Se declara de interés público la atracción de inversiones de la industria fílmica internacional en territorio costarricense, su promoción y la generación de encadenamientos productivos, en los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 2- Objeto de la presente ley

La presente ley tiene por objeto promover la inversión y el desarrollo de producciones, coproducciones y actividades fílmicas de carácter internacional en Costa Rica, como fuente de generación económica, encadenamientos productivos, creación de emprendimientos y contratación de talento humano costarricense, incluyendo un impacto significativo en los sectores turístico y comercial, para lo cual se otorgarán los incentivos contenidos en la presente ley.

ARTÍCULO 3- Actividades fílmicas

Las actividades fílmicas consideradas para los beneficios de la presente ley son aquellas propias de la industria del entretenimiento, destinadas a un amplio mercado internacional, tales como las siguientes:

a) Películas de corto, mediano y largo metraje.

b) Documentales, series y novelas.

c) Programas de telerrealidad, piezas de mercadeo audiovisual, comerciales y videoclips.

d) Programas seriados o sus capítulos.

e) Servicios de posproducción.

f) Dibujo, animación digital y videojuegos.

Todas las anteriores actividades deberán realizarse total o parcialmente en Costa Rica. Asimismo, cada proyecto fílmico deberá estructurarse y ejecutarse por períodos determinados, cumpliendo con los fines de esta ley y conforme a los demás requisitos que indique el reglamento.

Dichas actividades estarán contenidas en proyectos específicos que se tramitarán ante la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). Cada proyecto deberá promover encadenamientos productivos a partir de la contratación de bienes y servicios en los sectores turístico, comercial y/o artístico, entre otros que serán definidos en el reglamento respectivo, cuyas estimaciones serán revisadas por Procomer.

ARTÍCULO 4- Beneficiarios e incentivos

Los beneficiarios serán las personas físicas o jurídicas, no domiciliadas en Costa Rica, de acuerdo con lo definido en la presente ley y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, ya sea en calidad de productores o de coproductores con personas físicas o jurídicas nacionales, que realicen proyectos de inversión fílmica o audiovisual debidamente aprobados por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), a los cuales se les otorgarán los siguientes incentivos:

a) Estarán exentos del impuesto sobre la renta del trabajo personal dependiente o independiente y de las retenciones por remesas al exterior de personal extranjero por los pagos a los actores, actrices, directores, productores, personal técnico y todos aquellos necesarios para el desarrollo del proyecto, siempre que dichos pagos no sean realizados con fondos de fuente costarricense.

b) Importación temporal de los equipos y repuestos para la producción fílmica y audiovisual al territorio con suspensión de todos los tributos a la importación, así como exentos de depósito de garantía. Dichas mercancías deberán estar claramente identificadas y deberán ser reexportadas o importadas definitivamente, dentro del plazo máximo de quince días contados a partir de la finalización del plazo otorgado por Procomer al proyecto fílmico o audiovisual. Mediante reglamento aprobado por la Dirección de Aduanas se establecerá el procedimiento abreviado para efectuar estas importaciones.

c) Exención de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación que recaiga sobre útiles, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico que se requieran para la realización del proyecto. Asimismo, a las personas encargadas de ingresar materiales, equipo o vestuario del proyecto se les facilitará el ingreso del equipaje correspondiente, sin pago de tributos ni otras cargas.

d) Cuando el beneficiario realice compras de bienes y servicios en Costa Rica directamente relacionados con el proyecto, que superen un monto de US$500 00 00 (quinientos mil dólares), se les otorgará la devolución del noventa por ciento (90%) del monto total del impuesto al valor agregado que hayan pagado sobre estas. El restante diez por ciento (10%) será destinado al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico a cargo del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud.

ARTÍCULO 5- Trámite ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Las solicitudes para obtener los beneficios serán presentadas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) en el formulario electrónico definido al efecto, junto con la documentación correspondiente.

Procomer verificará, en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud formal, que el solicitante haya cumplido los requisitos y revisará la información aportada. La Promotora podrá prevenir al solicitante en caso de que la información suministrada sea insuficiente o incompleta, período en el cual se suspenderá el cómputo del plazo. Cumplida la prevención y resuelto el trámite de forma positiva, Procomer lo comunicará de inmediato a la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración y Extranjería y demás entidades correspondientes para lo de su cargo.

Procomer también brindará apoyo y asesoramiento para la realización de los trámites y permisos ante las entidades del Estado y sus instituciones.

ARTÍCULO 6- Trámite de devolución

El beneficio establecido en el inciso d) del artículo 4 se tramitará ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), la cual verificará que la adquisición de los bienes y servicios estén directamente relacionados con el proyecto fílmico o audiovisual. Una vez concluida la revisión por parte de Procomer, esta emitirá una recomendación al Ministerio de Hacienda sobre la procedencia o no de la devolución. La revisión de Procomer se efectuará en un plazo no mayor a un mes a partir de la presentación de la gestión y de la documentación por parte del interesado. El Ministerio de Hacienda, una vez recibida la recomendación, resolverá lo que corresponda en un plazo improrrogable no mayor a dos meses. En caso de resolverse de manera favorable, se procederá a girar el reembolso al beneficiario del noventa por ciento (90%) del IVA, en un plazo no mayor a un mes. Igualmente, dentro del mismo plazo se girará el restante diez por ciento (10%) del IVA al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico que se crea en esta ley.

ARTÍCULO 7- Servicio al costo

Para financiar las actividades que le corresponden en esta ley, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) queda habilitada para cobrar un canon por cada proyecto fílmico, con base en el principio de servicio al costo.

ARTÍCULO 8- Gobiernos locales

Los gobiernos locales podrán autorizar la exención de tasas y cánones a las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la presente ley. Asimismo, podrán brindar todas las facilidades en el otorgamiento de permisos o autorizaciones necesarios para el desarrollo de estas actividades. Dichos permisos o autorizaciones deberán ser resueltos en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su solicitud.

ARTÍCULO 9- Facilidades migratorias

La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará, en un plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la recomendación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), la visa temporal de trabajo y/o permiso migratorio a las personas extranjeras que se requieran para el desarrollo o ejecución de los proyectos sujetos a esta ley. Procomer tendrá la obligación de especificar, ante dicha Dirección, la identidad de estas personas y la labor o función que desempeñarán. Para los efectos del trámite migratorio, la Dirección de Migración podrá conceder las visas o los permisos con base en cualquier tipo de documentación o información, digital o física, que considere pertinente, incluyendo declaraciones juradas u otros instrumentos que estime técnicamente adecuados.

ARTÍCULO 10- Filmación en locaciones pertenecientes al Estado

El Estado y sus instituciones facilitarán los permisos para el acceso y la filmación de los proyectos en áreas o locaciones que se encuentren bajo su administración, siempre que ello resulte factible, para lo cual la autoridad respectiva determinará las medidas o limitaciones que estime necesarias. En el caso de las áreas naturales, además, la entidad correspondiente brindará los permisos, estableciendo los protocolos, las limitaciones y excepciones necesarios para asegurar la protección del medio ambiente.

Todos estos permisos se deberán tramitar de forma expedita y deberán ser resueltos en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la solicitud.

ARTÍCULO 11- Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico

Se crea un Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, a cargo del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Este Fondo se financiará según lo establecido en el artículo 4, inciso d), de la presente ley. Igualmente, el Fondo podrá recibir recursos del Estado e instituciones públicas, así como podrá recibir donaciones por parte de entidades privadas, organizaciones y gobiernos extranjeros,

ARTÍCULO 12- Autorizaciones

Se autoriza al Instituto Costarricense de Turismo, al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Economía, Industria y Comercio para que aporten recursos a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), para la operación y el desarrollo de las competencias señaladas en la presente ley. Igualmente, esas entidades podrán realizar acciones para la promoción internacional de Costa Rica como destino para la inversión de la industria fílmica o audiovisual.

TRANSITORIO ÚNICO- Reglamentación

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en el plazo de cinco meses a partir de su publicación.

Rige a partir de la publicación de esta ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez

Presidenta

Aracelly Salas Eduarte Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

Primera secretaria Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde; el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni; la Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra; la Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Eugenia Hernández Mora; y el Ministro de Turismo, Gustavo Segura Sancho.—1 vez.—O.C. N° SG-000054-21.—Solicitud N° 054-2021-PRO.—
( L10071-IN2021607809 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY DE REGULACIÓN DEL LOBBY EN LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y EMPRESAS DEL ESTADO

Expediente N.° 22.799

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La actividad del cabildeo, en la que se reflejan los intereses y necesidades de los diversos grupos de la sociedad ante la institucionalidad, debe ser reconocida como parte del proceso de elaboración de políticas públicas en los sistemas democráticos. El intercambio de los diferentes actores, la posibilidad de los tomadores de decisión de recibir insumos, datos y otras referencias atinentes a los asuntos públicos son esenciales para mejorar la toma de decisiones y fortalecer el proceso democrático.

Si bien la defensa de intereses, la asignación de recursos públicos, la participación ciudadana y el establecimiento de alianzas público-privadas son prácticas sanas y deseables, se requiere un marco regulatorio que garantice las condiciones de transparencia, publicidad y equidad en las que se debe dar este intercambio entre grupos interesados y personas tomadoras de decisión.

Esta propuesta de ley debe ser vista como una herramienta de regulación necesaria frente a un tema cada día más urgente para la construcción de confianza frente a la ciudadanía, en cuanto al manejo de lo público, los partidos políticos y la democracia en general.

Costa Rica aún presenta desafíos en la actualización de las normas existentes para la regulación del lobby y la influencia política; por ello este proyecto de ley, de la mano de los más recientes hallazgos y recomendaciones de la OCDE en la materia, pretende avanzar hacia la solución integral de la regulación de la actividad lobista y el cabildeo en el país, como se explica a continuación.

I. La experiencia internacional

Aunque el cabildeo puede ser una práctica sana y necesaria, como ya se mencionó, este intercambio y la defensa de los intereses de ciertos grupos no siempre deriva en una mejor toma de decisiones. Como hemos visto la asignación de presupuestos, la sanción de leyes y otras decisiones públicas pueden ser objeto de cuestionamientos e incluso sentencias judiciales, que han despertado la desconfianza de la ciudadanía y demuestran que este fenómeno trasciende a los partidos políticos y gobiernos de turno.

Es por esto que a partir del reconocimiento de que es necesario regular la actividad del cabildeo como elemento fundamental para transparentar los procesos de toma de decisión, en el año 2010 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó “La Recomendación de Principios para la Transparencia y la Integridad en el Cabildeo”, el primer instrumento internacional en referirse en concreto a las disparidades en materia de influencia y las inequidades en la capacidad o poder de influencia de los diferentes grupos con intereses específicos alrededor de una determinada decisión. A pesar de esta importante señal, son pocos los países que a la fecha han regulado de manera efectiva la actividad del cabildeo.[1]

En el caso costarricense, si bien, en la actual «Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública» se establecen sanciones para aquellos individuos que busquen influir en los funcionarios públicos de manera indebida -p. ej. por medio de dádivas o sobornos- es necesario que el ordenamiento jurídico termine de regular de manera clara o específica la actividad conexa del cabildeo en todos los niveles relevantes de la Administración Pública.

Los casos de las investigaciones por escándalos de corrupción realizados por el OIJ durante este 2021 resaltaron, a su vez, la necesidad de una mayor transparencia en esta materia. Las visitas a despachos legislativos y ministeriales de personas que resultaron indagadas posteriormente por posibles vínculos con el narcotráfico y el lavado de capitales evidenciaron la necesidad de disposiciones claras y mejores controles, tanto para la protección de los mismos funcionarios, como para que la opinión pública tenga mayores elementos para analizar las acciones de mediación entre ciudadanos y sus representantes.

Asimismo, denuncias de la presencia de representantes privados en instituciones públicas por períodos extensos o en condiciones poco claras que se presentaron en el marco de los casos Cochinilla y Diamante también es una demostración de que en esta materia se requieren normas diáfanas.

Es decir, se requiere un ejercicio de equilibrios entre los principios de la transparencia y la rendición de cuentas, y la privacidad que también requieren estos contactos, para que la legislación no termine aislando a los funcionarios.

II. Consideraciones mínimas para un proyecto de ley sobre cabildeo

Una democracia moderna debe impulsar legislación que dé lugar a un cabildeo ciudadano responsable y no tolere el llamado lobby ilegal ni la influencia política perniciosa. Si bien en Costa Rica ya contamos con una ley anticorrupción, es nuestro trabajo buscar las maneras de hacer esta legislación más eficaz. Partiendo de esto y de las experiencias internacionales anteriormente citadas, se plantean algunos de los puntos de interés que son abordados por este proyecto de ley, y que son necesarios para el eventual cumplimiento de este objetivo:

- Determinar una definición que reconozca un estándar de las conductas lobistas responsables (por equivaler a una libertad pública responsable), a la vez que intente determinar el tipo de políticas públicas del Estado que vale la pena priorizar para evitar listas exhaustivas que, a la postre, tornen ineficaz cualquier medida legislativa en ciernes.

- Determinar quién tiene la carga del deber de transparentar al público datos relevantes (o de interés público) intercambiados luego de una actividad lobista: el funcionario público o el lobista.

- Reconocer la importancia del encuentro entre lobista y funcionario en el ejercicio del cargo, más allá de si fue en modo virtual o presencial, de los acercamientos anteriores de trámite, los soportes formales (o logísticos) de la información intercambiada (emails, minutas, oficios, etc.) etc.

- Considerar con suma prudencia los datos divulgables al público, o sea los datos confiados por el lobista al funcionario cabildeado. Se trata de la información detallada que deben divulgar los cabilderos y/o funcionarios públicos sobre estas actividades. Este es uno de los puntos más álgidos de esta discusión ya que de este depende la garantía de derechos fundamentales como el derecho a la reunión y el ejercicio de la libre expresión.

- Diseñar un sistema de “niveles de transparencia” según haya sujetos gobernantes u oficinas con menor o mayor exposición al cabildeo, o según estos tomen decisiones del más alto nivel. Ante esto, se señala que en Costa Rica la legislación marco anticorrupción ya tiene identificada una lista de funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial ante la Contraloría General. El Estado de antemano reconoce quiénes son los más expuestos al enriquecimiento ilícito por sobornos u otros actos de corrupción; de modo que pudiese ser razonable ponderar la correlación de esta decisión política preexistente, con la lista potencial de funcionarios más expuestos a lobistas.

- Definir políticas de promoción de la ética pública y prevención de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

- Plantear un período de enfriamiento para mitigar el fenómeno de puertas giratorias en el ejercicio del lobby.

- No duplicar medidas preexistentes de gobierno digital y gobierno abierto en cuanto a publicación y archivística, aunque es conveniente reafirmar plazos y momentos obligatorios de transparentación, en armonía con legislaciones marco de archivística preexistentes y otros principios constitucionales favorables a la transparencia administrativa en términos amigables para el usuario de servicios públicos.

III. Una ley que resguarde derechos fundamentales

Se debe reconocer la realidad del lobby o cabildeo como fenómeno social, tal y como suele operar cotidianamente, mientras no se convierta en algo ilegal. No debe ser prejuzgado a priori como algo sospechoso, deshonesto u obscuro.

Se trata del ejercicio de libertades ciudadanas frente a los gobernantes de turno, como el derecho fundamental de petición, el derecho fundamental de reunión, la libertad de expresión, entre otros, protegidos por la Constitución de 1949 y que, por lo mismo, no pueden ser retrocedidos por una ley ordinaria.

Las principales manifestaciones irresponsables del lobby ilegal ya están tipificadas en la propia legislación marco anticorrupción existente, bajo la denominación de tráfico de influencias, entre otras conductas legalmente prohibidas a la fecha.

Es por esto que, ante la preocupación por la garantía de los derechos fundamentales involucrados en esta práctica, es necesario recurrir al criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Entre varios elementos relacionados con una anterior iniciativa para regular el lobby en la función pública, este criterio señala:

(...) Asimismo, la Constitución Política en el artículo 26 preceptúa el derecho o, más bien, la libertad individual de reunión, sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Los únicos límites que se imponen son: que sea pacífica y sin armas; con autorización previa, cuando se trata de recintos privados; y, si son sitios públicos, bajo reglamentación de ley.

Ciertamente, el Proyecto de Ley de análisis obliga a la persona física o jurídica que ejerza la actividad de lobby a registrarse, a realizar un informe mensual y minutas a entregar en dos días a la Contraloría General de la República con contenido exacto de los temas tratados en las reuniones que mantuvo con el o los funcionarios públicos o del sector privado que ejerza actividades de orden público.

(...) Las tesis que avalan restringir o regular con pormenores (visible a terceros) el derecho de reunión (...) se ha constituido en una herramienta de regímenes autocráticos (dictatoriales), pues ese derecho sin cortapisas es un elemento sine qua non del régimen republicano de gobierno, además de agruparse en los derechos de libertad, específicamente como derecho personal (...).

(...) En ese tanto habría que valorar que la propuesta lejos de regular el lobby lo que haría sería desaparecerlo de forma material al no sentirse la persona cómoda, libre, con buena disposición de conceder entrevistas, reuniones o encuentros (...) Para los Poderes del Estado el derecho de reunión es necesario no precedido de trabas, obstáculos, para la finalidad determinada en que sea concertado el encuentro legítimo (...) No se podría pensar a priori que una reunión o encuentro entre un funcionario y un ciudadano, grupo de ellos, o entre un funcionario y una persona que se dedica a cabildear asuntos se halla bajo riesgo (...) de ilicitud penal, o faltas a la ética o a la moral. Esa posición sería de acosamiento, pues los políticos electos y los funcionarios requieren necesariamente de “feedback” de los grupos de interés y de presión. Además, sería partir del concepto inverso al principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (...).

En otras palabras, el lobby regulado sería un buen avance, empero el lobby con controles irracionales y excesivos que invada hasta el ejercicio de una conversación, no sería, a juicio de ésta asesoría, conteste con los derechos constitucionales. Por lo anterior, habría que revisar si los informes, las minutas, los registros, son racionales y proporcionados al fin perseguido o si se convierten en instrumentos de persecución, asedio y desencuentro que hagan nugatorio la relación de las personas, las empresas y las organizaciones con los representantes» Véase el Informe Jurídico Integrado del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en relación con el Proyecto de Ley intitulado «LEY DE REGULACIÓN DEL LOBBY EN LA FUNCIÓN PÚBLICA», Expediente Legislativo N° 16.931, Oficio N.° ST.131-2013 I, de fecha 18 de junio de 2013, pp. 16-20

En otras palabras, un proyecto de ley que busque incidir en la regulación del cabildeo debe ser extremadamente cuidadoso con la manera en que restringe el ejercicio de esta actividad. El objetivo siempre debe ser incluir y promover la participación a ciudadanos, empresas y demás actores en la toma de decisiones; no alejarlos de estas.

Debido a lo anterior, en lugar de una ley que desaliente el ejercicio de una libertad responsable, este proyecto aspira a una normativa promotora de un cambio cultural en las personas gobernadas, proclive a que asuman con valor civil (o valor cívico) las consecuencias de sus actos políticos, cada vez que se acercan a sus representantes gubernamentales para peticionar algo (o a decirles lo que a bien tengan).

IV. Solución legislativa

El presente proyecto de ley pretende sumarse a aquellas medidas legislativas que buscan implementar en Costa Rica, tanto los objetivos de la «Convención Interamericana contra la corrupción» (aprobada por el Estado costarricense mediante Ley N.° 7670, de 17 de abril de 1997), como los de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por el Estado costarricense mediante Ley N.° 8557, de 29 de noviembre de 2006), así como innovar a partir de los más modernos estándares contenidos en la “Recomendación de Principios para la Transparencia y la Integridad en el Cabildeo”, adoptada en el año 2010 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

No se trata solamente de implementar legislativamente los compromisos internacionales asumidos por la República en la materia, sino que la presente iniciativa debe ser vista como una contribución importante del país a los esfuerzos mundiales por combatir la corrupción, así como para enjuiciar a los sujetos corruptos o corruptores que utilizan el poder político para el beneficio ilegítimo de sus negocios privados.

Concretamente, se propone una legislación reguladora del régimen mínimo de actividades lobistas y conexas, a partir de las reformas estrictamente necesarias del vigente bloque de legalidad, o al menos desde una enmienda de la vigente Ley 8422 (a su vez ley de implementación del tratado internacional denominado «Convención Interamericana contra la corrupción», aprobado por el Estado costarricense mediante Ley N.° 7670, de 17 de abril de 1997), manteniendo el respeto por las normas pertinentes del derecho supletorio aplicable en la especie (Ley General de Administración Pública, entre otras), o de advertir los reenvíos que correspondan respecto de otros cuerpos legales ya existentes, teniendo en cuenta leyes conexas e incluso algunos nuevos cambios regulatorios ocurridos en el ordenamiento jurídico complementario o transversal (entre otras posibles: Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, de 27 de mayo del 2021, Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N.° 7202, de 24 de octubre de 1990).

En atención a lo dicho, los suscritos legisladores y legisladoras someten al Parlamento el presente texto base el cual establece un régimen mínimo de actividades lobistas y conexas mediante reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.º 8422, de 6 de octubre de 2004.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE REGULACIÓN DEL LOBBY EN LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y EMPRESAS DEL ESTADO

ARTÍCULO 1- Adiciónense a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.º 842,2 de 6 de octubre de 2004, y sus reformas, una frase final al título del capítulo tercero, los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater y 36 quinquies, y los incisos o) y p) al artículo 38. Los textos dirán:

CAPÍTULO III Declaración jurada sobre la situación patrimonial y régimen mínimo de actividades lobistas y conexas

Artículo 36 bis- Régimen mínimo de lobby y deberes funcionariales. Para efectos de la presente ley, es lobista cualquier persona o grupo de personas físicas o jurídicas que realizan la actividad del lobby, la cual se definirá como toda conducta de representación de intereses legítimos propios o de terceros, destinada a incidir responsablemente en la formación, implementación o actualización de políticas públicas del Estado o sus administraciones públicas tales como legislación nacional, sus reglamentos ejecutivos, planificación central o descentralizada y sus programas, proyectos o directrices en lo conducente, actos discrecionales de alcance general o posiciones estratégicas institucionales, así como cualquier normativa cuya naturaleza jurídica esté contemplada por el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.

La carga del deber de transparentar actividades lobistas y conexas recaerá en los funcionarios públicos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial según el artículo 21 de la presente ley, anualmente transparentarán al público cualesquiera listas de personas lobistas que efectivamente les hayan contactado de manera presencial o virtual, en el ejercicio de su cargo o con motivo de él. Siguiendo las limitaciones del artículo siguiente, cada rutina de transparencia periódica contendrá al menos los siguientes datos de interés público: a) el nombre y número de cédula de la persona lobista o su representada; b) fecha, hora y lugar o modo del encuentro o reunión; c) política pública tratada y su relación con el interés legítimo representado según la persona lobista; y d) confirmación o descarte de que en los últimos dos años la persona lobista ejerció o estuvo nombrada como funcionario público obligado a declarar su situación patrimonial según los términos del capítulo tercero de la presente ley.

Por política pública tratada se entenderá cualquiera que esté vigente, o al menos en formación, pero con estatus de asunto activo, ya sea en corriente legislativa o en sede administrativa, y en este último caso tramitándose bajo la figura de procedimientos especiales de elaboración de disposiciones de carácter general de conformidad con el título noveno de la Ley General de la Administración Pública, o de asuntos con expediente administrativo abierto o en trámite de gestión.

El deber funcionarial de transparentar los referidos datos de interés público será mensual tratándose de los siguientes jerarcas: a) los diputados presidentes de la Asamblea Legislativa y de las presidencias de las comisiones legislativas; b) el presidente de la República y los vicepresidentes; y c) los ministros con cartera o sin ella, y los viceministros y funcionarios directores de áreas principales de los ministerios.

Asimismo, dicho deber de transparentar lo será inmediato, a más tardar 48 horas después del contacto efectivo, cuando el asunto tratado refiera a petición de cambios o enmiendas de fondo o forma tratándose de las siguientes políticas públicas: a) legislación presupuestaria y en general cualquier normativa de índole fiscal; b) política pública o normativa sobre financiamiento de partidos políticos; y c) asuntos de contratación pública referentes a proyectos de infraestructura vial, así como contratos de concesión de obras públicas y de obras con servicios públicos.

Para efectos de transparentaciones anuales, el respectivo acto de publicación deberá realizarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes de noviembre, en tanto que las publicaciones mensuales lo serán el primer día hábil de cada mes. En todo caso, cualquier conducta administrativa de transparentación de este tipo de información de interés público, lo será por los medios tecnológicos más amigables con los usuarios de la administración pública objeto de lobby, la cual deberá preservarse íntegramente en los archivos institucionales disponibles de índole físico o digital, con la finalidad de estar accesible al público de manera tabulada por un plazo mínimo de diez años, todo lo anterior según lo que determine al efecto el Reglamento de esta Ley, sin perjuicio de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N.° 7202, de 24 de octubre de 1990.

Para efectos estadísticos, y en cualquier caso de inactividad lobista durante determinado período legal, igualmente quedará incólume el deber funcionarial e institucional de transparentar al público lo que corresponda.

Artículo 36 ter- Limitaciones de los derechos fundamentales involucrados. Con excepción de los datos de interés público señalados en el artículo anterior, se presume la confidencialidad del resto de los datos confiados al funcionario cabildeado por la persona lobista, en tutela de los derechos fundamentales de reunión privada, petición y libertad de expresión, entre otros señalados en la Constitución Política y demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República. En consecuencia, se requerirá del consentimiento expreso del derecho habiente para la publicación que corresponda, según el diseño de formulario institucional básico que al efecto prescriba el reglamento de esta ley.

En todo caso, cualquier declaración registrable en el referido formulario se considerará rendida bajo fe de juramento. Igualmente, la respectiva decisión de confidencialidad no restringirá el derecho ciudadano de saber si cada declaración fue presentada o no conforme a la ley; tampoco afectará la libertad de prensa ni enervará el acceso legal a dichas declaraciones por requerimiento formal de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética Pública, la Administración Tributaria, el Instituto Costarricense sobre Drogas o los tribunales de la República, a los efectos de investigar y determinar la comisión de posibles infracciones o delitos previstos en la ley.

Artículo 36 quater- Período de enfriamiento para mitigación de puertas giratorias lesivas de intereses públicos. El servidor público en general y en especial los funcionarios públicos obligados a declarar su situación patrimonial según los términos del capítulo tercero de la presente ley, en todo momento tendrán la obligación de abstenerse de realizar actividades lobistas que potencialmente generen conflictos de intereses o produzcan tal impresión al público en detrimento del principio de ejemplaridad y la imagen institucional que corresponda.

En consecuencia, y con excepción de las competencias esenciales propias de su cargo, estos últimos funcionarios únicamente podrán ejercer dicha actividad una vez transcurridos dos años luego de extinguida en firme su relación con el Estado; en cuyo caso deberá entenderse que el respectivo acto de constricción profesional remunerable, lo será al menos dentro de aquellas áreas del sector privado estrictamente vinculadas con lo que fue su ámbito de competencias públicas inmediatamente anterior.

Sin perjuicio de la responsabilidad individual de la persona física por incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo o el resto de la presente ley, la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones legales que correspondan se regirá por la Ley N.° 9699, de 10 de junio del 2019, y sus reformas.

Artículo 36 quinquies- Política mínima de promoción de la ética pública. Facúltase a las administraciones públicas objeto de lobby a llevar un registro público paralelo de personas lobistas formales que voluntariamente así lo declaren a partir del formulario institucional señalado en el artículo anterior, lo cual las acreditará plenamente como tales ante las dependencias internas competentes, de acuerdo con las condiciones mínimas de interacción ética y logística que se determinarán en el reglamento de esta ley, conforme las mejores prácticas o estándares internacionales más actualizados.

Asimismo, facúltase al presidente de la República y al ministro del ramo para establecer mediante reglamento orgánico del Poder Ejecutivo la rectoría del sector de promoción de la ética pública y prevención de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La política pública, que corresponda, tendrá al menos los siguientes objetivos:

a) Fomentar una cultura permanente de registración voluntaria de lobistas responsables y actividades conexas.

b) Promover una política de estandarización de normas o códigos de conducta de índole ético empresarial en las relaciones de la empresa privada con el Estado y demás instituciones del sector público. Lo anterior para asegurar la calidad, oportunidad y seguridad de los productos o servicios derivados, sin perjuicio de dejar una huella de probidad y transparencia responsable en las interacciones de rigor.

c) Promover una política de monitoreo ciudadano responsable sobre ese tipo de actividades de interés público, mediante la formalización de organizaciones de fiscalización civil de la ética pública.

d) Desarrollar una política de incentivos cívicos para consolidar las medidas anteriores, mediante la formación e implementación de un programa permanente de emisión y adjudicación del certificado respectivo por parte del Estado a través del Poder Ejecutivo, para lo cual queda facultado dicho órgano a los efectos de establecer las alianzas público privadas que resulten necesarias.

En la agenda del consejo presidencial o consejo sectorial que corresponda, será de interés público convocar la participación de cualquier ciudadano o representante de aquellos sectores o actores socioeconómicos familiarizados con los ejes temáticos pertinentes, preferentemente en función de intercambiar, valorar y ponderar la diversidad de puntos de vista deliberantes.

El acceso ciudadano justo y equitativo a las actividades lobistas responsables será un principio transversal.

En cualquier caso, la regulación de la planificación participativa y el programa de emisión y adjudicación de los certificados de incentivo cívico que correspondan, deberá ser establecida mediante reglamento.

Artículo 38- Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: […]

o) Incumpla el régimen regulatorio de actividades lobistas y conexas establecido en la presente ley.

p) Incurra en cualquier otra conducta censurable en contra del deber de probidad, tipificada de previo en reglamentaciones internas o códigos de la ética pública para funcionarios públicos en general o en especial, incluyendo miembros de los supremos poderes.

ARTÍCULO 2- Refórmanse el artículo 21, el inciso a) del artículo 39 y el artículo 46, ambos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.º 8422, de 6 de octubre de 2004, y sus reformas. Los textos dirán:

Artículo 21- Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo señalan la presente ley y su reglamento, los siguientes funcionarios públicos:

1) Los diputados a la Asamblea Legislativa.

2) El presidente y los vicepresidentes de la República.

3) Los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros.

4) Los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.

5) Los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad.

6) El contralor y el subcontralor generales de la República.

7) El defensor y el defensor adjunto de los habitantes.

8) El procurador general y el procurador general adjunto de la República.

9) El fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público.

10) Los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior.

11) El regulador general de la República.

12) Los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes.

13) Los oficiales mayores de los ministerios.

14) Los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto.

15) Los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas.

16) Los regidores, propietarios y suplentes.

17) Los alcaldes municipales, alcaldes suplentes y vicealcaldes.

18) Los empleados de las aduanas.

19) Los empleados que tramiten licitaciones públicas.

20) Los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado, así como los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, y aquellos que aprueben trámites.

21) Los empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos.

22) El contador nacional y el subcontador nacional.

23) El tesorero nacional y el subtesorero nacional.

24) Los titulares de las Unidades Jurídicas y de Recursos Humanos de la Administración Pública y de las empresas públicas.

25) Los miembros de los tribunales administrativos, propietarios y suplentes.

26) Los registradores del Registro Nacional.

27) Los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

28) El director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial.

29) Los oficiales de cumplimiento, titulares y adjuntos, de las entidades y sujetos obligados por la «Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Ley 8204, de 26 de diciembre de 2001.

30) Los jefes y subjefes de misiones diplomáticas y comerciales.

El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, respecto de estos funcionarios, gozará de las mismas facultades que esta ley asigna a la Contraloría General de la República en relación con los demás servidores públicos.

Artículo 39- Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán sancionadas así: […]

Amonestación escrita publicada en el diario oficial, lo que podrá incluir miembros de los supremos poderes como sujetos destinatarios de la sanción.

Artículo 46- Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido con prisión de seis meses a un año, quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República. Igual pena se aplicará a quien insertará o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho o situación fáctico jurídica que deba probar el formulario indicado en el artículo 36 ter.

ARTÍCULO 3- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término improrrogable de seis meses, contados a partir de su fecha de vigencia.

Rige a partir de su publicación.

Enrique Sánchez Carballo Carolina Hidalgo Herrera

Laura Guido Pérez Luis Ramón Carranza Cascante

Catalina Montero Gómez Víctor Manuel Morales Mora

Nielsen Pérez Pérez

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021607430 ).

LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA

Expediente N.° 22.802

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La economía costarricense se ha visto afectada por variables macroeconómicas que han menoscabado su estabilidad en los últimos años, por un lado, variables internas como el aumento de la pobreza y el desempleo, el crecimiento de la inflación, el endeudamiento público, las tasas de interés y el tipo de cambio del dólar. Por otro, variables externas, como el alza de las materias primas, apreciación del dólar, flujos de capital, incorporación de nuevas y modernas modalidades de negocios de consumo, así como el proceso de recuperación económica mundial, entre otros.

Ante tal panorama, Costa Rica ha procurado mantenerse a la vanguardia mundial con gestiones que la llevaron a su incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), procurando brindar seguridad jurídica a las inversiones, lo que debe ser equilibrado, además, con un mayor resguardo a los derechos de los ciudadanos.

Se hace imprescindible continuar con este trabajo, fomentar la producción y la activación económica mediante la creación de legislación que garantice la confianza en los diferentes operadores económicos, que se traduzcan en una estabilidad social y económica para el país.

A lo largo de los últimos años, se ha hecho notorio el cambio en la cultura de consumo del costarricense. Según informó el Periódico el Financiero, en publicación del 03 de mayo del 2018, hace poco más de veinte años, los residentes del país distribuían el 43% de sus egresos en servicios, el 38% en bienes no duraderos que eran principalmente alimentos, 14% en bienes semiduraderos como prendas de vestir y el 6% en bienes duraderos como electrodomésticos y automóviles. En la actualidad, los consumidores ocupan más del 55% de sus egresos en servicios, como el internet, telefonía, vivienda, educación y servicios de alimentación, un 31% en bienes no duraderos, 7% en bienes duraderos y 7% en bienes semiduraderos.

Lo anterior ha provocado un aumento en la colocación de los créditos de consumo -como los destinados a la compra de electrodomésticos- y la obtención de tarjetas de crédito, que ha traído como resultado que el Poder Judicial enfrente año con año una creciente demanda en la presentación y trámite de procesos cobratorios, atendiendo, en la actualidad, un número superior al medio millón de casos.

El Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 75-18 celebrada el 23 de agosto del 2018, conoció el oficio Nº 904-PLA-2018 del 10 de agosto del 2018, elaborado por el Departamento de Planificación, en el que, entre otros aspectos relevantes, analizó el comportamiento relacionado con los movimientos de trabajo en los juzgados competentes en materia de Cobro Judicial, durante el 2017 y el último quinquenio. De esta exploración se destaca:

“… El comportamiento de los principales indicadores de gestión judicial determina una tendencia gradual hacia la saturación del trabajo delegado a estos despachos judiciales, a partir del tercer incremento anual consecutivo en lo concerniente a la razón de congestión, cuyo valor llegó a 10,28 en la actualidad (…) Los juzgados o secciones especializadas en materia de Cobro Judicial acumularon un circulante de 536.846 casos al finalizar el 2017, por lo que su pendencia exterioriza su cuarta ampliación anual ininterrumpida, producto -en esencia- de los superiores volúmenes de expedientes entrados versus las cifras de terminados, en todos los años del quinquenio examinado.

Cuadro 1.1.

Juzgados de Cobro Judicial: Indicadores de Gestión

Judicial durante el período 2013-2017

	Año
Descripción	2013	2014	2015	2016	2017

Variables
Circulante al iniciar*	293.260	348.733	368.160	424.203	453.597
Casos entrados	148.356	143.209	133.766	164.522	199.706
Casos reentrados	59.878	71.741	96.235	95.827	79.491
Casos terminados	54.966	77.672	74.323	73.979	71.290
Casos inactivos	97.795	117.851	99.635	157.404	124.658
Circulante al finalizar	348.733	368.160	424.203	453.169	536.846

Indicadores
Razón de congestión	9,12	7,26	8,05	9,25	10,28
Tasa de pendencia	69,5	65,3	70,9	66,2	73,3
Tasa de resolución	11,0	13,8	12,4	10,8	9,7
Tasa de inactividad	19,5	20,9	16,7	23,0	17,0

* El circulante al finalizar el 2016 difiere del circulante al iniciar el 2017
en 428 casos, en virtud de algunos ajustes producto del rediseño en el
Juzgado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José.

Esto implica que los juzgados de Cobro Judicial debieron resolver 10,28 veces de los casos que finiquitaron en el 2017, para que no exista saturación en su carga de trabajo y según lo indica la Comisión de la Jurisdicción Civil, los altos índices en la razón de congestión se pueden explicar por distintos componentes, como por ejemplo, la falta de capacidad instalada en los despachos, en donde a pesar de los esfuerzos desplegados en aras de disminuir el retraso judicial, la demanda del servicio supera -en mucho- las posibilidades de las oficinas.”

En el citado informe también se concluyó:

“…distinto a otras materias, el éxito en la culminación de los procesos cobratorios depende -en gran medida- del éxito que experimente la parte demandante, en las gestiones de embargo de las cuentas bancarias, de los salarios o de atribuirse ciertos bienes embargables de la parte demandada, pues con ello, se presiona hacia la realización de arreglos extrajudiciales, así como de giros de dinero, entre otras acciones… Otro aspecto negativo en la resolución de estos despachos se relaciona con el hecho de que el país ha experimentado una desaceleración económica en los últimos años, producto de diversos factores, tales como: el endeudamiento público y la disminución de la inversión extranjera, lo cual ha provocado un aumento en el desempleo, disminuyéndose los ingresos, y con ello, las posibilidades de pago, de una parte de la población nacional…”

Ante tal situación, surge el cuestionamiento respecto a qué acciones ha realizado el Estado costarricense para afrontar el aumento constante en los proceso de cobro judicial. Para ello, desde hace algunos años atrás se han venido procurando alternativas para resolver el tema de la moratoria en la solución de los casos. Una de estas fue la promulgación de la Ley de Cobro Judicial, que fue derogada y modificada parcialmente, y ahora forma parte integral del Código Procesal Civil, el cual entró en vigencia el pasado 8 de octubre. Ambas leyes plantean procesos ágiles y sencillos para el cobro; no obstante, en su implementación, el Poder Judicial no cuenta con financiamiento suficiente para la atención de tan alta carga de trabajo, máxime cuando deben atenderse otros aspectos enfocados no solo en el ámbito patrimonial de los individuos sino a otros problemas sociales como la violencia doméstica, los derechos de los trabajadores, las pensiones alimentarias, la seguridad ciudadana, entre otros.

Para solventar parte de este problema, en algunos países de la región, se ha tendido al establecimiento de tasas judiciales. Este tipo de cobro se enfrenta usualmente a críticas respecto al principio de gratuidad y acceso a la justicia, aún más en sistemas como el nuestro, donde un Estado proteccionista se ha dedicado prácticamente por completo a suplir los costos involucrados con los procesos judiciales.

Los numerales 27 y 41 Constitucionales desarrollan el concepto de tutela judicial efectiva. El primero garantiza la libertad de petición y, en su parte final, el derecho a obtener pronta resolución. Por su parte el segundo refiere al principio de justicia pronta y cumplida. No basta entonces con que los ciudadanos puedan plantear sus quejas ante los Tribunales de Justicia, sino que la solución a sus controversias debe ser lo suficientemente rápida como para no causar mayores menoscabos al afectado, sin violentar el derecho de defensa del accionado. Ya la Sala Constitucional se ha referido en diversas oportunidades al respecto:

“...En cuanto a la justicia pronta, es evidente que la duración excesiva y no justificada de los procesos administrativos implica una clara violación a ese principio, pues los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la Administración deben ser resueltos, por razones de seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos. Sin embargo, esto no significa la constitucionalización de un derecho a los plazos, sino el derecho de toda persona a que su causa sea resuelta en un plazo razonable, lo que ha de ser establecido casuísticamente, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y las autoridades, las consecuencias para las partes de la demora, y las pautas y márgenes ordinarios del tipo de proceso de que se trata…”( Sentencia número 5078-07 de la Sala Constitucional) o que “...La duración excesiva y no justificada de los procesos implica una clara violación al principio de justicia pronta, pues los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la Administración de Justicia deben ser resueltos por razones de seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos...” (Sentencias números 14619-09 y 9164-10 de la Sala Constitucional).

Bajo tal interpretación constitucional, se puede concluir que el principio constitucional de justicia pronta y cumplida encierra la evidente necesidad del aparato judicial en llevar a cabo todo lo que está a su alcance para resolver la mayoría de los conflictos en su seno pronta y eficientemente; sin embargo, existen casos que, aún cuando se cuenta con todos los elementos a favor, tardan más de lo esperable por situaciones endógenas.

El retraso excesivo, según palabras de la Sala Constitucional se convierte en denegación de justicia, los grandes retrasos en la solución de las causas de cobro disminuyen la capacidad financiera de las entidades financieras, lo que permea la cantidad de préstamos, tanto otorgados como por otorgarse, ante el alto riesgo de morosidad. Esto afecta al mismo tiempo a la ciudadanía, que deben costear aumentos en las tasas de interés y otras políticas de arraigo para garantizar, no solo el buen pago de los créditos sino el tiempo que estas entidades deben invertir en su recuperación eventual, incluso, el tiempo requerido para que los administrados encuentren solución a su conflicto en caso de cobros indebidos. Por lo anterior, debe el Estado procurar los insumos necesarios para que el Poder Judicial cumpla con su labor de la mejor manera.

La Sala Constitucional, en la sentencia 363-95, se ha referido respecto a cargas económicas indicando:

“Esta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades (...) estimando que la figura del afianzamiento de costas y la sanción procesal prevista en caso de incumplimiento de ese requisito, no resultan inconstitucionales. (...) al señalarse que no impide el ejercicio del derecho (...) sino que lo regula, con el propósito de imponer una condición razonable para su ejercicio... La obligación de rendir caución para el pago de las costas, en su caso, no es un obstáculo al acceso a la justicia jurisdiccional, ya que no es un requisito de admisibilidad de la acción y si bien su incumplimiento impide a la parte interesada el curso de sus gestiones, como lo es apelar el fallo, la propia Ley crea los mecanismos adecuados para que a quien no pueda cumplir dicha obligación procesal, se le exonere de ella. Es, pues, un requisito de índole meramente procesal que, en modo alguno, según lo expuesto, limita el derecho fundamental de acceso a la justicia jurisdiccional.”.

El aparato judicial debe, por ende, llevar a cabo todo lo que está a su alcance para resolver la mayoría de los conflictos en su seno de forma pronta y eficiente, procurándose fuentes de financiamiento para la administración de la justicia, como lo es la retribución por algunos procesos cuyo objeto se ciña a aspectos meramente patrimoniales y de derecho privado, esto siempre que esa retribución no resulte denegatoria del principio de acceso a la justicia ni mucho menos de gratuidad que permea algunas materias.

Debe diferenciarse el bien jurídico tutelado en los procesos cobratorios de otros procesos como los laborales, de familia, penales, pensiones alimentarias o de violencia doméstica, relacionados con seguridad social, la libertad, el derecho a la defensa, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, derecho a la determinación de la filiación, entre otros.

La materia cobratoria, si bien no deja de tener un sentido social al afectar directamente la economía del país, tiene un objeto patrimonial, lo que permite que el costo de recuperación se le pueda trasladar al acreedor, quien debería preverlo dentro de su giro comercial, lo que se traduciría en la obtención de una mayor agilidad, eficiencia y rapidez procesal, que también le beneficia. Desde esta misma óptica, se ha incluido también un sistema de mínimos en el proyecto. Este mínimo tiene como fin que la persona acreedora considere el costo social que el cobro judicial representa, procurando desincentivar el cobro de obligaciones de escasa cuantía, cuya atención representa no solo un alto estipendio para la administración de justicia en gastos ordinarios traducidos en recurso humano y gestión de los insumos, sino, además, en el tiempo que conlleva su recuperación.

Si bien el principio de acceso a la justicia va de la mano con el principio de gratuidad, claramente la justicia tiene un costo, tal como se refleja en los presupuestos de los diferentes aparatos jurisdiccionales. Dentro del total de procesos que requieren atención y asignación de recursos que son escasos, existen conflictos de carácter patrimonial privado, entre esos, procesos cobratorios de “grandes usuarios” cuyo costo/beneficio se encuentra inmerso en el riesgo financiero, que recargan el sistema judicial en detrimento de del acceso a la justicia de otros procesos cuyo riesgo no es previsible.

Por esta razón, para cumplir con los principios constitucionales de acceso a la justicia, resulta necesario contar con ingresos suficientes, siendo admisible para ello que en ciertos procesos judiciales exista una contraprestación por el servicio justicia, siempre y cuando, se disponga de mecanismos de excepción para casos particulares.

Es por ello que a nivel mundial encontramos gran cantidad de países que han optado por sistemas judiciales donde para el financiamiento del servicio de justicia se ha acudido a las tasas judiciales, lo que permite el mismo tiempo, que el aparato jurisdiccional pueda enfocarse en otras necesidades institucionales, siendo la forma y método de cobro diferente según la latitud que se trate. Algunos de esos países son Canadá, Argentina, Austria, Brasil, China, Estados Unidos, Colombia, Dinamarca, El Salvador, España, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Italia. (Tomado de Equipo Consultor. Tasas Judiciales en la Experiencia Comparada. Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. Junio 2012. Pag 3)

Siguiendo esta línea, el numeral primero del proyecto crea una nueva tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria. Se parte para ello del desarrollo doctrinario que ha considerado este tipo de cobros como una tasa, donde a cambio de un servicio que se brinda a los litigantes estos son los llamados a su cancelación.

Cabe indicar que una tasa es una especie del género Tributo, como lo son el impuesto y la contribución especial, así lo establece el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios al indicar: “Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.”

Según la letra de esa norma, impuesto es “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”, en otras palabras, el impuesto nace del deber de solidaridad, donde se da una exigencia sin contraprestación considerada en forma directa. Dentro de estos, según la clasificación tomada de Adrián Torrealba Navas, podemos contar con los impuestos directos que gravan manifestaciones económicas directas como el impuesto de renta e indirectos donde lo que se grava son manifestaciones económicas indirectas como circulación de valores, objetivos y subjetivos dependiendo si se toma en cuenta la condición del sujeto o no. Ejemplo de ello sería el cobro de impuesto sobre bienes inmuebles que es un impuesto meramente objetivo mientras que el impuesto sobre la renta radica en la utilidad obtenida por el sujeto, periódicos e instantáneos dependiendo si el hecho se prolonga en el tiempo como la renta o solo por una situación especial como el traspaso de bienes inmuebles. (Torrealba Navas (Adrián) Derecho Tributario, Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, año 2009, Pag, 41, 42)

El proyecto pretende atacar como principal elemento la mora judicial, en forma anticipada se concluye la conveniencia de tal cobro. La delimitación al sector cobratorio resulta conveniente en el tanto que ello permitiría al Poder Judicial enfocar otros recursos presupuestarios a áreas más sensibles mientras que se dedican los recursos del cobro de demandas a obtener beneficios directos de los Despachos que las conocen.

Se establece así como hecho generador del cobro la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en las demandas donde se pretenda el cobro de una prestación dineraria basada en título ejecutivo o no, además de los monitorios dinerarios, procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, ejecuciones y reposesiones de garantías mobiliarias y embargos preventivos cuya competencia corresponda a los Juzgados de Cobro Judicial materia cobratoria y los procesos sumarios de cobro judicial. El sujeto pasivo lo es el acreedor, pues dispone que sea aplicado únicamente a la presentación de la demanda y gestiones iniciales. Lo anterior con las excepciones del artículo 8 que exonera del pago de la tasa a las entidades de derecho público respecto del cobro o ejecución de obligaciones dinerarias ajenas a una actividad comercial y a las personas físicas o jurídicas que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su ocupación habitual.

El proyecto indica en su artículo 7, que los dineros recaudados por el cobro de la tasa se destinarán al mejoramiento de la administración de justicia y reducción del retraso judicial, capacitación al personal del área jurisdiccional asignado a la justicia cobratoria, creación de tribunales extraordinarios de cobro judicial y asignación de nuevas plazas para la atención del retraso judicial en esta materia, mejoramiento del soporte logístico y tecnológico informático de los tribunales de justicia competentes en materia cobratoria, infraestructura y equipamiento de los tribunales de justicia de cobro judicial, para actividades o funciones que asigne Corte Plena para la estabilidad y mejoramiento de los juzgados cobratorios. En línea con lo antes expuesto, se excluye estos dineros del presupuesto general, no valora la capacidad de pago o contributiva pues parte de un hecho objetivo, la estimación de las demandas, gravando el beneficio general que podría obtener el individuo con éstas, no siendo sectorial por cuanto si bien afecta solo a un sector de los usuarios del servicio justicia con esa carga impositiva, en realidad, según la redacción del proyecto beneficia a la generalidad.

Este proyecto tiene como antecedente el Proyecto de Ley “Ley De Creación De una Tasa para el Mejoramiento De La Justicia” que establecía la creación y denominación de la tasa para el mejoramiento de la administración de justicia, cuyo hecho generador se encamina a aquellas demandas de cobro judicial provienen del Sistema Financiero Costarricense conformado por 51 entidades, con carteras crediticias que rondan los 10 billones de colones, o sea la mitad de la producción nacional, correspondiendo una tercera parte de esa cifra a créditos de vivienda y construcción, lo cual refleja la gran dependencia interna que tienen las familias al sistema, brindando en sentido social a la situación, evidencia la necesidad de estas instituciones de poder realizar prontamente sus créditos impagos para poder gestionar nuevos créditos en su momento, lo anterior sin tomar en cuenta la gran cantidad de tarjetas de crédito en el mercado y la dependencia de muchos costarricenses a estos sistemas de crédito rápido, lo cual trae como resultado mucho gasto sin sustento real monetario, en otras palabras, se gasta en lo que no se tiene. (Tomado de Zúñiga Van Der Laat, Susana. Informe Económico St-124-E Al Proyecto de Ley “Ley de Creación del Timbre para el Mejoramiento de la Justicia” Expediente N° 17.526. Junio, 2012. Pág. 6 a 7).

Para ello, considerando las variaciones que puede sufrir la materia cobratoria, considerándola demanda de los servicios, entre otras variables, se permite a la Corte Suprema de Justicia establecer una tasa fija o escalonada, desde un uno punto cinco por ciento hasta un máximo del dos punto cinco por ciento, con la finalidad de que año con año, se realicen estudios por parte de ese Poder de la República, estableciéndose mecanismos ágiles que permitan mantener actualizada y acorde con la realidad y necesidades, la tasa a cobrar.

El artículo 6 del proyecto dispone la forma de asignar los recursos y que lo recaudado por este tributo no se considere parte de la aportación presupuestaria ordinaria del Poder Judicial, lo cual es conforme con la naturaleza de destino específico, y con el objetivo de allegar recursos adicionales a la administración de justicia. El artículo 177 de la Constitución Política dispone que deben asignarse al Poder Judicial rentas no inferiores al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, y dado que esto es un mínimo, nada objeta que legalmente se establezcan asignaciones superiores a ese porcentaje.

Finalmente, el artículo 7 establece cuáles serán los destinos de lo recaudado, para asegurarse el buen uso de los recursos que se obtendrán, y el 8, como se adelantó, establece las distintas exoneraciones.

Por los motivos y razones expuestas, se somete a conocimiento y aprobación de los señores y las señoras diputados, el presente proyecto de LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA

ARTÍCULO 1- Créase una tasa - que se denominará: “Tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria.”

ARTÍCULO 2- La tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria es un tributo cuyo hecho generador es la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado. Será cancelado en un único pago por parte del acreedor, con la presentación de la demanda o gestiones iniciales de los siguientes procesos judiciales:

1) Monitorios dinerarios.

2) Ejecuciones hipotecarias.

3) Ejecuciones prendarias.

4) Ejecuciones de garantías mobiliarias.

5) Reposesión de garantías mobiliarias.

6) Embargos preventivos que sean competencia de los Juzgados de Cobro Judicial.

7) Procesos sumarios de cobro judicial.

El pago de esta tasa cobratoria es responsabilidad exclusiva del acreedor. No podrá ser trasladada, cobrada o reclamada a la parte deudora, dentro del proceso de cobro que realice la parte acreedora.

ARTÍCULO 3- Con la presentación de la demanda o gestión inicial, deberá acreditarse el pago de la respectiva tasa; en caso de omisión a la demostración del pago o que éste sea insuficiente, se prevendrá la corrección del requisito, para lo cual se aplicará la normativa correspondiente a la demanda defectuosa, sanción y

Cuando se trate de gestiones de inicio de embargos preventivos, reposesiones y apropiaciones de garantías mobiliarias, la omisión de pago o su insuficiencia será objeto de la misma prevención judicial antes citada, para su cumplimiento dentro del plazo de cinco días. Se advertirá al promotor que en caso de no cumplir el requerimiento, se declarará la inadmisibilidad de la gestión y la terminación del proceso. A esta resolución, se le aplicará el régimen recursivo regulado por la normativa general procesal civil.

ARTÍCULO 4- La tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria se cancelará a favor del Estado mediante enteroso por la forma que se disponga en coordinación con el Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley. El Poder Judicial implementará la normativa interna correspondiente para su ejecución.

ARTÍCULO 5- Esta tasa se calculará aplicando un porcentaje al valor de la estimación de la demanda de los procesos indicados en el Artículo 2. El porcentaje será como mínimo del uno coma cinco por ciento (1,5%) y como máximo del dos coma cinco por ciento (2,5%), podrá ser fijo para todos los casos o escalonado por rangos según el valor de la estimación de la demanda o del proceso cobratorio.

El esquema del porcentaje a cobrar deberá definirse anualmente por la Corte Plena del Poder Judicial según lo indicado en este artículo, con base en un estudio técnico y financiero que consideren la necesidad de establecer mínimo y máximos para hacer la gestión cobratoria, la estadística institucional en materia de cobro judicial, los requerimientos conforme el artículo 7 de esta ley y los resultados de la gestión cobratoria que se pretender alcanzar que justifiquen la tasa.

Cada modificación en el porcentaje afectará los procesos nuevos que se presenten, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

En todo caso, el monto mínimo a pagar en cada proceso, por concepto de esta tasa, no podrá ser inferior al diez por ciento del salario base mensual de la persona “Oficinista 1” del Poder Judicial.

ARTÍCULO 6- Los recursos que se recauden por este impuesto estarán sujetos al artículo 15 “Destinos Específicos” contenido en el título IV “Responsabilidad Fiscal de la República” de la Ley 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” del 3 de diciembre de 2018. No formarán parte de los recursos que, conforme a la Constitución, deben ser traslados al Poder Judicial en el Presupuesto de la República de cada año.

Asimismo, los recursos recaudados durante el ejercicio económico serán trasladados de forma íntegra al Poder Judicial en una partida especial creada al efecto, durante los primeros quince días de enero del año siguiente.

Los recursos se asignarán conforme a los lineamientos y fines establecidos en esta ley, a los gastos ordinarios y de inversión de los despachos judiciales que conozcan procesos cobratorios de las jurisdicciones civil y agraria, regulados en el Código Procesal Civil, Ley N.° 9342; la Ley de Jurisdicción Agraria, Ley N.° 6734; y el Código Procesal Agrario, Ley N.° 9609, este último a partir de su entrada en vigencia.

Al cierre de cada ejercicio económico el Poder Judicial deberá rendir a la Contraloría General de la República y a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, un informe sobre los recursos asignados por esta ley, las inversiones realizadas, los indicadores de resolución de casos de cobro judicial y del comportamiento de mora judicial cobratoria.

ARTÍCULO 7- Los dineros recaudados por el cobro de la tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria se destinarán al:

1) Mejoramiento de la administración de justicia cobratoria que conduzca hacia una reducción de tiempos de respuesta con respecto a su retraso judicial.

2) Creación de tribunales ordinarios o extraordinarios de cobro judicial y asignación de nuevas plazas para la atención del retraso judicial en esta materia.

3) Mejoramiento del soporte logístico y tecnológico informático de los tribunales de justicia competentes en materia cobratoria.

4) Infraestructura y equipamiento de los tribunales de justicia de cobro judicial.

ARTÍCULO 8- Las entidades de derecho público no estarán sujetas al pago de la tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria, por el principio de inmunidad fiscal, a excepción de aquellas entidades que realicen una actividad comercial. Tampoco estarán sujetas al pago de la tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria las personas físicas o jurídicas que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su ocupación habitual. Los parámetros para la determinación de lo anterior se determinarán por la vía reglamentaria.

Además, vía reglamento se determinará los parámetros para que la persona juzgadora pueda exonerar del pago, a aquellas personas indicadas en el artículo 2 de esta ley, cuando acrediten vía incidental, al presentar el proceso, la imposibilidad justificada a criterio del tribunal del pago de este tributo.

ARTÍCULO 9- Esta Ley es de orden público y entra en vigencia dos meses después de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

Marvin Rodríguez Cordero

Segundo Vicepresidente en ejercicio de la

Presidencia de la República

Fiorella Salazar Rojas Elian Villegas Valverde

Ministra de Justicia y Paz Ministro de Hacienda

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021607437 ).

LEY “ANTI-STALKING”, PARA PREVENIR, SANCIONAR

Y ERRADICAR EL ACOSO PREDATORIO

Expediente N.° 22.804

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Actualmente, en Costa Rica, la conducta de persecución repetitiva, obsesiva e intrusiva que realiza una persona hacia otra no se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico. Esta conducta es conocida internacionalmente como stalking y se puede traducir como acoso, hostigamiento, acecho o seguir sigilosamente. Algunas características del stalking son: reiteración de la conducta, la capacidad para interferir en la vida de la víctima quién recibe esa conducta y la persistencia de la conducta en el tiempo.

El stalking se puede manifestar de diversas formas, entre las más frecuentes se ubica: la persecución, merodear o presentarse en los lugares donde la víctima habita, se encuentra o frecuenta, envío de mensajes por medio de redes sociales de manera reiterativa, llamadas reiteradas, envío de regalos, solicitar servicios o mercancías a nombre de la víctima, violentar el domicilio de la víctima, entre otras formas aquí no señaladas, por supuesto que todas estas acciones se dan sin consentimiento de la víctima y en contra de su voluntad.

Si bien, quien realiza este tipo de acciones pueden considerar que las realiza para halagar o simpatizar con la víctima que las recibe, el stalking ocasiona una afectación directa a su libertad, intimidad y tranquilidad, y la persona quien es víctima ve afectada su cotidianidad y debe realizar una serie de cambios en su vida para generar mecanismos de protección ante la conducta de persecución que sufre. Es evidente que una persona que se encuentre siendo perseguida por un tercero, contactada de manera insistente sin su consentimiento tendrá una sensación de pérdida de su seguridad e incluso podrían experimentar otros fenómenos psicológicos como estrés o ansiedad a causa de la situación que se encuentran viviendo.

¿Cómo se ha regulado en otros ordenamientos jurídicos?

Algunos ordenamientos jurídicos han adelantado esta discusión social y jurídica y han establecido mecanismos legales para que las víctimas del stalking cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para denunciar este tipo de conducta y puedan recuperar su libertad y su tranquilidad cotidiana.

Algunos ordenamientos que han incorporado una norma para atender esta conducta son los siguientes:

País	Normativa
Bélgica	Se sanciona a quienes molestan y amenazan de manera repetitiva a una persona determinada, generando miedo a través de una conducta que no es deseada por parte de la víctima. Este tipo de conductas que generan miedo y constituyen una molestia y amenaza se pueden ejercer por cualquier medio, ya sea a través de seguimientos, llamadas de teléfono o el envío de correos electrónicos o mensajes de texto.
Canadá	El Código Penal contiene una norma sobre acoso. Por medio de esta norma se tipifica el acoso por “comunicación”, verificando directamente en contra de una determinada persona o indirectamente, por medio de terceros. También se sancionan conductas amenazantes hacia la persona afectada o su familia, con pena de prisión.
Chile	Artículo l. - Acoso. Será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio el que, contra la voluntad expresa de otra persona, afectando con ello gravemente las condiciones de su vida privada, insistentemente: 1° la siguiere; 2° establezca o intentare establecer contacto con ella; 3° llamare a su teléfono; 4° le enviare comunicaciones por cualquier medio. Si la víctima fuere menor de dieciocho años, se presumirá que existe voluntad contraria cuando lo señalado en el inciso anterior se realizare por cualquier medio electrónico de comunicación.
Colombia	Código Penal, artículo 134 B El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor.
España	Código Penal, artículo 172 TER Artículo 172 ter. 1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. 3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo. 3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. 4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Se sanciona de manera general el acoso, entendiendo que comete este delito quien de forma reiterada y de manera insistente, sin autorización legítima, altera de manera grave, la vida y condiciones cotidianas de la persona afectada, por medio de diversos supuestos, tales como, seguimiento, vigilancia, persecución, uso de datos personales, entre otros, con pena de prisión.
Estados Unidos	Hay normativa a nivel federal y estatal. Se sancionan figuras tales como el denominado stalking, respecto de quien malintencionada y repetidamente persigue a otra persona, y realiza en este contexto una amenaza seria con la intención de causar en la persona afectada temor por su seguridad o la de su familia, sancionando con pena de prisión. Adicionalmente, se sanciona a quien, por medio de una comunicación electrónica, tales como correo electrónico u otro medio de comunicación disponible en internet, acosa a una persona, con la intención de matar o hacer daño a esta última, o de causar en ella o en un familiar el temor de muerte o de daño serio corporal, sancionando también, con una pena de prisión.
Reino Unido	Se contempla dentro de la legislación, la prohibición a toda persona de cometer actos que impliquen acosar a otro. Además, se sanciona todo tipo de mensaje, enviado por cualquier medio, que contengan expresiones ofensivas, amenazas, y que dicho mensaje esté destinado a causar miedo o angustia en quien recibe dicho mensaje. Ambas figuras se sancionan con pena de prisión.
Suiza	El Código Penal suizo sanciona a quien, por cualquier medio de comunicación a distancia, y con motivos malintencionados, contacta a una persona con la finalidad de inquietar o acosar. En el caso de la legislación suiza, este tipo de actos se sancionan con multa y solo otorgan acción privada.

Fuente: elaboración propia a partir de Boletín 12473-07 Cámara de Diputados de Chile.

Regulación del stalking en Costa Rica

Como se ha podido leer anteriormente esta conducta se viene regulando en distintos ordenamientos jurídicos en atención a la situación que viven muchísimas personas y que se encuentran legalmente imposibilitadas de pedir ayuda y medidas de protección para resguardar su libertad, su seguridad e integridad.

En Costa Rica este fenómeno no se encuentra regulado y por ende no existen estadísticas que se puedan suministrar para abordar la temática; asimismo, es conocido que las víctimas que experimentan este tipo de situación deben recurrir a otras normas para denunciar como contravenciones contra el orden público. No obstante, si bien se procede con una denuncia, la misma no es atendida desde una visión integral de los derechos humanos dado que no pueden solicitar medidas de protección como víctimas y mucho menos que su denuncia sea canalizada como corresponde.

El stalking produce la lesión de varios bienes jurídicos, en específico, la libertad, pero también hay otros bienes jurídicos como la intimidad, la integridad, el honor y la seguridad de la persona que recibe esta conducta.

Recientemente, varios medios de comunicación han denunciado que diversas mujeres han sido víctimas de stalking por parte de sujetos y que no han tenido una adecuada atención estatal. Este vacío normativo genera desprotección principalmente para las mujeres que son quienes más sufren este tipo de situaciones y deben enfrentar violencia basada en el género de manera sistemática. El Estado costarricense en cumplimiento del principio de diligencia debida debe reconocer estatal a este tipo de situación como violencia y atenderla de manera pronta para disminuir la impunidad y dar a las víctimas herramientas de protección y denuncia.

Por lo anteriormente expuesto es que se desea poner en conocimiento de las señoras diputadas y señores diputados el presente proyecto de ley; con la posible aprobación de este proyecto de ley se estaría atendiendo una necesidad visibilizada por mujeres diversas que han sido víctimas de violencia.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY “ANTI-STALKING”, PARA PREVENIR, SANCIONAR

Y ERRADICAR EL ACOSO PREDATORIO

ARTÍCULO 1- Se adiciona un artículo 195 bis al Código Penal, Ley 4573, de 1970, y sus reformas, este se leerá:

Acoso predatorio

Artículo 195 bis- Acoso predatorio

Será reprimido con una pena de prisión de diez meses a dieciocho meses o de treinta a cuarenta y cinco días multa, siempre que la conducta no constituya un delito con mayor pena de prisión, a quién acose a una persona de forma insistente y reiterada, alterando su tranquilidad y llevando a cabo alguna o varias de las siguientes conductas:

1) Vigile, persigue o busque cercanía física a una persona.

2) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3) Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

Los extremos de las sanciones privativas de libertad y de días multa previstas en este artículo, se incrementarán en un tercio cuando concurra una de las siguientes circunstancias: el contacto establecido por medios de comunicación incluya contenido sexual manifiesto, la conducta sea cometida por dos o más personas, en perjuicio de una persona menor de edad o mayor de sesenta y cinco años o en perjuicio de una persona con discapacidad.

ARTÍCULO 2- Protección a las víctimas

Los tribunales y juzgados penales que tengan bajo su conocimiento un proceso por el delito de acoso predatorio podrán ordenar, a solicitud de parte, las medidas de protección, previstas en el ordenamiento jurídico, necesarias para garantizar la libertad, integridad y dignidad de las víctimas de acoso predatorio; para ello, la autoridad judicial podrá requerir la colaboración de la policía administrativa y de la policía judicial así como también podrá ordenar a la persona imputada el uso del dispositivo electrónico sin perjuicio de enlazar con la víctima, a fin de garantizar su protección.

De incumplirse una o varias de estas medidas contraviniendo una orden emanada de la autoridad competente, esta deberá testimoniar piezas al Ministerio Público para que se siga el juzgamiento por el delito de desobediencia a la autoridad.

Rige a partir de su publicación.

Laura Guido Pérez

Víctor Manuel Morales Mora Nielsen Pérez Pérez

Catalina Montero Gómez Carolina Hidalgo Herrera

Enrique Sánchez Carballo Luis Ramón Carranza Cascante

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021607438 ).

ACUERDOS

N° 6870-21-22

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En Sesión Extraordinaria N° 40, celebrada el 24 de noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 121 y el artículo 158 de la Constitución Política,

ACUERDA:

Elegir al señor Luis Fernando Salazar Alvarado como magistrado propietario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el período comprendido entre 4 de diciembre de 2021 y el 3 de diciembre de 2029.

El señor magistrado propietario fue juramentado en la Sesión Ordinaria N° 72, del 30 de noviembre de 2021.

Asamblea Legislativa.—San José, primer día del mes de diciembre de dos mil veintiuno.—Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta.—Aracelly Salas Eduarte, Primera Secretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. N° 21002.—Solicitud N° 314164.—( IN2021607552 ).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 43289-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) y 103 inciso 1) de la Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 1, 2, 3, 4, 7 y 253 al 257 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; 1, 2 y 6 de la Ley N° 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud” y la Ley N° 9997 del 13 de julio del 2021 “Reforma del artículo 256 de la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973”.

Considerando:

1º—Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, por lo que es potestad del Ministerio de Salud velar por la salud de la población y de las condiciones sanitarias y ambientales.

2º—Que la Ley N° 9997 del 13 de julio del 2021 publicada en La Gaceta N° 140 del 21 de julio del 2021, reformó el artículo 256 de la Ley General de Salud, eliminando el certificado de salud reglamentario, establecido como requisito para la operación de establecimientos en que se prestan servicios personales de embellecimiento, gimnasios y otros similares.

3º—Que el inciso d) del artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 18329-GP-S- del 11 de julio de 1988 “Reglamento sobre Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza y Afines” establece como requisito para el otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento la presentación del “Certificado de salud extendido por un Médico incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de cada una de las personas que laboran en el establecimiento. Dicho certificado debe ser presentado en la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento por primera vez y renovación.”. Asimismo, este artículo 11 dispone que cada vez que se contrate una nueva persona que ejercerá los oficios indicados, se deberá cumplir con lo establecido en el inciso d) citado.

4º—Que al promulgarse la Ley N° 9997 antes señalada, ha operado una derogatoria tácita del inciso d) del artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 18329-GP-S- del 11 de julio de 1988 “Reglamento sobre Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza y Afines”; no obstante, se considera necesario y oportuno su modificación mediante Decreto Ejecutivo.

5º—Que de conformidad con el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC de 22 de febrero de 2012 “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” y sus reformas, se considera que por la naturaleza del presente decreto no es necesario completar la Sección I denominada Control Previo de Mejora Regulatoria, que conforma el formulario de Evaluación Costo Beneficio, toda vez que el mismo no establece trámites ni requisitos para el administrado. Por tanto,

DECRETAN:

REFORMA AL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO

SOBRE BARBERÍAS, PELUQUERÍAS, SALONES

DE BELLEZA Y AFINES, DECRETO EJECUTIVO

N° 18329-GP-S DEL 11 DE JULIO DE 1988

Artículo 1º—Refórmese el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 18329-GP-S del 11 de julio de 1988, publicado en La Gaceta N° 140 del 08 de agosto de 1988 “Reglamento sobre Barberías, Peluquerías, Salones de Belleza y Afines”, para que en lo sucesivo se lea así:

“Artículo 11.- El Ministerio de Salud otorgará el Permiso Sanitario de Funcionamiento una vez que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 39472-S del 18 de enero del 2016 “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud” y sus reformas.

b) Copia del comprobante de pago de servicios otorgado por el banco recaudador según lo establece el Decreto Ejecutivo N° 32161-S del 09 de setiembre del 2004 “Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el Ministerio de Salud”.

c) Copia de certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos por las personas trabajadoras, impartidos por peluqueros, estilistas, centros de enseñanza y academias, ya sean éstos personas físicas o jurídicas. Quien no cuente con un certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos, debe presentar adjunto al Formulario Unificado de Solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento, una declaración jurada en la que manifieste la experiencia, no menor a 6 meses, con que cuenta para realizar las actividades de los establecimientos indicados en el artículo 1 del presente reglamento.

Cada vez que se contrate una nueva persona que ejercerá los oficios indicados, se deberá cumplir con lo establecido en el inciso c) del presente artículo.”

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los tres días del mes de setiembre del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza.—1 vez.—O.C. Nº 043201900010.—Solicitud Nº 313973.—( D43289 - IN2021607503 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 702-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 139 de la Constitución Política; artículo 47 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 7 párrafo final y artículo 29 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.

ACUERDA:

Artículo 1°—Autorizar al señor Michael Soto Rojas, cédula de identidad N° 1-0995-0438, Ministro de Gobernación, Policía y de Seguridad Pública, con el fin de realizar una visita de aprendizaje junto con el Ministro de Seguridad de la República de Panamá un recorrido por las fronteras y sectores operaciones en el área de McAllen, Texas, así como por el valle del Río Grande en los Estados Unidos de América, a realizarse del 06 al 09 de diciembre de 2021 (incluye salida y regreso). Lo anterior conforme acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria número 192-2021 del 23 de noviembre de 2021, en atención a los artículos 1 y 2 de la Directriz N° 006-MP.

Artículo 2°—El objetivo del viaje es continuar con la discusión y colaboración trilateral en el tema de inmigración y seguridad regional, así como el conocer el abordaje regional de la migración de extra-continentales, principalmente de haitianos.

Artículo 3°—En ausencia del señor Michael Soto Rojas, se nombra como Ministro a. í. del Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Gobernación y Policía, al señor Carlos Andrés Torres Salas, cédula de identidad N° 02-0561-0166, actual Viceministro de Seguridad Pública a partir de las 00:00 horas del 06 de diciembre de 2021 y hasta las 24:00 horas del 09 de diciembre de 2021.

Artículo 4°—Los gastos de viaje, alojamiento, alimentación y transporte interno serán asumidos por el Comando Sur de los Estados Unidos de América.

Artículo 5°—De conformidad con la Circular LYD-3083-06-15C de fecha 16 de junio del 2015, el señor Michael Soto Rojas, se compromete a rendir un informe ejecutivo a su superior jerárquico, en un plazo no mayor a ocho días naturales, contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados tanto para la institución como para el país en general.

Artículo 6°—Rige a partir de las 00:00 horas del 06 de diciembre de 2021 y hasta las 24:00 horas del 09 de diciembre de 2021.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. N° 4600056117.—Solicitud N° 314078.—( IN2021607534 ).

N° 706-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 47 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

Artículo 1°—Nombrar al señor Carlos Alberto Rodríguez Pérez, cédula de identidad N° 104940805, como Viceministro Administrativo del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 2°—Rige a partir del 1 de diciembre de 2021.

Dado en la Presidencia de la República, al primer día del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C.
N° 4600050891.—Solicitud N° 314237.—( IN2021607738 ).

N° 708-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones que le confieren el artículo 139 de la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 47 inciso 3) de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. Así como lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y sus reformas.

Considerando:

I.—Que, habida cuenta de los excelentes lazos de amistad y las relaciones diplomáticas existentes entre la República de Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales se han caracterizado por una amplia agenda de cooperación política y económica, el Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, ha sido invitado por los Emiratos Árabes Unidos, a realizar de manera presencial una Visita Oficial a dicho país del 05 al 07 de diciembre de 2021.

II.—Que Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales socios políticos, comerciales y de cooperación de Costa Rica en Medio Oriente y que, durante la visita realizada a este país en mayo de 2021 por la Viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, Embajadora Adriana Bolaños Argueta, ambos países reafirmaron su voluntad de fortalecer los lazos bilaterales, profundizando sus vínculos en diversas áreas como cooperación política, comercio e inversiones, turismo, digitalización, e innovación, entre otras.

III.—Que, el 24 junio de 2021, en el marco de la 55° Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los Emiratos Árabes Unidos se incorporaron como Estado Observador del SICA.

IV.—Que, en el marco de la Visita Oficial a Emiratos Árabes Unidos, el Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, sostendrá un encuentro bilateral con el Príncipe Heredero de Abu Dabi, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al-Nahyan y miembros de su Gabinete, el 06 de diciembre de 2021, para profundizar los vínculos existentes entre ambos países.

V.—Que los días 06 y 07 de diciembre 2021, se llevarán a cabo reuniones y encuentros bilaterales para impulsar agendas comunes y posicionar temas prioritarios de la política exterior costarricense ante autoridades e instancias de los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo el apoyo a los esfuerzos nacionales de desarrollo en áreas como ciencia y tecnología; energías renovables; empresariedad, pequeñas y medianas empresas, comercio e inversiones, entre otros.

VI.—Que el 07 de diciembre de 2021, el Presidente de la República de Costa Rica, a invitación de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Presidente del Consejo de Ministros y Gobernante de Dubái, participará, en el marco de la Expo-Dubái 2020, en el Día Nacional de Costa Rica.

VII.—Que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la sesión N° 193-2021 del 30 de noviembre de 2021, se aprobó el viaje de la señora Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio como parte de la delegación oficial del Gobierno de Costa Rica a los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar a la señora Victoria Hernández Mora, portadora de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y seis-cuatrocientos cincuenta y ocho, Ministra de Economía, Industria y Comercio, para que participe como parte de la delegación oficial a dicho país del 03 al 08 de diciembre de 2021.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, hospedaje y alimentación serán financiados por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

Artículo 3º—La señora Hernández Mora, en un plazo de ocho días naturales, contados a partir de su regreso, deberá presentar un informe a su superior jerárquico, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en general.

Artículo 4º—En tanto dure la ausencia de la señora Ministra, nombrar como Ministro a. í., al señor Leonardo Chacón Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 11074-0710, Viceministro de Economía, Industria y Comercio, de las diez horas con diez minutos del día tres de diciembre del dos mil veintiuno y hasta las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del día ocho de diciembre del mismo año.

Artículo 5º—Rige a partir de las diez horas con diez minutos del día tres de diciembre del dos mil veintiuno y hasta las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del día ocho de diciembre del mismo año.

Dado en la Presidencia de la República, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C.
N° 4600053232.—Solicitud N° 313917.—( IN2021607947 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DESPACHO MINISTERIAL

Resolución N° 3020-2021-MEP.—Despacho del Señor Ministro de Educación Pública.—San José, a las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno.

Yo Steven González Cortés, mayor, soltero, Administrador de Empresas con énfasis en Administración Financiera, cédula de identidad uno mil ciento cincuenta y siete cero cuatrocientos once (111570411), vecino de San José, cantón de Vázquez de Coronado, en mi condición de Ministro de Educación Pública, según nombramiento efectuado mediante Acuerdo N° 689-P, publicado en el Alcance N° 234 del Diario Oficial La Gaceta N° 222 del 17 de noviembre del dos mil veintiuno, procedo a emitir resolución de delegación de firma y funciones en materia de contratación administrativa, en la señora Rosario Segura Sibaja, en su carácter de Directora de la Dirección de la Proveeduría Institucional y a la señora Sonia Calderón Villalobos, en su calidad de Sub Directora de la Dirección de la Proveeduría Institucional, ambas colaboradoras del Ministerio de Educación Pública.

Resultando:

1º—Que al Ministro de Educación Pública, le corresponde la representación extrajudicial de este Ministerio de conformidad con el artículo 18 inciso l) de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y el Acuerdo Ejecutivo mediante Acuerdo N° 689-P, publicado en el Alcance N° 234 del Diario Oficial La Gaceta N° 222 del 17 de noviembre del dos mil veintiuno.

2º—Que el Decreto Ejecutivo N° 30640 del 27 de junio del 2002, Reformado por el Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto del 2003, publicado en La Gaceta N° 230 del 26 de noviembre del 2003, establece el Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno.

3º—Que para la operatividad institucional y ante la necesidad organizacional del Ministerio de Educación Pública, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 30640 del 27 de junio del 2002, Reformado por el Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto del 2003, publicado en La Gaceta N° 230 del 26 de noviembre del 2003, establece la posibilidad de delegación de las siguientes funciones que se realiza por medio de la firma por parte de los Ministros de Gobierno, de acuerdo a lo siguiente: “…De la posibilidad de delegación. Los Ministros de Gobierno, o máximos jerarcas de la institución, podrán delegar la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa y la firma del Pedido, siguiendo al efecto las disposiciones y observando los límites que establecen la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en materia de delegación de competencias.

La resolución que se elabore para la delegación de dichas funciones deberá ser comunicada a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta.”

4º—Que los artículos 10 y 11 del Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno, establecen las funciones específicas de las Proveedurías Institucionales.

“Artículo 10.—Funciones específicas de las Proveedurías Institucionales. Las Proveedurías Institucionales tendrán las siguientes funciones específicas:

a) Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes relacionados con sus funciones y proceder a su archivo cuando corresponda.

b) Atender consultas que le formulen las diversas personas públicas o privadas relacionadas con sus funciones.

c) Realizar las labores de Planeamiento y/o programación que correspondan para el mejor desempeño de sus funciones.

d) En licitaciones y compras directas, confeccionar el cartel o pliego de condiciones y tramitar el procedimiento hasta la emisión del pedido*.

*(REFORMADO por artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003.)

e) Tramitar los procedimientos de remate para vender o arrendar bienes muebles, inmuebles, o semovientes.

f) Recibir, custodiar y dar seguimiento a las garantías de participación y cumplimiento presentadas por los participantes en los diversos procedimientos de contratación, y recomendar en el ámbito interno del Ministerio lo pertinente en punto a su ejecución o devolución, según corresponda.

g) Proceder en coordinación con los técnicos de la institución, con las labores de recepción, almacenamiento y distribución de bienes que ingresen al respectivo Ministerio.

(REFORMADO por artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003.)

h) Ejercer control y darle el debido seguimiento actualizado a través de un Inventario permanente a todos los bienes del Ministerio, según la reglamentación o manuales técnicos que se dicten sobre el particular.

i) En importaciones, tramitar todo lo que corresponda a pagos al exterior, trámite de exenciones de impuestos y desalmacenaje de mercaderías.

j) Registrar y mantener actualizado la información de todos los procedimientos de contratación administrativa en el Sistema electrónico de compras gubernamentales Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas (*), a fin de brindar información oportuna, confiable, y transparente a los administrados, respetando los procedimientos emanados por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 37943 del 17 de setiembre del 2013, “Crea Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa”, anteriormente indicaba “CompraRed”)

k) Tramitar todo el procedimiento de rescisión y resolución de contratos, y en su caso imponer las respectivas sanciones. De imponerse a sanción alguna, deberá comunicar al registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

l) Mantener actualizada la siguiente información:

1. Registro de Proveedores y de personas físicas y jurídicas inhibidas para contratar con la Administración.

2. Catálogo de Mercancías y precios de referencia, que administra la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

La consulta y uso de dichos documentos serán de aplicación obligatoria por parte de todas las Proveedurías Institucionales.

m) Elaborar y enviar a publicar en el Diario Oficial, el programa anual de adquisiciones y sus modificaciones, del Ministerio correspondiente.

n) Llevar a cabo los procedimientos administrativos tendente a establecer la existencia del incumplimiento contractual, determinar y cuantificar los daños y perjuicios ocasionados y ordenar la ejecución de garantías, sí aún se encuentran vigentes.

(AMPLIADO por artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003.

Artículo 11.—Estructura organizativa básica de las Proveedurías Institucionales. La Proveeduría Institucional de cada Ministerio deberá contar con un Proveedor Institucional, quien ejercerá las funciones de Jefatura y cuyo nombramiento se hará conforme a los requisitos y reglas del Régimen del Servicio Civil.

Cada Proveeduría Institucional tendrá como mínimo, las siguientes unidades administrativas, con las funciones que luego se indicarán:

a) Programación y control

b) Contrataciones

c) Almacenamiento y Distribución, y

d) Comisión de Recomendación y Adjudicación.

Excepcionalmente por el volumen de operaciones y requerimientos de una institución, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa podrá luego de un estudio previo, recomendar la utilización de una estructura que no posea todas las unidades antes indicadas, siempre y cuando la Proveeduría Institucional cumpla con la realización de las funciones que indica este Reglamento.

(REFORMADO por artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003.)”

5º—Que el Decreto Ejecutivo N° 38170 Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública vigente al día de hoy, establece en el artículo 59 lo siguiente : “… Con fundamento en los artículos 89 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 221 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Proveeduría Institucional tendrá la responsabilidad sustantiva de resolver los recursos de objeción y aclaración al cartel, emitir el acto final de los procedimientos de contratación administrativa, solventar los recursos de revocatoria o apelación incoados contra la decisión final del procedimiento de contratación, finiquitar el documento contractual respectivo, según sea el caso del monto, resolución y rescisión contractual, administración y ejecución de garantías (Proceso Administrativo), aplicación de sanciones de apercibimiento e inhabilitación, cláusulas penales y multas; así como administrar el archivo de los procesos licitatorios activos y pasivos.”

6º—Que la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos vigente al día de hoy, establece en su artículo 106 que: “… Delegación para suscribir contratos. Los jerarcas de los órganos o entes del sector público podrán delegar la suscripción de los contratos asociados al proceso de contratación, de conformidad con la reglamentación que se establezca para el efecto.”

7º—Que en el artículo 58 del Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP correspondiente a la Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública establece que la Dirección de Proveeduría Institucional es: “… el órgano técnico en materia de Contratación Administrativa. Le corresponde la planificación y programación de las compras, la conducción de los diferentes procedimientos de contratación administrativa, así como el almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los insumos y activos adquiridos por el MEP. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su reglamento, la Ley General de la Administración Pública y demás cuerpo normativo que regule el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales.”

8º—Que con motivo de la centralización en el área de gestión de adquisiciones en el Ministerio de Educación Pública, en virtud de la estructura administrativa de Oficinas Centrales de esta Institución y con el fin de mejorar la capacidad de gestión y dar repuestas oportunas que se ajusten a las necesidades actuales de los actores que intervienen para el cumplimiento de fin público designado constitucionalmente, es necesario utilizar la figura de delegación por parte del Jerarca de este Ministerio en aplicación de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, aunado con lo establecido en el artículo 87 inciso 1de la Ley General de Administración Pública que indica en lo que interesa: “…1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso de la suplencia y de la situación de órgano, claramente limitada en su contenido por el acto que le da origen.…”, por lo que esta delegación se otorgará por lo que resta del periodo de la administración Alvarado Quesada, (2018- 2022).

9º—Que a nivel del país la modernización de las compras públicas se ha convertido en un asunto de interés nacional, donde se destaca la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de las compras públicas, así como promover la transparencia en las transacciones, es necesario contar con una proveeduría más dinámica. Lo anterior en concordancia con las directrices emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, ente rector en materia de compras públicas para el Gobierno Central, así como en observancia del cuerpo normativo vigente que rige la materia.

10.—Que la Ley General de Administración Pública, en su Título Tercero, Capítulo Tercero, Sección Segunda y Tercera y el artículo 5 del Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno facultan al señor Ministro para delegar su competencia y firma.

Considerando:

I.—Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política, 11, 84 inciso a), 89 incisos 1) y 2), 90, 91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública, 106 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 18 inciso a) de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, 34, 41 y 42 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, en mi condición de Ministro de Educación Pública, nombrado mediante Acuerdo N° 689-P, publicado en el Alcance N° 234 del Diario Oficial La Gaceta N° 222 del 17 de noviembre del dos mil veintiuno, delego la firma en forma física y mediante la emisión de firma digital de los siguientes actos administrativos de este Ministerio: decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación Administrativa, así como la firma del pedido u orden de compra, en la Directora de la Proveeduría Institucional y en la ausencia temporal de la titular, en la Sub Proveedora.

II.—Que de conformidad con lo indicado en el artículo 89 incisos 1 y 2 de la Ley General de la Administración Pública, y en concordancia con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 30640 del 27 de junio del 2002, Reformado por el Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto del 2003, publicado en La Gaceta N° 230 del 26 de noviembre del 2003, se establece la posibilidad que los Ministros de Gobierno deleguen las siguientes funciones: “Artículo 5 De la posibilidad de delegación. Los Ministros de Gobierno, o máximos jerarcas de la institución, podrán delegar la decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa y la firma del Pedido, siguiendo al efecto las disposiciones y observando los límites que establecen la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en materia de delegación de competencias.

III.—Que los artículos 84 inciso a) y 89 inciso 1) y 4) de la Ley General de la Administración Pública permite la delegación de la competencia administrativa, por su parte los artículos 89 a 92 de la Ley General de la Administración Pública establece las disposiciones específicas en relación a la figura de la delegación. Finalmente, el inciso 4) del numeral 89 citado, establece que la delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial, cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado.

IV.—Que la Procuraduría General de la República, mediante opinión jurídica Nº OJ050-97, de fecha 29 de setiembre de 1997, ha señalado: “(…) La delegación de la firma no implica una transferencia de la competencia, sino que descarga las labores materiales del delegante, limitándose la labor del delegado a la firma de los actos que le ordene el delegante, quien asume la responsabilidad por su contenido. En otras palabras, es autorizar al inferior para que firme determinados documentos en nombre del superior, si bien ha sido este el que ha tomado la decisión (…)”

V.—Que la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen: 061 del 18 de abril del 2013, con respecto a la delegación de funciones que se ejecutan mediante la firma que es el caso que nos ocupa, se indica lo siguiente: “(…)conviene citar el dictamen C-308-2000 de 13 de diciembre de 2000, que ha sintetizado las características más relevantes del instituto de la delegación de firma: “A partir de lo expuesto tenemos lo siguiente: (…) 2. Hay que distinguir las figuras de la delegación de competencias de la delegación de firmas. 3. En la delegación de firmas no hay transferencia de competencias. 4. No es necesario delegar en el inmediato inferior. 5. Cuando se delega la firma, la responsabilidad sigue siendo del delegante. 6. Si la delegación de firma es para uno o varios tipos de actos, el acuerdo debe ser publicado.” (Negrita y cursiva no son del original).

VI.—Que para brindar mayor flexibilidad y eficiencia a la fase de ejecución del contrato y en concordancia con los numerales 7 y 13 de la Ley de Contratación Administrativa, el inciso g) del artículo 8 de su Reglamento, prevé la designación de un “encargado general del contrato”, quien –como parte de su deber de fiscalización de las obligaciones de los contratistas- podría atender las solicitudes de prórroga del plazo de entrega y de sustitución de artículos, con sujeción a los requisitos normativos y de oportunidad o conveniencia institucional aplicables, en tanto es el delegado del Jefe del Programa Presupuestario.

VII.—Que según el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con los artículos 202, 204 y 211 de su Reglamento y los incisos k) y n) del artículo 10 del Decreto N° 30640-H, reformado mediante el Decreto Ejecutivo N° 31483-H del 19 de agosto del 2003, la Dirección de la Proveeduría Institucional es el órgano competente de la Administración para tramitar y resolver los procedimientos administrativos tendientes a declarar la rescisión unilateral y la resolución de los contratos públicos o institucionales, previo levantamiento de una información preliminar a cargo del Programa Presupuestario respectivo o el funcionario o unidad encargada del contrato.

VIII.—Que en el oficio N° DGABCA-NP-006-2009, del 06 de enero del 2009, la Licda. Ericka Solís Acosta, en su condición de Directora General a.í. de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, señala que dado que el órgano competente para suscribir los documentos de formalización contractual es el máximo jerarca de cada Institución, entonces quien tiene la competencia para rescindir o resolver un contrato firme es el máximo jerarca del ente respectivo o en quien éste haya delegado su competencia.

IX.—Que en los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo N° 30640 “Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”; Reformado mediante el Decreto Ejecutivo N° 31483 del 19 de agosto de 2003, publicado en La Gaceta N° 230, del 28 de noviembre de 2003, se establecen las funciones específicas de las Proveedurías Institucionales, las siguientes: