LEYES

9208

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LA LEY N.º 8173, LEY GENERAL

DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO,

DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001

ARTÍCULO 1.-       Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 1 y un transitorio IV a la Ley N.º 8173, Ley General de Consejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001. Los textos dirán:

“Artículo 1.-    La presente ley regula la creación, la organización y el funcionamiento de los concejos municipales de distrito, que serán órganos con autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón respectivo.

Para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales, los concejos tendrán personalidad jurídica instrumental, con todos los atributos derivados de la personalidad jurídica.

Como órganos adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que forman parte, los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se determinarán las materias y los controles que se reserven los concejos municipales. La administración y el gobierno de los intereses distritales se ejercerá por un cuerpo de concejales y por un intendente, con sujeción a los ligámenes que se dispongan.”

“Transitorio IV.-   Se mantienen en vigencia los convenios suscritos a tenor del artículo 10 original de esta ley, hasta por el plazo establecido en estos o, en su defecto, hasta por dos años más a partir de la entrada en vigencia de la reforma de esta ley.”

ARTÍCULO 2.-       Se reforman los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley N.º 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001. Los textos dirán:

“Artículo 3.-    A los concejos municipales de distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el régimen jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores.

Los concejos podrán acogerse a los reglamentos de la municipalidad, o bien, dictar sus propios reglamentos, en las mismas materias en que las municipalidades puedan normar. Esta regla rige para manuales y otras disposiciones generales locales. Al efecto, los concejos dictarán y publicarán en La Gaceta los acuerdos correspondientes.

Artículo 4.-      Los concejos municipales de distrito podrán convenir con las municipalidades creadoras toda clase de alianzas de interés común.

Todos los convenios de cooperación que celebren las municipalidades y sus concejos municipales de distrito serán informados a la Contraloría General de la República, al igual que los previstos en el párrafo tercero del artículo 1 y el párrafo segundo del artículo 9.

Artículo 5.-      En los distritos administrados por concejos municipales de distrito habrá comités distritales de deportes y recreación, salvo que se disponga por el concejo asumir directamente la función.”

“Artículo 7.-    El órgano ejecutivo de los concejos municipales de distrito será la Intendencia, cuyo titular también será elegido popularmente, en la misma fecha, por igual período, bajo las mismas condiciones y con iguales deberes y atribuciones que el alcalde municipal.

El intendente devengará un salario cuyo monto no podrá ser superior al contemplado para los alcaldes en el Código Municipal.

Artículo 8.-      El concejo municipal de distrito y el intendente distrital deberán rendir a la municipalidad del cantón los informes y las copias de los documentos que les soliciten.

Los concejos municipales de distrito tendrán su propio auditor interno, a tiempo completo o parcial, según sus posibilidades y necesidades.

Artículo 9.-      Las tasas y los precios de los servicios distritales serán percibidos directamente por los concejos municipales de distrito, así como las contribuciones especiales originadas en actividades u obras del mismo concejo.

El concejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes o cualquier otro impuesto originado en el distrito. Por convenio entre partes podrá disponerse una participación de la municipalidad.

En las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que los concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de la misma ley o su reglamento.

Artículo 10.-    Para someterse a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República, las municipalidades deberán ajustar la estructura programática de sus presupuestos para que se incluyan las asignaciones correspondientes a los recursos con los que contarán los concejos municipales de distrito.”

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los once días del mes de febrero de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carlos Avendaño Calvo

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

Martín Alcides Monestel Contreras                                                                                                                                           Annie Alicia Saborío Mora

PRIMER SECRETARIO                                                                                                                                           SEGUNDA SECRETARIA

dr.-

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—(L9208 - IN2014024707).

9221

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA

URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO

Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I

DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL

ARTÍCULO 1.-    La presente ley establece el marco regulatorio para la declaratoria de zonas urbanas litorales y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas comprendidas en ellas.

Esta ley no desafecta las áreas de naturaleza demanial incorporadas a las zonas urbanas litorales.

ARTÍCULO 2.-    Para los efectos de la presente ley, se entenderá por zona urbana litoral la circunscripción territorial que se ubique en un litoral y que corresponda al concepto de área urbana, en los términos de la Ley N.º 4240, Ley de Planificación Urbana, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, previa declaratoria de la autoridad competente. Solamente podrán ser declaradas zonas urbanas litorales aquellas áreas urbanas conformadas de hecho, que cuenten con una alta concentración urbana en el litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley.

La zona urbana litoral podrá incluir las áreas de naturaleza demanial comprendidas en los doscientos metros contiguos a la pleamar ordinaria y los terrenos aledaños a estas, indistintamente de que se trate de bienes de naturaleza privada.

Las áreas afectas al Régimen de Patrimonio Natural, que estén comprendidas en las zonas urbanas litorales, se regirán por la normativa ambiental que les sea aplicable.

ARTÍCULO 3.-    Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación y Policía, para que mediante decreto ejecutivo realice las declaratorias de zonas urbanas litorales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO 4.-    Se crea la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales, en adelante Cizul, como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, cuya función será determinar la viabilidad técnica de la declaratoria de zona urbana litoral.

El dictamen de la Cizul que determine la improcedencia técnica de la declaratoria de zona urbana litoral será vinculante.

La Cizul contará con un Consejo Director integrado por:

a)    El ministro de Gobernación y Policía o su representante, quien presidirá la Comisión.

b)    El ministro de Ambiente y Energía o su representante.

c)    El ministro de Planificación Nacional y Política Económica o su representante.

d)    El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo o su representante.

e)    El director general del Instituto Geográfico Nacional o su representante.

f)     El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo o su representante.

g)    El presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal o su representante.

Los representantes de los ministros, presidentes ejecutivos o directores deberán ser funcionarios de la dependencia a su cargo y ejercerán su cargo ad honórem.

El Ministerio de Gobernación y Policía proporcionará los recursos económicos, materiales y técnicos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Para tal efecto, se designará un director ejecutivo, cuya función será ejecutar los acuerdos, asesorar técnica y legalmente a la Cizul, fungir como enlace con instituciones públicas y privadas, y cualquier otra función determinada en el reglamento de esta ley.

La Cizul podrá solicitar cooperación técnica de universidades públicas, colegios profesionales y cualquier otro organismo público y privado que estime pertinente para el cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO 5.-    La declaratoria de zona urbana litoral al menos deberá considerar:

a)    Solicitud de la municipalidad, acordada por el concejo municipal respectivo.

b)    Plan regulador costero vigente de la respectiva municipalidad, que incorpore la variable ambiental e identifique una alta concentración urbana en el litoral. El plan regulador costero deberá incorporar los índices de fragilidad ambiental, la evaluación del impacto ambiental y la certificación de patrimonio natural del Estado.

c)    Dictamen favorable del Instituto Costarricense de Turismo.

d)    Declaratoria de área urbana, emitida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

e)    Delimitación de linderos georreferenciada, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional.

f)     Evaluación de impacto ambiental estratégica del área que se pretende declarar zona urbana litoral, aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

ARTÍCULO 6.-    El trámite para la declaratoria de zona urbana litoral podrá iniciarse, exclusivamente, mediante solicitud fundamentada de la municipalidad interesada, acordada por el concejo municipal respectivo.

Cumplidos los requisitos definidos en el artículo anterior de la presente ley, la Cizul dará audiencia a la Procuraduría General de la República, a efectos de que verifique el cumplimiento de tales requisitos, en el plazo de un mes calendario.

Asimismo, la Cizul publicará en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, por tres veces consecutivas, un edicto poniendo a conocimiento del público el trámite respectivo y los linderos de la eventual zona urbana litoral, a fin de que quienes consideren lesionados sus intereses presenten sus objeciones durante el término de un mes calendario, que se contará desde la fecha de publicación del primer edicto.

Si se presentaran oposiciones, la Cizul analizará los argumentos y evacuará la prueba que se ofrezca en el escrito de oposición, en el plazo de un mes calendario. Contra la resolución que conozca el escrito de oposición cabrá recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución recurrida.

En caso de que a partir de la oposición planteada se realicen modificaciones en los linderos de la eventual zona urbana litoral, deberá realizarse nuevamente el procedimiento dispuesto en los párrafos anteriores.

Vencido el plazo de oposiciones, o bien, una vez conocidas las oposiciones planteadas, en el plazo hasta de treinta días hábiles, la Cizul elaborará el informe técnico. Dicho informe deberá ser remitido al Ministro de Gobernación y Policía, dentro del plazo señalado.

El Ministro de Gobernación y Policía, en el plazo hasta de diez días hábiles computado a partir de la recepción del informe técnico, remitirá este a la municipalidad respectiva, la cual deberá pronunciarse mediante acuerdo del concejo municipal en el plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción del referido informe. Dicho acuerdo deberá ser remitido al Ministro de Gobernación y Policía, dentro del plazo señalado.

En caso de que el informe técnico determine la viabilidad de la declaratoria de zona urbana litoral y la municipalidad acoja favorablemente el informe técnico, el Ministerio de Gobernación y Policía gestionará el decreto ejecutivo correspondiente, en un plazo máximo de veinte días hábiles.

El decreto ejecutivo mediante el cual se emita una declaratoria deberá incorporar, al menos, los límites georreferenciados de la zona urbana litoral y la identificación de las áreas de naturaleza demanial incorporadas en ellas.

No podrá emitirse una declaratoria de zona urbana litoral contraria al informe técnico emitido por la Cizul.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO

TERRITORIAL DE ZONAS URBANAS LITORALES

ARTÍCULO 7.-    Realizada la declaratoria de la zona urbana litoral, la municipalidad de la respectiva jurisdicción procederá a elaborar el plan regulador urbano de la respectiva zona urbana litoral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.º 4240, Ley de Planificación Urbana, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, y demás normativa conexa, así como el decreto ejecutivo mediante el que se realice la declaratoria de zona urbana litoral.

Los planes reguladores urbanos de las zonas urbanas litorales deberán ajustarse a la normativa ambiental vigente. Asimismo, deberán atender las características propias de la zona urbana litoral e incorporar el uso sostenible de los recursos naturales y la protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros del litoral, así como medidas de mitigación para prevenir la afectación ambiental.

En caso de incompatibilidad, los planes reguladores urbanos, emitidos al amparo de esta ley, prevalecerán sobre los planes reguladores costeros aprobados de previo a la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO 8.-    En las zonas urbanas litorales podrán otorgarse concesiones, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en el plan regulador urbano de la respectiva localidad.

Quedan excluidos, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa, aquellos afectos a un régimen de patrimonio natural del Estado, aquellos que no correspondan al demanio público y aquellos ubicados en los cincuenta metros contiguos a la pleamar ordinaria que no hayan sido objeto de ocupación antes de la entrada en vigencia de esta ley.

Las concesiones que se otorguen en los cincuenta metros contiguos a la pleamar ordinaria estarán condicionadas a que no se modifique el uso ni se amplíe la densidad de la construcción que tenía el terreno antes de la entrada en vigencia de esta ley, siempre y cuando tales condiciones hayan sido avaladas por el plan regulador urbano y no incumplan la normativa ambiental vigente.

Los municipios cuya jurisdicción incorpore zonas urbanas litorales deberán garantizar el libre acceso a la costa y el disfrute de la playa a toda la población. Sin perjuicio de las labores que ejecuten otras instituciones del Estado para dicho propósito.

ARTÍCULO 9.-    Será competencia exclusiva de las municipalidades otorgar concesiones en las áreas comprendidas en zonas urbanas litorales de su respectiva jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y el plan regulador urbano de la respectiva localidad.

El contrato de concesión que emita la respectiva municipalidad deberá indicar, al menos, el uso y aprovechamiento autorizado, el canon a pagar y su forma de pago, y el plazo de la concesión y las condiciones ambientales aplicables según la legislación vigente.

ARTÍCULO 10.-  Las concesiones que otorguen las municipalidades al amparo de esta ley deberán ajustarse al plan regulador urbano vigente de la respectiva localidad.

Sin perjuicio de lo anterior, para el otorgamiento de dichas concesiones tendrá prioridad el concesionario que haya obtenido la concesión de previo a la declaratoria de zona urbana litoral, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, en los términos de la norma transitoria segunda de esta ley y, en segundo término, el ocupante a título precario, cualquiera que sea su condición, que haya aprovechado el terreno de forma continua, quieta, pública y pacíficamente, antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 9073, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 19 de setiembre de 2012.

ARTÍCULO 11.-  Las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas a la condición de que los concesionarios no varíen el destino del terreno concesionado y las edificaciones o instalaciones que hagan en él, sin el consentimiento del concejo municipal respectivo. Ninguna de estas modificaciones podrá contrariar el plan regulador urbano.

ARTÍCULO 12.-  Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos derivados de ellas sin la autorización expresa del concejo municipal respectivo. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infrinjan esta disposición y generarán responsabilidades de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Se autoriza a la municipalidad para que fije un canon por traspaso o gravamen de la concesión.

ARTÍCULO 13.-  No se otorgarán concesiones:

a)    A personas físicas extranjeras que no hayan residido en el país por lo menos durante cinco años.

b)    A personas físicas extranjeras cuyo estatus migratorio sea irregular.

c)    A personas jurídicas domiciliadas en el exterior.

d)    A personas jurídicas cuyas acciones correspondan en más de un cincuenta por ciento (50%) a extranjeros.

Las personas jurídicas que cuenten con concesión deberán mantener, durante todo el plazo de la concesión, los porcentajes de participación accionaria establecidos en el inciso d) del presente artículo. En todo caso, el traspaso que se haga, en contravención de lo dispuesto aquí, será causal de pérdida de la concesión de forma definitiva.

Las personas jurídicas que tengan concesiones en zonas urbanas litorales deberán reportar ante la municipalidad respectiva los movimientos realizados en el libro de accionistas, so pena de pérdida de la concesión de forma definitiva.

ARTÍCULO 14.-  Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte años.

ARTÍCULO 15.-  Las concesiones podrán prorrogarse, sucesivamente, al término de su vencimiento o de la prórroga anterior, hasta por un plazo máximo equivalente al plazo de la concesión original, siempre que lo solicite el interesado y lo acuerde la municipalidad respectiva.

La solicitud del concesionario deberá presentarse al menos tres meses antes de la fecha de vencimiento del plazo. Para tramitar la solicitud, es indispensable que el interesado se encuentre al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento de las obligaciones que establece la concesión y la legislación ambiental vigente; si no lo estuviera o se encontrara atrasado en el pago, se tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión.

En caso de prórroga el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por parte de la municipalidad respectiva.

ARTÍCULO 16.-  En caso de fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, la municipalidad autorizará el traspaso directo del contrato por el resto del plazo de la concesión a quien haya sido designado por el concesionario o, en su defecto, a sus legítimos herederos. El nuevo concesionario deberá cumplir los requisitos y las condiciones que establece esta ley.

Si no los hubiera, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad respectiva, incluidas las construcciones y mejoras existentes.

ARTÍCULO 17.-  El concesionario tiene derecho al uso y el aprovechamiento del terreno concesionado en los términos definidos en la presente ley y en el contrato de concesión.

El Estado conservará su derecho a ejercer el rescate de la concesión en razón del interés público.

ARTÍCULO 18.-  Son causales de cancelación de las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, las siguientes:

a)    El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas en esta ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero.

b)    El incumplimiento de las obligaciones de pago del canon definido.

c)    El incumplimiento de las condiciones ambientales incorporadas en el contrato de concesión y en la legislación ambiental existente.

Son causales de extinción de las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, las siguientes:

1)    La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado, incluido el rescate de la concesión.

2)    El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario.

3)    El vencimiento del plazo de la concesión, sin hacer solicitud de prórroga.

4)    La renuncia voluntaria o el abandono del concesionario.

5)    El fallecimiento o la ausencia judicialmente declarada del concesionario, sin que haya designación de beneficiario o legítimos herederos.

6)    La ausencia de acuerdo de prórroga conforme lo establece el artículo 15 de esta ley.

7)    La pérdida del área concesionada por acción de la naturaleza.

Cuando por alguna de las causales indicadas en este artículo se extinga o cancele una concesión, el inmueble afectado se revertirá a la municipalidad, la cual podrá darlo nuevamente en concesión, en observancia de los requisitos y las condiciones que establece esta ley.

La cancelación  o  extinción  de  la  concesión  es  competencia de la  municipalidad  respectiva  y  estará  precedida de un proceso administrativo,  de   conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

ARTÍCULO 19.-  Cada municipalidad será responsable de fijar los cánones que los concesionarios deban cancelar a favor de la Administración por el uso y aprovechamiento del demanio público dado en concesión, el cual será calculado con base en la plataforma de valores por zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda. Dicho canon sustituye el impuesto de bienes inmuebles.

Se exoneran de la cancelación del referido canon, las instituciones del Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas que sean prestatarias de servicios públicos en la zona urbana litoral, y las personas físicas que sean adjudicatarias de una única concesión en la zona urbana litoral respectiva, otorgada exclusivamente para uso habitacional, cuyo valor máximo del terreno dado en concesión sea equivalente o menor a cuarenta y cinco salarios base, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.

ARTÍCULO 20.-  La municipalidad respectiva fiscalizará y controlará el uso y el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los concesionarios respecto de las concesiones otorgadas.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier institución pública o de parte interesada, ejercerá el control jurídico para el debido cumplimiento de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto de cualquier acción que viole o tienda a infringir la presente ley u otras leyes conexas, o que pretenda obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a estas. Lo anterior, sin perjuicio de lo que corresponda a otra institución pública, de conformidad con sus facultades legales.

ARTÍCULO 21.-  Las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, al amparo de esta ley, deberán inscribirse en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional.

A tal efecto, las municipalidades deberán remitirle al Registro Nacional copia certificada de las concesiones que otorguen, de las prórrogas que acuerden, de los traspasos y gravámenes o de otras operaciones que autoricen, así como de los demás atestados que aquel les solicite, sin perjuicio de que los interesados presenten directamente los documentos correspondientes. De igual manera, se deberá consignar, ante dicho Registro, el vencimiento, la extinción o la cancelación de concesiones, para cuyo efecto la municipalidad hará las gestiones pertinentes.

Estos actos no perjudicarán a terceros sino desde la fecha de su recibo o presentación en el Registro.

El Registro Nacional, mediante decreto ejecutivo, fijará la tasa de inscripción de las concesiones, así como otras disposiciones necesarias para el funcionamiento.

ARTÍCULO 22.-  Las municipalidades no podrán autorizar ni permitir nuevas construcciones que no estén respaldadas en una concesión debidamente aprobada, inscrita y ajustada al plan regulador urbano vigente.

Cuando se constate la infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las municipalidades, previa información levantada al efecto, procederán al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la municipalidad.

El infractor deberá cancelar el costo de demolición o destrucción y el resarcimiento del daño ambiental ocasionado, si lo hubiera; todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.

ARTÍCULO 23.-  El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud de concesión, las modalidades de la concesión, el canon a pagar, así como cualquier otra disposición que se estime necesaria para regular las relaciones entre las municipalidades y los concesionarios.

ARTÍCULO 24.-  Se autoriza al Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas para que inviertan en zonas urbanas litorales, con el propósito de favorecer la calidad de vida de sus habitantes, el crecimiento económico de la zona, la protección del ambiente y la conservación de las costumbres y los valores culturales, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en su conjunto, en la presente ley y en el plan regulador urbano vigente de la respectiva localidad.

CAPÍTULO III

REFORMAS DE OTRAS LEYES

ARTÍCULO 25.-  Se reforma el artículo 6 de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. El texto dirá:

“Artículo 6.-    Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las zonas urbanas litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.”

ARTÍCULO 26.-  Se reforma el artículo 4 de la Ley N.º 3535, Ley de Creación de la Comisión Nacional de Nomenclatura, de 3 de agosto de 1965, y sus reformas. El texto dirá:

“Artículo 4.-    También será obligatorio el dictamen favorable de la Comisión, en los casos en que se trate de introducir variaciones en la nomenclatura de la División Territorial Administrativa de la República o en los nombres geográficos del país.

Se exceptúa de esta disposición la declaratoria de zona urbana litoral, salvo en aquellos casos en que se procure modificar el nombre de la circunscripción territorial que se pretende declarar zona urbana litoral.”

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.-

Las municipalidades con jurisdicción en zona marítimo terrestre que tengan interés en tramitar una declaratoria de zona urbana litoral, dispondrán de treinta y seis meses, contados desde la entrada en vigencia de esta ley, para concretar la tramitación de dicha declaratoria, en cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

Realizada la declaratoria de zona urbana litoral, dentro del plazo de veinticuatro meses, contado desde la publicación del decreto ejecutivo pertinente, la municipalidad de la respectiva jurisdicción deberá concretar la aprobación y publicación del plan regulador urbano de la zona urbana litoral.

Durante dichos plazos, las municipalidades podrán conservar las construcciones existentes en la circunscripción territorial que se pretende declarar zona urbana litoral, en tanto no se ubiquen en espacios abiertos al uso común o en áreas afectas a un régimen de patrimonio natural del Estado, no dificulten el libre acceso a la costa ni imposibiliten el disfrute de la playa a la población y no se haya acreditado, por autoridad administrativa o judicial competente, la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente.

Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario, siempre que medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no generará derecho alguno.

Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador urbano vigente, sin necesidad de realizar ninguna modificación, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses, contado desde la entrada en vigencia del plan regulador urbano.

En caso de que las construcciones existentes requieran modificaciones para ajustarse al plan regulador urbano, las municipalidades, en un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigencia del plan regulador urbano, prevendrán a los interesados para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses posteriores a la prevención, procedan con las modificaciones pertinentes.

Vencido dicho plazo, habiéndose constatado el cumplimiento de la prevención, el interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses.

Agotado dicho plazo sin constatarse el cumplimiento de la prevención mencionada, la municipalidad procederá al desalojo de las personas en ocupación ilegítima y a la demolición de las obras, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 22 de la presente ley.

El procedimiento dispuesto en esta norma no dispensa el pago de tasas, cánones, multas o precios públicos a favor de las municipalidades, salvo las exoneraciones dadas por ley.

TRANSITORIO II.-

Las concesiones legalmente otorgadas en el área que comprenda la declaratoria de zona urbana litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, deberán respetarse hasta el vencimiento del plazo y permanecerán inscritas en el Registro General de Concesiones de la zona marítimo terrestre.

Una vez vencido el plazo de estas concesiones, el concesionario tendrá un derecho preferente por el plazo de un año, para optar por una nueva concesión en el marco de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Luis Fernando Mendoza Jiménez

PRESIDENTE

Martín Alcides Monestel Contreras                                                                                                                                           Elibeth Venegas Villalobos

PRIMER SECRETARIO                                                                                                                                                                                               SEGUNDA PROSECRETARIA

dr.-

Dado en la Provincia de Puntarenas, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero; el Ministro de Ambiente y Energía, René Castro Salazar, y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto Gallardo Núñez.—1 vez.—O. C. N° 20923.—Solicitud N° 127860-140012.—C-296610.—(L9221 - IN2014023159).

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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-       Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es regular la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud, en los sectores público y privado.

ARTÍCULO 2.-       Definiciones

Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

Autonomía: capacidad de las personas para tomar decisiones sin influencia de otras personas o de presiones externas.

Evento o reacción adversa que sería atribuible a la experimentación: ocurrencia desfavorable que:

a)      resulta en fallecimiento,

b)      amenaza la vida,

c)       requiere hospitalización del participante o prolongación de la hospitalización existente,

d)      produce incapacidad o invalidez persistente o significativa, o produce una anomalía congénita o defecto de nacimiento.

Estudio multicéntrico: estudio clínico conducido de acuerdo con un único protocolo en más de un lugar y, por lo tanto, realizado por más de un investigador.

Fases de desarrollo de vacunas:

Fase I: se refiere a la primera introducción de una vacuna en ensayo en una población humana para determinar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida su inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de dosis y vías de administración.

Fase II: se refiere a los ensayos iniciales para determinar la efectividad de la vacuna en un número limitado de voluntarios; esta fase se centra en la inmunogenicidad.

Fase III: tiene como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la efectividad en la prevención de enfermedades, involucrando un número mayor de voluntarios en un estudio generalmente multicéntrico adecuadamente controlado.

Fases de desarrollo de medicamentos:

Fase I: consiste en la introducción de un medicamento en seres humanos por primera vez. Participan sujetos voluntarios sanos para evaluar en qué niveles de uso del fármaco se observa toxicidad. Se prosigue con los estudios de dosis-respuesta en los pacientes para determinar la seguridad del medicamento y, en algunos casos, indicios iniciales de su efectividad.

Estos estudios se proponen establecer una evaluación preliminar de la seguridad y del perfil farmacocinético y, cuando sea posible, un perfil farmacodinámico. Salvo excepciones debidamente fundamentadas, se llevan a cabo en pequeños grupos de individuos voluntarios sanos. A esta fase pertenecen, además, los estudios de bioequivalencia, dado que estos se efectúan también en voluntarios sanos.

Fase II: consiste en ensayos clínicos controlados, diseñados para demostrar la efectividad y la seguridad relativa. Generalmente se efectúa en un número limitado de pacientes estrechamente supervisados.

Fase III: se realiza después de establecer una probabilidad razonable de la efectividad del medicamento y tiene como objetivo obtener información adicional de su efectividad para indicaciones específicas y una definición más precisa de los efectos adversos asociados al medicamento. Esta fase incluye estudios controlados y no controlados.

Fase IV: los ensayos se realizan después de que el organismo nacional de registro de fármacos ha aprobado un medicamento para su distribución o comercialización. Estos ensayos pueden incluir investigación destinada a explorar un efecto farmacológico específico, establecer la frecuencia de las reacciones adversas o determinar los efectos de la administración a largo plazo de un medicamento.

Intervención: todas las acciones de cualquier orden, relacionadas con la investigación con seres humanos, que puedan afectar en todo o en parte, individual o colectivamente, de un modo u otro, la dignidad y la identidad, la integridad y el bienestar de las personas o cualquiera de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Este tipo de investigación se diferencia de los estudios observacionales en los cuales no existe intervención.

Investigación biomédica: un tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable en materia de salud en seres humanos. Puede ser observacional, epidemiológica, o no intervencional o experimental, clínica o intervencional. Para los efectos de esta ley, toda referencia a investigación se entenderá como investigación biomédica con seres humanos en materia de salud.

Investigación biomédica observacional, epidemiológica o no intervencional: investigación en la cual no se realiza intervención diagnóstica o terapéutica alguna con fines experimentales, ni se somete a los individuos participantes a condiciones controladas por el investigador. Para los efectos de esta ley, toda referencia a investigación observacional se entenderá como investigación biomédica observacional, epidemiológica o no intervencional en seres humanos en materia de salud.

Investigación biomédica experimental, clínica o intervencional: cualquier investigación científica en el área de la salud en la que se aplique una intervención preventiva, diagnóstica o terapéutica a seres humanos, con el fin de descubrir o verificar los efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de un producto experimental, un dispositivo médico o de un procedimiento clínico o quirúrgico; o que intente identificar cualquier reacción adversa de un producto, dispositivo o procedimiento experimental; o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un producto experimental, con el objeto de valorar su seguridad y eficacia o valorar el desenlace ante una intervención psicológica no probada. Para los efectos de esta ley, toda referencia a investigación clínica se entenderá como investigación biomédica experimental, clínica o intervencional en seres humanos en materia de salud.

Investigador: persona que ejerce una profesión reconocida en el Estado costarricense, acreditado por el Conis para realizar investigación biomédica, dada su formación científica. El investigador es responsable de la realización de la investigación. Si es un equipo el que realiza el estudio en un centro, al investigador responsable del equipo se le denominará investigador principal.

Organización de administración por contrato: persona u organización que suscribe un contrato privado con el patrocinador, la organización de investigación por contrato (OIC) y/o el investigador, para realizar una o más de las labores y funciones del investigador en la ejecución del estudio. Debe estar acreditado por el Conis.

Organización de investigación por contrato: persona u organización que suscribe un contrato privado con el patrocinador, para realizar una o más de las labores y funciones del patrocinador relacionadas con el estudio. Debe estar acreditado por el Conis.

Participante: individuo que participa en un proyecto de investigación biomédica, ya sea como receptor directo de una intervención, como control, o como elemento de la observación. El individuo puede ser una persona sana que voluntariamente participa en la investigación, o una persona con una condición no relacionada con la investigación en proceso que participa voluntariamente, o una persona, generalmente un paciente, cuya condición es relevante para el uso del producto estudiado o para respuesta a las preguntas que están siendo investigadas.

Patrocinador: individuo, compañía, entidad u organización pública o privada, nacional o extranjera, que toma la responsabilidad del inicio, la administración, el financiamiento y la publicación de los resultados de una investigación, y que además asume la cobertura de costos e indemnizaciones.

Placebo: sustancia que carece por sí misma de acción terapéutica.

Testigo imparcial: persona independiente de la investigación biomédica que no puede ser influenciada por personal involucrado en la investigación biomédica (entiéndase por tal el patrocinador, la organización de administración por contrato, la organización de investigación por contrato, el investigador o los funcionarios, empleados o representantes de ambos), o algún familiar del participante, quien está presente en el proceso de firma del consentimiento informado.

Protocolo: documento que describe la hipótesis, el objetivo o los objetivos, el diseño, la metodología, las consideraciones estadísticas y la organización de un estudio. También, proporciona los antecedentes, los fundamentos y la justificación del estudio.

ARTÍCULO 3.-       Protección al ser humano

La vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de los participantes en una investigación en salud, en la que participen seres humanos, prevalecerán sobre el interés de la ciencia, de los intereses económicos o comerciales.

Toda investigación en salud en la que participen seres humanos debe responder a un enfoque de derechos humanos.

ARTÍCULO 4.-       Principios de la investigación biomédica

Toda investigación en materia de salud en la que participen seres humanos deberá regirse por los principios de respeto a la dignidad de las personas, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia distributiva.

Además de lo anterior, el comité ético científico respectivo deberá asegurarse de que cumple los requisitos de valor social y científico, validez científica, selección no discriminatoria y equitativa de las poblaciones participantes, razón riesgo-beneficio favorable, evaluación independiente, consentimiento informado y respeto por los participantes. Toda investigación científica debe responder a un enfoque de derechos humanos como marco de referencia.

ARTÍCULO 5.-       Gratuidad

La participación en una investigación biomédica siempre deberá ser voluntaria, por lo que no se remunerará a los participantes. Solo podrán reintegrarse los gastos en que eventualmente incurra un sujeto por su participación en la investigación.

En el caso de los estudios de bioequivalencia, además del reconocimiento de gastos, se permitirá la remuneración al participante por su participación voluntaria. Dicha remuneración deberá ser aprobada previamente por el CEC, asegurándose de que estos pagos sean proporcionales con el diseño del estudio. El comité ético científico que evalúa la investigación deberá establecer y ejecutar medidas de protección especiales al participante durante el reclutamiento y desarrollo, para proteger el principio de autonomía.

ARTÍCULO 6.-       Obligaciones del Estado

Es obligación del Estado, en materia de investigación con seres humanos:

a)      Garantizar los derechos y la seguridad de los participantes involucrados en la actividad investigadora.

b)      Velar por el cumplimiento de las normas éticas que orienten la investigación en seres humanos.

c)       Establecer estrictos mecanismos de regulación, control y seguimiento de la investigación biomédica, que aseguren la protección de las personas participantes y la correcta elaboración de las investigaciones.

d)      Garantizar el derecho a la investigación en las instituciones de educación superior.

e)       Promover la investigación científica y técnica dirigida a resolver las necesidades y los problemas de salud de la población costarricense.

f)       Fomentar la investigación científica y técnica en todas las estructuras del Sistema Nacional de Salud y en las instituciones de educación superior.

g)      Fomentar la formación del personal del Sistema Nacional de Salud en los principios teóricos, prácticos y ético-jurídicos de la investigación.

h)      Promover e incentivar la ejecución de estudios clínicos, bioequivalencia y otros contemplados en esta ley, por parte de la industria farmacéutica nacional, en coordinación con las instituciones públicas y cuando estos estén dirigidos a resolver las necesidades y los problemas de salud de la población costarricense.

ARTÍCULO 7.-       Investigación en salud pública

La investigación en salud pública, de tipo observacional, requerirá la aprobación del Comité Ético Científico, en adelante CEC, salvo que se trate de investigaciones propias del quehacer institucional del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social y se refiera a investigaciones relacionadas con:

a)      Prevención y control de enfermedades endémicas y epidémicas que requieran recolección de datos relevantes para las decisiones en salud, como el caso de brotes o epidemias.

b)      Vigilancia en salud pública, que incorpora la recolección de datos en boletas o archivos electrónicos que deben ser remitidos al Ministerio de Salud para definir, con base en su análisis epidemiológico, acciones de prevención y control.

c)       Evaluación de programas sociales o de evaluación de resultados e impacto de intervenciones en salud pública.

d)      Farmacovigilancia intensiva de medicamentos y vacunas, de manera que se puedan tomar acciones relacionadas con la seguridad, advertencias o comercialización de estos.

Se considerarán investigaciones propias del quehacer institucional aquellas que la institución obligatoriamente deba realizar para cumplir las funciones que le fueron asignadas y que se encuentren dentro de su plan operativo, o se trate de casos de emergencia.

Las instituciones que realicen este tipo de investigaciones deberán dar un informe de los resultados finales del estudio al Conis.

ARTÍCULO 8.-       Competencia del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, para el cumplimiento de los alcances de esta ley, definirá las políticas públicas para el desarrollo de la investigación biomédica.

CAPÍTULO II

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ARTÍCULO 9.-       Consentimiento informado

La participación de un individuo en una investigación regulada por esta ley requerirá el consentimiento expreso, específico, escrito y firmado o con la huella digital, de este o de su representante legal, en todas las hojas.

El consentimiento informado es el proceso mediante el cual una persona confirma, voluntariamente, su deseo de participar en una investigación biomédica.

El objetivo del consentimiento informado es proteger a los participantes, por lo que este no podrá constituirse en un mecanismo para proteger legalmente al investigador, el patrocinador, la organización de administración por contrato y la organización de investigación por contrato.

ARTÍCULO 10.-     Contenido mínimo del documento de consentimiento informado

La información en el documento de consentimiento informado debe ser veraz, clara, precisa y escrita de manera que pueda ser entendida por los participantes y que no induzca a error o coacción. Debe contener al menos:

a)       Declaración de que el estudio involucra investigación.

b)       Identidad del profesional responsable de la investigación y de sus colaboradores.

c)       Explicación del objetivo y propósito de la investigación.

d)       Fuente de financiación del proyecto de investigación.

e)       Número aproximado y características de las personas que van a participar.

f)       Duración esperada de la participación de la persona.

g)       Procedimientos que se van a seguir.

h)       En caso de obtención de muestras de sangre y otro tipo de material biológico, debe existir el consentimiento y el derecho a retractarse del participante sobre la transferencia de las muestras biológicas de material humano, las pruebas que se realizarán, dónde serán analizadas y si se entregarán o no los resultados de estas. En caso de que se pretenda guardarlas se debe indicar dónde, por cuánto tiempo y con qué fines.

i)        Descripción de los riesgos o molestias que se pueden presentar con la investigación.

j)       Medidas para responder a eventuales molestias o eventos adversos que se presenten.

k)      Medidas para asegurar una compensación adecuada en caso de que el participante sufra algún daño como consecuencia de la investigación.

l)        Descripción de los beneficios esperados para el participante o para otros.

m)     Manifestación de la estricta confidencialidad de la información y las medidas que se tomarán para asegurarla.

n)       Información sobre las personas que tendrán acceso a los registros para verificar procedimientos y datos de la investigación.

ñ)       Medidas para acceder a la información relevante para el participante, que surjan de la investigación o de los resultados totales de esta.

o)       Medidas para mantener la confidencialidad de los resultados de la investigación, así como la información de las personas participantes al momento de la divulgación de los resultados.

p)       Indicar cualquier potencial uso futuro de los resultados de la investigación.

q)       Indicar que, en las publicaciones de los resultados de la investigación, la información de la persona permanecerá como confidencial.

r)       Declaración de que la participación es voluntaria y que la persona puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin perder los beneficios a los cuales la persona de todas formas tiene derecho, ni a ser castigada de ninguna forma por su retiro.

s)       Aclaración de si se dará algún tipo de compensación económica por concepto de alimentación o transporte.

t)       Listado de las personas que podrán contactar en caso de tener preguntas acerca del estudio y sus derechos. El listado deberá contener al menos el o los números de teléfono, la dirección de correo electrónico, la dirección de la oficina y cualquier otro dato adecuado para localizarlas.

u)       El nombre, la firma, la fecha, la hora y el lugar donde se cita al participante para entregar la copia del documento y el lugar donde se suscribe y el número de cédula del participante o de su representante legal, de la persona que explica el consentimiento informado y del testigo imparcial quien suscribe el consentimiento y la fecha en que se firma.

v)       Las demás que determine el reglamento de esta ley y aquellos otros que a juicio de los comités ético científicos respectivos se requieran.

ARTÍCULO 11.-     Contenido adicional del consentimiento informado en investigaciones clínicas

En las investigaciones clínicas, además de lo indicado en el artículo anterior, el consentimiento informado deberá contener:

a)       Tratamiento que se va a utilizar en la investigación, la forma y probabilidad de asignación a cada tratamiento.

b)       Efectos secundarios, riesgos y molestias conocidas de los medicamentos o equipos en investigación.

c)       Procedimientos o tratamientos alternativos, preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles.

d)       Precauciones con hombres y mujeres en edad reproductiva y seguimiento que se dará a la mujer y al producto, en caso de haber quedado embarazada durante la participación en la investigación.

e)       Si se continuará el tratamiento al finalizar el estudio.

f)       Lo relativo a la póliza de seguro.

g)       Las demás que determine el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 12.-     Aprobación del consentimiento informado

El consentimiento informado y cualquier modificación a este deberá ser aprobado, foliado y sellado en todas sus páginas por el Comité Ético Científico, previo a su presentación a los eventuales participantes.

En los casos de las investigaciones observacionales, el Comité Ético Científico, previo análisis exhaustivo del contenido y alcances de la investigación, podrá eximir de la firma del consentimiento informado, cuando considere que ello no afecta los derechos de las personas participantes.

ARTÍCULO 13.-     Calidad de la información

Previo a que se inicie cualquier actividad relacionada con la investigación y antes de que se proceda a firmar el consentimiento informado, el individuo participante deberá ser informado en su propio idioma, en un lenguaje apropiado y comprensible, sobre la naturaleza de la investigación, los procedimientos, los riesgos y beneficios, otras opciones terapéuticas o diagnósticas, la confidencialidad de la información recabada y sobre sus derechos, de manera que comprenda y tome la decisión de participar o no, de forma libre, voluntaria y consciente, sin coerción, coacción, amenaza, fraude, engaño, manipulación o cualquier otro tipo de presión.

La información del consentimiento informado debe ser veraz, clara, precisa y escrita, de manera que no induzca a error, engaño o coacción y que pueda ser entendida por los participantes. Para este efecto, se deberá garantizar que el procedimiento para la firma del consentimiento informado cuente con el tiempo y las condiciones apropiados para que las personas puedan comprender correctamente la información.

ARTÍCULO 14.-    Información del consentimiento informado

Se prohíbe la utilización de la información y de los datos relativos a la salud de las personas, con fines no contemplados o permitidos en el consentimiento informado o en la ley.

El encargado de la investigación o ensayos clínicos y los responsables de esta solo podrán utilizar la información y los datos relativos a la salud de las personas participantes de conformidad con fines expresamente contemplados o permitidos en el consentimiento informado o en la ley.

ARTÍCULO 15.-     Modificación de condiciones

Cualquier modificación en la relación riesgo-beneficio o en las condiciones que se presenten durante la investigación deberá ser informada a la persona participante, a efectos de que esta, mediante el otorgamiento de un nuevo consentimiento o de una adenda al principal, ratifique su permanencia en el estudio o ensayo, o bien, decida retirarse de este.

ARTÍCULO 16.-     Consentimiento informado en personas con discapacidad

Cuando en una investigación biomédica participen personas con discapacidad, la información requerida para brindar el consentimiento informado se deberá dar en condiciones y formatos accesibles y apropiados a sus necesidades.

ARTÍCULO 17.-     Consentimiento de personas menores de edad

Cuando en una investigación biomédica participen personas menores de edad, el consentimiento informado debe ser suscrito por su representante legal o por quien tenga su representación legal.

Cuando se trate de personas menores de edad, pero mayores de doce años, además deberá contarse con su asentimiento informado; para ello, se les informará sobre los alcances de la investigación, en un leguaje comprensible para ellos.

En caso de que la persona menor de edad se rehúse a asentir, prevalece su criterio sobre el de su representante legal, siempre y cuando su vida o su salud no dependan de su participación en la investigación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.

Todos los aspectos relacionados con el consentimiento informado en personas menores de edad debe ser valorado con la participación del Comité Ético Científico, a efectos de que el Comité sea garante de este.

El asentimiento informado deberá ser aprobado, foliado y sellado en todas sus páginas por el CEC, previo a su presentación a los eventuales participantes.

ARTÍCULO 18.-     Consentimiento de personas legalmente incapacitadas

En el caso de investigaciones biomédicas en las que participen personas declaradas como incapaces, mediante un proceso judicial, el consentimiento informado debe ser suscrito por su representante legal.

CAPÍTULO III

MUESTRAS BIOLÓGICAS DE MATERIAL HUMANO

ARTÍCULO 19.-     Uso y traslado de muestras biológicas

Se prohíbe la utilización de las muestras biológicas obtenidas con fines no contemplados y aprobados en el consentimiento informado, la ley y demás normativa aplicable.

Las muestras biológicas solo podrán trasladarse al exterior, si se justifica de acuerdo con los objetivos científicos, los criterios técnicos de la investigación o por las limitaciones tecnológicas del país. En el caso de estudios con diseño multicéntrico, en donde lo óptimo es estandarizar la metodología y los reportes de los exámenes de laboratorio, acorde con los objetivos científicos, se permitirá el traslado de las muestras a un laboratorio en el exterior.

Para que las muestras biológicas puedan salir del país, se requiere que tal información se haya suministrado previo a la exportación, en el consentimiento informado y que el participante haya consentido, salvo situaciones epidemiológicas que pongan en riesgo la salud pública.

ARTÍCULO 20.-     Derecho a retractarse por el uso de las muestras biológicas de material humano

Al participante en una investigación biomédica le asiste el derecho a retractarse de su consentimiento sobre el posible traslado, almacenamiento, manejo y uso de sus muestras biológicas de material humano.

ARTÍCULO 21.-     Acuerdos de transferencia

Para transferir cualquier muestra biológica fuera del país se debe contar con un acuerdo de transferencia de material biológico, firmado por las autoridades legales de las instituciones involucradas, por el investigador y la institución que envía, y por el investigador y la institución que recibe.

ARTÍCULO 22.-     Conservación y destrucción de las muestras biológicas de material humano

Las muestras biológicas de material humano se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los fines que justificaron su recolección, salvo que el participante haya otorgado su consentimiento explícito para otros usos posteriores. Este consentimiento podrá ser revocado por el participante totalmente o para determinados fines, en cualquier momento. Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a la inmediata destrucción de esta y el laboratorio extenderá un certificado escrito de la destrucción de la muestra, salvo el caso de muestras que hayan sido anonimizadas.

En caso de que las muestras biológicas de material humano sean conservadas, el participante será informado del lugar y de las condiciones de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder solicitar su destrucción, según las normas que apliquen para la destrucción de muestras biológicas, salvo el caso de muestras que hayan sido anonimizadas.

ARTÍCULO 23.-     Donación o cesión de muestras biológicas de material humano

Para donar o ceder a terceros una muestra biológica de material humano se deberá contar con un consentimiento informado específico para cualquiera de esos fines. En este se deberá dejar claro el lugar y las condiciones de conservación, los objetivos de esta conservación, los usos futuros de las muestras y la posibilidad de cesión de las muestras a terceros.

La donación y utilización de muestras biológicas humanas en una investigación no podrán remunerársele o brindarse algún otro tipo de compensación al participante; asimismo, queda prohibida la venta de muestras biológicas que hayan sido obtenidas para una investigación biomédica.

CAPÍTULO IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

ARTÍCULO 24.-     Derecho a retractarse

Los participantes en una investigación tendrán, sin necesidad de dar explicaciones, el derecho de renunciar a su participación en cualquier momento. En aquellos casos en que el retiro abrupto signifique un riesgo para la salud del participante, se deberán establecer los mecanismos que minimicen la situación de riesgo.

Dicha renuncia no ocasionará ningún perjuicio o inconveniente para las personas participantes, para su derecho a la salud o en el ejercicio de cualquier otro de sus derechos.

ARTÍCULO 25.-     Derecho a la confidencialidad

Queda prohibida la utilización de datos relativos a la salud de las personas con fines distintos de aquellos para los que se prestó el consentimiento.

Las personas participantes en una investigación tendrán derecho a que se guarde confidencialidad sobre su identidad, información personal y su salud, así como sobre los tratamientos o los resultados de los análisis o procedimientos a los que fueran sometidos y demás datos personales, salvo cuando la ley exija lo contrario.

Las personas o entidades que tengan acceso a datos confidenciales de los participantes deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se afectará la privacidad, la confidencialidad, la integridad y la dignidad de los participantes. Con este fin, cualquier persona que en el ejercicio de sus funciones, en una investigación donde participen seres humanos, tenga acceso a datos personales o documentos confidenciales relacionados con la investigación, quedará sometida al deber de confidencialidad.

La obligación de confidencialidad no aplica cuando se dé alguna de las siguientes condiciones, las cuales deberán estar consignadas y ser aceptadas por el participante en el consentimiento informado:

a)       Cuando lo requiera el comité ético científico que aprobó la investigación.

b)       Cuando lo requiera el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, con el fin de cumplir los requerimientos de una inspección y vigilancia de una investigación.

c)       Cuando el monitor o el auditor de la investigación requieran verificar datos contenidos en los expedientes clínicos de los participantes de una investigación, para efectos de una auditoría o seguimiento por parte del patrocinador o autoridad reguladora competente.

d)       Cuando lo solicite una autoridad judicial competente.

e)       Cuando ocurriera una urgencia médica al participante.

f)       Cuando el médico responsable de la atención clínica requiera conocer dicha información para efectos de tratamiento de su paciente.

ARTÍCULO 26.-     Cesión de datos

La cesión de datos de carácter personal a terceros ajenos a una investigación donde participen seres humanos requerirá el consentimiento expreso y escrito del participante.

Si los datos obtenidos del participante pudieran revelar información de carácter personal de sus familiares, la cesión a terceros requerirá el consentimiento expreso y escrito de todos los interesados.

ARTÍCULO 27.-     Derecho a la información

Los participantes en una investigación tienen derecho:

a)       A acceder, de forma personal o por medio de su representante legal, a los resultados de sus análisis, cuando estos no hayan sido sometidos a procesos de disociación o anonimización, si el diseño del estudio lo permite.

b)       A ser informados acerca de los avances, de los eventos adversos inesperados que se presenten y de los resultados generales de la investigación.

c)       A que se les respeten las características étnicas, culturales y sociales de la comunidad o grupo poblacional al que pertenezcan.

d)       A que toda la información verbal y escrita sea otorgada mediante un léxico comprensible y en el idioma propio de las personas participantes.

e)       A que se les informe de las enfermedades descubiertas que no son parte del proceso de investigación.

f)       A acceder y obtener copia de su expediente personal, en el cual deberá constar toda la información referente a la investigación o ensayo clínico.

ARTÍCULO 28.-     Derecho a disfrutar de los beneficios que resulten de la investigación

Los participantes en una investigación clínica tendrán derecho a disfrutar gratuitamente, mientras lo requieran, de los tratamientos preventivos, terapéuticos y diagnósticos generados por el estudio, si se ha demostrado que estos son beneficiosos para la salud, siempre y cuando la prescripción de estos métodos o tratamientos esté avalada por los profesionales responsables del tratamiento y seguimiento del paciente, y en concordancia con lo expresado en esta ley.

ARTÍCULO 29.-     Derecho a la atención en salud

Ningún participante en una investigación biomédica perderá su derecho a recibir la atención en salud que tendría derecho a recibir antes, durante o después de su participación en una investigación.

ARTÍCULO 30.-     Derecho a compensaciones por daños

Las personas que hayan sufrido daños a la salud, como consecuencia de su participación en una investigación, recibirán la compensación que corresponda según lo dispuesto en esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 31.-     Póliza de protección a las personas participantes

La investigación clínica deberá estar cubierta por una póliza de responsabilidad civil que proteja a los participantes de los daños y perjuicios derivados de la investigación, durante el período que dure, desde el inicio de la investigación y por dos años, como mínimo, después de que finalice la participación del participante en la investigación. Las pólizas deberán emitirse en coherencia con el principio de proporcionalidad y de dignidad de la vida humana, y deberán ser ejecutables en el país. Los comités ético científicos deberán valorar la póliza que se presente y definir su plazo de vigencia partiendo del mínimo que se establece en esta ley.

El Ministerio de Salud reglamentará el proceso que garantice el acceso de los participantes a los beneficios que ofrece el aseguramiento de las investigaciones en salud.

ARTÍCULO 32.-     Información a las personas que participan en investigaciones biomédicas

En el consentimiento informado que se le brinde al posible participante se le debe entregar comprobante o copia de la póliza, en la que se indique el número, la entidad que la emite, el plazo de protección, las condiciones que tendrá la póliza y el procedimiento para acceder a esta por parte de las personas participantes.

ARTÍCULO 33.-     Obligaciones de las personas participantes en una investigación biomédica

Serán obligaciones de las personas participantes en investigaciones en las que participan seres humanos las siguientes:

a)      Cumplir las indicaciones e instrucciones que se les brinden.

b)      Informar oportunamente al investigador sobre los eventos adversos que presentan.

c)       Informar al médico tratante de su participación en una investigación clínica.

d)      Las demás que determine el reglamento de esta ley.

CAPÍTULO V

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ARTÍCULO 34.-     Consejo Nacional de Investigación en Salud

Se crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud, en adelante Conis, como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico, adscrito al Ministerio de Salud con un grado de desconcentración máxima y con personalidad jurídica instrumental.

El Conis tendrá la estructura administrativa que se defina vía reglamento y contará con su propia auditoría interna de conformidad con la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002, y la Ley N.º 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994.

ARTÍCULO 35.-     Fines del Conis

El Conis tendrá como fines garantizar la calidad de las investigaciones y su estricto apego a los derechos humanos. Sus integrantes deberán actuar con absoluta independencia de criterio, evitando en sus decisiones la influencia de intereses políticos y comerciales.

ARTÍCULO 36.-     Conformación del Consejo Nacional de Investigación en Salud

El Conis estará integrado por siete miembros propietarios, cada uno con su respectivo suplente, quienes deberán atender las sesiones en ausencia del miembro propietario.

El Conis estará integrado por:

a)      El ministro de Salud o el funcionario en quien este delegue y su suplente, quien presidirá.

b)      El ministro de Ciencia y Tecnología o el funcionario en quien este delegue y su suplente. En caso de que el ministro o la ministra delegue su representación, tanto el titular como el suplente deberán ser especialistas en investigación. En caso contrario, al menos el suplente deberá ser especialista en este campo.

c)       Un abogado especialista en derechos humanos y su suplente, nombrado por el Colegio de Abogados de Costa Rica.

d)      Un representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), preferiblemente del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social del Seguro Social (Cendeisss) y su suplente. La Junta Directiva no podrá designar a ninguna de las personas que en ese momento forme parte de sus integrantes.

e)       Un representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y un suplente, quien deberá ser especialista en bioética.

f)       Un representante en propiedad y un suplente, agremiado de los Colegios Profesionales de Médicos y Cirujanos; Farmacéuticos; Cirujanos Dentistas y de Microbiólogos, nombrados por las juntas directivas de los respectivos colegios profesionales. El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento de nombramiento y la forma en que se alternarán cada año, los cargos en propiedad y la suplencia entre los cuatro colegios profesionales, de manera que se roten los puestos.

g)      Un miembro propietario y un suplente en representación de la comunidad, que para tal efecto será nombrado por la Defensoría de los Habitantes. El procedimiento para la elección de la persona representante de la comunidad lo determinará la Defensoría de los Habitantes.

Los miembros del Conis durarán en sus cargos un período de cinco años y podrán ser reelegidos. El representante de la comunidad será nombrado por un plazo máximo de tres años y no podrá ser reelegido. Los miembros del Conis podrán ser cesados de sus cargos por las causas que se señalan en el reglamento de esta ley.

Los integrantes del Conis no podrán ser nombrados de forma simultánea en el Conis ni en cualquier otro comité ético científico (CEC).

ARTÍCULO 37.-     Dietas

Los miembros del Conis serán remunerados mediante dietas por sesión, cuyo monto equivaldrá al ochenta por ciento (80%) de las dietas que se pagan a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social por cada sesión. El número de sesiones remuneradas mensualmente no podrá exceder de diez sesiones por mes, entre sesiones ordinarias y extraordinarias.

El Conis sesionará ordinariamente una vez por semana y, extraordinariamente, cuando sea necesario, por convocatoria efectuada por su presidente o por no menos de dos de sus miembros.

Ningún miembro del Conis podrá percibir directa o indirectamente remuneración o reconocimiento material alguno por parte de los patrocinadores, investigadores, las organizaciones de administración por contrato o de las organizaciones de investigación por contrato. Los miembros del Conis que incurran en esta falta serán cesados de sus cargos.

ARTÍCULO 38.-     Requisitos académicos y profesionales para integrar el Conis

Los miembros del Conis, titulares y suplentes deberán ser profesionales en los campos de los derechos humanos, bioética, investigación clínica, epidemiología, salud pública o servicios de salud.

Para ocupar un puesto en el Conis se requiere al menos:

a)      Poseer un título universitario con el grado de licenciatura como mínimo y estar adscrito al colegio respectivo.

b)      Tener reconocida y probada honorabilidad.

Estos requisitos no aplican para el inciso g), así como para el caso de quien ocupe el cargo de ministro, indicados en el artículo 36 de esta ley.

ARTÍCULO 39.-     Revocatoria de nombramiento

El Consejo Nacional de Investigación en Salud, por acuerdo simple, podrá solicitar al órgano o la institución correspondiente que se revoque el nombramiento de cualquiera de sus miembros por ausencias injustificadas, incumplimiento de sus funciones dentro del Conis o por conflicto de intereses.

ARTÍCULO 40.-     Integrantes ad hoc y comisiones especiales

El Conis podrá incorporar, de forma transitoria y en la medida que lo considere necesario, a consultores o expertos, quienes no tendrán derecho a voto. También podrá conformar subcomisiones o grupos de trabajo para el análisis técnico de proyectos o temas específicos. Las personas que integran el Consejo Nacional de Investigación en Salud no podrán formar parte, de forma simultánea, de cualquier otro comité ético científico del país. Queda autorizado el Conis para cancelar con cargo al presupuesto institucional a los consultores o expertos que requiera contratar para cumplir los objetivos de esta ley.

ARTÍCULO 41.-     Acuerdo de confidencialidad y declaración de conflicto de  interés

Los miembros del Conis y todo el personal deberán firmar, antes de iniciar labores, un acuerdo de confidencialidad, efectuar una declaración de actividades y de conflicto de interés, y deberán abstenerse de tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones en que tengan un interés directo, indirecto o familiar en el asunto examinado; para ello, deberán revelar cualquier conflicto de interés que pueda afectar su objetividad.

ARTÍCULO 42.-     Cuórum

El cuórum se integrará con la presencia de la mayoría de los miembros. Los acuerdos se tomarán con el voto concurrente de la mayoría de los presentes. Cuando se produzca un empate, el presidente resolverá con su voto de calidad. La renuncia o el cese de uno de los miembros no implicarán la desintegración del órgano, siempre y cuando el cuórum requerido para sesionar se mantenga.

ARTÍCULO 43.-          Funciones del Conis

Serán funciones del Conis:

a)  Regular y supervisar y dar seguimiento a las investigaciones biomédicas y garantizar la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de las personas.

b)      Acreditar, registrar y supervisar el funcionamiento de los CEC, tanto públicos como privados, a las organizaciones de administración por contrato (OAC) y a las organizaciones de investigación por contrato (OIC).

c)  Acreditar a los investigadores que llevan a cabo investigaciones biomédicas.

d)  Resolver, en un plazo que no excederá de tres meses, los conflictos entre los investigadores y los CEC.

e)  Conocer y resolver oportunamente las denuncias o los reclamos contra los investigadores, las OIC, las OAC, los CEC o las entidades de las que estos dependen.

f)   Supervisar e inspeccionar cualquier OAC, OIC, CEC, investigador o proyecto de investigación para verificar el cumplimiento de las normas establecidas.

g)  Suspender, por razones de urgencia comprobada, o bien, cancelar en cualquier momento, la aprobación de un proyecto de investigación, si se determina que está en peligro la libertad, la dignidad, la privacidad, la salud o el bienestar de los participantes.

h)  Suspender, de manera temporal o permanente, la acreditación de un CEC o investigador, si se determina que no está cumpliendo lo establecido en la presente ley.

i)   Promover e impulsar la capacitación en bioética en investigación, en el ámbito nacional en general, y en particular a los CEC, a los patrocinadores e investigadores.

j)   Informar, por escrito, a las autoridades de salud de las regiones de salud del Ministerio de Salud, sobre las investigaciones aprobadas y que estén por desarrollarse en su jurisdicción.

k)  Administrar el presupuesto asignado en esta ley.

l)   Presentar una memoria anual de funciones a las instituciones representadas en el Conis.

m) Verificar que los CEC cuenten con adecuados y suficientes recursos financieros para su funcionamiento. El Conis podrá requerir a las entidades que constituyan los CEC que los doten de adecuados y suficientes recursos humanos y materiales para su debido funcionamiento.

n)  Llevar un registro nacional de todas las investigaciones biomédicas que se realizan en los centros privados y públicos del país verificando que los CEC deben de remitir al momento de aprobar una investigación y antes de que se inicie esta, el cual será de acceso público.

ñ)  Llevar un registro nacional de las entidades o establecimientos de salud que realice investigaciones biomédicas.

o)  Establecer un registro nacional de investigadores.

p)  Llevar un registro nacional de las organizaciones de investigación y de administración por contrato.

q)  Llevar un registro actualizado de los CEC y de los investigadores, patrocinadores, OAC y OIC que hayan sido sancionados por incumplimiento de la presente ley.

r)  Llevar un registro de las publicaciones y presentaciones en actividades científicas de los resultados de las investigaciones biomédicas aprobadas en el país.

s)  Definir, anualmente, los planes de trabajo y presupuestos necesarios para ejercer sus funciones.

t)   Velar por el cumplimiento de las normas éticas que orientan la investigación biomédica. Implementar un sistema de información de investigación biomédica, accesible en todo momento, con bases de datos actualizadas sobre las investigaciones aprobadas y rechazadas, investigadores, CEC, OIC y OAC registrados, información y orientación para los potenciales participantes en las investigaciones.

u)  Llevar un registro nacional de las investigaciones que han sido rechazadas y las razones que fundamentaron la decisión.

v)      Llevar un libro de actas debidamente legalizado en el que consten todas sus reuniones y los acuerdos del Conis.

w) Llevar un registro de los investigadores sancionados y las razones que motivaron la sanción.

x)  Las demás que el reglamento de esta ley establezca.

ARTÍCULO 44.-     Inspección

El Conis tendrá facultades de inspección a los CEC, OAC, OIC, investigadores o investigaciones biomédicas, cuando lo considere necesario. Para tales efectos, el Conis tendrá las siguientes funciones:

a)  Realizar inspecciones en cualquier ámbito, con la finalidad de verificar que se cumplan los requisitos establecidos en esta ley.

b)      Asesorar de oficio o a petición de parte, en materia de su competencia, a los CEC, OAC, OIC e investigadores.

c)       Evacuar consultas en materia de su competencia de los CEC, OAC, OIC e investigadores.

d)      Notificar a las partes involucradas de los hallazgos en las inspecciones realizadas.

e)       Iniciar los procedimientos administrativos y judiciales que correspondan en caso de determinar algún incumplimiento a esta ley, dentro de los plazos que se establezcan vía reglamentaria.

f)       Las demás funciones que se le atribuyan vía reglamentaria.

Los sujetos referidos en este artículo deberán facilitar la información requerida por el Conis en el plazo que este lo determine, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en esta ley.

El Conis deberá contratar y capacitar al personal necesario para cumplir las funciones que le otorga este artículo.

ARTÍCULO 45.-          Presupuesto

El presupuesto del Conis estará constituido por los siguientes recursos:

a)      El monto de los ingresos por concepto de registro e inscripción de investigaciones.

b)      Los legados, las subvenciones y las donaciones de instituciones u organizaciones públicas y los aportes del Estado.

c)       Lo generado por sus recursos financieros.

d)      Los ingresos percibidos por concepto de acreditación, certificaciones, inscripciones por actividades educativas y, en general, por la prestación de los servicios que brinda.

e)       El monto de las multas que se generen por la aplicación de esta ley.

El Conis estará sujeto al cumplimiento de los principios y al Régimen de Responsabilidad establecidos en los títulos X y XI de la Ley N.º 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001. En lo demás, se exceptúa al Conis de los alcances y la aplicación de esa ley. En la fiscalización, el Conis estará sujeto únicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la República.

CAPÍTULO VI

COMITÉS ÉTICO CIENTÍFICOS

ARTÍCULO 46.-     Comités Ético Científicos

Toda entidad pública o privada en cuyas instalaciones se realicen investigaciones biomédicas podrá constituir un comité ético científico, en adelante CEC, con independencia de criterio, capacitado en bioética de la investigación y que deberá estar debidamente acreditado por el Conis.

El Ministerio de Salud conformará un CEC que estará a cargo de la aprobación de los ensayos clínicos Fase I, así como de la aprobación de investigaciones de investigadores y/o entidades independientes, públicas o privadas, que no cuenten con un CEC.

Aquellos investigadores independientes y/o entidades públicas o privadas que no cuenten con un CEC, también podrán someter el proyecto de investigación a cualquier CEC debidamente acreditado por el Conis.

Las entidades públicas o privadas que creen un CEC tienen la obligación de asegurarle suficiente independencia de criterio y funcionamiento, así como todos los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTÍCULO 47.-     Integración

Los CEC deberán ser multidisciplinarios en su composición y sus integrantes deberán tener reconocida honorabilidad, al menos un experto científico con experiencia en investigación y una persona que represente los intereses de la comunidad, nombrados mediante mecanismos que procuren la más amplia consulta y participación posible, de conformidad con el reglamento respectivo. Deberán contar con un mínimo de cinco miembros y se regirán por las normas establecidas en esta ley y su normativa interna.

Tanto los miembros como el personal de apoyo del CEC deberán firmar un acuerdo de confidencialidad y declaración de conflicto de interés.

ARTÍCULO 48.-     Funciones y obligaciones de los comités ético científicos (CEC)

Son funciones y obligaciones de los CEC:

a)      Asegurar que en las investigaciones biomédicas se respeten, estrictamente, la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad humana y se cumplan los requisitos y criterios de rigurosidad científica, así como las normas éticas que regulan la materia, entre ellas, el proceso del consentimiento informado, la idoneidad y la experiencia de los investigadores, y los requisitos establecidos en la presente ley.

b)      Proteger los derechos, la seguridad, la libertad, la dignidad y el bienestar de los sujetos que participan en una investigación biomédica.

c)       Tomar en consideración el principio de la justicia, de manera que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente entre todos los grupos y clases sociales.

d)      Dictar su normativa interna de funcionamiento, que deberá ser aprobada por el Conis como requisito de acreditación.

e)       Conocer, aprobar o rechazar los proyectos de investigación en los que participen seres humanos, en los plazos previstos en su reglamentación interna.

f)       Brindar la información para actualizar el Registro Nacional de Investigaciones Biomédicas al momento de aprobar una investigación y antes de que esta se inicie.

g)      Conocer, aprobar o rechazar las solicitudes de renovación de los proyectos de investigación biomédica, en los plazos previstos en el reglamento de esta ley.

h)      Conocer, aprobar o rechazar las enmiendas al protocolo original, al consentimiento informado y al asentimiento informado.

i)       Suspender o bien cancelar, en cualquier momento, la ejecución de un proyecto de investigación, si se determina que puede estar en peligro la salud o el bienestar de los participantes.

j)       Llevar un libro de actas debidamente legalizado en el que consten todas sus reuniones y un archivo de cada uno de los proyectos que se les presente para su revisión.

k)     Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante los informes que presente periódicamente el investigador principal y realizar, por lo menos una vez al año, una auditoría a cada institución y centro de investigación. Debe conocer, además, el informe de finalización del estudio.

l)       Revisar, registrar y comunicar al Conis todos los eventos adversos serios o inesperados y las situaciones más relevantes que ocurran durante el desarrollo de la investigación que se reporten al CEC.

m)     Conservar y custodiar los archivos de los proyectos sometidos a su conocimiento y toda la documentación que respalde su accionar por un período de quince años después de la finalización de cada investigación.

n)      Remitir informes trimestrales y anuales de su gestión ante el Conis, que incluyan las investigaciones aprobadas, rechazadas, suspendidas, canceladas y finalizadas, las enmiendas a investigaciones activas, las inspecciones realizadas y la lista de investigaciones activas.

ñ)      Ofrecer capacitación a sus integrantes, de modo que estos reciban periódicamente formación y educación continua en relación con la bioética y la investigación biomédica.

o)      Garantizar a los investigadores la posibilidad de presentar las objeciones que consideren necesarias en relación con los acuerdos del CEC.

p)      Poner a conocimiento del Conis y de las autoridades institucionales competentes las irregularidades o los incumplimientos a la presente ley.

q)      Evacuar de manera inmediata las consultas de los participantes de una investigación cuando soliciten información sobre sus derechos, y dar trámite, a la mayor brevedad posible, a las quejas que estos presenten en relación con la investigación o con el proceder de un investigador o su equipo humano.

r)       Acatar las disposiciones del Ministerio de Salud y el Conis en materia de su competencia.

s)       Los montos a cancelar al CEC por el proceso de revisión de los proyectos de investigación sometidos para su revisión, posible aprobación y por la supervisión, renovación e inspección de los proyectos aprobados, serán los que determine el CEC después del análisis de costos correspondiente y en concordancia con la reglamentación de esta ley.

t)       Llevar un registro de las publicaciones o presentaciones que se realicen de los resultados de las investigaciones aprobadas por el comité.

u)      Notificar al Patronato Nacional de la Infancia cuando sean aprobadas o renovadas investigaciones sobre personas menores de edad, para lo que corresponda.

v)      Las demás que establezca el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 49.-     Incompatibilidades

No podrán formar parte de los CEC:

a)      Los integrantes de las juntas directivas de instituciones públicas o empresas privadas promotoras de investigación biomédica, cuando participen directamente o por interpósita persona del capital accionario de empresas privadas de tal índole o su cónyuge, compañero o compañera o algunos de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

b)      Los funcionarios de la entidad, pública o privada, en la que se establezca el comité, en la que ellos o su cónyuge, o compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive ocupen puestos de jefatura o dirección que impliquen la competencia de decidir sobre la autorización de proyectos de investigación biomédica.

Cuando uno de los miembros de un CEC tenga nexos que impliquen riesgo de conflicto de interés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, del 6 de octubre de 2004, y sus reformas, y demás normativa del ordenamiento jurídico, deberá abstenerse de participar en el proceso administrativo, la aprobación, el control y el seguimiento de esa investigación específica.

ARTÍCULO 50.-     Presupuesto y recursos

Las entidades que constituyan un CEC deberán dotarles de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir sus funciones y obligaciones.

CAPÍTULO VII

OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR,

PATROCINADORES, ORGANIZACIONES

DE ADMINISTRACIÓN POR CONTRATO

Y ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN

POR CONTRATO

ARTÍCULO 51.-     Obligaciones del investigador

Son obligaciones del investigador responsable de la ejecución de la investigación biomédica:

a)       Respetar estrictamente la vida, la salud y la dignidad humana y cumplir los requisitos y criterios de rigurosidad científica, así como las normas éticas que regulan la materia y los requisitos establecidos en la presente ley.

b)       Mantenerse actualizado sobre aspectos bioéticos y de buenas prácticas clínicas.

c)       Garantizar que la realización de la investigación biomédica implica, en todos los casos, que los cuidados, procedimientos y tratamientos de rutina que los participantes requieren se anteponen al desarrollo de la investigación.

d)       Contar con formación académica, adiestramiento y experiencia para asumir la responsabilidad de la conducción apropiada de la investigación biomédica.

e)       Disponer de un número suficiente de personal calificado e instalaciones adecuadas para llevar a cabo la investigación biomédica.

f)       Asegurar que los miembros que forman parte del equipo de investigación tienen la calificación y experiencia adecuadas para la investigación propuesta dentro del ejercicio de su profesión, en concordancia con lo que establece la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973. En el caso de los estudiantes que realicen estudios de pregrado, grado y posgrado, el CEC respectivo les podrá eximir de este requisito en la medida en que ello no implique un riesgo para los participantes.

g)       Presentar el protocolo de investigación ante el CEC debidamente acreditado y, antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la investigación, contar con la aprobación respectiva.

h)       Estar completamente familiarizado con el protocolo de investigación y consentimiento informado y, en caso de ensayos clínicos, con el folleto del investigador y con el medicamento, equipo o material en investigación.

i)        Cumplir lo establecido en el protocolo de investigación aprobado por el CEC.

j)       Garantizar la obtención del consentimiento informado de forma correcta y oportuna por parte del participante o de su representante legal, cuando el CEC correspondiente no le haya eximido de dicho requisito.

k)      Llevar el control de los medicamentos, equipos o materiales en los ensayos clínicos.

l)        Garantizar que los datos reportados de la investigación biomédica sean exactos, legibles, estén completos y en el tiempo requerido.

m)     Asegurar que las personas para las cuales la investigación revista especial riesgo sean excluidas de esta.

n)       Remitir al CEC respectivo, para su revisión, todas las enmiendas que se produzcan al protocolo antes de que los cambios puedan ser implementados, siempre que ello no implique un riesgo para los participantes.

ñ)       Enviar al CEC respectivo los reportes de seguridad internacionales, en caso de investigaciones o estudios multicéntricos.

o)       Informar al CEC, en un plazo máximo de veinticuatro horas, de todos los eventos adversos serios o problemas inesperados ocurridos en la investigación biomédica a su cargo.

p)       Remitir informes al CEC acerca del progreso de la investigación, mediante reportes trimestrales y anuales.

q)       Ofrecer asesoramiento a los participantes de una investigación, durante todo el desarrollo de esta, acerca de sus derechos.

r)       Garantizar, mediante el control adecuado, que los beneficios potenciales para la salud de los participantes superen los riesgos.

s)       Informar inmediatamente a los participantes y al CEC, en caso de terminación anticipada de la investigación, una explicación detallada de esta suspensión. En caso de ensayos clínicos, asegurar un tratamiento y seguimiento apropiado para cada uno de los participantes.

t)       Custodiar en un archivo toda la documentación de cada investigación, por un período de quince años después de concluida la investigación.

u)       Remitir copia del informe final y de los resultados finales de la investigación, según los requisitos del CEC que la aprobó.

v)       Poner a disposición de los participantes la información que se considere relevante para la salud de estos.

w)      Cumplir las obligaciones éticas, científicas y administrativas que le sean impuestas por el patrocinador de la investigación, el CEC, el Conis o cualquier entidad reguladora, con interés de verificar la protección de los derechos de los participantes en la investigación, de acuerdo con la legislación vigente.

x)       Declarar cualquier posible conflicto de interés antes y durante la realización de la investigación.

y)       Cuando designe una organización para realizar una investigación (organización de administración por contrato), deberá suscribir un contrato en el que se establezcan las obligaciones y responsabilidades que asume dicha organización.

z)       Acatar las disposiciones del Ministerio de Salud, el Conis y el CEC en materia de su competencia.

aa)    Remitir, al CEC que aprobó la investigación y al Conis, copia de las publicaciones y/o certificación de participación en actividades científicas de los resultados de la investigación.

ARTÍCULO 52.-     Publicación de resultados de las investigaciones biomédicas

Es obligación del investigador publicar o presentar, en algún congreso o actividad científica, los resultados de las investigaciones biomédicas que lleve a cabo. Al publicar los resultados de investigaciones biomédicas, los investigadores deben respetar la exactitud de los datos y resultados obtenidos, y dar a conocer tanto los resultados positivos como los negativos, incluir la información correspondiente a las fuentes de financiamiento de la investigación y las entidades patrocinadoras, e indicar la institución o las instituciones de salud donde se llevó a cabo la investigación. De igual manera, en las publicaciones se guardará el respeto al derecho de confidencialidad de los participantes.

El Conis podrá dispensar de la publicación de los resultados de las investigaciones biomédicas, cuando se trate de resultados con escasos aportes.

ARTÍCULO 53.-     Obligaciones del patrocinador

Son obligaciones del patrocinador:

a)      Asegurar y documentar que los sistemas electrónicos de datos cumplen los requerimientos de integridad, exactitud, confiabilidad y consistencia en la ejecución propuesta y que mantienen un sistema de seguridad que impide el acceso no autorizado de datos.

b)      Seleccionar adecuadamente al investigador, su equipo humano y la entidad en que se realizará la investigación.

c)       Supervisar la conducción de las investigaciones y poner en ejecución un sistema de estándares de calidad.

d)      Asegurar suficiente financiamiento, adecuados recursos materiales y equipo al investigador y a la entidad que realizarán la investigación, mediante la suscripción de contratos que contengan dichas condiciones.

e)       Definir y obtener un acuerdo con el investigador para conducir la investigación de conformidad con las buenas prácticas clínicas, los requerimientos reguladores nacionales y el protocolo aprobado por el CEC.

f)       Verificar que la investigación que patrocina ha sido aprobada por el respectivo CEC acreditado en el país.

g)      Ofrecer adecuada y permanente capacitación sobre metodologías científicas y éticas de la investigación al investigador y su equipo humano.

h)      Verificar que el investigador reporte al CEC aquellos casos en los cuales encontró desviaciones al protocolo aprobado.

i)       Cubrir los costos del tratamiento de las personas participantes que sufrieran alguna lesión como consecuencia de la investigación.

j)       Indemnizar a aquellos participantes que sufrieran lesiones o a herederos en caso de muerte, como consecuencia directa de la investigación clínica y que tengan relación con los procedimientos de esta, siempre y cuando estos no sean riesgos inherentes de los medicamentos y/o procedimientos estándar; para ello, deberá contar con una póliza de seguro con vigencia que cubra desde el inicio de la investigación y hasta un mínimo de dos años después de finalizada la participación del participante en la investigación. Garantizar cobertura legal y una póliza de responsabilidad civil a favor del investigador y su equipo humano, con el fin de hacer frente a posibles reclamos por lesiones o daños atribuibles a la investigación clínica, siempre y cuando no se deba a negligencia, impericia o violaciones al protocolo, en cuyo caso la responsabilidad compete al investigador.

k)      Proveer al participante, de manera gratuita y después de la conclusión de una investigación clínica, el medicamento, dispositivo o procedimiento que ha sido objeto de investigación, salvo que:

i.             El medicamento, dispositivo o procedimiento deje de ser eficaz para el participante o no lo requiera, lo cual deberá ser establecido por parte del médico tratante mediante resolución debidamente fundada, la que pasará a formar parte del expediente y será comunicada al CEC dentro de los tres días hábiles posteriores a su emisión.

ii.       Se suspenda el desarrollo de dicho medicamento, dispositivo o procedimiento.

iii.     El investigador certifique que no es indispensable para preservar la salud del participante y hay alternativas terapéuticas.

iv.      El paciente no otorgue el consentimiento informado requerido para la continuación del tratamiento.

l)       Notificar al investigador, al CEC y al Conis sobre las razones que justifican la suspensión de una investigación biomédica.

m)     Garantizar al investigador, al CEC y a los participantes que la suspensión de una investigación biomédica no afectará a estos últimos.

n)      Certificar que en las investigaciones biomédicas los productos en investigación (incluyendo comparador activo y placebo si aplicara), sean manufacturados de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura, que se indiquen las condiciones de almacenamiento, que los empaques prevengan la contaminación o el deterioro durante el transporte y almacenamiento, la codificación y el etiquetado en español y cumplir los requisitos que se establezcan vía reglamento.

ñ)      Asegurar la entrega oportuna de los productos en investigación, mantener registros del envío, la recepción, la disposición, la devolución y la destrucción de estos productos.

o)      Documentar los aspectos financieros de la investigación en un acuerdo entre el patrocinador y el investigador.

p)      El patrocinador podrá transferir cualquiera o todas sus tareas y funciones relacionadas con la investigación a una organización de investigación por contrato (OIC), pero mantendrá la responsabilidad final de la calidad e integridad de los datos de la investigación.

q)      Cualquier tarea y función relacionada con la investigación, que sea transferida y asumida por una OIC, debe ser especificada por escrito. Todas las obligaciones aquí descritas, que se hacen al patrocinador en esta ley, también aplican para la OIC hasta donde esta haya asumido las tareas y funciones del patrocinador.

r)       Acatar las disposiciones del Ministerio de Salud, el Conis y el CEC en materia de su competencia.

s)       Custodiar en un archivo toda la documentación de cada investigación, por un período de quince años después de concluida la investigación.

t)       Remitir copia del informe final y de los resultados finales de la investigación al CEC y al Conis, el cual deberá publicarlos en el registro digital que creará para tal fin.

u)      Poner a disposición de los participantes la información que se considere relevante para la salud de estos.

v)      Cumplir las obligaciones éticas, científicas y administrativas que le sean impuestas por el CEC, el Conis o por cualquier entidad reguladora, con interés de verificar la protección de la dignidad y de los derechos de los participantes en la investigación, de acuerdo con la legislación vigente y las pautas éticas internacionales para la investigación clínica experimental.

w)      Declarar cualquier posible conflicto de interés antes y durante la realización de la investigación.

x)      Cuando designe una organización para realizar una investigación (organización de administración por contrato, OAC), deberá suscribir un contrato en el que se establezcan las obligaciones y responsabilidades que asume dicha organización.

y)      Remitir, al CEC que aprobó la investigación y al Conis, copia de las publicaciones y/o certificación de participación en actividades científicas de los resultados de la investigación.

ARTÍCULO 54.-     Obligaciones de la organización de administración por contrato y de la organización de investigación por contrato

Serán obligaciones de la organización de administración por contrato (en adelante OAC) y de la organización de investigación por contrato (en adelante OIC), las siguientes:

a)      Remitir al CEC informes trimestrales y anuales de su gestión.

b)      Presentar al CEC, para su registro, el documento de acuerdo suscrito con el patrocinador de la investigación o con el investigador, a fin de conocer las tareas y funciones que le han sido transferidas. Asimismo, deberá trasladar al CEC cualquier modificación a este acuerdo, en un plazo máximo de ocho días hábiles.

c)       Todas las que el patrocinador o investigador le haya transferido por medio del contrato o documento contractual suscrito entre ellos.

d)      Responder, de manera solidaria con el patrocinador o investigador, ante eventuales daños o perjuicios ocasionados por las tareas o funciones que le han sido transferidas.

CAPÍTULO VIII

INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS

ARTÍCULO 55.-     Aprobaciones y autorizaciones

Toda investigación, antes de su inicio, deberá contar con la aprobación escrita de un CEC debidamente acreditado y, en caso de que se vaya a realizar en un centro de salud público o privado, deberá contar también con la autorización de la autoridad o las autoridades correspondientes. Ninguna autoridad, pública ni privada, podrá autorizar una investigación sin la aprobación del respectivo CEC.

En el caso de investigaciones que requieran la importación de medicamentos, equipos, dispositivos y suministros, relacionados con las investigaciones aprobadas, las aprobaciones y autorizaciones que se indican en el párrafo anterior serán requisitos indispensables para su importación al investigador.

ARTÍCULO 56.-     Control y seguimiento de las investigaciones

En todos los casos, la realización de la investigación deberá ajustarse al contenido del proyecto al que se hubiera otorgado la autorización.

Las autoridades sanitarias tendrán, en todo momento, facultades inspectoras sobre la investigación, pudiendo tener acceso a las historias clínicas individuales de los participantes de la investigación, para lo que deberán guardar, en todo caso, su carácter confidencial.

Las autoridades sanitarias, el Conis o el CEC pueden suspender cautelarmente la investigación autorizada en los casos en los que no se hayan observado los requisitos que establece esta ley o cuando tengan indicios de que la salud, integridad y seguridad de los participantes está en peligro, debiendo en todo momento proteger los derechos de estos. Dichas medidas procederán en el acto inicial del proceso administrativo y deberán ser dictadas como acto preliminar, con el fin de garantizar los derechos y la seguridad de los participantes, y el debido proceso. Asimismo, deberán notificar a todas las partes interesadas, incluyendo a las autoridades del centro de salud donde se estaba realizando la investigación.

ARTÍCULO 57.-     Inaplicabilidad del silencio positivo

No será aplicable a los procesos de aprobación, fiscalización, control y seguimiento de proyectos de investigaciones biomédicas, en cualquiera de sus modalidades, la figura del silencio positivo regulada en el artículo 330 de la    Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

ARTÍCULO 58.-     Contrato

Toda investigación biomédica que cuente con patrocinio externo a la entidad pública o privada, donde tal actividad se realice, debe contar con un contrato mediante el cual se regulen los derechos y las obligaciones tanto del patrocinador como del investigador que lleve a cabo la investigación. Este contrato debe indicar el pago pactado por realizar la investigación e incluir una cláusula mediante la cual el patrocinador se responsabilice de los eventos adversos a corto y largo plazos, que sean producto de esta. La ausencia de dicha cláusula no exime al patrocinador de su responsabilidad. Dicho contrato deberá ser suscrito por el representante del patrocinador, el investigador principal y el representante de la entidad pública o privada, y deberá suscribirse previamente al inicio de la investigación.

ARTÍCULO 59.-     Prohibición a los jerarcas de instituciones públicas y privadas

Se prohíbe a los jerarcas y funcionarios de instituciones públicas o privadas autorizar el desarrollo de investigaciones biomédicas o con el mismo fin, ceder recursos de cualquier tipo de las entidades bajo su cargo, si dichas investigaciones no cuentan con la previa aprobación de un CEC. Las autoridades respectivas de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se pretenda realizar una investigación clínica experimental, podrán denegar la facilitación de los recursos a los que hace referencia este artículo, si a su juicio el ceder algún tipo de recurso podría afectar la atención de los pacientes y el servicio médico asistencial a cargo de esa institución.

ARTÍCULO 60.-     Canon

Para los efectos de registrar un proyecto de investigación biomédica, el investigador principal deberá cancelar al Conis una suma equivalente a un tres por ciento (3%) del presupuesto total de la investigación. Para estos efectos, el investigador, el patrocinador, la OAC o la OIC deberán presentar ante el CEC copia del contrato firmado con él y será obligación del CEC enviar copia de este documento al Conis, de acuerdo con lo indicado en esta ley. Este monto deberá ser cancelado al Conis al momento de solicitar el registro del proyecto aprobado.

Los fondos correspondientes a los cánones mencionados en este artículo serán destinados a financiar las siguientes actividades:

a)      El adecuado funcionamiento del Conis.

b)      Capacitación a los miembros del Conis y su personal, en temas de investigación, regulación y temas afines a la materia.

c)       Promover el interés en la investigación biomédica, ya sea de manera directa o colaborando con proyectos o programas organizados por las autoridades sanitarias o la comunidad científica integrada por el sector público.

d)      Colaborar e incentivar actividades de mejora de los procesos de investigación y divulgación de la bioética, y los derechos de los usuarios de los servicios de salud y los participantes en los proyectos de investigación.

e)       Financiar proyectos de interés para la salud pública definidos por el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 61.-     Exención

Quedan exentas de la cancelación del canon estipulado en el artículo anterior las siguientes investigaciones:

a)      Las que sean calificadas como de interés público por el Poder Ejecutivo.

b)      Las que sean consideradas como prioridad sanitaria por el Ministerio de Salud.

c)       Las que sean investigaciones realizadas por estudiantes de educación superior, con la finalidad de obtener un título de pregrado, grado, posgrado o similar.

d)      Los investigadores independientes sin patrocinio, siempre que su desarrollo y resultados carezcan de fines comerciales.

e)       Las investigaciones realizadas por los programas y proyectos de investigación de las universidades estatales.

Lo anterior no se aplicará, bajo ningún concepto, a las investigaciones patrocinadas por transnacionales farmacéuticas o por organizaciones con fines de lucro.

ARTÍCULO 62.-     Protección de expedientes

Toda la información concerniente a la investigación que se realice en seres humanos deberá quedar registrada en el expediente del paciente y protegerse por un período de treinta años, en la institución de salud o la clínica donde se realizó.

ARTÍCULO 63.-     Uso del placebo

Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda investigación biomédica deben ser evaluados mediante su comparación con la mejor intervención probada existente, excepto en las siguientes circunstancias:

a)      El uso de un placebo es aceptable en estudios para los que no hay una intervención probada o tratamiento existentes.

b)      Cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, el uso de un placebo es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención que no implique un riesgo, efectos adversos graves o daño irreversible para los pacientes que reciben el placebo.

CAPÍTULO IX

INVESTIGACIONES CON GRUPOS VULNERABLES

ARTÍCULO 64.-     Menores de edad y personas sin capacidad volitiva y cognoscitiva

La investigación clínica en la que participe una persona con incapacidad legal, sea una persona menor o sin capacidad volitiva y cognoscitiva, declarada judicialmente, únicamente podrá realizarse cuando se prevea que los resultados puedan producir beneficios reales o directos para su salud, o cuando no se puedan obtener resultados comparables en individuos mayores o capaces de otorgar su consentimiento.

Cuando sea previsible que la investigación clínica no vaya a producir resultados en beneficio directo para la salud de estos participantes, la investigación podrá ser autorizada de forma excepcional, si concurrieran las siguientes condiciones:

a)      Que la investigación tenga como objetivo contribuir a la comprensión de la enfermedad o a un resultado beneficioso para otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad o condición.

b)      Que la investigación entrañe un riesgo y una carga mínimos para el participante.

ARTÍCULO 65.-     Personas altamente dependientes de la atención en salud

Las investigaciones clínicas deberán ser evaluadas con especial cuidado cuando se realicen con seres humanos particularmente vulnerables, a criterio del CEC, en razón de su alta dependencia en la atención de salud y/o de su limitada capacidad para comprender la información brindada y expresar libremente su voluntad de participación, o ambas circunstancias. Las investigaciones biomédicas requerirán condiciones y procedimientos adicionales de protección, cuando se realicen sobre:

a)      Personas con discapacidad altamente dependientes de cuidado y atención.

b)      Personas con deterioro cognitivo moderado o severo.

c)       Pacientes psiquiátricos graves, se encuentren o no internados.

d)      Personas en situaciones de emergencia en salud.

e)       Pacientes en estado crítico con cuidados intensivos.

f)       Pacientes con enfermedades terminales.

Estas investigaciones deberán cumplir al menos las siguientes condiciones:

1)      No podrán ser contrarias a los mejores intereses del paciente.

2)      Procurarán beneficio terapéutico con una posibilidad razonable de superioridad sobre el tratamiento estándar.

3)      No podrán tener mayor riesgo que el propio de las condiciones del paciente y de los métodos alternativos de tratamiento.

4)      El proceso de consentimiento informado será instrumentado hasta el modo más razonable posible de cumplir con sus exigencias, incluyendo la participación de familiares y del representante autorizado.

5)      En los casos en que el paciente no sea quien otorgue el consentimiento, este será informado tan pronto como sea posible y podrá retirarse de la investigación sin consecuencia alguna para su debida atención y cuidados.

6)      Cualquier otra que defina el reglamento a esta ley.

ARTÍCULO 66.-     Comunidades autóctonas emigrantes y en colectivos particularmente vulnerables

La investigación clínica en grupos vulnerables solo podrá realizarse en la medida en que se acrediten las siguientes circunstancias:

a)      Que la investigación se realiza con el objetivo de tratar y beneficiar a la comunidad en alguna dolencia propia y característica de esta o en otra de alta prevalencia.

b)      Que el investigador y el patrocinador se comprometen, de forma fehaciente, a respetar el sistema de valores, cosmovisión y cultura de la comunidad que participará en el estudio, y a adaptar el diseño y los procedimientos del estudio a las costumbres de cada comunidad originaria.

c)       Que el consentimiento de cada participante perteneciente a una comunidad originaria sea precedido de información suministrada en la lengua originaria propia de su cultura, en caso de que no comprenda el español y que, en cualquiera de estos casos, el investigador garantice la comprensión de la información y la libertad de la decisión tomada por él o la participante.

d)      Que la investigación cuente con la aprobación de un CEC que sesionó con la presencia de un representante de la comunidad, elegido por la misma comunidad, y con la autorización del Conis.

ARTÍCULO 67.-     Grupos subordinados

Las investigaciones en las que participen seres humanos, que se realicen sobre personas o grupos que se encuentren bajo autoridad de los investigadores o la de un tercero, o en determinadas situaciones de dependencia que puedan vulnerar o afectar su autonomía, y que no supongan un beneficio directo para los participantes en la investigación, exigen una especial atención para la aplicación de la presente ley. Deben considerarse grupos subordinados en razón de autoridad, entre otros, estudiantes, residentes y/o concurrentes de medicina u otras ciencias de la salud, personas privadas de su libertad y funcionarios de las policías y de seguridad. Estas investigaciones solo podrán realizarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a)      La investigación se realiza con el propósito de lograr un beneficio para el grupo subordinado bajo estudio.

b)      La investigación no puede ser realizada en grupos de población no subordinada.

c)       La investigación supone un riesgo o carga mínimos para las personas incluidas en el estudio.

ARTÍCULO 68.-     Investigaciones clínicas con mujeres embarazadas o en período de lactancia

Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben participar en una investigación clínica, salvo si se cumplen las siguientes condiciones de manera simultánea:

a)      Que no puedan obtenerse resultados comparables en mujeres no embarazadas o en período de lactancia.

b)      Que la investigación involucre un riesgo mínimo para la salud de ellas, del producto de la concepción en cualquiera de las etapas del embarazo o del lactante, o que el beneficio supere el riesgo.

c)       Que el objetivo de la investigación sea obtener nuevos conocimientos que redunden en beneficio de otras mujeres o del producto de la concepción en cualquiera de las etapas del embarazo o del lactante.

ARTÍCULO 69.-     Investigaciones clínicas con personas privadas de libertad

A las personas privadas de libertad no se les debe negar injustificadamente la posibilidad de participar en investigaciones clínicas o de tener acceso a medicamentos, vacunas y otros elementos de investigación que puedan representar beneficio terapéutico o preventivo para ellos.

Se deberá prestar atención especial a garantizar la voluntariedad del consentimiento en esta población, aplicando una metodología científica adecuadamente probada que garantice razonablemente que el consentimiento del privado o la privada de libertad es incuestionablemente voluntario.

CAPÍTULO X

SANCIONES

ARTÍCULO 70.-     Medidas sanitarias y administrativas

El Ministerio de Salud, el Conis o el CEC, según corresponda, deberá conocer y dictar las medidas sanitarias y administrativas correspondientes para evitar o enmendar aquellas acciones contrarias a esta ley en que incurran los investigadores, los patrocinadores y cualquier otro interesado que intervenga en un proyecto de investigación; todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que pueda corresponder al infractor.

ARTÍCULO 71.-     Medidas cautelares

Durante la tramitación de procedimientos administrativos o investigaciones en sede judicial que cuestionen la legalidad de la actividad del investigador, del patrocinador o del CEC, de la OIC o de la OAC y para efectos de resguardar la salud y la seguridad de los participantes en una investigación, el órgano competente podrá imponer las medidas cautelares necesarias.

Se podrán suspender temporal o definitivamente, parcial o totalmente las investigaciones, el investigador o la aprobación de proyectos de investigación en caso de que la autoridad administrativa o en sede judicial se considere necesario.

El órgano competente, mediante resolución fundada y previa audiencia a los interesados, debe resolver si confirma, modifica o revoca la medida adoptada. Para ello, deberá aplicar el procedimiento que establece el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

ARTÍCULO 72.-     Infracciones del investigador o el patrocinador, la OIC o la OAC

El Conis, previo debido proceso, podrá imponer una multa hasta del treinta por ciento (30%) del valor total de la investigación, en caso de que el investigador o el patrocinador, la OIC o la OAC incurra en alguna de las siguientes infracciones:

a)      Haya suministrado datos falsos o haya omitido información relevante durante el proceso de aprobación o ejecución de un proyecto de investigación.

b)      Inicie un proyecto de investigación sin contar con la debida aprobación del CEC.

c)       Incumpla o retrase injustificadamente, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley.

d)      Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les correspondan según la ley.

Para determinar la sanción aplicable, se tomará en cuenta la gravedad de la falta por parte del investigador, el patrocinador, la OIC o la OAC o de los empleados, representantes o personeros de la empresa, y la reincidencia de las faltas contra esta ley. El Conis publicará la lista de los investigadores, los patrocinadores, las OIC o las OAC sancionados, en la página web del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 73.-     Infracciones del CEC

El Conis podrá imponer a los empleados, representantes o personeros de un CEC, una multa hasta de trescientas veces el salario base, de acuerdo con la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas, ley que crea el concepto de salario base para delitos especiales del Código Penal, en caso de que cualquiera de ellos incurra en alguna de las siguientes infracciones:

a)      Incumpla o retrase injustificadamente, el cumplimiento de las obligaciones que esta ley le otorga, así como de cualquier otra obligación prevista en esta ley, en la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973, en el código de moral o ética de los colegios profesionales a los que pertenezcan los investigadores, o en las disposiciones reglamentarias de los citados cuerpos legales, o cualquier otra norma legal aplicable.

b)      No resuelva o canalice, oportunamente, las denuncias que presenten las personas que participan en las investigaciones, por daños sufridos.

c)       Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les correspondan según la ley.

Para determinar la sanción aplicable, se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el grado de culpa o la existencia de dolo por parte de los empleados, representantes o personeros del CEC y su reincidencia.

ARTÍCULO 74.-     Coordinación

El Ministerio de Salud y el Conis determinarán los mecanismos de coordinación necesarios para la más correcta y eficiente aplicación de los controles, las medidas sanitarias especiales y las sanciones previstas en esta ley. El producto de las multas fijadas en este artículo se distribuirá de la siguiente manera: un cincuenta por ciento (50%) al Conis y un cincuenta por ciento (50%) al CEC, en caso de que el incumplimiento sancionado fuera de un patrocinador o de un investigador. En el caso de la imposición de multas al CEC, el producto de estas corresponderá al Conis.

ARTÍCULO 75.-     Impugnaciones

Contra las resoluciones que emitan los CEC, en el ejercicio de sus competencias, cabrá recurso de apelación ante el Conis. El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución correspondiente.

La resolución que imponga una multa constituirá título ejecutivo contra el infractor. El Conis o el CEC, según corresponda, estarán legitimados para cobrarla.

ARTÍCULO 76.-               Procedimiento sancionatorio

El proceso sancionatorio aplicará el procedimiento establecido en la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

ARTÍCULO 77.-     Hechos punibles

Si del incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley o su reglamento resultaran hechos punibles, el ministro de Salud, el Conis o el CEC, o quien tenga conocimiento del hecho punible, según corresponda, comunicarán lo conducente al Ministerio Público para que promueva y ejercite las acciones penales pertinentes.

ARTÍCULO 78.-     Experimentación indebida

Quien someta a una persona a investigación para la aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias, tratamientos, técnicas, dispositivos o procedimientos, sin informarle, debidamente, de la condición experimental de estos y de los riesgos que corre, y sin que medie consentimiento expreso, escrito y documentado de la víctima o de su representante legal y autorización del procedimiento por parte de un CEC; o quien se haya valido de la imposibilidad de la víctima para emitir un consentimiento, de coacción, amenaza, engaño, desinformación, manipulación o de cualquier otro medio ilícito para obtener dicho consentimiento, será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años.

A quien promueva o realice investigaciones científicas biomédicas sin contar con el consentimiento informado válidamente otorgado por los participantes o su representante legal, salvo que el CEC respectivo haya eximido del cumplimiento de tal requisito de conformidad con la presente ley, o se haya valido de la coacción, la amenaza, el engaño, la desinformación, la manipulación, o de cualquier otro medio ilícito para obtener dicho consentimiento, se le impondrá una pena de prisión de tres a ocho años.

ARTÍCULO 79.-     Experimentación indebida grave

La pena de prisión será de cinco a diez años, cuando las conductas descritas en el artículo anterior sean realizadas por funcionarios públicos o se trate de investigadores reincidentes en la conducta sancionada o cuando se cometan en perjuicio de menores de edad, mujeres en estado de gestación, ancianos y personas incapaces o que por cualquier circunstancia no puedan manifestar su oposición a la práctica de la investigación.

ARTÍCULO 80.-     Inhabilitación

Adicionalmente a la pena de prisión que corresponde, la autoridad judicial deberá establecer la sanción de inhabilitación por un período de cinco a diez años para los procesos de investigación biomédica o para el ejercicio de su profesión, o ambas, según la valoración de los hechos, a la persona que haya cometido los actos tipificados en los artículos anteriores.

ARTÍCULO 81.-     Tráfico de influencias con investigaciones biomédicas

Se les impondrá una pena de prisión de uno a tres años a los miembros de comités ético científicos (CEC) y a los funcionarios de instituciones públicas o privadas que autoricen, faciliten o contraten la realización de investigaciones biomédicas en las que participen o tengan intereses económicos empresas en las cuales ellos, sus cónyuges o convivientes, o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, formen parte de sus juntas directivas, participen directamente o por interpósita persona física o jurídica en su capital accionario, o laboren como investigadores.

ARTÍCULO 82.-     Dádivas y coacción

Se le impondrá una pena de prisión de tres a cinco años al miembro de un comité ético científico que acepte cualquier tipo de dádivas de las personas o empresas que realicen investigación biomédica, sin perjuicio de otras sanciones y responsabilidades que procedan de conformidad con el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 83.-     Ofrecimiento de dádivas y coacción

Se impondrá pena de tres a cinco años de prisión a la persona que ofrezca dádivas o ejerza coacción a los miembros de un CEC para obtener resultados favorables en la autorización o cualquier etapa de la investigación, sin perjuicio de otras sanciones y responsabilidades que procedan de conformidad con el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 84.-     Utilización indebida de información privilegiada

Quien valiéndose de su cargo en la función pública o en el sector privado utilice protocolos o expedientes médicos o sociales de pacientes o usuarios, para ubicar, reclutar o contactar participantes para la investigación biomédica que le signifique beneficio económico a él, su cónyuge o conviviente, o a sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, sin perjuicio de otras sanciones y responsabilidades que procedan de conformidad con el ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 85.-     Violación de la privacidad

Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión a la persona que divulgue o publique, por cualquier medio, información privada sobre los participantes en un experimento clínico, sin el consentimiento previo de estos.

ARTÍCULO 86.-     Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un plazo de seis meses; sin embargo, la falta de reglamentación no impedirá su aplicación.

ARTÍCULO 87.-     Derogatorias

Se derogan los artículos 25, 26, 64, 65, 66, 67 y 68 todos de la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973.

TRANSITORIO I.-

Se autoriza a los CEC de las entidades públicas o privadas, que a la vigencia de la presente ley se encuentren operando, a continuar haciéndolo e iniciar la aprobación de investigaciones clínicas en estricto cumplimiento a lo establecido en esta ley. Sin embargo, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la constitución e instalación del Conis, tales CEC se encuentran obligados a acreditarse ante el Conis adecuándose a los requisitos exigidos en la presente ley para su funcionamiento. Vencido este plazo de seis meses, los CEC que no hayan solicitado la respectiva acreditación, perderán automáticamente su autorización para operar.

TRANSITORIO II.-

Se autoriza al Ministerio de Salud para que destine recursos humanos, financieros y de cualquier otra índole, que sean requeridos para la operación del Conis hasta tanto este no cuente con los fondos necesarios para operar y cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas en esta ley. Dentro del plazo de seis meses contado a partir de la vigencia de esta ley, el Ministerio de Salud formulará el correspondiente presupuesto que contemple el contenido por la asignación de las plazas necesarias para la conformación, el fortalecimiento y la operación de las competencias del Conis, así como la dotación de los recursos para financiar la infraestructura y el equipamiento requeridos para el funcionamiento eficaz y eficiente de dicho órgano. El Ministerio de Salud enviará al Ministerio de Hacienda el correspondiente plan de gastos, para que se incluya a favor del Conis en el próximo presupuesto extraordinario una transferencia por el total de la suma que resulte de la asignación de aquellos recursos.

TRANSITORIO III.-

Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la integración y entrada en funcionamiento del Conis, este organismo presentará para su aprobación, a la Contraloría General de la República, su primer presupuesto de operación. Asimismo, se autoriza incluir en este primer presupuesto las partidas que permitan pagar retroactivamente las dietas a los miembros del Conis por las sesiones a las que hubieran asistido y se hayan celebrado desde su instalación y hasta la fecha de aprobación por la Contraloría General de la República de aquel presupuesto. Esta autorización rige también para pagar, retroactivamente, los gastos administrativos ocasionados durante ese mismo lapso.

TRANSITORIO IV.-

Si al término de sesenta días hábiles, contado a partir de la publicación de esta ley o, en su caso, a partir del día que venza el plazo del nombramiento en el Conis de las instituciones obligadas a hacerlo, que no lo hubieran hecho, automáticamente los miembros que no hayan sido nombrados serán representados por:

a)    El ministro de Salud.

b)    El ministro de Ciencia y Tecnología.

c)    El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social.

d)    El presidente de Conare.

e)    El presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica.

f)     Un fiscal de cualquiera de los colegios profesionales de Médicos y Cirujanos, Farmacia, Cirujanos Dentistas o Microbiología, a elección del Ministerio de Salud, y por un representante de la comunidad que nombrará el titular del Ministerio de Salud.

g)    Un representante de la ciudadanía, que nombrará el titular del  Ministerio de Salud.

Los miembros nombrados de esta forma estarán en sus puestos hasta tanto no sea nombrado el respectivo titular y su suplente de la forma dispuesta en esta ley o el reglamento respectivo. Los miembros del Conis, mencionados en el párrafo anterior, están obligados a informar y acreditar en la primera sesión a la que asista el nombre de su respectivo suplente, quien deberá cumplir los requisitos establecidos en esta ley.

TRANSITORIO V.-

Mientras el Conis no cuente con su propia auditoría interna, podrá ser auditado por la auditoría interna del Ministerio de Salud, de conformidad con la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002 y la Ley   N.º 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A los siete días del mes de abril de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Luis Fernando Mendoza Jiménez

PRESIDENTE

Martín Alcides Monestel Contreras                                                                     Annie Alicia Saborío Mora

PRIMER SECRETARIO                                                      SEGUNDA SECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, Daisy María Corrales Díaz.—1 vez.—O. C. N° 21319.—Solicitud N° 2762.—C-1075330.—(L9234-IN2014025015).

DECRETOS

N° 38188-MAG

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3), 8), 18) y 20), 50 y 146 de la Constitución Política; los artículos 25, 27.1, 28.2b de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; la Ley N° 7064 del 29 de abril de 1987, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, que incorpora la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Ley N° 7384 del 16 de marzo de 1994, Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y la Ley N° 8436 del 1° de marzo del 2005, Ley de Pesca y Acuicultura.

Considerando:

1º—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 23943-MOPT-MAG del 5 de enero de 1995, se emitió el “Reglamento de Licencias de Pesca de Buques Extranjeros en Aguas de Costa Rica”.

2º—Que el Decreto Ejecutivo N° 23943, establece en su artículo 5° el cumplimiento de los requisitos correspondientes, para que el INCOPESCA pueda otorgar los permisos o licencias de pesca a embarcaciones atuneras cerqueras de bandera extranjera que deseen ejercer la actividad de pesca en aguas jurisdiccionales costarricenses.

3º—Que es obligación del Estado velar y proteger por los intereses de los pescadores artesanales que subsisten de otras especies marinas por lo que se hace necesario actualizar la tramitación de los permisos y licencias de pesca de las embarcaciones atuneras extrajeras.

4º—Que se ha considerado conveniente y procedente establecer en los requisitos o condiciones establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 23943, aquellos correspondientes al no uso de plantados, el cerco de otras embarcaciones en los lances de pesca y la comunicación de liberación de información de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), a Costa Rica, respecto de los métodos de pesca que la embarcación utiliza. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Adiciónese un párrafo cuarto al artículo 5° del Decreto Ejecutivo N° 23943-MOPT-MAG de 5 de enero de 1995, el cual en lo sucesivo se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 5º—Corresponderá al Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, a que se refiere la Ley N° 7384 de 16 de marzo de 1994, por medio de la Oficina correspondiente, otorgar los permisos o licencias de pesca.

Para tales efectos, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos al efecto por dicha Institución y presentar a la misma el certificado de tonelaje neto, a que alude el artículo 2° de este decreto.

El INCOPESCA, no otorgará permisos para realizar la actividad de pesca de atún, a aquellos permisionarios, que no cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 19936-MAG de 24 de agosto de 1990, publicado en La Gaceta N° 188 del 4 de octubre de 1990.

Igualmente deberán aportar para el trámite de la licencia o permisos de pesca de atún, por parte de los armadores y capitán de la embarcación, una manifestación expresa de conocimiento y aceptación en cuanto a la no utilización del uso de plantados en la realización de las actividades o faenas de pesca en aguas jurisdiccionales costarricenses, durante todo el período de registro de la embarcación, por la prohibición vigente en Costa Rica del uso de tales objetos; así como de no efectuar labores de pesca que impliquen cercar naves de bandera nacional o internacional que impidan su navegación o ejercicio de pesca si éstas se encuentran de previo en el área que se pretende hacer el lance por parte de la embarcación cerquera. Asimismo deberán indicar en forma expresa la aceptación de que la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) libere la información para las autoridades pesqueras de Costa Rica, respecto de la forma o el método que el barco utiliza y ha utilizado en el último año calendario para la pesca de atún. En caso de no cumplir con el compromiso expreso el INCOPESCA procederá a cancelar la licencia o permiso otorgado conforme lo dispone el artículo 164 de la Ley N° 8436 del 1° de marzo del 2005”.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de San José, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta.—1 vez.—(D38188 - IN2014023593).

N° 38284-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 incisos 5) y 14) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozca el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 17.502 REFORMA INTEGRAL A LA LEY Nº 8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO Y REFORMA A OTRAS LEYES (ORIGINALMENTE DENOMINADO): FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.

Artículo 2°—Rige a partir del 01 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día primero de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 049-M-LYD.—C-9150.—(D38284 - IN2014024056).

N° 38285-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Retírese del conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 17.777 LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (ORIGINALMENTE DENOMINADO): LEY GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS.

Artículo 2°—Rige a partir del 01 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, primero de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 048-M-LYD.—C-7620.—(D38285 - IN204023937).

Nº 38291-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, artículos 239 al 254 de la Ley General de la Administración Pública número 6227, artículo 1 de la Ley de Notificaciones Judiciales número 8687, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos número 8220, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos número 8454 y número 8292, la Ley General de Control Interno.

Considerando:

I.—Que con el fin de garantizar una mayor eficiencia en el servicio que presta el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8220 y sus reformas, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, así como en las políticas gubernamentales de modernización y digitalización de los medios tecnológicos, y de protección al medio ambiente; es necesario procurar el máximo aprovechamiento del potencial humano y materiales con que cuenta la Administración, maximizando la utilización de los medios electrónicos.

II.—Que conscientes de los beneficios en celeridad y eficiencia que conlleva el uso de los medios electrónicos en la gestión administrativa y que diferentes dependencias de este Ministerio los utilizan para enviar, recibir y notificar documentos en general, es que resulta necesario emitir un decreto que regule la gestión administrativa digital interna y externa de las diferentes dependencias de este Ministerio. Por tanto,

Decretan

Reglamento de Notificaciones,

Comunicaciones Administrativas, Envío y

Recepción de Documentos en el Ministerio

de Hacienda Mediante Correo Electrónico

CAPÍTULO I

De los aspectos generales

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Este Reglamento regula lo referente a la gestión administrativa, técnica y legal realizada en forma digital por las diferentes dependencias de este Ministerio, y que se comunica tanto en forma interna como externa.

En materia de notificaciones y recepción de documentos digitales que por su naturaleza son reguladas por ley especial, se realizarán respetando dicha normativa.

Artículo 2º—Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo la agilidad y la eficiencia en la gestión administrativa, técnica y legal de este Ministerio, por lo que toda Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina y Órgano de Desconcentración del mismo, estará autorizada, con sustento en el presente Reglamento al trámite de notificación y recepción mediante correo electrónico de los actos administrativos generados en su gestión y documentos, siempre que se garantice, la integridad del documento electrónico, la seguridad del acto de comunicación y/o notificación, el debido proceso y no se cause indefensión al usuario interno y externo.

Artículo 3º—Prioridad en el uso del correo electrónico para el intercambio de correspondencia y presentación de trámites, así como solicitudes internas y externas del Ministerio. Cada Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina y Órgano de Desconcentración de este Ministerio, mediante la coordinación del Director o Jefe respectivo, procurará y fomentará dentro de sus políticas, el envío y recepción de documentos y/o correspondencia mediante el uso de correo electrónico, como medio de comunicación oficial y de tramitación procedimental interna y externa del Ministerio.

Artículo 4º—Definiciones.

a.  Administración: Constituida por las Direcciones, Departamentos, Dependencias, Oficinas y Órganos de Desconcentración del Ministerio de Hacienda.

b.  Buzón y/o cuenta de correo oficial y/o autorizada: Correo electrónico oficial creado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación a solicitud del jerarca de las Direcciones, Departamentos, Dependencias, Oficinas y Órganos de Desconcentración de este Ministerio.

c.  Comprobante de transmisión y/o de envío: Constancia de que el correo electrónico fue remitido en forma correcta a la cuenta de correo electrónico oficial o la señalada para tal efecto por el administrado.

d.  Documento: Los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, realizado por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas.

e.  Firma Digital: Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico.

Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.

f.   Gestión Administrativa: Conjunto de trámites y/o solicitudes tanto físicas como digitales, y otros medios legales autorizados, ejecutados por los funcionarios(as) de este Ministerio en ejercicio de sus funciones.

g.  Gestionante: persona física o jurídica que presenta uno o un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto o solicitud presentada ante la Administración.

h.  Medio para atender notificaciones: Son aquellos autorizados en la Ley de Notificaciones Judiciales, tales como, el correo electrónico y fax o por cualquier otra forma tecnológica autorizada por este Ministerio, que permita la seguridad del acto de comunicación y confirmación del envío de este.

i.   Notificación electrónica: Comunicación de un acto administrativo efectuada mediante el uso de correo electrónico.

j.   Usuario Interno: Funcionarios (as) pertenecientes al Ministerio de Hacienda.

k.  Usuario Externo: Personas físicas y/o jurídicas, que haya planteado una gestión por medios físicos o en forma digital ante este Ministerio.

CAPÍTULO II

De la notificación por medio de correo electrónico

Artículo 5º—Envío y Recepción de Documentos mediante Correo Electrónico por parte del Administrado. Quienes intervengan en un proceso o procedimiento administrativo podrán realizar gestiones ante la Administración, a través de correos electrónicos, o por otros medios autorizados por la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Notificaciones Judiciales, o este Ministerio, que permitan el envío de la comunicación y su recepción, sin menoscabo de la tramitación de las gestiones que se presenten en soporte papel.

Artículo 6º—Posibilidad de utilizar medios alternativos. Cualquier interesado(a) en presentar una gestión ante este Ministerio, podrá solicitar ser notificado por correo electrónico.

El interesado(a) podrá señalar los medios legales que considere pertinentes para atender notificaciones, con un máximo de dos, con la indicación de cuál de ellos se debe utilizar como principal. Caso contrario, la Administración agotará los medios aportados. Es indispensable agotar los medios alternativos.

Artículo 7º—Validez del documento remitido y recibido mediante correo electrónico. Todos los documentos enviados y recibidos por correo electrónico y sus archivos adjuntos, tendrán la validez y la eficacia de documentos físicos originales, reservándose la Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado donde se presente la gestión, la opción de solicitar al gestionante los documentos originales para su respectiva confrontación, cuando estos no hubiesen sido remitidos con la utilización de la firma digital. Lo anterior siempre que se cumplan los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, su integridad y su seguridad.

Artículo 8º—Notificación digital. Los actos administrativos de este Ministerio podrán ser notificados mediante correo electrónico, si el(la) interesado(a) interno o externo, hubiese solicitado tal gestión por este medio. Esta solicitud podrá ser modificada en cualquier tiempo.

Artículo 9º—Requisitos de la notificación digital mediante correo electrónico. La notificación que realicen las Direcciones, Departamentos, Dependencias, Oficinas y Órganos de Desconcentración de este Ministerio, mediante correo electrónico, deberá contener la siguiente información:

a)  En el asunto deberá indicarse el tipo de gestión interpuesta, el nombre completo del interesado(a) y el número que identifica el documento, (siglas de la dependencia y número de consecutivo).

b) El correo deberá indicar el nombre del funcionario(a) que realiza la notificación.

c)  Deberá notificarse el acto administrativo firmado digitalmente en forma íntegra, para lo cual deberá adjuntarse el archivo correspondiente.

Artículo 10.—Notificación digital nula. Será nula la notificación mediante correo electrónico contraria a lo previsto en las leyes aplicables y en este Reglamento. En todo caso, la notificación se refutará como no válida cuando se le haya causado indefensión a la parte notificada a solicitud de ésta y previa comprobación de la misma.

En el caso que la Administración haya detectado el vicio, deberá de oficio, declarar la nulidad de la notificación y realizar la respectiva notificación como en derecho corresponda.

Artículo 11.—Notificación por Correo Electrónico que se tiene por realizada. Un acto administrativo se tendrá por notificado por correo electrónico cuando sin haber recibido notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, el apercibido se apersone al proceso, independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la notificación a todas las partes. Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del plazo legal que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al resultado de la nulidad.

Artículo 12.—Días y horas hábiles. Todos los días y las horas serán hábiles para practicar las notificaciones previstas en este reglamento, así como para la presentación de documentos por ese medio por parte del interesado(a).

Artículo 13.—Cómputo del plazo. Cuando se señale el correo electrónico, la persona quedará notificada al día “hábil” siguiente del envío, por lo que el cómputo del plazo otorgado al notificado en la referida comunicación empezará a correr el día hábil siguiente al envío de dicha notificación.

Artículo 14.—De la imposibilidad del envío de una notificación. Cualquier imposibilidad con el envío a la cuenta de correo electrónico aportada por el interesado(a) por causas no imputables a este Ministerio, es responsabilidad del interesado(a) que aporta dicha dirección de correo electrónico, para lo cual la Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina y cualquier Órgano de Desconcentración de este Ministerio deberá dejar constancia de dicha situación.

CAPÍTULO III

De la acreditación de las cuentas

de correo electrónicos oficiales

Artículo 15.—Autorización del correo electrónico oficial de las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda. La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de este Ministerio será la única competente para:

1.  Crear la cuenta de correo electrónico oficial de cada una de las Direcciones, Departamentos, Dependencias, Oficinas y Órganos de Desconcentración de este Ministerio, por medio de la cual, éstas recibirán y enviarán en forma digital los documentos.

2.  Emitir las políticas y lineamientos en el uso, la seguridad, el respaldo de la información y en el mantenimiento de la información digital.

3.  Publicar la lista oficial de las direcciones de correos electrónicos de las diferentes dependencias en la página web de este Ministerio y mantenerla actualizada.

4.  Acreditar la cuenta de correo oficial solicitada por el superior de la Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órganos de Desconcentración de este Ministerio, ya sea por correo electrónico mediante documento firmado digitalmente, o por documento escaneado ante el correo electrónico oficial de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

5.  Validar la cuenta de correo electrónico presentada por el interesado para acceder a la notificación por correo electrónico. La solicitud podrá hacerse de manera verbal con los datos requeridos, mismos que serán establecidos en el “Manual del Usuario y Políticas del Uso del Correo Electrónico como Medio de Notificaciones y/o Comunicaciones para el Recibo y Envío de Información Mediante Correo Electrónico”. La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación realizará la prueba respectiva y, de confirmarse la entrega, ingresará la cuenta autorizada a la lista oficial. La cuenta seleccionada será responsabilidad del interesado.

6.  Publicar la lista oficial de las direcciones de correos electrónicos de los(as) interesados externos(as) y mantenerla actualizada, para la consulta de la Administración.

Únicamente se puede notificar en la cuenta de correo incluida en la lista oficial.

El procedimiento para validar las cuentas de correo electrónico será establecido en los Manuales respectivos emitidos por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y publicado en la página Web de este Ministerio.

Artículo 16.—Validez de la firma mediante certificado digital. Los documentos firmados digitalmente tendrán plena validez, de conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, su Reglamento y reformas. Adicionalmente y de acuerdo a las leyes y reglamentos especiales, los certificados de firma digital emitidos por el Ministerio de Hacienda, tendrán igualmente validez legal.

CAPÍTULO IV

De la Custodia y Responsabilidad de la Gestión

de Notificación y Recepción de Documentos

Mediante Uso de Correo Electrónico

Artículo 17.—Servidor Responsable. Cada Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio que cuente con un buzón de correo oficial, deberá acreditar a dos o más administradores de dicha cuenta. Estos serán los responsables de mantenerla actualizada, con las gestiones debidamente diligenciadas y tendrán a cargo la obligación y responsabilidad de verificar el envío correcto de las notificaciones, y de la recepción de trámites varios.

La responsabilidad, seguridad, mantenimiento y funcionalidad de la cuenta de correo electrónico oficial será exclusivamente del administrador o administradores de la cuenta.

El administrador de la dirección de correo electrónico deberá acatar lo dispuesto en el artículo 9 del presente Reglamento, cumpliendo con lo que se detalla a continuación:

a.  Realizar en forma oportuna las notificaciones y/o comunicaciones de los actos administrativos emitidos por la Dirección, Dependencia, Departamento, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio, para lo cual deberá:

1.  Indicar en el asunto de manera clara la documentación que se adjunta y de que se trata.

2.  Indicar el número del acto administrativo que se está comunicando.

3.  Señalar a quién va dirigido.

4.  Indicar en toda notificación o comunicación que remita, su nombre completo, número de cédula, el cargo que ocupa y la dependencia a la cual pertenece.

5.  Firmar el correo digitalmente.

b.  Verificar mediante el comprobante de la transmisión del correo electrónico, que las comunicaciones y/o notificaciones hayan sido enviadas, caso contrario deberá acatarse lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 8687, referente a la cantidad de intentos e intervalos para enviar el documento hasta el efectivo cumplimiento de la transmisión.

En caso de haber señalado medio alternativo para atender notificaciones se podrá realizar la notificación en dicho medio.

c.  Verificar que el correo electrónico contenga en sus adjuntos todos los documentos digitales a notificar o comunicar y que estos se encuentren completos.

d.  Llevar un registro (archivo digital) de las comunicaciones electrónicas recibidas y enviadas incluyendo la confirmación de entrega, para lo cual deberá acatar las disposiciones de la Dirección General del Archivo Nacional, y su Junta Administrativa, así como de la Sección de Archivo Central Institucional del Departamento de Servicios y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de este Ministerio, así como de los respectivos respaldos de dicha información.

e.  Comunicar a quien corresponda la confirmación del envío, para que se continúe con el trámite administrativo correspondientes.

f.   Comunicar cualquier problema o falla que se presente en la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de envío de notificaciones y en el uso de la cuenta oficial a la Mesa de Servicio de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de este Ministerio, para lo cual se deberá levantar un acta de dicha situación. Dicha acta podrá ser levantada en forma digital siempre y cuando conste en ella la firma digital de los funcionarios que la suscriben.

Artículo 18.—Interrupción del Sistema. Cuando el sistema de envío del correo electrónico de notificaciones o del servidor emisor se interrumpa por cualquier motivo, la notificación se hará una vez restablecido el sistema.

Artículo 19.—Documentos de gran volumen. Los documentos adjuntos en el correo electrónico no podrán superar los 7 megabytes. Asimismo, cada Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina y cualquier Órgano de Desconcentración de este Ministerio, deberán tomar las previsiones respectivas cuando existan documentos que en razón de que superen el tamaño permitido, ilegibilidad o cualquier otro motivo, impidan su digitalización, para lo cual deberán gestionar el envío físico respectivo.

Artículo 20.—Control interno. El superior de la Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio, deberá prever los controles correspondientes, para garantizar que los funcionarios(as) responsables puedan dar el seguimiento de documentos que se reciben, notifiquen y/o comuniquen mediante correo electrónico.

Artículo 21.—Manual de Procedimientos. El proceso de comunicación y/o notificación por medio del correo electrónico debe estar contemplado en el Manual de Procedimientos de la Dirección, Dependencia, Departamento, Oficina y Órgano Desconcentrado correspondiente, que estará disponible en la página web de este Ministerio.

Toda Dirección, Dependencia, Departamento, Oficina y Órgano Desconcentrado de este Ministerio que notifique digitalmente será la responsable a través del administrador de la cuenta, de velar por el adecuado archivo y custodia de los documentos digitales de conformidad con lo señalado por la Dirección General del Archivo Nacional, y su Junta Administrativa como entes rectores en la materia, así como de la Sección de Archivo Central Institucional del Departamento de Servicios y la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de este Ministerio.

Artículo 22.—Notificación a disposición del interesado. El acto administrativo notificado, deberá estar a disposición del interesado en la respectiva Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina y Órgano Desconcentrado de este Ministerio que lo tenga bajo custodia.

Artículo 23.—Respaldos y custodia de información electrónica. Será obligación y responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de este Ministerio realizar los almacenamientos de la información y respaldos de los archivos digitales del Ministerio de Hacienda de cada una de las respectivas Direcciones, Departamentos, Dependencias, Oficinas y Órganos Desconcentrados de este Ministerio, para preservar la seguridad de la información digital, debiendo tener planes de evaluación y ejecución periódica, de los controles asociados al almacenamiento de la información y hacer las modificaciones necesarias para la implementación de las mejoras requeridas.

CAPÍTULO V

Correo Electrónico Institucional

Artículo 24.—Dirección de Correo Institucional. La dirección de correo electrónico institucional de cada funcionario(a), es válida y oficial para toda comunicación que cualquier dependencia del Ministerio le realice ante una gestión personal que como funcionario(a) de este Ministerio, interponga en resguardo de sus derechos laborales, en este caso siempre que este lo haya autorizado; con la excepción de la primera notificación en los procedimientos administrativos disciplinarios o de responsabilidad civil, la cual deberá realizarse en forma personal, así como otros procedimientos contenidos en leyes especiales.

Lo anterior no es impedimento para que el funcionario(a) pueda aportar cualquier otra dirección de correo electrónico personal para sus trámites laborales.

Artículo 25.—Remisión enviada por error. Si una Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio, recibe por error en la cuenta oficial una gestión que no es de su competencia, deberá en un plazo máximo de 8 horas hábiles contados a partir del recibo de la información, reenviarlo a aquélla que por competencia legal, le corresponde conocer y resolver el asunto, con la respectiva copia o comunicación al gestionante. En caso de que la gestión corresponda a otro ente u órgano externo a este Ministerio, se procederá a remitir la gestión dentro del plazo de 3 días hábiles, contados a partir del conocimiento de la gestión, mediante los mecanismos permitidos por el ente u órgano externo ya sea en físico o en forma digital.

Artículo 26.—Notificación realizada de forma errónea o incompleta. Si por error de la Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio se enviará una notificación por correo electrónico a un destinatario que no corresponde, en el momento en que se determine el error, el funcionario(a) encargado(a) deberá de inmediato proceder con la notificación de correo electrónico al destinatario correcto.

El acto se tiene por notificado al día siguiente hábil a aquel en que quede registrado el envío al destinatario correcto, en el buzón del sistema, salvo norma especial.

La Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio que haya comunicado o notificado por correo electrónico un acto administrativo, cuyo archivo electrónico estuviera incompleto, está en la obligación de remitir nuevamente la comunicación correspondiente en forma completa, cuando el destinatario le haga saber tal situación. Si la Administración detecta el error antes de la comunicación del destinatario, enmendará el error de inmediato, realizando de nuevo la comunicación y/o notificación y los plazos comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente a aquél en que se realice la nueva comunicación.

Artículo 27.—Archivo Definitivo de Información Electrónica. La Sección de Archivo Central Institucional del Departamento de Servicios, conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, ambas de este Ministerio, serán las encargadas del archivo definitivo de la documentación electrónica objeto de este Reglamento, de conformidad con las normas y directrices dictadas por la Dirección General del Archivo Nacional. No obstante, cada Dirección, Departamento, Dependencia, Oficina u Órgano Desconcentrado de este Ministerio deberá cumplir con la normativa de archivo vigente en cuanto a los “archivos de gestión”.

Artículo 28.—Disponibilidad del Manual de Procedimientos y Políticas en la Página Web. Todos los usuarios de este Reglamento deberán observar, aplicar y acatar las directrices y políticas establecidas en el “Manual del Usuario y Políticas del Uso del Correo Electrónico como Medio de Notificaciones y/o Comunicaciones para el Recibo y Envío de Información mediante Correo Electrónico” que para tal efecto emita la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, y que se encontrará disponible en la página web de este Ministerio, de conformidad con el Transitorio IV de este Reglamento.

CAPÍTULO VI

Recepción de documentos por medio de dirección

de correo electrónico y/o medio análogo

Artículo 29.—Manual de usuario. El usuario interno y/o externo al presentar trámites y/o solicitudes ante este Ministerio por medio de correo electrónico, deberá respetar los lineamientos y especificaciones contenidas en el “Manual del Usuario y Políticas del Uso del Correo Electrónico como Medio de Notificaciones y/o Comunicaciones para el Recibo y Envío de Información mediante Correo Electrónico” puesto a disposición en la página web de este Ministerio, de conformidad con los transitorios I y IV del presente Reglamento.

CAPÍTULO VII

Sanciones

Artículo 30.—Sanciones. El funcionario(a) que incurra en una eventual irregularidad en el ejercicio de las funciones establecidas en el presente Reglamento, se hará acreedor de la sanción que corresponda, en respeto a la normativa de empleo público vigente, una vez otorgado el debido proceso.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones transitorias

Transitorio I.—El procedimiento de recepción de documentos mediante correo electrónico y de notificación de actos administrativos por esta misma vía, deberá estar contenido en los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de este Ministerio.

Hasta tanto no esté disponible en la página web del Ministerio, el “Manual del Usuario y Políticas del Uso del Correo Electrónico como Medio de Notificaciones y/o Comunicaciones para el Recibo y Envío de Información Mediante Correo Electrónico”, se podrá enviar y recibir información tanto para el usuario interno como externo, de correos electrónicos que no contengan archivos que sobrepasen en la totalidad del correo electrónico los 3 megas. Los formatos de archivos que se podrán enviar serán doc, text, docx, pdf, jpg, tiff y xps.

Transitorio II.—La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación tendrá un mes a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, para publicar en la página web del Ministerio de Hacienda las cuentas de correos electrónicos oficiales de todas las Direcciones, Departamentos, Dependencias, Oficinas y Órganos Desconcentrados de este Ministerio solicitadas a ese momento.

Transitorio III.—La Sección de Archivo Central Institucional del Departamento de Servicios, conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación ambas de este Ministerio, tendrán un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, para emitir los lineamientos a todas las dependencias de este Ministerio para el archivo de la documentación recibida mediante correo electrónico, con el objetivo de lograr una uniformidad en el archivo de la documentación electrónica en respeto de los lineamientos que al efecto haya emitido el Archivo Nacional.

Transitorio IV.—La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de este Ministerio tendrá un plazo de seis meses a partir de la publicación de este Reglamento, para poner a disposición de los usuarios internos y externos el “Manual del Usuario y Políticas del Uso del Correo Electrónico como Medio de Notificaciones y/o Comunicaciones para el Recibo y Envío de Información Mediante Correo Electrónico”, en la página web de este Ministerio, así como el mecanismo mediante el cual se valide la cuenta del usuario externo.

Artículo 31.—Vigencia. Rige seis meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las diez horas del día veintiuno de enero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda, Édgar Ayales.—1 vez.—O. C. 21099.—Solicitud Nº 14135.—C-306920.—(D-38291-IN2014023008).

Nº 38292-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política y la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley Nº 7732 del 17 de diciembre de 1997.

Considerando:

I.—Que el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dispone que el presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) será financiado en un ochenta por ciento (80%) por el Banco Central de Costa Rica y en un veinte por ciento (20%) de los gastos efectivamente incurridos, mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados.

II.—Que de conformidad con el artículo 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el Poder Ejecutivo establecerá, mediante reglamento, los porcentajes de la contribución, según los diversos tipos de sujetos fiscalizados, dentro de los límites máximos establecidos, de manera que se cubra el veinte por ciento (20%) de los gastos de cada una de las Superintendencias.

III.—Que de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 175, antes indicado, los sujetos fiscalizados por las distintas Superintendencias financiarán los gastos efectivos de cada una de ellas, hasta con un máximo del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos anuales y, en el caso particular de los emisores no financieros de valores, con hasta un máximo del cero coma uno por ciento (0,1%) anual sobre el monto de las emisiones.

IV.—Que las variables que intervienen en la determinación de la contribución (ingresos brutos anuales de los sujetos fiscalizados, montos de las emisiones de valores y gastos efectivos de cada una de las Superintendencias), son independientes para cada una de las Superintendencias.

V.—Que mediante dictamen C-248-2004 del 27 de agosto del 2004, la Procuraduría General de la República, dictaminó que: “Los artículos 174 y 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores están dirigidos a autorizar un financiamiento de los sujetos fiscalizados respecto de las funciones de fiscalización y regulación. Parte sustancial de la función de regulación corresponde al CONASSIF. Dentro de la lógica del sistema creado por el legislador no puede considerarse que fuere su interés dejar desfinanciado el CONASSIF y su función de regulación. Antes bien, el fin es que en razón de los beneficios que los entes fiscalizados derivan del sistema de regulación y supervisión participen en el financiamiento de una función que no puede ser comprendida sin la actuación del CONASSIF. Por otra parte, es claro que el CONASSIF funciona en relación con todas las Superintendencias y con cada una de ellas. Ese funcionamiento genera un costo. Este costo puede ser considerado un gasto necesario para la Superintendencia de que se trate. Ello en el tanto en que en el sistema diseñado por el legislador, las Superintendencias requieren del funcionamiento del Consejo. Por ende, el funcionamiento del CONASSIF puede ser tomado en consideración a efecto de establecer los gastos efectivos de cada Superintendencia. Gastos sobre los que se calcula el aporte de las entidades fiscalizadas (...)”.

VI.—Que resulta necesario establecer mecanismos para que el Banco Central de Costa Rica pueda realizar un cobro más oportuno y expedito de las contribuciones establecidas en los artículos 174 y 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, a lo largo del año.

VII.—Que la Procuraduría General de la República en reiterados pronunciamientos (C-044-2008 del 13 de febrero de 2008 y C-344-2008 del 23 de setiembre de 2008, entre otros), ha establecido que la contribución económica establecida en los artículos 174 y 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N° 7732 del 17 de diciembre de 1997, tiene naturaleza tributaria y, por lo tanto, le son aplicables las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, conforme lo establece el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.

VIII.—Que la Procuraduría General de la República mediante dictamen C-254-2009 del 07 de setiembre de 2009, por leyes especiales o convenciones colectivas, estableció que debe entenderse por sujeto fiscalizado el fondo básico o el fondo creado con base en una norma especial. Por lo anterior, dichos regímenes se encuentran imposibilitados para cubrir el pago de la contribución establecida en los artículos 174 y 175 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores con los recursos de los fondos que administran, desconociéndose, de realizarse de esta manera, el destino específico de los mismos, así como el hecho de que constituyen un patrimonio autónomo, separado del patrimonio de quien lo administra, a quien, justamente, corresponde la obligación de pago de la contribución, con base en los gastos de administración en que incurra para ello.

IX.—Que en virtud de lo anterior, resulta necesaria la emisión de un nuevo Decreto Ejecutivo para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las superintendencias. Por tanto;

Decretan:

REGLAMENTO PARA REGULAR LA

PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS FISCALIZADOS

EN EL FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE

LAS SUPERINTENDENCIAS

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Artículo 1º—Contribución de los sujetos fiscalizados al presupuesto de las Superintendencias. De conformidad con lo que establecen los artículos 174 y 175 de la Ley Nº7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, los sujetos fiscalizados estarán obligados a contribuir con el 20% del presupuesto de la Superintendencia a cuya supervisión se encuentren sujetos, hasta un máximo del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos anuales o del cero coma uno por ciento (0,1%) anual sobre el monto de la emisión, en el caso de emisores no financieros.

No se impondrá una contribución adicional cuando un mismo sujeto quede sometido a la supervisión de más de una Superintendencia, sino que éste contribuirá, únicamente, al presupuesto de su supervisor natural o principal.

Para efectos de este Reglamento, se entenderá que el presupuesto de cada Superintendencia incluye el gasto del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) que se le asigna anualmente a cada una de ellas de manera proporcional, de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Salvo lo indicado en el párrafo siguiente, cada sujeto supervisado se considerará independiente y, por ello, deberá contribuir con el (20%) de los gastos efectivamente incurridos por su respectiva Superintendencia, cuando constituya o tenga un patrimonio independiente, su contabilidad se mantenga en forma separada, o su naturaleza sea distinta a la del ente que lo administra.

En el caso de los fondos de inversión, los fondos de pensiones administrados por las operadoras de pensiones, así como los creados por leyes especiales o convenciones colectivas, el pago de la contribución estará a cargo, exclusivamente, de las sociedades administradoras, las operadoras y las entidades que los administran, respectivamente.

TÍTULO II

Disposiciones aplicables a SUGEF y SUPEN

CAPÍTULO I

Estimación del monto a cobrar

Artículo 2º—Cobros parciales. Se realizarán cobros parciales mensuales a los sujetos fiscalizados de enero a noviembre, inclusive. Dichos cobros se determinarán de la siguiente forma:

a)  Cálculo de la proporción de la contribución de cada sujeto fiscalizado:

La proporción de la contribución de cada sujeto fiscalizado se determinará con base en la proporción que representan los ingresos brutos anuales del sujeto fiscalizado al 31 de diciembre del año anterior, en relación con la suma de los ingresos brutos anuales de todos los sujetos fiscalizados, con base en la información contable disponible que éstos remitan a la correspondiente Superintendencia, a esa misma fecha de corte:

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Cuando la información contable disponible de un sujeto fiscalizado no esté completa, la misma se deberá llevar a una base anual a efecto de calcular la proporción que representan sus ingresos de los ingresos totales. Para ello, el mes que haga falta se estimará con base en el monto de ingresos correspondientes al último mes que haya sido reportado o estimado, más un crecimiento del diez por ciento (10%). Para el caso de los meses siguientes, se utilizará el mismo mecanismo, utilizando el dato del último mes estimado.

En el caso de nuevos sujetos fiscalizados, cuando el monto de los ingresos corresponda a un período de operación inferior a un año, se deberá proyectar un monto anual con base en la información disponible, utilizando el promedio de los montos mensuales reportados para completar los datos requeridos.

b) Cálculo de la participación porcentual del presupuesto del CONASSIF:

Se calculará la proporción de cobertura al presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para el año respectivo, determinando la participación porcentual del presupuesto aprobado para cada Superintendencia, según corresponda, dentro del total general de la sumatoria de los presupuestos aprobados por la Contraloría General de la República para todas las Superintendencias. Este porcentaje de participación individual, se aplicará al presupuesto aprobado para el CONASSIF siendo el resultado la porción de ese presupuesto el cual deberá asumir cada Superintendencia, según corresponda.

c)  Cálculo del monto a distribuir:

Se determina el monto a distribuir entre los sujetos fiscalizados, el cual corresponde al veinte por ciento (20%) de la sumatoria del presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República a cada Superintendencia, más la proporción del presupuesto del CONASSIF asignado a cada Superintendencia, para el año para el cual se está haciendo el cálculo:

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d) Cálculo del cobro parcial mensual correspondiente a cada sujeto fiscalizado:

Se multiplica la proporción obtenida en el inciso a, por el monto del gasto a distribuir obtenido en el inciso c. Si el resultado es mayor al dos por ciento (2%) de los ingresos brutos anuales, se fijará ese porcentaje como contribución máxima. El resultado obtenido se divide entre doce para calcular el monto del cobro mensual que corresponde a los meses de enero a noviembre:

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e)  Notificación del cobro parcial mensual a cada sujeto fiscalizado:

Dentro los primeros veinte días hábiles del mes de enero de cada año, las Superintendencias realizarán los cálculos anteriores y comunicarán a los sujetos fiscalizados el monto de la contribución que deberán realizar durante los meses de enero a noviembre. La fecha máxima para cada pago será el último día hábil del mes correspondiente.

Cuando no se disponga de la información necesaria para realizar el cálculo de la proporción de la contribución en el plazo establecido, se utilizará la información de los ingresos brutos del sujeto fiscalizado al 31 de diciembre del último año disponible, más un incremento del 10% anual, sobre el total de ingresos reportados.

En caso de que el sujeto fiscalizado nunca haya suministrado la información requerida, la Superintendencia podrá estimar los ingresos, de acuerdo con lo establecido en la normativa tributaria.

Artículo 3º—Cobro final. Para calcular el cobro final se deberá realizar el cálculo indicado en el artículo 2, determinando la proporción de cada sujeto fiscalizado con base en los ingresos brutos auditados al 31 de diciembre del año en cuestión y el gasto efectivo anual de cada Superintendencia, más la proporción que le corresponde del gasto efectivo anual del CONASSIF.

En relación con el cálculo de esta proporción, se realiza determinando la participación porcentual del presupuesto aprobado para cada Superintendencia, correspondiente al mismo año en que se efectúa la liquidación, considerando para ello los Presupuestos Extraordinarios que pudieron presentarse durante el año, dentro del total general de la sumatoria de los presupuestos a final de año aprobados por la Contraloría General de la República para todas las Superintendencias. Este porcentaje de participación individual, se aplica al presupuesto ejecutado del CONASSIF a final de año, siendo este resultado la proporción del presupuesto del CONASSIF que deberá asumir cada Superintendencia según corresponda.

Este monto se debe comparar con la suma de los once cobros parciales realizados durante el año, con el fin de determinar la diferencia pendiente a cobrar o bien el saldo que se refleje a favor del sujeto fiscalizado. Se deberá verificar que la sumatoria de los once cobros parciales, más el cobro final, sea inferior al tope del dos por ciento (2%) de los ingresos brutos del sujeto fiscalizado.

Si al último día de febrero no se dispone de los estados financieros auditados de algún ente fiscalizado, el cálculo del cobro final se realizará con la última información auditada disponible, más un incremento del 10% anual, sobre el total de ingresos brutos reportados. Una vez que ingrese la totalidad de los estados financieros se hará el ajuste respectivo.

El cobro final deberá ser notificado a los sujetos fiscalizados dentro de los treinta días hábiles siguientes al plazo establecido en el párrafo anterior.

El cobro final deberá ser cancelado por los sujetos fiscalizados dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que el cálculo del cobro final resulte en un saldo a favor del sujeto fiscalizado, éste se aplicará al pago del mes en que se determine la existencia de ese saldo y a los subsiguientes, en caso de que se mantenga el excedente, hasta su agotamiento.

En el caso de la Superintendencia de Pensiones, la administración podrá aplicar el saldo a favor del sujeto fiscalizado o efectuar un crédito, cuando se cuente con la autorización del Banco Central de Costa Rica.

Artículo 4º—Cobro a nuevos sujetos fiscalizados. Los cobros parciales de sujetos fiscalizados que se inscriban, autoricen o pasen a ser supervisados durante el año, se determinan retrotrayendo el procedimiento indicado en el artículo 2, tomando en consideración lo siguiente:

a)  Cálculo de la proporción de la contribución de cada sujeto fiscalizado:

Para nuevos sujetos fiscalizados, el monto de los ingresos desde su autorización o inscripción hasta el último día del año se proyectará con base en el promedio de los ingresos que la entidad reporte durante los primeros tres meses completos de operación. Si la inscripción o inicio de la fiscalización ocurre en el mes de octubre o en fecha posterior, no se determinarán cobros parciales, quedando obligada para ese año, únicamente, al pago del cobro final, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 3.

b) Cálculo del monto a distribuir:

Se calcula según se indica en el inciso c) del artículo 2.

c)  Cálculo del cobro parcial mensual de cada nuevo sujeto fiscalizado:

Se calculará según se indica en el inciso d) del artículo 2, utilizando en el denominador de la fórmula el número de meses que faltan para finalizar el año después de los primeros tres meses utilizados para la proyección del ingreso del año. La entidad estará obligada a pagar los cobros parciales a partir del cuarto mes de operación, hasta el mes de noviembre del respectivo año.

El cálculo de los cobros parciales a nuevos sujetos fiscalizados, no implicará modificaciones a los cobros parciales determinados previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 2 de este reglamento.

Artículo 5º—Fusión de sujetos fiscalizados. En caso de fusiones, indistintamente de su tipo, los cobros parciales al sujeto fiscalizado que prevalece o se crea, se ajustarán a partir de la fusión adicionándose los montos correspondientes de las entidades fusionadas.

Para la determinación del cobro final, en las fórmulas de cálculo se sumarán los ingresos brutos que generó cada entidad en forma independiente hasta el momento de la fusión y los ingresos brutos de la entidad prevaleciente o de la nueva entidad, según se trate, hasta el cierre del año, según los estados auditados.

Así mismo, al monto de contribución anual se le deducirán los pagos efectuados por cada entidad en forma independiente, así como los de la entidad que prevalezca o de la nueva entidad, producto de la fusión.

Artículo 6º—Cobro final a entidades desinscritas o a quienes se les haya revocado la autorización de funcionamiento durante el año. Los sujetos fiscalizados que se desinscriban o les sea revocada su autorización para operar, deberán contribuir hasta el mes en que se haga efectiva la desinscripción o se ejecute la revocación. Para hacer la estimación del cobro final se seguirá el procedimiento que indica el artículo 3, considerando lo siguiente:

a)  Cálculo de la proporción de la contribución a cargo del sujeto fiscalizado que se desinscribe o le es revocada la autorización:

La proporción que representan los ingresos brutos del sujeto fiscalizado que se desinscribe o le es revocada la autorización, con respecto al resto de sujetos fiscalizados, se determina según el procedimiento establecido en el artículo 2, utilizando la información contable disponible de los meses del año transcurridos hasta el último día del mes anterior a la desinscripción o revocación.

b) Cálculo del monto del gasto a distribuir:

El gasto acumulado corresponderá al gasto efectivo del tiempo transcurrido del año hasta el momento de la desinscripción o revocación.

c)  Cálculo del cobro final:

El cobro final se obtiene de multiplicar la proporción de la contribución a cargo del sujeto fiscalizado que se desinscriba o al que le es revocada su autorización, por el monto del gasto a distribuir, menos la sumatoria de los pagos parciales que haya efectuado.

Para efectos del cálculo del cobro final aplicable al resto de sujetos fiscalizados que se dispone en el artículo 3, no se incluirán en los cálculos a las entidades desinscritas o que hayan dejado de operar durante el año. No obstante lo anterior, el monto de las contribuciones que estos últimos hayan pagado se sustraerán del monto del gasto real efectivo de la Superintendencia.

En el caso de sumas pendientes de pago por parte de sujetos fiscalizados que hayan formado parte de un Grupo Financiero, dichas obligaciones serán asumidas por la entidad controladora del Grupo, según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica en caso de que la entidad no las hubiera cancelado al momento de la desinscripción o revocación.

Artículo 7º—Ajuste a los cobros parciales por desinscripción de sujetos fiscalizados o por revocación de la autorización de funcionamiento. Cuando por motivos de desinscripción o revocación de la autorización de funcionamiento de alguno de los sujetos fiscalizados, se deje de cobrar un porcentaje acumulado mayor al 15% de la totalidad de cobros parciales determinados a principio de año, conforme al artículo 2 del presente reglamento, el monto que se ha dejado de cobrar se deberá distribuir proporcionalmente entre los restantes sujetos fiscalizados durante los restantes meses del año. El monto adicional al monto estimado inicialmente que cada sujeto fiscalizado o emisor deberá pagar será proporcional al peso de su cobro mensual con respecto a la sumatoria de todos los cobros mensuales de todas las entidades, una vez excluidos los cobros de los sujetos fiscalizados desinscritos o de los que les fue revocada la autorización de funcionamiento.

Artículo 8º—Procesos de intervención. Los gastos propios de una intervención deben ser cubiertos por la entidad intervenida, incluyendo aquellos en los que incurra la Superintendencia en forma directa. Estos últimos, en el tanto son asumidos por la entidad intervenida, no están sujetos al proceso de distribución regulado en el presente reglamento.

Los cobros no cancelados por las entidades intervenidas que posteriormente sean declaradas en quiebra, deberán ser legalizados en el proceso concursal correspondiente, pasando a formar parte de los créditos a cargo de la masa, de conformidad con la ley.

CAPÍTULO II

Disposiciones especiales aplicables a los sujetos

fiscalizados por la SUGEF

Artículo 9º—Cobro a cooperativas de ahorro y crédito como nuevos supervisados. En el caso de cooperativas de ahorro y crédito que pasen a ser sujetas de supervisión por parte de la SUGEF, en virtud de los parámetros que al efecto establece el CONASSIF, su obligación de contribuir con el gasto efectivo de la Superintendencia surge a partir del inicio de dicha supervisión, una vez cumplido el plazo otorgado para que la entidad se ajuste a la normativa aplicable a las entidades supervisadas y establezca los procedimientos y rutinas necesarias para la remisión de información a la SUGEF.

a)  Cálculo de la proporción de la contribución de una cooperativa de ahorro y crédito que pasa a ser sujeta de supervisión:

Para efectos del cálculo de la proporción de la contribución a que hace referencia el inciso a) del artículo 4, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que pasan a ser sujetas de supervisión, sus ingresos brutos desde el mes en que inicia su supervisión y hasta el mes de diciembre del respectivo año, se estimaran usando como base el ingreso bruto promedio mensual del año anterior.

b) Cálculo del monto a distribuir:

El cálculo del monto a distribuir se efectúa de conformidad con lo que establece el inciso c) del artículo 2.

c)  Cálculo del cobro parcial mensual de las cooperativas de ahorro y crédito que pasan a ser sujetas de supervisión:

Se calculará según se indica en el inciso d) del artículo 2, utilizando en el denominador de la fórmula el número de meses que falten para finalizar el año, desde el mes en que inicie su supervisión. La entidad estará obligada a pagar los cobros parciales a partir del mes en que inicia su supervisión y hasta el mes de noviembre del respectivo año.

El cálculo de los cobros parciales a nuevas cooperativas de ahorro y crédito que pasen a ser sujetas de supervisión, no implicará modificaciones a los cobros parciales determinados previamente a los otros entes supervisados, de conformidad con las disposiciones del artículo 2 de este reglamento.

Artículo 10.—Personas físicas o jurídicas inscritas ante la SUGEF al tenor del artículo 15 de la Ley 8204. Las personas físicas o jurídicas inscritas ante la SUGEF, al tenor de lo que establece el artículo 15 de la ley N° 8204, deberán presentar ante dicho órgano de supervisión, una certificación de ingresos brutos, con corte al 31 de diciembre del año anterior, dentro de los primeros treinta días hábiles de cada año. La certificación deberá ser emitida por un Contador Público Autorizado y deberá indicar el monto de los ingresos brutos producto de las actividades que establece el artículo 15, antes citado. Esta certificación se utilizará para el cálculo de la contribución anual, conforme el procedimiento establecido en el artículo 2 de este Reglamento.

Las personas físicas o jurídicas a que se refiere el párrafo anterior, deberán pagar un monto mínimo anual de un mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América, pagadero en colones al tipo de cambio de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica vigente a la fecha de pago, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año, por concepto de contribución al gasto de la SUGEF del año en curso. Consecuentemente, dichas personas no están sujetas a los pagos parciales que establece el artículo 2.

Las personas físicas o jurídicas que se inscriban a lo largo del año, pagarán el monto mínimo indicado en el párrafo anterior en forma proporcional a los meses y fracción de mes que falten para completar el año. Dicho pago se debe realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero por medio del cual se autoriza su inscripción.

Por tener carácter de pago anual, no corresponderá realizar devolución alguna a las personas físicas o jurídicas que se desinscriban a lo largo del año.

Para efectos del cálculo del cobro final a que se refiere el artículo 3 de este reglamento se procederá de la siguiente manera:

a)  Se efectuará un cálculo de la contribución anual a cargo de cada sujeto fiscalizado, incluidos la totalidad de personas físicas y jurídicas inscritas al tenor del artículo 15 de la ley N° 8204, con base en los ingresos brutos auditados o certificados, según sea el caso, al 31 de diciembre del año en cuestión y el gasto efectivo anual de cada Superintendencia, más la proporción que le corresponde del gasto efectivo anual del CONASSIF.

b) Se eliminan de la lista las personas físicas y jurídicas inscritas al tenor del artículo 15 de la Ley N° 8204, en las que el resultado del cálculo anterior sea menor a un mil dólares y se procede a rebajar los cobros efectuados a estas personas del gasto efectivo anual de cada Superintendencia, recalculando la proporción de la contribución de cada sujeto fiscalizado, el monto a distribuir y el cobro final.

El monto determinado mediante el procedimiento indicado anteriormente, que exceda la contribución mínima de un mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América, deberá cancelarse dentro del plazo establecido para verificar el cobro final.

CAPÍTULO III

Disposiciones especiales aplicables a los sujetos

fiscalizados por la SUPEN

Artículo 11.—Cálculo de la contribución a cargo de los fondos creados por leyes especiales o convenciones colectivas. Tratándose de fondos creados por leyes especiales o convenciones colectivas cuyos administradores no perciban retribución alguna por su administración, se tomará como base de cálculo de la contribución los gastos anuales, directos e indirectos, en que se haya incurrido con motivo de la administración de los fondos.

Para los fondos creados por leyes especiales o convenciones colectivas cuyos administradores perciban una retribución por su gestión, se tomará como base de cálculo de la contribución, los ingresos anuales que haya recibido la entidad administradora con motivo de la administración de los fondos.

Los gastos e ingresos a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, para los efectos de este reglamento, se reputarán como los ingresos brutos de la entidad administradora.

Artículo 12.—Remisión de información para el cálculo. Los gastos e ingresos a que se refiere el artículo anterior deberán ser suministrados por el Órgano de Administración del Fondo a la Superintendencia de Pensiones con corte al 31 de diciembre de cada año. El documento que contenga la información de los gastos o ingresos antes referidos deberá ser suscrito por el Presidente del Órgano de Dirección.

Para el cálculo de los cobros parciales la información deberá ser remitida a la Superintendencia de Pensiones dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes de enero para la realización del cálculo de la contribución a que se refiere el artículo 2 del presente reglamento.

El pago final se ajustará según el procedimiento y plazos establecidos en el artículo 3 del presente reglamento, con base en la información indicada en el párrafo primero de este artículo. Las cuentas de ingresos o gastos utilizadas para el cálculo de la liquidación final del cobro por servicios de supervisión, deberán ser certificadas por un auditor externo.

Dicha certificación deberá de presentarse en la misma fecha en que se remita el informe que contiene la opinión de razonabilidad de los estados financieros auditados.

TÍTULO III

Disposiciones aplicables a SUGEVAL

CAPÍTULO ÚNICO

Estimación del monto a pagar

Artículo 13.—Emisores de valores. Los sujetos fiscalizados que, a su vez, sean emisores de valores, únicamente contribuirán a financiar los gastos de supervisión de su respectiva Superintendencia, en su calidad de sujetos fiscalizados.

Se entenderá por emisores no financieros (en adelante, emisores o entidades emisoras), aquellos que no sean supervisados por alguna Superintendencia. Estos deberán contribuir a financiar los gastos de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) como emisores, según se establece en este Reglamento.

Se entenderá por emisiones vigentes, aquellas autorizadas y que no hayan sido canceladas, redimidas o desinscritas y que estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI).

Las entidades emisoras que tengan registradas emisiones de títulos accionarios sin valor nominal contribuirán con base en el valor del capital social registrado en libros.

No se tomarán en cuenta para el cálculo de la contribución las emisiones de valores de riesgo soberano, nacionales o extranjeras. Tampoco se tomarán en cuenta para el cálculo, las emisiones de valores extranjeros que se registren únicamente para negociar en el mercado secundario de valores, siempre y cuando estas últimas se encuentren registradas ante el órgano regulador de su país de origen.

Artículo 14.—Cobros parciales. Se realizarán cobros parciales a los sujetos fiscalizados de enero a noviembre, inclusive. Para el caso de los emisores, los cobros se realizarán durante los meses en que se prevé tendrán emisiones vigentes. Dichos cobros se calcularán de la siguiente manera:

a)  Cálculo de la proporción de la contribución de cada sujeto fiscalizado y emisor:

Se calculará para cada sujeto el monto máximo que podría cobrarse a cada uno de ellos: el dos por ciento (2%) sobre los ingresos brutos anuales al 31 de diciembre del año anterior con base en la información contable, o el cero coma uno por ciento (0,1%) anual sobre el promedio ponderado de las emisiones autorizadas al 31 de diciembre del año anterior y que se prevé estarán vigentes durante el año para el cual se está realizando el cálculo. Esta ponderación se hará considerando el periodo de tiempo que se prevé estarán vigentes las emisiones durante el año para el cual se está realizando el cálculo. La sumatoria de los montos resultantes será el monto sobre el cual se determinará la participación que tendrá cada entidad, de la siguiente manera:

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Cuando la información contable disponible de un sujeto fiscalizado no esté completa, dicha información se deberá llevar a una base anual a efecto de calcular la proporción que representan sus ingresos de los ingresos totales. Para ello, el mes que haga falta se estimará con base en el monto de ingresos correspondientes al último mes que haya sido reportado o estimado, más un crecimiento del diez por ciento (10%). Para el caso de los meses siguientes, se utilizará el mismo mecanismo, utilizando el dato del último mes estimado.

Cuando el monto de los ingresos corresponda a un periodo de operación inferior a un año, se deberá proyectar un monto anual con base en la información disponible, utilizando el promedio de los montos mensuales reportados para completar los datos requeridos.

b) Cálculo de la participación porcentual del presupuesto del CONASSIF:

Se calculará la proporción de cobertura al presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para el año respectivo, determinando la participación porcentual del presupuesto aprobado de la SUGEVAL dentro del total general de la sumatoria de los presupuestos aprobados por la Contraloría General de la República para todas las Superintendencias. Este porcentaje de participación individual, se aplicará al presupuesto aprobado para el CONASSIF siendo el resultado la porción de ese presupuesto que debe asumir la SUGEVAL.

c)  Cálculo del monto a distribuir:

Se determina el monto a distribuir entre los sujetos fiscalizados y emisores, el cual corresponde al veinte por ciento (20%) de la sumatoria del presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República para la SUGEVAL, más la proporción del presupuesto del CONASSIF asignado a la SUGEVAL, para el año para el cual se está haciendo el cálculo:

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d) Cálculo del cobro parcial mensual de cada sujeto fiscalizado:

Se multiplica la proporción obtenida en el inciso a, por el monto del gasto a distribuir obtenido en el inciso c. Si el resultado es mayor al dos por ciento (2%) de los ingresos brutos anuales o mayor al cero coma uno por ciento (0,1%) del monto de la emisión vigente prevista para el año para el que se está realizando el cálculo, se fijarán estos porcentajes como contribución máxima. El resultado obtenido se divide entre 12 para calcular el monto del cobro mensual que corresponde a los meses de enero a noviembre.

Para el caso de emisores que a partir de un momento determinado se prevé no mantendrán ninguna emisión vigente, el resultado se dividirá entre el número de meses en los que tendrán alguna emisión vigente durante el año de cálculo, debiendo pagar los montos estimados en esos meses, excepto en el último mes.

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e)  Notificación del cobro parcial mensual a cada sujeto fiscalizado y emisor:

Dentro de los primeros quince días hábiles del mes de enero de cada año, la SUGEVAL realizará los cálculos anteriores y comunicará a sus sujetos fiscalizados el monto de la contribución que deben hacer durante los meses de enero a noviembre. En ese mismo plazo, para el caso de emisores, se les informará el monto que deberán pagar en los meses en que sí tendrán emisiones vigentes durante el año, excepto en el último mes de vigencia de la emisión. La fecha para realizar el cobro será el último día hábil de cada mes.

Artículo 15.—Cobro final. Para calcular el cobro final se debe hacer el cálculo indicado en el artículo 14, determinando la proporción de cada sujeto fiscalizado con base en los ingresos brutos auditados al 31 de diciembre del año en cuestión, y el gasto efectivo anual de SUGEVAL más la proporción que le corresponde del gasto efectivo anual del CONASSIF.

En relación con el cálculo de esta proporción, se realiza determinando la participación porcentual del presupuesto aprobado por la SUGEVAL a final de año inmediato anterior, considerando para ello los Presupuestos Extraordinarios que pudieron presentarse durante el año, dentro del total general de la sumatoria de los presupuestos a final de año aprobados por la Contraloría General de la República para todas las Superintendencias. Este porcentaje de participación individual, se aplica al presupuesto ejecutado del CONASSIF a final de año, siendo este resultado la proporción del presupuesto del CONASSIF que debe asumir la SUGEVAL.

Para el caso de los emisores, se hará el cálculo utilizando el promedio ponderado de las emisiones vigentes durante el año, incluyendo las nuevas autorizadas durante el año en cuestión.

Se entenderá este promedio ponderado como la sumatoria de las emisiones vigentes de cada uno de los meses del año dividida entre el número de meses que tuvieron vigencia estas emisiones. Se excluyen del cálculo los meses en los cuales no se tuvieron emisiones vigentes.

Este monto se debe comparar con la suma de los once cobros parciales realizados durante el año, o de la totalidad de cobros realizados a los emisores, con el fin de determinar el saldo por cobrar o acreditar. Se deberá verificar que la sumatoria de los cobros parciales más el cobro final sea inferior al tope del dos por ciento (2%) de los ingresos brutos del sujeto fiscalizado o al cero coma uno por ciento (0,1%) del monto de las emisiones vigentes durante el año.

El cobro final debe ser notificado a los sujetos fiscalizados y emisores dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de los estados financieros anuales auditados de todos los sujetos fiscalizados.

El cobro final debe ser cancelado por los sujetos fiscalizados y los emisores dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que el cálculo del cobro final resulte en un saldo a favor del sujeto fiscalizado o emisor, éste se aplicará al pago del mes en que se determine la existencia de ese saldo y a los subsiguientes, en caso de que se mantenga el excedente, hasta su agotamiento. Si un emisor tiene un saldo a favor pero se desinscribió durante el año y por ende no contribuye mediante pagos mensuales al momento del cálculo del cobro final, el monto correspondiente deberá ser depositado en la cuenta que la entidad indique.

Artículo 16.—Cobro a nuevos sujetos fiscalizados o nuevos emisores. Los cobros parciales de sujetos fiscalizados que se inscriban, autoricen o pasen a ser supervisados durante el año, así como de nuevos emisores, se determinan retrotrayendo el procedimiento indicado en el artículo 14, tomando en consideración lo siguiente:

a)  Cálculo de la proporción de la contribución de cada sujeto fiscalizado y emisor:

Para nuevos sujetos fiscalizados, el monto de los ingresos desde su autorización o inscripción hasta el último día del año se proyectará con base en el promedio de los ingresos que la entidad reporte durante los primeros tres meses completos de operación. Si la inscripción o inicio de la fiscalización ocurre en agosto o en fecha posterior, no se determinarán cobros parciales, quedando para ese año, únicamente obligada al pago del cobro final, siguiendo el procedimiento del artículo 15 del presente reglamento.

Para el caso de emisiones de nuevos emisores, se utilizará el monto de la nueva emisión autorizada, ponderada por el tiempo del año que estará vigente.

b) Cálculo del monto a distribuir:

Se calcula según se indica en el inciso c) del artículo 14.

c)  Cálculo del cobro parcial mensual de cada nuevo sujeto fiscalizado o emisor:

Se calcula según se indica en el inciso d) del artículo 14 utilizando en el denominador de la fórmula el número de meses que faltan para finalizar el año después de los primeros tres meses utilizados para la proyección del ingreso del año. La entidad estará obligada a cancelar los pagos parciales a partir del cuarto mes de operación hasta el mes de noviembre del respectivo año.

Ante la inscripción de emisiones de nuevos emisores, se utilizará como denominador en la fórmula el número de meses completos del año que se prevé estará vigente la nueva emisión o emisiones. La entidad estará obligada a cancelar los pagos parciales a partir del primer mes completo desde la inscripción.

El cálculo de los cobros parciales a nuevos sujetos fiscalizados o a nuevos emisores, no implicará modificaciones a los cobros parciales determinados previamente a los sujetos fiscalizados y emisores, de conformidad con las disposiciones del artículo 14 de este reglamento.

Artículo 17.—Fusión de sujetos fiscalizados. En caso de fusiones, indistintamente de su tipo, los cobros parciales al sujeto fiscalizado que prevalece o se crea, se ajustarán, a partir de la fusión adicionándose los montos correspondientes de las entidades fusionadas.

Para la determinación del cobro final, en las fórmulas de cálculo se sumarán los ingresos brutos que generó cada entidad en forma independiente hasta el momento de la fusión y los ingresos brutos de la entidad prevaleciente o de la nueva entidad, según se trate, hasta el cierre del año, según los estados auditados.

Así mismo, al monto de contribución anual se le deducirán los pagos efectuados por cada entidad en forma independiente, así como los de la entidad que prevalezca o de la nueva entidad, producto de la fusión.

Artículo 18.—Cobro final a sujetos fiscalizados que se desinscriban durante el año, a quienes se les haya revocado la autorización de funcionamiento durante el año, o a emisores que cesen sus operaciones comerciales durante el año.

Los sujetos fiscalizados que se desinscriban, les sea revocada su autorización para operar, o los emisores que cesen sus operaciones comerciales durante el año, deberán contribuir hasta el mes en que se haga efectiva la desinscripción, se ejecute la revocación o cesen sus operaciones comerciales. Para hacer la estimación del cobro final se seguirá el procedimiento que indica el artículo 15, considerando lo siguiente:

a)  Cálculo de la proporción de la contribución a cargo del sujeto fiscalizado que se desinscribe o le es revocada la autorización, o de emisores que cesan sus operaciones comerciales:

Ante la desinscripción de un sujeto fiscalizado, la revocación de una autorización, o un emisor que cesa operaciones comerciales, se calcula el factor máximo de contribución de todos los sujetos fiscalizados siguiendo el procedimiento indicado en el artículo14 del presente reglamento, utilizando los ingresos brutos contables reportados por los sujetos fiscalizados y el promedio ponderado de las emisiones vigentes y nuevas autorizadas durante el año, correspondientes a los meses del año transcurridos hasta el último día del mes anterior a la desinscripción, revocación o cese de operaciones.

Para el caso de un sujeto fiscalizado que se desinscribe durante el año, en caso de no contar con la información contable completa, según lo indicado en el artículo 14, se aplicará un crecimiento mensual de 10% respecto al mes anterior, iniciando en el último mes recibido. Para los demás sujetos, en caso de no contar con la información completa, se utilizará la última información contable recibida.

No se incluyen en la aplicación del presente artículo los casos en que el ente emisor no cese sus operaciones comerciales, en cuyo caso se continuará con los cobros parciales de los demás sujetos fiscalizados durante el año excluyendo del pago del cobro parcial al emisor que no continúe su participación en el mercado de valores pero mantiene su operación comercial y se liquidará con el procedimiento establecido en el artículo 15 del presente reglamento, “Cobro Final”.

b) Cálculo del monto del gasto a distribuir:

El gasto acumulado corresponderá al gasto efectivo del tiempo transcurrido del año hasta el momento de la desinscripción, revocación o cese de operaciones comerciales del emisor.

Para efectos del cálculo, no se incluirá en éste a las entidades desinscritas, a las que se les haya revocado la autorización o a los emisores que han cesado sus operaciones comerciales previamente durante el mismo año, sin embargo, el monto de las contribuciones que estos hayan pagado se sustraerán del monto del gasto real efectivo de la Superintendencia.

c)  Cálculo del cobro final:

El cobro final se obtiene de multiplicar la proporción de la contribución a cargo del sujeto fiscalizado que se desinscribe, del que le es revocada su autorización, o del emisor que cesa sus operaciones comerciales; por el monto del gasto a distribuir, menos la sumatoria de los pagos parciales que haya efectuado.

Para efectos del cálculo del cobro final para el resto de sujetos fiscalizados o emisores que se dispone en el artículo15 del presente reglamento, no se incluirán en los cálculos a las entidades desinscritas, a las que se les haya revocado la autorización o a los emisores que han cesado sus operaciones comerciales durante el año, sin embargo, el monto de las contribuciones que estos hayan pagado se sustraerán del monto del gasto real efectivo de la Superintendencia.

En caso de que el cobro final por desinscripción, revocación o cese de operaciones se realice previo al cálculo del cobro final de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, la entidad a la que se le realiza el cálculo por desinscripción, revocación o cese de operaciones quedará obligada a realizar el pago correspondiente al ajuste final establecido según ese mismo artículo 15 cuando se realice el cobro correspondiente.

En el caso de sumas pendientes de pago por parte de sujetos fiscalizados que hayan formado parte de un Grupo Financiero, dichas obligaciones serán asumidas por la entidad controladora del Grupo, según lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica en caso de que la entidad no las hubiera cancelado al momento de su desinscripción o revocación.

Artículo 19. Ajuste a los cobros parciales por desinscripción o revocación de la autorización de sujetos fiscalizados, o por emisores que cesen sus operaciones comerciales. Cuando por motivos de desinscripción o revocación de la autorización de funcionamiento de alguno de sujetos fiscalizados o de emisores que cesen sus operaciones comerciales, se deje de cobrar un porcentaje acumulado mayor al 15 % de la totalidad de cobros parciales determinados a principio de año conforme el artículo 14 del presente reglamento, el monto que se ha dejado de cobrar se debe distribuir proporcionalmente entre los sujetos fiscalizados y emisores prevalecientes durante los meses restantes del año. El monto adicional al monto estimado inicialmente que cada sujeto fiscalizado o emisor deberá pagar será proporcional al peso de su cobro mensual con respecto a la sumatoria de todos los cobros mensuales de todas las entidades, una vez excluidos los cobros de los sujetos fiscalizados desinscritos, de los que les fue revocada su autorización de funcionamiento o de los emisores que han cesado operaciones comerciales.

Artículo 20.—Procesos de intervención. Los gastos propios de una intervención deben ser cubiertos por la entidad intervenida, incluyendo aquellos en los que incurra la Superintendencia en forma directa. Estos últimos, en el tanto son asumidos por la entidad intervenida, no están sujetos al proceso de distribución regulado en el presente reglamento.

Los cobros no cancelados por las entidades intervenidas que posteriormente sean declaradas en quiebra, deberán ser legalizados en el proceso concursal correspondiente, pasando a formar parte de créditos a cargo de la masa de acreedores, de conformidad con la ley.

TÍTULO IV

Gestión de cobro por parte de la Superintendencia General

de Entidades Financieras, la Superintendencia General

de Valores y la Superintendencia de Pensiones

CAPÍTULO I

Artículo 21.—Gestión de cobro e incumplimiento. Mensualmente, cada Superintendencia, a través del Banco Central de Costa Rica, procederá a realizar el débito correspondiente de la cuenta de reserva del sujeto fiscalizado, salvo en el caso de las personas físicas y jurídicas inscritas al tenor del artículo 15 de la Ley 8204, las Casas de Cambio, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las operadoras de pensiones y entidades administradoras de fondos de pensiones creados por leyes especiales o convenciones colectivas, así como cualquiera otra entidad que no disponga de cuenta de reserva, las cuales deberán domiciliar una cuenta cliente en colones y autorizar al Banco Central de Costa Rica para que efectúe débitos directos contra la misma, conforme los procedimientos establecidos al efecto.

En el caso que no existan fondos, se notificará a la entidad, concediéndole un plazo de quince días hábiles para que comunique a la respectiva Superintendencia la disponibilidad de fondos y solicite la aplicación del respectivo débito para pagar el monto de la contribución y los intereses adeudados. Si al término de dicho plazo el sujeto fiscalizado o emisor se mantiene en mora, la Superintendencia que sea del caso certificará el adeudo y lo remitirá a la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo que establece el artículo 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 22.—Intereses moratorios por pago tardío. De conformidad con el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sin necesidad de actuación alguna de las Superintendencias o del Banco Central de Costa Rica (BCCR), los pagos efectuados fuera del plazo establecido causarán la obligación de pagar un interés equivalente a la tasa de interés aplicable por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda a los tributos bajo su administración.

TÍTULO V

Disposiciones finales

CAPÍTULO I

Artículo 23.—Facultad para emitir lineamientos e instrucciones. Las Superintendencias están facultadas para emitir los lineamientos e instrucciones que sean necesarias y pertinentes para la correcta aplicación del presente reglamento.

Artículo 24.—Derogatoria. Deróguese el Decreto Ejecutivo número 36345-H de fecha 17 de diciembre del 2010.

Artículo 25.—Vigencia. Rige a partir del primero de enero del dos mil quince.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de diciembre del dos mil trece.

Publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda a. í., José Luis Araya Alpízar.—1 vez.—Solicitud N° 14136.—O. C. N° 21099.—C-554.800.—(D38292- IN2014023119).

Nº 38293-MOPT

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política; el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 877 de 4 de julio de 1947, el artículo 10 inciso IX de la Ley General la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, los artículos 25.1, 27.1 Y 28.2.b. de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, y sus reformas, y los artículos 2, 10 de la Ley General de Aviación Civil número 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que Costa Rica es país signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), aprobado en su totalidad por la Asamblea Legislativa de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de Costa Rica, ratificado mediante Ley Nº 877 del 4 de julio de 1947.

II.—Que el Capítulo VI, artículo 37 de dicho Convenio, relativo a la “Adopción de Normas y Procedimientos”, establece que cada Estado Contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.

III.—Que de conformidad con lo establecido por la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, corresponde a este Ministerio darse la organización interna que más se adecue al cumplimiento.

IV.—Que de acuerdo con lo prescrito por la Ley General de Aviación Civil, Nº 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, constituyen los órganos competentes en todo lo referente a la regulación y control de la aviación civil dentro del territorio de la República.

V.—Que el grado de especialización de las funciones que requiere la navegación aérea demanda el fortalecimiento de la regulación relativa al vuelo, maniobras de aeronaves y licencias al personal.

VI.—Que la aeronáutica, en términos generales, es una actividad compleja, compuesta de un sin número de elementos materiales, técnicos y humanos que hacen de este modo de transporte el más seguro en su operación.

VII.—Que es obligación del Consejo Técnico de Aviación Civil, velar por la supervisión de la actividad aeronáutica del país, así como, estudiar y resolver cualquiera de los problemas que surjan en su desarrollo.

VIII.—Que las normas y métodos recomendados para la Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación adoptadas inicialmente por el Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) el 14 de abril de 1948 de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional celebrado en Chicago en 1944, con la designación de Anexo 13 al Convenio, y comenzaron a surtir efecto el 01 de marzo de 1951.

IX.—Que el Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) ha adoptado enmiendas al Anexo 13 “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” en los últimos años.

X.—Que se hace necesaria la Modificación del Reglamento de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación con el fin de que Costa Rica se adecue a los cambios introducidos en el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil. Por tanto,

Decretan

RAC–13

Regulaciones Aeronáuticas Costarricenses

Investigación de Accidentes e

Incidentes de Aviación

Artículo 1º—Créase el Reglamento para la Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, cuyo texto es el siguiente:

SUBPARTE A.

Definiciones

Abreviaturas

OACI:     Organización de Aviación Civil Internacional

CETAC:  Consejo Técnico de Aviación Civil de Costa Rica

DGAC:   Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica

USAE:     Unidad de Servicios Aeronáuticos

UIA:        Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes e Incidentes Aeronáuticos

SAR:       Búsqueda y Salvamento

FDR:       Registrador de datos de vuelo

CVR:       Grabador de Voces de Cabina

ICC:        Investigador a Cargo

ADREP:              Datos de los reportes de accidentes

RAC 13.1 (Ver CCA 13.1) Conformidad

La notificación e investigación de accidentes e incidentes y elaboración del informe preliminar y final se realizarán de conformidad a lo establecido por este reglamento, la Ley General de Aviación Civil de Costa Rica, el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y demás leyes conexas. Para los efectos de aplicación del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones y abreviaturas:

Cuando los términos y expresiones indicados a continuación en este reglamento, se emplean en las normas y métodos recomendados para la investigación de accidentes e incidentes de aviación, tienen los significados siguientes:

Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una aeronave tripulada ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:

a.  Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:

1.  hallarse en la aeronave, o

2.  por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o

3.  por exposición directa al chorro de un reactor,

4.  exposición a radiaciones perjudiciales o sustancias infecciosas

Excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o

b.  La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:

1.  afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo; y

2.  que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado, excepto por falla o daño del motor, cuando el daño se limita a un solo motor; incluido su capó o sus accesorios, hélices, extremo de ala, antenas, neumáticos, frenos, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones, o por daños a álabes del rotor principal, álabes del rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves; incluyendo perforaciones en el radomo); o

c.  La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. Se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda oficial y no se han localizado los restos.

Se incluyen en esta definición los accidentes de paracaídas y los accidentes ocasionados por el uso de grupos motopropulsores, así como accidentes ocasionados por el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, también los accidentes de vehículos ultraligeros.

Daño Sustancial. Son los daños o fallas estructurales que afectan la integridad de la estructura, el rendimiento o las características de vuelo de la aeronave y que normalmente requeriría de una reparación mayor o el reemplazar el componente afectado que no exceda un periodo mayor de 48 horas.

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

Asesor. Persona nombrada por el Estado, en razón de sus calificaciones, para los fines de ayudar a su representante acreditado en las tareas de investigación.

Factores contribuyentes. Acciones, omisiones, acontecimientos o una combinación de estos factores, que, si se hubieran eliminado o evitado, habría reducido la probabilidad de que el accidente o incidente ocurriese, o habría mitigado la gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación de los factores contribuyentes no implica asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal.

Estado de diseño. El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo.

Estado de fabricación. El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del montaje final de la aeronave.

Estado de matrícula. Estado en el cual está matriculada la aeronave.

Estado del explotador. Estado en el que está ubicada la oficina principal del explotador o, de no haber tal oficina, la residencia permanente del explotador.

Estado del suceso. Estado en cuyo territorio se produce el accidente o incidente.

Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de aeronaves.

Incidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. (Ver MEI 13-1).

Incidente Grave. Un Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal. (Refiérase Adjunto C Anexo 13).

Informe preliminar. Comunicación usada para la pronta divulgación de los datos obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación.

Investigación. Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, la formulación de recomendaciones sobre la seguridad operacional

Investigador encargado. Persona responsable por parte del gobierno de Costa Rica, en razón de sus calificaciones, de la organización, realización y control de una investigación.

Lesión grave. Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que:

a.  Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados a partir de la fecha en que se sufrió la lesión; o

b.  Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la nariz o de los dedos de las manos o de los pies);

c.  Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos o tendones; o

d.  Ocasione daños a cualquier órgano interno; o

e.  Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten más del 5% de la superficie del cuerpo; o

f.   Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición a radiaciones perjudiciales.

Peso máxima. Peso máxima certificado de despegue.

Programa estatal de seguridad operacional (SSP). Conjunto integrado de reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional

Recomendación sobre seguridad operacional. Propuesta de la autoridad encargada de la investigación de accidentes de Costa Rica, basada en la información obtenida de una investigación formulada con la intención de prevenir accidentes o incidentes y que en ningún caso, tiene el propósito de dar lugar a una presunción de culpa o responsabilidad respecto de un accidente o incidente. Además de las recomendaciones sobre seguridad operacional dimanantes de las investigaciones de accidentes o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden provenir de diversas fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.

Registrador de vuelo. Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de facilitar la investigación de accidentes o incidentes.

Representante acreditado. Persona designada por el Estado de Costa Rica, en razón de sus calificaciones, para los fines de participar en una investigación efectuada por otro Estado. El Estado ha establecido una autoridad encargada de la investigación de Accidentes (UIA), el representante acreditado designado provendría normalmente de dicha autoridad

Estado no contratante. El Estado que no es signatario del Convenio de Aviación Civil Internacional.

SUBPARTE B.

Aplicabilidad

RAC 13.2.1.—Aplicabilidad. Salvo que se indique otra cosa, las especificaciones de este Reglamento se aplican a las actividades posteriores a los accidentes e incidentes ocurridos dentro del territorio de Costa Rica, inclúyase espacio aéreo y aguas territoriales. La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes e Incidentes (UIA), está obligada a investigar los accidente e incidentes que ocurran a aeronaves nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional y sobre el espacio aéreo, terrestre y marítimo; bajo la jurisdicción del Estado de Costa Rica, para lo cual contará con personal calificado y de carácter permanente o en caso de excepción con expertos contratados. Concluida la investigación determinará los factores contribuyentes del incidente o accidente, emitiendo recomendaciones de seguridad para la prevención de sucesos similares.

RAC13.2.2.—(Ver MEI 13.2.2.) Especificaciones relativas al Estado del operador. En el presente Reglamento, las especificaciones relativas al Estado del explotador se aplican únicamente cuando la aeronave está arrendada, fletada o intercambiada, y cuando el Estado no es el de matrícula, y si desempeña, con respecto al presente reglamento, parcial o totalmente, las funciones y obligaciones del Estado de matrícula de Costa Rica.

SUBPARTE C.

Generalidades

RAC 13.3.1.—Objetivo de la investigación. El único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad.

RAC 13.3.2.—Programa Estatal de seguridad operacional (SSP). (Ver CCA 13.3.2). El Estado de Costa Rica establecerá un programa estatal de seguridad operacional para lograr un nivel aceptable de seguridad operacional en la aviación civil.

Protección de las Pruebas, custodia y

Traslado de la Aeronave

RAC 13.3.3.—Responsabilidad del estado del suceso. El Estado de Costa Rica, tomará las medidas oportunas para proteger las pruebas y mantener la custodia eficaz de la aeronave y su contenido, durante el período de tiempo que sea necesario para realizar la investigación. La protección de las pruebas incluirá la conservación, por procedimientos fotográficos u otros medios, de toda prueba que pueda ser trasladada, o que pueda borrarse, perderse o destruirse. La custodia eficaz incluye protección razonable para evitar nuevos daños, el acceso de personas no autorizadas y el que se cometa robos o se causen deterioros.

La protección de las pruebas que contiene el registrador de vuelo exige que la recuperación y la manipulación del registrador y de la banda se asignen solamente a personal capacitado.

RAC 13.3.4.—Solicitud del Estado de matrícula, del Estado del explotador, del Estado de diseño o del Estado de fabricación. Si el Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño o el Estado de fabricación solicita que la aeronave, su contenido y cualquier otro medio de prueba permanezcan intactos hasta que los examine un representante acreditado del Estado solicitante, El Estado de Costa Rica tomará todas las medidas que sean necesarias para atender tal solicitud siempre que ello sea razonablemente factible y compatible con la debida realización de la investigación; pero la aeronave podrá desplazarse lo preciso para sacar personas, animales, correo y objetos de valor, a fin de evitar su destrucción por el fuego o por otras causas, o para eliminar todo peligro u obstáculo para la navegación aérea, para otros medios de transporte o para el público, y siempre que no se retrase innecesariamente el retorno de la aeronave al servicio, cuando sea factible.

RAC 13.3.5.—Cesión de la custodia. Siempre que no sea incompatible con las disposiciones de RAC 13.3.3 y RAC 13.3.4, el Estado del Costa Rica cederá la custodia de la aeronave, su contenido o cualquier parte del mismo tan pronto como ya no sea necesario para la investigación, a la persona o personas debidamente designadas por el Estado de matrícula o por el Estado del Explotador, según sea el caso. Con este objeto, el Estado del Costa Rica les facilitará el acceso a la aeronave, su contenido, o a cualquier parte de los mismos, pero cuando la aeronave, su contenido, o cualquier parte de los mismos se encuentren en una zona respecto a la cual el Estado no considere conveniente conceder tal acceso, el propio Estado hará el traslado a un punto donde pueda permitirlo.

SUBPARTE D.

Notificación

Accidentes o incidentes graves que se producen en el

territorio costarricense en los que intervienen

aeronaves de otro estado contratante

Responsabilidad del Estado de Costa Rica

RAC 13.4.1 (Ver MAC 13.4.1).—Envío. El Estado de Costa Rica enviará una notificación de un accidente o incidente grave con la menor demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que disponga:

a.  al Estado de matrícula;

b.  al Estado del explotador;

c.  al Estado de diseño;

d.  al Estado de fabricación; y

e.  a la Organización de Aviación Civil Internacional, en el caso de que la aeronave correspondiente posea un peso máximo de más de 2250 Kg. o se trate de un avión turborreactor.

Cuando el Estado de Costa Rica no esté enterado de un incidente grave, el Estado de matrícula o el Estado del explotador, según corresponda, enviará una notificación del incidente tanto a este Estado como al Estado de fabricación.

RAC 13.4.2.—Formato y contenido. La notificación se hará en lenguaje claro y contendrá el máximo posible de la información siguiente, pero no se demorará su envío por falta de información completa:

a.  en el caso de accidentes se utilizará la abreviatura de identificación ACCID, en el caso de incidentes graves se utilizará la abreviatura INCID;

b.  fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de matrícula, y número de serie de la aeronave;

c.  nombre del propietario de la aeronave, del explotador y del arrendador, si lo hubiere;

d.  habilitación del piloto al mando de la aeronave y nacionalidad de la tripulación y los pasajeros;

e.  fecha y hora (local o UTC) en que ocurrió el accidente o incidente grave;

f.   último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave;

g.  posición de la aeronave respecto a algún punto geográfico de fácil identificación, y latitud y longitud;

h.  número de tripulantes y pasajeros: a bordo, muertos y gravemente heridos; otros, muertos y gravemente heridos;

i.   lo que sepa sobre la descripción del accidente o incidente grave, y los daños que presente la aeronave;

j.   indicación del alcance que dará a la investigación realizada o que se propone delegar;

k.  características físicas del lugar del accidente o incidente grave, así como indicación de las dificultades de acceso o requisitos especiales para llegar al lugar;

l.   identificación de la autoridad remitente y medios para comunicarse en cualquier momento con el investigador encargado y la autoridad de investigación de accidentes del Estado del suceso; y

m. presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las mismas.

RAC 13.4.3.—Idioma. La notificación se preparará en idioma español, sin ocasionar demoras excesivas. Siempre que sea posible, se debe tomar en cuenta el idioma del receptor, sin ocasionar demoras excesivas.

RAC 13.4.4.—Información adicional. Tan pronto como sea posible, el Estado de Costa Rica remitirá los datos no incluidos en la notificación inicial, así como toda otra información pertinente de que se disponga.

Responsabilidad del Estado de matrícula,

del Estado del explotador, del Estado de

diseño y del Estado de fabricación

RAC 13.4.5.—Información. Participación. El Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación deberían acusar recibo de la notificación de un accidente o incidente grave.

RAC 13.4.6.—Suministro de información. Al recibirse la notificación, el Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación suministrarán al Estado de Costa Rica, tan pronto como les sea posible, la información pertinente de que dispongan respecto a la aeronave que haya sufrido el accidente o incidente grave y a su tripulación. Cada Estado informará igualmente si tiene el propósito de nombrar a un representante acreditado y, si lo nombra, su nombre y datos para establecer contacto y, si el representante acreditado viajará a Costa Rica, la fecha prevista de su llegada.

RAC 13.4.7.—Información sobre mercancías peligrosas. Al recibir la notificación, el Estado del explotador suministrará, con la menor demora posible y del modo más apropiado y rápido de que disponga, información detallada sobre las mercancías peligrosas que se encuentren a bordo de la aeronave.

Accidentes o incidentes graves que se producen en el territorio del Estado de Costa Rica, en un Estado no contratante o fuera del territorio de cualquier Estado

Responsabilidad del Estado de matrícula

RAC 13.4.8 (Ver MEI 13.4.1 / 13.4.8).—Envío. Cuando el Estado de Costa Rica instituye la investigación de un accidente o incidente grave, de una aeronave de matrícula nacional, enviará una notificación en virtud de los dispuesto en RAC 13.4.2 y RAC 13.4.3, con la menor demora posible y por el medio más apropiado y rápido de que se disponga:

a.  al Estado del explotador;

b.  al Estado de diseño;

c.  al Estado de fabricación; y

d.  a la Organización de Aviación civil Internacional, cuando la aeronave involucrada tenga un peso máximo superior a 2.250 Kg.

Responsabilidad del Estado del explotador, del Estado

de diseño y del Estado de fabricación

RAC 13.4.9.—Información-participación. El Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación deberían acusar recibo de la notificación de un accidente o incidente grave, en territorio costarricense

RAC 13.4.10.—Envío de información. Al recibir la notificación, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación suministraran, al Estado de Costa Rica, cuando así lo solicite, la información pertinente de que dispongan respecto a la tripulación de vuelo y a la aeronave que haya sufrido el accidente o incidente grave. Cada Estado notificado comunicará si tiene o no el propósito de nombrar a un representante acreditado y, si lo nombra, su nombre y datos para establecer contacto y, si el representante acreditado estará presente en la investigación la fecha prevista de sus llegada.

RAC 13.4.11.—Informe de mercancías peligrosas. Al recibir la notificación, el Estado explotador, con la menor demora posible y de modo más apropiado y rápido de que disponga, suministrará al Estado de Costa Rica, la información detallada sobre las mercancías peligrosas que se encuentre a bordo de la aeronave.

SUBPARTE E.

Investigación

Responsabilidad por la Institución y Realización de la

Investigación de Accidentes o Incidentes que se

Producen en el Territorio del Estado

de Costa Rica

RAC 13.5.1.—Estado del suceso. El Estado de Costa Rica instituirá una investigación por medio de la UIA, para determinar las circunstancias del accidente o incidente grave y será responsable de realizarla, pero podrá delegar, total o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado u organización regional de investigación de accidentes, por acuerdo y consentimiento mutuos. En todo caso, el Estado de Costa Rica empleará todos los medios a su alcance para facilitar la investigación.

RAC 13.5.1.1.—Delegación Incidente grave. El Estado de Costa Rica instituirá una investigación por medio de la UIA, para determinar las circunstancias del incidente grave y será responsable de realizarla, pero podrá delegar, total o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado u organización regional de investigación de accidente, por acuerdo y consentimiento mutuos. En todos los casos, el Estado de Costa Rica empleará todos los medios a su alcance para facilitar la investigación por todos los medios.

RAC 13.5.1.2.—Delegación aeronaves con un peso máximo de 2250 Kg. El Estado de Costa Rica instituirá una investigación por medio de la UIA, para determinar las circunstancias de un incidente grave cuando la aeronave tenga una peso máximo superior a 2 250 Kg. Dicho Estado podrá delegar, total o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado u organización regional de investigación de accidentes, por acuerdo y consentimiento mutuos. En todo caso, el Estado de Costa Rica empleará todos los medios a su alcance para facilitar la investigación.

Accidentes o incidentes de aeronaves con matrícula

costarricense que se producen en el territorio

de un Estado no contratante

RAC 13.5.2.—Estado de matrícula. Cuando el accidente o incidente grave de una aeronave matrícula costarricense o utilizada por un explotador costarricense, haya ocurrido en el territorio de un Estado no contratante que no tenga la intención de realizar la investigación de conformidad con el Anexo 13, el Estado de Costa Rica, deberá tratar de instituir y realizar la investigación en colaboración con el Estado del suceso, pero si no se puede obtener tal colaboración, deberá efectuar la investigación valiéndose de los datos de que disponga.

Accidentes o incidentes de aeronaves con matrícula

costarricense que se producen en el territorio

de otro Estado contratante

RAC 13.5.3.—Estado de matrícula. Cuando no pueda establecerse claramente que el lugar del accidente o del incidente grave se encuentra en el territorio del Estado de Costa Rica, el Estado de matrícula asumirá la responsabilidad de instituir y realizar la investigación del accidente o del incidente grave, salvo que la realización de la investigación pueda delegarse, total o parcialmente, a otro Estado, por acuerdo y consentimiento mutuos.

RAC 13.5.3.1.—Accidente en aguas internacionales. Los Estados más próximos al lugar de un accidente que tuvo lugar en aguas internacionales proporcionarán la ayuda que puedan y, del mismo modo, responderán a las solicitudes del Estado de matrícula.

Organización y realización de la investigación

responsabilidad del Estado de Costa Rica

RAC 13.5.4 (Ver MEI 13.5.4).—Generalidades-Independencia técnica. La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (UIA), encargada de la investigación de accidentes e incidentes aéreos de Costa Rica, gozará de independencia técnica para realizar la investigación y de autoridad absoluta al llevarla a cabo, en forma consecuente con lo dispuesto en este reglamento. La investigación normalmente comprenderá lo siguiente:

a.  la recopilación, el registro y el análisis de toda la información disponible sobre el accidente o incidente;

b.  si corresponde, la publicación de recomendaciones sobre seguridad operacional;

c.  de ser posible, la determinación de los factores contribuyentes; y

d.  la redacción del informe final.

Cuando sea factible, se visitará el lugar del accidente, se examinarán los restos de la aeronave y se tomarán declaraciones a los testigos.

La UIA, encargada de la investigación de accidentes e incidentes, determinará el alcance de la investigación y el procedimiento que ha de seguirse para llevarla a cabo, según las lecciones que espera obtener de la investigación para mejorar la seguridad operacional.

RAC 13.5.4.1.—Proceso judicial o administrativo. Toda investigación que se realice de conformidad con las disposiciones del presente reglamento será independiente de todo procedimiento judicial o administrativo, y dicha investigación tendrá como fin determinar los factores contribuyentes y emitir recomendaciones de seguridad

RAC 13.5.4.2.—Políticas y procedimientos. La autoridad encargada de las investigaciones de accidentes deberá establecer políticas y procedimientos documentados en los que se detallen sus funciones de investigación de accidentes. Estos deberían incluir organización y planificación, investigación e informes.

RAC 13.5.4.3.—Acceso a la información. El Estado de Costa Rica deberá asegurar que todas las investigaciones realizadas de conformidad con las disposiciones de este Reglamento tengan acceso ilimitado a todo el material probatorio, sin demora y no se vean obstaculizadas por investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales.

RAC 13.5.5.—Investigador encargado-Designación. El Estado de Costa Rica, por medio de la UIA, para cada investigación designará el investigador que ha de encargarse de la investigación técnica, y ésta se iniciará inmediatamente.

RAC 13.5.6.—Investigador encargado-Acceso y control. El investigador encargado (ICC), tendrá acceso sin restricciones a los restos de las aeronaves, y a todo material pertinente, incluyendo los registradores de vuelo y los registros de las comunicaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo, y tendrá absoluto control sobre los mismos, a fin de garantizar que el personal autorizado que participe en la investigación proceda, sin demora, a un examen detallado.

RAC 13.5.7.—Registradores de vuelo-Accidentes e incidentes. Los registradores de vuelo se utilizarán de manera efectiva en la investigación de todo accidente o incidente. El Estado de Costa Rica tomará las disposiciones necesarias para la lectura de los registradores de vuelo sin demora.

RAC 13.5.8 (Ver MAC 13.5.8).—Lectura de los registradores de vuelo en otros Estados. En el caso de que no se pueda contar con instalaciones adecuadas para la lectura de los registradores de vuelo, el Estado de Costa Rica utilizará las instalaciones que otros Estados pongan a disposición, tomando en consideración lo siguiente:

a.  la capacidad de las instalaciones de lectura;

b.  la posibilidad de una pronta lectura; y

c.  la ubicación de las instalaciones de lectura.

RAC 13.5.9.—Autopsias. El Estado de Costa Rica por medio de la UIA, coordinará en caso de accidentes mortales, con la Autoridad de Medicatura Forense, para la realización de una autopsia completa de los miembros de la tripulación de vuelo fallecidos, y tomará, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, las disposiciones necesarias para que un patólogo, preferentemente con experiencia en investigación de accidentes, efectúe la autopsia de los pasajeros y el personal auxiliar de a bordo fallecidos. Estas autopsias se practicarán lo antes posible y en forma completa.

RAC 13.5.9.1.—Exámenes médicos. Cuando corresponda, el Estado de Costa Rica por medio de la UIA, coordinara con la Comisión médica, para la realización del examen médico de la tripulación, de los pasajeros y del personal aeronáutico interesado, que efectuaría un médico, preferentemente con experiencia en la investigación de accidentes. Los exámenes en cuestión deberían llevarse a cabo lo antes posible.

En caso de accidente o incidente grave dichos exámenes permitirían también determinar si el nivel de aptitud física y sicológica de la tripulación de vuelo y demás personal afectado por el suceso es suficiente para que puedan contribuir a la investigación, por lo que el investigador (ICC), cuando corresponda, también solicitará si amerita; prueba de alcoholemia.

RAC 13.5.10 (Ver MEI 13.5.10).—Coordinación-Autoridades judiciales. El Estado de Costa Rica coordinará a través del investigador encargado con las autoridades judiciales a efecto de que en lo posible se constituyen conjuntamente con éstas a practicar las primeras diligencias de instrucción en el lugar del suceso. Los funcionarios judiciales darán la intervención que corresponda y deberán cuidar de conservar invariable e intocable el estado y situación de la aeronave y demás componentes afectados o implicados en el accidente, mientras la UIA, no haya concluido las investigaciones en el caso, sin perjuicio de que la autoridad judicial haga constar en el acto de la diligencia el estado y situación de la aeronave y todos los demás actos y circunstancias que puedan apreciarse y sean de importancia para la investigación judicial y se prestará particular atención a las pruebas que requieran registro y análisis inmediatos para que la investigación tenga éxito, como el examen e investigación de las víctimas y la lectura de los datos contenidos en los registradores de vuelo. Todo conflicto posible entre las autoridad investigadora y las judiciales, con relación a la custodia de los registradores de vuelo y de sus datos, puede resolverse haciendo que un oficial de la autoridad judicial lleve los registros al lugar de su lectura, teniéndolos así bajo su custodia.

RAC 13.5.11.—Notificación a las autoridades de seguridad de la aviación y autoridades judiciales. Si en el curso de una investigación se sabe o se sospecha que tuvo lugar un acto de interferencia ilícita, el investigador encargado tomará medidas inmediatamente para asegurar que se informe de ello a las autoridades de seguridad de la aviación y se mantendrá al margen con la autoridad judicial correspondiente, quienes tendrán la prioridad de la investigación, así para propósitos estadísticos la UIA, hará un registro público del accidente pero en los factores contribuyentes y recomendaciones simplemente se determinará como actividad ilegal.

RAC 13.5.12.—No divulgación de la información. El Estado de Costa Rica no dará a conocer la información siguiente para fines que no sean la investigación de accidentes o incidentes, a menos que las autoridades competentes en materia de administración de justicia, determinen que la divulgación de dicha información es más importante que las consecuencias adversas, a nivel nacional e internacional, que podría tener tal decisión para esa investigación o futuras investigaciones;

a.  todas las declaraciones tomadas a las personas por las autoridades encargadas de la investigación en el curso de la misma;

b.  todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación de la aeronave;

c.  La información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el accidente o incidente;

d.  Las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las transcripciones de las mismas; y

e.  Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito aéreo y las transcripciones de las mismas; y

f.   Las grabaciones de imágenes de a bordo en el puesto de pilotaje y cualquier parte o transcripción de las mismas; y

g.  Las opiniones expresadas en el análisis de la información, incluida la información contenida en los registradores de vuelo.

RAC 13.5.12.1.—Inclusión de la información. Esta información se incluirá en el informe final o en sus apéndices únicamente cuando sea pertinente para el análisis del accidente o incidente. Las partes de la información que no sean pertinentes para el análisis no se divulgarán.

RAC 13.5.12.2.—No revelación de nombres. La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público en el informe final, los nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente.

RAC 13.5.13.—Reapertura de la investigación. Si después de cerrada la investigación se obtienen nuevas pruebas de suficiente importancia, el Estado deberá proceder a reabrirla. Sin embargo, cuando el Estado que haya realizado la investigación no sea el que la instituyó, este Estado deberá primero obtener el consentimiento del Estado que instituyó la investigación.

Si una aeronave que se ha considerado desaparecida una vez terminada la búsqueda oficial, se localiza posteriormente, puede evaluarse la posibilidad de reabrir la investigación.

Responsabilidad del Estado de Costa Rica

RAC 13.5.14.—Información-Accidentes e incidentes. El Estado de Costa Rica, cuando sea solicitado por otro Estado que realiza la investigación del accidente o incidente, facilitará a dicho Estado toda la información pertinente que posea.

RAC 13.5.15.—Información de servicios e instalaciones. El Estado de Costa Rica, facilitará toda la información de las instalaciones o servicios que hayan sido utilizados, o normalmente podrían haber sido utilizados, por la aeronave antes del accidente o incidente, al Estado que realiza la investigación.

RAC 13.5.16.—Registradores de vuelo-Accidentes e incidentes graves. En caso de que una aeronave implicada en un accidente o incidente grave aterrice en el Estado de Costa Rica, a solicitud del Estado del suceso que realiza la investigación, proporcionará a este último las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo y, si fuera necesario, los correspondientes registradores de vuelo, siempre y cuando las aeronaves sean de matrícula o explotador nacional. Para lo dispuesto, el Estado de Costa Rica podrá solicitar la cooperación de cualquier otro Estado para la obtención de las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo.

RAC 13.5.17.—Información orgánica. Cuando el Estado que realice la investigación lo solicite, el Estado de Costa Rica, proporcionará información pertinente sobre toda organización cuyas actividades puedan haber influido directa o indirectamente en la operación de la aeronave.

Participación en la investigación

Participación del Estado de matrícula,

del Estado del explotador, del Estado

de diseño y del Estado de fabricación

RAC 13.5.18.—Derechos. El Estado de matrícula, el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación tendrán derecho a nombrar un representante acreditado cada uno, para que participe en la investigación.

RAC 13.5.19.—Nombramiento del asesor. El Estado de matrícula o el Estado del explotador nombrará un asesor propuesto por el explotador, para asistir a su representante acreditado.

RAC 13.5.19.1.—Invitación al Estado explotador. Cuando ni el Estado de matrícula ni el Estado del explotador nombren a un representante acreditado, el Estado de Costa Rica invitará al explotador a que participe en la misma, sujeto a los procedimientos señalados en este reglamento.

RAC 13.5.20.—Representante del Estado de diseño y Estado de fabricación. El Estado de diseño y el Estado de fabricación tendrán derecho a nombrar uno o varios asesores propuestos por las organizaciones responsables del diseño de tipo y del montaje final de la aeronave, para asistir a sus representantes acreditados.

RAC 13.5.21.—Representante de las Organizaciones encargadas del diseño y fabricación. Cuando ni el Estado de diseño ni el Estado de fabricación nombren un representante acreditado, el Estado Costa Rica invitará a las organizaciones encargadas del diseño de tipo y del montaje final de la aeronave a que participen en la misma, sujetas a los procedimientos señalados en este reglamento.

RAC 13.5.22.—Obligaciones. Cuando el Estado de Costa Rica, solicite expresamente la participación del Estado de matrícula, del Estado del explotador, del Estado de diseño o del Estado de fabricación, los Estados interesados designarán cada uno un representante acreditado.

Participación de otros Estados

RAC 13.5.23.—Derechos. Todo Estado que, a petición, facilite información, instalaciones y servicios o asesores al Estado de Costa Rica, tendrá derecho a nombrar un representante acreditado para que participe en la misma.

Todo Estado que proporcione una base para las operaciones de investigación en el lugar del accidente, o bien que participe en las operaciones de búsqueda y salvamento o de recuperación de los restos de la aeronave, podrá también tener derecho a nombrar un representante acreditado para que participe en la investigación.

Prerrogativa del representante acreditado

RAC 13.5.24.—Asesores. Un Estado que tenga derecho a nombrar un representante acreditado tendrá también derecho a nombrar asesores de dicho representante en las tareas de investigación.

RAC 13.5.24.1.—Efectividad. A los asesores que ayuden a los representantes acreditados se les permitirá que, bajo la dirección de éstos, participen en la investigación, en cuanto sea necesario, para hacer efectiva la participación de dichos representantes.

RAC 13.5.25.—Participación. La participación en la investigación conferirá el derecho de participar en todos los aspectos de la investigación, bajo el control del investigador encargado (ICC), y en particular de:

a.  visitar el lugar del accidente;

b.  examinar los restos de la aeronave;

c.  obtener información de los testigos y sugerir posibles aspectos sobre los que cabría interrogar;

d.  tener pleno acceso a todas las pruebas pertinentes lo antes posible;

e.  obtener copias de todos los documentos pertinentes;

f.   participar en el examen del material grabado;

g.  participar en actividades de investigación que se lleven a cabo fuera del lugar del accidente, tales como exámenes de componentes, presentaciones técnicas, ensayos y simulaciones;

h.  participar en las reuniones que se celebren sobre el progreso de la investigación, incluyendo los debates relativos a análisis, conclusiones, causas y recomendaciones en materia de seguridad; y

i.   aportar información respecto a los diversos elementos de la investigación.

La forma de participación ha de acomodarse a los procedimientos vigentes en este reglamento.

RAC 13.5.26.—Obligaciones. Los representantes acreditados y sus asesores:

a.  proporcionarán al Estado toda la información pertinente de que dispongan; y

b.  no divulgarán información sobre el curso y las conclusiones de la investigación a ninguna persona, sin el consentimiento explícito del Estado.

Participación de Estados de los cuales han perecido o sufrido

lesiones graves sus nacionales en un accidente

RAC 13.5.27.—Derechos y prerrogativas. Un Estado que tenga especial interés en un accidente por haber perecido o haber sufrido lesiones graves en el accidente nacionales del mismo, tendrá derecho a nombrar un experto, el cual tendrá las siguientes prerrogativas:

a.  visitar el lugar del accidente;

b.  tener acceso a la información táctica pertinente; que apruebe para divulgación al público el Estado de Costa Rica, así como la información sobre el progreso de la investigación; y

c.  recibir copia del informe final.

Esto no impedirá que el Estado también participe en la identificación de las víctimas y proporcione asistencia en reuniones con sobrevivientes de ese Estado.

RAC 13.5.28.—Divulgación de la información. El Estado de Costa Rica deberá divulgar; al menos durante el primer año de una investigación, información fáctica comprobada e indicar el progreso de la investigación de manera oportuna.

SUBPARTE F.

Informe final

Responsabilidad del Estado de Costa Rica

RAC 13.6.1.—Adopción del formato. El Estado de Costa Rica adoptará el formato del presente reglamento, pero podrá adaptarse según las circunstancias del accidente o incidente.

RAC 13.6.2.—Divulgación de la información-Consentimiento. El Estado de Costa Rica, no pondrá en circulación, publicación ni permitirá acceso a proyecto de informe alguno ni parte del mismo, ni documento alguno obtenido durante la investigación de un accidente o incidente, sin el consentimiento expreso del Estado que realizó la investigación, a menos que este último Estado ya haya difundido o hecho público tales informes o documentos.

Con respecto al proyecto de informe final por parte de la UIA, este deberá ser presentado la DGAC y posteriormente remitirlo al CETAC, para ser difundido o hecho público, con sus recomendaciones de seguridad.

Responsabilidad del Estado que realiza la investigación

RAC 13.6.3.—Consultas. El Estado de Costa Rica, a través de la UIA, enviará una copia del proyecto de informe final a los Estados siguientes, invitándolos a que, lo antes posible, formulen sus comentarios relevantes y fundamentados sobre el informe.

a.  al Estado que instituyó la investigación

b.  al Estado de matrícula;

c.  al Estado del explotador;

d.  al Estado de diseño;

e.  al Estado de fabricación. Y

f.   todo Estado que participó en la investigación, de acuerdo con el Capítulo 5 de este reglamento.

En el caso de que el Estado de Costa Rica, reciba comentarios en un plazo de 60 días a contar desde la fecha de envío del proyecto citado, enmendará el proyecto de informe final para incorporar la esencia de los comentarios recibidos o bien, si lo desea el Estado que formulo los comentarios, los adjuntará a dicho informe, si el Estado no recibe comentarios en el tiempo establecido aprobará por medio de la Dirección General de Aviación Civil y hará circular el informe final de acuerdo con lo dispuesto en el RAC 13.6.4

Nada que figure en la presente norma está destinado a impedir que el Estado de Costa Rica, consulte a otros Estados, tales como aquellos que hayan proporcionado información pertinente, facilidades considerables o expertos que hayan participado en la investigación conforme al RAC 13.5.27.

Las recomendaciones sobre seguridad operacional previstas debe incluirse en el proyecto del informe final.

RAC 13.6.3.1.—Comentario de Estado del operador. De la copia del proyecto de informe final, debe enviarse al Estado del Explotador para que pueda presentar comentarios sobre el proyecto de informe final.

RAC 13.6.3.2.—Comentario de la Organización de diseño y fabricación. El Estado de Costa Rica enviará, cuando amerite y por intermedio del Estado de diseño y del Estado de fabricación, una copia del proyecto de informe final a las organizaciones responsables del tipo de diseño y el montaje final de la aeronave, para que puedan presentar comentarios sobre el proyecto de informe final.

RAC 13.6.4.—Estados que reciben la información (Ver MEI 13.6.4 / 13.6.7). El Estado de Costa Rica enviará, sin pérdida de tiempo, el informe final de la investigación:

a.  al Estado que instituyó la investigación

b.  al Estado de matrícula;

c.  al Estado del explotador;

d.  al Estado de diseño;

e.  al Estado de fabricación.

f.   todo Estado que haya participado en la investigación

g.  a todo Estado del cual hayan perecido o sufrido lesiones graves nacionales; y

h.  a todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de importancia o expertos.

RAC 13.6.5.—Difusión del informe final. En pro de la prevención de accidentes, el Estado de Costa Rica pondrá a disposición del público el informe final lo antes posible y, si se puede, en un plazo de 12 meses.

Para poner a disposición del público el informe final, éste podrá una vez concluido y autorizado por el CETAC, publicarse en Internet y no necesariamente en forma impresa.

RAC 13.6.6.—Plazo publicación informe final. Si el informe no puede ponerse a disposición del público en un plazo de 12 meses, el Estado de Costa Rica, pondrá a disposición del público una declaración provisional en cada aniversario del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación y cualquier cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado.

RAC 13.6.7.—Envío a la Organización de Aviación Civil Internacional. Cuando el Estado de Costa Rica realiza una investigación sobre un accidente o un incidente sufrido por una aeronave de un peso máxima de más de 5700 kg, y ha hecho público un informe final, el Estado enviará a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un ejemplar del informe final, utilizando para este propósito el Sistema recomendado según este reglamento.

RAC 13.6.8.—(Ver MEI 13.6.8 / 13.8.7 / 13.8.8).—Recomendaciones en materia de seguridad. La UIA, encargada de la investigación de accidentes o incidentes por parte del Estado de Costa Rica, recomendará, en una carta de envío fechada, en cualquier fase de la investigación de un accidente o incidente a las autoridades competentes, entre ellas las de otros Estados, todas las medidas preventivas que considere necesario tomar rápidamente para aumentar la seguridad operacional de la aviación.

Para la formulación de recomendaciones en materia de seguridad operacional derivadas de la investigación de un accidente o incidente, debe darse precedencia a la UIA; que realiza la investigación, sin embargo, en interés de la seguridad operacional, de otros Estados que participan en la investigación pueden formular dichas recomendaciones después de coordinarse con el Estado encargado de la investigación.

RAC 13.6.9.—Envío de recomendaciones en materia de seguridad. El Estado Costa Rica enviará, de ser necesario, todas las recomendaciones en materia de seguridad dimanantes de sus investigaciones a las autoridades encargadas de la investigación de accidentes de otro u otros Estados interesados y, cuando entran en juego documentos de la OACI, a esta Organización.

Si los informes finales comprenden recomendaciones en materia de seguridad dirigidas a la OACI, por el hecho de que entran en juego documentos de esta Organización, debe adjuntarse a ellos una carta indicando las medidas concretas que se proponen.

Responsabilidad del Estado que recibe

recomendaciones en materia de seguridad

RAC 13.6.10.—Medidas en relación con las recomendaciones en materia de seguridad. El Estado de Costa Rica cuando reciba recomendaciones en materia de seguridad operacional de otro Estado comunicará, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la carta de envío, al Estado que haya formulado la propuesta las medidas preventivas que se han tomado o se proyecta tomar, o las razones por las cuales no se ha adoptado ninguna medida.

RAC 13.6.11.—Respuesta a recomendaciones. El Estado de Costa Rica, cuando formule una recomendación en materia de seguridad operacional se regirá por este reglamento para registrar las respuestas a dicha recomendaciones.

RAC 13.6.12.—Seguimiento a recomendaciones. El Estado de Costa Rica, cuando reciba una recomendación en materia de seguridad operacional, por parte de otro Estado contratante, se regirá por este reglamento para vigilar el progreso de las medidas tomadas en respuesta a dicha recomendación.

SUBPARTE G.

Notificación ADREP/ECCAIRS

Responsabilidad del Estado de Costa Rica

RAC 13.7.1.—Accidentes de aeronaves de más de 2250 kg (Ver MEI 13.7.1/13.7.2/13.7.5/13.7.7). Cuando se trata de un accidente de una aeronave de una masa máxima de más de 2250 kg, el Estado de Costa Rica enviará el informe preliminar:

a.  al Estado de matrícula; o al Estado del suceso, según corresponda;

b.  al Estado del explotador;

c.  al Estado de diseño;

d.  al Estado de fabricación;

e.  a todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de importancia o asesores; y

f.   a la Organización de Aviación Civil Internacional.

RAC 13.7.2.—Accidentes de aeronaves de 2 250 kg o menos. (Ver MEI 13.7.1/13.7.2/13.7.5/13.7.7). Cuando se trate de un accidente de una aeronave no comprendida en RAC 13.7.1, y cuando se trate de cuestiones de aeronavegabilidad o que se consideren de interés para otros Estados, el Estado de Costa Rica enviará el informe preliminar al:

a.  Estado de matrícula o al Estado del suceso, según corresponda;

b.  al Estado del explotador;

c.  al Estado de diseño;

d.  al Estado de fabricación; y

e.  a todo Estado que haya facilitado información pertinente, instalaciones y servicios de importancia o asesores.

RAC 13.7.3.—Idioma. El informe preliminar se presentará a los Estados apropiados y a la Organización de Aviación Civil Internacional en idioma Español.

RAC 13.7.4.—Despacho. El informe preliminar se enviará por facsímile, correo electrónico o correo aéreo dentro de los 30 días de la fecha en que ocurrió el accidente a menos que se haya enviado anteriormente el informe de datos sobre el accidente/incidente. Cuando se trate de cuestiones que afecten directamente a la seguridad de vuelo, el informe se enviará tan pronto como se disponga de la información y por el medio más adecuado y más rápido disponible.

Informe de datos sobre accidentes/incidentes de aviación

Responsabilidad del Estado de Costa Rica

RAC 13.7.5.—Accidentes de aeronaves de más de 2250 kg. Cuando se trate de un accidente de una aeronave de un peso máxima superior a 2250 kg, el Estado de Costa Rica, enviará, lo antes posible después de la investigación, el informe sobre los datos del accidente de aviación en cuestión a la Organización de Aviación Civil Internacional.

RAC 13.7.6.—Información adicional. El Estado de Costa Rica, deberá suministrar, previa solicitud, a otros Estados información pertinente adicional a lo disponible en el informe de datos sobre accidentes/incidentes de aviación.

RAC 13.7.7.—Incidentes de aeronaves de más de 5700 kg. (Ver MEI 13.7.1/13.7.2/13.7.5/13.7.7). Cuando se realiza una investigación sobre un incidente ocurrido a una aeronave de un peso máxima de más de 5.700 kg, se enviará, lo antes posible, después de la investigación, el informe de datos de incidentes de aviación a la Organización de Aviación Civil Internacional.

SUBPARTE H.

Medidas de prevención de accidentes

Estas especificaciones tienen por finalidad favorecer la prevención de accidentes mediante la recopilación y el análisis de los datos de seguridad operacional y un rápido intercambio de información sobre seguridad operacional, como parte del programa estatal de seguridad operacional.

RAC 13.8.1.—Sistemas de notificación de incidentes. El Estado de Costa Rica, establecerá un sistema de notificación obligatoria de incidentes, a fin de facilitar la recopilación de información sobre las deficiencias reales o posibles en materia de seguridad operacional.

RAC 13.8.2.—Sistema de notificación voluntaria de incidentes. El Estado de Costa Rica, establecerá un sistema de notificación voluntaria de incidentes para facilitar la recopilación de información, sobre las deficiencias de seguridad operacional, reales o posibles que quizás no capte el sistema de notificación obligatoria de incidentes. También se deberá establecer otros sistemas de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para recopilar información de seguridad operacional que quizás no capten los sistemas de notificación de incidentes mencionados en RAC 13.8.1 y RAC 13.8.2.

RAC 13.8.3.—No aplicación de sanciones. Los sistemas de notificación voluntaria de incidentes serán sin aplicación de sanciones y protegerán las fuentes de la información.

RAC 13.8.4.—Sistemas y análisis de bases de datos-Medidas preventivas. El Estado de Costa Rica establecerá y mantendrá una base de datos de accidentes e incidentes para facilitar el análisis eficaz de la información obtenida sobre deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, incluida la información obtenida de sus sistemas de notificación de incidentes, para determinar las medidas preventivas necesarias.

RAC 13.8.5 (Ver MAC 13.8.5).—Utilización de formatos normalizados. Los Sistemas de bases de datos deberán utilizar formatos normalizados para la facilitación del intercambio de datos.

RAC 13.8.6.—Análisis de los datos-medidas preventivas. El Estado de Costa Rica, tras identificar las medidas preventivas necesarias con respecto a las deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, deberá aplicar esas medidas de acuerdo a este reglamento para supervisar la aplicación y la eficacia de las respuestas.

RAC 13.8.7 (Ver MEI 13.6.8/13.8.7/13.8.8).—Análisis y facilitación de la información. El Estado de Costa Rica, si al analizar la información contenida en su base de datos, identifica asuntos relacionados con la seguridad operacional considerados de interés para otros Estados, facilitará dicha información sobre seguridad lo antes posible.

RAC 13.8.8 (Ver MEI 13.6.8/13.8.7/13.8.8).—Transmisión de recomendaciones de seguridad. La UIA, Además de las recomendaciones sobre seguridad dimanantes de las investigaciones de accidentes e incidentes, deberá transmitir también a las organizaciones de otros Estados, todas aquellas recomendaciones sobre seguridad operacional provenientes de otras fuentes, incluidos los estudios sobre seguridad operacional.

RAC 13.8.9.—Intercambio de información sobre seguridad operacional. El Estado de Costa Rica, establecerá redes de compartición de la información sobre seguridad operacional entre todos los usuarios del sistema aeronáutico y facilitar el libre intercambio de información sobre las deficiencias reales y posibles en materia de seguridad operacional.

Formato del informe final de la unidad

de accidentes e incidentes

(Refiérase Capítulo 6 del Anexo 13)

Sección I.—Finalidad. Este formato tiene por finalidad presentar el informe final de manera apropiada y uniforme.

En el Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación (Doc. 9756), se encontrarán indicaciones detalladas para completar cada sección del informe final.

Formato

Título. El informe final deberá llevar un título que comprenda:

Nombre del explotador; fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de matrícula de la aeronave; lugar y fecha del accidente o incidente.

Sinopsis. A continuación del título figura una sinopsis en la que se describe brevemente toda la información pertinente relativa a la:

Notificación del accidente a las autoridades nacionales y a autoridades extranjeras; identificación de las autoridades encargadas de la investigación de accidentes y representación acreditada; organización y marcha de la investigación; autoridad que expide el informe y fecha de publicación; y termina con un breve resumen de las circunstancias que condujeron al accidente.

Cuerpo. El cuerpo del informe final comprende los siguientes títulos principales:

1.  Información sobre los hechos

2.  Análisis

3.  Conclusiones

4.  Recomendaciones sobre seguridad

Y cada título consiste en un cierto número de subtítulos, como se indica a continuación:

Apéndices. Los que corresponda.

Al preparar el informe final utilizando el presente modelo procúrese:

a.  incluir bajo el título correspondiente toda la información pertinente para comprender la información sobre los hechos, los análisis y las conclusiones;

b.  cuando no se disponga de información con respecto a algún punto de 1.—Información sobre los hechos, o cuando la misma no sea pertinente a las circunstancias que dieron lugar al accidente, incluir una nota con este objeto en la sub-sección que corresponda.

1. Información sobre los hechos

1.1.—Reseña del vuelo. Breve descripción que contenga la información siguiente:

— Número del vuelo, tipo de operación, último punto de salida, hora de salida (local o UTC), y punto de aterrizaje previsto.

— Preparación del vuelo, descripción del vuelo y de los sucesos que condujeron al accidente, incluida la reconstrucción de la parte de la trayectoria de vuelo pertinente, si es apropiado.

— Lugar (latitud, longitud y elevación), hora del accidente (local o UTC) e indicación de si ocurrió de día o de noche.

1.2.—Lesiones a personas. Consíganse los datos siguientes, (en números):

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros
Mortales
Graves
Leves/Ninguna

 

Nota.—Las lesiones mortales incluyen todas las muertes consideradas como resultado directo de las lesiones sufridas en el accidente.

1.3.—Daños sufridos por la aeronave. Breve exposición de los daños sufridos por la aeronave en el accidente (destruida, con graves daños, con ligeros desperfectos o intacta).

1.4.—Otros daños. Breve descripción de los daños sufridos por objetos que no sean la aeronave.

1.5.—Información sobre el personal:

a)  Información pertinente relativa a cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo, incluyendo: edad, validez de las licencias, habilitaciones, revisiones reglamentarias, experiencia de vuelo (total y por tipo) e información pertinente sobre las horas de servicio.

b) Breve reseña de los títulos y experiencia de los demás tripulantes.

c)  Información pertinente relativa a otro personal, por ejemplo, servicios de tránsito aéreo, mantenimiento, etc., cuando corresponda.

1.6.—Información sobre la aeronave:

a)  Breve descripción sobre las condiciones de aeronavegabilidad y el mantenimiento de la aeronave (deberá incluirse una indicación de las deficiencias conocidas con anterioridad al vuelo y de las surgidas durante el mismo, en el caso de que hayan tenido influencia en el accidente).

b) Breve exposición sobre la performance, si es pertinente, y respecto a si la masa y el centro de gravedad se hallaban dentro de los límites prescritos, durante la fase de operación en que ocurrió el accidente. (De no ser así y en el caso de que hubiesen tenido influencia en el accidente, se debe detallar.)

c)  Tipo de combustible utilizado.

1.7.—Información meteorológica:

a)  Breve exposición del estado atmosférico correspondiente a las circunstancias, incluidos el pronóstico y las condiciones reales, indicando la información meteorológica de que disponía la tripulación.

b) Condiciones de la luz natural en el momento de producirse el accidente (luz del sol, luz de la luna, crepúsculo, etc.).

1.8.—Ayudas para la navegación. Información pertinente sobre las ayudas para la navegación, comprendidas las ayudas para el aterrizaje, tales como ILS, MLS, NDB, PAR, VOR, ayudas terrestres visuales, etc., y su eficiencia en aquel momento.

1.9.—Comunicaciones. Información pertinente sobre las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico y del servicio fijo aeronáutico y su eficacia.

1.10.—Información de aeródromo. Información pertinente referente al aeródromo, a sus instalaciones y servicios y al estado de los mismos, o al área de despegue o de aterrizaje, si no se tratara de un aeródromo.

1.11.—Registradores de vuelo. Ubicación del registrador de vuelo en la aeronave, su estado después de recuperado y datos pertinentes facilitados por el mismo.

1.12.—Información sobre los restos de la aeronave y el impacto. Información general sobre el lugar del accidente y la forma en que quedaron distribuidos los restos; fallas detectadas en el material o funcionamiento incorrectos de los componentes. No se suelen dar detalles referentes al lugar y estado de los diferentes elementos, a no ser que sea necesario indicar una rotura de la aeronave sobrevenida con anterioridad al impacto. Los diagramas, cartas y fotografías pueden incluirse en esta sección o agregarse en los apéndices.

1.13.—Información médica y patológica. Breve descripción de los resultados de la investigación emprendida y datos pertinentes obtenidos de ella.

Nota.—La información de carácter médico relacionada con las licencias de la tripulación de vuelo debería incluirse en 1.5 —Información sobre el personal.

1.14.—Incendio. En el caso de que se hubiese declarado un incendio, información sobre las causas del mismo y sobre el equipo extintor utilizado, así como de su eficacia.

1.15.—Supervivencia. Breve descripción de la búsqueda, evacuación y salvamento: lugar en que se hallaban la tripulación y pasajeros en relación con las heridas sufridas; rotura de estructuras tales como asientos y herrajes de fijación de los cinturones de seguridad.

1.16.—Ensayos e investigaciones. Breve indicación de los resultados de los ensayos e investigaciones que haya sido necesario practicar.

1.17.—Información orgánica y de dirección. Información pertinente de las entidades y administraciones que influyen en las operaciones de las aeronaves. Las entidades comprenden, por ejemplo, el explotador; los servicios de tránsito aéreo, los organismos que prestan servicios de aerovías, aeródromo y meteorológicos; y las autoridades normativas. La información podría incluir, sin que esta lista sea exhaustiva, la estructura y funciones de las entidades, sus recursos, situación económica, criterios y normas administrativas y su marco normativo.

1.18.—Información adicional. Otra información pertinente no incluida en 1.1 a 1.17.

1.19.—Técnicas de investigación útiles o eficaces. Cuando se hayan utilizado técnicas de investigación durante la misma, indíquese brevemente la razón del empleo de esas técnicas, y menciónense al mismo tiempo sus características principales, así como al describir los resultados en las subsecciones apropiadas 1.1 a 1.18.

2. Análisis

Analícese, según proceda, únicamente la información documentada en 1.—Información sobre los hechos, y que sea pertinente para la determinación de las conclusiones y de las causas.

3. Conclusiones

Enumérense las conclusiones, causas y factores contribuyentes establecidas en la investigación. La lista de las causas debería comprender tanto las causas inmediatas como las otras más profundas endémicas del sistema.

4. Recomendaciones sobre seguridad operacional

Formúlese brevemente, como proceda, toda recomendación efectuada con el objeto de prevenir un accidente e identifíquense las medidas que en materia de seguridad operacional se hayan aplicado.

5. Apéndices

Inclúyase, si procede, cualquier otra información pertinente que se considere necesaria para la comprensión del informe.

Sección 2.—Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC) y Material Explicativo e Interpretativo (MEI)

1. General.

1.1.—Esta sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), los Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC´s) y el Material Explicativo e Interpretativo (MEI), que han sido aprobados para ser incluidos en la RAC 13.

1.2.—Si un párrafo específico no tiene CCA, MAC o MEI, se considera que dicho párrafo no requiere de ellas.

2. Presentación.

2.1.—Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CCA, MAC o MEI indican el número del párrafo RAC 13 a la cual se refieren.

2.2.—Las abreviaciones se definen como sigue:

2.2.1.—Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA): Texto asociado a los requisitos de una RAC, para clarificar y proporcionar guías para su aplicación. Contiene explicaciones, interpretaciones y/o métodos aceptables de cumplimiento.

2.2.2.—Medios Aceptables de Cumplimiento (MAC): Ilustran los medios o las alternativas, pero no necesariamente los únicos medios posibles, para cumplir con un párrafo específico de la RAC 13.

2.2.3.—Material Explicativo e Interpretativo (MEI): Ayudan a explicar el significado de una regulación.

2.3.—El texto de la presente sección está escrito en arial 10; y las notas explicativas que no son parte de los MAC o MEI, aparecen en letra arial 8.

SUBPARTE A.

Definiciones.

MEI 13.1 Subparte A.—Definiciones Incidentes graves / Lista de ejemplos de incidentes graves.

(Ver RAC 13.1)

La presente CCA es material explicativo sobre los Incidentes graves.

En la subparte A, la expresión “incidente grave” se define de la siguiente manera:

Incidente grave. Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente.

2.  Los incidentes que se enumeran a continuación constituyen ejemplos característicos de incidentes que podrían ser graves. La lista no es exhaustiva y sólo se proporciona como orientación respecto a la definición de incidente grave.

a.  Cuasicolisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión o una situación de peligro para la seguridad, o cuando habría correspondido realizar una acción evasiva.

b.  Impacto contra el suelo sin pérdida de control.

c.  Despegues interrumpidos en una pista cerrada o comprometida, en una calle de rodaje o una pista no asignada. Se excluyen las operaciones autorizadas de helicópteros.

d.  Despegues efectuados desde una pista cerrada o comprometida, desde una calle de rodaje o una pista no asignada. Se excluyen las operaciones autorizadas de helicópteros.

e.  Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o comprometida, en una calle de rodaje o una pista asignada. Se excluyen las operaciones autorizadas de helicópteros.

f.   Incapacidad grave de lograr la performance prevista durante el recorrido de despegue o el ascenso inicial.

g.  Incendio o humo producido en la cabina de pasajeros, en los compartimientos de carga o en los motores, aun cuando tales incendios se hayan apagado mediante agentes extintores.

h.  Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de emergencia.

i.   Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores que no se clasifiquen como accidente.

j.   Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave que afecten gravemente el funcionamiento de esta.

k.  Incapacitación de la tripulación de vuelo durante el mismo.

l.   Cantidad de combustible que obligue al piloto a declarar una situación de emergencia.

m. Incursiones en la pista clasificada de gravedad A. El manual sobre prevención de las incursiones en la pista (Doc. 9870) de la OACI contiene información sobre la clasificación de la gravedad.

n.  Incidentes ocurridos en el despegue o en el aterrizaje. Se trata de incidentes como aterrizajes demasiado cortos o demasiado largos o salidas de la pista por el costado.

o.  Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas fuera de la envolvente de vuelo aprobada, u otros acontecimientos que hubieran podido ocasionar dificultades para controlar la aeronave.

p.  Fallas de más de un sistema, cuando se trata de un sistema redundante de carácter obligatorio para la guía de vuelo y la navegación.

SUBPARTE B.

Aplicabilidad

MEI 13.2.2.—Derechos y obligaciones del Estado del operador respecto a los accidentes e incidentes en que intervengan aeronaves arrendadas, fletadas o intercambiadas

(Ver RAC 13.2.2)

Las normas y métodos recomendados del Anexo 13 de la OACI-Investigación de accidentes e incidentes de aviación se elaboraron cuando los Estados de matrícula y el Estado del operador eran normalmente el mismo. Últimamente, sin embargo, se conciertan mundialmente acuerdos de arrendamiento e intercambio de aeronaves en las operaciones internacionales, de modo que, en muchos casos, el Estado del operador no es el Estado de matrícula.

Los acuerdos de arrendamiento o intercambio incluyen algunas veces el suministro de tripulaciones de vuelo por el Estado de matrícula. Sin embargo, más a menudo, el Estado del operador proporciona las tripulaciones de vuelo, y las aeronaves se explotan con arreglo a la legislación nacional del Estado del operador. Igualmente, de estos acuerdos surge una variedad de arreglos de aeronavegabilidad de las aeronaves. La responsabilidad en lo relativo a aeronavegabilidad puede corresponder, entera o parcialmente, al Estado del operador o al Estado de matrícula. Algunas veces el operador, obrando de conformidad con el sistema del control de aeronavegabilidad especificado por el Estado de matrícula, se hace cargo del mantenimiento y de conservar los respectivos registros.

Cuando ocurra un accidente o incidente, es importante que todo Estado que haya asumido la responsabilidad de la seguridad operacional de una aeronave tenga derecho a participar en la investigación, al menos por lo que respecta a esa responsabilidad. Asimismo, es importante que el Estado que realice la investigación disponga rápidamente de todos los documentos y demás información pertinente.

En los casos en que no se pueda establecer sin lugar a dudas que el accidente o incidente tuvo lugar en el territorio de otro Estado, el Estado del operador, previa consulta al Estado de matrícula, debería aceptar la responsabilidad total o parcial por la realización de la investigación.

SUBPARTE C.

Generalidades

MEI 13.5.4.—Atribuciones generales de la Autoridad Aeronáutica del Estado Costa Rica para la investigación de accidentes e incidentes graves. (Ver RAC 13.5.4). Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes e Incidentes de Costa Rica.

La Autoridad Aeronáutica del Estado de Costa Rica contará con una Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes e Incidentes Aéreos(UIA), cuya función será la de garantizar el buen uso de los recursos necesarios para la realización de la investigación y de analizar el informe final y las recomendaciones de seguridad emitidas por la Jefatura de Investigación de Accidentes e Incidentes o investigador encargado, con el propósito de aplicar en el marco aeronáutico de este Estado, las enmiendas y ampliaciones de seguridad que correspondan.

Para evitar un conflicto de intereses, la UIA, gozará de independencia técnica y de presupuesto necesario para realizar la investigación y de autoridad absoluta al llevarla a cabo, sin ninguna influencia externa en el desarrollo del informe, de las recomendaciones de seguridad y del desarrollo de la investigación.

Esta Autoridad de Investigación de Accidentes, se enfocará en la ocurrencia de accidentes o incidentes graves de magnitud considerable o que generen un impacto social relevante.

La UIA, una vez concluida toda investigación, remitirá el proyecto de informe final con las recomendaciones de seguridad a la DGAC para su autorización, publicación y seguimiento.

Conformación de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos.

En acuerdo con la Ley de Aviación Civil y la estructura organizacional de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, la UIA está conformada según lo establecido en dichas leyes.

SUBPARTE D.

Notificación

MAC 13.4.1.—Notificación de accidentes e incidentes. (Ver RAC 13.4.1). El teléfono, el facsímile, el correo electrónico o la Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN, ECCAIRS) constituirán en la mayoría de los casos “el medio más adecuado y más rápido de que se disponga”. Sería conveniente contar con más de un medio de comunicación.

MEI 13.4.1 / 13.4.8.—Cuadros de verificación para hacer notificaciones e informes. (Ver RAC 13.4.1). En estos cuadros las expresiones siguientes tienen el significado que se indica a continuación:

a.  Sucesos internacionales: accidentes e incidentes graves que ocurren en el territorio de un Estado contratante, a aeronaves matriculadas en otro Estado contratante.

b.  Sucesos nacionales: accidentes e incidentes graves que ocurren en el territorio de Costa Rica y con matrícula de un Estado contratante.

c.  Otros sucesos: accidentes e incidentes graves que ocurren en el territorio de un Estado no contratante de la OACI o fuera del territorio de los Estados de Costa Rica.

2. Notificación de accidentes y de incidentes graves

Procedente de	Respecto de	Destinatario	Referencia en la RAC 13
Estado del suceso	Sucesos internacionales: Aeronaves de todo tipo	Estado de matrícula Estado del operador Estado de diseño Estado de fabricación OACI (Cuando la aeronave supere los 2250 kg)	RAC 13.4.1
Estado de matrícula	Sucesos nacionales y otros: Aeronaves de más de 2250 Kg.	Estado del operador Estado de diseño Estado de fabricación OACI (cuando la aeronave supere los 2.250 Kg.	RAC 13.4.8

 

SUBPARTE E.

Investigación

MAC 13.5.8.—Directrices sobre lectura y análisis de los registradores de vuelo. (Ver RAC 13.5.8)

Respuesta inicial. Después de un accidente grave, la autoridad del Estado de Costa Rica, encargada de la investigación se enfrentan por un tiempo con abundantes problemas. Uno de los aspectos que debe abordarse inmediatamente es la lectura y análisis de los registradores de vuelo. Es fundamental proceder a la lectura lo antes posible después de un accidente. La pronta identificación de las áreas problemáticas puede afectar a la investigación que se lleva a cabo en el lugar del accidente, donde las pruebas tienen a veces un carácter transitorio. La pronta identificación de las áreas problemáticas también puede permitir que se formulen recomendaciones urgentes sobre seguridad operacional, que acaso sean necesarias para evitar un suceso similar.

A la no existencia de instalaciones para llevar a cabo la lectura y el análisis de la información contenida en los registradores de vuelo (voz y datos) y, por consiguiente, se solicitará a otros, asistencia al respecto. Es, por lo tanto, fundamental que la autoridad encargada de la investigación del accidente, de Costa Rica, que realiza la investigación, hagan arreglos oportunos para proceder a la lectura de los registradores de vuelo en una instalación apropiada.

Selección de la instalación. El Estado de Costa Rica, encargado de la investigación puede solicitar asistencia de cualquier Estado que en su opinión esté en mejores condiciones de ser útil para la investigación. El equipo de reproducción y el soporte lógico de lectura normales del fabricante que generalmente utilizan las líneas aéreas y las instalaciones de mantenimiento no se consideran adecuadas para fines de investigación. Habitualmente, se requieren técnicas especiales de recuperación y análisis, si los registradores se han averiado.

Las instalaciones utilizadas para la lectura de registradores de vuelo deberán disponer de las siguientes capacidades:

a.  Capacidad para desmontar y leer los registradores que hayan sufrido daños considerables;

b.  Capacidad para la lectura del módulo original de grabación/memoria sin necesidad de utilizar un dispositivo de copia del fabricante o la caja del registrador objeto del accidente o incidente;

c.  Capacidad para analizar/interpretar manualmente la forma de onda binaria bruta de los registradores de datos de vuelo de cinta digital;

d.  Capacidad para aumentar y filtrar las grabaciones de voz digitalmente por medio de programas de computadora apropiados; y

e.  Capacidad para analizar gráficamente los datos, derivar los parámetros adicionales que no estén registrados explícitamente, validar los datos mediante verificación cruzada, y otros métodos analíticos para determinar la exactitud y limitaciones de los datos.

Participación del Estado de fabricación (o diseño) y del Estado del operador. El Estado de fabricación (o diseño) tiene ciertas responsabilidades en materia de aeronavegabilidad y cuenta con la pericia normalmente requerida para leer y analizar la información del registrador de datos de vuelo. Dado que la información del registrador de datos de vuelo puede revelar a menudo si existen problemas de aeronavegabilidad, el Estado de fabricación (o diseño) deberá tener un representante presente cuando se lleve a cabo el análisis de los registradores de datos de vuelo en un Estado que no sea el Estado de fabricación (o diseño).

El Estado del operador tiene responsabilidades reglamentarias respecto de la operación del vuelo y puede ofrecer información sobre los aspectos operacionales que sean propios del operador. Teniendo en cuenta que la información de los registradores de vuelo puede revelar problemas operacionales, el Estado del operador también debería tener un representante presente al llevar a cabo la lectura y el análisis de los registradores de datos de vuelo.

Procedimientos recomendados. La lectura del registrador de datos de vuelo y del registrador de la voz en el puesto de pilotaje deberá efectuarse en la misma instalación, porque contienen datos complementarios que pueden ayudar a validar cada registro y a determinar el tiempo y la sincronización.

No se deberá abrir o activar los registradores de datos de vuelo ni copiar las grabaciones originales (en especial con dispositivos de copia de alta velocidad) antes de la lectura, por el riesgo de dañar las grabaciones.

La instalación en la que se efectúe la lectura de los registradores de datos de vuelo para otro Estado deberá tener la oportunidad de formular comentarios sobre el informe final, para cerciorarse de que se han tenido en cuenta las características del análisis de los registradores de datos de vuelo.

La instalación en la que se efectúe la lectura de los registradores de datos de vuelo podrá recurrir a la asistencia y experiencia del fabricante de la aeronave y del operador para verificar los datos de calibración y validar la información grabada.

El Estado que realice la investigación podrá dejar las grabaciones originales o una copia de las mismas en la instalación de lectura, hasta que se haya completado la investigación, para facilitar que se resuelvan oportunamente las preguntas o aclaraciones adicionales, siempre que la instalación tenga procedimientos adecuados de seguridad para proteger las grabaciones.

SUBPARTE F

Informe Final

MEI 13.6.4 /13.6.7.—Informe final. (Ver RAC 13.6.4 y RAC 13.6.7).

Accidentes e incidentes graves dondequiera que ocurran

Procedente de	Tipo de informe	Respecto de	Destinatario	Referencia en la RAC 13
Estado que realiza la investigación	Informe Final	Aeronaves de todo tipo	Estado que instituye la investigación Estado de matrícula Estado del operador Estado de diseño Estado de fabricación Estado interesado por perecer nacionales Estado que proporciona información, instalaciones y servicios de importancia o asesores.	RAC-13.6.4
		Aeronaves de más de 5700 Kg.	OACI	RAC 13.6.7

 

MEI 13.6.8 / 13.8.7 / 13.8.8.—Medidas de prevención de accidentes. Asuntos de seguridad de interés para otros Estados. (Ver RAC 13.6.8 / 13.8.7 / 13.8.8)

 

Procedente de	Tipo de informe	Respecto de	Destinatario	Referencia en la RAC 13
Estado que analiza los datos de seguridad	Cualquiera	Asuntos considerados de interés para otros Estados	Estados interesados	RAC 13.8.7
Estados que formulan recomendaciones	Recomendaciones de seguridad	Recomendaciones formuladas a otro Estado	Autoridad de investigación de accidentes en ese Estado	RAC 13.6.8 RAC 13.8.8

 

SUBPARTE G.

Sistema de notificación de datos sobre accidentes/incidentes

(Notificación ADREP)

MEI 13.7.1 / 13.7.2 / 13.7.5 / 13.7.7.—Informe ADREP. (Ver RAC 13.7.1)

Accidentes e incidentes graves dondequiera que ocurran

Procedente de	Tipo de informe	Respecto de	Destinatario	Referencia en la RAC 13
Estado que realiza la investigación	INFORME PRELIMINAR	Accidentes de aeronaves de más de 2250 kg	Estado de matrícula o Estado del suceso Estado del operador Estado de diseño Estado de fabricación Estado que proporciona información, instalaciones y servicios de importancia o asesores. OACI	RAC 13.7.1
		Accidentes de aeronaves de 2250 kg o menos, si interviene la aeronavega-bilidad o cuestiones de interés.	Idem. Excepto OACI	RAC 13.7.2
	INFORME DE DATOS SOBRE ACCIDENTES	Accidentes De aeronaves de más de 2250 Kg.	OACI	RAC 13.7.5
	INFORME DE DATOS SOBRE INCIDENTES	Accidentes de aeronaves de más de 5700 Kg.	OACI	RAC 13.7.7

 

SUBPARTE H.

MEI 13.5.10.—Orientación jurídica para la protección de la información obtenida por medio de sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional.

1. Introducción

1.1.—La protección de la información sobre seguridad operacional es esencial para garantizar su continua disponibilidad, ya que el uso de información sobre seguridad operacional para fines que no se relacionan con la seguridad operacional puede impedir la disponibilidad futura de esa información y afectar en forma adversa dicha seguridad. Este hecho se reconoció durante la 35ª Asamblea de la OACI, cuando ésta tomó nota de que es posible que las leyes y reglamentos nacionales existentes de muchos Estados no aborden en forma adecuada la manera de proteger la información sobre seguridad operacional de un uso inapropiado.

1.2.—La orientación que figura en este adjunto tiene, por lo tanto, el propósito de asistir a los Estados en la promulgación de sus leyes y reglamentos nacionales para proteger la información obtenida de los sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional (SDCPS), permitiendo al mismo tiempo la administración apropiada de la justicia. El objetivo consiste en impedir que se haga un uso inapropiado de la información recopilada exclusivamente con la finalidad de mejorar la seguridad operacional de la aviación.

1.3.—Debido a los diferentes sistemas jurídicos de los Estados, la orientación jurídica debe dar a éstos la flexibilidad de redactar sus leyes y reglamentos de acuerdo con sus políticas y prácticas nacionales.

1.4.—La orientación que figura en este adjunto toma, así, la forma de una serie de principios que se han extraído de ejemplos de leyes y reglamentos nacionales ofrecidos por los Estados. Los conceptos que se describen con estos principios podrían adoptarse o modificarse para satisfacer las necesidades particulares de los Estados que promulgan las leyes y reglamentos para proteger la información sobre seguridad operacional.

1.5.—En este adjunto:

a.  por información sobre seguridad operacional se entiende aquella que figura en los SDCPS, ha sido establecida con el propósito exclusivo de mejorar la seguridad operacional de la aviación y reúne los requisitos para ser protegida en condiciones específicas de acuerdo con 3.1;

b.  el personal de operaciones es aquel que participa en las operaciones de aviación y está en posición de notificar a los SDCPS información sobre seguridad operacional. Dicho personal comprende, entre otros, tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo, operadores de estaciones aeronáuticas, técnicos de mantenimiento, tripulaciones de cabina, despachadores de vuelo y personal de plataforma;

c.  por uso inapropiado se entiende la utilización de la información sobre seguridad operacional para fines diferentes de aquellos para los que fue recopilada — es decir, el uso de la información para procedimientos disciplinarios, civiles, administrativos y criminales contra el personal de operaciones y/o la revelación de información al público;

d.  SDCPS se refiere a los sistemas de procesamiento y notificación, a las bases de datos, a los esquemas para intercambio de información y a la información registrada, y comprende:

1.  registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes, según se describe en el Capítulo 5;

2.  sistemas de notificación obligatoria de incidentes, como se describe en el Capítulo 8;

3.  sistemas de notificación voluntaria de incidentes, como se describe en el Capítulo 8; y

4.  sistemas de autonotificación, incluidos los sistemas automáticos de captura de datos, según se describe en el Anexo 6, Parte I, Capítulo 3, así como sistemas manuales de captura de datos.

Nota.—En el Manual sobre gestión de la seguridad operacional (Doc. 9859) de la OACI figura información sobre los sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional.

2. Principios generales

2.1.—El único propósito de proteger la información sobre seguridad operacional del uso inapropiado es asegurar la continua disponibilidad a fin de poder tomar medidas preventivas adecuadas y oportunas y mejorar la seguridad operacional de la aviación.

2.2.—La protección de la información sobre seguridad operacional no tiene el propósito de interferir con la debida administración de la justicia en los Estados.

2.3.—Las leyes y reglamentos nacionales que protegen la información sobre seguridad operacional deben garantizar un equilibrio entre la necesidad de proteger dicha información, a fin de mejorar la seguridad operacional de la aviación, y la de administrar debidamente la justicia.

2.4.—Las leyes y reglamentos nacionales que protegen la información sobre seguridad operacional deben impedir que ésta se utilice en forma inapropiada.

2.5.—Ofrecer protección para información calificada sobre seguridad operacional en condiciones específicas es parte de las responsabilidades que en materia de seguridad operacional tiene un Estado.

3. Principios de protección

3.1.—La información sobre seguridad operacional debe reunir los requisitos para ser protegida del uso inapropiado de acuerdo con condiciones específicas en las cuales, entre otras cosas, la recopilación de información se hace para fines explícitos de seguridad operacional y su divulgación impediría su continua disponibilidad.

3.2.—La protección debe ser específica para cada SDCPS, dependiendo de la naturaleza de la información sobre seguridad operacional que contenga.

3.3.—Debe establecerse un procedimiento formal para proteger información calificada sobre seguridad operacional, de acuerdo con condiciones específicas.

3.4.—La información sobre seguridad operacional no deberá utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fue recopilada.

3.5.—El uso de información sobre seguridad operacional en procedimientos disciplinarios, civiles, administrativos y criminales, se llevará a cabo sólo bajo garantías adecuadas de la legislación nacional.

4. Principios de excepción

Se harán excepciones respecto de la protección de la información sobre seguridad operacional sólo mediante leyes y reglamentos nacionales cuando:

a.  exista evidencia de que el evento ha sido originado por un acto que, de acuerdo con la ley, se considere que ha sido con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la posibilidad de que éste se originaría, y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso;

b.  una autoridad competente considere que las circunstancias indican razonablemente que el evento puede haber sido originado con la intención de causar daño, o con el conocimiento de la posibilidad de que éste se originaría, y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o a acto doloso; o

c.  mediante un examen de una autoridad competente, se determine que la divulgación de la información sobre seguridad operacional es necesaria para la administración apropiada de la justicia, y que su divulgación pesa más que las repercusiones adversas que a escala nacional e internacional dicha divulgación pueda tener en la futura disponibilidad de la información sobre seguridad operacional.

5. Divulgación al público

5.1.—Con sujeción a los principios de protección y excepción que se resumieron anteriormente, cualquier persona que busque divulgar información sobre seguridad operacional tendrá que justificar dicha divulgación.

5.2.—Deberán establecerse criterios formales para la divulgación de información sobre seguridad operacional, y éstos comprenderán, entre otras cosas, lo siguiente:

a.  la divulgación de la información sobre seguridad operacional es necesaria para corregir las condiciones que comprometen la seguridad operacional y para cambiar políticas y reglamentos;

b.  la divulgación de la información sobre seguridad operacional no impide su futura disponibilidad a fin de mejorar la seguridad operacional;

c.  la divulgación de información personal pertinente incluida en la información sobre seguridad operacional cumple con las leyes de confidencialidad que resulten aplicables; y

d.  la divulgación de la información sobre seguridad operacional se hace sin revelar las identidades y en forma resumida o combinada.

6. Responsabilidad del custodio de la información

sobre seguridad operacional

Cada SDCPS deberá contar con la designación de un custodio. Es la responsabilidad del custodio de la información sobre seguridad operacional aplicar toda la protección posible en relación con la divulgación de la información, a menos que:

a.  el custodio de la información sobre seguridad operacional cuente con el consentimiento del originador de la información para que esta se divulgue; o

b.  el custodio de la información sobre seguridad operacional tenga la seguridad de que la divulgación de la información sobre seguridad operacional se hace de acuerdo con los principios de excepción.

7. Protección de la información registrada

Considerando que las grabaciones ambiente de las conversaciones en el lugar de trabajo exigidas por la legislación, como es el caso de los registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), pueden percibirse como una invasión de la privacidad en el caso del personal de operaciones, situación a la que otras profesiones no están expuestas:

a.  con sujeción a los principios de protección y excepción anteriores, las leyes y reglamentos nacionales deberán considerar las grabaciones ambiente de las conversaciones en el lugar de trabajo exigidas por la legislación como información protegida y privilegiada, es decir, como información que merece mayor protección; y

b.  las leyes y reglamentos nacionales deberán proporcionar medidas específicas para proteger dichas grabaciones en cuanto a su carácter confidencial y a su acceso al público. Dichas medidas específicas de protección de las grabaciones de las conversaciones en el lugar de trabajo que exige la legislación pueden incluir la emisión de órdenes judiciales de no divulgación al público.

SUBPARTE I.

CCA 13.3.2.—Marco para el programa estatal de seguridad operacional (SSP). En este adjunto se presenta un marco para la implantación y el mantenimiento de un programa estatal de seguridad operacional (SSP) por cada Estado. Un SSP es un sistema para la gestión de la seguridad operacional por los Estados. El marco consta de cuatro componentes y 11 elementos que se describen a continuación. La implantación de un SSP es directamente proporcional al tamaño y a la complejidad del sistema de aviación del Estado y puede requerir coordinación entre las distintas autoridades responsables de cada elemento de las funciones de aviación civil en el Estado. El marco para SSP que se presenta en este adjunto y el marco del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) especificado por la OACI deben considerarse complementarios, pero diferentes. En este adjunto se incluye además una breve descripción de cada elemento del marco.

1.—Política y objetivos de seguridad operacional de los Estados

1.1.—Marco legislativo estatal de la seguridad operacional

1.2.—Responsabilidades y rendición de cuentas del Estado respecto de la seguridad operacional

1.3.—Investigación de accidentes e incidentes

1.4.—Política de cumplimiento

2.—Gestión de riesgos de seguridad operacional por los Estados.

2.1.—Requisitos de seguridad operacional para los SMS de los proveedores de servicios

2.2.—Acuerdo sobre la actuación de los proveedores de servicios en cuanto a seguridad operacional

3.—Garantía de la seguridad operacional por los Estados

3.1.—Vigilancia de la seguridad operacional

3.2.—Recopilación, análisis e intercambio de datos sobre seguridad operacional

3.3.—Fijación de objetivos en función de los datos de seguridad operacional para la vigilancia de los elementos más preocupantes o que requieren mayor atención.

4.—Promoción de la seguridad operacional por los Estados

4.1.—Instrucción, comunicación y divulgación internas de la información sobre seguridad operacional

4.2.—Instrucción, comunicación y divulgación externas de la información sobre seguridad operacional

En el contexto de este adjunto el término “proveedor de servicios” se refiere a toda organización que proporciona servicios de aviación. El término incluye a las organizaciones de instrucción reconocidas que están expuestas a riesgos de seguridad operacional mientras prestan servicios, los explotadores de aeronaves, los organismos de mantenimiento reconocidos, las organizaciones responsables del diseño de tipo y/o los fabricantes de aeronaves, los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los aeródromos certificados, según corresponda.

1.—Política y objetivos de seguridad operacional de los Estados

1.1.—Marco legislativo estatal de la seguridad operacional.—El Estado ha promulgado un marco legislativo nacional de seguridad operacional y reglamentos específicos de conformidad con normas nacionales e internacionales, que definen la forma en que el Estado llevará a cabo la gestión de la seguridad operacional en el Estado. Esto incluye la participación de organizaciones de aviación estatales en actividades específicas relacionadas con la gestión de la seguridad operacional en el Estado, y la creación de los roles, las responsabilidades y las relaciones de dichas organizaciones. El marco legislativo de la seguridad operacional y la reglamentación específica se examinan periódicamente para asegurar que sigan siendo pertinentes y apropiadas para el Estado.

1.2.—Responsabilidades y rendición de cuentas del Estado respecto de la seguridad operacional. El Estado ha identificado, definido y documentado los requisitos, las responsabilidades y la rendición de cuentas relativas a la creación y el mantenimiento del SSP. Esto incluye las directrices para planificar, organizar, desarrollar, mantener, controlar y mejorar permanentemente el SSP de manera tal que cumpla los objetivos de seguridad operacional del Estado. Incluye además una declaración clara sobre la provisión de los recursos necesarios para la implantación del SSP.

1.3.—Investigación de accidentes e incidentes. El Estado ha establecido un proceso independiente de investigación de accidentes e incidentes, cuyo único objetivo es la prevención de accidentes e incidentes, y no la asignación de culpa o responsabilidad. Estas investigaciones respaldan la gestión de la seguridad operacional en el Estado. En el marco del SSP, el Estado mantiene la independencia de la organización de investigación de accidentes e incidentes respecto de otras organizaciones estatales de aviación.

1.4.—Política de cumplimiento. El Estado ha promulgado una política de cumplimiento que establece las condiciones y circunstancias en las cuales los proveedores de servicios pueden encargarse de sucesos que suponen algunas desviaciones respecto de la seguridad operacional, y resolverlos, internamente, en el contexto del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del proveedor de servicios, a satisfacción de la autoridad estatal competente. La política de cumplimiento establece además las condiciones y circunstancias en las cuales las desviaciones respecto de la seguridad operacional deben abordarse mediante procedimientos establecidos en cuanto a cumplimiento.

2.—Gestión de riesgos de seguridad operacional por los Estados

2.1.—Requisitos de seguridad operacional para los SMS de los proveedores de servicios. El Estado ha establecido los controles que rigen la forma en que los proveedores de servicios detectarán los peligros y gestionarán los riesgos de seguridad operacional. Esto incluye los requisitos, reglamentos específicos de funcionamiento y políticas de implantación para los SMS de los proveedores de servicios. Los requisitos, reglamentos específicos de funcionamiento y políticas de implantación se examinan periódicamente para asegurar que sigan siendo pertinentes y apropiados para los proveedores de servicios.

2.2.—Acuerdo sobre la actuación de los proveedores de servicios en cuanto a seguridad operacional. El Estado ha acordado con cada proveedor de servicios la actuación de sus SMS respecto de la seguridad operacional. La eficacia de la seguridad operacional acordada de los SMS de cada proveedor de servicios se examina periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para los proveedores de servicios.

3.—Garantía de la seguridad operacional por los Estados

3.1.—Vigilancia de la seguridad operacional. El Estado ha establecido mecanismos para asegurar la supervisión eficaz de los ocho elementos críticos de la función de vigilancia de la seguridad operacional. El Estado ha creado además mecanismos para garantizar que la detección de peligros y la gestión de riesgos de seguridad operacional por los proveedores de servicios se ajusten a los controles reguladores establecidos (requisitos, reglamentos de funcionamiento específicos y políticas de implantación). Estos mecanismos incluyen inspecciones, auditorías y encuestas para asegurar que los controles reguladores de los riesgos de seguridad operacional se integren apropiadamente en los SMS de los proveedores de servicios, que se lleven a la práctica conforme a su diseño, y que tengan el efecto previsto en los riesgos de seguridad operacional.

3.2.—Recopilación, análisis e intercambio de datos sobre seguridad operacional. El Estado ha establecido mecanismos para asegurar la captura y almacenamiento de datos sobre peligros y riesgos de seguridad operacional a nivel tanto individual como global. El Estado ha establecido además mecanismos para preparar información a partir de los datos almacenados y para intercambiar activamente información sobre seguridad operacional con los proveedores de servicios y otros Estados, según corresponda.

3.3.—Fijación de objetivos en función de los datos de seguridad operacional para la vigilancia de los elementos más preocupantes o que requieren mayor atención. El Estado ha establecido procedimientos para priorizar las inspecciones, auditorías y encuestas relacionadas con los elementos que plantean más preocupación o que requieren mayor atención, según lo detectado en el análisis de los datos sobre peligros, sus consecuencias en las operaciones y los riesgos de seguridad operacional evaluados.

4.—Promoción de la seguridad operacional por los Estados

4.1.—Instrucción, comunicación y divulgación internas de la información sobre seguridad operacional. El Estado proporciona instrucción y fomenta el conocimiento y el intercambio de información relacionada con la seguridad operacional para respaldar, en las organizaciones estatales de aviación, el desarrollo de una cultura organizativa que promueva SSP eficaces.

4.2.—Instrucción, comunicación y divulgación externas de la información sobre seguridad operacional. El Estado proporciona educación y promueve el conocimiento con respecto a los riesgos de seguridad operacional y el intercambio de información relativa a la seguridad operacional para respaldar, entre los proveedores de servicios, el desarrollo de una cultura organizativa que promueva el del SMS eficaz

SUBPARTE J.

CCA 13.1.—Orientación para determinar los daños de una aeronave

a.  Si un motor se separa de la aeronave, el suceso se clasifica como accidente aunque el daño se limite al motor.

b.  La pérdida del capó del motor (soplante o núcleo), o componentes del inversor, que no generen más daños en la aeronave no se considera accidente.

c.  Los sucesos en que álabes del compresor o turbina, u otros componentes internos del motor, son eyectados a través de la tobera del motor no se consideran accidentes.

d.  Un radomo hundido o faltante, no se considera accidente, a menos que haya un daño sustancial conexo en otras estructuras o sistemas.

e.  La falta de flaps, aletas hipersustentadoras y otros dispositivos de aumento de la sustentación, dispositivos de extremo de ala, etc., permitidos para despachar con arreglo a la lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL), no se considera accidente.

f.   Retracción de una pata del tren de aterrizaje o aterrizaje sin desplegar el tren, que resulte solamente en abrasión del revestimiento de la aeronave. Si la aeronave puede despacharse en condiciones de seguridad después de reparaciones menores, o parchado, y luego se realiza más trabajo para hacer una reparación permanente, el suceso no se clasificaría como accidente.

g.  Si el daño estructural es tal que la aeronave se despresuriza, o no puede presurizarse, el suceso se considera accidente.

h.  La extracción de componentes para inspección después de un suceso, como la extracción preventiva de una pata del tren de aterrizaje después de una salida de pista a baja velocidad, aunque entrañe considerable trabajo, no se considera accidente a menos que se encuentren daños importantes.

i.   Los sucesos que involucren una evacuación de emergencia no se consideran accidentes a menos que alguna persona sufra lesiones graves o la aeronave haya experimentado daños importantes.

Nota 1.—En relación con una aeronave que sufre daños que afectan adversamente a su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo, la aeronave puede haber aterrizado en condiciones de seguridad operacional, pero no puede ser despachada para un nuevo vuelo en condiciones de seguridad operacional sin efectuarse reparaciones.

Nota 2.—Si la aeronave puede despacharse en condiciones de seguridad operacional después de reparaciones menores y posteriormente es objeto de trabajos más amplios para hacer una reparación permanente, el suceso no se clasificaría como accidente. Análogamente, si la aeronave puede despacharse con arreglo a la CDL sin el componente afectado, faltante o fuera de funcionamiento, la reparación no se juzgaría importante y, en consecuencia, el suceso no se consideraría accidente.

Nota 3.—El costo de las reparaciones o pérdidas previstas, con arreglo a lo dispuesto por las compañías aseguradoras, puede proporcionar una indicación del daño sufrido, pero no debería utilizarse como única guía para determinar si el daño es suficiente para considerar el suceso como accidente. Análogamente, una aeronave puede considerarse como “pérdida de casco” porque su reparación no resulta económica, sin que haya sufrido daños suficientes para clasificar el suceso como accidente.

MAC 13.8.5.—Utilización de formatos normalizados. (Ver RAC 13.8.5). El Estado de Costa Rica utilizará formatos normalizados provenientes del programa ECCAIRS para el intercambio de datos de accidentes e incidentes.

Artículo 2º—Derogación. Deróguese el Decreto Nº 28641-MOPT de 11 de mayo de 2000 y cualquier otra disposición normativa de igual o inferior rango que se le oponga.

Artículo 3º—Este Decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 20 días del mes de marzo de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro L. Castro Fernández.—1 vez.—O. C. 24259.—Solicitud Nº 62524.—C-1766300.—(D38293-IN2014023017).

Nº 38297-G

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del dos mil y artículo cuarto, tomado en la Sesión Ordinaria número 09-2014, celebrada el 04 de marzo del 2014, por la Municipalidad de Abangares, Provincia de Guanacaste. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Abangares, provincia de Guanacaste, el día 23 de abril del 2014, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3º—En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese cantón.

Artículo 5º—No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública número 5482.

Artículo 6º—Rige el día 23 de abril del 2014.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las siete horas del día trece de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública a.í., Celso Gamboa Sánchez.—1 vez.—O. C. N° 20363.—Solicitud N° 0573.—C-31430.—(D38297 - IN2014022907).

Nº 38298-G

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del dos mil y artículo cuarto, tomado en la Sesión Ordinaria número 06-2014, celebrada el 20 de febrero del 2014; por la Municipalidad de La Cruz, provincia de Guanacaste. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste, el día 02 de mayo del 2014, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3º—En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese cantón.

Artículo 5º—No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública número 5482.

Artículo 6º—Rige el día 02 de mayo del 2014.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las ocho horas del día diecisiete de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—O. C. N° 20363.—Solicitud N° 0580.—C-31490.—(D38298 - IN2014022934).

Nº 38299-G

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), artículo 27 inciso 1) artículo 28 inciso 2), acápite B) y 121 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley número 7974 del 26 de enero del dos mil y artículo cuarto, tomado en la Sesión Ordinaria número 200, celebrada el 24 de febrero del 2014, por la Municipalidad de Nandayure, provincia de Guanacaste. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Nandayure, provincia de Guanacaste, el día 19 de mayo del 2014, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón.

Artículo 2º—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3º—En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4º—En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca de esa Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad que laboren en ese cantón.

Artículo 5º—No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no puede ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública número 5482.

Artículo 6º—Rige el día 19 de mayo del 2014.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las trece horas y diez minutos del día seis de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—O. C. N° 20363.—Solicitud N° 0570.—C-31560.—(D38299 - IN2014022924).

N° 38301-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozca el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 17.777 LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (ORIGINALMENTE DENOMINADO): LEY GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS.

Artículo 2°—Rige a partir del 01 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día primero de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 049-M-LYD.—C-8350.—(D38301 - IN2014024049).

N° 38302-MP

EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Retírese del conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 19.042 DECLARATORIA DE AUTONOMÍA AL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL JOSÉ FIGUERES FERRER.

Artículo 2°—Rige a partir del 02 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día dos de abril de dos mil catorce.

ALFIO PIVA MESÉN.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 049-M-LYD.—C-8290.—(D38302- IN2014024054).

38303-S

EL PRIMER VICEPRESIDENTE, EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política; 25.1, 27.1 y 28.2 de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 2 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; 1 inciso a), de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”; 1, 3, 7, y 10 de la Ley N° 8292 del 31 de julio del 2002 “Ley General de Control Interno”.

Considerando

1º—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 38104-S del 17 de octubre del 2013, publicado en La Gaceta N° 245 del 19 de diciembre del 2013, se promulgó el “Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte en el Interior del País para Funcionarios del Ministerio de Salud”.

2º—Que analizadas algunas disposiciones del Reglamento de cita, se logra concluir que algunas de ellas resultan innecesarias, para su aplicación.

3°—Que por todo lo anterior, se hace necesario y oportuno la reforma ha dicho Reglamento. Por tanto,

Decretan:

Reforma a los artículos 18, 22, 28, 39, 42 y 44 del

Decreto Ejecutivo N° 38104-S “Reglamento de

Gastos de Viaje y de Transporte en el

Interior del País para Funcionarios

del Ministerio de Salud”

Artículo 1º—Refórmense los artículos 18, 22, 28, 39, 42 y 44 del Decreto Ejecutivo N° 38104-S del 17 de octubre del 2013, publicado en La Gaceta N° 245 del 19 de diciembre del 2013 “Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte en el Interior del País para Funcionarios del Ministerio de Salud”, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:

“Artículo 18.—Los gastos por concepto de lavado y planchado de ropa, solo serán reconocidos contra factura y siempre y cuando la gira se prolongue por más de una semana.”

(…)

 “Artículo 22.—La Unidad Financiera y las Unidades Organizativas del nivel local y regional, serán las dependencias encargadas de recibir cada liquidación. No se tendrá por presentada dicha liquidación fuera del plazo establecido, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 34° de este Reglamento.”

(….)

 “Artículo 28.—A fin de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, la Unidad Financiera, debe proceder según se indica en el numeral 34° de este reglamento”.

(….)

 “Artículo 39.—Excepciones. Constituyen excepciones al artículo anterior, aquellas situaciones especiales en que, a criterio razonado del Superior Jerárquico o quién el designe, se justifique el reconocimiento y pago de viáticos. Para lo cual se deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) distancia respecto del centro de trabajo, b) facilidad de traslado, c) prestación de servicios de alimentación y d) la importancia de la actividad a desarrollar.

Procede el pago de viáticos a aquellos funcionarios que se encuentren bajo las siguientes condiciones:

a)  Si las actividades que se encuentra realizando no es posible interrumpirla para regresar a la sede de trabajo e ingerir los alimentos en el horario establecido.

b) Si la Institución no brinda facilidad de transporte, lo que imposibilita el traslado a su sede o lugar de trabajo en forma oportuna.

c)  Si el lugar donde se está realizando la actividad, no brinda alimentación ni facilidades mínimas para consumir los alimentos.

En todos los casos anteriores se debe adjuntar documento firmado por el Jefe inmediato o quien el designe, indicando las razones y justificaciones que mediaron para autorizar el reconocimiento del pago de viático.”

(….)

 “Artículo 42.—Justificantes de gastos. Para el reconocimiento de gastos de hospedaje la Unidad Financiera requerirá la presentación de facturas, excepto en el caso previsto en el inciso c) del artículo 40. Los gastos de alimentación y pasajes de transporte terrestre no requerirán la presentación de la factura correspondiente, salvo en aquellos casos y oportunidades en que este Reglamento así lo establece o cuando la División Administrativa lo requiera, siempre y cuando, en este último caso, así lo haya dispuesto de manera previa.”

(….)

“Artículo 44.—Reconocimiento de gastos de mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución. Los funcionarios que viajen, en misión oficial, en vehículos del Ministerio de Salud, podrán cobrar los gastos en que ellos incurran por reparaciones menores, combustible y lubricantes no previstos u originados por circunstancias especiales, así como cualquier otra erogación relacionada con el mantenimiento del vehículo que hayan debido realizar para el cabal cumplimiento de sus funciones. En tales casos, el reconocimiento de las cuentas solamente podrá hacerse contra la presentación de las respectivas facturas.”

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce.

ALFIO PIVA MESÉN.—La Ministra de Salud, Dra. Daisy María Corrales Díaz.—1 vez.—O. C. Nº 21319.—Sol. 2737.—C-59470.—(D-38303-IN2014023041).

N° 38309-MP-MBSF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, Y EL MINISTRO

DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

En ejercicio de las facultades y atribuciones que les confieren los artículos 72, 140, incisos 3), 8), 18), 20), y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2), acápite b), de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; el artículo 18, de la Ley N° 8801 del 28 de abril del 2010, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades; el Decreto Ejecutivo N° 36024-MP-PLA del 11 de mayo del 2010, Creación de los Consejos Presidenciales; y el Decreto Ejecutivo N° 34582-MP-PLAN del 4 de junio del 2008, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo y sus reformas.

Considerando:

1º—Que la meta de la acción estratégica “Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables”, incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, María Teresa Obregón Zamora (PND 2011-2014), ya fue alcanzada.

2º—Que el “Programa 633-00 Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza”, al que hace referencia el artículo 9° del Decreto Ejecutivo N° 36122-MP-MBSF, fue trasladado en su momento al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

3º—Que el Poder Ejecutivo continuará ejecutando las acciones ya planificadas en las comunidades y cantones prioritarios, sin que para ello se requiera de la aplicación de un marco normativo especial.

4º—Que mediante Acuerdo N° 6 del 8 de mayo del 2010, se otorgó al Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, rango de Ministro de Bienestar Social y Familia. Por tanto,

Decretan:

DEROGATORIA DEL DECRETO EJECUTIVO N° 36122-MP-MBSF,

“DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y ORGANIZACIÓN

GENERAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS,

SEGURAS Y SALUDABLES”

Artículo 1º—Derogatoria. Se deroga el Decreto Ejecutivo N° 36122-MP-MBSF “Declaratoria de Interés Público y Organización General del Programa Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables”.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco días del mes de marzo del 2014.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos R. Benavides Jiménez, y el Ministro de Bienestar Social y Familia, Fernando A. Marín Rojas.—1 vez.—(D38309 - IN2014023496).

N° 38311-MP

EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozcan los siguientes proyectos de ley:

EXPEDIENTE N° 18.860 LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO.

EXPEDIENTE N° 18.996 LEY PARA LA VALORACIÓN DEL CAPITAL NATURAL E INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD VERDE EN LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO.

EXPEDIENTE N° 18.855 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA.

EXPEDIENTES N° 19.068 LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

EXPEDIENTE N° 18.825 AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LÍDER CENTRAL DE GUÁPILES PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.

Artículo 2°—Rige a partir del 2 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día dos de abril de dos mil catorce.

ALFIO PIVA MESÉN.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 048-M-LYD.—C-14050.—(D38311- IN2014023942).

N° 38318-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14) de la Constitución Política.

Decretan:

Artículo 1°—Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozca el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 19.023 RATIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE DE LA ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA.

Artículo 2°—Rige a partir del 03 de abril de 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día tres de abril de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 21914.—Solicitud N° SP 049-M-LYD.—C-7980.—(D38318 - IN2014024058).

N° 38320-MINAE

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 11, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, el numeral 27 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 mayo de 1978, los artículos 1, 3 inciso f) y m), 5, 6 inciso k), 19 inciso b) y c), 33 inciso c) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996 y 2 inciso m) del Decreto Ejecutivo Nº 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996.

Considerando:

I.—Que funcionarios del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, realizaron el “Estudio Fitosanitario y de Seguridad Forestal del Área de Protección del Lago del Parque Metropolitano La Sabana”, determinándose que existen gran cantidad de árboles enfermos y peligrosos que comprometen la vida de los usuarios y la infraestructura existente en el área de protección del Lago del Parque Metropolitano La Sabana, en el mismo documento se recomienda la corta y eliminación de esos árboles enfermos y peligrosos.

II.—Que los artículos 19, incisos b) y c) y 34 de la Ley Forestal 7575 prohíben el cambio de uso del suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional.

III.—Que el artículo 33 de la Ley Forestal 7575, declara como áreas de protección: ¨Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.¨

IV.—Que el artículo 3 inciso m) de la Ley Forestal N° 7575, declara como actividad de conveniencia nacional las realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, instituciones autónomas o empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores a los costos socio-ambientales.

V.—Que para el cumplimiento de lo establecido en el inciso k) del artículo 6 de la Ley Forestal 7575, se realizó un ESTUDIO FITOSANITARIO Y DE SEGURIDAD FORESTAL DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL LAGO DEL PARQUE METROPOLITANO LA SABANA, en donde se demuestra que la mayoría de los árboles ubicados en el área de protección pertenecen al género Eucalyptus, mayoritariamente de las especies saligna y camaldulensis, cuyos árboles fueron plantados en el Parque La Sabana, hace ya más de 35 años, sin haber recibido un adecuado manejo silvicultural, siendo una de la razones por la que están muy afectados por enfermedades de tipo biótico; así como por factores abióticos, tales como la condición de drenaje y excesiva humedad en el suelo, entre otros daños, según lo señala el estudio fitosanitario y de seguridad, antes citado.

VI.—Que de los 923 árboles estudiados en el área de protección, se identifican 672 que requieren sustitución, dadas sus condiciones fitosanitarias o el riesgo que representan para los usuarios del Parque.

VII.—Que entre otros problemas de carácter biótico citado, fundamentalmente el estudio destaca una enfermedad producida por el hongo Chrysoporthe cubensis, la cual lesiona los tejidos de la corteza, cambium y albura del fuste, formando tumores que debilitan los tejidos del fuste, dejándolos susceptibles o propensos a la fractura por viento, lo que es de mucho peligro para visitantes e infraestructura del Parque, ya que los árboles en su mayoría sobrepasan los 20 metros de altura.

VIII.—Que existe un proyecto denominado ¨Rearborización del Parque Metropolitano la Sabana¨, que tiene como objetivo principal, recuperar y mantener la seguridad de los usuarios, y la funcionalidad ecológica de los recursos forestales y otras especies menores, del Parque Metropolitano La Sabana, sin que se reduzca la función social, deportiva y recreativa que el Parque aporta a sus visitantes.

IX.—Que el proyecto mencionado, cuenta con una Comisión Técnica multidisciplinaria e interinstitucional, liderada por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) y cuenta con alianzas estratégicas, para su desarrollo.

X.—Que el Proyecto de Recuperación del Parque Metropolitano La Sabana, fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 36416-MP-MD, mismo que fue declarado de Interés Público, al ser publicado en La Gaceta N° 76 del martes 19 de abril del 2011.

XI.—Que los beneficios sociales son mayores que los costos socio-ambientales, representado lo anterior en la eliminación y sustitución de los árboles enfermos y peligrosos que ante su potencial caída pudieran comprometer la integridad y la vida de usuarios del Parque, así como de la infraestructura existente dentro del área de protección del lago de La Sabana. Por tanto:

Decretan:

“DECLARATORIA DE CONVENIENCIA NACIONAL DE LAS

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, REARBORIZACIÓN,

MANTENIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN QUE

SE REALICEN AL AMPARO DEL PROYECTO DE

INTERÉS PÚBLICO RECUPERACIÓN DEL

PARQUE METROPOLITANO LA SABANA,

DECRETO EJECUTIVO Nº 36416-MP-MD

PUBLICADO EN LA GACETA N° 76

DEL 19 DE ABRIL DEL 2011”

Artículo 1°—Se declaran de conveniencia nacional las actividades de saneamiento, rearborización, mantenimiento, monitoreo y evaluación que se realicen al amparo del Proyecto de Interés Público denominado “Recuperación del Parque Metropolitano La Sabana”, Decreto Ejecutivo Nº 36416-MP-MD publicado en La Gaceta N° 76 del 19 de abril del 2011.

Artículo 2°—De manera previa al inicio de las actividades indicadas en el artículo primero del presente decreto ejecutivo y específicamente para el sector del Lago, deberán llevarse a cabo los Estudios Fitosanitarios y de Seguridad Forestal del Área de Protección que correspondan, para determinar los posibles problemas bióticos y abióticos y riesgo de caída, comprometan la vida de los usuarios e infraestructura pública del sector del área de protección del Lago del Parque Metropolitano La Sabana.

Artículo 3°—El ICODER y la Comisión Interinstitucional de Rearborización de La Sabana, se encargarán de realizar las actividades recomendadas en el Estudio Fitosanitario y de Seguridad Forestal del Área de Protección del Lago del Parque Metropolitano La Sabana.

Artículo 4°—En las actividades de rearborización que se realicen, deberá darse con especies nativas afines a las condiciones de suelo y clima del área de protección, según lo planteado en el documento técnico que sustenta el proceso de Rearborización del Parque Metropolitano La Sabana 2008-2017, de fecha marzo 2011.

Artículo 5°—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las ocho horas del trece de febrero de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente y Energía, René Castro Salazar.—1 vez.—(D38320- IN2014024035).

Nº 38321-PLAN

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 140 incisos 3), 8) y 18) y 146 de la Constitución Política, 25.1, 27.1 y 99 de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 de  2 de mayo de 1978) y 9 y 10  de  la  Ley  de  Planificación  Nacional  (N° 5525 de 2 de mayo de 1974).

Considerando:

I.—Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 37735 de 6 de mayo de 2013 se emitió el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación para organizar de manera más integral el funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación y actualizar su organización.

II.—Que el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación creó una Comisión Nacional de Inversiones Públicas cuyo rol ha sido replanteado concluyéndose que sus funciones pueden ser ejercidas por medio de las instancias ya creadas, sin necesidad de un órgano que las refunda o concentre. Asimismo, otros aspectos de las inversiones públicas deben ajustarse en ese Reglamento. Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º—Modifícanse las definiciones de “BPIP” e “Inversión Pública” que aparecen en el artículo 2 del “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación” (Decreto Ejecutivo N°  37735-PLAN del 6 de mayo del 2013) para que en adelante se lean de la siguiente manera:

“Artículo 2º—Definiciones, siglas y acrónimos. Se establecen las siguientes definiciones, siglas y acrónimos:

…

BPIP:                                Es una base de datos de proyectos de inversión pública que las instituciones pretenden desarrollar durante un determinado periodo de tiempo.

…

Inversiones Públicas:    Conjunto de recursos públicos destinados a mantener o incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende ejecutar con sujeción a las metas y a las políticas enunciadas en los instrumentos de planificación vigentes.”

Artículo 2º—Modifícanse el inciso c) del artículo 20 y los artículos 52 y 53 del “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación” (Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN de 6 de mayo de 2013), para que en adelante se lean de la siguiente manera:

“Artículo 20.—Funciones de los Consejos Sectoriales. Los Consejos Sectoriales tendrán las siguientes atribuciones:

…

c)  Conocer sobre los programas y proyectos sectoriales de inversiones que deben ser ejecutados por las instituciones del sector.”

“Artículo 52.—De la presupuestación de las Inversiones Públicas. El Ministerio de Hacienda deberá realizar la asignación presupuestaria de las inversiones de la Administración Central en proyectos y programas establecidos en el BPIP. Los entes y las empresas públicas presupuestarán las inversiones de acuerdo con el BPIP y estos presupuestos serán aprobados por la Contraloría General de la República cuando cumplan con esta disposición.”

“Artículo 53.—Regulaciones sobre inversiones con endeudamiento público. El aval para el inicio de negociaciones sobre proyectos de inversión pública con endeudamiento público se emitirá con base en al menos el estudio de prefactibilidad.”

Artículo 3º—Deróganse el inciso b) del artículo 48 y los artículos 49 y 50 del “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación” (Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN de 6 de mayo de 2013).

Artículo 4º—Adiciónase un Transitorio Segundo al “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación” (Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN de 6 de mayo de 2013), que se leerá de la siguiente manera:

“Transitorio Segundo. Lo establecido en el artículo 53 de este Reglamento entrará en vigencia a partir del día 1º de mayo de 2015.”

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto J. Gallardo Núñez.—1 vez.—Solicitud N° 127860-140010.—O. C. N° 20923.—C-43630.—(D38321-IN2014023191).

DIRECTRIZ

Nº 064-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 numerales 3), 18) y 20) y el 146 de la Constitución Política; artículos 25 numeral 1°; 26, literal a) y numeral 1) del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227; artículos 27 y 40 de la Ley de la Contratación Administrativa, Nº 7494; artículos 115 y 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto Ejecutivo Nº 33411-H y artículos 1 y 99 literal f) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131.

Considerando

I.—Que corresponde al Poder Ejecutivo velar por el exacto cumplimiento de las leyes de la República.

II.—Que el Poder Ejecutivo en el desarrollo de su gestión, se ha comprometido no solo con la transparencia en el desempeño de la función pública, sino también con el mejoramiento en la administración de los fondos públicos en cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia de la Contratación Administrativa.

III.—Que el poder de dirección reside en el Poder Ejecutivo, el cual lo ejerce a través de directrices para orientar y ajustar a planes estatales, las funciones de los entes y órganos públicos; este ha sido definido por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-156-2005, de fecha 28 de abril de 2005, señalando lo siguiente:

“El Estado como organización necesita una actividad unitaria y coordinada. (…) el Estado determina las líneas generales de actuación de todos sus órganos. (…) El órgano de orientación es fundamentalmente el Poder Ejecutivo. (…)

La dirección administrativa posibilita la ejecución de los planes y políticas formulados por el Estado. Al igual que la planificación, la dirección es un instrumento para ordenar la actividad gubernamental y administrativa. La relación de dirección permite, en efecto, ordenar la actividad de un ente, imponiéndole las metas de su actividad y los medios que habrá de emplear para alcanzarlas.”

IV.—Que el artículo 99 literal f), de la Ley Nº 8131, denominada Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa la potestad para desarrollar investigaciones tendientes a confirmar los estándares de calidad; y promover técnicas que reduzcan los costos, mejoren los procedimientos y protejan el medio ambiente.

V.—Que el artículo 125 de la citada Ley Nº 8131 dispone que el Ministerio de Hacienda debe promover y apoyar el desarrollo y buen funcionamiento de un Sistema Integrado de Información de la Administración Financiera, además, puede establecer la utilización de medios que faciliten el intercambio de datos y documentos mediante el empleo de tecnologías de la información y comunicaciones.

VI.—Que el literal c) del artículo 103 de la Ley de Contratación Administrativa en concordancia con el artículo 128 de la Ley 8131, dispone que la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa es un órgano técnico y consultivo del Ministerio de Hacienda, y dentro de sus funciones señala evaluar las políticas y los procedimientos de contratación.

VII.—Que acorde con la política de contención del gasto público que impulsa el Gobierno de la República y siendo que los convenios marco existentes le han generado al Gobierno Central ahorros por más de mil millones de colones desde su implementación, esta nueva forma de contratación constituye una herramienta importante para lograr reducir considerablemente el gasto público y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de adquisición de los bienes y servicios. De conformidad con análisis realizados por organismos internacionales en el país, los convenios marco pueden generar ahorros en el Sector Público de al menos un 20% del total de gastos en compras públicas.

VIII.—Que el artículo 140 párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece:

“La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, o el órgano competente para ello, ejercerá la rectoría en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa, dictando para ello las políticas y directrices necesarias para su correcta aplicación.”

IX.—Que el artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone la facultad de la Administración de llevar a cabo convenios marco, indicando en lo que interesa:

“Los órganos o entes que compartan una misma proveeduría o sistema de adquisiciones físico o electrónico, podrán celebrar entre ellos acuerdos, con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de determinados bienes o servicios, por un plazo de hasta cuatro años. (…)

Para todas aquellas instituciones de la Administración Central, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, o quien ésta designe, llevará a cabo los procedimientos de contratación para celebrar convenios marco (…)”

X.—Que el Gobierno está comprometido con la incorporación de tecnología informática en las gestiones del Estado, con el propósito de simplificar los procedimientos, automatizar los procesos, lograr una toma de decisiones basada en información y maximizar la transparencia y la rendición de cuentas.

XI.—Que en razón de lo anterior, resulta necesario contar con un registro de proveedores, a fin de lograr:

i.   Mayor facilidad y reducción de costos en el proceso de inscripción y actualización para los proveedores.

ii.  Brindar acceso de la información a todas las instituciones y ciudadanos interesados.

iii.   Facilitar el acceso de las empresas, particularmente PYME, a las compras públicas. Permitir a través de una inscripción única, participar en múltiples procesos de compra y contratación que realizan los organismos públicos, haciendo posible la estandarización y simplificación de los requisitos solicitados para inscripción.

iv. Controlar y evaluar a los proveedores con relación a la ejecución contractual en todo el Sector Público.

XII.—Que el Poder Ejecutivo considera que en ejercicio de su función de velar por el exacto cumplimiento de las leyes y reglamentos, es conveniente emitir una directriz que fomente la utilización del procedimiento de convenio marco por parte de las instituciones públicas. Por tanto,

EMITE LA SIGUIENTE DIRECTRIZ:

DIRIGIDA A TODOS LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS

Artículo 1º—Todos los Entes y Órganos Públicos, realizarán las gestiones necesarias ante la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa con el fin de utilizar los Convenios Marco que tiene a disposición el Ministerio de Hacienda.

Artículo 2º—Los Entes y Órganos antes indicados deberán coordinar con la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa la elaboración de un cronograma para el uso de los convenios marco, en un plazo máximo de dos meses posteriores a la emisión de la presente disposición.

Artículo 3º—Será responsabilidad del superior jerárquico de cada Ente u Órgano cubierto por la Ley Nº 7494, velar por el cumplimiento de la anterior obligación.

Artículo 4º—Se deja sin efecto la publicación realizada en La Gaceta Nº 100 de 27 de mayo de 2013 bajo el título de: “Directriz Nº 001-H La Presidenta de la República y el Ministerio de Hacienda”.

Artículo 5º—Rige a partir de su publicación.

Transitorio Único: En caso de que existan contratos vigentes en las entidades públicas de productos que se encuentren en contrato marco, se dará continuidad a los mismos hasta su vencimiento, momento en el cual deberán proceder a utilizar los Convenios Marco, bajo los términos del artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Dada en la Presidencia de la República.—San José, a las 11 horas de 18 de febrero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda, Édgar Ayales.—1 vez.—O. C. Nº 20991.—Solicitud Nº 14142.—C-95980.—(D064-IN2014023036).

N° 067-MICITT-H-MEIC

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

Y TELECOMUNICACIONES, DE HACIENDA

Y LA MINISTRA DE ECONOMIA,

INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las facultades conferidas en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica; artículos 25 inciso 1) y 28 inciso 2.b) de la Ley N° 6227, “Ley General de la Administración Pública”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978, Alcance N° 90; artículos 3, 4 y 100 de la Ley N° 7169, “Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico”, publicada en el Alcance Nº 23 del Diario Oficial La Gaceta N° 144 del 01 de agosto de 1990 y sus reformas; artículos 1, 3, 9, 10, 11, 12, 23 y 24 inciso g) de la Ley N° 8454, “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005; artículo 3 de la Ley N° 8131, “Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre del 2001; artículos 4, 23, 24 y 25 del Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT, “Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006 y sus reformas; la Ley N° 8220, “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002; el Decreto Ejecutivo N° 37045, “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 60 del 23 de marzo de 2012, Alcance N° 36; la Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registradores; y la Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente.

Considerando:

I.—Que el Estado costarricense debe implementar las Tecnologías de la Información y Comunicación bajo principios racionales de eficiencia en el uso de recursos y efectividad en su aplicación con el objetivo de garantizar la eficiencia y transparencia de la administración, así como para propiciar incrementos sustantivos en la calidad del servicio brindado a los ciudadanos de acuerdo con los derechos establecidos constitucionalmente.

II.—Que la Dirección de Certificadores de Firma Digital (DCFD), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), es el órgano administrador, fiscalizador y supervisor del Sistema Nacional de Certificación Digital (SNCD).

III.—Que dentro de sus facultades, la Dirección de Certificadores de Firma Digital tiene la responsabilidad y potestad de definir políticas y requerimientos para el uso de los certificados digitales, así como establecer todas las medidas que estime necesarias para proteger los derechos, los intereses y la confidencialidad de los usuarios, la continuidad y eficiencia del servicio, y de velar por la ejecución de tales disposiciones.

IV.—Que los artículos 3 y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos reconocen el mismo valor y eficacia probatoria de los documentos electrónicos firmados digitalmente con respecto a los documentos físicos firmados de manera manuscrita.

V.—Que de conformidad con el inciso k) del artículo 4 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Ley N° 7169, es deber del Estado impulsar la incorporación selectiva de la tecnología moderna en la Administración Pública, a fin de agilizar y actualizar permanentemente, los servicios públicos en el marco de una reforma administrativa que ayude a lograr la modernización del aparato estatal costarricense, en procura de mejores niveles de eficiencia operativa. Siendo así, el uso de la firma digital certificada como herramienta de identificación confiable y segura ofrece una oportunidad fundamental para el incremento de la eficiencia, la eficacia, la transparencia y el acometimiento de los fines estatales.

VI.—Que la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, así como su Reglamento, facultan al Estado y a todas sus instituciones públicas para utilizar los certificados, firmas digitales y documentos electrónicos dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, incentivar su uso para la prestación directa de servicios a los administrados, así como para facilitar la recepción, tramitación y resolución electrónica de sus gestiones.

VII.—Que de conformidad con el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, el Estado y todas las dependencias públicas incentivarán el uso de documentos electrónicos, certificados y firmas digitales para la prestación directa de servicios a los administrados, así como para facilitar la recepción, tramitación y resolución electrónica de sus gestiones y la comunicación del resultado correspondiente. De igual manera todas las dependencias públicas deben procurar ajustar sus disposiciones a los principios de neutralidad tecnológica e interoperabilidad, no pudiendo imponer exigencias técnicas o jurídicas que impidan o dificulten injustificadamente la interacción con las oficinas públicas mediante el uso de certificados y firmas digitales.

VIII.—Que por medio del artículo 25 del Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, se autoriza a las instituciones del Estado a presupuestar y girar recursos, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, con el fin de contribuir a lograr los objetivos de la DCFD.

IX.—Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, se debe propiciar dentro de las instituciones públicas que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realice según los principios de economía, eficiencia y eficacia, orientados a los intereses generales de la sociedad costarricense.

X.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 inciso 20 del Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT, y en el punto 4.1.2 del documento de “Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados”, el solicitante de la firma digital certificada, durante el proceso de solicitud e inscripción ante una Autoridad de Registro, debe firmar el “Acuerdo de Suscriptor”, mediante el cual se obliga a una serie de responsabilidades y deberes personales que son asumidos al firmar de manera digital dicho acuerdo, lo que le brinda el carácter personal al dispositivo seguro de creación de la firma digital.

XI.—Que en vista de la situación actual de las instituciones públicas y con el fin de potenciar el uso de certificados digitales y firmas digitales en nuestro país, se ha considerado preciso redefinir y promover que los diferentes procesos que ejecutan las instituciones públicas se ofrezcan a los ciudadanos haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, y en el caso específico, potenciando el uso de los certificados y firmas digitales como mecanismos de garantía de autenticidad, integridad y no repudio de los actos de manifestación de voluntad en toda la función pública.

XII.—Que en razón de lo anterior el Gobierno de Costa Rica considera necesario promover en las instituciones públicas el desarrollo de sistemas de información - tanto a lo interno (para con sus funcionarios) como a lo externo (para con los ciudadanos y otras instituciones) -, cuya conceptualización, diseño e implementación consideren y utilicen los certificados digitales y firmas digitales, permitiendo un mejor, eficiente, eficaz, seguro y oportuno servicio a los funcionarios y ciudadanos.

XIII.—Que la implementación de servicios o sistemas informáticos que utilicen la firma digital, implica un ahorro importante de tiempo y recursos que redundan en beneficios para la Administración Pública y el administrado, garantizando además una mayor transparencia en la ejecución de los trámites. De igual manera permite a las instituciones posicionarse como organizaciones tecnológicas, que invierten y mantienen infraestructura tecnológica altamente modernizada y eficiente, garantizando un adecuado servicio y potenciando la interconexión e interoperabilidad con otras instituciones del Estado, colaborando activamente en el desarrollo del gobierno electrónico, de la simplificación de trámites, y brindando mayor agilidad y seguridad tecnológica y jurídica en los servicios que se ofrecen al ciudadano.

XIV.—Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220, ordena simplificar los trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando duplicidades y garantizando en forma expedita el derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense.

XV.—Que uno de los objetivos estratégicos en el eje de competitividad e innovación del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, consiste en aumentar la producción mediante el mejoramiento en aspectos de reforma regulatoria y tramitología. Como acción estratégica en este campo destaca el uso intensivo de las facilidades tecnológicas cuyo propósito es hacer los procesos más eficientes.

XVI.—Que el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad de dirección en materia de Gobierno, y los Ministerios de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, de Hacienda y de Economía, Industria y Comercio, como rectores en materia de tecnologías de la información, de asignación de los recursos públicos y de eficiencia de la administración pública respectivamente, deben procurar la existencia de sistemas de información más eficientes mediante un proceso razonado y dirigido por las oportunidades de mejora del Estado que estas habilitan, y no por implementaciones transitorias. Por tanto,

Emiten la siguiente directriz:

MASIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Y EL USO DE LA FIRMA DIGITAL

EN EL SECTOR PÚBLICO

COSTARRICENSE

Artículo 1°—A partir de la publicación de esta directriz, todas las instituciones del sector público costarricense deberán tomar las medidas técnicas y financieras necesarias que le permitan disponer de los medios electrónicos para que los ciudadanos puedan obtener información, realizar consultas, formular solicitudes, manifestar consentimiento y compromiso, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. Se busca con esta directriz hacer efectivo el derecho a exigir igualdad en el acceso por medios electrónicos a todos los servicios que se ofrecen por medios físicos, pudiendo las personas físicas utilizar en cualquier escenario la capacidad de firma digital certificada, ya sea para autenticarse o para firmar todos los trámites con la institución por vía electrónica.

Artículo 2°—Las instituciones del sector público costarricense deberán incluir dentro de sus procesos de compra, y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, la adquisición de los mecanismos de firma digital certificada para sus funcionarios. Además, deberán implementar procesos internos soportados en plataformas digitales que utilicen la capacidad de autenticación y de firma digital certificada de sus funcionarios, y que potencien la reducción en el uso de papel y la mejora de su eficiencia y eficacia operativa.

Artículo 3°—Todo nuevo desarrollo, funcionalidad o implementación de sistemas de información de las instituciones del sector público costarricense, en los cuales se ofrezcan servicios de cara al ciudadano o de utilización interna, deberá incorporar:

a.  Mecanismos de autenticación mediante firma digital certificada. Cuando un ciudadano se autentique utilizando firma digital certificada, se reconocerá la autenticidad plena y el valor de su relación con la institución por el canal electrónico.

b.  Mecanismos de firma de documentos y transacciones electrónicas mediante firma digital certificada cuando el trámite así lo requiera, tanto para uso de los funcionarios como para los ciudadanos involucrados en el proceso.

Artículo 4°—Todo nuevo desarrollo, funcionalidad o implementación de sistemas de información de las instituciones del sector público costarricense, en los cuales se ofrezcan servicios de cara al ciudadano, deberá incorporar en la emisión de sus certificaciones, comprobantes, facturas y/o comunicaciones electrónicas, mecanismos de firma digital certificada mediante el uso de los certificados digitales de Sello Electrónico de Persona Jurídica, que garanticen su validez y certeza jurídica.

Artículo 5°—Las instituciones del sector público costarricense deberán, dentro de sus posibilidades presupuestarias, modernizar y ajustar los sistemas de información que tengan en operación, en los cuales se ofrezcan servicios de cara al ciudadano o de utilización interna, para incorporar mecanismos de autenticación mediante firma digital certificada; así como mecanismos de firma de documentos y transacciones electrónicas mediante firma digital certificada cuando los trámites así lo requieran.

Artículo 6°—En todo momento, los mecanismos de firma digital certificada deberán implementarse respetando la normativa vigente al respecto, garantizando así la validez de las firmas digitales en el tiempo, potenciando la interoperabilidad en el intercambio de documentos electrónicos entre instituciones, la apropiada conservación de los documentos electrónicos firmados digitalmente, y el valor legal de la interacción entre el ciudadano y la institución por medios electrónicos a través del tiempo.

Artículo 7°—En todos los casos donde las instituciones del sector público costarricense adquieran la capacidad de firma digital para sus funcionarios, se entenderá que el dispositivo seguro de creación de la firma digital certificada pasará a formar parte del patrimonio del funcionario público, por ser considerado un bien personal indispensable para el ejercicio no solo de sus funciones públicas, sino también de sus derechos y de sus atribuciones individuales.

Artículo 8°—Las instituciones del sector público costarricense deberán realizar campañas y actividades de educación para sus funcionarios, que les permita aprender a utilizar los mecanismos de firma digital, así como reconocer la equivalencia jurídica y la eficacia probatoria de los documentos electrónicos firmados digitalmente con respecto a los documentos en papel con firmas autógrafas, tal como la Ley N° 8454 lo establece. Para el caso de aquellos funcionarios responsables de la recepción y/o trámite de los documentos electrónicos, deberán también capacitarlos técnicamente para poder reconocer, interpretar y validar las firmas digitales asociadas a éstos documentos electrónicos.

Artículo 9°—Los distintos jerarcas de las instituciones del sector público costarricense serán los responsables de la aplicación de lo dispuesto en la presente directriz, en lo que les corresponda.

Artículo 10.—Se insta a las Autoridades Certificadoras debidamente registradas y autorizadas por la Dirección de Certificadores de Firma Digital, para que en la medida de sus posibilidades y dentro de la normativa jurídica vigente, contribuyan con el aporte de recursos económicos, logísticos y técnicos para dar continuidad y garantizar la calidad, eficiencia y seguridad del Sistema Nacional de Certificación Digital, y a su vez potenciar la emisión, implementación, adquisición y uso de los mecanismos de firma digital certificada en Costa Rica.

Artículo 11.—Se insta a todas las instituciones del sector público costarricense y a las empresas privadas, para que en la medida de sus posibilidades presupuestarias y dentro de la normativa jurídica vigente, contribuyan con el aporte de recursos económicos, logísticos y técnicos para potenciar la exitosa emisión, implementación, adquisición y uso de los mecanismos de firma digital certificada en Costa Rica.

Artículo 12.—Transitorio único. La fecha límite para la aplicación de lo establecido en los artículos 4, 5 y 8 de ésta directriz, es el 16 de diciembre del 2016.

Artículo 13.—Rige a partir de su publicación.

Dada en la Presidencia de la República, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, José Alejandro Cruz Molina.—El Ministro de Hacienda, Edgar Ayales Esna.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero.—1 vez.—O. C. N° 20340.—Solicitud N° 2711.—C-186165.—(D067 - IN2014024059).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DM-313-2014

El Ministro de Educación, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 78 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 25.2 y 28.1 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, y el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, Ley Nº 3481 del 13 de enero de 1965.

Considerando:

1º—Que el sistema educativo costarricense reconoce al estudiante, la titularidad del derecho a la educación pública, desde su ingreso al sistema educativo formal, según lo establece el artículo 78 de la Constitución Política, en concordancia con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos Fundamentales, vigentes en nuestro país, la Ley Fundamental de Educación, Ley Nº 2160, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739, la Ley de Protección a la Madre Adolescente, Ley Nº 7735, y la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley Nº 7600.

2º—Que el Estado Costarricense patrocina y organiza, la educación de jóvenes y adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a propiciar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica, según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Ley Fundamental de Educación.

3º—Que es de especial importancia establecer mecanismos que garanticen a las personas que cursen cualquier modalidad de educación de jóvenes y adultos, la eficacia del servicio educativo y el espacio físico en todas las Instituciones Educativas Públicas del país.

4º—Que el sistema educativo costarricense ofrece diversidad de opciones de estudio, por lo que se hace necesario que se garantice un trato igual a los estudiantes de diferentes modalidades, en las distintas regiones educativas, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, respetando el uso de las instalaciones en el turno que les corresponde.

5º—Que las instituciones educativas deben establecer estrategias administrativas que garanticen el buen uso de la infraestructura cuando se comparte con otras modalidades educativas del Ministerio de Educación Pública.

6º—Que las Juntas de Educación y Administrativas son órganos auxiliares del Ministerio de Educación Pública, y a través de los años, han venido realizando una labor de mucha importancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje que se imparte en las instituciones educativas oficiales.

7º—Que la Educación de Jóvenes y Adultos, forma parte el Sistema Educativo Nacional, el cual ofrece a la población costarricense diversidad en opciones de estudio.

8º—Que los programas de estudios con que trabaja el sistema de educación para la población joven y adulta, son los mismos que se utilizan en las otras modalidades que conforman el Sistema Educativo Nacional, lo anterior, según el Acuerdo del Consejo Superior de Educación Nº 0437-09 del 10 de agosto de 2009.

9º—Que la educación de jóvenes y adultos son modalidades que al igual que la modalidad de educación diurna, reciben presupuesto para las Juntas de Educación o Administrativas.

10.—Que de acuerdo a la Constitución Política, en su artículo 83, y al artículo 11 de la Ley Fundamental de Educación, los jóvenes y adultos también tienen derecho a la educación de calidad.

11.—Que el artículo 45, de la Ley Fundamental de Educación, Ley Nº 2160, establece que la distribución e inversión en las Juntas se hará de conformidad con la política educativa y planeamiento indicado por el Consejo Superior de Educación, en virtud de lo anterior, la Política de Infraestructura Educativa, aprobada por el Consejo, mediante Acuerdo Nº 6-12-2012, de la sesión Nº 12-2012, indica que: “…las Juntas de Educación o Administrativas están sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los bienes estatales sometidos a su administración, así como a la normativa vigente en materia de contratación administrativa”.

12.—Que los Directores de los Centros Educativos, que comparten un mismo inmueble como servidores públicos que son, prestan servicios a nombre y cuenta de la Administración Pública, según el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública.

13.—Que en relación con las Instituciones de Enseñanza Oficial que comparten una misma planta física, la Norma Presupuestaria Nº 30, de la Ley Nº 7216 del 19 de diciembre de 1990, establece que: “Cuando dos o más instituciones ocupen un mismo edificio escolar, cada una de ellas tendrá derecho al uso, en su correspondiente turno, de la totalidad de las instalaciones físicas, tales como: talleres, bibliotecas, laboratorios y otros. Cuando deba suscribirse un convenio para el uso de las instalaciones, su efectividad estará sujeta a la sanción por parte del Ministerio de Educación Pública. El Director y los profesores serán los responsables del cuido de las instalaciones en la correspondiente jornada de trabajo”. Por tanto,

Emite la siguiente,

“Directriz acerca del uso correcto de la planta física de los Centros Educativos que comparten instalaciones con el sistema de educación de personas jóvenes y adultas”.

Artículo 1º—El sistema de educación de personas jóvenes y adultos tiene el derecho a utilizar durante su respectivo turno, esto es en su horario, la totalidad de las instalaciones físicas, inclusive: talleres, laboratorios, bibliotecas y otras instalaciones que sean necesarias. Consecuentemente, las Juntas de Educación y Administrativas, y los Directores de las Instituciones de Enseñanza Diurna Oficial no pueden impedir el uso de las instalaciones a su cargo a la(s) oferta(s) de Educación de Jóvenes y Adultos.

Artículo 2º—El uso de las instalaciones de una institución que tiene a cargo una oferta educativa de jóvenes y adultos, deberá realizarse con la coordinación del caso, la cual deberá ser clara y expresa, entre las autoridades de las instituciones involucradas.

Artículo 3º—La suscripción de Convenios entre aquellas instituciones que comparten infraestructura e instalaciones, deberá tomar en cuenta lo estipulado en el Marco Normativo de la Ley Nº 7216, La Política de Infraestructura Educativa, el Reglamento para el uso y administración de los Laboratorios de Informática Educativa y Computadoras en el aula de los Centros Educativos que imparten I y II Ciclos de la Educación General Básica, el Manual de Normas y Procedimientos para la instalación, uso, administración y mantenimiento de los Laboratorios de Informática Educativa en III Ciclo de la Enseñanza General Básica, así como demás normativa relacionada.

Artículo 4º—Queda prohibido establecer limitaciones al uso de las instalaciones físicas de los centros educativos, al sistema de educación de personas jóvenes y adultas, que no estén contempladas en la ley, reglamentos, ni demás normativa atinente a la materia.

Artículo 5º—En lo que respecta al uso compartido de laboratorios y computadoras, deberá regirse por lo estipulado en el artículo 3 inciso a) del Reglamento para el uso y administración de los Laboratorios de Informática Educativa y Computadoras en el aula de los Centros Educativos que imparten I y II Ciclos de la Educación General Básica.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Emitida en el Ministerio de Educación Pública, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil catorce.

Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública.—1 vez.—O. C. N° 20609.—Solicitud N° 0229.—C-87290.—(D313-IN2014022847).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº 691-PE

EL VICEMINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2014, Ley Nº 9193, el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y el Acuerdo 062-MP del 01 de febrero del 2013.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Ferdinando Goñi Ortiz, portador de la cédula de identidad número 1-543-633, Director de CECADES, para que viaje a Guatemala y participe en el “Primer Encuentro Iberoamericano de Escuela e Institutos de Administración Pública”, a realizarse los días 20 y 21 de marzo del 2014. La salida del señor Goñi Ortiz será el 19 de marzo y su regreso está previsto para el 23 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de viáticos, impuestos, transporte, servicio de taxis aeropuerto hotel y viceversa en el país visitado, llamadas oficiales internacionales, fax, fotocopias, impresiones, el servicio de Internet y gastos conexos se le cancelarán del Título 201- Presidencia de la República, Programa 02401-Dirección General del Servicio Civil, Subpartida 10503- Transporte al Exterior. Los días 22 y 23 de marzo del 2014, no se cancelarán viáticos con cargo al Erario Público.

Artículo 3º—El funcionario cede las millas otorgadas a la Presidencia de la República en cada uno de los viajes realizados al exterior.

Artículo 4º—Se otorga la suma adelantada de ¢256.605,92 por concepto de viáticos sujetos a liquidación.

Artículo 5º—Rige a partir del 19 de marzo y hasta el 23 de marzo del 2014.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil catorce.

Gustavo Alvarado Chaves, Viceministro de la Presidencia.—1 vez.—O. C. N° 20830.—Solicitud N° 29423.—C-33100.—(IN2014022979).

Nº 1053-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en el artículo 26 incisos a) y b) de la Ley 6227; Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor José Joaquín Arguedas Herrera, portador de la cédula de identidad número 2-306-306, Director General de la Dirección General del Servicio Civil, para que viaje a República Dominicana y participe en el “Seminario Internacional sobre Reformas del Estado y la Modernización de la Administración Pública”, a realizarse los días 20 al 22 de noviembre del 2013. La salida del señor Arguedas Herrera, será el 19 de noviembre y el regreso está previsto para el 23 de noviembre del 2013.

Artículo 2º—Los costos derivados de hospedaje, alimentación y boleto serán asumidos en su totalidad por el Gobierno de República Dominicana.

Artículo 3º—Rige a partir del 19 de noviembre y hasta el 23 de noviembre del 2013.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. N° 20830.—Solicitud N° 29421.—C-18190.—(IN2014022995).

Nº 1124-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en el artículo 26 inciso b) de la Ley 6227; Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor José Joaquín Arguedas Herrera, portador de la cédula de identidad número 2-306-306, Director General de la Dirección General del Servicio Civil, para que viaje a Guatemala y participe en el “Primer Encuentro Iberoamericano de Escuela e Institutos de Administración Pública”, a realizarse los días 20 y 21 de marzo del 2014. La salida del señor Arguedas Herrera, será el 19 de marzo y el regreso está previsto para el 23 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Los costos derivados de boleto aéreo, hospedaje y alimentación serán asumidos por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Artículo 3º—Rige a partir del 19 de marzo y hasta el 23 de marzo del 2014.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. N° 20830.—Solicitud N° 29422.—C-17550.—(IN2014022962).

Nº  1143-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 139 inciso 1) y 146 de la Constitución Política y 26 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227 de 2 de mayo de 1978), en la Ley Reguladora de los Gastos de Viaje y Gastos por Concepto de Transportes para Todos los Funcionarios del Estado (Nº 3462 de 26 de noviembre de 1964), en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014 (Nº 9193 de 29 de noviembre de 2013) y en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República (R-4-DI-AA-2001 de 10 de mayo de 2001).

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Roberto Gallardo Núñez, cédula de identidad número 1-549-255, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, para que viaje y participe en el “Encuentro del programa EUROsociAL: Apoyando Políticas, Conectando Instituciones. Diálogo Euro-Latinoamericano de Políticas Públicas para la Cohesión Social” donde expondrá en el panel sobre “Europa-América Latina: Socios Estratégicos en el Escenario Global”, organizado por el Programa Europeo de Cooperación con América Latina para la Cohesión Social (EUROsociAL II), a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica, los días 24 y 25 de marzo del 2014.

Artículo 2º—EUROsociAL II cubrirá gastos por concepto de transporte y viáticos. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), cubrirá gastos por concepto de impuestos sobre boletos de transporte, tributos o tarifas que se deban pagar en terminales de transporte y póliza de seguro por accidente (INS: Seguro de Viajeros con Asistencia) con cargo al Título 217 (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), Programa 863 (Actividades Centrales), Subpartidas 1.05.03 (Transporte en el Exterior) y 1.06.01 (Seguros) de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014.

Artículo 3º—Durante la ausencia del señor Gallardo Núñez, se encarga la cartera de Planificación Nacional y Política Económica al señor Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos Guido Alberto Monge Fernández, cédula de identidad número 1-581-868.

Artículo 4º—Rige de las 23:00 horas del 22 marzo a las 16:30 horas del 26 de marzo del 2014.

Dado en la Presidencia de la República, el día diecinueve del mes de marzo del dos mil catorce.

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—Solicitud N° 127860-14009.—O. C. N° 20923.—C-42520.—(IN2014023151).

N° 1144-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

De conformidad con lo establecido en el artículo 140, inciso 12, de la Constitución Política de la República de Costa Rica; y los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos,

Considerando:

I.—Que es de interés para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la participación de Costa Rica en la reunión bilateral y firma de acuerdos que se celebrará, a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, los días del 31 de marzo al 1° de abril de 2014 en Doha, Catar; finalizando con la reunión extra regional de la troika ampliada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la República Popular China y reuniones preparatorias que tendrán lugar en Pekín, República Popular China, los días 3 y 4 de abril del 2014.

II.—Que el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Enrique Castillo Barrantes viajará a Doha, Catar los días del 30 de marzo al 2 de abril de 2014, para sostener reuniones bilaterales con su homólogo en Catar.

III.—Que en enero de 2014 Costa Rica asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por lo que debe presidir y ejecutar aquellas actividades determinadas en el Plan de Acción y Declaración CELAC aprobadas en la II Cumbre de La Habana, Cuba, como lo son las Reuniones Extra Regionales que se celebren con actores estratégicos, como la República Popular China.

IV.—Que en seguimiento de los mandatos CELAC, Costa Rica, en su condición de Presidencia Pro Témpore, debe coordinar con los países miembros de la troika CELAC y la República Popular China los preparativos para la futura celebración de la I Reunión del Foro CELAC-China, acordado en La Habana, Cuba, en enero del 2014.

V.—Que el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Enrique Castillo Barrantes, se trasladará de Doha, Catar a Pekín, República Popular China los días del 2 al 4 de abril de 2014, para participar de la reunión del cuarteto CELAC, además reunirse con el Consejero de Estado, dar una charla a la comunidad académica y una conferencia de prensa entre otros. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Enrique Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, cédula número 1-399-937, para que participe de las reuniones bilaterales que se celebrarán a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores con Catar y de la Troika ampliada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la República Popular China los días del 29 de marzo al 5 de abril de 2014. Cabe aclarar que los días se distribuirán de la siguiente manera: del 29 al 30 de marzo de 2014 deberá permanecer en Nueva York, Estados Unidos como tránsito de su viaje, mismo que aprovechará para sostener reuniones con la misión de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas . Los días del 31 de marzo al 2 de abril de 2014 permanecerá en Doha Catar y finalizará con la reunión extra regional de la troika ampliada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la República Popular China y demás actividades que tendrán lugar en Pekín, República Popular China, los días 3 y 4 de abril de 2014. De regreso a Costa Rica el señor Canciller realizará tránsito por Estados Unidos nuevamente del 4 al 5 de abril.

Artículo 2º—Los gastos de hospedaje, tiquetes aéreos, viáticos, transporte interno, gastos en tránsito, llamadas internacionales y gastos de representación, corren por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Programa 079-Actividad Central, subpartida 1.05.03 de tiquetes aéreos y subpartida 1.05.04 de viáticos en el exterior. De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, se autoriza la suma de US$ 436,00 diarios en Estados Unidos para un total de US$436,00; se autoriza la suma de US$478,00 diarios en Catar para un total de US$1.434,00; también la suma de US$290,00 diarios en China para un total de US$580,00 y finalmente la suma de US$436,00 diarios en Estados Unidos para un total de US$872,00. Se le autoriza al señor Ministro la suma de US$1.000,00 para Gastos de Representación. Se autoriza al señor Ministro el uso de Internet. Todo sujeto a liquidación.

Artículo 3º—Durante la ausencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores, se nombra como Ministra a. í. a la señora Gioconda Ubeda Rivera, Viceministra de Relaciones Exteriores y Culto, de las 6:00 horas del día 29 de marzo de 2014 a las 24:00 horas del día 30 de marzo de 2014. Se nombra como Ministro a. í. al señor Luis Fernando Salazar Alvarado, Viceministro Administrativo de Relaciones Exteriores y Culto, de las 00:00 horas del día 31 de marzo a las 22:47 horas del día 5 abril de 2014.

Artículo 4º—De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, el funcionario estará cubierto por la póliza grupal INS viajero, con asistencia en dólares.

Artículo 5º—De conformidad con el Artículo 5° de la Resolución N° 78-2010 del Ministerio de Hacienda, el millaje generado por motivo de este viaje será asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 6º—Rige a partir de las 6:00 horas del día 29 de marzo 2014 hasta las 22:47 horas del día 5 de abril del 2014.

Dado en la Presidencia de la República, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—1 vez.—O. C. N° 21150.—Solicitud N° 60406.—C-92565.—(IN2014022990).

CONSEJO DE GOBIERNO

N° 213

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo tercero del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Setenta y Siete, celebrada el diecisiete de diciembre del dos mil trece, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Por tanto: Se revoca a partir del día de hoy el nombramiento de la señora Silvia Rodríguez Cerdas, cédula de identidad número siete-cero ochenta y siete-trescientos cuarenta y uno, como Directora ante el Consejo de Administración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), efectuado por el Consejo de Gobierno según consta en el artículo segundo del acta de la sesión ordinaria número ciento sesenta y nueve, celebrada el quince de octubre del dos mil trece, sin responsabilidad administrativa alguna.  Lo anterior por cuanto la señora Silvia Rodríguez Cerdas, al ostentar en la actualidad y desempeñarse en los cargos de funcionaria de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), hoy Directora Regional, y de Regidora Propietaria de la Municipalidad de Pococí, se posiciona entre las prohibiciones e incompatibilidades contempladas por el artículo doce de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica para poder ejercer la función de directora ante JAPDEVA, lo que con fundamento en las disposiciones de los artículos cuatro y cinco de la Ley número cuatro mil seiscientos cuarenta y seis y sus reformas, obliga al Consejo de Gobierno a revocar ese nombramiento, norma que indica que una vez hecho el nombramiento de los directores y que estos hayan entrado en funciones, el Consejo de Gobierno podrá revocarlos cuando exista causa para ello, conforme a las disposiciones legales y/o reglamentarias correspondientes. Esta resolución puede ser impugnada en el plazo de tres días a partir de su notificación, mediante la interposición del Recurso de Reposición ante el Consejo de Gobierno, a quien corresponde su resolución, según lo establecen los artículos 29 inciso c), 44, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública.  Notifíquese a la señora Silvia Rodríguez Cerdas en los correos electrónicos dinadecoguapile@hotmail.com y sicuar@hotmail.com. Notifíquese al Consejo de Administración de JAPDEVA. Acuerdo declarado firme por unanimidad.

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-44590.—(IN2014023783).

N° 214

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Setenta y Nueve, celebrada el catorce de enero del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Dada la revocatoria del nombramiento de la señora Silvia Rodríguez Cerdas, al cargo de Directora ante el Consejo de Administración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), dispuesta por el Consejo de Gobierno  mediante artículo tercero de la sesión ordinaria número Ciento Setenta y Siete, celebrada el 17 de diciembre del 2013, se nombra en sustitución suya al señor Eric Castro Vega, cédula de identidad número 1-485-418, a partir del 14 de enero del 2014 y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 31 de mayo del 2018. Acuerdo declarado firme por unanimidad.

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-19640.—(IN2014023791).

N° 215

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo tercero del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Setenta y Nueve, celebrada el catorce de enero del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Organización del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM (Ley N° 4716) y en las normas del Reglamento para la elección de tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por parte de las Municipalidades del país (Decreto N° 35659), se tiene por conocida la renuncia presentada por el señor Gerardo Cascante Suárez, al cargo de miembro de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en representación de las municipalidades del país, la que hizo efectiva a partir del 24 de diciembre del 2013. Nombrar en sustitución del señor Gerardo Cascante Suárez, al señor  Carlos Martínez Rodríguez, cédula de identidad 3-286-971, Delegado de la Municipalidad de Alvarado, quien fue electo como Primer Suplente en la Asamblea de Municipalidades. El nombramiento del señor Carlos Martínez Rodríguez rige a partir del 14 de enero del 2014 y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 31 de mayo del 2014. Los documentos que respaldan este nombramiento son agregados a los anexos del acta correspondiente. Acuerdo declarado firme por unanimidad.

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-29170.—(IN2014023792).

N° 216

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo cuarto del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Setenta y Nueve, celebrada el catorce de enero del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Nombrar al señor Adolfo Ortiz Barboza, cédula de identidad número 1-966-528, en el cargo de representante del Ministerio de Salud ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a partir del 14 de enero del 2014 y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 8 de mayo del 2014. Lo anterior, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 6 y 7 de la Ley N° 7801, denominada Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-17440.—(IN2014023793).

N° 217

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta, celebrada el veintiuno de enero del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Nombrar al señor Ubaldo García Ruiz, cédula de identidad número 1-0620-0291, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante el Gobierno de India, a partir del 1° de febrero del 2014. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-12970.—(IN2014023794).

N° 218

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Uno, celebrada el veintiocho de enero del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Nombrar al señor Javier Díaz Carmona, cédula de identidad número 1-0443-0277, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante el Honorable Gobierno de la República de Guatemala, a partir del 1° de febrero del 2014. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-13620.—(IN2014023795).

N° 219

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Dos, celebrada el cuatro de febrero del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “1.- Reelegir al señor Edgar Gutiérrez López, cédula de identidad número 1-275-941, en el cargo de Miembro Propietario ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a partir del 8 de mayo del 2014 y por el período legal correspondiente, hasta el 7 de mayo del 2020. 2.- Remitir certificación de este acuerdo a la Asamblea Legislativa para que, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593, se proceda a la ratificación respectiva. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-18740.—(IN2014023796).

N° 220

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo segundo del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Cinco, celebrada el dieciocho de marzo del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Tener por conocido el oficio SD-54-13-14 de fecha 4 de marzo del 2014, suscrito por el señor Marco William Quesada Bermúdez, Director del Dpto. de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que notifica la ratificación del nombramiento del señor Edgar Gutiérrez López, cédula 1-275-941, en el cargo de Miembro Propietario ante la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), designación realizada por el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Dos, celebrada el cuatro de febrero del dos mil catorce, en su artículo segundo; de conformidad con lo que establece el artículo 47 de la Ley de Creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-22050.—(IN2014023797).

N° 221

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo tercero del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Cinco, celebrada el dieciocho de marzo del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “Nombrar como miembros del Consejo Nacional Consultivo de Estadística, a los siguientes representantes: 1.- A la señora Yadira María Alvarado Salas, cédula de identidad número 4-130-668, como representante del Sector Trabajo, sugerida por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Olman Segura Bonilla, según consta en el oficio DMT-201-2014, de 04 de marzo del 2014. 2.- Al señor Eliécer Ramírez Vargas, cédula de identidad número 4-0120-0161, como representante del Sector Educación, sugerido por el Ministro de Educación Pública, señor Leonardo Garnier Rímolo, según consta en el oficio DM-306-03-14, de 5 de marzo del 2014. 3.- A la señora Rosa María Vargas Alvarado, cédula de identidad número 1-454-750,  como representante del Sector Salud, sugerida por la señora Ministra de Salud, señora Daisy María Corrales Díaz, según consta en el oficio DM-2184-2014, de 6 de marzo del 2014. 4.- Al señor Erick Jara Tenorio, cédula de identidad número 1-1201-0304, como representante del Sector Economía, sugerido por la Ministra de Economía, Industria y Comercio, señora Mayi Antillón Guerrero, según consta en el oficio DM-0106-14, de 17 de marzo del 2014. Los nombramientos rigen a partir del 18 de marzo del 2014 y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 28 de febrero del 2016. Lo anterior, con fundamento en las disposiciones de los artículos 38 y 39 de la Ley N° 7839, denominada Sistema de Estadística Nacional. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-34020.—(IN2014023798).

N° 222

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo cuarto del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Cinco, celebrada el dieciocho de marzo del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “1. Tener por conocido el oficio DM-099-MICITT-2014, de fecha 6 de marzo del 2014, sucrito por el señor Alejandro Cruz Molina, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 2. Ante el vencimiento del período para el que fue nombrada la señora María del Rosario Alfaro González, el próximo 30 del abril del 2014, como Directora ante el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), nómbrese en sustitución suya a la señora Silvia Argüello Vargas, cédula de identidad número 1-0984-0792, a partir del 1° de mayo del 2014 y por el período legal correspondiente, hasta el 30 de abril del 2019. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-20160.—(IN2014023799).

N° 223

MARTHA MONGE MARÍN

SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica:

Que el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo quinto del Acta de la sesión ordinaria número Ciento Ochenta y Cinco, celebrada el dieciocho de marzo del dos mil catorce, tomó el acuerdo que textualmente dice: “1. Prorrogar el nombramiento de la señora Adriana Prado Castro, cédula 1-0381-0537, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Costa Rica en la República de El Salvador, hasta el 08 de julio del 2014. 2. Prorrogar el nombramiento de la señora Meta Shannon Figueres Boggs c.c. Shannon Muni Figueres Boggs, cédula 1-0324-0792, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Costa Rica en los Estados Unidos de América, hasta el 08 de julio del 2014. 3. Prorrogar el nombramiento de la señora Ingrid Herrmann Escribano, cédula 1-0529-0001, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Costa Rica en Belice, hasta el 08 de julio del 2014. 4. Prorrogar el nombramiento del señor Marco Vinicio Ruíz Gutiérrez, cédula 1-0455-0128, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en la República Popular China, hasta el 8 de julio del 2014. 5. Prorrogar el nombramiento del señor Víctor Manuel Monge Chacón, cédula 3-0196-0264, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en la República Federativa de Brasil, hasta el 8 de julio del 2014. 6. Prorrogar el nombramiento del señor Jorge Antonio Urbina Ortega, cédula 9-0009-0917, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en el Reino de los Países Bajos, hasta el 8 de julio del 2014. 7. Prorrogar el nombramiento del señor Carlos Bonilla Sandoval, cédula 3-0199-0730, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en la República Francesa, hasta el 8 de julio del 2014. 8. Prorrogar el nombramiento del señor José Rafael Torres Castro, cédula 5-0212-0380, en los cargos de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en República Dominicana, y de Embajador Concurrente ante el Honorable Gobierno de la República de Haití, con residencia en Santo Domingo, República Dominicana, hasta el 8 de julio del 2014. 9. Prorrogar el nombramiento del señor Fernando Felipe Sánchez Campos, cédula 1-0869-0995, en los cargos de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante la Santa Sede y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y de Embajador Concurrente ante el Honorable Gobierno de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, con residencia en Roma, hasta el 8 de julio del 2014. 10. Prorrogar el nombramiento del señor Luis Carlos Delgado Murillo, cédula 1-0449-0811, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en Canadá, hasta el 8 de julio del 2014. 11. Prorrogar el nombramiento del señor Ekhart Peters Seevers, cédula 1-0306-0301, en los cargos de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante el Reino de España; de Embajador Concurrente ante el Gobierno de la República de Turquía, con sede en el Reino de España, y de Embajador Concurrente ante el honorable Gobierno del Principado de Andorra, con sede en el Reino de España, hasta el 8 de julio del 2014. 12. Prorrogar el nombramiento del señor Manuel Barrantes Rodríguez, cédula 2-0223-0052, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante el Gobierno del Reino de Noruega, y de Embajador Concurrente ante el Reino de Suecia, con sede en la Ciudad de Oslo, hasta el 8 de julio del 2014. 13. Prorrogar el nombramiento del señor Mario Fernández Silva, cédula 1-0370-0640, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante la Federación de Rusia, hasta el 8 de julio del 2014. 14. Prorrogar el nombramiento del señor Álvaro Cedeño Molinari, cédula 1-0896-0007, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en Japón, hasta el 08 de julio del 2014. 15. Cesar al señor Hubert Gerardo Méndez Acosta, cédula 9-0015-0951, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica ante el Gobierno de la República de Cuba, a partir del 31 de mayo del 2014. Acuerdo declarado firme por unanimidad.”

Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno.—1 vez.—O. C. Nº 22031.—Solicitud Nº SP-042-P-LYD.—C-76910.—(IN2014023800).

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Nº 15-2014-MGP

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y el artículo 07 último párrafo) del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos N° R-DC-10-2012.

Considerando:

1º—Que la participación en el taller “Introducción a Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección”, a realizarse en la ciudad de San Salvador, El Salvador; es de interés para el Ministerio de Gobernación y Policía, porque en él se tratarán temas de relevancia para esta Cartera Ministerial.

2º—Que la actividad se realizará en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del día 18 al 20 de marzo del 2014. Por tanto;

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar a los señores Esteban Lemus Laporte, cédula 1-1096-0854 y Elberth Francisco Sancho Moreira, cédula 4-0162-0341, ambos funcionarios del Tribunal Administrativo Migratorio del Ministerio de Gobernación y Policía, para que participen en el taller “Introducción a Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección”, a realizarse en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del día 18 al 20 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Los gastos de los señores Esteban Lemus Laporte y Elberth Francisco Sancho Moreira; por concepto tiquetes aéreos, gastos de alimentación y hospedaje, serán cubiertos en su totalidad por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Los gastos por impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales y gastos menores serán cubiertos igualmente con recursos del ACNUR.

Artículo 3º—Durante los días que se autoriza la participación de los funcionarios en dicha actividad, sea del 17 hasta el 21 de marzo del 2014; devengarán el 100% de su salario.

Artículo 4º—Rige a partir del 17 hasta el 21 de marzo del 2014.

San José, a las 9:00 horas del tres de marzo del 2014.

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública.—1 vez.—Solicitud N° 0582.—O. C. N° 21247.—C-33760.—(IN2014023249).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

N° 109-2014 DJ-RE

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO  DE RELACIONES

EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en el artículo 146 de la Constitución Política de la República y la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, N° 8142, publicada en La Gaceta N° 227 de fecha 26 de noviembre de 2001 y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 30167 del 25 de enero del 2002.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar como traductora oficial a la señora Inés Gutiérrez Castro, cédula de identidad número 9-049-959, en el idioma Inglés-Español-Español-Inglés.

Artículo 2°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a las once horas con treinta minutos del día tres de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Enrique Castillo Barrantes.—1 vez.—(IN2014023962).

MINISTERIO DE HACIENDA

N° 0003-2014-H.—San José, 31 de enero del 2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Considerando:

I.—Que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas, mayor de edad, casada una vez, Licenciada en Administración de Aduanas, portadora de la cédula de identidad número: uno-mil cuarenta y siete-doscientos sesenta y cinco, vecina de la provincia de San José, cantón Moravia, distrito La Trinidad, de la escuela seiscientos metros al norte, Residencial Vista Azul, casa seis C, solicitó la inscripción para actuar como Auxiliar de la Función Pública Aduanera (Agente Aduanero), mediante escrito presentado ante el Departamento de Estadística y Registro de la Dirección General de Aduana, conforme lo dispuesto en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), Ley N° 8360 del 24 de junio 2003, publicado en La Gaceta N° 130 del 8 de julio de 2003, la Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995, Ley General de Aduanas, publicada en La Gaceta N° 212 del 8 de noviembre de 1995 y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 25270-H del 14 de junio de 1996, Reglamento a la Ley General de Aduanas, publicado en el Alcance N° 37 de La Gaceta N° 123 del 28 de junio de 1996 y sus reformas. (Folios 01 al 26).

II.—Que mediante oficio número DGT- ER-0718-2013 de fecha 20 de noviembre de 2013, el señor Gerardo Bolaños Alvarado, Director General de Aduanas, rindió dictamen favorable a la solicitud presentada por la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas. (Folios 27 y 28)

III.—Que la gestionante aportó los siguientes documentos de interés:

a)  Solicitud de autorización para ejercer como Agente Aduanero en las Aduanas Santamaría, Caldera y Limón. (Folios 01, 18 al 21)

b) Fotocopia certificada del título de Licenciatura en Administración Aduanera, otorgado por la Universidad Metropolitana Castro Carazo a la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas. (Folio 03)

c)  Certificación número 9-2013, de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, emitida por el Notario Público Javier Carvajal Portugués, en la que hace constar que los documentos que tiene a la vista, son copias fieles y exactas de la cédula de identidad número: uno-mil cuarenta y siete-doscientos sesenta y cinco y del Título emitido por la Universidad Metropolitana Castro Carazo, de Licenciatura en Administración de Aduanas, ambos documentos pertenecientes a la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas. (Folios 02 al 04)

d) Constancia número PS-1086-2013 de fecha 1 de noviembre de 2013, emitida por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, mediante la cual se indica que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas, es miembro activo, registrada en el Área de Administración Aduanera y se encuentra al día en sus obligaciones. (Folio 05)

e)  Certificación de fecha 8 de noviembre de 2013, emitida por la Gerencia de Pensiones en consulta realizada en el sistema electrónico de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la cual se indica que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas no se incluye cotizando para el régimen de Invalidez Vejez y Muerte con el Patrono Estado. (Folio 06)

f)  Constancia de no cotizante de fecha 1 de noviembre del 2013, emitida por la Subárea Servicio al Trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la cual se indica que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas no aparece reportada en planillas con patrono alguno en el período 1/10/2012 al 30/09/2013. (Folio 07)

g)  Certificación de las doce horas treinta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil trece, emitida por la Licenciada Itzia Araya García, Jefa de Registro Judicial del Poder Judicial, en la que se indica que no registra antecedentes penales a nombre de la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas. (Folios 08 y 09)

h) Escrito de fecha 4 de noviembre de 2013, donde la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas, solicita se le inscriba como Agente Aduanal, con la Agencia de Aduanas Operador Logístico Mundial código 101. (Folio 10)

i)  Escrito de fecha 4 de noviembre del 2013 del señor Arnoldo Vargas Herrera, Gerente General de la Agencia Aduanal Operadora Logística Mundial, solicitando que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas, sea inscrita bajo la caución de dicha Agencia Aduanal. (Folio 11, 22 al 24)

j)  Declaración Jurada de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, rendida por la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas ante el Notario Público Javier Carvajal Portugués, en la que señala: (Folio 12)

1) Que actualmente cuenta con más de dos años de experiencia en materia aduanera.

2) Que su domicilio y lugar donde habita está situado en la provincia de San José, cantón Moravia, distrito La Trinidad, de la Escuela seiscientos metros al norte, Residencial Vista Azul, casa seis C.

k) Que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas aporta Garantía de Cumplimiento número GC-19081, por cuenta de la señora Carla Jeannette Molina Cordero, por orden de Operadora Logística Mundial S. A., por un monto de $8.000,00 (ocho mil dólares exactos) utilizable a partir del 01 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014 y Garantía de Cumplimiento número GC-19082, por cuenta de la señora Carla Jeannette Molina Cordero, por orden de Operadora Logística Mundial S. A., por un monto de $18.000,00 (dieciocho mil dólares exactos) utilizable a partir del 01 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014. (Folios 20 y 21)

l)  Certificación de Personería Jurídica emitida por el Registro Público, de la entidad Operadora Logística Mundial O.P.L Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-097482. (Folios 22 al 24)

IV.—Que al entrar en vigencia el 08 de julio del 2003, el Segundo Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano III, aprobado mediante Ley Nº 8360 de fecha 24 de junio del 2003, publicada en La Gaceta Nº 130 del 08 de julio de 2003, este no refiere mención de ningún requisito para la autorización de Agente Aduanero Persona Natural, sino que faculta a los países signatarios para que vía reglamento puedan establecer los requisitos, lo cual se infiere de las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 110 de dicho Código.

V.—Con fundamento en lo anterior, la legislación Nacional procedió a regular los requisitos mínimos y las obligaciones que deben acatar las personas que en adelante pretendieran ejercer la actividad de Agente Aduanero Persona Natural, en la Ley Nº 7557 de fecha 20 de octubre de 1995, denominada Ley General de Aduanas, y sus reformas, la cual en sus artículos 29, 29 bis y 34, establecen los requisitos generales e impedimentos para que las personas físicas operen como auxiliares de la función aduanera, a saber: tener capacidad legal para actuar, estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera, mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias y cumplir con los requisitos estipulados en la Ley General de Aduanas y sus reglamentos entre otros. Asimismo, quedó dispuesto en esa Ley, que la persona que requiera ser autorizada como Agente Aduanero debe poseer al menos grado universitario de licenciatura en Administración Aduanera y contar con experiencia mínima de dos años en esta materia.

VI.—En complemento a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas, su Reglamento en los artículos 78 y 104, dispone cuales son los documentos adicionales que deben presentar las personas que soliciten ser autorizados como Agente Aduanero, entre los cuales destacan: original o fotocopia debidamente certificada por notario público o de la institución de enseñanza respectiva del título académico de Licenciado en Administración Aduanera y una Declaración Jurada que demuestre la experiencia mínima de dos años en materia Aduanera.

VII.—Que al entrar a regir el CAUCA III antes citado, surgió la necesidad de adecuar la legislación aduanera nacional a los nuevos requerimientos del mercado común centroamericano y de los instrumentos de integración, por lo que las reformas sufridas en la legislación nacional referente a los requisitos que deberán cumplir las personas que soliciten ser autorizados como Agentes Aduaneros responden al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales antes citados.

VIII.—Que la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas ha cumplido a satisfacción con los requisitos que ordenan el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), Ley N° 8360 del 24 de junio 2003, publicado en La Gaceta N° 130 del 8 de julio de 2003, la Ley N° 7557 del 20 de octubre de 1995, Ley General de Aduanas, publicada en La Gaceta N° 212 del 8 de noviembre de 1995 y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 25270-H del 14 de junio de 1996, Reglamento a la Ley General de Aduanas, publicado en el Alcance N° 37 a La Gaceta N° 123 del 28 de junio de 1996 y sus reformas, por lo que procede otorgar la autorización para que ejerza la actividad de, Agente Aduanero.

IX.—Que de conformidad con lo establecido en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas de la Presidente de la República y del Ministro del ramo. Por tanto,

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA, ACUERDAN:

Autorizar a la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas, de calidades indicadas, para actuar como Agente Aduanero en las Aduanas Santamaría, Caldera y Limón en que se acredite a esos efectos. Asimismo, se le indica que deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias que el ejercicio de la función impone. Rige a partir de su publicación.

Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, notifíquese a la señora Krissya Vanessa Chinchilla Vargas y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda, Edgar Ayales.—1 vez.—(IN2014022954).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

N° 011-MEIC-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 25 inciso 1), 27, 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, el artículo 42 de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad; Ley N° 8279 del 2 de mayo del 2002, y el artículo 22 del Reglamento Interno del Comité Nacional de Codex y los Subcomités Nacionales del Codex Alimentarius en Costa Rica, Decreto Ejecutivo N° 33212-MEIC del 20 de junio del 2006; y,

Considerando:

I.—Que el Codex Alimentarius es el ente de referencia mundial en materia de alimentos, en donde se dictan las normas que rigen el comercio internacional y que buscan garantizar la seguridad y protección de los consumidores.

II.—Que es de interés para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio participar a través de un Delegado Oficial en la 45ª reunión Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA), a celebrarse en Hong Kong, China del 17 al 21 de marzo próximo, así como, en las reuniones preparatorias y de coordinación que se llevarán a cabo el 14 y 15 de marzo del 2014.

III.—Que el objetivo de la participación en la 45ª reunión del CCFA, es intercambiar opiniones y conocer las posiciones de los países sobre los temas establecidos en la agenda, en aras de procurar la adecuada defensa de la posición del país, debidamente avalada por el Comité Nacional del Codex, así como también colaborar en temas que son de importancia para el país y la región.

IV.—Que el artículo 22 del Reglamento Interno del Comité Nacional de Codex y los Subcomités Nacionales del Codex Alimentarius en Costa Rica, establece que en el caso de que sea un miembro de un subcomité el que represente al país en los foros del CODEX, empleado del sector privado, éste recibirá la investidura de representante o delegado oficial por Parte del Poder Ejecutivo; y deberá acatar lo establecido por la Ley General de la Administración Pública y la normativa vigente. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Investir como representante del país a la señora Mónica Elizondo Andrade, portadora de la cédula de identidad N° 109660448, funcionaria de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), para que participe en la 45ª reunión Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA); así como en las reuniones preparatorias y de coordinación de dicho evento, actividades que se realizará en Hong Kong, China del 14 al 21 de marzo del 2014.

Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo, hospedaje y alimentación de los días señalados serán cubiertos por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), sin erogación alguna para el Estado.

Artículo 3º—Rige a partir del día 11 de marzo del 2014 y hasta su regreso el día 23 de marzo del mismo año.

Dado en la Presidencia de la República, al ser los siete días del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero.—1 vez.—O. C. N° 21413.—Solicitud N° 32384.—C-53910.—(IN2014023366).

N° 016-MEIC-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

En uso de las facultades conferidas en el inciso 2) del artículo 140 y el artículo 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; artículo 28, inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, y el artículo 12, inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad a los siguientes funcionarios:

Cédula	Nombre	Clase de puesto	Puesto N°	Rige
01-0996-0044	Esteban Villalobos González	Profesional Jefe de Servicio Civil 2	098855	01/12/2013
01-1219-0803	Yanina Ma. Pérez Chavarría	Profesional de Servicio Civil 1B	028441	01/12/2013
01-0846-0884	Richard Ching Quen	Profesional de Servicio Civil 2	078824	03/12/2013
01-1199-0476	Evelyn Arroyo Santamaría	Profesional de Servicio Civil 3	111333	01/02/2014
01-1311-0299	Dora Ma. López López	Profesional de Servicio Civil 2	000636	01/02/2014
01-1305-0321	Juan José Castro Cerdas	Profesional de Servicio Civil 2	098842	16/02/2014
01-0893-0909	Allán Binns Monge	Profesional de Servicio Civil 2	030740	01/03/2014

 

Artículo 2º—Ascender en propiedad a los siguientes funcionarios:

Cédula	Nombre	Clase de puesto	Puesto N°	Rige
01-0600-0408	Marietta Arias Ramírez	Profesional Jefe de Servicio Civil 2	098861	01/12/2013
01-1003-0026	Ana Doralia Zambrana Fonseca	Técnico de Servicio Civil 2	016572	16/12/2013

 

Artículo 3º—Cesar por pensión al siguiente funcionario:

Cédula	Nombre	Clase de puesto	Puesto N°	Rige
01-0636-0654	Luis Fdo. Agüero Vega	Misceláneo de Servicio Civil 2	028376	01/03/2014

 

Artículo 4º—Los movimientos anteriormente indicados, rigen a partir de la fecha mencionada.

Dado en la Presidencia de la República, a las once horas con veinte minutos del día dieciocho de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero.—1 vez.—O. C. N° 20827.—Solicitud N° 32383.—C-35805.—(IN2014023691).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Nº 013-MOPT

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Con fundamento en el artículo 140 inciso 2) y artículo 146 de la Constitución Política, artículo 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil y Resolución Nº 000003 del Despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes, de las quince horas del día nueve de enero del año dos mil catorce.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el Estado al servidor Carlos Salazar Quesada, cédula de identidad número 01-1246-0923.

Artículo 2º—El presente Acuerdo de Despido rige a partir del 16 de marzo del año dos mil catorce.

Dado en la Presidencia de la República, a los 3 días del mes de febrero del dos mil catorce.

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Luis Castro Fernández. Ph.D.—1 vez.—O. C. Nº 21263.—Solicitud Nº 0934.—C-18520.—(IN2014023096).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0049-2014

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) y 157 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto del 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 546-2004 de fecha 5 de octubre del 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 1° de diciembre del 2004; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 33-2006 de fecha 21 de febrero del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio del 2006; por el Acuerdo Ejecutivo N° 322-2007 de fecha 22 de agosto del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 188 del 1° de octubre del 2007; por el Acuerdo Ejecutivo N° 588-2009 de fecha 22 de setiembre del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 205 del 22 de octubre del 2009; por el Acuerdo Ejecutivo N° 644-2009 de fecha 6 de noviembre del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 19 de enero del 2010; por el Acuerdo Ejecutivo N° 645-2010 de fecha 16 de diciembre del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20 del 28 de enero del 2011; por el Acuerdo Ejecutivo N° 071-2012 de fecha 17 de abril del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 105 del 31 de mayo del 2012; por el Acuerdo Ejecutivo N° 388-2012 de fecha 28 de setiembre del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 232 del 30 de noviembre del 2012; por el Acuerdo Ejecutivo N° 0009-2013 de fecha 16 de enero del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1° de marzo del 2013; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 329-2013 de fecha 15 de noviembre del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2014, a la empresa: Diursa Inmobiliaria de Costa Rica S. A., cédula jurídica N° 3-101-223734, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que mediante documentos presentados los días 12, 17, 18 y 20 de diciembre del 2013, así como los días 21, 23, 27 y 28 de enero y 18 de febrero del 2014, en la Gerencia de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa: Diursa Inmobiliaria de Costa Rica S. A., solicitó la reducción y la ampliación del área declarada como Zona Franca.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de PROCOMER en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa: Diursa Inmobiliaria de Costa Rica S. A., y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 19-2014, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 546-2004 de fecha 5 de octubre del 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 1° de diciembre del 2004, para que en el futuro la cláusula segunda se lea de la siguiente manera:

“2.  Declárese Zona Franca el área donde se desarrollará el proyecto, de conformidad con la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento:

A)    Los pisos 1 y 3 de la torre este, así como el pasillo interno que comunica las dos oficinas de este último piso, los pisos 2 y 3 de la torre oeste, el módulo central que une el piso 3 de la torre este con el piso 3 de la torre oeste, y el piso 5 del área central, todos del Centro de Negocios denominado Eurocenter I, situado: en el distrito Ulloa, cantón Heredia, provincia de Heredia, matrícula de Folio Real N° 185160-000.

B)    Los pisos 2, 3, 4 y 5 de la torre este, los pisos 2, 3, 4, 5, de la torre norte, incluyendo los módulos centrales de cada piso que unen ambas torres, y el piso 6 de la torre norte, todos del Centro de Negocios denominado Eurocenter II, situado: en el distrito Ulloa, cantón Heredia, provincia de Heredia, matrícula de Folio Real N° 209533-000.”

2º—En todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo N° 546-2004 de fecha 5 de octubre del 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 235 del 1° de diciembre del 2004 y sus reformas.

3º—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cinco días del mes de marzo del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González Campabadal.—1 vez.—(IN2014023340).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Nº 06-2014-MINAE

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Con fundamento en el artículo 140 inciso 2) de la Constitución Política, el artículo 39 y 43 inciso e) del Estatuto de Servicio Civil Ley Nº 1581, los artículos 3, 4 y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, el artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo Ley Nº 02, el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 y la resolución Nº 12293 de las quince horas del cuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Servicio Civil.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Despedir por causa justificada sin responsabilidad patronal para el Estado al servidor Luis Fernando Vargas Valdes, cédula de identidad 5-0307-0807, con fundamento en la resolución Nº 12293 de las quince horas del cuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Servicio Civil.

Artículo 2º—El presente acuerdo de despido sin responsabilidad patronal rige a partir del 04 de febrero del 2014.

Dado en la Presidencia de la República, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil catorce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente y Energía, René Castro Salazar.—1 vez.—O. C. Nº 001.—Sol. 2258.—C-20740.—(IN2014023048).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

N° 000252.—San José, a las once horas y cuarenta y siete minutos del día veintiséis del mes de febrero del dos mil catorce.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2014-0212 de 18 de febrero del 2014, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 319605-000, cuya naturaleza es terreno para construir N 41D. Situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José, con una medida de 269,68 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con lote 1D; al sur, con calle pública; al este, con lote 40D, y al oeste, con calle pública.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 269,68 metros cuadrados según plano catastrado N° SJ-569281-84 que presenta las siguientes características: Naturaleza: terreno para construir N 41D, distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-569281-84. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.843 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)    Plano catastrado N° SJ-569281-84, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de terreno de 269,98 metros cuadrados.

b)    Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)    Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, N° 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2°, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento N° C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)    Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 319605-000.

b)    Naturaleza: terreno para construir N 41D.

c)    Ubicación: Situado en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-569281-84.

d)    Propiedad: Inversiones Mathiew S. A., cédula Jurídica N° 3-101-617772, representada por Edwin Alberto Mathiew Gradiz, cédula N° 1-1078-886.

e)    De dicho inmueble se necesita un área de terreno equivalente a 269,68 metros cuadrados según plano catastrado N° SJ-569281-84, para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”, según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 7495, artículo 21 y concordantes. Por tanto,

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 319605-000. Situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José y propiedad de Inversiones Mathiew S. A., cédula jurídica N° 3-101-617772, representada por Edwin Alberto Mathiew Gradiz, cédula de identidad N° 1-1078-886, un área de terreno equivalente a 269,68 metros cuadrados según plano catastrado N° SJ-569281-84, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta resolución se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ph.D.—1 vez.—O. C. N° 2963.—Solicitud N° 0893.—C-117270.—(IN2014023313).

N° 000302.—San José, a las quince horas y cuarenta y seis minutos del día diez del mes de marzo del dos mil catorce.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado: “Circunvalación Norte”.

Resultando:

1º—Mediante oficio DABI N° 2014-0261 del 27 de febrero del 2014, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica de este Ministerio, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público, según el procedimiento contemplado en la Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, el inmueble sin inscribir de conformidad con el plano catastrado N° SJ-677645-87, situado en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José, con una medida de 228,54 metros cuadrados.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno equivalente a 228.54 metros cuadrados. Ubicación: distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-677645-87. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado: “Circunvalación Norte”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.851 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)    Plano catastrado N° SJ-677645-1987, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área de 228.54 metros cuadrados.

b)    Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como el área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de Obra Pública, N° 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2°, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)    Terreno sin inscribir de conformidad con el plano catastrado N° SJ-677645-87.

b)    Ubicación: distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-677645-87.

c)    Propiedad: Esperanza Sánchez Mora, cédula de identidad N° 1-218-397.

d)    De dicho inmueble se necesita un área de 228.54 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado: “Circunvalación Norte”, según se ha establecido supra.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 7495, artículo 21 y concordantes. Por tanto,

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público respecto al inmueble sin inscribir de conformidad con el plano catastrado N° SJ-677645-87, situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José y propiedad de Esperanza Sánchez Mora, cédula de identidad N° 1-218-397, con un área de 228,54 metros cuadrados y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado N° SJ-677645-87, necesaria para la construcción del proyecto denominado: “Circunvalación Norte”.

2º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ph.D.—1 vez.—O. C. N° 2963.—Solicitud N° 0891.—C-88490.—(IN2014023257).

N° 000330.—San José, a las trece horas y quince minutos del día dieciocho del mes de marzo del dos mil catorce.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2014-0260 de 27 de febrero del 2014, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 319591-001-002, cuya naturaleza es terreno para construir con una casa. Situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José, con una medida de 177,10 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: norte, con lote 8D; al sur, con calle pública; al este, con lote 33D, y al oeste, con lote 35D.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 177,10 metros cuadrados, y que presenta las siguientes características: Naturaleza: es terreno para construir con una casa. Situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-569247-1984. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.850 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)    Plano catastrado N° SJ-569247-1984, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de 177,10 metros cuadrados.

b)    Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)    Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, N° 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2°, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento N° C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)    Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 319591-001-002.

b)    Naturaleza: terreno para construir con una casa.

c)    Ubicación: Situado en el distrito 03 Anselmo, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-569247-1984.

d)    Propiedad: Raúl Antonio Campos Segura, cédula N° 1-397-333, y Haydee Blanco Cambronero, cédula N° 1-363-802.

e)    De dicho inmueble se necesita un área total en conjunto de 177,10 metros cuadrados, para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”, según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 7495, artículo 21 y concordantes. Por tanto,

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 319591-001-002, situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José y propiedad de Raúl Antonio Campos Segura, cédula N° 1-397-333, y Haydee Blanco Cambronero, cédula N° 1-363-802, una área total de 177,10 metros cuadrados, y cuyos linderos están delimitados conforme a lo indicado en el plano catastrado N° SJ-569247-1984, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta resolución se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ph.D.—1 vez.—O. C. N° 2963.—Solicitud N° 0892.—C-115570.—(IN2014023320).

N° 000358.—San José, a las trece horas y cincuenta y tres minutos del día veintiuno del mes de marzo del dos mil catorce.

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de anotación, en relación con inmueble necesario para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

Resultando:

1º—Mediante oficio N° DABI 2014-0321 del 13 de marzo del 2014, remitido por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se solicitó que se procediera a emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de declarar de interés público y expedir el mandamiento provisional de anotación que a tales efectos prescribe la Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, en relación con inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 40399-000, cuya naturaleza es terreno de potrero. Situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José, con una medida de 4.889,71 metros cuadrados, y cuyos linderos de la finca madre según Registro Público de la Propiedad son: al norte, con Municipalidad de Tibás; al sur, con Conservas del Campo S. A.; al este, con calle pública, y al oeste, con El Estado.

2º—Del referido inmueble es de impostergable adquisición de un área de terreno equivalente a 4.889,71 metros cuadrados según plano catastrado N° SJ-780967-2002 que presenta las siguientes características: Naturaleza: terreno de potrero, distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-780967-2002. Siendo necesaria su adquisición para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

3º—Constan en el expediente administrativo N° 28.856 a que se refiere este acto resolutivo, los siguientes documentos:

a)    Plano catastrado Nº SJ-780967-2002, mediante el cual se establece que para los efectos del mencionado proyecto se requiere del citado inmueble un área total de terreno de 4.889,71 metros cuadrados.

b)    Estudio sobre la inscripción del inmueble.

c)    Información básica sobre el propietario, la ubicación y características del inmueble, así como del área que del mismo se requiere obtener, y los bienes a valorar.

4º—En razón de lo anterior y por constituir de interés público la presente declaratoria, al requerirse el citado inmueble para la construcción del proyecto mencionado supra, estando en el expediente administrativo la documentación requerida, conoce este Despacho y,

Considerando:

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas, este Ministerio se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas necesarias dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo el control y la vigilancia necesaria, asimismo, en todas aquellas otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, N° 7762 del 14 de abril de 1998.

La Ley de Expropiaciones, N° 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas establece en sus artículos 2°, 18, 19 y 20, que en todo caso en que la Administración Pública requiera, para el cumplimiento de sus fines, adquirir bienes o afectar derechos, deberá proceder a dictar un acto resolutivo mediante el cual sea declarado de interés público el bien o derecho en referencia, a la vez que contenga un mandamiento provisional de anotación en el correspondiente Registro Público.

En ese sentido la Procuraduría General de la República por medio de Pronunciamiento N° C-180-95 del 18 de agosto de 1995, vinculante, definió la actuación administrativa que resulta procedente.

De conformidad con las disposiciones normativas y con base, asimismo, en lo prescrito por los artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política; los artículos 11, 13, 16, 27 y 136 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 27 de la Ley General de Caminos Públicos y sus reformas, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972, procede declarar de interés público el área de dicho inmueble que a continuación se describe:

a)    Inscripción al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 40399-000.

b)    Naturaleza: terreno de potrero.

c)    Ubicación: Situado en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José. Linderos, lo indicado en el plano catastrado N° SJ-780967-2002.

d)    Propiedad: Yalile García Aguilar, cédula N° 1-523-548.

e)    De dicho inmueble se necesita un área de terreno equivalente a 4.889,71 metros cuadrados según plano catastrado N° SJ-780967-2002, para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”, según se ha establecido supra.

Además, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones, se ordena por este acto mandamiento de anotación provisional en el Registro Público de la Propiedad y en relación con dicho inmueble necesario para la construcción del proyecto en referencia.

Procedan las dependencias administrativas competentes a proseguir con la tramitación del procedimiento que corresponda, con sujeción a los plazos establecidos por la Ley N° 7495, artículo 21 y concordantes. Por tanto,

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES,

RESUELVEN:

1º—Declarar de interés público, respecto al inmueble inscrito al Registro Público de la Propiedad al Sistema de Folio Real matrícula N° 40399-000, situado: en el distrito 03 Anselmo Llorente, cantón 13 Tibás, de la provincia de San José y propiedad de Yalile García Aguilar, cédula N° 1-523-548, un área de terreno equivalente a 4.889,71 metros cuadrados según plano catastrado N° SJ-780967-2002, necesaria para la construcción del proyecto denominado “Circunvalación Norte”.

2º—Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Público de la Propiedad, del área de dicho inmueble que por esta resolución se ha establecido como necesaria para la continuación del proyecto en referencia y conforme a lo prescrito por la Ley N° 7495 y sus reformas.

3º—Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.

Notifíquese y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ph.D.—1 vez.—O. C. N° 2963.—Solicitud N° 0894.—C-114260.—(IN2014023724).