LEYES

10458

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 y 37 BIS DE LA LEY

7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998

ARTÍCULO 1-   Se reforma el artículo 36 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 36-

El concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se requieren y a ellas deberán ser convocados todos sus miembros con, al menos, veinticuatro horas de anticipación.

Podrán conocerse los asuntos incluidos en la convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros del concejo.

El orden del día para las sesiones remuneradas con dieta, según el artículo 30, se señalará mediante acuerdo municipal, siempre que se refieran a asuntos cuya atención no pueda esperarse a que acontezca la sesión ordinaria más próxima.

ARTÍCULO 2-     Se reforma el párrafo primero del artículo 37 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 37-    Las sesiones presenciales del concejo deberán efectuarse en el local sede de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando concurran las siguientes circunstancias:

[…].

ARTÍCULO 3-     Se reforma el artículo 37 bis de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 37 bis-   Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan facultados para realizar de manera excepcional, por razones suficientemente motivadas y justificadas, sesiones municipales de manera virtual a través del uso de medios tecnológicos, cuando así se determine por acuerdo adoptado por mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley.

El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad y el concejo municipal de distrito deberá garantizar la participación plena de todos los miembros del órgano y todos aquellos que participen de la sesión, la transmisión simultanea de audio, video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado. Asimismo, deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos.

Para que la participación de los miembros del concejo, por medios tecnológicos, sea válida deberá:

1-Existir una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el emisor y el receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e integridad de la participación, voluntad y la conservación de lo actuado.

2-Los miembros del concejo deberán disponer de los medios adecuados para estar debidamente conectados al medio tecnológico y estar siempre visibles, disponibles y atentos durante todo el tiempo que dure la sesión virtual. No podrán realizar otra labor privada o pública y no podrán estar de forma simultánea, durante el desarrollo de la sesión, en cualquier otro tipo de actividad pública o privada.

Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada en situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano por los miembros propietarios y suplentes, garantizando lo dispuesto en el artículo 28 de este Código, sin perjuicio del derecho de sustitución de los regidores y síndicos suplentes, según lo dispuesto en el artículo 49 y aprobada por mayoría simple del concejo municipal, se autorizará que alguno de sus miembros participe, de forma temporal, en las sesiones virtuales del concejo fuera del país.

3-Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión a todas las personas integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De no ser posible esto, deberá optarse por el traslado físico del recinto, previsto en el artículo 37.

El pago de las dietas se regirá, en lo correspondiente, por lo dispuesto en los artículos 30 y 38 de este Código y se justificará únicamente si el miembro participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella, bajo cumplimiento de los deberes indicados y si, además, se garantizaron los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación y votación.

La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que corresponda para cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la elaboración del acta correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley.

Cuando un miembro del concejo participe de forma válida por medios tecnológicos, se deberá considerar como presente para los efectos del último párrafo de los artículos 37 y 42 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.

Cada municipalidad, conforme a sus posibilidades, deberá proveer, a los alcaldes y alcaldesas, regidores, suplentes, síndicos y suplentes, de los medios, las condiciones y la asistencia necesaria para asegurar su eventual participación en una sesión por medios tecnológicos.

Este mecanismo de sesiones virtuales también podrá ser utilizado por las comisiones municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley.

Las respectivas comisiones municipales que adopten la implementación de sesiones virtuales deberán garantizar que el medio tecnológico, que se considere más efectivo y conveniente, respete los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación. También, se debe garantizar el correcto funcionamiento de las comisiones y el cumplimiento de los principios de publicidad y de participación ciudadana, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a dichas comisiones para conocer las deliberaciones, los actos y los acuerdos que ahí se tomen. Tales actos y acuerdos deberán ser válidos, de manera que se garantice la continuidad de la actividad administrativa de manera célere y eficaz, y con satisfacción del interés público.

Es deber de los miembros que integren las comisiones municipales estar ubicados en un lugar, dentro del territorio nacional, disponer de los medios adecuados para estar debidamente conectados al medio tecnológico y estar visibles, disponibles y atentos durante todo el tiempo que dure la sesión.

Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada en situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano y aprobada por el pleno del concejo, se autorizará, de forma temporal, participar en las sesiones virtuales del concejo fuera del país.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA     Aprobado a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

     María Marta Carballo Arce             Manuel Esteban Morales Díaz

           Primera Secretaría                            Segunda Secretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLIQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10458-IN2024859779 ).

10465

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA.

LEY PARA FORTALECER LOS TRIBUNALES

DE FLAGRANCIA PARA GARANTIZAR EL

ENJUICIAMIENTO OPORTUNO DE

LAS PERSONAS IMPUTADAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 422, 427, 428, 430 y 435 de la Ley 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996. Los textos son los siguientes:

Artículo 422- Procedencia obligatoria

Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en todos los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia conforme lo establece el artículo 236 de este Código e iniciará desde el momento en que se sorprenda y detenga a la persona sospechosa en flagrante delito.

Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral.

Los casos de delitos en flagrancia también podrán resolverse conforme al procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa, si resulta procedente.

En aquellos casos donde el hecho punible cumpla con lo establecido en el artículo 236 de este Código, el procedimiento penal deberá ser, obligatoriamente, la vía de flagrancia, desde su inicio hasta su finalización, dentro de los plazos establecidos en los artículos 430 y 435 de este Código.

Artículo 427- Constitución del tribunal de juicio y competencia

El tribunal de juicio, en cualquier tipo de delito que se juzgue mediante este procedimiento, será constituido según su competencia, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tendrá competencia para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades. También tendrá competencia para aplicar cualquiera de las medidas alternativas al proceso, el procedimiento de justicia restaurativa, así como el procedimiento abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas anteriores, el tribunal realizará el debate inmediatamente, salvo que se deba recabar prueba útil, necesaria e imprescindible, que se ofrezca por las partes.

Artículo 428- Realización de la audiencia por el tribunal

Recibida la solicitud por parte del fiscal, el tribunal, en forma inmediata, realizará la audiencia, la cual será oral y pública. De la audiencia quedará registro digital de video y audio; tendrán acceso a ella las partes, por medio de una copia. En la primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, donde se describan los hechos y se determine la calificación legal de estos, así como el ofrecimiento de prueba. La defensa podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de ofrecer la prueba para el proceso.

El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá corregirla oralmente en el acto.

Inmediatamente, se conocerá de la aplicación de medidas alternativas, del procedimiento de justicia restaurativa y el procedimiento abreviado.

Si se aprueba la remisión del caso a la sede restaurativa, se suspenderá la audiencia hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles para el trámite correspondiente. En el mismo acto, el tribunal fijará fecha y hora de la continuación de la audiencia, en que se homologarán los acuerdos restaurativos o se continuará con el trámite establecido en flagrancia. En todo momento se garantizará la confidencialidad de la información obtenida en justicia restaurativa.

En caso de que no proceda la aplicación de las medidas, no se proponga por la defensa o no se acepte por el Ministerio Público o la víctima, según sea la medida, o el tribunal las considere improcedentes, este último procederá a realizar el juicio en forma inmediata y en esa misma audiencia, salvo que estén pendientes de recabar pruebas útiles, necesarias e imprescindibles ofrecidas por las partes. En este caso, deberá calificar la procedencia y pertinencia de la prueba ofrecida por las partes. En esa misma audiencia, el tribunal señalará la fecha y hora para celebrar el juicio oral y público, y dejará convocadas a las partes para que comparezcan a su realización.

Artículo 430- Dictado de la prisión preventiva

Cuando la persona representante del Ministerio Público considere conveniente la imposición de la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar a la persona imputada, podrá solicitarla al tribunal desde el inicio o en cualquier otro momento del proceso.

En caso de que el tribunal, conforme a los parámetros establecidos en este Código considere proporcional y razonable la solicitud de la fiscalía, establecerá la medida cautelar pertinente. La de prisión preventiva contra de la persona imputada no podrá sobrepasar un plazo ordinario de quince días hábiles, si se cuenta con toda la prueba ofrecida por las partes y admitida por el juez.

En caso de que las partes ofrezcan prueba útil, necesaria e imprescindible que deba recabarse para la realización del juicio, a solicitud de la fiscalía, el tribunal podrá prorrogar la prisión preventiva por un plazo extraordinario que no podrá sobrepasar de veinticinco días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo ordinario indicado en el párrafo anterior.

Vencido el plazo extraordinario de la prisión preventiva sin que se haya iniciado el  debate, corresponderá remitir la causa al tribunal de juicio ordinario que resolverá acerca del mantenimiento, modificación o cesación de la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar y para que realice el juicio oral y público, si en la causa ya se ha dispuesto la realización del juicio.

Cuando deba solicitarse un plazo superior de prisión preventiva, vencidos los plazos ordinario y extraordinario, así como en los casos donde no corresponde aplicar el procedimiento expedito por no estar ante hechos cometidos en flagrancia, procederá la prisión preventiva, si existe mérito para ello, según las reglas establecidas en este Código. En tal caso, según corresponda, el juzgado penal o el tribunal de juicio ordinario, si ya se ha dispuesto la realización del juicio, será el encargado de resolver acerca de dicha solicitud.

Con el dictado oral de la sentencia condenatoria, si el tribunal lo considera oportuno, prorrogará la prisión preventiva en contra de la persona imputada por un plazo máximo de seis meses. Cuando en la sentencia se le absuelva, se levantará toda medida cautelar impuesta contra ella.

Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo regirán las restantes reglas de la prisión preventiva establecidas en este Código.

Artículo 435- Plazo para la celebración de la audiencia

Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la primera parte de la audiencia que establece el artículo 428, por parte del tribunal. Si se dispone la celebración del juicio, este se realizará de forma inmediata, cuando la prueba ofrecida por las partes y admitida por el tribunal, se encuentre recabada.

En caso de que las partes ofrezcan prueba útil, necesaria e imprescindible que no se ha recabado, el plazo para iniciar el debate se podrá prorrogar hasta por un máximo de veinticinco días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo de quince días hábiles indicado en el primer párrafo.

Vencidos los plazos anteriores sin que haya iniciado el debate, corresponde remitir la causa al juicio ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria para la persona funcionaria responsable de la demora.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

      Manuel Esteban Morales Díaz     Carlos Andrés Robles Obando

               Segunda Secretaría                    Primer Prosecretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—Exonerado.—( L10465 - IN2024859783 ).

N° 10445

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN

DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

CAPÍTULO I

CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO

DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

ARTÍCULO 1- Se crea el Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial como dependencia directa e inmediata de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, cuya jefatura será equivalente a la categoría de jefe de delegación y tendrá al menos un subjefe. Este Centro operará con cargo a los recursos asignados al programa presupuestario Servicio de Investigación Judicial del Poder Judicial.

Este centro será el encargado de proponer y ejecutar los lineamientos y las políticas en materia de capacitación nacional e internacional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y contará con la estructura y los recursos que se estimen necesarios para el buen servicio.

Las actuaciones del Centro en materia de formación se enmarcarán en estricto apego al respeto de los derechos y las garantías fundamentales que les asisten a las personas y la prevención de la tortura, en busca de armonizar el actuar policial con los instrumentos nacionales e internacionales que tutelan estas prerrogativas.

ARTÍCULO 2- Son funciones del Centro de Capacitación:

a)  Capacitar al personal del Organismo, a través de un centro especializado con enfoque humanístico, de derechos humanos y respeto de los preceptos vertidos por el derecho de la Constitución, que coadyuve a la institución a mantenerse actualizada en los quehaceres policiales.

b)  Coordinar capacitaciones con otros entes policiales a nivel nacional e internacional; en este último caso, en coordinación con la Oficina de Enlace y Relaciones Internacionales.

c)  Planificar, desarrollar, impartir, supervisar, aprobar y evaluar los programas educativos en el campo de su competencia.

d)  Determinar las necesidades de capacitación institucional en el campo de su competencia.

e)  Promover la colaboración, el intercambio institucional y la suscripción de protocolos y acuerdos con centros de capacitación, universidades públicas y privadas, así como otras organizaciones nacionales o internacionales; en este último caso, en coordinación con Ia Oficina de Enlace y Relaciones Internacionales.

f)  Llevar el registro de las capacitaciones del personal.

g)  Administrar los campos de disparo de la institución.

h)  Se encargará de los traslados internos y la logística de los instructores internacionales que lleguen al país en gestiones oficiales de interés para la policía judicial.

i)   Definir y supervisar los programas de acondicionamiento físico y hábitos saludables para el buen desempeño en la función policial, con la intervención de un equipo interdisciplinario.

j)   Todas aquellas que determine la Dirección General.

El Centro de Capacitación contará con las plazas profesionales necesarias para el desarrollo de sus funciones y competencias, que se encargarán de impartir los cursos correspondientes y las plazas administrativas que correspondan para cumplir con estas obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Centro de Capacitación podrá encomendar determinados cursos a otro tipo de personal calificado y con experiencia en la materia, para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 3- El Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial contará con un Consejo Académico, el cual establecerá las políticas generales a seguir en materia de formación, capacitación y especialización policial, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley. Sus integrantes no percibirán dietas por las sesiones del Consejo Académico a las que asistan.

Estará integrado por:

a)  Un magistrado o magistrada que será designado o designada por la Corte Suprema de Justicia, quien preside.

b)  El director general del Organismo de Investigación Judicial(OIJ).

c)  El director de Gestión Humana del Poder Judicial.

d)  Un representante de la Oficina de Enlace y Relaciones Internacionales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

e)  El director de la Escuela Judicial.

Únicamente podrá sustituir a cada miembro de este Consejo el funcionario de rango inmediato inferior de la dependencia respectiva o un funcionario que, por su puesto, justifique una participación más pertinente.

El Consejo se reunirá ordinariamente de forma semestral y, extraordinariamente, cuando su presidente lo convoque. Habrá cuórum con la presencia de tres de sus miembros y sus acuerdos serán tomados por mayoría simple de los presentes; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo las realizará la Oficina de Enlace y Relaciones Internacionales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

ARTÍCULO 4-      El Consejo Académico tendrá las siguientes funciones:

a)    Definir las políticas y los lineamientos en materia de educación policial.

b)  Aprobar el plan académico.

c)  Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia.

ARTÍCULO 5-     El Centro de Capacitación podrá ofrecer la venta de servicios en formación, capacitación y especialización, a lo externo del Poder Judicial, a instituciones del Estado, entidades u organismos públicos, policías municipales, en materias propias de su giro académico, con apego al ordenamiento jurídico en materia de contratación administrativa, así como al reglamento que al efecto se emita; para ello, establecerá el valor de los cursos de formación, capacitación y especialización.

El Centro de Capacitación, con la colaboración de la Administración del Organismo de Investigación Judicial, establecerá el valor de los cursos de capacitación, formación y especialización que esta ofrecerá a los entes públicos interesados.

El dinero será depositado por el interesado en una cuenta bancaria a nombre del Ministerio de Hacienda, por medio de un entero de gobierno o de manera electrónica. Los recursos obtenidos serán invertidos en el mantenimiento, funcionamiento y fortalecimiento del Centro de Capacitación.

Para facilitar el seguimiento de la correcta administración de estos ingresos, el Ministerio de Hacienda deberá crear una cuenta dentro del clasificador presupuestario de ingreso para dicha fuente de financiamiento, con la finalidad de identificar los ingresos provenientes de estos depósitos; asimismo, en el proyecto de presupuesto nacional deberán estar claramente identificadas, mediante el clasificador correspondiente, las subpartidas de gasto financiadas con estos ingresos.

ARTÍCULO 6-       Los funcionarios que reciban y aprueben el curso básico como requisito de ingreso a la Policía Judicial deberán prestar servicio en forma ininterrumpida en el Organismo por un período mínimo de tres años después de aprobado; de lo contrario, deberán retribuir el cien por ciento (100%) del costo total del curso.

ARTÍCULO 7-  Los servidores activos del Organismo que reciban cursos o capacitaciones de actualización, otorgados o autorizados por el Poder Judicial, deberán prestar servicios ininterrumpidos en el Organismo, de acuerdo con los siguientes parámetros:

a)    Capacitaciones con una duración máxima de seis meses ameritarán un servicio posterior ininterrumpido por al menos seis meses.

b)    Capacitaciones con una duración de seis meses hasta doce meses ameritarán el servicio posterior ininterrumpido durante al menos un año.

c)     Capacitaciones con una duración mayor a doce meses ameritarán el servicio posterior ininterrumpido del doble del tiempo que haya durado la capacitación.

ARTÍCULO 8-   El Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial deberá gestionar, ante los órganos encargados del Poder Judicial, la recuperación de las erogaciones económicas en que haya incurrido respecto a cursos o capacitaciones que no fueron aprobados por los funcionarios participantes, quienes estarán obligados a retribuir el costo del curso.

En caso de que los funcionarios participantes pertenezcan a otras dependencias del Poder Judicial, otros ministerios, instituciones públicas, privadas o municipalidades se remitirá el informe respectivo, a efectos de que se tramite conforme al procedimiento interno que los rige.

CAPÍTULO II

Reformas

ARTÍCULO 9- Reformas de la Ley 6593, Ley de Creación de la Escuela Judicial, de 6 de agosto de 1981

Refórmense los artículos 3, 10 y 33 de la Ley 6593, Ley de Creación de la Escuela Judicial, de 6 de agosto de 1981. El texto es el siguiente:

Artículo 3-  La Escuela dispondrá de las secciones o áreas de actividad que se consideren necesarias.

Artículo 10-    Los centros regionales serán dirigidos por un representante del director, que este acogerá entre los funcionarios de mayor rango que desempeñen su cargo en la circunscripción territorial donde funcione el Centro.

Artículo 33-    La Escuela organizará, anualmente, cursos de perfeccionamiento para los servidores judiciales en el desempeño de sus cargos. El Consejo Directivo indicará quiénes deberán recibirlos; para lo cual solicitará informes al Consejo de Personal, a la Inspección Judicial y a la Dirección Administrativa.

TRANSITORIOS

TRANSITORIO I-    En el plazo máximo de treinta y seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial de la Escuela Judicial pasará a estar adscrita a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial y se denominará Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial.

TRANSITORIO II-  Hasta tanto no se cuente con una infraestructura e insumes propios para el desempeño de todas las funciones de capacitación, el Organismo de Investigación Judicial seguirá utilizando los bienes y activos de la Escuela Judicial del Poder Judicial.

TRANSITORIO III- Todas las plazas adjudicadas a la Escuela Judicial, para la atención del programa de capacitación del Organismo de Investigación Judicial, serán trasladadas a disposición de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial desde la entrada en vigencia de esta ley. El traslado de las plazas será para el cumplimiento de las funciones del Centro de Capacitación.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-Aprobado a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

      María Marta Carballo Arce            Manuel Esteban Morales Díaz

            Primera secretaría                          Segunda secretaría

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—Exonerado.—( L10445 - IN2024859784 ).

10461

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ

ZELEDÓN PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE

SU PROPIEDAD AL COLEGIO FEDERADO DE

INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS

DE COSTA RICA

ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, cédula jurídica número tres — cero uno cuatro cero cuatro dos cero cinco seis (N 0 3014042056), para que done, a favor del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el inmueble de su propiedad matrícula folio real e número siete tres cero tres tres tres- cero cero cero (N. 0 730333-000), del partido de San José, cuya naturaleza es de terreno de solar, situada en el distrito 1, San Isidro de El General; cantón 19, Pérez Zeledón, de la provincia de San José; linderos correspondientes: al norte con avenida veintidós, La Quichelense Limitada y Dos Ancestros Limitada y el Ministerio de Educación Pública; al sur con el río San Isidro; al este con La Quichelense Limitada y Dos Ancestros Limitada y al oeste con el Ministerio de Educación Pública, Shirley y Heidy Maritza del Carmen Ortega Amador y avenida veintiocho; mide seis mil cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados (6436 m2); no tiene anotaciones ni gravámenes, y cuyo terreno a segregar se describe en el plano catastrado número SJ- dos tres dos uno uno nueve uno- dos cero dos uno ( N.° SJ-23211912021).

ARTÍCULO 2- Destino. El terreno donado por la Municipalidad de Pérez Zeledón, descrito en el artículo 1, tiene como finalidad la construcción de la sede regional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

ARTÍCULO 3- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los trámites necesarios mediante la elaboración de la escritura correspondiente, la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además, queda facultada, expresamente la Notaría del Estado, para que actualice y corrija la naturaleza, la situación, la medida, los linderos y cualquier error, diferencia u omisión relacionados con el inmueble a donar, así como gestionar cualquier otro dato registral, catastral o notarial, que sea necesario para la debida inscripción de los documentos pertinentes en el Registro Nacional.

ARTÍCULO 4- El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica contará con un plazo de diez años para realizar la construcción de la sede regional del CFIA; caso contrario, la propiedad del terreno regresará a la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

      María Marta Carballo Arce         Manuel Esteban Morales Díaz

             Primer Secretaría                         Segunda Secretaría

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10461 - IN2024859788 ).

N° 10451

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN

DE COOPERATIVAS MEDIANTE LA REFORMA

DE VARIOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES 4179, LEY

DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS, DE 22 DE AGOSTO

DE 1968; 5185, LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS

Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO

COOPERATIVO, DE 20 DE FEBRERO DE 1973, Y 6756,

REFORMA INTEGRAL A LEY DE ASOCIACIONES

COOPERATIVAS, DE 5 DE MAYO DE 1982

ARTÍCULO ÚNICO-      Refórmense los artículos 31, inciso d), 44 y 46 de las leyes 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, de 22 de agosto de 1968; 5185, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, de 20 de febrero de 1973, y 6756, Reforma Integral a Ley de Asociaciones Cooperativas, de 5 de mayo de 1982, de tal forma que en los tres casos se lean de la siguiente forma:

Artículo 31- Las cooperativas se sujetarán a las siguientes condiciones:

(…)

d)  No podrán constituirse con un número menor de ocho personas.

(…)

Artículo 44-  La Asamblea de Asociados, ordinaria o extraordinaria, se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, cuando esté presente, al menos, la mitad más uno de sus miembros.

Si no se lograra el cuórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la Asamblea de Asociados podrá efectuarse legalmente con la asistencia del treinta por ciento (30%) de sus integrantes.

En la Asamblea de Delegados, sea ordinaria o extraordinaria, el cuórum en primera convocatoria no será inferior a la mitad más uno del total de delegados. En la Asamblea de Delegados, en su segunda convocatoria, dos horas después deberán estar presentes por lo menos el treinta por ciento (30%) de los delegados.

Artículo 46- Corresponde al Consejo de Administración, que será integrado por un número impar no menor de tres miembros, la dirección superior de las operaciones sociales, mediante acuerdo de las líneas generales a las que debe sujetarse el gerente en la realización de estos, dictar los reglamentos internos de acuerdo con la ley o con sus estatutos, proponer a la Asamblea reformas a los estatutos de la cooperativa y velar por que se cumplan y ejecuten sus resoluciones y las de la Asamblea General de asociados o delegados.

También, podrá conferir el gerente toda clase de poder, generalísimo, generales, especiales y especialísimos, para llevar a cabo su gestión administrativa, así como suspenderlo de su cargo o removerlo.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los seis días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

    María Marta Carballo Arce               Manuel Esteban Morales Días

           Primer secretaría                               Segunda secretaría

Dado en San Ramón, Alajuela, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Alexander Astorga Monge, Ministro de Trabajo y Seguridad Social a. í.—1 vez.—Exonerado.—( L10451 - IN2024859786 ).

10454

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN

DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL

EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA

ARTÍCULO 1-  Se adiciona un inciso 5) al artículo 5 de la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995. El texto es el siguiente:

Artículo 5- Responsabilidades de prevención. Todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. Con ese fin, deberán tomar medidas expresas en los reglamentos internos, los convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo. Sin limitarse solo a ellas, incluirán las siguientes:

(…)

5) Otorgar una dirección de correo electrónico a la persona trabajadora, la cual le servirá como medio para recibir futuras notificaciones. En los casos en los cuales el centro de trabajo o centro educativo no pueda brindar dicha dirección, le solicitará a la persona trabajadora suministrar una dirección de correo electrónico propia o personal, con el fin de que sea utilizada como medio de notificación de apertura de procedimientos disciplinarios por hostigamiento sexual en su lugar de trabajo y actualizar esta cuando corresponda.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995. El texto es el siguiente:

Artículo 20 bis-        Notificación de la apertura del procedimiento. La notificación de apertura de un procedimiento disciplinario por hostigamiento o acoso sexual en el lugar de trabajo o docencia se podrá realizar a través de los siguientes mecanismos:

a)  Los medios establecidos en la Ley 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008.

b)  Cuando se haya intentado realizar la notificación a través de los medios establecidos en el inciso anterior, pero esta no sea posible, se tendrá como medio de notificación la dirección de correo electrónico que el centro de trabajo o centro educativo le otorgó a la persona denunciada o, en su defecto, la dirección de correo electrónico propia o personal que la persona denunciada suministró en su lugar de trabajo.

ARTÍCULO 3-  Se adiciona un inciso 6) al artículo 243 de la Ley 6227, Ley General de Administración Pública de 2 de mayo de 1978. El texto es el siguiente:

Artículo 243-

6) Las notificaciones de apertura de procedimientos disciplinarios vinculados al hostigamiento o acoso sexual en centros de trabajo o centros educativos se regirán por lo establecido en la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995.

TRANSITORIO ÚNICO-  El Ministerio de Educación Pública (MEP) tendrá un plazo de tres meses para brindarle una dirección de correo electrónico institucional a todo el personal docente y administrativo de los centros públicos de Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación Diversificada, para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

    María Marta Carballo Arce           Manuel Esteban Morales Díaz

           Primera secretaría                          Segunda secretaría

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro; el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez.—1 vez.—Exonerado.—( L10454 – IN2024859785 ).

DECRETOS

N° 44438-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en las atribuciones y facultades que confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, del 7 de noviembre de 1949; 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 apartado 2 inciso b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, denominada “Ley General de la Administración Pública” y sus reformas.

Considerando:

I.—Que en virtud de las buenas prácticas internacionales identificadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la adecuada conducción de las empresas propiedad del Estado, mediante el Decreto Ejecutivo N° 40696-MP del 20 de octubre del 2017, publicado en el Alcance N° 253, a La Gaceta N° 199, del 23 de octubre del 2017, se creó la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas, en adelante Unidad Asesora.

ll.—Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002, publicada en La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del 2002, es responsabilidad del jerarca establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno institucional, procurando el mayor alcance de los intereses públicos mediante el ejercicio activo e informado de su potestad de dirección y coordinación, fortaleciendo las herramientas de control interno disponibles, asegurando el buen desempeño de las empresas propiedad del Estado.

III.—Que contar con un sector público en el cual se promueva la asignación eficiente de los recursos en sus empresas públicas, el manejo adecuado de su organización y toma de decisiones, resulta fundamental para el desarrollo económico del país.

IV.—Que la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas, debe buscar mejoras estructurales orientadas a alcanzar los objetivos planteados por el Estado y la OCDE para el Gobierno Corporativo, siendo necesario actualizar su organización buscando una mayor progresividad en su estructura de funcionamiento.

V.—Que se hace necesaria la consolidación, estabilidad, independencia y autonomía de la Unidad Asesora de manera tal que esta cuente con los recursos necesarios para constituir y asegurar el cumplimiento y objetivo de sus funciones. Por tanto,

Decretan:

“REFORMA AL ARTÍCULO 7 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO IV

AL DECRETO EJECUTIVO N° 40696-MP, DEL 20 DE OCTUBRE

DEL 2017, CREACIÓN DE LA UNIDAD ASESORA PARA LA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PROPIEDAD

ACCIONARIA DEL ESTADO Y LA GESTIÓN

DE LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS”

Artículo 1º—Refórmese el artículo 7° del Decreto Ejecutivo N° 40696-MP, del 20 de octubre del 2017, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 7º—De la jefatura. La Jefatura de la Unidad Asesora corresponderá a una plaza de confianza de la Presidencia de la República, siendo de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República. Su período corresponderá con el período presidencial a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política y podrá ser reelegido”.

Artículo 2º—Adiciónese un Transitorio IV al Decreto Ejecutivo N° 40696-MP, del 20 de octubre del 2017, que se leerá de la siguiente manera:

“Transitorio IV.—Hasta el 8 de mayo de 2026, de forma excepcional, la Jefatura de la Unidad Asesora creada en el artículo 2°, será asumida por la persona que ostente el cargo de Secretario del Consejo de Gobierno dentro de sus funciones, siempre que cumpla con los requisitos para el puesto y no perjudique la eficiencia y eficacia de ninguno de los dos órganos”.

Artículo 3º—El presente Decreto rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana.—1 vez.—O. C. N° 082202400010.—Solicitud N° 504937.—( D44438 - IN2024859718 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 433-P.—31 de enero de 2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

De conformidad con lo que establecen los artículos 139 inciso 1) de la Constitución Política; 26 inciso e) y 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República.

Considerando:

I.—Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es la entidad encargada de definir y liderar la política comercial exterior y la inversión extranjera directa de Costa Rica. Esto se logra mediante la apertura de mercados internacionales, el apoyo a la expansión, diversificación y sofisticación de la oferta exportable, la atracción de inversiones y la mejora constante de la facilitación del comercio y la eficiencia estatal. Todas estas acciones contribuyen al entorno empresarial y a las oportunidades que se ofrecen a los ciudadanos del país.

II.—Que promover y consolidar la posición de Costa Rica en la economía global es esencial para fomentar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La Administración Chaves Robles reconoce el papel fundamental del comercio exterior en el crecimiento económico, ya que aumenta el ingreso nacional, impulsa la creación de empleo, diversifica la economía, facilita la transferencia de tecnología y mejora la competitividad.

III.—Que la inversión extranjera directa (IED) desempeña un rol similar, ya que también contribuye significativamente al empleo, la transferencia de tecnología, la diversificación de la economía y el desarrollo de infraestructuras, estimulando la competencia.

IV.—Que el día 9 de febrero de 2024 el Ministro Tovar estará participando en la feria comercial Fruit Logistica 2024, en la ciudad de Berlín, Alemania, con miras a destacar las ventajas comerciales de Costa Rica en la industria de productos hortofrutícolas y fortalecer los lazos con el sector exportador. La feria Fruit Logistica es la feria comercial más importante del mundo para la industria de productos frescos y su acceso directo al mercado global, la cual reúne a expositores de más de 90 países.

V.—Que, aunado a ello, se ha conformado, a iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, una delegación oficial, presidida por el Primer Vicepresidente de la República, señor Stephan Brunner Neibig, con la participación del Ministro de Comercio Exterior, señor Manuel Tovar Rivera, y de asesores de COMEX, la cual realizará una gira de trabajo a partir del 8 de febrero y hasta el día 15 del mismo mes a Berlín, Alemania, y a Ginebra, Suiza, que tiene como objetivo promover la imagen de Costa Rica como un destino de primer nivel para la inversión, tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

VI.—Que del 10 al 13 de febrero, el Ministro Tovar formará parte de la delegación oficial que acompañará al Vicepresidente Brunner en los distintos encuentros programados en Berlín, Alemania. Estos incluyen reuniones con empresas de inversionistas alemanes que ya operan en Costa Rica, un encuentro empresarial organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Costarricense Alemana y reuniones de coordinación interna preparativas a la gira. Estas reuniones buscan fortalecer las relaciones gubernamentales con empresas establecidas en el país y potenciales inversionistas, en aras de promover su expansión y crecimiento y, además, posicionar a Costa Rica como el destino idóneo para atraer más inversiones.

VII.—Que, posteriormente, el Ministro Tovar, junto con la delegación oficial, viajará a Ginebra, Suiza, el martes 13 de febrero, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión con ese país europeo. El 14 de febrero se sostendrán una serie de reuniones con empresas de distintivos sectores como industria alimentaria, servicios corporativos y dispositivos médicos.

VIII.—Que, en vista de que las actividades programadas para la delegación oficial concluyen el día 14 de febrero, el jueves 15 de febrero el Ministro Tovar mantendrá una reunión de trabajo con el equipo técnico que integra la Misión de nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en preparación para la decimotercera Conferencia Ministerial, programada para llevarse a cabo del 26 al 29 de febrero de 2024 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. La Conferencia Ministerial es el órgano de toma de decisiones más importante de la OMC, que reúne a los 164 miembros para abordar asuntos relacionados con los Acuerdos Comerciales Multilaterales que conforman el sistema multilateral de comercio.

ACUERDA:

Artículo I.—Designar al señor Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior, portador de la cédula de identidad número 1-0906-0909, para que viaje a Berlín, Alemania y a Ginebra, Suiza, a partir de las 19:55 horas del 7 de febrero y hasta las 17.25 horas del 16 de febrero de 2024. Del 9 al 13 de febrero de 2024, asistirá a la feria Fruit Logistica y participará como parte de la delegación oficial presidida por el Primer Vicepresidente de la República a Berlín, Alemania, con el fin de fortalecer los lazos comerciales y de inversión. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) participar en la feria Fruit Logistica, la feria comercial más importante del mundo para la industria de productos frescos con el fin de promover y fortalecer la presencia de la industria de productos frescos del país en los mercados internacionales; 2) como parte de la delegación oficial presidida por el Primer Vicepresidente de la República: asistir a un encuentro empresarial con miembros de la Cámara de Comercio e Industria Costarricense Alemana con el objetivo de promover el posicionamiento internacional de Costa Rica como un caso exitoso en la promoción y utilización del comercio exterior y la inversión extranjera directa como motores para impulsar el desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente, además de fortalecer los canales de dialogo y retroalimentación sobre temas de interés; 3) sostener encuentros con inversionistas con el fin de promocionar la imagen de Costa Rica como destino atractivo para el establecimiento de proyectos de inversión, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, así como explorar oportunidades para atraer nuevos proyectos de inversión hacia el país, que contribuyan a generar más empleo y transferencia de conocimiento; 4) acudir a una reunión con el Secretario de Estado del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania, para fortalecer las relaciones comerciales y promover el comercio y la inversión sostenible; 5) sostener reuniones de coordinación interna preparativas a la gira. Del 14 al 15 de febrero de 2024, formará parte de la delegación oficial presidida por el Primer Vicepresidente de la República en su visita a Ginebra, Suiza con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión. Tras concluir la gira de trabajo con el Vicepresidente Brunner, el Ministro Tovar sostendrá una reunión de coordinación con la Misión de Costa Rica ante la OMC, el día 15 de febrero. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) como parte de la delegación oficial presidida por el Primer Vicepresidente de la República, el 14 de febrero participará en reuniones para promocionar a Costa Rica como destino de inversión atractivo, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, mediante distintos encuentros con inversionistas, con el objetivo de atraer nuevos proyectos que generen nuevas oportunidades de empleo para los costarricenses; 2) concluida la visita de la delegación oficial, el día 15 de febrero celebrará una reunión preparatoria con el equipo técnico de la Misión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en preparación para la decimotercera Conferencia Ministerial de la Organización, programada para llevarse a cabo del 26 al 29 de febrero de 2024 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Artículo II.—Los gastos del señor Ministro, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje a saber $2.904,92 (dos mil novecientos cuatro dólares con noventa y dos centavos) sujetos a liquidación, serán sufragados con recursos del Ministerio de Comercio Exterior de la subpartida 10504 del programa 792. El boleto aéreo y el transporte terrestre en Alemania y Suiza serán asumidos con recursos de COMEX, de la subpartida 10503 del programa 792. El transporte terrestre en Costa Rica será financiado con recursos de la subpartida 10501 del programa 792. Los gastos correspondientes al cobro de equipaje y diferencia de hospedaje, en caso de ser requeridos, serán cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 10504 del programa 792. El seguro viajero será cubierto con recursos del Ministerio de Comercio Exterior, por la subpartida 10601 del programa 796. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y uso oficial de servicios de internet, según el artículo 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Igualmente, se le autoriza al Ministro Manuel Tovar Rivera hacer escala en París, Francia y Amsterdam, Países Bajos por conexión. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino, viaja a partir del 7 de febrero y regresa a Costa Rica el 16 de febrero de 2024. Se autoriza al señor Manuel Tovar Rivera, el uso de la firma digital para la suscripción de documentos en trámites bajo su competencia.

Artículo III.—Durante la ausencia temporal del señor Ministro de Comercio Exterior, se designa, en calidad de Ministra a.i. del Ministerio de Comercio Exterior, a la señora Indiana Trejos Gallo, portadora de la cédula de identidad número 1-0949-0533, Viceministra de Comercio Exterior, a partir de las 19:55 horas del 7 de febrero y hasta las 8:46 horas del 11 de febrero de 2024. De las 8:47 horas del 11 de febrero y hasta las 19:22 horas del 13 de febrero de 2024, se encarga la Cartera de Comercio Exterior a la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, señora Paula Bogantes Zamora, portadora de la cédula de identidad número 1-0858-0771. Asimismo, de las 19:23 horas del 13 de febrero y hasta las 17:25 horas del 16 de febrero de 2024, se designa como Ministra a.i. del Ministerio de Comercio Exterior, a la señora Indiana Trejos Gallo, Viceministra de Comercio Exterior.

Artículo IV.—El señor Ministro rendirá un informe ejecutivo a su superior jerárquico en un plazo no mayor a ocho días naturales, contados a partir de su regreso, en el que se describan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los beneficios logrados para la institución y para el país en general.

Artículo V.—El funcionario no hará uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido para realizar este viaje.

Artículo VI.—Rige desde las 19:55 horas del 7 de febrero hasta las 17:25 horas del 16 de febrero de 2024.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los treinta y un días del mes enero del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O. C. N° 4600088033.—Solicitud N° 017-2024-MCE.—( IN2024858784 ).

N° 468-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 139 inciso 1), de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949 y en el artículo 47, inciso 3), de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978.

Considerando:

I.—Que el señor Andrés Romero Rodríguez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ha solicitado disfrutar de su derecho a vacaciones durante las fechas 19 y 22 de abril del 2024, según indica en el Oficio-MTSS-DMT-408-2024, del 12 de abril de 2024.

II.—Que resulta necesario nombrar al señor Alexander Astorga Monge, cédula de identidad N° 1-1416-0012, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Área Laboral, durante las fechas 19 y 22 de abril de 2024. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Conceder vacaciones al señor Andrés Romero Rodríguez, cédula de identidad N° 1-1042-0227, a partir de las 00:00 horas del 19 de abril de 2024 y hasta las 23:59 horas del 22 de abril de 2024.

Artículo 2º—Nombrar al señor Alexander Astorga Monge, cédula de identidad N° 1-1416-0012, como Ministro a. í. de Trabajo y Seguridad Social, a partir de las 00:00 horas del 19 de abril de 2024 y hasta las 23:59 horas del 22 de abril de 2024.

Artículo 3º—El presente acuerdo rige a partir de las 00:00 horas del 19 de abril de 2024 y hasta las 23:59 horas del 22 de abril de 2024.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las diez horas con treinta minutos del día diecisiete de abril del año dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O. C. N° 4600084223.—Solicitud N° 03-2024.—( IN2024860798 ).

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nº 66-2024 MSP

EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en las facultades que otorgan los artículos 25 inciso 2), 28 incisos 1 y 2 subincisos a) y j) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482, de 24 de diciembre de 1973.

Considerando:

I.—Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es una institución desconcentrada de la Presidencia de la República cuyo objetivo primordial es la atención de situaciones de riesgo y eventos declarados como Emergencia Nacional con base en la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 22 de noviembre de 2005, publicada en La Gaceta N° 8 del 11 de enero de 2006, en la cual se encuentra regulada, entre otras,  la integración debida de su Junta Directiva.

II.—Que de conformidad con el inciso b ) del artículo 17 de la Ley Nº 8488, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias está integrada por los Ministros de la Presidencia, de Obras Públicas y Transportes, de Hacienda, de Seguridad Pública, de Salud, de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Ambiente y Energía, los presidentes ejecutivos del Instituto Mixto y de Ayuda Social y del Instituto Nacional de Seguros así como un representante de la Cruz Roja Costarricense.

Dicho inciso señala textualmente en su párrafo final: “En caso de ausencia justificada, los ministros serán sustituidos por los Viceministros respectivos. Los Presidentes Ejecutivos del IMAS y del INS serán sustituidos por los Gerentes Generales”. Adicionalmente el artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública establece: “1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección. 3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo. 4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado.” Asimismo, el artículo 47 inciso 2 de esta misma norma establece que los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los Ministros y tendrán las atribuciones que señalen esta ley y el respectivo Ministro.

III.—Que mediante Acuerdo Nº 133-07-18, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dio por recibido el informe de auditoría interna en el cual se advierte la necesidad de establecer debidamente la delegación en los viceministros cuando estos de forma permanente sustituyan al jerarca en la integración de la Junta Directiva. Lo anterior de conformidad con el dictamen C-012-2018 de fecha 22 de enero de 2018, de la Procuraduría General de la República que estableció con claridad: “(…) es importante señalar que los Ministros, en su condición de Superiores Jerárquicos, pueden delegar funciones en los viceministros que lo acompañen. Esto según doctrina de los artículos 47.2 y 89 de la Ley General de la Administración Pública que permiten al Ministro delegar funciones en el viceministro en el tanto, éste es su inferior jerárquico y cumple funciones de igual naturaleza. Luego, se impone destacar que la integración de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias no constituye una competencia esencial o constitucional del cargo de Ministro de Gobierno – que le den su nombre o justifiquen su existencia. Por el contrario, debe señalarse que el deber de los Ministros enumerados en el artículo 17 de la Ley N° 8488, de integrar la Junta Directiva de la Comisión tiene un fundamento meramente legal para el cual, el viceministro se encontraría en una situación de idoneidad, en el tanto su cargo exige los mismos requisitos que son propios del de Ministro de Gobierno.  Así las cosas, es claro que los Ministros de la Presidencia, de Obras Públicas y Transportes, de Hacienda, de Seguridad Pública, de Salud, de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Ambiente y Energía – los cuales integran la Junta Directiva de la Comisión-, pueden delegar esa representación, como miembro propietario, en el respectivo viceministro Debe insistirse en que se trataría de una delegación limitada por el tipo de acto y puede ser de carácter temporal o por el resto del período.”

IV.—Que, debido a lo anterior, con el fin de garantizar la representación institucional de este Ministerio ante la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se deben delegar las funciones del suscrito como miembro propietario de dicho órgano colegiado, en representación de este Ministerio, en la Viceministra Administrativa. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Delegar las funciones del suscrito, como miembro propietario de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en representación de este Ministerio, en la señora Lis Espinoza Quesada, portadora de la cédula de identidad 6-0267-0834 en su condición de Viceministra Administrativa.

Artículo 2º—Dejar sin efecto el Acuerdo Nº 065-2023-MSP del 13 de junio de 2023 en todos sus extremos.

Artículo 3º—Rige a partir de su firma.

Dado en el Despacho del Ministro de Seguridad Pública, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Mario Zamora Cordero, El Ministro de Seguridad Pública.— 1 vez.—O. C. N° 20219.—Solicitud N° 503287.—( IN2024859127 ).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

N° 030-MOPT

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2024, la Ley N° 6362 y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1º—Que la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), ha coordinado realizar la III Reunión de la Red de Mujeres Marítimas y Portuarias de Centroamérica (REMPORT), a celebrarse en la República de El Salvador, los días 15 y 16 de abril de 2024, a fin de informar sobre la presentación de actividades donde se haya visibilizado el trabajo y aporte de las mujeres dentro de las autoridades marítimas y autoridades portuarias, entre otros temas.

2º—Que en el marco de cooperación técnica que existe entre la República de Costa Rica y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), se ha designado a la licenciada Cynthia Lobo González, portadora de la cédula de identidad N° 0113860103, en condiciones de Encargada del Proceso Administrativo Presupuestario y Subejecutora del Programa Presupuestario 328 00, funcionaria de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que participe activamente en tal actividad.

3º—Que para la República de Costa Rica reviste de relevancia la participación de la licenciada Cynthia Lobo González, para la toma de decisiones. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar a la licenciada Cynthia Lobo González, portadora de la cédula de identidad N° 0113860103, en condiciones de Encargada del Proceso Administrativo Presupuestario y Subejecutora del Programa Presupuestario 328 00, funcionaria de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que participe en la III Reunión de la Red de Mujeres Marítimas y Portuarias de Centroamérica (REMPORT), a celebrarse en la República de El Salvador, los días 15 y 16 de abril de 2024.

Artículo 2º—Los gastos de transporte aéreo, gastos por conceptos de alimentación, hospedaje y gastos imprevistos serán asumidos con fondos administrados por la Comisión de Transporte Marítimo (COCATRAM), por lo que no se requiere pago alguno a cargo del presupuesto de este Ministerio por tales conceptos.

Artículo 3º—Que durante los días en que se autoriza la participación de la licenciada Lobo González, devengará el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del día 14 de abril del 2024 hasta el día 17 de abril del 2024.

Dado en el Despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes, a los 21 días del mes de marzo del 2024.

Ing. Mauricio Batalla Otárola, Ministro de Obras Públicas y Transportes.—1 vez.—O.C. N° 4600087592.—Solicitud N° 502174.—( IN2024857860 ).

MINISTERIO DE SALUD

ACUERDO MINISTERIAL N° MS-DM-MF-2105-2024

LA MINISTRA DE SALUD

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) de la Constitución Política; 25 inciso 1), 28 inciso 2) literal b), 89, 90, 91 y 92 de la Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, “Ley General de la Administración Pública”; 2, 4 y 7 de la Ley N° 8809 del 28 de abril de 2010, “Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”;

Considerando:

1º—Que la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen C-171-95 del 7 de agosto de 1995, ha señalado que “...cabría afirmar que no existe, de principio, limitación alguna para que un Ministro delegue en un subordinado (y no necesariamente quien sea su inmediato inferior) la firma de las resoluciones que le correspondan siempre entendiendo que en tal proceder quien toma la decisión es el delegante. Amén de ello, debe precisarse que, en caso de los Ministros como órganos superiores de la Administración del Estado (vid. Artículo 21 de la Ley General) dicha “delegación” se circunscribe únicamente a la resolución de asuntos que sean competencia exclusiva y excluyente de ese órgano, es decir, que no impliquen competencias compartidas con el Presidente de la República en tratándose de funciones privativas del Poder Ejecutivo.”

2º—Que el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública establece que se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquel.

3º—Que la Ley N° 8809 del 28 de abril de 2010 “Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, creó la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, como un órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica instrumental para realizar las funciones establecidas en el artículo 4 de este cuerpo normativo.

4º—Que la Ley N° 8809 del 28 de abril de 2010, “Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, establece en su artículo 2, inciso a), dentro de sus fines: “Proporcionar un marco legal para garantizar una mayor eficiencia y eficacia de las actividades de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral.”

5º—Que la Ley N° 8809, en su numeral 7, establece como atribuciones de la Directora Nacional de CEN-CINAI, las siguientes:

“a)     Establecer las políticas, las directrices y las metas institucionales en materia de nutrición y desarrollo infantil.

b)       Planificar, dirigir y evaluar los planes, los programas y los proyectos que se realicen por medio de la Dirección de CEN-CINAI.

c)       Aprobar y formalizar las normas y los procedimientos técnicos y administrativos que rigen los diferentes niveles de gestión. 

d)       Conducir la elaboración del presupuesto anual de la Dirección de CEN-CINAI, la administración de los fondos y el control de su ejecución.

e)       Proponer al Ministerio de Salud los proyectos de reglamentos internos y las reformas de esta Ley.

f)        Constituir las comisiones que juzgue convenientes para cumplir esta Ley, señalando sus atribuciones y responsabilidades.

g)       Gestionar la suscripción de convenios de cooperación internacional y nacional para apoyar y fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

h)       Gestionar la realización de todo tipo de actos o contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de esta Ley.

i)        Rendir los informes pertinentes a las autoridades competentes.”

6º—Que mediante oficio N° MS-DM-RC-817-2024 de fecha 09 de abril de 2024, suscrito por la Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud, se designa a la Licda. Marianella de los Ángeles Rivas Fallas, conocida como Marianella Ribas Fallas, cédula de identidad número 3-0365-0017, como Directora de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, con rige a partir del día 09 de abril de 2024.

 7º—Que, en el Despacho Ministerial de Salud por la índole de sus funciones, se tramita gran cantidad de documentos oficiales cuyo acto final es la firma de los mismos, lo que provoca en gran medida y en la mayoría de los casos atrasos innecesarios que van en detrimento de la eficiencia y celeridad que debe regir en la actividad administrativa.

 8º—Que por las consideraciones arriba citadas se hace necesario y oportuno delegar la firma de la Ministra de Salud, en la persona que ocupe el puesto de Director (a) de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral. Por tanto;

ACUERDA:

Artículo 1º—Delegar la firma de la Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud en la Directora de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, Licda. Marianella de los Ángeles Rivas Fallas, conocida como Marianella Ribas Fallas, cédula de identidad número 3-0365-0017, para que en adelante y de acuerdo a las atribuciones otorgadas a la Dirección Nacional de CEN CINAI y a la Directora Nacional de CEN-CINAI, establecidas en los artículos 3 y 7 de la Ley N° 8809 “Ley de Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, suscriba los siguientes instrumentos jurídicos, debiendo rendir informes semestrales sobre la ejecución de esta delegación:

1)       Personerías Jurídicas a los Comités de CEN-CINAI.

2)       Convenios con Comités de CEN CINAI.

3)       Aceptar movilidad laboral horizontal de puestos vacantes y ocupados que se trasladen de otras instituciones públicas hacia la Dirección Nacional de CEN-CINAI y viceversa.

4)       Convenios para la realización de trabajos Ad Honorem en la institución.

5)       Permisos sin goce de salarios mayores a un mes.

6)       Permisos con goce de salario para capacitación.

7)       Acuerdos de compromiso para asistir actividades de capacitación mayores a doce horas y menores a tres meses.

8)       Contratos de Capacitación superiores a tres meses.

9)       Contratos de Estudio y sus Adendas.

10)     Certificados y títulos de capacitación coordinados por la Dirección Nacional de CENCINAI.

11)     Contratos de Dedicación Exclusiva.

12)     Certificaciones de funciones de ex servidores de la institución.

13)     Directrices internas para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 8809.

14)     Representación ante los Tribunales de Justicia.

15)     Exoneración de pago de timbres de construcción ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

16)     Exoneración de timbres, certificaciones del Registro Nacional y del Ministerio de Hacienda.

17)   Aprobación de contratos administrativos de la Dirección Nacional de CEN CINAI. 18) Suscribir las diferentes resoluciones de pago necesarias para el cumplimiento de los fines de la Dirección Nacional de CEN CINAI.

19)     Estados Financieros de la Dirección Nacional de CEN CINAI.

20)     Resolución de los recursos de apelación presentados ante Dirección Nacional de CEN CINAI.

 Artículo 2º—Se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial N° MS-DM-MF-0808-2024 del 12 de febrero de 2024, publicado en el Diario La Gaceta N° 32 del 20 de febrero de 2024.

Artículo 3º—Rige a partir de esta fecha.

Dado en San José, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil veinticuatro. Publíquese.

Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud.—1 vez.—O.C. N° 043202300010.—Solicitud N° 504699.—( IN2024859602 ).

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Nº 239-C.—28 de setiembre de 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2 y 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, los artículos 2 y 12 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil, y,

Considerando:

I.—Que el artículo 20 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establecen los requisitos de ingreso al Régimen de Servicio Civil.

II.—Que, de conformidad con la normativa señalada y la resolución DG-101-2020 y sus reformas, el señor Esteban Álvarez Hernández, cédula de identidad 206430162, fue escogido de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ número 98-2023, de conformidad con el oficio SINABI-DBP-480-2023, del 13 de setiembre del 2023, suscrito por Lovania Garmendia Bonilla, Jefa del Departamento de Bibliotecas Públicas, Programa del Ministerio de Cultura y Juventud.

III.—Que de conformidad con el Acuerdo Presidencial N°. 116-P del 07 de octubre del 2022, Publicado en el Alcance N° 218 al Diario Oficial La Gaceta N°. 194 del 12 de octubre del 2022, reformado por el Acuerdo Presidencial N° 181-P del 23 de enero del 2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 24 del 09 de febrero del 2023,  se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Ministerio de Cultura y Juventud, al señor Esteban Álvarez Hernández, cédula de identidad 206430162 en el puesto Nº 2339, clasificado como Profesional de Servicio Civil 3 (G. de E. Bibliotecología), escogido de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ.

Artículo 2º—Rige a partir del 16 de octubre del 2023.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—La Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales.—1 vez.—O.C. Nº 4600084239.—Solicitud Nº 4-2024-SINAB.—( IN2024859704 ).

Nº 241-C.—28 de setiembre de 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

 Con fundamento en los artículos 140, inciso 2 y 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, los artículos 2 y 12 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil, y,

Considerando:

I.—Que el artículo 20 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establecen los requisitos de ingreso al Régimen de Servicio Civil.

II.—Que, de conformidad con la normativa señalada y la resolución DG-101-2020 y sus reformas, la señora Gloriana Hernández Sasso, cédula de identidad 304870296, fue escogida de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ número 103-2023, de conformidad con el oficio SINABI-DBP-480-2023, del 13 de setiembre del 2023, suscrito por Lovania Garmendia Bonilla, jefa del Departamento de Bibliotecas Públicas, Programa del Ministerio de Cultura y Juventud.

 III.—Que de conformidad con el Acuerdo Presidencial N°. 116-P del 07 de octubre del 2022, Publicado en el Alcance N°. 218 al Diario Oficial La Gaceta N°. 194 del 12 de octubre del 2022, reformado por el Acuerdo Presidencial N° 181-P del 23 de enero del 2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 24 del 09 de febrero del 2023,  se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita. Por tanto; 

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Ministerio de Cultura y Juventud, a la señora Gloriana Hernández Sasso, cédula de identidad 304870296 en el puesto Nº 095232, clasificado como Profesional de Servicio Civil 1 A (G.de E. Bibliotecología), escogida de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ.

Artículo 2º—Rige a partir del 16 de octubre del 2023.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de Cultura y Juventud.—1 vez.—O.C. N° 4600084239.—Solicitud N° 4-2024-SINAB.—( IN2024859707 ).

N° 231-C.—7 de setiembre de 2023.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2 y 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, los artículos 2 y 12 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil, y,

Considerando:

I.—Que el artículo 20 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establecen los requisitos de ingreso al Régimen de Servicio Civil.

II.—Que, de conformidad con la normativa señalada y la resolución DG-101-2020 y sus reformas, la señora Silvia María Rojas González, cédula de identidad: 113060252, fue escogida de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ N° 90-2023, de conformidad con el oficio MCJ-SINABI-BP-457-2023, del 30 de agosto del 2023, suscrito por Lovania Garmendia Bonilla, Jefa del Departamento de Bibliotecas Públicas, del Sistema Nacional de Bibliotecas, Programa del Ministerio de Cultura y Juventud.

III.—Que de conformidad con el Acuerdo Presidencial N°. 116-P del 07 de octubre del 2022, Publicado en el Alcance N°. 218 al Diario Oficial La Gaceta N°. 194 del 12 de octubre del 2022, reformado por el Acuerdo Presidencial N° 181-P del 23 de enero del 2023, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 24 del 09 de febrero del 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar en propiedad en el Ministerio de Cultura y Juventud, la señora Silvia María Rojas González, cédula de identidad: 113060252 en el puesto N° 092557, clasificado como Profesional de Servicio Civil 1 A (G.de E. Bibliotecología), escogida de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ.

Artículo 2°—Rige a partir del 01 de octubre del 2023.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República.—La Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales.—1 vez.—O. C. N° 4600084239.—Solicitud N° 4-2024-SINAB.—( IN2024859708 ).

Nº 251-C.—05 de octubre de 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

 Con fundamento en los artículos 140, inciso 2 y 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, los artículos 2 y 12 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil, y,

Considerando:

I.—Que el artículo 20 de la Ley N° 1581, Estatuto del Servicio Civil y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establecen los requisitos de ingreso al Régimen de Servicio Civil.

II.—Que, de conformidad con la normativa señalada y la resolución DG-101-2020 y sus reformas, la señora Sofía Mejías Bogantes, cédula de identidad 207420215, fue escogida de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ número 100-2023, de conformidad con el oficio SINABI-DBP-480-2023, del 13 de setiembre del 2023, suscrito por Lovania Garmendia Bonilla, jefa del Departamento de Bibliotecas Públicas, Programa del Ministerio de Cultura y Juventud.

III.—Que de conformidad con el Acuerdo Presidencial N° 116-P del 07 de octubre del 2022, Publicado en el Alcance N° 218 al Diario Oficial La Gaceta N° 194 del 12 de octubre del 2022, reformado por el Acuerdo Presidencial N° 181-P del 23 de enero del 2023, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 24 del 09 de febrero del 2023,  se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita. Por tanto;

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Ministerio de Cultura y Juventud, a la señora Sofía Mejías Bogantes, cédula de identidad 207420215 en el puesto Nº 092561, clasificado como Técnico de Servicio Civil 3 (G.de E. Bibliotecología), escogida de la nómina de Elegibles del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ.

Artículo 2º—Rige a partir del 16 de octubre del 2023.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de Cultura y Juventud.—1 vez.—O.C. N° 4600084239.—Solicitud N° 4-2024-SINAB.—( IN2024859709 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0162-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que Jorge Arturo Sánchez Ulate, con cédula de identidad número 4-0143-0005, en su condición de apoderado especial de la empresa Live Nature of Earth Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-864208, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 17 inciso b) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER conoció la solicitud de la citada empresa, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe N° DRE-16-2023 de fecha 22 de mayo de 2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022, y modificado por el Acuerdo N° 181-P del 23 de enero de 2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 09 de febrero de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

IV.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1°—Otorgamiento: otorgar el Régimen de Zona Franca a la empresa Live Nature Of Earth Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-864208.

2°—Condiciones del otorgamiento: Las condiciones de otorgamiento del Régimen de Zona Franca serán las siguientes:

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3°—De la actividad autorizada al amparo del régimen: Es la actividad sustancial descrita en el punto 2.3 de la cláusula segunda de este Acuerdo Ejecutivo, desarrollada por la empresa beneficiaria mediante sus trabajadores calificados, que a su vez genera gastos operativos útiles, necesarios y pertinentes acordes con el tamaño de las operaciones autorizadas por el Poder Ejecutivo en el presente Acuerdo Ejecutivo; de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, la cual se encuentra comprendida dentro de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR).

4°—De las actividades excluidas del régimen: Al amparo del Régimen la empresa beneficiaria no podrá desarrollar ninguna de las siguientes actividades: bancarias, financieras, aseguradoras, servicios profesionales, extracción minera, exploración o extracción de hidrocarburos, producción o comercialización de armas y municiones, incluso aquellas que contengan uranio empobrecido, compañías que se dediquen a la producción o comercialización de cualquier tipo de armas, generación de energía eléctrica, salvo que la generación sea para el autoconsumo. Las anteriores exclusiones han sido entendidas y aceptadas expresamente por el representante de la empresa en la respectiva solicitud de ingreso al Régimen al amparo de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, mediante declaración jurada, según la cual, estas no serán desarrolladas por la empresa al amparo del Régimen.

5°—De la ubicación de la empresa: La empresa beneficiaria únicamente podrá operar en la ubicación señalada en el punto 2.2. de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo.

6°—De los incentivos y beneficios: La empresa beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones emitidas por el Poder Ejecutivo y PROCOMER.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones ahí establecidos y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen de Zonas Francas, la empresa beneficiaria gozará del incentivo del impuesto sobre la renta, en los términos contemplados en el punto 2.8. de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la empresa gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. Excepto, en el caso de las empresas procesadoras de la categoría f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, las cuales estarán sujetas a las reglas y condiciones que establece el artículo 21 ter de esta norma. En el caso de las empresas administradoras de parques, de llegar a instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo el caso de excepción contenido en el artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del artículo 20 y, en cuanto a las demás exoneraciones dispuestas por el referido numeral 20, éstas se reducirán en la proporción correspondiente cual si se tratara de ventas al territorio aduanero nacional, en los términos del artículo 22 del mismo cuerpo normativo.

7°—De las ventas al mercado local: Las empresas comerciales de exportación, con base en el artículo 22 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, no podrán realizar ventas en el mercado local. Las demás empresas podrán realizar sus ventas al mercado local en los términos que establece la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas, y el reglamento a la indicada Ley. Las industrias procesadoras del inciso f) podrán introducir todos sus bienes en el mercado nacional sin que les sea aplicable lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales. Las empresas de servicios podrán introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

8°—De los compromisos de inversión, empleo y VAN: La empresa beneficiaria se obliga a realizar y mantener los niveles de inversión, empleo y sus fechas de cumplimiento contemplados en los puntos 2.5, 2.6 y 2.7 de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo. Además, la empresa beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de empleo e inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la empresa beneficiaria como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión con los que se comprometió.

9°—Del inicio de operaciones productivas: La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas, es la indicada en el punto 2.4. de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo.

10.—De las obligaciones con PROCOMER: De conformidad con el Reglamento a la Ley de Régimen de Zona Franca, Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, las obligaciones de la empresa con PROCOMER son las siguientes:

10.1. Depósito de garantía y contrato de operaciones: Una vez emitido el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá realizar el depósito de garantía y suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no realice dicho depósito o no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, PROCOMER gestionará la emisión de un Acuerdo Ejecutivo para dejar sin efecto el que le otorgó el Régimen, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas.

10.2. Cálculo del derecho por el uso del régimen de zonas francas: Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa beneficiaria se obliga a pagar el derecho por el uso del Régimen de Zonas Francas, de conformidad con las siguientes reglas:

•    Empresas clasificadas bajo los incisos a) y f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas: el cálculo del derecho por el uso se realizará con base en el área de techo industrial consignada en la respectiva solicitud. En caso de aumento en el área de techo industrial, la empresa deberá informarlo a PROCOMER. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del derecho por el uso, a partir de la fecha de la última medición realizada por PROCOMER, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

•    Empresas clasificadas bajo los incisos que van del b) al e) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas: deberán cancelar el derecho por el uso con base en las ventas totales mensuales de la empresa.

10.3 Pago del derecho por el uso del régimen de zonas francas: La empresa beneficiaria deberá seguir el siguiente procedimiento:

•    Plazo máximo para realizar el pago: la empresa beneficiaria deberá pagar el derecho por el uso del Régimen a más tardar durante los primeros 10 días hábiles del mes.

•    Pago de intereses moratorios: de conformidad con lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, el pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar intereses, junto con la suma adeudada por concepto del derecho por el uso del Régimen. Para efectos de cálculo del monto a cancelar por conceptos de intereses, PROCOMER utilizará como base la resolución emitida por la Administración Tributaria en los términos previstos en el artículo 57 del citado Código.

10.4 Plazo para la remisión del informe de ventas: Las empresas beneficiarias clasificadas bajo las categorías de los incisos b) al e) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, deberán remitir a PROCOMER, durante los primeros 10 días hábiles del mes a cobro, el informe de ventas realizadas en el mes anterior. Con base en la información consignada en dicho informe PROCOMER realizará la gestión de cobro a la empresa para que proceda con el pago correspondiente.

10.5 Directrices: Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con PROCOMER, cuando corresponda.

10.6 Informe anual de operaciones: La empresa beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal.

10.7 Facilidades: La empresa beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER, COMEX y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

11.—De las obligaciones con otras instituciones de la administración pública:

11.1. Dirección General de Aduanas. La empresa beneficiaria deberá ser autorizada por la Dirección General de Aduanas como Auxiliar de la Función Pública Aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995 y sus reformas y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 25270-H del 14 de junio de 1996 y sus reformas, previamente al inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen.

11.2. Dirección General de Tributación. La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, de previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

11.3. Caja Costarricense de Seguro Social. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen y mantenerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones como patrono. De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

11.4. Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional dispongan para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

12.—De las sanciones: En caso de incumplimiento por parte de la empresa beneficiaria de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo Ejecutivo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponer multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la empresa beneficiaria o sus personeros.

13.—Del uso indebido de los bienes o servicios exonerados: El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, en materia de ilícitos tributarios, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, y demás leyes aplicables.

14.—Empresa ubicada fuera de parque de zona franca: Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

Vigencia: El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación.

Dado en la Presidencia de la República, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

Comuníquese y Publíquese.

Jorge Rodríguez Bogle, Por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—La Ministra de Comercio Exterior a. í., Indiana Trejos Gallo.—1 vez.—( IN2024858351 ).

N° 0015-2024-COMEX

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, la Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, Ley N° 10234 de 04 de mayo de 2022, en el caso de las categorías g), h) e i) del artículo 17 de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que Alberto Raven Odio, cédula de identidad número 1-0572-0508, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Liquorworks Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-881833, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 17 incisos c) y f) de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que al amparo de la citada categoría f), entre otras actividades, la empresa solicita la producción de etanol la cual se identifica con el número CAECR 1101 “Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas”.

III.—Que en el oficio PROCOMER-DAL-INT-008-2021/DAL-COR-CAE-0018-2021, emitido por las Direcciones Legales de PROCOMER y COMEX, en respuesta a una consulta relacionada la ampliación de actividad para fabricación de productos en el citado CAECR 1101 “Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas”, se indicó:

“(...) En relación con la exportación directa que plantea la empresa, ello sería posible en el tanto y en el cuanto, se cumplan las condiciones que establece el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar; o bien, que cuente la empresa con una concesión para la producción de alcohol, en los términos que indica el artículo 444 del Código Fiscal.

Corresponde a la empresa cumplir sus obligaciones con el Régimen de Zonas Francas y acatar la normativa especial que corresponda para que pueda exportar alcohol. Sin embargo, corresponde a la Administración aclarar al administrado las condiciones bajo las cuales puede realizar las actividades propuestas, en aras de cumplir con las exigencias que impone el principio de seguridad jurídica. Sobre este extremo, la Sala Constitucional, en el voto N° 00878-2000, de las dieciséis horas y doce minutos del veintiséis de enero de dos mil, señaló: “La seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones.”

Siguiendo con lo anterior, es de advertir que, en ambas hipótesis (444 del Código Fiscal o 116 de la Ley N° 7818), la empresa interesada, además de contar con la ampliación de actividad que propone, debe observar rigurosamente el resto de las normas legales correspondientes, cuya fiscalización les corresponde a las demás entidades públicas competentes, según la materia, tal y como se viene de indicar. Dicho en otras palabras y en línea con la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República, el hecho que el Poder Ejecutivo autorice la ampliación de la actividad productiva pretendida por la compañía, en modo alguno puede o debe ser asimilado como una habilitación para desconocer el resto del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto; pues en esta materia existe al día de hoy un monopolio legal establecido a favor de la Fábrica Nacional de Licores; el cual ha sido atemperado en casos muy concretos y claros dentro del ordenamiento jurídico nacional.

Finalmente, se desea llamar la atención en el sentido que, la empresa beneficiaria del Régimen debe tomar las medidas correspondientes para evitar el uso o destino en forma distinta de la especificada en el Acuerdo Ejecutivo correspondiente, de la maquinaria, el equipo, los vehículos, las materias primas, los productos semielaborados y cualesquiera otros artículos adquiridos al amparo de los incentivos otorgados, de manera tal que dicha operación no implique el traslado de los beneficios del Régimen de Zonas Francas a terceros no beneficiarios del mismo, tal y como lo prevé el artículo 32 Ley de Régimen de Zonas Francas, en relación con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones, Derogatorias y Excepciones. (...)

Conclusiones:

1.     El otorgamiento del Régimen de Zonas Francas no implica el desconocimiento del resto del ordenamiento jurídico aplicable al caso que corresponda.

2.     El hecho que una empresa opere al amparo del Régimen de Zonas Francas, no la habilita para desconocer los monopolios legales existentes en Costa Rica.

3.     De igual forma, la operación dentro del Régimen de Zonas Francas es posible si la actividad que pretende desarrollar la empresa, no se encuentra prohibida por las demás leyes del ordenamiento jurídico costarricense.

4.     El monopolio legal establecido a favor de la FANAL se encuentra vigente y por ende debe ser respetado en todos sus extremos.

        (…)

7.     El alcohol así producido, debe ser exportado en su totalidad.

8.     Los sujetos privados pueden obtener una concesión con la FANAL para producir alcohol, en los términos regulados por la Fábrica Nacional de Licores.

        (…)

10.  Es posible desarrollar la actividad solicitada desde el Régimen de Zonas Francas, pero para que sus exportaciones sean plenamente operativas, debe contar necesariamente con un contrato suscrito al amparo del artículo 116 de la Ley N° 7818 o bien, con una concesión otorgada por la FANAL, al amparo del artículo 444 del Código Fiscal.”

IV.—Que la empresa Liquorworks Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-881833, deberá cumplir con las normas que el ordenamiento jurídico establece para su operación, en especial las relacionadas con el otorgamiento de la concesión o autorización por parte de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para realizar, al amparo del Régimen de Zonas Francas, la actividad de producción de etanol, identificada con el número CAECR 1101 “Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.”

V.—Que mediante nota de fecha 20 febrero 2024, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Liquorworks Sociedad de Responsabilidad Limitada, manifiesta que “Desde diciembre del 2023, se está a la espera de la respuesta por parte de la Procuraduría General de la República, de la consulta realizada con el fin de determinar si es posible el otorgamiento de una concesión, autorización o aprobación para que una empresa beneficiaria del Régimen de Zona Franca pueda producir y exportar el 100% de su producción de etanol.

Con el fin de evitar mayores atrasos en la aprobación del Régimen de Zona Franca para la representada, me permito manifestar la anuencia de la empresa para recibir una aprobación condicionada del Régimen de Zona Franca, únicamente en cuanto a la actividad de fabricación de etanol, autorizándose sin condición las demás actividades solicitadas.

La empresa se compromete a no ejercer la actividad de producción de etanol, sino hasta que la misma sea aprobada por la FANAL.”

VI.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER conoció la solicitud de la citada empresa, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe número DRE-54-2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento y demás normativa aplicable.

VII.—Que el artículo 132 párrafos primero y cuarto de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, en relación con el contenido del acto administrativo, permite la inclusión discrecional de condiciones, términos y modos en el acto administrativo, como mecanismos para adaptar su contenido al fin perseguido, indicando en lo conducente:

“Artículo 132.—

El contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

(….)

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.”

VIII.—Que el artículo 145 párrafo primero de la Ley General de la Administración Pública, establece que los efectos del acto administrativo podrán sujetarse a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento jurídico.

IX.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P del 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022 y modificado por el Acuerdo N° 181-P del 23 de enero del año en curso, publicado en La Gaceta N° 24 de fecha 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de fecha 20 de setiembre de 2023, publicado en el Alcance N° 196 a La Gaceta N° 185 de fecha 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

X.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgamiento: Otorgar el Régimen de Zona Franca a la empresa Liquorworks Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-881833. Para realizar, al amparo del Régimen de Zonas Francas, las siguientes actividades: ensayos de calificación y fiabilidad, así como análisis de laboratorio para el aseguramiento de la calidad del producto, así como la validación de sus procesos y productos industriales; fabricación de biochar y fabricación de etanol. Respecto de la actividad de fabricación de etanol, la empresa sólo podrá llevarla a cabo una vez que cuente con concesión o autorización para esos efectos, debidamente otorgada por la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) de conformidad con las normas que regulan el monopolio legal establecido a favor de ese órgano.

2º—Condiciones del otorgamiento: Las condiciones de otorgamiento del Régimen de Zona Franca serán las siguientes:

2.1	DATOS DE LA EMPRESA BENEFICIARIA
2.1.1	Nombre de la empresa:			LIQUORWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
2.1.2	Número de cédula jurídica:			3-102-881833
2.2	UBICACIÓN DE LA EMPRESA
2.2.1	Dentro de parque: Sí			Nombre del parque: CARIBBEAN STAR PROPERTIES S. A.
		Dirección exacta: No aplica.
2.2.2	Provincia:			Alajuela
2.2.3	Cantón:			Orotina
2.2.4	Distrito:			La Ceiba
2.2.5	Ubicación regional:			Fuera de G.A.M.
2.3	ACTIVIDAD AUTORIZADA AL AMPARO DEL RÉGIMEN
2.3.1 Clasificación según artículo 17 Ley N° 7210		Código CAECR	Detalle clasificación CAECR		Detalle del bien o servicio
SERVICIOS		7120	Ensayos y análisis técnicos.		Ensayos de calificación y fiabilidad, así como análisis de laboratorio para el aseguramiento de la calidad del producto, así como la validación de sus procesos y productos industriales.
Puntuación IEES:					101
2.3.1 Clasificación según artículo 17 Ley N° 7210		Código CAECR	Detalle clasificación CAECR		Detalle del bien o servicio	Sector Estratégico asociado
Tipo de inciso f):		Ubicación fuera de la GAM

 

Tipo de proyecto:		Proyecto ordinario
MANUFACTURA		1101		Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.		Fabricación de etanol.				No aplica
MANUFACTURA		2012		Fabricación abonos y compuestos de nitrógeno.		Fabricación de Biochar.				No aplica
2.3.2	Se autoriza a la empresa a realizar actividades fuera del Área de Zona Franca:								Sí
2.3.2.1	Actividad(es) autorizada(s): El detalle de las actividades autorizadas a la beneficiaria bajo el Régimen de Zonas Francas incluye brindar “Ensayos de calificación y fiabilidad, análisis de laboratorio para el aseguramiento de la calidad del producto, así como la validación de sus procesos y productos industriales”, dentro de esta actividad encuadran los servicios de “Investigación de campo, Análisis y Elaboración de Documento Técnico”, los cuales según el proceso de prestación de servicio descrito por la empresa en la solicitud de ingreso al Régimen, deben llevarse a cabo fuera del área habilitada como zona franca y así se autoriza en el presente Acuerdo Ejecutivo.
2.3.2.2	Bienes a internar (maquinaria, equipo, materias primas y mercancías): Sí. Detalle de bienes a internar: Herramientas manuales, herramientas eléctricas, refractómetro, prensa, pasteurizador, concentrador.
2.4	INICIO DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
2.4.1	Fecha: 15 marzo 2024
2.5	INVERSIÓN NUEVA INICIAL
2.5.1	Monto de inversiones en activos fijos: US$ 100.000,00
2.5.2	Fecha de cumplimiento: 01 diciembre 2025
2.6	INVERSIÓN TOTAL
2.6.1	Monto: US$ 750.000,00
2.6.2	Fecha de cumplimiento: 01 diciembre 2025
2.7	EMPLEADOS CALIFICADOS A TIEMPO COMPLETO
2.7.1	Cantidad de empleados directos contratados a tiempo completo, competentes para ejecutar la actividad autorizada: 9.
2.7.2	Fechas de cumplimiento del nivel de empleo: 31 octubre 2024.
2.8	INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Categoría según artículo 17 de la Ley N° 7210			Ubicación regional		Fundamento Legal de la Ley N° 7210		Periodos
c) Servicios			Fuera de GAM		Artículo 20 inciso g)		12 años exoneración 100%				6 años exoneración 50%
f) Procesadora (ordinaria)			Fuera de GAM		Artículo 21 ter) inciso b)		6 años tarifa 0%	6 años tarifa 5%			6 años tarifa 15%

 

3º—De la actividad autorizada al amparo del régimen: Es la actividad sustancial descrita en el punto 2.3 de la cláusula segunda de este Acuerdo Ejecutivo, desarrollada por la empresa beneficiaria mediante sus trabajadores calificados, que a su vez genera gastos operativos útiles, necesarios y pertinentes acordes con el tamaño de las operaciones autorizadas por el Poder Ejecutivo en el presente Acuerdo Ejecutivo; de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, la cual se encuentra comprendida dentro de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR).

4.—De las actividades excluidas del régimen: Al amparo del Régimen la empresa beneficiaria no podrá desarrollar ninguna de las siguientes actividades: bancarias, financieras, aseguradoras, servicios profesionales, extracción minera, exploración o extracción de hidrocarburos, producción o comercialización de armas y municiones, incluso aquellas que contengan uranio empobrecido, compañías que se dediquen a la producción o comercialización de cualquier tipo de armas, generación de energía eléctrica, salvo que la generación sea para el autoconsumo. Las anteriores exclusiones han sido entendidas y aceptadas expresamente por el representante de la empresa en la respectiva solicitud de ingreso al Régimen al amparo de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, mediante declaración jurada, según la cual, estas no serán desarrolladas por la empresa al amparo del Régimen.

5º—De la ubicación de la empresa: La empresa beneficiaria únicamente podrá operar en la ubicación señalada en el punto 2.2. de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo.

6º—De los incentivos y beneficios: La empresa beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones emitidas por el Poder Ejecutivo y PROCOMER, así como de los beneficios comprendidos en la Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana, Ley N° 10234 del 04 de mayo del 2022, cuando resulten aplicables según los términos y condiciones de esta Ley.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones ahí establecidos y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Zonas Francas, la empresa beneficiaria gozará del incentivo del impuesto sobre la renta, en los términos contemplados en el punto 2.8. de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la empresa gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene. Excepto, en el caso de las empresas procesadoras de la categoría f) del artículo 17 de la Ley N° 7210, y sus reformas, las cuales estarán sujetas a las reglas y condiciones que establece el artículo 21 ter de esta norma. En el caso de las empresas administradoras de parques, de llegar a instalarse en el parque empresas no acogidas al Régimen de Zonas Francas, salvo el caso de excepción contenido en el artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la administradora perderá, a partir de ese momento, la exoneración indicada en el inciso g) del artículo 20 y, en cuanto a las demás exoneraciones dispuestas por el referido numeral 20, éstas se reducirán en la proporción correspondiente cual si se tratara de ventas al territorio aduanero nacional, en los términos del artículo 22 del mismo cuerpo normativo.

7º—De las ventas al mercado local: Las empresas comerciales de exportación, con base en el artículo 22 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, no podrán realizar ventas en el mercado local. Las demás empresas podrán realizar sus ventas al mercado local en los términos que establece la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, y el reglamento a la indicada Ley. Las industrias procesadoras del inciso f) podrán introducir todos sus bienes en el mercado nacional sin que les sea aplicable lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales. Las empresas de servicios podrán introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley Nº 7210, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

8º—De los compromisos de inversión, empleo y VAN: La empresa beneficiaria se obliga a realizar y mantener los niveles de inversión, empleo y sus fechas de cumplimiento contemplados en los puntos 2.5, 2.6 y 2.7 de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo. Además, la empresa beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de empleo e inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la empresa beneficiaria como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión con los que se comprometió.

9º—Del inicio de operaciones productivas: La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas, es la indicada en el punto 2.4. de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo.

10.—De las obligaciones con PROCOMER: De conformidad con el Reglamento a la Ley de Régimen de Zona Franca, las obligaciones de la empresa con PROCOMER son las siguientes:

10.1   Depósito de garantía y contrato de operaciones: Una vez emitido el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá realizar el depósito de garantía y suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no realice dicho depósito o no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, PROCOMER gestionará la emisión de un Acuerdo Ejecutivo para dejar sin efecto el que le otorgó el Régimen, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública.

10.2   Cálculo del derecho por el uso del Régimen de Zonas Francas: Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa beneficiaria se obliga a pagar el derecho por el uso del Régimen de Zonas Francas, de conformidad con las siguientes reglas:

•    Empresas clasificadas bajo los incisos a) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas: el cálculo del derecho por el uso se realizará con base en el área de techo industrial consignada en la respectiva solicitud. En caso de aumento en el área de techo industrial, la empresa deberá informarlo a PROCOMER. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del derecho por el uso, a partir de la fecha de la última medición realizada por PROCOMER, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

•    Empresas clasificadas bajo los incisos que van del b) al e) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas: deberán cancelar el derecho por el uso con base en las ventas totales mensuales de la empresa.

10.3   Pago del derecho por el uso del Régimen de Zonas Francas: La empresa beneficiaria deberá seguir el siguiente procedimiento:

•    Plazo máximo para realizar el pago: la empresa beneficiaria deberá pagar el derecho por el uso del Régimen a más tardar durante los primeros 10 días hábiles del mes.

•    Pago de intereses moratorios: de conformidad con lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar intereses, junto con la suma adeudada por concepto del derecho por el uso del Régimen. Para efectos de cálculo del monto a cancelar por conceptos de intereses, PROCOMER utilizará como base la resolución emitida por la Administración Tributaria en los términos previstos en el artículo 57 del citado Código.

10.4   Plazo para la remisión del informe de ventas: Las empresas beneficiarias clasificadas bajo las categorías de los incisos b) al e) del artículo 17 de la N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, deberán remitir a PROCOMER, durante los primeros 10 días hábiles del mes a cobro, el informe de ventas realizadas en el mes anterior. Con base en la información consignada en dicho informe PROCOMER realizará la gestión de cobro a la empresa para que proceda con el pago correspondiente.

10.5   Directrices: Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con PROCOMER, cuando corresponda.

10.6   Informe anual de operaciones: La empresa beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal.

10.7   Facilidades: La empresa beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER, COMEX y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de PROCOMER ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento.

11.—De las obligaciones con otras instituciones de la administración pública:

11.1.  Dirección General de Aduanas. La empresa beneficiaria deberá ser autorizada por la Dirección General de Aduanas como Auxiliar de la Función Pública Aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, previamente al inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen.

11.2.  Dirección General de Tributación. La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, de previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

11.3. Caja Costarricense de Seguro Social. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen y mantenerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones como patrono. De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.

11.4.  Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional dispongan para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

12.—De las sanciones: En caso de incumplimiento por parte de la empresa beneficiaria de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo Ejecutivo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponer multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la empresa beneficiaria o sus personeros.

13.—Del uso indebido de los bienes o servicios exonerados: El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de ilícitos tributarios, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, y demás leyes aplicables.

14.—Empresas de servicios e índice de elegibilidad: En el caso de las empresas de la categoría de servicios, únicamente podrán ser beneficiarias de este régimen, aquellas compañías que realicen actividades catalogadas como estratégicas de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, conforme a los artículos 2° y 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus Reformas, cuya puntuación en el Índice de Elegibilidad Estratégica sea igual o superior a 101 y que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley N° 7210 (punto 2.3.1 de la cláusula segunda del presente Acuerdo Ejecutivo).

15.—Traslado a megaproyecto: Las empresas beneficiarias clasificadas bajo la categoría f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, podrán solicitar el traslado a la categoría de megaproyecto, siempre y cuando al momento del traslado se cumpla con las siguientes condiciones:

a.  Empleo: La empresa beneficiaria deberá mantener al menos cien empleados permanentes a partir del momento en que inicie operaciones productivas como megaproyecto y durante el resto de la operación de la empresa bajo tal categoría, debidamente reportados en planilla, según los términos establecidos en el artículo 21 ter inciso e) de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas, y el artículo 133 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

b.  Inversión: La empresa deberá completar la inversión mínima de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000.000) o su equivalente, calculado con base en el valor en libros de los activos sujetos a depreciación y demás requisitos exigidos en los artículos 21 ter inciso e) de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas, y 133 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

c.  Plan de inversión: El plan de inversión establecido en el citado artículo 21 ter inciso e) que deberá presentar la empresa en el evento de que opte por el traslado a la categoría de megaproyecto, incorporará los activos fijos nuevos depreciables que haya adquirido la empresa, desde la presentación de la solicitud de ingreso al Régimen bajo la categoría f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, y que formen parte de la inversión mínima y total establecida en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen.

d.  Plazo para completar el plan de inversión: El plazo máximo de 8 años para completar el plan de inversión establecido en el artículo 21 ter inciso e) de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, se contará a partir de la fecha de notificación del acuerdo ejecutivo de otorgamiento del Régimen bajo la categoría f) del artículo 17 de la citada Ley.

e.  Vigencia de beneficios: A partir de la notificación del acuerdo ejecutivo que se emita para autorizar el traslado a la categoría de megaproyecto, la empresa gozará de los beneficios establecidos en el inciso g) del artículo 20 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, por el resto del plazo que corresponda a la empresa, según los términos del citado inciso. En dicho acuerdo ejecutivo, se especificarán las fechas de vigencia de tal beneficio, por el resto del plazo que le corresponda a la empresa.

f.   No afectación de los beneficios o pagos realizados: El traslado a la categoría de Megaproyecto no afectará el periodo de vigencia del beneficio del impuesto sobre la renta que haya disfrutado la empresa, ni los pagos que dicha empresa haya realizado por concepto de tal impuesto, de previo a la autorización de tal traslado. Por consiguiente, la empresa no podrá gestionar la devolución del impuesto sobre la renta que hubiese pagado antes de la entrada en vigencia del traslado.

16.—De las actividades productivas fuera del área autorizada como zona franca: La empresa beneficiaria queda autorizada para realizar actividades productivas fuera del área habilitada como zona franca y a internar temporalmente al territorio aduanero nacional, maquinaria, equipo, materias y mercancías, en los términos y condiciones establecidas en los puntos 2.3.2, 2.3.2.1 y 2.3.2.2 del artículo primero del presente Acuerdo Ejecutivo.

17.—Vigencia: El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación.

Dado en la Presidencia de la República, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

Comuníquese y publíquese.

Jorge Enrique Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—La Ministra de Comercio Exterior a. í., Indiana Trejos Gallo.—1 vez.—( IN2024858976 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Resolución 567-MEP-2024.—Despacho de la Ministra de Educación Pública.—Al ser las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del día dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 141 de la Constitución Política; 25 inciso 2), 28 inciso 2, acápite a), 92, de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública del 02 de mayo de 1978; 16, 18 incisos c), h) y m) de la Ley N° 3481, Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública del 13 de enero de 1965;

Resultando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 001-P, del 10 de mayo de dos mil veintidós, publicado en el Alcance N° 91 a La Gaceta N° 85 de fecha 10 de mayo del 2022, se nombra a la señora Anna Katharina Müller Castro, cédula de identidad número 1-0471-146, como Ministra de Educación Pública.

II.—Que de acuerdo con lo que se establece en el Decreto Ejecutivo N° 35513 “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública”, artículo 2, las Direcciones Regionales de Educación “…son parte integral de la organización administrativa del Ministerio de Educación Pública, constituyen la instancia representativa e integradora del sistema educativo costarricense en el nivel regional, así como el vínculo formal entre el nivel central y las comunidades educativas.”

III.—Que el Decreto Ejecutivo N° 35513-MEP, denominado “Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública”, determina como funciones en materia del recurso humano del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de las Direcciones Regionales:

“(…)

n)       Velar por la prestación de servicios relacionados con la dotación y administración del recurso humano destacado en los centros educativos para orientar la desconcentración mínima de servicios hacia el nivel regional.

(…)

p)       Velar, en coordinación con los supervisores de cada Circuito Educativo, para que los centros educativos cumplan las normas, orientaciones y disposiciones establecidas para la dotación y administración del personal destacado en los centros educativos, en los distintos ciclos, niveles y modalidades

q)       Brindar asesoría a los servidores en el ejercicio de sus funciones, en lo concerniente a la administración de personal de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección de Recursos Humanos. (…)”.

IV.—Que en virtud de la especialidad en materia de dedicación exclusiva y dadas las distintas responsabilidades que le atañen a la suscrita, (en adelante delegante), todo de conformidad a lo normado en Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 4 de diciembre de 2018, Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público N° 41564-MIDEPLAN-H, Reglamento Ley N° 9655 del 4 de febrero de 2019 “Reforma inciso J) de artículo 118, Ley N° 181, Código de Educación, interpretación auténtica de transitorio XXVIII y Derogación de inciso r) de artículo 57, del Título III Capítulo VIII Ley N° 9635 N° 41770-MIDEPLAN-MEP N° 41770-MIDEPLAN-MEP, resolución DG-127-2019 del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, resolución DG-082-2018 del 15 de junio del 2018 y la resolución DG-254-2009 del 12 de agosto del 2009, se hace imperiosamente necesario, delegar la firma de los actos administrativos correspondientes a la materia antes dicha, esto de conformidad con lo  establecido en la Ley General de la  Administración Pública, artículo 92.

V.—Que de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y el 30 de la Ley N°2166 denominada Ley de Salarios de la Administración Pública en concordancia con la Ley N° 9635, que a la letra anota:

“Artículo 29- Justificación. Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la Administración deberá acreditar, mediante resolución administrativa razonada, la necesidad institucional y la relación de costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el o los funcionarios y el beneficio para el interés público.

Artículo 30- Prórroga del contrato. Sesenta días naturales antes de su vencimiento, el funcionario deberá solicitar la prórroga a la jefatura inmediata para que la Administración revise la solicitud, a fin de determinar la necesidad institucional de la extensión, mediante resolución debidamente razonada establecida en el artículo 29 anterior, prórroga que no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco.”

VI.—Que el artículo 2 inciso d) del Reglamento N° 41770-MIDEPLAN-H, publicada en el Alcance N° 133, de La Gaceta del 13 de junio del año 2019, estableció dentro de las regulaciones de forma específica de los contratos de dedicación exclusiva en el caso sus prórrogas lo siguiente:

“…d) Las prórrogas de los contratos de dedicación exclusiva de aquellos servidores que previo a la publicación de la Ley N° 9635 suscribieron un contrato de dedicación exclusiva, siempre y cuando la Administración acredite la necesidad de prorrogar el contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la Ley N° 2166…”

VII.—Que mediante el Capítulo II, artículo 4 último párrafo, del Reglamento N° 41564-MIDEPLAN-H publicado en el Alcance N° 38 del 18 de febrero del 2019 del Diario Oficial La Gaceta y en el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento N° 41770-MIDEPLAN-H, regula en su último párrafo lo siguiente, el cual en lo sustantivo establece:

“…En los cuatro supuestos enunciados, la Administración deberá acreditar una necesidad institucional para suscribir el contrato de dedicación exclusiva, en los términos establecidos en el Título III de la Ley N° 9635; así como verificar el cumplimiento pleno de los requisitos legales y académicos aplicables de conformidad con el artículo 31 de la Ley N° 2166, adicionado mediante artículo 3° de la Ley N° 9635; así como de verificar el cumplimiento pleno de los requisitos legales y académicos aplicables de conformidad con el artículo 31 de la Ley N° 2166, adicionado mediante artículo 3° de la Ley N° 9635”.

VIII.—Que mediante resolución N° MEP-0088-2020 dictada a las once y cincuenta y dos minutos del día diecisiete de enero de dos mil veinte, la jerarca institucional de turno, justifica la suscripción de contratos de dedicación exclusiva, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 9635.

IX.—Que el artículo 4 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, “Ley General de la Administración Pública”, establece que ésta se rige por los principios generales de servicio público, con la finalidad de asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

X.—Que en virtud de lo que establece la Ley General de la Administración Pública, la delegación de la firma de los actos administrativos que aquí se conocen, podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido.

XI.—Que, conforme a lo estipulado en la Ley General de la Administración Pública, “El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado”.

XII.—Que el título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, modificación de la Ley N° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública de 09 de octubre de 1957”, regula lo referente al régimen de remuneraciones y pago de incentivos salariales para los funcionarios de la Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios.

XIII.—Que con oficio MIDEPLAN-DM-OF-0358-2022 de fecha 02 de mayo del 2022, la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, aprueba las modificaciones a la estructura organizacional del Ministerio de Educación Pública con relación a la Dirección de Recursos Humanos, actualmente conocida como Dirección de Gestión del Talento Humano. Asimismo, con oficio DM-04692023 de fecha 24 de marzo del 2023, la señora Anna Katharina Müller Castro, brinda aprobación a la propuesta de reorganización de cita.

XIV.—Que, dada la referida reorganización, el Departamento de Asignación del Recurso Humano, pasa a ser conocido como Departamento de Dotación del Talento Humano y el Departamento de Gestión de Trámites y Servicios pasa a ser conocido como Departamento de Prestación de Servicios y Expediente Laboral.

Considerando Único

La delegación de firma es una técnica administrativa que se encuentra prevista en la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 92 que en lo que interesa dispone: “Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquel”.

La delegación de firma puede estar referida a un acto determinado o a un cierto tipo de acto, que es realizada por medio de un acuerdo del titular competente. Requiere para su aplicación, la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta, para ser eficaz, por el requisito de ser oponible a terceros.

Debe destacarse, que la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el órgano delegante. El órgano delegante conserva su deber de control jerárquico sobre el delegado. Del mismo modo, en la delegación de firma, la responsabilidad permanece en la autoridad delegante.

De conformidad con lo indicado, la suscrita en calidad de Ministra de Educación Pública delega la firma de los contratos  y adendas de dedicación exclusiva de las personas funcionarias pertenecientes a oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública a la señora Rebeca Delgado Calderón, portadora de la cédula de identidad 701250540, Jefa del Departamento de Dotación del Talento Humano, a la señora Nancy Morales Corrales, portadora de la cédula de identidad 110710610, Jefa del Departamento de Prestación de Servicios y Expediente Laboral, al señor Rafael Ángel Chaves Madrigal, portador de la cédula 205560006, Jefe de la Unidad de Trámites y Servicios al Usuario y en ausencia de los anteriores a la señora Yaxinia Díaz Mendoza, portadora de la cédula 502710790, y al señor Julio Barrantes Zamora, portador de la cédula 108630334, Directora y Subdirector de Gestión del Talento Humano, respectivamente. Asimismo, delegar a los siguientes Jefes Administrativos y Financieros de cada Dirección Regional de Educación y en su ausencia a los Directores Regionales de Educación, a cada persona funcionaria que ocupe el cargo de:

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Que los actos administrativos delegados para firma son los siguientes:

TIPO DE GESTIÓN	FUNDAMENTO LEGAL
Contratos y adendas en materia de dedicación exclusiva Título I y Título II	Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 4 de diciembre de 2018, Reglamentos N° 41564-MIDEPLAN-H y N° 41770-MIDEPLAN-MEP, resolución DG-127-2019 del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, resolución DG-082-2018 del 15 de junio del 2018 y la resolución DG-254-2009 del 12 de agosto del 2009

 

Por tanto,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

RESUELVE:

Con fundamento en las consideraciones y citas legales precedentes,

I.   Delegar la firma de los contratos y adendas de dedicación exclusiva de las personas funcionarias pertenecientes a oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública a la señora Rebeca Delgado Calderón, portadora de la cédula de identidad 701250540, Jefa del Departamento de Dotación del Talento Humano, a la señora Nancy Morales Corrales, portadora de la cédula de identidad 110710610, Jefa del Departamento de Prestación de Servicios y Expediente Laboral, al señor Rafael Ángel Chaves Madrigal, portador de la cédula 205560006, Jefe de la Unidad de Trámites y Servicios al Usuario y en ausencia de los anteriores a la señora Yaxinia Díaz Mendoza, portadora de la cédula 502710790, y al señor Julio Barrantes Zamora, portador de la cédula 108630334, Directora y Subdirector de Gestión del Talento Humano, respectivamente. Asimismo, delegar a los siguientes Jefes Administrativos y Financieros de cada Dirección Regional de Educación y en su ausencia a los Directores Regionales de Educación, según se dispone a continuación a cada persona funcionaria, a quién ocupe el cargo de:

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II.—Dejar sin efecto, cualquier otra resolución de disposición con relación a la delegación de firma de actos administrativos correspondientes a la materia de dedicación exclusiva.

III.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Anna Katharina Müller Castro, Ministra de Educación Pública.—1 vez.—O.C. N° 4600074495.—Solicitud N° 504482.—( IN2024859431 ).

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Resolución N° MCJ-DM-066-2024.—Ministerio De Cultura Y Juventud. Despacho Ministerial.—San José, a las 09:00 horas del 4 de abril de 2024. Se conoce el nombramiento por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) del señor Wilson Picado Umaña, cédula de identidad número 1-0863-0351, como representante de representante de las Escuelas de Historia de las Universidades Estatales, en la Junta Administrativa del Archivo Nacional.

Resultando:

I.—Que la Ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990, crea el Sistema Nacional de Archivos, compuesto por el conjunto de los archivos públicos de Costa Rica, así como los privados y particulares que se integren a él.

II.—Que de conformidad con el artículo 12 de esta Ley, la Junta Administrativa del Archivo Nacional, estará integrada, entre otros miembros, por un profesional en Historia y Archivística que representarán a las escuelas de esas ciencias, existentes en los centros de educación superior estatal, y será nombrado por el Consejo Nacional de Rectores; determinándose, además, que fungirá en su cargo por un período de dos años y podrá ser reelegidos.

III.—Que por Resolución Administrativa N° MCJ-DM-181-2020 del 14 de octubre del 2020, se dio por nombrado al señor Hugo Mauricio Vargas González, cédula de identidad N° 1-0788-0210, como uno de los representantes de las Escuelas de Historia de los Centros de Educación Superior Estatal, en la Junta Administrativa del Archivo Nacional, a partir del 29 de setiembre del 2020 y hasta el 28 de setiembre del 2022.

IV.—Que mediante oficio CNR-523-2022 del 27 de octubre de 2022, el señor José Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), comunicó al señor Set Durán Carrión, entonces Director General de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, el acuerdo firme tomado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión No 42-2022 celebrada el día 25 de octubre de 2022.

V. Que en la citada sesión el Consejo Nacional de Rectores acordó: “A. DESIGNAR AL DR. WILSON PICADO UMAÑA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD  108630351 COMO REPRESENTANTE TITULAR DE CONARE ANTE LA JUNTA ADMINISTRTIVA DEL ARCHIVO NACIONAL”.

VI.—Que ante tal designación hecha el día 25 de octubre de 2022, se tiene por realizado el nombramiento del señor Picado Umaña por un período de dos años, que corre del 25 de octubre de 2022 hasta el 24 de octubre de 2024.

Considerando:

I.—Que el inciso 2) del artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública, señala que para que el acto administrativo produzca efecto hacia el pasado, a favor del administrado, se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe.

II.—Que la Procuraduría General de la República, mediante dictamen 189 del 06 de agosto de 2012, sobre los efectos retroactivos del acto administrativo señaló:

“Incluso debe subrayarse que el artículo 142.2 de la Ley General de la Administración Pública contempla, aún, la posibilidad de otorgar un cierto y limitado efecto retroactivo a los actos administrativos declarativos de derechos. Esto cuando desde antes de la adopción del acto existieren los motivos para su acuerdo, y por supuesto siempre y cuando la retroacción de la eficacia no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe.

ORTIZ ORTIZ ya habría examinado el alcance del actual artículo 142 LGAP durante la discusión del entonces proyecto de Ley. Al respecto, conviene señalar lo discutido en el Acta N° 100 del expediente legislativo N° A23E5452:

“Aquí se establece otra regla que podrá producir efecto a favor del administrado en las condiciones que se indican que son, primera: Que desde la fecha señalada para la iniciación de la eficacia del acto, para la iniciación de los efectos del acto, existan los supuestos de hecho, en realidad esta expresión podría llamarse motivos para su adopción que motiven que el acto se hubiese adoptado desde entonces. Yo podría decir que se puede simplificar eso. Que diga: “Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que desde la fecha señalada existan los “motivos” necesarios para su adopción y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe (…).

Debe insistirse. En el caso de los actos administrativos que establezcan y confieren únicamente derechos o que sean favorables a los administrados, existe disposición legal expresa que permite otorgarle ciertos y limitados efectos retroactivos. Esto siempre a condición de que a la fecha señalada para que el acto produzca efectos, ya existieren los motivos que justificaran la adopción del acto.

La jurisprudencia administrativa también se ha ocupado del alcance del artículo 142.2 LGAP.  Al respecto, conviene citar el dictamen C108-1985 de 20 de mayo de 1985 el cual concluyó que la eficacia del acto administrativo que otorga una pensión, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe retrotraerse a la fecha en que ocurrió el hecho generador del beneficio. En lo conducente transcribimos el dictamen de cita:

“A mayor abundamiento, y aunque se trata de una disposición muy genérica, consideramos que también cobra relevancia, para la solución de este tipo de situaciones, lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública, en cuanto, al referirse a la eficacia del acto administrativo, expresa en el aparte segundo del numeral 142 que: “Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado, se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción...”

De ahí que si conforme ha quedado establecido, existen sobrados motivos para que el disfrute de las pensiones se reconozca en forma continua, en relación tanto con el salario que devengaba el servidor que se acoge al beneficio, como con respecto a la pensión que por ley debe traspasarse a los causahabientes cuando al pensionado fallece, no existe razón alguna para que se deje en desamparo a las personas con derecho al beneficio durante un tiempo, con motivo de circunstancias totalmente ajenas a aquéllas, como lo es el lapso, bastante considerable en la práctica, que requiere la tramitación de una pensión.”

III.—Que, tal y como lo señala el inciso 2) del artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública y el dictamen de la PGR citado, para que se pueda emitir un acto administrativo con efecto retroactivo se debe contar con los supuestos de hecho necesarios para su emisión.

IV.—Que sobre el particular se tiene que el CONARE, como entidad responsable del nombramiento del representante de las Escuelas de Historia de las Universidades Estatales ante la Junta Administrativa del Archivo Nacional, efectivamente emitió desde octubre de 2022, el Acuerdo firme para nombrar al Sr. Picado Umaña a partir del 25 de octubre de 2022 y hasta el 24 de octubre de 2024.

V.—Que este nombramiento es de exclusiva selección y designación por parte del CONARE, siendo que este Despacho dicta la presente Resolución Administrativa, para documentar lo actuado por la instancia ajena al MCJ, sin que este acto administrativo sea susceptible de afectar la eficacia del nombramiento emitido por el Consejo Nacional de Rectores. Por tanto,

LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

RESUELVE:

Artículo 1º—Agradecer los servicios del señor Hugo Mauricio Vargas González, cédula de identidad N° 1-0788-0210, y en su lugar tener por nombrado por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) al señor Wilson Picado Umaña, cédula de identidad número 1-0863-0351, como representante de las Escuelas de Historia de las Universidades Estatales, en la Junta Administrativa del Archivo Nacional.

Artículo 2º—Rige por un período de dos años, contados a partir del 25 de octubre del 2022 y hasta el 24 de octubre del 2024.

Nayuribe Guadamuz Rosales.—La Ministra de Cultura y Juventud.—1 vez.—O. C. N° 028.—Solicitud N° 503125.—( IN2024859195 ).

Resolución N° MCJ-DM-068-2024.—Ministerio de Cultura y Juventud.—Despacho Ministerial.—San José, a las 11:30 horas del 4 de abril de 2024. Se conoce la ratificación por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) del nombramiento de la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, cédula de identidad N° 1458-947, como representante de las Escuelas de Archivística de las Universidades Estatales, en la Junta Administrativa del Archivo Nacional.

Resultando:

I°—Que la Ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990, crea el Sistema Nacional de Archivos, compuesto por el conjunto de los archivos públicos de Costa Rica, así como los privados y particulares que se integren a él.

II°—Que de conformidad con el artículo 12 de esta Ley, la Junta Administrativa del Archivo Nacional, estará integrada, entre otros miembros, por un profesional en Historia y Archivística que representarán a las escuelas de esas ciencias, existentes en los centros de educación superior estatal, y será nombrado por el Consejo Nacional de Rectores; determinándose, además, que fungirá en su cargo por un período de dos años y podrán ser reelegidos.

III°—Que por Resolución Administrativa N° MCJ-DM-059-2021 del 19 de abril del 2021, se dio por reelecta a la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, cédula de identidad N° 1-458-947, como representante de las Escuelas de Archivísticas de las Universidades, en la Junta Administrativa del Archivo Nacional, a partir del 27 de marzo del 2021 y hasta el 26 de marzo del 2023.

IV°—Que mediante oficio CNR-134-2023 del 16 de marzo de 2023, el señor José Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), comunicó al señor Francisco José Soto Molina, entonces Secretario de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión N° 8-2023 celebrada el día 14 de marzo de 2023.

V°—Que en la citada sesión el Consejo Nacional de Rectores acordó: “Ratificar el nombramiento de la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, Profesional en Archivística y Docente de la Sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, como representante del CONARE ante la Junta Administrativa del Archivo Nacional”.

VI°—Que ante tal ratificación se prorrogó el nombramiento de la señora Bermúdez Muñoz por un período nuevo de dos años, que corre del 27 de marzo de 2023 hasta el 26 de marzo de 2025.

Considerando:

I.—Que el inciso 2) del artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública, señala que para que el acto administrativo produzca efecto hacia el pasado, a favor del administrado, se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe.

II.—Que la Procuraduría General de la República, mediante dictamen 189 del 06 de agosto de 2012, sobre los efectos retroactivos del acto administrativo señaló:

“Incluso debe subrayarse que el artículo 142.2 de la Ley General de la Administración Pública contempla, aún, la posibilidad de otorgar un cierto y limitado efecto retroactivo a los actos administrativos declarativos de derechos. Esto cuando desde antes de la adopción del acto existieren los motivos para su acuerdo, y por supuesto siempre y cuando la retroacción de la eficacia no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe.

ORTIZ ORTIZ ya habría examinado el alcance del actual artículo 142 LGAP durante la discusión del entonces proyecto de Ley. Al respecto, conviene señalar lo discutido en el Acta N.° 100 del expediente legislativo N.° A23E5452:

“Aquí se establece otra regla que podrá producir efecto a favor del administrado en las condiciones que se indican que son, primera: Que desde la fecha señalada para la iniciación de la eficacia del acto, para la iniciación de los efectos del acto, existan los supuestos de hecho, en realidad esta expresión podría llamarse motivos para su adopción que motiven que el acto se hubiese adoptado desde entonces. Yo podría decir que se puede simplificar eso. Que diga: “Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se requerirá que desde la fecha señalada existan los “motivos” necesarios para su adopción y que la retroacción no lesione derechos o intereses de terceros de buena fe (…).

Debe insistirse. En el caso de los actos administrativos que establezcan y confieren únicamente derechos o que sean favorables a los administrados, existe disposición legal expresa que permite otorgarle ciertos y limitados efectos retroactivos. Esto siempre a condición de que a la fecha señalada para que el acto produzca efectos, ya existieren los motivos que justificaran la adopción del acto.

La jurisprudencia administrativa también se ha ocupado del alcance del artículo 142.2 LGAP. Al respecto, conviene citar el dictamen C108-1985 de 20 de mayo de 1985 el cual concluyó que la eficacia del acto administrativo que otorga una pensión, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe retrotraerse a la fecha en que ocurrió el hecho generador del beneficio. En lo conducente transcribimos el dictamen de cita:

“A mayor abundamiento, y aunque se trata de una disposición muy genérica, consideramos que también cobra relevancia, para la solución de este tipo de situaciones, lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública, en cuanto, al referirse a la eficacia del acto administrativo, expresa en el aparte segundo del numeral 142 que: “Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado, se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción...”

De ahí que si conforme ha quedado establecido, existen sobrados motivos para que el disfrute de las pensiones se reconozca en forma continua, en relación tanto con el salario que devengaba el servidor que se acoge al beneficio, como con respecto a la pensión que por ley debe traspasarse a los causahabientes cuando al pensionado fallece, no existe razón alguna para que se deje en desamparo a las personas con derecho al beneficio durante un tiempo, con motivo de circunstancias totalmente ajenas a aquéllas, como lo es el lapso, bastante considerable en la práctica, que requiere la tramitación de una pensión.

III.—Que, tal y como lo señala el inciso 2) del artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública y el dictamen de la PGR citado, para que se pueda emitir un acto administrativo con efecto retroactivo se debe contar con los supuestos de hecho necesarios para su emisión.

IV.—Que sobre el particular se tiene que el CONARE, como entidad responsable del nombramiento del representante de las Escuelas de Archivística de las Universidades Estatales ante la Junta Administrativa del Archivo Nacional, efectivamente emitió desde marzo de 2023, el Acuerdo firme para prorrogar el nombramiento de la Sra. Bermúdez Muñoz, a partir del 27 de marzo de 2023 y hasta el 26 de marzo de 2025.

V.—Que este nombramiento es de exclusiva selección y designación por parte del CONARE, siendo que este Despacho dicta la presente Resolución Administrativa, para documentar lo actuado por la instancia ajena al MCJ, sin que este acto administrativo sea susceptible de afectar la eficacia del nombramiento emitido por el Consejo Nacional de Rectores. Por tanto,

LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD,

RESUELVE:

Artículo 1°—Dar por ratificado el nombramiento por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), de la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, cédula de identidad N° 1-458-947, como representante de las Escuelas de Archivística de las Universidades Estatales, en la Junta Administrativa del Archivo Nacional.

Artículo 2°—Rige por un período de dos años, contados a partir del 27 de marzo del 2023 y hasta el 26 de marzo del 2025.

Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de Cultura y Juventud.—1 vez.—O. C. N° 028.—Solicitud N° 503131.—( IN2024859197 ).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

R-005-2024-MINAE.—Poder Ejecutivo.—San José, a las 9 horas 5 minutos del 11 de enero del 2024. Se conoce de la solicitud a nombre de la sociedad Intaco Costa Rica S.A, cédula jurídica 3101-004383, para concesión de una Cantera, ubicada en el cantón de Nicoya, provincia Guanacaste. Dicha solicitud cuenta con número de expediente minero 2022-CAN-PRI-021.

Resultando:

1º—El día 28 de julio del 2022, el señor Marcos Alberto Dueñas Leiva, cédula de identidad número 9-0044-0475, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad Intaco Costa Rica S. A., cédula jurídica 3-101-004383, presentó formulario de solicitud formal para una concesión de una Cantera, ubicada en el cantón de Nicoya, provincia Guanacaste, la solicitud cuenta con número de expediente minero 2022-CAN-PRI-021. Dicha solicitud tiene las siguientes características:

Ubicación cartográfica:

Se ubica la presente solicitud entre coordenadas 362192.30 – 362817.46 Este, 1128315.04 – 1128847.35 Norte

Propiedad 5194935-000.

Plano catastrado G-1589269-2012.

Área solicitada:

33 ha 2468 m².

2º—Mediante resolución Nº1151-2022-SETENA, de las nueve horas cinco minutos del seis de julio del dos mil veintidós, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, otorgó Viabilidad Ambiental al Proyecto denominado Tajo Puerto Moreno a nombre de la sociedad Intaco Costa Rica S. A., cédula jurídica 3-101-004383, por un plazo de cinco años. 

3º—Mediante oficio ACT-OSRN-002-2020, de fecha 09 de enero del 2019, se indicó lo siguiente: “El suscrito Nelson Marín Mora, cédula de identidad número 202180683, en calidad de Jefe a.i. de la Oficina Subregional de Nicoya MINAE / SINAC / ACT, después de evaluación de campo mediante oficio ACT-OSRN-211, confrontado al mapa de zona de cobertura, la propiedad folio real 194935-000, plano G-1589269-2012 con un área de 33.2 ha, de las cuales posee un área de 20,1 ha donde se avala el área para el desarrollo del proyecto Tajo Puerto Moreno. 

En el área dónde se desarrollará el proyecto, deberá cumplir con lo estipulado en la Ley Forestal 7575, su Reglamento y Manual de Procedimiento para el aprovechamiento maderable en terrenos de uso agropecuario y sin bosque según resolución R-SINAC-028- 2010.”

4º—El geólogo de la Dirección de Geología y Minas Junior Ramos García, coordinador minero de la Región Chorotega, procedió a la revisión del Programa de Explotación presentado por la sociedad del Tajo Puerto Moreno, y en oficio DGMRCH-198-2022 de fecha 31 de agosto del 2022, aprobó dicho programa de explotación emitiendo a la vez, las recomendaciones técnicas del proyecto. 

5º—En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Código de Minería, consta en el expediente administrativo el oficio AES-CU-18-25 de fecha 16 de noviembre del 2018, suscrito por el Ingeniero Agrónomo German Aguilar Vega, del Organismo de inspección, Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante el cual se autorizó el “Estudio detallado de suelos y capacidad de uso de las tierras” a solicitud de la sociedad Intaco Costa Rica S.A, cédula jurídica 3-101-004383. 

6º—Fueron publicados los edictos en el Diario Oficial La Gaceta los días 28 de febrero y 02 de marzo del 2023, y los días 15 y 16 de agosto del 2023 -debido a un error en los edictos-, tal y como lo dispone el artículo 80 del Código de Minería y transcurrido el plazo de 15 días señalado por el artículo 81 de dicho Código, no se presentaron oposiciones contra la presente solicitud a nombre de la sociedad Intaco Costa Rica S. A., cédula jurídica 3-101-004383. Por lo que, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 84 del Código de Minería, la Direccion de Geología y Minas mediante oficio DGM-RNM-1304-2023 procede a emitir la respectiva recomendación de otorgamiento de la concesión de explotación ante el Ministro de Ambiente y Energía.

7º—De conformidad con el artículo 37 del Reglamento al Código de Minería N°29300 vigente a la fecha de la solicitud y de aplicación al presente trámite de conformidad al Transitorio único Reglamento Nº43443, de previo a emitir el expediente al Despacho del Ministro, la DGM deberá verificar que el interesado haya cumplido con el pago de la garantía ambiental según el monto señalado por la SETENA en la resolución de otorgamiento de la Viabilidad Ambiental. En ese sentido, analizado el expediente minero Nº2022-CAN-PRI-021, consta comprobante de pago de la Garantía Ambiental ante la SETENA, la cual se encuentra vigente hasta el 15 de mayo del 2024.

Considerando:

1º—Que la Administración Pública se encuentra bajo un régimen de Derecho donde priva el Principio de Legalidad, el cual tiene fundamento en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, de conformidad con el artículo 1 del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional. Sin embargo, sin perder su dominio, podrá otorgar concesiones de explotación y permisos de exploración sobre dichos recursos, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes. No obstante, para lo anterior, todo aquel interesado deberá cumplir con cada una de las disposiciones y requisitos establecidos en el Código de Minería y su Reglamento, según la solicitud que se trate. 

El ente competente para tramitar dichas solicitudes, es la Dirección de Geología y Minas, quien una vez cumplidos todos los requisitos y procedimientos establecidos para la solicitud que se trate, conforme el artículo 6 inciso 7 del Reglamento Nº 43443, remitirá la respectiva recomendación de otorgamiento del permiso o de la concesión al Ministro de Ambiente y Energía, cuando así proceda.  

2º—Que la resolución de otorgamiento de la concesión de explotación, será dictada por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, previa recomendación de la Dirección de Geología y Minas acerca de su procedencia, según lo indicado por los artículos 89 del Código de Minería y 44 del Reglamento Nº43443. 

Respecto a las concesiones de explotación el artículo 30 del Código de Minería señala:  

“Artículo 30.—La concesión de explotación se otorgará por un término no mayor de veinticinco años. Sin embargo, mediante negociación entre la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos y el titular de la concesión se podrá dar una prórroga hasta por diez años, siempre que el titular haya cumplido con todas sus obligaciones durante el período de explotación.”

3º—Que con fundamento en lo anterior, la Direccion de Geología y Minas se analiza el expediente administrativo 2022-CAN-PRI-021, a nombre de la sociedad Intaco Costa Rica S. A., indicando mediante oficio DGM-RNM-1304-2023, que la misma ha cumplido con los requisitos necesarios y establecidos en la legislación minera, para obtener la autorización para la explotación de una cantera, la cual se ubica en el Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste.

Así la cosas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento al Código de Minería N°43443, es que la Dirección de Geología y Minas recomienda al Ministro de Ambiente y Energía para que, junto al Presidente de la República, previo análisis y aprobación de los antecedentes, dicten la respectiva resolución de otorgamiento de la concesión de explotación.  

4º—Que la sociedad INTACO COSTA RICA S.A, como titular del expediente 2022CAN-PRI-021, para mantener su autorización de explotación vigente, deberá cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con lo indicado por el geólogo Junior Ramos García, coordinador minero de la Región Chorotega en el memorando DGM-RCH-198-2022 de fecha 31 de agosto del 2022, que textualmente señala lo siguiente: 

“A continuación, se presenta el resultado de la revisión del Estudio de Factibilidad Técnica Económica y Programa de Explotación del proyecto minero con expediente N° 2022-CANPRI021, presentado el 28 de julio del 2022 a la DGM. 

De acuerdo con la revisión realizada por el Departamento de Control Minero, la información contenida en el Estudio de Factibilidad Técnica-Económica y el Programa de Explotación Minera del expediente N° 2022-CAN-PRI-021, cumple con los requisitos mínimos técnicos indicados en el Reglamento al Código de Minería; por lo tanto, se recomienda que se incorporen las siguientes recomendaciones técnicas:

•    El concesionario corresponde con la empresa INTACO DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-004383. El nombre del proyecto es Tajo Puerto Moreno. 

•    El proyecto se ubica entre las coordenadas CRTM05 1127996 N y 362290 E de las Hojas Cartográficas Talolinga y Abangares, escala 1:50 000 del IGNCR. El proyecto se localiza en la propiedad con plano de catastro G-1589269-2012. Administrativamente se encuentra en el distrito Quebrada Honda, cantón Nicoya, Provincia de Guanacaste. 

•    Los materiales a extraer corresponden con calizas de la Formación Barra Honda. 

•    Se recomienda un plazo de otorgamiento de 25 años. 

•    La tasa de extracción máxima no debe sobrepasar los 102.000 m3 por año (8.500 m3 /mes). 

•    Es necesario realizar el cálculo de reservas remanentes cada año, el cual debe presentarse con el informe anual de labores. En caso de agotamiento de reservas, se solicitará iniciar la fase de cierre técnico. 

•    No se debe extraer material por debajo de la cota de 30 metros sobre el nivel del mar. La extracción por debajo de esta cota estará condicionada a la revisión de un estudio de reservas y a la ausencia comprobada de acuíferos. Para optar por una extracción por debajo de la cota de 30 m.s.n.m. con la presencia de acuíferos, la DGM y SETENA podrán establecer los requisitos necesarios para nuevos estudios técnicos que demuestren la seguridad del acuífero.

•    Se autoriza la siguiente maquinaria: 

-    Equipo de perforación de aire comprimido 

-    2 retroexcavadoras CAT 349 o similar 

-    3 vagonetas articuladas 740 o similar 

-    2 vagonetas de 12 m³ o menores 

-    2 equipos de perforación hidroneumáticos 

-    2 compresores 

-    1 back hoe 

-    1 cargador frontal 

En caso de requerir maquinaria adicional no mencionada en la lista anterior se deberá solicitar la autorización a la DGM. 

•    Se autoriza la instalación de quebrador o planta de trituración asociada a este proyecto que incluye los siguientes componentes: 

-    1 quebrador primario de muelas 

-    1 cono secundario 

-    1 cono terciario (opcional) 

-    cribas vibratorias y bandas transportadoras 

•    Se permite el uso de explosivos. 

•    El horario de operaciones autorizado para extracción y procesamiento de materiales será de 26 días al mes (de lunes a sábado) de 6 a.m. y 6 p.m. No se podrá trabajar fuera de este horario sin previa solicitud y autorización de la DGM. 

•    No se deben realizar labores mineras fuera del área concesionada. Al menos que por condiciones especiales sea solicitado por la DGM y que sea factible técnica y económicamente. 

•    Los accesos utilizados serán los que se presentan en el programa de explotación. 

•    En caso de tanque de autoabastecimiento de combustibles, concesión de agua y vertido de aguas del proceso a un sistema fluvial, es necesario contar con las respectivas concesiones y permisos. 

•    Se debe cumplir con la reglamentación del Código de Minería, en cuanto amojonamiento, reglamento de seguridad laboral, rotulación de la concesión. 

•    Se debe cumplir con las medidas ambientales establecidas en el EsIA y Plan de Gestión Ambiental aprobado. 

•    Es obligación del concesionario mantener en las oficinas del proyecto de la bitácora geológica correspondiente al periodo en curso, plano topográfico actualizado con los sectores de extracción recientes, bitácora (diario) de actividades, memoria de ventas, almacenamiento y extracción, lista de personal; se verificará el cumplimiento del reglamento de seguridad. 

•    Se prohíbe el ingreso de vagonetas de clientes o de otras personas en el frente de extracción. Solo la maquinaria aprobada podrá hacer ingreso al frente de extracción. El despacho de materiales debe realizarse desde los patios de acopio y venta autorizados. 

•    En los frentes de extracción será necesario mantener los ángulos y diseño de taludes estipulados en el Programa de Explotación Minera. 

•    Cada año junto con el informe anual de labores debe actualizarse la topografía de los frentes de extracción que se mantuvieron activos.”

5º—Que en el presente expediente minero 2022-CAN-PRI-021, a nombre de la sociedad Intaco Costa Rica S. A., cédula jurídica 3-101-004383, la Dirección de Geología y Minas, mediante oficio DGM-RNM-1304-2023, indica que, a la fecha de su recomendación, la misma se encuentra al día, con todas las obligaciones que le impone el Código de Minería y su Reglamento para la obtención de la concesión minera. Asimismo, una vez realizada la respectiva verificación en las páginas web respectivas, se determinó que dicha sociedad se encuentra al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda, tal y como consta en el expediente.   

6º—Que en acatamiento de la directriz N° 11-2020 del día 23 de setiembre del 2020, denominada “Coordinación Administrativa de los Viceministerios y Direcciones del Ministerio de Ambiente y Energía, así como de sus órganos adscritos y desconcentrados”, la Dirección de Geología y Minas, mediante oficio DGM-RNM-1304-2023, indica que, revisado el mismo el expediente minero 2022-CAN-PRI-021, reúne todos los requisitos del ordenamiento jurídico, y que no existe nulidad o impedimento alguno para su otorgamiento. 

7º— Que de conformidad con el Acuerdo N°116-P, de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en La Gaceta N°194, de fecha 12 de octubre del 2022, y reformado por el Acuerdo N°181-P de fecha 09 de febrero del 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional, del Ministerio de la Presidencia en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo señalados en el considerando V) del acuerdo de cita. Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

RESUELVEN 

1º—Que con fundamento en lo manifestado en los considerandos de la presente resolución, así como de lo dispuesto en los oficios DGM-RCH-198-2022 y DGM-RNM-13042023, es que se otorga a favor de la sociedad Intaco Costa Rica S. A., cédula jurídica 3101-004383 autorización para la explotación de una cantera, ubicada en el Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste, por un plazo 25 años, con una tasa de extracción máxima que no debe sobrepasar los 102.000m3 por año (8.500m3/mes). Asimismo, se encuentra autorizada para el uso de explosivos y para la instalación de un quebrador o planta de trituración asociada al proyecto. 

2º—La sociedad Intaco Costa Rica S. A., deberá cumplir lo indicado en el memorando DGM-RCH-198-2022 de fecha 31 de agosto del 2022, suscrito por el geólogo Junior Ramos García, coordinador minero de la Región Chorotega, transcrito en el considerando cuarto de esta resolución. 

3º—Asimismo, la sociedad Intaco Costa Rica S. A., deberá cumplir con todas las obligaciones que le impone el Código de Minería y su Reglamento Decreto ejecutivo 43443-MINAE, además de las recomendaciones que le dicten en cualquier momento la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas. Caso contrario, podría verse sometida al procedimiento de cancelación de su autorización, previo cumplimiento del debido proceso.

4º—Contra la presente resolución pueden interponerse los recursos ordinarios que se establecen en los Artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en los plazos ahí indicados.

5º—Notificar al correo electrónico: maría@mariachaves.net; CC.notificaciones@stena.go.cr

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.—1 vez.—( IN2024856645 ).