PROYECTOS

PROYECTO DE ACUERDO

DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO DE LA PATRIA

A MARGARITA SEGREDA VÍQUEZ

Expediente N.° 22.436

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La finalidad del presente proyecto es saldar una deuda que la Patria tiene, desde hace mucho tiempo, con una persona insigne, de gran valor ético, deportista innata, que puso muy en alto el nombre de nuestro país con su vida deportiva que la llevó muchas veces fuera de nuestras fronteras. Tuvo la ocasión de jugar en Nicaragua, Guatemala, México y Honduras; destacando siempre en todos estos países siendo que, en el caso de su participación en suelo hondureño, adquirió una nueva dimensión al condecorársele con la medalla de oro “Premio a la Nobleza Deportiva”. Este reconocimiento fue creado por la Federación Nacional de Cultura Física y Deportes de Honduras, ante la nobleza y calidad de enceste que exhibió Segreda Víquez, siendo por lo tanto la primera persona en recibir tal honor en la historia del deporte del hermano país centroamericano: MARGARITA SEGREDA VÍQUEZ es eso y mucho más.

Esta mujer brillante y sencilla, nació en San José, el día 22 de marzo de 1928. Practicó el baloncesto desde muy joven a pesar de la oposición que presentaba su familia. A la edad de quince años, siendo estudiante del Colegio Superior de Señoritas, viajó a Panamá con el Club Sport La Libertad exhibiendo tan alta calidad en su desempeño deportivo, marcando una época aún no superada en los anales del baloncesto nacional femenino. Al regresar de Panamá, figuró como titular indiscutible del equipo y como seleccionada nacional, convirtiéndose en la máxima encestadora del país.

MARGARITA SEGREDA VÍQUEZ, luego de su retiro como jugadora dedicó su vida profesional a la educación costarricense hasta su jubilación; laborando en diversas instituciones de enseñanza media, merced a los títulos obtenidos en esta disciplina académica.

Fungió como primera directora de la Escuela de Secretariado Profesional (1974-1982), se le reconoce su liderazgo en el movimiento en procura de la apertura y consolidación de la Escuela, que hoy cuenta con las carreras de Educación Comercial y Administración de Oficinas (Bachillerato y Licenciatura) y el Diplomado en Secretariado Profesional.

PREMIOS: Medalla de oro “Premio a la Nobleza Deportiva”. Este reconocimiento fue creado por la Federación Nacional de Cultura Física y Deportes de Honduras ante la nobleza y calidad de enceste que exhibió Margarita Segreda, siendo por tanto la primera mujer, en recibir tal honor en la historia del deporte del hermano país centroamericano.

MURALES

MARGARITA SEGREDA VÍQUEZ ingresó al Salón de la Fama del Deporte Costarricense en 19 74, siendo en ese momento la integrante número 26 de la Galería, y apenas la primera mujer en acceder a este sitial de honor.

La importancia de reconocer honor a mujeres que a pesar de la época siempre luchó para darle un lugar de honor a nuestro país.

Hablar del deporte costarricense y de sus grandes maestros, es hablar de doña Margarita, una mujer dedicada por completo al deporte costarricense. Deportista por excelencia, inteligente que utilizó sus habilidades en el baloncesto para poner en alto el nombre de Costa Rica. Su vida deportiva la llevó muchas veces fuera de nuestras fronteras, teniendo la ocasión de jugar en Nicaragua, Guatemala, México y Honduras, destacando siempre en todos estos países como instrumento único, y supo expresar en forma extraordinaria su sensibilidad no solo hacia el deporte, sino hacia el ámbito social.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo, cuyo fin e s declarar como Benemérita de la Patria a la señora Margarita Segreda Víquez costarricense insigne, quien aún hoy vive en el gran legado del baloncesto costarricense. Siendo por tanto la primera persona en recibir tal honor en la historia del deporte del hermano país centroamericano.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO DE LA PATRIA

A MARGARITA SEGREDA VÍQUEZ

ARTÍCULO ÚNICO-      Se declara a la señora Margarita Segreda Víquez Benemérita de la Patria.

Rige a partir de su aprobación.

Mileidy Alvarado Arias           Geovanni Alberto Gómez Obando

Ivonne Acuña Cabrera            Wálter Muñoz Céspedes

Floria María Segreda Sagot   Sylvia Patricia Villegas Álvarez

Zoila Rosa Volio Pacheco      Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566715 ).

Texto dictaminado del expediente N. º 22.296 en la sesión N. º 8 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, celebrada el día 14 de julio de 2021.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 5662, LEY

DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N° 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas, para que se lea en adelante de la siguiente manera:

“Artículo 11.—Para los efectos de la presente ley, se considerarán como daños las sumas dejadas de percibir por el Fondo o las que la Desaf haya tenido que girar indebidamente y, como perjuicios, los intereses de dichas sumas, los cuales equivaldrán a la Tasa Básica Pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica más 5 (cinco) puntos porcentuales. Para probarlos bastará la simple certificación de la Desaf, la cual servirá para ejercitar la acción penal correspondiente y constituirá título ejecutivo; ambas acciones podrán intentarse separadamente.”

Rige a partir de su publicación.

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández, Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566718 ).

PROYECTO DE LEY

LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,

DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES

CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY

N.° 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS

REFORMAS, PARA DISMINUIR LA

IMPUNIDAD POR ACTIVIDADES

DELICTIVAS RELACIONADAS CON

EL GIRO IRREGULAR DE

EMPRESAS OFFSHORE

Y OTROS ILÍCITOS

GRAVES

Expediente N.° 22.552

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Uno de los 23 temas abordados por la Comisión que analizó los Papeles de Panamá^[1], fue el de legitimación de capitales. Para efectos de dicho análisis, se recibió en audiencia a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, representada por el Fiscal Adjunto, Sr. Alvaro Montoya Martínez, quien realizó recomendaciones para mejorar el tipo penal del delito de legitimación de capitales.

En preciso, el Sr. Montoya señaló:

“[…] El tipo penal, que les he mostrado y que vieron ahora muy rápidamente, es algo que también hemos dicho que podría eventualmente mejorarse, para que las investigaciones puedan ser más efectivas en el país. Cuando hemos dicho y vemos que la norma todavía al día de hoy habla de que “a sabiendas”, “o sabiendo que”, entonces, se ha interpretado por la mayoría, que en Costa Rica para cometer ese delito tiene que haber dolo directo, que indudablemente hay que demostrar que la persona sabía. Otras personas son del criterio y en otros países, que pueden ser por dolo eventual, el dolo eventual es que la persona “debía saber”. Esas pequeñas palabras pueden hacer cambios, inclusive, tenemos colegas que creen que con la norma actual podría haber dolo eventual, pero la jurisprudencia en ese sentido ha dicho que no, que tiene que ser dolo directo, ese es un tema que se podría discutir en forma eventual. Igual el origen de estos bienes precedentes, como les contaba aquí inicialmente era por delito de narcotráfico, después pasamos a delito graves y ahora son por delitos que tengan penas de cuatro años en prisión o más. Hay opciones de opciones muchas, unos países lo que hacen es poner listas de delitos específicos, otros hablan de delitos nada más, o sea, cualquier delito, y otros hablan de actividades ilícitas. En el caso de nuestra Ley, el legislador optó por cuatro años de prisión o más, el problema es que cuando tenemos a alguien con dineros, que aparentemente vienen de una actividad delictiva nosotros en Costa Rica, no podemos decir es que provienen de una actividad delictiva, tenemos que decir ¿de cuál?, de narcotráfico, del robo, del secuestro, etcétera. Y eso no es tan fácil, eso es algo que eventualmente también se podría valorar si se quisiera dar más posibilidad de demostrar casos de legitimación de capitales en nuestro país. Aquí les traigo rápidamente algunos ejemplos, en Guatemala igual se habla “de sabiendo”, como pueden ver ahí en el párrafo primero y en el párrafo dos en el b); pero hablan de la “comisión de un delito”, no hablan de un delito, que tenga tanta pena de prisión. En España en el artículo 301 del Código Penal también se habla de “sabiendo”, pero habla de un origen en una actividad delictiva, y por las resoluciones que hemos visto de España, ellos tienen como una interpretación mucho más amplia, para poder demostrar eso, claro, y ayuda en alguna forma, que sea una actividad delictiva, porque no tienen que decir ¿de cuál?, sino que de acuerdo a los indicios que tienen se determina, que es una actividad delictiva, porque no hay otra justificación. Y más bien lo que tiene si es un agravante, que está más abajo en el artículo “cuando provenga del narcotráfico”; pero ahí lo que hay que demostrar prácticamente es que este bien no tenga justificación lícita, que es diferente. Y por ciertas cositas alrededor, se dice que “es de origen en una actividad delictiva”. En Nicaragua, este es otro ejemplo, vean qué interesante ese inciso a), vean qué miedo, porque no habla de “las sabiendas”, es interesante es una posición muy diferente a las otras normas que hemos visto, que puede facilitar la demostración del delito. No estoy diciendo que esto es lo que tengamos que hacer acá, simplemente son ejemplos, para ilustrar cómo pueden haber otras posibilidades, para tratar de detectar casos de legitimación de capitales […].” (Acta de la sesión ordinaria N.° 16, de fecha martes 31 de octubre de 2016, de la Comisión Expte. 19.973, además, el Ministerio Público remitió insumos que coinciden en lo pertinente, en especial el oficio 39-FALC-2017, de fecha 17 de marzo de 2017).

Considerando y analizando esta propuesta, en los dos informes rendidos por las Diputadas y los Diputados miembros de la Comisión, se recomienda acoger lo indicado por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales.

Así, en el informe firmado por las Diputadas Patricia Mora Castellanos, Marcela Guerreo Campos, Carmen Quesada Santamaría y el Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós, se indica que:

“La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales resaltó, en su comparecencia ante la Comisión, que el tipo penal vigente del delito de legitimación de capitales está definido de tal forma que exige la demostración plena de que el sujeto conocía el origen delictivo de los bienes implicados en la legitimación. Así, la fiscalía debe demostrar el conocimiento por parte del sujeto, hecho de difícil comprobación, convirtiendo esto en un portillo para la impunidad.

Ante esta observación realizada por la fiscalía, el Diputado y las Diputadas solicitamos una recomendación para reformar dicho tipo penal. Ante esta solicitud, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, por medio de oficio 39-FALC-2017, firmado por el Sr. Álvaro Montoya Ramírez, Fiscal Adjunto de Legitimación de Capitales, recomienda una redacción del tipo penal del delito de legitimación de capitales que adicionaría la posibilidad de la configuración del delito ante el hecho de que el sujeto haya o no participado en las actividades delictivas en las que se originaron los bienes, y adicionando la posibilidad de que el sujeto si bien no conocía la el origen si tuviera el deber de presumir tal origen delictivo. De conformidad, las Diputadas y el Diputado firmantes recomendamos y nos comprometemos a la presentación de una iniciativa de Ley que reforme el vigente artículo 69 de la Ley N° 7786 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancia Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, incorpore la propuesta de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, con el fin de disminuir la impunidad por actividades delictivas relacionadas con el giro irregular de empresas offshore, además de los otros ilícitos particularmente graves ya previstos por el referido tipo penal.”

En atención a esta recomendación, las Diputadas y el Diputado firmantes del informe citado presentaron el proyecto 20.325 en marzo de 2017, el cuál fue asignado a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, pero fue archivado recientemente por vencimiento de su plazo cuatrienal.

Por su parte, el informe firmado por la Diputada Karla Prendas Matarrita, y los Diputados Ronny Monge Salas, Rafael Ortíz Fábrega y Juan Marín Quirós (q.e.p.d.), se indicó al respecto:

“En primera instancia se solicita criterio a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales para que se propongan una nueva redacción al tipo penal de la Legitimación de Capitales […]

Quienes firmamos este Informe de la Comisión Especial Investigadora Mossack Fonseca recomendamos acoger este texto [propuesto por la Fiscalía] como propuesta de ley y presentarlo a la corriente legislativa en los próximos días.”

Considerando lo anterior, y dado que el proyecto 20.325 fue archivado, pero su pertinencia y necesidad sigue estando completamente vigente, mediante la presente iniciativa se retoma la recomendación realizada por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, para reformar el artículo 69 de la Ley N.° 7786, de tal forma que dentro del tipo penal se incluya el dolo eventual, así como la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas o debiendo presumir que son producto de actividades ilícitas, además de ampliar los delitos precedentes

Es importante señalar que la reforma aquí propuesta fue analizada por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en Informe AL-DEST-IJU-294-2017, referido al proyecto 20.325, y que dicho Informe concluyó lo siguiente:

“La reforma propuesta en el numeral 69 se fundamenta principalmente en el deber de presunción de que los bienes provienen de una actividad delictiva para que se configure el delito, es decir, la acción de adquirir, convertir o transmitir bienes que provienen de una actividad ilícita.

De la lectura de la reforma planteada se podría pensar que se pretende tipificar un delito de sospecha, es decir, el dolo se presumiría por lo que la norma sería contraria a los principios de culpabilidad e inocencia, previstos en los ordinales 39 y 41 de nuestra Constitución Política; en el artículo 8,2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 11, apartado 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 14 apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, la estructura de la tipicidad presentada en el ordinal de marras no es subjetiva, porque no está fundamentada en una presunción de dolo sino que esta cimentada sobre la base del dolo; la conducta reprochable se encuentra claramente descrita en el tipo penal, al señalar como acción típica la de adquirir, convertir, transmitir, poseer o utilizar bienes -que de acuerdo con las circunstancias- deben presumirse provenientes de un delito.

El tipo penal sub examine describe una conducta dolosa, que las personas para encuadrar en el tipo deben realizar con conocimiento y voluntad de la ilicitud de sus actuaciones; de lo anterior se colige que se excluye la responsabilidad meramente objetiva o la responsabilidad por resultado, pues el sujeto activo debe saber que está negociando y/o tratando con bienes y objetos que de acuerdo con las circunstancias en las que entro en conocimiento y posesión de los mismos, debía presumir que provenían de actividades delictivas y a pesar de ello, decidió continuar y transar con ellos.

Sobre la legalidad y constitucionalidad de delitos que tipifican presunciones, la Sala Constitucional en su voto 0932-96 ha manifestado:

“En otras palabras, el tipo penal lo que hace es determinar los elementos de juicio que el juez debe tener en cuenta a la hora de valorar la prueba y apreciar la existencia del dolo, los cuales serán diferentes en cada caso en particular, resultando imposible una mayor especificidad en el texto del tipo…

Así, en el tipo en estudio, no es posible enumerar todas las formas posibles en que la receptación de cosas sospechosas puede llevarse a cabo, situación que se definirá por las circunstancias que rodearon el recibo del objeto proveniente del delito, por cuanto las posibilidades son ilimitadas, por lo que delimitar la conducta a sancionar con la expresión “que de acuerdo con las circunstancias debía presumirse provenientes de delito” no constituye en modo alguno imprecisión u obscuridad en la redacción, y en consecuencia no hay violación del artículo 39 de la Constitución Política, ni del principio de legalidad penal, por cuanto el tipo impugnado lo que hace es establecer un deber para el adquirente de bienes, en situaciones no comunes, analice las circunstancias en que se da la adquisición…

…la norma cuestionada no refuta tal principio jurídico, lo que hace es llamar la atención respecto de la sospecha que debe existir en cuanto a la posesión legítima del bien ofrecido, sospecha que se sustentará -conforme ya se dijo- de conformidad con las circunstancias especiales que rodean la receptación, en ningún momento viene a establecer una obligación genérica de dudar o sospechar de todas las transacciones o negocios, sino únicamente en aquellos casos en que por las especiales circunstancias deba suscitarse esa duda…”^[2]2

De lo anterior se colige que la reforma en estudio no infringe los principios de culpabilidad e inocencia en materia penal, ni ninguna norma de orden constitucional.”

La lucha contra la legitimación de capitales exige contundencia por parte de la Asamblea Legislativa. La legitimación de capitales es el resultado de otros delitos, como los relacionados con narcotráfico o corrupción, y no es más que la forma mediante la cual los delincuentes pueden aprovechar de forma impune las riquezas generadas por sus actividades delictivas. Por eso es urgente que la Asamblea Legislativa avance con la aprobación de reformas al marco legal que mejoren las herramientas de combate a este problema. Pues atacar el problema de la legitimación de capitales es atacar directamente esos delitos (corrupción, narcotráfico, trata de personas, corrupción, tráfico de armas, etc). Es por esa razón, que el Diputado y la Diputada que suscriben, someten al conocimiento de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley, solicitando su pronta aprobación definitiva por parte de las Diputadas y los Diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE

ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,

DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES

CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY

N.° 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS

REFORMAS, PARA DISMINUIR LA

IMPUNIDAD POR ACTIVIDADES

DELICTIVAS RELACIONADAS CON

EL GIRO IRREGULAR DE

EMPRESAS OFFSHORE

Y OTROS ILÍCITOS

GRAVES

ARTÍCULO ÚNICO-          Refórmese el artículo 69 de la Ley N.° 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas De Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto normativo dirá:

Artículo 69- Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años:

a)            Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo o debiendo presumir que estos proceden de una actividad delictiva, en la cual haya o no participado, o a quien realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a las personas que hayan participado en las actividades delictivas precedentes, a eludir las consecuencias legales de sus actos.

b)            Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas o debiendo presumir que proceden, directa o indirectamente, de una actividad delictiva.

c)             La misma pena se impondrá a quien adquiera, posea o utilice bienes, a sabiendas o debiendo presumir en el momento de su recepción, que son producto de una actividad delictiva.

La pena será de doce (12) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de interés económico se originen en actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, comercio ilegal de armas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, homicidios, secuestro extorsivo, delitos contra los deberes de la función pública, o conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas.”

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez- Estrada   Zoila Rosa Volio Pacheco

Diputado y diputada

NOTA:           Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566713 ).

LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS BANDAS

MUNICIPALES Y COMUNALES

                                                                              Expediente N° 22.555

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La banda de música es una agrupación artístico-musical cuyos integrantes interpretan instrumentos de viento (de metal y madera) y de percusión.  Estos conjuntos hacen parte de la sociedad, la integran y la reúnen a su alrededor.  Son símbolo de su identidad y la representan en otras regiones de nuestro país.

Estas agrupaciones están conformadas por instrumentos musicales pertenecientes a las familias de los vientos (maderas y metales) y percusión:

-               Maderas:  flautas, oboes, clarinetes, saxofones y fagotes.

-               Metales:  trompetas, bugles, cornos, trombones, fiscornos, bombardinos y tubas.

-               Percusión:  se dividen en: básicos: platillos, redoblante y bombo.

-               Percusión sinfónica: timbales, marimba, xilófono, campanas tubulares, platillo suspendido, piano, cajas chinas, etc.

Las bandas representan un proyecto artístico y educativo que ofrece oportunidades de formación, creación e interpretación musical a las nuevas generaciones.  En estas agrupaciones se congregan los habitantes de las localidades, así como las familias de cada uno de sus integrantes, posibilitando el fortalecimiento del tejido social.  La actividad de la banda permite, entre otros, alcanzar los siguientes objetivos:

EN LO MUSICAL Y EDUCATIVO

-               Reconocimiento de parte de los integrantes de sus propias potencialidades musicales y expresivas, así como construcción de vínculos que les permitan tener confianza en sí mismos, en los otros y por parte de los demás hacia ellos.

-               Desarrollo cognitivo de niños y jóvenes a través de la música, lo cual se ve reflejado en mayor rendimiento escolar y, por ende, menor deserción del sistema educativo.

-               Valoración de la dimensión artística de la educación a través de la articulación entre las áreas educativa (colegios, escuelas) y cultural (casas de cultura) en instituciones departamentales y municipales.

EN LO SOCIAL Y CULTURAL

-               Reafirmación de proyectos comunes a través del trabajo conjunto y creación de espacios de convivencia que contribuyen al mutuo respeto, permitiendo la regulación de los conflictos por vías no violentas.

-               Promoción de nuevos planes de vida individuales y colectivos mediante la generación de alternativas que permiten enfrentar fenómenos de violencia y drogadicción.

-               Reconocimiento, valoración y apropiación de la música tanto costarricense como universal de parte de las comunidades.  La banda es una agrupación instrumental cuya versatilidad permite la interpretación y el disfrute de músicas de los más variados estilos y diversas procedencias.

-               Impulso de la participación comunitaria en torno a proyectos e intereses comunes.

-               Educación de las comunidades en la apreciación de lo artístico.

Costa Rica cuenta con gran cantidad de bandas municipales y comunales.  Nuestro país ha sido representado en diversos escenarios, siendo uno de los más relevantes de estos, el Desfile de las Rosas (Pasadena, California, Estados Unidos).

Por medio del espectáculo ‘Somos Costa Rica’, con el que la banda quiso compartir nuestra esencia con el público, pero especialmente con los hermanos costarricenses, así como con los radicados en Estados Unidos, este espectáculo nos puso en la vitrina del mundo y entreabrió un vistazo a nuestra música, nuestras tradiciones y el orgullo de ser costarricenses.

A continuación, se detallan los nombres de algunas bandas municipales y comunales, datos de su fundación, los nombres de sus directores y subdirectores, así como los principales obstáculos a los que se enfrentan para poder realizar su obra:

1-            Banda Municipal de Zarcero:  se fundó el 8 de marzo del año 2008; cuenta con 150 integrantes, el director general Elesvan Gerardo Rodríguez, el subdirector Luis Miguel Araya Rodríguez y el director de percusión Jeudy Morera.  Este proyecto logra salir adelante por algunos instrumentos prestados por la Municipalidad y la formación musical y toda la operación de la banda sale de cuotas de padres, actividades para recaudar recursos.

2-            Banda Comunal de Turrialba Instituto de Educación Turrialbeño:  fue fundada en el año 2017; cuenta con 80 integrantes, el director es Alejandro Cordero Solórzano y el subdirector Esteban Campos.  Se sostiene por una pequeña ayuda por parte del colegio Dr. Clodomiro Picado.  El proyecto, en esencia, es de la institución como proyección para la comunidad, por esfuerzo grupal de los integrantes de la misma banda, el año anterior tuvieron una donación instrumental por parte de la embajada americana gracias al alcalde de la Municipalidad, don Luis Fernando León.

3-            Banda Municipal de Acosta:  la banda data del año 1930, pero como banda de marcha desde año 2008; cuenta con 210 integrantes, su director general es el señor José Manuel Mora Corales y el subdirector Julio César López Zeledón, se logra mantener por medio de cuotas mensuales de los integrantes y patrocinios.

4-            Banda Municipal de Alajuela:  su fundación se originó en abril del año 2013; cuenta con 60 integrantes, su director general es Jesús Campos Luna y se mantiene por un pequeño presupuesto municipal.

5-            Banda Juvenil de Palmares:  su fundación se da en el año 199; su director es José Gerardo Pineda Vargas y el subdirector Josué Pinea Arias, consta de aproximadamente 100 integrantes, se mantiene por medio de rifas y actividades.

6-            Banda Municipal de Naranjo:  su fundación se origina en el año 2004; su director general es Jesús Cruz Rojas, actualmente se encuentran en trámites con la Municipalidad para ver si logran mejorar el sistema económico.

7-            Banda Comunal de Orotina:  cuenta con una asociación legal llamada banda comunal de Orotina.  Su fundación se originó en el año 1990; se inició como banda estudiantil de escuela primaria, pero se convirtió en institución comunal con el fin de aprovechar estudiantes de todas las edades y toda la comunidad.  Su director es Luis Carlos Madrigal Vega y la banda logra sostenerse por contribuciones de los padres de familia, para sufragar gastos y actividades.

8-            Banda Valle la Estrella:  se fundó en el 2009; consta de 120 integrantes, director Deiby Campos, logra sostenerse por medio de un comité de padres y patrocinio privado.

9-            Banda Cedes Don Bosco:  fundada en 1965; cuenta con 130 integrantes, su director es Luis Fernando Solano Gamboa, se sostiene por medio del aporte de la junta de padres de familia.

10-          Banda Municipal de Pococí:  se fundó en 1986; consta de 100 integrantes, su director es Johny Acevedo y se logra mantener por medio de patrocinios y actividades.

Tal y como se observa, las bandas municipales y comunales se enfrentan diariamente a la casi nula asignación de recursos para su funcionamiento; por ello, la presente iniciativa pretende reformar el Código Municipal adicionando como una más de las obligaciones de las municipalidades el donar los recursos necesarios a las bandas municipales y comunales de sus propios municipios, o bien, de otros municipios que así lo requieran y que cuenten con personería jurídica vigente y debidamente inscritas ante el Registro Nacional, es por ello que considerando la importancia que tienen las bandas municipales y comunales en el nivel educativo, cultural y social, tal y como se señaló en párrafos anteriores, se autoriza además a las municipalidades por medio de esta ley para presupuestar en sus respectivos planes operativos las acciones necesarias para poder cumplir con la obligación creada; asimismo, se dispone que podrán financiarse mediante las donaciones de bienes o recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como de las instituciones y organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas y del presupuesto para obras especificas designado en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; además, se pretende exonerar del pago de todo tipo de tributos la importación de instrumentos musicales, sus partes y accesorios, excepto aquellos que se produzcan en el país en condiciones similares.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de las señoras y señores diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EL PATROCINIO DE LAS BANDAS MUNICIPALES Y COMUNALES

ARTÍCULO 1-    Refórmense los artículos 4 y 71 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 18 de mayo de 1998, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.  Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

a)            Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

b)            Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

c)             Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control.

d)            Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.

e)             Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.

f)             Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

g)             Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.

h)            Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población.

i)              Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.

j)             Donar los recursos necesarios a las bandas municipales y comunales de sus propios municipios o de otros municipios que así lo requieran y que cuenten con personería jurídica vigente y debidamente inscrita ante el Registro Nacional.

Artículo 71- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines.

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial.  Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien se requerirá la autorización legislativa previa.

Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales.

A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio.  También, podrán subvencionar bandas municipales y comunales, centros de educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar.  Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.

ARTÍCULO 2- Autorizaciones y patrimonio.  Se autoriza a todas las municipalidades del país a incluir, en sus respectivos planes anuales operativos, las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les sean definidas por esta ley y demás leyes específicas en la materia.  Además de las fuentes de financiamiento indicadas en esta ley, las municipalidades podrán contar con los siguientes recursos adicionales:

a)            Las donaciones de bienes o recursos provenientes de las instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, así como de instituciones y organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas.

b)            Las partidas que anualmente podrán asignar las instituciones indicadas en esta ley, en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

ARTÍCULO 3- Exonérese del pago de todo tipo de tributos, la importación de instrumentos musicales, sus partes y accesorios, excepto aquellos que se produzcan en el país en condiciones similares.  El Ministerio de Hacienda tramitará las respectivas solicitudes de exoneración.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano

Diputado

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566911 ).

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y NOMBRES

DE TÍTULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL,

LEY N° 7794, Y SUS REFORMAS

Expediente N° 22.558

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley Nº 7794 de la República de Costa Rica, más conocida como Código Municipal, es la ley costarricense que rige sobre la estructura, funcionamiento, características, organización y alcance del régimen municipal del país. Este Código encuentra cabida legal en la Constitución Política de 1949 la que establece la figura del gobierno municipal en su artículo 170 asignándole los servicios locales e intereses de los vecinos.

Cabe destacar que el primer Código Municipal se emite en 1970 sufriendo gran cantidad de reformas y enmiendas a lo largo de los años siendo la de 1998 la más significativa, donde se cambia la figura del ejecutivo o ejecutiva municipal nombrado por las regidurías municipales, por la figura de la persona titular de la alcaldía, elegida por voto popular mediante el voto directo, universal y secreto.

El Código Municipal regla qué es una municipalidad y delimita las funciones que tiene a su cargo mediante su personería jurídica, establece además las relaciones entre los diversos cuerpos que conforman el gobierno municipal, particularmente la alcaldía y el concejo municipal. Reglamenta también las relaciones entre los municipios y el gobierno central y aclara el principio de la autonomía municipal ya consagrado en la Constitución.

A pesar de esto y las múltiples reformas realizadas, el Código Municipal actualmente no se encuentra en lenguaje neutro, excluyendo mediante su redacción a las mujeres, personas no binarias, personas trans y queer en los espacios políticos, los que han ocupado y ocupan puestos administrativos y de elección popular en las 82 municipalidades del país.

Según datos brindados por el Tribunal Supremo de Elecciones en su informe “Elecciones Municipales en cifras 2002-2020”, las mujeres ocuparon en el periodo 2016-2020 el 43,43% de las regidurías propietarias a nivel nacional, de igual manera los datos muestran que:

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La información muestra que las mujeres en la política y el espacio municipal son constantes, es por esto que es necesario que la legislación existente se adecue, esto con el fin de visibilizar mediante el lenguaje su labor y el espacio que ocupan en los municipios.

Es por esto, que es necesario una comunicación inclusiva en cuanto al género, con el fin de dar un uso inclusivo dentro de la norma y así eliminar las asociaciones peyorativas que han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos.

Esto aunado a que la mujer posee un papel clave en la toma de decisiones políticas en Costa Rica, esto se muestra mediante el incrementado de la mujer en la política durante la última década: en donde fue electa la primera mujer en la Presidencia de la República en 2010; por su parte, los puestos legislativos pasaron de un 14% ocupados por mujeres en 1996 a 46,6 % en el año 2018.

Por otra parte, en el 2009 se aprueba el nuevo Código Electoral que establece el principio de paridad de género y el mecanismo de alternancia, respecto de la igualdad en la representación política de mujeres y hombres.

Paulatinamente, el TSE ha incorporado la llamada “paridad horizontal”, aunque con diferentes alcances según la naturaleza de los cargos por elegir. Los partidos políticos deben garantizar los mecanismos necesarios para lograrlo y dedicar un porcentaje de sus recursos a la capacitación de las mujeres.^[3]

Por último, el lenguaje es una de las formas más importantes para expresar las ideas y el pensamiento humano. A través de él aprendemos a vivir en sociedad, les damos nombre a las cosas, a los sentimientos, nos comunicamos con las personas, explicamos todo lo que nos rodea, lo que percibimos y pensamos. El lenguaje es parte de nuestra identidad humana.

Si algo no se nombra, no existe; si solo hablamos en género masculino, negamos la existencia de las mujeres, al igual de las personas trans, no binarias y queers; si no se mencionan se están ignorando sus aportes en cualquier ámbito social, por ejemplo, en la historia, en el deporte, en la política, y les estamos negando la posibilidad de tener protagonismo y desarrollarse como personas.

El lenguaje neutral en cuanto al género es un término genérico que engloba el uso del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo o el lenguaje equitativo en cuanto al género. La finalidad del lenguaje neutral en cuanto al género es evitar opciones léxicas que pueden interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos o género social es la norma. La utilización de un lenguaje equitativo en cuanto al género e inclusivo también ayuda a reducir los estereotipos de género, favorece los cambios sociales y contribuye a lograr la igualdad de género. (Parlamento Europeo, 2018).

Es por esto, que la iniciativa que aquí se contempla busca eliminar lo que actualmente sucede en muchas de las leyes, textos y el lenguaje cotidiano en general, en donde aparece la palabra en masculino para referirse a todas las personas, incluyendo mujeres.

Lo que no se nombre, no existe, por esta razón, nos permitimos someter a la consideración de los señores y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y NOMBRES

DE TÍTULOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL,

LEY N° 7794, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmense los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 44, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 88, 104, 106, 108, 113, 114, 118, 119, 122, 127, 128, 136, 144, 148, 149, 153, 154, 162, 167, 169, 176 y el nombre de los capítulos II, III y el VIII del Código Municipal, y sus reformas.

Artículo12- El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado concejo e integrado por las regidurías que determine la ley, además, por la persona titular de la alcaldía y su respectiva suplencia, electas mediante elección popular.

Artículo 13- Son atribuciones del concejo:

a)       Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la persona que ocupe la alcaldía para el período constitucional correspondiente y mediante la participación de las personas de la comunidad.

(…)

e)       Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia de la persona que ocupe la alcaldía, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, N.º 7494, de 2 de mayo de 1995, y su reglamento.

(…)

o)       Comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones las faltas que justifiquen la remoción automática en el cargo de la regiduría o persona titular de la alcaldía.

(…)

q)       Constituir, por iniciativa de la persona titular de la alcaldía, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía mixta.

(…).

Capítulo II

Titular de la Alcaldía

Artículo 14- Denomínese titular de la alcaldía a la persona ejecutiva indicada en el artículo 169 de la Constitución Política.

Existirán dos vicealcaldías municipales: la vicealcaldía primera y la vicealcaldía segunda. En la vicealcaldía primera se realizarán las funciones administrativas y operativas que la titularidad de la alcaldía le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, a la persona titular de la alcaldía municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

En los casos en que la persona que ocupe el puesto de la vicealcaldía primera no pueda sustituir a la persona titular de la alcaldía municipal en sus ausencias temporales y definitivas, quien ocupe el puesto de la vicealcaldía segunda sustituirá a la persona titular de la alcaldía municipal, de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

En los concejos municipales de distrito, la persona funcionaria ejecutiva indicada en el artículo 7 de la Ley N° 8173, es quien ocupe el cargo de la intendencia distrital quien tendrá las mismas facultades que la persona titular de la alcaldía municipal. Además, existirá una persona viceintendente distrital, quien realizará las funciones administrativas y operativas que le asigne quien tenga el cargo de la intendencia titular; también sustituirá, de pleno derecho, a la persona intendente distrital en sus ausencias temporales y definitivas, con sus mismas responsabilidades y competencias durante el plazo de la sustitución.

(…).

Artículo 15- Para ser la persona titular de la alcaldía, se requiere:

(…).

Artículo 16- No podrán ser personas candidatas a la alcaldía municipal:

a)       Quienes estén inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos.

b)       Las personas funcionarias o empleadas a las que, según el artículo 88 del Código Electoral, se les prohíba participar en actividades político- electorales, salvo emitir el voto. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos.

Artículo 18- Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de titular de la alcaldía municipal:

(…)

c)       La declaratoria, por sentencia judicial firme, de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

(…)

e)       Cometer cualquier acción sancionada por la ley con la pérdida del cargo para personas funcionarias de elección popular.

(…).

Artículo19- Por moción presentada ante el concejo, que deberá ser firmada al menos por la tercera parte del total de las personas regidoras y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de las personas regidoras integrantes, se convocará a las personas electoras del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no a la persona titular de la alcaldía municipal. Tal decisión no podrá ser vetada.

Los votos necesarios para destituir al titular de la alcaldía municipal deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de las personas electoras inscritas en el cantón.

El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo.

Si el resultado de la consulta fuera la destitución de la persona funcionaria, el Tribunal Supremo de Elecciones repondrá a la persona titular de la alcaldía, según el artículo 14 de este Código, por el resto del período.

Si ambas vicealcaldías municipales son destituidas o renuncian, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se realiza la elección, quien ocupe la presidencia del concejo asumirá, como recargo, el puesto de la alcaldía municipal, con todas las atribuciones que le otorga este Código.

Artículo 20- La persona titular de la alcaldía es funcionaria de tiempo completo y su salario se ajustará, de acuerdo con el presupuesto ordinario municipal, a la siguiente tabla:

(…)

Anualmente, el salario del titular de la alcaldía podrá aumentarse hasta en un diez por ciento (10%) cuando se presenten las mismas condiciones establecidas para el aumento de las dietas de las regidurías y sindicaturas municipales, señaladas en el artículo 30 de este Código.

No obstante lo anterior, la persona titular de la alcaldía no devengará menos del salario máximo pagado por la municipalidad más un diez por ciento (10%).

Además, la persona titular de la alcaldía devengará, por concepto de dedicación exclusiva, calculado de acuerdo con su salario base, un treinta y cinco por ciento (35%) cuando sean bachilleres universitarios y un cincuenta y cinco por ciento (55%) cuando tengan una licenciatura o posean cualquier grado académico superior al señalado. En los casos en que la persona titular de la alcaldía disfrute de pensión o jubilación, si no suspendiera tal beneficio, podrá solicitar el pago de un importe del cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad de la pensión o jubilación, por concepto de gastos de representación.

La primer vicealcaldía municipal también será funcionaria de tiempo completo y su salario base será equivalente a un ochenta por ciento (80%) del salario base del titular de la alcaldía. En cuanto a la prohibición por el no ejercicio profesional y jubilación, se le aplicarán las mismas reglas que a la persona titular de la alcaldía, definidas en el párrafo anterior.

Ninguna de las personas funcionarias reguladas en este artículo podrá exceder el límite a las remuneraciones totales que establece la Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.

CAPÍTULO III

Regidurías municipales

Artículo 21- En cada municipalidad, el número de regidurías, propietarias y suplentes se regirá por las siguientes reglas:

a)       Cantones con menos del uno por ciento (1%) de la población total del país, cinco regidurías.

b)       Cantones con un uno por ciento (1%) pero menos del dos por ciento (2%) de la población total del país, siete regidurías.

c)       Cantones con un dos por ciento (2%) pero menos del cuatro por ciento (4%) de la población total del país, nueve regidurías.

d)       Cantones con un cuatro por ciento (4%) pero menos de un ocho por ciento (8%) de la población total del país, once regidurías.

e)       Cantones con un ocho por ciento (8%) o más de la población total del país, trece regidurías.

(…).

Artículo 23- No podrán ser ni optar por una regiduría:

a)       Las personas funcionarias o empleadas a quienes, según el artículo 88 del Código Electoral, les esté prohibido participar en actividades político- electorales, salvo emitir su voto. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hubieran desempeñado tales cargos.

b)       Quienes se encuentren inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos.

c)       Las personas afectadas por prohibiciones de acuerdo con otras leyes.

Artículo 24- Serán causas de pérdida de la credencial de la regiduría:

(…)

Artículo 25- Corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones:

a)       Declarar la invalidez de nominaciones de personas candidatas a la titularidad de la alcaldía municipal y regidurías, con las causas previstas en este Código.

b)       Cancelar o declarar la nulidad de las credenciales conferidas a la persona titular de la alcaldía municipal y de las regidurías por los motivos contemplados en este Código o en otras leyes; además, reponer a las titularidades de las alcaldías, según el artículo 14 de este Código; asimismo, convocar a elecciones conforme el artículo 19 de este Código.

c)       Reponer a las regidurías propietarias cesantes en el cargo, designando a las suplencias del mismo partido político, de acuerdo con el orden de elección.

d)       Completar el número de regidurías suplentes, escogiendo entre las candidaturas que no resulten electas, a quien habría seguido según las reglas que determinaron la elección.

Artículo 26- Serán deberes de las regidurías:

(…).

Artículo 27- Serán facultades de las regidurías:

a)       Solicitarle a la presidencia municipal la palabra para emitir el criterio sobre los asuntos en discusión.

(…)

d)       Apelar ante el concejo las resoluciones de la presidencia municipal.

e)       Llamar al orden a la presidencia municipal, cada vez que, en el desempeño de su cargo, se separe de las disposiciones de este Código o los reglamentos internos de la municipalidad.

f)        Solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando sea solicitud de al menos la tercera parte de las regidurías propietarias.

(…).

Artículo 28- Las regidurías suplentes estarán sometidas, en lo conducente, a las mismas disposiciones de este título para las regidurías propietarias. Sustituirán a las propietarias de su partido político, en los casos de ausencias temporales u ocasionales.

Las suplencias deberán asistir a todas las sesiones del concejo y tendrán derecho a voz. Para las sustituciones serán llamadas de entre las personas presentes, por la presidencia municipal, según el orden de elección. En tal caso, tendrán derecho a voto.

Artículo 29- Las regidurías y sindicaturas tomarán posesión de sus cargos el primer día del tercer mes posterior a la elección correspondiente. A las doce horas deberán concurrir las personas propietarias y las suplencias al recinto de sesiones de la municipalidad o al lugar que haya sido definido conforme al artículo 37 de esta ley, quienes se juramentarán ante el directorio provisional, luego de que este se haya juramentado ante ellos. El directorio provisional estará formado por las personas regidoras presentes de mayor edad que hayan resultado elegidas. La persona mayor ejercerá la presidencia y quien le siga la vicepresidencia. El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales respectivas, indicará, de acuerdo con este artículo, cuáles regidurías deberán ocupar los cargos mencionados.

Corresponderá al directorio provisional comprobar la primera asistencia de las regidurías y sindicaturas, con base en la nómina que deberá remitir el Tribunal Supremo de Elecciones.

Realizada la juramentación, las regidurías propietarias elegirán en votación secreta, a la presidencia y la vicepresidencia definitiva, escogidas de entre las regidurías propietarias. Para elegirles se requerirá la mayoría relativa de los votos presentes. De existir empate, la suerte decidirá.

Artículo 30- Los montos de las dietas de las regidurías propietarias se calcularán por cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se pagarán. De acuerdo con el presupuesto ordinario municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla:

(…)

Los viáticos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación para regidurías y sindicaturas, propietarias y suplentes, cuando residan lejos de la sede municipal, se pagarán con base en la tabla de la Contraloría General de la República.

Las dietas de regidurías y sindicaturas municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado.

No podrá pagarse más de una dieta por regiduría, por cada sesión remunerable.

Las regidurías propietarias perderán las dietas cuando no se presenten dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a la hora fijada para comenzar la sesión o cuando se retiren antes de finalizar la sesión.

Las regidurías suplentes devengarán la dieta cuando sustituyan a las propietarias en una sesión remunerable, siempre que la sustitución comience antes o inmediatamente después de los quince minutos de gracia contemplados en el párrafo anterior y se extienda hasta el final de la sesión. Sin embargo, cuando las regidurías suplentes no sustituyan a las propietarias en una sesión remunerable, pero estén presentes durante toda la sesión, devengarán el cincuenta por ciento (50%) de la dieta correspondiente a la regiduría propietaria, conforme a este artículo.

Las sindicaturas propietarias devengarán por cada sesión remunerable a la que asistan, el cincuenta por ciento (50%) de la dieta que devenguen las regidurías propietarias. Las sindicaturas suplentes devengarán la misma dieta cuando sustituyan a una sindicatura propietaria, con base en el artículo anterior. Cuando no estén sustituyendo a una propietaria y se encuentren presentes durante toda la sesión, devengarán un veinticinco por ciento (25%) de la dieta de una regiduría propietaria.

(…).

Artículo 31- Prohíbese a la persona titular de la alcaldía y a las regidurías:

(…)

c)       Intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan la titularidad de la alcaldía, los regidores o el concejo mismo. De esta prohibición se exceptúan las comisiones especiales que desempeñen.

(…)

Si la persona titular de la alcaldía o la regiduría no se excusaran de participar en la discusión y votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el inciso a) de este artículo, cualquier persona interesada podrá recusarle, de palabra o por escrito, para que se inhiba de intervenir en la discusión y votación del asunto. Oída la persona titular de la alcaldía o regiduría recusada, el concejo decidirá si la recusación procede. Cuando lo considere necesario, el concejo podrá diferir el conocimiento del asunto que motiva la recusación, mientras recaban más datos para resolver.

Artículo 32- El Concejo podrá establecer licencia sin goce de dietas a las regidurías, las sindicaturas y a la persona titular de la alcaldía únicamente por los motivos y términos siguientes:

(…)

Cuando se ausenten para representar a la municipalidad respectiva, tanto la persona titular de la alcaldía, las regidurías y sindicaturas se les otorgará licencia con goce de salario o dieta, según el caso.

Artículo 33- La persona que ocupe la presidencia del concejo durará en su cargo dos años y podrá ser reelecta. En sus ausencias temporales será sustituida por la vicepresidencia, designada de igual manera, por el mismo período que la presidencia.

Las ausencias temporales de quien ocupe la presidencia y la vicepresidencia serán suplidas por la regiduría presente de mayor edad.

Artículo 34- Corresponde a la presidencia del concejo:

(…)

f)        Firmar, junto con la persona que ocupe la secretaría, las actas de las sesiones.

(…).

Artículo 38-

(…)

La regiduría suplente que sustituya a una propietaria tendrá derecho a permanecer como miembro del concejo toda la sesión, si la sustitución hubiera comenzado después de los quince minutos referidos en el primer párrafo o si, aunque hubiera comenzado con anterioridad, la persona propietaria no se hubiera presentado dentro de esos quince minutos.

Artículo 44- Los acuerdos del concejo originados por iniciativa de la alcaldía municipal o las regidurías, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por las personas proponentes.

(…).

Artículo 46- La secretaría del concejo formará un expediente para cada proyecto; a él se agregarán el dictamen de comisión y las mociones que se presenten durante el debate; además, se transcribirán los acuerdos tomados y al pie firmarán la presidencia y secretaría municipal.

Artículo 48- Las actas del concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria.

Antes de la aprobación del acta, cualquier regiduría podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo.

Artículo 49- En la sesión del concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, la presidencia nombrará a las personas integrantes de las comisiones permanentes, cuya conformación podrá variarse anualmente.

(…)

Podrán existir las comisiones especiales que decida crear el concejo; la presidencia municipal se encargará de integrarlas.

Cada comisión especial estará integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser escogidos de entre las regidurías propietarias y suplentes. Podrán integrarlas las sindicaturas propietarias y suplentes; quienes tendrán voz y voto.

Artículo 53- Cada concejo municipal contará con una secretaría, cuyo nombramiento será competencia del concejo municipal. La persona secretaria únicamente podrá ser suspendida o destituida de su cargo, si existiere justa causa. Serán deberes de la secretaría:

(…).

CAPÍTULO VIII

Concejos de Distrito y Sindicaturas

Artículo 55- Los concejos de distrito estarán integrados por cinco miembros propietarios; uno de ellos será la sindicatura propietaria referida en el artículo 172 de la Constitución Política y cinco personas suplentes de las cuales una será la sindicatura suplente establecida en el referido artículo constitucional. Las personas suplentes sustituirán a las propietarias de su mismo partido político, en los casos de ausencia temporal u ocasional y serán llamadas para el efecto por el presidente del concejo, entre las personas presentes y según el orden de elección. Los miembros del concejo de distrito serán elegidos popularmente por cuatro años, en forma simultánea con la elección de las alcaldías municipales, según lo dispuesto en el artículo 14 de este Código, y por el mismo procedimiento de elección de las diputaciones y regidurías municipales establecido en el Código Electoral. Desempeñarán sus cargos gratuitamente.

Artículo 57- Los concejos de distrito tendrán las siguientes funciones:

(...)

j)        Reunirse, como mínimo una vez cada seis meses, con la persona titular de la alcaldía, para planificar el trabajo semestral en relación con los proyectos, las proyecciones, la construcción de los objetivos y las metas para el debido progreso en cada distrito, a fin de que sean incluidos en el presupuesto anual de la municipalidad.

Artículo 58- En lo conducente, serán aplicables a las sindicaturas las disposiciones de este título respecto de requisitos, impedimentos, prohibiciones, reposición, juramentación y toma de posesión del cargo de las regidurías.

Artículo 88-

(…)

Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar la persona licenciataria por escrito y señalar un medio para recibir notificaciones futuras. La persona licenciataria podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, la persona interesada deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.

(…).

Artículo 104- La persona titular de la alcaldía municipal deberá presentar al concejo, a más tardar el 30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario.

Los proyectos de presupuestos extraordinarios o de modificaciones externas, deberá presentarlos con tres días de antelación al Concejo para ser aprobados.

Artículo 106- El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año y los extraordinarios, dentro de los quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables.

A todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas deberá estar transcrito íntegramente el respectivo presupuesto, estarán firmadas por la persona secretaria y refrendadas por la persona titular de la alcaldía; además, deberá incluirse el Plan operativo anual, el Plan de desarrollo municipal y la certificación de la persona tesorera municipal referente al respaldo presupuestario correspondiente.

Artículo 108- Una vez aprobado el presupuesto por la Contraloría General de la República, el original se enviará a la secretaría municipal, donde quedará en custodia, y se remitirá copia a la persona titular de la alcaldía, a la persona encargada de la contaduría o auditoría interna, a cada una de las personas de las regidurías propietarias, así como a los demás despachos que acuerde el concejo o indique el reglamento.

Artículo 113- Diariamente, la persona titular de la alcaldía municipal remitirá a la persona encargada de la contaduría o auditoría municipal las nóminas de pago que extienda, en las cuales deberá incluirse, como mínimo, el número de orden, el monto, la persona destinataria y la subpartida contra la cual se hará el cargo.

(…).

Artículo 114- Con el informe de ejecución del presupuesto ordinario y extraordinario al 31 de diciembre, la persona titular de la alcaldía presentará, al concejo, la liquidación presupuestaria correspondiente para su discusión y aprobación. Una vez aprobada, esta deberá remitirse a la Contraloría General de la República para su fiscalización, a más tardar el 15 de febrero.

Artículo118- Los pagos municipales serán ordenados por la persona titular de la alcaldía municipal y la persona funcionaria responsable del área financiera, y se efectuarán por medio de cheque expedido por la persona encargada de la contaduría, con la firma de la persona tesorera y, al menos, la de otra persona funcionaria autorizada. En la documentación de respaldo se acreditará el nombre de la persona funcionaria que ordenó el pago.

(…)

Los concejos podrán autorizar el funcionamiento de cajas chicas que se regularán por el reglamento que emitan para el efecto; estarán al cuidado de la tesorería y por medio de ellas podrán adquirirse bienes y servicios, así como pagar viáticos y gastos de viaje. Los montos mensuales serán fijados por cada concejo y todo egreso deberá ser autorizado por la persona titular de la alcaldía municipal.

Artículo 119- La tesorería municipal no realizará pago alguno sin orden del órgano municipal competente que lo autorice, so pena de incurrir en causal de despido y las demás responsabilidades que procedan.

Artículo 122- Las personas responsables del área financiero-contable deberán rendir a la persona titular de la alcaldía municipal los informes que les solicite, relacionados con las funciones atinentes a ellos. Estos serán remitidos al concejo para su discusión y análisis.

Artículo 127-

(…)

Por su parte, son personas funcionarias de confianza las contratadas a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo a la persona titular de la alcaldía municipal, la presidencia y la vicepresidencia municipales y a las fracciones políticas que conforman el concejo municipal.

Artículo 128- Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se requiere:

(…)

d)       Prestar juramento ante la persona titular de la alcaldía municipal, como lo estatuye el artículo 194 de la Constitución Política de la República.

(…).

Artículo 136- No podrán ser personas empleadas municipales quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguna persona de las concejalías, la persona titular de la alcaldía municipal, la persona auditora, las direcciones o jefaturas de personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal ni, en general, de las personas encargadas de escoger candidaturas para los puestos municipales.

(…)

Artículo 144- Las personas trabajadoras municipales comprendidas en la presente ley tendrán anualmente una evaluación y calificación de sus servicios. Para tal fin, la oficina de recursos humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuera necesario, previa consulta a la persona titular de la alcaldía municipal, a quien le corresponderá elaborarlos donde no exista esta oficina.

Artículo 148- Cuando la persona trabajadora no haya completado un año de prestar servicios en el momento de la evaluación, se observarán las siguientes reglas:

(…)

b)       Si la persona servidora ha estado menos de un año, pero más de seis meses a las órdenes de una misma jefatura, a esta le corresponderá evaluarlo.

c)       Si la persona servidora ha estado a las órdenes de varias jefaturas durante el año, pero con ninguna por más de seis meses, lo evaluará y calificará la última jefatura con quien trabajó tres meses o más.

Artículo 149- El desacuerdo entre la jefatura inmediata y la persona subalterna respecto al resultado de la evaluación y calificación de servicios será resuelto por la persona titular de la alcaldía municipal, previa audiencia a todas las partes interesadas.

Artículo 153- La persona titular de la alcaldía municipal concederá permiso con goce de salario en los siguientes casos:

(…).

Artículo 154- La persona titular de la alcaldía municipal podrá conceder permisos sin goce de salario hasta por seis meses, prorrogables por una sola vez por un plazo igual, previa consulta de la persona solicitante y la verificación de que no se perjudicará el funcionamiento municipal.

(…).

Artículo 162- En la forma prevista en el código, las concejalías podrán solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados por el concejo, y la persona titular de la alcaldía municipal podrá interponer veto. Por parte de las personas interesadas, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes.

Artículo 167- La persona titular de la alcaldía municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después de aprobado definitivamente el acuerdo.

La persona titular de la alcaldía municipal en el memorial que presentará indicará las razones que lo fundamentan y las normas o principios jurídicos violados. La interposición del veto suspenderá la ejecución del acuerdo.

(…).

Artículo 169- No estarán sujetos al veto los siguientes acuerdos:

(…)

b)       Aquellos en que la persona titular de la alcaldía municipal tenga interés personal, directo o indirecto.

(…).

Artículo 176- Las concejalías, la alcaldía, las alcaldías suplentes, la tesorería, la persona auditora y contadora, sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive están inhibidos para integrar estos comités, los cuales funcionarán según el reglamento que promulgue la municipalidad.

Rige a partir de su publicación.

Luis Ramón Carranza Cascante                      Welmer Ramos González

Diputados

NOTA:        Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566908 ).

PROYECTO DE ACUERDO

DECLARATORIA DE ALEJANDRO MORERA SOTO

COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA

EXPEDIENTE N° 22.565

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de acuerdo legislativo tiene el propósito de declarar Benemérito de la Patria al insigne ciudadano, diputado, gobernador, y alcalde de la provincia de Alajuela y uno de los mejores del fútbol y a nivel nacional y mundial, al querido mago del balón, ALEJANDRO AUGUSTO FRANCISCO MORERA SOTO, merecido honor que puede concederle la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión de Honores, con fundamento en la disposición contenida en el inciso 16) del artículo 121 de la Constitución Política, así como en los artículos 85, 87, 195 y 196 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y considerando que ALEJANDRO MORERA SOTO fue un destacado, político y deportista costarricense, cuya eminente trayectoria profesional le permitió una distinguida participación en acciones, hechos y vicisitudes que marcaron su vida como político democrático y deportista de Costa Rica, en las disciplinas de gimnasia, en las que su especialidad era el básquetbol, natación y las carreras de resistencia, mismas que practicaba con gran dedicación, y por supuesto el fútbol, en donde no tenía, ni preparador físico, ni psicólogo, ni motivadores ,menos nutricionistas, ,pero lo que si tenía eran muchas agallas y de sobra Alejandro Morera Soto, nació en la ciudad de Alajuela, el día 14 de julio de 1909, y fallece en su provincia querida el 26 de marzo de 1995 a sus 85 años

A tan solo 16 años de edad, en 1925 hace su debut con Liga Deportiva Alajuelense en la Primera División contra Gimnastica Española y pronto se convertiría en el capitán y en la estrella del equipo, mostrando un juego extraordinario y llegando a ser el goleador del campeonato. Esas cualidades lo llevaron fuera del país representando con gran esfuerzo y dedicación al futbol del área latinoamericana, en 1927 es así como se traslada a Cuba al Centro Gallego, posterior a esa experiencia regresa a Costa Rica de nuevo para graduarse como bachiller, del Instituto de Alajuela en el mes de agosto del año 1928 y jugar para a su adorada Liga y contribuyendo a que obtuvieran su primer campeonato en 1928, y así obtener dos de sus mejores logros,” BACHILLER Y CAMPEON NACIONAL”, y luego hacen una gira por México en 1931 y Perú en 1932 donde recibe ofertas y señalamientos por sus grandes actuaciones, en 1933 es recomendado por Ricardo Saprissa Ayma, al deportivo Español de ahí lo ficha inmediatamente F.C Barcelona por tres temporadas , luego lo traspasan al Hércules de Alicante , todos estos equipos de España, en 1936 estallo la guerra civil en España y morera se traslada para Hungría con dos compañeros más, el Húngaro Emil Berkessy, y Mario Cabanes, más conocidos como. Los Tres Mosqueteros de Azulgrana, debido a que la guerra había empezado, prefirió no regresar más, de manera que no le fue posible retirar algunos ahorros del banco, y el resto de dinero que le quedaba procede a esconderlo y para su mala fortuna donde lo escondió, el cofre que utilizó lo extravió, dada a la necesidad apremiante de regresar y carente de dinero y al verse tan largo de su país acepta un, nuevo contrato con él Le Harvere de Francia, luego pide regresar a Costa Rica y se incorpora nuevamente a su equipo del alma L.D.A , hasta el 6 de abril de 1947 como jugador ,luego pasa a ser el director técnico hasta el 7 de marzo de 1949.

Posterior a su carrera deportiva se dedica a desarrollar en la parte empresarial de la agricultura por muchos años en su finca de Carrizal de Alajuela con gran éxito.

En 1957 es llamado por don Mario Echandi Jimenez del Partido Unión Nacional para que lo acompañe por la provincia de Alajuela como diputado, apoyado por el Calderonista Partido Republicano Nacional, encabezado por Rafael Ángel Calderón Guardia, y Manuel Mora Valverde ya que llamo a votar por la papeleta diputadil republicana.

En su Periodo Legislativo de 1958 al 1962 que fuera el periodo constitucional de funcionamiento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tras el establecimiento de la Segunda República que abarco del 1 mayo de 1958 al 30 abril de 1962, teniendo como compañeros algunas figuras relevantes durante este periodo fueron, los expresidentes Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ullate Blanco, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Alvares, los ministros Enrique Obregón Valverde, Frank Marshall Jimenez, Fernando Volio Jimenez, y Guillermo Villalobos Arce y ex vicepresidente Francisco Calderón Guardia, y en su primera diputación Guillermo Brenes Castillo más conocido como “Cachimbal”

Producto de este nuevo proyecto y en reconocimiento a la encomiable labor y el egregio trabajo de don Alejandro en la génesis de la citada Asamblea Legislativa tras el establecimiento de la Segunda República al crearlo se eligió como primer Deportista que nos diera el honor de representar nuestro país

En 1966, el señor Alejandro Morera dio una muestra más de su excelsa personalidad, al aceptar ser designado como Gobernador de la Provincia de Alajuela para ocupar un cargo más, y a su vez ejecutivo Municipal hoy “Alcalde”

El señor Alejandro Morera, demuestra y le devuelve a su provincia, la seguridad ciudadana, fortalece el desarrollo económico, y apoyo a todo el deporte de su provincia, Uno de sus grandes logros fue suscribir en 1970 un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica la suma de $300.000 para la electrificación rural de toda la provincia de Alajuela y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Alajuela (JASEMA) ya desaparecida, Expediente N.° 22.565.

Pese al determinante papel de don Alejandro Morera Soto

en la vida política, y social de Costa Rica y al valioso legado de su trayectoria como deportista y ciudadano amante de la Patria, su figura excelsa se ha ido diluyendo en el ingrato mar del olvido y la desidia, pues no obstante la impresionante pléyade de cargos que ocupó, la honrosa labor que realizó y el indiscutible valor de sus designios, la historia costarricense apenas guarda memoria de su obra, olvido que constituye, lamentablemente, una afrenta inaudita a un ciudadano ostentó el honor de ejercer casi todos los cargos públicos de su época, haciendo de la probidad y la honradez, los fundamentos que caracterizaron tanto su ejercicio profesional como el cumplimiento de su función pública

En 1934, el Fenómeno Costarricense fue el apodo que le dieron los periódicos en Cataluña, España cuando formo parte del F:C Barcelona que obtuvo el campeonato de Cataluña en 1934, en ese mismo año como El Mago del Balón

El 20 de Julio de 1966 es Bautizado el estadio de Alajuela, con el nombre de “Alejandro Morera Soto”

El 26 de marzo de 1995 es depositado el corazón de Alejandro Morera Soto “el Mago del Balón” en la Gradería Este donde se edificó un monumento en tributo a su extraordinaria carrera en todos los ámbitos, estadio también conocido como la Bombonera tica.

1969 ingresa a la Galería Costarricense del Deporte y 1998 es nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Futbol, con sede en Wiesbaden Alemania, como futbolista costarricense del siglo, y en mayo del 2021 nuevamente es nombrado por la IFFHS como el mejor jugador de siglo XX en Costa Rica.

En 2016 La Municipalidad de Alajuela, con su concejo municipal y su alcalde Roberto Thompson, rinden homenaje con una estatua en el parque Palmares frente al antiguo hospital San Rafael. Y las palabras del señor Alcalde fueron” Esto es un reconocimiento a un entrañable ser humano y servidor público” además, se han publicado unos pocos artículos históricos breves y existen referencias periodísticas sobre algunos pasajes de la vida de este ilustre Alejandro Morera Soto, en periódicos y revistas nacionales.

Así, una vez más se testimonia que la historia tiene la virtud de hacer justicia cuando ya ha recorrido imperturbable el paso del tiempo: la figura de Alejandro Morera Soto ha empezado a ser revalorizada en toda su magnitud; se reconoce que merece un sitial de honor como uno de los mejores deportistas costarricenses, como destacado político y, sobre todo, como uno de los más valiosos ciudadanos de Costa Rica. ¡Honor a quien honor merece!

Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de Acuerdo

Expediente N.° 22.565

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

DECLARATORIA DE ALEJANDRO MORERA SOTO

COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA

ARTÍCULO ÚNICO- Declárase Benemérito de la Patria, al insigne Mago del Balón, Político, y probo ciudadano, señor ALEJANDRO AUGUSTO FRANCISCO MORERA SOTO, en reconocimiento a su valiosa trayectoria al servicio de Costa Rica, tanto desde su ejercicio profesional como desde la función pública, la cual desempeñó con suma honestidad en todos los importantes cargos que ocupó, tanto en Costa Rica como fuera de sus fronteras.

Rige a partir de su aprobación.

Geovanny Gómez Obando                         Otto Roberto Vargas Víquez

Roberto Hernán Thompson Chacón      Oscar Mauricio Cascante Cascante

Nidia María Céspedes Cisneros

Diputados y diputada

NOTAS: Este proyecto aún no tiene Comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566907 ).

REFORMA DEL DEL INCISO 10) Y DEROGATORIA DEL INCISO 13)

DEL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REFORMA

DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE NOTIFICACIONES JUDICIALES,

LEY N° 8687 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2008. LEY PARA

ESTABLECER EL CORREO ELECTRÓNICO

COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN

PARA LAS SOCIEDADES

MERCANTILES

EXPEDIENTE N° 22.567

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestra Carta Magna determina en su artículo 41 el requerimiento de que toda persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos mediante una justicia pronta y cumplida, así como la garantía de ser oída en juicio, contemplada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La salvaguarda de dichos derechos requiere una modernización de la Administración de la Justicia, cuyo fundamento esencial lo constituye como punto de partida en la iniciación de los conflictos, una oportuna y válida notificación de las demandas judiciales que garantice las exigencias propias de seguridad, verificación y confirmación de la comunicación a sus correspondientes destinatarios.

En este contexto de modernización, uno de los elementos de mayor relevancia lo constituye precisamente el mejoramiento y mayor trazabilidad de las nuevas tecnologías y la consecuente digitalización de la administración de justicia, cuya consolidación e implementación gradual y profunda luce absolutamente deseable en la mayoría de los países de avanzada. Los últimos dos años de pandemia han evidenciado la elocuente importancia de las tecnologías en la administración de justicia y las comunicaciones en general, como alternativa idónea para superar los enormes obstáculos que se han tenido que superar.

Costa Rica desde hace varias décadas asumió el compromiso visionario, por la implementación de las tecnologías de la información a través de convenios de financiación que iniciaron desde los años noventa con el financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la mejora y modernización de la justicia. La posición visionaria por una justicia, moderna y digital sitúo a nuestro país en pocos años en lugares de vanguardia en Latinoamérica, en posiciones similares a países como Chile, Uruguay y Brasil.

Precisamente el mayor de los retos y verificación de los logros alcanzados, se pusieron en práctica con los efectos disruptivos del Covid-19, donde muchos países incluso del primer mundo se vieron sorprendidos y sin respuestas para mantener vigente los servicios propios de la justicia, lo que determinó que en lugares como Italia y España se dispusiera el cierre y suspensión absoluta de los servicios judiciales con la consecuente suspensión de los plazos durante varios meses.

Afortunadamente por los esfuerzos y avances que ya se habían alcanzado, Costa Rica a pesar del efecto disruptivo de la pandemia, no nos tomó desprotegidos y en estado de indefensión funcional para afrontar los enormes problemas que se vinieron y sin antecedentes similares en el pasado. La apuesta por el teletrabajo no solo implicaba una posibilidad real, en cuanto a tiempos de respuesta e involucramiento de la mayoría de las materias, sino que culminó en una solución rápida y eficiente, lo cual se logró gracias a una infraestructura digital de avanzada y moderna a través del expediente digital, sistemas de consulta en línea, un sistema de notificaciones electrónicas consolidado y puesto en práctica desde hace varias décadas y quizá, lo más novedoso – la implementación de las audiencias virtuales- para lo cual contábamos con la mayor parte de la tecnología necesaria esos fines.

En este contexto de modernización, uno de los elementos de mayor relevancia es, precisamente, lo relativo a las comunicaciones en una justicia digital, por medio del correo electrónico.

La utilización del correo electrónico ha evolucionado y aumentado a niveles insospechados por parte de los ciudadanos, a tal punto, que corresponde a una información con rasgos impregnables en asimilación a un dato de o rasgo de su propia personalidad, visualizada ahora ampliamente a nivel virtual. Precisamente, es común apreciar que entre los datos personales que cotidianamente a nivel de relaciones privadas, así como de tipo estatal o públicas, la solicitud de información referida a la indicación de algún correo electrónico resulta indispensable, a tal punto que los pocos ciudadanos que aún no ostentan la correspondiente dirección virtual se ven obligados a crear la referida cuenta electrónica, pues de lo contrario, no se accede al servicio o actividad peticionada.

En el aludido contexto, lo referente a las personas jurídicas y concretamente a las sociedades mercantiles, ofrece aún mayor intensidad y significación. En las relaciones propias del comercio interempresarial, así como con las diferentes comunicaciones con órganos administrativos, las sociedades comerciales utilizan cotidianamente el correo electrónico como la forma más útil y generalizada en su comunicación de día a día, con lo cual es dable suponer que un –altísimo-porcentaje de sociedades mercantiles cuentan con correos electrónicos como forma e instrumento de comunicación. Incluso aún con el auge de las redes sociales, el correo electrónico no ha perdido su preeminencia, por cuanto, a diferencia de aquella, se les reconoce un mayor grado de formalidad y oficialidad a las comunicaciones, de ahí que no constituyan un riesgo de desplazamiento el incremento de aquellas respecto al correo electrónico.

El correo electrónico- o mail- con el incremento de su uso generalizado ha contribuido, al igual que en el quehacer comercial y privado, a mejorar la gestión en las oficinas judiciales, actualizando su funcionamiento e incrementado los niveles de eficiencia y el consecuente abaratamiento de los costes de los servicios públicos con una interacción más rápida y de mejor funcionabilidad de las comunicaciones judiciales.

Las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido con la Administración de Justicia para brindar los servicios establecidos constitucionalmente para garantizar un servicio más eficaz, más moderno y oportuno a la ciudadanía. La incidencia de las notificaciones judiciales electrónicas en el plano económico luce irrefutable, pues una comunicación, ágil, rápida y segura genera nuevas perspectivas en las relaciones económicas, acrecentando la seguridad y la fluidez de estas. Mayoritariamente en una coyuntura como la actual, donde la reactivación de la economía sugiere la implementación de instrumentos de apoyo tendientes a ese objetivo.

La incorporación de los correos electrónicos como medio para recibir notificaciones como alternativa al tradicional domicilio social de las sociedades comerciales, vaticina verdaderas probabilidades de éxito en el mejoramiento de las comunicaciones de esas entidades mercantiles, cuya operatoria actual redunda principalmente en su faz interna, no así en el área externa y como posible transitar entorno de recepción de documentos judiciales como la demanda, así como de índole administrativo.

Para ordenar el análisis es preciso afrontar dos escalas diferentes de relaciones operatorias: por una parte, en función de situaciones preexistentes limitadas al uso del correo electrónico como medio para recibir notificaciones. Corresponde al momento actual que evidencia su operatoria una vez consumado el correspondiente apersonamiento en el juicio como medio futuro de notificación –correo electrónico-, y la que ahora se postula referida a una dirección electrónica que posibilite a elección del remitente o demandante en el plano judicial, la notificación por correo electrónico de la demanda o acto similar en el sentido que requiera los efectos de la denominada notificación personal.

La manera en que se encuentra trazada la normativa procesal y mercantil sustantiva respecto a la notificación de las sociedades mercantiles, ofrece una serie de complicaciones a los operadores o usuarios del sistema jurídico en el sentido de que actualmente las únicas opciones previstas para consumar el acto de notificación de la demanda se circunscribe al domicilio social –artículo 18 inciso 10) del Código de Comercio y recientemente a través de la Ley de Notificaciones en su artículo 20 en el domicilio del representante legal de la mercantil. Sin embargo, con la equiparación del domicilio del representante a la de domicilio social, la fluidez, rapidez y seguridad propia que implica ese acto jurisdiccional, no resulta suficiente, dadas las inconsistencias y problemas de ubicación que en ocasiones ofrecen ambos domicilios, lo cual dificulta y potencializa la mora judicial ante la tardanza en que se logre esa actuación judicial de elocuente transcendencia para la marcha del proceso como lo es la notificación de la demanda.

La incorporación del correo electrónico como forma alternativa de notificación a las sociedades mercantiles de manera adicional al domicilio social contemplado en el artículo 18 inciso 10) del Código de Comercio, permitiría superar y actualizar los mecanismos que garanticen una mayor eficiencia en los trámites judiciales de tal manera que se simplifique el acto formal de notificación fiable, y sencilla.

De manera adicional, se lograría superar los inconvenientes de la entrega con persona que aparente mayoridad de 15 años y que en ocasiones ofrece sutiles y sustanciales discusiones jurisdiccionales sobre la validez del acto en los tomentosos y frecuentes incidentes de nulidad de notificación muchas veces interpuestos con fines dilatorios y abusivos.

Esta situación pierde trascendencia con la implementación del correo electrónico que se incorpora como un elemento adicional a los fines del domicilio social, notificación que resulta una función estrictamente “instrumental” de éste. Lo anterior dado que su inclusión no lleva a alejarse de los fines del “domicilio social” como institución propia y claramente visualizada dentro de la disciplina del Derecho Societario que permanecería totalmente intacta en cuanto a su propuesta original contemplada en la norma mercantil.

Los sistemas informáticos de toda índole son parte de la vida cotidiana moderna, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en el sistema nervioso de las sociedades contemporáneas y uno de los principales instrumentos utilizados es el correo electrónico. Esta modalidad -e-mail- es utilizado para toda clase de actos comunicacionales: cartas personales, mensajes profesionales, facturación de productos y servicios, publicidad comercial, y muchos otros posibles.

Precisamente se evidencian avances en ámbitos tan diversos como la informatización de los procedimientos judiciales, en donde se han creado numerosos sistemas de gestión de causas y comunicación entre las partes de los procesos, así como la incorporación de la informática en un sentido más abstracto, siendo estos avances contemplados expresamente en las leyes, dando mayor legitimidad a los avances de la tecnología en el mundo jurídico. Es en el marco de esa incorporación precavida de las nuevas tecnologías y su entendimiento como parte de la realidad jurídica de la sociedad, es que el correo electrónico ha encontrado un lugar como medio probatorio y particularmente de tipo instrumental a través de las comunicaciones propias de los procesos judiciales –notificaciones-.

Mas ese lugar no ha estado perfectamente definido y aún existe un nivel de incertidumbre respecto de su capacidad no solo como instrumento de prueba, sino como modalidad de comunicación referido a las notificaciones de forma personal conforme a los efectos dimanantes a los supuestos contemplados en el artículo 19 de la Ley de Notificaciones-

En Costa Rica, durante más de una década se ha desarrollado y consolidado exitosamente la utilización del correo electrónico mediante apersonamiento, sin que se haya evidenciado patologías o inconvenientes de orden sistémico o en cadena capaz de generar una revisión o reformulación del sistema adoptado. Superado tan amplio margen de tiempo ha llegado el momento de incorporar a las denominadas notificaciones personales, al modelo de notificación por e-mail. Las ventajas son de enorme elocuencia derivado de la preexistencia de una dirección que permita superar las inconsistencias e incertidumbres de ubicación e identificación que ofrece el modelo de notificación estrictamente personal o en lugares determinados.

El reconocimiento del correo electrónico como medio de notificación personal, constituye un paso fundamental en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, puesto que estamos ante una norma que, con carácter transversal en su aplicación para los distintos modelos de sociedades, pretende otorgar una nueva dimensión al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, en los términos del artículo 41 de la Constitución Política ante los frecuentes retardos y dificultades que ofrece la culminación efectiva y válida de la notificación de la demanda u otros actos similares que requiere la equiparación de la notificación personal.

Desde esta perspectiva, la posibilidad de integrar el sistema de correo electrónico a la totalidad de las notificaciones judiciales incluyendo las comunicaciones administrativas de las sociedades comerciales, constituye una de las principales aportaciones de los medios tecnológicos en el desenvolvimiento de la denominada e-justicia, en el sentido de que transforman y mejoran las vías de comunicación entre el ciudadano y la Administración, así como de las Oficinas Judiciales.

En lo atinente a su validez, respecto a las garantías constitucionales configurativas del debido proceso y seguridad para los receptores de la notificación inicial por medio de correo electrónico, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó su constitucionalidad en el voto número 20596-2019 del 25 de octubre del aludido año ante consulta del Proyecto de reforma a los artículos 349, del Código de Trabajo y 19 de la Ley de Notificaciones (establecidas en los artículos 1° y 3° del proyecto) referido al envío de las nóminas completas de los miembros de los sindicatos al Ministerio de Trabajo, incluyendo dirección electrónica para recibir notificaciones en los trámites de calificación de movimientos huelguísticos. Sobre el particular, en lo que interesa consignó el aludido voto: “De ahí que, lo que es necesario es la garantía de que en la implementación de este tipo de medios para practicas notificaciones, para las partes del litigio se hace necesario que sean seguras y efectivas a los medios electrónicos señalados, así como que garanticen el recibido de la notificación en curso, como medio para garantizar un avance procesal correcto, y el ejercicio adecuado del derecho a la defensa y debido proceso. Por otra parte, no es una obligación exclusiva dirigida únicamente a los sindicatos; por el contrario, son obligaciones que han sido establecidas en diferentes cuerpos normativos como el párrafo 1°, del artículo 134 y 137, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”. En este mismo sentido, la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, incorporó la obligación de todas las personas contribuyentes, de tener un correo electrónico inscrito para la recepción de notificaciones. Actualmente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios indica: “Artículo 134.- Medios para recibir notificaciones. El contribuyente se encuentra en la obligación de establecer un medio para recibir notificaciones. El acto de inicio de cada procedimiento tributario deberá notificarse en el domicilio fiscal o en el correo electrónico registrado por el contribuyente ante la Administración Tributaria, según corresponda.

Para recibir futuras notificaciones, el contribuyente se encuentra obligado a señalar un medio dentro del perímetro que la Administración Tributaria defina, o en una dirección única de correo electrónico, fax, buzón electrónico, o cualquier otro medio electrónico habilitado que permita la seguridad del acto de comunicación. El medio señalado será válido y surtirá efectos jurídicos para toda siguiente notificación que se requiera realizar en el procedimiento que sigue la Administración Tributaria.

El interesado podrá señalar dos medios electrónicos distintos de manera simultánea, pero deberá indicar, expresamente, cuál de ellos se utilizará como principal.

Si los medios electrónicos señalados por el interesado para recibir notificaciones generaran fallas en su transmisión, la Administración Tributaria deberá realizar tres intentos de notificación, dos el primer día en horas diferentes y una el tercer día. En caso de que todas resulten infructuosas, las resoluciones que se dicten se tendrán por válidamente notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas.”

Resulta claro, el valor de la notificación personal por medio de correo electrónico, en el sentido que ofrece, a los ciudadanos, usuarios y profesionales en general, ahorro de tiempo y esfuerzo en sus relaciones con la Administración de Justicia, y la disponibilidad del servicio (365 días al año, durante 24 horas), de ahí que para los participantes, asegura un correcto y eficiente funcionamiento, al evidenciar una garantía de celeridad y calidad de la actuación judicial en un momento –clave- para el buen funcionamiento del entramado jurisdiccional referido a la notificación de la demanda en forma rápida y dotada de validez.

La supresión de las barreras territoriales, a su vez, evidencia un acercamiento en las relaciones interempresariales de las sociedades mercantiles, así como también con sus clientes, proveedores y trabajadores. Al dotarse de validez la notificación de la demanda, y resoluciones similares de similar calado en su comunicación inicial, elimina las dificultades propias de distancia y verificación de los lugares consignados para llevar a cabo la notificación –en ocasiones a cientos de kilómetros-, bajo el sistema actual en la localización o búsqueda del lugar consignado por el demandante como destino de la notificación.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados proponentes consideramos necesario reformar el artículo 18, inciso 10), del Código de Comercio, con la finalidad de incorporar el deber de las sociedades mercantiles, de consignar una dirección de correo electrónico para garantizar el recibido de notificaciones de autoridades administrativas y judiciales.

En este orden de ideas, derivado de la propuesta descrita, se evidencia una repercusión directa en la figura del “agente residente” contemplado en el inciso 13) de la citada norma, que precisamente encuentra su justificación bajo un escenario circunscrito a los requerimientos de la notificación en lugar físico. Particularmente se refleja como una alternativa de notificación por medio de abogados (as) con oficina abierta para atender notificaciones en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su domicilio en el país. Con la implementación del “correo electrónico” sustituye la génesis o justificación del agente residente contemplado para un complemento en modo “físico” precisamente del domicilio. La implementación del modelo “electrónico” implica la desnaturalización justificativa del “agente residente”, como extensión del domicilio. Por tanto, se dispone la derogatoria del inciso 13) del Código de Comercio. Asimismo, a fin de adaptar el sistema de notificaciones a sociedades mercantiles, es necesario introducir una reforma parcial al artículo 20 de la Ley de Notificaciones, referido a las notificaciones a personas jurídicas de índole mercantil.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores y señoras diputadas.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL DEL INCISO 10) Y DEROGATORIA DEL INCISO 13)

DEL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REFORMA

DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE NOTIFICACIONES JUDICIALES,

LEY N° 8687 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2008. LEY PARA

ESTABLECER EL CORREO ELECTRÓNICO

COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN

PARA LAS SOCIEDADES

MERCANTILES

ARTÍCULO 1-          Se reforma el inciso 10) del artículo 18 del Código de Comercio, Ley N°3284 del 30 de abril de 1964, para que en adelante se lea:

Artículo 18-          La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener:

[…]

10) Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro del territorio nacional, en la que podrán entregarse válidamente notificaciones. Adicionalmente se deberá consignar una dirección electrónica a través de una cuenta de correo que garantice el recibido de la notificación en curso para recibir las notificaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

[…]

ARTÍCULO 2-          Se reforma el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N°8687 del 04 de diciembre de 2008, para que en adelante se lea:

Artículo 20-          Notificaciones a personas jurídicas

Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. Además, podrá notificarse en el domicilio contractual, en el domicilio social, real registral, o en caso de sociedades mercantiles, en la dirección electrónica que conste en el Registro Mercantil. La cuenta electrónica debe estar debidamente registrada y actualizada para recibir notificaciones por parte de las autoridades administrativas y las instancias judiciales. La omisión de señalarla conlleva necesariamente la aplicación de la notificación automática.

Para los efectos del cómputo del plazo, en caso de utilizarse la dirección electrónica, se estará a lo dispuesto por el artículo 38 de esta ley.

Si la persona jurídica tiene representación conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes”

ARTÍCULO 3-          Se deroga el inciso 13) del artículo 18 del Código de Comercio, Ley N°3284 del 30 de abril de 1964.

TRANSITORIO ÚNICO-      Las sociedades mercantiles cuentan con el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la presente Ley, para consignar la dirección electrónica ante el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada     Franggi Nicolás Solano

Carolina Hidalgo Herrera                     Mileidy Alvarado Arias

Floria María Segreda Sagot                 Walter Muñoz Céspedes

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga        Jorge Luis Fonseca Fonseca

Paola Viviana Vega Rodríguez           Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputados y diputados

NOTAS:                 Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566905 ).

LEY PARA AUTORIZAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ELECTRICIDAD PARA DESARROLLAR

OBRA PÚBLICA

Expediente N.° 22.570

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la coyuntura actual en la cual se encuentra el entorno internacional y nuestro país se vuelve imperante elaborar propuestas de ley que permitan encaminar a Costa Rica a buscar nuevas formas de generar empleo, de captar recursos y de fortalecer la empresariedad del Estado.

De ahí la necesidad de actualizar las empresas estatales para que se vuelvan más competitivas y asertivas a la hora de ejecutar recursos públicos. Mucha de la legalidad que hoy posee Costa Rica ha permitido que el trabajo en obra pública se entrabe, genere grandes atrasos y los proyectos que se ejecutan duren años para finalizarse.

La propuesta que se hace con este texto es que se vuelva a la discusión para que el Instituto Costarricense de Electricidad pueda ejecutar obra pública cuando así lo requiera el Estado, y se aproveche toda la experiencia y la tecnología desarrollada hasta hoy en materia de construcción.

En el año 2015 ingresó a la corriente legislativa el expediente 19793 que llegó hasta el Plenario para que el ICE pudiera ejecutar obra pública; sin embargo, no se tuvo el éxito requerido para que hoy fuera una realidad. Por lo que se ha retomado con el objetivo de dar la discusión nuevamente sobre si esta institución pública del Estado costarricense debería desarrollar obra pública.

De los documentos trabajados por la Comisión de Gobierno y Administración durante ese cuatrienio se vuelve imperante rescatar los argumentos para poder dotar al ICE de la legalidad y quitarle las amarras para que se pueda convertir en parte de las instituciones que aportan a la infraestructura nacional.

En primer lugar, el proyecto en cuestión no busca dejar al ICE sin realizar las funciones dadas ya por ley, que son la competencia de energía eléctrica y telecomunicaciones, le agrega la posibilidad de participar en obra pública bajo la modalidad de proyectos.

El proyecto no busca generar competencia desleal con el sector privado, ya que estaría participando en licitaciones públicas en igualdad de condiciones de acuerdo con la legislación vigente, además apoyaría las instituciones competentes a través de alianzas estratégicas.

El ICE ha demostrado tener la capacidad técnica, en cuanto a gerencia, logística, construcción y administración para desarrollar obra pública y poner a disponibilidad del país toda la experiencia adquirida y el conocimiento adquirido a través de los años, por lo que se convierte en un brazo ejecutor para el Estado en esta materia.

Si tomamos en cuenta que una de las competencias del Estado es desarrollar la infraestructura y mejorar los niveles de vida de la población, queda claro que el aprovechamiento de las instituciones públicas para poder llegar a ese objetivo se convierte en una vertiente que generaría alcanzar un buen término de manera más concreta y menos onerosa en cuanto al tiempo.

La presente propuesta toma como texto base el último texto discutido y trabajado en el 2016 por la Comisión de Gobierno y Administración del expediente 19793, donde se le da al ICE la facultad de participar en obra pública e infraestructura nacional mediante alianzas estratégicas, convenios u otros mecanismos que se establezcan mediante esta ley.

A su vez, tendrá competencia en construcción y desarrollo de obra pública a nivel nacional y cantonal cuando así se requiera, así como fuera del territorio nacional, dándole la posibilidad además de poder competir en otros estadios que generen recursos y fortalezcan a la institución y al país.

Tendrá la posibilidad de vender en el mercado nacional e internacional servicios en esta materia, generando más desarrollo en tecnología y experiencia, así como internacionalizando aún más su trabajo, con lo cual dará más reconocimiento y fortaleza a la capacidad estatal de generar empresariedad pública y recursos frescos.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA AUTORIZAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ELECTRICIDAD PARA DESARROLLAR

OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO ÚNICO-            Se adiciona un inciso h) al artículo 2, un inciso c) al artículo 6, un inciso 7) al artículo 36 y se modifica el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008, y sus reformas, para que se lean así:

Artículo 2-            Objetivos de la ley

Son objetivos de esta ley:

[…]

h)            Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la obra pública de ingeniería, energía en sus diversas formas, ciencia, tecnología, infocomunicaciones e infraestructura nacional que requiera el país, mediante licitaciones, convenios interinstitucionales, alianzas estratégicas u otros mecanismos similares con otras instituciones del Estado, de conformidad con lo establecido en la presente ley y en estricto respeto de su autonomía administrativa y financiera.

(…)

Artículo 6-            Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas

El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán competentes para lo siguiente:

[…]

c)             Desarrollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o cualquier otra institución estatal, empresa pública o gobierno local, incluyendo la planificación, investigación, diseño, asesoría, desarrollo, construcción, administración logística de obras de infraestructura pública, así como con toda actividad afín, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido de que su desarrollo no afecte sus funciones y operaciones normales, de conformidad con lo establecido en los incisos a) y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la posibilidad de que el ICE asuma el financiamiento de las obras, o dar aval financiero para ello, bajo ninguna modalidad.

(…).

Artículo 9-            Servicios de consultoría y afines

El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e internacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias, incluyendo la construcción de obra pública, gerenciamiento de proyectos, así como consultorías, productos y otros servicios asociados en los que el ICE cuente con experiencia comprobada. Los precios de estos productos y servicios serán determinados libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios relativos a lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el criterio de servicio público de la institución, sin que ello implique una fijación ruinosa de precios para la empresa.

El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta ley.

(…).

Artículo 36-          Rendición de cuentas

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, y en congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución Política, el Consejo Directivo del ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República, con el fin de someter a la valoración de dichos órganos la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.

El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente:

[…]

7.-           Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, el cual incluirá toda la información detallada respecto de los proyectos ejecutados o en ejecución, incluyendo el estado de origen y aplicación de los fondos, detalle de las obras ejecutadas, planillas y detalles de las remuneraciones involucradas, informes financieros, informes de auditoría, detalles de la obras en proceso de planificación, detalles de subcontratación y cualquier otro elemento que permita transparentar la realización de las acciones indicadas Esta información será de acceso público.

Rige a partir de su publicación.

Welmer Ramos González                  Luis Ramón Carranza Cascante

Diputados

NOTAS:                 Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566925 ).

ACUERDOS

N° 6838-21-22

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En Sesión Extraordinaria N° 11, celebrada el 14 de julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3, artículo 121 de la Constitución Política, y el artículo 62 de la Ley N° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, del 5 de mayo de 1993.

ACUERDA:

Elegir a la señora Rosa María Acón Ng como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por el período comprendido entre 15 de julio de 2021 y el 14 de julio de 2025.

La señora magistrada suplente fue juramentada en la Sesión Ordinaria N° 25, del 15 de julio de 2021.

Asamblea Legislativa.—San José, quince días del mes de julio de dos mil veintiuno.

Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta.—Aida María Montiel Héctor, Primera Prosecretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. N° 21002.—Solicitud N° 281438.—( IN2021566920 ).