El Estado costarricense, mediante sus muchas instituciones, representa una fuerza económica importantísima para el desarrollo nacional. La enorme cantidad de recursos que se ejecutan en los diferentes entes y programas en los tres poderes del Estado, así como en el Tribunal Supremo de Elecciones, constituyen un robusto flujo de dinero que, si bien se presta para promover el desarrollo humano del país en todos los órdenes, también es objeto, desafortunadamente, de actos de corrupción e ineficiencia que manchan a toda la Administración Pública.

Solo en lo atinente al presupuesto nacional, es decir, aquellos recursos que son presupuestados, administrados y girados por el Gobierno central, para el funcionamiento de sus operaciones o de otras instituciones públicas, como la misma Asamblea Legislativa, las universidades estatales o el Instituto Mixto de Ayuda Social, por ejemplo, la danza multimillonaria es verdaderamente impresionante. Para el presupuesto nacional del año 2015, el Gobierno envió a este Parlamento un presupuesto por el orden de los 7.96 billones de colones, de los cuales se pretendía un financiamiento con ingresos corrientes por el orden del 52,7% y con un endeudamiento público de un 47,2% en su composición total^{^[1]}.

Transparentar y ejercer un control político apropiado de semejante suma de dineros públicos, ya representa una tarea titánica para los órganos de control político horizontal, como el caso de la misma Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República o la Defensoría de los Habitantes, así como los mecanismos de control político vertical, como los grupos de presión e interés y los movimientos sociales de la llamada sociedad civil, los medios de comunicación y la misma ciudadanía, en general. Pero todavía se vuelve más problemático, cuando se considera que este presupuesto apenas representa un 34% del total de presupuesto consolidado de todo el sector público, lo que significa que el sector descentralizado funcional (autónomas y semiautónomas) y territorialmente (gobiernos locales), en lo que se refiere a los fondos que no provienen del presupuesto del Gobierno central, suman una increíble cifra que representa el 66% del total, lo cual, para el ejercicio económico del 2015, representaría unos 15,4 billones de colones, aproximadamente^{^[2]}.

Esta circunstancia debe llamarnos la atención, por cuanto las organizaciones de la Administración Pública de nuestro país han venido configurándose como sistemas cerrados. Según Mintzberg, este tipo de configuraciones organizacionales se caracterizan por una concentración del poder en sus agentes internos, particularmente, en la línea de autoridad superior, desde el director ejecutivo hasta los mandos medios, de tal suerte que los objetivos hacia la sociedad mutan en fines puramente internos, que desvirtúan la naturaleza de la misión para la que fueron creadas^{^[3]}..

La transparencia en el ejercicio de la función pública pasa por muchos aspectos, sin duda, desde la gestión administrativa cotidiana, hasta el gerenciamiento estratégico de las instituciones y programas. No obstante, en última instancia, la transparencia termina soportándose en la plataforma monetaria que, finalmente, determina el contenido económico de las decisiones y acciones de los entes públicos. El control político presupuestario, sea horizontal -entre instituciones del Estado- o vertical -de la ciudadanía y la sociedad civil hacia el Estado-, termina representando un ejercicio en el que se evalúan los programas de toda la Administración Pública, en relación con los recursos financieros que se ejecutan para echar a andar sus actividades. Y este control pretende, desde luego, determinar focos de corrupción por medio de los cuales se utilizan estos millonarios recursos según criterios allende la ley y la moral pública^{^[4]}.

Si el presupuesto y el gasto de las instituciones estatales constituye el instrumento básico para la construcción de las políticas públicas que impactarán el desarrollo humano del país en el corto, mediano y largo plazos, es evidente que la transparencia y accesibilidad de la información que le es ínsita, con miras a desarrollar un adecuado control político de parte de las instancias pertinentes y la sociedad, representa un objetivo fundamental para el país como conglomerado colectivo. Después de todo;

“(…) es de esperar que el presupuesto refleje un Estado organizado, coherente en el funcionamiento de sus instituciones, eficiente en su accionar y capaz de asignar los recursos públicos de la manera que mejor garantice el bienestar de la colectividad, con visión no del futuro inmediato a que está referido el presupuesto mismo, sino del país a que se aspira en el mediano y largo plazo”^{^[5]}.

La necesidad de ejercer control político en relación con esta enorme cantidad de millones de colones, unos 23,4 billones aproximadamente, se vuelve imperativo en una sociedad que está perdiendo sistemáticamente los valores de la honestidad y la solidaridad, en beneficio del egocentrismo, el individualismo y el hedonismo a ultranza, que generan decisiones administrativas que producen un vilipendio de los recursos públicos, en el mejor de los casos, y formas de corrupción y cohecho abiertos, en el peor de los escenarios. Todavía es más relevante que el país se comprometa con un mayor control político del gasto público, cuando estudios serios, como la Auditoría de la Democracia del Estado de la Nación, han sentenciado que en las circunstancias actuales las instituciones encargadas de ejercer control político horizontal, en cuenta la Asamblea Legislativa, tienen limitaciones técnicas y financieras importantes para hacer su labor, cuestión que redunda, desde luego, en beneficio de los perpetradores de los actos corruptos^{^[6]}.

Según un estudio demoscópico desarrollado por la Universidad de Costa Rica en el año 2011, mientras para los costarricenses el principal problema del país, como respuesta espontánea, era la seguridad ciudadana, con un 67,5% de, la corrupción representó un 25,3%. No obstante, cuando se le daba asistencia al encuestado sobre los diversos temas consultados, este último subía a un 67,5%, lo que habla de una percepción ciudadana grave respecto del problema, a pesar de la complejidad técnica que le subyace, lo cual se traduce en una severa erosión de la gobernabilidad democrática del país^{^[7]}. Por esto, el informe concluye de manera alarmante que;

“El pesimismo de la ciudadanía en la efectividad de la lucha contra la corrupción se explica por la impunidad que gozan los actos de corrupción en la función pública y nos indica que estamos perdiendo la batalla. Si no reaccionamos pronto, el problema va a adquirir proporciones desastrosas para la sociedad. La ciudadanía considera a Costa Rica como país corrupto o muy corrupto y también considera que la corrupción no disminuirá en el futuro. Pero lo más grave, que hace necesaria una reflexión y un análisis más profundo por parte de las personas dedicadas al combate de la corrupción, es que la población considera al Gobierno y a la Asamblea Legislativa, como las instituciones más corruptas del país”^{^[8]}.

Las entidades públicas deben funcionar, en buena teoría, como configuraciones organizacionales de corte instrumental. Esto significa que como estructuras burocráticas deben ser altamente sensibles a las necesidades de los agentes externos dominantes, en este caso, al gobierno de la República y sus objetivos desarrollo para lo que corresponde con el Poder Ejecutivo, por un lado, y luego a la ciudadanía en general a la que se debe la Administración Pública, por el otro. De esta forma, los objetivos de la organización, como catalizadores de las demandas de la ciudadanía, constituyen herramientas operativas para cumplir su cometido de satisfacer las demandas de esta, desde el punto de vista del bien común, mientras la malversación de fondos públicos mutan a las mismas organizaciones en donde se perpetran los actos de corrupción, en fines cerrados en sí mismos^{^[9]}.

La corrupción en el manejo de los fondos públicos se ha convertido en un tema tan importante que, incluso, se puede decir con relativa certeza que el triunfo electoral del llamado “gobierno del cambio” del actual mandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018), se debió en buena medida al hastío popular respecto de los problemas de corrupción que el país vino enfrentando durante los últimos lustros. De hecho, el presidente de la República, en su informe de los primeros cien días, hizo un recuento de no menos de 14 casos de corrupción “heredados”, a título de ejemplo que, según su criterio, constituyen verdaderas afrentas para la ciudadanía y apenas la punta del “iceberg” del problema. Por ello, el mandatario sentenció que;

En la mayoría de oficinas públicas, el desorden es inimaginable; la ineficiencia, intolerable; la irresponsabilidad, insospechada (...). En importantes sectores del Estado costarricense la postración es total. Existen múltiples instituciones que perdieron el rumbo completamente. (…) ¡Qué vergüenza! Nos ufanamos de disfrutar de la mejor democracia del continente y de vivir en uno de los países más felices del mundo, pero tenemos el Estado más ineficiente en el manejo de préstamos para el desarrollo”^{^[10]}.

Al iniciar este año, por ejemplo, salió a la luz pública un escándalo con el manejo de los recursos generados por los bancos del Estado costarricense, verdaderos gigantes empresariales y financieros del país, que se supone existen para promover el desarrollo socioeconómico de todos los ciudadanos, lo cual se tradujo en graves y escandalosos beneficios para sus empleados. En una época en la que el país ha vivido una crisis sistemática que requiere del sacrificio y el esfuerzo de todos los funcionarios y funcionarias, y de todas las instituciones públicas en las que trabajan, este tipo de situaciones encienden las alarmas sobre la obligatoria rendición de cuentas que deben dar las instituciones que se financian con recursos públicos. Presenciamos, con este caso, el paso de unas instituciones que, en principio deberían existir instrumentalmente para atender las necesidades de financiamiento de la población, a configuraciones cerradas que se convirtieron en fines en sí mismas y de sus empleados, sobre todo, del cuerpo gerencial.

Entre los años 2016 y 2012, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y el Banco de Costa Rica (BCR) destinaron un sorprendente 23% de sus ganancias a financiar beneficios y premios “de productividad” a sus aproximadamente doce mil funcionarios, con un costo combinado de unos 99 mil millones de colones, incentivos que según la Contraloría General de la República se otorgaron sin criterios técnicos de ningún tipo, menos morales y con una visión país. El BNCR, por ejemplo, gastó unos inaceptables 2,283 millones de colones en beneficios para 19 funcionarios de la alta gerencia durante este lapso, unos 120 millones para cada uno, y situaciones desmedidas se presentaron en los otros tres bancos también, mientras los costarricenses tenemos que pagar intereses exagerados y nugatorios para muchas capas sociales, con los cuales se financian este tipo de excesos^{^[11]}

Por este motivo, la Contralora General de la República, la señora Marta Acosta, quién considera estos abultados beneficios como “perversos”, en comparecencia ante la Comisión de Control del Gasto y del Ingreso de este Parlamento, sentenció:

“Consideramos que este es un informe relevante dado la magnitud de los pagos por estos incentivos y dada su tendencia creciente a través de los años, lo cual nos aclaran que estos pagos son excesivos y de que se están acentuando diferencias en nuestro modelo de empleo público en el contexto de una crítica situación fiscal. (…) estos pagos no van de acuerdo a la productividad y los resultados de la investigación dejaron claro que tampoco están basados en criterios técnicos”^{^[12]}.

No obstante lo dicho, el combate contra la corrupción en todos los órdenes y en lo que refiere al fondo de esta iniciativa de ley, no debe caer en un pesimismo conformista que se traduzca en una actitud de dejar todo como está, bajo el supuesto de que la impunidad siempre gana la partida. El fortalecimiento del control político vis a vis el mejoramiento de la transparencia en la gestión del gasto público reviste de una mayor centralidad en las actuales circunstancias. Por un lado, nuestra sociedad tiene un mayor nivel de educación y presenta tendencias de una ciudadanía más dispuesta a hacer valer el Estado de Derecho y a denunciar los actos corruptos en la función pública. Según el informe del Estado de la Nación del 2011, los costarricenses cada vez más están prestos a revelar los actos de corrupción en contra de las arcas públicas, siempre y cuando mejoren las condiciones institucionales para realizar las denuncias, cosa que en los cinco años precedentes a la emisión de ese reporte ocurrió sostenidamente^{^[13]}.

Por otra parte, la emergencia de un sistema de partidos políticos de corte pluralista moderado, que lenta pero progresivamente empieza a socavar la lógica bipartidista de antaño, permite el desarrollo de actores políticos que, interesados en mejorar su imagen y posicionarse como partidos frescos ante el electorado, aumentan su interés por el ejercicio “duro” del control político y por presentarse ante la opinión pública como caja de resonancia a favor de la denuncia y la lucha en contra de la corrupción^{^[14]}

El presente proyecto de ley pretende mejorar las capacidades de los ciudadanos, la sociedad civil y las fracciones políticas legislativas para ejercer un control político más oportuno sobre la manera en las instituciones presupuestan y gastan esos 23.4 billones de colones que, a guisa de ejemplo en el presupuesto 2015, representa el ejercicio económico consolidado de todo el sector público. De esta forma, la iniciativa crea un sistema de revelación de información para la ciudadanía y las jefaturas de fracción parlamentarias, respecto de los presupuestos y gastos anuales de todas las instituciones del sector público, así como los mecanismos necesarios para que dicha información sea oportuna, clara, accesible y veraz, de tal manera que el control se pueda ejercer efectivamente. Por último, el proyecto crea sanciones para las instituciones y los funcionarios encargados de operacionalizar este sistema, de tal manera que la transparencia no tolere ningún tipo de ocultamiento de información que se preste para decisiones de dudosa moralidad.

Con base en estos argumentos capitales, y sobre un concepto de transparencia operativa para todos los ciudadanos interesados en que el Estado destine sus recursos al desarrollo humano del país y no a llenar los bolsillos de actores políticos y económicos corruptos, nos permitimos presentar ante esta Asamblea Legislativa esta iniciativa de ley, como un paso jurídicamente razonable y práctico para mejorar la transparencia y el control político de las arcas públicas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL

CONTROL POLÍTICO EFECTIVO DEL GASTO EN

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

ARTÍCULO 1.- Objeto

El objeto de la presente ley consiste en establecer un marco concreto para promover la transparencia en la gestión del gasto, tanto presupuestado como efectivo, de las instituciones del Estado costarricense, con el fin de fortalecer el control político que realiza la Asamblea Legislativa, así como la ciudadanía en general.

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación

Las ordenanzas establecidas en la presente ley son de acatamiento obligatorio para todas las instituciones públicas, incluidas las entidades y ministerios de gobierno, las instituciones descentralizadas y los entes desconcentrados funcionalmente que operan con presupuesto propio, las municipalidades, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Directorio Legislativo en lo atinente al presupuesto de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República.

ARTÍCULO 3.- Recursos objeto de transparencia

Los recursos financieros que serán objeto de transparencia, según lo establecido en la presente ley, corresponderán con todos los ingresos oficiales de las instituciones pertinentes, tanto si se derivan del presupuesto nacional de la República, de los presupuestos institucionales de los entes descentralizados y desconcentrados, de las venta de bienes y servicios por parte de las empresas públicas e instituciones y de las donaciones de toda índole, incluyendo las provenientes de cooperación internacional a la que tengan acceso, así como de los gastos efectivos que realicen con ellos.

ARTÍCULO 4.- Transparencia presupuestaria

Al final del ejercicio económico anual pertinente, durante el mes de diciembre de ese año, todas las instituciones del Estado enviarán a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa un reporte digital resumido con el presupuesto de la institución para el ejercicio económico correspondiente con el año siguiente, con un detalle de las diferentes cuentas que lo componen. Asimismo, desde el mes indicado y hasta el mes de diciembre del siguiente año, las instituciones deberán mantener asequible dicho reporte en su página web oficial, cuyo acceso será fácil y directo desde la página principal, claramente visible por medio de un ícono que dirá la leyenda “Consulta de presupuesto”.

ARTÍCULO 5.- Transparencia del gasto

Al inicio del ejercicio económico anual pertinente, durante los primeros 30 días naturales del mes de enero del año siguiente, todas las instituciones del Estado enviarán a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa un reporte digital resumido con el presupuesto de la institución del año anterior, y el gasto ejecutado para cada rubro al 31 de diciembre del período respectivo, con un detalle de las diferentes cuentas que lo componen. Asimismo, desde el mes indicado y hasta el mes de enero del año siguiente, las instituciones deberán mantener dicho reporte accesible en su página web oficial, en las mismas condiciones señaladas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 6.- Claridad de la información

Es obligación de todas las instituciones estatales definir los parámetros de los reportes ordenados en los artículos 3 y 4 de la presente ley, con claridad y concisión. Para estos efectos, las instituciones aplicarán el principio de veracidad financiera, entendido como el establecimiento de términos y definiciones precisas en dichos reportes, de tal manera que cada rubro reflejado sea lo suficientemente autoexplicativo para los funcionarios y ciudadanos interesados en consultarlos. Se prohíbe la ocultación de presupuestos y gastos bajo términos abstractos, confusos o demasiado generales, que no le permitan al funcionario o ciudadano que ejerce el control político, tener claridad de qué se trata el rubro pertinente.

ARTÍCULO 7.- Información obligatoria mínima

Sin demérito de las clasificaciones que cada institución utilice en sus presupuestos, los reportes señalados en los artículos 4 y 5 de la presente ley, deberán obligatoriamente incluir, cuando menos, los siguientes términos:

a) Sueldos y salarios: solamente incluirá lo relativo a salarios base, dedicación exclusiva, y a carrera profesional. En este rubro, se indicará el número de funcionarios que conforman la institución respectiva.

b) Horas extras: se incorporará un detalle de las horas extras presupuestadas y pagadas por la institución durante el año, con referencia directa de los nombres de las personas beneficiarias.

c) Otros pluses salariales y beneficios: se incluirá toda la información relativa a otros pluses salariales que no se relacionen con el inciso anterior. De este rubro se detallará el presupuesto o gasto que corresponde con cada plus o beneficio.

d) Consultorías: se refiere a todas las consultorías contratadas por la institución pertinente, sea por medio de sus recursos propios o por donaciones y cooperación internacional, respecto de la cual la institución tiene potestades de definición en la asignación de esos presupuestos. De este rubro se detallarán las personas consultoras, físicas y jurídicas, y los montos presupuestados o gastados para cada una.

e) Contratos con empresas y personas: se refiere a todos los rubros presupuestados o gastados que se contrataren con empresas o personas, de toda índole, con el fin de adquirir bienes o servicios, a excepción de las consultorías. En este rubro se indicará el número de empresas y el de personas que se contratarán.

f) Viajes al exterior: todo rubro presupuestado o gastado relativo a viajes al exterior financiados por la institución, y los beneficiarios, sean funcionarios o no, de dichos viajes.

g) Transferencias: incluye toda transferencia presupuestaria a entes u organizaciones privados, para lo cual se deberá indicar la cantidad de este tipo de entidades y el detalle de los beneficiarios que recibieron cada una de ellas.

h) Responsable: se indicará el nombre y puesto de los funcionarios responsables de definir cada rubro que indique el reporte.

ARTÍCULO 8.- Prelación de las solicitudes

Tanto los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa de la República, como la ciudadanía, por medio de la página web en cuestión, podrán solicitar información detallada adicional de uno o varios de los rubros que se reflejarán en los reportes señalados en los artículos 4 y 5, para lo cual las instituciones pertinentes tomarán las medidas de diseño de los instrumentos financieros respectivos, para que dicha información sea obtenida de manera eficaz y oportuna. Todas las páginas web de las instituciones, en el acceso creado para cumplir con esta ley, deberá tener un mecanismo de contacto que permita a diputados y ciudadanos acceder a la información adicional que no se vea reflejada en los reportes. Para estos efectos, los sistemas de contacto deberán incluir un mecanismo de recibido automático, que le permita al usuario tener certeza de que el sistema tramitó la solicitud, y la institución tendrá un máximo de quince días naturales para responder dicha solicitud con la información requerida en ella.

ARTÍCULO 9.- Sanciones

El incumplimiento de la presente ley, en todos sus extremos, generará sanciones para las instituciones respectivas y para los funcionarios responsables, según los siguientes términos:

1) Si la institución pertinente no cumple con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente ley, dentro de los plazos ahí ordenados, su presupuesto anual se congelará en un (10%) diez por ciento. Dichos recursos deberán ir a la caja única del Estado por medio de la retención pertinente que haga la autoridad Hacendaria, o bien deberán ser transferidos a esta para el caso de los recursos que no se deriven del presupuesto nacional, los cuales serán utilizados para amortizar el pago de la deuda pública.

2) Adicionalmente a lo establecido en el inciso 1) de este artículo, el jerarca pertinente realizará un proceso administrativo con el fin de determinar los funcionarios responsables del incumplimiento sancionado en ese inciso, y los cuales serán penalizados con la categoría de una falta inmediatamente anterior a la más grave que determine el reglamento interno de trabajo de la institución.

3) En el evento de que luego de quince días naturales del vencimiento del plazo respectivo, no se haya cumplido con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente ley, su presupuesto anual se congelará en un (5%) cinco por ciento adicional a lo establecido en el inciso 1) de este artículo, por cada mes de atraso en que se incurra sin cumplir con dicho requerimiento. Estos recursos deberán ir a la caja única del Estado, por medio de la retención pertinente que haga la autoridad hacendaria, o bien deberán ser transferidos a esta para el caso de los recursos que no se derivan del presupuesto nacional, los cuales serán utilizados para amortizar el pago de la deuda pública.

4) Adicionalmente a lo establecido en el inciso 3) de este artículo, el jerarca pertinente realizará un proceso administrativo con el fin de determinar los funcionarios responsables del incumplimiento sancionado en ese inciso, y los cuales serán penalizados con la categoría de una falta más grave que determine el reglamento interno de trabajo de la institución.

5) Los funcionarios responsables de elaborar el reporte establecido en los artículos 4 y 5 de la presente ley, que incumplan con lo prescrito en cualquier de los artículos 6 y 7 de este mismo cuerpo legal, serán responsables de una falta inmediatamente anterior a la más grave que determine el reglamento interno de trabajo de la institución. Si comete reincidencia respecto de lo establecido en esos artículos, se le aplicará la falta más grave que determine el reglamento interno de trabajo de la institución.

Las instituciones que incurrieren en lo indicado en los incisos 1) y 3) de este artículo, no podrán solicitar presupuesto extraordinario para compensar la sanción presupuestaria ahí establecida.

TRANSITORIO I.- Las instituciones públicas tendrán un plazo máximo de seis meses para realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente ley, a partir de su entrada en vigencia.

Rige a partir de su publicación.

Fabricio Alvarado Muñoz

DIPUTADO

3 de marzo de 2015

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión de Gobierno y Administración.

1 vez.—O. C. Nº 25003.—Solicitud Nº 34407.—(IN2015039583).

PODER EJECUTIVO

ACUERDOS

MINISTERIO DE SALUD

N° DM-FP-4136-15

EL MINISTRO DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 25 párrafo 1 y 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la Inga. Ana Villalobos Villalobos, cédula de identidad N° 1-512-555, Jefa, y la Dra. Raquel Rodríguez Rodríguez, ambas funcionarias de la Unidad de Administración de Servicios de Salud de Ambiente Humano de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, para que asistan y participen en la actividad denominada “Reunión de Autoridades Sanitarias de la Región de América Latina y el Caribe”; que se llevará a cabo en la Ciudad de Santiago, Chile, del 23 al 27 de marzo del 2015.

Artículo 2º—Los gastos de las funcionarias, por concepto de transporte, alimentación y hospedaje serán cubiertos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por lo que no existe gasto del erario público.

Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación de las funcionarios en la actividad, devengarán el 100% de su salario.

Artículo 4º—Para efectos de itinerario las funcionarias, estarán saliendo del país el día 21 de marzo y regresando el 28 de marzo del 2015.

Artículo 5º—Rige del 21 de marzo al 28 de marzo del 2015.

Dado en el Ministerio de Salud.—San José a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil quince.

Publíquese.—Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 24154.—Solicitud Nº 7771.—(IN2015040485).

N° DM-FP-4137-15

EL MINISTRO DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 25 párrafo 1 y 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la Dra. Andrea Garita Castro, cédula de identidad N° 1-910-032, Directora de Planificación y Evaluación Estratégica de las Acciones en Salud, para que asista y participe en la actividad denominada “Reunión Presencial del Comité Técnico para Implementación del Plan Salud (CEIP) en el Marco de la Conclusión de la Evaluación del PSCARD 2010-2015”, que se llevará a cabo en Ciudad de San Salvador, El Salvador, del 02 al 03 de junio del 2015.

Artículo 2º—Los gastos de la funcionaria, por concepto de transporte, alimentación y hospedaje serán cubiertos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que no existe gasto a cargo del erario público.

Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación de la funcionaria en la actividad, esta devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Para efectos de itinerario la funcionaria, estará saliendo del país el día 01 de junio y regresando el 04 de junio del 2015.

Artículo 5º—Rige del 01 de junio al 04 de junio del 2015.

Dado en el Ministerio de Salud.—San José a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil quince.

Publíquese.—Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 24154.—Solicitud Nº 7770.—(IN2015040497).

N° DM-FP-4140-15

EL MINISTRO DE SALUD

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la Licda. Elizabeth González Pérez, cédula de identidad N° 1-630-065, funcionaria de la Unidad de Administración de Servicios de Salud de Ambiente Humano de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, para que asista y participe en la actividad denominada “Taller Regional Nuevas Directrices de Calidad del Aire en Hogares: la situación del uso de combustibles sólidos en las Américas”, que se llevará a cabo en Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, del 16 al 18 de junio del 2015.

Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación de la funcionaria en la actividad, esta devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Para efectos de itinerario la funcionaria, estará saliendo del país el día 15 de junio y regresando el 19 de junio del 2015.

Artículo 5º—Rige del 15 de junio al 19 de junio del 2015.

Dado en el Ministerio de Salud.—San José el primer día del mes de junio del dos mil quince.

Publíquese.—Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 24154.—Solicitud Nº 7771.—(IN2015040487).

N° DM-FP-4143-15

EL MINISTRO DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 25 párrafo 1 y 28 párrafo segundo inciso b) de la “Ley General de la Administración Pública” Nº 6227 del 02 de mayo de 1978.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Julio Mena Zamora, cédula de identidad N° 1-470-445, Asesor del Despacho Ministerial, para que asista y participe en la actividad denominada “III Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR)”; que se llevará a cabo en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, del 18 al 19 de junio del 2015.

Artículo 2º—Los gastos del funcionario, por concepto de transporte, alimentación y hospedaje serán cubiertos por fondos de la Cooperación que se administran en la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, por lo que no existe gasto a cargo del erario público.

Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación del funcionario en la actividad, este devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Para efectos de itinerario el funcionario, estará saliendo del país el día 17 de junio y regresará el día 20 de junio del 2015.

Artículo 5º—Rige del 17 de junio al 20 de junio del 2015.

Dado en el Ministerio de Salud.—San José, el primer día del mes de junio del dos mil quince.

Publíquese.—Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 24154.—Solicitud Nº 7771.—(IN2015040488).

N° DM-FP-4144-15

EL MINISTRO DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; 25 párrafo 1 y 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la Inga. Ana Villalobos Villalobos, cédula de identidad N° 1-512-555, Jefa Unidad de Administración de Servicios de Salud de Ambiente Humano de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, para que asista y participe en la actividad denominada “Reunión Regional para presentar la Nueva Variante Comparador de Reglamentaciones del Instrumento de Autoevaluación de la Infraestructura de Reglamentación en Materia de Seguridad SARIS”, que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 29 de junio al 03 de julio del 2015.

Artículo 2.—Los gastos de la funcionaria, por concepto de transporte, alimentación y hospedaje serán cubiertos por la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por lo que no existe gasto a cargo del erario público.

Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la participación de la funcionaria en la actividad, está devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Para efectos de itinerario la funcionaria, estará saliendo del país el día 28 de junio y regresando el 04 de julio del 2015.

Artículo 5º—Rige a partir del 28 de junio al 04 de julio del 2015.

Dado en el Ministerio de Salud.—San José el primer día del mes de junio del dos mil quince.

Publíquese.—Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud.—1 vez.—O. C. Nº 24154.—Solicitud Nº 7770.—(IN2015040498).

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

016-2015-MTSS

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 inciso 2 y 28 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, del 2 de mayo de 1978 y en los artículos 7, 31, 34 y 37 concordantes del Reglamento de Gastos de Viajes y Transportes para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que se ha recibido invitación por parte la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para participar en “III Seminario sobre el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica”, que tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, los días 22 a 26 de junio de 2015.

2º—Que dicha actividad es de gran interés para el Gobierno de Costa Rica y en especial para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debido a que tiene como objetivo dar a conocer las principales iniciativas llevadas a cabo por las administraciones públicas para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica y ofrecer un espacio de debate, intercambio de experiencias y transferencia de conocimiento sobre el empleo de personas con discapacidad en la región entre responsables de esta materia. Por ello, el seminario está dirigido a responsables técnicos y directivos de instituciones públicas responsables del empleo de las personas con discapacidad en la región.

3º—Que la participación de la señora Ana Lorena Chaves Rodríguez, corresponde con sus funciones y responsabilidades de Jefa de la Unidad para la Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Ana Lorena Chaves Rodríguez, cédula 2-371-430, Jefa de la Unidad para la Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para participar en el “III Seminario sobre el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica”, que tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, los días 22 a 26 de junio de 2015.

Artículo 2º—Los gastos de participación de la señora Chaves Rodríguez por concepto de tiquetes aéreos serán cubiertos por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y los correspondientes a alojamiento, alimentación y traslados locales serán cubiertos por la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo.

Artículo 3º—Que durante los días en que se autoriza a la señora Chaves Rodríguez a participar en el “III Seminario sobre el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica”, que tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, los días 22 a 26 de junio de 2015, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 23 y hasta el 27 de junio de 2015.

Dado en el Despacho del Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social a. í., a las diez horas del nueve de junio del dos mil quince.

Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad Social a. í.—1 vez.—O. C. N° 3400023786.—Solicitud N° 34716.—(IN2015040928).

017-2015-MTSS

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica y los artículos 28, 29 y 39 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que se ha recibido invitación por parte de la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para participar en la Mesa de Cooperación Sur Sur para la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil que tendrá lugar en Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de julio de 2015.

2º—Que dicha actividad es de gran interés para el Gobierno de Costa Rica y en especial para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debido a que los objetivos de la actividad son: Analizar conjuntamente la situación de trabajo infantil en la región; valorar los esfuerzos que se llevan a cabo desde los países y renovar compromisos conjuntos para hacer realidad la responsabilidad que asumen los países y las sociedades en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder superar la realidad de trabajo infantil en el 2025.

3º—Que la participación la señora Esmirna Sánchez Vargas, cédula 4-0122-0869, corresponde a sus funciones como Jefa de la Oficina de Atención al Trabajador Infantil y Adolescente (OATIA) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a la señora Esmirna Sánchez Vargas, cédula 4-0122-0869, Jefa de la OATIA, para que participe en la Mesa de Cooperación Sur Sur para la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil que tendrá lugar en Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de julio de 2015.

Artículo 2º—Los gastos de participación de la señora Sánchez Vargas, en la Mesa de Cooperación Sur Sur para la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil que tendrá lugar en Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de julio de 2015, corren por cuenta del Gobierno de Brasil, así como de la OIT.

Artículo 3º—Que durante los días en que se autoriza a la señora Sánchez Vargas a participar en la Mesa de Cooperación Sur Sur para la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil que tendrá lugar en Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de julio de 2015, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 30 de junio y hasta el 4 de julio de 2015.

Dado en el Despacho del Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social a. í., a las once horas del día nueve de junio de dos mil quince.

Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad Social a. í.—1 vez.—O. C. N° 3400023786.—Solicitud N° 34719.—(IN2015040909).

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

RESOLUCIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN

PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

ESTABLECIDOS EN EL INCISO H) ARTÍCULO 59 DE

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

N° DGT-R-013-2015.—Dirección General de Tributación.—San José, a las ocho horas del primero de junio del dos mil quince.

Considerando:

I.—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en adelante Código Tributario, faculta a la Administración Tributaria para dictar normas generales para la correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

II.—Que el artículo 60 de la Ley N° 9274 del 12 de noviembre del 2014, denominada “Reforma Integral de la Ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y Reforma de Otras Leyes”, modificó el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece en el inciso h) la sujeción al Impuesto de Remesas al Exterior, respecto del pago o acreditación de intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como de los montos que se paguen por concepto de arrendamientos de bienes de capital, por parte de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica, a toda entidad o persona física domiciliada en el extranjero. Asimismo, establece tarifas impositivas reducidas para aquellas transacciones realizadas con entidades extranjeras, que al igual que el sujeto pagador domiciliado en Costa Rica, sean vigiladas e inspeccionadas en sus correspondientes jurisdicciones, por entidades públicas con igual rango y competencia que la Superintendencia General de Entidades Financieras costarricense. Se fija además una tarifa reducida escalonada en favor de bancos extranjeros que formen parte de un grupo o conglomerado financiero costarricense regulados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. También se dispone la exoneración de este impuesto respecto del pago realizado por entidades bancarias multilaterales de desarrollo, organismos bilaterales o multilaterales de desarrollo, así como organizaciones sin fines de lucro.

III.—Que en razón de lo anterior, mediante el Decreto denominado “Modificaciones y Adiciones al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, mismo que se encuentra pendiente de publicación para su entrada en vigencia, se modificaron los artículos 1, 64 y 65 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ejecutivo N° 18445-H del 9 de setiembre de 1988, tanto en lo referido a los nuevos supuestos en que debe aplicarse el Impuesto de Remesas al Exterior, como en lo referente a las exenciones y tarifas ya mencionadas en el considerando anterior.

IV.—Que en materia tributaria tanto el Código Tributario como el Reglamento de Procedimiento Tributario establecen los medios que tiene el administrado para dirigirse a la Administración Tributaria: 1) Solicitudes de información sobre trámites o requisitos. 2) Peticiones fundamentadas en el artículo 102 del Código Tributario; y 3) Consultas tributarias reguladas por el artículo 119 de este mismo Código.

En este caso en particular, las solicitudes relacionadas con la posibilidad de aplicar las exoneraciones así como las tarifas reducidas establecidas en el inciso h) del artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serían consideradas peticiones fundamentadas en el artículo 102 del Código Tributario.

V.—Que el artículo 102 del Código Tributario establece que el Director General de la Administración Tributaria o los Gerentes de las Administraciones Tributarias Territoriales y el Director de Grandes Contribuyentes Nacionales, en quienes él delegue, están obligados a resolver toda petición planteada por los interesados, dentro de un plazo de dos meses.

VI.—Que por razones de oportunidad, conveniencia e interés público, la Administración Tributaria considera necesario emitir la presente resolución para regular los requisitos y el trámite para atender este tipo de solicitudes, a fin de poder desarrollar de forma eficiente y eficaz la normativa que regula el tema de las exoneraciones y las tarifas reducidas reconocidas en el Impuesto de Remesas al Exterior en el caso del pago, acreditación o puesta a disposición de comisiones, intereses y otros gastos financieros que incidan en la declaración jurada de retenciones en la fuente.

VII.—Que en el presente caso existe un evidente interés público y de urgencia en aplicar la disposición contenida en el artículo 59 inciso h) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que se omite el procedimiento establecido en el artículo 174 párrafo segundo del Código Tributario, dado que esta omisión no causa ningún perjuicio a las entidades o personas mencionadas en la norma referida.

VIII.—Que el artículo 4 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 de 4 de marzo del 2002, establece que todo trámite o requisito con independencia de su fuente normativa, deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Por tanto,

RESUELVE:

Artículo 1º—Toda solicitud de autorización para aplicar las exoneraciones y tarifas reducidas en el pago, acreditación o puesta a disposición de remesas al exterior en concepto de comisiones, intereses y otros gastos financieros, debe presentarse por escrito dirigido al Gerente de la Administración Tributaria o al Director de Grandes Contribuyentes Nacionales en que se encuentre inscrito el sujeto pasivo y debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Indicar las razones de hecho y de derecho por las cuales solicita que se le autorice la aplicación de las tarifas reducidas o de la exoneración tributaria.

b) Indicar medio para recibir notificaciones.

c) Estar al día en el pago de los impuestos que administre la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda.

d) Estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

e) Aportar certificación emitida por la autoridad tributaria competente que acredite al beneficiario de la remesa como residente fiscal del país extranjero.

f) En el caso de exoneraciones, solicitadas por las organizaciones sin fines de lucro, deberá aportarse prueba idónea que demuestre que la organización está exonerada o no sujeta al impuesto.

g) En el caso de tarifas reducidas, aportar certificación emitida por autoridad competente en el extranjero, de que el beneficiario de la remesa está sujeto a la vigilancia e inspección de sus actividades financieras por parte de un ente público con objetivos, rangos, potestades o fines similares a los que en Costa Rica desempeña para el sistema financiero nacional, la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Los documentos emitidos en el extranjero deben ser autenticados y legalizados por la autoridad competente en el lugar de origen, de acuerdo con la legislación consular vigente.

Artículo 2º—Si el solicitante no cumple con alguno de los requisitos establecidos, la Subgerencia de Servicio al Contribuyente de la Administración Tributaria le debe realizar la prevención para el cumplimiento de este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento de Procedimiento Tributario.

Artículo 3º—Para efectos de los supuestos establecidos en los párrafos segundo y tercero del inciso h) del artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Administración Tributaria verificará el listado oficial de conglomerados financieros regulados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, así como de entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de Entidades Financieras, que es publicado en el portal electrónico de este órgano supervisor, en la opción “Acceso directo a la lista de entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF”.

Artículo 4º—La resolución que emita la Administración Tributaria, debe motivar el acto de autorización o denegación de la solicitud, e indicar al solicitante que tiene derecho a presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 156 del Código Tributario.

Los motivos que autoricen la aplicación de la exoneración se limitan a la verificación de elementos subjetivos establecidos en los supuestos contenidos en el inciso h) del artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, de manera que se verifique que tanto el sujeto pasivo como el beneficiado con la remesa al exterior, cumplan con tales requisitos.

En razón de lo anterior, la autorización de la aplicación de la exoneración o aplicación de la tarifa reducida no implica para la Administración Tributaria la aceptación tácita de los montos y conceptos reflejados en la declaración de retenciones en la fuente por concepto del Impuesto de Remesas al Exterior que realice el sujeto pasivo, como producto de las transacciones económicas llevadas a cabo por el solicitante, en el pago de comisiones, intereses y otros gastos financieros.

En la autorización emitida se deberá advertir al sujeto pasivo que la exoneración o aplicación de tarifas reducidas únicamente se otorga para efectos del pago de remesas en concepto de comisiones, intereses y otros gastos financieros, sin perjuicio de otros supuestos y tarifas establecidas en el Impuesto de Remesas al Exterior que sean aplicables a tales residentes en el extranjero.

Una vez aprobada la solicitud, la Administración Tributaria llevará un registro de los sujetos beneficiados con la exoneración o la aplicación de tarifas reducidas.

Artículo 5º—De ser aprobada la solicitud de exoneración o la aplicación de tarifas reducidas, el sujeto pasivo procederá a autoliquidar la obligación tributaria en la declaración establecida bajo el formulario D-103-Retenciones en la fuente.

Artículo 6º—La vigencia del reconocimiento como sujeto exonerado o beneficiado con la tarifa reducida se mantendrá siempre y cuando los sujetos contemplados en el inciso h) del artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cumplan con lo establecido en dicha norma, su Reglamento así como la presente resolución.

Los sujetos pasivos están obligados a informar a la Administración Tributaria sobre cualquier cambio que afecte el ejercicio de los beneficios tributarios aquí mencionados.

Artículo 7º—Los sujetos pasivos deberán conservar el respaldo documental y contable de las transacciones efectuadas, en los términos de los artículos 109 y el inciso a) del 104 del Código Tributario, de forma tal que puedan identificarse con claridad las remesas que contengan tarifas reducidas o se encuentren exoneradas.

Artículo 8º—Vigencia. Rige a partir de su publicación.—Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación.—1 vez.—O. C. N° 3400023907.—Solicitud N° 34619.—(IN2015040650).

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

RES-APB-DN-209-2015.—Aduana de Peñas Blancas, La Cruz, Guanacaste, al ser las quince horas cuarenta minutos del veintiséis de mayo del dos mil quince. (Exp. DN-APB-066-2014)

Procede de oficio esta Administración a declarar en abandono la mercancía para que a la vez se proceda con el remate de la mercancía decomisada el día 06 de marzo de 2014, por la Policía de Control Fiscal mediante Acta de decomiso y/o secuestro N° 2870, a la señora Yesenia Valverde Sánchez, cédula de identidad número 6-203-450.

Resultando:

I.—Que el día 06 de marzo de 2014, al ser las diez horas y veinte minutos, en cumplimiento del Plan Operativo de la Policía de Control Fiscal número PCF-DO-DPC-PO-PB-0048-2014, mediante Acta de inspección ocular y/o hallazgo N° 14174, en la zona de equipajes de la Aduana de Peñas Blancas, se procedió con la revisión del autobús matrículas costarricenses SJB 10761, en el cual se logró ubicar un maletín color naranja que no fue llevado al escáner de revisión, y que al abrirlo se encontraron piezas de ropa nueva de la pasajera Yesenia Valverde Sánchez, cédula de identidad número 6-203-450. Por tal motivo, se procede con el decomiso preventivo de la mercancía al no contar con la documentación idónea que respalde la compra en el territorio nacional o el debido pago de impuestos. (Ver folios 05 y 06)

II.—Que mediante Acta de decomiso y/o secuestro N° 2870 de las diez horas con cincuenta minutos del 06 de marzo de 2014, en relación con el Acta de inspección ocular y/o hallazgo N° 14174, se procedió con el decomiso de la siguiente mercancía:

Por no contar con documentos que amparen el pago de impuestos para el ingreso a territorio nacional
Cantidad	Descripción
93 unidades	Blusas para mujer de diferentes colores y tallas
13 unidades	Vestidos para mujer de diferentes colores y tallas
03 unidades	Faldas para mujer de diferentes colores y tallas
07 unidades	Shorts para mujer de diferentes colores y tallas
01 unidad	Licra para mujer
TOTAL:	117 Unidades

Dicha mercancía quedó embalada y rotulada con cinta de la Policía de Control Fiscal, en las mismas condiciones en que fue decomisada. (Ver folios 07 y 08)

III.—Que mediante Acta de inspección ocular y/o hallazgo N° 14175 de las once horas diez minutos del 06 de marzo de 2014, en relación con el Acta de decomiso y/o secuestro N° 2870, se procedió con el depósito temporal de la mercancía detallada en el Resultando anterior, en el Depositario Aduanero de Peñas Blancas S. A., código A235, recibida por el Asistente de operaciones el señor Diego Vargas Alvarado, bajo los movimientos de inventario número 14725. (Ver folios 09, 10 y 19)

IV.—Que mediante informe número PCF-DO-DPC-PB-INF-017-2014, de fecha 09 de marzo de 2014, la Policía de Control Fiscal remitió a la Aduana de Peñas Blancas, el expediente original número PCF-DO-DPC-PB-EXP-017-2014, relacionado con el decomiso de la mercancía supra citada, que se hizo durante la revisión al autobús placas costarricenses número SJB 10761. (Ver folios del 13 al 15)

V.—No consta en el expediente administrativo manifestación alguna del interés de la parte para cancelar los impuestos presuntamente evadidos, ya que la mercancía decomisada no se encuentra aún en estado de abandono.

VI.—Que en el presente procedimiento se han observado las prescripciones de ley.

Considerando:

I.—Sobre el Régimen Legal Aplicable: De conformidad con los artículos 6, 7 y 9 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); artículos 13, 24, 56 inciso a) de la Ley General de Aduanas; numeral 188 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

II.—Sobre el Objeto de la Litis: El presente asunto se circunscribe en considerar en abandono la siguiente mercancía: 93 blusas para mujer de diferentes colores y tallas, 13 vestidos para mujer de diferentes colores y tallas, 03 faldas para mujer de diferentes colores y tallas, 07 shorts para mujer de diferentes colores y tallas y 01 licra para mujer; que fue decomisada el 06 de marzo de 2014 mediante acta N° 2870 de la Policía de Control Fiscal a la señora Yesenia Valverde Sánchez, cédula de identidad número 6-203-450, y que se encuentra en custodia del Depositario Aduanero de Peñas Blancas S. A., código A235, bajo el movimiento de inventario número 14725 con fecha de ingreso el día 10 de marzo de 2014. Asimismo, proceder con el remate de dicha mercancía por falta de pago de los impuestos para el ingreso al territorio nacional.

III.—Sobre la Competencia del Gerente: Que de acuerdo con los artículos 13, 24 de la Ley General de Aduanas y los artículos 34, 35 y 36 del Decreto Nº 32481-H, las Aduanas son las unidades técnico administrativas con competencia territorial, siendo una de sus atribuciones exigir y comprobar los elementos que determinen la obligación tributaria aduanera e iniciar los procedimientos administrativos y atender las gestiones que puedan derivarse de la entrada, permanencia y salida de las mercancías al territorio aduanero naciona1341 por lo que le compete al Gerente de la Aduana emitir actos administrativos. El artículo 35 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, otorga competencia al Gerente:

“… dirigir técnica y administrativamente la aduana. La Gerencia está conformada por un Gerente, un Subgerente quien estará subordinado al Gerente y lo remplazará en sus ausencias, con sus mismas atribuciones, para lo cual bastará su actuación. (…)” (El subrayado no está en el original).

IV.—Sobre el fondo: De conformidad con la documentación que consta en expediente, se demuestra que la Policía de Control Fiscal le decomisó a la señora Yesenia Valverde Sánchez, cédula de identidad número 6-203-450, la mercadería correspondiente a: 93 blusas para mujer de diferentes colores y tallas, 13 vestidos para mujer de diferentes colores y tallas, 03 faldas para mujer de diferentes colores y tallas, 07 shorts para mujer de diferentes colores y tallas y 01 licra para mujer. Al respecto, el artículo 56 inciso a) de la Ley General de Aduanas indica que: “las mercancías serán consideradas legalmente en abandono en los siguientes casos: a) cuando no se solicite una destinación dentro de un plazo de quince días hábiles desde el arribo de las mercancías a un puerto aduanero”. De manera, que esta Administración al determinar como fecha de arribo de las mercancías supra citadas el día 06 de marzo de 2014 (fecha en la que sucedió el decomiso en el puesto de equipajes de la Aduana de Peñas Blancas), sin que a la fecha de la presente resolución se haya solicitado destinación alguna, con base en el artículo antes mencionado considera procedente declarar en estado de abandono las mercancías que la Policía de Control Fiscal le decomisó a la señora Yesenia Valverde Sánchez. Por consiguiente, asigna a la Sección de Depósitos de esta Aduana, para que proceda con el remate respectivo de conformidad con la normativa aplicable, para lo cual se le remitirá una copia del expediente administrativo a fin de que coordine e incluya la mercancía que está en depósito bajo el movimiento de inventario número 14725 con fecha de ingreso el día 10 de marzo de 2014, en la lista que se levanta para el remate según corresponda. En mérito de lo expuesto, lo procedente es ordenar el archivo del expediente administrativo DN-APB-066-2014 y notificar a la Policía de Control Fiscal lo dispuesto por esta Administración. Por tanto:

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales invocadas, esta Administración, resuelve: Primero: Declarar en abandono la totalidad de la mercancía decomisada por la Policía de Control Fiscal a la señora Yesenia Valverde Sánchez, cédula de identidad número 6-203-450, mediante Acta de decomiso y/o secuestro N° 2870 de fecha 06 de marzo de 2014, que consta en el expediente PCF-DO-DPC-PB-EXP-017-2014, por no haberse solicitado destinación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 inciso a) y ordenar el remate de la misma por no contar con los documentos que amparen el pago de impuestos para el ingreso a territorio nacional. Segundo: Remitir copia del expediente administrativo DN-APB-066-2014 a la Sección de Depósitos de la Aduana para el remate correspondiente, por tratarse de mercancía que está en abandono. Tercero: Una vez en firme la presente resolución, procédase a su archivo. Notifíquese. A la señora Yesenia Valverde Sánchez, a la Sección de Depósito de esta Aduana, al Depositario Aduanero de Peñas Blancas S. A. código A235 y a la Policía de Control Fiscal.

Aduana de Peñas Blancas.—Lic. Wilson Céspedes Sibaja, Gerente.—1 vez.—O. C. N° 3400024313.—Solicitud N° 34668.—(IN2015040933).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del título de bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 01, folio 123, título N° 543, emitido por el Liceo de Pavas, en el año mil novecientos noventa y nueve, a nombre de Salazar Ramírez Rocío de los Ángeles, cédula N° 1-1056-0524. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040682).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 45, título N° 1207, emitido por el Colegio María Inmaculada de San Carlos, en el año dos mil ocho, a nombre de Chaves Rodríguez José Pablo, cédula 2-0697-0022. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 9 de junio del 2015.—Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040021).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, folio 25, título N° 262, emitido por el Colegio Nocturno León XIII, en el año dos mil siete, a nombre de Pastora María Jiménez Torres. Se solicita la reposición del título indicado por cambio de nombre, cuyos nombres y apellidos correctos son: Maripaz Jiménez Torres, cédula 1-1046-0911. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 17 de junio del 2015.—Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040071).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Ciencias, inscrito en el tomo 1, folio 7, asiento N° 112, emitido por el Colegio Calasanz Nocturno, en el año setenta y seis, a nombre de Fontana Coto Edwin, cédula N° 1-0417-0534. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los quince días del mes de junio del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040186).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 01, folio 256, título N° 2038, emitido por el Colegio Monterrey, en el año dos mil doce, a nombre de Velásquez Meléndez Mercedes Saraí. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veintidós días del mes de junio del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040276).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 63, título N° 78, emitido por el CINDEA Alberto Manuel Brenes Mora, en el año dos mil ocho, a nombre de Rebeca Marjorie Ayala Pérez. Se solicita la reposición del título indicado por cambio de apellido, cuyos nombres y apellidos correctos son: Rebeca Marjorie Ayala Baltodano, cédula de residencia N° 155819295314. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los ocho días del mes de junio del 2015.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040564).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 41, título N° 175, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Liberia, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Quijano Rodríguez Carlos Abel, cédula N° 5-0318-0360. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los dieciséis días del mes de junio del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015040643).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 01, folio 66, título N° 1107, emitido por el Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores, en el año mil novecientos noventa y seis, a nombre de Espinoza Delgado Susana, cédula 4-0165-0741. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veintidós días del mes de junio del dos mil quince.—MEd. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015041090).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 145, título Nº 1020, emitido por el Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel, en el año dos mil dos, a nombre de Cordero Ulloa Adriana, cédula: 3-0398-0390. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, a los veinticuatro días del mes de junio del dos mil quince.—Med. Lilliam Mora Aguilar, Directora.—(IN2015041344).

JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Cambio de Nombre N° 96864

Que Édgar Rohrmoser Zúñiga, casado, cédula de identidad 106170586, en calidad de apoderado especial de Valmark S.A.S, solicita a este Registro se anote la inscripción de Cambio de Nombre de Valmark S. A. por el de Valmark S.A.S, presentada el día 12 de mayo de 2015 bajo expediente 96864. El nuevo nombre afecta a las siguientes marcas: 1994-0005365 Registro N° 92893 FUERA DE SERIE en clase 25 Marca Denominativa. Publicar en La Gaceta Oficial por única vez, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N° 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—San José, 21 de mayo del 2015.—Ildreth Araya Mesén, Registradora.—1 vez.—(IN2015040621).

Patentes de invención

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

La señora María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, céd. 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Pepsico Inc., de E.U.A., solicita el Diseño Industrial denominada BOTELLA.

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El diseño ornamental para una Botella, como se muestra y describe. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Diseños Industriales es: 25/02; cuyo(s) inventor(es) es(son) Carlos Hernán Marina, Tucker Hamilton Fort, Morris Elijah Worden IV, Joey Miguel Zeledón. Prioridad: 29/08/2014 US 29/500,925. La solicitud correspondiente lleva el número 20150112, y fue presentada a las 14:38:25 del 27 de febrero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 26 de mayo del 2015.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—(IN2015040031).

La señora María del Pilar López Quirós, cédula 1-1066-0601, mayor de edad, vecina de Escazú, apoderada especial de Pepsico Inc., de E.U.A., solicita el Diseño Industrial denominada BOTELLA.

Para ver imagen solo en La Gaceta con formato PDF

El diseño ornamental para una botella, como se muestra y describe. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Diseños Industriales es: 25/02; cuyo(s) inventor (es) es (son) Carlos Hernán Marina, Tucker Hamilton Fort, Morris Elijah Worden IV, Joey Miguel Zeledón. Prioridad: 29/08/2014 US 29/500,942. La solicitud correspondiente lleva el número 20150111, y fue presentada a las 14:36:39 del 27 de febrero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 26 de mayo del 2015.—Lic. Daniel Marenco Bolaños, Registrador.—(IN2015040032).

El señor Harry Zurcher Blen, céd. 1-415-1184, mayor de edad, vecino de San José, apoderado especial de Clawd Technologies Inc, de Canadá, solicita la Patente de Invención denominada MÉTODO DE GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES DE ROL BASADO EN UN SISTEMA INFORMÁTICO. Un sistema informático gestiona los derechos digitales basados en roles mediante la creación de una cadena de confianza que se origina con un usuario que pretende actuar como autoridad de registro cuyo estado puede ser verificado para comprobar que el usuario está autorizado para actuar como autoridad de registro La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: G06F 21/00; G06F 21/10; cuyo(s) inventor(es) es(son) Meunier, Sebastien, Belisle, Pierre, Dartigues, Guy. Prioridad: 27/07/2012 US 61/676,489; 30/01/2014 WO 2014/015413. La solicitud correspondiente lleva el número 20150108, y fue presentada a las 14:28:10 del 27 de febrero del 2015. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 28 de mayo del 2015.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—(IN2015040033).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

El Lic. Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad N° 1-0669-0228, solicita a este Registro se anote la cesión, en donde la compañía Merial Limited, cede sus derechos sobre la Patente de Invención denominada: “COMPUESTOS ANTIPARASITARIOS DE DIHIDROAZOL Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN A LOS MISMOS”, a favor de la compañía Merial Inc., de conformidad con los documentos privados de cesión aportados el cinco de junio del dos mil quince. Expediente N° 2012-0328.—San José, 8 de junio del 2015.—Randall Abarca Aguilar, Registrador.—1 vez.—Solicitud N° 34237.—(IN2015040141).

El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes hace saber que por resolución de las ocho horas cincuenta minutos del primero de octubre del dos mil catorce, fue inscrita la Patente de Invención denominada CONJUNTO DE TRANCA AL QUE SE LE PUEDE CAMBIAR LA LLAVE Y MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO a favor de Kwikset Corporation, domiciliada en Estados Unidos, cuyo inventor es: Gerald B. Chong de nacionalidad filipina, se le ha otorgado el número de inscripción de Patente 3181, estará vigente hasta el cuatro de diciembre del dos mil veintiséis, la Clasificación Internacional de Patentes son E05B 27/04; E05B 29/04.—San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del cinco de junio del dos mil quince.—Lic. Fabián Andrade Morales, Registrador.—1 vez.—(IN2015040623).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

Asociaciones civiles

AVISOS

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Cantando Voy Por La Vida, con domicilio en la provincia de: San José-San José, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Realizar obras de bien social y actividades benéficas, en procura de mejorar la calidad de vida de niños y adultos que cuenten con escasos recursos económicos. Cuyo representante, será la presidenta: Ana Virginia González Fonseca, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2015, asiento: 114724 con adicionales: 2015-140677.—Dado en el Registro Nacional, a las 10 horas 24 minutos y 18 segundos del 16 de junio del 2015.―Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez—(IN2015040557).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Street Dogs Costa Rica, con domicilio en la provincia de: Alajuela-San Carlos, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Trabajar en conjunto con grupos organizados de las comunidades de la región norte, en el desarrollo y ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los perros abandonados. Cuyo representante, será el presidente: Scott Alan Bradley, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2014, asiento: 156093.—Dado en el Registro Nacional, a las 12 horas 1 minuto y 12 segundos, del 2 de junio del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015040592).

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación de Vecinos de Cerro Fresco Garabito, con domicilio en la provincia de: Puntarenas-Garabito, cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Vigilar por el uso adecuado de la servidumbre y su mantenimiento, cuyo representante, será el presidente: Robert Sherman, con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento tomo: 2015, asiento: 18744 con adicionales: 2015-136939.—Dado en el Registro Nacional, a las 9 horas 12 minutos y 2 segundos, del 15 de junio del 2015.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2015040602).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

HABILITACIÓN DE NOTARIO(A) PÚBLICO(A). La DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO con oficinas en San José, San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que ante este Despacho se ha recibido solicitud de INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN como delegatario para ser y ejercer la función pública Estatal del NOTARIADO, por parte de: ANDRÉS ALFREDO CHINCHILLA JIMÉNEZ, con cédula de identidad número 1-1349-0789, carné número 22318. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del (de la) solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a esta publicación. Expediente N° 15-000560-0624-NO.—San José, 22 de abril del 2015.—Unidad Legal Notarial.—Licda. Anaida Cambronero Anchía, Abogada.—1 vez.—(IN2015040560).

AMBIENTE Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE AGUAS

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. 16584-A.—María Cecilia Rodríguez Arce, solicita concesión de: 1 litro por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Desmonte, San Mateo, Alajuela, para uso agropecuario abrevadero y consumo humano. Coordenadas 217.267 / 483.696 hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 8 de junio del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015040052).

Exp. N° 10749A.—Evelio Ramírez Carranza y Waler Ramírez Cubero, solicitan concesión de: 0,21 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Piedades Sur, San Ramón, Alajuela, para uso agropecuario - abrevadero y consumo humano - doméstico. Coordenadas: 234.100 / 475.300, hoja Miramar. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 25 de mayo del 2015.—Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2015040184).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

ACUERDOS

Propuesta de pago 40001 del 28 de enero del 2015

La Dirección Ejecutiva del Tribunal Supremo de Elecciones, acuerda girar a la orden de los interesados los presentes montos, para atender el pago de las cuentas correspondientes a las respectivas partidas del presupuesto.

Cédula Nombre Monto líquido ¢

103510839 Freddy Valverde Vargas -NI- 215.188,18

106550280 María Priscilla Zamora Amador 1.254.746,93

107170011 Luis Guillermo Jiménez Méndez 4.727.457,28

107170011 Luis Guillermo Jiménez Méndez 1.451.416,26

108570227 David Vinicio Solano Ruiz 1.220.100,00

109040152 Yadira Quesada Anchía 479.654,79

Cédula Nombre Monto líquido ¢

109780682 Kareem Abdul Gittens Dixon 607.110,00

202901304 Carlos A. Rodríguez Arias -NI- 569.916,80

203190535 Orlando Villalobos González 214.200,00

204560983 Napoleón Burgos Zelaya 660.618,00

205110252 Molina Quesada Marleny 200.000,00

206020260 Andreina Arias Guerrero 889.791,00

500460423 Walter Porras Fernández -NI- 501.270,00

501660614 Luz Marina Jiménez Ledezma -NI- 364.000,00

501660614 Luz Marina Jiménez Ledezma -NI- 80.600,00

501870077 Fued Antonio Ayales Matarrita 1.305.616,71

501990032 Maruja Castillo Porras 1.624.872,79

602100539 Geovanny Ledezma Mejías 784.000,00

603190176 Natacha Garro López -NI- 1.246.787,37

800530605 Kuing Fong Chan -NI- 508.667,50

800570740 Giampaolo Ulcigrai Dandri 467.649,76

3002045433 Asociación Cruz Roja Costarricense 803.879,49

3006101757 Fundac. Universidad de Costa Rica 648.000,00

3006101757 Fundac. Universidad de Costa Rica 155.000,00

3006101757 Fundac. Universidad de Costa Rica 270.000,00

3006324743 Fundación para el Desarrollo Academ. 280.500,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 23.100,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 10.140,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 13.060,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 65.000,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 120.000,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 24.740,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 27.310,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 22.990,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 93.450,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 95.610,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 116.590,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 95.610,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 21.770,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 20.660,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 81.110,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 21.530,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 21.600,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 23.100,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 12.250,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 14.290,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 25.220,00

3007042032 Junta Administrativa de la Imprenta 14.120,00

3007051185 Colegio Federado de Ingenieros y. 216.836,00

3007547060 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Co. 1.880.000,00

3101002749 Abonos Agro S. A. 52.955,28

3101002749 Abonos Agro S. A. 62.538,00

3101003105 Corp. Inv. Costarricense S. A. -NI- 273.057,88

3101003105 Corp. Inv. Costarricense S. A. -NI- 1.592.838,15

3101003252 G B M de Costa Rica S. A. 1.798.643,78

3101003937 Hacienda Santa Anita S. A. -NI- 1.752.975,00

3101003937 Hacienda Santa Anita S. A. -NI- 101.250,00

3101004126 Franz Amrhein & Co. S. A. 796.620,44

3101005197 Holst Van Patten S. A. 2.827.300,00

3101006463 Jiménez y Tanzi S. A. 907.480,00

3101006463 Jiménez y Tanzi S. A. 12.000,00

3101006463 Jiménez y Tanzi S. A. 2.471.822,64

3101006463 Jiménez y Tanzi S. A. 1.005.480,00

3101006829 Televisora de Costa Rica S. A. 56.000,00

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 504.724,50

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 299.750,00

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 1.410.024,00

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 144.425,00

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 568.816,50

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 2.638.454,00

3101009059 Radiográfica Costarricense S. A. 299.750,00

3101009515 Productive Business Solutions (Cost. 70.124,76

3101013086 Compañía Inversionista Las Brisas S. 23.109.296,70

3101016273 Compañía Leogar S. A. 7.723.192,62

Cédula Nombre Monto líquido ¢

3101016488 Quebrada San Juan S. A. 2.439.986,81

3101017468 Radio Mensajes S. A. 432.915,00

3101020660 Control Electrónico S. A. 172.655,67

3101020660 Control Electrónico S. A. 7.331.225,16

3101020660 Control Electrónico S. A. 4.016.236,39

3101020660 Control Electrónico S. A. 324.061,40

3101020660 Control Electrónico S. A. 1.572.494,67

3101020826 Elvatron S. A. 237.797,43

3101024094 Compañía Técnica y Comercial SATEC 4.121.880,00

3101025416 Vehículos Internacionales (VEINSA) 14.343.701,40

3101027972 Agencias Básicas Mercantiles A B M 3.447.800,82

3101027972 Agencias Básicas Mercantiles A B M 1.051.871,44

3101027972 Agencias Básicas Mercantiles A B M 82.218,79

3101027972 Agencias Básicas Mercantiles A B M 318.748,92

3101027972 Agencias Básicas Mercantiles A B M 478.123,38

3101027972 Agencias Básicas Mercantiles A B M 13.010,16

3101029593 Electrotécnica S. A. 323.085,64

3101029593 Electrotécnica S. A. 970.590,46

3101029593 Electrotécnica S. A. 6.663.446,17

3101029593 Electrotécnica S. A. 633.247,85

3101032032 Agencia de Viajes Colón S. A. 1.110.597,89

3101033964 Inversiones de Grecia S. A. -NI- 1.009.409,02

3101035198 Instalaciones Telefónicas Costa Ric. 71.400,00

3101035198 Instalaciones Telefónicas Costa Ric. 86.517,56

3101035798 Prevención y Seguridad Industrial S. 52.500,00

3101041871 Distribuidora Solano y Ulate 294.980,00

3101044039 Indianápolis S. A. 75.548,00

3101044039 Indianápolis S. A. 298.134,37

3101044039 Indianápolis S. A. 460.068,84

3101044039 Indianápolis S. A. 1.137.096,45

3101059070 Distribuidora y Envasadora de Quimi. 1.965.047,00

3101059070 Distribuidora y Envasadora de Quimi. 3.537.084,60

3101059070 Distribuidora y Envasadora de Quimi. 1.965.047,00

3101059070 Distribuidora y Envasadora de Quimi. 3.537.084,60

3101064694 Distribuidora Santa Bárbara de Pava 170.435,00

3101069622 Price Waterhouse Coopers Consultore 5.840.800,00

3101069622 Price Waterhouse Coopers Consultore 2.920.400,00

3101073893 Grupo de Soluciones Informáticas GS 397.373,65

3101073893 Grupo de Soluciones Informáticas GS 5.094.670,24

3101073972 Copias Dinámicas S. A. 49.629,82

3101074898 Controles Video Técnicos de Costa 245.000,00

3101080638 Distribuidora Ramírez y Castillo S. 6.304.065,60

3101081651 Publicidad Progresiva S. A. 543.312,00

3101081651 Publicidad Progresiva S. A. 277.200,00

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 169.056,19

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 113.155,87

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 38.445,02

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 124.843,33

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 124,68

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 96.117,98

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 124.843,33

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 292,73

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 70.645,17

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 113.155,87

3101083187 Ricoh Costa Rica S. A. 169.056,19

3101089260 Inversiones La Rueca S. A. 627.200,00

3101089260 Inversiones La Rueca S. A. 42.200,00

3101089260 Inversiones La Rueca S. A. 779.688,00

3101089260 Inversiones La Rueca S. A. 20.160,00

3101090073 Tienda Internacional de Productos 563.500,00

3101090073 Tienda Internacional de Productos 110.000,00

3101091952 Lest Dental S. A. 803.600,00

3101096527 Central de Servicios P C S. A. 407.890,20

Cédula Nombre Monto líquido ¢

3101096527 Central de Servicios P C S. A. 1.884.955,35

3101098063 Multi-Negocios Internacionales Amer. 539.039,20

3101105396 Consulting Group Chami Centroameric. 10.945.881,28

3101105396 Consulting Group Chami Centroameric. 1.553.900,99

3101110403 Sistemas Maestros de Información S. 159.215,70

3101111502 Componentes El Orbe S. A. 1.516.231,15

3101111502 Componentes El Orbe S. A. 3.666.301,03

3101111502 Componentes El Orbe S. A. 1.212.145,77

3101112243 Muebles Crometal S. A. 78.296,84

3101112243 Muebles Crometal S. A. 1.534.618,06

3101112243 Muebles Crometal S. A. 3.891.926,49

3101112243 Muebles Crometal S. A. 1.785.573,87

3101112243 Muebles Crometal S. A. 1.576.987,85

3101112933 Servicios Técnicos Especializados S. 194.892,20

3101112933 Servicios Técnicos Especializados S. 391.085,41

3101121078 Incogua S. A. -NI- 177.149,00

3101121532 Centro Ferretero Industrial Ávila S. 6.925,00

3101121532 Centro Ferretero Industrial Ávila S. 1.765.737,54

3101121532 Centro Ferretero Industrial Ávila S. 196.281,26

3101121532 Centro Ferretero Industrial Ávila S. 1.686.475,14

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 493.562,51

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 1.880.484,06

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 493.562,51

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 1.880.484,06

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 493.562,51

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 1.880.484,06

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3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 1.880.484,06

3101122631 Agencia Valverde Huertas S. A. 493.562,51

3101129926 Arista de Costa Rica S. A. 1.528.558,28

3101131746 Edificio Shalei S. A. 259.000,00

3101136314 Comtel Ingeniería S. A. 557.810,61

3101136314 Comtel Ingeniería S. A. 478.123,38

3101143439 Servicios Especializados en Telefon. 142.100,00

3101155155 Megom de Puriscal S. A. -NI- 690.278,18

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Cédula Nombre Monto líquido ¢

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3101202494 Multiservicios Asira S. A. 395.117,18

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3101202494 Multiservicios Asira S. A. 195.000,00