SALA CONSTITUCIONAL

Asunto: Acción de inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

PRIMERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-017005- 0007-CO que promueve Jorge Antonio Bagnarello Orozco, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.—San José, a las once horas y cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Jorge Antonio Bagnarello Orozco, mayor, pensionado, portador de la cédula de identidad 1-238-354, vecino de San José, para que se declare inconstitucional la Ley N° 7858 y la Directriz N° MTSS-012- 2014 publicada en La Gaceta N° 152 del 8 de agosto del 2014. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Pensiones, al Ministro de Hacienda y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Considera que las disposiciones impugnadas lesionan lo dispuesto en los artículos 11, 33, 34 y 45 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Pensiones, al Ministro de Hacienda y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Estima el accionante que la Ley N° 7858, violan los principios de legalidad, irretroactividad de la ley, razonabilidad e igualdad. En relación con la violación al principio del debido proceso, acusa el  estado de indefensión en que se le colocó, al no habérsele notificado previamente y, por tanto, impedido ejercer la defensa correspondiente. Sobre el principio de irretroactividad de la ley, señala que el artículo 3 de la Ley 7858 dispone que el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Pensiones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los responsables de aplicar el tope fijado por ley a las pensiones vigentes de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Al hacerlo, se afectan derechos adquiridos y se hace una aplicación retroactiva de la ley. Sobre la violación al principio de igualdad indica que la Ley 7858 ordena por una parte, la imposición de un tope a cada una de las pensiones con cargo al Presupuesto nacional que excedan de diez salarios mínimos; al mismo tiempo, de manera expresa excluye de tal gravamen las personas de los exdiputados y algunas del régimen del Magisterio Nacional. Iguales vicios de inconstitucionalidad se pueden esgrimir en relación con la Directriz MTSS-012- 2014. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del recurso de amparo que se tramita en el expediente número 14-014498, al cual se le dio curso por resolución de las diez horas cuarenta y nueve minutos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por tratarse en este caso de una norma procesal, se suspende la aplicación de las normas impugnadas, lo que en el caso concreto supone la no implementación del tope de pensión a los montos actuales de pensión de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional al que se refiere el artículo 2 de la Ley 7858 y la Directriz 012-MTSS-2014, hasta tanto no se resuelva esta acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese.—Gilbert Armijo Sancho, Presidente.

San José, 24 de noviembre del 2014.

                                                              Gerardo Madriz Piedra

 Exonerado.—(IN2014085112).                   Secretario

Para los efectos del artículo 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 14-013717-0007-CO promovida por Ronald Vargas Bolaños contra los artículos 18 y 22 de la Ley N° 7476 denominada Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, publicada en La Gaceta N° 45 del 3 de marzo de 1995, se ha dictado el voto número 2014-019296 de las nueve horas y cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, que literalmente dice:

«Se rechaza de plano la acción.»

San José, 26 de noviembre del 2014.

                                                          Gerardo Madriz Piedra,

Exento.—(IN2014086032)                        Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-017360-0007-CO que promueve Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeande Número Uno R. L., se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas y diecinueve minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alexandra Márquez-Massino Rojas, mayor, casada una vez, administradora, portador de la cédula de identidad número 1-668-013, en su condición de representante legal de Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeande Número Uno R.L., cédula jurídica 3-004-045027 contra el artículo 13 de la Ley 6839., por del 3 de enero de 1983. La norma dispone:

“Artículo 13.—Para efectos de que el CENECOOP, el CONACOOP y los organismos de integración puedan recuperar con prontitud las sumas de dinero que, por concepto del porcentaje de los excedentes de las cooperativas, los correspondan, tendrán derecho a cobrarlos por vía ejecutiva. Con tal fin, las certificaciones que extienda la Dirección del CENECOOP, la Secretaría Ejecutiva del CONACOOP o la gerencia del organismo de integración, con base en el informe escrito del Departamento de Supervisión del INFOCOOP, tendrán el carácter de título ejecutivo.” Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República. Manifiesta la accionante que mediante sentencia 1993-0998, la Sala declaró inconstitucional el artículo 13 de la Ley N° 4179, cuyo contenido es igual al de la norma que se impugna a través de esta acción. Alega que la potestad de certificar solo puede ser desarrollada por el Estado u organizaciones paralelas a él. Otorgar a los sujetos privados facultades de imperio como son la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, lesiona el principio de igualdad procesal. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la Cooperativa accionante proviene del párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en tanto existe un asunto previo que es proceso Monitorio, del Centro de Estudios Cooperativos Responsabilidad Limitada, CENECOOP R.L., contra su representada. En dicho proceso y para realizar el cobro, la actora está utilizando una certificación emitida por su Gerente General, la que según el artículo impugnado, constituye título ejecutivo que habilita hacer el cobro monitorio en vía civil. Publíquese por tres veces un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. /Gilbert Armijo Sancho, Presidente».

San José, 26 de noviembre del 2014.

                                                          Gerardo Madriz Piedra,

Exento.—(IN2014086035)                        Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-017508-0007-CO que promueve Antonio Álvarez Desanti, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas y treinta y ocho minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce./Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Antonio Álvarez Desanti, para que se declaren inconstitucionales los incisos a), f), h), e i) del Artículo 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa y el Artículo 254 inciso a) del Reglamento de la Contratación Administrativa, por estimarlo contrario al artículo 112 de la Constitución Política y el Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la libertad de empresa, el principio de igualdad y el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República.

Las normas se impugnan por considerar que la prohibición contenida en esas normas es contraria al artículo 112 de la Constitución Política, pues rompe con la intención del constituyente y van más allá de lo autorizado por dicho artículo.

Asegura que de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado costarricense debió adaptar sus normas internas para respetar los derechos consagrados en la Convención, que en este caso son los derechos políticos, razón por la cual el 112 no puede constituirse en una limitación a la participación política. En todo caso, al aplicar literalmente el 112 constitucional, éste solo prohíbe la participación de empresas si el diputado interviene como administrador, director o gerente de ellas, pero no así como socio.

Por otro lado, reclama que las normas impugnadas violan el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque limitan su derecho a la participación política por cuanto al establecer limitaciones de ese tipo, lo obligan a escoger entre su patrimonio o su participación política, dado que es muy gravoso desde el punto de vista económico para su persona, su familia y entorno familiar ampliado, ya que al final debe renunciar a actividades empresariales privadas a cambio de participar en actividades públicas. Asimismo, señala que al amparo de lo establecido en la Convención, se limita el derecho que tienen los electores, en el sentido de que fueron ellos quienes lo eligieron y le otorgaron un mandato, que es ejercer como su representante ante la Asamblea Legislativa. Asegura que la normativa impugnada en buena medida impide que los empresarios accedan a cargos públicos, por el peligro inminente de verse inhibidos de contratar con el Estado y sus instituciones. También estima que se vulnera el principio de igualdad, al discriminar a un importante grupo de la sociedad. Por otra parte, considera que normas violan la libertad de empresa por cuanto prohíben totalmente la participación de empresas en que uno de sus socios sea miembro de los Supremos Poderes en las contrataciones con el Estado. Las normas son inconstitucionales por la falta de razonabilidad y proporcionalidad, al pretender controlar en beneficio del Estado y la ciudadanía, abusos y vicios en las contrataciones administrativas, estableciendo regulaciones totalmente abusivas y extremas que no cumplen con los tres requisitos de necesidad, idoneidad y de proporcionalidad propiamente dicha. Específicamente, el inciso f) del artículo 22 bis obliga a vender las acciones seis meses antes de ser electos, lo cual considera absurdo pues constituye un castigo y limita la participación política y el derecho a ser electo. Además, el mismo inciso establece que si la participación social se vende con posterioridad a esa fecha (seis meses antes de ocupar el cargo) la prohibición rige por toda la duración del nombramiento. Esta es una limitación severa y desproporcionada, ya que lo que indica es que existe una norma que proscribe de toda negociación pública a una empresa por un periodo exageradamente largo. Pero esa norma también es inconstitucional porque en el fondo constituye una limitación indefinida dado que la persona puede ser reelecta por varios periodos o nombrada en varios gobiernos de forma sucesiva. Aduce que los absurdos de los incisos a) y f) del Artículo 22 bis, son tan evidentes que para un grupo muy grande del entorno familiar de un funcionario con prohibición, se limita la posibilidad de hacer nuevos negocios mediante contrataciones con el Estado.

Esa limitación es sumamente severa y limita las libertades de un número grande de terceras personas que no tienen ninguna incidencia en la definición que tome un familiar o socio de ser miembro de un Supremo Poder. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del recurso de amparo número 14-017264-0007-CO. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese./Gilbert Armijo Sancho, Presidente/.»

San José, 27 de noviembre del 2014.

                                                          Gerardo Madriz Piedra,

Exento.—(IN2014086039)                        Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-018294-0007-CO que promueve Álvaro Sagot Rodríguez, se ha dictado la resolución que literalmente dice: «Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las trece horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Álvaro Sagot Rodríguez, para que se declare inconstitucional el Acuerdo número ADJIP 280-2014, denominado “Medidas de ordenamiento para el uso de carnada viva para la flota pesquera comercial y de pesca deportiva en el Océano Pacífico Costarricense”, por estimarlo contrario a los Artículos 50 y 89 de la Constitución Política, así como al principio precautorio y el principio de no regresión en materia ambiental. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). La norma se impugna en cuanto establece que no requerirán de licencia de pesca para carnada viva las embarcaciones con licencia comercial de pesca pequeña escala, pesca mediana escala, pesca avanzada y pesca turística, así como las embarcaciones o personas físicas que se dediquen a la pesca deportiva y que utilicen carnada viva para ser utilizadas en sus propias faenas de pesca. Alega que lo anterior significa que si una embarcación obtuvo una licencia para pescar lo que fuere, automáticamente, tiene vía libre para pescar y usar carnada viva, lo cual antes del acuerdo no funcionaba así, pues anteriormente, todos necesitaban una licencia previa y específica en cuanto a las especies permitidas. Con el cambio normativo se permite pescar, dejando decenas de especies de vida marina consideradas como carnada viva a la libre (sin necesidad de licencia) para su captura, condicionando todo a que este tipo de carnada sea destinada “para las propias faenas”, pero ahí es donde está el peligro de poder abusar de la norma nueva y de la biodiversidad marina sin licencia alguna. Asimismo, reclama que el acuerdo impugnado no está sustentado en estudios científicos y técnicos para hacer el cambio de criterio, que arrojen luz sobre la situación real de la disponibilidad de carnada viva de las especies que pueden ser explotadas, lo cual considera una clara regresión a la restricción existente, al principio de objetividad y al principio de progresividad. Desde el punto de vista ambiental, la amenaza se concreta en el hecho de que la directriz aprobada por INCOPESCA coloca a los ecosistemas marinos (carnada viva de diferentes especies) en una situación lesiva, de clara regresión y de desprotección, pues supone regresar a un estado de menor regulación. Si antes la regulación y el control eran deficientes, especialmente, tratándose de un recurso que no es propiedad exclusiva de un grupo, sino que forma parte de la biodiversidad propiedad de todos los costarricenses, ahora con la modificación existe un irrespeto a los derechos de las presentes y futuras generaciones. Finalmente, asegura que la directriz impugnada no se sustenta en estudios de interacción con tortugas marinas, en especial rutas migratorias, y dado que las tortugas no son costeras, las medidas aquí planteadas amenazan con afectarla directamente, como afectó la práctica de palangre al principio del 2013, con un aumento de mortalidad de estos quelonios. Lo anterior, pese a que Costa Rica esta obligada a respetar las resoluciones COP2/2004/R1 y COP3/2006R2 de la Convención Interamericana para la Protección de la Tortuga Marina que requiere que el Estado reduzca los efectos de la pesca incidental sobre todas las especias de tortugas marinas. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene de la defensa de intereses difusos a que se refiere el párrafo segundo del Artículo 75 de la Ley que rige a esta Jurisdicción, por tratarse de la defensa y protección del ambiente. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese./Gilbert Armijo Sancho, Presidente».

San José, 27 de noviembre del 2014.

                                                          Gerardo Madriz Piedra,

Exento.—(IN2014086055)                        Secretario

UNA PUBLICACIÓN

Res. Nº 2014004630.—San José, a las dieciséis horas y cero minutos del dos de abril del dos mil catorce. Exp: 11-000329-0007-CO. Acción de inconstitucionalidad promovida por Álvaro Sáenz Saborío, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil, vecino de San José, San Rafael de Escazú, Alto de las Palomas, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos-cero setenta y dos, en mi condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con la representación judicial y extrajudicial de la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cincuenta y un mil trescientos dieciséis y Manuel H. Rodríguez Peyton, mayor, casado, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad uno-trescientos cuarenta y uno-cuatrocientos noventa y cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cinco seis tres ocho uno, para que se declare inconstitucional la Ley de Asociaciones Nº 218 de 8 de agosto de 1939, según reforma introducida por Ley Nº 8901, publicada en La Gaceta N° 251 del 27 de diciembre de 2010, la cual reforma el artículo 10 de la Ley de Asociaciones, Nº 218, de 8 de agosto de 1939, el Artículo 42 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, Nº 6970, de 7 de noviembre de 1984, los artículos 345, 347 y 358 del Código de Trabajo y el artículo 21 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, Nº 3859, de 7 de abril de 1967, por estimarlos contrario a los artículos 25, 28, y 60 de la Constitución Política, el derecho de asociación, el principio de libertad y la autonomía de la voluntad, la libertad de sindicalización y por contravenir además los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República,

Resultando:

1º—Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:50 horas del 12 de enero del 2011, los accionantes solicitan en resumen que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones Nº 218 de 8 de agosto de 1939, según reforma introducida por Ley Nº 8901, publicada en La Gaceta N° 251 del 27 de diciembre de 2010, la cual reforma el artículo 10 de la Ley de Asociaciones, Nº 218, de 8 de agosto de 1939, el Artículo 42 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, Nº 6970, de 7 de noviembre de 1984, los artículos 345, 347 y 358 del Código de Trabajo y el artículo 21 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, Nº 3859, de 7 de abril de 1967. Las normas se impugnan en cuanto dispone que se deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos, e indica que en toda nómina y órgano impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Se acusa la inconstitucionalidad de esta Ley, por violar los artículos 25, 28, y 60 de la Constitución Política, que regulan entre otros, el derecho de asociación, el principio de libertad y la autonomía de la voluntad, la libertad de sindicalización y por contravenir además los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

2º—A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto acuden en defensa de los intereses de las corporaciones que representan y sus asociados.

3º—Por resolución de las 14:26 horas del 28 de marzo del 2011, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República.

4º—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 70, 71 y 72 del Boletín Judicial, de los días 108, 12 y 13 de abril del 2011.

5º—La Procuraduría General de la República rindió su informe. Señala que: I. Objeto del proceso Las asociaciones actoras impugnan la Ley N° 8901 de 27 de diciembre de 2010 - Ley de Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas (Ley de Porcentaje Mínimo) -. Los alegatos de las asociaciones interesadas se sintetizan de la forma que de seguido se expone. En primer lugar, se estima que la obligación que se impone por vía de la Ley de Porcentaje Mínimo - sea de garantizar la paridad en la integración de las Juntas Directivas de diversos tipos de asociaciones - constituye una clara violación de la Libertad de Asociación. Efectivamente, los actores estiman que si bien la Libertad de Asociación soporta la posibilidad de que el Legislador pueda dictar normas básicas en orden a su organización y funcionamiento, esa potestad de regulación no puede suprimir el contenido esencial de la libertad fundamental de asociación. En este sentido, los actores estiman que el hecho de que la Ley imponga a las Asociaciones una forma en que deben integrarse sus cuerpos directivos, interviene directa e ilegítimamente con la libertad de las asociaciones de gobernarse a si mismas. De otro lado, los actores consideran que la Ley de Porcentaje Mínimo ha quebrantado los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, se considera que el requisito de la paridad en la integración de las Juntas Directivas de los diversos tipos de asociaciones, constituye una exigencia imposible de cumplir para muchas, asociaciones empresariales, y en todo caso acusa dicho requerimiento como una interferencia irracional del Legislador en la potestad auto-organizativa de las asociaciones. Las asociaciones actores aclaran que el propósito de su acción no es oponerse a las políticas que promuevan la igualdad de género, sino combatir aquellas disposiciones legislativas irracionales que violenten los derechos y libertades fundamentales. Se argumenta que la irracionalidad de la Ley de Porcentaje Mínimo se explica y auto evidencia al considerar que ante el Registro Nacional existen inscritas más de cien asociaciones de mujeres que, en su momento, resolvieron constituirse como agrupaciones de mujeres pero que actualmente, por virtud de la Ley, se encuentran en la obligación de incorporar hombres en sus cuerpos directivos. Finalmente, se aduce que la Ley de Porcentaje Mínimo violenta la Libertad de Sindicación. La legitimación de las asociaciones actoras tiene por fundamento la defensa de intereses colectivos. Supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. II.—En Orden a la Ley de Porcentaje Mínimo la Ley N° 8901 de 27 de diciembre de 2010 ha reformado particulares normas legales del ordenamiento jurídico vigente en la República. Específicamente, la Ley de Porcentaje Mínimo ha modificado el numeral 10 de la Ley de Asociaciones, el artículo 42 de la Ley Asociaciones Solidaristas, los numerales 345, 347 y 358 del Código de Trabajo y el artículo 21 de la Ley sobre Desarrollo Comunal. En este sentido la Ley de Porcentaje Mínimo ha establecido una obligación de garantizar la representación paritaria en los órganos de gobierno de las Asociaciones Civiles, Asociaciones Solidaristas, Sindicatos y Asociaciones de Desarrollo Comunal. En todo caso, la Ley N° 8901 prescribe que en el supuesto de que el órgano de gobierno se encuentre conformado por un número impar de miembros, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser superior a uno. Debe destacarse, entonces, que la Ley de Porcentaje Mínimo más que constituir una medida de discriminación inversa o compensatoria, ha establecido una acción afirmativa de equilibrio entre sexos. Fórmula que funciona de forma bidireccional en cuanto asegura esa proporción igualmente a uno u otro sexo. No escapa que la fórmula paritaria adoptada por la Ley de Porcentaje Mínimo es semejante a la utilizada por el Legislador en el Código Electoral (CE) para regular la participación de mujeres en las nóminas y órganos de los Partidos Políticos. Debe hacerse cita particular del artículo 2. Tampoco debe obviarse que la fórmula paritaria no es extraña en el Derecho Comparado. Por ejemplo, dicha fórmula es la utilizada en la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres española y que ha sido objeto de comentario por parte del Tribunal Constitucional español en su sentencia 12/2008 de 29 de enero de 2008. Es decir que el objetivo de la Ley de Porcentaje Mínimo ha sido asegurar que el gobierno de las asociaciones civiles, comunales y solidaristas, amén de sindicatos, se organice y responda a lo que se ha dado en llamar la democracia paritaria, paradigma bajo el cual se intenta asegurar que los consejos directivos - en el marco de la vida social - y los cuerpos de gobierno - en el marco de la vida pública - cuenten con una representación equilibrada de mujeres y hombres. En este orden de ideas debe tomarse en consideración lo indicado por la Comisión Permanente Especial de la Mujer al momento de emitir su dictamen afirmativo unánime y en el que se ha señalado de forma expresa que uno de los grandes objetivos de la Ley ha sido que se garantice la representación equitativa de ambos géneros en las juntas directivas de las asociaciones. (Ver folios 102 al 107 del expediente legislativo.) En igual sentido, debe considerarse que la Comisión con Potestad Plena Primera en su Informe Unánime Afirmativo de 25 de agosto de 2010 señaló también que el propósito de la Ley no solamente consistía en garantizar un sistema de gobierno asociativo equitativo, sino abiertamente paritario. (folios 304 a 309 del expediente legislativo.) Incluso, es indispensable subrayar que durante la discusión legislativa, específicamente en la sesión del 20: la Comisión Primera Plena, se discutió en forma vehemente el propósito del proyecto de asegurar la representación paritaria en los órganos de gobierno de las asociaciones. Esto de cara a una moción del diputado Fishman Zonzinski. Al respecto, cabe citar lo dicho por la diputada Saborío Mora: “Yo creo que con esta moción se estaría desnaturalizando el espíritu del legislador con el proyecto propuesto en el expediente 15.160. En la moción del diputado Fishman dice: “En los casos en que la paridad sea aplicable”, pero es que el espíritu era que la paridad se diera, por lo que estamos perdiendo el espíritu del legislador.... Creo que nosotros deberíamos defender beligerantemente el espíritu del legislador o legisladora, cuando hizo la propuesta de este proyecto de ley deberíamos respetar, garantizar y pelear por esa paridad.” (Folio 421 del expediente legislativo.) Es decir que es indudable que el propósito y objeto de la Ley de Porcentaje Mínimo es regular el sistema de gobierno de las Asociaciones imponiendo como obligación el que se asegure una representación paritaria en las Juntas Directivas de las Asociaciones. III.—La Obligación de Garantizar la Representación Paritaria No Es Per Se Inconstitucional. Indudablemente la Ley de Porcentaje Mínimo impone una regulación a las asociaciones civiles, solidaristas, de desarrollo comunal y a los sindicatos. Esta obligación consiste en el deber de asegurar que la conformación de sus órganos de gobierno - juntas directivas o consejos directivos - respete el denominado principio paritario. Ciertamente esa regulación no es, en sí misma, inconstitucional. En efecto, la igualdad constituye un principio y valor esencial de nuestro Derecho de la Constitución. Al respecto, conviene citar el voto de la Sala Constitucional N° 8559-2001 de las 15:36 horas del 28 de agosto de 2001, reiterado por el voto N.° 15844-2010 de las 10:11 del 24 de setiembre de 2010: La trascendencia del principio de igualdad no puede ser soslayada. En nuestro Derecho Constitucional Histórico, el principio de igualdad tiene un carácter fundacional y constituye un valor esencial de nuestro sistema de gobierno. Desde la promulgación de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica en 1825, nuestras Constituciones han establecido una prohibición que impide a la Ley prescribir discriminaciones arbitrarias y odiosas, u otorgar privilegios o prerrogativas personales. En todo caso, debe acotarse que la vigencia del principio de igualdad constituye un presupuesto necesario y básico de la democracia. Ergo, debe contarse a la igualdad entre los valores fundamentales que ordenan el sistema político democrático de la República, el cual se encuentra consagrado en el numeral1 constitucional (CPCR). (Sobre la igualdad como presupuesto de la Democracia ver: Bolaños Barquero, Arlette. Garantías Constitucionales y Principios Democráticos en los debates electorales. En Revista de Derecho Electoral N° 8, primer semestre 2009.) También debe constatarse que este principio de igualdad se encuentra además protegido en los numerales 2, 3, 4 y 9 de la Constitución. Normas que establecen, de un lado, una clara prohibición que impide otorgar privilegios particulares a ninguna persona y que de otro extremo, garantizan amplia y equitativa participación en la vida pública a todas las personas que conformen el cuerpo soberano. Esto al establecer que la soberanía reside exclusivamente en la Nación y que el Gobierno de la República es participativo. Por supuesto, no debe obviarse que la Ley Fundamental de 1949 consagra explícitamente una garantía individual a la igualdad como derecho fundamental: “Artículo 33.—Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” Al respecto, deben hacerse dos observaciones del mayor interés. Primero, que el numeral 33 impone a los Poderes Públicos un deber de garantizar un trato equitativo ante la Ley, y segundo que el mismo numeral 33 prohíbe establecer y practicar cualquier forma de discriminación contraria a la dignidad humana. La jurisprudencia constitucional ha examinado el alcance del numeral 33 CPCR por ejemplo en el voto N° 3837-2009 de las 14:43 horas del 29 de abril del 2009 (Ponencia del magistrado Jinesta Lobo), se ha indicado que el derecho a la igualdad y a la no discriminación, básicamente implica un principio general de que el Estado debe brindar a sus habitantes un tratamiento equitativo, y una interdicción general de medidas discriminatorias contrarias a la dignidad humana o violatorias al principio de proporcionalidad: La vigencia y trascendencia del principio de igualdad también se encuentran protegidas por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República. En este sentido, es indispensable recalcar que ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) ha incorporado y protegido el derecho a la igualdad. Esto en sus artículos 1, 2 y 7: Sin embargo, el alcance y vigencia del derecho a la igualdad, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, han sido reforzados por la puesta en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instrumento que en sus artículos 2 y 3 consagra, primero, un derecho a no ser discriminado por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, o condiciones asociadas al nacimiento o cualquier otro tipo de condición social. Y segundo, un derecho a disfrutar en condiciones de igualdad de todos los derechos civiles y políticos. Adicionalmente, debe hacerse cita de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Instrumento que en su artículo 24 garantiza un derecho humano a un trato equitativo ante la Ley, y una prohibición de discriminar. Resulta pues incuestionable que nuestro Derecho de la Constitución garantiza y protege el principio de igualdad y tutela un derecho a la igualdad de las personas. Además de pretender asegurar un derecho a hombres y mujeres a disfrutar en condiciones de igualdad de todos los derechos políticos y civiles. No obstante, debe advertirse que, en nuestra Constitución, el principio de igualdad admite la posibilidad de establecer medidas que han sido denominadas de acción afirmativa o de discriminaciones positivas. Ya desde los trabajos de la Constituyente de 1949 se contempló dicha posibilidad. En efecto, la posición del Constituyente originario ha sido entender la garantía del artículo 33 en el sentido de que cada persona es igual ante la Ley en igualdad de circunstancias pero, aceptando la posibilidad de que la Ley otorgue un trato distinto a personas que se encuentren en una desigualdad objetiva de circunstancias. Esto con el objetivo de no cometer abiertas y groseras injusticias y de corregir situaciones materiales de injusta desigualdad. Al respecto, transcribimos por ser de sumo interés la intervención del diputado constituyente Fabio Baudrit González durante la sesión N° 102 de 5 de julio de 1949: También debe anotarse que en el mismo debate constituyente suscitado en la sesión N° 102, los diputados constituyentes reconocieron que la propia Ley Fundamental ha permitido regímenes de trato discriminatorio positivo en ciertos casos, por ejemplo, el vigente artículo 71 que garantiza una protección especial a mujeres y menores de edad en materia laboral, o el régimen de protección especial del numeral 55 que cubre la maternidad y a los menores de edad. También puede hacerse cita del numeral 51 que protege especialmente a las personas mayores de edad y a las personas enfermas en condición de invalidez. Es decir que desde el debate constituyente se admitió como válida y legítima la posibilidad de que el Legislador establezca un régimen especial de acciones afirmativas cuando estas sean necesarias para proteger a colectivos que se encuentran en una condición objetiva de desigualdad. Nuestra jurisprudencia constitucional ha sido leal a ese entender del Constituyente originario. Al respecto, es oportuno transcribir en lo conducente el voto N° 3666-1998 de las 16:09 horas del 9 de mayo de 1998, mediante el cual se resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad Social de la Mujer (Redacción del magistrado Mora Mora) En esta misma línea, puede además citarse el voto N° 716-1998 de las 11:51 horas del 6 de febrero de 1998, el cual ha resuelto un recurso de amparo interpuesto por una diputada de la Asamblea Legislativa (ponencia de la magistrada Calzada Calzada): Igualmente, los órganos de supervisión de cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos han reconocido como legítima la posibilidad de que los Estados establezcan medidas legislativas de acción afirmativa o de discriminación positiva. Esto con el objetivo de corregir y eliminar situaciones objetivas de injusta desigualdad. En el tema, conviene considerar el parágrafo 5 de la Observación General N° 18 del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Una posición semejante ha sido la adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-04/84 de 19 de enero de 1984: Ergo, tanto el Comité como la Corte Interamericana coinciden en aceptar que el principio de igualdad tolera que la Ley establezca determinadas y puntuales medidas de acción afirmativa cuando éstas sean necesarias para enderezar determinadas situaciones de desigualdad objetiva que afecten a particulares colectivos. Lo anterior siempre que dichas medidas de discriminación positiva o acción afirmativa sean proporcionales a los objetivos propuestos y guarden conexión con los principios de justicia y de la razón, y por supuesto, que no afecten a la dignidad humana. Valga apuntar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha decantado desde el año 2000 por aceptar la posibilidad de las medidas de acción afirmativa como remedios para colectivos que se encuentren en una situación objetiva de desventaja social. Esto en sus sentencias dictadas en los casos Thlimmenos contra Grecia (6 de abril de 2000) y Stec contra Reino Unido (12 de abril de 2006). Al respecto, citamos el comentario de Carmona Cuenca: Por otro lado, resulta de interés indicar que en la jurisprudencia norteamericana también se ha dado por válida la posibilidad de las acciones afirmativas, especialmente por razones de etnia y género, siempre y cuando se cumplan dos estándares: a. Que exista una relación racional entre las medida de discriminación positiva y el interés público que se persigue, y b. Que se compruebe que no se encuentran disponibles otros medios para alcanzar el fin propuesto, sea garantizar la igualdad de los colectivos vulnerables. Bartlett ha sintetizado esta doctrina de la siguiente forma: Al respecto, puede verse también: Kellough, Edward. Understanding Affirmative Action. Georgetown University Press. Washington D.C . 2006. P. 99. Ahora bien, es claro que la Ley de Porcentaje Mínimo constituye una medida legislativa de acción afirmativa que efectivamente resulta, en principio, razonable y proporcional. En primer lugar, debe subrayarse que el objeto inmediato de la Ley de Porcentaje Mínimo es cumplir con la obligación del Estado de Costa Rica de tomar las medidas necesarias para garantizar que las mujeres disfruten - en igualdad de condiciones con los hombres - del derecho de participar en asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. En el tema, se impone transcribir el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDM): Por supuesto, debe tomarse nota de que el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, se ha ocupado de definir qué se debe entender por vida pública y política en su Recomendación General N° 23 de 1997. Documento en el cual se ha señalado que el concepto abarca diversos aspectos de la sociedad civil, tales como la participación de las mujeres en consejos locales, asociaciones profesionales, organizaciones comunitarias, amén de sindicatos y partidos políticos: Ergo, existe una relación racional entre la Ley de Porcentaje Mínimo y el objetivo que se pretende alcanzar, pues resulta claro que mediante la exigencia del principio paritario a las asociaciones civiles, comunales, solidaristas y sindicales se garantiza una adecuada participación de las mujeres en las organizaciones que se interesan y participan de la vida pública. Segundo, es claro que la Ley de Porcentaje Mínimo se encuentra justificada racionalmente. Tomando en consideración que, de acuerdo con Sistema de Indicadores del Ministerio de Planificación y Política Económica, la población residente en Costa Rica se distribuye en un 49.6% de hombres y un 50.4% de mujeres, resulta consecuente que el Legislador procure ampliar la cuota de representación de las mujeres en los órganos de gobierno de las asociaciones de la sociedad civil. (Sobre los datos de población de Costa Rica ver: http://www.mideplan.go.cr/sides/regional/01-03.htm) Tercero, la Ley de Porcentaje Mínimo no puede ser considerada como una medida legislativa innecesaria, toda vez que no existe fundamento racional para argumentar que sin la imposición legal del principio paritario, exista alguna probabilidad cierta de que en el corto plazo se pueda alcanzar una representación equitativa en los consejos directivos de las asociaciones de la sociedad civil. Cuarto, la Ley de Porcentaje Mínimo no establece una discriminación indebida que disminuya o lesione el derecho de participación de los hombres en la vida pública - posibilidad que se encontraría prohibida por el numeral 7, CEDM - toda vez que tal y como se ha señalado previamente, la norma legal funciona de forma bidireccional en cuanto asegura una proporción paritaria igualmente a uno u otro sexo. Por lo expuesto, entonces, la Ley de Porcentaje Mínimo no puede ser considerada, por si misma, inconstitucional. IV.—Una interpretación conforme con el contenido esencial de la libertad de asociación. No obstante lo anterior, es necesario apuntar que la Ley de Porcentaje Mínimo debe ser interpretada conforme con el contenido esencial de la Libertad de Asociación. En efecto, una aplicación e interpretación rigorista y literal de la Ley de Porcentaje Mínimo podría conducir a un resultado indeseado: sea la supresión de aquellas asociaciones que por su objeto, propósitos y carácter constituyen asociaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina. Verbigracia, ciertas asociaciones religiosas o algunas asociaciones feministas. Resulta claro que en esos supuestos, la imposición legal del requisito de la representación paritaria podría quebrantar la libertad ideológica de las asociaciones. Libertad que se encuentra protegida por el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por el artículo 25 de la Constitución. Efectivamente, es indiscutible que tanto el numeral 16 de la Convención como el 25 constitucional establecen como libertad fundamental el derecho de las personas a asociarse con diversidad de fines ideológicos: sean estos ideológicos (en sentido estricto), religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. Esto comprende la posibilidad legítima de que las personas puedan asociarse por determinadas razones ideológicas o religiosas que necesariamente implican una afiliación exclusivamente masculina o femenina. Importa señalar que en el Derecho Comparado se ha entendido que el alcance de la libertad de asociación no puede ser entendido sino es en relación con el ejercicio de la libertad de pensamiento y las libertades religiosas. No existe duda alguna al respecto. La tutela de la libertad de pensamiento y conciencia, así como las libertades religiosas, comprende necesariamente la protección de la libertad de las personas para asociarse con el fin de compartir, cultivar y difundir sus creencias. Al respecto, conviene citar la doctrina adoptada por la Corte Europea de Derechos Humanos en su sentencia de 5 de octubre de 2006, caso Ejército de Salvación contra Rusia: Igualmente debe constatarse que esta libertad ideológica de las asociaciones comprende necesariamente la posibilidad de que se conformen asociaciones que por su ideología o motivos religiosos solamente admitan como miembros a personas de uno u otro sexo. Por consiguiente, el hecho de que la imposición del principio paritario, eventualmente, interfiera con el ejercicio colectivo, asociativo y público de esas libertades ideológicas, sea la libertad de pensamiento y las libertades religiosas, podría, entonces, ser considerado violatorio del pluralismo ideológico que caracteriza la sociedad democrática. Ergo, el Derecho de la Constitución exige que la Ley de Porcentaje Mínimo sea interpretada de un modo conforme con la regulación constitucional y convención de la Libertad de Asociación, en el sentido de que la aplicación del principio paritario no debe resultar exigible a aquellas asociaciones que por objeto, propósitos y carácter - así establecidos en sus estatutos - constituyan agrupaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina. Esto con el objeto de proteger y tutelar el valor fundamental de la pluralidad en la sociedad democrática y la vigencia de las libertades de pensamiento y religión. V. Conclusión. Con fundamento en lo expuesto, este Órgano Asesor no encuentra mérito para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Porcentaje Mínimo. No obstante, se estima que la misma debe ser interpretada conforme la Constitución para que se entienda que que la aplicación del principio paritario no debe resultar exigible a aquellas asociaciones que por objeto, propósitos y carácter - así establecidos en sus estatutos - constituyan agrupaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina.

6º—Mediante resolución número 2011-01299 de las 15:01 horas del 02 de febrero del 2011 se resolvió acumular la acción tramitada bajo expediente N° 11- 000806-0007-CO a este expediente. Mediante resolución número 2011-010511 de las 16:15 horas del 09 de agosto del 2011 se resolvió acumular la acción tramitada bajo expediente N° 11-002940-0007-CO a este expediente.

7º—Mediante resolución a las diez horas y cuarenta minutos del diecisiete de agosto del dos mil once, se resolvió: Vistos los escritos presentados en la Secretaría de esta Sala en el expediente 11-000329-0007-CO, al que se acumularon los expedientes 11-000806-0007-CO y 11-002940-0007-CO, por Albino Vargas Barrantes como representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Defensora de los Habitantes de la República, según Acuerdo Legislativo de la Sesión Extraordinaria N° 50 del 15 de diciembre de 2009 por un período de cuatro años que vencen el 15 de diciembre del 2013, Ana Luisa Meseguer Monge, portadora de la cédula de identidad número 9-030-193 en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la Asociación Costarricense de Juezas, Luis Chavarría Vega, portador de la cédula de identidad número 3-188-023 y Martha Elena Rodríguez González, portadora de la cédula número 2-343-472 en su condición de Secretario General y Secretaria General Adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), Maureen Clarke Clarke, portadora de la cédula de identidad número 7-049-709 en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y Alexander Ovares Rodríguez, mayor, casado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número 4-113-197 en su condición de Presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) quienes solicitan se les tenga como coadyuvantes pasivos en este proceso. Manifiestan que la acción de inconstitucionalidad afecta los intereses generales de las mujeres y tienen interés en que no se de un resultado que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, tal y como los consagra el artículo 1° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada al ordenamiento jurídico costarricense según Ley N° 6968 del 2 de octubre de 1994. Las modificaciones a la normativa como las acciones afirmativas, las cuotas electorales, la paridad política y la alternancia para asegurar la participación política de las mujeres y más recientemente, la representación paritaria en las asociaciones, toma fuerza y se reafirma en el ordenamiento jurídico costarricense a partir de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, compromiso que el Estado costarricense y las diferentes organizaciones o cámaras que tienen afiliadas a personas de uno u otro sexo, deben promover la justicia a través del principio constitucional de libertad, igualdad y no discriminación. La prohibición de toda discriminación consagrada en los instrumentos jurídicos y en el artículo 33 Constitucional, lleva a concluir que el Estado, en ejercicio de su función básica en procura del orden social debe mantener vigente el principio en el plano real, o sea, debe asegurar la realización práctica del principio de igualdad a través de la ley u otros medios adecuados que permitan propiciar condiciones encaminadas al logro de un mismo punto de partida de igual acceso para las mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos y la no discriminación. La ley en cuestión no establece obligaciones forzosas para una paridad de género, como se señala. Es obvio que si una organización social está conformada por un único sexo, no puede obligársele a cumplir con una representación del otro sexo, pues desde su especificidad no se podría exigir este requisito. El artículo 25 Constitucional garantiza la libertad de asociación desde dos sentidos: el derecho de decidir pertenecer a una asociación o la facultad de no asociarse a un grupo, derecho que se debe ejerce con autonomía personal y no de manera forzada. Lo que sí podría constituir un quebranto constitucional es el hecho de que siendo la organización social o sindical conformada por mujeres y hombres, no se promueva y garantice la representación de uno y otro sexo, como históricamente ha sucedido con las organizaciones sociales y sindicales, cuya representación y ejercicio del poder tradicionalmente ha estado en manos de los hombres. La paridad es un propulsor determinante de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación, representación social, jurídica y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Por su parte, los siguientes gestionantes: Franco Naranjo Jiménez, portador de la cédula de identidad número 11-769-494, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Bancaria Costarricense, cédula de persona jurídica número 3-002-061751; Juan María Solera Osborne, portador de la cédula de identidad dos-cuatrocientos cuarenta y tres-seiscientos treinta y uno y Marco Quesada Acuña portador de la cédula de identidad número tres-doscientos dieciséis-quinientos diecinueve en su condición de apoderados generalísimos actuando conjuntamente de la Asociación Cámara Costarricense Forestal, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-ciento cincuenta y cuatro mil novecientos veintidós, Luis Enrique Ortiz Vaglio, portador de la cédula de identidad número 1-720-201 en su condición de apoderado generalísimo de la Asociación Cámara Nacional de Radio (CANARA) cédula de persona jurídica 3-002-045878; Rogelio Gimeno Rodrigo, portador de la cédula de residencia número 172400032600 en su condición de Vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, cédula de persona jurídica número tres-cero cero -ciento dos mil quinientos sesenta y cuatro; Martiza Hernández Castañeda, portador de la cédula de identidad número 5-195-073 en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la Asociación Cámara Nacional de Transportes, cédula de persona jurídica número 3-002-61193; Arnoldo André Tinoco, portador de la cédula de identidad número 1-545-969 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-002- 42022; Gerardo José Alvarado Martínez, portador de la cédula de identidad número 7-035-678, en su condición de Director Ejecutivo en ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la Corporación Arrocera Nacional, cédula de persona jurídica número 3-007-75879; Ángel María Pedroza Ares, con pasaporte español número 00201007305 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo e la Asociación Loyola, cédula de persona jurídica número 3-002-045213; Jorge Osborne Escalante, portador de la cédula de identidad número 1-417-1413 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación Cámara Nacional de Bananeros, cédula de persona jurídica número 3-002-056468; María Cecilia Elizabeth Quesada, portador de la cédula de identidad número 1-392-094 en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la asociación Institución de Hijas de la Caridad de San Vicente Paul de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-002-087994-19; Ana Hidalgo Jiménez, portador de la cédula de identidad número 3-228-499 en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la Asociación Hermanas Oblatas de la Providencia, cédula de persona jurídica número 3-002-061485; Claudio Volio Pacheco, portador de la cédula de identidad número 1-302-793 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, cédula de persona jurídica número 3-002-115819, Miriam del Socorro Fonseca Pérez, portadora de la cédula de residencia número 155812541523 en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la Asociación Cultural de la Divina Pastora, cédula de persona jurídica número 3-002-078563; Carlos Lachner Guier, portador de la cédula de identidad número 3-172-473 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Costarricense de Hoteles, cédula de persona jurídica número 3-002-045654; Antonio Souto Pérez, portador de la cédula de residencia número 18400082698 en su condición de Presidente con la representación legal de la Asociación Cámara Nacional de Armadores y Agente Vapores (NAVE), cédula de persona jurídica número 3-002-056939; Oscar Sánchez Alfaro, portador de la cédula de identidad número 1-667¬036 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Nacional de Transportistas de Carga, cédula de persona jurídica número 3-002-117087; Rodrigo Vargas Ruiz, portador de la cédula de identidad número 2-313-373 en su condición de Presidente con la representación judicial y extrajudicial y facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Nacional de Cafetaleros, cédula de persona jurídica número 3-002-051216; Marco Cercone Cabezas, portador de la cédula de identidad número 1-528-851 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, cédula de persona jurídica número 3-002-045096; Edgar Marín Carvajal, portador de la cédula de identidad número 1-687-352 en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, cédula de persona jurídica número 3-002-045684; Rolando Tomás Guardia Carazo, portador de la cédula de identidad número 1-826-197 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación de Beneficiadores de Café de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-002-270918; Sara Ángela Pizsk Feinzilber, conocida como Sandra, portador de la cédula de identidad número 1-357-156 en su condición de Ministra de Trabajo y Seguridad Social, según Acuerdo Ejecutivo N° 001-P del 8 de mayo del 2010; Javier Quirós Ramos de Anaya, portador de la cédula de identidad número 1-462-192 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, cédula de persona jurídica número 3-002-056121; Marco Antonio Meneses Granados, portador de la cédula de identidad número 3-219-358 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara de Industrias, cédula de persona jurídica número 3-002-042023; Rodolfo Esquivel Víquez, portador de la cédula de identidad número 4-134-116 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Deportiva Administradora Palacio de los Deportes Premio Nóbel de la Paz, cédula de persona jurídica número 3-002-084741; Marco Antonio Benavides Moraga, portador de la cédula de identidad número 6-158-756 en su condición de Presidente con facultades de apoderado general y con la representación judicial y extrajudicial de la Asociación Federación de Cámaras de Productores de Caña, cédula de persona jurídica número 3-002-045367; Heiner Bonilla Porras, portador de la cédula de identidad número 2-240-695 en su condición de Presidente con la representación judicial y extrajudicial y facultades de Apoderado General de la Asociación Cámara de Productores de Caña de San Carlos, cédula de persona jurídica número 3-002-045443; Antonio Echeverría Musmanni, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta-cuatrocientos cuatro en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI), cédula jurídica número tres-cero cero dos-cincuenta y un mil seiscientos noventa y cuatro, Fernando Bolaños Araya, portador de la cédula de identidad número 2-244-724 en su condición de Presidente con la representación judicial y extrajudicial, así como facultades de apoderado general de la Asociación Cámara de Productores de Caña del Pacífico, cédula de persona jurídica número 3-002- 045365-10; Freddy Sandí Brenes, mayor, divorciado, funcionario del Instituto Costarricense de Seguros, portador de la cédula de identidad número 1-508-235 en su condición de Secretario General de la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros, Carlos Cristián Leñero Testart, portador de la cédula de identidad 8-0055-0351 en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, cédula jurídica número 3¬002-087432; Abundio Gutiérrez Matarrita, portador de la cédula de identidad número 5-058-884 en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; Alexander Mora Delgado, portador de la cédula de identidad número 1-617-691 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, cédula de persona jurídica número 3-002-225227; María Soledad Guerra Restrepo, portador de la cédula de identidad número 8-062-110 en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la Asociación Cámara de Publicidad Exterior, cédula de persona jurídica número 3-002-186274; Ricardo Castro Castro, portador de la cédula de identidad número 1-562-905 en su condición de Presidente con facultades de apoderado general de la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción, cédula de persona jurídica número 3-002-045440; Víctor Vega Naranjo, portador de la cédula de identidad número 5-108-156 en su condición de Presidente de la Cámara Nacional de Productores de Palma; Olga Barrantes Arias, portadora de la cédula de identidad número 1-619¬135 en su condición de Presidenta con la representación judicial y extrajudicial de la Federación de Uniones Cantonales de la provincia de Limón, cédula de persona jurídica número 3-002-087415; Blanca Rosa Mejía Medina, en su condición de Presidenta y representante judicial y extrajudicial de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral del Cantón de Guácimo, cédula jurídica número tres-cero cero dos-noventa y ocho mil novecientos cuarenta, Rodrigo Gerardo Mora Martínez, portador de la cédula de identidad número 1-365-629, en su condición de Presidente de la Asociación Cámara Nacional de Agroinsumos y Productos Genéricos; Hernán Heise, ciudadano alemán con cédula de residencia número 127600025604 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Cámara de Comercio e Industria Costarricense-Alemana, cédula de persona jurídica número 3-002-87853; Luis Román Chacón Cerdas, portador de la cédula de identidad número 1-823-870 en su condición de Secretario General con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias; Amaral Sequeira Enríquez, portador de la cédula de identidad número 5-0059-0226 en su condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social; Miguel Schyfter Lepar, portador de la cédula de identidad número 1-399-1427 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textial, cédula de persona jurídica número 3-002-170972; Jorge Brenes Ramírez, portador de la cédula de identidad número 4-092-552 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-002-113412; Rodolfo Molina Cruz, portador de la cédula de identidad número 1-472-259 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Cámara Textil Costarricense, cédula de persona jurídica número 3-002-136373; Juan Carlos Ramos Torres, portador de la cédula de identidad número 1-606-740 en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la Asociación Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-002-066013 y Dagoberto de Jesús Arce Madriz, portador de la cédula de identidad número 3-0410-0533, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo con límite de suma de la Asociación Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, cédula de persona jurídica número 3-002-153, solicitan se les tenga como coadyuvantes activos en este proceso. En ese sentido señalan que las normas impugnadas lesionan la libertad de asociación, pues limita en forma desproporcionada la autonomía de las organizaciones sociales para organizarse de acuerdo a sus fines, al imponer porcentajes para la integración de hombres y mujeres en sus Juntas Directivas. El requisito se vuelve, además, en uno de imposible cumplimiento pues no todas las organizaciones pueden cumplir con tales porcentajes. Se lesiona también el principio de libertad, pues el artículo 28 constitucional dispone que la Ley solo regulará aquellas acciones privadas que afecten el orden público, la moral y los derechos de terceros, aspectos que son de naturaleza excepcional y de interpretación restrictiva; ello no sucede en este caso. Finalmente, se lesionan los principios razonabilidad y proporcionalidad en cuanto la Ley contiene disposiciones normativas que no son adecuadas para el efectivo ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política y los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes. La pretensión de los coadyuvantes activos no es desincentivas políticas e iniciativas que promuevan la igualdad de género, sino por el contrario, tutelar el derecho de ambos géneros de asociarse y organizarse como tengan a bien. Ciertamente se han promulgado disposiciones similares dentro de la normativa electoral; sin embargo, se trata de un ámbito claramente diferente al que pretende regular la ley cuestionada. Se resuelve: el artículo 83 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala que en los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. En el caso concreto, todos los gestionantes se apersonaron dentro del plazo de ley. Sin embargo, algunos no aportaron la personería que comprueba la representación que dicen tener por lo que sus coadyuvancias deben ser rechazadas. En consecuencia y siendo que la primera publicación del aviso se dio el ocho de abril del dos mil once, lo procedente es tener a Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Defensora de los Habitantes de la República, Maureen Clarke Clarke, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y Alexander Ovares Rodríguez, en su condición de Presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) como coadyuvantes pasivos, al cumplir los requisitos de ley. Asimismo, por haber presentado la coadyuvancia en tiempo, aportado la personería correspondiente y haber demostrado que tienen interés legítimo en el resultado de la acción se admite como coadyuvantes activos a la Asociación Bancaria Costarricense, la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros, la Asociación Cámara Nacional de Radio (CANARA), la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, la Asociación Cámara Nacional de Transportes, la Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica, la Corporación Arrocera Nacional, cédula de persona jurídica número 3-007-75879; la Asociación Loyola, la Asociación Cámara Nacional de Bananeros, la Asociación Institución de Hijas de la Caridad de San Vicente Paul de Costa Rica, la Asociación Hermanas Oblatas de la Providencia, la Asociación Costarricense de Productores de Energía, la Asociación Cultural de la Divina Pastora, la Asociación Cámara Costarricense de Hoteles, la Asociación Cámara Nacional de Armadores y Agente Vapores (NAVE), la Asociación Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la Asociación Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción, la Asociación Cámara Nacional de Cafetaleros, la Asociación Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Asociación Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, la Asociación de Beneficiadores de Café de Costa Rica, la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, la Asociación Cámara de Industrias, la Asociación Deportiva Administradora Palacio de los Deportes Premio Nóbel de la Paz, la Asociación Federación de Cámaras de Productores de Caña, la Asociación Cámara de Productores de Caña de San Carlos y la Asociación Cámara de Productores de Caña del Pacífico. No se admiten las coadyuvancias presentadas por la Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Asociación Costarricense de Juezas, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), la Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, la Junta de Protección Social de San José, la Asociación Cámara de Publicidad Exterior, la Cámara Nacional de Productores de Palma; la Federación de Uniones Cantonales de la provincia de Limón, la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral del Cantón de Guácimo, la Asociación Cámara Nacional de Insumos y Productos Genéricos; la Cámara de Comercio e Industria Costarricense-Alemana, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias; el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social; la Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil, la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, la Cámara Textil Costarricense, cédula de persona jurídica número 3-002-136373; la Asociación Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, y la Asociación Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, por no acreditar la personería de sus representadas. Se indica que han sido admitidas coadyuvancias presentadas por organizaciones cuya personería está vencida, en razón de que se entiende que ello es así precisamente debido a la vigencia de la norma impugnada. Se advierte a los interesados que, -en cuanto a los efectos de la coadyuvancia- al no ser el coadyuvante parte principal del proceso, no resultarán directamente perjudicados o beneficiados por la sentencia, es decir, la eficacia de la sentencia no alcanza al coadyuvante de manera directa e inmediata, ni le afecta cosa juzgada, no le alcanzan tampoco los efectos inmediatos de ejecución de la sentencia, pues a través de la coadyuvancia no se podrá obligar a la autoridad jurisdiccional a dictar una resolución a su favor, por no haber sido parte principal en el proceso, lo que si puede afectarle, pero no por su condición de coadyuvante, sino como a cualquiera, es el efecto erga omnes del pronunciamiento. La sentencia en materia constitucional, no beneficia particularmente a nadie, ni siquiera al actor; es en el juicio previo donde esto puede ser reconocido. Se tienen por contestada la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República.

8º—Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

9º—En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.—Objeto de la impugnación. Las asociaciones actoras impugnan la Ley N° 8901 de 27 de diciembre de 2010 Ley de Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas (Ley de Porcentaje Mínimo), publicada en La Gaceta N° 251 del 27 de diciembre de 2010, en cuanto a las reformas introducidas al artículo 10 de la Ley de Asociaciones (N° 218, de 8 de agosto de 1939), el Artículo 42 de la Ley de Asociaciones Solidaristas (N.° 6970, de 7 de noviembre de 1984), los artículos 345, 347 y 358 del Código de Trabajo y el artículo 21 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (No. 3859, de 7 de abril de 1967). Ley cuyo texto dispone lo siguiente:

“PORCENTAJE MÍNIMO DE MUJERES QUE DEBEN INTEGRAR LAS DIRECTIVAS DE ASOCIACIONES, SINDICATOS Y ASOCIACIONES SOLIDARISTAS

Ley N°  8901 de 18 de noviembre del 2010 Publicado en La Gaceta N°  251 de 27 de diciembre del 2010

Artículo 1º—Refórmase el artículo 10 de la Ley de asociaciones, Nº 218, de 8 de agosto de 1939. El texto es el siguiente:

“Artículo 10.—Son órganos esenciales de la asociación:

1.  El organismo directivo cuyo nombre se establecerá en los estatutos, se integrará con un mínimo de cinco personas y deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos, entre ellos se nombrarán personas para la presidencia, la secretaría y la tesorería; todas ellas mayores de edad. En toda nómina u órgano impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

2.  La fiscalía, ocupada por una persona mayor de edad,

3.  La Asamblea o Junta General.”

Artículo 2º—Refórmase el artículo 42 de la Ley de asociaciones solidaristas, No. 6970, de 7 de noviembre de 1984. El texto es el siguiente:

“Artículo 42.- La asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva compuesta al menos por cinco personas y deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos. Sin perjuicio de que puedan usarse otras denominaciones para los cargos, la Junta Directiva estará integrada por una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría, una tesorería y una vocalía; estas personas fungirán en sus cargos durante el plazo que se fije en los estatutos, el cual no podrá exceder dos años, y podrán reelegirse indefinidamente. Dichos nombramientos deberán efectuarse en Asamblea General ordinaria. En toda nómina u órgano impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

En caso de ausencia definitiva de la persona que ocupe la presidencia, quien ocupe la vicepresidencia asumirá en propiedad ese cargo, salvo que la asamblea acuerde lo contrario. En caso de ausencias definitivas de las demás personas directoras, las personas miembros ausentes serán suplidas por otras de la misma Junta Directiva, mientras se convoca a Asamblea General para que ratifique ese nombramiento o, en su caso, para que nombre en propiedad a la persona sustituta. En caso de ausencia temporal de un director o una directora, la Junta Directiva podrá designar la sustitución por el tiempo que corresponda.”

Artículo 3º—Refórmase el artículo 345, 347 y 358 del Código de Trabajo. El texto es el siguiente:

“Artículo 345.—Los estatutos de un sindicato expresarán lo siguiente:

a) La denominación que los distinga de otros.

b) Su domicilio.

c)  Su objeto.

d) Las obligaciones y los derechos de las personas integrantes. La trabajadora o el trabajador no podrá perder sus derechos, por el solo hecho de su cesantía obligada.

e)  El modo de elección de la Junta Directiva deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos. Sus integrantes deberán ser costarricenses o personas extranjeras casadas con costarricenses y por lo menos con cinco años de residencia permanente en el país; en todo caso, mayores de edad, conforme el derecho común. Para los efectos de este inciso, las personas centroamericanas de origen se equipararán a las personas costarricenses. En toda nómina u órgano impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

f)  Las condiciones de admisión de nuevas personas integrantes.

g) Las causas y los procedimientos de expulsión y las correcciones disciplinarias. Las personas integrantes del sindicato solo podrán ser expulsadas de él con la aprobación de las dos terceras partes de las personas presentes en una Asamblea General.

h) La frecuencia mínima con que se reunirá ordinariamente la Asamblea General y el modo de convocarla. Esta podrá reunirse válidamente con las dos terceras partes de las personas integrantes, a quienes en ningún caso se les permitirá representar a otras. No obstante, si por cualquier motivo no hubiera quórum, las personas asistentes podrán acordar nueva reunión dentro de los diez días siguientes, que se verificará legalmente con una mayoría de la mitad más uno de los integrantes. Si por falta de la indicada mayoría tampoco puede celebrarse en esta segunda ocasión la Asamblea General, las personas socias asistentes tendrán facultad de convocar en el mismo acto otra reunión, que se verificará válidamente en cualquier tiempo y sea cual sea el número de personas integrantes que a ella concurran.

i)  La forma de pagar las cuotas, el monto, el modo de cobrarlas y a qué personas miembros u organismos compete su administración.

j) La época de presentación de cuentas, con detalle del ingreso y egreso de los fondos, que deberá hacerse ante la Asamblea General por lo menos cada seis meses. Inmediatamente después de verificada esta, la directiva queda en la ineludible obligación de enviar copia auténtica del informe de rendición de cuentas a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

k) Las causas de disolución voluntaria del sindicato y el modo de efectuar su liquidación. l) Las demás estipulaciones legales que se crea necesario hacer.”

“Artículo 347.—La Junta Directiva tendrá la representación legal del sindicato y podrá delegarla en la presidencia o secretaría general; será responsable para con el sindicato y terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el Código Civil. Dicha responsabilidad será solidaria entre las personas integrantes de la Junta Directiva, a menos que alguno de ellos salve su voto, haciéndolo constar así en el libro de actas.”

“Artículo 358.—Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y dos o más federaciones podrán formar confederaciones, que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en lo que les sea aplicable, excepto en lo relacionado con el período legal de sus respectivas juntas directivas, el cual podrá ser hasta de dos años, con derecho de reelección para las personas integrantes. Las juntas directivas deben garantizar la representación paritaria de ambos géneros.

Los sindicatos, las federaciones y las confederaciones tendrán el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales, de trabajadores y trabajadoras o patronales. Los estatutos de las federaciones determinarán, además de lo dispuesto en el artículo 345, la forma en que los sindicatos que las componen serán representados en la Asamblea General; el acta constitutiva expresará los nombres y domicilios de todos los sindicatos que la integran. Esta lista deberá repetirse cada seis meses para los efectos del inciso d) del artículo 349”.

“Artículo 4º—Refórmase el artículo 21 de la Ley sobre el desarrollo de la comunidad, N° 3859, de 7 de abril de 1967. El texto es el siguiente:

“Artículo 21.—Los órganos de las asociaciones de desarrollo comunal serán los siguientes:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Directiva deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos. En toda nómina u órgano impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

c) La Secretaría Ejecutiva.

El Reglamento de esta Ley y los estatutos indicarán en forma detallada las funciones y atribuciones de cada uno de estos órganos.”

Rige a partir de su publicación.” (subrayado no corresponde al original).

De los tres escritos de interposición tramitados bajo este expediente, se observa que se acusa la inconstitucionalidad de esta Ley, por violar los artículos 25, 28, y 60 de la Constitución Política, que regulan el derecho de asociación, el principio de libertad y la autonomía de la voluntad, la libertad de sindicalización y por contravenir además los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Concretamente indica los accionantes que existe:

1) Violación al principio de libertad (art.28): por cuanto existe una reserva constitucional a favor de la libertad de las personas, que sólo permite al Poder Legislativo legislar cuando las acciones privadas puedan resultar lesivas de la moral, el orden público o derechos de terceros. La falta o ausencia de paridad de género en asociaciones privadas obedece a muchos factores (la voluntad de sus órganos o inopia), por lo que no resulta conveniente, razonable, lógico ni constitucional forzar dicha paridad mediante una Ley de la República.

2) Violación a la libertad de asociación (art.25): por cuanto la obligación que se impone por vía de la Ley de Porcentaje Mínimo -sea de garantizar la paridad en la integración de las Juntas Directivas de diversos tipos de asociaciones- constituye una clara violación de la Libertad de Asociación. Si bien la Libertad de Asociación soporta la posibilidad de que el Legislador pueda dictar normas básicas en orden a su organización y funcionamiento, esa potestad de regulación no puede suprimir el contenido esencial de la libertad fundamental de asociación. En este sentido, el hecho de que la Ley imponga a las Asociaciones una forma en que deben integrarse sus cuerpos directivos, interviene directa e ilegítimamente con la libertad de las asociaciones de gobernarse a si mismas.

3) Violación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad: por cuanto el requisito de la paridad en la integración de las Juntas Directivas de los diversos tipos de asociaciones, constituye una exigencia imposible de cumplir para muchas asociaciones empresariales y en todo caso acusa dicho requerimiento como una interferencia irracional del Legislador en la potestad auto-organizativa de las asociaciones. El propósito de esta acción no es oponerse a las políticas que promuevan la igualdad de género, sino combatir aquellas disposiciones legislativas irracionales que violenten los derechos y libertades fundamentales. La irracionalidad de la Ley de Porcentaje Mínimo se explica y auto evidencia al considerar que ante el Registro Nacional existen inscritas más de cien asociaciones de mujeres que, en su momento, resolvieron constituirse como agrupaciones de mujeres pero que actualmente, por virtud de la Ley, se encuentran en la obligación de incorporar hombres en sus cuerpos directivos.

4) Violación a la Libertad de Sindicación (art. 60): por cuanto la Ley impugnada, cuando establece limitaciones al derecho de elegir libremente a sus representantes de la organización y además establecer limitantes en materia de administración y organización de los sindicatos, invade la esfera propia de autonomía de los sindicatos. Indican que este caso donde se exige paridad de género es diferente de dicha exigencia en el Código Electoral por cuanto allí se trata de una organización política y aquí se trata de asociaciones privadas.

II.—La legitimación de los accionantes en este caso. Los actores ostentan legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acuden en defensa de intereses corporativos, de las asociaciones que representan, por cuanto actúan a favor de sus asociados y la colectividad de estos. De manera que estamos frente a un interés de estas Asociaciones, y al mismo tiempo de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esas colectividades jurídicamente organizadas, por lo que los actores se encuentran perfectamente legitimados para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se trata, en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, los actores cumplieron los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.

III.—Sobre la metodología de análisis de la acción. Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, en los considerandos siguientes se procederá a dar primero, una breve explicación de lo que dispone la ley cuestionada, para posteriormente razonar sobre si las acciones afirmativas en materia de género, pueden presentar las violaciones que alegan los accionantes.

IV.—En general sobre la Ley cuestionada. El contenido de la Ley la Ley de Porcentaje Mínimo N° 8901 de 27 de diciembre de 2010, es, como se puede observar, una serie de reformas a varias normas legales. Específicamente, modifica cuatro tipos de leyes: el artículo 10 de la Ley de Asociaciones, el artículo 42 de la Ley Asociaciones Solidaristas, los artículos 345, 347 y 358 del Código de Trabajo y el artículo 21 de la Ley sobre Desarrollo Comunal. Dicha ley, ha establecido, bajo la misma redacción en todas las normas que reforma, dos obligaciones:

√   garantizar la representación paritaria en los órganos de gobierno de las Asociaciones Civiles, Asociaciones solidaristas, Sindicatos y Asociaciones de Desarrollo Comunal.

√   prescribir que en el supuesto de que el órgano de gobierno se encuentre conformado por un número impar de miembros, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser superior a uno.

De lo cual se extrae que, más que constituir una medida de discriminación inversa o compensatoria, con dichas reformas se ha establecido una acción afirmativa de equilibrio entre géneros. Fórmula bidireccional, por cuanto asegura esa proporción igualmente a uno u otro género. Esta fórmula paritaria adoptada por la Ley de Porcentaje Mínimo, la podemos encontrar en forma similar en el artículo 2 del Código Electoral, el cual regula la participación de mujeres en las nóminas y órganos de los Partidos Políticos (“ARTÍCULO 2 .- Principios de participación política por género: La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no discriminación. La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.”). El objetivo de la Ley de Porcentaje Mínimo, como se desprende del dictamen de la Comisión, ha sido asegurar que el gobierno de las asociaciones civiles, comunales y solidaristas, y los sindicatos, se organicen y cuenten con una representación equilibrada de mujeres y hombres. La Comisión Permanente Especial de la Mujer al momento de emitir su dictamen afirmativo unánime el 23 de junio del 2005 señala que:

“Esta iniciativa de ley pretende: Que las Juntas Directivas o Consejos Directivos, de las asociaciones, sindicatos, federaciones, centrales y confederaciones y asociaciones solidaristas se garantice la representación equitativa de ambos géneros.”

Así, el propósito y objeto de la Ley de Porcentaje Mínimo es regular el sistema de gobierno de las Asociaciones (civiles, solidaristas, comunales) y Sindicatos imponiendo como obligación el que se asegure una representación paritaria, en materia de género, en sus Juntas Directivas. Por ello, conviene de seguido analizar en qué consisten las acciones afirmativas en materia de género y si ellas, por si mismas, pueden resultar violatorias de los derechos fundamentales que apuntan los accionantes.

V.—Sobre las acciones afirmativas en materia de género y los principios de libertad, igualdad, libertad de asociación y sindicación. Teniendo presente lo dicho en el considerando anterior, en el sentido de que la Ley cuestionada lo que hace es establecer una acción afirmativa en materia de género, a efectos de lograr paridad de género en la conformación de los órganos directivos de las asociaciones civiles, solidaristas y comunales, y sindicatos, se procede a examinar si este tipo de acción afirmativa es violatoria de los derechos fundamentales de libertad, igualdad, asociación y sindicación. Primero debe recordarse que, el derecho internacional de los derechos humanos ha propiciado el desarrollo de instrumentos que visibilizan a las mujeres y procuran atender las desigualdades históricas, obligando a los Estados, a tomar las medidas necesarias para combatir la discriminación por razones de género. Más específicamente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 2, incisos a) y f), preceptúa la obligación de los Estados Partes de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer consagrando en su legislación el principio de igualdad del hombre y de la mujer y, asegurar por ley u otros medios apropiados, la realización práctica de este principio; así como de adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. En este mismo sentido, otros instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes sobre el tema y vinculantes para nuestro país, son:

a)  La Convención Interamericana sobre Concesiones de los Derechos Políticos a la Mujer (OEA) la cual se refiera al derecho al voto y a ser elegida para un cargo nacional, sin discriminación por sexo, firmada por Costa Rica desde el 2 de mayo de 1948 y ratificada en 1951.

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual data de 1948 y establece la prohibición de discriminación por razón de sexo.

c)  La Convención sobre los Derechos Políticos y Civiles de las Mujeres (ONU), la cual establece tres principios obligatorios para los Estados Parte a favor de la mujer a saber: derecho al voto, a ser elegidas por todos los organismos públicos electivos en igualdad de condiciones y sin discriminación y derecho a ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas; compromiso ratificado por Costa Rica desde 1967.

d) El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea Legislativa en 1968, que establece el compromiso de los Estados Partes de garantizar y respetar a todas las personas sin distinción de sexo y contempla el goce en igualdad de condiciones de los derechos civiles y políticos que contiene.

e)  La Declaración y Plataforma de acción Beijing, aprobada sin reservas por el Estado costarricense en 1995 y que precisa una serie de objetivos y acciones en doce esferas de preocupación, entre las cuales está que declara el acceso de la mujer a los puestos de poder y decisión.

f)  El Protocolo Facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un instrumento internacional, que sin crear nuevos derechos, establece un mecanismo de exigibilidad de los derechos promulgados en la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

g)  La Décima Conferencia sobre la Mujer en América Latina y el Caribe o Consenso de Quito, que compromete a los Estados Parte a tomar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal.

h) La Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Consenso de Brasilia, de 16 de julio de 2010, que entre otros compromisos, demanda: “...promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad en los resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos.”.

Es precisamente con el sistema de paridad y con la creación e implementación del mecanismo de alternancia, en materia electoral, que el Estado costarricense ha pretendido asegurar la realización práctica del principio de igualdad entre hombres y mujeres protegido a nivel Constitucional y Convencional, pues permite una participación equilibrada e igualitaria entre ellos, en el escenario político, sin distingo. Ahora bien, ciertamente en este caso no estamos frente a un órgano político, como son los partidos políticos, sino frente a entes privados -aunque muchos de ellos cumplen un importante papel en la vida pública-. Sin embargo, aún allí, tampoco puede considerarse que una acción afirmativa exigida por el legislador viole el derecho a la libertad, la igualdad, la libertad de asociación o la libertad sindical, o los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme se explica.

En primer lugar, las acciones afirmativas establecidas para garantizar la participación paritaria de las mujeres en puestos directivos de asociaciones (civiles, solidaristas, comunales) y sindicales, no pueden interpretarse como violatorias del principio de igualdad, sino todo lo contrario, su objetivo, fundamento y legitimidad están asentados en lograr la igualdad real de géneros.

Nuestro Derecho de la Constitución garantiza y protege el principio de igualdad. En este sentido, se asegura un derecho de hombres y mujeres a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos políticos y civiles. Este principio de igualdad, así entendido, admite las denominadas acciones afirmativas o de discriminaciones positivas, establecidas justamente, como un mecanismo para asegurar dicha igualdad. La jurisprudencia de esta Sala sobre el artículo 33 Constitucional ha entendido que cada persona es igual ante la Ley, en igualdad de circunstancias pero, aceptando la posibilidad de que la Ley otorgue un trato distinto a personas que se encuentren en una desigualdad objetiva de circunstancias. Incluso, en el debate constituyente suscitado en la sesión N.° 102, los diputados constituyentes reconocieron que la propia Ley Fundamental ha permitido regímenes de trato discriminatorio positivo en ciertos casos, por ejemplo, el vigente artículo 71 que garantiza una protección especial a mujeres y menores de edad en materia laboral, o el régimen de protección especial del numeral 55 que cubre la maternidad y a los menores de edad. Es decir que desde el debate constituyente se admitió como válida y legítima la posibilidad de que el Legislador establezca un régimen especial de acciones afirmativas cuando estas sean necesarias para proteger a colectivos que se encuentran en una condición objetiva de desigualdad. En este sentido, el voto N.° 3666-1998 de las 16:09 horas del 9 de mayo de 1998, mediante el cual se resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad Social de la Mujer, esta Sala estableció lo siguiente:

“IV.—Sobre la alegada violación a los principios de igualdad y razonabilidad: Con ocasión de los contenidos normativos de los artículos aquí impugnados, se establecen los siguientes imperativos: 1) desarrollar un sistema de formación profesional para la mujer, que oriente las políticas, en el corto, mediano y largo plazo hacia la capacitación de la mujer en los diversos sectores económicos; 2) incluir en ese sistema el conocimiento de la legislación laboral correspondiente e inherente a los derechos de la mujer trabajadora; 3) crear el Departamento de formación profesional para la mujer; y 4) destinar para la operación de dicho departamento un mínimo del uno por ciento de su presupuesto anual. Pese a que el artículo 33 de la Constitución Política garantiza, entre otros aspectos, la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, la realidad histórica y social, demuestran que las proyecciones institucionales se han ejecutado con una evidente desventaja para las mujeres, en punto al acceso a los servicios que éstas prestan. Sin lugar a dudas tal desventaja constituye un hecho notorio. En atención al hecho señalado y sin entrar en mayores consideraciones sobre las causas que lo motivan, resulta indispensable que el Estado responda, en forma política, con el objeto de lograr el equilibrio ordenado por la Constitución Política. No cabe la menor duda a esta Sala que con los imperativos cuestionados en esta acción, lejos de producirse una discriminación en perjuicio de alguno de los géneros mencionados, el legislador garantiza un mínimo de acceso de las mujeres a la preparación técnica que presta el Instituto Nacional de Aprendizaje, proceder que resulta conteste con los planteamientos mencionados y por ende, no puede ser estimado contrario al artículo 33 Constitucional”

En esta misma línea, puede además citarse además el voto N.° 716-1998 de las 11:51 horas del 6 de febrero de 1998, el cual ha resuelto un recurso de amparo interpuesto por una diputada de la Asamblea Legislativa:

“IV.—Sobre el fondo: Para efectos de este amparo, es preciso hacer algunas aclaraciones previas a pronunciarse sobre el fondo del asunto. En este sentido, debemos distinguir lo que es una situación de simple desigualdad de una de discriminación. En el presente caso, no se trata de un simple trato desigual de la mujer frente al hombre, sino de un trato discriminatorio es decir, mucho más grave y profundo. Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida social y aún cuando ello no es deseable, su corrección resulta muchas veces menos complicada. Pero cuando de lo que se trata es de una discriminación, sus consecuencias son mucho más graves ya en su corrección no resulta tan fácil, puesto que muchas veces responde a una condición sistemática del status quo. Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es simplemente objeto de un trato desigual -aunque también lo es-, sino de un trato discriminatorio en el cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente lesionados, es importante para tener una noción cierta sobre la situación real de la mujer dentro de la sociedad. Baste para ello, tomar en consideración que la mujer ha debido librar innumerables luchas durante largos años para poder irse abriendo campo en el quehacer social y político de los pueblos. En términos generales discriminar es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en este caso del género femenino, es aquí donde el artículo 33 de la Constitución Política cobra pleno sentido, ya que ello toca los valores más profundos de una democracia, y no podemos hablar de su existencia, cuando mujeres y hombres, no pueden competir en igualdad de condiciones y responsabilidades. Se trata de un mal estructural, presente en nuestras sociedades que si bien tecnológicamente han alcanzado un buen desarrollo, aún no han logrado superar los prejuicios sociales y culturales que pesan sobre la mujer.

V. Cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales de determinadas colectividades, o parámetros para determinar si esas violaciones en efecto se han producido no pueden ser los mismos que se utilizan para examinar violaciones a sujetos en particular, no sólo por cuanto en aquellos casos no se puede concretar a un sujeto particularmente lesionado en sus derechos, sino que si se trata de colectividades que tradicionalmente han sufrido discriminaciones, éstas suelen ser más sutiles y veladas que en otros casos. De allí que tanto a nivel internacional como nacional existan regulaciones específicas tendentes a abolir determinadas formas de discriminación, aún cuando deberían serlo en virtud del principio general de igualdad. Pero tanto la Comunidad Internacional como los legisladores nacionales han considerado que, en determinados casos -como el de la mujer- se hacen necesarios instrumentos más específicos para lograr una igualdad real entre las oportunidades -de diferente índole- que socialmente se le dan a determinadas colectividades. Así, en el caso específico de la mujer -que es el que aquí interesa- dada la discriminación que históricamente ha sufrido y el peso cultural que esto implica se ha hecho necesario la promulgación de normas internacionales y nacionales para reforzar el principio de igualdad y lograr  que tal principio llegue a ser una realidad, de modo que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial en cuanto al acceso a los cargos públicos de decisión política se refiere.(...)

(...) Es claro que las normas transcritas parten de una realidad innegable, cual es que a la mujer no se le da igualdad de oportunidades que a los hombres para acceder a los cargos públicos, discriminación que sólo será superada dándole una protección y participación de forma imperativa a la mujer en los puestos de decisión política, en el tanto en que en los órganos administrativos colegiados se nombre un número representativo de mujeres. Nótese que muchas veces se exige a la mujer demostrar su idoneidad para ocupar determinados cargos, en tanto que si se trata del nombramiento de un hombre su idoneidad se da por sentado y no se le cuestiona, lo que representa un trato diferenciado y discriminatorio. Para contrarrestar la discriminación que sufre la mujer, el Ordenamiento Jurídico le da una protección especial y obliga a la Administración a nombrar un número razonable de mujeres en los puestos públicos, pues, de otra manera, no obstante la capacidad y formación profesional de la mujer, su acceso a dichos cargos sería mucho más difícil. Así, para evitar la discriminación de la mujer, debe dársele un trato especial y calificado, ya que socialmente no se encuentra en igualdad de condiciones que el hombre, situación que, en cumplimiento del principio de igualdad que establece trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, justifica una protección particularmente acentuada en favor de la mujer. Asimismo debe tomarse en cuenta que las sociedades y quienes ejercen posiciones de poder, a la hora de tomar sus decisiones, lo hacen con base en las diferentes relaciones que se presentan para la toma de ellas, y, al negársele a la mujer en forma vedada o no de su participación en puestos de decisión, se olvida que se ha dejado de lado, tomar en cuenta el punto de vista que sobre esa realidad de nuestras sociedades, tengan las mujeres. Reconocer esa diferencia en la apreciación de la realidad, es verdaderamente fundamental, ya que ello fortalece la democracia y hace que los núcleos familiares compartan las responsabilidades en el interior de sus hogares. De allí que algunas escritoras hablan de que tanto hombres como mujeres pueden ser “igualmente diferentes”, y que deben ser considerados igualmente valiosos, pudiendo desarrollarse igualmente plenos o plenas, a partir de sus semejanzas y diferencias.” (subrayado no corresponde al original).

Igualmente, los órganos de supervisión de cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos han reconocido como legítima la posibilidad de que los Estados establezcan medidas legislativas de acción afirmativa o de discriminación positiva. Esto con el objetivo de corregir y eliminar situaciones objetivas de injusta desigualdad. En el tema, en el informe que rinde la Procuraduría General de la República, se hace un acertado recuento de ello. Así se cita el parágrafo 5 de la Observación General N.° 18 del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

“El Comité desea señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que en ciertos casos el Pacto les exige expresamente que tomen medidas que garanticen la igualdad de derechos de las personas de que se trate. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 23 estipula que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidad de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Las medidas que se adopten podrán ser de carácter legislativo, administrativo o de otro tipo, pero los Estados Partes tienen la obligación positiva de asegurarse de que los esposos tengan igualdad de derechos, como lo exige el Pacto. En lo que respecta a los niños, el artículo 24 dispone que todo niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.” (subrayado no corresponde al original).

Una posición semejante ha sido la adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-04/84 de 19 de enero de 1984:

“56.     Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose “en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos” definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando “carece de justificación objetiva y razonable” [Eur. Court H.R., Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education inBelgium” (merits), judgment of 23rd July 1968, pág . 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

57. No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. “ (subrayado no corresponde al original).

Así entonces, tanto el Comité como la Corte Interamericana coinciden en aceptar que el principio de igualdad tolera que la Ley establezca determinadas y puntuales medidas de acción afirmativa cuando éstas sean necesarias para enderezar determinadas situaciones de desigualdad objetiva que afecten a particulares colectivos. Lo anterior siempre que dichas medidas de discriminación positiva o acción afirmativa sean proporcionales a los objetivos propuestos y guarden conexión con los principios de justicia y de la razón, y por supuesto, que no afecten a la dignidad humana. En esta misma línea, se puede citar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual, desde el año 2000 ha venido aceptando las medidas de acción afirmativa como remedios para colectivos que se encuentren en una situación objetiva de desventaja social (véanse las sentencias dictadas en los casos Thlimmenos contra Grecia, 6 de abril de 2000 y Stec contra Reino Unido, 12 de abril de 2006. Por otro lado, en la jurisprudencia norteamericana también se ha dado por válida la posibilidad de las acciones afirmativas, especialmente por razones de etnia y género, siempre y cuando se cumplan dos estándares: a. Que exista una relación racional entre las medida de discriminación positiva y el interés público que se persigue, y b. Que se compruebe que no se encuentran disponibles otros medios para alcanzar el fin propuesto, sea garantizar la igualdad de los colectivos vulnerables. Asimismo, y con gran detalle, la anteriormente mencionada “Declaración y Plataforma de Acción de Beijin” de 1995, sobre la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, se indica muy claramente lo siguiente:

“183.   La mujer ha demostrado una considerable capacidad de liderazgo en organizaciones comunitarias y no oficiales, así como en cargos públicos. Sin embargo, los estereotipos sociales negativos en cuanto a las funciones de la mujer y el hombre... refuerzan la tendencia a que las decisiones políticas sigan siendo predominantemente una función de los hombres. Asimismo, la escasa representación de la mujer en puestos directivos en el campo de las artes, la cultura, los deportes, los medios de comunicación, la educación, la religión y el derecho, ha impedido que la mujer pueda ejercer suficiente influencia en muchas instituciones clave.

184.     Debido a su acceso limitado a las vías tradicionales de poder, como son los órganos de decisión de los partidos políticos, las organizaciones patronales y los sindicatos, la mujer ha conseguido acceder al poder a través de estructuras alternativas, particularmente en el sector de las organizaciones no gubernamentales. A través de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base popular, las mujeres han podido dar expresión a sus intereses y preocupaciones e incluir las cuestiones relativas a la mujer en los programas nacionales, regionales e internacionales.

... 186. El hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre los encargados de adoptar decisiones económicas y políticas a los niveles local, nacional, regional e internacional obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que deben superarse mediante la adopción de medidas positivas. Los gobiernos, las empresas transnacionales y nacionales, los medios de comunicación de masas, los bancos, las instituciones académicas y científicas y las organizaciones regionales e internacionales, incluidas las del sistema de las Naciones Unidas, no aprovechan plenamente las aptitudes que tiene la mujer para la administración de alto nivel, la formulación de políticas, la diplomacia y la negociación.

... Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones

Medidas que han de adoptarse

190.     Medidas que han de adoptar los gobiernos:

…

c)  Proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de participación en actividades políticas y libertad de asociación, incluida su afiliación a partidos políticos y sindicatos;

…

e)  Vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres mediante la reunión, el análisis y la difusión regular de datos cuantitativos y cualitavos sobre las mujeres y los hombres en todos los niveles de los diversos puestos de adopción de decisiones en los sectores público y privado, y difundir anualmente datos sobre el número de mujeres y hombres empleados en diversos niveles en los gobiernos; garantizar que las mujeres y los hombres tengan igual acceso a toda la gama de nombramientos públicos y establecer, dentro de estructuras gubernamentales, mecanismos que permitan vigilar los progresos realizados en esa esfera;

192.     Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector privado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las instituciones de investigación y académicas, los órganos subregionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales e internacionales:

a)  Adoptar medidas positivas para conseguir que exista un número decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y administradoras en puestos estratégicos de adopción de decisiones;

…

d) Alentar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y el sector privado para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en sus distintas categorías, incluida la participación igual en sus órganos de adopción de decisiones y en las negociaciones en todos los sectores y a todos los niveles;

(…)

194.     Medidas que han de adoptar las organizaciones de mujeres, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los interlocutores sociales, los productores, las organizaciones industriales y las organizaciones profesionales:

a)  Fomentar y reforzar la solidaridad entre las mujeres mediante la información, la educación y las actividades de sensibilización;

b) Defender a la mujer en todos los niveles para que pueda influir en las decisiones, procesos y sistemas políticos, económicos y sociales y esforzarse por conseguir que los representantes elegidos actúen responsablemente en lo que respecta a su compromiso respecto de la problemática del género;

c)  Establecer, conforme a las leyes sobre la protección de los datos, bases de datos sobre la mujer y sus calificaciones para utilizarlos en el nombramiento de mujeres a puestos superiores de adopción de decisiones y de asesoramiento y para difundirlos entre los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales y la empresa privada, los partidos políticos y otros órganos pertinentes.

Objetivo estratégico G.2. Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos

Medidas que han de adoptarse

195.     Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector privado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, los órganos subregionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales e internacionales y las instituciones de enseñanza:

…

b) Aplicar criterios transparentes para los puestos de adopción de decisiones y garantizar que los órganos selectivos tengan una composición equilibrada entre mujeres y hombres;

...” (subrayado no corresponde al original).

De todo lo cual se desprende que, la Ley de Porcentaje Mínimo está acorde con la normativa internacional y constitucional, y constituye una medida legislativa de acción afirmativa que efectivamente resulta acorde con el principio de igualdad.

En segundo lugar, el objeto inmediato de la Ley de Porcentaje Mínimo es cumplir con la obligación del Estado de Costa Rica de tomar las medidas necesarias para garantizar que las mujeres disfruten -en igualdad de condiciones con los hombres- del derecho de participar en asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. En el tema, se impone transcribir el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDM):

“Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c)  Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Por supuesto, debe tomarse nota de que el Comité de las Naciones Unidas para l eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, se ha ocupado d definir qué se debe entender por vida pública y política en su Recomendación General N° 23 de 1997. Documento en el cual se ha señalado que el concept abarca diversos aspectos de la sociedad civil, tales como la participación de la mujeres en consejos locales, asociaciones profesionales, organizacione comunitarias, amén de sindicatos y partidos políticos:

“En virtud del artículo 7, los Estados Partes aceptan tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada en este artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del párrafo. La vida política y pública de un país es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local. El concepto abarca también muchos aspectos de la sociedad civil, entre ellos las juntas públicas y los consejos locales y las actividades de organizaciones como son los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, las organizaciones femeninas, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la vida pública y política.”

En el mismo sentido, lo que se establece la ya mencionada Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995:

“192.   Medidas que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector privado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las instituciones de investigación y académicas, los órganos subregionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales e internacionales:

Adoptar medidas positivas para conseguir que exista un número decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y administradoras en puestos estratégicos de adopción de decisiones;…”

Por lo tanto, existe una relación entre la Ley de Porcentaje Mínimo y el objetivo que se pretende alcanzar, pues resulta claro que mediante la exigencia del principio de paridad de género en las juntas directivas de las asociaciones (civiles, comunales, solidaristas) y sindicatos se pretende garantizar una adecuada participación de las mujeres en las organizaciones que se interesan y participan de la vida pública. Además, la Ley de Porcentaje Mínimo se encuentra justificada racionalmente, tomando en consideración lo indicado por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que, de acuerdo con Sistema de Indicadores del Ministerio de Planificación y Política Económica, la población residente en Costa Rica se distribuye en un 49.6% de hombres y un 50.4% de mujeres, así que resulta consecuente que el Legislador procure ampliar la cuota de representación de las mujeres en los órganos de gobierno de las asociaciones de la sociedad civil. La Ley de Porcentaje Mínimo no puede ser considerada como una medida legislativa innecesaria, toda vez que no existe fundamento racional para argumentar que sin la imposición legal del principio paritario, exista alguna probabilidad cierta de que en el corto plazo se pueda alcanzar una representación equitativa en los consejos directivos de las asociaciones de la sociedad civil. Así entonces, resulta una acción legislativa proporcionada y razonable al fin perseguido.

En tercer lugar, la medida impugnada es racional y acorde con el derecho a la libertad (art.28), la libertad de asociación (art.25) y sindicación (art.60). El Derecho a la libertad, la libertad de asociación y la liberad sindical, al igual que el resto de libertades públicas, no sólo deben ejercerse en armonía con el resto de derechos fundamentales, sino que puede estar sujeta a restricciones. Tal como lo establece el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente a la libertad de asociación:

“Artículo 16. Libertad de Asociación

1.  Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3.  Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. (subrayado no corresponde al original).

Por lo tanto, no se encuentra que la medida de acción afirmativa tendente a lograr la paridad de género en los puestos de dirección de las asociaciones (civiles, solidaristas y comunales) y sindicales, sea violatoria del derecho a la libertad, de la libertad de asociación o sindicación, pues esa medida opera como un límite o restricción válido al ejercicio de dichas libertades dentro de un sistema político democrático.

VI.—Sobre la constitucionalidad de la Ley impugnada, y su necesaria interpretación. Tal como se desprende lo anterior, la paridad de género establecida en la Ley impugnada no es inconstitucional, por las razones dichas. Sin embargo, una aplicación e interpretación rigurosa y literal de la Ley de Porcentaje Mínimo podría conducir a varios resultados indeseados, como lo sería: -la supresión de aquellas asociaciones que por su objeto, propósitos y carácter constituyen asociaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina, por ejemplo, ciertas asociaciones religiosas o algunas asociaciones feministas. -la paralización de asociaciones donde resulta imposible cumplir con la paridad, no por discriminación a uno u otro género sino por inopia de hombres o mujeres suficientes. En el primer caso, la imposición legal del requisito de la representación paritaria podría quebrantar además la libertad ideológica de las asociaciones. En este sentido, recuérdese que las personas puedan asociarse por determinadas razones ideológicas o religiosas, y que ello puede conllevar una afiliación exclusivamente masculina o femenina. Así que la Ley de Porcentaje Mínimo debe ser interpretada conforme con la regulación constitucional y convencional de la Libertad de Pensamiento, en el sentido de que la aplicación del principio paritario no debe resultar exigible a aquellas asociaciones que por objeto, propósitos y carácter -así establecidos en sus estatutos- constituyan agrupaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina. Esto con el objeto de proteger y tutelar el valor fundamental de la pluralidad en la sociedad democrática y la vigencia de las libertades de pensamiento y religión. Además, en cuanto al segundo caso, como tampoco el propósito de la Ley impugnada es llevar a la paralización de las asociaciones que no puedan objetivamente cumplir con la paridad no por discriminación a uno u otro género sino por inopia de hombres o mujeres suficientes, debe interpretarse también que esta exigencia de paridad es progresiva y escalonada, en el sentido de que, cada vez que se renueven las órganos directivos debe darse un avance -y nunca un retroceso- en la paridad de hombres y mujeres, siempre que ello sea posible fáctica y proporcionalmente según la integración total de la agrupación, ello para ir de la mano de los cambios sociales necesarios para que las mujeres puedan y estén en mejor capacidad para involucrarse en las directivas de las asociaciones.

VII.—Conclusión. Dado que las reformas introducidas por la Ley impugnada, en cuanto se refieren a la integración de las Directivas de Asociaciones Civiles, Asociaciones Solidaristas, Asociaciones Comunales y Sindicatos, en paridad de género, constituye una medida de acción afirmativa, que como tal no resulta violatoria del principio a la libertad, el derecho a la igualdad, la libertad de asociación, la libertad sindical o los principios de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde la desestimatoria de esta acción. Sin embargo, dado que en el plano fáctico de funcionamiento de las asociaciones y sindicatos, no siempre es posible la paridad, sea porque se trata de asociaciones conformadas por un solo género (asociación de mujeres, o asociación de hombres), sea porque haya inopia de mujeres u hombres, o por una integración menor de un género respeto del otro, a efectos de evitar que la paridad por si misma se constituya en un obstáculo del funcionamiento de la asociación, causando más daños de los beneficios que se obtendrían, esta Sala procede a interpretar la Ley N° 8901 de 27 de diciembre de 2010 Ley de Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas, publicada en La Gaceta N° 251 del 27 de diciembre de 2010, en cuanto a las reformas introducidas al artículo 10 de la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939, el artículo 42 de la Ley de Asociaciones Solidaristas N° 6970 de 7 de noviembre de 1984, los artículos 345, 347 y 358 del Código de Trabajo y el artículo 21 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad No. 3859, de 7 de abril de 1967, en el sentido de que, los Órganos Directivos de las Asociaciones Civiles, Asociaciones Solidaristas, Asociaciones Comunales y Sindicatos, deben estar integrados respetando la paridad de géneros, de forma progresiva y siempre que ello sea posible conforme a la libertad ideológica y a su conformación fáctica. En el entendido de que, en aquellas asociaciones y sindicatos en que sea posible (por no tratarse de asociaciones exclusivas de uno u otro género, y por estar conformadas por la cantidad de hombres y mujeres suficiente) debe darse un progresivo avance a lo interno de cada uno para ir logrando de forma creciente y progresiva la paridad de género en la conformación de sus juntas directivas.

VIII.—Nota de la Magistrada Suplente Anamari Garro Vargas: Coincido con lo que la mayoría ha dispuesto en la presente sentencia y con buena parte de las rationes decidendi. No obstante, he querido suscribir esta nota porque estimo que dentro de esas rationes se incluyen instrumentos internacionales que, al no tener la categoría de tratados debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense, es inapropiado utilizarlos como parámetro para ejercer la competencia dada a esta Sala en el art. 73.d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC).

En los siguientes epígrafes desarrollaré los argumentos que dan sustento a esta afirmación. Primero haré referencia a los puntos de partida del razonamiento. Luego al plexo normativo -constitucional y legal- que rige a este órgano, lo que me permitirá señalar los aspectos que considero más relevantes. Terminaré con un sucinto colofón, en el que intentaré recoger lo esencial de mi propuesta.

I.   Elementos preliminares. Para dar un marco adecuado al análisis de la cuestión, conviene tener presentes algunos elementos básicos.

En primer término, si bien es cierto que el art. 7 de la LJC establece que “corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia”, también lo es que debe hacerlo dentro del marco que establece la Constitución y la Ley. Por eso interesa conocer cuál es ese plexo normativo, fuera del cual la labor de la Sala no encuentra fundamento alguno de legitimidad material ni formal.

En segundo lugar, en la labor jurisdiccional es del todo necesario respetar, entre otros, dos principios de singular relevancia. Por un lado, el principio de separación de poderes, que debe informar la actividad de todo Estado de Derecho que aspira a ser democrático. Tal principio lleva a distinguir entre administrar, legislar y decir el derecho -dictar justicia-. Por otro, un principio hermenéutico básico: el de interpretación sistemática, que lleva a mirar el ordenamiento y, muy particularmente la Constitución, en su conjunto y descubriendo su unidad interna. Esos dos principios deben iluminar el análisis sobre los alcances de las competencias de la Sala Constitucional y las fuentes normativas que utiliza para ejercerlas.

Finalmente, no se ha de olvidar que las disposiciones de soft law son manifestaciones tendenciales de la comunidad jurídica internacional -con frecuencia muy acertadas- sobre lo que se considera ideal reconocer o proteger. Pero esas disposiciones, por diversas razones, no se han convertido en un tratado o en un convenio. Para que estén incorporados al ordenamiento deben seguir un proceso de suscripción y ratificación que tiene un marcado talante democrático. Así, la ausencia del carácter vinculante de las normas del soft law, aunque no lo parezca a primera vista, obedece al respeto del ethos democrático que impregna la producción de normas jurídicas. Esto aconseja dar un tratamiento a los instrumentos internacionales sin obviar en cada caso la atención a su específica y diversa fuerza jurídica.

II.  Algunas consideraciones del plexo normativo que rige la Sala Constitucional. Como bien se sabe, los arts. 10 y 48 de la Constitución Política (CP) establecen funciones y competencias de la Sala. El primero se refiere tanto al ejercicio del control de constitucionalidad como al de su función de árbitro de competencias; y el segundo a la función de garante jurisdiccional de los derechos fundamentales, mediante el conocimiento de los recursos de amparo y hábeas corpus. Pero, además, la ley establece otras más. Así, el art. 1 LJC atribuye a la Sala -sin violación de la Constitución- una tarea adicional: la de medir la conformidad de una ley o una disposición general con los tratados o convenios internacionales. Esto se realiza a tenor del art. 73.d) LJC que_dice:

“Art. 73 LJC. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: (...) d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional”.

A su vez, el art. 7 CP dice que los tratados tienen un valor supralegal:

“Art. 7 CP. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.

Como puede observarse, el art. 73.d) LJC lleva a respetar el art. 7 CP. Ahora bien, por una deficiente técnica legislativa, el art. 73.d) LJC establece para ejercer esa función de controlar dicha conformidad el mismo mecanismo que se utiliza para ejercer el control de constitucionalidad. Pero, desde luego, ambas funciones son distintas. Dicho de otro modo, el art. 73 LJC prevé el mismo mecanismo -la acción de inconstitucionalidad- para objetivos y operaciones diversos: todos los incisos, menos el d), para ejercer el control de constitucionalidad; y éste para ejercer el control de conformidad de las leyes o disposiciones generales con los tratados. La discusión y la advertencia sobre dicho error de técnica legislativa quedaron reflejadas en las actas de la elaboración de la LJC (cfr. Expediente legislativo N° 10273, tomo I, folios 964-967).

Entonces, cuando en una acción de inconstitucionalidad la Sala conoce de una norma legal como el presente caso, puede ejercer dos competencias distintas, aunque sea dentro de un mismo proceso. Por un lado, ejerce el control de constitucionalidad, mediante la utilización del único parámetro constitucional (el texto de la Constitución y sus principios). Por otro, ejerce el control de conformidad de las normas legales y, en su caso, infralegales, con los tratados.

Obviamente, dentro de un solo proceso denominado acción de inconstitucionalidad podría conocer sólo de la mencionada conformidad, es decir, paradójicamente podría no ejercer el control de constitucionalidad, sino sólo velar por el respeto del art. 7 CP. En tal caso, dicho artículo no es en sentido estricto un parámetro, sino la norma que determina la exigencia de la conformidad de una ley o una disposición general con determinado tratado o convenio: de manera que no se estaría ejerciendo un control de constitucionalidad propiamente dicho.

Al medir la conformidad de las normas legales e infralegales con los tratados, no se está variando la jerarquía de éstos, sino haciéndola valer. Por eso, si tal jerarquía no ha variado, todo parece indicar que es inapropiado decir que los tratados integran el parámetro de constitucionalidad o actuar como si lo integraran. El parámetro es un punto de referencia para mesurar, calibrar, normas de rango inferior. Por eso, si por expresa disposición del art. 7 CP, los tratados internacionales son de rango supralegal, por eso mismo no pueden ser, al mismo tiempo, parámetro de constitucionalidad. Estas normas, según los arts. 7 CP y 73.d) LJC, son sólo parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales.

Para ejercer el control de constitucionalidad, como se ha dicho, el parámetro está integrado por la Constitución y sus principios. Si se pensara que los tratados integran dicho parámetro, se estaría vaciando de sentido diversas normas: el art. 10.b) CP y los arts. 73.e), 96.a) LJC que, al hablar de control de constitucionalidad de los tratados, concomitantemente, están señalando que éstos no tienen rango constitucional y por tanto no pueden ser parte del parámetro de constitucionalidad.

Para ejercer el control de conformidad, el parámetro sólo puede estar integrado por los tipos de instrumentos expresamente señalados en el art. 7 CP, a saber: tratados, convenios o concordatos, todos debidamente incorporados al ordenamiento jurídico costarricense. Si se pensara que cualquier instrumento internacional puede integrar tal parámetro, se estaría vaciando de contenido, tanto las normas antes mencionadas -el art. 10.b) CP y los arts. 73.e) y 96.a) LJC- como los arts. 105 y 121.4 CP. En efecto, no tendría sentido que el Poder Legislativo estuviese limitado por lo dicho en un tratado debidamente aprobado y la Sala, mediante su jurisprudencia, señalara que también limita al Poder Legislativo un instrumento no ratificado. Tampoco tendría sentido que una de las funciones de dicho Poder fuese aprobar los tratados y la Sala, soslayando tanto ese proceso y el principio democrático que lo informa como la competencia de origen constitucional encomendada sólo al Poder Legislativo, otorgara de hecho un carácter vinculante a un instrumento no ratificado. Tal otorgamiento lo estaría dando si utilizase ese instrumento para ejercer la competencia señalada en el art. 73.d) LJC, lo cual supondría además una contradicción pues, a tenor de ese mismo artículo, éste tiene como finalidad garantizar el respeto del art. 7 CP, que es el que establece justamente que los tratados debidamente incorporados tienen un valor superior a las leyes. Por tanto, si se utiliza un instrumento que no está incluido dentro del art. 7 CP como parámetro para ejercer la competencia dada por el art. 73.d) LJC, se estaría también violando esa misma norma constitucional y, por supuesto, también esa norma legal.

Ahora bien, el intento de utilizar instrumentos internacionales como parte integrante del parámetro de constitucionalidad puede ser el resultado de una interpretación inexacta del art. 48 CP. Ciertamente, esa norma no habla de tratados sino de “instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. Pero la norma como tal lo único que hace es proteger los derechos de carácter fundamental, establecidos en esos instrumentos, con la misma garantía jurisdiccional con la que protege los derechos constitucionales: mediante el recurso de amparo. Es decir, esa norma hace referencia a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos cuando determina el objeto protegido por dicho recurso. Pero, además, el art. 2 LJC aclara que se trata de “derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica”.

No parece que exista una relación de especialidad entre el art. 48 CP respecto del art. 7 CP (como ha afirmado esta Sala, por ejemplo, desde la sentencia No. 5759-1993), pues no regulan un mismo aspecto: uno menciona los instrumentos internacionales sobre derechos humanos para referirse al objeto del recurso de amparo; el otro alude a los tratados precisamente para definir el valor normativo de éstos. Además, si se quisiera hablar de una relación de especialidad, cabría decir que la relación es inversa: los tratados son una especie de instrumentos internacionales. Aunque, en el presente caso, ni siquiera procede establecer esa relación, porque los tratados están mencionados en el art. 7 CP sin referencia alguna a la materia sobre la que versan; en cambio, los instrumentos internacionales mencionados en el art. 48 CP son sólo los relativos a derechos humanos. Entonces, si bien los tratados son una especie de instrumentos, los tratados -en general- no son una especie de instrumentos sobre derechos humanos. Por eso tampoco cabe hacer esa relación de género-especie del art. 7 respecto del art. 48 CP.

Además, no parece correcto distinguir donde la Constitución no distingue, sobre todo cuando una norma está determinando el valor de los instrumentos normativos taxativamente mencionados. Es decir, es difícil admitir como válido que el art. 7 CP debe entenderse dirigido sólo a los tratados que no son sobre derechos humanos.

Por lo demás, no se ha de olvidar que la función de ser garante jurisdiccional de los derechos fundamentales mediante el recurso de amparo, que es a la que se refiere el art. 48 CP, es distinta de la de ejercer el control de constitucionalidad, que es a la que se refiere el art. 10 CP. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara y reiterada, y tiene evidentes consecuencias en el tema que ahora nos ocupa.

III.   Colofón. La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del art. 10 CP -el control de constitucionalidad- y de la establecida en el art. 48 CP -garantizar jurisdiccionalmente los derechos constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos-.

Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho.

Por tanto,

Se declara SIN lugar la acción. La Ley N° 8901 de 27 de diciembre de 2010 Ley de Porcentaje Mínimo de Mujeres no es inconstitucional siempre que se interprete que, los Órganos Directivos de las Asociaciones Civiles, Asociaciones Solidaristas, Asociaciones Comunales y Sindicatos, deben estar integrados respetando la paridad de género, deben estar integrados respetando la paridad de géneros, de forma progresiva y siempre que ello sea posible conforme a la libertad ideológica, el derecho de asociación y según la conformación fáctica y proporcional de cada uno de los géneros lo permita en la asociación en cuestión. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese esta resolución a la Procuraduría General de la República, a los accionantes y coadyuvantes. Comuníquese al representante del Ministerio de Trabajo. La Magistrada Garro Vargas pone una nota.—Gilbert Armijo S., Presidente.—Fernando Cruz C.—Luis Fdo. Salazar A.—Jorge Araya G.—Aracelly Pacheco S.—Alicia Salas T.—Anamari Garro V.

San José, 14 de octubre del 2014.

                                                                         Dennis Ubilla Arce,

                                                                                  Secretario

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084905).

Res. N° 2014013758.—San José, a las catorce horas treinta minutos del veinte de agosto de dos mil catorce. Exp: 12-017413-0007-CO.

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Marta Eugenia Acosta Zúñiga, mayor, casada una vez, portadora de la cédula de identidad número seis-ciento cuarenta y seis-quinientos setenta y nueve, en su condición de Contralora General de la República, según consta en el Acuerdo Legislativo N° 6496-12-13 del 22 de mayo del 2012 para el período comprendido entre el 22 de mayo de 2012 al 7 de mayo de 2020, para que se declare inconstitucional el artículo 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Resultando:

1º—Por escrito, recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:47 horas del 20 de diciembre de 2012, la accionante solicita que se declare inconstitucional el artículo 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por estimarlo contrario a los principios de igualdad, razonabilidad, uso eficiente de los fondos públicos y legalidad. La norma se impugna en cuanto establece: “Artículo 45. Auxilio de Cesantía. El auxilio de cesantía constituye un derecho real para el personal del Banco, el cual se tiene por incorporado a los respectivos contratos individuales de trabajo, para todos los efectos legales. El Banco pagara a su personal el auxilio de cesantía por los años laborados en la Institución, cuando se jubilen, pensionen, renuncien o sean despedidos con o sin responsabilidad patronal. Para el cálculo del monto correspondiente al derecho de cesantía se considerarán los salarios devengados por el trabajador o trabajadora en los últimos seis meses. En caso del tiempo laborado para el Banco antes del 1 de marzo del 2001, momento en que entré en vigencia el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), la fórmula que se empleará para el cálculo de auxilio de cesantía será de un mes por año laborado para el Banco. En el caso del tiempo laborado con posterioridad a esa fecha, el cálculo deberá observar la fórmula que contempla para esos efectos el Código de Trabajo. Dentro de los seis meses siguientes a la firma de la presente reforma convencional y de así solicitarlo el trabajador o trabajadora, el Banco acreditara mensualmente en el fondo que al efecto se constituya en la o las organizaciones sociales que señalen el Banco y SIBANPO, una suma equivalente al cinco punto treinta y tres por ciento (5.33%) del salario bruto de la persona. El 3% restante será remitido por el Banco al SICERE para que lo distribuya como corresponda. Asimismo, y de solicitarlo el trabajador o trabajadora, el Banco de acuerdo con sus posibilidades acreditara en la o las organizaciones sociales antes indicadas, el monto que por concepto de auxilio de cesantía sea en deberle el Banco por el tiempo de servicio acumulado en esta Institución. Una vez realizado el giro de las sumas indicadas en los párrafos anteriores, implica la liberación del Banco de esa obligación patronal, así como de cualquiera otra responsabilidad que resulte de una mala administración de los fondos acreditados. El Banco dictará un reglamento para regular lo concerniente al traspaso del auxilio de cesantía en los términos antes indicados, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la firma del presente instrumento”. Se cuestiona -en sentido estricto-, la existencia de una norma convencional que supera el tope o límite de por concepto de cesantía, toda vez que dicha disposición reconoce exclusivamente a los funcionarios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal un pago de cesantía por cada año de servicios en la entidad bancaria sin establecer un límite de años, lo que contradice el límite jurisprudencial señalado, y convierte en irrazonable y desproporcionada la superación -vía convención colectiva- del número de años por reconocer establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, lo cual implica un uso indebido de fondos públicos en detrimento de los servicios que prestan las entidades públicas. No se cuestiona la figura de la negociación colectiva, la extensión de los beneficios laborales establecidos vía convención colectiva y, mucho menos, hacer nugatorio o vaciar de contenido el derecho a un mejoramiento en las condiciones de empleo de los trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal a través de dicho instrumento, por el contrario lo que se impugna es la creación de un privilegio odioso, exclusivo y excluyente, que existe a favor de un grupo selecto de servidores públicos, lo anterior sin contar con una base objetiva de respaldo y en detrimento de una serie de normas y principios constitucionales, potenciando una disposición desmedida de fondos públicos. Se estima que lo más importante de dicho otorgamiento es el fundamento en razones objetivas que lo justifiquen, pues en ausencia de dichas razones, un tratamiento diferenciado deviene en discriminatorio, lo cual violenta el artículo 33 de la Constitución Política. Agrega que en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y, con ello, la sujeción de las normas jurídicas a criterios de proporcionalidad, igualdad y finalidad, así como la composición sobre las bases de legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la accionante que la norma cuestionada violenta de manera grosera los principios recién mencionados. Lo anterior por cuanto dicha norma no establece un tope de años por reconocer como parte del auxilio de cesantía, no es capaz de superar un análisis de la razonabilidad ponderativa, igualdad y finalidad, en razón de dar cuenta de un tratamiento arbitrario, desproporcionado, abiertamente discriminatorio e incapaz, por demás, de soportar un juicio de lógica y un examen básico de razonabilidad. Indica que la norma cuestionada se aparta notablemente del interés que el legislador ordinario persigue a través del auxilio de cesantía, brindando una reparación parcial al daño patrimonial causado por la finalización de la relación, ya que viene a constituir una Indemnización total a favor de los funcionarios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, lo cual, además de ir en contra de la naturaleza misma del instituto referido permite una disposición ineficiente de los fondos públicos. Agrega que la norma cuestionada propicia un uso abusivo e ineficiente de los fondos públicos, y para ello hasta advertir que, de conformidad con lo señalado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal en el oficio No. DDHO-638-2012 del 23 de octubre de 2012 canceló por concepto de auxilio de cesantía para el año, doscientos ochenta y tres millones cuatrocientos veinticinco mil treinta y ocho colones con noventa y ocho céntimos. Monto que representa, un 66% de la subpartida de prestaciones legales, y que se pagó con fondos públicos. Se considera que existe una trasgresión al principio de legalidad, por cuanto según los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, establecen que instituciones públicas como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sólo puedan actuar en el marco del ordenamiento jurídico globalmente considerado, de manera que únicamente pueden actuar dentro de lo que constitucional y legalmente les está expresamente permitido. En ese sentido, la norma cuestionada no encuentra asidero dentro de ese marco normativo constitucional y legal compuesto por normas escritas y no escritas, el cual incluye principios cardinales que rigen el accionar de las Administraciones Públicas. Se aduce que los recursos que financian y patrocinan el pago del auxilio de cesantía en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, son fondos que pertenecen a la Hacienda Pública en los términos de los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Solicita se declare con lugar la acción.

2º—La legitimación de la accionante proviene del párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto, en su condición de Contralora General de la República tiene legitimación directa para interponer acción de inconstitucionalidad en asuntos de su competencia, como son los relativos al uso y disposición de fondos públicos.

3º—Por resolución de las 15:45 horas de 11 de febrero de 2013, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

4º—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los edictos respectivos fueron publicados en los números 44, 45 y 46 del Boletín Judicial, de los días 04, 05 y 06 de marzo de 2012.

5º—Por escrito, recibido en la Secretaría de la Sala el 19 de febrero de 2013, la Procuraduría General de la República rindió su informe. Señala que: Sobre el Objeto y Motivos de la Acción. La Contraloría General de la República impugna el artículo 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comuna, el cual, en lo que interesa, dispone lo siguiente: “Artículo 45. Auxilio de Cesantía. El auxilio de cesantía constituye un derecho real para el personal del Banco, el cual se tiene por incorporado a los respectivos contratos individuales de trabajo, para todos los efectos legales. El Banco pagará a su personal el auxilio de cesantía por los años labora en la Institución, cuando se jubilen, pensiones, renuncien o sea despedidos con o sin responsabilidad patronal (...)” Para la Contralora General de la República la norma impugnada, en primer término, excede el límite de 20 años del tope de cesantía, establecido por la Sala como parámetro razonable en el sector público y convierte en irrazonable y desproporcionada la superación -vía convención colectiva- del número de años por reconocer, por concepto de auxilio de cesantía, conforme al artículo 29 del Código de Trabajo. En segundo lugar, estima que la norma impugnada, además de desnaturalizar el instituto de la cesantía, porque éste sólo debe ser reconocido a los trabajadores despedidos sin justa causa (Art. 63 constitucional), no cuenta con justificación objetiva que la fundamente, por lo que constituye un privilegio odioso, exclusivo y excluyente que, por demás, infringe el principio de igualdad ante la ley (Art. 33 constitucional). Y, en tercer lugar, alega que la norma impugnada lesiona los principios constitucionales de legalidad en la gestión financiera, uso eficiente de los fondos públicos, prevalencia del interés público, razonabilidad y proporcionalidad. Sobre La Admisibilidad y Legitimación del Accionante. El párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la legitimación directa para el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes, para interponer acciones de inconstitucionalidad. De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estos altos funcionarios están exceptuados de demostrar la existencia de un asunto pendiente de resolver en la vía judicial o administrativa, en la que la acción resulte medio razonable para amparar el derecho o interés que se estima lesionado. No obstante, dicha facultad de interponer en forma directa acciones de inconstitucionalidad no es irrestricta, pues según lo ha interpretado la propia Sala, al momento de formular por la vía directa una acción de inconstitucionalidad, cualquiera de los titulares de dichos altos cargos debe estar desenvolviéndose en el ámbito propio de las competencias que le son propias y sólo en esa medida, cada uno de ellos dispondría de la legitimación necesaria para formular la acción correspondiente. Consecuentemente, dada la legitimación de la Contralora General de la República, con respecto a un ámbito material propio de sus competencias -control, fiscalización y protección (buen uso) de la Hacienda Pública, estimamos que lo procedente es el conocimiento del presente asunto y dictar la sentencia que corresponda en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada (Véase al respecto, entre otras, la resolución N° 2012-003267 de las 16:01 hrs. del 7 de marzo de 2012, de esa Sala). Sobre la regulación del tope de auxilio de cesantía en el sector público. Lejos de importar en este caso la presunta vulneración del derecho a la igualdad en la ley, que de acreditarse en esta sede, colocaría a todos los funcionarios de la Administración central y descentralizada del Estado en idéntica posición de reclamar para sí un monto igual y uniforme en años por concepto de cesantía, interesa referirse al tema de la “mesurabilidad” o “razonabilidad” constitucional de las potestades administrativas en el otorgamiento de beneficios laborales en el empleo público, y en concreto, del tope convencional de cesantía establecido por la Sala como parámetro razonable en el sector público. Ciertamente el otorgamiento de esta clase de beneficios económicos constituye un beneficio laboral del cual el servidor público puede gozar al finalizar su relación de empleo con la Administración. No obstante, desde la perspectiva de la Administración Pública, aun cuando su reconocimiento se sustenta en una potestad administrativa de contenido discrecional, lo cierto es que, en este y otros casos similares, deben valorarse tanto los motivos en que se fundamenta el ejercicio de aquella potestad, como los efectos que la misma produce en la gestión administrativa y financiera interna de las dependencias públicas, y por el otro, las condiciones mismas del funcionario de que se trate. Es lo que podríamos denominar como “principio de mesurabilidad de las potestades administrativas”; todo con estricto apego a disposiciones normativas de orden superior, derivadas incluso de la propia jurisprudencia constitucional, como fuente formal no escrita del ordenamiento, por demás vinculante en la materia (Art. 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Como reglas jurídicas de aplicación general, en la jurisprudencia de la Sala se ha insistido en lo siguiente de interés: a) El otorgamiento de beneficios laborales, en general, debe darse con base en fundamentos razonables - debe cumplir con las exigencias de legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad-; esto es, que atienda a circunstancias particulares y objetivas que los justifiquen, sea en función y por la naturaleza del cargo (porque las funciones implican determinadas calificaciones profesionales o habilidades de quienes lo desempeñan; para compensar un riesgo material -labores físicamente peligrosas- o un riesgo de carácter legal -labores susceptibles de generar responsabilidad civil-) o bien para incentivar su permanencia o eficiencia en el servicio, por ejemplo (resoluciones No. 2006-007261 de las 14:45 horas de 23 de mayo de 2006, 2006¬014641 de las 14:42 horas de 4 de octubre de 2006 y 2006-17438 de las 19:36 horas de 29 de noviembre de 2006); así un beneficio se convierte en privilegio cuando no encuentra una justificación razonable que lo ampare (No. 2006-006347 de las 16:58 horas de 10 de mayo de 2006). b) La gestión de fondos públicos debe sujetarse a los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo que impone una prohibición de derrochar o administrar tales recursos como si se tratase de fondos privados, pues no existe discrecionalidad total de las Administraciones Públicas para crear fuentes de gasto (resolución No. 2006-006347 op. cit., 06728-2006 de las 14:43 horas de 17 de mayo de 2006 y 2012-003267 de las 16:01 horas de 07 de marzo de 2012). c) Cualquier gasto que, la Administración Pública, pretenda realizar en razón de aquel beneficio laboral, debe ser capaz de satisfacer un interés público o bien implicar una actividad de beneficio para la institución (resoluciones No. 2006014641 y 2006-17438 op. cit.), y consecuentemente, para los usuarios de esos servicios (resolución No. 2006-17593 de las 15:00 horas de 06 de diciembre de 2006). d) Si el beneficio laboral se traduce en una ventaja económica por reconocimiento de una conducta personal del servidor (incentivo), dicha conducta, desde el punto de vista de la eficiencia, debe superar el debido cumplimiento de las prestaciones de trabajo; es decir, debe guardar relación con una mayor y mejor prestación del servicio, sino podría constituirse en un privilegio infundado (resoluciones N° 06728-2006, 2006014641 y 2006-17438 op. cit.). No basta, entonces, con que las Administraciones Públicas (Art. 1 de la LGAP) -incluido entre ellas el Banco Popular, al ser conceptualizado como un ente de Derecho Público no estatal que pertenece al Sistema Bancario Nacional (Art. 2 de la Ley N° 4351), cuyo financiamiento deriva, fundamentalmente, del establecimiento de contribuciones parafiscales afectas al cumplimiento de fines públicos-, por medio de la negociación colectiva, tengan competencia para autorregular bilateralmente las condiciones o relaciones de empleo por el acuerdo de las partes -representantes de la Administración y del personal, en virtud de su autonomía colectiva, sino que, además de optar por crear convencionalmente un beneficio como el que nos ocupa, debe hacerlo atendiendo expresamente los principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Administrativo a los que se ha hecho referencia; marco jurídico en cuyo seno la decisión administrativa debe inexorablemente producirse, pues de lo contrario aquel beneficio laboral se constituye un privilegio irrazonable. Así, las disposiciones normativas de las convenciones colectivas de trabajo, deben ajustarse a las normas legales laborales existentes, las que pueden superar cuando se trata de conceder beneficios a los trabajadores, siempre y cuando no se afecten o deroguen disposiciones de carácter imperativo y en el tanto no entren en contradicción con normas, valores y principios de rango constitucional; con lo que se quiere decir que las convenciones colectivas de trabajo, quedan sujetas y limitadas por normas de orden público (entre otras muchas, la resolución No. 2007-018485 de las 18:02 horas de 19 de diciembre de 2007, Sala Constitucional) y su fuerza de ley le está conferida en el tanto se haya acordado de forma válida con arreglo al ordenamiento jurídico (entre otras, las resoluciones No. 2010-000783 de las 15:21 horas de 03 de junio de 2010, y 2011-000566 de las 09:35 horas de 20 de julio de 2011, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Ahora bien, en el caso específico del auxilio de cesantía, interesa tener en cuenta las siguientes premisas normativas, derivadas de la jurisprudencia constitucional - fuenteno escrita vinculante (Art. 7° de la LGAP y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-, con las que puede determinarse la razonabilidad constitucional o no de la normativa convencional impugnada. Comenzando por señalar que, el auxilio de cesantía es un instituto que se incorporó a la legislación desde agosto de 1943, con la promulgación del Código de Trabajo, y desde esa misma época se le otorgó rango constitucional, en el artículo 63, según el cual: “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación”. Como es obvio, el constituyente se limitó a establecer el derecho del trabajador a percibir esa indemnización cuando hubiese sido despedido sin justa causa, pero no estableció la forma, ni los lineamientos específicos para el pago de esa indemnización; es decir, no definió la manera de calcular el quantum que se debe otorgar por ese concepto; en dicho contexto el legislador ordinario es el primero, llamado a regular las condiciones y limitaciones bajo las cuales se cancela esa indemnización, de acuerdo con la política que sobre el tema se mantenga en un determinado momento socioeconómico, pero debe respetar siempre el marco constitucional establecido en el artículo 63 de nuestra Carta Magna; según el cual y, en lo que interesa a la presente acción, el pago del auxilio de cesantía sólo procede ante un despido injustificado por los perjuicios que ocasiona la ruptura del contrato de trabajo sin motivo imputable al trabajador; contrario sensu, cuando el despido es con justa causa, sea al amparo de las causas previstas en la ley, no procede el pago de la referida indemnización, así como tampoco cuando la terminación del vínculo obedezca a un acto unilateral y voluntario del trabajador, como lo es la renuncia, pues no existe justificación o causa válida que así lo legitime (resoluciones No. 2006-17437 de las 19:35 horas de 29 de noviembre de 2006, 2006-017743 de las 14:33 horas de 11 de diciembre de 2006 y 2008-001002 de las 14:55 horas del 23 de enero de 2008, Sala Constitucional). Es así como el artículo 29 del Código de Trabajo contiene una serie de lineamientos que regulan el otorgamiento de esa indemnización, sólo en casos de despidos sin justa causa. Y, si bien dicho numeral ha sido objeto de varios cambios, especialmente referidos a los porcentajes salariales a recibir por cada año laborado (Art. 88 de la Ley de Protección al Trabajador), lo cierto es que mantiene un aparente tope de ocho años como límite indemnizatorio, que ha sido interpretado en nuestro medio como un mínimo legal superable o mejorable en beneficio del trabajador; permitiéndose entonces en el sector privado la existencia de un tope mayor e incluso una indemnización sin límite de años del auxilio de cesantía, si el contrato laboral así lo establece o si se han implementado mecanismos de traslado o pago anticipado de ese rubro. No obstante, en el sector público, si bien se ha admitido que el tope de cesantía puede superarse cuando haya normas específicas y especiales -que pueden ser convenciones colectivas o reglamentos autónomos de servicio- “que inexorablemente deban aplicarse hasta tanto no sean derogadas, modificadas o declaradas ilegales o incluso inconstitucionales” (0J-116-2005 del 8 de agosto de 2005), la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional ha indicado que aún cuando un tope mayor al de 8 años no es inconstitucional, sí lo es aquel fijado por vía convencional cuando supere los 20 años (Resoluciones No. 2006-06727 de las 14:42 horas de 17 de mayo de 2006, 2006-17437 op. cit., 2006-17439 de las 19:37 horas de 29 de noviembre de 2006, 2006-17593 de las 15:00 horas de 6 de diciembre de 2006, 2008-001002 op. cit. y 2011-006351 de las 14:35 horas de 18 de mayo de 2011, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Así que el establecimiento o no de un tope al derecho de cesantía, sea a través de norma reglamentaria o convencional al seno de las Administraciones  públicas, debe respetar inexorablemente la norma no escrita (Art. 7° de la LGAP y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) que se deriva de la jurisprudencia constitucional, según la cual, en el sector público el tope de cesantía no puede superar los 20 años; pudiendo, en consecuencia, ser menor a aquél tope. Es claro, con esta perspectiva, que en este caso el otorgamiento de un beneficio económico laboral por concepto de cesantía sin límite de años y en supuestos no establecidos por normas de rango normativo superior (Art. 63 constitucional y 29 del Código de Trabajo), está totalmente desprovisto de una justificación objetiva y razonable; es decir, no cuenta con una motivación racional adecuada, lo cual conlleva un uso indebido de fondos públicos, en detrimento de los servicios públicos que presta la corporación municipal, tal y como lo ha sostenido la Sala en casos similares. Y por ende, la presente acción debe declararse con lugar. Conclusión. Por exceder el parámetro que ese Tribunal ha considerado constitucionalmente razonable, en su jurisprudencia, para establecer como tope por concepto de cesantía en el sector público (veinte años), es criterio de este Órgano Asesor que la presente acción de inconstitucionalidad, interpuesta contra el artículo 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popu lar y de Desarrollo Comunal, debe ser declarada con lugar. Deben suprimirse entonces del párrafo segundo las frases: “por los años laborados en la Institución” ,”renuncien” y “sean despedidos sin responsabilidad patronal”,de esa norma convencional; entendiéndose que la indemnización por aquel concepto no podrá exceder de 20 años de servicio, ni darse en supuestos distintos a los previstos por el ordinal 63 constitucional.

6º—Por escrito, recibido en la Secretaría de la Sala el 06 de marzo de 2013, el señor Armando Rojas Chinchilla, en su condición de Apoderado General Judicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal rindió su informe. Señala que los empleados del Banco Popular se rigen por el derecho laboral privado. La relación de empleo del banco está ampliamente desarrollada en las resoluciones, tanto de la Sala Segunda, con el voto No. 1064-2008 de las 09:35 horas de 2008, como de la Sala Primera, en sentencia No. 000257-C-S-1-2011 de las 14:45 horas de 10 de marzo de 2011, así como en la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la sentencia No. 2011-007289 de las 10:00 horas de 03 de junio de 2011, donde la Sala Primera expresó que: “el régimen jurídico aplicable en su relación jurídica no es de derecho público sino de derecho laboral común, en atención al régimen jurídico ambivalente de la entidad bancaria mencionada que, como ente público no estatal, mantiene el régimen laboral de sus empleados, bajo las reglas comunes del Código de la materia. “Recientes resoluciones de la Sala Constitucional, como la No. 2012-003700 de las 09:05 horas de 16 de marzo de 2012 y No. 2012-017838 de las 09:30 horas de 14 de diciembre de 2012, mantienen la jurisprudencia de la Sala Primera y de la Sala Segunda, así como la propia jurisprudencia constitucional, en orden a la relación de empleo de los trabajadores del Banco Popular, la cual es de naturaleza laboral privada, pues no se trata de una relación de empleo público o estatutaria. En la última resolución citada, la Sala Constitucional consideró, en lo conducente, que: “... el procedimiento administrativo previo al traslado de un funcionario, se aplica únicamente para los servidores públicos, investidura que no poseen los trabajadores del Banco Popular...”El Banco Popular es un ente público no estatal, integrante del Sistema Bancario Nacional, en el cual participan todos los bancos autorizados en Costa Rica para realizar intermediación financiera, sus trabajadores ejercen gestión común, y los salarios que se pagan son competitivos dentro del mercado financiero bancario nacional. Pero, además, está la propia definición legal del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como un banco propiedad de los trabajadores; estos son sus copropietarios. Esa cualidad de los trabajadores deriva del hecho de que se deben obligatoriamente ahorrar en el banco. Como ahorrantes, participan en las utilidades del Banco de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica. Para tal efecto, su ahorro y los intereses se registran en cuentas personales, que son propiedad de cada trabajador, artículo 8 LOBPDC. Dentro de dicho concepto, es claro que la firma de una Convención Colectiva, que tiene un rompimiento de un tope de cesantía, se ha hecho en apego al principio de legalidad, y no en la forma en que lo supone la Contraloría General de la República, pues la negociación colectiva no le está vedada. Los trabajadores del Banco no están en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores de los bancos públicos pues les está vedado, por interpretación de la Procuraduría General de la República en su criterio C-180-2007, el fondo de retiro (de garantía y jubilaciones) que se regula en el numeral 55 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, por lo que la existencia de la norma impugnada no violenta el numeral 33 de la Constitución Política. El banco ni siquiera puede optar por un fondo de aportaciones al retiro de los trabajadores, pues el artículo 19 de la Ley de Protección al Trabajador lo impide. La única norma que hoy tienen los trabajadores al momento de su jubilación o de su retiro de la entidad -que solventa, en parte, la carencia de otros beneficios que tienen los bancos del Estado -es el rompimiento del tope de cesantía. La norma que se cuestiona encuentra pleno sentido dentro del ordenamiento jurídico general, pues el Banco Popular no paga la cesantía con fondos provenientes de la Hacienda Pública, ello es un error de interpretación de la Contraloría General de la República. Al ser una entidad pública no estatal, el destino de los fondos públicos que el banco administra en su intermediación bancaria se circunscriben al aporte patronal definido en la Ley No. 4351 de 11 de julio de 1969, en sus artículos 5 y 6, los cuales no son el total de fondos que la entidad capta, de ahí que la posibilidad de negociar colectivamente en beneficio de sus trabajadores sea un derecho que se ha materializado en el tiempo. El tema cobra relevancia, pues es el propio legislador quien dispuso que el banco, si bien es parte deja Administración Pública, no cuenta con el aval estatal en sus operaciones. Ni siquiera el Estado puede tener cuanta corriente o de ahorro en la entidad, ya que los artículos 60 y 118 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional lo impiden. El artículo 8 de la Ley 0rgánica de la Contraloría General de la República realiza una definición de la Hacienda Pública. Sobre la naturaleza de empleo y la naturaleza jurídica del Banco Popular, así como la legalidad de los acuerdos convencionales, la Procuraduría General de la República se ha pronunciado en su criterio C-160-2012, el cual cita, así como el C-247-2005. En cuanto a la naturaleza de las cláusulas convencionales. Las cláusulas convencionales se clasifican, básicamente, en cláusulas normativas y cláusulas obligacionales, siguiendo la doctrina alemana, que introdujo esa distinción desde principios del siglo XX. De acuerdo con ella, la parte normativa del convenio colectivo “es la suma de reglas que determinan o afectan directamente, según la voluntad de las partes convencionales, al contenido, celebración y extinción de las relaciones privadas de trabajo, dependiente, así como regulan cuestiones de la empresa, de su organización social o cuestiones que tienen por objeto instituciones conjuntas de las partes del convenio”; mientras que la parte obligacional del convenio colectivo lo conforman “las disposiciones que crean derechos y deberes laborales entre las partes del convenio. “Esta distinción ha sido también adoptada por su jurisprudencia administrativa (Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo) y judicial (Salas Segunda y Cuarta de la Corte Suprema de Justicia). En efecto, aludiendo a lo que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo denomina como doctrina y jurisprudencia mayoritaria, administrativamente se indica que las convenciones colectivas de trabajo tienen un doble contenido clausular: las cláusulas normativas y las obligacionales. Son de primera clase las que tienen por destinatarios a los contratos de trabajo, de modo que “se incorporan a ellos como una cláusula más; y, por tanto, los beneficiarios son los trabajadores de la empresa o establecimiento donde rige la convención colectiva”; mientras las segundas “tienen por destinatarios a los firmantes del pacto.” Por su parte, los Tribunales de Justicia, comenzando por la propia Sala Constitucional, también han aplicado esta diferenciación en el contenido de las cláusulas de un convenio colectivo de trabajo. Para esta Sala, las cláusulas normativas son las que regulan la interacción que surge con motivo de la prestación del servicio del trabajador y el pago de los salarios o remuneraciones por el patrono; mientras que las cláusulas obligacionales son las que crean derechos y obligaciones entre las partes. En ese mismo sentido, puede consultarse la doctrina de la Sala Segunda, al indicar que, acertadamente, la doctrina más generalizada distingue el contenido de las convenciones colectivas en 2 tipos de cláusulas: las normativas y las obligacionales. Las primeras se relacionan con todo acuerdo que ocurra en las relaciones individuales de trabajo y, las segundas, son las que crean derechos y deberes entre las partes que suscriben el convenio, es decir, entre sindicato y patrono, de forma que no puede afirmarse que se integren directamente a cada uno de los contratos individuales. Adicionalmente, dentro de las cláusulas obligacionales se encuentran aquellas que delimitan lo que se denomina como deberes propios y deberes de influencia. En cuanto a los primeros, “son los que incumben de antemano a las partes mismas del convenio, sin referencia a tercero y sólo por ellas pueden y deben ejecutarse,” por lo que están, por sí mismas, obligadas a tomar las medidas que se estimen necesarias para cumplir con la ejecución de sus deberes; mientras que los segundos “son, al contrario, los que han de realizarse por medio de influencia en sus miembros, para que lleven a cabo una conducta conforme a convenio,” por lo que den de adoptarse los mecanismos que permitan estatutariamente influir en la conducta de sus miembros. La norma que se cuestiona es de carácter normativo lo cual, al tenor de la más acreditada doctrina y jurisprudencia laboral, no puede ser susceptible de ser revidada o eventualmente, anulada bajo argumentos de proporcionalidad igualdad, pues sólo sería posible su anulación por defectos de forma o incumplimiento de los mínimos legales laborales que tienen protección constitucional, y es evidente que la norma cuestionada no afecta algún mínimo legal. El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado en contra de la anulación de normas convencionales. En la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente 07-006431-0007-C0, y que fue resuelta con voto No. 2007-14996, el Ministerio de Trabajo, en orden a la convención colectiva de trabajo del Banco Popular, cita la Convención No. 98 de la Organización Internacional del Trabajo y menciona que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT señaló la improcedencia de anular cláusulas de una convención colectiva negociada, so pretexto de invocar criterio de igualdad, proporcionalidad y racionalidad. Dicha Comisión insistió en que, sólo por defectos de forma o incumplimiento de mínimos legales, incluidas las normas constitucionales, podrían anularse las cláusulas convencionales y ha destacado que, de permitirse esas conductas en forma indiscriminada, ello podría producir efectos perjudiciales en el grado de confianza de la negociación colectiva como medio de resolución de conflictos y dar lugar a una desvalorización de la autonomía de las partes y del instrumento de la convención colectiva misma. La posición del Ministerio de Trabajo ha sido de aceptación para algunos de los señores magistrados de la Sala Constitucional, todo lo cual se evidencia en la acción de inconstitucionalidad que se tramitó contra varios artículos de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular, en expediente No. 04-000777-0007-C0 donde los magistrados Virginia Calzada y Gilberth Armijo salvaron su voto y rechazaron de plano la acción por ser su objeto una Convención Colectiva. Lo anterior, por considerar éstos que la negociación colectiva representa un elemento básico en el contenido de la libertad sindical, lo cual se expresa en el artículo 62 de la Constitución Política dentro del capítulo de derechos y garantías sociales. El magistrado Ernesto Jinesta también salvó su voto, pero por motivos distintos, fundamentados en lo contenido en las convenciones de la OIT. Citan los votos salvados de la resolución No. 2006-17438 de las 19:36 horas de 29 de noviembre de 2006. De haber prosperado la posición de los 3 magistrados que salvaron su voto, se hubiere evitado una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en contra del país pues, como se sabe y como lo reseñó el Ministerio de Trabajo, ya en el pasado se han atendido quejas establecidas en contra del país ante dicho organismo internacional, quien le ha atribuido el no cumplir con los convenios internacionales en protección de la libertad sindical y la negociación colectiva. El procedimiento de control general del cumplimiento de las normas laborales que realiza la Organización Internacional del Trabajo se encuentra dividido entre reclamaciones (Art. 24 y 25 de Constitución de la OIT) y quejas (Art. 26 de Constitución de la OIT). La queja se inicia con la presentación de un escrito que, alguno de los delegados a la Conferencia Internacional del Trabajo, presenta contra un Estado que no haya adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ha ratificado. El procedimiento especial de queja es utilizado, casi siempre, por las organizaciones de trabajadores y sólo hay un caso en el que ha sido impulsado por una organización de empleadores para solicitar el respeto de sus derechos colectivos. La Administración del Banco, desde hace 40 años, ha considerado razonable el rompimiento del tope de cesantía a través de la Convención Colectiva de Trabajo, pues hoy en día existen leyes que rompen con el tope que establece el Código de Trabajo, del cálculo de los últimos 8 años, como lo es la Ley de Asociaciones Solidaristas, en cuyo caso el tope de 8 años es inexistente. Debe tenerse presente que el ejercicio del derecho de libertad sindical es suficientemente tutelado en el derecho interno, integrando al mismo las normas internacionales del trabajo, tanto derivadas de la Organización de Naciones Unidas como de la misma Organización Internacional del Trabajo, por lo que el banco comparte la argumentación expuesta, en su oportunidad, por el Ministerio de Trabajo, y advierte sobre la inconveniencia de anular cláusulas convencionales que fueron debidamente negociadas con los trabajadores, por las graves consecuencias que de ello podría derivarle al país. En ese sentido, resaltan la resolución No. 2009¬000285 de las 09:05 horas de 03 de abril de 2009 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en lo que se refiere al derecho fundamental a la libertad sindical. Pueden consultarse también las sentencias de esta Sala No. 4 de las 09:00 horas de 09 de enero de 1998, No. 42 de las 10:50 horas de 11 de febrero de 1998, No. 983 de las 10:20 horas de 07 de diciembre de 2000, No. 177 de las 09:30 horas de 22 de marzo, No. 226 de las 10:00 horas de 25 de abril, No. 412 de las 10:20 horas de 27 de julio, No. 668 de las 09:30 horas de 09 de noviembre. Que se trata de una entidad que no está cubierta por la Autoridad Presupuestaria, en cuyo caso los fondos públicos que administra tienen un fin específico, que no están asociados al pago de los salarios y de las provisiones por cesantía pues, como se ha señalado, ya existe legislación que rompe con el tope de los 8 años, de ahí que se encuadra dentro del marco de legalidad el rompimiento del tope de cesantía a los trabajadores del Banco pues, es claro que los fondos se administran en forma eficiente, todo lo cual se refleja en las utilidades que genera la entidad para el cumplimiento de su fin público. Es por todo lo dicho que la Administración del banco no aprecia elementos financieros o de legalidad que permitan suponer la anulación del artículo convencional cuestionado pues, tal como se ha expuesto, la cesantía en el Banco Popular se elevó al nivel de un derecho real, el cual se encuentra incorporado a los contratos individuales de trabajo y, es evidente que, la igualdad que se pretende utilizar para motivar la acción, es carente de sustento, pues los trabajadores del no están en las mismas condiciones que los del resto del sistema bancario público, que tienen un fondo de jubilaciones. 

7º—Mediante resolución de las 10:48 horas de 05 de abril de 2013, se tuvieron por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

8º—Por resolución de las 10:48 horas de 05 de abril de 2013, se tuvieron por admitidas las coadyuvancias de Carlos Manuel Vega Bolaños, Lucía Ruíz Segura (ambos como representantes de UNPROBANPO), Ricardo Meléndez Marín, Mauro Contreras Solera (como representante de SIBANPO), Carlos Manuel Vega Bolaños, Ronald Ramírez Bolaños, Luis Diego Jara Hernández, Lidiette Mendieta Alguerra (ambos representantes de ASEBANPO), Ileana Conejo Valverde, Carmen Marín Valverde, Rebeca Canet Bejarano, José Manuel García Cordero, Orlando Rodríguez Arlet, Hedí Guzmán Moreno, y los gestionantes cuyos nombres constan en las páginas que van del folio 07 al 14 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 08:34 horas del 7 de marzo del 2013; en las páginas que van del folio 42 al 43 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 10:40 horas del 25 de marzo del 2013; en el folio 3 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 10:48 horas del 25 de marzo del 2013; en las páginas que van del folio 7 al 8 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 11:54horas del 25 de marzo del 2013; en las páginas que van del folio 7 al 8 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 13:34horas del 25 de marzo del 2013; en las páginas que van del folio 8 al 12 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 15:44horas del 25 de marzo del 2013; en las páginas que van del folio 7 y del 9 al 12 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 09:17 horas del 3 de abril del 2013, en las páginas que van del folio 7 al 9 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 09:21 horas del 3 de abril del 2013; en las páginas que van del folio 07 al 13 de escrito asociado al Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales a las 09:23 horas del 3 de abril del 2013, quienes se apersonaron dentro del plazo de ley para presentar la representación jurídica prevenida en resolución de las 15:45 horas de 11 de febrero de 2013. Solicitan se les tenga como coadyuvantes pasivos, por estimar que, en su condición de funcionarios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de las diversas agrupaciones que representan, tanto los gestionantes, representantes de estas agremiaciones, tienen interés legítimo en lo que aquí se resuelve. En consecuencia, siendo que la primera publicación del aviso se dio el cuatro de marzo del 2013, lo procedente es tenerlos como coadyuvantes dentro de este asunto.

9º—Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.

10.—En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.—Admisibilidad y legitimación. En el caso en concreto la legitimación a la accionante proviene de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto en su condición de Contralora General de la República tiene legitimación directa para interponer acción de inconstitucionalidad en asuntos de su competencia, tal como es el caso de los relativos al uso y disposición de fondos públicos. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido conteste en indicar que las instituciones señaladas por la Ley de la Jurisdicción Constitucional (además de la accionante, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes) deben perseguir fines compatibles con su respectiva organización para interponer acciones de inconstitucionalidad, es decir, actuar dentro del ámbito legítimo de sus competencias. En este sentido, la Contralora General de la República interpone la acción de inconstitucionalidad como un medio para controlar, fiscalizar y proteger la Hacienda Pública, por lo que la acción resulta admisible.

II.—Objeto de la impugnación. La accionante impugna el artículo 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el cual establece:

“Artículo 45.—Auxilio de Cesantía. El auxilio de cesantía constituye un derecho real para el personal del Banco, el cual se tiene por incorporado a los respectivos contratos individuales de trabajo, para todos los efectos legales. El Banco pagará a su personal el auxilio de cesantía por los años laborados en la Institución, cuando se jubilen, pensionen, renuncien o sean despedidos con o sin responsabilidad patronal. Para el cálculo del monto correspondiente al derecho de cesantía se considerarán los salarios devengados por el trabajador o trabajadora en los últimos seis meses. En caso del tiempo laborado para el Banco antes del 1 de marzo del 2001, momento en que entré en vigencia el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), la fórmula que se empleará para el cálculo de auxilio de cesantía será de un mes por año laborado para el Banco. En el caso del tiempo laborado con posterioridad a esa fecha, el cálculo deberá observar la fórmula que contempla para esos efectos el Código de Trabajo. Dentro de los seis meses siguientes a la firma de la presente reforma convencional y de así solicitarlo el trabajador o trabajadora, el Banco acreditara mensualmente en el fondo que al efecto se constituya en la o las organizaciones sociales que señalen el Banco y SIBANPO, una suma equivalente al cinco punto treinta y tres por ciento (5.33%) del salario bruto de la persona. El 3% restante será remitido por el Banco al SICERE para que lo distribuya como corresponda. Asimismo, y de solicitarlo el trabajador o trabajadora, el Banco de acuerdo con sus posibilidades acreditara en la o las organizaciones sociales antes indicadas, el monto que por concepto de auxilio de cesantía sea en deberle el Banco por el tiempo de servicio acumulado en esta Institución. Una vez realizado el giro de las sumas indicadas en los párrafos anteriores, implica la liberación del Banco de esa obligación patronal, así como de cualquiera otra responsabilidad que resulte de una mala administración de los fondos acreditados. El Banco dictará un reglamento para regular lo concerniente al traspaso del auxilio de cesantía en los términos antes indicados, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la firma del presente instrumento”. (Lo subrayado no corresponde al original).

Indica la accionante que la norma impugnada reconoce exclusivamente a los funcionarios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal un pago de cesantía por cada año de servicios en la entidad bancaria sin establecer un límite de años, lo que contraviene el límite de 20 años reconocido por la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia y crea una desigualdad en relación con el resto de los funcionarios del sector público. Lo anterior, constituye un uso no apropiado de los fondos públicos y vulnera los artículos 33 y 62 de la Constitución Política, así como los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.

III.—Sobre la naturaleza jurídica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. De previo a analizar los alegatos concretos de la accionante cabe hacer referencia a la naturaleza jurídica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Al respecto, la Ley Orgánica del Banco Popular Orgánica, Ley N° 4351 de 11 de julio de1969 y sus reformas, establece en su artículo 2 que se trata de una institución de derecho público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y funcional. Su funcionamiento se rige por las normas del derecho público y su objetivo fundamental es dar protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito. En este sentido, en la sentencia número 2012-9214 de las 14:30 horas del 17 de julio del 2012, dispuso en lo que interesa: El Banco, como lo define su Ley de Creación, es un ente público no estatal. (Ver en igual sentido, la sentencia número 1276-96 de las 12:06 horas del 15 de marzo de 1996). Así las cosas, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se encuentra sometido al derecho público en el ejercicio de sus facultades de imperio y al derecho privado en el ejercicio de las actividades de comercialización. Por lo anterior, los argumentos de las autoridades del Banco Popular y de los coadyuvantes en el sentido que la relación laboral que existe entre los trabajadores y el Banco se rigen exclusivamente por el derecho privado deben ser desestimados.

IV.—Antecedentes jurisprudenciales. Sobre las convenciones colectivas y el tope máximo de cesantía. Ha venido siendo reiterada la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que las disposiciones de las Convenciones Colectivas de Trabajo en el sector público son objeto de control de constitucionalidad. Claramente se ha establecido que este tipo de instrumentos se encuentran subordinados a las normas y principios constitucionales. Es por lo anterior que, pese al reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva y a su desarrollo en diversos instrumentos internacionales (Convenios de la Organización Internacional del Trabajo números 87, 98, 135 y 151, este último no aprobado aún por la Asamblea Legislativa), no existen, en el ordenamiento costarricense, zonas de “inmunidad constitucional”, es decir, actuaciones públicas que escapen al sometimiento al principio de regularidad constitucional. En sentencia número 2001-08239, la Sala Constitucional determinó que incluso los actos de Gobierno están sujetos al Derecho de la Constitución y por ende son susceptibles de control de constitucionalidad. De manera que incluso las cláusulas de una convención colectiva suscrita por una administración o empresa pública y sus trabajadores está enteramente sometida a las normas y principios que conforman el parámetro de constitucionalidad. En adición a lo anterior, por tratarse de decisiones que acarrean consecuencias financieras a cargo de la Hacienda Pública, es claro que cláusulas como las ahora impugnadas pueden ser objeto de revisión no apenas respecto del cumplimiento de los procedimientos para su creación, sino incluso en relación con su adaptación a las normas y principios constitucionales de fondo. Las obligaciones contraídas por las instituciones públicas y sus empleados pueden ser objeto de un análisis de razonabilidad, economía y eficiencia, sea para evitar que a través de una convención colectiva sean limitados o lesionados derechos de los propios trabajadores, sea para evitar que se haga un uso abusivo de fondos públicos. Ahora bien, propiamente sobre el tope de cesantía en las cláusulas de las convenciones colectivas, esta Sala ha aceptado la existencia de topes mayores fijados a través de convenciones colectivas, partiendo del hecho de que el Código de Trabajo establece reglas mínimas que pueden ser superadas siempre y cuando se haga dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Es por esta razón, que la Sala ha avalado la existencia de topes de cesantía mayores de los ocho años pero inferiores a los veinte años (ver sentencia 2006-06730 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil seis), por estimar que no existe inconstitucionalidad alguna en los casos en que sí existe un límite o “techo” razonable.

V.—Sobre el alegato de la inconstitucionalidad del 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Tomando en cuenta lo establecido en los considerandos anteriores, sobre que el Banco Popular es un ente público no estatal sujeto también a las normas de derecho público y sobre el tope máximo a la cesantía que debe existir para evitar el uso indebido de fondos públicos, se procede al examen de la norma cuestionada. Según se observa, la accionante lleva razón, y el artículo 45 de la IV Convención Colectiva del Banco Popular, autoriza un pago sin límite del derecho de cesantía, lo cual excede el parámetro señalado -de 20 años- que ha sido considerado como un tope máximo razonable por parte de este Tribunal. Por ello, ante tal ausencia de límite, esta Sala opta por realizar una interpretación conforme de tal norma, a efecto de evitar que tal ausencia favorezca un uso indebido de fondos públicos, en detrimento de los servicios públicos que está llamada a brindar la institución. Máxime que no se constata que exista una razón válida que permita un trato privilegiado a favor de los trabajadores del Banco en cuestión. Así las cosas, aunque ciertamente la accionante lleva razón, esta Sala estima que la norma impugnada no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete conforme al Derecho de la Constitución, en el sentido de que el tope máximo de años no podrá exceder de veinte, en los términos establecidos. Tal interpretación en caso de no ser llevada a cabo por las autoridades del Banco en cuestión sería contraría a la Constitución.

VI.—Conclusión. La presente acción deberá ser declarada sin lugar, por considerar que la norma no es inconstitucional si se interpreta conforme al Derecho de la Constitución.

VII.—El Magistrado Armijo Sancho salva el voto y rechaza de plano la acción con fundamento en las siguientes consideraciones: A diferencia del criterio de la mayoría, considero que la acción es inadmisible y por ende, debe ser rechazada, atendiendo a la naturaleza del objeto impugnado las convenciones colectivas-, con fundamento en lo siguiente:

a.           La Negociación Colectiva en el sector público. Nuestra Constitución Política junto a las libertades individuales, enuncia los denominados Derechos Sociales, que buscan afianzar el régimen democrático al extender el contenido de los derechos y libertades. La incorporación de este capítulo en nuestra carta magna, se produjo en el año 1943, que vino a reformar la Constitución de 1871 y éste a su vez, se reprodujo en nuestra constitución actual. Uno de estos derechos, atinentes al tema de estudio, es la libre sindicalización, independientemente del sector laboral al que pertenezca el trabajador (sea público o privado), que consagra el artículo 60. Por otro lado, el artículo 61 establece el derecho de huelga como ejercicio de la libertad sindical, el cual si bien está limitado a determinadas regulaciones en el sector público (artículo 61 constitucional), lo cierto es que es admisible para dicho sector y así lo estableció este Tribunal en la sentencia No. 1317-98, al indicar:

El derecho de sindicación tiene pues, rango constitucional en Costa Rica y se regula internamente mediante normas de carácter legal, específicamente el Código de Trabajo, que norma en su artículo 332 y siguientes -ubicados en el Título Quinto De las Organizaciones Sociales- lo referente alfuncionamiento y disolución de los sindicatos y define las reglas de protección de los derechos sindicales. En el artículo 332 del Código de Trabajo se declara además de interés público la constitución legal de los sindicatos, que se distinguen («)como uno de los medios más eficaces decontribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense. La referencia anterior permite concluir en esta etapa, que el derecho fundamental de sindicación se reconoce sin distingo de la naturaleza pública o privada de los sectores laborales; es decir, en magnitud equiparable. En relación con el contenido de la acción sindical, específicamente lo que toca al derecho de huelga, el artículo 61 de la Constitución Política establece que la regulación del citado derecho de acción colectiva es materia de reserva de ley, siendo que toda restricción del citado derecho debe darse por vía ley y de ningún modo puede favorecer los actos de coacción o violencia. Es además resultado de la atribución conferida mediante el numeral 61 constitucional citado, que compete al legislador definir en qué casos de la actividad pública se restringe o excluye el ejercicio del derecho de huelga; mandato que se satisface mediante el artículo 375 (antes, 368) del Código de Trabajo, que debe ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para que sea congruente con el principio democrático sobre el que descansa el ordenamiento jurídico patrio, plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política y que es valor supremo del Estado Constitucional de Derecho...’

La negociación colectiva representa un elemento básico en el contenido de la libertad sindical, precisamente porque a través de los Sindicatos puede promover una negociación que propicie resolver las situaciones laborales de los trabajadores. La misma libertad sindical en sí misma, implica negociar colectivamente para obtener los beneficios económicos, sociales y profesionales que consagra nuestra Carta Fundamental. La negociación surge también como un medio pacificador ante conflictos colectivos, como el derecho a huelga, que según vimos es reconocido en el sector público y puede plasmarse en acuerdos que pueden constituir una convención colectiva. Nuestra Constitución Política así lo precisó en el artículo 62 dentro del capítulo que regula los derechos y garantías sociales, al disponer que tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. La Sala en la sentencia No. 1696-92 estimó que la modificación de la Constitución Política de 1871 por la Asamblea Constituyente que emitió la Constitución Política vigente, en la que se incorporó en los artículos 191 y 192 un régimen laboral público exclusivo para los servidores del Estado, excluía toda posibilidad de negociación en el sector público, por estar los trabajadores bajo un estado de sujeción, donde existe por parte del Estado una imposición unilateral de las condiciones de la organización y la prestación del servicio para garantizar el bien público. Sin embargo, nos replanteamos nuevamente el tema en cuestión, teniendo en consideración que la interpretación dada a la incorporación de este régimen fue restrictiva y que además, ello no impedía la negociación colectiva como un derecho fundamental que ya había sido reconocido a los trabajadores, incluyendo a los servidores públicos. El interés de los Constituyentes en 1949 en promulgar un régimen estatutario, fue promovido esencialmente con el fin de que la administración contara con un instrumento que permitiera la contratación de sus funcionarios a base de idoneidad comprobada y así lograr una estabilidad en el nombramiento de los mismos, evitando la persecución política de los empleados públicos en cada cambio de gobierno, pero no con el objetivo de restringirles sus derechos fundamentales. El régimen de empleo público se constituyó más bien como un freno para la propia administración y en una garantía para sus funcionarios. Por otro lado, la discusión se torna respecto a derechos fundamentales reconocidos por la misma Constitución Política y que como se indicó, ésta no hizo excepción en el artículo 62. Recordemos por propia jurisprudencia de este Tribunal, que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano por su condición de tal, por su carácter de persona y por ende son superiores al mismo Estado; pues éste no los crea ni los regula constituyéndolos, sino que simplemente los reconoce, tutela y garantiza normativamente, con un carácter puramente declarativo. De ahí que el ordenamiento jurídico puede tutelarlos y moldear su ejercicio, mas no eliminarlos o desconocerlos con la simple invocación de que así lo exigen los requerimientos de la organización del Estado, o la eficiencia de la administración, o un impreciso bien público; en virtud de que ostentan una categoría y fuerza superior al propio ordenamiento. Cuando un derecho ha sido reconocido formalmente como inherente a la persona éste queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. Ahora, si bien los derechos fundamentales no son absolutos, las estricciones o limitaciones a los que sean sometidos, nunca puede vaciarlos de contenido, como sucedería si desconoce dicho derecho a determinado grupo de trabajadores, solo por el hecho de laborar en el sector público. Puede darse un tratamiento diferenciado respecto a los límites y alcances de la negociación o en virtud de la materia objeto de la misma, pero nunca su total exclusión para este tipo de servidores. Las garantías sociales contempladas en la Constitución actual, ya se encontraban incorporados expresamente en nuestro régimen jurídico desde la modificación introducida a la Constitución Política de 1871 en las legislaturas de 1942 y 1943. De hecho el capítulo fue reproducido en el cuerpo normativo de 1949, pues constituía una de las evoluciones más importantes de nuestro país, en el reconocimiento de los derechos del individuo. En este sentido conviene advertir, que los derechos humanos son irreversibles, porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. Aunado a lo anterior, dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible en el futuro extender una categoría de derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se consideraron como necesarios a la dignidad humana y por tanto inherentes a toda persona. Por tanto, los derechos fundamentales son progresivos pero nunca regresivos. Así las cosas, de ninguna manera podría admitirse una exclusión en este sentido, que ni siquiera la misma Constitución hizo. La correcta dimensión que debe adquirir este derecho, constitucional consagrado en el capítulo de garantías sociales, en el caso del sector público, no es la de un cercenamiento total para el servidor, sino entender que su ejercicio está sujeto a ciertas limitaciones en atención a la observancia del ordenamiento jurídico, a los límites del gasto público y a las correspondientes regulaciones que existen en esta materia.

b.           Las Convenciones Colectivas según la doctrina. En el caso sometido a estudio, la discusión se enfatiza en las Convenciones Colectivas, que como ya fue indicado, son producto de la negociación colectiva, o consisten en la negociación propiamente, y que según la Constitución Política también son admitidas para el sector público, pues proporciona uno de los instrumentos ideales para conseguir los fines establecidos por la norma fundamental para el derecho de sindicación. El Código de Trabajo en el artículo 54 define las convenciones colectivas como aquellas que se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tienen fuerza de ley profesional de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política y de los artículos 54 y 55 del Código de Trabajo. Esto significa que las convenciones colectivas se convierten en el instrumento jurídico que regula las relaciones obrero-patronales, y que esta relación comprende al sindicato, al patrono, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados y a los futuros trabajadores mientras la Convención se encuentre vigente, o sea, se aplica no sólo a quienes la han elaborado, sino también a terceras personas ajenas a la negociación. Entendiendo terceros, como aquellos trabajadores que en el futuro se incorporen al centro de trabajo, no a otras personas o instituciones que sí pueden encontrarse ajenas por completo a la Convención Colectiva de que se trate. Es por ello que podemos hablar de tres características de toda Convención Colectiva: 1- Deben ser concluidas entre un grupo Trabajadores y Empleadores: los trabajadores deben encontrarse legalmente organizados para poder celebrar la constitución de una convención colectiva. 2- Producen efectos propios y directos para las agrupaciones que contratan (cláusulas obligacionales): conforme con nuestra Constitución Política las Convenciones Colectivas de Trabajo o Acuerdos Colectivos de Trabajo poseen el rango y la fuerza de ley entre las partes y 3-Producen efectos incluso para terceros que no formen parte en la convención colectiva. En ellas se establecen cláusulas que crean obligaciones entre el patrono y el sindicato, pero además puede contener cláusulas normativas sobre las condiciones de trabajo que afecten a los contratos individuales existentes como a los que luego se realicen en el futuro. Se le aplican las reglas de los contratos para afirmar que obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas las consecuencias conformes a la buena fe, al uso y a la ley; las organizaciones obreras y patronales que firman un acuerdo se obligan a estar y pasar por él, a respetar lo estipulado, y a no levantar nuevas reivindicaciones ni pretender modificarlo antes del tiempo previsto para su terminación. El trámite que debe seguir está contemplado en el artículo 57 del Código de Trabajo, según el cual la convención colectiva deberá extenderse por escrito en tres ejemplares, bajo pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el tercero será depositado en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo o política respectiva. No tendrá valor legal sino a partir de la fecha en que quede depositada la copia y, para este efecto, el funcionario a quien se entregue extenderá un recibo a cada uno de los que la hayan suscrito. Dicho depósito será comunicado inmediatamente a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que éste ordene a las partes ajustarse a los requisitos de Ley en caso de que la convención contenga alguna violación de las disposiciones del presente Código. Se trata de un contrato atípico por la singularidad de las obligaciones que puedan asumir los contratos, por la formalización del proceso de elaboración, la homologación estatal y ante todo, por su contenido normativo. La firma de un acuerdo colectivo ha significado para un amplio sector doctrinal el fin de las hostilidades, entendiéndolo como un tratado de paz, pues pretende servir a la paz económica y social entre empleadores y trabajadores, o a restaurarla y mantenerla por el tiempo de su duración. A la vez, constituye un factor determinante para la evolución y desarrollo del orden jurídico y para la adaptación del mismo a las necesidades sociales, que siempre son cambiantes por la evolución de la socialización y del régimen de producción. Una relación de empleo sin un soporte jurídico como las convenciones colectivas, podría colocar eventualmente al trabajador en un plano de desigualdad propiciado por las fuerzas económicas y las necesidades sociales del trabajador. Una convención colectiva implica todo un proceso de diálogo social, de acercamiento de las partes, de varios acuerdos en un momento histórico dado que lleva implícito una serie de acontecimientos sociales que son los que impulsan a las partes a negociar, basados en la buena fe negocial, que contribuye al compromiso de ambas partes de respetar lo pactado y entendiendo que en caso de imposibilidad de cumplimiento de lo ahí estipulado, las partes tengan claros los mecanismos de reforma o anulación, que para el caso son, el de Denuncia, o en su defecto el proceso de lesividad.

De lo expuesto anteriormente, es que concluyo, que la Convención Colectiva por su naturaleza laboral en el ejercicio de los derechos fundamentales de sindicalización y negociación, así como de la fuerza normativa que le da la misma Constitución a las convenciones colectivas en el artículo 62 de dicho cuerpo normativo, en lo que respecta a su contenido, no debe ser revisado y valorado por este Tribunal como pretende la accionante, por cuanto sería desconocer toda la trascendencia histórica de las mismas el conflicto social originario- y el respeto a un acuerdo de partes suscrito por el mismo Estado, con una trascendencia político, económico y social determinada. No se puede desconocer la buena fe de las partes de la negociación, obviando los trámites preestablecidos por ella misma, dejando de lado el momento histórico y las necesidades sociales y económicas que la propiciaron, momento en el cual probablemente cumplieron los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No se debe olvidar que las partes intervinientes en una negociación otorgan beneficios, pero también ceden derechos en aras de la efectiva realización del fin para el cual fue creada la institución. Las Convenciones tienen una vigencia y pueden ser revisadas, pero por los procedimientos debidamente establecidos. De manera que si bien es cierto una convención colectiva negociada en el sector público puede estar incurriendo en vicios que determinen su invalidez, ello obedecería a una ilegalidad que debe ser determinada en cada caso concreto, y que podría eventualmente generar la improcedencia de las cláusulas ahí contempladas, pero que deberá ser declarada en la vía de legalidad correspondiente. Por todo lo expuesto, en mi criterio, lo impugnado por la accionante no procede ser alegado y revisado en la jurisdicción constitucional, lo que implica rechazar la acción por improcedente.

VIII.—Nota del Magistrado Salazar Alvarado. Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara sin lugar esta acción, por las razones en él contenidas, en tratándose de Convenciones Colectivas de Trabajo, considero oportuno agregar lo siguiente: La Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54 del Código de Trabajo). Este derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98), lo pueden ejercer o llevar a cabo tanto en el sector privado laboral, como en el empleo público, siempre y cuando, éstos últimos, no realicen gestión pública. Al tener valor normativo, se incardina en el sistema de fuentes del Derecho, por lo que su clausulado ha se someterse a las normas de mayor rango jerárquico y ha de respetar el cuadro de derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución Política. De esta forma, las convenciones colectivas de trabajo, se encuentran sometidas al Derecho de la Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria. En esos supuestos, debe velar, esta Sala, por el orden constitucional, según sus competencias. Por tanto:

Se declara SIN LUGAR la acción, y en consecuencia, el artículo 45 de la IV Convención Colectiva de Trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete que el tope máximo de años para el pago de la cesantía no puede exceder de veinte. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensiona los efectos de esta sentencia en el sentido que la interpretación conforme que se hace tiene efectos a partir de la publicación del primero edicto de esta acción, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, situaciones jurídicas consolidadas en virtud de prescripción, caducidad o sentencia con autoridad de cosa juzgada material. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. El Magistrado Armijo Sancho salva el voto y rechaza de plano la acción. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.—Gilbert Armijo S., Presidente.—Fernando Cruz C.—Fernando Castillo V.—Paul Rueda L.—Nancy Hernández L.—Luis Fdo. Salazar A.—Ana María Picado B.

San José, 14 de octubre del 2014.

                                                               Dennis Ubilla Arce

                                                                       Secretario

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084931).

JUZGADO NOTARIAL

HACE SABER:

Que en el proceso disciplinario notarial N° 01-000974-627-NO, de Jackeline Lilliana Chinchilla Boza contra Héctor Hernández Reyes, cédula de identidad 8-0050-0653, este Juzgado mediante resolución de las diez horas quince minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, dispuso levantar a partir de la fecha 22 de octubre de 2014 , la sanción disciplinaria impuesta al notario Hernández Reyes, mediante resolución número 00143 de las once horas del doce de marzo de dos mil tres, que salió publicada en el Boletín Judicial número 200 de fecha 13 de octubre 2004, lo anterior por haber transcurrido el plazo de diez años según voto número 3484 de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro emitido por la Sala Constitucional.

San José, 13 de noviembre 2014.

                                               MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                            Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084896).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 07-001694-627-NO, de Ana Lucía Cerdas Rivera contra Ismael Zumbado Solano (cédula de identidad 1-0521-0900), este Juzgado mediante resolución N° 329-2014 de las ocho horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de cincuenta años de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 23 de octubre 2014.

                                               MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                            Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084901).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 12-000485-627-NO, de Registro Civil contra Vera Violeta González Ávila (cédula de identidad 2-0327-0873), este Juzgado mediante resolución N° 730-2013, de las quince horas del doce de diciembre de dos mil catorce (misma que fue confirmada mediante voto N° 144-2014 de nueve horas treinta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil catorce, por el Tribunal Notarial), dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 23 de octubre 2014.

                                                MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                             Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084919).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 12-000584-0627-NO, de Marlene Brenes Chavarría contra Floribeth Portilla Fonseca, (cédula de identidad 7-00070-0951), este Juzgado mediante resolución N° 79-2014, de las ocho horas del veintiuno de febrero de dos mil catorce, dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de la función notarial, la cual se mantendrá vigente, vencido ese plazo hasta que la notaria encausada realice la inscripción final del testimonio de la escritura número ciento ochenta del tomo primero del protocolo de la notaria Portilla Fonseca.

San José, 23 de octubre 2014.

                                               MSc. Juan Carlos Granados Vargas,

                                                                             Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084922).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 12-000625-627-NO, de Registro Civil contra Marcial Rolando Aguiluz Barboza, (cédula de identidad 1-0604-440), este Juzgado mediante resolución N° 124-2014 de las trece horas del veintiuno de marzo de dos mil trece, dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 23 de octubre 2014.

                                                MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                             Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084924).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 12-000904-627-NO, de Registro Civil contra Kattia Chacón Flores (cédula de identidad 1-0730-0113), este Juzgado mediante resolución N° 712-2013 de las quince horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil trece, dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 23 de octubre 2014.

                                                MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                             Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084926).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 13-000105-627-NO, de Registro Civil contra Mario Alexander Sánchez Maroto, (cédula de identidad 1-0734-0505), este Juzgado mediante resolución N° 342-2014 de las dieciséis horas del veintidós de julio de dos mil catorce, dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 23 de octubre 2014.

                                                MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                             Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084934).

Que en el proceso disciplinario notarial N° 13-000525-627-NO, de Wendolyn Gómez Pérez contra María Antonieta Ramírez Villagas (cédula de identidad 1-0465-0268), este Juzgado mediante resolución N° 344-2014, de las nueve horas del veintitrés de julio de dos mil catorce, dispuso imponerle al citado notario la corrección disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de la función notarial, la cual se mantendrá vigente vencido ese plazo hasta que la notaria encausada realice la inscripción final del testimonio correspondiente a la escritura que aquí interesa. Rige ocho días naturales después de su publicación en el Boletín Judicial.

San José, 24 de octubre del 2014.

                                            MSc. Juan Carlos Granados Vargas

                                                                          Juez

1 vez.—Exonerado.—(IN2014084939).

Causahabientes

A los causahabientes de quién en vida se llamó Rocío Lorena Peralta Ajoy, quien fue mayor, casada, educadora, vecina de Barrio Los Ángeles de Nicoya 200 este y 75 norte de antiguo Bar Los Molinos, con cédula de identidad número 107350172, se les hace saber que: Christian Acuña Zúñiga, portador de la cédula de identidad o documento de identidad número 502930144, vecino de Barrio Los Ángeles de Nicoya 200 este y 75 norte de antiguo Bar Los Molinos, se apersonó en este Despacho en calidad de cónyuge supérstite de la fallecida, a fin de promover las presentes diligencias de Consignación de Prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto se apersonen en este Despacho, en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Consignación de prestaciones de la trabajadora fallecida Rocío Lorena Peralta Ajoy. Expediente N° 14-000188-0868-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Nicoya, 24 de noviembre del 2014.—Lic. Luis Carlos Alvarado Valverde, Juez.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084986).

Se cita y emplaza a los que en carácter de causahabientes de Víctor Enrique Campos Bonilla, cédula 1-685-939, fallecido el día 19 de octubre del año 2009, se consideren con derecho, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto, se apersonen ante este Despacho en las diligencias de consignación de prestaciones bajo el expediente Número 14-002129-0173-LA, a hacer valer sus derechos, de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Expediente N° 14-002129-0173-LA. Promovido por Olga Marta Soto Rivera a favor de los causahabientes del fallecido.—Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, 17 de octubre del año 2014.—Licda. Ileana García Arroyo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085110).

A los causahabientes de quién en vida se llamó Leano Ramiro Vásquez Mena, quien fue mayor, vecino de Guayabo de Puriscal, con cédula de identidad número 1-0695-0489, se les hace saber que: Laura Ríos Pérez, portadora de la cédula de identidad número 1-0803-0538, vecina de Guayabo de Puriscal, se apersonó en este Despacho en calidad de viuda del fallecido, a fin de promover las presentes diligencias de Consignación de Prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto se apersonen en este Despacho, en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Publíquese por una sola vez en el Boletín Judicial libre de derechos. Consignación de prestaciones del trabajador fallecido Leano Ramiro Vásquez Mena, expediente número 14-002863-1178-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, 12 de noviembre del año 2014.—Licda. Ana Cecilia Brenes López, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086021).

A los causahabientes de quién en vida se llamó Óscar Montoya Villalobos, quien fue mayor, Ingeniero en Sistemas, vecino de San Pedro de Montes de Oca, con cédula de identidad número 1-0413-0214, se les hace saber que: Yessenia Ivette Montoya Villalobos, portadora de la cédula de identidad o documento de identidad número 1-1022-0534, vecina de Guadalupe, se apersonó en este Despacho en calidad de hija del fallecido, a fin de promover las presentes diligencias de Consignación de Prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto se apersonen en este Despacho, en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Publíquese por una sola vez en el Boletín Judicial libre de derechos. Consignación de prestaciones del trabajador fallecido Óscar Montoya Villalobos, expediente número 14-002869-1178-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, 12 de noviembre del año 2014.—Licda. Ana Cecilia Brenes López, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086022).

A los causahabientes de quién en vida se llamó Patricia del Carmen Carvajal Díaz, quien fue mayor, vecina de Zapote, con cédula de identidad número 105570381, se les hace saber que: Joshua Daniel Quesada Carvajal, portador de la cédula de identidad o documento de identidad número 1-1463-0010, vecino de Zapote, se apersonó en este Despacho en calidad de hijo del fallecido, a fin de promover las presentes diligencias de Consignación de Prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto se apersonen en este Despacho, en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Publíquese por una sola vez en el Boletín Judicial libre de derechos. Consignación de prestaciones del trabajador fallecido Patricia del Carmen Carvajal Díaz, expediente número 14-002975-1178-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, 13 de noviembre del año 2014.—M.sc. Marianela Barquero Umaña, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086025).

A los causahabientes de quien en vida se llamó German de Jesús Mesén Salazar, quien fue mayor, vecino de Alajuelita, con cédula de identidad número 109170253, se les hace saber que: Colegio Internacional Sek Costa Rica S. A., portador de la cédula de identidad o documento de identidad número 3-101- 085738, se apersonó en este Despacho en calidad de patrono del fallecido, a fin de promover las presentes diligencias de Consignación de Prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto se apersonen en este Despacho, en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Publíquese por una sola vez en el Boletín Judicial libre de derechos. Consignación de prestaciones del trabajador fallecido German de Jesús Mesén Salazar, expediente número 14-002990-1178-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, 13 de noviembre del año 2014.—M.Sc. Marianela Barquero Umaña, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086027).

A los causahabientes de quien en vida se llamó José German Durán Rojas, quien fue mayor, divorciado, vecino de Coronado, con cédula de identidad número 104430359, se les hace saber que: María Grace Durán Rojas, portadora de la cédula de identidad o documento de identidad número 104191250, vecino de Coronado, se apersonó en este Despacho en calidad de hermana del fallecido, a fin de promover las presentes diligencias de Consignación de Prestaciones. Por ello, se les cita y emplaza por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial, para que dentro del improrrogable lapso de ocho días hábiles posteriores a la publicación de este edicto se apersonen en este Despacho, en las diligencias aquí establecidas, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo establecido por el artículo 85 del Código de Trabajo. Publíquese por una sola vez en el Boletín Judicial libre de derechos. Consignación de prestaciones del trabajador fallecido José German Durán Rojas, expediente número 14-002996-1178-LA.—Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, (oral-electrónico), 13 de noviembre del año 2014.—M.Sc. Marianela Barquero Umaña, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086030).

Remates

SEGUNDA PUBLICACIÓN

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes prendarios; a las diez horas y treinta minutos del dos de febrero del año dos mil quince, y con la base de diez mil trescientos veinte colones con treinta y cuatro céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Vehículo: placa: 786889, marca: Hyundai, estilo: Getz GL, categoría: automóvil, capacidad: 5 personas, serie: KMHBT51DP9U832379, carrocería: station wagon o familiar, tracción: 4X2, año fabricación: 2009. Para el segundo remate se señalan las diez horas y treinta minutos del diecisiete de febrero del año dos mil quince, con la base de siete mil setecientos cuarenta colones con veintiséis céntimos y, para la tercera subasta se señalan las diez horas y treinta minutos del cuatro de marzo del año dos mil quince con la base de dos mil quinientos ochenta colones con nueve céntimos. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Banco Improsa S. A. contra Christian Cedeño Caballero. Exp: 13-003784-1204-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Grecia, 09 de setiembre del 2014.—Lic. Brayan Li Morales, Juez Decisor.—(IN2014084308).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada bajo citas 351-14306-01-0904-001 y citas 353-16369-01-0900-001; servidumbre de paso bajo citas 390-00854-01-0001-001 y citas 390-00854-01-0002-001; al ser las diez horas del veintiséis de enero del dos mil quince, y con la base de un millón seiscientos setenta y dos mil quinientos colones, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número trescientos veintiséis mil novecientos cuarenta y cuatro, derecho cero cero uno, que equivale según el Registro Público a ocho mil doscientos cuarenta y ocho con trece metros cuadrados y es terreno de repastos. Situada en el distrito tercero copey, cantón décimo sétimo dota, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública, Older Valverde en parte; al sur, Jaime Valverde; al este, Humberto Monge y Older Valverde y al oeste, Hernán Valverde Monge y Jaime Prado. Mide: veintiocho mil doscientos cuarenta y ocho metros con trece decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas del once de febrero del dos mil quince, con la base de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco colones (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las once horas del dos de marzo del dos mil quince con la base de cuatrocientos dieciocho mil ciento veinticinco colones (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú contra Valverde Monge Roberto. Exp. Nº 14-100069-0243-CJ.—Juzgado Agrario de Cartago, 13 de noviembre del 2014.—Lic. María Rosa Castro García, Jueza.—Exonerado.—(IN2014086398).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las once horas y cero minutos del siete de enero del año dos mil quince y con la base de dieciséis millones ochocientos setenta y seis mil trescientos treinta y cinco colones con noventa y cuatro céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 170257-000 la cual es terreno para la agricultura de palmito con una casa. Situada en el distrito 03 Horquetas, cantón 10 Sarapiquí, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, calle pública; al sur, Gabriel Álvarez Alvarado; al este, Paulino Carranza y al oeste, calle pública. Mide: veinte mil doscientos setenta y dos metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las once horas y cero minutos del veintidós de enero del año dos mil quince con la base de doce millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y un colones con noventa y cinco céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las once horas y cero minutos del seis de febrero del año dos mil quince con la base de cuatro millones doscientos diecinueve mil ochenta y tres colones con noventa y ocho céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica S. A. contra Carlos Luis Espinoza Cubero, Inversiones Solís Herrera Corp. S. A. Exp. Nº 13- 002840-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 11 de noviembre del 2014.—Licda. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086400).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones citas tomo 357, asiento 5852; a las diez horas y cero minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de treinta y un millones doscientos sesenta mil colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número trescientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y seis cero cero uno, cero cero dos la cual es terreno para construir con 1 casa. Situada en el distrito 03-Daniel Flores, cantón 19-Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Ana Victoria Morales; al sur, Melbin Padilla Aguilar; al este, calle pública y al oeste, Ana Victoria Morales. Mide: doscientos sesenta y cinco metros con ochenta y cinco decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y cero minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de veintitrés millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las diez horas y cero minutos del veinte de febrero del dos mil quince con la base de siete millones ochocientos quince mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Jevikil S. A. contra Grace María Méndez Umaña. Exp. Nº 14-006218-1200-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, 11 de noviembre del 2014.—Eileen Chaves Mora, Jueza.—(IN2014086415).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las nueve horas y treinta minutos del nueve de enero del dos mil quince y con la base de sesenta millones de colones exactos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 158011-000 la cual es terreno para construir lote tres bloque D, una casa, un local comercial. Situada en el distrito 01 Puerto Viejo, cantón 10 Sarapiquí, de la provincia de Heredia colinda: al norte, Elian Peraza Chaves, al sur, lote 5-D, al este, lote 4-D y al oeste, calle pública con veinte metros de frente. Mide: seiscientos metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y treinta minutos del veintiséis de enero del dos mil quince con la base de cuarenta y cinco millones de colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las nueve horas y treinta minutos del diez de febrero del dos mil quince con la base de quince millones de colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Arturo Manuel Campos Quirós, Comerciales Campos Aguilar S. A., Silvia Elena Aguilar Loría. Exp. Nº 12-031640-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 29 de octubre del 2014.—Licda. Jéssika Fernández Cubillo, Jueza.—(IN2014086432).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones anotadas bajo las citas 329- 19720-01-0900-001, 383-11210-01-0801-001 y 383-11210-01-0802-001 y servidumbre dominante bajo las citas 389-4848-01-0025-001; a las diez horas y treinta minutos del nueve de enero del dos mil quince y con la base de cuarenta y nueve millones doscientos diecinueve mil quinientos veintitrés colones con setenta y cinco céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 213380-000 la cual es terreno de repastos con una casa y un corral. Situada en el distrito 01 Puerto Viejo, cantón 10 Sarapiquí, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S. A. y Hermanos Corella Oses S.R.L.; al sur, Faustino Gonzalo Flores García y servidumbre de uso agrícola con un frente a ella de ciento diecisiete metros con setenta centímetros en medio de Hermanos Corella Oses S.R.L.; al este, Hermanos Oses S.R.L. y al oeste, servidumbre de uso agrícola con un frente a ella de trescientos ochenta metros con treinta y ocho centímetros en medio de hermanos Corella Oses S.R.L. Mide: noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y treinta minutos del veintiséis de enero del dos mil quince con la base de treinta y seis millones novecientos catorce mil seiscientos cuarenta y dos colones con ochenta y un céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las diez horas y treinta minutos del diez de febrero del dos mil quince con la base de doce millones trescientos cuatro mil ochocientos ochenta colones con noventa y tres céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Agroindustrial de la Noemy S. A. Exp. Nº 12-011687-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 29 de octubre del 2014.—Licda. Jéssika Fernández Cubillo, Jueza.—(IN2014086434).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Condic. Ref. 2336-219-002 anotadas bajo las citas 0319-00015958-01-0902-011, reservas y restricciones anotadas bajo las citas 0319-00015958-01-0903-002, limitaciones de leyes 7052. 7208 Sist. Financiero anotadas bajo las citas 2010-00230347-01-0002-001; a las nueve horas y cero minutos del doce de enero del dos mil quince, y con la base de dos millones doscientos noventa y siete mil ochenta y seis colones con noventa y dos céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Limón, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 126880-000 la cual es terreno lote seis terreno para construir. Situada en el distrito 05 Cariari, cantón 02 Pococí de la provincia de Limón. Colinda: al norte, lote 7 al sur, lote 5 al este, lote 19 y al oeste, calle pública con un frente de siete metros con cincuenta centímetros mide: ciento sesenta y cinco metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del veintisiete de enero del dos mil quince, con la base de un millón setecientos veintidós mil ochocientos quince colones con diecinueve céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del once de febrero del dos mil quince, con la base de quinientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y un colones con setenta y tres céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Vera Virginia González Ortiz. Exp. Nº 11-038014-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 13 de noviembre del 2014.—Lic. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086438).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones anotadas bajo las citas 246-3184-01-0901-001; a las diez horas y cero minutos del doce de enero del dos mil quince, y con la base de dos millones veintidós mil cuarenta y cuatro colones con ochenta y tres céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de limón sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 120458-000 la cual es terreno para construir lote once. Situada en el distrito 01 Guápiles cantón 02 Pococí de la provincia de Limón. Colinda: al norte, calle pública con 7,50 metros al sur, Promociones Ambientales y Turísticas del Atlántico S. A. al este, Mayela Montero Montero y al oeste, Promociones Ambientales y Turísticas del Atlántico S. A. Mide: Ciento cincuenta y siete metros con cincuenta decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y cero minutos del veintisiete de enero del dos mil quince, con la base de un millón quinientos dieciséis mil quinientos treinta y tres colones con sesenta y dos céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las diez horas y cero minutos del once de febrero del dos mil quince, con la base de quinientos cinco mil quinientos once colones con veinte céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Ana Lorena Alguera Berroteran. Exp. Nº 12-008914-1012-CJ Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 13 de noviembre del 2014.—Lic. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086442).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre de paso a las citas 423-09139-01-0002-001; a las catorce horas y treinta minutos del doce de enero del dos mil quince, y con la base de trescientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta dólares con ochenta y seis centavos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 204402-000 la cual es terreno de uso agrícola. Situada en el distrito La Virgen cantón Sarapiquí de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Tres Amigos de Sarapiquí al sur, Mariano Gómez Artavia y Evangelista Rojas Zamora, al este, Grupo Los Chonetes Campesinos S. A. y al oeste, Brazo del Río Sarapiquí. Mide: catorce mil ciento veinticuatro metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las catorce horas y treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil quince, con la base de doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cinco dólares con sesenta y cuatro centavos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las catorce horas y treinta minutos del once de febrero del dos mil quince, con la base de noventa y cuatro mil ochocientos treinta y cinco dólares con veintiún centavos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Adrián Ramírez Cruz, Grupo Los Chonetes Campesinos S. A. Exp. Nº 12-021279-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 15 de octubre del 2014.—Lic. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086447).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las catorce horas y treinta minutos del veinte de enero del dos mil quince, y con la base de ciento veinticinco mil dólares exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número quinientos noventa y seis mil diecinueve-cero cero cero la cual es terreno naturaleza: terreno de solar con dos edificaciones situada en el distrito 01-Desamparados cantón 03-Desamparados de la provincia de San José. Linderos: norte, Óscar Manuel Naranjo Gamboa; sur, Óscar Manuel Naranjo Gamboa; este, calle pública con frente a ella de 30,91 metros oeste, en parte calle pública con frente de 14,51 metros y en parte Óscar Manuel Naranjo Gamboa. Mide: novecientos cincuenta y seis metros con cuarenta y nueve decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las catorce horas y treinta minutos del cuatro de febrero del dos mil quince, con la base de noventa y tres mil setecientos cincuenta dólares exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las catorce horas y treinta minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince con la base de treinta y un mil doscientos cincuenta dólares exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Inversiones GMK Sociedad Anónima contra M V W Acosteña Limitada. Exp. Nº 14-007740-1044-CJ.—Juzgado Primero Especializado de Cobro Primer Circuito Judicial de San José, 21 de agosto del 2014.—Lic. Bolívar Arrieta Zárate, Juez.—(IN2014086460).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las catorce horas y cero minutos del veintidós de enero del dos mil quince, y con la base de cuarenta y cuatro mil dólares exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, sección de propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número ciento cincuenta y siete mil noventa y tres-cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito San Ramón, cantón San Ramón, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, INVU lote cincuenta y cinco; al sur, INVU lote noventa y siete; al este, frente a calle pública con 10.00 metros y al oeste, INVU lote noventa y dos. Mide: doscientos veintiún metros con un decímetro cuadrados. Para el segundo remate se señalan las catorce horas y cero minutos del seis de febrero del dos mil quince, con la base de treinta y tres mil dólares exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para la tercera subasta se señalan las catorce horas y cero minutos del veintitrés de febrero del dos mil quince, con la base de once mil dólares exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Gerardo Fonseca Hernández y otros contra Nury Gabriela Montero Rivera. Exp. Nº 12-001351-1203-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, 14 de octubre del 2014.—Lic. María Auxiliadora Cruz Cruz, Jueza.—(IN2014086463).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las catorce horas y treinta minutos del doce de enero del dos mil quince y con la base de diez millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres colones con ochenta y dos céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 215249-000 la cual es terreno de solar con una casa. Situada en el distrito 01 Puerto Viejo cantón 10 Sarapiquí de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Inmobiliario Abril Setenta y Nueve S. A.; al sur, La Guaria de Toño S. A.; al este, Luz Marian Segura Alfaro; y al oeste, calle pública con un frente de 8,72 metros. Mide: ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las catorce horas y treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil quince con la base de siete millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta colones con treinta y seis céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las catorce horas y treinta minutos del once de febrero del dos mil quince con la base de dos millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos trece colones con cuarenta y cinco céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Yerlin Isannia Dinarte Morera. Exp. 13-000589-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 12 de noviembre del 2014.—Lic. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086488).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos anotadas al tomo 459, asiento 16514, secuencia 01-0006-001; a las quince horas y cero minutos del doce de enero del dos mil quince y con la base de cinco millones de colones exactos en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 171579-000 la cual es terreno de repasto y potrero. Situada en el distrito 02 La Virgen cantón 10 Sarapiquí de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Abel Ramírez Rodríguez, Río Bijagual y calle pública; al sur, servidumbre agrícola e Hipólito Corrales Montero; al este, Río Bijagual e Hipólito Corrales Montero; y al oeste, calle pública. Mide: ciento cuarenta mil ochocientos treinta y cuatro metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las quince horas y cero minutos del veintisiete de enero del dos mil quince con la base de tres millones setecientos cincuenta mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las quince horas y cero minutos del once de febrero del dos mil quince con la base de un millón doscientos cincuenta mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Roger Augusto Corrales Araya. Exp: 11-021123-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 15 de octubre del 2014.—Lic. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086494).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes prendarios; a las quince horas y cero minutos del veintitrés de febrero de dos mil quince, y con la base de dieciocho mil ciento cuarenta y seis dólares con diez centavos, en el mejor postor remataré lo siguiente: vehículo: placas número NRG506, marca Hyundai, estilo Accent GL, categoría automóvil, capacidad 5 personas, año 2014, color blanco, vin KMHCT41DAEU504243, cilindrada 122 c.c., combustible gasolina, motor Nº G4FDU388022. Para el segundo remate se señalan las quince horas y cero minutos del diez de marzo de dos mil quince, con la base de trece mil seiscientos nueve dólares con cincuenta y ocho centavos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las quince horas y cero minutos del veinticinco de marzo de dos mil quince con la base de cuatro mil quinientos treinta y seis dólares con cincuenta y tres centavos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Lafise S. A., contra Natalia Murillo Salazar. Exp. 14-005668-1158-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de Heredia, 30 de octubre del 2014.—Msc. Liseth Delgado Chavarría, Jueza.—(IN2014086508).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios a las nueve horas y cero minutos del veintisiete de enero del dos mil quince y con la base de ciento diecinueve millones trescientos dos mil doscientos sesenta colones con veintiocho céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número trescientos noventa y seis mil ochenta y siete cero cero cero la cual es terreno de agricultura. Situada en el distrito Pital, cantón San Carlos de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Carlos Cubero Chacón, José Rodríguez Chacón; al sur, Adrián Álvarez Chaves, Agropiña S. A., Carlos Álvarez Chaves, Rodolfo Cubero Chacón; al este, Rodolfo Cubero Chacón, Carlos Cubero Chacón, calle pública con un frente a ella de 70 metros con 46 cm lineales; y al oeste, Fredy Álvarez Chaves. Mide: veintisiete mil seiscientos cinco metros con veintiséis decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del once de febrero del dos mil quince con la base de ochenta y nueve millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos noventa y cinco colones con veintiún céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del veintiséis de febrero del dos mil quince con la base de veintinueve millones ochocientos veinticinco mil quinientos sesenta y cinco colones con siete céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Arnoldo Guzmán Rojas. Exp. 12-008915-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 16 de octubre del 2014.—Lic. Manuel Emilio Cortés Sánchez, Juez.—(IN2014086510).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada citas: 405-01462-01-0996-001, citas: 405-01462-01-0997-001 condiciones, reservas y restricciones citas: 405-01462-01-0998-001; a las once horas y treinta minutos del diecinueve de enero del dos mil quince, y con la base de ocho millones ciento ochenta y nueve mil ciento doce colones con cincuenta y seis céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 141355-000 la cual es terreno para construir lote sesenta y uno con una casa de habitación. Situada en el distrito 1-Puerto Viejo, cantón 10-Sarapiquí, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, lote 62; al sur, lote 60; al este, calle; y al oeste, lote 20-1. Mide: mil novecientos cincuenta y cuatro metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las once horas y treinta minutos del tres de febrero del dos mil quince, con la base de seis millones ciento cuarenta y un mil ochocientos treinta y cuatro colones con sesenta y cuatro céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las once horas y treinta minutos del dieciocho de febrero del dos mil quince con la base de dos millones cuarenta y siete mil doscientos setenta y ocho colones con veintiún céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Juan José Solís Villegas. Exp. 14-027925-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 24 de noviembre del 2014.—Licda. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086518).

Finca Uno: En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las nueve horas y cero minutos del cuatro de febrero del dos mil quince y con la base de diez millones ciento treinta y tres mil quinientos cuarenta y tres colones con noventa y tres céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 445943-000 la cual es terreno de solar con una casa. Situada en el distrito Río Cuarto, cantón Grecia de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, calle pública con 22.87 metros de frente; al sur, Jose Gómez Arce; al este, Juan Luis Zeledón Alvarado; y al oeste, Gerardo Briceño Requeñes. Mide: seiscientos sesenta y un metros con cuarenta y un decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince con la base de siete millones seiscientos mil ciento cincuenta y siete colones con noventa y cuatro céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del seis de marzo del dos mil quince con la base de dos millones quinientos treinta y tres mil trescientos ochenta y cinco colones con noventa y ocho céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Finca dos: En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las nueve horas y cero minutos del cuatro de febrero del dos mil quince y con la base de diecinueve millones quinientos catorce mil treinta y nueve colones con veinticinco céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 137024-000 la cual es terreno de solar con una casa en mal estado de agricultura. Situada en el distrito Río Cuarto, cantón Grecia de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, calle pública con 20.63 metros de frente; al sur, José Gómez Arce; al este, Jefry Briceño Romero; y al oeste, calle pública con 108.26 metros de frente; y al sureste, José Gómez Arce. Mide: tres mil sesenta y ocho metros con treinta y seis decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince con la base de catorce millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos veintinueve colones con cuarenta y tres céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del seis de marzo del dos mil quince con la base de cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos nueve colones con ochenta y un céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Geison Rodríguez Rodríguez. Exp. 13-032507-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 27 de octubre del 2014.—Lic. Manuel Emilio Cortés Sánchez, Juez.—(IN2014086525).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre de paso citas 2012-00102482-01-0002-001, servidumbre de paso citas 2012-00102482-01-0019-001; a las nueve horas y treinta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, y con la base de sesenta y tres millones novecientos setenta y cinco mil ciento setenta colones con trece céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ocho mil quinientos noventa y seis cero cero cero, la cual es terreno de potrero tacotal y montaña con una casa finca se encuentra en zona catastrada. Situada en el distrito 02 Mansión, cantón 02 Nicoya, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, Marvin López Madrigal; al sur, resto reservado; al este, Marvin López Madrigal; y al oeste, Marvin López Madrigal y servidumbre agrícola. Mide: trescientos cincuenta mil ochenta y ocho metros con cero decímetros cuadrados. Plano: G-1224079-2008. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y treinta minutos del seis de febrero del dos mil quince, con la base de cuarenta y siete millones novecientos ochenta y un mil trescientos setenta y siete colones con sesenta céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil quince con la base de quince millones novecientos noventa y tres mil setecientos noventa y dos colones con cincuenta y tres céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Marvin López Madrigal. Exp. 14-002298-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia), 18 de noviembre del 2014.—Lic. Jorge Zúñiga Jaén, Juez.—(IN2014086542).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando serv. reserv. con ref: 0011181C 000; a las ocho horas quince minutos del nueve de febrero de dos mil quince, y con la base de quince millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos treinta y tres colones con cuarenta y seis céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Limón, Sección de Propiedad, bajo el sistema de folio real, matrícula número 54859-000 la cual es terreno lote 471 con 1 casa. Situada en el distrito 01 Limón, cantón 01 Limón, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Avenida Delfín; al sur, INVU; al este, INVU; y al oeste, INVU. Mide: ochenta y nueve metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las ocho horas quince minutos del veinticuatro de febrero de dos mil quince, con la base de once millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos colones con nueve céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las ocho horas quince minutos del once de marzo de dos mil quince con la base de tres millones ochocientos veintidós mil doscientos treinta y tres colones con treinta y seis céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Cooperativa Nacional de Educadores R.L. contra Ramón Urtecho Alfaro en expediente N° 14-018381-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 24 de octubre del 2014.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—(IN2014086553).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones al tomo: 321, asiento: 2689; a las ocho horas y treinta minutos del siete de enero del dos mil quince y con la base de diecinueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta colones con setenta y siete céntimos en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento setenta y tres mil setecientos setenta-cero cero cero, la cual es terreno para construir lote 45 con una casa de habitación. Situada en el distrito 03 Horquetas, cantón 10 Sarapiquí, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, avenida 1; al sur, lote 46; al este, lote 49; y al oeste, lote 44. Mide: ciento treinta y cinco metros con setenta y un decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las ocho horas y treinta minutos del veintidós de enero del dos mil quince con la base de catorce millones seiscientos veinticuatro mil novecientos setenta y ocho colones con siete céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las ocho horas y treinta minutos del seis de febrero del dos mil quince con la base de cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y dos colones con sesenta y nueve céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Flor María Oses Oconitrillo. Exp. 12-001790-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 10 de noviembre del 2014.—Lic. Jazmín Núñez Alfaro, Jueza.—(IN2014086565).

En la puerta exterior de este despacho, libre de gravámenes prendarios y anotaciones judiciales, con la base de cuatrocientos mil colones exactos (¢400.000,00) sáquese a remate el vehículo placas MOT 285108, marca Sanyang, categoría motocicleta, serie LXMTCJPM880030443, carrocería motocicleta, tracción 2x2, chasis LXMTCJPM880030443, vin LXMTCJPM880030443, estilo Jet 125 DA12GD, capacidad 2 personas, año 2008, color plateado, motor XS1P52QMIB08200269, cilindrada 125 c.c., combustible gasolina. Para tal efecto se señalan las 08 horas 30 minutos del 16 de enero del 2015 (primer remate). De no haber postores, para llevar a cabo el segundo remate, se señalan las 08 horas 30 minutos del 30 de enero del 2015 , con base trescientos mil colones exactos (¢300.000,00) (rebajada en un 25%). De no apersonarse rematantes, para el tercer remate, se señalan las 08 horas 30 minutos del 13 de febrero del 2015, con la base de ciento mil colones exactos (¢100.000,00) (un 25%). Expediente 06-000800-0183-CI de Vacheron Constantin S. A., contra Karla Vanessa Morales Boza.—Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José.—Lic. Carlos Sancho Araya, Juez.—(IN2014086586).

En la puerta exterior de este Despacho; a las diez horas y cero minutos del quince de enero de dos mil quince en el mejor postor remataré las siguientes fincas, todas del partido de Limón y libre de gravámenes hipotecarios: 1) con la base de cuatro millones novecientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y un colones con cuarenta y siete céntimos y soportando reservas de ley de aguas y caminos, la finca matrícula número ciento veinte mil quinientos cuarenta y nueve-cero cero cero la cual es lote uno C terreno para construir. Situada en el distrito 05 Cariari, cantón 02 Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, calle publica; al sur, lote tres C; al este, IDA parcela treinta y uno a uno e IDA parcela treinta y uno a dos, y al oeste, calle pública. Mide: quinientos sesenta y tres metros con treinta decímetros cuadrados. 2-) con la base de seiscientos sesenta y siete mil treinta y tres colones con cincuenta céntimos, soportando condiciones, la finca matrícula número ciento treinta mil ochocientos veinticuatro-cero cero cero la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 02 Jiménez, cantón 02 Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Complejo Recreativo Veteranos Pococí S.R.L; al sur, quebrada San Rafael; al este, calle pública con un frente de 13 metro lineales y complejo recreativo Veteranos Pococí S.R.L, y al oeste, Quebrada San Rafael. Mide: setecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. 3-) con la base de un millón ochocientos setenta y siete mil setecientos treinta y cinco colones con dieciocho céntimos, soportando condiciones, la finca matrícula número ciento treinta y un mil treinta y dos-cero cero cero la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 02 Jiménez, cantón 02 Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Complejo Recreativo Veteranos Pococí S.R.L; al sur, Complejo Recreativo Veteranos Pococí S.R.L; al este, calle pública con un frente de 14 metros, y al oeste, Quebrada San Rafael. Mide: seiscientos dieciséis metros cuadrados. 4-) con la base de sesenta y nueve millones novecientos setenta y siete mil quinientos sesenta y nueve colones con ochenta y cinco céntimos, la finca matrícula número ciento cuarenta y nueve mil setenta y dos-cero cero uno, cero cero dos la cual es terreno para construir con un local comercial, casa, jardín y solar. Situada en el distrito 01 Guápiles, cantón 02 Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, María Chacón Cordero y Norma Reyes Reyes y Ligia Falla González; al sur, Inversiones Desarrollo Cariari de Guápiles S. A., Carmen Castro Valverde; al este, calle pública con un frente de 3.79 mts, Ligia Falla González y Adrián Vargas Herrera, y al oeste, calle pública con un frente de 22.39 mts. Mide: novecientos dieciséis metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y cero minutos del treinta de enero del dos mil quince, con la base de tres millones setecientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis colones con diez céntimos (para la primer finca), la base de quinientos mil doscientos setenta y cinco colones con doce céntimos (para la segunda finca) y la base de un millón cuatrocientos ocho mil trescientos un colones con treinta y ocho céntimos (para el tercer inmueble) y la base de cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento setenta y siete colones con treinta y nueve céntimos (para el cuarto inmueble) (todas rebajadas en un 25%). De no apersonarse rematantes, para el tercer remate, se señalan las diez horas y cero minutos del dieciséis de febrero del dos mil quince, con la base de un millón doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos quince colones con treinta y siete céntimos (para la primer finca), la base de ciento sesenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho colones con treinta y ocho céntimos (para la segunda finca) y la base de cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres colones con ochenta céntimos (para el tercer inmueble) y la base de diecisiete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y dos colones con cuarenta y seis céntimos (para el cuarto inmueble) (un 25% de las bases originales). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Elizabeth Herrera Zúñiga, José Rafael Vargas Morales, exp. N° 14-001060-1209-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de Pococí, 31 de octubre del año 2014.—Lic. Dinia Peraza Delgado, Jueza.—(IN2014086748).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando condi. y reserv. ref.: (citas: 332-12428-01-0976-001), limitaciones de leyes Nos. 7052, 7208 sist. financiero de vivienda (citas: 572-30140-01-0004-001), a las nueve horas y cero minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de dos millones novecientos mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Limón, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos cero cero uno, cero cero dos, la cual es terreno para construir. Situada: en el distrito 5-Cariari, cantón 2-Pococí, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Édgar Guzmán Castro; al sur, calle con frente a ella de 20.00 metros lineales; al este, Fremar Internacional, y al oeste, calle con frente a ella de 10.00 metros lineales. Mide: doscientos metros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las nueve horas y cero minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de dos millones ciento setenta y cinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las nueve horas y cero minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de setecientos veinticinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda contra José Ángel Villarreal Villarreal, María de los Ángeles Chavarría Acevedo. Expediente N° 14-009063-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 30 de octubre del 2014.—Lic. Andrés Arguedas Vargas, Juez.—(IN2014086752).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada (citas: 311-11575-01-0901-001); servidumbre trasladada (citas: 312-10203-01-0901-001); demanda ordinaria (citas: 800-220226-01-0001-001), a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de ciento treinta mil dólares exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 075093-F-000, la cual es terreno finca filial primaria individualizada número sesenta y nueve apta para construir que se destinará a uso habitacional, la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos. Situada: en el distrito 1-Colón, cantón 7-Mora, de la provincia de San José. Colinda: al norte, área común destinada a calle; al sur, área común destinada a calle; al este, área común destinada a calle y área común destinada a juegos infantiles, ambos en parte, y al oeste, finca filial primaria individualizada número sesenta y ocho. Mide: mil metros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de noventa y siete mil quinientos dólares exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de treinta y dos mil quinientos dólares exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda contra Cristian Jiménez Ureña, Gabriela Vargas Ching. Expediente N° 14-009183-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 30 de octubre del 2014.—Lic. Andrés Arguedas Vargas, Juez.—(IN2014086757).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las diez horas y cero minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de doce millones setecientos mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos catorce mil trescientos diecinueve cero cero uno, cero cero dos, la cual es terreno de breñones con una casa. Situada: en el distrito 8-Cajón, cantón 19-Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Enrique Arroyo Monestel; al sur, Sixto Calderón Calderón; al este, Sixto Calderón Calderón, y al oeste, calle pública. Mide: doscientos cincuenta y ocho metros con diecisiete decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y cero minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de nueve millones quinientos veinticinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y cero minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de tres millones ciento setenta y cinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda contra Cristian Iván Miranda Martínez, Roy Martínez Marín, Vivian Lidieth Arroyo Arroyo. Expediente N° 14-009353-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 30 de octubre del 2014.—Licda. Cinthia Pérez Moncada, Jueza.—(IN2014086760).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre de aguas pluviales (citas: 570-44878-01-0001-001): limitaciones de leyes Nos. 7052, 7208 sist. financiero de vivienda (citas: 575-71300-01-0003-001), a las diez horas y quince minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de nueve millones quinientos tres mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento cincuenta y siete mil seiscientos veintitrés cero cero cero, la cual es terreno para construir lote 8-G. Situada: en el distrito 1-Corredor, cantón 10-Corredores, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, lote 7-G; al sur, lote 9-G; al este, calle dos, y al oeste, Urbanizadora Río Nuevo S. A. Mide: ciento cincuenta y cuatro metros con noventa y nueve decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y quince minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de siete millones ciento veintisiete mil doscientos cincuenta colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y quince minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de dos millones trescientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda contra Cinthia Rebeca Bustos Sánchez. Expediente N° 14-009355-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 30 de octubre del 2014.—Lic. Andrés Arguedas Vargas, Juez.—(IN2014086763).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios, a las catorce horas quince minutos del veintisiete de enero del dos mil quince, y con la base de setecientos treinta y dos mil cien colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Vehículo placa: 329354 que se describe como marca: GEO, estilo: Tracker LSI, capacidad: 5 personas, año: 1992, color: azul, tracción: 4x4, chasis: 2CNBJ18U9N6902465, motor: G16N383477, combustible: gasolina. Para el segundo remate, se señalan las catorce horas quince minutos del once de febrero del dos mil quince, con la base de quinientos cuarenta y nueve mil setenta y cinco colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las catorce horas quince minutos del veintiséis de febrero del dos mil quince, con la base de ciento ochenta y tres mil veinticinco colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de José Francisco Barrantes Campos contra Yesenia Alvarado Vásquez. Expediente N° 11-013725-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 2 de octubre del 2014.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—(IN2014086768).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios, a las nueve horas treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil quince, y con la base de setecientos treinta y dos mil seiscientos diez colones, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Vehículo placas: 329896, marca: Isuzu, año: 1991, color: blanco, cilindrada: 260 CC., tracción: 4x4. Para el segundo remate, se señalan las nueve horas treinta minutos del seis de febrero del dos mil quince, con la base de quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete colones con 50/100 (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las ocho horas treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de ciento ochenta y tres mil ciento cincuenta y dos colones con 50/100 (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecutivo prendario de José Francisco Barrantes Campos contra Lilieth c.c. Lidieth Rivera Quirós. Expediente N° 11-000449-1006-CI.—Juzgado Civil de Menor Cuantía de Turrialba, 14 de noviembre del 2014.—Lic. Randall Gómez Chacón, Juez.—(IN2014086789).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada, a las once horas y treinta minutos del dieciséis de febrero del dos mil quince, y con la base de veinticinco mil trescientos treinta y ocho dólares con cincuenta y cinco centavos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 537504-000, la cual es terreno de café. Situada: en el distrito San Gabriel, cantón Aserrí, de la provincia de San José. Colinda: al norte, calle pública; al sur, José Luis Corrales Cruz e Israel Filiberto Umaña Mora; al este, calle pública, y al oeste, Israel Filiberto Umaña Mora. Mide: mil doscientos sesenta y seis metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados. De no haber postores, para llevar a cabo el segundo remate, se señalan las once horas y treinta minutos del tres de marzo del dos mil quince, con la base de diecinueve mil tres dólares con noventa y un centavos (rebajada en un 25%). De no apersonarse rematantes, para el tercer remate, se señalan las once horas y treinta minutos del dieciocho de marzo del dos mil quince, con la base de seis mil trescientos treinta y cuatro dólares con sesenta y cuatro centavos (un 25% de la base original). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Scotiabank de Costa Rica Sociedad Anónima contra Melvin Eduardo Vásquez Bonilla. Expediente N° 14-016792-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 18 de noviembre del 2014.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—(IN2014086817).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las ocho horas y treinta minutos del cinco de febrero del dos mil quince, y con la base de veintisiete millones de colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco-cero cero uno y cero cero dos, la cual es terreno para construir con una casa de habitación. Situada: en el distrito (07) Corralillo, cantón (01) Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Todias Ortega Jiménez; al sur, Virgilio Romero Valverde; al este, Carlos Romero Valverde, y al oeste, calle pública con 16 metros 44 centímetros de frente. Mide: cuatrocientos diecisiete metros con cincuenta y tres decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las ocho horas y treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de veinte millones doscientos cincuenta mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las ocho horas y treinta minutos del nueve de marzo del dos mil quince, con la base de seis millones setecientos cincuenta mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Carmen Jiménez Romero, Rebeca Bianchini Quesada. Expediente N° 14-007515-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 1° de diciembre del 2014.—Licda. Marcela Brenes Piedra, Jueza.—(IN2014086818).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las catorce horas del veintiocho de enero del dos mil quince, y con la base de cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y un dólares exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Heredia, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 191555-000, la cual es terreno para construir lote 4. Situada: en el distrito 04 San Roque, cantón 02 Barva, de la provincia de Heredia. Colinda: al norte, Corporación Constructora Vindas Garita S. A.; al sur, Corporación Constructora Vindas Garita S. A.; al este, Delicarnes S. A., y Blanca Reyes Brenes, y al oeste, calle pública. Mide: ciento cincuenta y nueve metros con noventa y tres decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las catorce horas del doce de febrero del dos mil quince, con la base de treinta y siete mil ochocientos treinta y ocho dólares con veinticinco centavos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las catorce horas del veintisiete de febrero del dos mil quince, con la base de doce mil seiscientos doce colones con setenta y cinco centavos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Scotiabank de Costa Rica Sociedad Anónima contra Alonso Quesada Rojas, Grupo Inmobiliario Las Palmas Mafer S. A. Expediente N° 14-018359-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 9 de octubre del 2014.—Lic. Marvin Ovares Leandro, Juez.—(IN2014086820).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones, citas tomo: 397, asiento: 12385, a las catorce horas y cero minutos del diecinueve de enero del dos mil quince, y con la base de cincuenta y siete millones quinientos mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número setenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos cero cero cuatro, cero cero cinco, la cual es terreno para construir con una casa. Situada: en el distrito 01-San Vito, cantón 08-Coto Brus, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, calle pública con 18 m 46 cm; al sur, lote 54; al este, lote 56, y al oeste, calle pública con 17 m 80 cm. Mide: trescientos treinta y cuatro metros con noventa y tres decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las catorce horas y cero minutos del tres de febrero del dos mil quince, con la base de cuarenta y tres millones ciento veinticinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las catorce horas y cero minutos del dieciocho de febrero del dos mil quince, con la base de catorce millones trescientos setenta y cinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Elías Jovel Villalobos Villalobos, Lester Johel Villalobos Gallardo. Expediente N° 14-006982-1200-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, 7 de noviembre del 2014.—Lic. Eileen Chaves Mora, Jueza.—(IN2014086846).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las siete horas y cuarenta y cinco minutos del cinco de febrero del dos mil quince, y con la base de doce millones cien mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número seiscientos veintidós mil trescientos ochenta y cinco cero cero uno, cero cero dos, la cual es terreno solar y casa. Situada: en el distrito 03-Daniel Flores, cantón 19-Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Ana Lucía Rodríguez Calvo; al sur, calle pública; al este, calle pública, y al oeste, Socorro Calvo Villalobos. Mide: trescientos cuarenta y siete metros con cero decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las siete horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de nueve millones setenta y cinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las siete horas y cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo del dos mil quince, con la base de tres millones veinticinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Fabián Francisco Vargas Madriz, Sol Adriana Herrera Rodríguez. Expediente N° 14-007123-1200-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, 25 de noviembre del 2014.—Lic. Eileen Chaves Mora, Jueza.—(IN2014086847).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Reservas y Restricciones, inscrita bajo las Citas: b 300-17207-01-0916-001, practicado Citas: 800-135356-01-0001-001 y, prevención con las Citas: 2012-242810-01-0005-001; a las nueve horas y cero minutos del catorce de enero del año dos mil quince, y con la base de cuarenta y dos mil sesenta dólares con ochenta y nueve centavos en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número doscientos uno mil cuarenta y nueve cero cero cero la cual es terreno de solar lote 2. Situada en el distrito 08 Cabo Velas, cantón 03 Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, Ronald Edward Martín; al sur, Grupo Yuritsume S. A. en medio servidumbre de paso con un largo de 15.43 metros con todos en parte; al este, Tenerife S. A. y AyA con ambos en parte y al oeste, Anayansy Barrantes Angulo. Mide: quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados. Plano catastrado Na: G-1676388-2013. Para el Segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del veintinueve de enero del año dos mil quince, con la base de treinta y un mil quinientos cuarenta y cinco dólares con sesenta y seis centavos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del trece de febrero del año dos mil quince con la base de diez mil quinientos quince dólares con veintidós centavos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Damirocca S. A., contra Mara Karolina Obando Cruz. Exp.: 14-000711-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 08 de diciembre del 2014.—Licda. Yesenia Auxiliadora Zúñiga Ugarte, Jueza.—(IN2014086890).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; a las siete horas y treinta minutos del veinte de enero del año dos mil quince, y con la base de sesenta mil dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento setenta mil novecientos cincuenta y nueve cero cero cero la cual es terreno lote tercero, terreno para construir. Situada en el distrito 09 Tamarindo, cantón 03 Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte Las Gaviotas de Tamarindo OC S. A.; al sur Las Gaviotas de Tamarindo OC S. A.; al este, Las Gaviotas de Tamarindo OC S. A. y al oeste, calle pública. Mide: seiscientos siete metros cuadrados. Plano catastrado N° G-1324048-2009. Para el Segundo remate se señalan las siete horas y treinta minutos del cuatro de febrero del año dos mil quince, con la base de cuarenta y cinco mil dólares (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las siete horas y treinta minutos del diecinueve de febrero del año dos mil quince con la base de quince mil dólares (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Carolina Natalia Maida y Montefresco Guanacaste Tropical Four Sociedad de Responsabilidad Limitada. Exp.: 12-001720-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 03 de diciembre del 2014.—Licda. Yesenia Auxiliadora Zúñiga Ugarte, Jueza.—(IN2014086891).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Reservas y Restricciones Citas: 0391-00014111-01-0907-001; a las siete horas y cero minutos del once de marzo del año dos mil quince, y con la base de treinta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y un colones con treinta y tres céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número setenta y siete mil veintiocho cero cero cero la cual es terreno para construir lote 8. Situada en el distrito 01 Liberia, cantón 01 Liberia, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, calle pública con 19,53 m; al sur, calle pública con 19,53 m; al este, Gualberto Ugarte Leiva y al oeste, calle pública con 26,09 m. Mide: quinientos siete metros con setenta y ocho decímetros cuadrados. Plano: G-0969171-1991. Para el Segundo remate se señalan las siete horas y cero minutos del veintiséis de marzo del año dos mil quince, con la base de veintisiete millones setecientos dieciséis mil ciento veintitrés colones con cincuenta céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las siete horas y cero minutos del diez de abril del año dos mil quince con la base de nueve millones doscientos treinta y ocho mil setecientos siete colones con ochenta y tres céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra José Manuel Vindas Bustos. Exp: 13-002362-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 01 de diciembre del 2014.—Licda. Yesenia Auxiliadora Zúñiga Ugarte, Jueza.—(IN2014086901).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; a las quince horas y cero minutos (tres horas y cero minutos pasado meridiano) del veintiuno de enero de dos mil quince, y con la base de dieciocho millones quinientos mil novecientos ochenta y un colones con noventa y cinco céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 277337-000, la cual es terreno para construir lote 48-1-F, hoy con una casa. Situada en el distrito 01 San Mateo, cantón 04 San Mateo, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte lote 26 F; al sur, calle pública; al este, calle pública y al oeste, lote 2 F. Mide: ciento cincuenta y cinco metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados. Para el Segundo remate se señalan las quince horas y cero minutos (tres horas y cero minutos pasado meridiano) del cinco de febrero de dos mil quince, con la base de trece millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos treinta y seis colones con cuarenta y seis céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las quince horas y cero minutos (tres horas y cero minutos pasado meridiano) del veinte de febrero de dos mil quince con la base de cuatro millones seiscientos veinticinco mil doscientos cuarenta y cinco colones con cuarenta y nueve céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de, Eliécer Guillermo Solórzano Cambronero contra Gerardo Rodríguez Cubero. Exp.: 13-005899-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 03 de noviembre del 2014.—Msc. Juan Carlos Castro Villalobos, Juez.—(IN2014086903).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios; a las once horas y quince minutos del diez de febrero del dos mil quince, 1) con la base de veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta colones con ochenta y siete céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: el vehículo placa EE- 27262, marca Case, estilo Retroexcavadora, equipo especial obras civiles, capacidad 1 persona, año 2008, color amarillo, 4x4, motor N° 46769725, 4500 cc, diesel. 2) Con la base de siete millones trescientos noventa y un mil noventa y nueve colones con veintinueve céntimos el vehículo placas C-128511, marca Mack, estilo R686ST, carga pesada, capacidad 2 personas, año 1985, vagoneta, color blanco, 4x2, motor N° 5K0741, 11060 cc, diesel Para el Segundo remate se señalan las once horas y quince minutos del veintiséis de febrero de dos mil quince, con la base para el vehículo número 1 de diecinueve millones noventa y tres mil seiscientos setenta y tres colones con quince céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y para el vehículo número 2) de cinco millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos veinticuatro colones con cuarenta y siete céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las once horas y quince minutos del trece de marzo de dos mil quince con la base para el vehículo número 1 de seis millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete colones con setenta y dos céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial) y con la base para el vehículo número 2) de un millón ochocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y cuatro colones con ochenta y dos céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Valores Comerciales Costa Rica Valco S. A., contra Excavaciones Montero S. A. Exp.: 14-002793-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro Primer Circuito Judicial de San José, 07 de noviembre del 2014.—Lic. Marvin Ovares Leandro, Juez.—(IN2014086911).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes prendarios; a las quince horas con diez minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de dos millones setecientos cincuenta mil colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Vehículo placa número: 684140, marca: Toyota, estilo: 4 Runner, categoría: automóvil, capacidad: 7 personas, año: 1998, color: blanco, Vin: KZN1850047037, cilindrada: 3000 cc, combustible: diesel, motor número: 1KZ0515290. Para el Segundo remate se señalan las quince horas con diez minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de dos millones sesenta y dos mil quinientos colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las quince horas con diez minutos del veinte de febrero del dos mil quince con la base de seiscientos ochenta y siete mil quinientos colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Vehículos de Costa Rica S. A., contra Juan Carlos León Hernández. Exp.: 13-010461-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 03 de noviembre del 2014.—Licda. Karol Melina Zumbado Sánchez, Jueza.—(IN2014086953).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Reservas y Restricciones 402-10346-01-0925-001; a las catorce horas y treinta minutos del trece de enero de dos mil quince, y con la base de ciento cuarenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro dólares con treinta y tres centavos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos cinco mil doscientos cuarenta y uno cero cero cero (405.241-000) la cual es terreno para construir con una casa, lote 2-C. Situada en el distrito Escazú, cantón Escazú, de la provincia de San José. Colinda: al norte, lote 1-C; al sur, lote 3-C; al este, cementerio municipal y al oeste, calle pública Rosalinda. Mide: seiscientos metros con cinco decímetros cuadrados. Para el Segundo remate se señalan las catorce horas y treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil quince, con la base de ciento diez mil seiscientos setenta y tres dólares con veinticinco centavos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las catorce horas y cero minutos del doce de febrero de dos mil quince con la base de treinta y seis mil ochocientos noventa y un dólares con ocho centavos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra Rodrigo Ramón de Jesús Troyo Ulloa. Exp.: 14-001842-1158-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro de Heredia, 16 de setiembre del 2014.—Lic. Ricardo Chacón Cuadra, Juez Decisor.—(IN2014086955).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; a las trece horas y treinta minutos del veinticinco de febrero del año dos mil quince, y con la base de treinta y tres millones quinientos mil colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento treinta y tres mil seiscientos dieciocho cero cero cero la cual es terreno apto para construir situada en el distrito 3-Sardinal cantón 5-Carrillo de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública con un frente a la misma de 03,50 metros y Lizany María Mejía Contreras en parte; sur, Manuel Mejía Flores; este, Lizany María Mejía Contreras, oeste, Álvaro Quesada Navarrete. Mide: quinientos cincuenta y siete metros con cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Plano: G-0858987-2003. Para el Segundo remate se señalan las trece horas y treinta minutos del doce de marzo del año dos mil quince, con la base de veinticinco millones ciento veinticinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las trece horas y treinta minutos del veintisiete de marzo del año dos mil quince con la base de ocho millones trescientos setenta y cinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra María Anita Mejía Contreras. Exp: 14-002192-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 20 de noviembre del 2014.—Lic. Yesenia Auxiliadora Zúñiga Ugarte, Jueza Decisora.—(IN2014086974).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Reservas y Restricciones citas: 342-01638-01-0900-001; a las trece horas y treinta minutos del veinte de febrero del año dos mil quince, y con la base de veintisiete millones doscientos treinta y seis mil cinco colones con setenta y nueve céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número noventa y seis mil seiscientos setenta cero cero cero la cual es terreno de repastos, lote 14, con una casa situada en el distrito 11-Cóbano cantón 1-Puntarenas de la provincia de Puntarenas. Linderos: norte, calle pública con 28,36 metros de frente; sur, lote 3 de Flor Quirós Rojas; este, lote 15 de María del Rosario Quirós Rojas, oeste, lote 13 de Juan Diego Quirós Rojas. Mide: cinco mil cuatrocientos treinta y ocho metros con siete decímetros cuadrados. Plano: P-0331800-1996. Para el Segundo remate se señalan las trece horas y treinta minutos del nueve de marzo del año dos mil quince, con la base de veinte millones cuatrocientos veintisiete mil cuatro colones con treinta y cuatro céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las trece horas y treinta minutos del veinticuatro de marzo del año dos mil quince con la base de seis millones ochocientos nueve mil un colones con cuarenta y cinco céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Marvin del Carmen Quirós Monge. Exp.: 14-002307-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 26 de noviembre del 2014.—Lic. Yesenia Auxiliadora Zúñiga Ugarte, Jueza Decisora.—(IN2014086976).

En la puerta exterior de este Despacho, se rematarán los siguientes bienes: 1) Primera finca: Con la base de ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco colones (Primer remate) libre de gravámenes hipotecarios; sáquese a remate la finca: Partido de Guanacaste, matrícula número 78396-000. La cual se describe así: naturaleza: terreno de solar lote 2 situada en el distrito 1-Hojancha cantón 11-Hojancha de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, calle pública con un frente a esta de 11 metros con 75 centímetros; sur, Gilberth Quirós Rojas; este, Marguin Villalobos Fajardo, oeste, Eddy Bermúdez Mora. Mide: cuatrocientos dos metros con setenta decímetros cuadrados. Plano: G-0706548-1987. De no haber postores, se fija como base para llevar a cabo el Segundo remate, la suma de seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos veintiún colones con veinticinco céntimos (rebajada en un 25%). De no apersonarse rematantes, se fija como base para el Tercer remate, la suma de dos millones ciento sesenta y seis mil doscientos setenta y tres colones con setenta y cinco céntimos (un 25% de la base original). 2) Segunda y tercera finca: Con la base de un millón trescientos diecinueve mil seiscientos colones por cada finca (Primer remate) libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada, sáquese a remate las fincas: Partido de Guanacaste, matrículas números 89139-000 la cual se describe así: naturaleza: resto de terreno para construir. Situada en el distrito 1-Hojancha cantón 11-Hojancha de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, quebrada en medio con Evelio Núñez Delgado; sur, con calle pública con frente a esta de 14 metros 13 centímetros, este, María Alemán Castillo, oeste, Reforestadora Hojancha Sociedad Anónima. Mide: trescientos veintinueve metros con noventa decímetros cuadrados. Plano G-0008691-1991 y la finca matrícula 113107-000, la cual se describe así: Naturaleza: terreno para construir. Situada en el distrito 1-Hojancha cantón 11-Hojancha de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, quebrada en medio con Evelio Núñez Delgado; sur, calle pública con un frente a esta de 14 metros 13 centímetros, este, Reforestadora Hojancha Sociedad Anónima, oeste, Greiman Herrera Espinoza. Mide: trescientos veintinueve metros con noventa decímetros cuadrados. Plano: G-0008690-1991. De no haber postores, se fija como base para llevar a cabo el Segundo remate, la suma de novecientos ochenta y nueve mil setecientos colones por cada finca (rebajada en un 25%). De no apersonarse rematantes, se fija como base para el Tercer remate, la suma de trescientos veintinueve mil novecientos colones por cada finca (un 25% de la base original). 3) Cuarta finca: Con la base de un millón trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis colones (Primer remate) libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada, sáquese a remate la finca: Partido de Guanacaste, matrícula número 125039-000, la cual se describe así: Naturaleza: terreno para construir situada en el distrito 1- Hojancha cantón 11-Hojancha de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, quebrada en medio con Flora Mena Venegas; sur, calle pública con frente a esta de 12 metros 16 centímetros, este, Greiman Herrera Espinoza, oeste, calle pública con un frente a esta de 25 metros 35 centímetros. Mide: trescientos veinticuatro metros con sesenta y tres decímetros cuadrados. Plano: G-0997292-1991. De no haber postores, se fija como base para llevar a cabo el Segundo remate, la suma de un millón veintidós mil quinientos ochenta y cuatro colones con cincuenta céntimos (rebajada en un 25%). De no apersonarse rematantes, se fija como base para el Tercer remate, la suma de trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y un colones con cincuenta céntimos (un 25% de la base original). 4) Quinta finca: Con la base de quinientos ochenta y un mil setecientos setenta y cinco colones con ochenta y cuatro céntimos (Primer remate) libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada, sáquese a remate la finca: Partido de Guanacaste, matrícula número 88698-000, la cual se describe así naturaleza: Terreno para construir. Situada en el distrito 1-Hojancha cantón 11-Hojancha de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, quebrada; sur, calle pública con un frente a ella de diecinueve metros con noventa y nueve centímetros lineales; este, Ricardo Alemán Castrillo; oeste, Manuel Herrera Vargas. Mide: cuatrocientos ochenta y seis metros con treinta decímetros cuadrados. Plano: G-0997294-1991. De no haber postores, se fija como base para llevar a cabo el Segundo remate, la suma de cuatrocientos treinta y seis mil trescientos treinta y un colones con ochenta y ocho céntimos (rebajada en un 25%). De no apersonarse rematantes, se fija como base para el Tercer remate, la suma de ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres colones con noventa y seis céntimos (un 25% de la base original). Señalamiento para remate de las cinco fincas: Primer remate: Para tal efecto se señalan las trece horas y treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil quince. De no haber postores, para llevar a cabo el Segundo remate, se señalan las trece horas y treinta minutos del trece de febrero de dos mil quince. De no apersonarse rematantes, para el Tercer remate, se señalan las trece horas y treinta minutos del dos de marzo de dos mil quince. Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Greiman Manuel Herrera Espinoza, Karla de los Ángeles Martínez Oviedo, María Isidra de los Ángeles Espinoza Carrillo, Mary Gisella Herrera Espinoza. Exp.: 14-001640-1206-CJ.—Juzgado de Cobro y Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, 17 de noviembre del 2014.—Lic. Luis Alberto Pineda Alvarado, Juez.—(IN2014086979).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando Reservas y Restricciones Citas 362-16843-01-0908-001; a las diez horas y treinta minutos del diecinueve de enero del año dos mil quince, y con la base de cinco mil dólares exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento treinta y siete mil quinientos noventa y siete cero cero cero la cual es terreno para agricultura. Situada en el distrito 03 Mayorga, cantón Liberia, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, Paulo Zúñiga Barrantes; al sur, calle pública; al este y oeste, Paulo Zúñiga Barrantes. Mide: dos mil ciento ocho metros con trece decímetros cuadrados. Plano: G-0929225-2004. Para el Segundo remate se señalan las diez horas y treinta minutos del tres de febrero del año dos mil quince, con la base de tres mil setecientos cincuenta dólares exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las diez horas y treinta minutos del dieciocho de febrero del año dos mil quince con la base de mil doscientos cincuenta dólares exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de, Justin Henry Sutton contra Manuel Antonio Mora Vargas. Exp.: 14-002216-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 12 de noviembre del 2014.—Licda. Yesenia Zúñiga Ugarte, Jueza.—(IN2014086980).

PRIMERA PUBLICACIÓN

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; a las quince horas y cero minutos del seis de enero del año dos mil catorce, y con la base de cuarenta y un millones trescientos quince mil novecientos cuarenta y nueve colones con noventa y ocho céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro cero cero cero la cual es terreno para agricultura con una casa de habitación. Situada en el distrito Río, cantón Cuarto, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Luis Emilio e Igna Luz Rodríguez Artavia; al sur, Edgar Arce Campos; al este, Quebrada Culebra y al oeste, calle pública con un frente de 58,56 centímetros lineales. Mide: nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Para el Segundo remate se señalan las quince horas y cero minutos del veintiuno de enero del año dos mil catorce, con la base de treinta millones novecientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y dos colones con cuarenta y ocho céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la Tercera subasta se señalan las quince horas y cero minutos del cinco de febrero del año dos mil catorce con la base de diez millones trescientos veintiocho mil novecientos ochenta y siete colones con cuarenta y nueve céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Ferretería Murba S. A. Exp: 14-024550-1012-CJ. Notifíquese.—Juzgado Especializado de Cobro, Segundo Circuito Judicial de San José, 27 de octubre del 2014.—Lic. Manuel Emilio Cortés Sánchez, Juez.—(IN2014086394).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos, servidumbre de paso, demanda ordinaria citas: 2013-78447-001; a las once horas y treinta minutos del dos de febrero del año dos mil quince, y con la base de quince millones novecientos mil colones exactos , en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos seis-cero cero uno, cero cero dos (2- 467406-001,002) la cual es terreno de agricultura. Situada en el distrito 05 Tacares, cantón 03 Grecia, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Sonia Maroto Vargas; al sur, Compañía Agrícola Industrial de Tacares; al este, Sociedad Industrial Cataluña y al oeste, servidumbre de paso con un frente de 69.65 metros. Mide: siete mil trescientos veintidós metros cuadrados. Plano: A-1422897-2010. Para el segundo remate se señalan las once horas y treinta minutos del diecisiete de febrero del año dos mil quince, con la base de once millones novecientos veinticinco mil colones exactos y, para la tercera subasta se señalan las once horas y treinta minutos del cuatro de marzo del año dos mil quince con la base de tres millones novecientos setenta y cinco mil colones exactos. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Andy Francisco Elizondo Valverde contra Carlos Manuel Maroto Vargas, Nelly Vargas Alfaro. Exp: 13-005298-1204-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Grecia, 10 de setiembre del 2014.—Lic. Brayan Li Morales, Juez Decisor.—(IN2014086981).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones bajo las citas: 360-02771-01-0926-001; a las catorce horas y treinta minutos del cinco de marzo del año dos mil quince, y con la base de tres millones novecientos noventa mil noventa y seis colones con ochenta y ocho céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 486815-000, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito 02, Buena Vista cantón 15, Guatuso, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Landelino Arguello Ruiz, sur, con calle pública, este: Landelino Arguello Ruiz y oeste: Luis Fernando Arias Rodríguez. Mide: seiscientos metros cuadrados plano: A-1021745-2005. Para el segundo remate se señalan las catorce horas y treinta minutos del veinte de marzo del año dos mil quince, con la base de dos millones novecientos noventa y dos mil quinientos setenta y dos colones con sesenta y seis céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las catorce horas y treinta minutos del trece de abril del año dos mil quince con la base de novecientos noventa y siete mil quinientos veinticuatro colones con veintidós céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Rosa del Carmen Rojas Solano. Exp: 14-002357-1202-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, 14 de noviembre del 2014.—Lic. Luis Diego Romero Trejos, Juez.—(IN2014086994).

A las ocho horas treinta minutos del cinco de febrero del dos mil quince, en la puerta de este Juzgado en el mejor postor, libre de gravámenes hipotecarios y de anotaciones judiciales, pero soportando Ref: 2517 131 001, citas 311-7859-01-0910-001 y reservas y restricciones citas 311-7859-01-0911-001 y con la base de doce millones ochocientos veintidós mil doscientos sesenta y nueve (¢12.822.269.00), de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, partido de Guanacaste, al Sistema de folio real, matrícula número: treinta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve derecho cero cero cinco, que es terreno de agricultura, situada en el distrito dos, Quebrada Grande, cantón octavo, Cañas, de la provincia de Guanacaste, con una medida de cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete metros con ochenta y ocho metros cuadrados; plano no se indica, con Linderos: norte, Marvin Ramírez Torres, calle pública y Eliécer Gamboa Artavia, sur, Marvin Ramírez Torres, Eliécer Gamboa Artavia y Eloisa Ramírez, este, Eliécer Gamboa Artavia, Rogelio Vindas y Marvin Ramírez Torres en medio servidumbre de paso y calle pública y oeste, calle privada. Para segundo remate, con la rebaja del veinticinco por ciento (25%) de la base de la finca, sea la suma de nueve millones seiscientos dieciséis mil setecientos un colones con setenta y cinco céntimos (¢9.616.701,75), se señalan las ocho horas treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince. Si para el segundo remate no existieren oferentes, para celebrar un tercer remate, que se iniciará con el veinticinco por ciento (25%) de la base original de la finca sea la suma de tres millones doscientos cinco mil quinientos sesenta y siete colones con veinticinco céntimos (¢3.205.567,25), y en esta el postor deberá depositar la totalidad de la oferta, y al efecto se señalan las ocho horas treinta minutos del nueve de marzo del dos mil quince. Si para el tercer remate no hay postores, los bienes se tendrán por adjudicados al ejecutante, en el veinticinco por ciento (25%) de la base original de la finca. Se rematan por ordenarse así en Expediente Nº 98-100108-0389-CI-(108-4-98)-A, proceso ejecutivo simple, por parte de Banco Nacional de Costa Rica, contra Vismark Ramírez Torres y otros.—Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Cañas, Guanacaste, 21 de noviembre del 2014.—Lic. Xinia María Esquivel Herrera, Jueza.—(IN2014086997).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre de líneas eléctricas y de paso citas 340-13338-01-0001-001; a las nueve horas y cero minutos del tres de febrero de dos mil quince, y con la base de sesenta y cinco mil dólares exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 207.014-000 la cual es terreno lote para construir. Situada en el distrito 01 San Rafael, cantón 07 Oreamuno, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte Taquiscu S. A.; al sur casa Benneth de Cartago S. A.; al este Taquiscu S. A. y al oeste calle pública.- Mide: mil ochocientos sesenta y tres metros con treinta Y ocho decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del dieciocho de febrero de dos mil quince, con la base de cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta dólares exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del cinco de marzo de dos mil quince con la base de dieciséis mil doscientos cincuenta dólares exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: En caso de que existan postores el día de efectuarse el remate y estos aporten la suma correspondiente en moneda diferente a la indicada -en el presente edicto-, se consigna que el tipo de cambio a utilizar será el correspondiente al día en que se realice la almoneda, según lo establezca el Banco de Costa Rica. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Adrián Uriel Blanco Varela contra Ana Lucia Fernández Esquivel. Exp: 14-007101-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 25 de noviembre del 2014.—Licda. Yanin Torrentes Ávila, Jueza Decisora.—(IN2014086998).

En la puerta exterior de este Despacho; soportando servidumbre de paso bajo las citas 2012-00287830-01-0002-001; a las catorce horas y treinta minutos del cinco de febrero de dos mil quince (02:30 pm 05/02/2015), y con la base de cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil cincuenta y cinco colones con cuarenta y nueve céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número doscientos cuarenta mil trescientos sesenta y dos-cero cero cero la cual es terreno de potrero. Situada en el distrito (04) San Nicolás, cantón (01) Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, lote 7 de Carlos Manuel Fernández González; al sur, lote 6 de Carlos Manuel Fernández González; al este, calle pública con 63.23 metros de frente y al oeste, lotes 11 de Carlos Manuel Fernández González. Mide: tres mil novecientos noventa y un metros con quince decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las catorce horas y treinta minutos del veinte de febrero de dos mil quince (02:30 pm 20/02/2015), con la base de treinta y cuatro millones novecientos noventa y siete mil doscientos noventa y un colones con sesenta y dos céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las catorce horas y treinta minutos del nueve de marzo de dos mil quince (02:30 pm 09/03/2015) con la base de once millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y tres colones con ochenta y siete céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Carlos Manuel Fernández González, Construcciones F C F de Cartago Sociedad Anónima. Exp: 14-007608-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 02 de diciembre del 2014.—Licda. Marcela Brenes Piedra, Jueza.—(IN2014087040).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las quince horas y cero minutos del veintitrés de enero de dos mil quince, y con la base de siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y un colones con noventa y tres céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 240276-000la cual es terreno solar. Situada en el distrito 05 Santa Rosa, cantón 07 Oreamuno, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, lote 11 Inversiones y Residencias Las Rosas Limitada; al sur, lote 13 Inversiones y Residencias Las Rosas Limitada; al este, Inversiones y Residencias Las Rosas Limitada y al oeste, calle pública con un frente de 10 metros lineales. Mide: ciento cincuenta metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las quince horas y cero minutos del nueve de febrero de dos mil quince, con la base de cinco millones quinientos noventa mil doscientos sesenta y ocho colones con noventa y cuatro céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las quince horas y cero minutos del veinticuatro de febrero dedos mil quince con la base de un millón ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos veintidós colones con noventa y ocho céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Horacio Enrique Montenegro Masis. Exp: 14-000603-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 01 de diciembre del 2014.—Msc. Guillermo Guevara Solano, Juez.—(IN2014087053).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes prendarios; a las quince horas y treinta minutos del trece de enero del año dos mil quince, y con la base de veinte mil doscientos cincuenta dólares, en el mejor postor remataré lo siguiente: vehículo JJL-087, marca Honda, estilo Civic LX, año modelo dos mil doce, carrocería cuatro puertas, tracción cuatro por dos, capacidad cinco personas, color gris, número de motor R uno ocho Z uno uno siete tres cuatro siete siete cero, número de serie uno nueve X FB dos cinco cinco cero C E cinco cero uno cuatro cuatro nueve, cilindrada mil setecientos noventa y ocho centímetros cúbicos, cilindros cuatro, combustible gasolina. Para el segundo remate se señalan las quince horas y treinta minutos del veintiocho de enero del año dos mil quince, con la base de quince mil ciento ochenta y siete dólares con cincuenta centavos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las quince horas y treinta minutos del doce de febrero del año dos mil quince con la base de cinco mil sesenta y dos dólares con cincuenta centavos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria de Banco de Costa Rica contra Jonathan Gerardo Solís Granados Exp: 14-026429-1012-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José, 20 de noviembre del año 2014. Notifíquese.—Licda. Jéssika Fernández Cubillo, Jueza.—(IN2014087077).

En la puerta exterior de este Despacho, soportando servidumbre trasladada, a las diez horas y treinta minutos del seis de marzo del dos mil quince, y con la base de catorce millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte colones con veintiún céntimos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento ochenta mil ciento treinta y uno-cero cero uno, cero cero dos y cero cero tres, la cual es terreno de potrero con dos casas y un galerón. Situada: en el distrito cuarto, cantón quinto, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Junta de Educación San Antonio de Santa Cruz y salida a calle pública con diez metros; al sur, Edwin Santiago Salas Salas encontrándose río Guayabito en medio con un frente de ciento seis metros con sesenta centímetros; al este, Fabio Orlando Zúñiga Guillén, y al oeste, Cristina Cubero, Ricardo Zamora Alfaro y Edwin Santiago Salas Salas en parte. Mide: veinte mil setecientos ochenta metros con cuarenta y un decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y treinta minutos del veintitrés de marzo del dos mil quince, con la base de diez millones setecientos setenta y un mil ciento cuarenta colones con dieciséis céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y treinta minutos del catorce de abril del dos mil quince, con la base de tres millones quinientos noventa mil trescientos ochenta colones con cinco céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial. Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra Nicanor Vargas Álvarez. Expediente N° 14-006550-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 27 de noviembre del 2014.—Licda. Marcela Brenes Piedra, Jueza.—(IN2014087078).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos, a las nueve horas y treinta minutos del dieciocho de marzo del dos mil quince, y con la base de cuatro millones de colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 234718-0000, la cual es terreno para construir. Situada: en el distrito 09 Santa Rosa, cantón 05 Turrialba, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Gerardo Díaz Zúñiga y Minor Díaz Zúñiga; al sur, resto reservado; al este, calle pública con un frente de 25.40 metros, y al oeste, resto reservado. Mide: seiscientos metros con cero decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las nueve horas y treinta minutos del nueve de abril del dos mil quince, con la base de tres millones de colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las nueve horas y treinta minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, con la base de un millón de colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Marlene Fallas Araya contra Jesús Rolando Romero Prado. Expediente N° 14-007585-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 18 de noviembre del 2014.—Lic. Guillermo Ortega Monge, Juez.—(IN2014087081).

A las ocho horas del treinta de enero del dos mil quince, en la puerta exterior de este Despacho, soportando reservas y restricciones, bajo las citas: cuatrocientos cinco-diez mil setecientos cincuenta y dos-cero uno-cero ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y uno, ochocientos cincuenta y dos y ochocientos cincuenta y tres-cero cero uno, y soportando practicado bajo las citas: ochocientos-ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinticuatro-cero uno-cero cero cero uno-cero cero uno, y remataré al mejor postor, lo siguiente: Finca del partido de Puntarenas, matrícula Folio Real número ochenta y un mil novecientos setenta y cinco-triple cero. Situada: en el distrito primero Golfito, cantón sétimo Golfito, provincia de Puntarenas. Mide: setenta y seis mil trescientos cinco metros con noventa decímetros cuadrados, según plano N° P-0938415-1990, propiedad de QT Sociedad Anónima que es terreno sección B y montaña con dos casas de habitación. Linderos: norte, Simón Torres Torres; al sur, calle pública con un frente de ciento doce metros con cero tres centímetros lineales; este, calle pública con un frente de cuatrocientos siete metros con doce centímetros lineales; oeste, Simón Torres Torres. Con la base para la primera subasta en la suma de treinta mil dólares. Para la segunda subasta, se señalan las ocho horas del veintisiete de febrero del dos mil quince, con la base de veintidós mil quinientos dólares (rebajado en un 25%). De no apersonarse rematante, para el tercer remate, se señalan las ocho horas del veinte de marzo del dos mil quince, con la base de siete mil quinientos dólares (un veinticinco por ciento de la base inicial). Lo anterior se remata por estar ordenado así en proceso ejecutivo hipotecario N° 14-000092-0419-AG interno 114-1-14 de Marvin Hugo Arias Picado contra QT Sociedad Anónima.—Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, 13 de noviembre del 2014.—Licda. Maricel Zamora Arias, Jueza Agraria.—(IN2014087083).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las diez horas y treinta minutos del seis de febrero del dos mil quince, y con la base de veinte millones de colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 197763-000, la cual es terreno para construir. Situada: en el distrito 05 San Francisco, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Proyectos Industriales Eléctricos S. A.; al sur, Proyectos Industriales Eléctricos S. A.; al este, calle pública con 8.11 metros de frente, y al oeste, Proyectos Industriales Eléctricos S. A. Mide: doscientos diecisiete metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil quince, con la base de quince millones de colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y treinta minutos del diez de marzo del dos mil quince, con la base de cinco millones de colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Marlon Evertho Reyes Solórzano. Expediente N° 12-010509-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 2 de diciembre del 2014.—Lic. Guillermo Ortega Monge, Juez.—(IN2014087099).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada y servidumbre de paso, a las diez horas y quince minutos del veintiocho de enero del dos mil quince, y con la base de seis millones novecientos mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y cinco-cero cero cero, la cual es terreno lote de charral. Situada: en el distrito San Miguel, cantón Desamparados, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Yamileth Morales Castro; al sur, Vera Virginia Padilla Ureña; al este, calle pública, y al oeste, calle pública. Mide: trece mil seiscientos once metros cuadrados. Plano N° SJ-0569553-1999. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y quince minutos del doce de febrero del dos mil quince, con la base de cinco millones ciento setenta y cinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y quince minutos del veintisiete de febrero del dos mil quince, con la base de un millón setecientos veinticinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Ingrid Marcela Sánchez Navarro contra Gladys Segura Arias. Expediente N° 14-014385-1170-CJ.—Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, 2 de diciembre del 2014.—Lic. Minor Antonio Jiménez Vargas, Juez.—(IN2014087107).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando cond. y reserv. ref.: 2145-033-001, citas: 296-02983-01-0903-002, a las diez horas y treinta minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de cuatro millones ochocientos cincuenta mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 166235-000, la cual es terreno para construir. Situada: en el distrito Nicoya, cantón Nicoya, de la provincia de Guanacaste. Colinda: norte, Emel Baltodano Villarreal; sur, Gregoria Hernández Briceño; este, calle pública con 16,52 metros; oeste, Emel Baltodano Villarreal. Mide: doscientos setenta y nueve metros con veintiún decímetros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y treinta minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de tres millones seiscientos treinta y siete mil quinientos colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de un millón doscientos doce mil quinientos colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela la Vivienda contra Andreina Jaén Chaves. Expediente N° 14-009324-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 30 de octubre del 2014.—Licda. Cinthia Pérez Moncada, Jueza.—(IN2014087120).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones citas: 357-19413-01-0900-001, a las trece horas y treinta minutos del veintiuno de enero del dos mil quince, y con la base de cinco millones novecientos cincuenta mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento noventa y ocho mil doscientos quince cero cero cero, la cual es terreno para construir. Situada: en el distrito 01-Santa Cruz, cantón 03-Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, José Joaquín Guevara Duarte; al sur, José Joaquín Guevara Duarte; al este, José Joaquín Guevara Duarte, y al oeste, calle pública con un frente de 14.84 metros. Mide: ciento setenta y dos metros cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las trece horas y treinta minutos del cinco de febrero del dos mil quince, con la base de cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las trece horas y treinta minutos del veinte de febrero del dos mil quince, con la base de un millón cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Grupo Mutual Alajuela la Vivienda contra Eliana Maritza Rojas Bustos. Expediente N° 14-001610-1157-CJ.—Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 31 de octubre del 2014.—Licda. Karol Melina Zumbado Sánchez, Jueza.—(IN2014087121).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las diez horas y cero minutos del veintinueve de enero del dos mil quince, y con la base de ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N° 152737-000, la cual es naturaleza: construir. Situada: en el distrito: 01-Liberia, cantón 01-Liberia, de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte, María del Carmen Quirós Arias; sur, calle, avenida 13 con 8 metros de frente; este, Marbely Martínez Pérez; oeste, Ángela Pérez Pérez. Mide: doscientos un metros con dieciocho decímetros cuadrados. Plano: G-0894117-2003. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y cero minutos del trece de febrero del dos mil quince, con la base de seis millones trescientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y cero minutos del dos de marzo del dos mil quince, con la base de dos millones ciento diecisiete mil doscientos cincuenta colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco de Costa Rica contra Ingrid Vanessa Martínez Pérez, Kenier Mora Gutiérrez. Expediente N° 13-002608-1206-CJ.—Juzgado de Cobro y Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, 25 de noviembre del 2014.—Lic. Luis Alberto Pineda Alvarado, Juez.—(IN2014087135).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando hipoteca de primer grado citas: 523-02186-01-0002-001, en favor del Banco Nacional de Costa Rica, a las diez horas y cero minutos del veintiocho de enero del dos mil quince, y con la base de seis millones de colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento treinta y un mil setecientos sesenta y dos cero cero cero, la cual es terreno naturaleza: terreno con una casa y solar. Situada: en el distrito 1-Carmona, cantón 9-Nandayure, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, Álvaro Mayorga Cordero; al sur, calle pública con un frente de 11.08 metros; al este, José y Denis ambos Guevara Moreno y Asociación de Desarrollo Integral de Carmona, y al oeste, Franklin Mayorga. Mide: cuatrocientos cinco metros con cincuenta y nueve decímetros cuadrados. Plano: G-0327179-1996 cuadrados. Para el segundo remate, se señalan las diez horas y cero minutos del doce de febrero del dos mil quince, con la base de cuatro millones quinientos mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las diez horas y cero minutos del veintisiete de febrero del dos mil quince, con la base de un millón quinientos mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Frank Clifford Arauz Alvarado. Expediente N° 14-002013-1206-CJ.—Juzgado de Cobro y Tránsito del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, 11 de noviembre del 2014.—Lic. Carlos Manuel Ruiz Rodríguez, Juez Tramitador.—(IN2014087137).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre de acueducto y de paso de A y A, a las catorce horas y treinta minutos del doce de enero del dos mil quince, y con la base de un millón doscientos mil colones exactos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número ciento noventa mil quinientos siete-cero cero cero (2-190507-000), la cual es terreno con una casa. Situada: en el distrito 01 Grecia, cantón 03 Grecia, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, Juan Alvarado Salas; al sur, William Aguilera Hidalgo; al este, calle pública con 8 metros 2 cm, y al oeste, Juan José Bolaños Vargas. Mide: ciento treinta y seis metros con noventa y tres decímetros cuadrados. Plano catastrado: A-0327884-1996. Para el segundo remate, se señalan las catorce horas y treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil quince, con la base de novecientos mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las catorce horas y treinta minutos del once de febrero del dos mil quince, con la base de trescientos mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Edwin Jesús de las Piedades Campos González contra Luis Alberto Flores Rodríguez. Expediente N° 14-002939-1204-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Grecia, 28 de agosto del 2014.—Lic. Patricia Cedeño Leitón, Jueza Decisora.—(IN2014087146).

En la puerta exterior de este Despacho, libre de gravámenes hipotecarios, a las trece horas y treinta minutos del veintiséis de enero del dos mil quince, y con la base de cinco millones ciento ochenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro colones con ochenta y cinco céntimos, en el mejor postor, remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula número noventa y nueve mil ochenta y dos cero cero uno, cero cero dos, la cual es terreno para construir lote 89-F. Situada: en el distrito 8-Barranca, cantón 1-Puntarenas, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al noreste, lote 88-F; al noroeste, lote 69-F; al sureste, resto destinado a calle, y al suroeste, lote 90-F. Mide: ciento veintiséis metros con cero decímetros cuadrados. Plano: P-0410238-1997. Para el segundo remate, se señalan las trece horas y treinta minutos del diez de febrero del dos mil quince, con la base de tres millones ochocientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y ocho colones con sesenta y cuatro céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento), y para la tercera subasta, se señalan las trece horas y treinta minutos del veinticinco de febrero del dos mil quince, con la base de un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos noventa y seis colones con veintiún céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este Despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Asociación de Productores Industriales y Artesanales de Golfito contra Miriam Milagrosa Arburola Fuentes, sucesión de Giovanny Durán Gamboa. Expediente N° 14-000302-1201-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Golfito, 31 de octubre del 2014.—Licda. Olga Marta Sandí Torres, Jueza.—(IN2014087161).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones citas: 298-17133-01-0901-001, reservas y restricciones citas: 354-00156-01-0902-001, reservas y restricciones citas: 354-01056-01-0900-001, reservas y restricciones citas: 354-01056-01-0901-001, reservas y restricciones citas: 354-01056-01- 0903-001, servidumbre de paso citas: 2010-300594-01-0005-001, servidumbre de paso citas: 2010-300594-01-0005-001; a las nueve horas y treinta minutos del trece de mayo de dos mil quince, y con la base de cuatro millones trescientos mil colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Puntarenas, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento setenta y siete mil trescientos cuatro cero cero cero la cual es terreno lote tres, terreno para construir. Situada en el distrito 2 Puerto Jiménez, cantón 7 Golfito, de la provincia de Puntarenas. Colinda: al norte, Juan Bautista Rodríguez Valladares; al sur, Javier Segnini Ceballos; al este, servidumbre de paso, y al oeste, Alexis Quesada Ramos. Mide: cuatrocientos sesenta metros cuadrados. Plano: P-1436679-2010. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y treinta minutos del veintiocho de mayo del dos mil quince, con la base de tres millones doscientos veinticinco mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y treinta minutos del doce de junio del dos mil quince, con la base de un millón setenta y cinco mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Ana Elizabeth Umaña Rodríguez, exp. N° 14-000767-1201-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Golfito, 17 de noviembre del año 2014.—Lic. Olga Marta Sandí Torres, Jueza.—(IN2014087163).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos citas 564-18215-01-0026-001 y limitaciones del IDA Ley 2825 art.67 citas 564-18215-01-0038-001; a las nueve horas y cero minutos del veinte de enero del año dos mil quince, y con la base de treinta y cinco millones ciento veintidós mil dieciséis colones con veintiún céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Guanacaste, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ciento cincuenta mil novecientos cero cero dos la cual es terreno para agricultura lote D-1. Situada en el distrito 04 Santa Elena, cantón 10 La Cruz, de la provincia de Guanacaste. Colinda: al norte, calle pública; al sur, Parcela D-6; al este, Rio Mairena, y al oeste, parcela D-7. Mide: ciento setenta y tres mil setecientos setenta y seis metros con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Plano: G-0296374-1996. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y cero minutos del cuatro de febrero del año dos mil quince, con la base de veintiséis millones trescientos cuarenta y un mil quinientos doce colones con dieciséis céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y cero minutos del diecinueve de febrero del año dos mil quince, con la base de ocho millones setecientos ochenta mil quinientos cuatro colones con cinco céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Agroforestal del Pacífico Sociedad Anónima, Ivania Molina Cerdas, Luis Guillermo Muñoz Retana, exp. N° 09-000250-0386-CI.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 21 de noviembre del año 2014.—Licda. Yesenia Auxiliadora Zúñiga Ugarte, Jueza.—(IN2014087173).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las nueve horas y treinta minutos del uno de junio de dos mil quince, y con la base de tres millones de colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos treinta mil ochocientos cero cero cero la cual es terreno para construir con una casa. Situada en el distrito 3 Daniel Flores, cantón 19 Pérez Zeledón, de la provincia de San José. Colinda: al norte, Amable Quirós Araya; al sur, Amable Quirós Araya; al este, Amable Quirós Araya, y al oeste, calle pública. Mide: trescientos cuatro metros con treinta decímetros cuadrados. Plano:SJ-0790188-1988. Para el segundo remate se señalan las nueve horas y treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil quince, con la base de dos millones doscientos cincuenta mil colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las nueve horas y treinta minutos del uno de julio del dos mil quince, con la base de setecientos cincuenta mil colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Alberto Amancio Rivera Gómez, exp. N° 14-000838-1201-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Contravencional de Golfito, 18 de noviembre del año 2014.—Lic. Olga Marta Sandí Torres, Jueza.—(IN2014087176).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre trasladada cita N° 329-01165-01-901-003, Concesiones, citas 329-01165-01-0902-002, Servi. Concesiones, Citas N° 380-19612-01-900-001, N°380-19612-01-901-001, N°380-19612-01-902-001, N°380-19612-01-903-001, N° 380-19612-01-904-001; a las ocho horas y treinta minutos del diecinueve de marzo del dos mil quince, y con la base de doscientos mil dólares exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de San José, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 439639-000 la cual es terreno para construir con una vivienda. Situada en el distrito 03 Pozos, cantón 9 Santa Ana, de la provincia de San José. Colinda: al norte, parque valle del sol casa a 20 metros; al sur, Parque Valle del Sol, casa a 20 metros, al noreste, Rolando Gutiérrez Aguiluz y Consultoría Interdisciplinaria Carboni y Asociados Sociedad Anónima, lote vacío; al noroeste, calle publica y Consultoría Interdisciplinaria Carboni y Asociados Sociedad Anónima lote vacío, y al suroeste, María Lorena Carboni Aguiluz y Silcatur Sociedad Anónima. Mide: mil veintidós metros con ochenta y dos decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las ocho horas y treinta minutos del diez de abril del dos mil quince, con la base de ciento cincuenta mil dólares exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las ocho horas y treinta minutos del veintisiete de abril del dos mil quince, con la base de cincuenta mil dólares exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en Proceso Ejecución Hipotecaria de Inversora E Inmobiliaria Vacaya Cincuenta y Ocho S contra María Antonieta Carboni Aguiluz, exp. N° 14-001072-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 19 de noviembre del año 2014.—Lic. Guillermo Ortega Monge, Juez.—(IN2014087178).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones bajo las citas 387 17656-01-0801-001, cond IDA ref: Ley 2825 bajo las citas 387-17656-01-0971-002; a las diez horas y cero minutos del veintiséis de enero del año dos mil quince, y con la base de once millones ciento setenta y dos mil quinientos treinta y cinco colones con ochenta y seis céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco cero cero cero la cual es terreno de agricultura. Situada en el distrito primero Upala, cantón trece Upala, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, María Ernestina Murillo Zonta; al sur, Pedro Rafael Dávila Cortés; al este, calle pública con un frente a ella de 50 metros lineales, y al oeste, Pedro Rafael Dávila Cortés. Mide: dos mil quinientos metros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y cero minutos del diez de febrero del año dos mil quince, con la base de ocho millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos un colones con noventa céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las diez horas y cero minutos del veinticinco de febrero del año dos mil quince, con la base de dos millones setecientos noventa y tres mil ciento treinta y tres colones con noventa y siete céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en Proceso Ejecución Hipotecaria de Banco Popular y de Desarrollo Comunal contra Ana Yensy Morales Méndez, exp. N° 14-002443-1205-CJ.—Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y Tránsito del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, 01 de diciembre del año 2014.—Lic. Jorge Zúñiga Jaén, Juez.—(IN2014087183).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las ocho horas y treinta minutos del nueve de marzo del año dos mil quince, y con la base de once millones cuatrocientos diez mil colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 182844-000, la cual es terreno con una casa. Situada en el distrito 06, Pital, cantón 10 San Carlos, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte: José Luis Badilla; sur, Rodrigo Araya; este, Bosques y Maderas Nacionales S. A., oeste, calle pública con 12,00 metros. Mide: doscientos cuarenta metros cuadrados. Plano: A-0334242-1979. Para el segundo remate se señalan las ocho horas y treinta minutos del veinticuatro de marzo del año dos mil quince, con la base de ocho millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las ocho horas y treinta minutos del catorce de abril del año dos mil quince, con la base de dos millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Sarita María Alvarado Valverde contra Gloriana Ulate Espinoza, exp. N° 14-002385-1202-CJ.—Juzgado de Cobro y Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, 14 de noviembre del año 2014.—Lic. Luis Diego Romero Trejos, Juez.—(IN2014087194).

En la puerta exterior de este Despacho; soportando proceso del Juzgado de Familia de Cartago bajo la sumaria 10-002306-0338-FA; a las diez horas y treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil quince, y con la base de veintidós millones ochocientos treinta mil cien colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete-cero cero cinco, cero cero seis y cero cero siete la cual es terreno de solar con una casa. Situada en el distrito (10) Llano Grande, cantón (01) Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, noroeste, calle con 14 metros; al sur, noreste, Raúl Guzmán; al este, sureste, Dagoberto Zúñiga, y al oeste, suroeste, Rafael Gómez. Mide: cuatrocientos veintisiete metros con sesenta y siete decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y treinta minutos del nueve de febrero del dos mil quince, con la base de diecisiete millones ciento veintidós mil quinientos setenta y cinco colones exactos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las diez horas y treinta minutos del veinticuatro de febrero del dos mil quince, con la base de cinco millones setecientos siete mil quinientos veinticinco colones exactos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso monitorio de Banco Nacional de Costa Rica contra Carlos Minor Aguilar Chacón, exp. N° 12-003930-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 2 de octubre del año 2014.—Licda. Marcela Brenes Piedra, Jueza.—(IN2014087203).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando practicado inscrito al tomo 2009, asiento 257065-01-0007-001 así como reservas y restricciones; a las diez horas y cero minutos del veintiséis de enero del dos mil quince, y con la base de un millón quinientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta colones exactos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Limón, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número cien mil doscientos cuatro-cero cero cero, la cual es terreno para construir lote 16. Situada en el distrito 01 Guácimo, cantón 06 Guácimo, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, calle pública con 9 metros; al sur, lote 3; al este, lote 17, y al oeste, lote 15. Mide: ciento cuarenta y un metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las diez horas y cero minutos del diez de febrero del dos mil quince, con la base de un millón ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete colones con cincuenta céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las diez horas y cero minutos del veinticinco de febrero del dos mil quince, con la base de trescientos ochenta y nueve mil ochocientos doce colones con cincuenta céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra An Ton Eléctrica Sociedad Anónima, exp. N° 09-000539-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 9 de setiembre del año 2014.—Dr. Mauricio Vega Camacho, Juez.—(IN2014087209).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando servidumbre sirviente citas 356-00001047-01-0001-001; a las trece horas y veinte minutos del veintiséis de febrero del dos mil quince, (1:20 de la tarde), y con la base de siete millones ciento diez mil doscientos sesenta y siete colones con noventa y un céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 148363-000 la cual es terreno para construir 17 f con una casa. Situada en el distrito Aguacaliente San Francisco, cantón Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, lote dieciocho-f; al sur, lote dieciséis-f; al este, Hacienda La Petahaya S. A., y al oeste, calle pública. Mide: ciento veintitrés metros con tres decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las trece horas y veinte minutos del trece de marzo del dos mil quince, (1:20 de la tarde), con la base de cinco millones trescientos treinta y dos mil setecientos colones con noventa y tres céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las trece horas y veinte minutos del seis de abril del dos mil quince, (1:20 de la tarde) con la base de un millón setecientos setenta y siete mil quinientos sesenta y seis colones con noventa y ocho céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Crédito Agrícola de Cartago contra Roy Alexander Mata Quirós, exp. N° 14-006352-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 7 de octubre del año 2014.—Licda Yanin Torrentes Ávila, Jueza.—(IN2014087216).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; pero soportando reservas y restricciones así como aviso catastral; a las trece horas y veinte minutos del quince de enero del dos mil quince 1:20 p. m. 15/01/2015, y con la base de cuarenta y tres millones trescientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y seis colones con veintisiete céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 209.175-000 la cual es terreno con dos casas. Situada en el distrito 05 Agua Caliente San Francisco, cantón 01 Cartago, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Betsabé Loaia Brenes; al sur, Víctor Vives Cedeño y Omar Solano Vives; al este, calle pública con once metros con treinta y ocho céntimos, y al oeste, Víctor Vives Cedeño. Mide: mil cuarenta y tres metros con veintisiete decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las trece horas y veinte minutos del treinta de enero de dos mil quince 1:20 p. m. 30/01/2015, con la base de treinta y dos millones quinientos treinta y seis mil doscientos treinta y cuatro colones con setenta céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las trece horas y veinte minutos del dieciséis de febrero del dos mil quince 1:20 p.m. 16/02/2015 con la base de diez millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos once colones con cincuenta y seis céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: En caso de que existan postores el día de efectuarse el remate y estos aporten la suma correspondiente en moneda diferente a la indicada en el presente edicto, se consigna que el tipo de cambio a utilizar será el correspondiente al día en que se realice la almoneda, según lo establezca el Banco de Costa Rica. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Crédito Agrícola de Cartago contra Melania de los Ángeles Solano Arrieta, exp. N° 14-000545-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 26 de agosto del año 2014.—Lic. Luis Rojas Hernández, Juez.—(IN2014087219).

En la puerta exterior de este Despacho; libre de gravámenes hipotecarios; a las trece horas y treinta (1:30 p. mm) minutos del veintinueve de enero del dos mil quince, y con la base de cincuenta y cinco millones ochocientos treinta y siete mil novecientos ochenta y ocho colones con cincuenta y nueve céntimos, en el mejor postor remataré lo siguiente: Finca inscrita en el Registro Público, Partido de Cartago, Sección de Propiedad, bajo el sistema de Folio Real, matrícula número 0038727-000 la cual es terreno con un local comercial. Situada en el distrito 02 Santiago, cantón 02 Paraíso, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, calle pública con 19.41m; al sur, José Manuel Gómez Redondo y Mainor Castillo Castillo; al este, Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, y al oeste, José Joaquín Gómez Redondo. Mide: cuatrocientos treinta y nueve metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Para el segundo remate se señalan las trece horas y treinta minutos (1:30 p. m.) del trece de febrero del dos mil quince, con la base de cuarenta y un millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un colones con cuarenta y cuatro céntimos (rebajada en un veinticinco por ciento) y, para la tercera subasta se señalan las trece horas y treinta minutos (1:30 p. m.) del dos de marzo del dos mil quince, con la base de trece millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete colones con quince céntimos (un veinticinco por ciento de la base inicial). Nota: Se le informa a las personas jurídicas interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser girado a favor de este despacho. La anterior debido a la restricción del artículo 805 párrafo segundo del Código de Comercio. Se remata por ordenarse así en proceso ejecución hipotecaria de Banco Nacional de Costa Rica contra Rita María Quesada Barquero, exp. N° 14-006117-1164-CJ.—Juzgado Especializado de Cobro Judicial de Cartago, 16 de octubre del año 2014.—Lic. Guillermo Ortega Monge, Juez.—(IN2014087222).

Títulos Supletorios

Se hace saber que ante este Despacho se tramita el expediente N° 13-000386-0297-CI donde se promueven diligencias de información posesoria por parte de Sadie Pérez Madrigal quien es mayor, casada una vez, vecina de Florencia centro, ciento cincuenta metros este de la iglesia católica del lugar, Florencia, San Carlos, Alajuela, portadora de la cédula de identidad vigente que exhibe número dos-trescientos cincuenta-doscientos treinta y cinco, dedicada a oficios del hogar, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca ubicada en la provincia de Alajuela, la cual es terreno con una casa y patio. Situada en el distrito 02 Florencia, cantón 10 San Carlos, de la provincia de Alajuela. Colinda: al norte, del plano se desprende que el lindero es el señor Saúl Pérez Madrigal del vértice dos al tres; pero que hoy en día quien colinda es la señora Alba Martínez González; al sur, del plano se desprende que el lindero es el señor Saúl Pérez Madrigal del vértice cuatro al uno; pero que hoy en día quien colinda es la señora Margarita Madrigal Salas; al este, del plano se desprende que el lindero es Temporalidades de la Iglesia Católica de la Diócesis de Alajuela del vértice tres al cuatro; pero que hoy en día quien colinda es el señor Jaime Gamboa Rodríguez y al oeste, calle pública con un frente de catorce metros lineales. Mide: 136,28 metros cuadrados. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir no pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima dicho inmueble en la suma de tres millones de colones. Que adquirió dicho inmueble por donación verbal que le hiciere a Raúl Pérez Vargas, quien era mayor, cédula de identidad dos-ciento ocho-ciento sesenta y uno, quien es el difunto padre de la promovente, y que dicha donación carece de título traslativo, y hasta la fecha lo ha mantenido en forma pública, pacífica y quieta. Que los actos de posesión han consistido en mantener limpio el fundo, el cual es solamente para construir, en el cual actualmente tiene la vivienda, así como documento firmado digitalmente por: sacar y catastrar el plano A-889864-2003. Que no ha inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso información posesoria, promovida por Sadie Pérez Madrigal. Exp. N° 13-000386-0297-CI.—Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, 6 de noviembre del año 2014.—Lic. Adolfo Mora Arce, Juez.—1 vez.—(IN2014084906).

Se hace saber que ante este Despacho se tramita el expediente N° 12-000162-0678-CI donde se promueven diligencias de información posesoria por parte de Elijolu S. A., con cédula jurídica 3-101-390392 en representación de Eugene James Hambelant Zeledón quien es mayor, estado civil casado dos, vecino de Cahuita Centro, portador de la cédula de identidad vigente que exhibe número 1-0810-0620, profesión comerciante, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca ubicada en la provincia de Limón, la cual es terreno para construir. Situada en el distrito tercero Cahuita, cantón cuarto Talamanca, de la provincia de Limón. Colinda: al norte, Colegio Telesecundaria de Cahuita; al sur, Finca Agrícola del Este S. A.; al este, Flor Sara Parkinson Valla, y al oeste, Orlando Alfonso Daviey Daviey. Mide: trece mil ochenta y siete metros cuadrados. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir no pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima dicho inmueble en la suma de tres millones colones. Que adquirió dicho inmueble mediante venta de derecho de posesión, y hasta la fecha lo ha mantenido en forma pública, pacífica y quieta. Que los actos de posesión han consistido en darle mantenimiento y limpieza cada tres meses. Que no ha inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso información posesoria, promovida por Elijolu S. A. Exp. N° 12-000162-0678-CI-2.—Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, 10 de diciembre del 2013.—Lic. Arnoldo Víquez Esquivel, Juez.—1 vez.—(IN2014084916).

Se hace saber: Que ante este Despacho se tramita el expediente N° 14-000009-1002-AG donde se promueven diligencias de información posesoria (por rectificación de medida) por parte de Agropilon S. A. con domicilio en Cartago- Turrialba 25 metros al norte del Colegio Enrique Menzel, con cédula jurídica número 3-101-143404, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: 1- Finca cuya naturaleza es potrero. Situada en el distrito décimo Tres Equis, cantón cinco Turrialba, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, calle pública con un frente de quinientos cincuenta y un metro con siete centímetros, en medio con Agropilon S. A.; al sur, Agropilon S. A.; al este, Agropilon S. A. y al oeste Agropilon S. A. Mide: sesenta y ocho mil noventa y seis metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número C-1563719-2012. 2- Finca cuya naturaleza es potrero, charral, cultivos y montaña. Situada en el distrito décimo Tres Equis, cantón cinco Turrialba, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, calle pública con un frente de ochocientos metros con noventa y cinco centímetros, en medio con Agropilon S. A.; al sur, Abel Montenegro Zapata, Noemy Valverde Rodríguez, Ana Galiano Brenes, JL S. A.; al este, Eco Propiedades de la Montaña, y al oeste, Instituto de Desarrollo Agrario, Manuel Montenegro Nájera, Marta Morales Nájera, Hugo Cordero Brizuela y Carmen Fuentes Mora. Mide: cinco mil ciento cuarenta y nueve metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número C-1565475-2012. 3- Finca cuya naturaleza es potrero. Situada en el distrito décimo Tres Equis, cantón cinco Turrialba, de la provincia de Cartago. Colinda: al norte, Agroturrialba S. A. al sur, calle pública en medio con Agropilon S. A.; al este, Agropilon S. A., y al oeste, Daniel Pérez Asch. Mide: seis mil seiscientos ochenta y un metro cuadrados, tal y como lo indica el plano catastrado número C-1565474-2012. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir no pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima tanto el inmueble como las presentes diligencias en la suma de seis millones colones cada una. Que adquirió dicho inmueble por compraventa, y hasta la fecha lo ha mantenido en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe y a título de dueño por más de veinte años. Que no existen condueños. Que los actos de posesión han consistido en limpieza y chapia, confección y mantenimiento de cercas, así como en la siembra de diferentes productos de temporada. Que no ha inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso información posesoria, promovida por Agropilon S. A. Exp. N° 14-000009-1002-AG.—Juzgado Agrario de Turrialba, 24 de setiembre del año 2014.—Lic. Wilberth Herrera Delgado, Juez.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084948).

Se hace saber: Que ante este Despacho se tramita el expediente N° 14-000043-0689-AG donde se promueven diligencias de Información Posesoria por parte de Santiago Vargas Rojas, quien es mayor, estado civil casado una vez, vecino de San Pedro de Turrubares, 100 metros al oeste de la plaza de deportes, portador de la cédula de identidad vigente que exhibe número 02-0259-0906, agricultor, a fin de inscribir a su nombre y ante el Registro Público de la Propiedad, el terreno que se describe así: Finca cuya naturaleza es potrero, situada en el distrito San Luis, cantón Turrubares de la provincia de San José. Colinda: al norte, Edwin Morera Agüero, Quebrada sin Nombre y Quebrada Polocha; al sur, calle pública, con frente a la misma de 84.32 metros lineales y Santiago Vargas Rojas; al este, Santiago Vargas Rojas, y al oeste, Edwin Morera Agüero y Quebrada Zarrillal. Mide: ciento siete mil novecientos sesenta y ocho metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número SJ-1640362-2013. Indica el promovente que sobre el inmueble a inscribir no pesan cargas reales o gravámenes, y que esta información no tiene por objeto evadir la tramitación y consecuencias legales de un proceso sucesorio y estima tanto el inmueble como las presentes diligencias en la suma de cinco millones de colones cada una. Que adquirió dicho inmueble por compra a Guisell, Greis y Enit todas Calderón Ramírez hace aproximadamente 15 años, y hasta la fecha lo ha mantenido en forma pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe y a título de dueño por más de 15 años. Que no existen condueños. Que los actos de posesión han consistido en mantenimiento de linderos, limpieza de la finca, siembra de pastos, desarrollo de la actividad de ganadería, siembra de árboles y restauración de las áreas de protección. Que no ha inscrito mediante el amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, otros inmuebles, según se constata del Registro Público de la Propiedad. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias de Información Posesoria, a efecto de que dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen ante el Despacho a hacer valer sus derechos. Proceso información posesoria, promovida por Santiago Vargas Rojas. Exp. N° 14-000043-0689-AG.—Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 01 de diciembre del año 2014.—Lic. Juan Carlos Castillo López, Juez.—1 vez.—Exento.—(IN2014086053).

Citaciones

Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó: María Nelly de las Piedades Sánchez Chacón, mayor, viuda, del hogar, cédula de identidad N° 0400700541, vecina de Heredia. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente N° 14-000434-0504-CI.—Juzgado  Civil de Heredia, 12 de noviembre del 2014.—Karol Solano Ramírez, Jueza.—1 vez.—(IN2014081473).

Se emplaza a todos los herederos, legatarios, acreedores, y en general a todos los interesados en la sucesión de Jefry  Fernando Barboza Sandí, quien fue mayor, casado una vez, oficial de policía, vecino de San Gabriel de Aserrí, 200 metros sur del CENCINAI, casa de concreto, color verde, verjas negras, cédula N° 1-1219-0982, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a los que crean tener mejor derecho a la herencia, de que si no se presentan en el plazo citado, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente N° 14-100218-0217-CI. Sucesión de Jefry Fernando Barboza Sandí.—Juzgado Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, Desamparados, 11 de noviembre del 2014.—Dra. Leyla K. Lozano Chang, Jueza.—1 vez.—(IN2014081477).

Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó: María Cristina Soto Rojas, mayor, casada una vez, de oficio desconocido, costarricense, vecina de San José, Moravia, y con cédula de identidad N° 1-813-262. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente N° 13-000513-0169-CI.—Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 18 de noviembre del 2014.—Lic. Freddy Bolaños Rodríguez, Juez.—1 vez.—(IN2014081487).

Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó: Hio Soto Sheila Mariela, mayor, estado civil casada, profesión profesora, nacionalidad Costa Rica, con documento de identidad N° 0101860662, y vecina de no indica. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente N° 14-000597-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 28 de octubre del 2014.—Licda. Maribel Seing Murillo, Jueza.—1 vez.—(IN2014081510).

Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó: Adriana Pérez Coto, mayor, estado civil soltera, profesión ama de casa, nacionalidad costarricense, con documento de identidad N° 0103810581, y vecina de Guadalupe. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente N° 14-000334-0164-CI.—Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, 10 de junio del 2014.—Lic. Francis Porras León, Juez.—1 vez.—(IN2014081588).

Se hace saber que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó: Aldolfo Martín Solano Calderón, menor, inscrito al tomo: 432, folio: 178, asiento: 356, de la Sección de Nacimientos y vecino de Tres Ríos. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquéllos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquélla pasará a quien corresponda. Expediente N° 13-100011-0895-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 13 de octubre del 2014.—Dr. Mauricio Vega Camacho, Juez.—1 vez.—(IN2014081634).

Se hace saber: Que en este Despacho se tramita el proceso sucesorio de quien en vida se llamó Arabela Solís Arguedas, mayor, viuda, ama de casa, portadora de documento de identidad número 1-332-456, y vecina de Santa María de Dota. Se cita a los herederos, legatarios, acreedores y en general a todos los interesados, para que dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a aquellos que crean tener derecho a la herencia, de que, si no se apersonan dentro de ese plazo, aquella pasará a quien corresponda. Expediente Nº 14-000401-0640-CI.—Juzgado Civil de Cartago, 5 de noviembre del año 2014.—Dr. Mauricio Vega Camacho, Juez.—1 vez.—(IN2014085102).

Se emplaza: A todos los herederos, legatarios, acreedores, y en general a todos los interesados en la sucesión de Modesto de Jesús Espinoza Barrios, quien fue mayor, casado dos veces, comerciante, vecino de Desamparados, cédula de identidad 4-0102-0054, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan a hacer valer sus derechos, con el apercibimiento a los que crean tener mejor derecho a la herencia, de que si no se presentan en el plazo citado, aquella pasará a quien corresponda. Exp. N° 14-100174-0217-CI. Sucesión de Modesto Espinoza Rojas.—Juzgado Civil y de Trabajo de Desamparados, 17 de noviembre del 2014.—Dra. Leyla K. Lozano Chang, Jueza.—1 vez.—(IN2014086016).

Avisos

Se avisa a Yohel García Macias, mayor, cubano, con demás calidades y domicilio desconocido, representado por la curadora procesal Licenciada María Isabel Alfaro Portuguez, que en este despacho se dictó dentro del expediente N° 11-000489-0673-NA establecido por Leonardo Vindas Mora y Wendy Arlette Badilla Sierra contra Iris Eliedi Ceciliano Piedra y Yohel García Macias, la sentencia que en lo que interesa dice: sentencia N° 345-2013. Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, a las diez horas siete minutos del veinte de agosto del dos mil trece. Resultando: 1º—…; 2º—…; 3º—…;, Considerando: I.—Hechos probados II.—Sobre el fondo:  Por tanto: De acuerdo a lo expuesto, y artículos 51 y 55 de la Constitución Política; 5, 13, 30, 32 y 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia; 1, 2, 5, 8, 115 y siguientes y 140 y siguientes del Código de Familia, se declara con lugar la demanda especial de declaratoria judicial de abandono de menor de edad establecida por Leonardo Vindas Mora y Wendy Arlette Badilla Sierra contra Johel García Macias declarando en esta vía judicial el estado de abandono con fines de adopción del menor de edad Ángel Andrés García Ceciliano, con la consecuente pérdida de los derechos de Patria Potestad que de él ostentaba la aquí demandada. Se ordena el depósito del menor de edad en los actores, para lo cual deberán apersonarse al despacho dentro del término de tres días para aceptar el cargo. Se falla este asunto sin condena en costas para la demandada. Anótese el fallo en el asiento de inscripción del menor de edad constante en el Registro Civil, del libro de nacimientos de la provincia de San José, tomo dos mil ciento cuatro, folio ciento noventa y tres, asiento trescientos ochenta y seis. Publíquese el edicto de ley. Hágase saber. Licda. Ana Cristina Dittel Masís, Jueza de Familia. Adición a la sentencia de las catorce horas y nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se declara con lugar la demanda de declaratoria judicial de abandono contra Johel García Masís e Iris Eliedi Ceciliano Piedra.—Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, 18 de noviembre 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084907).

Licenciada Milagro Rojas Espinoza, Jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, avisa a: Jirang Huang, documento PG 00731360, nacionalidad china, Jorge Luis Castillo Reyes, pasaporte C 1451466, nacionalidad nicaragüense, y Luis Alejandro Valencia Queza, pasaporte CC94945888, nacionalidad colombiana, y demás calidades y domicilio desconocido, representados por la Curadora Procesal Licenciada Andreina Vincenzi Guilá. Que dentro del expediente N° 12-000368-0673-NA se ha dictado la sentencia que literalmente dice: “Sentencia 566-2014 Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia, a las quince horas y cuarenta y dos minutos del seis de noviembre de dos mil catorce. Suspensión de patria potestad promovido por el Patronato Nacional de la Infancia, representado por la licenciada Ileana Ballard Romero, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-501-364, contra Stephanie Díaz Zúñiga, cédula de identidad 1-1189-930 y José Pablo Alfaro Rodríguez, cédula de identidad 1-1435-632, vecinos de Alajuelita, Concepción Abajo, Monte Alto, de la terminal de buses 100 metros al sur y Jirang Huang nacionalidad china, documento PG00731360, Jorge Luis Castillo Reyes nacionalidad nicaragüense, pasaporte C1451466, Luis Alejandro Valencia Queza, nacionalidad colombiano, pasaporte CC94945888, de domicilio y demás calidades desconocidas, representados por la curadora procesal licenciada Andreina Vincenzi Guilá, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-509-138. Resultando: 1º—... 2º—... 3º—... Considerando: I.—Hechos probados: ... II.—Sobre el fondo: ... III.—Por tanto: Por lo expuesto, la doctrina y normas legales citadas, se declara con lugar la presente demanda de suspensión de patria potestad de las personas menores de edad Jeyk Demerich Alfaro Díaz, Jhon Desaneth Huang Díaz, Meilyn Rebeca Castillo Díaz, Niurka Jasuri Valencia Díaz y Tyra Bryseth Alfaro Díaz. Se suspende a los señores Stephanie Díaz Zúñiga, José Pablo Alfaro Rodríguez, Jirang Huang, Jorge Luis Castillo Reyes, Luis Alejandro Valencia Queza en el ejercicio de la patria potestad. Se confiere el depósito de la persona menor de edad Meilyn Rebeca Castillo Díaz en el hogar de Wendy Díaz Zúñiga; las personas menores de edad Jeyk Demerich Alfaro Díaz, Jhon Desaneth Huang Díaz y Niurka Jasuri Valencia Díaz en el hogar de Mayra Zúñiga Barrantes y la persona menor de edad Tyra Bryseth Alfaro Díaz en el hogar de María Elena Rodríguez Salazar. Dentro de los ocho días posteriores a la firmeza de este fallo deberán las señoras Wendy Díaz Zúñiga, Mayra Zúñiga Barrantes y María Elena Rodríguez Salazar comparecer a este Juzgado a aceptar el cargo que aquí se le confiere. Inscríbase esta sentencia en la Sección de Nacimientos del Registro Civil, Provincia de San José, a Jeyk Demerich Alfaro Díaz al tomo dos mil ciento veintitrés, folio cincuenta y nueve, asiento ciento diecisiete; a Jhon Desaneth Huang Díaz, al tomo dos mil treinta y seis, folio doscientos sesenta y ocho,  asiento quinientos treinta y seis; a Meilyn Rebeca Castillo Díaz al tomo mil setecientos setenta y ocho, folio ciento veintitrés, asiento doscientos cuarenta y cinco; a Niurka Jasuri Valencia Díaz al tomo mil ochocientos sesenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta, asiento novecientos, a Tyra Bryseth Alfaro Díaz, al tomo dos mil ciento cincuenta y cinco, folio doscientos sesenta y siete, asiento quinientos cincuenta y tres. Se resuelve sin especial condena en costas. Publíquese el edicto respectivo. Notifíquese.—Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia, a las nueve horas y treinta y seis minutos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce.—Lic. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084917).

Se avisa, a la señora Heydy Salgado Sánchez, mayor, cédula de identidad número 1-1647-310 de domicilio y demás calidades desconocidas, representada por el curador procesal Licenciado William Eduardo Sequeira Solís, hace saber que existe proceso N° 13-000510-0673-NA de declaratoria judicial de abandono de la persona menor de edad Lucía Salgado Sánchez, establecido por el Patronato Nacional de la Infancia, que en resolución dictada por el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José a las doce horas y cuarenta minutos del diecinueve de febrero dos mil catorce, que en lo conducente dice: se le concede el plazo de cinco días a dicha accionada para que se pronuncie sobre la misma y ofrezca prueba de descargo si es del caso de conformidad con los artículos 121 y 122 del Código de Familia. Se le advierte a la accionada que si no contesta en el plazo dicho, el proceso seguirá su curso con una audiencia oral y privada conforme con el artículo 123 del Código de Familia y una vez recibida la prueba se dictará sentencia. Notifíquese.—Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 20 de noviembre de 2014.—Lic. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084937).

Licenciada Mariana Corea Erazo, Jueza del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, se le hace saber que en proceso insania, expediente 13-002755-0165-FA, se ordena notificarle por edicto, la sentencia que en lo conducente dice: N° 832-14 Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial. Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil catorce. Proceso de actividad judicial no contenciosa -interdicción y curatela- promovido por Lidiette Mora Rodríguez, mayor, asistente de laboratorio, vecina de Goicoechea, con cédula de identidad número 1-632-790, Jorge Mora Rodríguez, mayor, vecino de Purral, con cédula de identidad número 1-480-508, Olga Mora Rodríguez, mayor, vecina de Heredia, con cédula de identidad número 1-680-354, Vilma Mora Rodríguez, mayor, ama de casa, vecina de Moravia, Grethel Mora Rodríguez, mayor, ama de casa, vecina de Rancho Rendondo, Goicoechea, con cédula de identidad número 1-913-290, Luis Mora Rodríguez, mayor, vecino de Heredia, técnico, con cédula de identidad número 1-822-401, y en demanda aparte acumulada, gestionada por: Ana Lucía Mora Rodríguez, mayor, casada, vecina de Guadalupe, con cédula de identidad número 1-497-618. Resultando: Considerando: I.—, II.—, III.—, IV.—, V.—, VI.—,VII.—,VIII.—, Por tanto: De conformidad con lo expuesto, artículos 99, 153, 155, 819, 820, 867, 868, 869 y 870 del Código Procesal Civil, 466 del Código Civil, 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elección y del Registro Civil, 230, 231, 232, 235, 238 y 241 del Código de Familia, el presente proceso de actividad judicial no contenciosa, incoado por Lidiette, Jorge, Olga, Vilma, Grethel, Luis y Ana Lucia, todos de apellidos: Mora Rodríguez, y se falla de la siguiente forma: 1) Se declara el estado de interdicción a: Hilda Rodríguez Quesada . 2) Se nombra como curadora de la incapaz, a Lidiette Mora Rodríguez, a quien se le previene comparecer a aceptar el cargo, dentro de tercero día; o a exponer el motivo de excusa que tuviere. 3) Aceptado que sea el cargo por la curadora, se señalará el día y la hora para que se presente a prestar el juramento de que cumplirá el cargo con fidelidad. 4) Con el fin de que la curadora represente al incapaz, en los asuntos judiciales en los que éste se halle interesada, se le dará certificación de la respectiva acta y de esta sentencia. 5) La curadora deberá presentar el inventario y el avalúo de todos los bienes de la incapaz, incluyendo lo relativo a alguna pensión que eventualmente reciba. 6) Firme esta sentencia, la ejecutoria deberá publicarse en el periódico oficial e inscribirse en el Registro Nacional, Sección de Personas y Sección de Propiedad, así como en el Registro Civil, al margen de las citas, que son: tomo doscientos cincuenta y tres, página cuarenta y nueve, asiento: noventa y ocho, del Registro de Nacimientos, de la provincia de San José. 7) El cargo de curadora lleva implícito el deber de representar legalmente, al inhábil, y administrar sus bienes. 8) Igualmente, es obligación de la curadora cuidar que el incapaz adquiera o recobre su capacidad mental o física. 9) Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Sin embargo, los gastos del procedimiento se cargarán al patrimonio del incapaz. 10) Se exime a la curadora de brindar garantía de administración.—Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José.—Licda. Mariana Corea Erazo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084942).

Se hace saber a Jefry Damian Gustavino Santamaría, quien es mayor, casado una vez, trailero, cédula 1-1013-0557, de domicilio y demás calidades desconocidas; que en este Despacho se tramita en su contra el expediente número 14-000090-0919-FA, que corresponde a un proceso abreviado de divorcio, gestionado por parte de la señora Carolina Araya Alfaro, cédula 1-020-208; dentro del cual, al ser las 10:50 horas del 06/11/2014 se dictó la sentencia de primera instancia N° 380-2014, cuya parte dispositiva literalmente dice: “Por tanto: Consideraciones y citas de derecho indicadas, se declara con lugar la demanda de divorcio incoada y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que une a Carolina Araya Alfaro y Jefry Damian Gustavino Santamaría, no hay hijos nacidos de la relación matrimonial; no tiene derecho ninguna de las partes a recibir pensión alimentaria a cargo del otro; se tiene por renunciado el derecho ganancial que pudiera corresponder a la actora sobre la motocicleta placa MOT-089117 inscrita a nombre del demandado señor Gustavino Santamaría Jefryla, además que no existen más bienes que puedan considerarse gananciales. A la firmeza de esta resolución, se ordena la inscripción de este pronunciamiento en el Registro Civil, Sección de Matrimonios de la Provincia de San José al tomo 456, folio 263, asiento 526. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes el derecho de apelar este fallo dentro del plazo legal. Notifíquese. El emplazamiento corre tres días después de esta publicación.—Juzgado de Familia de Pérez Zeledón, 20 de noviembre del 2014.—Licda. Crucita María Araya Herrera, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084949).

Se cita y emplaza a todas las personas que tuvieren interés en el depósito de los menores Britany Valeria Paniagua García y Brian Yosue García Flores, para que se apersonen a este Juzgado dentro del plazo de treinta días que se contarán a partir de la última publicación del edicto ordenado, a las ocho horas y cincuenta y dos minutos del tres de julio de dos mil catorce. Expediente N° 14-000118-0776-FA. Clase de asunto depósito judicial promovido por el Patronato Nacional de la Infancia contra Ángelo Steven Paniagua Corrales y María Mercedes García Flores.—Juzgado de Familia de Santa Cruz, 3 de julio del año 2014.—Licda. Gely Marcela Espinoza Gómez, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084984).

Lic. Jorge Arturo Marchena Rosabal Juez del Juzgado Segundo de Familia de San José; hace saber a Bernardo Mesa Martínez, documento de identidad 0070513049, que en este Despacho se interpuso diligencia de reconocimiento de hijo de mujer casada donde se requiere su intervención, bajo el expediente número 14-000326-0187-FA donde se dictó la resolución que en síntesis dice: “Se tienen por establecidas las presentes diligencias de autorización de Reconocimiento de Hijo de Mujer Casada, promovidas por Guillermo Morales Ramírez. En calidad de intervinientes se tienen al Patronato Nacional de la Infancia, al padre Registral Bernardo Mesa Martínez, y a la madre Cindy Paola Brenes Vargas a quienes se le confiere audiencia por el plazo de tres días para apersonarse al proceso (Art. 819 y siguientes Código Procesal Civil). Se le previene a los intervinientes, que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales en el primer escrito que presenten, deberán indicar un medio para atender sus futuras notificaciones, bajo apercibimiento de que en caso de omisión se aplicará la notificación automática”. Lo anterior se ordena así en Diligencia de reconocimiento de hijo de mujer casada promovida por Guillermo Morales Ramírez. Expediente Nº 14-000326-0187-FA.—Juzgado Segundo de Familia de San José, 18 de noviembre del 2014.—Lic. Jorge Arturo Marchena Rosabal, Juez.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084989).

Se avisa al señor Mauricio Moreira Araya, mayor de edad, costarricense, portador de la cédula de identidad 1-0702- 0108, de demás calidades desconocidas que en este Juzgado, se tramita el expediente 14-000610-0673-NA, correspondiente a diligencias de depósito judicial, promovidas por el Patronato Nacional de la Infancia, donde se solicita que se apruebe el depósito de la persona menor de edad Caroline Nathalia Moreira Araya. Se le concede el plazo de tres días naturales para que manifiesten su conformidad o se oponga a estas diligencias.—Juzgado de Niñez y adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 24 de noviembre del dos mil catorce.—MSc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084993).

Se convoca por medio de este edicto a las personas a quienes corresponda la insania y consecuente curatela de Yanela María Ramírez Villarreal, cédula de identidad número 5-0273-0579, conforme con el artículo 236 del Código de Familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días contados a partir de esta publicación. Proceso de Insania de María Luisa Villarreal Cortés. Expediente número 14-000281-0776-FA.—Juzgado de Familia de Santa Cruz, 21 de octubre del año 2014.—Licda. Gely Marcela Espinoza Gómez, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084994).

Se avisa que en este Despacho en el expediente número 14-000642-0673-NA los señores Harold Joseph Williams y Susana María Rojas Zúñiga, solicitan se apruebe la adopción internacional de las personas menores de edad Ana Daniela y José Julián ambos de apellidos Aguilar Novoa. Se concede a los interesados el plazo de cinco días para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su disconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma.—Licda. Mailyn Durán Solano, Jueza.—Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia, 13 de noviembre del 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014084995).

Se avisa que en este Despacho los señores Jorge Arturo Sánchez Zúñiga y Zaira María Ramírez Abarca, solicitan se apruebe la adopción conjunta y cambio de nombre de la persona menor de edad Aurora Briyit Sirias Guzmán. Se concede a todos los interesados directos el plazo de cinco días para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su inconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma. Expediente 14-000650-0673-NA.—Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial, San José, 19 de noviembre del año 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085094).

Se avisa a los señores Salvador Antonio Alemán Fonseca, mayor, nicaragüense y demás calidades desconocidas y Kenia Patricia Sánchez Díaz, mayor, nicaragüense y demás calidades desconocidas que en este juzgado, se tramita el expediente 14-000655-0673-NA correspondiente a diligencia de depósito judicial, promovida por la Licenciada Ana Virginia Quirós Tenorio, en calidad de Representante Legal del Patronato Nacional de la Infancia, donde se solicita que se apruebe el depósito de las personas menores de edad Fernanda Patricia Alemán Sánchez y Jacob Alonso Sánchez Díaz. Se le concede el plazo de tres días naturales para que manifiesten su conformidad o se oponga a estas diligencias.—Juzgado de Niñez y adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 18 de noviembre del 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085098).

Se avisa al señor Misael María Velásquez Duarte, mayor, nicaragüense y demás calidades desconocidas que en este juzgado, se tramita el expediente 14-000728-0187-FA, correspondiente a diligencia de depósito judicial, promovida por Gladys María Velásquez Duarte, donde se solicita que se apruebe el depósito de la persona menor de edad José Mauricio Sánchez Gallegos. Se le concede el plazo de tres días naturales para que manifiesten su conformidad o se oponga a estas diligencias.—Juzgado de Niñez y adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, 18 de noviembre del 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085100).

Licenciada Mariana Corea Erazo, Jueza del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, en proceso insania, establecido por María Marta Padilla Bonilla, expediente 14-001173-0165-FA, se ordena notificarle por edicto, la sentencia que en lo conducente dice: N° 830-14, Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil catorce. Proceso de actividad judicial no contenciosa -interdicción y curatela promovido por María Marta Padilla Bonilla, mayor, divorciada, economista, vecina de Curridabat, con cédula de identidad número 2-290-793. Solicita la declaratoria de insania de Armando Gerardo Padilla Bonilla, mayor, soltero, sin oficio, vecino de Curridabat, con cédula de identidad número 2-316-471.Resultando: 1º—…, 2º—…, 3º—…, Considerando: I.— II.— III.— IV.—, Por tanto: De conformidad con lo expuesto, artículos 99, 153, 155, 819, 820, 867, 868,869 y 870 del Código Procesal Civil, 466 del Código Civil, 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elección y del Registro Civil, 230, 231, 232, 235, 238 y 241 del Código de Familia, el presente proceso de actividad judicial no contenciosa, incoado por María Marta Padilla Bonilla, se falla de la siguiente forma: 1) Se declara el estado de interdicción a: Armando Gerardo Padilla Bonilla. 2) Se nombra como curadora del incapaz, a María Marta Padilla Bonilla, a quien se le previene comparecer a aceptar el cargo, dentro de tercero día; o a exponer el motivo de excusa que tuviere. 3) Aceptado que sea el cargo por la curadora, se señalará el día y la hora para que se presente a prestar el juramento de que cumplirá el cargo con fidelidad. 4) Con el fin de que la curadora represente al incapaz, en los asuntos judiciales en los que éste se halle interesado, se le dará certificación de la respectiva acta y de esta sentencia.---5) La curadora deberá presentar el inventario y el avalúo de todos los bienes de la incapaz, incluyendo lo relativo a alguna pensión que eventualmente reciba. 6) Firme esta sentencia, la ejecutoria deberá publicarse en el periódico oficial e inscribirse en el Registro Nacional, Sección de Personas y Sección de Propiedad, así como en el Registro Civil. 7) El cargo de curadora lleva implícito el deber de representar legalmente, al inhábil, y administrar sus bienes. 8) Igualmente, es obligación de la curadora cuidar que el incapaz adquiera o recobre su capacidad mental o física. 9) Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Sin embargo, los gastos del procedimiento se cargarán al patrimonio del incapaz.—Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José.—Licda. Mariana Corea Erazo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085103).

Se avisa que en este Despacho los señores Dylana María Arguedas Jiménez y Mario Orozco Quirós, solicitan se apruebe la adopción conjunta y cambio de nombre de la persona menor de edad Sugey Pamela López Villalobos. Se concede a todos los interesados directos el plazo de cinco días para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su inconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma.- Expediente 14-001985-0165-FA.—Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial, San José, 19 de noviembre del año 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085104).

Se avisa que en este Despacho la señora Yorleni Elena Fuentes Segura, solicita se apruebe la adopción individual de la persona menor de edad Melanie Michelle Varone Alfaro. Se concede a todos los interesados directos el plazo de cinco días para formular oposiciones mediante escrito donde expondrán los motivos de su inconformidad y se indicarán las pruebas en que fundamenta la misma. Expediente 14-002035-0165-FA.—Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial, San José, 21 de noviembre del 2014.—Msc. Yerma Campos Calvo, Jueza.—1 vez.—Exonerado.—(IN2014085106).

Licda. María Vanessa Soto Rodríguez, Juez, se encuentra la sentencia de las catorce horas del nueve de setiembre del dos mil catorce, que literalmente dice: “Juzgado de Familia de Cañas. Guanacaste, a las catorce horas del nueve de setiembre del dos mil catorce. Diligencias de declaratoria de insania, establecido por María Ofelia Soto Rivera, mayor, soltera, portadora de la cédula de identidad número cinco-ciento treinta y uno-ochocientos noventa y uno, vecina de Tilarán, Guanacaste, a favor de Jeimy Lilliana Jarquín Soto, mayor, soltera, incapaz, del mismo domicilio anterior, cédula de identidad cinco- trescientos cuarenta y cinco-ciento ochenta y cinco. Además figura como parte la Procuraduría de la República y la Licenciada Silvia Picado Quirós, en calidad de abogada directora de las partes resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—... Considerando: I.—Sobre los hechos tenidos como probados: ...a).-... b).-... c).-... d).-... e).- II.—Sobre el fondo: ... III.—… Por tanto: En virtud de lo expuesto y normas de derecho invocadas, se falla: Se declara insana a Jeimmy Lilliana Jarquín Soto y se le designa como su curadora definitiva a la señora MARÍA OFELIA SOTO RIVERA, quien deberá aceptar el cargo dentro del plazo de cinco días, una vez firme esta sentencia.- La aceptación la podrá hacer mediante memorial debidamente autenticado por un profesional en derecho, o bien, por acta en el Despacho compareciendo el curador designado personalmente. Asimismo se le advierte a la curadora Soto Rivera, que de conformidad con el artículo 237 del Código de rito, no se encuentra obligada a dar fianza o rendir garantía, sin embargo una vez que la cuaratela aquí impuesta cese por cualquier causa, si está obligada a rendir cuentas de su administración. Firme esta sentencia deberá ser publicada una vez en el Boletín Judicial y se inscribirá en el Registro Público, Sección Personas, una vez que el curador haya aceptado el cargo. Los gastos del procedimiento son a cargo del patrimonio del insano. Notifíquese. Licda. María Vanessa Soto Rodríguez, Juez. Exp. N° 14-400094-0928-FA (97-1-2014)-A. Proceso de Insania Jeimmy Lilliana Jarquín Soto, Promovente: María Ofelia Soto Rivera.—Juzgado de Familia de Cañas, Guanacaste, 23 de setiembre del 2014.—Lic. María Vanessa Soto Rodríguez, Jueza.—1 vez.—(IN2014086048).

Se convoca por medio de edicto a las personas a quienes les corresponda la curatela, conforme al artículo 236 del Código de Familia, para que se presenten a encargarse de ella dentro del plazo de quince días contados a partir de esta publicación. Proceso de insania de Karen Paola Zúñiga Guzmán, quien es mayor, soltera, sin ocupación, cédula número 2-686-652, vecina La Legua de Mercedes Sur de Puriscal, 200 metros al oeste de la escuela pública. Publíquese una vez. Exp. N° 14- 400194-0197-FA Insania promovida por Olga Marielos Guzmán Acuña.—Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Puriscal, Santiago, 24 de junio del 2014.—Licda. Yendry Gutiérrez Bermúdez, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086058).

Edictos Matrimoniales

Han comparecido ante este Despacho solicitando contraer matrimonio civil los contrayentes Jorge Solís Castillo, mayor, soltero, misceláneo, vecino de San Rafael de Oreamuno del Proyecto Blanquillo 1 kilómetro al este y 200 norte calle Páez, cédula de identidad número 0111590916, hijo de William Solís Montero y Sandra Castillo Sandí, nacido en San José, el 18 diciembre de 1982, con 32 años de edad, teléfono 6024-4645 y Yury Vargas Zamora, mayor, soltera, ama de casa, cédula de identidad número 0113650525, vecina de San Rafael de Oreamuno del Proyecto Blanquillo 1 kilómetro al este y 200 norte calle Páez, hija de Roy Vargas Cordero y Eduviges Zamora Fernández, nacida en 4 de setiembre de 1988 con 26 años de edad teléfono 8415-9322. Si alguna persona tuviere conocimiento de que existe algún impedimento legal para que dicho matrimonio se lleve a cabo deberá manifestarlo ante este Despacho dentro del término de ocho días contados a partir de la publicación del edicto. (Solicitud de Matrimonio) Exp. N° 14-002634-0338-FA.—Juzgado de Familia de Cartago, 26 de noviembre del año 2014.—Licda. Patricia Cordero García, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086019).

Han comparecido a este Despacho solicitando contraer Matrimonio Civil, José Manuel Mora Camacho, cédula de identidad uno- mil ciento dieciséis setecientos cinco, soltero, nacido el veintiocho de setiembre de mil novecientos ochenta y uno, en Hospital Central de San José; de treinta y dos años, trabaja como operario de mantenimiento, vecino de San Rafael de Poás, Calle El Sitio de la entrada trescientos cincuenta metros diagonal al tanque de agua, casa de portón negro, hijo de Manuel Humberto Mora Peraza y Jetty Camacho Varela, ambos costarricenses; y Katherine Castro Muñoz, cédula de identidad uno- mil trescientos setenta y cinco- seiscientos sesenta y cuatro, soltera, nacida el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, en Uruca Central de San José; de veinticinco años, del hogar, vecina de San Rafael de Poás, Calle El Sitio de la entrada trescientos cincuenta metros diagonal al tanque de agua, casa de portón negro, hija de Ivan Castro Ruiz y Heyleen Muñoz Marín, ambos costarricenses. Si alguna persona tiene conocimiento de algún impedimento para que este matrimonio se realice, está en la obligación de manifestarlo en este Despacho dentro de los ocho días siguientes a la publicación del edicto. Expediente N° 14-100010-0314-CI. Proceso: Matrimonio Civil. Contrayentes: José Manuel Mora Camacho y Katherine Castro Muñoz.—Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Poás, Alajuela, 4 de noviembre del 2014.—Licda. Karen Alfaro Vargas, Jueza.—1 vez.—Exento.—(IN2014086070).

Edictos en lo Penal

La suscrita Siany Mata Sánchez, Fiscal de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada-División de Tramitación Compleja, se le comunica a Sidianney Gamboa Méndez cédula 7-143-423, para que se presente a la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada-División de Tramitación Compleja, ubicada en San José, Barrio González Lahaman, Edificio Tribunales de Justicia, segundo piso, a fin de hacer la prevención como tercero de buena fe, ya que se encuentra como propietario registral del vehículo Toyota Hilux, placa CL-269922, año 2013, Harley Andrey Delgado Marin cédula 7-195-099, que se encuentra como propietario registral del vehículo Toyota Yaris, placa BD-725, año 2007 y Rodolfo Mauricio Araya Rodríguez cédula 7-190-887 que se encuentra propietario registral de la embarcación de nombre “Crepúsculo”, matícula L-3070, dichos bienes fueron decomisados bajo la causa 11-000054-1042-TP contra Jorge Alejandro Bonilla Rivas y otros, por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la salud pública, a su vez, que aporte la documentación idónea que la acredite como tercero de buena fe en caso contrario vencido el plazo previsto en la Ley de Distribución de Bienes Confiscados o Caídos en Comiso. Por lo anterior se procede a comunicarle por medio de edicto que se publicará tres veces en el Boletín Judicial. Confeccionándose el oficio de estilo. Comuníquese.—Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada.—Licda. Siany Mata Sánchez, Fiscal.—Exonerado.—(IN2014083266).                               3 v. 1

Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), al ser las nueve horas y siete minutos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce. Dentro del expediente 13-000781-0219-PE, contra Juan Quesada Hidalgo, por el delito de lesiones culposas (Ley de Tránsito), en perjuicio de Mauricio Marín Chaves, se delegó Acción Civil Resarcitoria por parte de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas en representación del ofendido Mauricio Marín Chaves por lo que se ordena dar traslado de la misma a la tercera civilmente Responsable, la señora Karla Cervantes González, cédula de identidad 1-0952-0588, y se le comunica el contenido de la presente Acción Civil Resarcitoria, quien podrá oponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes después de la comunicación de esta resolución, planteando de ser el caso las excepciones que correspondan. De conformidad con el artículo 115 del Código Procesal Penal. Se le previene al demandado que debe señalar medio y lugar dentro del perímetro judicial de esta ciudad donde atender notificaciones bajo apercibimiento de que si lo omitiere, o si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas del despacho, o bien, si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente, las resoluciones posteriores se le tendrán por notificadas con sólo el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. (Artículos 354, 357 y 433 del Código Procesal Civil; 6 y 12 de la Ley de notificaciones y Citaciones Judiciales). Comuníquese.—Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.—Lic. Luis Fernando Oses Arias, Juez Decisor.—Exonerado.—(IN2014085174).  3 v.1

Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (materia penal), al ser las catorce horas y cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce. Se les comunica al dueño registral del siguiente bien mueble que en la presente causa se dictó sobreseimiento definitivo por prescripción, por lo que se notifica al propietario registral del vehículo decomisado propiamente al señor Arnold Picado Cordero, cédula: 7-153-639 o terceros interesados de la causa número 09-001298-0597-PE, contra Daniel Hernández Morales por el delito de conducción temeraria en perjuicio de la Ley de Tránsito a fin de que se apersonen a este Despacho de conformidad con el artículo 94 de la Ley 8204 y el numeral 200 del Código Procesal Penal pueden reclamar el mismo con la documentación idónea, bajo apercibimiento de que luego de la última publicación del edicto se otorga ocho días para reclamar lo indicado, transcurrido el período sin reclamo ni trámite alguno se ordenará el comiso a favor del Estado. A continuación se detalla el bien: * Motocicleta marca Yamaha, estilo DT, placas MOT-56433, a nombre de Arnold Picado Cordero, cédula: 7-153-.—Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.—Lic. Verónica Dixon Lindo, Jueza.—(2014085570).             3 v. 1.