PROYECTOS

REFORMA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY N.º 7012,

CREACIÓN DE UN DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL

EN EL ÁREA URBANA DE GOLFITO

Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 17.329

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El primer párrafo del artículo 18 de la Ley N.º 7012, Creación de un depósito libre comercial en el área urbana de Golfito, establece lo siguiente:

“Artículo 18.-      Los costarricenses y los extranjeros residentes en el país podrán comprar en el depósito libre comercial de Golfito, tanto en colones como en dólares.  La mercancía que se expenda tendrá dos etiquetas, una en dólares y otra en colones. Las compras podrán ser por un monto hasta de quinientos dólares estadounidenses ($500,00) por semestre o mil dólares estadounidenses ($1.000,00) por año.”1 (el resaltado es propio).

Antes de la reforma de la Ley N.º 7730, de 20 de diciembre de 1997, el primer párrafo del artículo 18 señalaba:

“Artículo 18.-      Los costarricenses y extranjeros residentes en el país podrán hacer compras en el depósito libre comercial, por un monto de hasta ochocientos dólares ($800,00), incluido el impuesto del depósito libre, durante cada año calendario.  No obstante, los beneficiarios solo podrán efectuar compras, en cada visita, por un monto máximo de cuatrocientos dólares ($400,00).”

El monto fijado para realizar compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) se actualizó -por única vez- en 1997, más de diez (10) años después de que se promulgó la ley de creación, en 1985. En esa oportunidad, el monto autorizado para compras pasó de ochocientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $800,00) a mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $1.000,00) anuales, lo que representó un crecimiento del veinticinco por ciento (25%).

Con el objetivo de actualizar el monto fijado y dejar previsto un sistema efectivo de actualización que incentive las visitas a las comunidades de la Zona Sur del país e incrementar las ventas en el DLCG, se solicitó formalmente el criterio del Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa2 y de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).3

Para el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, director ejecutivo de Judesur, “un ajuste en el monto autorizado por semestre para comprar en el DLCG es una necesidad, considerando (...) el tiempo transcurrido desde que se creó JUDESUR y además tomando en cuenta que por la variedad, tamaño y tecnología, el precio de los nuevos artículos en el mercado han cambiado sustancialmente”.4

Un estudio contratado por Judesur a la empresa Iniciativas de Desarrollo S.A. concluye que, para el año 2008, la compra en el DLCG “debería tener un valor en tarjeta autorizado de 854 dólares por semestre, lo que equivaldría a 1700 dólares por año”.5  El informe denominado “Valor nominal, valor real del monto de la tarjeta para comprar en el DLCG, variaciones y actualizaciones del mismo con base en el IPC en el año 2006.  Período 1990-2008”, contiene la siguiente tabla:6

__________

¹  Así reformado por el artículo 1 de Ley N.º 7730, de 20 de diciembre de 1997.

²  Oficio N.º 300-ASE-2008 de 25 de agosto de 2008.

³  Oficio N.º 301-ASE-2008 de 25 de agosto de 2008.

⁴  Oficio N.º DEJ-O-306-2008 de 23 de setiembre de 2008.

⁵  Ibídem.

⁶  Ibíd.

VALOR NOMINAL, VALOR REAL DEL MONTO DE LA TARJETA

PARA COMPRAR EN EL DLCG, VARIACIONES Y

ACTUALIZACIÓN DEL MISMO CON BASE EN

EL IPC DEL AÑO 2009, PERÍODO 1990-2008

Años 2/	Tipo de cambio	Monto de la tarjeta (Dólares)	Monto nominal		IPC (Base = 2006)		Monto real		Actualización del monto 1/
			Colones	Variación anual	Índice	Variación anual	En colones	Variación anual	Colones	Dólares
1990	90,9	500	45,450		12,09		375.930,5		45.450,0	500
1991	124,8	500	62,400	37,3	15,68	29,7	397.959,2	5,9	59.945,9	472
1992	133,5	500	66,750	7,0	18,98	21,0	351.686,0	-11,6	71.351,6	534
1993	141,42	500	70,710	5,9	20,86	9,9	338.974,1	-3,6	78.418,1	555
1994	156,6	500	78,400	10,9	23,3	11,7	336.480,7	-0,7	87.591,8	559
1995	181,37	500	80,685	15,7	28,74	23,3	315.535,8	-6,2	106.042,4	596
1996	209,39	500	104,695	15,4	34,11	18,7	306.933,5	-2,7	128.229,9	612
1997	234,63	500	117,315	12,1	38,64	13,3	303.610,2	-1,1	145.259,6	619
1998	258,92	500	129,460	10,4	43,16	11,7	299.953,7	-1,2	162.251,6	627
1999	288,47	500	144,235	11,4	47,08	9,1	306.361,5	2,1	176.905,1	614
2000	309,45	500	154,725	7,3	52,57	11,7	294.321,9	-3,9	197.626,7	639
2001	329,72	500	164,660	6,6	56,5	11,3	281.812,0	-4,3	219.919,4	667
2002	362,32	500	181,180	9,9	63,75	9,0	294.172,5	0,6	239.655,7	661
2003	401,42	500	200,710	10,8	69,79	9,5	267.581,3	1,2	262.361,9	664
2004	440,05	500	220,025	9,6	76,47	12,4	280.393,8	-2,5	284.992,7	670
2005	479,97	500	239,965	9,1	89,3	13,8	266.740,2	-4,2	335.706,0	699
2006	514,96	500	257,460	7,8	100,0	12,0	257.480,0	-4,2	375.930,5	730
2007	516,53	500	258,265	0,3	108,8	8,7	237.465,1	-7,6	408.524,4	791
2008	546,49	500	273,245	5,8	124,2	14,2	220,074.9	-7,3	466.755,3	854
	501,2		501,2		927		-41,5		927,0

 

1/  Monto de la tarjeta indexado con el IPC del año 2006.

2/  A julio de cada año.

Fuente:  BCCR, INEC e Iniciativas de Desarrollo Empresarial S.A.

Elaboración de Iniciativas de Desarrollo Empresarial S.A.

“En síntesis de lo anterior”, señala el estudio contratado por Judesur a la empresa Iniciativas de Desarrollo S.A., “cabe señalar que los datos sugieren la necesidad de crear e instalar un método para actualizar el monto de la tarjeta anualmente, pero también es urgente la restitución de un poder de compra adecuado a las condiciones del país y del ingreso nominativo de sus habitantes, considerándose $1.000 (un mil dólares USA), como el mínimo necesario por persona, por semestre y con saldos anuales acumulables”.7

La necesidad de crear una fórmula de actualización es compartida por el Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, cuyos funcionarios ofrecieron una serie de recomendaciones que, sin duda, deberán ser tomadas en cuenta:

“En relación con la metodología o mecanismo que permita la actualización automática de un nuevo monto en dólares que eventualmente se fijará como punto de partida para realización de compras en el depósito de Golfito (...) lo más indicado, en este caso (...) es utilizar un índice de precios de los bienes que se transan en Golfito.  Sin embargo (...) no existe un índice de ese tipo, por lo que debería construirse”.8

__________

⁷  Oficio N.º DEJ-O-306-2008 de 23 de setiembre de 2008.

⁸ Oficio N.º CON-044-2008E de 11 de setiembre de 2008. pág. 5.

Han transcurrido más de diez años desde que la Asamblea Legislativa aprobó la última variación en el monto autorizado para compras en el DLCG; sin embargo, el Departamento de Servicios Técnicos advierte que “en la exposición de motivos del proyecto de Ley que reformó la Ley 7012 (Expediente 12.605), no se exponen las razones que motivan el incremento fijado para las compras en el Depósito comercial de Golfito”.9

Para definir un nuevo monto base, los funcionarios de la Asamblea Legislativa recomiendan utilizar criterios cualitativos y cuantitativos:

1)       Pertinencia del objetivo de creación del Depósito Libre de Golfito.

2)       Número de personas que visitan y compran en el Depósito.

Al respecto, se puede señalar que el flujo de visitantes al DLCG ha disminuido. A pesar de que los precios siguen siendo atractivos, en relación con las facilidades de compra de productos electrónicos que ofrece el mercado nacional e internacional, el monto vigente autorizado para compras perdió valor.

Datos de la Dirección General de Aduanas -Puesto Aduana de Golfito- del Ministerio de Hacienda10, facilitados por Judesur, revelan que la visitación al DLCG cayó cerca de un veinticinco por ciento (25%), entre los años 1997 y 2007.

__________

⁹ Ibídem. pág. 2.

¹⁰ Oficio N.º CC-60-2008,  de 16 de setiembre de 2008.

En 1997, cerca de 240.000 personas realizó compras en el DLCG, pero en el 2007, menos de 185.000 consumidores visitó el Depósito.  En la siguiente tabla, puede observarse, a excepción de enero, el Puesto Aduana de Golfito registró un descenso en el número de visitas por mes, comportamiento que se repitió en cada uno de los años anteriores y durante los primeros ocho meses de 2008, cuando se elaboró el reporte.

VISITAS MENSUALES REGISTRADAS AL DLCG

PERÍODO 1997 – 2007

 

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1997	16664	18497	14438	15159	13255	14122	22453	16393	14930	19206	34282	40049
2007	21990	13925	15562	*	10587	11423	20685	14060	11976	12294	23345	28092

 

*  Ilegible en documento original.

Fuente:  elaboración propia con base en los datos del Puesto de Aduana de Golfito, Ministerio de Hacienda (Oficio N.º CC-60-2008 del 16/09/2008).

3)       Cuantificación de un máximo aceptable por persona por concepto de compras.

El Departamento de Servicios Técnicos recomienda estimar el valor de “un paquete básico de consumo (...) que responda a los hábitos o necesidades de consumo actual; tomando en consideración que un límite muy alto podría afectar el comercio ubicado en otras localidades que no disfrutan de exención de impuestos”.

Ese paquete básico de consumo puede ser preparado con relativa facilidad por las entidades que administran el DLCG; sin embargo, con el objetivo de plantear una respuesta a la sugerencia de dicho Departamento, se realizó un cálculo utilizando, como referencia, el precio de algunos bienes, calidad y precio más accesible, obtenidos directamente en las tiendas del DLCG, durante el mes de diciembre de 2008.

PAQUETE BÁSICO DE CONSUMO (DLCG)

DICIEMBRE 2008

 

 

 

1/ En colones.  Precios consultados en diciembre de 2008.

Fuente:  Elaboración propia con base en datos obtenidos en el DLCG.

4)       Estimación del costo de la estadía en Golfito

“El desarrollo de la zona”, señala Servicios Técnicos, “muy probablemente ha elevado los precios relacionados con hospedaje, alimentación y transporte, lo cual resta competitividad al depósito y a los atractivos que éste ofrece”.

De nuevo, serán los administradores del DLCG quienes puedan realizar una estimación precisa del costo de la estadía en Golfito; no obstante, también se realizó una consulta, en enero de 2009, utilizando la lista de “Excursiones a Golfito”, disponibles en la página electrónica del Depósito.11

__________

¹¹  Excursiones a Golfito [En línea]

Disponible en: http://www.depositodegolfito.com/pages/excursiones.php

Consultado el 23 de Enero, 2009.

Entre 1986, año en que abrió sus puertas el DLCG, y el 2009, el costo por persona pasó de cuatro mil colones (¢4.000,00) a veinte mil colones (¢20.000,00), lo que representa un incremento del quinientos por ciento (500%).  Todas las excursiones incluyen transporte y una noche de hospedaje:

5)       La variación en las características de los bienes comprados

En su informe, Servicios Técnicos señala que los bienes transados en el Depósito han presentado un constante incremento en sus cualidades tecnológicas, lo cual normalmente va asociado a un mayor precio.  De manera que, el presente costo de esos artículos es relativamente más elevado en la actualidad que hace una década.  Asimismo, los patrones de consumo son distintos.

Mayor capacidad de compra de los consumidores

En este punto, Servicios Técnicos señala que deben valorarse indicadores como la ocupación, el aumento del ingreso promedio de los hogares y la capacidad de compra. En este sentido, puede asegurase que la última actualización del monto máximo de compra por persona (1997) ya no es representativa de la realidad actual.

“Si se considera que el ingreso promedio mensual del hogar para 1997 rondaba los 501.98 dólares y en 2006 los 703.57 dólares, se tiene que en el transcurso de diez años este ingreso se ha incrementado en un 40.2%”.

6)       El tráfico de cédulas por parte de los clientes del Depósito.

 

En relación con este aspecto, Servicios Técnicos afirma que cuanto más bajo sea el límite máximo de compra en el DLCG, mayor será el estímulo de prácticas inconvenientes como el trasiego de cédulas; lo anterior, dado que para tener acceso a una mayor capacidad de adquisición se da la “compra de cédulas” a residentes locales.  Otro motivo para aumentar el monto máximo.

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY N.º 7012, CREACIÓN

DE UN DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA

URBANA DE GOLFITO, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmase el primer párrafo del artículo 18 de la Ley N.º 7012, Creación de un depósito libre comercial en el área urbana de Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas.  El texto dirá:

“Artículo 18.-       Los costarricenses y los extranjeros residentes en el país podrán comprar en el Depósito Libre Comercial de Golfito, tanto en colones como en dólares.  La mercancía que se expenda tendrá dos etiquetas, una en dólares y otra en colones.  El monto autorizado para compras será revisado y actualizado cada seis (6) meses por el Ministerio de Hacienda, utilizando el índice de precios de los bienes que se comercializan en el Depósito, creado para tal efecto.

[…]”

TRANSITORIO ÚNICO.- El monto autorizado para compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito partirá de la base de mil dólares moneda de los Estados Unidos de América ($1.000,00) por semestre, o dos mil dólares moneda de los Estados Unidos de América ($2.000,00) por año.

A partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Hacienda contará con seis (6) meses para elaborar el índice de precios que servirá para actualizar el monto.

Rige a partir de su publicación.

Alberto Salom Echeverría                                     Olivier Pérez González

                                               DIPUTADOS

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

San José, 25 de marzo de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-212250.—(53189).

AUTORIZACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)

PARA QUE CONDONE LA DEUDA DE LOS MIEMBROS

DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA

DEL ASENTAMIENTO LA PRADERA

Expediente N.º 17.331

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El asentamiento campesino La Pradera forma parte del esfuerzo que ha hecho el Estado costarricense, por medio del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), para dotar de tierras productivas a los pequeños agricultores del país que requieren un terreno propio en el cual puedan producir y lograr el desarrollo socioeconómico de su núcleo familiar.

Por mandato de su ley constitutiva, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), promueve la implementación y el desarrollo de proyectos de riego que doten de agua para riego las tierras de pequeños y medianos productores, de forma tal que la producción agropecuaria se incremente y sea sostenible durante todo el año, además, que el agricultor tenga la posibilidad de mantener su producción y, consecuentemente, su mercado durante todo el año, aprovechando las ventanas en las cuales el mercado ofrece el mejor precio.

Uno de los proyectos de riego promovidos y financiados por el Senara, es el proyecto de riego La Pradera, que beneficia a 21 agricultores del asentamiento La Pradera, localizado en el cantón de Paraíso, provincia de Cartago, específicamente dos kilómetros al norte de la ciudad de Paraíso; a esta actividad productiva se incorporan 10,5 hectáreas, con un riego total, lo que representa un área de riego de 0,5 hectáreas por agricultor.  Es importante resaltar que las parcelas de estos agricultores tienen un área que varía entre 0,90 y 1,20 hectáreas, respectivamente.

El proyecto de riego La Pradera se inició en 1999, cuando dos grupos de agricultores, uno del asentamiento Cerro Grande y otro de La Pradera, le solicitaron, de manera formal, al Senara realizar los estudios tendientes a construir las obras de infraestructura necesarias para el riego de sus fincas.

En el 2000, los agricultores de ambos asentamientos constituyeron formalmente la Sociedad de Usuarios de Agua del Asentamiento Cerro Grande y La Pradera (SUA), cédula de persona jurídica 3-101-271812, a efecto de iniciar los trámites, ante el Departamento de Aguas del Minae, actualmente el Minaet, para obtener una concesión de agua de 15 litros por segundo (lps) de la quebrada Boquerón.

En setiembre de 2000, el Senara y la SUA suscribieron el Convenio para la promoción de la infraestructura de riego y operación y mantenimiento del proyecto Cerro Grande y La Pradera; mediante este Convenio se establece el compromiso para la construcción de las obras de riego, una vez que la SUA obtuviera los permisos de paso, contara con la construcción correspondiente y el Minaet aprobara la concesión de agua para el proyecto.  Los agricultores también adquirieron la responsabilidad de la operación y el mantenimiento de las obras de infraestructura.

La concesión de agua fue otorgada por un plazo de diez años, contado a partir del 3 de agosto de 2001, para un caudal de 8,8 lps, lo cual representó una disminución significativa en relación con los 15 lps originalmente solicitados, que se tradujo en una disminución proporcional en el área de riego prevista.

Por decisión de los agricultores del asentamiento Cerro Grande y debido a la disminución en la concesión de agua otorgada, sus fincas fueron excluidas del proyecto de riego, por lo que solo quedaron incorporadas las tierras del asentamiento La Pradera, por esta razón en el proyecto de riego solo se hace referencia al asentamiento La Pradera.

En el 2003, el Senara concluyó la elaboración de los estudios y diseños correspondientes para la construcción del proyecto de riego La Pradera y aprobó el financiamiento de las obras de infraestructura con recursos propios de la Institución, bajo las siguientes condiciones de financiamiento, que fueron aceptadas por los agricultores:

-       Plazo de pago:  diez años

-       Período de gracia:  dos años

-       Tasa de interés corriente:  12% anual

-       Tasa de interés moratorio:  16% anual

-       Forma de garantía:  Fiduciaria (pagaré individual)

-       Monto presupuestado para las obras:  ¢21.298.013,001

Las obras de infraestructura del proyecto de riego fueron contratadas en el 2004 y concluidas a inicios de 2005. El 12 de mayo de 2006 se inició un período de pruebas, calibración y traslado de la obra a los agricultores, el cual concluyó con la entrega de la obra y la formalización del crédito para efectos de pago. A partir de esta fecha el Senara inició el cobro del proyecto a los agricultores beneficiados, conforme a las condiciones pactadas.

El costo total de las obras de infraestructura del proyecto de riego es de ¢18.225.115,77; no obstante, el Senara decidió cobrarles a los agricultores solamente el 67,5%, monto que corresponde a ¢12.300.189,83, de conformidad con las condiciones pactadas.

En el siguiente cuadro se presenta la lista de los agricultores del proyecto de riego La Pradera y el monto de la deuda contraída por cada uno, así como los intereses adeudados al 12 de diciembre de 2008.

CUADRO N.º 1

AGRICULTORES DEL PROYECTO DE RIEGO LA PRADERA,

MONTO DE LA DEUDA CON EL SENARA E INTERESES

AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008

 

Fuente:  Dirección Administrativa Financiera del Senara.

Tal como se mencionó, las obras de infraestructura y los equipos para riego fueron puestos a disposición total de los agricultores el 12 de mayo de 2006.  Sin embargo, a finales de 2006, la SUA empezó a notar un faltante de agua en la quebrada Boquerón, que abastece el sistema.

Ante esa situación, en conjunto con el Senara, la SUA realizó una investigación y determinó que la Municipalidad de Paraíso estaba extrayendo agua en uno de los afluentes de la quebrada Boquerón, con lo cual reducía significativamente la posibilidad de captación para el proyecto de riego. Por tanto, la SUA procedió a plantear la denuncia ante el Departamento de Aguas del Minaet, el cual comprobó la extracción, sin concesión, por parte de la Municipalidad de Paraíso.

__________

1  Senara.  Informe de diseño del proyecto de riego La Pradera.  Área de operaciones.  Abril de 2003.

A pesar del informe emitido por el Departamento de Aguas del Minaet, la Municipalidad de Paraíso siguió extrayendo agua para atender algunas poblaciones y nuevos desarrollos habitacionales en Paraíso, con lo cual se limita la posibilidad de que los agricultores cuenten con agua suficiente para atender las necesidades de sus cultivos en la época seca, en la que aumenta la demanda de agua.

En el 2007 y 2008, los problemas de abastecimiento de agua se tornaron cada vez más severos y ocasionaron pérdidas significativas en el rendimiento de los productos y, consecuentemente, en los ingresos de los agricultores.

Respecto de la situación del proyecto de riego La Pradera, el oficio RCOR-066-2008, de 25 de junio de 2008, dirigido por el Coordinador de la Región Central Oriental y el Director de Operaciones al Gerente General del Senara, indica:

“La disminución en el agua recibida por los agricultores implicó que desde enero a junio de 2007, la mayoría de los beneficiarios del Proyecto no pudieran regar de acuerdo con el plan de operación establecido y asistir oportunamente sus cultivos, perdiendo parte de la inversión realizada en preparación de terrenos, compra de semillas, fertilizantes y otros insumos al igual que un porcentaje importante de sus áreas de cultivo”.

Otro párrafo de dicho oficio menciona lo siguiente:

“El valor proyectado de la producción, estimando los valores de venta vigentes a puerta de finca, es de ¢28.851.950.00.  El valor de la producción correspondiente a los porcentajes de pérdida diferenciales de cada agricultor alcanza la suma de ¢20.191.500.00, cifra que equivale a un 70% del valor esperado de la producción total.

Al incluir los gastos realizados por cada productor en la preparación de terrenos y compra de insumos agrícolas por un monto total de ¢7.020.000.00 y sumarlos al porcentaje de pérdidas por producción no cosechada, se obtiene que la pérdida total registrada es de ¢27.211.500.00, que corresponde a un 95% aproximadamente del valor de la producción esperada y se conforma con un 70% de la pérdida en la cosecha propiamente dicha y el 5% restante de los gastos de acondicionamiento de los terrenos de cultivo y adquisición de insumos agrícolas”.

Resulta evidente que el proyecto de riego no está dando lo frutos esperados por los agricultores y, por ende, ellos no pueden hacerle frente a la deuda contraída.  Esta situación los está poniendo en condiciones de riesgo, pues ante un eventual cobro judicial de parte del Senara, tendrían que comprometer sus bienes o sus medios de producción, lo que los hará abandonar la actividad productiva, situación totalmente ajena a sus posibilidades y que, en definitiva, prevalecerá sobre las posibilidades de uso de agua para consumo humano, en detrimento del uso del agua para riego.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que en el oficio GE-367-08, de 18 de junio de 2008, el Gerente General manifestó que “SENARA no tiene objeción alguna al trámite de un proyecto de ley que condone total o parcialmente la deuda suscrita por los agricultores del Proyecto La Pradera“, sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

AUTORIZACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)

PARA QUE CONDONE LA DEUDA DE LOS MIEMBROS

DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA

DEL ASENTAMIENTO LA PRADERA

ARTÍCULO ÚNICO.-

Autorízase al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), para que condone el total del capital y los intereses corrientes y moratorios adeudados a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, por los 21 miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua del Asentamiento Cerro Grande y La Pradera, cédula de persona jurídica número tres-uno cero uno-dos siete uno ocho uno dos (N.º 3-101-271812), producto de la ejecución del proyecto de riego La Pradera.

La lista de los 21 miembros de dicha sociedad de usuarios, con su número de cédula, se detalla a continuación:

 

 

Rige a partir de su publicación.

Patricia Quirós Quirós                            Orlando Ml. Hernández Murillo

                                José Joaquín Salazar Rojas

                                          DIPUTADOS

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

San José, 22 de abril de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-191250.—(53190).

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

A DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE SAN JOSÉ

Expediente N.º 17.356

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde el año 2001 se ha presentado la iniciativa por parte de la Municipalidad de Santa Ana, para donar un terreno de su propiedad a las temporalidades de la Iglesia Católica, con el objeto de construir una Iglesia Católica en el barrio Lagos de Lindora, en Pozos de Santa Ana. Así consta en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N.° 165, celebrada el 30 de enero de 2001, en su artículo 3; así como en el proyecto de ley tramitado en el expediente N.º 14.637 y que fue archivado en su oportunidad por cumplir su plazo cuatrinal.

Como se indicó en el proyecto de ley citado: “el barrio de Lindora es una comunidad que ha venido creciendo considerablemente y actualmente los vecinos sufren el problema de no contar con un espacio donde realizar los actos religiosos y todas aquellas otras actividades que contribuyan al restablecimiento de los valores espirituales y morales”.

Nuevamente, la Municipalidad de Santa Ana, en la sesión del Concejo Municipal celebrada el 9 de setiembre de dos mil ocho, sesión ordinaria N.° 120, en su artículo 3 acuerda la donación de un terreno para los citados fines, así como la solicitud a la Asamblea Legislativa para autorizar la correspondiente desafectación de uso público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de los señores diputados y señoras diputadas la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

A DONAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE SAN JOSÉ

ARTÍCULO ÚNICO.- Se autoriza a la Municipalidad de Santa Ana, con cédula de persona jurídica N.º 3-014-042059 a segregar, donar y traspasar a favor de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, cédula de persona jurídica N.º 3-010-045148, así como la desafectación del uso público, de un inmueble de su propiedad ubicado en el cantón noveno, Santa Ana, distrito tercero, Pozos; inscrito en el partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real, matrícula N.° 569266-000, que es terreno para construir dedicado a facilidades comunales, con una medida de 2001,02 metros cuadrados, según plano catastrado N.° SJ-1273289-2008 y con los siguientes linderos: limita al norte con la Municipalidad de Santa Ana y la Junta de Educación de la Escuela Lagos de Lindora en Pozos de Santa Ana; al sur con calle pública; al este con la Junta de Educación de la Escuela Lagos de Lindora en Pozos de Santa Ana y al oeste con la Municipalidad de Santa Ana. El terreno descrito se destinará a la construcción de un templo católico en el barrio Lindora de Pozos de San Ana.

Rige a partir de su publicación.

Ofelia Taitelbaum Yoselewich

DIPUTADA

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

San José, 6 de mayo de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-43500.—(53195).

LEY GENERAL DE CULTURA

Expediente N.º 17.359

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A lo largo de la historia de Costa Rica, los diferentes gobiernos se han preocupado por incentivar la expresión cultural a través del estímulo de sus diversas áreas creativas y artísticas. El Estado costarricense, aún cuando se encontraba en las etapas iniciales de su formación, ya intervenía en materia cultural, como se puede comprobar en la constante promulgación de leyes y decretos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX el Estado se preocupaba por la cultura implementando una serie de políticas públicas que contribuyeron, a su vez, con la consolidación del incipiente Estado-nación costarricense. En el año 1888 se promulga una de las primeras leyes relacionadas con el sector cultura: la Ley N.º 5, con la cual se crea el Museo Nacional, con la intención de:

“(…) coleccionar y exponer permanentemente los productos naturales y curiosidades históricas y arqueológicas del país, con el objeto de que sirva de centro de estudio y exhibición”1.

Ese mismo año se funda la Biblioteca Nacional. Ya en 1887 se había creado la Oficina de Depósito y Canje de Publicaciones, que tenía como función “(… el conservar y distribuir a otros países las publicaciones nacionales, así como mantener un canje de periódicos, libros y otras publicaciones”2. Con el cierre de la Universidad de Santo Tomás se acuerda mediante el decreto N.º 131, de 13 de octubre de 1888, convertir la biblioteca de ese centro de educación superior en la Biblioteca Nacional.

Las bandas militares emergen en el mismo período y fueron prácticamente las únicas agrupaciones musicales que existían y que contaban con el apoyo del Estado. Daban conciertos al aire libre, participaban en desfiles y en actividades religiosas. Fueron, además, las primeras instituciones que se dedicaron a la extensión cultural pues eran las únicas que llegaban a todas las provincias del país. Así, cada cabecera de provincia contaba con una banda militar. Las siete bandas, una por provincia, eran financiadas en su totalidad por el gobierno.

“La música de bandas es la primera forma de educación cultural y artística que reciben los costarricenses en todo el país”3.

Posteriormente, en 1926 Costa Rica cuenta con la primera Orquesta Sinfónica Nacional a cargo del maestro Juan Lootz. Sin embargo, es a partir 1942 que se crean en Costa Rica dos instituciones de educación musical con relativa estabilidad: la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música. Ambas fueron instituciones independientes de las bandas militares.

Para los mismos años, el Estado se preocupa por la protección del patrimonio arqueológico del país. La Ley N.º 7, de 1938, ya protege el patrimonio arqueológico.

La creación de la Escuela de las Bellas Artes es otro punto de inflexión en el desarrollo cultural costarricense. La Escuela de las Bellas Artes fue abierta en 1897 como un ente adscrito a la cartera de Instrucción Pública; en ella se enseñaba dibujo, pintura, escultura, estética, anatomía artística y perspectiva. La Escuela de las Bellas Artes continuó con su labor a pesar de la oposición de ciertos sectores de la población quienes consideraban que dicha actividad debía ser privada y no pública. Sin embargo el Estado siguió impulsando las artes plásticas hasta que, en 1941, la Escuela de las Bellas Artes pasó  a ser parte de la Universidad de Costa Rica como la Facultad de Bellas Artes.

Otro hecho de vital importancia en el desarrollo cultural del país fue la creación del Teatro Nacional, cuya edificación fue aprobada el 28 de mayo de 1890 por la Asamblea Legislativa mediante el Decreto N.º 33. La ciudad de San José contaba entonces con tan solo 19.000 habitantes, por lo que el edificio neoclásico sobresalía entre las edificaciones de adobe predominantes en la ciudad capital. Ese año el presidente José Joaquín Rodríguez decidió que un impuesto especial a la exportación del café contribuiría con la edificación de un teatro decente para la incipiente población josefina. Luego, el impuesto se extendió también al arroz y los frijoles. De tal forma, toda la comunidad costarricense contribuyó con la construcción, y no solamente los cafetaleros, como tradicionalmente se ha afirmado. El Teatro Nacional se ha convertido en una joya arquitectónica en el paisaje urbano del Valle Central.

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¹  Ley N.º 5, artículo 1^ero

² Rojas, O. (1982) El Estado costarricense y la cultura nacional. Estudio de los antecedentes, creación y desarrollo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Licenciatura en Ciencias Políticas, San José: UCR, p. 98.

³  Rojas, O. Ibid, p. 102.

Antes de 1948, la cultura estuvo a cargo de tres carteras diferentes:

1.-    La Cartera de Guerra y Policía, se encargaba de las bandas.

2.-    La Cartera de Instrucción, en la cual se localizaban la Biblioteca Nacional, la Escuela de Bellas Artes y el Museo Nacional.

3.-    La Cartera de Fomento, la cual contaba con el Teatro Nacional bajo su tutela.

El primer intento de crear un ministerio de cultura fue impulsado por Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber y Carlos Monge Alfaro, quienes le presentaron el proyecto a la Junta de Gobierno de 1948, sin embargo, debido a la situación de posguerra civil, la propuesta no tuvo acogida4. Fue hasta 1953 que se creó el Departamento de Extensión Cultural, adscrito al Ministerio de Educación Pública, el que posteriormente, en 1963, evolucionó en la Dirección General de Artes y Letras, por iniciativa de don Alberto Cañas Escalante.

La fundación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes constituye la culminación de un proceso que se gesta desde finales del siglo XIX. La Dirección General de Artes y Letras adscrita al Ministerio de Educación es el precedente inmediato del Ministerio de Cultura. Finalmente, y bajo la motivación del mismo Alberto Cañas Escalante, el 13 de marzo de 1970 se presenta un proyecto de ley para crear el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, proceso que culminará con la aprobación de la Ley N.º 4788 de 5 de julio de 1971.

Tres son los objetivos principales que guiaron la fundación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. A saber:

1.-    Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general.

2.-    Rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible.

3.-    Crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional.

La creación del Ministerio marca un punto de inflexión en el desarrollo de las políticas culturales del país. La promoción e incentivo a la cultura se evidencia en la cantidad de leyes aprobadas desde los mismos inicios del Ministerio.

El Ministerio fue fundado con el propósito de:

“(...) fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural, artístico”, así como también “crear espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones (Ministerio de Cultura y Juventud)”5.

El modelo del Ministerio de Cultura y Juventud responde más a las necesidades coyunturales que a la influencia de modelos extranjeros.

Valga subrayar que la cultura en Costa Rica vivió durante la década de los años 70 una de sus mejores épocas. Durante ese período el presupuesto del Ministerio era del 1,3% del presupuesto nacional, lamentablemente ese porcentaje se redujo en los años siguientes, y para el año 2007 alcanzó solamente el 0,38% del presupuesto nacional6.

La actividad teatral es un ejemplo del apogeo vivido por el sector cultural durante esa década:

“La década de los años 70 es conocida como la época de oro del teatro en Costa Rica: se crea la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y las escuelas de teatro, se dan grandes montajes que giran por el país, importantes directores y actores latinoamericanos enriquecen con su presencia el movimiento teatral, nacen grupos de teatro independientes con inquietud estética y compromiso ético (Tierranegra fue el más paradigmático, bajo el liderazgo de Luis Carlos Vásquez) y el gran público acude en masa a las puestas en escena”7.

La danza emerge para esta misma década, con aportes como los de Mireya Barboza, quien brindó una nueva forma al arte del movimiento. Antes de ello, el Instituto Castella ya daba los primeros cursos formales de danza desde el año 1954. Veinte años después, en 1974, la Universidad Nacional crea la primera Escuela de Danza: Danza-Una; mientras que el primer grupo profesional de danza emerge paralelamente en la Universidad de Costa Rica, bajo la tutela de Rogelio López y Luis Piedra. Un año después el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes promueve e incentiva la Compañía Nacional de Danza.

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4  Rojas, O. Ibid, p. 121.

5  Ver URL: http://www.mcjdcr.go.cr/ministerio/index.html

6 Montero, M. (2003). Cuando el arte suena. La Nación [en línea], URL: http://www.nacion.com/viva/2003/abril/12/cul1.html

7   Díaz, D. (2003). La crisis a escena. La Nación [en línea], URL: http://www.nacion.com/ancora/2003/febrero/02/ancora1.html

Durante la década de los años 90 y principios de la década del 2000 se observa un auge en la creación de leyes sobre el tema cultural. Lo anterior sin embargo no se ha traducido en un aumento en el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, que durante el mismo período ha tendido a ser cada vez menor. Además, es importante recalcar que aunque hay un incremento en la promulgación de leyes, su operacionalización, a través de sus respectivos reglamentos, no ha sido tan efectiva, lo que se traduce en un discurso político fuerte, respaldado por leyes, pero que en realidad no se está ejecutando.

Este breve recorrido por la historia del desarrollo de la cuestión cultural permite concluir que el Estado ha tenido un papel fundamental en el desarrollo cultural costarricense. Asimismo, refleja un gran interés de parte del Estado costarricense por fomentar e incentivar la cultura en los primeros años de fundado el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Pero: ¿a qué exactamente hacemos referencia cuando hablamos de cultura?

Cultura, un concepto polisémico

El término cultura es un concepto polisémico, es decir, con numerosos sentidos, y por tal motivo ha sido observada, analizada y puesta en operación desde diferentes disciplinas y perspectivas. Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), la voz cultura, en su tercera acepción, hace referencia al “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”  Y, agrega, cultura es el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”8. De raíz latina proveniente del verbo colere, en su origen cultura significa cultivo, cuidado. Acepción que se vincula con la acción y efecto de cultivar. Es decir, cultivar, cuidar y ejercitar artes, lenguas y ciencias en procura de un mayor nivel de desarrollo socioeconómico y bienestar emocional. La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en la misma línea, y luego de la Conferencia de Estocolmo (1972), reafirma la importancia de llevar a la cultura de la “situación marginal” en que se encuentra, hacia el núcleo de la decisión política en pro de un desarrollo armónico y sostenible9.

La segunda parte de la presente exposición de motivos se divide a continuación en tres áreas principales. A saber:

1.-    El concepto “cultura” visto por la Unesco, sus recomendaciones y sus propuestas con respecto al derecho del ejercicio de la cultura.

2.-    Relacionado con lo anterior, la Unesco fomenta desarrollar paralelamente los conceptos de “multiculturalidad” e “interculturalidad”, visualizados como los mecanismos viables para la convivencia pacífica y la cohesión social en la diversidad.

3.-    En Costa Rica: ¿qué entendemos por cultura?

1.-    La cultura en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

En 1982, la Unesco declaró:

“(...) que la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”10.

Como parte de su marco de referencia la Unesco orienta la reflexión sobre la cuestión cultural y la definición de lo cultural para América Latina esbozando cuatro aspectos principales vinculados con el devenir histórico de la región. Esos aspectos clarifican y conducen a una mejor comprensión de la concepción contemporánea sobre la cultura. Inicia la Unesco por analizar la dicotomía cultura-naturaleza o civilización-naturaleza o, lo que se conoce como la oposición civilización-barbarie, estimulando un análisis conducente a la deconstrucción de esa oposición binaria. Esa dicotomía proviene de la idea ilustrada que antepone la concepción de una civilización europea a la existencia de pueblos sin cultura o bárbaros. La tradición romántica, inspirada, en Rosseau, supone por lo contrario una comprensión exhaustiva de los procesos históricos de cada cultura y civilización. Esta corriente, retomada hoy en día por pensadores latinoamericanos como Leonardo Boff, cuestiona la idea de progreso que acompaña la dicotomía civilización-barbarie como máxima bandera para el desarrollo de las comunidades. Su mayor aporte consiste en argumentar que cada cultura es autónoma y, por lo tanto, no es susceptible de ser juzgada con parámetros de otras culturas11.

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8 Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Para ver, vaya al URL: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura

9 Conferencia Intergubernamental de Estocolmo sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, (1972). Luego siguieron Nairobi, Kenia (1977) y Río de Janeiro, Brazil (1992). Para más información ver: Conferencia Cultural Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, Estocolmo, 2 de abril de 1998, URL: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35171&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

10  Unesco: Declaración de México, 1982.

11  “Elaboración de proyectos culturales” en www.chaco.gov.ar/PDDC/doc/apuntes%20oei.doc

La primera mitad del siglo XX se caracteriza por el debate filosófico y antropológico, con pensadores como Franz Boas (1930), B. Malinoski (1931) y C. Levi-Strauss (1950) quienes propugnan por una concepción más amplia y extensa de la cultura, que incluya a las artes y las ciencias pero que no se limite a ellas. Para Boas, por ejemplo, la noción de cultura “(...) incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad”. En la misma línea de pensamiento para Malinoski “la cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados”. Mientras que Levi-Strauss considera la cultura como un sistema de comunicación simbólica mediante el cual se pueden analizar textos literarios, cinematográficos, la comunicación oral cotidiana y los discursos políticos.

Recientemente, en la región latinoamericana, Jesús Martín-Barbero y Néstor García-Canclini han elaborado, desde la comunicación social, un marco de referencia propio para la región. Para García-Canclini, la cultura es la producción, circulación y consumo de significados. Bajo esta premisa, la cultura no es algo que se tiene, es una producción colectiva de símbolos y valores, en constante cambio. En su función integradora, la cultura, permite brindar sentido de pertenencia a la población y contribuye a orientar el respeto a la pluralidad y la diversidad cultural. De esta manera, la importancia que ha adquirido la visión semiótica de la cultura en América Latina pasa por la problematización de la identidad cultural. Ambas, la cultura y la identidad cultural, son procesos en constante construcción, por lo que deben ser ubicados en un tiempo y un espacio determinados:

“(...) la identidad cultural es a veces entendida como algo natural, algo dado por la naturaleza, en vez de ser entendida como una construcción que varía de una situación a otra y que nunca se encuentra estática”12.

En el proceso constante de construcción de las identidades culturales se asignan visiones, valores y comportamientos que influyen en el tipo de desarrollo social de una comunidad.

Según González y Mas el nuevo concepto de cultura se encuentra ligado a la idea de desarrollo-sustentable, a valores como el de cohesión social y al de la paz. Lo anterior, se ha convertido, de acuerdo a la Unesco, en un debate contemporáneo que contempla los tres factores vinculados al término e idea de cultura, insistiendo en que hay que reconocer el vínculo inevitable entre cultura y desarrollo13.

Reconocer la dimensión cultural del desarrollo

Una inversión con frutos para el desarrollo sería la que sitúe a la cultura en el núcleo del desarrollo y tome en consideración los principios de la diversidad cultural14. Para la Unesco es únicamente mediante la integración de los factores culturales que se puede lograr y asegurar un desarrollo equilibrado, sustentable y sostenible. ¿Cómo?  Afirmando y enriqueciendo las identidades culturales, aumentando la participación comunal y nacional en la vida cultural y fomentando la cooperación cultural internacional. Sin embargo, aclara la Unesco que el desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico, como mostró el fracaso de los proyectos implementados desde la década de los años 1970. La cultura es un medio para acceder al desarrollo económico, intelectual, afectivo, moral y espiritual satisfactorios. Según el director general de la Unesco Koichiro Matsuura: el desarrollo como tal es inseparable de la cultura y del reconocimiento en principio de la diversidad de culturas que componen la comunidad global.

2.-      Multiculturalidad e interculturalidad en la comunidad global

Para ambos conceptos -multiculturalidad e interculturalidad- el respeto y la aceptación en la diferencia se han convertido en los ejes centrales sobre los cuales gira la praxis de la interacción cultural. Los fenómenos de la globalización han intensificado las posibilidades de interacción multicultural, por lo que las fronteras entre lo propio y lo ajeno tienden a borrarse y a desvanecerse. La multiculturalidad apuesta por la interrelación entre grupos culturalmente diferenciados. “Lo que busca es que la gente se entienda e interactúe aceptando su diversidad y no buscando la similitud, a la vez que respetando las preferencias de los individuos, sea cual sea su cultura”15. No busca con ello las similitudes culturales sino el intercambio. Complementariamente, el concepto de interculturalidad hace referencia a la interacción entre la diversidad de culturas. Interacción respetuosa y horizontal donde ningún grupo cultural se asuma como superior al otro.

Multiculturalidad

En nuestra geografía la multiculturalidad tiene que ver con el origen de nuestra patria mestiza en donde subyace implícita y explícitamente lo multicultural y sus interacciones. Es decir, lo intercultural. El intelectual mexicano Carlos Fuentes visualiza esa realidad de la siguiente manera:

“(...) denominación muy complicada, difícil de pronunciar pero comprensiva por lo pronto, que es llamarnos indo-afro-iberoamérica; creo que incluye todas las tradiciones, todos los elementos que realmente componen nuestra cultura, nuestra raza, nuestra personalidad”(7).

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¹² Goodnow, Cordoba and Venegas. (2004) ICT AND MULTICULTURAL PRACTICE. Bergen: InterMedia, University of Bergen, p. 25.

¹³  Palabras del director general de la Unesco, Sr. Koichiro Matsuura, 2008.

¹⁴ Matsuura, K. (2008, mayo 21). Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La Prensa Libre, p. 17.

¹⁵  Apuntes de Cultura Organización de Estados Iberoamericanos, 2008.

Sin embargo, como lo clarifican Nera y Mas:

“El discurso de la modernidad en América Latina se sustenta en las ideas de progreso y desarrollo, así como también en la negación del otro, centrándose en conceptos netamente griegos Estado-Nación y del siglo XIX: Territorio e identidad nacional”16.

Nuestro origen mestizo por tanto “(...) se complementa como una irrefutable realidad con un discurso autónomo que presupone lo multicultural y la mezcla de distintas razas, costumbres, formas de vida y de pensamiento”17. Al revalorizar esta particularidad estaríamos explotando nuestra principal ventaja competitiva, la que según Nera y Mas es estratégica y deberíamos potenciar y perfeccionar para el desarrollo de nuestros países.

Algunos hilos conductores para acercarnos al concepto de sociedad multicultural son:

·    El reconocimiento del otro: la apertura a la alteridad es un requisito de la multiculturalidad.

·    Reconocer a cada cultura sus valores.

·    El multiculturalismo cobra sentido como la combinación en un territorio dado con una relativa unidad social, de una pluralidad de culturas que mantienen permanentes intercambios y comunicaciones.

·    Un principio de igualdad humana, abierto a las diferencias y una noción de libertad no reducida a la simple autonomía del individuo, como necesidad de reconocimiento al interior de las comunidades y sus tradiciones concretas.

·    El reconocimiento universal de la equiparación de las diversas culturas.

Interculturalidad

La intención que subyace al concepto “interculturalidad” es el estímulo y fomento de valores como el diálogo y la interacción entre las diferentes culturas. Esa interacción debe ocurrir de forma respetuosa y horizontal. Ningún grupo cultural se encuentra por encima del otro. El respeto a la diversidad cultural es promovido desde la Unesco con el fin de que en caso de conflictos, estos se resuelvan mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua y la concertación.

3.-      En Costa Rica

La cultura es un componente angular contemplado dentro de los principios y preceptos de la Constitución Política de 1949. La cultura es, de acuerdo al precepto constitucional, un fin en sí misma. En el artículo 89, del capítulo VII, la Constitución contempla a la cultura como un eje articulado en un doble movimiento mediante el cual se nutre y oxigena la identidad y el sentido de pertenencia. En la Costa Rica moderna, la Constitución integra a la cultura como un fin por desarrollar, con el objetivo de proteger las bellezas naturales y conservar el patrimonio histórico y artístico de la nación. La cultura es, pues, un fin susceptible de ser desarrollado y preservado, así como un medio a través del cual se expresa el espíritu de la nación. Pero, ¿qué se entiende por cultura en Costa Rica?  De acuerdo con la antropóloga Carmen Murillo “(...) la Cultura es un fenómeno esencialmente humano y su característica más destacada es que otorga unidad a la especie. La cultura es además un espacio para la negociación de la construcción del sentido de la vida en sociedad. Así como un ámbito privilegiado para expresar la capacidad de acción política de los sujetos y por ende, para propiciar transformaciones sociales”18.

Complementariamente, para María Eugenia Bozzoli y Carmen Cubero: “La cultura esta compuesta por todas las formas de comportamiento, creación y pensamiento, transmitidas y valoradas por la población, las cuales permiten vivir, convivir y sobrevivir. Asimismo, contempla, los modos de actuar, crear y pensar aspiran a garantizar la supervivencia, la convivencia, y la calidad de vida deseable para la nación”19.

Conclusión

A pesar de que la Constitución de 1949 incluye por primera vez a la cultura como un precepto y derecho constitucional susceptible de normar y codificar, existe todavía un vacío en materia de legislación cultural pues contamos con una serie dispersa de leyes y decretos que han surgido para normar casos específicos. En consecuencia, surge la necesidad de un marco normativo que englobe e interprete correctamente, desde una perspectiva normativo-filosófica propia, las nuevas corrientes universales y latinoamericanas de la cuestión cultural y sus interacciones con las demás dimensiones del devenir social, político y económico. En la Asamblea Legislativa es posible encontrar una gama de normas jurídicas relacionadas con la temática cultural:

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16 González Ramírez, Nera y Mas, Josefina. (2008) “El nuevo concepto de cultura: la nueva visión del mundo desde la perspectiva del otro. PENSAR IBEROAMÉRICA, Revista de Cultura. Madrid, URL http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm

17 IBID.

18 Murillo Chaverri, Carmen (2003) De Culturas, Identidades y Otros Menesteres. Notas Conceptuales. Araya Jiménez y Bolaños Arquín (compiladoras). Retos y Perspectivas de la Antropología Social y la Arqueología en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

19 Bozzoli, M. E. y Cubero, C. (1988)  “Sector Cultura”. Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible. San José.

“(…) en el archivo de la Asamblea Legislativa se encuentran 181 leyes con referencia directa o indirecta a las políticas culturales y temas afines, de las cuales se encuentran vigentes veintiuna (12%)”20.

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²⁰ Fernández, F. (2002) Las políticas culturales del Estado costarricense durante el último tercio del Siglo XX: el Premio Nacional Joaquín García Monge. Tesis para optar por el grado de Doctora, UCR, p. 212.

De esas 181 leyes, 44 leyes, decretos y reglamentos tienen relación directa con el tema cultura. De las 44 leyes que tienen relación directa con cultura solo 5 tienen reglamento, en otras palabras, solo el once coma treinta y seis por ciento (11,36%) de las leyes vigentes de cultura han sido operacionalizadas por el Ministerio. En el gráfico se muestra la cantidad de leyes creadas por año en Costa Rica. A partir de la década de los 90 hay un aumento en la cantidad de leyes sobre cultura elaboradas en el país. Gráfico N.º 1.

 

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Fuente: elaboración propia.

En virtud de lo anterior, se plantea a consideración de las señoras y los señores diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY GENERAL DE CULTURA

CAPÍTULOS DE LA LEY

1.-      OBJETIVO

El objeto de la presente Ley es desarrollar y ordenar el marco legal previsto en el capítulo VII, artículo 89 de la Constitución Política, así como aclarar y redefinir los principios rectores de las políticas culturales en los que se protegen los derechos culturales estipulados en la Constitución y en los tratados internacionales que reconocen tales derechos como derechos humanos.

TÍTULO I

Principios fundamentales y definiciones

ARTÍCULO 1.- Principios fundamentales y definiciones de esta Ley. La presente Ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

1.-    La cultura es un derecho tanto individual como social, en consecuencia el Estado debe garantizar que todas las personas que habitan el territorio nacional puedan ejercerlo.

2.-    La cultura debe ser tanto un medio como un fin para la puesta en marcha del proyecto país contenido en la Constitución Política.

3.-    La cultura puede y debe ser un medio de dignificación del ser humano y de sus comunidades.

4.-    La cultura puede y debe ser un medio para la democratización del poder, el desarrollo de valores culturales fundamentales y la elevación de la conciencia.

5.-    En nuestra Costa Rica pluriétnica, multicultural y plurilingüe ninguna cultura puede ser discriminada por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia.

6.-    La cultura como proceso generado individual y colectivamente, en sus diversas manifestaciones, forma parte integral en la construcción de las identidades locales y regionales que en su conjunto conforman la nacionalidad costarricense. La cultura es, pues, fundamento de la nacionalidad y de la actividad propia de la sociedad costarricense en su conjunto.

7.-    Toda la ciudadanía, así como todas las comunidades de la Republica de Costa Rica, en cualquier lugar donde se encuentren, son objeto y sujeto de cultura. Todos tienen derecho a la producción y disfrute de los bienes y servicios culturales. Nadie, en ningún lugar y por ningún motivo, puede ser excluido de las políticas culturales que emprenda el Estado costarricense.

8.-    El Estado debe impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la Nación costarricense.

9.-    El Estado debe garantizar a los grupos étnicos lingüísticos, a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar su propio conocimiento según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure esos derechos.

10.-  Ninguna de las culturas constitutivas de nuestra identidad nacional, podrá prevalecer sobre las demás.

11.-  El Estado protegerá al castellano como lengua oficial de Costa Rica y las lenguas de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en sus territorios. Impulsará el fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y deberá propiciar el respeto y reconocimiento de estas en el resto de la sociedad21.

12.-  La gestión pública de la cultura será llevada a cabo mediante un sistema articulado de instituciones con responsabilidades específicas, en el cual estarán presentes las instituciones de los distintos niveles de gobierno.

13.-  El Estado debe diseñar y llevar a cabo sus políticas públicas-culturales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales e impulsar el desarrollo cultural del país.

14.-  El Estado, en sus distintos niveles de gobierno y en el marco de su institucionalidad, desarrollará la gestión pública de la cultura, con total respeto por las manifestaciones y valores de las culturas de todas las comunidades que integran el territorio costarricense.

15.-  El Estado tiene la obligación de promover el diálogo intercultural entre las distintas comunidades, a fin de que todos los ciudadanos conozcan y se beneficien de la variedad de la riqueza cultural de nuestro país.

16.-  El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de los bienes y servicios culturales y garantizará el acceso de los costarricenses a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades.

17.-  El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural, además garantizará el acceso de todas las personas que habitan el territorio costarricense.

18.-  Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación.

19.-  El Estado promoverá la interacción de las culturas que componen la nacionalidad costarricense con la cultura global.

20.-  Toda la ciudadanía, y cada persona que la compone, será sujeto de deberes y derechos culturales.

21.-  El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan nacional de desarrollo tendrá en cuenta el Plan nacional de cultura que formule el gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.

ARTÍCULO 2.- Las definiciones

1.-    Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y creencias. La cultura está compuesta de todas las formas de comportamiento, creación y pensamiento, transmitidas y valoradas por la población, las cuales permiten vivir, convivir y sobrevivir. Los modos de actuar, crear y pensar que aspiran a garantizar la supervivencia, la convivencia, y la calidad de vida deseable para la nación. En síntesis: la cultura es un espacio para la negociación de la construcción del sentido de la vida en sociedad.

2.-    Diversidad cultural: es el reflejo de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en un territorio y tiempo determinados, por ende, esa diversidad de culturas forma parte del patrimonio común de la humanidad. Implica, por un lado, la preservación y promoción de culturas existentes y, por otro, la apertura a otras culturas. La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizadas.

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²¹  Ley de la Diversidad Étnica y Lingüística, N.º 8054, de 30 noviembre de 2000. Y Ley de defensa del idioma español y lenguas aborígenes costarricenses, N.º 7623, de 11 septiembre de 1996.

3.-    Identidades: la identidad constituye el proceso subjetivo de delimitación simbólica de los contornos de comunidades reales o imaginadas, así como la ubicación de sus miembros en estas, a través del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es la instancia distintiva del grupo que permite su contraste con respecto de otros que se perciben como diferentes con roles y funciones sociales diferenciados.

El sistema cultural es un proceso en contínua construcción y acción en el que la identidad es un componente central. En consecuencia, las identidades se encuentran en constante cambio y movimiento.

Las identidades están vinculadas en un proceso de creación y asignación de símbolos y de sus respectivas significaciones. Estas se materializan en valores individuales y colectivos que se manifiestan en los comportamientos presentes en los patrones y roles sociales.

Dada la naturaleza pluricultural y multilingue de la nación costarricense y de las distintas identidades que convergen en nuestro territorio nacional es necesario reconocer los valores asociados a nuestra diversidad. El estímulo de valores positivos como la tolerancia, el respeto y la participación democrática contribuyen a la creación de un sentido de pertenencia de una ciudadanía activa en un contexto de paz y desarrollo social.

4.-    Valores culturales: el respeto a los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.

Los principios culturales fundamentales son aquellos que, en función de la convivencia democrática, cultivan y propician la esencia de una cultura de paz e intercambio democráticos.

5.-    Patrimonio cultural costarricense: está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad costarricense, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico; urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.

Patrimonio es, por tanto, la herencia cultural que comprende símbolos colectivos, valores históricos, estéticos, cognoscitivos, éticos que es deseable proteger, preservar, y continuar, porque representan:

i)        Ejercicio de la creatividad.

ii)      Utilidad para fines colectivamente valorados y legitimados.

iii)     Esfuerzos invertidos en su construcción o confección.

iv)      Satisfacción de necesidades.

v)        Riqueza acumulada.

vi)     Recursos técnicos innovadores, o difíciles de emplear nuevamente.

El patrimonio cultural proviene de dos fuentes: los patrones culturales -hábitos colectivos- que conforman una herencia de los grupos humanos, y la innovación constante que se está llevando a cabo, generada en la actividad humana.  Los patrones heredados son producto de la creatividad, innovación, invención, adaptación del pasado; la creatividad del presente es fuente del movimiento y cambio propio del dinamismo cultural cotidiano.

6.-    Patrimonio tangible: en lo tangible o material la herencia patrimonial se manifiesta en obras de culturas ya desaparecidas, los monumentos, obra arquitectónica, ciertas obras públicas, áreas naturales protegidas por el Estado (son culturales por haber sido delimitadas, ser aprovechadas de diversos modos y otras influencias humanas como tener legislación, y planes de manejo); en nuestro país este patrimonio está protegido por leyes especificas22. De manera más amplia, el patrimonio del Estado y la nación costarricenses también se manifiesta en bienes tales como carreteras, puentes, aeropuertos, acueductos, represas, infraestructura e instrumentos para la creación, la educación, la salud, la búsqueda de conocimiento, etc. En fin, todo bien en que la población costarricense haya invertido inteligencia, esfuerzos y capital, todo lo cual está protegido también por legislación directa o indirecta.

7.-    Patrimonio intangible: en lo intangible o conceptual, el patrimonio es idea, pensamiento, o acción colectiva referente a los conocimientos, la historia patria, cosmovisión, lenguaje, valores y los  esquemas  simbólicos -religión, ritual, festivales, juegos, símbolos nacionales- por ejemplo. Lo intangible se protege por medio de leyes indirectas.

__________

²²  Ley del patrimonio histórico arquitectónico, N.º 7555 de 20 de octubre de 1995. Y Ley sobre patrimonio nacional arqueológico, N.º 6703, de 28 de diciembre de 1981.

TÍTULO II

Políticas culturales

ARTÍCULO 3.- El objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del patrimonio cultural de la nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos local, regional y nacional.

El Estado, en consulta con las comunidades e interpretando sus intereses, diseñará, actualizará y ejecutará las políticas públicas necesarias para promover el desarrollo cultural de nuestro país. Asimismo, el reconocimiento de la condición de país multiétnico y pluricultural será un factor esencial en el diseño y ejecución de las políticas públicas de la cultura.

1.-    Políticas culturales designa el conjunto de criterios y proyectos sistemáticamente adoptados por el poder público para promover, regular y proteger procesos, bienes y servicios culturales. Los procesos culturales están constituidos por la creación, circulación y utilización de bienes y servicios culturales.

2.-    Todas las instituciones del Estado costarricense, están en la obligación de contribuir en su campo de actividad con la ejecución de las políticas culturales. Asimismo, el Estado incentivará a las instituciones privadas para que contribuyan en su campo de actividad con la ejecución de las políticas culturales.

ARTÍCULO 4.- El Ministerio de Cultura y Juventud es el órgano rector de toda actividad cultural de carácter público. En consecuencia, toda acción pública está bajo esta rectoría, así como las instituciones privadas que realicen trabajo cultural público, deberán reconocer y aceptar dicha rectoría.

ARTÍCULO 5.- El Estado debe garantizar la libertad de creación, pensamiento y expresión artísticos de los proyectos culturales.

ARTÍCULO 6.- El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de la ciudadanía a esta.

ARTÍCULO 7.- El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones, bienes y servios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas con discapacidades físicas, sensoriales y síquicas; de la tercera edad, la infancia y la juventud y de los sectores sociales más necesitados.

TÍTULO III

Gestión cultural pública

ARTÍCULO 8.- Se entiende por gestión cultural pública el diseño y la ejecución de las políticas culturales de interés general y de carácter nacional. A nivel nacional la gestión pública de la cultura corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud y a sus órganos adscritos. Para la realización plena en la consecución de sus objetivos, en el cumplimiento de su misión y el buen haber de la gestión cultural pública, el Ministerio de Cultura y Juventud contará al menos con el uno por ciento (1%) del presupuesto anual de la República.

ARTÍCULO 9.- El conjunto de políticas públicas del Ministerio de Cultura y Juventud para un año determinado constituye el Plan nacional de cultura para ese año. El Ministerio deberá darlo a conocer al país al menos 90 días antes de que comience el año.

ARTÍCULO 10.- El conjunto de políticas culturales de cada región establecidas para un año determinado constituye el Plan regional de cultura para ese año. La institución responsable de la cultura en esa región, deberá hacerlo de conocimiento público al menos 90 días antes de que comience el año.

ARTÍCULO 11.- La dirección de la Gestión Cultural Pública a nivel municipal corresponde a la máxima autoridad para la cultura en el esquema de cada gobierno municipal, la cual deberá responsabilizarse por el diseño y ejecución de las políticas culturales de interés y carácter municipal y local. El conjunto de políticas públicas culturales de cada municipio para un año determinado constituye el Plan municipal de cultura para ese año. El organismo responsable deberá hacerlo de conocimiento público al menos 90 días antes de que comience el año.

TÍTULO IV

Patrimonio cultural de la nación

ARTÍCULO 12.- Las disposiciones de la presente Ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la colonia, la Independencia, la República y la contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura y Juventud23.

Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la declaratoria de la presente Ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico e histórico-arquitectónico, serán considerados como bienes de interés cultural.

ARTÍCULO 13.- La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la restauración, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

__________

²³ Criterios así consignados en normativas conexas a la presente Ley. Como son: Ley de patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica, N.º 7555, así como Ley sobre patrimonio nacional arqueológico, N.º 6703.

ARTÍCULO 14.- Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles e inmuebles que sean originarios de culturas pretéritas, que pertenezcan a la época colonial o republicana, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Asimismo, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes.

Además, podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades indígenas actualmente existentes, que sean declarados como tal por el Ministerio de Cultura y Juventud, en coordinación con las comunidades indígenas.

El particular que encontrare bienes arqueológicos deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policiales más cercanas, las que tendrán la obligación de comunicarlo al Ministerio de Cultura y Juventud en un plazo de 24 horas24. El Ministerio de Cultura y Juventud determinará técnica y científicamente los sitios en los que puede haber bienes arqueológicos.

ARTÍCULO 15.- Patrimonio histórico-arquitectónico. Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con significación cultural o histórica. Será tarea del Ministerio de Cultura y Juventud dicha declaratoria25.

ARTÍCULO 16.- El patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura y Juventud, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de esas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas.

Toda explotación y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, requiere autorización previa del Ministerio de Cultura y Juventud. Los métodos utilizados para la exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido deben evitar su destrucción, con el fin de otorgar la mayor claridad sobre el posible hallazgo y preservar la información cultural del mismo, aun si esto implicara dejarlo en un sitio en espera de otros métodos y tecnologías que permitan su rescate o estudio sin daño alguno. En cualquier caso, debe estar presente como supervisor, un grupo de arqueólogos debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura y Juventud.

Corresponderá al Ministerio de Cultura y Juventud determinar el destino o uso de las especies náufragas rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración con entidades públicas o privadas que tengan como una de sus actividades la ejecución de programas culturales abiertos al público.

TÍTULO V

El fomento y los estímulos a la creación, a la investigación

y a la actividad artística y cultural

ARTÍCULO 17.- El fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y Juventud fomentará las diferentes expresiones artísticas y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.

ARTÍCULO 18.- Los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto, entre otros programas, ofrecerá bolsas de empleo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales:

a)  Artes visuales: pintura, grabado, escultura, artesanías, escenografía, diseño creativo, fotografía, técnicas mixtas, instalaciones, experimentaciones diversas, obras realizadas a través de medios informáticos y cibernéticos y cualquier otra tecnología basada en la imagen.

__________

²⁴ Considérase  la  Ley  sobre  patrimonio  nacional  arqueológico  de  28  de  diciembre  de  1981, N.º 6703, vigente.

²⁵ Criterios así consignados en normativas conexas a la presente Ley. Como la Ley de patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica, N.º 7555.

 

b)  Artes musicales: considerada en todos sus géneros y formas expresivas.

c)  Artes escénicas: teatro, danza, espectáculos mixtos, ópera, mímica, zarzuela, títeres, comedias musicales, circo y afines.

d)  Expresiones culturales tradicionales, tales como: el folclor, la narrativa popular y la memoria de las diversas regiones y comunidades del país.

e)  Artes audiovisuales: cinematografía, videografía y otros medios de expresión.

f)   Artes literarias: consideradas en todos sus géneros y formas expresivas.

g)  Museos: museología y museografía.

h)  Periodismo cultural: opiniones, críticas, análisis e investigaciones referentes a cuestiones culturales.

i)   Radio y Televisión: de carácter no comercial o, por lo menos, orientados a objetivos de expresión, educación o difusión cultural.

j)   Actividades intelectuales relacionadas con el pensamiento crítico, la investigación teórica y los estudios, ensayos, reflexiones y análisis realizados a través de diferentes medios.

k)  Educación artística y cultural: transmisión de conocimientos referidos a cualquiera de las manifestaciones enunciadas en los incisos anteriores.

l)   Protección, preservación y promoción del patrimonio cultural cuyos acervos incluyen bienes muebles e inmuebles materiales e intangibles, ambientales y construidos en cuanto resultan relevantes para la cultura por sus valores simbólicos, históricos, estéticos o científicos. También, incluyen los museos, archivos, bibliotecas e instituciones afines.

m) Gestión y promoción cultural: tareas de promoción e impulso de los procesos culturales realizadas desde el interior de los sectores, comunidades o instituciones culturales.

n)  Arquitectura, urbanismo y paisajismo.

o)  Expresiones de comunidades indígenas y sectores populares varios: rituales, ceremonias, festividades y cualquiera de las manifestaciones enunciadas en los incisos anteriores, en cuanto sean realizadas por esas comunidades y sectores.

p)  Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura y Juventud.

ARTÍCULO 19.- Difusión y promoción. Según el caso, el Ministerio de Cultura y Juventud organizará y promoverá sin distingos de ninguna índole la difusión y promoción nacional de las expresiones culturales de la comunidad costarricense, la participación en festivales internacionales y otros eventos de carácter cultural.

Asimismo, el Ministerio de Cultura y Juventud en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores promoverá la difusión, promoción y comercialización de las expresiones culturales en el exterior, sin distingos de ninguna índole.

ARTÍCULO 20.- Infraestructura cultural. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, y en constante consulta con las comunidades, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la construcción de la infraestructura que las diversas expresiones culturales requieran.

El Ministerio de Cultura y Juventud, junto con las municipalidades, cofinanciará programas y proyectos de infraestructura cultural orientados hacia los grupos urbanos y rurales más pobres y vulnerables. Asimismo, el Ministerio brindará los criterios técnicos para su adecuada y racional utilización, e impulsará la participación comunitaria para el mejor aprovechamiento de dicha infraestructura.

ARTÍCULO 21.- Casas de la cultura. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, apoyará a las casas de la cultura como centros primordiales de educación artística no formal, así como de difusión, proyección y fomento de las políticas y programas culturales a nivel local, municipal, regional y nacional. Asimismo, las casas de la cultura tendrán que apoyar procesos permanentes de desarrollo cultural, que interactúen entre la comunidad y las entidades estatales para el óptimo desarrollo de la cultura en su conjunto.

ARTÍCULO 22.- Bibliotecas. Los gobiernos nacional y municipal consolidarán y desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura y Juventud, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas mixtas y de los servicios complementarios que a través de estas se prestan. Para ello incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 23.- El creador. Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones creadoras, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país.

ARTÍCULO 24.- El gestor y promotor cultural. Impulsa los procesos culturales al interior de las comunidades, organizaciones e instituciones, a través de la participación, democratización y descentralización del fomento a la actividad cultural. La actividad permanente del gestor cultural es la coordinación, administración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales comunitarios.

ARTÍCULO 25.- El Estado, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, fomentará la formación y capacitación técnica y cultural, del gestor y promotor cultural, para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Asimismo, establecerá convenios con universidades y centros culturales para la misma finalidad.

ARTÍCULO 26.- Pensión vitalicia para los creadores y gestores de la cultura. Cuando un creador o gestor cultural cumpliera 65 años y no acredite los requisitos mínimos de cotización para acceder a la pensión.

ARTÍCULO 27.- Derechos de autor. Los derechos de autor y conexos, morales y patrimoniales de autores, actores, directores y dramaturgos, se consideran de carácter inalienable por las implicaciones que estos tienen para la seguridad social del artista. A menos que el autor lo declare públicamente como un derecho colectivo y/o compartido.

ARTÍCULO 28.- Importancia del cine para la sociedad. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, fomentará la conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía costarricense como generadora de una imaginación y una memoria colectiva propias y como medio de expresión de nuestra identidad nacional.

ARTÍCULO 29.- El aspecto industrial y artístico del cine. Para lograr el desarrollo armónico de nuestra cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las políticas que trace, podrá otorgar:

1.-    Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas.

2.-    Estímulos e incentivos para las producciones y las coproducciones cinematográficas costarricenses.

3.-    Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía costarricense.

4.-    Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica costarricense y aquella universal de particular valor cultural.

5.-    Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas.

Rige a partir de su publicación.

Elizabeth Fonseca Corrales                             Alberto Salom Echeverría

Francisco Molina Gamboa                              Grettel Ortiz Álvarez

José Joaquín Salazar Rojas                             José Rosales Obando

Leda Zamora Chaves                                      Lesvia Villalobos Salas

Marvin Rojas Rodríguez                                 Olivier Pérez González

Orlando Hernández Murillo                           Rafael Madrigal Brenes

Patricia Quirós Quirós                                    Patricia Romero Barrientos

Ronald Solís Bolaños                                      Sergio Alfaro Salas

                                          DIPUTADOS

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

San José, 18 de mayo de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-700250.—(53194).

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 611

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.º 3284,

Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 17.360

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Frecuentemente la ciudadanía se queja por el estado de indefensión y el atropello legal que sufren al ser embargados prácticamente de oficio, sin ser notificados, ya sea por ser deudores y/o fiadores en diferentes operaciones financieras, o bien, por ser tarjetahabientes y/o fiadores.

Lo anterior surge porque el fiador de un tarjetahabiente firma un documento, letra de cambio o un pagaré con el fin de garantizarle a una tercera persona una cantidad de dinero determinada, pero queda en total desamparo porque desconoce, en todo momento, tanto el monto adeudado por el tarjetahabiente como que el emisor de las tarjetas, por confianza o por negocio, le ha aumentado, sin su conocimiento, el crédito al tarjetahabiente.

En el momento en que el tarjetahabiente deja de pagar, el emisor con una simple certificación del saldo y el monto del deudor exige su pago presentando la demanda ante el tribunal competente.  Cabe destacar que dicha certificación es expedida por un contador público autorizado de conformidad con el párrafo segundo del artículo 611 del Código de Comercio y fundamentada en el estado de cuenta que aporta el acreedor.

Cuando el contador público autorizado no verifica si la deuda prescribió, o bien, si la deuda está actualizada documentalmente, surge el estado de indefensión del usuario del crédito en Costa Rica, ya que con fundamento en la precitada certificación del contador público en nuestro país las deudas no prescriben.

El contador público únicamente certifica que existe una deuda desde hace diez o quince años y fácilmente el  acreedor exige su pago por medio de una demanda ante el tribunal competente y, de este modo, ejecutan tanto al deudor como al fiador.  Lo anterior surge sin que medie una verdadera revisión documental por parte del contador público autorizado, en el sentido de prescripción, o bien, el monto por el cual  el fiador afianzó, ya que las letras de cambio no deben ni pueden ser abiertas de por vida.

Además, el emisor de la tarjeta no controla a sus tarjetahabientes, únicamente se limita a otorgar el crédito y cobrar altísimas tasas de interés, que se podrían caracterizar como agiotistas, ya que oscilan entre un cuarenta y ocho por ciento (48%) y sesenta por ciento (60%) anual.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 611

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.º 3284,

Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónase un párrafo tercero al artículo 611 del Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y sus reformas; el texto es el siguiente:

“Artículo 611.-

[…]

           Para que las certificaciones emitidas por los contadores públicos autorizados tengan el carácter de título ejecutivo deberán certificar en el mismo documento, según la documentación que respalda el citado saldo deudor, la fecha de emisión y de vencimiento de la letra de cambio y/o pagaré.  En el caso del fiador, las certificaciones deben especificar el monto por el cual otorgó su garantía fiduciaria como codeudor.  El fiador responderá por el monto otorgado en la fianza.  El contador público autorizado es responsable solidario por los daños que ocasione al deudor y/o fiador en el momento de emitir una certificación errónea.”

Rige a partir de su publicación.

Federico Tinoco Carmona

DIPUTADO

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 19 de mayo de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-52500.—(53193).

LEY DE ESTÍMULO FISCAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN (PLAN PAÍS)

Expediente N.º 17.361

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto no es producto del análisis sobre el por qué de la llamada crisis económica y financiera que en los últimos meses azotan al mundo y que prevé para Costa Rica una perspectiva muy ajustada tanto en los niveles de la producción, como en la capacidad de consumo de su población.  Eso quedará para los historiadores, tampoco con esta iniciativa se pretende corregir la política monetaria o cambiaria del Gobierno de la República o del Banco Central; lo que si se busca es armonizar la realidad económica del costarricense y, en particular, del sector productivo nacional -ya en contracción- con la realidad fiscal-tributaria del gobierno central que goza de buena salud, en tanto que los ingresos tributarios han sido de los más robustos de los últimos diez años.

Hace pocos días el Fondo Monetario Internacional publicó1 las perspectivas de la economía mundial y según sus proyecciones, “el ritmo de crecimiento mundial caerá a 1/2% en 2009, la tasa más baja registrada desde la segunda guerra mundial. Pese a que se han adoptado medidas de amplio alcance, subsisten agudas tensiones financieras que constituyen un lastre para la economía real. No será posible una recuperación económica sostenida mientras no se restablezca la funcionalidad del sector financiero y se destraben los mercados de crédito.  Para ello, se necesitan nuevas iniciativas de política que lleven a reconocer de manera creíble los préstamos incobrables; seleccionar las compañías financieras según su viabilidad a mediano plazo y suministrar apoyo público a las que resulten viables inyectándoles capital y eliminando los activos de mala calidad. Las políticas monetarias y fiscales deberán brindar aún más apoyo a la demanda agregada, y esta orientación debe mantenerse en el futuro previsible, al tiempo que se formulan estrategias para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.  Además, la cooperación internacional será crucial para diseñar e implementar estas políticas”.

Ciertamente, el país ha entrado ya en un período de incertidumbre, las familias y las empresas han iniciado procesos de contracción del gasto, se tiende a gastar menos, a priorizar necesidades y, en particular, se pospone la inversión, esto produce un efecto inmediato: se desacelera la economía; se encarece el crédito -aunque se mantiene a la baja la inflación lo cual no es malo, siempre que esa baja no obedezca a la acumulación de inventarios en las empresas y al consecuente freno a los niveles de consumo- el crecimiento esperado será el mínimo lo cual profundiza los efectos de la crisis.

__________

¹   Perspectivas de la economía mundial, Fondo Monetario Internacional.  Publicado en la página web del FMI el 28 de enero de 2009.

El acceso al crédito se deterioró, producto de la crisis financiera y muy especialmente, a propósito de una expansión indiscriminada del crédito que, ofrecido en condiciones ventajosas pero sin determinar la realidad del deudor, provoca distorsiones que ponen en riesgo a los sistemas financieros, en ese sentido distintos sectores han solicitado -al igual que los expertos internacionales han recomendado- se aplique una política de acceso al crédito más confiable, menos restringida, pero con mayor certeza a la hora de calificar a los potenciales deudores, esto pasa por la necesidad de que organismos como la Sugef permitan a los agentes financieros el uso de herramientas que midan el riesgo crediticio según los sectores productivos que lo soliciten.

Ahora, definitivamente para Costa Rica siendo una economía pequeña nuestra exposición a los Shock externos se ve atenuada en razón de que hemos mantenido una fuerte política de restricción del gasto indeseado sobre una mayor inversión en el área social y productiva, a pesar de que en el campo de la infraestructura lo realizado hasta la fecha no cumple con las proyecciones fijadas al inicio de la Administración Arias Sánchez.

A finales del año 2008, la Asamblea Legislativa aprobó un plan de capitalización para los bancos comerciales propiedad del Estado que significó el traslado de US$117 millones esto para permitir un aumento en los parámetros (indicadores-Sugef) de suficiencia patrimonial y así posibilitar que los bancos otorgaran más crédito.  Esta acción se ha visto limitada por cuanto los supervisores bancarios han endurecido los estándares de riesgo deudor-crédito lo que impide que deudores que ya se encuentran en morosidad puedan ser medidos de manera diferenciada, no para fomentar la irresponsabilidad del deudor, sino para proteger la productividad empresarial en su totalidad.  Ningún empresario expondría su patrimonio buscando no honrar una deuda, cuando lo cierto es que al darse la crisis primero en el sector financiero la consecuencia inmediata es que se afecta el sector real de la economía, esto es que la gente restringe el gasto, consume menos lo que a su vez incide en que se acumulen inventarios (rotación negativa de la producción) se merma la liquidez y el sector empresarial entra en atrasos con los bancos, así que la respuesta esperada es la que nadie quiere: eliminación de puestos de trabajo, reducción en compra de materia prima, paralización temporal de actividades y cierre definitivo de operaciones.

El fuerte crecimiento experimentado por la recaudación tributaria en los dos últimos años, cercano a los dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, no puede calificarse más que de extraordinario, no obstante, la crisis que atraviesa el país hace necesario que se apliquen medidas fiscales más permisivas que apuntalen el consumo y reactiven la economía local a corto plazo.

La mejora en la recaudación tributaria se ha obtenido sin que se hubieren creado nuevos tributos ni aumentado los tipos impositivos y eso además de ser bueno, fortalece la capacidad productiva del país en el tanto que no se ejercen presiones innecesarias al sector comercial mediante amenazas de aumentar las bases impositivas.

Así, los dos principales gravámenes -el impuesto sobre ventas que aporta cerca del cuarenta por ciento (40%) de los ingresos tributarios y el impuesto sobre la renta, que aporta el veintiséis por ciento (26%) de tales ingresos- tuvieron crecimientos medios durante aquel período, en torno al veintiocho por ciento (28%).

También los impuestos crecieron un veintidós por ciento (22%) el grupo de los impuestos especiales o específicos de consumo, es decir, los que gravan el consumo de determinados bienes como combustibles, licores, incluidos los selectivos de consumo, que aportan alrededor del veintitrés por ciento (23%) de los ingresos tributarios.  Aunque con un aporte menor al siete por ciento (7%) de los ingresos totales es notable también el aumento medio del veintinueve por ciento (29%) de los impuestos aduaneros.

¿Cuál debería ser la política a seguir para enfrentar la crisis?

El Gobierno de la República es el llamado a administrar el país, sin embargo, la actual crisis supone de entrada, la necesidad de armonizar criterios    -de todos los sectores participantes de la economía nacional.  ¿Qué se debe hacer?

Es por ello, que no consideramos erróneas las acciones expuestas en el llamado “Plan Escudo” impulsado por la Administración Arias Sánchez para enfrentar la crisis, sino que son insuficientes:

Primero, debe de aplicarse una política de supervisión diferenciada por parte de la Sugef para que todas las instituciones financieras puedan otorgar créditos a sectores productivos de manera holgada, sin que ello signifique irresponsabilidad, de ahí que resulte fundamental un adecuado análisis de riesgo crediticio particularizado (cada caso es diferente, responde a situaciones distintas pero todos afectan al sector financiero).

Segundo, debe facilitarse el acceso al crédito de manera más eficiente, atendiendo a todos los sectores, pero en orden prioritario, la baja en las tasas de interés no debe quedarse en un tipo de crédito (vivienda) se sabe que las micro y pequeñas empresas usualmente recurren al crédito mediante el uso de tarjetas de crédito que pagan tasas de interés más elevadas, se debe de permitir la sustitución de créditos que, guardando la inmediatez propia de una tarjeta de crédito, sea a su vez más barata.

Siendo que las dos anteriores medidas son de política financiera y bancaria en las que el Poder Ejecutivo puede marcar la pauta, la tercera medida es de accionar legislativo en el tanto que busca, de manera temporal, reducir la carga impositiva del impuesto sobre las ventas:  reducción en tres puntos porcentuales el impuesto sobre las ventas, pasando de un trece por ciento (13%) actual a un diez por ciento (10%) durante el segundo semestre de 2009 y el año 2010.

La medida de reducir el impuesto sobre las ventas pone -durante 18 meses- al costarricense en capacidad de administrar más sus recursos en el tanto que podrá (con certeza) aumentar sus gastos y la inversión trasladándolos al sector productivo por medio del aumento en el consumo.

La operatividad de los sistemas económicos y financieros deben estar cimentados en la confianza y la liquidez inmediata, si al ciudadano se le da mayores oportunidades en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, el proceso de reactivación se manifiesta más decididamente.  Desde luego, una baja en los porcentajes que se cobran a los impuestos podría redundar en una merma en la recaudación, que afecta al Gobierno central, pero al mismo tiempo cuando el ciudadano tiene certeza de que los bienes y servicios que siempre acostumbra adquirir no se verán pospuestos porque tendrá más recursos, generará mayor volumen de consumo y en consecuencia se produce más recaudación o al memos los efectos son neutros (menor tasa impositiva + consumo).

Para el sector productivo nacional esto ayudaría fuertemente en el tanto que se esperaría un aumento en los niveles de consumo, trayendo confianza en los niveles de inversión productiva, más recursos para compra de materia prima al incrementarse las ventas (mayor rotación del inventario) freno al ciclo reductivo del empleo.

Por lo anterior propongo el presente proyecto de ley a los señores diputados y las señoras diputadas para su discusión y trámite.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY DE ESTÍMULO FISCAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN (PLAN PAÍS)

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónase un  transitorio V  al capítulo VIII de la Ley N.º 6826, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, Ley de impuesto general sobre las ventas que en adelante se leerá:

“Transitorio V.- Disminúyase en tres puntos porcentuales (3pp) el impuesto general sobre las ventas, indicado en el artículo 10 de la presente Ley, por un período de 18 meses, correspondiente al segundo semestre del año dos mil nueve (2009) y todo el año 2010. En consecuencia y únicamente durante el plazo antes señalado el impuesto general sobre las ventas pasa del trece por ciento (13%) al diez por ciento (10%).”

Rige a partir del 01 de julio del año 2009.

Lorena María Vásquez Badilla

DIPUTADA

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

San José, 18 de mayo de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-131250.—(53192).

Expediente Nº 17. 385

APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA CORPORACIÓN

CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN

AÉREA (COCESNA) PARA EL OTORGAMIENTO

DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El 26 de febrero de 1960, se suscribe en Tegucigalpa, Honduras, el Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), con el propósito de reforzar la organización de los servicios de tránsito aéreo, telecomunicaciones y las radioayudas, para la navegación aérea en la región, debido a la entrada en operación de las aeronaves de transporte de reacción.

Dicho instrumento jurídico internacional, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, mediante la Ley Nº 3240, de 20 de noviembre de 1963.

En la ejecución de sus funciones, Cocesna tiene oficinas establecidas en nuestro país, desde 1965, las cuales, tienen como objetivo primordial, el apoyar al Gobierno de Costa Rica, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago, el 7 de diciembre de 1944 y aprobado por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, mediante Ley Nº 877, de 4 de julio de 1947.

Asimismo, cabe destacar,  que  de  conformidad  con  la  resolución Nº 06-2000 del Consejo de Ministros de Transporte (XXII Comitran) de fecha 12 de mayo de 2000, se creó la Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica ACSA, como dependencia de Cocesna con el propósito de proveer servicios de seguridad operacional, a los países miembros de este Organismo Regional, la cual tiene sede en la ciudad de Alajuela, Costa Rica.

Dicha agencia, que ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional en esta materia, concentra expertos centroamericanos de todos los países miembros de Cocesna y funciona como un órgano asesor de las autoridades aeronáuticas en las obligaciones concernientes a la seguridad de las operaciones.

Cabe destacar, que el artículo 6 del Convenio Constitutivo de Cocesna, establece que “Las partes contratantes concederán a la Corporación, respecto a las obras que efectué y servicios que establezca en sus correspondientes territorios, las facilidades y privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones, otorgados a organismos internacionales, autónomos y entidades oficiales”.

Asimismo, cabe mencionar, que el artículo 17 del Convenio Constitutivo de Cocesna, establece que “La Corporación, su patrimonio e ingresos, así como los actos, las operaciones y transacciones autorizadas por el presente Convenio, estarán exentos de todo impuesto, derechos y demás contribuciones, en la medida que lo permitan las respectivas legislaciones”.

Dentro de este orden de ideas, el presente Acuerdo viene a determinar y desarrollar los privilegios, inmunidades y facilidades que otorgará el Gobierno de la República de Costa Rica a este Organismo Regional y a su personal internacional, en la República de Costa Rica.

Este Acuerdo, en términos generales, contempla la normativa comprendida en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, la cual ha sido tomada como modelo para otros Convenios sobre esta materia, siendo Costa Rica miembro de esta Convención.

Finalmente, cabe mencionar que mediante oficio DM-825-07, de fecha 29 de mayo de 2007, suscrito por el señor José Luis Araya Alpizar, Ministro de Hacienda a. i, se recomendó la firma de este Acuerdo y su ratificación, “con el fin de brindar a dicho Organismo Internacional el mejor trato fiscal, en aras de mantener la armonía en las relaciones diplomáticas de nuestro país”.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento, y aprobación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley adjunto relativo a la “Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) para el Otorgamiento de Inmunidades y Privilegios”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA CORPORACIÓN

CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN

AÉREA (COCESNA) PARA EL OTORGAMIENTO

DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase en cada una de sus partes el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) para el Otorgamiento de Inmunidades y Privilegios” suscrito en la ciudad de San José, el 4 de octubre de 2007, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA

DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COCESNA) PARA

EL OTORGAMIENTODE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

“El Gobierno de la República de Costa Rica (denominado

en adelante “el Gobierno”), por una parte, y la Corporación

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea

(denominado en adelante “COCESNA”), por otra.

Considerando: Que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, “COCESNA” fue creada en la conferencia diplomática celebrada por los representantes de los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el 26 de febrero de 1960 como Organismo Regional de Integración Centroamericana, sin fines de lucro y de servicio público.

Considerando: Que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó el Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, mediante la Ley No. 3240 del 20 de noviembre de 1963, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 265 del 21 de noviembre de 1963.

Considerando: Que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea tiene oficinas establecidas en Costa Rica desde 1965, cuyo objetivo primordial es apoyar al Gobierno de Costa Rica, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago el 07 de diciembre de 1944 y aprobada por Costa Rica, mediante Ley No. 877 del 04 de julio de 1947.

Considerando: Que el artículo 6 del Convenio Constitutivo de Cocesna establece “Las partes contratantes concederán a la Corporación, respecto a las obras que efectué y servicios que establezca en sus correspondientes territorios, las facilidades y privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones, otorgados a organismos internacionales, autónomos y entidades oficiales”.

Considerando: Que el artículo 17 del Convenio Constitutivo de Cocesna establece “La Corporación, su patrimonio e ingresos, así como los actos, las operaciones y transacciones autorizadas por el presente Convenio, estarán exentos de todo impuesto, derechos y demás contribuciones, en la medida que lo permitan las respectivas legislaciones”.

Por lo que para precisar las condiciones de operación de sus oficinas en Costa Rica y definir los derechos, privilegios y prerrogativas e inmunidades de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea contemplados en su Convenio Constitutivo, hemos acordado lo siguiente:

ARTICULO I

DEFINICIONES

A los efectos del presente Acuerdo, los términos empleados en el mismo, tendrán los siguientes significados:

1.    BIENES de “COCESNA” se entiende todas las propiedades, incluyendo fondos, ingresos y activos, arrendamientos, muebles o inmuebles bajo mantenimiento o administración por COCESNA por fideicomiso, donación, fianza, prenda, u otra forma para apoyar sus objetivos constitutivos como los siguientes:

a)    Cualquier terreno o edificio en propiedad, arrendamiento, préstamo, o cualquier otra forma, al servicio de COCESNA en Costa Rica para las operaciones de sus oficinas, incluyendo facilidades de apoyo y,

b)    Cualquier terreno o edificio en Costa Rica cedido, arrendado, o con permiso de uso por el “Gobierno” o personas físicas o jurídicas de orden privado, para utilización por COCESNA.

2.    COCESNA se entenderá la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea.

3.    Consejo Directivo: órgano colegiado de mayor jerarquía de COCESNA, integrado por un miembro designado por cada uno de los países signatarios del convenio.

4.    Convenio Constitutivo o Convenio: el Convenio Internacional suscrito entre los Estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para creación de COCESNA.

5.    Gobierno se entenderá Gobierno de la República de Costa Rica;

6.    Personal Internacional: se entiende al personal permanente designado por los órganos competentes

7.    Presidente Ejecutivo: funcionario nombrado por el Consejo Directivo, por medio de los procedimientos establecidos en los estatutos y las Resoluciones del Consejo Directivo de Cocesna, quien ostenta la representación judicial y extrajudicial de COCESNA.

ARTICULO II

AMBITO DEL ACUERDO

Conforme el artículo 2 del Convenio Constitutivo: La Corporación tendrá derechos exclusivos sobre la prestación de los servicios de tránsito aéreo, de telecomunicaciones aeronáuticas y de radioayudas para la navegación aérea en los territorios de las partes contratantes:

a.     Proporcionará los servicios y ayudas antedichos, previstos en el plan regional de la Organización de Aviación Civil Internacional, en los territorios de las partes contratantes y en aquellas otras áreas que se les haya confiado en virtud de un acuerdo internacional.

b.    Podrá proporcionar a otros Estados, mediante convenio, los antedichos servicios y ayudas previstos en el plan regional de la Organización de Aviación Civil Internacional.

c.     Podrá proporcionar dentro de los territorios de las partes contratantes, por medio de contratos con entidades públicas o privadas, los servicios y ayudas antedichos que no estén previstos en el plan regional de la Organización de Aviación Civil Internacional.

2.    La Corporación podrá proporcionar servicios aeronáuticos estipulados en el plan regional de la Organización de Aviación Civil Internacional, distintos de los antedichos, previa autorización escrita de las autoridades competentes de todas las partes contratantes.

3.    La Corporación tendrá las siguientes atribuciones:

a.     Estudiar y proponer a las partes contratantes, con base en las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional, la uniformidad de las normas nacionales que regulan el tránsito aéreo y de las medidas que adopten los servicios encargados de organizarlo y de lograr su seguridad.

b.    Tomar todas las medidas necesarias para la capacitación adecuada del personal.

c.     Fomentar y coordinar los estudios concernientes a los servicios e instalaciones de navegación aérea, teniendo en cuenta la evolución técnica y, dado el caso, proponer a las partes contratantes las enmiendas al plan regional de navegación aérea que hayan de someterse a la Organización de Aviación Civil Internacional, respecto a las atribuciones a que este artículo se refiere.

ARTICULO III

PERSONALIDAD JURIDICA

El Gobierno reconoce que COCESNA es un sujeto de Derecho internacional con personalidad jurídica y capacidad para realizar todos los actos jurídicos necesarios para el logro de sus objetivos constitutivos, en particular, suscribir acuerdos, contratar, adquirir y vender toda clase de bienes muebles e inmuebles.

ARTICULO IV

INMUNIDAD DE LOS BIENES, FONDOS Y HABERES

1.    COCESNA, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo aquellos casos particulares en los que haya renunciado expresamente a su inmunidad. La renuncia a tal inmunidad no implicará renunciar a la inmunidad con respecto a cualquier medida de ejecución, para lo cual será necesaria una renuncia separada.

2.    Los locales de COCESNA, serán inviolables, sus bienes y haberes estarán exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de injerencia, sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.

3.    Los archivos de COCESNA y, en general, todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se encuentren.

ARTICULO V

FACILIDADES FINANCIERAS

Con el fin de alcanzar los objetivos constitutivos de COCESNA, puede libremente:

1.    Comprar o recibir cualquier tipo de fondos, valores y dineros mediante canales autorizados mantenerlos y disponer de ellos;

2.    Mantener y operar cuentas en moneda local y extranjera, fondos, donaciones, u otras facilidades financieras en cualquier moneda dentro o fuera de Costa Rica;

3.    Transferir sus fondos, valores, dineros desde Costa Rica a otro país y viceversa, y de un lugar a otro dentro del territorio de Costa Rica, y convertir cualquier clase de moneda que posea en otra.

ARTICULO VI

EXENCION DE IMPUESTOS

1.    Para la realización de su misión, COCESNA y sus oficinas acreditadas en Costa Rica, sus bienes y operaciones monetarias y financieras, incluyendo en particular, préstamos, donaciones y contribuciones estarán exentas de cualquier tipo de impuestos.

2.    COCESNA estará exenta de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones de importación y de exportación, respecto a materiales, equipos y cualesquiera otros bienes, incluyendo vehículos y repuestos, para uso oficial. Se entiende, sin embargo, que los bienes importados que gocen de tal exención pueden ser vendidos en Costa Rica después de dos años con la liberación de los tributos, esto es sin que el comprador o COCESNA devengan en la obligación de pagar los tributos de que el vehículo fue exonerado, conforme a las condiciones convenidas con el Gobierno. Asimismo el Gobierno exonerará de todos los impuestos de circulación, traspaso e inscripción a los vehículos que COCESNA requiera para el funcionamiento de sus Oficinas y aquellos que requiera para la operación de proyectos específicos y expedirá para cada vehículo una placa de Misión Internacional u otra apropiada, mediante la cual se pueda identificar estos como vehículos oficiales de una organización internacional.

3.    También, COCESNA estará exenta de impuestos de ventas y de consumo para todos sus bienes.

4.    El Gobierno concederá a COCESNA libre de todo gravamen e impuesto o servicios, las frecuencias radioeléctricas que para fines aeronáuticos o de telecomunicaciones haya reservado de acuerdo a lo expresado en el artículo 2 de su Convenio Constitutivo y a las disposiciones emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Organización Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

ARTICULO VII

COMUNICACIONES

COCESNA y en particular, su organización disfrutarán para sus comunicaciones oficiales, en el territorio de Costa Rica, de un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno a cualquier otro Gobierno, inclusive sus misiones diplomáticas, en lo que respecta a las prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia, cablegramas, telegramas, comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones, incluidos el correo electrónico y los datos numéricos, como también a las tarifas de prensa para las informaciones destinadas a la prensa y radio.

ARTICULO VIII

BENEFICIOS, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL PERSONAL

INTERNACIONAL DE COCESNA

El personal internacional de COCESNA, tendrá la categoría correspondiente al personal de misiones internacionales, y con excepción de los costarricenses o extranjeros residentes en Costa Rica, disfrutará en su territorio de los siguientes privilegios e inmunidades:

1.    Inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por ellos con carácter oficial, inclusive sus palabras y escritos, siempre que se refieran a sus funciones específicas.

2.    Estarán exentos, así como sus cónyuges y los miembros de sus familias que vivan bajo sus cuidados, de todo servicio nacional obligatorio;

3.    Exención de cualquier impuesto directo sobre salarios, emolumentos, indemnizaciones y otros beneficios pagados a ellos por o en beneficio de COCESNA.

4.    Exención del impuesto sobre la renta sobre cualquier otro ingreso o beneficio pagado o recibido por ellos de fuentes fuera de Costa Rica.

5.    No estarán sujetos, tanto ellos como sus cónyuges y los miembros de sus familias que vivan bajo sus cuidados, de todas las formas de restricciones migratorias y registro de extranjeros;

6.    En períodos de disturbio internacional o nacional, gozarán, así como sus cónyuges y los miembros de sus familias que vivan bajo sus cuidados, de las mismas facilidades de repatriación que los funcionarios de misiones diplomáticas de rango similar;

7.    Gozarán de la más completa libertad en materia de transferencia de fondos, cualquiera que sea el lugar y la forma, ya se trate de divisas, cheques, dinero en metálico, monedas y billetes extranjeros, percibidos a título de sueldos y emolumentos de COCESNA; no estando sujetos tampoco a restricciones o limitaciones en materia de cambio de monedas;

8.    Tendrán derecho a importar, libres de derechos de importación, su mobiliaria y efectos personales cuando tomen posesión de su cargo por primera vez en Costa Rica. Esta disposición se aplicará también al mobiliario y efectos personales expedidos como equipaje no acompañado, en uno a varios embarques, siempre que ingresen al país dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de llegada del funcionario o a la de establecimiento de la familia, calculándose dicho plazo a partir de la fecha más reciente;

9.    Tendrán derecho a importar con franquicia de derechos de aduana, un vehículo automotor para su uso personal y a transferirlo a terceros después de dos años con liberación de los tributos. El Gobierno exonerará a dichos vehículos de los impuestos de traspaso, de circulación y los de inscripción y emitirá para cada vehículo una placa de Misión Internacional u otra apropiada que le identifique como un vehículo oficial de un miembro de una organización internacional. No obstante estarán exceptuadas de tales condiciones y plazo las transferencias y por tanto, podrán ser objeto de tradición a cualquier título, sin que deban hacer el pago de los impuestos de que fueron exonerados, los automóviles o vehículos que:

a)  Hayan pertenecido a un funcionario fallecido en el ejercicio de sus funciones.

b)  Pertenezcan a un funcionario trasladado a otro país siempre que haya servido durante un periodo superior a un año en Costa Rica.

10.  Tendrán derecho a importar, además, en franquicia de derechos de aduana, artículos para su uso o consumo personal o de la casa o del cónyuge o miembros de la familia a su cuidado, durante su permanencia oficial en el país. Este derecho estará sujeto a una cuota anual establecida por el Gobierno;

11.  Podrán exportar libremente su mobiliario, efectos personales y vehículos al finalizar sus funciones en Costa Rica y hasta seis meses después de su salida definitiva del país.

12.  El Gobierno emitirá para el personal internacional de COCESNA, y su familia a cargo un carné de identificación especificando el estatus del portador.

13.  Exención de todo gravamen nacional sobre el valor de los pasajes nacionales o internacionales que utilicen en el ejercicio de sus funciones, así como la exención de los visados de entrada y salida del país en forma inmediata y libres del pago de impuestos o derechos fiscales.

14.  Exención del pago del impuesto sobre ventas y en general de todos los impuestos directos.

ARTICULO IX

TRANSITO Y RESIDENCIA

1.-   El Gobierno dará las facilidades necesarias para la entrada, residencia y salida de Costa Rica del personal internacional de COCESNA, sus familias, y de los participantes en programas de capacitación, consultorías de COCESNA y demás personas que visiten sus oficinas para asuntos oficiales, independientemente de su nacionalidad. Cualquier visa requerida por las personas referidas en este artículo deberá ser otorgada sin cargo y tan pronto como sea posible, luego de realizada la solicitud pertinente.

2.-   COCESNA, deberán comunicar los nombres de las personas referidas en el párrafo 1 de este artículo al Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTICULO X

PROPÓSITOS DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Y COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES

COSTARRICENSES

1.    Los privilegios e inmunidades otorgados en el presente convenio son conferidos en el interés de COCESNA y no para beneficio personal de los individuos. COCESNA tendrá el derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad cuándo ésta pueda impedir el curso de la justicia. Tal renuncia de la inmunidad será sin perjuicio para los intereses de COCESNA.

2.    COCESNA y su personal colaborarán con las Autoridades Costarricenses para facilitar la adecuada administración de justicia, para garantizar la observancia de las regulaciones policiales y para prevenir que ocurra cualquier abuso en relación con los privilegios e inmunidades otorgados en este Acuerdo.

3.    Sin perjuicio a los privilegios e inmunidades conferidos por este Acuerdo, es deber de todas las personas que gocen de tales privilegios e inmunidades respetar las leyes y regulaciones de Costa Rica. Estas personas también tienen el deber de no interferir en los asuntos internos del Estado.

ARTICULO XI

CONCILIACIÓN DE DISPUTAS

Cualquier disputa entre COCESNA y el Gobierno relacionada con la interpretación o aplicación del Acuerdo que no se dirima mediante negociación u otro modo de solución acordado, será resuelto mediante arbitraje, por un tribunal compuesto por tres árbitros: uno designado por el Presidente Ejecutivo de COCESNA, uno designado por el Gobierno, y un tercero, quien será el Presidente del Tribunal, elegido por los dos primeros árbitros.

En caso de que los dos primeros árbitros no se pongan de acuerdo sobre el tercero durante un período de seis meses desde la fecha en que fueron designados, el tercer árbitro será designado por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes. Un voto de mayoría de los árbitros será suficiente para alcanzar una decisión, incluyendo decisiones sobre procedimientos, la cual será final y obligatoria para las partes.

ARTICULO XII

DISPOSICIONES FINALES

1.    El presente Acuerdo tendrá un plazo indefinido y entrará en vigencia una vez que el Gobierno informe a COCESNA haberse dado cumplimiento a los requisitos constitucionales que establece el derecho interno.

2.    Las Partes contratantes podrán suscribir acuerdos derivados del presente acuerdo.

3.    Asimismo de mutuo acuerdo, podrán introducir modificaciones al presente acuerdo las cuales, entrarán en vigencia de conformidad con el numeral 1 del presente artículo cuando el Gobierno informe a COCESNA del cumplimiento de los requisitos constitucionales de su Derecho interno.

4.    El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes contratantes, en cualquier momento, mediante comunicación escrita, por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recibo de su notificación a la otra parte contratante.

Suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica a las diez horas del día cuatro del mes de octubre del dos mil siete en dos ejemplares auténticos en idioma español.

   POR EL GOBIERNO DE LA             POR LA CORPORACION

REPUBLICA DE COSTA RICA             CENTROAMERICANA

                                                                          DE SERVICIOS

                                                                 DE NAVEGACION AEREA

Bruno Stagno Ugarte                                   Rodolfo Monge Pacheco

Ministro Relaciones                              Gerente Regional de COCESNA

Exteriores y Culto                                               en Costa Rica”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil nueve.

               Óscar Arias Sánchez

  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                                    Bruno Stagno Ugarte

                   MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior.

3 de junio de 2009.—1 vez.—(OP Nº 29062).—C-285000.—(53496).

ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y SISTEMAS

DE REGISTROS CONTABLES Y SOCIALES

ADMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN

COSTARRICENSE

Expediente N.º 17.396

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El tráfico comercial es una realidad ágil que no se detiene ante las formalidades.

Muchas veces las formalidades frenan los procesos comerciales por el desfase de la ley frente a la realidad. Esto es lo que ha sucedido en Costa Rica con los libros que están obligados a llevar los comerciantes, sean estos personas físicas o personas jurídicas. El Código de Comercio vigente obliga a que los libros sociales y contables sean encuadernados y foliados, lo que obliga a las autoridades que los autorizan a impedir nuevas formas de registros contables surgidas por la introducción de las tecnologías informáticas en los procesos administrativos de toda índole, anclando en el pasado el tráfico comercial de forma injustificada y muchas veces imposible de cumplir sobre todo en las empresas cuyos movimientos son difíciles de manejar manualmente.

Estas barreras fueron cayendo en otras áreas: los protocolos del notariado hasta hace pocos años eran llevados a mano y la emisión de escrituras era lenta y tediosa, esto ya no es así, hoy el protocolo de notariado es impreso a través de impresoras mecánicas mejorando sensiblemente la calidad de lectura del material histórico que queda registrado y reduciendo el riesgo de interpretación de los actos por culpa de la caligrafía. También cayó este sistema manual de libros encuadernados y foliados en los registros de las asociaciones civiles, cuyo reglamento permite ya la posibilidad de registros en hoja removible, para dar dos ejemplos.

Este proyecto de ley busca generar los cambios necesarios en la legislación costarricense para que la formalización y registro de la gestión administrativa y financiera de las empresas y de los empresarios esté acorde con sus propias necesidades y giro comercial, sin que esta personalización afecte la seguridad jurídica que dan los libros de registros a los socios y a terceros, ni que tampoco afecte las facultades de control por parte de las administraciones tributarias y del Poder Judicial.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y SISTEMAS

DE REGISTROS CONTABLES Y SOCIALES

ADMITIDOS POR LA LEGISLACIÓN

COSTARRICENSE

ARTÍCULO 1.- Modificase el artículo 251 del Código de Comercio, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 251.-    Sin perjuicio de los libros que la Ley del impuesto sobre la renta exige a toda persona natural o jurídica, los comerciantes están obligados a llevar otros legalizados por la Dirección General de Tributación o por cualquier ente o institución pública que al efecto sea autorizada por el Poder Ejecutivo, mediante decreto debidamente publicado en el diario oficial La Gaceta, en lo cuales deberán consignar en forma clara y precisa sus operaciones comerciales y su situación económica. A este efecto, los siguientes son indispensables: un libro de balances e inventarios, un diario y un mayor que podrán ser llevados en forma electrónica o digital, en el formato de hoja removible, o bien, encuadernados y foliados. Podrán además llevar las hojas columnares y los libros o registros auxiliares que consideren necesarios. Para tales auxiliares no es necesario el requisito de legalización. El comerciante puede llevar un libro de caja, que no estará sujeto a las prescripciones de este capítulo.  Por la vía del Reglamento, el Poder Ejecutivo definirá los requisitos, formatos, soportes, respaldos y medios necesarios para autorizar las diferentes modalidades de libros, así como los programas de cómputo, hojas electrónicas y herramientas informáticas autorizadas para tal fin.”

ARTÍCULO 2.- Modifícase el artículo 252 del Código de Comercio, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 252.-    Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada deben llevar un libro de actas de asambleas de socios.

Las sociedades anónimas deberán llevar un libro de actas del consejo de administración y, si hubieren emitido obligaciones, el libro de registro correspondiente. Todos estos libros, así como el registro de socios de ambos tipos de sociedades podrán ser llevados en forma electrónica o digital, en el formato de hoja removible o bien encuadernados y foliados. Por la vía del Reglamento, el Poder Ejecutivo definirá los requisitos, formatos, soportes, respaldos y medios necesarios para autorizar las diferentes modalidades de libros, así como los programas de cómputo, hojas electrónicas y herramientas informáticas autorizadas para tal fin.

ARTÍCULO 3.- Modifícase el artículo 263 del Código de Comercio, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 263.-    Todos los libros que sean obligatorios para los sujetos regulados por esta Ley, ya sea que se lleven en forma electrónica o digital, en el formato de hoja removible o bien encuadernados y foliados, deberán ser autorizados por la Dirección General de Tributación, quien deberá conformar un registro especial de dichas autorizaciones.”

ARTÍCULO 4.- Modifícase el artículo 269 del Código de Comercio, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 269.-    En caso de venta del establecimiento o empresa, el nuevo propietario adquiere también los libros de contabilidad, los que puede seguir usando, si no resuelve abrir nueva contabilidad.

En caso de que resuelva continuar los libros empezados, deberá poner razón del traspaso de pertenecer en adelante al nuevo propietario del negocio o empresa. Si resolviere abrir nuevos libros, el anterior propietario deberá dejar constancia, poniendo la razón de cierre correspondiente, abriendo los nuevos conforme queda indicado. Todos estos movimientos deberán comunicarse a la Dirección General de Tributación para la inclusión y registro de la respectiva razón de traspaso o de cierre según sea el caso.”

Rige a partir de su publicación.

Sergio Iván Alfaro Salas

DIPUTADO

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 11 de junio de 2009.—1 vez.—(O. C. Nº 29062).—C-78000.—(53191).

DECRETOS

Nº 35331-COMEX-MAG-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,

ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO

Y AGRICULTURA Y GANADERÍA

De conformidad con las atribuciones que les conceden los incisos 3), 8), 18) y 20) del artículo 140 y artículo 146 de la Constitución Política; los artículos 25, 28 párrafo 2, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978; el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley de Aprobación Nº 6986 del 03 de mayo de 1985 y los artículos 6 inciso r), 37, 38, 39, 40 y 57 de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional, Ley Nº 8285 del 30 de mayo de 2002; y

Considerando:

I.—Que de conformidad con el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, los Gobiernos de los Estados Centroamericanos tienen la facultad de aplicar unilateralmente modificaciones a los derechos arancelarios a la importación.

II.—Que de conformidad con las disposiciones del artículo 6 inciso r) de la Ley Nº 8285 del 30 de mayo de 2002, corresponde a la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), informar mediante estudios técnicos cuando el país se encuentra en peligro de desabasto de arroz, así como la cantidad que se requiera para evitarlo.

III.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera, el Poder Ejecutivo está facultado para decretar el desabastecimiento de arroz en granza, tomando en cuenta la recomendación que establezca la Corporación Arrocera Nacional.

IV.—Que con base en el Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional, en Sesión Nº 341 celebrada el 18 de mayo del 2009, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha determinado la existencia de desabastecimiento de arroz en granza en el mercado nacional, que requerirá de importaciones de dicho grano, por la cantidad de cuarenta y cinco mil ciento sesenta y cinco toneladas métricas con ochocientos veinte kilogramos (45.165,82 T.M.), para el período comprendido entre los meses de junio de 2009 al 30 de julio de 2010.

V.—Que ante la situación de desabastecimiento, el Poder Ejecutivo estima conveniente una reducción temporal de los Derechos Arancelarios a la Importación de arroz en granza. Por tanto;

Decretan:

Autorización para la importación de arroz en granza

por desabastecimiento en el mercado nacional

Artículo 1º—Se autoriza la importación de cuarenta y cinco mil ciento sesenta y cinco toneladas métricas con ochocientos veinte kilogramos (45.165,82 T.M.), con una tarifa de cero por ciento (0%) de Derechos Arancelarios a la Importación, incluyendo la no sujeción al derecho adicional específico impuesto por el Decreto Ejecutivo Nº 30749-MAG-MEIC-COMEX del 27 de setiembre de 2002, para el siguiente inciso arancelario, contemplado en el Arancel Centroamericano de Importación:

 

 

Artículo 2º—La importación a que se refiere el artículo anterior será realizada por la Corporación Arrocera Nacional, según lo dispuesto en el artículo 37 y concordantes de la Ley de Creación de la Corporación Arrocera, para el período comprendido entre los meses de junio de 2009 al 30 de julio de 2010.

Artículo 3º—El presente Decreto Ejecutivo se comunicará a los gobiernos centroamericanos y a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los tres días  del mes de junio del año dos mil nueve.

Publíquese.—ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez; el Ministro de Economía, Industria y Comercio, José Eduardo Sibaja Arias y el Ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores Galarza.—1 vez.—(O. C. Nº 93031).—(Solicitud Nº 27826).—C-54170.—(D35331-54482).

Nº 35333-MEP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 11, 140 y 146 de la Constitución Política, los artículos 27, 59 y 113 de la Ley General de la Administración Pública, y los artículos 1 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública.

Considerando:

I.—Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley Fundamental de Educación, es fin de la educación costarricense la formación de personas amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.

II.—Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 19 y 26, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

III.—Que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, señala que el Estado garantizará a los niños, las niñas y los adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones, en función de la edad y madurez del niño, niña o adolescente.

IV.—Que de conformidad con la Convención de los Derechos de los y las Jóvenes, en los artículos 18 y 21, se establece que los y las jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros y crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas, comprometiendo al Estado a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes, así como a incentivar el ejercicio a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, a elegir y ser electos o electas.

V.—Que de conformidad con el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresar su opinión en los ámbitos de la vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y el Centro Educativo.

VI.—Que de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13 se establece que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.

VII.—Que de conformidad con la Ley de General de la Persona Joven, se establece el derecho de los y las jóvenes a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse a los procesos de toma de decisiones en las áreas vitales para su desarrollo humano.

VIII.—Que mediante Decreto Ejecutivo número 30329-MEP del 25 de abril de 2002, se promulgó el Reglamento de la Comunidad Estudiantil.

IX.—Que para cumplir con el objetivo de brindar un servicio educativo de calidad, se requiere a efecto de garantizar una mayor participación en materia electoral estudiantil, promover una normativa integral como condición necesaria y actualizar la normativa electoral estudiantil existente. Por tanto,

Decretan:

Reglamento para la Organización y Funcionamiento

del Gobierno Estudiantil

CAPÍTULO I

Naturaleza, fines y funciones de la participación política estudiantil

Artículo 1º—La Población Estudiantil está conformada por todos y todas las estudiantes que asistan en forma regular al Centro Educativo, ya sea de primer, segundo o tercer ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada.

Artículo 2º—La Participación Política Estudiantil está dirigida a influir en las decisiones y acciones que afectan a los y las estudiantes. Esta participación se orienta a la elección de los cargos representativos y al desarrollo de acciones que les beneficien, y se basa en la vivencia de los principios democráticos, para contribuir al desarrollo personal y social de los y las estudiantes.

Artículo 3º—La Participación Política Estudiantil tiene por fines:

a)  Impulsar el enfoque de derechos por medio de una cultura institucional basada en la Promoción de la Participación Política Estudiantil como un derecho fundamental de los niños, las niñas, las y los adolescentes.

b)  Promover, por medio de la Participación Política de los niños, las niñas y los adolescentes el respeto a las diferencias por motivos étnicos, de nacionalidad, edad, sexo, religión o condición social.

c)  Propiciar el respeto por la dignidad humana, el cumplimiento de los deberes y derechos del estudiantado como personas que forman parte activa de una comunidad democrática.

d)  Procurar la formación de líderes sociales conscientes de derechos y responsabilidades, con una mentalidad participativa, crítica y objetiva.

e)  Ejercitar a los y las estudiantes en la práctica de las vivencias democráticas, para que las valoren como forma de vida y como sistema político.

f)   Lograr la participación constructiva de los y las estudiantes en las responsabilidades que les requiere tanto el ser parte de un Centro Educativo como su ingreso exitoso a la sociedad costarricense.

g)  Practicar los principios éticos en un ambiente fecundo en valores de lo autóctono y lo nacional, en armonía con la cultura universal.

h)  Favorecer la participación estudiantil en la toma de decisiones vinculadas con los procesos de aprendizaje, en busca de igualdad de oportunidades educativas, sobre la base de equidad de género y de una mejor calidad de vida individual y colectiva.

CAPÍTULO II

Naturaleza y organización del Gobierno Estudiantil

Artículo 4º—El Gobierno Estudiantil es la representación democrática de la población estudiantil, cuya elección se lleva a cabo por medio del voto universal, directo y secreto de todas las personas que lo conforman. En los puestos de elección se debe asegurar la representación efectiva de ambos géneros, designando en forma alternativa cada uno de ellos.

Artículo 5º—El Gobierno Estudiantil estará integrado por:

a.   Las Directivas de Sección.

b.  La Asamblea de Representantes.

c.   El Comité Ejecutivo.

Artículo 6º—Tienen derecho a ser electos o electas en el Gobierno Estudiantil los y las estudiantes que asistan en forma regular al Centro Educativo.

Artículo 7º—Las sesiones de los órganos del Gobierno Estudiantil deberán efectuarse dentro del horario regular de trabajo del propio Centro Educativo que será su sede. El quórum para que puedan sesionar válidamente será la mitad mas uno del total de sus integrantes. En caso de empate al momento de decidir acuerdos o resoluciones, la persona que ocupa la presidencia gozará de doble voto.

Artículo 8º—Todos los acuerdos y resoluciones de los órganos del Gobierno Estudiantil se tomarán por simple mayoría y deberán hacerse constar en el libro de actas que para tal efecto llevarán las secretarías respectivas.

Artículo 9º—Los cargos en el Comité Ejecutivo no son compatibles con las Directivas de Sección y la Asamblea de Representantes.

CAPÍTULO III

Centros educativos unidocentes

Artículo 10.—En estos Centros Educativos, el Comité Ejecutivo será elegido por medio del voto universal, directo y secreto.

Artículo 11.—Previo a la elección de su Comité Ejecutivo, los y las estudiantes elegirán un Tribunal Ad-Hoc, el cual estará conformado por tres estudiantes.

Artículo 12.—Este Tribunal Ad-Hoc se encargará de planificar, ejecutar y supervisar el proceso de elección.

Artículo 13.—Los y las estudiantes que asistan en forma regular al Centro Educativo elegirán una Directiva, la cual asumirá inmediatamente las funciones del Comité Ejecutivo establecidas en el Artículo 38 de este reglamento.

CAPÍTULO IV

Naturaleza, organización y funciones de la directiva de sección

Artículo 14.—La Directiva es el órgano del Gobierno Estudiantil que representa los intereses de cada Sección. Le corresponde elevar los asuntos de la Sección a la Asamblea de Representantes, así como la ejecución de actividades y proyectos de interés grupal.

Artículo 15.—Para su gobierno y organización interna, la Directiva de sección se elige por medio del voto directo, universal y secreto.

Artículo 16.—La Directiva de Sección se reunirá ordinariamente una vez a la semana, y lo hará en forma extraordinaria cuando se considere necesario.

Artículo 17.—La Directiva de Sección estará integrada en forma paritaria y alternativa, garantizando lo establecido en el Artículo 4 del presente Reglamento, y estará conformada por los siguientes puestos:

a.   Presidencia.

b.  Vicepresidencia.

c.   Secretaría.

d.  Tesorería.

e.   Fiscalía.

f.   Primera Vocalía.

g.   Segunda Vocalía.

Artículo 18.—Son funciones de la Directiva de la Sección:

a.   Representar los intereses del grupo ante cualquier órgano del Centro Educativo.

b.  Determinar necesidades e intereses del grupo, y a partir de ellas, formular un Plan de Trabajo.

c.   Apoyar los proyectos tendentes a unificar al grupo y a promover el progreso y la calidad de vida individual y grupal.

d.  Mantener control de los dineros que se recauden.

e.   Informar a la Asamblea de Representantes y al Comité Ejecutivo, del movimiento económico o estado financiero de la Sección cuando lo soliciten.

f.   Llevar un libro de actas con los acuerdos de las sesiones. En la sesión siguiente, cada sesión será leída, aprobada y firmada por las personas que la integran.

g.   Llevar a cabo en cada Sección, y por medio de votación, el proceso para la elección de la persona candidata a ser miembro del Tribunal Electoral Estudiantil.

h.  Entregar a la Asamblea de Representantes, en la octava semana a partir de la fecha de inicio del curso lectivo, el nombre del o la estudiante electo para ser parte del Tribunal Electoral Estudiantil.

i.   Ejecutar y velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Sección.

j.   Redactar las actas de las sesiones del Comité Ejecutivo y la correspondencia que se despache.

k.  Recibir los escritos y documentos que se les presenten y darles el trámite correspondiente.

l.   Dar respuesta por escrito a las personas gestionantes de los acuerdos del Comité Ejecutivo.

m. Archivar toda la correspondencia y las resoluciones emitidas.

n.  Elaborar los informes de labores que el Comité Ejecutivo debe presentar a la Asamblea de Representantes y a los y las estudiantes al finalizar su período.

o.  Apoyar la realización de proyectos de cooperación y solidaridad con la institución y la comunidad donde esté ubicado el Centro Educativo.

Artículo 19.—Son funciones de los y las integrantes de la Directiva de Sección:

De quien ocupe la Presidencia:

a.   Representar a su Sección ante la Asamblea de Representantes en actividades que lo requieran.

b.  Vigilar y promover la efectividad de la Directiva de Sección.

c.   Convocar, con la regularidad establecida, a reuniones ordinarias de la Directiva y de la Sección y extraordinariamente cuando sea necesario.

d.  Presidir las reuniones de la Directiva y de la Sección.

e.   Coordinar con la Tesorería los informes de todo movimiento económico realizado.

f.   Mantener informados a los compañeros y compañeras de todas las actividades, compromisos y disposiciones de su interés.

De quien ocupe la Vicepresidencia:

a.   Colaborar con la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.

b.  Ejercer las funciones de la Presidencia en sus ausencias temporales o definitivas.

c.   Apoyar la conformación y funcionamiento de las comisiones que sean necesarias.

De quien ocupe la Secretaría:

a.   Llevar un libro de actas, previamente inscrito y registrado en la Dirección del Centro Educativo en donde anotará todos los acuerdos y actividades que realicen la Directiva y la Sección.

b.  Comunicar por escrito los acuerdos de la Directiva y de Sección a las personas interesadas.

De quien ocupe la Tesorería:

a.   Llevar un cuaderno de cuentas donde se anotará todo movimiento económico que se efectúe.

b.  Realizar los pagos o gastos acordados por la Directiva o la Sección.

c.   Recaudar las contribuciones voluntarias aprobadas por la Directiva de Sección, así como otras contribuciones autorizadas por la Dirección del Centro Educativo y la Dirección Regional.

d.  Informar periódicamente a la Directiva y a la Sección sobre el movimiento económico.

De quien ocupe la Fiscalía:

a.   Velar porque se cumpla fielmente el plan de trabajo.

b.  Supervisar que los y las integrantes de la Directiva de Sección cumplan con las funciones que les corresponden e informar de ello a los y las compañeras de la Sección cuando lo requieran.

De quienes ocupen las Vocalías:

a.   Sustituir a los y las integrantes de la Directiva de Sección en sus ausencias temporales o definitivas, con excepción del puesto de presidencia.

b.  Coordinar las comisiones tendentes a la unificación y progreso grupal.

Artículo 20.—El proceso de elección de la Directiva de Sección se llevará a cabo en tres etapas:

a.   El o la docente a cargo del grupo abrirá un espacio de discusión para el estudio de la naturaleza, funciones e importancia de la Directiva, así como de las responsabilidades de sus integrantes.

b.  La elección propiamente dicha, dirigida por un Tribunal Ad-hoc, formado por tres estudiantes.

c.   La elección de las Directivas de Sección se llevará a cabo la segunda semana a partir de la fecha de inicio del curso lectivo y culmina con la elección y juramentación de sus miembros en la cuarta semana.

Artículo 21.—En cada Sección se nombrará un Tribunal Ad-hoc para dirigir el proceso de elección de la Directiva de Sección, que se integrará con tres estudiantes. Este Tribunal cesará en su función pasada la elección y la realización de la juramentación de la Directiva.

Artículo 22.—Bajo la guía y fiscalización del Tribunal Ad-hoc de Sección, se seguirá el siguiente procedimiento de elección:

a.   Una de las personas que conforman el Tribunal Ad-hoc anotará en la pizarra la nómina de los y las candidatas que sugieran los estudiantes para formar parte de la Directiva.

b.  El candidato o candidata debe hacer uso de la palabra, aceptando o no su postulación y justificando su interés en la candidatura.

c.   La elección se hará en forma secreta, puesto por puesto y por simple mayoría, el elector o electora anotará en un papel en blanco el nombre del compañero o compañera por quién va a votar. De presentarse un empate, se repetirá el procedimiento, y en caso de que persista el empate, se deberá utilizar el método del azar que haya sido elegido por el grupo de estudiantes.

d.  Después de cada votación el Tribunal Ad-hoc recogerá las papeletas para el recuento de los votos y hará la declaratoria de elección correspondiente.

e.   Concluida la elección, el Tribunal Ad-hoc, procederá a tomar el juramento a la persona electa como presidente o presidenta, quien a su vez, procederá con el juramento del resto de los y las integrantes de la Directiva de la Sección, en un acto especial.

f.   Los y las integrantes de la Directiva de Sección se mantendrán en sus funciones por el lapso de un curso lectivo.

g.   El profesor o profesora guía será un observador durante este proceso e intervendrá en él de requerirlo el Tribunal Ad-Hoc.

h.  El período de ejercicio de sus funciones corresponderá a un curso lectivo.

Artículo 23.—La Dirección del Centro Educativo deberá apoyar a las Directivas de Sección en aspectos formales reglamentarios del Centro Educativo.

CAPÍTULO V

Naturaleza, fines y organización de la asamblea de representantes

Artículo 24.—La Asamblea de Representantes es el órgano deliberativo del Gobierno Estudiantil en donde se analizan y definen disposiciones que afectan a la población estudiantil.

Artículo 25.—Para la organización institucional y representación de todas las Secciones del Centro Educativo se conformará la Asamblea de Representantes, la cual estará integrada por los y las presidentas de las Directivas de Sección. Ésta se debe integrar en la cuarta semana a partir de la fecha de inicio del curso lectivo.

Artículo 26.—En la sesión Plenaria Inaugural se elegirá un Directorio Provisional, integrado por los y las presidentas de Directivas de Sección de cada nivel que tengan la mayor edad. Este Directorio Provisional dirigirá la elección del Directorio definitivo, que debe estar constituido por:

a.   Presidencia.

b.  Vicepresidencia.

c.   Secretaría.

d.  Fiscalía.

e.   Primera Vocalía.

f.   Segunda Vocalía.

Artículo 27.—La persona electa en el puesto de Presidencia de la Asamblea de Representantes, presentará juramento ante la persona que preside el Directorio Provisional. El resto de los y las integrantes electas prestarán su juramento ante el o la Presidenta de la Asamblea. En caso de que la presidencia recaiga en el o la Presidenta del Directorio Provisional, éste prestará el juramento ante la Vicepresidencia del Directorio Provisional.

Artículo 28.—Son funciones de la Asamblea de Representantes:

a.   Atender los asuntos que sean presentados a su consideración por la Dirección del Centro Educativo o la Presidencia del Comité Ejecutivo.

b.  Participar y apoyar al Comité Ejecutivo en los asuntos de interés estudiantil.

c.   Sesionar ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocada por solicitud escrita de las dos terceras partes del total de los y las representantes.

d.  Para sesionar debe estar presente la mitad más uno de sus miembros, y los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de empate la persona que ocupa el puesto de presidencia tiene doble voto.

e.   Trasladar sus acuerdos al Comité Ejecutivo para su consideración. En caso de que el Comité no esté de acuerdo, la Asamblea de Representantes podrá reafirmar por votación de las dos terceras partes del total de sus integrantes.

f.   Recibir durante la quinta semana a partir de la fecha de inicio del curso lectivo los nombres de los candidatos y las candidatas que cada Sección propone para integrar el Tribunal Electoral Estudiantil.

g.   Elegir por medio de votación a las personas que conformarán el Tribunal Electoral Estudiantil.

h.  Elaborar y trasladar al Tribunal Electoral Estudiantil la nómina de cinco docentes candidatos a asesores y asesoras.

i.   Integrar las Comisiones que consideren necesarias para llevar a cabo sus funciones.

j.   Participar en Comisiones encargadas de elaborar o revisar reglamentos o disposiciones internas del Centro Educativo.

k.  Solicitar un informe trimestral al Comité Ejecutivo sobre el trabajo realizado al finalizar su período de gobierno.

l.   Elaborar y llevar a cabo proyectos de cooperación y solidaridad con la institución y la comunidad donde esté ubicado el Centro Educativo.

m. Elaborar un plan de actividades con carácter cívico, cultural y/o deportivo a ser ejecutado el día de las Elecciones Estudiantiles, con el propósito de favorecer la vivencia de este día como una fiesta cívica institucional.

n.  Mantener comunicación directa con los y las estudiantes sobre los acuerdos y acciones analizadas.

Artículo 29.—Son funciones de las personas que conforman el Directorio de la Asamblea de Representantes:

De quien ejerce la Presidencia:

a.   Representar los intereses de los y las estudiantes ante las distintas instancias internas y externas a la institución.

b.  Presidir las sesiones de la Asamblea de Representantes.

c.   Mantener coordinación constante con otros integrantes de la Asamblea de Representantes para la ejecución de proyectos o acciones.

De quien ejerce la Vicepresidencia:

a.   Colaborar con quien ejerza la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.

b.  Ejercer las funciones de la Presidencia en su ausencia temporal o definitiva.

c.   Apoyar la conformación de Comisiones de trabajo que colaborarán en la gestión de la Asamblea de Representantes.

De quien ejerce la Secretaría:

a.   Llevar un libro de actas, previamente inscrito y foliado en la Dirección del Centro Educativo. En este libro anotará todos los acuerdos y actividades que realice la Asamblea de Representantes. El acta de cada sesión será leída, aprobada y firmada en la sesión siguiente.

b.  Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea de Representantes y la correspondencia que se despache.

c.   Recibir los escritos, documentos y peticiones que se le presenten.

d.  Archivar toda la correspondencia y las resoluciones emitidas para los diferentes asuntos realizados.

e.   Comunicar por escrito a los interesados o interesadas los acuerdos del Comité Ejecutivo.

f.   Elaborar y presentar a la Asamblea de Representantes el informe de labores que ésta debe dar al finalizar su período.

De quien ejerce la Fiscalía:

a.   Velar porque se cumplan las funciones propias de la Asamblea de Representantes y las de cada uno de sus integrantes.

b.  Controlar la asistencia a las sesiones y comprobar el quórum.

c.   Comprobar que los acuerdos se tomen con los votos requeridos.

De quienes ejerzan las Vocalías:

a.   Ocupar las plazas vacantes que se produzcan dentro de la Asamblea de Representantes.

b.  Asistir a las sesiones de la Asamblea de Representantes con voz y voto.

Artículo 30.—Para tratar diversos asuntos la Asamblea de Representantes conformará Comisiones de investigación y análisis, según el número de integrantes que designe su Directorio. Cada Comisión contará como mínimo con una persona responsable de la Coordinación y otra responsable de la Secretaría.

Artículo 31.—Las funciones de las Comisiones son:

a.   Conocer los asuntos que les asigne el Directorio de la Asamblea de Representantes.

b.  Elaborar informes y recomendaciones para que sean conocidos por la Asamblea de Representantes.

Artículo 32.—La Asamblea de Representantes de I y II Ciclo de Educación General Básica estará asesorada permanentemente por un o una Docente escogida por la Dirección del Centro Educativo. En el III Ciclo y Educación Diversificada el acompañamiento del profesor (a) asesor (a) se dará cuando la Asamblea de Representantes lo solicite a la Dirección de la institución.

Artículo 33.—Son funciones del Docente Asesor o Asesora:

a.   Conocer y estar al día sobre la legislación educativa correspondiente a la organización estudiantil y a su función de asesorar, así como informar a los y las estudiantes su respectiva aplicación.

b.  Elaborar un plan de asesoramiento que será dado a conocer ante la Dirección del Centro Educativo y a la Asamblea de Representantes.

c.   Rendir un informe escrito trimestral a la Dirección o cuando lo considere oportuno.

d.  Reunirse con el Directorio de la Asamblea de Representantes al menos una vez al mes a efecto de asesorarles en la elaboración, ejecución y evaluación de su plan de trabajo.

e.   Atender oportunamente las consultas de los y las integrantes de la Asamblea de Representantes.

CAPÍTULO VI

Naturaleza, fines y organización del Comité Ejecutivo

Artículo 34.—El Comité Ejecutivo es el órgano político del Gobierno Estudiantil, cumple su función con el propósito de ejecutar su Plan de Gobierno en beneficio de todos y todas las estudiantes del Centro Educativo.

Artículo 35.—La elección del Comité Ejecutivo se llevará a cabo la semana décima cuarta a partir de la fecha de inicio del curso lectivo.

Artículo 36.—El Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil, estará integrado de la siguiente manera, respetando lo estipulado en el Artículo 4 de este Reglamento:

a.   Presidencia.

b.  Vicepresidencia.

c.   Secretaría.

d.  Tesorería.

e.   Fiscalía.

f.   Primera Vocalía.

g.   Segunda Vocalía.

Artículo 37.—Los y las integrantes del Comité Ejecutivo serán electos o electas por votación directa, universal y secreta, por toda la población estudiantil.

Artículo 38.—Le corresponde al Comité Ejecutivo:

a.   Cumplir con los compromisos adquiridos por medio del Plan de Trabajo presentado en el período de campaña política.

b.  Atender los asuntos que les sean remitidos por la Asamblea de Representantes.

c.   Velar para que dentro del Centro Educativo se respeten los deberes y derechos de los y las estudiantes.

d.  Ejercer la representación de los y las estudiantes por medio de su Presidencia o Vicepresidencia.

e.   Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a los y las estudiantes del Centro Educativo.

f.   Solicitar por escrito, conjuntamente con la Asamblea de Representantes, una revisión razonada de las disposiciones emanadas del Consejo de Profesores, Reunión de Docentes o de la Dirección del Centro Educativo que se consideren que atentan contra los derechos y la dignidad de los y las estudiantes.

g.   Mantener informados e informadas a los y las estudiantes sobre todo asunto de interés y competencia, utilizando los medios de comunicación a su alcance.

h.  Dar un informe trimestral a la Asamblea de Representantes del trabajo realizado, para conocimiento de los y las estudiantes, padres y madres de familia y personal del Centro Educativo y otro informe general al finalizar su período de gobierno.

i.   Elaborar y llevar a cabo proyectos de cooperación y solidaridad con la institución y la comunidad donde esté ubicado el Centro Educativo.

Artículo 39.—Son funciones de los integrantes del Comité Ejecutivo:

De quien ejerce la Presidencia:

a.   Representar los intereses de los y las estudiantes ante las distintas instancias internas y externas a la institución.

b.  Tener a su cargo las relaciones con la Dirección del Centro Educativo, Personal Docente y Administrativo, Asamblea de Representantes, Directivas de Consejo de Sección, Comisiones Institucionales o comunales, Junta de Educación, Junta Administrativa, Asociación de Padres, Patronato Escolar y otros.

c.   Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo.

d.  Mantener una coordinación constante con la Asamblea de Representantes para la ejecución de proyectos o acciones.

e.   Coordinar con la persona que ocupa el puesto de Tesorería los informes de todo movimiento económico realizado.

De quien ejerce la Vicepresidencia:

a.   Colaborar con la persona que ocupa la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.

b.  Ejercer las funciones de la Presidencia en su ausencia temporal o definitiva.

c.   Apoyar la conformación y dar seguimiento a las Comisiones de trabajo que apoyen la gestión del Comité Ejecutivo.

De quien ejerce la Secretaría:

a.   Llevar un libro de actas, previamente inscrito y foliado en la Dirección del Centro Educativo. En este libro anotará todos los acuerdos y actividades que realice el Comité Ejecutivo. El acta de cada sesión será leída, aprobada y firmada por las personas que la integran en la sesión siguiente.

b.  Redactar las actas de las sesiones del Comité Ejecutivo y la correspondencia que se despache.

c.   Recibir los escritos y documentos que se le presenten y darles el trámite correspondiente.

d.  Dar respuesta por escrito a las personas gestoras de los acuerdos del Comité Ejecutivo.

e.   Archivar toda la correspondencia y las resoluciones emitidas.

f.   Elaborar los informes de labores que el Comité Ejecutivo debe presentar a la Asamblea de Representantes y a los y las estudiantes al finalizar su período.

De quien ejerce la Tesorería:

a.   Llevar un cuaderno de cuentas donde anotará el movimiento económico que se efectúe.

b.  Realizar los pagos o gastos acordados por el Comité Ejecutivo.

c.   Recaudar las contribuciones voluntarias aprobadas por el Comité Ejecutivo y autorizadas por la Dirección del Centro Educativo y la Dirección Regional.

d.  Informar periódicamente a los demás miembros del Comité Ejecutivo sobre el movimiento económico.

e.   Administrar los dineros que se recauden o reciban por donación, previa entrega a la Tesorería de la Junta de Educación o a la Junta Administrativa cuando ésta cuente con personería jurídica. Estas entidades serán únicamente depositarias de esos dineros. El Comité Ejecutivo definirá el destino de los fondos y los utilizará en la ejecución de sus proyectos o actividades. De ninguna manera la Dirección del Centro Educativo o el ente depositario, podrán hacer uso de esos dineros sin el consentimiento del Comité Ejecutivo.

De quien ejerce la Fiscalía:

a.   Velar porque se cumplan las funciones propias del Comité Ejecutivo y las de sus integrantes.

b.  Dar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del Comité Ejecutivo.

c.   Controlar la asistencia a las sesiones y comprobar el quórum.

d.  Comprobar que los acuerdos se tomen con los votos requeridos.

De quienes ejerzan las Vocalías:

a.   Ocupar las plazas vacantes que se produzcan dentro del Comité Ejecutivo, por ausencia temporal o definitiva, excepto la de la Presidencia.

b.  Asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo con voz y voto.

c.   Formar parte de las Comisiones de Trabajo que el Comité Ejecutivo considere necesarias.

d.  Presentar informes de las acciones realizadas en cada una de las Comisiones de las que son parte.

Artículo 40.—La Dirección del Centro Educativo, con la colaboración del Comité Ejecutivo saliente, el Directorio de la Asamblea de Representantes y el Tribunal Electoral Estudiantil, organizará el Traspaso de Poderes, que se hará en los diez días hábiles posteriores a la declaración oficial del resultado final de las elecciones. Este debe ser un Acto Formal en el que participarán todas las personas que conforman la comunidad estudiantil del Centro Educativo.

Artículo 41.—En el Traspaso de Poderes el o la Presidenta del Comité Ejecutivo prestará juramento ante la Presidencia del Directorio de la Asamblea de Representantes, el resto del Gabinete prestará su juramento ante el o la Presidenta Electa.

Artículo 42.—El Comité Ejecutivo de I y II Ciclo de Educación General Básica estará asesorado permanentemente por un o una docente seleccionada por la Dirección del Centro Educativo. Mientras que en el III ciclo y Educación Diversificada, los y las estudiantes tendrán libertad de elegir el momento y a la persona que les asesore, esto según el tema en el que deseen ser asesorados y asesoradas y de acuerdo a la actividad que deseen realizar. La solicitud la presentan al Director o Directora del Centro Educativo y éste es quien realizará la designación.

Artículo 43.—Son funciones del asesor o asesora del Comité Ejecutivo:

a.   Conocer y estar al día sobre la legislación educativa correspondiente a la organización estudiantil y a su función de asesorar, así como velar por su aplicación.

b.  Atender oportunamente las consultas de los miembros del Comité Ejecutivo.

CAPÍTULO VII

Del Tribunal Electoral Estudiantil

Artículo 44.—El Tribunal Electoral Estudiantil es el órgano encargado en forma exclusiva e independiente de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio.

Artículo 45.—Las y los estudiantes que conforman el Tribunal Electoral Estudiantil serán elegidos por la Asamblea de Representantes, quienes deben asegurarse de nombrar en estos puestos a personas que reúnan las siguientes destrezas para liderar: capacidad de negociación, capacidad de demostrar neutralidad en la toma de decisiones, tolerancia y respeto por la diversidad y habilidad para comunicarse con otras personas.

Artículo 46.—El Tribunal Electoral Estudiantil estará integrado por siete personas, una por nivel educativo con la opción de repetir la representatividad de alguno de los niveles.

Artículo 47.—La Junta Directiva del Tribunal Electoral Estudiantil contará con los siguientes cargos:

a.   Presidencia.

b.  Vicepresidencia.

c.   Secretaría.

d.  Tesorería.

e.   Fiscal Electoral.

f.   Primera Vocalía.

g.   Segunda Vocalía.

Estos cargos serán designados por votación secreta de los mismos integrantes del Tribunal Electoral Estudiantil.

Artículo 48.—El funcionamiento del Tribunal Electoral Estudiantil estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a.   Las siete personas que integran el Tribunal Electoral Estudiantil gozan de igualdad de derechos y deberes.

b.  Los puestos del Tribunal Electoral Estudiantil son incompatibles con los otros órganos del Gobierno Estudiantil.

c.   No debe existir primer grado de consanguinidad entre los y las integrantes.

d.  Deben responsabilizarse de tareas específicas de organización interna tanto durante el proceso electoral como después de él.

e.   La sede del Tribunal Electoral Estudiantil debe ser el propio Centro Educativo.

f.   Los acuerdos serán tomados por simple mayoría de los votos presentes. El quórum estará formado por la mitad más uno de sus miembros. En caso de empate la persona que ocupa la presidencia tendrá doble voto.

g.   Las resoluciones del Tribunal Electoral Estudiantil quedarán firmes al aprobarse el acta respectiva, salvo que se haya acordado la firmeza del acto por dos terceras partes de sus integrantes. Cualquier integrante puede pedir revisión de lo acordado en la sesión inmediata anterior, así como también puede solicitar modificaciones en la redacción del acta, antes de ser aprobada.

Artículo 49.—Tienen derecho a ser electos o electas como integrantes del Tribunal Electoral Estudiantil todos los y las estudiantes que asistan en forma regular al Centro Educativo.

Artículo 50.—El Tribunal Electoral Estudiantil será escogido y nombrado en la sexta semana a partir del inicio del curso lectivo, por la Asamblea de Representantes con base en las postulaciones que presentan a este órgano las Juntas Directivas de cada Sección del Centro Educativo.

Artículo 51.—Las personas que lo integran durarán en sus puestos un año y podrán ser reelectos o reelectas, sometiéndose nuevamente a los procesos electorales establecidos.

Artículo 52.—El Tribunal Electoral Estudiantil presentará su juramento ante el Presidente de la Asamblea de Representantes, en un acto especial.

Artículo 53.—Corresponde al Tribunal Electoral Estudiantil:

a.   Estudiar y aplicar el Código Electoral Estudiantil.

b.  Elaborar un Plan de Trabajo que deberán comunicar oportunamente a los y las estudiantes.

c.   Tomar las decisiones pertinentes para facilitar el desarrollo del proceso electoral.

d.  Publicar información oficial e interpretar y resolver todos los asuntos en relación con la materia electoral.

e.   Seleccionar a los docentes Asesores del Tribunal Electoral Estudiantil.

f.   Fijar el número de Juntas Receptoras de Votos y definir la lista de personas que votarán en cada una de ellas. El número de Juntas Receptoras de Votos dependerá de la cantidad de personas votantes y de las características propias del Centro Educativo en cuanto a infraestructura, horarios, entre otros.

g.   Disponer el sitio que ocupará cada Partido Político Estudiantil en la papeleta, de izquierda a derecha, siguiendo el orden de precedencia de la inscripción.

h.  Ordenar la impresión de papeletas electorales en una cantidad igual a la cifra correspondiente al Padrón Electoral. Imprimir otras más que serán marcadas con una leyenda que diga “MUESTRA” y que servirán a los partidos para dar instrucción a los y las electoras.

i.   Exhibir el padrón electoral con siete (7) días de anticipación al día de las elecciones.

j.   Convocar a elecciones estudiantiles y preparar el material electoral.

k.  Efectuar el escrutinio definitivo.

l.   Hacer la declaratoria de elección.

m. Nombrar a Delegados del Tribunal, para lo que tomará como base los nombres de las personas propuestas para el Tribunal Electoral Estudiantil que no resultaron electas.

n.  Llenar las vacantes que se produzcan dentro del Comité Ejecutivo según el orden de precedencia establecido para los miembros suplentes en el momento de la elección, excepto el puesto de Presidente, que lo ocupará el Vicepresidente.

o.  Rendir un informe escrito de su labor a la Comunidad Estudiantil al finalizar el proceso electoral y otro al concluir su período.

p.  Interpretar, aplicar y dictaminar las disposiciones reglamentarias referentes a la materia electoral; ante solicitud de los Partidos Políticos inscritos, de algún interesado o interesada o de oficio. Dicha interpretación deberá ser comunicada por escrito a todos los Partidos Políticos Estudiantiles, a la población estudiantil y al o la gestora según corresponda.

q.  Coordinar con la Dirección del Centro Educativo y la Asamblea de Representantes las acciones relacionadas con las elecciones estudiantiles y el traspaso de poderes.

Artículo 54.—Son funciones de los y las integrantes del Tribunal Electoral Estudiantil:

De quien ejerza la Presidencia:

a.   Abrir y cerrar las sesiones y convocar extraordinariamente al Tribunal Electoral Estudiantil cuando fuera necesario.

b.  Fijar el orden en que deban verse los asuntos sujetos al conocimiento del Tribunal Electoral Estudiantil en las sesiones.

c.   Dirigir las sesiones y someter a votación los asuntos cuando los considere discutidos. Ejercer la representación legal del Tribunal Electoral Estudiantil.

d.  Velar porque el Tribunal Electoral Estudiantil ejerza sus funciones de acuerdo con la reglamentación vigente y se respeten los procedimientos que garanticen una elección libre y democrática.

De quien ejerza la Vicepresidencia:

a.   Colaborar con la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.

b.  Ejercer las funciones de la Presidencia cuando quien ocupe el cargo estuviese ausente, temporal o definitivamente.

De quien ejerza la Secretaría:

a.   Recibir los escritos y documentos que presenten los y las interesadas.

b.  Poner en conocimiento de todos los y las integrantes, a más tardar en la sesión inmediata a su recibo, los escritos o documentos a que se hace referencia en el punto anterior.

c.   Dar a conocer a las personas interesadas, por los medios adecuados, las resoluciones y actuaciones del Tribunal.

d.  Redactar las actas de las sesiones del Tribunal.

e.   Llevar un libro de actas inscrito y foliado ante la Dirección del Centro Educativo.

f.   Leer el acta en la sesión siguiente para su aprobación.

g.   Archivar y cuidar toda la correspondencia y las resoluciones emitidas sobre los diferentes asuntos electorales.

De quien ejerza la Fiscalía Electoral:

a.   Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo propuesto por el Tribunal Electoral Estudiantil.

b.  Controlar la asistencia a reuniones y el desempeño de funciones de las personas que integran el Tribunal Electoral Estudiantil.

c.   Levantar la información para esclarecer cualquier hecho que afecte la disciplina o correcta actuación que deben observar las personas que integran el Tribunal Electoral Estudiantil.

d.  Dar seguimiento a las consultas que los y las estudiantes o representantes de Partidos Políticos estudiantiles presenten por escrito, estudiarlas y presentarlas en las sesiones del Tribunal Electoral Estudiantil para su conocimiento y respuesta.

De quien ejerce la Tesorería:

a.   Llevar la contabilidad de todo movimiento económico sobre la partida asignada al Tribunal Electoral Estudiantil.

b.  Vigilar y fiscalizar los bienes del Tribunal, así como llevar un inventario completo de los mismos.

c.   Efectuar las compras del material necesario y realizar los pagos acordados en las sesiones del Tribunal.

d.  Solicitar informes económicos a los partidos políticos sobre los destinos del dinero otorgado en período de campaña.

De quienes ejercen las Vocalías:

a.   Sustituir a los y las integrantes del Tribunal Electoral Estudiantil en sus ausencias temporales o definitivas.

b.  Asistir a las sesiones del Tribunal Electoral Estudiantil con voz y voto.

c.   Participar activamente en todo lo que requiera el proceso electoral, con énfasis en la divulgación e información de las tareas que realice el Tribunal Electoral Estudiantil.

Artículo 55.—El Tribunal Electoral Estudiantil escogerá a un o una docente asesora, de una nómina de cinco confeccionada por la Asamblea de Representantes. Ninguno de los y las asesoras puede ser pariente en primer grado de algún miembro del Tribunal ni de los o las candidatas a la Presidencia del Comité Ejecutivo, ni docente guía de alguno de los o las candidatas.

Artículo 56.—Son funciones del o la docente asesora del Tribunal Electoral Estudiantil:

a.   Servir como guía y apoyo de manera objetiva, honesta e imparcial, respecto al órgano que asesora.

b.  Mediar para que el Tribunal Electoral Estudiantil tenga acceso a los recursos que posee el Centro Educativo y que faciliten el desarrollo del proceso electoral estudiantil.

c.   El o la profesora asesora deberá informarse con las instancias respectivas del Ministerio de Educación Pública y el Tribunal Supremo de Elecciones en materia de proceso electoral.

d.  El o la profesora asesora se nombrará cada año y podrá ser reelecto hasta por un período más.

Artículo 57.—Cualquier integrante del Tribunal Electoral Estudiantil, será separado de su puesto temporalmente, cuando figure como candidato a un puesto del Comité Ejecutivo un pariente en primer grado de consanguinidad. El impedimento cesará a partir de la declaratoria de la respectiva elección del Comité Ejecutivo. Corresponde a la Asamblea de Representantes nombrar a las personas que sustituirán a los y las integrantes separadas temporalmente de su cargo, con base en la nómina de personas no elegidas indicada en el artículo 28, inciso f de este Reglamento. Este impedimento y la suspensión temporal serán aplicables también para el o la docente que asesora al Tribunal Electoral Estudiantil. El Tribunal Electoral Estudiantil nombrará a la persona que sustituirá al o la docente de acuerdo al artículo 28 inciso h de este Reglamento.

Artículo 58.—Las decisiones del Tribunal Electoral Estudiantil podrán ser impugnadas por los y las estudiantes o sus padres, madres o encargados, mediante gestión escrita y razonada, dirigida ante este órgano el cual deberá dar respuesta, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la gestión. El Tribunal Electoral Estudiantil resolverá en definitiva.

Artículo 59.—El Director o Directora del Centro Educativo, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a.   Brindar el apoyo a los órganos del Gobierno Estudiantil y las facilidades necesarias para su funcionamiento.

b.  Atender en forma solícita y evacuar oportunamente toda consulta proveniente de los órganos del Gobierno Estudiantil.

c.   Velar porque las actividades que se programen y realicen durante el Proceso Electoral Estudiantil, estén acordes a los fines de la educación y dentro del marco jurídico establecido.

d.  Asesorarse con las instancias respectivas del Ministerio de Educación Pública y del Tribunal Supremo de Elecciones en materia de proceso electoral estudiantil.

Artículo 60.—El Director o Directora del Centro Educativo, tendrá las siguientes prohibiciones:

a.   Alterar bajo ninguna circunstancia el funcionamiento del alguno de los órganos del Gobierno Estudiantil.

b.  Irrespetar los acuerdos tomados por cualquiera de los órganos del Gobierno Estudiantil.

c.   Disponer de los bienes, servicios y recursos económicos asignados al Tribunal Electoral Estudiantil.

d.  Disponer de los bienes, servicios y recursos económicos con que cuente el Comité Ejecutivo.

Artículo 61.—Cualquiera de los órganos del Gobierno Estudiantil se encuentra facultado para interponer las denuncias correspondientes en caso de incumplimiento a lo establecido en este Reglamento.

CAPÍTULO VIII

De la pérdida de credenciales

Artículo 62.—La pérdida de credenciales de los o las integrantes de la Directiva de Sección, de la Asamblea de Representantes, del Comité Ejecutivo y/o del Tribunal Electoral Estudiantil se produce al comprobarse:

a.   Que él o la estudiante no asista regularmente al Centro Educativo.

b.  Que se compruebe incumplimiento o negligencia en el desempeño de las funciones establecidas en este Reglamento.

c.   Que utilice su puesto para favorecerse o dar ventaja a algún Partido Político.

Artículo 63.—El procedimiento para la pérdida de credenciales es el siguiente:

a.   Para dictaminar la pérdida de credenciales de los y las representantes de los órganos del Gobierno Estudiantil, el Tribunal Electoral Estudiantil actuará de inmediato, de oficio o a requerimiento de la Dirección del Centro Educativo, de una Directiva de Sección, de la Asamblea de Representantes, del Comité Ejecutivo, del Consejo de Profesores, de la Reunión de Docentes o del Asesor Supervisor, con el fin de investigar el caso y emitir la resolución correspondiente.

b.  La resolución del Tribunal será comunicada a la Dirección del Centro Educativo, para que por su medio la dé a conocer a quien corresponda.

c.   Las decisiones del Tribunal Electoral Estudiantil podrán ser impugnadas por los y las estudiantes, o sus padres, madres o encargados, mediante gestión de revocatoria escrita y razonada, dirigida ante este órgano, el cual deberá dar respuesta dentro de tres días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la gestión. De lo resuelto por el Tribunal Electoral Estudiantil cabrá recurso de apelación ante la Asamblea de Representantes, cuya decisión será definitiva.

d.  Cuando la pérdida de credenciales se refiere al Tribunal Electoral Estudiantil, la investigación, el análisis del asunto y la resolución respectiva compete a la Asamblea de Representantes.

Artículo 64.—Rige a partir de su publicación y deroga el Decreto Ejecutivo número 30329-MEP del 25 de abril del 2002.

Dado en la presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de mayo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo.—1 vez.—(O. C. Nº 93153).—(Solicitud Nº 13863).—C-427520.—(D35333-54483).

Nº 35334-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades y atribuciones que les confiere los artículos 140 incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; y con fundamento en los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo 2, inciso b) y 103 párrafo primero de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978; y 22, siguientes y concordantes de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, sus reformas y modificaciones; y

Considerando:

I.—En el desarrollo del comercio internacional, las políticas sobre las operaciones de ingreso y salida de las mercancías a territorio aduanero nacional deben facilitarse y agilizarse por lo que requiere actualizarse constantemente; ya sea, por la vía normativa o por la interpretación de tales normas, aspecto que se regula en el artículo 5 de la Ley General de Aduanas que establece “el régimen jurídico aduanero debe interpretarse en la forma que garantice mejor el desarrollo del comercio exterior de la República, en armonía con la realidad socioeconómica imperante al interpretarse la norma y los otros intereses públicos, a la luz de los fines de este ordenamiento”, políticas que tienen que estar en armonía con las propias sobre recaudación fiscal.

II.—Dentro de los fines del régimen jurídico aduanero, igualmente, se encuentran el facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de las conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control aduanero, de tal forma que la actividad administrativa tiene que estar enfocada en la búsqueda de las formas apropiadas que logren las metas u objetivos en lo que respecta a la sana y justa recaudación de tributos, propiciando los medios procesales y sustantivos que permitan satisfacer los objetivos a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.

III.—El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas para el análisis, aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y las demás normas reguladoras de ingresos y salidas de mercancías del territorio aduanero nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.

IV.—Mediante Decreto Ejecutivo Nº 33915-H del 30 de enero del 2007, se dispuso que en los procesos de fiscalización se deben instrumentalizar herramientas legales en aras de garantizar una recaudación ágil y oportuna de los tributos adeudados, considerando oportuno, razonable y conveniente permitir la regularización, reformando para tal fin el artículo 76 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. En este sentido se hace necesario establecer las normas reglamentarias que permitan consolidar la figura de la regularización de tributos estableciendo los casos en los cuales será aplicable.

V.—En el tema de sanciones a las infracciones administrativas y tributarias previstas en la legislación aduanera debe tenerse presente que tanto la jurisprudencia como la doctrina imperante en esta materia explica que las sanciones responden a una actividad a modo de culpa y de negligencia, aspectos que deben ser demostrables a través de un procedimiento administrativo, de suerte que la regularización debe ser un trámite previo solo en aquellos casos en que se pueda determinar, prima facie, que existe una actuación del sujeto pasivo tendente a cumplir con las disposiciones legales, sin ánimo de delinquir o actuar de mala fe, siendo procedente la imposición de la multa cuando se presenten estos presupuestos y de conformidad con la reforma al artículo 231 de la ley 7557, operada por ley 8373 de 18 de agosto del 2003 que en lo que interesa dice: “Artículo 231.—Aplicación de sanciones. (…) La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este capítulo, prescribe en seis años contados a partir de la comisión de las infracciones”.

VI.—Que el trámite de regularización debe conceder una oportunidad para el sujeto pasivo y personas responsables solidarios de las obligaciones tributarias que han efectuado las declaraciones aduaneras bajo los preceptos de la buena fe, bajo criterios técnicos o la diligencia razonable que se espera de parte de los contribuyentes, conductas que no podrían encuadrar en figuras típicas sancionadoras. Por tanto;

Decretan:

Reforma al artículo 76 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas y adición de los artículos 55 bis,

536 bis, 536 Ter, y Transitorio VII

Artículo 1º—Refórmese el artículo 76 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo Nº 25270-H, del 14 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 76.—Terminación. Los resultados de las actuaciones de fiscalización se harán constar en el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras y se darán por concluidas cuando:

a)       A criterio de los órganos fiscalizadores, se hayan estudiado las declaraciones aduaneras, y los elementos de cada Obligación Tributaria Aduanera generada en el período analizado, considerando correcta la situación tributaria del investigado y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras, requisitos, obligaciones y deberes, durante el período estudiado.

b)       Los órganos fiscalizadores hayan obtenido datos, pericias y pruebas necesarios que hagan presumir el incumplimiento del régimen jurídico aduanero que implique posibles ajustes o modificaciones a obligaciones tributarias aduaneras, resultados que se harán constar en el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras.

c)       Contado desde el inicio de las actuaciones, si en el término de un año, no se emite el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras, salvo que se justifique ante la Dirección General de Aduanas y ésta autorice por escrito, determinando la necesidad de prorrogar por otro período igual las investigaciones en razón de la complejidad de las actuaciones o dificultad para obtener información o datos de trascendencia tributaria.

d)       Se ponga en conocimiento, de la Dirección General de Tributación u otro órgano de administración tributaria que resulte competente, de aquellos hechos que se consideren infringen la normativa tributaria que no califica como obligaciones tributarias aduaneras según lo define el artículo 53 de la Ley 7557 y sus reformas.”

Artículo 2º—Adiciónense los artículos 55 bis, 536 bis, 536 ter, y Transitorio VII del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo Nº 25270-H, del 14 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 55 bis.—Regularización. Por medio del trámite de regularización se da a conocer al fiscalizado el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras cuyo resultado permite concluir en un posible indicio de ajuste o modificación de la Obligación Tributaria Aduanera originada en actuaciones de buena fe, sin evidencia de actividad claramente delictiva, de mala fe o con negligencia y que permite al sujeto pasivo y obligados solidarios a presentar el pago voluntario de tributos previo a cualquier acción de la Administración Aduanera tendente al cobro de la Obligación Tributaria Aduanera en forma total o parcial, constituyendo derechos del sujeto pasivo, sus representantes o auxiliares de la Función Pública el aceptar o rechazar los hechos y resultados del informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras. Por ende:

a)       No implica ni puede ser usado como prueba o presunción de culpabilidad sobre los hechos que generan un posible adeudo,

b)       No se trata de un traslado de cargos tributarios propio del procedimiento ordinario,

c)       No constituye acto administrativo alguno que tenga efecto jurídico.

d)       No califica como renuncia a la repetición de pago.”

“Artículo 536 bis.—Aceptación de resultados y regularización. Una vez que el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras, sea puesto en conocimiento del fiscalizado, y cuando proceda del agente aduanero; en los casos del literal b) del artículo 76, el órgano fiscalizador invitará a las partes en un término no menor de quince días, para que concurran a una comparecencia oral y privada regulada en la Resolución de Alcance General y con el fin de que los sujetos pasivos manifiesten:

a)       Si estudiado el informe lo encuentran conforme en su totalidad o lo aceptan parcialmente.

b)       Requieren aclaraciones sobre el estudio o modificaciones en los montos calculados, en cuyo caso, si son admisibles las justificaciones, se tendrá un plazo de ocho días para el análisis del caso y se convocará a una segunda comparecencia para que el sujeto pasivo se manifieste.

c)       Si, voluntariamente, desean regularizar total o parcialmente su situación fiscal mediante el pago de los montos que constan en expediente o el pago parcial, al aceptar algunas de las determinaciones tributarias o conclusiones que constan en el informe. En este último caso, una vez constatado el pago parcial, se trasladará el expediente y los resultados al órgano competente para el inicio del procedimiento ordinario sobre la parte tributaria no aceptada.

d)       El rechazo de los hechos acreditados.”

“Artículo 536 ter.—Improcedencia. No procederá el trámite de regularización en aquellos casos en que las acciones u omisiones de los sujetos pasivos, sean o no auxiliares de la Función Pública, responden a una actividad claramente delictiva o de mala fe. En estos casos, se procederá como corresponda de acuerdo al dictado de la legislación aduanera. Igualmente se prescindirá del trámite de regularización si pudiera ser utilizado como una actividad dilatoria con el fin de que la acción de la Administración Tributaria pueda prescribir.”

“Transitorio VII.—Todos los trámites realizados con base en el artículo 76 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en que los sujetos pasivos hayan regularizado o no, tendrán plena validez siempre que se hayan considerado los preceptos del artículo 55 bis.”

Artículo 3.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(Solicitud Nº 28825).—C-121445.—(D35334-54484).

Nº 35335-H

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en los artículos 140, incisos 8) y 18) y 146, de la Constitución Política, y en los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227 o Ley General de Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114 del 4 de julio del 2001 y el Decreto Ejecutivo Nº 29643-H del 10 de julio del 2001, “Reglamento a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”.

Considerando:

1º—Que el artículo 9º de la Ley Nº 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, publicada en el Alcance Nº 53 a La Gaceta Nº 131 del 9 de julio del 2001, establece un impuesto específico por unidad de consumo para todas las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y todos los productos contemplados en el registro que lleva el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, de bebidas terapéuticas y de uso médico, utilizados en los establecimientos sanitarios y hospitalarios del país.

2º—Que el mencionado artículo 9º, crea además un impuesto específico por gramo de jabón de tocador.

3º—Que el artículo 11 de la supracitada Ley, dispone que a partir de su vigencia, el Ministerio de Hacienda deberá actualizar trimestralmente el monto de estos impuestos, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y que el monto resultante de la actualización deberá comunicarse mediante Decreto Ejecutivo.

4º—Que en el mencionado artículo 11, se establece que los períodos de aplicación de cada actualización iniciarán el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre y que dicha actualización no podrá en ningún caso, ser superior al tres por ciento (3%).

5º—Que en el artículo 6º del Reglamento a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 29643-H publicado en La Gaceta Nº 138 del 18 de julio del 2001, se establece el procedimiento para realizar el ajuste, para lo cual se considerará la variación en el índice de precios al consumidor, de los trimestres inmediatos anteriores a finales de cada uno de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.

6º—Que mediante Decreto Nº 35123-H de 4 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta Nº 65 del 2 de abril del 2009, se actualizaron los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, a partir del 1° de abril del 2009.

7º—Que los niveles del índice de precios al consumidor a los meses de febrero y mayo del 2009, corresponden a 131.017 y 131.305, generándose una variación del 0.22 %.

8º—Que según la variación del índice de precios al consumidor, corresponde actualizar los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9º de la citada ley, en un 0.22%. Por tanto,

Decretan:

Actualización de los impuestos específicos sobre

las bebidas envasadas sin contenido alcohólico,

excepto la leche y sobre los jabones de tocador

Artículo 1º—Actualícense los montos de los impuestos específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como importadas, establecidos en el artículo 9° de la Ley Nº 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, publicada en Alcance Nº 53 a La Gaceta Nº 131 del 9 de julio del 2001, mediante un ajuste del 0.22 %, según se detalla a continuación:

 

 

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Nº 35123-H del 4 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta Nº 65 del 2 de abril del 2009, a partir de la vigencia del presente decreto.

Artículo 3º—Rige a partir del 1° de julio del 2009.

Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda, Guillermo E. Zúñiga Chaves.—1 vez.—(Solicitud Nº 21088).—C-57020.—(D35335-54485).

Nº 35336-J

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 3), 18) y 20) del artículo 140 de la Constitución Política; y con fundamento en los artículos 25, 27, 28 y 103 de la Ley General de la Administración Pública.

Considerando:

1º—Que el Decreto 30669-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 170 del cinco de setiembre del 2002, regula el uso, custodia y conservación de los teléfonos celulares que el Ministerio de Justicia proporcione o facilite a sus servidores para el mejor desempeño de sus funciones, tareas y actividades, en beneficio de los usuarios de sus servicios.

2º—Que para precisar y dar mayor claridad a los artículos 1, 2, 3, y 10 se hace necesario reformar el Reglamento a efecto de responder de manera más ágil a las necesidades institucionales. Por tanto,

Decretan:

Refórmese el Reglamento para el uso, custodia

y conservación de los teléfonos celulares del

Ministerio de Justicia, Decreto Ejecutivo

30669 del 23 de julio de 2002

Artículo 1º—Refórmense los artículos 1, 2, 3, y 10, del Reglamento para el uso, custodia y conservación de los teléfonos celulares del Ministerio de Justicia, decreto ejecutivo 30669 del 23 de julio de 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 170 del 5 de setiembre de 2002, para que en lo sucesivo se lea así:

“Artículo 1º—Definiciones: Para los efectos de este Reglamento, se entiende como:

Ministerio: Ministerio de Justicia.

Ministro: Ministro(a) de Justicia.

Viceministros: Viceministros de Justicia.

Director General: Director(a) General de Adaptación Social.

Ley: Ley General de la Administración Pública.

Reglamento: Reglamento para el Uso, Custodia y Conservación de los teléfonos Celulares del Ministerio de Justicia.

Teléfono celular: Aparato celular de emisión y recepción telefónica.

Artículo 2º—Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular la utilización racional, custodia y conservación de los teléfonos celulares, pertenecientes a los Programas 779 Actividad Central y 783 Administración Penitenciaria, ambos del Ministerio de Justicia.

Artículo 3º—Funcionarios a quienes se les asigna teléfono celular. Este Ministerio, autoriza la utilización de teléfonos celulares de su propiedad, en atención de los cargos que desempeñan, a los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministros, Oficial Mayor, Director General de Adaptación Social, Coordinador de Nivel Institucional y Director de la Policía Penitenciaria. El Ministro (a) autorizará por resolución el uso de teléfonos celulares a otros funcionarios, ante solicitud del Director del Programa Presupuestario correspondiente.

Cuando por la índole de las funciones se requiera de su disponibilidad, la asignación y uso de teléfonos celulares se debe sujetar a los principios de razonabilidad, racionalidad y, en general, a las prácticas de sana administración de los recursos públicos.

Artículo 10.—Tarifa telefónica a reconocer por el Ministerio. El Ministro, los Viceministros y el Oficial Mayor, tendrán línea abierta y acceso a llamadas internacionales.

Al Director General, al Coordinador del Nivel Institucional y al Director de la Policía Penitenciaria, se les reconocerá hasta cinco (5) tarifas básicas mensuales por el uso del teléfono celular, y a las demás personas autorizadas, se les reconocerá el monto que se establezca en la resolución de autorización de uso que emita el (la) Ministro (a), mismo que no podrá ser superior a cinco (5) tarifas básicas mensuales.

Cuando el Instituto Costarricense de Electricidad reporte un exceso en el cobro de la factura por el servicio de telefonía celular en los términos de este artículo, la Oficialía Mayor o la Dirección Administrativa de Adaptación Social, según corresponda, otorgará el plazo de 15 días a los funcionarios que hayan incurrido en esta situación, para que realicen el reintegro del exceso indicado por medio de entero bancario a favor del Ministerio de Hacienda, apercibiéndolos que de no realizar el depósito dicho, se comunicará a la Dirección de Recursos Humanos para que proceda a la deducción correspondiente por medio de planillas”.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en San José, al día primero de junio del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Justicia, Viviana Martín.—1 vez.—(O. C. Nº 93645).—(Solicitud Nº 27449).—C-52520.—(D35336-54486).

ACUERDOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nº 066-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140, incisos 8), 12), 20) y artículo 146 de la Constitución Política de Costa Rica; y en el artículo 12 del Estatuto del Servicio Exterior de la República de Costa Rica, Ley Nº 3530 del 5 de agosto de 1965.

Considerando:

1º—Que la servidora Aline Sobole Muñoz, cédula de identidad Nº 01-0821-0027, es funcionaria de la carrera diplomática, en rango de agregado.

2º—Que mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo del 2009, la servidora Sobole Muñoz, le comunica a la señora Susana Araya Zamora, Jefa del Proceso de Recursos Humanos del Ministerio Relaciones Exteriores y Culto, su decisión de renunciar a la carrera diplomática.

3º—Que mediante Oficio Nº PRH-183-09 de lecha 13 de abril del 2009 se le comunica a la Señora Sobole Muñoz la aceptación de su renuncia a la carrera diplomática. Por tanto:

ACUERDAN:

Artículo 1º—Se acepta la renuncia de la servidora Aline Sobole Muñoz, cédula de identidad Nº 01-0821-0027, como funcionaria de la Carrera Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 2º—Rige a partir del 30 de marzo del 2009.

Dado en la Presidencia de la República, a los catorce días del mes de abril del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Bruno Stagno Ugarte.—1 vez.—(O. C. Nº 93569).—(Solicitud Nº 45484).—C-21020.—(54088).

Nº 087-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140, inciso 1), y artículo 146 de la Constitución Política de Costa Rica.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Conocer la renuncia de la señora Sonia Arguedas Montero, cédula Nº 01-0391-0768, como Directora General Administrativo-Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por acogerse a la pensión.

Artículo 2º—Rige a partir del treinta y uno de mayo del 2009.

Dado en la Presidencia de la República, a los ocho días del mes de mayo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Bruno Stagno Ugarte.—1 vez.—(O. C. Nº 93569).—(Solicitud Nº 45486).—C-10520.—(54089).

Nº 088-2009-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140, inciso 1), y artículo 146 de la Constitución Política de Costa Rica.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Víctor Manuel Monge Chacón, cédula Nº 03-0196-0264, como Director General Administrativo-Financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 2º—Rige a partir del primero de junio del 2009.

Dado en la Presidencia de la República, a los ocho días del mes de mayo del dos mil nueve.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Bruno Stagno Ugarte.—1 vez.—(O. C. Nº 93569).—(Solicitud Nº 45486).—C-10520.—(54090).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nº 072-PE

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

De conformidad con lo que establecen los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, la Ley Nº 8562 del 7 de diciembre del 2006, la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

ACUERDA

1º—Autorizar a la Ingra. Marta Eugenia Villegas Murillo, cédula 4-123-580, funcionaria de SEPSA, para que asista a la “La 2ª y 1ª Ronda de Negociación en el marco de los Tratados de Libre Comercio entre Costa Rica-China y Costa Rica-Singapur”, que se realizará en Shangai, China del 14 al 17 de abril y en Singapur del 20 al 22 de abril del 2009.

2º—Todos los gastos serán cubiertos por el Presupuesto Ordinario del MAG.

3º—Rige a partir del 10 al 23 de abril del 2009.

Dado en el Despacho Ministerial, San José, el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil nueve.

Román Solera Andara, Ministro de Agricultura y Ganadería a. í.—1 vez.—(O. C. Nº 93041-Solicitud Nº 28498).—C-14270.—(53628).

Nº 111-PE

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

De conformidad con lo que establecen los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, la Ley Nº 8562 del 7 de diciembre del 2006, la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

ACUERDA:

1º—Autorizar a la Ingra. Marta Eugenia Villegas Murillo, cédula 4-123-580, funcionaria de SEPSA, para que asista a “La Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), que se realizará en Bruselas, Bélgica, del 11 al 15 de mayo del 2009.

2º—Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación, serán cubiertos por el Proyecto RUTA.

3º—Rige a partir del 9 al 17 de mayo de 2009.

Dado en el Despacho Ministerial, San José, el día once del mes de mayo del año dos mil nueve.

Javier Flores Galarza, Ministro de Agricultura y Ganadería.—1 vez.—(O. C. Nº 93041-Solicitud Nº 28499).—C-14270.—(53629).

Nº 120-PE

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

De conformidad con lo que establecen los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, la Ley Nº 8562 del 7 de diciembre del 2006, la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

ACUERDA:

1º—Autorizar a la Ingra. Marta Eugenia Villegas Murillo, cédula 4-123-580, funcionaría de SEPSA, para que asista a “La Reunión Centroamericana de Coordinación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE)”, que se realizará en Honduras, el 21 y 22 de mayo del 2009.

2º—Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación, serán cubiertos por el Proyecto RUTA.

3º—Rige a partir del 21 al 22 de mayo del 2009.

Dado en el Despacho Ministerial, San José, el día veinticinco del mes de mayo del año dos mil nueve.

Javier Flores Galarza, Ministro de Agricultura y Ganadería.—1 vez.—(O. C. Nº 93041-Solicitud Nº 28702).—C-14270.—(53630).

Nº 123-PE

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

De conformidad con lo que establecen los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, la Ley Nº 8562 del 7 de diciembre del 2006, la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública y el artículo 34 del Reglamento de Viajes y Transportes de la Contraloría General de la República.

ACUERDA

1º—Autorizar a la Dra. Lilliana Montero Solano, cédula 1-397-207, Directora Ejecutiva de SEPSA, para que participe en la “III Reunión del Comité Técnico Regional del Consejo Agropecuario Centroamericano CAC y a1 II Reunión del Grupo Técnico Intergubernamental para la formulación de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial Sostenible”, que se realizará en Managua, Nicaragua, del 3 al 5 de junio del año 2009.

2º—Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación, serán cubiertos por la Oficina del IICA en Costa Rica.

3º—Rige a partir del 2 al 5 de junio del 2009.

Dado en el Despacho Ministerial, San José, el día veintisiete del mes de junio del año dos mil nueve.

Carlos Villalobos Arias, Ministro de Agricultura y Ganadería a. í.—1 vez.—(O. C. Nº 93041-Solicitud Nº 28703).—C-15770.—(53631).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA

Nº 53

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140 incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley Nº 5338 del 28 de agosto de 1973 y el Decreto Ejecutivo Nº 24333-MP del 23 de mayo de 1995.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Ricardo Martín Valverde Chaves, mayor, cédula de identidad número 1-0659-0600, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Hogar El Faro, cédula jurídica Nº 3-006-280819, de la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, el día 7 de mayo de 2009.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Justicia y Gracia, Viviana Martín Salazar.—1 vez.—(O. C. Nº 93645).—(Solicitud Nº 27452).—C-11270.—(53588).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Resolución Nº D.M. 069-2009.—Ministerio de Cultura y Juventud.—Despacho de la Ministra.—San José, a las diez horas treinta minutos, del día catorce de mayo del dos mil nueve. Reelección del señor Alberto Carballo Quintana, cédula de identidad Nº 1-322-293, como Director General del Centro Nacional de la Música.

Resultando:

1º—Que la Ley Nº 8347 del 19 de febrero del 2003, crea el Centro Nacional de la Música como órgano con desconcentración mínima del Ministerio de Cultura y Juventud.

2º—Que la supracitada Ley indica que dicho órgano contará con un Director General, a quien corresponde la representación judicial y extrajudicial del Centro Nacional de la Música.

Considerando:

Único.—Que según Resolución Nº 089-2008, de las diez horas treinta minutos del nueve de mayo del dos mil ocho, se nombró al señor Alberto Carballo Quintana, cédula de identidad Nº 1-322-293, como Director General del Centro Nacional de la Música, a partir del 9 de mayo del 2008 y hasta el 8 de mayo del 2009. Por tanto,

LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD, RESUELVE:

Artículo 1º—Reelegir al señor Alberto Carballo Quintana, cédula de identidad Nº 1-322-293, como Director General del Centro Nacional de la Música.

Artículo 2º—Rige a partir del 9 de mayo del 2009 y hasta el 8 de mayo del 2010.

María Elena Carballo Castegnaro, Ministra de Cultura y Juventud.—1 vez.—(O. C. Nº 23-09).—(Solicitud Nº 21833).—C-21770.—(53589).

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

San José, 22 de mayo del 2009

Directriz DIR-DN-07-2009

Señores

Directores, Gerentes y Subgerentes de Aduana,

Jefes de Departamentos, Funcionarios en General

Sistema Aduanero Nacional

S. O.

Asunto: Modificación al formulario de Zonas Francas R-ZF-001 de la Directriz DIR-DN-05-2008.

Por medio de la presente, la Dirección General de Aduanas, emite la siguiente aclaración a la directriz Nº DIR-DN-005-2008 denominada “LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES ADUANERAS DE LOS REGIMENES ADUANEROS DE ZONAS FRANCAS Y PERFECCIONAMIENTO ACTIVO” a fin de modificar el considerando Nº IV del Formulario denominado Régimen de Zonas Francas R-ZF-001 para que se lea:

“IV.—Que la rectificación en la Declaración (es) Aduanera(s) de Zonas Francas Nº _____, de fecha (s) _____, no genera ajuste en la determinación de la Obligación Tributaria Aduanera, por estar en presencia de un régimen liberatorio de tributos”

Por otra parte, en aras de continuar brindando herramientas que faciliten y coadyuven a brindar un mejor servicio en las aduanas, la gestión de rectificación tramitada mediante el Formulario R-ZF-001 deberá ser presentada ante la aduana únicamente en forma electrónica, esto por los medios normalmente utilizados, a saber CD, dispositivo de almacenamiento USB, correo electrónico, disckette o cualquier otro medio electrónico legal que acuerde la aduana respectiva. Respecto al formulario de solicitud adicionado mediante directriz DIR-DN-05-2008-A, se mantiene su presentación en forma física ante la aduana.

Nota aclaratoria:   En todo lo demás la directriz DIR-DN-05-2008 de fecha 19 de agosto del 2008 y su adición  DIR-DN-05-2008-A de fecha 17 de octubre del 2008, mantienen su vigencia y efectos en todos sus extremos.

Rige a partir de su firma. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

 

Para ver imágenes solo en La Gaceta impresa o en formato PDF

 

Desiderio Soto Solera, Director General de Aduanas.—Dirección Normativa.—José Ramón Arce Bustos, Director.—1 vez.—(Solicitud Nº 28830).—C-106290.—(53635).

AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

REGISTRO DE AGROQUÍMICOS

EDICTOS

DIA-R-E-410-2009.—Francisco Ramón Valdés Aguirre, pasaporte CRI-123 2006, en calidad de representante legal de la compañía Carso Technologies S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del enmienda de suelo y fertilizante natural de nombre comercial Terra Eco Plus, compuesto a base de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, nitrógeno, fósforo y potasio. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 13 de mayo del 2009.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—(53584).

DIA-R-E-543-2009.—German Quintero Ovalles, portador del pasaporte número 5450951, en su calidad de representante legal de la compañía Insecticidas de Costa Rica (INICA) S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita la inscripción del producto insecticida-nematicida agrícola de nombre comercial Carbodan 48 SC, compuesto a base de carbofurán. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 y Ley 8702 Trámite de solicitudes de Registro de Agroquímicos. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de junio del 2009.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—(53586).

DIA-R-E-541-2009.—German Quintero Ovalles, portador del pasaporte número 5450951, en su calidad de representante legal de la compañía Insecticidas de Costa Rica (INICA) S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita la inscripción del producto fungicida de nombre comercial Rabion 80 WP, compuesto a base de fosetylal. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 y Ley 8702 Trámite de solicitudes de Registro de Agroquímicos. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de junio del 2009.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—(53587).

Nº DIA-R-E-552-2009.—El señor José Carlos Salazar González, cédula 2-456-724, en calidad de representante legal de la compañía Prozar S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Alajuela, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Bio J-Multi compuesto a base de Nitrógeno-Fósforo-Potasio-Magnesio-Calcio-Azufre-Boro-Zinc-Molibdeno-Cobre-Hierro-Manganeso-Aluminio-Silicio-Carbono Orgánico-Materia Orgánica. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 16 de junio del 2009.—Unidad Registro de Agroinsumos.—Ing. Marielos Rodríguez Porras, Encargada.—1 vez.—(53617).

Nº DIA-R-E-542-2009.—El señor Óscar Jara Vargas, portador de la cédula o pasaporte Nº 2-249-752, en su calidad de representante legal de la compañía Servicio Centroamericanos S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del producto insecticida, de nombre comercial Heloprid 35 SC, compuesto a base de imidacloprid. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 y Ley 8702 Trámite de Solicitudes de Registro de Agroquímicos. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 15 de junio del 2009.—Unidad de Registro de Agroinsumos.—Ing. Wálter Solano Solano, Encargado a. í.—1 vez.—(54027).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada en Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 38, título Nº 660, emitido por el Liceo Diurno José Martí, en el año mil novecientos ochenta, a nombre de Carvajal Hernández Marvin Antonio. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los nueve días del mes de junio del dos mil nueve.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Guisela Céspedes Lobo, Asesora.—(52737).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 130, título Nº 1986, y del Título de Técnico Medio en Diseño Grafico, inscrito en el tomo 2, folio 290, título Nº 5514, ambos títulos fueron emitidos por el Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, Diurno, en el año dos mil uno, a nombre de Marín Cordero Priscilla. Se solicita la reposición de los títulos indicados por pérdida de los títulos originales. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, once de junio del dos mil nueve.—M.Sc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—Nº 113303.—(52995).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 31, título Nº 112, emitido por el Liceo de Frailes, en el año dos mil tres, a nombre de Méndez Díaz Esteban Daniel. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, primero de abril del dos mil nueve.—M.Sc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(53054).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 77, título N° 1126, emitido por el Liceo Unesco, en el año mil novecientos noventa y seis, a nombre de Méndez Arias Diego. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 22 de junio del 2009.—MSc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(53157).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 59, título Nº 741, emitido por el Liceo Luis Dobles Segreda, en el año mil novecientos setenta y nueve, a nombre de Vargas Picado Marco Antonio. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil nueve.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(53205).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 165, título Nº 1812, emitido por el Liceo de San José, en el año dos mil cinco, a nombre de Brenes Chavarría Mónica Rocío. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, diecinueve de junio del dos mil nueve.—M.Sc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(53565).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 13, título Nº 149, emitido por el Colegio María Auxiliadora de San José, en el año mil novecientos noventa, a nombre de Leiva Hellmund Cristina. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, veintidós de junio del dos mil nueve.— M.Sc. Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(53576).

Ante esta Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo I, folio 233, título Nº 2330, emitido por el Liceo de Heredia, en el año dos mil cuatro, a nombre de Villalobos Chaves Mauren Alexia. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 12 de mayo del 2009.—Departamento de Evaluación de la Calidad.—MSc. Trino Zamora Zumbado, Jefe.—(53608).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 173, Título Nº 1191, emitido por el Liceo Diurno José Martí, en el año dos mil seis, a nombre de Berrocal Castillo Wally. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 24 de junio del 2009.—Departamento de Evaluación Académica de Certificación.—Lic. Marvin Loría Masís, Jefe.—(54056).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto Social organización social denominada: Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., siglas: COOPEMEP R.L., acordada en asamblea celebrada el 19 de julio del 2008. Resolución Nº 0267. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente, se envía un extracto de su inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma afecta los artículos 11 y 14 del estatuto.—San José, 22 de mayo del 2009.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(52649).

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se ha procedido a la inscripción de la organización social denominada Cooperativa de Servicios Múltiples de los Productores de Arroz de la Zona Norte R.L., siglas: COOPROARROZ R.L., acordada en asamblea celebrada el 10 de diciembre del 2008. Resolución Nº 1300-C0. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente, se envía un extracto de su inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Consejo de Administración:

Presidente:              Guillermo Rodríguez Barquero

Vicepresidente:       Rodolfo Ocampo Cortés

Secretario:               Orlando Mora Villalobos

Vocal 1:                   Félix Artavia Mora

Vocal 2:                   Olger Rojas Villalobos

Suplente 1:              Jhon Gerardo Vásquez Zúñiga

Suplente 2:              Félix Pedro Medina Pérez

Gerente                   Édgar Quesada Guerrero

San José, 10 de junio del 2009.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—(52715).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Cambio de nombre Nº 60421

Que Luis Fernando Asís Royo, en calidad de apoderado especial de Grifols INC, solicita a este Registro se anote la inscripción de Cambio de Nombre de Probitas Pharma INC por el de Grifols INC, presentada el día 18 de mayo del 2009, bajo expediente Nº 60421. El nuevo nombre afecta a las siguientes marcas: 1997-0003774 registro Nº 107423 ALBUTEIN en clase 5 marca denominativa; 1997-0003776 registro Nº 107419 PROFILNINE en clase 5 marca denominativa; 1997-0003778 registro Nº 107421 ALPHANATE en clase 5 marca denominativa; 1997-0003779 registro Nº 107418 ALPHANINE en clase 5 marca denominativa, y 2000-0000048 registro Nº 122325 VENO-S en clase 5 marca denominativa. Publicar en La Gaceta Oficial por una única vez, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 21 de mayo del 2009.—Oficina de Marcas y otros Signos Distintivos.—Roy Brenes Salazar.—1 vez.—Nº 113723.—(53392).

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

AVISOS

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones, ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación Iglesia de Cristo en Liberia Centro, con domicilio en la provincia de Guanacaste. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Propiciar la difusión del Evangelio de Cristo. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente: José Ricardo Alvarado Quirós. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 2009, asiento: 130190).—Curridabat, diez del de junio del dos mil nueve.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 113887.—(53853).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones, ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación de Vecinos y Propietarios del Residencial de Los Lagos de Daniel Flores de Pérez Zeledón, con domicilio en la provincia de San José. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Promover el desarrollo y bienestar del vecindario Residencial Los Lagos. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente: Gerald Salazar Vargas. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 577, asiento: 99761, adicional: 2009-21606).—Curridabat, al día nueve del mes de junio del dos mil nueve.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 113896.—(53854).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones, ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Aguas Zarcas, distrito Matama, cantón Central, provincia de Limón, con domicilio en la provincia de Limón. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Administrar, operar, dar mantenimiento, desarrollo y conservar en buenas condiciones el acueducto, de conformidad con las disposiciones y reglamentos que al respecto emite el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que serán de acatamiento obligatorio. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el presidente: Alberto Hidalgo Rodríguez. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 576, asiento: 90131).—Curridabat, al primer día del mes de abril del dos mil nueve.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 114089.—(53855).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad Asociación Pro Desarrollo y Vivienda de La Carpio, con domicilio en la provincia de San José. Cuyos fines principales entre otros serán los siguientes: Fomentar y gestionar el mejoramiento social, cultural, educativo, organizativo y productivo de sus miembros, cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto, lo es el Presidente José Ramón Gutiérrez. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 2009 Asiento 92917 y Tomo 2009 Asiento 133300).—Curridabat, 08 de junio del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—(53961).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Pro-Obras Comunales de la Escuadra, con domicilio en la provincia de Puntarenas; cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Contribuir al desarrollo social y económico de la población que compone la comunidad de La Escuadra de Pavón. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: David Mora Campos. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 2009 asiento: 65471).—Curridabat, 24 de abril del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 114135.—(54317).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación de Criadores de Ganado Beefmaster de Costa Rica, con domicilio en la provincia de San José cuyos fines principales entre otros son los siguientes: La preservación de los ideales del fundador de la raza de ganado Beefmaster. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Guillermo José Jiménez López. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 578 asiento: 25851).—Curridabat, 26 de mayo del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 114276.—(54318).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación Escazuceña de Futbol Americano, con domicilio en la provincia de San José, Escazú. Sus fines, entre otros están: Fomentar la disciplina del fútbol americano a nivel nacional y en especial en el cantón de Escazú. Su presidenta Lourdes Jiménez Salazar, es la representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma y demás limitaciones del estatuto. Por encontrarse dicha organización, dentro de las prescripciones establecidas en la ley de Asociaciones y sus reformas Nº 218 del 8 de agosto de 1939, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en el trámite; tomo: 2009 asiento 114721.—Curridabat, 17 de junio del 2009.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 114290.—(54320).

REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

El señor Luis Diego Castro Chavarría, cédula 1-669-228, mayor, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Irwin Industrial Tool Company, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada BROCA DE TALADRO. Una broca comprende un vástado que define un eje longitudinal. Tres torsiones se extienden en curva en torno al eje longitudinal. Las torsiones incluyen bordes laterales que se extienden por una primera porción en un primer ángulo relativo al eje longitudinal y por una segunda porción en un segundo ángulo relativo al eje longitudinal. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Octava Edición es B23B 51/00, cuyo inventor es Laverne Durfee. La solicitud correspondiente lleva el número 9561, y fue presentada a las 14:30:49 del 6 de diciembre de 2007. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguiente a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 11 de junio del 2009.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—Nº 113086.—(52518).

El señor Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-669-228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Incyte Corporation, de Estados Unidos de América, solicita la Patente de Invención denominada IMIDAZOTRIAZINAS E IMIDAZOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE CINASA. La presente invención se dirige a imidazo [1,2-b] [1,2,4] triazinas e imidazo [1,2-a] pirimidinas, y composiciones farmacéuticas de los mismos, las cuales son inhibidores de cinasa tales como c-Met y son útiles en el tratamiento de cáncer y otras enfermedades relacionadas a la desregulación de trayectorias de cinasa. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Octava Edición es A61K 31/198 cuyos inventores son, Zhuo Jincong, Xu Meizhong, He Chunhong, Zhang Colin, Qian Ding-Quan, Burns David M, Li Yunlong, Metclaf Brian y Yao Wenqing. La solicitud correspondiente lleva el número 10841 fue presentada a las 10:32:30 del 8 de junio del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 9 de junio del 2009.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Mº 113090.—(52519).

El señor Luis Diego Castro Chavarría, cédula 1-669-228, mayor, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Plexxikon Inc., de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA MODULACIÓN DE CINASAS, E INDICACIONES PARA ELLO. Se describen compuestos activos sobre proteína cinasas, así como métodos para usar tales compuestos para tratar enfermedades y padecimientos asociados con actividad aberrante de proteína cinasas. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Octava Edición es C07D 471/04, cuyos inventores son Spevak, Wayne, Ibrahim, Prabha N., Shi, Shenghua, Gillette, Sam, Zhu, Hongyao, Cho, Hanna, Mamo, Shumeye. La solicitud correspondiente lleva el número 10860, y fue presentada a las 10:27:00 del 11 de junio del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 12 de junio del 2009.—Nº 113091.—(52520).

El señor Luis Diego Castro Chavarría, cédula 1-669-228, mayor, divorciado una vez, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Amgen, Inc, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS CON LOS ANTICUERPOS DEL RECEPTOR DEL GLUCAGÓN. La presente divulgación suministra composiciones y métodos relacionados con proteínas de unión a antígenos, en particular, anticuerpos que se unen específicamente al receptor de glucagón de origen humano. La divulgación provee ácido nucleicos que codifican para dichas proteínas de unión a antígenos y anticuerpos y métodos para preparar y utilizar dicho anticuerpo para el tratamiento y la prevención de la diabetes de tipo 2 y trastornos relacionados mediante la administración de dichos anticuerpos a un individuo que requiere dicho tratamiento. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Octava Edición es C07K 16/28, cuyos inventores son Yan, Hai, Hu, Shaw-Fen. Sylvia, Boone, Thomas, C, Lindberg, Richard, A. La solicitud correspondiente lleva el número 10736, y fue presentada a las 13:53:00 del 17 de abril del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 12 de junio del 2009.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—Nº 113092.—(52521).

La señora Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, abogada, cédula 1-812-604, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Bayer Cropscience LP, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS MEDIANTE LA RUDUCCIÓN DE INFECCIONES VÍRICAS. Se proporciona un procedimiento de mejorar el crecimiento de una planta al reducir la incidencia de una o más infecciones víricas portadas por insectos. El procedimiento comprende la etapa de aplicar una composición de tratamiento primario en el surco durante el plantado de una semilla o plantón o durante el transplante de la planta, en el que la composición de tratamiento primario comprende una cantidad eficaz de un fungicida tal como protioconazol. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es A01N 43/653, cuyos inventores son Charles, L, Cleary, Richard, D, Rudolph, John, E, Curtis, George, H, Musson. La solicitud correspondiente lleva el número 10599, y fue presentada a las 14:42:00 del 04 de febrero del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 23 de febrero del 2009.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 113217.—(52522).

La señora Ana Catalina Monge Rodríguez, cédula 1-812-604, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, en su condición de apoderada especial de Bayer Cropscience AG, de R.F. Alemania, solicita la Patente de Invención denominada ISOXAZOLINAS INSECTICIDAS. Nuevas isoxazolinas de la fórmula (I) en la que A representa C o N; R representa haloalquilo; X representa halógeno o haloalquilo; I representa 0, 1 ó 2; Y representa halógeno, alquilo, alcoxi, haloalquilo, ciano, nitro, amino, acilamino, alcoxicarbonilamino, haloalcoxicarbonilamino o alquilsulfonilamino; m representa 0, 1 ó 2; y G representa uno cualquiera seleccionado de los grupos heterocíclicos descritos en la memoria descriptiva; y un uso de las mismas como insecticidas y para controlar parásitos animales. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es C07D 413/10, cuyos inventores son Mihara, Jun, Murata, Tetsuya, Yamazaki, Daiei, Yoneta, Yasushi, Shibuya, Katsuhiko, Shimojo, Ejichi, Gorgens, Ulrich. La solicitud correspondiente lleva el número 10611, y fue presentada a las 13:08:00 del 12 de febrero del 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 27 de febrero del 2009.—Lic. Hellen Marín Cabrera, Registradora.—1 vez.—Nº 113219.—(52523).

Miguel Brenes Morales, mayor, casado, mecánico de precisión, cédula de identidad Nº 3-299-672, vecino de Cartago, solicita el Modelo de Utilidad denominado MINITANQUE PARA CALENTAMIENTO DE AGUA.

 

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Diseño industrial fabricado en hierro al carbón laminado de 1,5 mm, de forma cilíndrica, con capacidad de 2,87 litros, el cual se caracteriza por tener una combinación de perforaciones en su parte superior, estratégicamente ubicadas para introducir cada uno de los elementos tanto eléctricos como mecánicos, para lograr con ello una mayor eficiencia en el calentamiento de agua. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Novena Edición es F24H 1/00 cuyo inventor es Miguel Brenes Morales. La solicitud correspondiente lleva el número 10855 y fue presentada a las 12:25:50 del 10 de junio de 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.— San José, 12 de junio del 2009.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 113335.—(52985).

Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad Nº 1-848-886, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Leandro P. Rizzuto, de Estados Unidos de América, solicita el Diseño Industrial denominado PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO.

 

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La plancha para peinar el cabello objeto del presente registro, comprende dos porciones, una superior y otra inferior, cada una de las cuales presenta una conformación sustancialmente prismática rectangular de vértices redondeados y alargada en sentido longitudinal, estando ambas porciones articuladas por uno de sus extremos mediante un eje y separadas por el extremo opuesto. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Novena Edición es 28-03 cuyo inventor es Leandro P. Rizzuto. La solicitud correspondiente lleva el número 10645, y fue presentada a las 13:04:10 del 2 de marzo de 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso.Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 5 de mayo del 2009.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 113374.—(52986).

Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, cédula de identidad 1-487-992, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de Valent Biosciences Corporation, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS MEJORADAS. La presente invención está dirigida a una formulación que comprende AVG y, por lo menos un agente hidrofóbico. Tal agente, en combinación con AVG, mejora el rendimiento agroquímico. En particular, se ha demostrado que las formulaciones reguladoras del crecimiento de las plantas que comprenden AVG en combinación con alfa-aminoácidos lipofílicos u otros agentes hidrofóbicos aumentan la supresión de etileno mediante AVG. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Octava Edición es A01N 37/04, cuyos inventores son Belkind, Benjamin A, Silverman, Franklin Paul, Petracek, Peter D, Warrior, Prem. La solicitud correspondiente lleva el número 10835, y fue presentada a las 13:21:00 del 3 de junio de 2009. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 4 de junio de 2009.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 113452.—(52987).

AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Expediente Nº 9066A.—Sociedad de Usuarios de Agua de San Roque de Naranjo, solicita concesión de: 10 litros por segundo de la Quebrada Desamparados, efectuando la captación en finca de Eliécer Steller Jiménez, en Naranjo, Naranjo, Alajuela, para uso agropecuario riego café hortalizas. Coordenadas: 234.750 / 491.000, hoja Naranjo. Predios inferiores: Juan Manuel Sánchez, Orlando Rojas Morera, Eduin Rojas Morea. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—(52664).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Expediente Nº 1255A.—Cooperativa de Caficultores de Palmares R.L., solicita concesión de: 5 litros por segundo de la Quebrada Grande, efectuando la captación en finca de su propiedad en Zaragoza, Palmares, Alajuela, para uso agroindustrial-beneficiado. Coordenadas: 224.400 / 489.600, hoja Naranjo. 5 litros por segundo de la Quebrada Tirra, efectuando la captación en finca de su propiedad en Zaragoza, Palmares, Alajuela, para uso agroindustrial-beneficiado. Coordenadas: 224.200 / 489.600, hoja Naranjo. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 4 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—(52677).

Expediente Nº 8886A.—Octavio Calvo Pérez, solicita concesión de: 1 litro por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Sonia María Murillo Quesada, en Naranjo, Naranjo, Alajuela, para uso agropecuario-riego. Coordenadas: 230.300 / 491.200, hoja Naranjo. Predios inferiores: Rafael Ángel Murillo Jara, Omar Navarro Fonseca, José Francisco Castro Castro. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—(52760).

Expediente Nº 13274P.—Fiduciaria del Occidente S. A., solicita aumento de concesión de: 2,5 litros por segundo del Pozo CJ-73, efectuando la captación en finca de su propiedad en Cuajiniquil, Santa Cruz, Guanacaste, para uso consumo humano doméstico, riego zonas verdes. Coordenadas: 226.111 / 345.839, hoja Cerro Brujo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 15 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(52782).

Expediente Nº 5684P.—Matas de Costa Rica S. A., solicita concesión de: 20 litros por segundo del pozo BO 11, efectuando la captación en finca de su propiedad en Germania, Siquirres, Limón, para uso agropecuario y riego. Coordenadas: 237.855 / 582.328, hoja Bonilla. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 18 de junio de 2009.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(53069).

Expediente Nº 3832P.—Amado Sanchez Oller, solicita concesión de: 0,10 litros por segundo del pozo sin número, efectuando la captación en finca de su propiedad en Liberia, Liberia, Guanacaste, para uso consumo humano - doméstico. Coordenadas 283.600 / 383.900 hoja Monteverde. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 05 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 113608.—(53432).

Expediente Nº 13450A.—Segares S. A., solicita concesión de: 41,7 litros por segundo del río Abangares, efectuando la captación en finca de su propiedad en Colorado, Abangares, Guanacaste, para uso agropecuario - riego. Coordenadas 238.300 / 423.300 hoja Abangares. Predios inferiores: Vera Arce Ramírez, German Vargas Bolaños. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 113761.—(53433).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Expediente Nº 13449A.—Alyasi S. A., solicita concesión de: 5 litros por segundo del río Guacimal, efectuando la captación en finca de su propiedad en Chomes, Puntarenas, Puntarenas, para uso agropecuario y riego. Coordenadas: 234.750/440.521, hoja Chapernal, 5 litros por segundo del río Guacimal, efectuando la captación en finca de su propiedad en Acapulco, Puntarenas, Puntarenas, para uso agropecuario y riego. Coordenadas: 232.500/440.800, hoja Chapernal. Predios inferiores: Lidia Salas Murillo, Víctor Wolt Foriwier. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 18 de junio de 2009.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(53567).

Expediente Nº 13451P.—Citi Trust de Costa Rica S. A., solicita concesión de: 1 litro por segundo del pozo IS-388, efectuando la captación en finca de su propiedad en San Nicolás, Cartago, Cartago, para uso industria. Coordenadas: 209,445/541.150, hoja Istarú. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 23 de junio de 2009.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(53568).

Expediente Nº 9178A.—Sociedad de Usuarios Agua Hermanos Valverde Jiménez San Juan, solicita concesión de: 0,10 litros por segundo del nacimiento Santa Fe, efectuando la captación en finca de Graciela, Roberto, José, Aida, todos Valverde Jiménez, en Corralillo, Cartago, Cartago, para uso consumo humano doméstico. Coordenadas: 197.910 / 529.270, hoja Caraigres. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 23 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 113871.—(53858).

Expediente Nº 8205A.—Mauren Rocío Solís Bolaños, solicita concesión de: 3 litros por segundo de la Quebrada Pinol, efectuando la captación en finca de su propiedad en Guadalupe, Alfaro Ruiz, Alajuela, para uso agropecuario abrevadero, consumo humano, doméstico, agropecuario riego. Coordenadas: 240.400 / 490.800, hoja Quesada. Predios inferiores: Hernán Solís Bolaños, Don Bando S.R.L. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 18 de junio del 2009.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 113890.—(53859).

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE

EDICTO

Nº 123-PTDH-2009-DGTCC.—San José, a los quince días del mes de junio del año dos mil nueve, se tiene por presentada la solicitud por parte del señor Geovanny Pacheco Mora, mayor, casado una vez, contador público, cédula de identidad Nº 1-526-778, y vecino de La Unión de Tres Ríos, provincia de Cartago, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad denominada Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-0114502, solicita autorización para la entrada en operación de dos vehículos cilindreros para el transporte de gas licuado de petróleo en cilindros, los cuales prestarán el servicio a los diversos clientes de la empresa dentro del territorio nacional. Con fundamento en el Decreto Ejecutivo Nº 24813-MAE, se otorga un plazo de ocho días hábiles a partir de la publicación que resulte, en uno de los diarios de mayor circulación en el país y en el Diario Oficial La Gaceta, para que cualquier persona natural o jurídica, que tenga interés o pueda resultar afectada con la operación de los nuevos vehículos, haga llegar a esta Dirección su criterio, opinión u oposición al respecto, aportando toda prueba que la sustente.—San José, a las siete horas del 19 de junio del 2009.—Msc. Óscar Porras Torres, Director General.—1 vez.—(54033).

AVISOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Ante esta Dirección, se ha presentado solicitud de habilitación como notario de Julio Antonio González Jamienson, carné Nº 7684, cédula Nº 302150205, expediente Nº 09-000311-0624-NO, por lo que se solicita a las personas que conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta de éste lo comuniquen a esta Dependencia dentro del plazo de quince días siguientes a esta publicación.—San José, once de mayo del dos mil nueve.—Lic. Roy Arnoldo Jiménez Oreamuno, Director.—1 vez.—Nº 113860.—(53860).

ACUERDOS

Nº 9-2009.—San José, 18 de junio del 2009

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, ACUERDA:

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, se autoriza al señor Steven Alberto Venegas Sandí, portador de la cédula de identidad número uno-mil ciento once-trescientos cuatro, Coordinador de Apoyo de la Oficina Regional del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, ubicada en la ciudad de Puntarenas, para que firme las certificaciones y constancias de hechos civiles que se expidan en la citada oficina, rige a partir de su publicación.—Luis Antonio Sobrado González, Presidente.—Eugenia María Zamora Chavarría, Magistrada.—Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado.—Mario Seing Jiménez, Magistrado.—Zetty Bou Valverde, Magistrada.—1 vez.—(O. C. Nº 93148).—C-14270.—(53625).

Nº 10-2009.—San José, 18 de junio del 2009

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, ACUERDA:

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, se autoriza al señor Daniel Jiménez Altamirano, portador de la cédula de identidad número nueve-ciento ocho-ochocientos once, Coordinador de Gestión en la Sección de Coordinación de Servicios Regionales, para que firme las certificaciones y constancias de hechos civiles que se expidan en la citada oficina, a partir de la respectiva publicación en el Diario Oficial.—Luis Antonio Sobrado González, Presidente.—Eugenia María Zamora Chavarría, Magistrada.—Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado.—Mario Seing Jiménez, Magistrado.—Zetty Bou Valverde, Magistrada.—1 vez.—(O. C. Nº 93148).—C-12770.—(53626).

Nº 11-2009.—San José, 18 de junio del 2009

EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, ACUERDA:

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, se autoriza al señor Mauricio Morales Carvajal, portador de la cédula de identidad número uno-novecientos setenta y cinco- cuatrocientos cincuenta y nueve, Coordinador de Gestión de la Oficialía Mayor del Departamento Civil del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, para que firme las certificaciones y constancias de hechos civiles que se expidan en la citada oficina, rige a partir de su publicación.—Luis Antonio Sobrado González, Presidente.—Eugenia María Zamora Chavarría, Magistrada.—Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado.—Mario Seing Jiménez, Magistrado.—Zetty Bou Valverde, Magistrada.—1 vez.—(O. C. Nº 93148).—C-14270.—(53627).

EDICTOS

Registro Civil-Departamento Civil

OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Expediente Nº 2459-09.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas del quince de junio del dos mil nueve. Raúl Vindas Bermúdez, casado, comerciante, cédula de identidad número seis-cero ochenta y uno-ochocientos cincuenta y siete, vecino de Lomas del Río, Pavas, San José, solicita la rectificación de su asiento de nacimiento… en el sentido que la fecha de nacimiento del mismo es “doce de mayo de mil novecientos cuarenta y siete”. Conforme lo establece el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, publíquese este edicto por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta y se previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derechos dentro del término de ocho días a partir de la primera publicación.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Juan Rafael Madrigal Hernández, Jefe a. í.—Nº 113437.—(53001).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Expediente Nº 3188-2001.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas seis minutos del seis de mayo del dos mil cinco. Diligencias de ocurso incoadas en este Registro por Rocío Enid Adriano Cordero conocida como Rocío Enith Anyell Cordero, costarricense, soltera, estilista, cédula número uno-setecientos veintitrés-cuatrocientos noventa y uno, vecina de Guápiles, Pococí, Limón, tendente a la rectificación del asiento de nacimiento de su hijo Dylan de Jesús Chacón Adriano, que lleva el número trescientos setenta y siete, folio ciento ochenta y nueve, del tomo doscientos sesenta y cinco, de la Sección de Nacimientos de la provincia de Limón, en el sentido que es hijo de “Alexis Aguilar Jiménez y Rocío Enid Adriano Cordero, costarricenses” y no de “César Chacón Mora y Rocío Enid Adriano Cordero, costarricenses” como aparece actualmente consignado. Se confiere audiencia por ocho días a los señores Alexis Aguilar Jiménez y César Chacón Mora, con el propósito que se pronuncien. De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, se ordena publicar por tres veces el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, para que los interesados dentro de ocho días posteriores a la primera publicación, aleguen sus derechos. Notifíquese.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—Nº 113790.—(53436).

AVISOS

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de solicitud de naturalización

Juan Pérez Alas, mayor, soltero, gondolero, salvadoreño, cédula de residencia 220-123840-6404, vecino de San José, expediente 1143-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintidós de abril de dos mil nueve.—Lic. Erick Guzmán Vargas, Director General a. í.—1 vez.—(53527).

Wendy Elizabeth Palacios Rugama, mayor, soltera, ayudante de chofer de buseta escolar, nicaragüense, cédula de residencia 135-RE-059476-00-1999, vecina de San José, expediente 312-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintisiete de mayo de dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(53532).

Mayelin De León Barbería, mayor, divorciada, enfermera, cubana, cédula de residencia 315-191978-006520, vecina de Puntarenas, expediente 4111-2006. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintiséis de mayo de dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(53557).

Jorge Geraldo González Varela, mayor, casado, pensionado, chileno, cédula de residencia 425-76166-706, vecino de San José, expediente 2551-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintiocho de mayo de dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(53561).

Kely Alcira Armas Magallanes, mayor, soltera, docente, peruana, cédula de residencia 160400014307, vecina de San José, expediente 1879-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, dieciocho de mayo de dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(53590).

Yesibet Nila Rivera Carranza, mayor, soltera, contadora, peruana, cédula de residencia Nº 160400135214, vecina de San José, expediente Nº 2153-2008, se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 18 de mayo del 2009.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(53610).

Jialiang Chen Wu conocido como Ka León Chen, mayor, casado, comerciante, chino, cédula de residencia 626-106042-3033, vecino de San José, expediente 2738-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones número 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, dieciocho de mayo de dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(53645).

Jack Perella Orman conocido como Jack Orman Perella, mayor, casado, profesor pensionado, estadounidense, carné de residente rentista dependiente Nº A-9336, vecino de San José, expediente Nº 2325-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintiséis de mayo del dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—Nº 113948.—(53861).

Brigitte Helene Jost Bruckner conocida como Brigitte Helene Perella, mayor, casada, inversionista, alemana, carné de residente rentista Nº 9336, vecina de San José, expediente Nº 2324-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintisiete de mayo del dos mil nueve.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—Nº 113949.—(53862).

Wálter David Meza Reyes, mayor, soltero, bodeguero, nicaragüense, cédula de residencia Nº 155802993705, vecino de San José, expediente Nº 1624-2008. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 27 de mayo del 2009.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(54036).

RESOLUCIONES

R-SC-04-2009.—Despacho de la Subcontralora General.—San José, a las diez horas del quince de junio de dos mil nueve.

Considerando:

I.—Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131, inciso L), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre del 2006), corresponde a esta Contraloría General la fijación de las tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la Administración.

II.—Que con base en la resolución número RRG-9823-2009 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, emitida a las catorce horas con quince minutos del dos de junio de dos mil nueve (Expediente Nº ET-052-2009), publicada en La Gaceta Nº 113 de 12 de junio del 2009, así como la devaluación del colón observada al día 11 de junio del 2009, esta Contraloría General procedió a la actualización de los montos de kilometraje fundamentada en el modelo por medio del cual determina las tarifas de arrendamiento de vehículos.

RESUELVE:

Autorizar a aquellos entes públicos a los que esta Contraloría General les ha aprobado el Reglamento respectivo, el reconocimiento de pago de las tarifas que seguidamente se detallan:

Antigüedad del

vehículo en años   Vehículo rural¹         Vehículo liviano² Motocicleta

                 Gasolina    Diesel         Gasolina         Diesel

                                                                 A³         B⁴

0                      236,45     221,05     142,35  193,95  164,90       46,55

1                      209,20     193,45     128,30  172,30  147,65       44,20

2                      193,35     177,30     120,25  159,80  137,70       43,00

3                      184,45     168,00     115,80  152,75  132,05       42,45

4                      179,60     162,85     113,45  148,95  129,05       42,35

5                      177,30     160,15     112,45  147,15  127,65       42,35

6                      176,45     158,95     112,15  146,50  127,15       42,35

7                      170,15     152,25     109,05  141,55  123,15       42,35

8                      164,60     146,40     106,35  137,20  119,70       42,35

9                      159,75     141,20     104,05  133,40  116,70       42,35

10 y más              155,55     136,65     102,05  130,10  114,05       42,35

¹ Quedan incluidos dentro de la categoría de vehículos rurales, los que cumplan simultáneamente con los siguientes tres requisitos:

•    Que su carrocería sea tipo rural, familiar o “pick up”.

•    Que su motor sea de más de 2200 (dos mil doscientos) centímetros cúbicos.

•    Que sea de doble tracción.

² Todos los vehículos que no clasifiquen dentro de la categoría rural descrita en el punto anterior y que no sean motocicletas, se clasifican como vehículos livianos.

³ Vehículos con motor de hasta 1600 (mil seiscientos) centímetros cúbicos.

⁴ Vehículos con motor de más de 1600 (mil seiscientos) centímetros cúbicos.

Rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Publíquese.—Marta E. Acosta Zúñiga, Subcontralora General de La República.—1 vez.—(O. C. Nº 90340).—C-66520.—(53037).