo, la cual no será indicativo de aprobación del proyecto. En el sobre sellado deberá aportar los datos oficiales del proponente o candidato.

Artículo 15.—Requisitos para la presentación de los proyectos. Las personas interesadas deberán presentar dos sobre sellados que contendrán toda la documentación en forma impresa o digital relacionada con la propuesta sin que se indique el nombre del o la postulante físico o jurídico, utilizando para ello, un pseudónimo, ese seudónimo deberá estar impreso en los sobres de manera visible. El sobre grande contendré el proyecto o propuesta y otro sobre pequeño también sellado dentro del grande; ambos identificados solamente con el seudónimo sin que por ello se tenga que abrir el sobre. Los sobres deberán permanecer cerrados y sellados hasta que la Comisión Evaluadora inicie el proceso, el sobre pequeño que contiene la identificación personal y oficial permanecerá cerrado hasta que dicha comisión haya finalizado su proceso. La apertura de los sobre corresponderá únicamente a la Comisión Evaluadora. El sobre grande deberá contener:

a) Propuesta formal donde exponga la información general: Nombre del proyecto, descripción y resumen ejecutivo, áreas de acción, justificación, objetivos, metas, localización geográfica donde se ejecutará, plan de trabajo, producto esperado, cronograma, recursos requeridos, con cinco juegos de copias impresa o digital (uno para cada miembro de la Comisión Evaluadora). No debe contener el nombre de la persona o entidad que lo presenta.

b) Un sobre pequeño sellado que contenga la información del postulante (nombre, número de cédula física o jurídica, dirección física, teléfono, y cualquier otro medio donde se le localice, el pseudónimo con que se presentó la propuesta, nombre del proyecto y categoría y fotocopia de la cédula física. Así como fotocopia del representante legal y personería jurídica cuando se trate de una persona jurídica.

c) Declaración jurada de que no le alcanzan las prohibiciones del artículo 3 del presente reglamento y de que se compromete a cumplir fielmente este reglamento. En caso de ser una entidad jurídica, esta declaración deberá indicar que a ninguno de los miembros de la organización le alcanza esta prohibición.

d) Información adicional: cualquier otro tipo de información no contemplada en los puntos anteriores, que el postulante estime pertinente para sustentar el proyecto presentado.

Artículo 16.—Exclusiones: Se descartarán las propuestas que se orienten a beneficiar:

1. Universidades Públicas o Privadas.

2. Personas funcionarios municipales o públicos; así como organizaciones públicas, organizaciones privadas que ya se benefician de fondos municipales. También se excluirían personas involucradas en la toma de decisiones de la Comisión Evaluadora, entre otros.

3. Propuestas orientadas a la manutención de una organización postulante, entre otros: pago de sueldos, salarios, gastos administrativos operacionales permanentes, excepto que se trate de honorarios de artistas o ejecutantes del proyecto durante el desarrollo de éste. Además se excluyen remodelaciones, restauraciones, alquileres o adquisición de infraestructura, equipo técnico, equipo tecnológico, mobiliario o transportes, de carácter permanente para la organización o el participante

4. Adjudicación de premios, becas o distinciones anuales; así como la cancelación de deudas y préstamos de la organización o participante

5. Pago de deudas, préstamos y cualquier otro fin que no sea estrictamente el desarrollo del proyecto artístico aprobado.

6. Propuestas que cuenten con fondos provenientes de otras instancias públicas.

Artículo 17.—Subsanación de defectos. Una vez entregados los sobres con las propuestas no se podrá subsanar ningún defecto por lo que los participantes deberán asegurarse de incluir todo lo necesario antes de hacer la entrega del proyecto o propuesta. El incumplimiento de lo requerido en estas prevenciones, implica la exclusión de la propuesta presentada, bajo la exclusiva responsabilidad del postulante. La Comisión Evaluadora realizará el proceso de evaluación de las propuestas y la selección del o de los proyectos, una vez que esta comisión sea constituida y juramentada por el Concejo Municipal de Belén; y de que la Unidad de Cultura entregue las propuestas. Corresponde a la Unidad de Cultura recoger las propuestas, entregar los sobres cerrados, apoyar a la Comisión Evaluadora.

Artículo 18.—Selección. Una vez recibidos los proyectos o propuestas, la Comisión Evaluadora deberá generar el análisis y la selección del o los proyectos que hayan cumplido con los requisitos y deberá entregar al Concejo Municipal los resultados antes 15 de diciembre de cada año. Atendiendo el estudio y escogencia del o los proyectos; estipulando en una minuta claramente la lista de participantes seleccionados como beneficiarios del Fondo y las valoraciones que justifican la escogencia. Adicionalmente, se documentarán las razones por las que se rechaza el resto de las propuestas recibidas. El resultado de las deliberaciones de esta comisión será inapelable y se publicará una vez que conste en las Actas Municipales de Belén, en la página web de la Municipalidad de Belén. Los originales de las propuestas presentadas a concurso, no serán devueltos.

Artículo 19.—Formalización de los proyectos ganadores. Una vez concluido el proceso de selección de los proyectos, la Comisión Evaluadora comunicará los resultados al Concejo Municipal de Belén, el cual tomará el acuerdo para que conste en Actas la lista de ganadores y se instruya a la Alcaldía para que se haga efectivo a partir de mes de enero siguiente. La Unidad de Cultura y la Dirección Administrativa velarán por el cumplimiento de los acuerdos; así como del inicio de las gestiones necesarias en cuanto a la formalización del giro de los recursos a las y los ganadores, del otorgamiento real y efectivo del fondo correspondiente a cada ganador. Para la formalización de los proyectos, el o la postulante acreditado como ganador deberá suscribir un compromiso con la Municipalidad de Belén, en cuanto a la óptima ejecución del fondo, con la información básica y general que solicite la Unidad de Cultura o cualquiera de las áreas involucradas en el proceso.

Artículo 20.—Plazo. La ejecución de los proyectos beneficiarios del Fondo Concursable deberá realizarse en el término planteado en su formulación, el cual no podrá ser inferior a seis meses, ni superior a dos años. El Concejo Municipal de Belén con la recomendación expresa de Comisión Municipal Permanente de Asuntos Culturales tendrá la potestad de autorizar ampliaciones extraordinarias para la realización de los proyectos, a partir de los resultados obtenidos durante el período ordinario de ejecución y según los justificantes presentados, mismas que se puedan autorizar hasta un término máximo de dos años.

Artículo 21.—Evaluación del proyecto. El o los beneficiarios estarán en la obligación de brindar las facilidades necesarias para que su proyecto sea evaluado por la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Culturales y la Unidad de Cultura; por medio de informes basados en observaciones, visitas y sesiones de análisis, que medirán el avance conforme a la propuesta presentada. Informes que se deberán presentar al Concejo Municipal. Para la presentación de informes de ejecución de los ganadores, la Unidad de Cultura y la Comisión de Asuntos Culturales generarán un formulario estándar que indicará entre otros aspectos la periodicidad y el medio por los cuales se debe presentar los informes de ejecución.

CAPÍTULO V

Disposiciones Finales

Artículo 22.—Reconocimiento a la Municipalidad de Belén. Durante el desarrollo y ejecución del proyecto, el beneficiario deberá otorgar la mención y el reconocimiento correspondientes a la Municipalidad de Belén como entidad facilitadora de procesos artísticos y financiadora de la puesta en marcha del proyecto; principalmente en todo el material gráfico, digital, promocional, entre otros, que se utilice. De igual manera, en las actividades públicas o privadas en que se lleven a cabo las tareas y acciones propias de la ejecución del proyecto.

Artículo 23.—Incumplimiento. En caso de falta de cumplimiento con lo establecido en el proyecto, por parte de la o el beneficiario, de cualquiera de las normas determinadas en el presente reglamento o de las cláusulas establecidas en el convenio de ejecución suscrito, la Municipalidad de Belén podrá resolver sin responsabilidad de su parte y el beneficiario estará obligado a reintegrar el monto percibido a la fecha de la comunicación oficial por parte de la Unidad de Cultura. Dada esta situación, la Municipalidad de Belén presentará un procedimiento administrativo de incumplimiento y de cobro, al amparo de la Ley General de la Administración Pública, para que en caso de demostrarse su responsabilidad, se le obligue a la devolución del dinero y al pago de los eventuales perjuicios derivados de este incumplimiento. Si la medida administrativa no prosperare, el asunto será trasladado a la sede judicial correspondiente.

En caso que el concurso resultase infructuoso o desierto; el fondo de ese año pasará al siguiente una vez que se haya realizado el procedimiento legal y presupuestario correspondiente.

Artículo 24.—Propiedad intelectual. Para la ejecución de su proyecto, es obligación del beneficiario(a) obtener las autorizaciones correspondientes para el uso de material protegido por Propiedad Intelectual, así como cubrir su pago, cuando corresponda. La Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén solicitará los documentos de autorización o recibos que acrediten el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 25.—Autorización para el uso de los productos obtenidos. Los beneficiarios del Fondo Concursable, deberán autorizar a la Municipalidad de Belén a utilizar el producto artístico o cultural alcanzado durante la ejecución del proyecto cuando se trate de fines didácticos, culturales y educativos, sin que por ello deba reconocérsele estipendio económico alguno. La Municipalidad deberá respetar los créditos que por derecho moral de autor le corresponden.

Artículo 26.—Descargo de responsabilidades. Si durante la ejecución de las acciones y/o actividades desarrolladas por medio de Fondo Concursable, por dolo, negligencia o culpa grave del beneficiario o sus colaboradores, se ocasionase un daño a sí mismos, a terceras personas o a la propiedad propia o ajena, estos deberán asumir las consecuencias derivadas de estas conductas, eximiendo a la Municipalidad de Belén de toda responsabilidad.

Artículo 27.—Vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente, de la segunda publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

16 de marzo del 2015.—Área Administrativa Financiera.—Jorge González González, Director.—1 vez.—O. C. N° 030505.—Solicitud N° 29318.—(IN2015018777).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

ORI-1002-2015.—Sanabria Garita José Alejandro, costarricense, 3-0402-0069. Ha solicitado reposición de los títulos de Grado de Licenciatura en Medicina y Cirugía y Título Profesional de Doctor en Medicina y Cirugía. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—(IN2015017373).

ORI-830-2015.—Montalvo Gómez Jorge Isaac, costarricense, cédula 1 0956 0904. Ha solicitado reposición de los títulos de Licenciado en Administración de Negocios con Énfasis en Contaduría Pública y Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.—Oficina de Registro e Información.—MBA José Rivera Monge, Director.—(IN2015018204).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

ORI-813-2015.—Franco Barrios Félix Noel, R-036-2015, pasaporte: 044829968, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Ciencias Estadísticas, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29345.—(IN2015018887).

ORI-1109-2015.—Díaz Denis, R-13-2015, residente: 155820874306, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Centroamericana, Nicaragua. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 5 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29343.—(IN2015018890).

ORI-849-2015.—Espinoza Ramos Noemy del Socorro, R-40-2015, cédula 8-0104-0525, solicitó reconocimiento y equiparación del título Ingeniero Agrónomo en la Especialidad de Fitotécnia, Universidad Nacional Agraria, Nicaragua. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29344.—(IN2015018891).

ORI-896-2015.—Carpio Barrantes Karen María, R-37-2015-B, cédula 1-1258-0449, solicitó reconocimiento y equiparación del título Maestría en Salud Pública, Universidad Rennes 1, Francia. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 25 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29275.—(IN2015018896).

ORI-815-2015.—Calvo Araya José Alonso, R-043-2015, cédula: 2 0605 0279, solicitó reconocimiento y equiparación del título Maestro en Ciencias en Protección Vegetal, Universidad Autónoma Chapingo, México. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29273.—(IN2015018898).

ORI-1101-2015.—Buaiz Martínez Slegne Emile, R-49-2015, pasaporte: 069934841, solicitó reconocimiento y equiparación del título Odontólogo, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos”, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 5 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29272.—(IN2015018900).

ORI-793-2015.—Bonilla Steiger Lauran Vanessa, R-039-2015, cédula 1-1119-0025, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Filosofía Arte Historia, The City University of New York, Estados Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29270.—(IN2015018905).

ORI-805-2015.—Bermúedez Forn Esteban, R-038-2015, cédula 1-1265-0159, solicitó reconocimiento y equiparación del título Maestría en Tecnología de Energía Sostenible, Universidad Técnica de Delft, Holanda. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29269.—(IN2015018910).

ORI-1039-2015.—Batista Caixeta Deborah, R-051-2015, pasaporte: FI271346, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciada en Derecho, Centro Universitario de Brasilia, Brasil. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 4 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29268.—(IN2015018914).

ORI-956-2015.—Barroso Raúl Antonio, R-046-2015, pasaporte AAB003601, solicitó reconocimiento y equiparación del título Magíster en Dirección de Negocios, Universidad Nacional de Córdoba Argentina. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29267.—(IN2015018919).

ORI-797-2015.—Barroso Raúl Antonio, R-046-2015 B, pasaporte AAB003601, solicitó reconocimiento y equiparación del título Ingeniero Mecánico Electricista, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. N° 123999.—Solicitud N° 29266.—(IN2015019067).

ORI-810-2015.—Araya Sauma Mariela, R-26-2015, cédula 4-0206-0185, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctora en Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, Cuba. La persona interesada en aportar información de la solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero de 2015.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. N° 123999.—Solicitud N° 29264.—(IN2015019072).

ORI-816-2015.—Amaíz Flores Alejandro José, R-164-2008-B, pasaporte: 041578201, solicitó reconocimiento y equiparación del título Especialista en Odontología y Operatoria Estética, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. 123999.—Solicitud 29263.—(IN2015019076).

ORI-445-2015.—Acosta Montoya Óscar Gerardo, R-057-2015, cédula 11045-0329, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Filosofía, Universidad de Cornell, Estados Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 05 de marzo del 2015.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. N° 123999.—Solicitud N° 29262.—(IN2015019077).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

ORI-1116-2015.—Wilson Quierry Angela, R-52-2015, cédula: 7 0101 0259, solicitó reconocimiento y equiparación del título Bachiller en Ciencias, University of New York, Estados Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29368.—(IN2015018785).

ORI-833-2015.—Soto Cascante Melissa Angelina, R-30-2015, cédula 1-1168-0916, solicitó reconocimiento y equiparación del título Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 de febrero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29367.—(IN2015018789).

ORI-1057-2015.—Salazar Guilarte Jhohanna del Valle, R-064-2015, pasaporte: 069879168, solicitó reconocimiento y equiparación del título Odontólogo, Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 4 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29366.—(IN2015018792).

ORI-536-2015.—Rubiano Zambrano Javier Guillermo, R-035-2015, céd. 800730817, solicitó reconocimiento y equiparación del título Tecnólogo en Publicidad, La Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 4 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29365.—(IN2015018794).

ORI-1106-2015.—Rodríguez Méndez Rosa Bibiana, R-59-2015, residente: 117001914619, solicitó reconocimiento y equiparación del título Ingeniero Civil, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 5 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29364.—(IN2015018796).

ORI-1052-2015.—Rodríguez Cheng Eliza, R-369-2014-B, cédula 1-1286-0245, solicitó reconocimiento y equiparación del título Maestría en Ciencias Dentales, Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey, Estados Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 4 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29363.—(IN2015018797).

ORI-747-2015.—Petzold Rodríguez Hermann Heinz, R-045-2015, residencia permanente: 186200273620, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Comunicación Social (Mención: Publicidad y Relaciones Públicas), Universidad del Zulia, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 18 de febrero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29362.—(IN2015018799).

ORI-911-2015.—Petzold Rodríguez Hermann Heinz, R-045-2015-B, residente permanente: 186200273620, solicitó reconocimiento y equiparación del título Magíster en Gerencia de Mercadeo, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 25 de febrero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29360.—(IN2015018802).

ORI-1049-2015.—Pérez de Oraa Rosauris, R-323-2014, residente temporal: 186200341509, solicitó reconocimiento y equiparación del título Arquitecto, Universidad Central de Venezuela, Venezuela. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 4 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29359.—(IN2015018804).

ORI-845-2015.—Pacheco Molina Jorge Andrés, R-33-2015, cédula 3-0270-0807, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor en Farmacia, Universitat de Barcelona, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 de febrero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29357.—(IN2015018806).

ORI-823-2015.—Miranda Rivas Humberto Antonio, R-22-2015, pasaporte: C01453603, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Psicología, Universidad Centroamericana, Nicaragua. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29356.—(IN2015018808).

ORI-1108-2015.—Mora Rojas Gabriela, R-55-2015, cédula: 1 1041 0475, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctorado en Ciencias Atmosféricas, Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 05 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29355.—(IN2015018811).

ORI-1102-2015.—Mejía López Álvaro Noé, R-62-2015, pasaporte: C943244, solicitó reconocimiento y equiparación del título Profesor de Educación Media en Matemáticas con Orientación en Física en el Grado de Licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 5 de marzo del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29351.—(IN2015018812).

ORI-668-2015.—Maroto Arrieta Mauricio Alberto, R-041-2015, cédula 112320366, solicitó reconocimiento y equiparación del título Máster Universitario en Economía Industrial y Mercados, Universidad Carlos III de Madrid, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de febrero de 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29350.—(IN2015018813).

ORI-763-2015.—Marín Paniagua Leonardo José, R-048-2015, cédula 111570188, solicitó reconocimiento y equiparación del título Doctor, Automática, Robótica e Informática Industrial, Universitat Politécnica de Valencia, España. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 18 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29349.—(IN2015018815).

ORI-814-2015.—Guillén Oviedo Helen Susana, R-047-2015, cédula: 3 0437 0539, solicitó reconocimiento y equiparación del título Magíster en Matemática, Universidad del Bío Bío, Chile. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José A. Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29348.—(IN2015018882).

ORI-801-2015.—Garduño Fonseca Mauricio, R-042-2015, céd. 9-0119-0939, solicitó reconocimiento y equiparación del título Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, Universidad del Valle de México, México. La persona interesada en aportar información del solicitante, podrá hacerlo por escrito ante esta Oficina dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de febrero del 2015.—Oficina de Registro e Información.—M.B.A. José Rivera Monge, Director.—O. C. Nº 123999.—Solicitud Nº 29347.—(IN2015018884).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO

“SEMANA SANTA”

INFORMACIÓN

Se le comunica a nuestros estimables proveedores, que por motivo de la Semana Santa, el Personal Académico y Administrativo del ITCR permanecerá con sus oficinas cerradas en el período comprendido entre el 30 de marzo al 03 de abril del 2015 (ambas fechas inclusive).

Departamento de Aprovisionamiento.—Licda. Kattia Calderón Mora, Directora.—1 vez.—O. C. N° 20150003.—Solicitud N° 29603.—(IN2015019615).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA GENERACIÓN

DE ELECTRICIDAD AL AMPARO DEL CAPÍTULO

I DE LA LEY N° 7200

El Instituto Costarricense de Electricidad comunica a los interesados en participar en la venta de generación de electricidad, al amparo del Capítulo I de la Ley N° 7200, mediante plantas solares fotovoltaicas, que la convocatoria al proceso de selección de las mismas se estará publicando una vez que la ARESEP defina y publique, las tarifas de referencia para este tipo de plantas de generación.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento al Capítulo I de la Ley N° 7200, Decreto Ejecutivo N° 37124-MINAET, en ese proceso solamente serán consideradas las empresas que con proyectos para construir plantas solares nuevas, cuenten con la declaratoria de elegibilidad vigente al día de publicación de la convocatoria.

Con base en las recomendaciones técnicas, se ha determinado que la capacidad ofrecida de cada proyecto solar individual no debe ser superior a 5 MW y que, además, estén localizados en diferentes zonas geográficas del país, ya que por circuito sólo se permitirá la interconexión de un proyecto. Por tanto, aquellas empresas que cuentan con la declaratoria de elegibilidad por una capacidad mayor a la máxima establecida (5 MW), deberán manifestar formalmente su interés en participar de la futura convocatoria, en cuyo caso se procederá a realizar el nuevo estudio para asignarles un punto de conexión preliminar en la Red de Distribución.

Para aquellas empresas interesadas, que a la fecha no cuenten con una declaratoria de elegibilidad de un proyecto, se les comunica que en la oficina del Área de Gestión de Contratos de Planificación y Desarrollo Eléctrico, sita: piso 7 de las Oficinas Centrales del ICE en Sabana Norte, se encuentra a su disposición el documento correspondiente a la guía para la presentación de las solicitudes de elegibilidad. Dicho documento puede ser solicitado a las direcciones electrónicas: ymorales@ice.go.cr; mmorelli@ice.go.cr.

San José, 12 de marzo del 2015.—Planificación y Desarrollo Eléctrico.—Ing. Ulises Zúñiga Blanco, Coordinador Gestión de Contratos.—1 vez.—(IN2015017737).

AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

INTENDENCIA DE AGUA

Resolución RIA-003-2015.—San José, a las 15:55 horas del 19 de marzo de 2015.

Conoce el Intendente de Agua la solicitud de ajuste en las tarifas del servicio de alcantarillado presentada por la empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. Expediente ET-171-2014

Resultando:

I.—El 12 de abril de 2013, fue publicada en el Alcance Digital N° 65, a La Gaceta N° 70, la resolución RIA-003-2013 del 22 de marzo de 2013, mediante la cual se fijaron las tarifas vigentes para el servicio de alcantarillado que presta la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S. A. (ESPH, S. A.).

II.—El 16 de diciembre de 2014, con oficio SJD-321-2014, la ESPH, S. A. solicita a la Intendencia de Agua, que se le incrementen las tarifas del servicio de alcantarillado sanitario en promedio en un 11,36% para el periodo 2015-2019, el cual representa ajustes acumulativos de la siguiente manera: para el 2015 (a partir de abril) un incremento de un 59%, en el año 2016 una disminución de un -6,20% y posteriormente aumentos anuales para los años 2017, 2018 y 2019 de 1,29%, 1,91% y 0,80%. (Folios 01 a 1449).

III.—El 19 de diciembre de 2014, con oficio 1038-IA-2014, la Intendencia de Agua previene a la ESPH, S. A. para que cumpla en su totalidad con los requisitos de admisibilidad de toda petición tarifaria, establecidos por resolución RRG-6570-2007 del 29 de mayo de 2007. (Folios 1459 a 1460).

IV.—El 6 de enero de 2015, con oficio GG-008-2015-R, la ESPH S. A. da respuesta al oficio 1038-IA-2014. (Folios 1450 a 1458).

V.—El 13 de enero de 2015, con oficio 047-IA-2015, la Intendencia de Agua da admisibilidad a la presente solicitud tarifaria. (Folio 1462 a 1468).

VI.—El 28 de enero de 2015, se da la publicación de la convocatoria a la audiencia pública en el Diario Oficial La Gaceta N° 19. (Folio 1469).

VII.—El 29 de enero de 2015, se da también la publicación a la audiencia pública en los medios de comunicación escrita, La Teja y La Extra. (Folio 1480).

VIII.—El 20 de febrero de 2015, a las 18 horas, se realizó la audiencia pública en el salón de conferencias de la Universidad Nacional en Heredia, esto según Informe de Instrucción emitido por la Dirección General de Atención del Usuario, con oficio 421-DGAU-2015 del 3 de febrero de 2015. (Folios 1484 a 1485).

IX.—El 11 de febrero de 2015, con oficio 0198-IA-2015, la Intendencia de Agua solicita a la ESPH, S. A. información sobre correcciones contables que se habían realizado a los estados financieros. (Folio 1486).

X.—El 23 de febrero de 2015, con oficio 636-DGAU-2015/005336, la Dirección General de Atención del Usuario emitió el Informe de Oposiciones y Coadyuvancias. En el acta Nº 016-2015, emitida con oficio 0724-DGAU-2015 del 27 de febrero de 2015, se desprende que se recibió una oposición oral para la presente solicitud de tarifas. (Folios 1493 a 1499 y 1502).

XI.—El 5 de marzo de 2015, con oficio TA-041-2015, la ESPH, S. A. da respuesta al oficio 0198-IA-2015, referente a correcciones realizadas a los estados financieros. (Folio 1500).

XII.—El 18 de marzo de 2015, mediante oficio 0293-IA-2015/83429, la Intendencia de Agua emitió el informe técnico del caso, mismo que corre agregado al expediente.

XIII.—En cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva N° 001-007-2011, de la sesión extraordinaria del 31 de enero de 2011 y N° 008-083-2012 de la sesión extraordinaria del 8 de octubre de 2012, se indica que en el expediente constan en formato digital y documental la información que sustenta esta resolución.

XIV.—En los plazos y procedimientos se ha cumplido las prescripciones de Ley.

Considerando:

I.—Del oficio 0293-IA-2015/83429 del 18 de marzo de 2015, que sirve de sustento a la presente resolución, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. El crecimiento de los abonados en alcantarillado para el periodo analizado (2009-2014) tiene una tendencia creciente no constante y con una gran variabilidad; el promedio de crecimiento para el periodo es de 3,304%. En el 2011 se registró el menor crecimiento de abonados y el mayor crecimiento se da en el 2013 con 6,7%.

2. El consumo promedio por abonado para todas las categorías tarifarias, ha venido decreciendo en el periodo 2009-2014. En las categorías preferencial y gobierno se presentan las mayores disminuciones en el consumo promedio por abonado, pasando del 2009 al 2014, de 116,27m3 a 74,87m3 y de 81,16m3 a 61,26m3 respectivamente.

3. Con respecto a la distribución por bloque y categoría tarifaria de los abonados, la diferencia más significativa entre las estimaciones de ESPH y la Intendencia se presenta en el bloque de 120 y más de la categoría empresarial.

4. La función de producción del servicio de alcantarillado sanitario de ESPH muestra una reversión en la intensidad factorial de una industria de red. En efecto, mientras que cabría esperar que el flujo de los servicios de capital medidos en términos monetarios fueran mayor al valor monetario de los flujos de trabajo que se emplean para prestar el servicio, viene ocurriendo precisamente lo contrario. La participación del trabajo dentro del costo total del servicio es cada vez mayor, lo que ha implicado que la productividad del trabajo disminuya y afecte directamente y de manera negativa el costo medio de cada metro de aguas residuales evacuadas.

5. La solicitud de ajuste tarifario presentada por ESPH se basa en unas proyecciones financieras que implícitamente continúan por la vía de la intensificación del uso del trabajo para prestar el servicio. Así, proponen un incremento del 59% para el año 2015 que financiaría la contratación de más mano de obra, con lo cual tanto la dotación de capital por trabajador como la productividad del trabajo disminuirían a lo largo del período 2015-2019. Sólo en este primer año, el gasto en salarios crecería un 53.4%. El perfil de gastos proyectados contradice la justificación básica hecha por ESPH de que buscan obtener mayores recursos para mejorar la eficiencia productiva del servicio.

6. Con la distribución intertemporal de incrementos tarifarios propuesta por ESPH, que recarga el alza en el primer año, pareciera que la estrategia de esa empresa consiste en obtener la mayor cantidad posible de recursos en el menor tiempo posible. Así, el patrón de incrementos tarifarios que pretende el prestador del servicio no se considera razonable y generaría una fuerte afectación de los usuarios del servicio que no tiene un fundamento sólido en la mejora del servicio. Por esa razón, se ha desechado la propuesta de ajustes en las tarifas para el servicio de alcantarillado sanitario hecha por ESPH.

7. El proceso de regulación debe encaminarse hacia la evaluación del desempeño de los prestadores del servicio, con la finalidad de promover prácticas de gestión que busquen la productividad en beneficio de los usuarios. En ese sentido, la presente solicitud de ajuste tarifario ha sido evaluada, con fundamento en lo que dispone el marco normativo a que debe sujetarse la Autoridad Reguladora, en términos de eficiencia económica.

8. Tomando como base el período de 2009 a 2014, se identificaron tres variables relevantes de las que depende el costo medio por metro cúbico de prestar el servicio por parte de ESPH. Tales variables son la dotación de capital por cada trabajador empleado en el servicio, la productividad de la mano de obra medida por los metros cúbicos facturados del servicio medido por hora-hombre de trabajo y la participación de los salarios en el costo total. Todas ellas son estadísticamente significativas y explican bastante bien las variaciones que se pueden observar en el costo medio.

9. A fin de no recargar demasiado el ajuste tarifario en el primer año, como lo ha pretendido ESPH, se han elaborado escenarios para que el Intendente de Aguas tome la decisión que estime conveniente. En cada uno de los escenarios se respeta el principio de equilibrio financiero que señala el artículo 31 de la Ley 7593, si bien se ha dimensionado para impedir que la carga del ajuste recaiga inmediatamente en los usuarios. El equilibrio financiero se garantiza al final del año 2019, en que concluye el período de las proyecciones y en cada periodo.

10. Se comparte el plan de inversiones propuesto por la empresa ya que las observaciones realizadas por este Ente Regulador en otras intervenciones fueron incorporadas en el plan propuesto. Se debe tener presente que en el modelo tarifario de tasa de retorno es responsabilidad de la empresa según la jerarquización de sus proyectos asignar los recursos obtenidos de la rentabilidad otorgada.

11. En el presente análisis realizado al plan propuesto de inversiones lo que se valoró fue su impacto en el mejoramiento del servicio (calidad).

12. La propuesta de inversiones promueve una ejecución compatible con el historial de capacidad de ejecución de obras que anualmente realiza la ESPH.

13. Se determina que los montos propuestos para el plan de inversiones 2015-2019, son congruentes con lo evaluado por esta Intendencia en revisiones previas al estudio tarifario presentado.

14. ESPH sugiere asignar el 32% del monto total propuesto de inversiones de todo el quinquenio, al año 2015. Se concluye que el monto es excesivo conforme a lo que ha ejecutado históricamente la ESPH S. A., por lo que el análisis recomienda redistribuirlo equitativamente en el quinquenio.

15. El financiamiento propuesto de inversiones es un 100% en tarifas, lo cual no se considera conveniente. Es necesario, que la empresa realice un mayor esfuerzo para obtener otras fuentes de financiamiento, para involucrar a las generaciones futuras de usuarios y no recargar su costo en las presentes, con lo cual además incrementará su capacidad de realizar mayores inversiones.

16. El 66% de la inversión propuesta para el período 2015 – 2019, se sugiere destinar en la reposición de la red de alcantarillado. La propuesta se acepta y es compatible con lo establecido en el artículo 14, inciso b) de la Ley 7593. Se espera que la ESPH S. A. continúe desarrollando más proyectos relacionados con mejoras de la red de alcantarillado.

17. La ESPH presentó la justificación de las inversiones en proyectos y adquisición de equipos con la descripción de objetivos y metas específicas, orientadas hacia el mejoramiento de la calidad del servicio.

18. El plan de inversiones de Planta General presentado por la Empresa es compatible con lo establecido en el ET-154-2014, que contiene el proceso tarifario seguido para el servicio de hidrantes.

II.—En relación con la oposición presentada a la presente solicitud de fijación tarifaria, se extrae, en lo concerniente, lo manifestado por el señor Juan Rafael Morales Rojas:

“(…)

1. Falta de información en la página web de la Aresep sobre el expediente en trámite, no encontró la información referente a la solicitud tarifaria.

2. La ESPH debería proveer más información sobre el tema para el consumidor. No sale información de la Empresa para la comunidad.

3. No ha visto inversión en el sistema de alcantarillado. El alcantarillado que existe lo construyó la Municipalidad hace como 65 años. No ha visto obras que hayan mejorado el alcantarillado sanitario. El tanque de captación conocido como las cloacas que queda por el hospital, no ha mejorado.

4. Se viene hablando de la inversión en el sistema de alcantarillado desde hace 10 a 15 años, pero no hay información sobre el plan. La ciudadanía desconoce de las decisiones que se toman en la ESPH. El proyecto no se concreta y no se sabe del tiempo requerido para convertirlo en realidad.

5. Tiene el conocimiento de un diferendo entre una familia y la ESPH por la expropiación de un terreno para la construcción de una planta de tratamiento.

6. Existe un gran problema con la contaminación de los ríos y que el corresponsable es el MINAE y no sabe hasta dónde Aresep, ya que las grandes cloacas son los ríos de Heredia. El rio Pirro es uno de los más afectados, ni la Empresa, Municipalidad han hecho nada.

7. Hay muchas zonas que no tienen servicio de alcantarillado, lo que tienen son tanques sépticos que pueden estar afectando los mantos acuíferos, no existe una red de alcantarillado que recoja esos desechos.

8. El sistema de alcantarillado de Heredia está colapsado y no se ve el mantenimiento que se le da, cuando llueve los materiales salen a la superficie.

9. El oponente se ha presentado a la ESPH para denunciar varias cosas, entre ellas averías y las conexiones ilegales para deshacerse de las aguas residuales, pero la Empresa no reacciona. En las condiciones actuales del sistema de alcantarillado no sabe cómo no se ha desatado una epidemia.

10. Después de las reparaciones que hace la ESPH en el sistema de alcantarillado, las calles no quedan como estaban originalmente, lo que maltrata los vehículos. No reparan las calles como debe ser.

11. Hay voracidad en los salarios, los recursos no se usan eficientemente. No entiende la voracidad de la Empresa para recoger impuestos y no se ve el efecto. No entiende como el sistema deja perdidas, si no se ven inversiones.

12. Espera que la Aresep y el Intendente de Agua hagan algo. Dejen sin efecto el aumento. Se opone al aumento hasta que no haya un eficiente servicio de alcantarillado, que cubra todo el cantón central y alrededores, esto beneficia la salud de todos. Hasta que se desarrolle un verdadero plan y se actualice.

13. Por las razones expuestas, considera inoportuno e improcedente el aumento de tarifas. No considera oportuna un incremento del 59% aunque luego hayan disminuciones graduales hasta que no haya un sistema eficiente de alcantarillado. Un aumento del 59% en este año 2015 es excesivo, más de la mitad de la tarifa actual.

Respuesta:

En cuanto a la observación de falta de información en la Web de la Aresep, no es de recibo, ya que en dicho medio se encuentra el expediente completo de forma digital a disposición de los usuarios, solo se tiene que seguir los siguientes pasos: Entrar a la Web, pinchar en el título “Audiencias y consultas públicas”, luego vuelve a pinchar en el título “Expedientes próximas audiencias” y por último lo hace en el título “Expedientes audiencias 2014”.

En lo que corresponde a la información de ESPH para los usuarios sobre el plan de alcantarillado de la provincia, es su punto débil del proyecto. Ha realizado presentaciones del plan en comunidades, convocando por medio de las Asociaciones de Desarrollo y otros medios, de hecho funcionarios de la Intendencia de Agua asistieron a unas de estas presentaciones a finales del año 2013. Lo cierto es que no han destinados suficientes recurso a esta parte y no han utilizado en pleno los medios tecnológicos actuales para hacer uso de las redes sociales como medio suministro de información. La Empresa debe mejorar mucho en mantener informada a la ciudadanía de lo que se está haciendo en materia del nuevo alcantarillado de la provincia.

Igual que los principales alcantarillados del país, el de Heredia es igual de viejo, en este alcantarillado no se puede invertir, lo único que se hace es mantenerlo en lo que se pueda para que no represente un peligro severo a la salud pública. El lugar que se menciona conocido como la “Cloacas” es un tanque de captación que queda por el hospital de Heredia y está fuera de servicio (irrecuperable). En la actualidad funcionan 3 plantas de tratamiento que han sido rehabilitadas, entre ellas la planta de los Lagos.

En cuanto a la responsabilidad de las condiciones del alcantarillado actual y el estado deplorable de los ríos, corresponde principalmente al operador. Desde el momento en que se le trasladó a la ESPH la prestación del servicio, la Empresa debió realizar el plan estratégico para mejorar y expandir el sistema de alcantarillado que recibía, algo así como lo que han hecho en materia de hidrantes y suministro de agua potable. El pasado pasó, ahora lo que queda es empezar y con la seriedad que se amerita, ya que las condiciones del alcantarillado actual son deplorables y pone en riesgo la salud pública, no solo la de los heredianos, sino también los que viven aguas abajo de los ríos (fuera de los límites de Heredia).

Según el criterio jurídico de la Intendencia emitido con oficio 0268-IA-2015 del 13 de marzo de 2015 “La Autoridad Reguladora (Aresep), es la responsable de regular la prestación de los servicios públicos en nuestro país y en el cumplimiento de sus atribuciones se rige por su normativa especial, Ley N° 7593.

Este ente regulador no es ajeno al tema de protección al ambiente, pues tiene como uno de los elementos centrales dentro de su competencia de fijación de tarifas, el respeto a la sostenibilidad ambiental. Establece el artículo 31 de la Ley N° 7593, que la Autoridad Reguladora al fijar las tarifas de los servicios públicos, deberá tomar como elementos centrales los criterios de sostenibilidad ambiental, y contemplar los aspectos de protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales.

También, la Ley N° 7593 en los artículos 3 inciso b), 5 inciso c), 14 inciso e), en relación con el 32, prevé la posibilidad de reconocer en las tarifas un “costo ambiental”. Incluso, fue con base esta normativa, que surgió la figura de la “tarifa hídrica”, instrumento económico aplicable en la estructura tarifaria de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), ante la necesidad de internalizar en su tarifa, por servicio de agua potable, el valor del servicio ambiental hídrico como un mecanismo para capturar fondos, que fueren reinvertidos en la protección y recuperación de las microcuencas que proveen el recurso.

Se observa por tanto, que la Aresep tiene la responsabilidad legal de velar por la protección del ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales, de manera que se garanticen la continuidad y calidad del servicio público.

Esta Institución, al fijar debidamente las tarifas, que toman en cuenta la sostenibilidad ambiental, así como al desarrollar procedimientos para el cumplimiento de los parámetros de calidad de agua; promueve la responsabilidad social de los prestadores hacia la conservación y recuperación de las áreas de recarga acuífera que alimentan fuentes de agua potable administradas por ellos. La Autoridad Reguladora, sustentada en su normativa, impulsa el involucramiento de los operadores a un comportamiento ambiental responsable. Razón por la cual, no se comparte la oposición del señor Juan Morales, en cuanto a sugerir la posible culpa de la Aresep en la contaminación de los ríos de Heredia”.

Ha sido práctica de todos los operadores de acueductos y alcantarillado dejar las vías públicas en mal estado después de la intervención que realizan, para subsanar esto recientemente la Autoridad Reguladora promulgó un reglamento de prestación del servicio y pronto entrará en vigencia, en él se le da plazo a los operadores para que dejen las vías pública en igualdad de condiciones en que estaban antes de su intervención. También se regula lo relativo a la atención de las quejas y denuncias.

El plan del nuevo alcantarillado de Heredia es un plan concreto y elaborado con responsabilidad, es un proyecto caro que requiere del aporte del Estado y de los ciudadanos de Heredia. El Estado ya ha hecho su primer aporte y con esos recursos se pretende comprar los lotes donde se construirán las plantas de tratamiento. La Empresa ya entro en posesión de unos de los lotes, esto por medio de la figura de la expropiación y el otro lote ubicado en San Isidro está en negociaciones, en este no se requerirá de la figura de la expropiación. A continuación se presenta información referente al proyecto que le ha venido dando seguimiento la Intendencia de Agua:

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En materia de costos se reconocen los razonables según el estudio de costos realizados para este estudio.

Compartimos la observación que hace el oponente al indicar que el incremento solicitado para el primer año es excesivo. ESPH debe diluir el incremento en el periodo tarifario y debe contemplar a las generaciones futuras, no es razonable que el peso del incremento se recargue en un año.

Para que haya un eficiente servicio de alcantarillado, que cubra todo el cantón central y alrededores, el prestador del servicio requiere de los ingresos razonables para operar; se debe tener presente que en las condiciones actuales del alcantarillado y mientras se finaliza el proyecto del nuevo alcantarillado y tratamiento, al existente debe dársele un buen mantenimiento, esto en beneficio de la salud de todos.

Realizada la evaluación de la petición tarifaria de ESPH se determinó que era razonable aprobar un incremento del 12,2% igual para cada año del periodo considerado evitando así un ajuste desproporcionado el primer año del periodo tarifario (…)”.

III.—Que de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es fijar tarifas para el servicio público de alcantarillado prestado por la ESPH S. A. tal como se dispone. Por tanto,

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley N° 7593 y sus reformas, en la Ley General de la Administración Pública N° 6227, en el Decreto Ejecutivo 29732-MP que es el Reglamento a la Ley N° 7593, y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

EL INTENDENTE DE AGUA, RESUELVE:

I.—Fijar a la ESPH, S. A. para el servicio de alcantarillado las tarifas que se detallan en los siguientes pliegos tarifarios, con base en el segundo escenario propuesto en el informe 0293-IA-2015/83429 del 18 de marzo de 2015, que consta en el expediente ET-171-2014:

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II.—La ESPH S. A. deberá revisar la información de consumo de tiempo laboral para cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, gestión hídrica e hidrantes de manera que compatibilice las cifras de costos reportadas con las que aparecen en los estados de resultados de cada uno de esos servicios, toda vez que no hay congruencia entre ambas fuentes de datos. En particular, para el servicio de alcantarillado sanitario deberá presentar a esta Autoridad Reguladora el reporte correspondiente con periodicidad mensual a partir de enero de 2009 hasta marzo de 2015, en el término máximo de 60 días naturales después de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta la presente resolución.

III.—La ESPH S. A. deberá extender los datos para los servicios que son atendidos por la Intendencia de Agua a las horas-hombre de trabajo administrativo y operativo según jornada ordinaria y extraordinaria de labores. En adelante, esa información será utilizada para construir indicadores de desempeño con la finalidad de medir la productividad del trabajo en cada uno de los servicios. De allí la importancia de que los datos reportados reflejen fielmente o sean una estimación razonable y congruente del uso del tiempo laboral en las actividades demandadas por los servicios prestados.

IV.—En toda nueva solicitud de ajuste tarifario para el servicio de alcantarillado sanitario, la ESPH S. A. deberá incorporar criterios contrastables de eficiencia económica al estimar y proponer sus costos de producción, lo cual implica:

Calcular un costo unitario de eficiencia por metro cúbico de aguas residuales que se estime recolectar de los usuarios de la red de alcantarillado y tratar, que incluya elementos objetivos y medibles que reflejen la productividad del servicio a través del tiempo.

Ese costo unitario por metro cúbico deberá multiplicarse por la estimación de la demanda mensual específica para cada categoría tarifaria de usuarios y bloques de consumo. De ese modo se obtendrán los costos totales de operación del servicio. La ESPH S. A. puede escoger un enfoque de eficiencia económica que le permita aplicarlo razonablemente a su realidad operacional y que sea eventualmente extensible a los otros servicios regulados cuya atención también corre a cargo de la Intendencia de Agua.

La debida justificación técnica y metodológica es esencial para la propuesta correspondiente. Es claro que la Intendencia de Agua se está orientando hacia una regulación basada en incentivos vinculados a la productividad de los servicios.

V.—La ESPH S. A. deberá reportar oportunamente las correcciones que se hagan a los estados financieros después de su emisión.

VI.—La ESPH S. A. deberá remitir con dos meses antes de la presentación de la solicitud tarifaria respectiva, el plan de inversiones bien detallado (corto, mediano y largo plazo) y los gastos extraordinarios que serán financiados vía aumento tarifario; en los casos que sea necesario el uso de cotizaciones o facturas para justificar determinadas partidas, deberá efectuar un estudio de mercado de los precios de tres oferentes, y adjuntarlo con dicho plan, cuya información de respaldo deberá mantenerla para la respectiva verificación por parte de la Intendencia de Agua. En el plan de inversiones deberá especificarse la parte que se va a financiar con tarifas y con financiamiento bancario o donaciones.

VII.—La ESPH S. A. deberá reservar los recursos asignados a los proyectos para inversión en una cuenta específica y separada que no podrá destinarse a otros fines y que estará sujeta a ser fiscalizada por la Autoridad Reguladora, de acuerdo con las potestades que le otorga la Ley Nº 7593. Los recursos tarifarios otorgados para inversión que no fuesen utilizados o no esté debidamente programado su uso, podrán ser devueltos a los abonados. El monto a devolver será aquel que supere los fondos necesarios para cubrir las necesidades normales previstas en los estudios tarifarios.

VIII.—La ESPH S. A. deberá preparar un informe anual de gestión del servicio de alcantarillado y presentarlo a la Autoridad Reguladora en un plazo máximo de 60 días naturales después de concluido el ejercicio fiscal del servicio de alcantarillado, el cual deberá incluir: Análisis vertical y horizontal de las cuentas del Estado de Resultados, uso de los recursos destinados para reserva de inversiones, análisis del Estado de Flujo de Efectivo en ese período, en el que se incluya las erogaciones producto de las cuentas de instalación, desarrollo de la red, administración, operación, mantenimiento y un análisis de las principales razones financieras que muestren su situación actual en comparación con 3 años anteriores.

IX.—La ESPH S. A. deberá en las próximas peticiones tarifarias, continuar justificando su plan de inversiones con base en objetivos y metas de calidad del servicio y utilización eficiente de los recursos, logrando así mejoras cuantificables.

X.—La ESPH S. A. en la propuesta de inversiones, deberá aclarar en específico los sitios en los que se realizará la II Etapa del proyecto de reposición de la red de alcantarillado del casco del Cantón Central de Heredia.

XI.—La ESPH S. A. deberá promocionar el proyecto del nuevo alcantarillado de Heredia en todas la comunidades beneficiadas y poner un sitio especial en la Web donde se coloque toda la información relacionada con el proyecto, esto debe cumplirlo en un plazo de dos meses después de publicada esta resolución.

XII.—La ESPH S. A. deberá dar respuesta a la oposición presentada en esta petición tarifaria en un plazo de 20 días hábiles, a partir de la publicación de la resolución respectiva y enviarla al usuario involucrado con copia al expediente que lleva la Autoridad Reguladora.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 en relación con el 345 de la Ley General de la Administración Pública, se informa que contra esta resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante la Intendencia de Agua, a quién corresponde resolverlo; el de apelación y el de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

Los recursos de revocatoria y el de apelación, deberán interponerse en el plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al de notificación, de conformidad con el artículo 346 de la Ley General de Administración Pública. El extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada Ley.

Notifíquese y publíquese.—Carlos Herrera Amighetti, Intendente.—1 vez.—O. C. Nº 8377-2015.—Solicitud Nº 29843.—(IN2015020507).

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, ley 6227, y el artículo 35 del Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarle(s) que en sesión ordinaria 014-2015, celebrada el 11 de marzo del 2015, mediante acuerdo 003-014-2015, de las 10:00 horas, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad, la siguiente resolución:

RCS-038-2015

“SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR

EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

Y CLARO CR TELECOMUNICACIONES S. A.

CONTRA LA RCS-298-2014 DE LAS 09:45

HORAS DEL 03 DE DICIEMBRE

DEL 2014, DENOMINADA:

“INSTRUCCIONES REGULATORIAS PARA LA ATENCIÓN

Y RESOLUCIÓN EFECTIVA DE RECLAMACIONES

INTERPUESTAS ANTE LOS OPERADORES O

PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES”

EXPEDIENTE FOR-SUTEL-DGC-MMR-01436-2014

Resultando:

1º—Que mediante acuerdo 010-074-2014, de las 9:45 horas, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad la resolución N° RCS-298-2014, denominada “Instrucciones regulatorias para la atención y resolución efectiva de reclamaciones interpuestas antes los operadores o proveedores de los servicios de telecomunicaciones”.

2º—Que la referida resolución fue publicada en el diario oficial La Gaceta N° 13 de fecha 20 de enero del 2015.

3º—Que en fecha 23 de enero de 2015, se recibió en esta Superintendencia de Telecomunicaciones, el recurso de reposición interpuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad, cédula jurídica número 4-000-042139, contra la resolución RCS-298-2014, mediante documento número 264-0051-2015.

4º—Que en la misma fecha, es decir 23 de enero de 2015, se recibió en esta Superintendencia de Telecomunicaciones, el recurso de reposición y nulidad concomitante interpuesto por la empresa CLARO C.R. Telecomunicaciones, S. A., cédula jurídica número 3-101-460479, contra la referida resolución RCS-298-2014, mediante documento sin número.

5º—Que de conformidad con el inciso 12) del artículo 36 del Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, corresponde a la Unidad Jurídica emitir el criterio jurídico para la atención de los recursos que deben ser conocidos por el Consejo de la Sutel.

6º—Que mediante oficio 1588-SUTEL-UJ-2015 del 09 de marzo del 2015, la Unidad Jurídica de esta Superintendencia rindió el criterio jurídico respectivo.

7º—Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución.

Considerando:

1º—Para efectos de resolver el presente asunto, conviene extraer del informe jurídico rendido mediante oficio 1588-SUTEL-UJ-2015, el cual es acogido en su totalidad por este órgano decisor, lo siguiente:

“(…)

I. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS POR LA FORMA

a) Naturaleza del Recurso

Los recursos de reposición presentados por las empresas señaladas, en fecha de 23 de enero de 2015, corresponden a los recursos ordinarios regulados por los artículos 342 al 352 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227. Asimismo la nulidad concomitante interpuesta por la empresa CLARO CR Telecomunicaciones S. A. se valora al tenor de los artículos 129 y 166 de la Ley N° 6227 y la normativa vigente aplicable para el análisis realizado.

b) Admisibilidad del Recurso

La resolución del Consejo de la SUTEL N° RCS-298-2014, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 13 del 20 enero de 2015, y los recursos interpuestos por el Instituto Costarricense de Electricidad y la empresa CLARO CR Telecomunicaciones S. A., fueron recibidos en la SUTEL en fecha 23 de enero de 2015; ante lo cual del análisis comparativo entre la fecha de publicación del acto administrativo impugnado y la interposición de los recursos por parte de los operadores de servicio indicados, con respecto al plazo de 3 días para recurrir otorgado en el artículo 346 de la LGAP, se concluye que ambos recursos se presentaron en tiempo y en forma.

c) Legitimación

Respecto de la legitimación activa, los recurrentes se encuentran legitimados para actuar de conformidad con los artículos 275 y 276 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227.

Por su parte, cabe indicar que la representación de ambos recurrentes se encuentra debidamente acreditada en autos, con lo cual se procede de seguido al análisis de fondo de los recursos ordinarios de referencia y sus respectivos alegatos.

II. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS POR EL FONDO

A. ALEGATOS INTERPUESTOS POR LA EMPRESA CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S. A.:

El recurrente interpone recurso ordinario de reposición y nulidad concomitante contra la resolución RCS-298-2014, invocando los argumentos que de seguido se proceden a analizar:

1. Sobre el derecho a recurrir:

a. Argumentos del recurrente:

Indica el recurrente que el acto administrativo de referencia (RCS-298-2014) resulta susceptible de ser impugnado de conformidad con el artículo 342 de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227- en adelante por sus siglas LGAP y el artículo 72 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593- en adelante denominada Ley de la ARESEP. Señala además que la clasificación del acto recurrido resulta incorrecta de acuerdo con la legislación vigente.

b. Análisis de fondo:

Al respecto se debe indicar que ambas disposiciones establecen la posibilidad de recurrir las resoluciones emitidas por el Consejo de la SUTEL, siendo que los extremos atinentes a la clasificación del acto recurrido serán analizados de forma posterior en el presente informe.

De previo cabe indicar que el instituto jurídico de las reclamaciones generadas por violación a los derechos de los usuarios finales, se encuentra regulado a partir del artículo 47 y siguientes de la Ley N° 8642- en adelante por sus siglas LGT - y deviene en una figura especial, que resulta aplicable a la generalidad de operadores y proveedores de servicios, originada en la relación prestacional de los primeros con los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones. Dicha actividad reviste un interés público dentro del ordenamiento costarricense de conformidad con el artículo 74 de la Ley de la ARESEP y el artículo 113 de la LGAP, factor que resulta esencial de consideración para los propósitos del presente análisis.

2. Sobre la falta de competencia del órgano para dictar reglamentos y la correspondiente nulidad:

a. Argumentos del recurrente:

Aduce el recurrente que, con fundamento en los artículos 25 de la Ley de la ARESEP y el artículo 77 de la LGT, el dictado de las normas reglamentarias que regulan el mercado de las telecomunicaciones corresponde a la ARESEP.

Asimismo indica que del contenido dispuesto en los artículos 59, 60,73 incisos a y b y 75 inciso a) la Ley de la ARESEP y los artículos 41, 48 y 65 de la LGT y el Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones- en adelante denominado como RPUF - en su artículo 4 inciso 4), no se desprende que la SUTEL tenga una potestad reglamentaria, y que en su lugar el legislador ha dispuesto la obligación para éste Órgano regulador de aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.

Adiciona que la resolución RCS-298-2014 pretende crear el ordenamiento y no aplicarlo como corresponde, lo cual estima es una conducta contraria a derecho y apartada del principio de legalidad, pues en su concepto las únicas normas que eventualmente podría dictar la SUTEL, son las de organización interna dirigidas a la mejor aplicación de las normas de fondo ya existentes, pero nunca proceder a dictar normas de fondo que amplían y modifican las obligaciones de los administrados y regulados.

Por lo tanto alega que la resolución RCS-298-2014 es absolutamente nula, pues la SUTEL carece de la competencia para su dictado, de acuerdo con los artículos 129 y 166 de la LGAP, ante lo cual solicita se declare la nulidad evidente y manifiesta por ausencia de competencia en el órgano que dicto el acto.

b. Análisis de fondo:

Las normas reglamentarias que regulan la actividad prestacional dentro del sector telecomunicaciones, encuentran sustento en fuentes de diferente jerarquía dentro de nuestro ordenamiento. Siendo que, efectivamente la potestad reglamentaria forma parte de la función administrativa del Poder Ejecutivo y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, dentro del ordenamiento de las telecomunicaciones.

En un nivel superior se pueden identificar los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes sectoriales, en aplicación de los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política y el artículo 6) inciso d) de la LGAP (v.g. el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, denominado “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones” y el Decreto Ejecutivo N° 35205-MINAET, denominado “Reglamento sobre Medidas de Protección de la Privacidad de las Comunicaciones”).

En un ámbito de menor jerarquía normativa, se encuentran los reglamentos emitidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con fundamento en los artículos 25 de la Ley de la ARESEP, el artículo 77 de la LGT y el artículo 6) inciso e) y su párrafo segundo de la LGAP.

De la normativa antes referenciada, se concuerda con el recurrente en el señalamiento de que a la SUTEL, en su condición de órgano desconcentrado en grado máximo adscrito a la ARESEP, según lo dispuesto en el artículo 59 y siguientes de la Ley de la ARESEP, el legislador no le otorgó competencia para la emisión de ningún tipo de instrumento reglamentario, conforme a la jerarquía de las fuentes definidas en el artículo 6 de la LGAP antes señalado.

Por otra parte, el artículo 129 de la LGAP dispone que el “acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.”

Por lo tanto, la competencia se configura en un elemento material o sustancial del acto administrativo (subjetivo), que puede definirse como la suma o esfera, determinada y conferida por el ordenamiento jurídico, de potestades, facultades y deberes del ente público y de los órganos que lo conforman para el cumplimento de los fines públicos (JINESTA LOBO Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Pág. 443).

Dicho esto, resulta necesario identificar de seguido, si la SUTEL posee la competencia (por la materia), necesaria para el dictado del acto administrativo recurrido, sea la resolución RCS-298-2014.

Para estos propósitos se proceden a identificar las principales potestades y facultades que el ordenamiento jurídico costarricense ha dispuesto para la SUTEL. En primer término el artículo 59 de la Ley de la ARESEP dispone que corresponde a la SUTEL “regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones;...”. Lo cual permite establecer una primera conclusión de suma relevancia para los propósitos del presente análisis: a esta Superintendencia de Telecomunicaciones no le corresponde únicamente aplicar el ordenamiento sectorial- tal y como lo argumenta el recurrente-, sino que además se le confieren una serie de potestades y facultades que se instituyen en verdaderas obligaciones y deberes regulatorios orientados al cumplimiento de los objetivos legales y reglamentarios que se le confieren a este Órgano desconcentrado.

La Real Academia Española - por sus siglas RAE-, nos indica que el término “regular” proviene del latín regulare que significa “ajustar, reglar o poner en orden algo”, “determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo” o inclusive “ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines”¹. En adición, la RAE nos indica que el término aplicar proviene del latín “applicare” que significa “emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo.” ²

En igual sentido la resolución impugnada nos indica en el numeral 28 de su exposición de motivaciones que:

28. Que jurídicamente el término resolver conlleva, entre otras, las acciones de “Decidir / Solucionar/ Poner fin a un problema o conflicto. / Dejar sin efecto un negocio jurídico válido.” “(Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 2000 I.S.B.N. 950-9065-98-6). (negritas no son del original). Y por lo tanto, las respuestas efectivas que brinden los operadores y proveedores de servicios, deben plantear una solución para la reclamación que ante ellos se interpone, en caso de resultar procedente, o en su defecto, deberán informar aquellas fundamentaciones que sustentan una respuesta negativa ante la reclamación interpuesta.

El ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones ha dispuesto entonces que, la SUTEL, en cumplimiento de los artículos 59 y 60 inciso a) de la Ley de la ARESEP, tiene la potestad de ajustar y ordenar el funcionamiento del conjunto de actores y elementos que intervienen dentro del funcionamiento del mercado de los servicios de telecomunicaciones. Y que para estos fines debe regular, aplicar y adoptar una serie de medidas o principios dirigidos a la obtención de un determinado efecto o rendimiento, que para el caso concreto vendría a estar orientado a la consecución de una mejor atención y resolución de las reclamaciones que son interpuestas por los usuarios finales.

Asimismo, en aplicación del artículo 113 de la LGAP, el instrumento regulatorio aprobado reviste un claro interés público, el cual se ve materializado por los intereses particulares de cada uno de los usuarios activos o potenciales de los servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio del contenido dispuesto en el supra citado artículo 74 de la Ley de la ARESEP, que requieren estándares de calidad mayores dentro de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, el referido artículo 59 de la Ley de la ARESEP, dispone que la SUTEL deberá “...vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones”, potestades de fiscalización que debe ejercer para el cumplimiento y realización de su fines; lo cual conlleva verificar el cumplimiento de los derechos y deberes de los diferentes participantes del sector, dentro de los cuales se encuentran los operadores y proveedores de servicios, así como los usuarios finales. En concordancia con estas potestades de control, el artículo 41 de la LGT, determina que corresponde a la SUTEL velar porque los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, cumplan con el régimen de derechos de los usuarios finales establecido en el Capítulo II del Título II de dicho cuerpo legal.

Por otra parte, la Ley de la ARESEP en su artículo 60 incisos d) e i) define dentro de las obligaciones fundamentales de la SUTEL “garantizar y proteger los derechos de los usuarios finales”, así como “establecer y garantizar estándares de calidad. . .de los servicios de telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos.” En este sentido la RAE nos indica que el término estándar conlleva definir un “tipo, modelo, patrón, nivel.”³

Al tenor de la definición anterior, se puede afirmar que la resolución RCS-298-2014, procura dentro de sus objetivos, el establecimiento de un mejor nivel de calidad en la atención y resolución de las reclamaciones de los usuarios finales. Aspecto que se enmarca dentro de las competencias legales dispuestas para la SUTEL, en lo que respecta a la definición de estándares de servicio para la obtención de una mejor calidad y eficiencia dentro de la atención y resolución de reclamaciones.

Además, esta disposición se ve complementada por el inciso a) del artículo 73 de la Ley de la ARESEP, mismo que instruye las funciones que debe cumplir el Consejo de la SUTEL, dentro de las cuales se encuentra:

“a. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con la Constitución Política. (Negritas son propias)

Correlativamente el artículo 46 de nuestra Constitución Política, en relación con el artículo 45 incisos 1), 5), 13), 14), y 29) de la LGT determinan el derecho que tienen los usuarios finales para la protección sobre sus intereses económicos, dentro de lo cual se establece del derecho a recibir información adecuada y veraz, un trato equitativo y a recibir servicios de calidad.

La Sala Constitucional, mediante resolución Nº 3089-2011 de las 8:38 horas del 11 de marzo de 2011, en referencia al contenido de dicho numeral 46 determinó que “el grado de satisfacción o cumplimiento del bien constitucional que se quiere lograr, es proteger el servicio público y la calidad del servicio público que se pretende brindar (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). Concordantemente el artículo 4 del Reglamento de prestación y calidad de los servicios, define que se entiende por calidad al “efecto global de las características de servicio que determinan el grado de satisfacción de un usuario de un servicio”. Adicionalmente se indica que “el efecto global de calidad de servicio comprende tanto los aspectos técnicos de la operación del servicio, así como la gestión y eficiencia del operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.”

Existe entonces un reconocimiento desde la jerarquía máxima de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, vinculado con la obligatoriedad de que los servicios de naturaleza pública o disponibles al público -como es el caso de los servicios de telecomunicaciones-, deban ser prestados bajo ciertas condiciones de calidad, que permitan cumplir con el grado de satisfacción de la colectividad de usuarios que lo reciben.

Por otra parte, el establecimiento de ciertos estándares de servicio por parte de la SUTEL, no debe confundirse con el ejercicio de la potestad reglamentaria indicada por el recurrente, toda vez que la fijación de estas disposiciones, corresponde a la materialización de las competencias que por Ley se encuentra obligada a ejercer esta Superintendencia, para la ordenación de una actividad prestacional sujeta a un régimen especial.

Tampoco nos encontramos frente a la creación de nuevas normas técnicas, pues nótese que la RCS- 298-2014, no establece ningún tipo de indicador sobre el cual se vaya a valorar de forma cuantitativa la prestación del servicio, sino que obedece a la promoción de un nivel de calidad y eficiencia optimo en la atención y resolución de las reclamaciones que ante ellos interponen los usuarios finales.

En este punto, también se debe considerar que el inciso 4) del artículo 4 del RPUF, habilita a la SUTEL para establecer las disposiciones que permitan resolver las reclamaciones en apego a las mejores prácticas técnicas y comerciales, con el fin de garantizar las mejores condiciones para los usuarios. Y es a través de las potestades y facultades de regulación, aplicación, control y vigilancia otorgadas dispuestos legal y reglamentariamente, que éste órgano regulador puede cumplir este cometido.

Los criterios objetivos sobre los cuales se fundamenta el acto administrativo impugnado, resultan visibles en los Resultando 1, 2,3, de la resolución RCS-298-2014, los cuales aducen un aumento creciente en el número de reclamaciones que son presentadas en segunda instancia ante la SUTEL para su tramitación, investigación y resolución.

De la información sustentada en el instrumento regulatorio recurrido, pareciera evidenciarse una menor efectividad en la primera instancia de atención y resolución de las reclamaciones, la cual corresponde normativamente a los operadores y proveedores de servicios.

Al respecto señalan los referidos numerales 1, 2 y 3 de la resolución RCS-298-2014:

1. Que mediante el oficio 6220-SUTEL-DGC-2013, con fecha 20 de diciembre de 20143 y denominado “Informe de labores de la Dirección General de Calidad 2013”, se informó que según datos recopilados por esta Dirección, se mostraba un aumento en la cantidad de reclamaciones ingresadas entre el año 2010 al 2013, el cual mostró un crecimiento del 80% en el total de reclamaciones ingresadas ante este Órgano regulador, lo cual además ha significado un crecimiento interanual de más del 25%.

2. Que este mismo “Informe de labores de la Dirección General de Calidad 2013”, determinó que el 89% de la totalidad de las reclamaciones interpuestas ante la SUTEL en el año 2013, correspondía a los tres operadores de telefonía y datos móviles, en la siguiente proporción ICE (Kolbi) 52%, Telefónica (Movistar) el 13% y Claro 24%.

3. Que mediante informe 4492-SUTEL-DGC-2014, con fecha de 14 de Julio del 2014, denominado “II Informe de monitoreo de labores realizadas por el área de Calidad de la Dirección. I semestre del 2014”, la Dirección General de Calidad indicó que hasta el 30 de junio del 2014, se habían recibido 474 reclamaciones en la SUTEL, siendo que para este mismo periodo durante el año 2013 se recibieron 383 reclamaciones; lo cual muestra nuevamente la existencia de un aumento en las reclamaciones que han sido tramitadas por parte de los usuarios finales ante éste Órgano regulador de forma interanual. “

Por lo tanto, la definición de estándares de calidad, entendidos estos como forma de materializar las potestades legales de la SUTEL para regular y aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para la promoción de una mejor ordenación en la atención y resolución de reclamaciones interpuestas por los usuarios finales antes los operadores y proveedores de servicios, se erige dentro del conjunto de competencias que el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones ha delegado a este Órgano regulador para la mejor consecución de sus fines.

Por otra parte, la nulidad de los actos administrativos se genera por el vicio que afecta la aptitud de éste para producir efectos en razón de su disconformidad con el ordenamiento. En este caso el recurrente alega la ausencia de competencia parte de la SUTEL para dictar la resolución RCS-298- 2014, y por lo tanto la invalidez del mismo.

De conformidad con los artículos 165 y 166 de la LGAP la invalidez absoluta de un acto administrativo procede cuando falten totalmente uno o varios de los elementos constitutivos, real o jurídicamente. También podría presentarse la nulidad absoluta del acto cuando existan los elementos constitutivos del acto administrativo pero sean imperfectos (que existan pero que no cumplan con todos los requisitos que la ley establece para su validez), siempre y cuando dicha imperfección impida la realización del fin, de conformidad con el artículo 167 de la misma LGAP.

Sobre estos extremos nos indica la Contraloría General de la República que:

“... La nulidad absoluta, evidente y manifiesta es aquella notoria, que no exija un proceso dialéctico para su comprobación, por saltar a primera vista. Es la nulidad de fácil captación, y no puede hablarse de este tipo de nulidad, cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos o contratos administrativos...”. (Dictamen C-019-87 del 27 de enero de 1987 de la Procuraduría General de la República).

“... Este tipo de nulidad está referida a la existencia de vicios del acto o contrato que sean notorios, claros, de fácil captación, donde no se requiera de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, manifiesto y de tal magnitud, y que en consecuencia, hace que la declaratoria de nulidad absoluta del acto o contrato sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece ...” (Dictamen C-062-88 del 04 de abril de 1988 de la Procuraduría General de la República).

Este tipo de nulidad se descubre por la mera confrontación del acto o contrato administrativo con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de acudir a ninguna interpretación, análisis profundo, o estudio de expertos.

Eduardo Ortiz Ortiz señala que por nulidad absoluta, evidente y manifiesta debe entenderse:

“... no la que es patente y grosera hasta para el lego -lo que es hipótesis académica- ni tampoco la que se refiere a sólo un tipo determinado de vicio grave, sino toda la que afecte el orden público de la organización y el funcionamiento de la Administración y que es, por eso mismo, grave y peligrosa para la colectividad. Arribamos así a una verdadera tautología, pues toda nulidad es de pleno derecho precisamente en la medida en que es grave, por afectar el orden público...” (⁴)

Sin embargo, tal y como se ha expuesto hasta ahora, la SUTEL a través de su Consejo directivo aprueba el acuerdo 010-074-2014, de las 9:45 horas que dispone la resolución RCS-298-2014, acto que forma parte del ejercicio de sus potestades para regular, aplicar, controlar y vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; siendo éstas un conjunto de atribuciones legales irrenunciables, indelegables e improrrogables de este Órgano regulador, sobre todo para la satisfacción del interés público que implica una mejor atención y resolución de las reclamaciones que interponen los usuarios finales ante lo operadores y proveedores de servicio.

Por estas razones, no comparte esta Unidad Jurídica el argumento del recurrente en cuanto a la falta de competencia de la SUTEL para el dictado de la resolución de referencia, ni tampoco considera que la naturaleza y el contenido del acto administrativo aprobado por el Consejo de la SUTEL, corresponda al ejercicio de potestades reglamentarias. En igual sentido, no se estima que estemos en presencia de un acto inválido que deba ser declarado como nulo, de conformidad con el ordenamiento jurídico antes citado.

3. Sobre la violación al debido proceso en la creación del acto administrativo impugnado:

a. Argumentos del recurrente:

Arguye el recurrente que resulta incorrecto denominar una resolución que “tiene el carácter de instrucción general a todos los operadores de redes públicas y proveedores de servicios disponibles al público”, pues estima que los conceptos utilizados resultan excluyentes entre si conforme a las disposiciones de la LGAP al no enmarcarse la resolución RCS-298-2014 dentro del supuesto normativo contenido en el artículo 121 de la LGAP.

Para el recurrente denominar la referida resolución con carácter de instrucción general, evidencia el verdadero objetivo del acto administrativo, cual sería emitir una norma de alcance general vinculante para todos los sujetos regulados por la SUTEL. Considera además que, se está en presencia de un reglamento de conformidad con el artículo 121 inciso 2) de la LGAP. Señala el impugnante que no se siguió el debido proceso de creación del instrumento regulatorio, por lo cual estima procede la invalidez de la resolución RCS-298-2014, al tenor de las disposiciones del artículo 124 de la LGAP.

Adiciona que le resulta confusa si la consulta que se brindó a los operadores y proveedores de servicios del proyecto de resolución, que finalmente derivo en la resolución RCS-298-2014, pretendió cumplir con el requisito establecido en el artículo 36 de la Ley N° 7593, ante lo cual señala que no participó del proceso por considerar que la materia dispuesta se encuentra ya regulada en otros cuerpos normativos.

En esta misma sección apunta el recurrente que la eliminación de las disposiciones que fueron emitidas en la resolución sometida a consulta que determinaban un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la resolución para que todas las agencias de atención al público centros de telegestión, puntos de venta y demás canales propios del operador tengan la capacidad de recibir y atender reclamaciones, resulta también irracional pues los expondría a la aplicación del régimen sancionatorio administrativo.

En adición estima que la eliminación del contenido dispositivo que determinaba el alcance de la regulación para aquellos establecimientos “propios del operador” es inadecuada, pues dada la cantidad de puntos de venta y comercialización utilizada deviene en una obligación de imposible cumplimiento.

b. Análisis de fondo:

En primera instancia debe señalarse que efectivamente el procedimiento para dictar una normativa de jerarquía reglamentaria tiene un carácter “ad solemnitatem”; procedimiento especial que encuentra su consagración en los artículos 361 a 363 de la LGAP.

En consecuencia, la consulta realizada mediante el acuerdo 034-055-2014, de las 16:00 horas, que aprobó la resolución RCS-234-2014, no se configura en un requisito de validez del acto administrativo aprobado con posterioridad mediante acuerdo 010-074-2014, de las 9:45 horas, mismo que aprueba la resolución RCS-298-2014, dado que según se ha expuesto, no estamos en presencia de una regulación reglamentaria.

Ahora bien, debe ponderarse por parte del impugnante, que los principios jurídicos de Publicidad y Transparencia, se erigen como orientadores de la función administrativa del Estado. Por lo que, si bien la consulta realizada no corresponde al cumplimiento de un requisito de validez del acto administrativo recurrido, se realiza como una buena práctica regulatoria sobre aquellas figuras especiales dentro del ordenamiento sectorial que atañe a la colectividad de agentes regulados, como por ejemplo ocurre con las reclamaciones interpuestas por los usuarios finales (sea en primera instancia ante el operador, o en una segunda instancia administrativa ante la SUTEL).

Las reclamaciones de los usuarios finales, se instituye en una figura jurídica especial, cuya principal cualidad jurídica está determinada por el interés que implica su interposición para la colectividad de usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Esta sumatoria de intereses particulares se inserta dentro del supuesto jurídico definido en el artículo 113 de la LGAP. Lo anterior porque excepcionalmente la prestación de servicios de telecomunicaciones podría estar dispensa de su efectiva interposición, y por tales motivos es que también es una obligación jurídica que atañe a todas las empresas habilitadas para prestación de los servicios de telecomunicaciones.

El autor MAURO CAPPELLETTI indica que la aplicación del principio de publicidad se instituye dentro de los mecanismos que permiten brindar una mayor publicidad e información sobre las acciones que genera el Estado, y que forman parte de la tendencia a la democratización de la justicia y hacia la socialización del proceso. Con este fin se realiza la consulta de la resolución RCS-234-2014 por parte de la SUTEL, a fin de facilitar el acceso a la justicia a todos por igual.

Al respecto procede aquí citar a la Procuraduría General de la República que mediante dictamen C- 176-2011 señaló lo siguiente en referencia a las reclamaciones presentadas por los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones:

“Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público están obligados a establecer mecanismos para atender y solucionar los reclamos que presenten los usuarios finales por violación de sus derechos, en los términos que lo dispone el artículo 47 de la Ley 8642. (...)

El artículo 4 del Reglamento dispone en orden a las reclamaciones que si el usuario debe ser indemnizado por falla en el servicio prestado atribuible al operador o proveedor este “deberá realizar el reintegro necesario del costo del servicio ya sea en forma de crédito para las facturaciones posteriores y en caso que (sic) usuario decida renunciar al servicio, la permanencia mínima del servicio será revocada y se deberá reintegrar la indemnización correspondiente”. En orden al procedimiento se dispone en el numeral 10 que los operadores y proveedores deben atender en forma eficiente y gratuita los reclamos que presente los usuarios por deterioro en la calidad del servicio, cobros indebidos, violación a la intimidad y a los derechos del usuario final. En caso de que se presenten reclamaciones ante SUTEL, esta podrá realizar pruebas técnicas, para lo cual tendrá acceso a los equipos y a toda información que requiera.” (Negritas y subrayado son propios)

El acto administrativo impugnado, surge entonces del ejercicio competencial otorgado a la SUTEL para regular, aplicar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.

Sobre estos extremos la Contraloría General de la República mediante oficio Nº 12289 del 14 de noviembre de 2012, señalo lo siguiente:

“De acuerdo con López de Castro García-Morato y Ariño Ortiz, para cumplir con esos objetivos, se ha generalizado la creación de “entes reguladores independientes”, cuyos rasgos básicos aparecen en su denominación:

“1. Deben ser «autoridades reguladoras». Regular -nos dice la Real Academia- consiste en «medir, ajustar, ordenar algo conforme a una regla que preside el funcionamiento de una realidad». Así, además de las funciones meramente consultivas, los entes reguladores tienen funciones típicamente reguladoras, como son: a) funciones arbitrales entre los distintos agentes del mercado, b) funciones ejecutivas, entre las que pueden destacarse la regulación de precios y fijación de tarifas, concesión de licencias y autorización de instalaciones, supervisiones de estándares y condiciones de servicio, y supervisión de la conducta de las empresas del mercado, c) funciones operativas, referentes a la solicitud de información a las empresas, inspecciones y sanciones y d) funciones de desarrollo normativo a través de circulares, directivas e instrucciones.” LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA- MORATO (Lucía) y ARIÑO ORTIZ (Gaspar), Derecho de la Competencia en Sectores Regulados, Editorial COMARES, S.L., Granada, España, 2001, página 49. (Negritas son propias)

El acuerdo 010-074-2014, de las 9:45 horas, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se caracteriza por producir efectos jurídicos subjetivos, concretos, de alcance individual sobre la masa de regulados que deben atender y resolver las reclamaciones interpuestas por los usuarios finales. Es por esto que nace válidamente a la vida jurídica a través del acuerdo 010-074¬2014, de las 9:45 horas, y su posterior eficacia que se despliega con la publicidad posterior del acto.

Sin embargo, se debe considerar que la misma surge de una situación particular, cual es el aumento recurrente y periódico de reclamaciones que son interpuestas por los usuarios finales ante la SUTEL, y la falta de una atención y resolución eficiente en primera instancia.

Al respecto se ha señalado que, la SUTEL es una segunda instancia administrativa que debe intervenir por excepción en la atención y resolución de este tipo de gestiones. Empero los datos mostrados en el análisis realizado por la Dirección General de Calidad de la SUTEL, denotan un incremento en la cantidad de reclamaciones, lo cual ha llevado a este órgano regulador a la adopción de medidas ordenadoras para logra una mayor eficiencia y celeridad en su resolución.

Debe estimarse por parte del recurrente, que no resultaría razonable, ni proporcional, la emisión por parte del Consejo de la SUTEL, de actos concretos para cada uno de los operadores y proveedores de servicios que atienden reclamaciones; por lo cual la SUTEL genera actos administrativos que responden a la aplicación de las normas generales, para la masa de regulados, sin que derive tal situación en la creación de nuevas normas de alcance general, o de normas técnicas para la prestación de servicios. Sobre este punto debe recordarse que la SUTEL debe además orientar su actividad regulatoria, hacia la aplicación de un conjunto de principios jurídicos que le encargan establecer los mecanismos que permitan obtener la mayor consecución de los fines planteados por el ordenamiento, con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.

Estos preceptos se encuentran respaldados por la jurisprudencia jurisdiccional, al disponer la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución N° 2005-05600 de 16:34 hrs. de 10 de mayo del 2005, que las actividades administrativas desarrolladas por el Estado a través de sus diferentes entes y órganos, se encuentran orientadas por lo principios de eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad y simplicidad. Al respecto, estableció la referida jurisprudencia, de la siguiente forma:

“IV. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS. La Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos -todos de la Constitución Política-140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que la organización y la función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular”.

Por otra parte, no debe confundirse la denominación del acto administrativo con su naturaleza. Se debe recordar que de acuerdo con el artículo 120 de la LGAP, los efectos de los actos administrativos pueden estar destinados a los administrados, dentro de los cuales se encuentran los acuerdos y las resoluciones; mientras que los internos son actos interadministrativos o interorgánicos, cuyos efectos regulan la relación estatutaria entre el ente y sus funcionarios, siendo en este supuesto que se encuentran enmarcadas las instrucciones como acto administrativo así clasificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico administrativo. Sin embargo queda claro que no es el caso del acto impugnado, cuyos efectos van dirigidos a la colectividad de operadores y proveedores de servicios que atienden y resuelven las reclamaciones de sus usuarios o abonados.

También se debe ponderar que el régimen sancionatorio administrativo dispuesto en el artículo 65 y siguientes de la LGT, clasifica como una infracción muy grave “Incumplir las instrucciones adoptadas por la Sutel en el ejercicio de sus competencias” (Artículo 67 inciso a) sub inciso 7). Régimen que resulta aplicable a los operadores y proveedores de servicios, y que no forma parte del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de este órgano regulador, cuya relación de servicio se rige por lo dispuesto en el artículo 73 inciso ñ) de la Ley de la ARESEP y el Reglamento Autónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus órganos desconcentrados y sus funcionarios (RAS).

Sin embargo, el Consejo de la SUTEL, para el mejor ejercicio de sus potestades de regulación y aplicación del ordenamiento de las telecomunicaciones, dispone la aprobación de acuerdos que resultan de obligatorio acatamiento para la masa de operadores y proveedores de servicios, y que para el caso específico viene a definir -tal y como se mencionó-, un conjunto de estándares y requerimientos de información para una mejor gestión de las reclamaciones que son interpuestas por los usuarios finales.

En adición, los requerimientos de información dispuestos con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la ARESEP, se determinan como una práctica regulatoria que promueve la generación de datos que permitirán adoptar mejores decisiones administrativas dirigidas a tutelar de una manera más eficiente las situaciones que se generen por violaciones a los derechos de los usuarios finales, y el control de cumplimiento de las obligaciones dispuestas para los operadores y proveedores de servicios (Artículo 49 incisos 1), 3) y 4) de la LGT).

Por lo tanto, no se comparte el argumento argüido por el recurrente, en cuanto a la violación al debido proceso en la creación del acto administrativo impugnado, toda vez que el acto impugnado no corresponde a un reglamento sujeto a las disposiciones del artículo 361 y siguientes de la LGAP, como requisito de validez consustancial para la aprobación del acuerdo 010-074-2014, de las 9:45 horas, que define el contenido dispuesto en la resolución RCS-298-2014.

En otro orden de ideas, argumenta el recurrente que la eliminación de las disposiciones que fueron emitidas en la resolución sometida a consulta que determinaban un plazo de 3 meses a partir de la publicación los expondría a la aplicación del régimen sancionatorio administrativo.

Sobre este extremo el acuerdo 034-055-2014, de las 16:00 horas, que sometió a consulta la resolución RCS-234-2014, denominado propuesta de “DISPOSICIONES REGULATORIAS PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN EFECTIVA DE RECLAMACIONES INTERPUESTAS ANTE LOS OPERADORES O PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”, efectivamente establecía en su sección A. OBLIGACIONES PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, el siguiente texto:

“a) Los operadores o proveedores de los servicios de telecomunicaciones, deben implementar en todos sus canales de atención al público y canales comercialización propios o exclusivos del operador, mecanismos de información para que el usuario final conozca su derecho a presentar reclamaciones por violación a los derechos que le asisten las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley N° 8642, así como tener conocimiento del procedimiento y las instancias administrativas ante las que pueden acudir para estos propósitos.

b) Los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, cuentan con un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la presente resolución, para que todas sus agencias de atención al público, centros de telegestión, puntos de venta y demás canales de comercialización propios o exclusivos del operador, tengan la capacidad de recibir y atender las reclamaciones que le sean interpuestas por los usuarios finales o cualquier persona, de conformidad con el artículo 48 de la Ley N° 8642; con lo cual a su vez deben cumplir, con los mecanismos administrativos y técnicos para brindar un código de atención consecutivo para todas las reclamaciones que sean interpuestas de manera verbal o escrita, el cual servirá para verificar la interposición efectiva de la reclamación y dar seguimiento a su estado, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley N° 8642 y el artículo 10 del Reglamento Sobre el Régimen de Protección a los Usuarios Finales.”

En adición, estima el recurrente que la eliminación del contenido dispositivo que determinaba el alcance de la regulación para aquellos establecimientos “propios del operador”, señalado en el texto anterior, es inadecuada, pues dada la cantidad de puntos de venta y comercialización utilizada deviene en una obligación de imposible cumplimiento.

En efecto, esta Unidad Jurídica considera que para generar un proceso de mejora regulatoria eficiente y apegado a los principios de publicidad y trasparencia sobre los cuales fue cimentada la consulta realizada mediante la resolución RCS-234-2014, se deben incorporar dentro del texto de la resolución RCS-298-2014, el plazo máximo de los 3 meses dispuesto en el acuerdo 034-055-2014, de las 16:00 horas que define el contenido propuesto mediante la resolución RCS-234-2014.

Lo anterior, con el objetivo de que los operadores y proveedores de servicios, tengan oportunidad de instaurar de forma progresiva en todos sus locales propios, la capacidad de recibir y atender las reclamaciones que interpongan los usuarios finales.

También se pondera necesario reinsertar el término de “establecimientos propios o exclusivos del operador” dentro del texto resolutivo según se requiere por el recurrente, en aras de brindar una mayor seguridad jurídica al instrumento regulatorio de referencia. Se comprende el argumento esbozado en el sentido de que existen una multiplicidad de establecimientos que no son propiedad de los operadores y proveedores, en los cuales, dada la dinámica y naturaleza de los servicios, se comercializan también sus productos.

También comparte esta Unidad el argumento esgrimido por el impugnante, de que resulta materialmente complejo generar un sistema de atención, control y asignación de los códigos de reclamación en locales que no resulten de su propiedad. Aspecto que eventualmente podría resultar alejado de una razonabilidad y proporcionalidad material y técnica para los regulados sujetos a las disposiciones de la resolución RCS-298-2014.

Por lo tanto se propone modificar el texto de la resolución RCS-298-2014 para que en su sección A. numerales 1, 2, y 3 se lea de la siguiente manera:

A. OBLIGACIONES PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1) Los operadores y proveedores de los servicios de telecomunicaciones, deben implementar en todos sus canales de atención al público y canales comercialización propios o exclusivos del operador, sean presenciales o virtuales, mecanismos de información para que el usuario final conozca su derecho a presentar reclamaciones por violación a los derechos que le asisten las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley N° 8642, así como tener conocimiento del procedimiento y las instancias administrativas ante las que pueden acudir para estos propósitos.

2) Los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, cuentan con un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la presente resolución, para que en todas sus agencias de atención al público, centros de telegestión, puntos de venta y demás canales de comercialización propios o exclusivos del operador, sean virtuales o presenciales, posean la capacidad de recibir y atender de forma gratuita las reclamaciones que le sean interpuestas por los usuarios finales o cualquier persona, de conformidad con el artículo 48 de la Ley N° 8642; con lo cual a su vez deben cumplir, con los mecanismos administrativos y técnicos para brindar un código de atención consecutivo para todas las reclamaciones que sean interpuestas de manera verbal o escrita, el cual servirá para verificar la interposición efectiva de la reclamación y dar seguimiento a su estado, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley N° 8642 y el artículo 10 y 11 del Reglamento Sobre el Régimen de Protección a los Usuarios Finales.

3) Los operadores y proveedores de servicios deberán, dentro del plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la presente resolución, deben en todas sus agencias de atención al público, centros de telegestión, puntos de venta y demás canales de comercialización propios o exclusivos del operador, sean virtuales o presenciales, poner a disposición de los usuarios finales, los documentos físicos o electrónicos, que permitan agilizar y facilitar al usuario final la interposición de reclamaciones. Para estos propósitos, los documentos deberán contener la siguiente información mínima que deberá ser debidamente completada por parte del usuario reclamante:

i. Nombre completo o razón social del reclamante.

ii. Número de identificación físico o jurídico.

iii. Lugar o medio para recibir notificaciones.

iv. Tipo de servicio afectado.

v. Espacio para describir la reclamación interpuesta.

vi. Espacio para describir la pretensión del usuario.

vii. Espacio para la firma del reclamante.

viii. Fecha de interposición de la reclamación.

ix. Cualquier otra adicional que sea considerada como necesaria por el operador para atender la reclamación.

4. Sobre el fondo de la materia reglada:

a. Argumentos del recurrente:

Considera el recurrente que, dada la normativa legal y reglamentaria existente en materia de atención de reclamaciones, la resolución RCS-298-2014 resulta innecesaria, creándose además mediante un instrumento ilegal y carente de competencia, una serie de obligaciones que exceden lo indicado por las normas vigentes.

Arguye el recurrente que la SUTEL se atribuye la competencia de emitir un nuevo reglamento en materia de reclamaciones de los usuarios, en virtud de inconformidades con el servicio recibido. Para estos efectos se refiere a la sección B. numeral 4) de la resolución RCS-298-2014, la cual dispone que la respuesta negativa deberá indicar y demostrar las razones técnicas, administrativas y jurídicas por las cuales el reclamo no resulta viable; la cual considera una obligación irracional en virtud del porcentaje de reclamos que tienen una naturaleza meramente comercial y que por lo tanto a la momento de ofrecer una respuesta al cliente no existen ni razones técnicas ni jurídicas. Finalmente, indica que la SUTEL por medio de la resolución recurrida pretende crear obligaciones más gravosas y que demandan muchos más recursos del operador, lo cual estima es una ampliación de la normativa vigente y rechaza categóricamente.

b. Análisis de fondo:

Sobre la necesidad planteada, deben ponderarse los datos sobre los cuales se fundamenta la decisión que aprueba el acuerdo 010-074-2014 de las 9:45 horas. Este acuerdo aprueba el contenido de la resolución RCS-298-2014, en respuesta al creciente aumento de las reclamaciones que deben ser atendidas en segunda instancia por este Órgano regulador.

En lo que respecta a las competencias ejercidas, éstas derivan de las potestades de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones (Artículo 59 y siguientes de la Ley N° 7593); así como para establecer los estándares mínimos de calidad de los servicios de telecomunicaciones y requerir la información, en las condiciones y periodicidad que se indique, para el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de la SUTEL (Artículos 73 inciso k. 75 inciso a. sub inciso ii), de la Ley 7593), según se expuso supra.

En concordancia, el artículo 17 del Reglamento de prestación y calidad de los servicios dispone que para “efectos de la evaluación de la calidad de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, de acuerdo con lo establecido en el inciso 14) del artículo 45 de la Ley 8642, los operadores y proveedores están en la obligación proporcionar a la SUTEL, los resultados de las mediciones de los parámetros de calidad de servicios (...) en el formato y con la periodicidad que para tal efecto establezca la SUTEL.” Para lo cual la SUTEL “podrá solicitar todo tipo de reportes e información sobre las condiciones de calidad con que se prestan los servicios de telecomunicaciones que deberán ser proporcionados en los plazos que razonablemente sean fijados en cada oportunidad...”

Sobre las motivaciones de carácter técnico, administrativo o jurídico, las cuales deben ser informadas a los usuarios finales de acuerdo con el contenido de la RCS-298-2014, específicamente en su sección A. OBLIGACIONES PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, numeral 4) incisos a. y b.; se deben reiterar las obligaciones legales de los operadores y proveedores definidas en el artículo 49 incisos 1, 3, y 4 de la Ley N° 8642, de prestar los servicios de telecomunicaciones en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo y el ordenamiento jurídico costarricense.

También se sustentan estos requerimientos en los derechos de los usuarios finales de recibir información veraz, expedita y adecuada, recibir servicios de calidad en los términos estipulados y pactados con su operador, así como conocer los indicadores de calidad y rendimiento de sus prestadores de servicios de telecomunicaciones, ya están insertos dentro de la gama de derechos que se han dispuesto para el régimen de protección al usuario final.

En adición, el artículo 47 de la LGT determina la garantía de una eficiente y gratuita atención de las reclamaciones que sean interpuestas por los usuarios finales. Dichas reclamaciones deben resolverse de conformidad con el contenido del artículo 48 de la LGT, siendo inclusive una infracción administrativa según lo dispone el artículo 67 inciso a. sub inciso 4), omitir su resolución dentro del plazo de 10 días naturales dispuestos dentro del texto legal.

Asimismo, el artículo 10 del RPUF dispone la obligación de atender, resolver y brindar una respuesta razonada a las reclamaciones interpuestas por los usuarios finales. Con lo cual la respuesta resolutoria se debe fundamentar adecuadamente, sea de manera positiva cuando se reconoce que lleva razón el usuario final en su argumentos, o en caso negativo, cuando el operador o proveedor de servicios no le otorga la razón, pero que de igual forma con su respuesta razonada, legitima al usuario para que en una segunda instancia en sede administrativa pública, pueda ejercer sus derechos. La información de los extremos técnicos, jurídicos o administrativos que mediaron en la resolución del reclamo, son los razonamientos mínimos que debería de conocer el usuario, respecto al servicio que se le está brindando.

La determinación de una “respuesta razonada” a los usuarios finales, efectivamente se encuentra inserta dentro de una norma reglamentaria ampara dentro de la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (Artículo 6 LAGP); sin embargo esta Unidad no estima que la definición de un estándar de respuesta corresponda a un proceso de creación normativa o al ejercicio de una potestad reglamentaria de la SUTEL, la cual no posee. Pero si corresponde a la SUTEL regular y aplicar el ordenamiento de las telecomunicaciones, y por ende la potestad de establecer estándares de servicio que brinden una mínima calidad de atención y resolución de las reclamaciones de los usuarios finales.

Esto por cuanto, un claro proceso de atención y resolución de las reclamación por parte de los operadores y proveedores de servicio, asegura además el desarrollo de una segunda instancia administrativa, con presencia de un usuario con mayor información y entendimiento de su situación, lo cual a su vez le permitirá ejercer sus derechos de petición y acceso a la justicia administrativa ante éste Órgano regulador del sector telecomunicaciones de una mejor forma.

Por lo tanto, una mayor claridad de las gestiones que se han realizado en la atención y resolución de las reclamaciones de los usuarios finales, promueve una mejor materialización de los principios de eficiencia, celeridad, y buen funcionamiento que orientan el desarrollo de la función administrativa de este Órgano regulador en la resolución de las reclamaciones de los usuarios finales. La SUTEL debe regular y aplicar los mecanismos que permitan cumplir con los objetivos legales que le ha encargado el ordenamiento, y de manera especial los que protegen el régimen especial de derechos de los usuarios finales, como por ejemplo lo dispuesta en el artículo 41 de la LGT, el cual obliga a esta Superintendencia a velar porque los operadores y proveedores cumplan con las disposiciones del Capítulo II que regula el régimen de protección a la intimidad y demás derechos del usuario final.

Por lo tanto, no se comparten los argumentos del recurrente, en cuando a la falta de competencia de la SUTEL, o que estemos frente al ejercicio de una potestad reglamentaria que el ordenamiento no ha brindado a la SUTEL, sino a un acto administrativo que define un conjunto de estándares de servicio e información que deben cumplir los operadores y proveedores, los cuales encuentran fundamento en la normativa legal y reglamentaria a la que se ha hecho anterior referencia.

c. Solicitud de cambio de efecto del recurso planteado:

a. Argumentos del recurrente:

Finalmente solicita el recurrente la suspensión de efectos del acto recurrido, es decir la resolución RCS-298-2014, esto a pesar del contenido dispositivo establecido en el artículo 148 de la LGAP.

b. Análisis de fondo:

En virtud de las argumentaciones expuestas con anterioridad, no se estima procedente otorgar la viabilidad jurídica de la petición, toda vez que se han propuesto la modificación de algunas disposiciones, lo cual amplía el margen de eficacia del instrumento regulatorio recurrido.

B. ALEGATOS INTERPUESTOS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

El recurrente interpone recurso ordinario de reposición contra la resolución RCS-298-2014, invocando los argumentos que de seguido se proceden a analizar:

a. Argumentos del recurrente:

1. Sobre los argumentos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO:

En los argumentos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO el Instituto Costarricense de Electricidad- por sus siglas ICE-, realiza una descripción fáctica atinente al desarrollo de los eventos relacionados con la publicación de la resolución RCS-298-2014. También hace referencia a la consulta realizada mediante la resolución RCS-234-2014, que tenía por objeto someter un primer texto a consulta de los operadores y proveedores de servicios.

Dentro de estos apartados además hace alusión en estos puntos sobre una supuesta reunión sostenida entre los funcionarios del ICE con los miembros del Consejo para valorar el contenido de la resolución sometida a consulta, en la cual se abordó con mayor interés por parte del recurrente la consideración de que los canales de comercialización fueran los propios del operador. Asimismo, se indica que mediante nota 264-896 del 22 de octubre dicho operador remitió múltiples observaciones para ser consideradas por parte de este Órgano regulador, las cuales son reiteradas en el recurso interpuesto.

b. Análisis de fondo:

Sobre los canales de comercialización propios, deviene en un extremo que ha sido analizado dentro del presente recurso y por tal motivo no se estima necesaria una mayor profundidad. Sin embargo reiterar la propuesta de modificación al texto propuesto para que dicho texto sea reintegrado dentro de la resolución RCS-298-2014. La reunión sostenida con los funcionarios de la Sutel es un aspecto que no se considera dentro de los aspectos jurídicos que se analizan, sin embargo se debe indicar que varios de los señalamientos que se realizan han sido considerados dentro del análisis esbozado dentro del presente informe.

En cuanto a las observaciones que fueron remitidas por los operadores y proveedores consultados, estas fueron analizadas y sometidas a conocimiento del Consejo de este órgano regulador, por parte de la Dirección General de Calidad de la Sutel mediante oficio 0812-SUTEL-2014. En el referido análisis se valoran cada una de las consideraciones que son reiteradas por parte del ICE.

2. Sobre el argumento QUINTO:

a. Argumentos del recurrente:

En el punto QUINTO se hace referencia específica a la ausencia del plazo de 3 meses que se había establecido en la resolución inicial sometida a consulta RCS-234-2014.

b. Análisis de fondo:

Este argumento también fue valorado con anterioridad y se recomendó por parte de esta Unidad, su reinserción dentro del texto de la resolución RCS-298-2014, específicamente dentro de la modificación propuesta a la sección A. numerales 1, 2, y 3 de la parte resolutiva.

2. Sobre el argumento SEXTO:

a. Argumentos del recurrente:

En el punto SEXTO señala la eliminación del texto que determinaba la frase de “propios del operador”, con lo cual se impone una obligación a todos los puntos de venta o comercialización que utilizan los operadores, aún en los puntos que se utilizan para efectuar recargas, lo cual genera una imposibilidad material para cumplir con las referidas instrucciones regulatorias. Adiciona la posibilidad que tiene el ICE por diversos mecanismos de atender las reclamaciones que son interpuestas por los usuarios desde cualquier lugar en el momento que lo desee.

b. Análisis de fondo:

Este argumento fue valorado con anterioridad y se recomendó por parte de esta Unidad, su reinserción dentro del texto de la resolución RCS-298-2014, dentro de la modificación propuesta a la sección A. numerales 1, 2, y 3.

3. Sobre el argumento SÉTIMO:

a. Argumentos del recurrente:

En el punto SETIMO indica que imponer a los operadores que deben recibir y tramitar reclamaos en todos los puntos de comercialización inclusive los que no son propios, atenta contra las disposiciones del artículo 48 de la Ley N° 8642 y el articulo 10 del RPUF, y por ende contra el Principio de Legalidad.

b. Análisis de fondo:

4. Sobre el argumento OCTAVO:

a. Argumentos del recurrente:

En el punto OCTAVO se indican los considerandos 37, 41.d) x y el resuelve B.3. Argumentando el recurrente que entre estos existen tres redacciones diferentes que tienden a generar confusión. Se argumenta que si bien la carga de la prueba corresponde al operador o proveedor, el reclamante al interponer el reclamo aporta documentos que prueban la atención y resolución del reclamo por parte del operador, de tal forma, que si el operador o proveedor no aporta pruebas, las aportadas por el reclamante deben ser valoradas al encontrarse incorporadas en el expediente administrativo. En este sentido se indica que debe revocarse el resuelve B.3) de la resolución RCS-298-2014, en aras de no dejarlo a interpretaciones particulares, a la luz del contenido dispuesto en el artículo 10 del RPUF.

b. Análisis de fondo:

Al respecto establecen los considerandos 37 y 41 señalados por el recurrente:

“37. Que es imprescindible para la eficacia de este sistema que el operador remita el expediente de la reclamación. El operador debe cumplir con sus obligaciones en cuanto a la gestión del reclamo, de forma tal que, la SUTEL pueda resolver con vista en el expediente remitido (que al efecto debió abrir y llevar el operador) dentro del corto plazo de 15 días hábiles -que dispone la normativa legal aplicable- a partir del recibo de dicho expediente. Si por el contrario, el operador aun conociendo que tiene la carga de la prueba no brinda una respuesta motivada, esto es aportando la prueba pertinente durante la atención de la respectiva reclamación, o aplaza la atención del reclamo, la SUTEL no está obligada a solicitar otro tipo de prueba; y procederá a resolver con fundamento en los elementos que tenga conocimiento, por cuanto la carga de la prueba le corresponde a los operadores.

41. Que en consecuencia, a partir de la normativa legal y reglamentaria, anteriormente citada, los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de usuarios finales, prestación y calidad de los servicios y gestión de reclamaciones, las cuales deben ser supervisadas y fiscalizadas por éste órgano regulador en cumplimiento de:

d. Las disposiciones atinentes a la gestión propiamente dicha y el procedimiento de doble vía de la reclamación, establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento sobre el régimen de protección de los usuarios finales):”

Sobre estas motivaciones, reiterar que un proceso de primera instancia más claro y que gestione una mejor información por parte de los operadores y proveedores, promueve de forma colateral que los usuarios estén mejor informados respecto de los extremos sobre los cuales fue resuelta su reclamación.

Adicionalmente, un expediente de primera instancia completo y ordenado, abre la senda para que la SUTEL en sede administrativa cuente con una herramienta idónea para el mejor cumplimiento de sus objetivos, lo cual para el caso concreto conlleva una mejor tutela administrativa del régimen especial de derechos de los usuarios finales, y la promoción de una justifica administrativa más ágil y eficiente.

Por otra parte, la resolución RCS-298-2014 determina en su sección B. numeral 3) el siguiente contenido:

B. SOBRE LAS RECLAMACIONES TRAMITADAS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA SUTEL

3) Para cada caso particular, la carga de la prueba corresponde al operador y proveedor de servicios de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 48 de la Ley N° 8642. La no presentación de la prueba dentro del expediente remitido a la SUTEL por el operador/proveedor correspondiente, hará presumir la veracidad de los alegatos de la reclamación respectiva. Será facultad de la SUTEL realizar las pruebas que considere necesarias.”

Sobre la carga de la prueba esta Superintendencia ha manifestado en múltiples resoluciones que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 y los numerales 10 y 11 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, que “en los casos de reclamaciones presentadas por los usuarios finales ante la SUTEL, al operador o proveedor le corresponde la carga de la prueba”.

Con fundamento en estas disposiciones legales y reglamentarias, recae jurídicamente en los operadores y proveedores de servicios la responsabilidad primordial de aportar todos aquellos elementos de prueba relacionados con las particularidades con el fin de demostrar o refutar de forma fehaciente los hechos expuestos por el usuario dentro de su reclamación.

La ordenación en primera instancia de todos estos elementos informativos y probatorios que no sólo deben denotar una atención y resolución eficiente, sino también una respuesta razonada por parte del operador. Este elemento según se ha resaltado contribuye paralelamente a una mejor justicia administrativa de segunda instancia.

El “onus probandi” (o carga de la prueba) es una expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho. Por ello, cuando se habla normativamente de carga de la prueba, se está frente a una obligación procesal que impone el deber de demostrar alguna cosa, es decir, quien tiene la carga de la prueba es quien ha de demostrar algún hecho. En el marco de proceso civil, penal o administrativo, quien tiene la carga de la prueba es quien ha de probar los hechos que son objeto de discusión.

En este particular se debe recalcar que la prueba brinda los elementos de juicio y convicción necesarios para demostrar la exactitud de los hechos que sirven de base al acto final del procedimiento administrativo. En algunos casos, como en los procedimientos de reclamaciones interpuestas por los usuarios finales, se da la inversión de la carga de la prueba, esto ocurre en los casos de presunciones legales “iuris tantum”, o sea en aquellos casos en que la Ley presume ciertos hechos, y quien pretenda negarlas debe probarlo.

Sin embargo, a pesar de que dentro del régimen de protección al usuario final, existe una presunción de verdad de lo afirmado por el usuario y la redistribución o inversión de la carga de la prueba, la cual se encuentra justificada en razón de que el usuario final está en una situación desventajosa frente a su operador; lo cierto es que el artículo 48 en su párrafo tercero remite la tramitación, investigación y resolución de la reclamación conforme a los procedimientos establecidos dentro de la LGAP.

Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del procedimiento que se decida seguir por parte de este Órgano regulador, es decir el ordinario o sumario, lo cierto es que en ambos se deben valorar los elementos probatorios que sirvan de sustento al acto final, el cual además debe brindar un sustento razonado que finalmente termina imponiendo una serie de extremos decisorios sobre la gestión que ha interpuesto el usuario, sin perjuicio de las actuaciones oficiosas que se puedan desarrollar.

En virtud de la anterior consideración, se pondera en primera instancia que adoptar un acto final de manera directa, sin pasar por el tamiz de una valoración que inclusive pudiera, dentro del ejercicio de las potestades de instrucción del órgano director, proceder a decidir con motivo de elementos probatorios ausentes dentro del expediente administrativo, pudiera atentar contra el principio de verdad real de los hechos investigados, dispuesto en el artículo 214 de la referida LGAP.

Es decir, si bien el ordenamiento legal ha dispuesto una carga probatoria mayor para los operadores y proveedores, como parte del cumplimiento de sus obligaciones en la atención y resolución de las reclamaciones interpuestas por sus usuarios finales, lo cierto es que también deviene en una obligación del órgano director que realiza la recomendación para el dictado del acto final, de verificar los hechos que sirven de motivo en la forma más fiel y completa posible, para lo cual puede adoptar, al tenor del contenido dispuesto en el artículo 221 de la LGAP “todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aun contra la voluntad de estas últimas”.

Por tales razones se considera innecesario el contenido dispuesto en la sección B. numeral 3) de la resolución RCS-298-2014 que dispone que “La no presentación de la prueba dentro del expediente remitido a la SUTEL por el operador/proveedor correspondiente, hará presumir la veracidad de los alegatos de la reclamación respectiva. Será facultad de la SUTEL realizar las pruebas que considere necesarias.”

Lo anterior por cuanto, durante la fase de instrucción de un procedimiento administrativo, el órgano director deberá realizar todas aquellas acciones que resulten necesarias para motivar adecamente el acto final que resuelva la reclamación en trámite; y por lo tanto no se puede promover el dictado de un acto final desfavorable para el operador o proveedor del servicio en automático, derivado de la ausencia de elementos probatorios aportados por el operador dentro del expediente administrativo. Es decir, toda reclamación debe ser analizada con base en la totalidad de prueba y documentación que consten en el expediente administrativo.

Es precisamente la evitación de toda esta maraña administrativa que atenta contra una resolución efectiva de las reclamaciones de los usuarios, la que justifica la instauración de la resolución RCS-298- 2014, que promueve una mayor ordenación, celeridad y eficiencia en la atención y resolución de las reclamaciones de los usuarios finales. Por tal motivo, con fundamento en los argumentos expuestos, se propone modificar el texto de la referida resolución en su sección B. numeral 3) para que se lea de la siguiente forma:

B. SOBRE LAS RECLAMACIONES TRAMITADAS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA SUTEL

3) Para cada caso particular, la carga de la prueba corresponde al operador y proveedor de servicios de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 48 de la Ley N° 8642.”

5. Sobre el argumento NOVENO:

a. Argumentos del recurrente:

En el punto NOVENO nuevamente se hace señalamiento del resuelve B.3) de la resolución RCS-298- 2014, indicando que si bien el artículo 10 del RPUF brinda la potestad a la SUTEL de que realizar sus propias pruebas técnicas, la Ley N° 8642 que es de jerarquía normativa superior, obliga en su artículo 48 a tramitar, investigar y resolver la reclamación pertinente, de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley N° 6227, y específicamente los artículos 214 y 221 de este cuerpo legal que aluden al principio fundamental de la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de base al acto final, así como la adopción de todas las medidas probatorias necesarias para tales efectos.

Aduce el recurrente que la Ley impone la adopción de todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, de tal forma que en caso de duda se puede o debe solicitar o realizar sus propias pruebas. Por lo tanto se señala que por aplicación del Principio de Legalidad, el Órgano Director no puede presumir en ningún momento como cierto un hecho, sino que se apoya en un elemento probatorio que ha sido incorporado al expediente conforme a la ley, y de conocimiento previo de las partes.

b. Análisis de fondo:

Considera esta Unidad que la respuesta anterior abarca el contenido de la presente argumentación, y por tanto se estima que fue ya valorada. Sobre estos extremos se recomienda la modificación del texto dispuesto en la sección B. numeral 3) de la resolución RCS-298-2014.

6. Sobre el argumento DÉCIMO:

a. Argumentos del recurrente:

En el punto DÉCIMO arguye el recurrente que el plazo de 3 meses otorgado a los operadores y proveedores para la implementación en todas sus agencias de atención al público, centros de telegestión, puntos de venta y demás canales de comercialización propios de operador fue eliminado, y considera necesario su incorporación con el fin de realizar las mejoras en los procedimientos, aplicaciones y sistemas propios, y cumplir a cabalidad con las disposiciones emitidas mediante la resolución RCS-298-2014.

Como “Corolario del Tema” indica que las obligaciones que se imponen al eliminar la frase “propios del operador”, genera una imposibilidad material para cumplir los plazos y la asignación en tiempo del código de atención o consecutivo, acarreando costos adicionales a los operadores y proveedores, al tener que implementar un conjunto de medios y métodos para cubrir todo el territorio nacional, sin poder tener control de los puntos de comercialización que no son propios, pero que si comprometen de forma inmediata al operador y proveedor, no garantizando que el reclamo llegue al prestador de servicio. Finalmente aduce que el plazo máximo de tres meses para implementar las medidas regulatorias, es necesario y se hace poco, para que los operadores y proveedores puedan implementar las mejoras necesarias para el cumplimiento de las instrucciones regulatorias.

c. Análisis de fondo:

7º—Que por lo tanto, de conformidad con los Resultandos y los Considerandos que preceden, lo procedente es acoger parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) y CLARO CR TELECOMUNICACIONES S. A., contra la resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones RCS-298-2014, tal y como se dispone. Por tanto

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y su Reglamento; Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ley 7593; Ley General de la Administración Pública, ley 6227.

EL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA

DE TELECOMUNICACIONES, RESUELVE:

1º—Acoger parcialmente los recursos de reposición interpuestos por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) y la empresa CLARO CR TELECOMUNICACIONES S. A. contra la resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones RCS-298-2014, denominada “Instrucciones regulatorias para la atención y resolución efectiva de reclamaciones interpuestas ante los operadores o proveedores de los servicios de telecomunicaciones” publicada en La Gaceta N° 13 de fecha 20 de enero de 2015.

2º—Modificar la resolución RCS-298-2014 en su Por Tanto A. numerales 1, 2, y 3, para que se lea de la siguiente manera:

A. OBLIGACIONES PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

1) Los operadores y proveedores de los servicios de telecomunicaciones, deben implementar en todos sus canales de atención al público y canales de comercialización propios o exclusivos del operador, sean presenciales o virtuales, mecanismos de información para que el usuario final conozca su derecho a presentar reclamaciones por violación a los derechos que le asisten las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley N° 8642, así como tener conocimiento del procedimiento y las instancias administrativas ante las que pueden acudir para estos propósitos.

3) Los operadores y proveedores de servicios, dentro del plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la presente resolución, deben en todas sus agencias de atención al público, centros de telegestión, puntos de venta y demás canales de comercialización propios o exclusivos del operador, sean virtuales o presenciales, poner a disposición de los usuarios finales, los documentos físicos o electrónicos, que permitan agilizar y facilitar al usuario final la interposición de reclamaciones. Para estos propósitos, los documentos deberán contener la siguiente información mínima que deberá ser debidamente completada por parte del usuario reclamante:

i. Nombre completo o razón social del reclamante.

ii. Número de identificación físico o jurídico.

iii. Lugar o medio para recibir notificaciones.

iv. Tipo de servicio afectado.

v. Espacio para describir la reclamación interpuesta.

vi. Espacio para describir la pretensión del usuario.

vii. Espacio para la firma del reclamante.

viii. Fecha de interposición de la reclamación.

ix. Cualquier otra adicional que sea considerada como necesaria por el operador para atender la reclamación.

B. Modificar en el texto de la resolución RCS-298-2014 en su Por Tanto B. numeral 3) para que se lea de la siguiente manera:

“3) Para cada caso particular, la carga de la prueba corresponde al operador y proveedor de servicios de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 48 de la Ley N° 8642.”

C. Publicar la presente resolución en el diario oficial La Gaceta.

Notifíquese y publíquese.

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Luis Alberto Cascante Alvarado, Secretario del Consejo.—1 vez.—O. C. N° OC.1663-15.—Solicitud N° 29827.—(IN2015020437).

AVISOS

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO

EDUCATIVO LAS MERCEDES

Se hace conocimiento que la Junta de Educación del Centro Educativo Las Mercedes, cédula jurídica N° 3-008-092055, ha solicitado a la Procuraduría General de la República, la inscripción registral del bien inmueble no inscrito, ubicado en la provincia de Limón, Pococí, La Rita, terreno donde se localiza el Centro Educativo Las Mercedes, el cual colinda: al norte, con Antonio Pérez Nájera y Yesenia Quirós Blanco; al sur, la Iglesia Católica; al este, calle pública; oeste, calle pública. Plano catastrado N° L1725941, área 3042m². Dicha inscripción se realiza en artículo 27 de la Ley N° 5060, Ley General de Caminos Públicos. La Junta de Educación ha mantenido la posesión de dicho inmueble por más de diez años en forma quieta y pública sin interrupción de buena fe y a título de dueño, quien se crea con derecho con el inmueble que se pretende inscribir, deberá hacerlo saber en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente edicto en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública o bien a la Procuraduría General de la República, Notaría del Estado en el cual se están realizando las presentes diligencias.

San José, 6 de marzo del 2015.—Octavio Vega Rodríguez.— 1 vez.—(IN2015017779).

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE DOTA

Acuerdo estipulado en el artículo IV, de la sesión ordinaria N° 237, celebrada el día 27 de enero del 2015, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice:

ACUERDO, ARTÍCULO IV:

“El Concejo Municipal del cantón de Dota, por unanimidad, acuerda aprobar las variaciones de incremento en los precios de las nuevas tarifas del acueducto administrado por esta Municipalidad. Las tarifas son las siguientes:

Bloques	Dom.	Ord.	Repr.	Pref.	Gob.
Serv. fijo	5.150,00	10.300,00	15.450,00	5.150,00	7.725,00
Serv. medido	2.400,00	4.800,00	7.200,00	2.400,00	3.600,00
Base 15m³
16-25m³	275,00	319,00	591,25	357,50	357,50
26-40m³	412,50	495,00	591,25	357,50	357,50
41-60m³	412,50	495,00	591,25	357,50	357,50
61-80m³	618,75	825,00	591,25	357,50	357,50
81-100m³	618,75	825,00	591,25	866,25	866,25
101-120m³	907,50	1.003,75	591,25	866,25	866,25
Más de 120m³	907,50	1.003,75	591,25	866,25	866,25

El costo por nueva conexión del servicio medido, es de ochenta mil colones (¢80.000) y el costo por reconexión del servicio medido, es de diez mil colones (¢10.000).

Las presentes tarifas se publican en el Diario Oficial La Gaceta por treinta días naturales, una vez cumplido ese plazo, entrará a regir el cobro respectivo. Acuerdo definitivamente aprobado”.

Dota, 28 de enero del 2015.—J. Arturo Vargas Ríos, Secretario Municipal.—1 vez.—(IN2015017586).

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón Central de Cartago comunica que, mediante el artículo N° 30 de la sesión ordinaria N° 364-15, del día 9 de marzo del 2015, se aprobó con dispensa de trámite de comisión y como acuerdo definitivamente aprobado, el traslado de la sesión ordinaria correspondiente al martes 31 de marzo del año en curso, mismo comprendido en la Semana Mayor, para el día viernes 27 de marzo del 2015, a las 06:00 p. m., en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Cartago.

Guisella Zúñiga Hernández, Coordinadora del Concejo Municipal y Secretaria.—1 vez.—(IN2015017601).

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO

Se le comunica al público en general, literalmente el artículo 24, acuerdo N° 3834-2015, tomado en la sesión N° 397-2015, celebrada por el Concejo Municipal el día 16 de febrero del 2015.

Artículo 24: Acuerdo N° 3834-2015: Moción presentada por el Regidor Rigoberto Méndez Fernández, apoyada por las Regidoras Maribel Calvo Ramírez, Sonia Aguilar Monge y Martínez Pérez.

Considerando que:

Actualmente, las sesiones municipales del Concejo Municipal están programadas para las 17:30 horas p. m. y que la mayoría de regidores tienen horarios de trabajo de 08:00 a 04.00 p. m. y de 09:00 a 05:00 p. m., manifiestan muchos problemas para llegar a sesión (por las presas en carreteras) y otros problemas como permisos de las jefaturas de las diferentes instituciones pública y privadas. Por tanto,

Mociono para que: Este Concejo Municipal acuerde modificar el horario de las sesiones del Concejo Municipal de 17:30 horas p. m. a 18:00 horas p. m., para que las y los regidores (as) puedan llegar a tiempo a dichas sesiones del Concejo Municipal de Oreamuno, según el artículo 35 del Código Municipal, publicar en La Gaceta por parte de la Administración Municipal.

Se aclare que son todas las sesiones del Concejo Municipal, sesiones ordinarias y extraordinarias.

Con dispensa del trámite de Comisión, se declare definitivamente aprobada y en firme. Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal.

San Rafael de Oreamuno, 19 de febrero del 2015.—Lic. José Rafael Huertas Guillén, Alcalde Municipal.—1 vez.—(IN2015016387).

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la sesión ordinaria N° 13-2015, artículo 22, celebrada el tres de marzo del dos mil quince, que literalmente dice:

Objetivo: Adquirir por parte de la Municipalidad de Belén por los medios establecidos en la Normativa Vigente la Finca inscrita en el Folio Real 4104135-000 con un destino para la ampliación del polideportivo y la instalación de un Centro Cívico para el cantón de Belén.

Descripción de la finca: La finca de interés se encuentra inscrita en el Folio Real 4104135-000, plano de catastro H-858813-2003 con un área de 10646.67 m², propiedad de la sociedad Fondo de Inversión Popular Inmobiliario (FINPO Inmobiliario), cédula jurídica 3-110-417302.

Colindancias: al norte, Línea Férrea a Puntarenas; al sur, calle pública a Escobal e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; al este, calle pública a Potrerillos; y al oeste, Municipalidad de Belén e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Otras limitaciones y restricciones: En la esquina suroeste de la finca 104135 se localiza en colindancia un pozo de abastecimiento público del (AYA), que según la normativa vigente se debe respetar un radio de protección de 40 metros según el artículo 8 de la Ley de Aguas.

Disponibilidad de recursos: En el presupuesto ordinario N° 01-2015, se contempla en la Meta 304-04 y en el Código Presupuestario Subpartida 03-07-01-09-02-01-02 un monto de ¢105.630.115,00 (ciento cinco millones seiscientos treinta mil ciento quince colones) por concepto de Fondo para la adquisición de terreno contiguo al Polideportivo de Belén.

Recursos a comprometer: De acuerdo a la oferta del propietario Fondo de Inversión Popular Inmobiliario (FINPO Inmobiliario), cédula jurídica 3-110-417302, según oficio sin número de fecha 15 de mayo de 2014 que fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 47-2014, artículo 22 en fecha 19 de agosto de 2014, se requiere un compromiso financiero de la Municipalidad para los próximos presupuestos municipales.

Se acuerda por unanimidad: Declarar de Interés público por parte del Concejo Municipal, la Finca inscrita en el Folio Real 4104135-000, plano de catastro H-858813-2003, propiedad de la sociedad Fondo de Inversión Popular Inmobiliario (FINPO Inmobiliario), cédula jurídica 3-110-417302.

16 de marzo del 2015.—Área Administrativa Financiera.—Jorge González González, Director.—1 vez.—O. C. N° 030505.—Solicitud N° 29320.—(IN2015018775).

La Municipalidad de Belén, comunica al propietario de la siguiente finca que se encuentra ubicada en el cantón de Belén, que acogiéndose en los artículos 75, 76, 76 bis y 76 ter, del Código Municipal, atentamente les solicitamos proceder a limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones y como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición; garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las vías y propiedades públicas o a terceros en relación con ellas.

Rodrigo Córdova Cal cédula residencia 107600007524

De no atender estas disposiciones en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación procederemos de conformidad con las facultades que nos conceden los artículos citados, efectuando los trabajos correspondientes con el respectivo cobro y las multas e intereses que proceden. Una vez transcurrido estos cinco (5) días y de conformidad con el artículo 5º del Reglamento para el cobro de tarifas por servicios brindados por omisión de los propietarios de Bienes Inmuebles, se le informa que la Municipalidad procederá en un plazo mínimo de 24 horas a realizar el servicio u obra requerido mediante contratación, cuyo costo efectivo de la corta del zacate, de acuerdo al presupuesto establecido equivale a un monto de: ¢40.530,00 Rodrigo Córdova Cal, finca 90946.

17 de marzo de 2015.—Área de Servicios Públicos.—Ing. Dennis Mena Muñoz, Director.—1 vez.—O. C. N° 030685.—Solicitud N° 29315.—(IN2015018780).

AVISOS

CONVOCATORIAS

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS

ECONÓMICAS DE COSTA RICA

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, comunica que mediante acuerdo seis de la Sesión Extraordinaria N° 2541-2015 celebrada el lunes 23 de marzo del 2015, acordó convocar a asamblea general extraordinaria Nº 098-2015, como se indica a continuación:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 098-2015

VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015

AGENDA:

1. Apertura en primera convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria Nº 098-2015 a celebrarse en la Sede del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, el viernes 24 de abril de 2015, a las 17:30 horas.

Si no se diera el cuórum requerido se iniciará la Asamblea General Extraordinaria, en segunda convocatoria, al ser las 18:00 horas, en el mismo lugar y con el número de miembros presentes, de acuerdo con los artículos 26, 27, 28 y 35 inciso a) de la Ley 7105 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica y con los artículos 32 y 36 del Reglamento de dicha Ley.

2. Oficio TH-002-2015, suscrito por la Licenciada Sara Aragón Jara, Presidenta del Tribunal de Honor, sobre denuncia interpuesta por el Licenciado Gerardo Gutiérrez Villafuerte en contra del Máster Santiago Badilla Porras, Máster Wendy Vargas Méndez, Bachiller Cinthia Leandro Mora, Licenciado Javier Vega Zúñiga, Licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano, Licenciado Fernando González Ledezma, Máster Katherine Víquez Ledezma y Máster Mario Cascante Arguedas.

3. Oficio TH-013-2014, suscrito por la Licenciada Sara Aragón Jara, Presidenta del Tribunal de Honor, sobre denuncia interpuesta por el Licenciado Gerardo Gutiérrez Villafuerte en contra del Licenciado Javier Vega Zúñiga y Máster Mario Cascante Arguedas.

4. Oficio TH-024-2015, suscrito por la Licenciada Sara Aragón Jara, Presidenta del Tribunal de Honor, sobre la solicitud de investigación del Licenciado Fernando González Ledezma, Máster Wendy Vargas Méndez, Bachiller Cinthia Leandro Mora, Licenciado Javier Vega Zúñiga, Licenciado Juan Carlos Sebiani Serrano, por lo actuado por el Licenciado Gerardo Gutiérrez Villafuerte.

5. Informe del Fiscal sobre actuación del Presidente en modificación de contenido de acta de la Sesión Ordinaria 2488-2014, celebrada el lunes 30 de junio de 2014 de la Junta Directiva.

6. Denuncia del Licenciado Gerardo Gutiérrez Villafuerte sobre actuaciones realizadas por el señor Fiscal Licenciado Javier Vega Zúñiga referente a publicación del lunes 23 de marzo de 2015 en el periódico La Nación en relación con el caso de los nombramientos del Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco de Costa Rica.

Se recuerda que de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de la Ley 7105, las Asambleas Generales del Colegio son exclusivas para sus Colegiados.

Lic. Gerardo Gutiérrez Villafuerte, Presidente, Junta Directiva.—Bach. Cynthia Leandro Mora, Secretaria Junta Directiva.—MBA. Zoila Víquez Ramírez, Directora Ejecutiva a. í.—(IN2015020547). 2 v. 1.

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA

La junta de gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica comunica, en la sesión ordinaria 2015-03-18 celebrada el pasado 18 de marzo de 2015, se acordó convocar a asamblea general extraordinaria el día martes 21 de abril del 2015 a partir de las 7:00 p. m., en el Auditorio Principal Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de este Colegio Profesional ubicado en Sabana Sur, Avenida de Los Médicos, 50 metros este del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En caso de no existir el quórum correspondiente de acuerdo a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, se convoca para el martes 28 de abril de 2015 en segunda convocatoria a las 7:00 p. m., en el Auditorio de la Fiscalía “Dr. Alfonso Acosta Guzmán”, con el fin de conocer y resolver el punto único de agenda:

1. Revisión del punto número uno sobre el proyecto de construcción de la torre de parqueo, aprobado en la asamblea general extraordinaria 2015-03-11, celebrada el pasado 11 de marzo del 2015.

2. Revisión del punto número dos sobre la compra de un lote para fines recreativos, aprobado en la asamblea general extraordinaria 2015-03-11, celebrada el pasado 11 de marzo del 2015.

Dr. Alexis Castillo Gutiérrez, Presidente.—1 vez.—(IN2015020333).

KIMBERLY CLARK COSTA RICA LTDA.

Convocatoria de asamblea general de cuotistas de Kimberly Clark Costa Rica, Ltda., con cédula de persona jurídica N° 3-102-008795, que se celebrará en la ciudad de Heredia, Belén, de la Iglesia de San Antonio de Belén, un kilómetro al este, doscientos metros sur, a las 17:00 horas del día 28 de abril del año 2015. El orden del día será el siguiente: i) Verificación del quórum, ii) Reformar la cláusula segunda del domicilio social y cláusula sexta de la administración del pacto constitutivo, iii) Nombramiento del señor Mario René Martínez como Subgerente Ocho, y del señor Ricardo Ramos Yoshino como Subgerente Nueve, iv) Conocer mociones que sometan los señores cuotistas, v) Aprobación del acta y de los acuerdos tomados, vi) Autorización de levantamiento de la minuta correspondiente y comisión del notario público para su protocolización.—San José, 24 de marzo del 2015.—Eduardo Sosto López, Subgerente Uno.—1 vez.—(IN2015020395).

COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA

El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica convoca a asamblea general extraordinaria N° 138-2015, que se celebrará el miércoles 15 de abril de 2015, la cual dará inicio en primera convocatoria a partir de las dieciocho horas, de no haber quórum a la hora indicada, se celebrará una hora después con los miembros presentes, de conformidad con el artículo N° 10 de la Ley 1269 y 9 del Reglamento respectivo. La asamblea se llevará a cabo en el Auditorio San Mateo, en la sede Central del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Calle Fallas de Desamparados, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Palabras del Presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Máster José Antonio Corrales Chacón.

4. Recurso de apelación de la señora Mónica Taylor Hernández.

a. Relación de hechos

b. Exposición de la Recurrente

c. Resolución de la Asamblea

5. Cierre de la Asamblea por parte de los miembros de la Junta Directiva.

NOTAS:

A. De conformidad con el artículo 10 de nuestra Ley Orgánica y sus reformas, sólo se conocerán los asuntos para los cuales fueron convocadas las Asambleas.

B. Conforme lo establece el Reglamento de Asambleas en su artículo N° 6, sólo se permitirá la participación en las Asambleas a aquellos Contadores Privados incorporados que se encuentren al día en el pago de las cuotas de colegiatura al mes de febrero 2015.

C. Los Colegiados que deseen integrarse a las Asambleas encontrándose en estado de morosidad, podrán hacerlo previo pago de sus cuotas atrasadas en la caja auxiliar de Tesorería que para tal efecto se ubicará en nuestra sede.

D. Además del recibo cancelado de acuerdo con el literal C), deberán presentar su carné de Colegiado o cédula de identidad, a efecto de otorgarles el derecho de voz y voto.

E. Para la permanencia en el recinto de la Asamblea, una vez iniciada ésta, se aplicará para todos los presentes el artículo 7° del Reglamento de Asambleas.

San José, 24 de marzo del 2015.—CPI. José Antonio Corrales Chacón, Presidente.—CPI. Edwin Antonio Fallas Hidalgo, Primer Secretario.—1 vez.—(IN2015020478).

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

CONDOMINIO HORIZONTAL

RESIDENCIAL VILLA SOPHIA

Yo, Inés Zamora Campos, hago constar que el día de hoy me encuentro realizando los trámites para reponer todos los libros legales del Condominio Horizontal Residencial Villa Sophia, cédula 3-109-348046. Lo anterior en razón de su extravió. Es Todo.—San José, 9 de marzo del 2015.—Inés Zamora Campos, Administradora.—(IN2015016390).

Para los efectos del artículo 479 del Código de Comercio, Instituto Interamericano de Idiomas, Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y tres, sociedad con domicilio en San José, Barrio Escalante, calle treinta y tres, avenidas uno y tres, casa número ciento cincuenta y cinco, (“Vendedor”), anuncian la venta de sus establecimientos mercantiles a Patterns Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete, sociedad con domicilio social en la ciudad de San José, El Carmen, Barrio Escalante, calle treinta y tres, avenidas uno y tres, número ciento cincuenta y cinco, venta mediante la cual el vendedor venden al comprador los institutos de idiomas: Instituto Interamericano de Idiomas, INTENSA, e INTENSA Kids. Se confiere a los acreedores o interesados un término de quince días hábiles a partir de esta publicación para que se apersonen en defensa de sus intereses enviando nota por escrito dirigida a la Licda. Ana Graciela Alvarenga Jiménez, en la ciudad de San José, San Pedro Montes de Oca, del Higuerón, cuatrocientos metros al sur, o en el e-mail ana.alvarenga@ymail.com—San José, 15 de enero del 2015.—Licda. Ana Graciela Alvarenga Jiménez, Notaria.—Solicitud N° 28687.—(IN2015018171).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Las sociedades Grupo de Propiedades de Andrés Limitada, cédula jurídica 3-102-455922 y Hotel Laguna Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-544686, han llevado a cabo una venta de establecimiento mercantil denominado Hotel Laguna Mar, localizado en Nandayure, Guanacaste. Con base en el artículo 479 del Código de Comercio, se cita y emplaza a sus eventuales acreedores e interesados legitimados para que en el plazo de quince días hábiles a partir de la primera publicación de este aviso se apersonen a las oficinas del fiduciario designado, ATA Trust Company S. A., cédula jurídica 3-101-387856, localizada en San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, del final de avenida 10, 25 metros al norte y 100 metros al este, edificio esquinero de dos plantas con ladrillos André Tinoco.—San José, 6 de marzo de 2015.—Arnoldo André Tinoco, Representante Legal.—Solicitud N° 28862.—(IN2015016412).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Yo, Idalie Hidalgo Mora, cédula de identidad N° 103330930, pensionada, vecina de San José, Guadalupe, Goicoechea, solicitante del certificado de depósito a plazo emitido por el Banco Nacional de Costa Rica, oficina de San José, que se detalla a continuación: Certificado de depósito a plazo N° 2080018717, monto: $13.000,00, emitido en San José, el 22 de agosto de 1997, vencimiento 24 de noviembre de 1997, título emitido a la orden de Odilie Hidalgo Mora, a una tasa de interés del 5.8100 por ciento anual, solicito reposición de este documento por causa de extravío. Se publica este anuncio por tres veces consecutivas para oír reclamos de terceros por el término de quince días.—Hidalié Hidalgo Mora, Solicitante.—(IN2015017678).

Yo, Andrés Lanza Méndez, mayor, soltero, abogado, vecino de Santa Cruz, Guanacaste, con cédula de identidad N° 8-0109-0789, carnet de abogado N° 21255, me encuentro realizando tramite de reposición de Título de Abogado, ante el Colegio de Abogados, por cambio de nombre, ya que antes solía ser conocido como Andrés Lanza, con un único apellido en razón de mi anterior nacionalidad Argentina, con cédula de residencia N° 103200060824, lo cual cambió debido a que recientemente adquirí la nacionalidad costarricense por naturalización.—San José, 11 de marzo del 2015.—Andrés Lanza Méndez.—(IN2015017723).

PUBLICACIÓN DE unA VEZ

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

LA RAMBLA DE LAS FLORES

Condominio Horizontal Residencial la Rambla de las Flores, cédula jurídica N° 3-109-421784, solicita ante el Departamento de Propiedad en Condominio del Registro Nacional, la reposición por extravío de los libros: Actas de Asamblea, Caja y Junta Directiva. Se cita a los interesados a manifestar oposiciones a dicho Departamento en los ocho días siguientes a la publicación en La Gaceta.—Licda. Paola Castro Montealegre, Notaria.—1 vez.—(IN2015017590).

HOTELERA PLAYA FLAMINGO S. A.

Barry M. Watkins, certificado de acciones N° 1948 y de libre alojamiento N° 1948. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 690, 691, 692, 708, 709 del Código de Comercio. Se avisa que se procederá a reponer la acción aludida, si transcurrido un mes a partir de la publicación del último aviso no se hubiera presentado oposición al respecto.—San José, 3 de marzo del 2015.—Arturo Salazar Calvo, Contralor General.—1 vez.—(IN2015017649).

James & Carolyn Ashe, certificado de acciones y libre alojamiento N° 1820 y N° 1821. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 690, 691, 692, 708, 709 del Código de Comercio. Se avisa que se procederá a reponer la acción aludida, si transcurrido un mes a partir de la publicación del último aviso no se hubiera presentado oposición al respecto.—San José, 12 de marzo del 2015.—Arturo Salazar Calvo, Contralor General.—1 vez.—(IN2015017651).

PROMOTORA DEL COMERCIO

EXTERIOR DE COSTA RICA

Quien suscribe, Eddie Villalobos Villalobos, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad N° 4-150-821, vecino de San Francisco de Heredia, Gerente Administrativo Financiero y en su condición de representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, cédula jurídica N° 3-007-196350, por este medio hace constar a cualquier tercero interesado que el 1 libro Actas: de la Comisión de Salud Ocupacional, Emergencia y Brigada de Emergencias, libro N° 1, fue extraviado y hemos procedido a reponer los mismos. Se emplaza a cualquier interesado a fin de oír objeciones en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la presente publicación.—San José, 13 de marzo del 2015.—Flory Zúñiga Álvarez.—1 vez.—(IN2015017698).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Por escritura otorgada a las doce horas del día dieciocho de febrero del dos mil quince, ante esta Notaría, se reforma la cláusula quinta del pacto social de la sociedad Corporación Saint Kitts Sociedad Anónima, donde se disminuye el capital social.—San José, dieciocho de febrero del dos mil quince.—(IN2015011244).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Por escritura pública otorgada ante esta Notaría, a las 10:00 horas del día 18 de febrero del 2015, se reformaron la cláusula sétima de la administración del pacto constitutivo, y se cambiaron los miembros de la junta directiva y fiscalía de la sociedad de esta plaza Ramírez Cruz S. A.—San José, 19 de febrero del 2015.—Licda. Pía Picado González, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29061.—(IN2015017345).

Mediante escritura pública número ciento veintinueve-tres, otorgada ante mí a las nueve horas del diez de marzo del dos mil quince, se reformó la junta directiva de la sociedad Distribuidora La Flor Diflo S. A.—San José, diez de marzo del dos mil quince.—Lic. Bismarck Gómez Zúñiga, Notario.—1 vez.—Solicitud N° 28935.—(IN2015017349).

Por escritura ciento noventa y siete, autorizada a las nueve horas del 10 de marzo del 2015, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria y ordinaria de tres-ciento dos-cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis sociedad de responsabilidad limitada, con cédula jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis; por la cual se modifican las cláusulas sexta y segunda del pacto social.—San José, diez de marzo del dos mil quince.—Licda. María Milagro Chaves Desanti, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 28933.—(IN2015017355).

El suscrito notario público comunica que ante este Notaría mediante escritura número 28 se protocolizó asamblea de la sociedad Tropicana Highclass S. A., en la cual se realiza cambio en el nombre de la sociedad para que en adelante su nombre sea D.M.N. Tropicale S. A.—San José, 10 de marzo del 2015.—Lic. Arnoldo Solano Rodríguez, Notario.—1 vez.—Solicitud N° 28926.—(IN2015017359).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario en San José, a las catorce horas del veintitrés de febrero del dos mil quince, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de socios de la compañía El Halcón Salvaje S. A., donde se procede a reformar la cláusula segunda del domicilio social, de la sociedad.—Lic. Jorge Granados Moreno, Notario.—1 vez.—Sol. 28924.— (IN2015017362).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad: Inversiones Ziguela de Aranjuez Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015. Lic. Piero Vignoli Chessler, y Licda. Dannia Rodríguez Astorga.—Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29194.—(IN2015017991).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad: Multiservicios Yagova Limitada. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015. Lic. Piero Vignoli Chessler, y Licda. Dannia Rodríguez Astorga.—Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29193.—(IN2015017992).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad: Valman Verde GHI Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015. Lic. Piero Vignoli Chessler, y Licda. Dannia Rodríguez Astorga.—Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29192.—(IN2015017994).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad: Valman Negro CDE Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015. Lic. Piero Vignoli Chessler, y Licda. Dannia Rodríguez Astorga.—Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29191.—(IN2015017997).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad: Valman Café JKL Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015. Lic. Piero Vignoli Chessler, y Licda. Dannia Rodríguez Astorga.—Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29190.—(IN2015017999).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad: Valman Blanco ABC Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015. Lic. Piero Vignoli Chessler, y Licda. Dannia Rodríguez Astorga.—Licda. Dannia Rodríguez Astorga, Notaria.—1 vez.—Solicitud N° 29189.—(IN2015018014).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Servicios Educativos Médicos Ucla de Aranjuez Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29188.—(IN2015018016).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Importadora Tigris Sociedad de Responsabilidad Limitada. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29187.—(IN2015018020).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Corporación de Inversiones Tiatira Sociedad de Responsabilidad Limitada. Escritura otorgada ante esta notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29186.—(IN2015018022).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Desarrolladora de Inversiones Tamega Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29185.—(IN2015018025).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Servicios Educativos Talcahuano Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29184.—(IN2015018029).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Corporación de Inversiones Sardis Sociedad de Responsabilidad Limitada. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29183.—(IN2015018031).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Servicios Educativos Rancagua Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29182.—(IN2015018034).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Desarrolladora de Inversiones Pausandu del Oriente Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29181.—(IN2015018038).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Administradora de Negocios Orantes Sociedad de Responsabilidad Limitada. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29180.—(IN2015018040).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Servicios Educativos Marorago Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29179.—(IN2015018049).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Servicios Educativos Lomas de Carrizal Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29178.—(IN2015018054).

Por escritura otorgada ante nosotros, Dannia Rodríguez Astorga y Piero Vignoli Chessler, se reforman estatutos y se integra nueva junta directiva y fiscalía de la sociedad Servicios Médicos Guadalimar Sociedad Anónima. Escritura otorgada ante estas notarías, con fecha 13 de marzo del 2015.—Lic. Piero Vignoli Chessler y Lic. Dannia Rodríguez Astorga, Notarios.—1 vez.—Solicitud N° 29177.—(IN2015018058).

NOTIFICACIONES

JUSTICIA Y PAZ

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

EMPLAZAMIENTO, INTIMACIÓN E IMPUTACIÓN

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en San José, San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, quinto piso, de conformidad con la competencia legal atribuida por el artículo 140 del Código Notarial, procediendo en cumplimiento de los acuerdos del Consejo Superior Notarial números 2013-003-005 y 2013-011-006, en contexto con lo dispuesto por la Sala Constitucional en los Votos números 8197-1999, 4841-2002, 19054-2014 y 19424-2014, y por así haberse ordenado en cada uno de los expedientes que se enumeran a continuación, NOTIFICA a los Notarios Públicos que se indican, que ante este Órgano Rector y Fiscalizador de la función pública notarial se han abierto procedimientos administrativos no disciplinarios para la INHABILITACIÓN O CESE FORZOSO en la función pública notarial que con carácter de delegatarios funcionales les fuera conferida por el Estado. Los siguientes son los Notarios Públicos encausados, sus números de identificación, expedientes administrativos, cantidad de cuotas registradas en el Registro Nacional de Notarios como adeudadas, y MEDIDA CAUTELAR impuesta:

1) JUAN PABLO CASTRO ROJAS, cédula de identidad 5-0244-0910, carné 6818, EXPEDIENTE 12-000499-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 167. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

2) FÉLIX ÁNGEL RAMÍREZ MURILLO, cédula de identidad 1-0391-1376, carné 4058, EXPEDIENTE 12-001731-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 42. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

3) MARÍA DEL ROSARIO PORTER LAITANO, cédula de identidad 1-0405-1001, carné 2140, EXPEDIENTE 09-002411-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 159.

4) JOSÉ ANTONIO MOLINA QUESADA, cédula de identidad 6-0057-0622, carné 2863, EXPEDIENTE 09-002456-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 162.

5) MICHAEL ENRIQUE RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula de identidad 1-0965-0594, carné 15431, EXPEDIENTE 13-002278-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 30. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de TRES MESES.

6) JUAN RODOLFO LEIVA PEÑA, cédula de identidad 1-0512-0728, carné 3806, EXPEDIENTE 12-000521-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 116. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

7) HELLEN MORA ESPINOZA, cédula de identidad 1-0656-0592, carné 2822, EXPEDIENTE 14-000079-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 20. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

8) GISELLE GARCÍA BOGANTES, cédula de identidad 3-0256-0780, carné 8916, EXPEDIENTE 14-001251-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 15. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de TRES MESES.

9) CARLOS ALBERTO MONTERO BARRANTES, cédula de identidad 2-0296-0079, carné 2307, EXPEDIENTE 12-000477-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 173. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

10) WILLY CORDERO PINCHANSKI, cédula de identidad 1-0775-0543, carné 6966, EXPEDIENTE 14-000241-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 21. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de TRES MESES.

11) JORGE ALBERTO CABRERA MEDAGA, cédula de identidad 1-0742-0451, carné 5362, EXPEDIENTE 14-000056-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 102. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

12) HEINER JORGE MÉNDEZ BARRIENTOS, cédula de identidad 1-0637-0149, carné 7133, EXPEDIENTE 13-002086-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 16. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

13) JOSÉ HUMBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 7-0089-0561, carné 5994, EXPEDIENTE 14-000215-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 55. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

14) ARNOLDO SEGURA RODRÍGUEZ, cédula de identidad 1-0206-0176, carné 667, EXPEDIENTE 12-001000-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 41. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de SEIS MESES.

15) EDGARDO VARGAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad 2-0430-0354, carné 6685, EXPEDIENTE 14-000080-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 101. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el PLAZO de TRES MESES.

16) VANESSA LENADRO REYES, cédula de identidad 1-0725-0912, carné 5459, EXPEDIENTE 14-000226-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 115. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de TRES MESES.

17) HELLEN MORA ESPINOZA, cédula de identidad 1-0656-0592, carné 2822, EXPEDIENTE 14-000287-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 20. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

18) GISELLE GARCÍA BOGANTES, cédula de identidad 3-0256-0780, carné 8916, EXPEDIENTE 14-001251-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 15. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de TRES MESES.

19) CARLOS ALBERTO MONTERO BARRANTES, cédula de identidad 2-0296-0079, carné 2307, EXPEDIENTE 12-000477-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 173. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

20) WILLY CORDERO PINCHASKI, cédula de identidad 1-0775-0543, carné 6966, EXPEDIENTE 14-000241-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 21. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de TRES MESES.

21) JORGE ALBERTO CABRERA MEDAGLIA, cédula de identidad 1-0742-0451, carné 5362, EXPEDIENTE 14-000056-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 102. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

22) HEINER JOSÉ MÉNDEZ BARRIENTOS, cédula de identidad 1-0637-0149, carné 7133, EXPEDIENTE 13-002086-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 16. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

23) JOSÉ HUMBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 7-0089-0561, carné 5994, EXPEDIENTE 14-000215-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 55. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

24) ARNOLDO SEGURA RODRÍGUEZ, cédula de identidad 1-0206-0176, carné 667, EXPEDIENTE 12-001000-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 41. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

25) EDGARDO VARGAS RODRÍGUEZ, cedula de identidad 2-0430-0354, carné 6685, EXPEDIENTE 14-000080-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 101. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de TRES MESES.

26) JORGE ENRIQUE MUNICH AYUB, cédula de identidad 1-0611-0400, carné 12755, EXPEDIENTE 13-002280-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 16. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de TRES MESES.

27) JUAN RODOLFO LEIVA PEÑA, cédula de identidad 1-0512-0728, carné 3806, EXPEDIENTE 12-000521-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 116. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de SEIS MESES.

28) MICHAEL ENRIQUE RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula de identidad 1-0965-0594, carné 15431, EXPEDIENTE 13-002278-0624-NO. CUOTAS ADEUDADAS 30. MEDIDA CAUTELAR: inhabilitación por el plazo de TRES MESES.

Los procedimientos tienen como OBJETIVO y CAUSA la averiguación de la VERDAD REAL por pérdida de requisitos legales para ser y ejercer la función notarial, concretamente por NO ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL (no pago por mensualidad adelantada). Se ADVIERTE que respecto de la causa impeditiva, la cantidad de cuotas adeudadas anotada en cada Notario es la que registra el Registro Nacional de Notarios según reporte de la entidad autorizada BN-VITAL del Banco Nacional de Costa Rica, al momento de dictar el Acto Inicial de traslado de cada procedimiento. EMPLAZAMIENTO: Se hace saber a los Notarios accionados que esta Administración activa ha conformado un EXPEDIENTE en el que consta la prueba de cargo que sirve a este traslado, el cual se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Dirección Nacional de Notariado en la dirección antes indicada, en el que constan las probanzas sobre los hechos y circunstancias antes endilgados. Se EMPLAZA a cada Notario accionado identificado en el listado aquí incluido para que dentro del PLAZO de OCHO DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente de la notificación de este traslado, para que haga uso de su derecho de defensa y presente por escrito los descargos legales que estime pertinentes y ofrezca la prueba que disponga en abono a esa defensa. Se APERCIBE a los Notarios Públicos que en todo momento deben cumplir los requisitos legales para ejercer la función notarial, tal como estar al día y mantener pagado por mensualidades adelantadas o anticipadas el Fondo de Garantía Notarial; que la falta de pago de una sola cuota constituye impedimento legal para ser y ejercer como delegatario del Estado la función pública del notariado, dada la especial naturaleza del Fondo como garantía para la colectividad de los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar el Notario en el desempeño funcional, por consiguiente, quedan APERCIBIDOS que aún y cuando se pague la totalidad de las cuotas endilgadas como adeudadas o desaparezca la causal impeditiva, si al momento de dictarse el Acto Final o resolverse los recursos que correspondan, ha sobrevenido nuevamente morosidad en el pago del Fondo o cualquier otra causal impeditiva, indefectiblemente se dictará la inhabilitación o cese forzoso. MEDIDAS CAUTELARES. Contra los Notarios Públicos enlistados y por los PLAZOS que en el listado inicial se indican, lo cual rige a partir de la fecha de notificación de este emplazamiento, se ha decretado la MEDIDA CAUTELAR de inhabilitación de la Licencia para ejercer como delegatario del Estado la función pública del notariado. Se hace ver a todos los notarios que si al final del procedimiento se concluye que la verdad real es la existencia una o varias causales impeditivas imputadas o sobrevenidas, se exponen a la INHABILITACIÓN funcional por así disponerlo los artículos 13 y 148 del Código Notarial, misma que solo podrá ser revertida mediante el procedimiento de REHABILITACIÓN previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos que constan en la página web de esta Dirección: www.dnn.go.cr RESOLUCIÓN INTEGRAL: Se apercibe a los Notarios Públicos que la resolución integral el Acto Inicial está a su disposición en los respectivos expedientes administrativos. CÓMPUTO DEL EMPLAZAMIENTO: Se informa que de conformidad con el artículo 241 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, el emplazamiento empezará a correr cinco días hábiles después de la tercera publicación.—Unidad Legal Notarial.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, Jefe.—O. C. N° 81.—Solicitud N° 29160.—(IN2015018485).

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Documento admitido traslado al titular

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ref.: 30/2014/21629. LRC Products Limited C/ Merck Sharp & Dohme B.V. Documento: Cancelación por falta de uso. Nro. y fecha: Anotación/2-90009 de 25/02/2014. Expediente: 2005-0000365 Registro N° 159227 Embracio en clase 5 marca denominativa.—Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:04:41 horas del 9 de junio del 2014.

Conoce este Registro, la solicitud de cancelación por falta de uso, promovida por el Sr. Luis Fernando Asís Royo, en calidad de apoderado especial de LRC Products Limited, contra el registro de la marca de fábrica Embracio, registro N° 159227, el cual protege y distingue: “Medicinas y preparaciones farmacéuticas para uso humano, medicinas y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de disturbios del sueño, medicinas y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de dolencias de la menopausia, medicinas y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades mentales”; en clase 5 internacional, propiedad de Merk Sharp & Dohme BV. Conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J; se procede a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso, al titular citado, para que en el plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes (se le recuerda que mediante Voto N° 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, el Tribunal Registral Administrativo estableció que, en los procesos de cancelación por falta de uso, la carga de la prueba de uso corresponde al titular del signo distintivo), para lo cual se comunica que el expediente se encuentra a disposición de las partes en este Registro. Se les previene a las partes el señalamiento de lugar o medio para recibir notificaciones y se advierte al titular que de no indicarlo, o si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, o bien, si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente, quedará notificado de las resoluciones posteriores con sólo que transcurran veinticuatro horas después de dictadas, conforme lo dispone los artículos 11 y 34 de la Ley de Notificaciones, Ley N° 8687. A manera de excepción y en caso de que esta resolución sea notificada mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin que medie apersonamiento del titular al proceso con el respectivo aporte del medio o lugar para recibir notificaciones, se aplicará lo dispuesto en los artículos 239, 241 incisos 2), 3) y 4) y 242 de la Ley General de la Administración Pública. Se le advierte al titular del signo, que las pruebas que aporte deben ser presentadas en documento original o copia certificada (haciéndose acompañar la traducción necesaria y la legalización o apostillado correspondiente, según sea el caso), lo anterior conforme al artículo 294 de la Ley General de Administración Pública. Se advierte al titular que, de incumplir con lo requerido, no será tomada en cuenta la prueba que no cumpla con dichas formalidades, al momento de resolver la solicitud presentada. Notifíquese.—Bernal Chinchilla Ruiz, Asesor Jurídico.—(IN2015017545).

Ref.: 30/2014/41696. Michael Joseph Bruce Esquivel, apoderado especial de Quindeca S. A. Marcos Dueñas Leiva, apoderado de Intaco Costa Rica S. A. Documento: cancelación por falta de uso (Intaco Costa Rica S. A.). Nro. y fecha: Anotación/2-93775 de 31/10/2014. Expediente: 2007-0009042 Registro N° 185644 Probond en clase 1 marca denominativa.—Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:43:28 horas del 11 de noviembre del 2014.

Conoce este Registro, la solicitud de cancelación por falta de uso, promovida por Marcos Dueñas Leiva, cédula N° 9-044-475, en calidad de apoderado generalísimo de Intaco Costa Rica S. A., contra el registro del signo distintivo Probond, registro N° 185644, el cual protege y distingue: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, forografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, en clase 1 internacional, propiedad de Quindeca S. A., domiciliada en 11 avenida 10-23 zona 1. Ciudad de Guatemala, República de Guatemala. Conforme a lo previsto en los artículos 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y los artículos 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J; se procede a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso al titular citado, para que en el plazo de un mes contado a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes, tomar en cuenta que es el titular del signo a quien le corresponde demostrar con prueba contundente el uso del signo, para lo cual se comunica que el expediente se encuentra a disposición de las partes en este Registro. Se les previene a las partes el señalamiento de lugar o medio para recibir notificaciones y se advierte al titular que de no indicarlo, o si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, o bien, si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente, quedará notificado de las resoluciones posteriores con sólo que transcurran veinticuatro horas después de dictadas, conforme lo dispone los artículos 11 y 34 de la Ley de Notificaciones, Ley N° 8687. A manera de excepción y en caso de que esta resolución sea notificada mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin que medie apersonamiento del titular al proceso con el respectivo aporte del medio o lugar para recibir notificaciones, se aplicará lo dispuesto en los artículos 239, 241 incisos 2), 3) y 4) y 242 de la Ley General de la Administración Pública. Notifíquese.—MPI. Tomas Montenegro Montenegro, Asesor Jurídico.—(IN2015017546).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Patronales y de Trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual del patrono: Techolit Sociedad Anónima, número patronal 2-03101210150-001-001, se procede a notificar por medio de edicto, que la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Desamparados, ha dictado el traslado de cargos número de caso 1202-2014-01645, que en lo que interesa indica: Determinación de los montos exigibles. Conforme a la prueba disponible en el expediente administrativo se resuelve iniciar procedimiento, en el cual se le imputa a Techolit Sociedad Anónima, no haber reportado a la Caja, la totalidad de los salarios devengados por su trabajador: William Guillermo Hernández Porras, de octubre de 2010 a febrero de 2011, por un monto de un millón treinta y cinco mil colones 00/100 (¢1.035.000,00), dejándose de cancelar en consecuencia en concepto de cuotas obreras y patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, la suma de doscientos treinta y un mil doscientos veinte colones 50/100 (¢231.220,50) sin incluir los intereses que al efecto la Ley establece. Por los conceptos de la Ley de Protección la suma de cincuenta y nueve mil quinientos doce colones 50/100 (¢59.512,50). Consulta expediente: en las oficinas de Inspección en la Sucursal de Desamparados, sita Ciudad de Desamparados, costado sur del Centro Comercial Decosure, se encuentra a su disposición el expediente para los efectos que dispone la Ley. Se les confiere un plazo de diez días hábiles contados a partir del quinto día siguiente de su publicación, para ofrecer pruebas de descargo y para hacer las alegaciones jurídicas pertinentes. Se le previene que debe señalar lugar o medio para oír notificaciones dentro del perímetro administrativo establecido por la Caja, el mismo que para los efectos jurisdiccionales ha establecido la Corte Suprema de Justicia. De no indicar lugar o medio para notificaciones, las resoluciones posteriores al traslado de cargos se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24:00 horas contadas a partir de la fecha de resolución. Notifíquese.—Sucursal de Desamparados, Desamparados, 11 de marzo del 2015.—Lic. Johel Sánchez Mora, Jefe.—1 vez.—(IN2015017541).

AVISOS

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS

Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La Junta Directiva General en su sesión N° 11-14/15-G.O., de fecha 10 de febrero del 2015, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto en el Diario Oficial La Gaceta el acuerdo Nº 04, de la sesión N° 22-13/14-G.E., debido a que según constancia TH-029-2015 del Departamento de Tribunales de Honor resultó materialmente imposible notificar al Arq. Luis Diego Segura Montero (A-16197), de manera personal y como representante legal de la empresa Rosemkor Arquitectos S. A. (CC-06691), en el expediente N° 002-13:

“La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en su sesión N° 22-13/14-G.E. de fecha 03 de junio de 2014, acordó lo siguiente:

“Acuerdo N° 04:

Se conoce oficio N° 1307-2014-DRD, en relación con el expediente N° 002-13, del Instructor de Régimen Disciplinario, de investigación iniciada por el C.F.I.A., a partir de denuncia interpuesta por los señores David Arce Rodríguez y Laura Chaves Castro, en contra de la empresa Rosemkor Arquitectos S.A. (CC-06691), del Arq. Luis Diego Segura Montero (A-16197), de la Arq. Natalia Gil Rodríguez (A-20928), del Ing. Daniel Sánchez Ramírez (IME-17442), del Ing. Adrián Vásquez Hernández (IC-21719) y del Ing. Gabriel Madrigal González (IC-15757).

(…)

POR LO TANTO SE ACUERDA:

a. Se aprueba lo recomendado por el Instructor de Régimen Disciplinario y en consecuencia, se ordena archivar la causa seguida al Ing. Adrián Vásquez Hernández, IC-21719, en el expediente disciplinario N° 002-13, en virtud del análisis de la información y al no haberse encontrado presuntas faltas al Código de Ética Profesional por parte del investigado, en el caso que nos ocupa.

b. Se aprueba lo recomendado por el Instructor de Régimen Disciplinario, de instaurar un Tribunal de Honor a la empresa Rosemkor Arquitectos S.A., CC-06691, al Arq. Luis Diego Segura Montero, A-16197, a la Arq. Natalia Gil Rodríguez, A-20928, al Ing. Daniel Sánchez Ramírez, IME-17442 y al Ing. Gabriel Madrigal González, IC-15757, en el expediente N° 002-13 de investigación iniciada por el C.F.I.A., a partir de denuncia interpuesta por los señores David Arce Rodríguez y Laura Chaves Castro, con el fin de llegar a la verdad real de los hechos, según oficio N° 1307-2014-DRD.

c. El Tribunal de Honor para la empresa y para los profesionales investigados, estará conformado por el Ing. Luis González Espinoza, el Arq. Ricardo Fliman Wurgaft, el Ing. Jorge Rojas Soto (en calidad de suplente), del Tribunal de Honor Permanente Multidisciplinario; y por el Ing. Olman Vargas Zeledón, en su condición de Director Ejecutivo del C.F.I.A.

d. El Tribunal de Honor podrá contar con asesoría legal para cualquier fase del procedimiento. Asimismo, se informa que el C.F.I.A. garantiza en todo momento el acceso al expediente, sus piezas y a los antecedentes que motivaron el presente acuerdo. Contra la anterior resolución cabrá el recurso de revocatoria ante la Junta Directiva General, el cual deberá plantearse en el término de tres días contados a partir de la notificación de la resolución de instaurar el Tribunal de Honor, según se dispone en el artículo 345 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

10 de marzo del 2015.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—O. C. N° 175-2015.—Solicitud N° 29046.—(IN2015018487).

FE DE ERRATAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

En La Gaceta Nº 55 del jueves 19 de marzo del 2015, en la página 4, se publicó el Acuerdo N° 006 MEIC-MAG-MICITT-2015, el cual posee el número IN2015014776, en donde por error material se omitió en el Artículo 2°—….: lo siguiente: “…, para que en la medida de sus posibilidades y dentro del marco legal respectivo apoyen la realización de actividades relacionadas con dicho evento”.

Para que quede en forma correcta así:

“Artículo 2º—Se insta a todas las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, para que en la medida de sus posibilidades y dentro del marco legal respectivo apoyen la realización de actividades relacionadas con dicho evento”.

Todo lo demás queda igual.

La Uruca, San José, marzo del 2015.—Jorge Vargas Espinoza, Director General de la Imprenta Nacional.—1 vez.—(IN2015020752).

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DIRECTA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HEREDIA

ATH-056-2015.—En La Gaceta Digital del miércoles 28 de febrero del 2015, en la página 54, se publicó edicto con oficio N° ATH-05-2015, por no localización de un contribuyente y según artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, señala que en cualquier tiempo la Administración podrá rectificar errores materiales o de hecho y los aritméticos, en apego a esta norma es que esta Gerencia Tributaria procede a subsanar el error material cometido por esta dependencia en el oficio de cita, así que para el contribuyente Inversiones y Desarrollos S. A., donde dice incorrectamente el nombre del contribuyente, léase correctamente Inversiones Desarrollos C M G Sociedad Anónima, en lo demás se mantienen igual.

Se concede un plazo de quince días a partir del tercer día hábil de esta publicación, para que el contribuyente arriba indicado cancele la deuda. De no hacerlo, el caso será trasladado a la Oficina de Cobros Judiciales para el trámite correspondiente. Publíquese.

Carlos Vargas Duran, Director General.—Freddy Jiménez Cubero, Gerente Tributario.—1 vez.—O. C. Nº 3400023907.—Solicitud Nº 29682.—(IN2015020454).