PROYECTOS

DECLARATORIA DEL CABALLO COSTARRICENSE DE PASO COMO SÍMBOLO NACIONAL DE LA FAUNA TERRESTRE DE COSTA RICA

Expediente N.° 24.101

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley propone declarar como “Símbolo Nacional de la Fauna Terrestre de Costa Rica” al Caballo Costarricense de Paso, porque ha estado al lado de los costarricenses en el desarrollo de la economía, la cultura y las tradiciones de los pueblos, por varios siglos.

Origen del caballo

Es claro que el caballo tiene su origen en el nuevo continente, o sea América. Esta afirmación se basa en los fósiles encontrados en Norte y Sur América que indican la existencia, hace 60 millones de años de un animal pequeño de 30 cm de alzada, con cuatro dedos (Eohippus), su cráneo con molares de corona corta que le permitía vivir en ambientes selváticos como ramoneador. Luego evolucionó hace 30 millones de años a un animal tridigitado (Mesohippus), tres dedos con uno central más fuerte y desarrollado, con 45 cm de alzada y con molares siempre de corona corta, continuaba siendo ramoneador, era más veloz, de reflejos rápidos y visión lateral. Posteriormente evoluciona hace 20 millones de años a un animal de 80 cm de alzada, con tres dedos, dos como vestigios rudimentarios, reducidos y un dedo central fuerte que le soportaba su peso, comía pasto y dormía parado (Merychuppus). Finalmente evoluciona hace 10 millones de años a un animal de 120 cm de alzada, un solo dedo y capaz de realizar grandes migraciones (Pilohippus). De este animal se encuentran los últimos vestigios de la existencia del caballo en América por lo que se considera una evolución rota o discontinua, debido a razones geológicas y climáticas de las que no se conoce una explicación determinante. BELLIDO MINGUEZ DON GABRIEL. Orígenes del caballo andaluz. Comunicación presentada al XVIII Congreso de las Ciencias. Profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Zootecnia. Helvia.uco. es.

No se conoce con exactitud las razones por las cuales emigraron por el estrecho de Bering, pero debido a la masiva evidencia en fósiles hallados se determina que esta migración le permite continuar su proceso evolutivo en el viejo continente (Asia y Europa), donde se encuentran evidencias de evolución a partir del Pilohippus y su sucesor el Prezewalski, animal más parecido a un caballo. Al prezewalski, descubierto en el desierto de Gobi, Mongolia, es al que se atribuye ser el antecesor del primer caballo, como se le conoce hoy, el tarpán.

El Prezewalki da origen a tres Tarpanes, uno, el de la Tundra que tiene poca importancia respecto al caballo que nos interesa, debido a que no incide en el origen del caballo reintroducido en América durante la conquista española del Nuevo Mundo, incidencia que por el contrario si la tuvieron los otros dos tarpanes. Uno de ellos que emigró hasta la Península Ibérica y el otro lo hizo hacia Arabia en travesía por Jordania, estrecho de Suez hasta llegar al Norte de África.

En el primer caso se origina en la Península Ibérica el caballo español o andaluz y en el segundo, en el norte africano, desarrollado en el desierto del Sahara, el caballo berberisco.

Se puede decir que, aunque menos evolucionado que el caballo actual, este aparece en la región septentrional entre los paralelos 0° y 10° donde dentro de los procesos de glaciación, era la región que presentaba las zonas ecológicas más adecuadas para su desarrollo y el de muchas especies de animales.

Así, los caballos pertenecieron a cuatro diferentes tipos según se adaptaron a las diferentes regiones ecológicas de la región septentrional, el caballo de las montañas, de las estepas, de las mesetas y de los llanos. De estos se originan todas las razas existentes.

Cossert Ewar. Documentos de trabajo. BELLIDO MINGUEZ DON GABRIEL. Orígenes del caballo andaluz. Comunicación presentada al XVIII Congreso de las Ciencias. Profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Zootecnia. Helvia.uco. es.

Repoblación del caballo en América

La repoblación de América comenzó con el envío de cinco yeguas y veinte caballos españoles que zarparon con Cristóbal Colón en su segundo viaje hacia la conquista de América. EL PAÍS Ciencia / Materia, por José Segovia.

Los animales fueron enviados por orden de los reyes católicos, llegaron a “La Isla” llamada (Kisquella) actual República Dominicana. El embarque zarpó por el Atlántico, Sevilla, Andalucía, del Golfo de Cádiz, puerto del mismo nombre, el 25 de setiembre de 1493, siglo XV, llegan a las islas del Caribe el 4 de noviembre de ese mismo año, donde se reprodujeron en manadas. La historia nos dice que los primeros caballos llegaron en 17 embarcaciones, tres galeones y 14 carabelas con 1500 acompañantes. Posteriormente en el siglo XVI se trasladan a Centro América y México para acompañar la conquista del Nuevo Mundo. https://www.scielo.sld.cu, 10 de abril de 2020.

Para emprender su segundo viaje, Cristóbal Colón siendo engañado por los tratantes de caballos, trajo animales de muy mal aspecto, los llamados “matalones”, según reza en innumerables libros. Esto resultó providencial para la ganadería caballar de América rural ya que se recolectaron caballos de las marismas del Guadalquivir, poco vistosos y de escasa alzada, de aspecto pequeño y ruin, pero muy fuertes, insuperables para el trabajo, resistentes a las duras travesías en las que la comida y agua escaseaban, robustos y ágiles monturas, lo que los hacía adecuados para adaptarse a los espacios naturales que se encontrarían en América. https://www.elimparcial.es, Borja Cardelús – Hispanista y escritor, 18 de junio de 2016.

El caballo marismeño

De origen andaluz y con aporte de sangre del caballo norteafricano, el marismeño fue capturado en las marismas del Guadalquivir y en la Retuerta del Parque Natural Doñana. Es una raza autóctona del Área Natural Doñana, municipio de Almonte (Huelva), comunidad autóctona de Andalucía, que se encuentra mayoritariamente en las marismas con una población más aislada en las retuertas. Esta es una larga y fértil porción de territorio que une la marisma con tierra firme.

Es una raza de caballo asilvestrado muy robusto, rústico, resistente a las enfermedades, adaptado a una dieta muy variada y a largos períodos de sequía y de poca alzada para poder transportarlos en pequeñas embarcaciones. Su alzada era de siete cuartas de 21 cm cada una o sea en promedio 1,47 cm de altura a la cruz. Señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que todos los caballos americanos descienden de la raza marismeña.

In Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. P° Infanta Isabel, 1 28014, Madrid (España).

El ADN ha demostrado cumplidamente que las yeguadas y/o manadas americanas proceden de los caballos marismeños y de Retuerta. El ADN de un caballo del siglo XVIII hallado en el fondo del río Guadalquivir ha resultado clave para una investigación publicada en la revista “Science” que reescribe la llegada de los caballos españoles a América y confirma que las manadas de caballos americanos tuvieron su origen en los caballos marismeños y de Retuerta que llegaron con Colón en el siglo XV.

https://www.elconfidencial.es El Confidencial Tecnología – Ciencia.

Es el caballo marismeño cuya sangre nos acompaña por más de 450 años, el fundamento y base del caballo existente en Costa Rica. Período a través del cual, debido a la visión y pretensión de criadores costarricenses, evoluciona a lo que hoy para el orgullo tico, es la raza nacional oficialmente denominado caballo costarricense de paso.

El caballo en Costa Rica

El caballo en Costa Rica es el producto de 4 siglos de selección del caballo marismeño, el cual resultó ser un animal fuerte, que se adaptó a las nuevas condiciones ecológicas y de manejo, con notable capacidad para resistir enfermedades exóticas debido a su rusticidad. De Centroamérica, vía Panamá fueron trasladados por Francisco Pizarro en 1541 para ser utilizados en la conquista del Perú, donde se establecieron principalmente en las haciendas de la costa norte del Perú y en las afueras de Lima. Así se contó con un caballo de paso diagonal indispensable para la guerra y las exigencias de la conquista y otro caballo, el mismo marismeño que, por ser utilizado para el transporte entre los 49 valles del Perú, con el tiempo evolucionó y adaptó a un paso llano o lateral, muy apropiado para el trabajo en las haciendas.

Por su parte, en Costa Rica se debe hacer notar que tanto en la provincia de Cartago como en el resto del Valle Central se evidencia en los pobladores una especial afición y predilección por el caballo, no solo por su utilidad para el trabajo cotidiano en las labores del campo, repartiendo leche, jalando cargas de leña, como medio de transporte, indispensable en la ganadería, sino también como una pertenencia muy apreciada por las satisfacciones deportivas y de tipo social que les podía ofrecer. El caballo en Costa Rica ha estado al lado del campesino costarricense, tanto en el desarrollo de la economía, como en la cultura y tradiciones de los pueblos, a pesar de que por la pobreza en que se vivía, no toda persona por aficionada que fuere podría poseer uno de estos ejemplares.

(CARAZO ALFARO M. y SOLÓRZANO SOTO R., HISTORIA DE LA RAZA CABALLO COSTARRICENSE DE PASO, Ascacopa, recopilación libre, julio de 2007, 13pg.). (SOLORZANO SOTO R. Surgimiento de la raza Caballo Costarricense de Paso. El papel de Janitzio en su formación, Ascacopa, marzo de 2010, 6pg.). (SOLORZANOSOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Durante la Conquista y gran parte de la Colonia hasta principios del siglo XIX, el desarrollo de la yeguada nacional no tiene mayor importancia como raza, sino únicamente como un tipo de animal de trabajo, de selección rudimentaria y natural; sin embargo, de 1800 en adelante se percibe un pequeño crecimiento económico, muy evidente del año 1850 a 1900 donde, como consecuencia de las primeras exportaciones de café a Europa, algunos aficionados a la hípica nacional se permiten dar el lujo de poseer mejores animales, lo que se da principalmente a través de cierta selección dentro del material genético existente. Asimismo, con el ir y venir de barcos a Europa y Perú se culmina la ilusión de algunos caballistas de poder importar ejemplares que dan bastante realce a la yeguada nacional.

(CARAZO ALFARO M. y SOLÓRZANO SOTO R., HISTORIA DE LA RAZA CABALLO COSTARRICENSE DE PASO, Ascacopa, recopilación libre, julio de 2007, 13 pg.).

Con el relativo despegue económico se importan caballos del Perú, particularmente de paso diagonal, indispensable para las batallas, con patas delgadas, no por ello débiles y unos pies muy estrechos, cualidades que le permiten alcanzar una gran velocidad en el trote y el galope, encontrándose por sus aportes, que fue base determinante para el mejoramiento del hato nacional ya que con su introducción se logra brío, elegancia y suavizar un poco los andares del caballo existente en el país. Por su importancia en la conformación de nuestra raza, es de mencionar que en el año 2012 se extinguió uno de los pocos ejemplares existentes de ese tipo de caballo peruano de paso diagonal. En su lugar se fortaleció el de andar lateral convirtiéndose en raza autóctona protegida por Decreto de Ley Peruano N.° 25.919 de 28 de noviembre de 1992.

(CARAZO ALFARO M. y SOLÓRZANO SOTO R., HISTORIA DE LA RAZA CABALLO COSTARRICENSE DE PASO, Ascacopa, recopilación libre, julio de 2007, 13 pg.).

Posteriormente, en las primeras tres décadas del siglo XX se importan caballos de España de tipo andaluz para renovar sangre y aportar raza a la yeguada costarricense. Estos animales ibéricos cuentan con un sustento genético determinante en el caballo de silla de la región de Andalucía, el cual se desarrolla a partir de la cruza entre el caballo norteafricano con la yeguada Cartujana, la que protegieron los padres Cartujos del asedio militar durante la ocupación Napoleónica en España que, sin ser una estirpe definida al inicio, se convirtió en lo que posteriormente fue reconocido como caballo andaluz, “caballo de reyes”.

(CARAZO ALFARO M. y SOLÓRZANO SOTO R., HISTORIA DE LA RAZA CABALLO COSTARRICENSE DE PASO, Ascacopa, recopilación libre, julio de 2007, 13 pg.). (SOLORZANO SOTO R. Surgimiento de la raza Caballo Costarricense de Paso. El papel de Janitzio en su formación, Ascacopa, marzo de 2010, 6 pg.). (SOLORZANOSOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.). Ejemplo de estos, aún se recuerda en el país caballos andaluces como Aldeano, Joffre, Descarado y Descaradito.

El caballo costarricense de paso, también llamado “criollo costarricense” que quiere decir “individuo de padres europeos nacido en América”, se origina en yeguas criollas traídas por los españoles en la época de la conquista. Eran yeguas de padres europeos marismeños. Sin embargo, al reproducirse o cruzarse en Costa Rica dejaron de ser criollos para convertirse en un caballo sobresaliente que gustó mucho por funcional, ya adaptado a las condiciones ecológicas y geográficas del trópico, que en el caso nuestro fueron la base de lo que hoy conocemos como el caballo costarricense de paso.

(CARAZO ALFARO M. y SOLÓRZANO SOTO R., HISTORIA DE LA RAZA CABALLO COSTARRICENSE DE PASO, Ascacopa, recopilación libre, julio de 2007, 13 pg.). (SOLORZANO SOTO R. Surgimiento de la raza Caballo Costarricense de Paso. El papel de Janitzio en su formación, Ascacopa, marzo de 2010, 6 pg.). (SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Es un caballo ligero, de sangre caliente, producto de una cría selectiva, de mejora constante en cuanto a su cuidado y manejo, basado en los avances tanto en la agricultura y tecnología, como en las prácticas comerciales a través de los años. Es un caballo de montura y no de enganche, aunque quién no se acuerda del “caballo de carretón” o el de repartir hielo y leche que recorría nuestros pueblos y ciudades. Principalmente de montura porque en las regiones montañosas, como las de Costa Rica, era más fácil viajar montados a caballo que sentados en carreta, aun cuando el caballo fuera pequeño como lo fue al inicio del proceso de desarrollo de la raza.

El ser un caballo de silla liviano, definido como de lujo, brioso por excelencia, de andares suaves y muy cómodos para el más exigente de los jinetes, le permite ser muy funcional para monta de placer, paseo, trasladarse en largas jornadas, trabajar con ganado en partes planas y montañosas, para deportes, pruebas de rienda y adiestramiento.

(CARAZO ALFARO M. y SOLÓRZANO SOTO R., HISTORIA DE LA RAZA CABALLO COSTARRICENSE DE PASO, Ascacopa, recopilación libre, julio de 2007, 13 pg.). (SOLORZANO SOTO R. Surgimiento de la raza Caballo Costarricense de Paso. El papel de Janitzio en su formación, Ascacopa, marzo de 2010, 6 pg.). (SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Nace el caballo costarricense de paso como raza oficial

El concepto de raza costarricense se origina en las primeras importaciones del caballo traído del Perú a mediados del siglo XVIII que, aprovechando la fortaleza, fondo y nobleza de las yeguas ya costarricenses, aportaron belleza, suavidad de paso, cuellos hermosos, bellas cabezas y lo rijoso, que quiere decir: inquieto y alborotado a vista de la hembra, lujurioso y sensual. A la vez comparte honores la introducción de caballos provenientes de la región de Andalucía, con alzada y tamaño clásico de un caballo de silla de estirpe Cartujana con sangre berberisca de los caballos utilizados por los moros conquistadores por 800 años en todo el sur de la Península Ibérica.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo costarricense de paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

La entrecruza de estas sangres junto con la adaptación a los barriales y empinados cerros con que se enfrentaron constantemente estos animales, con el tiempo dio como resultado un caballo enérgico de pasitrote, no boleador, con buenas elevaciones y facilidad para trotar, que constituye desde el punto de vista genético una verdadera raza y no un híbrido. El producto obtenido es generalizado, con suficiente valor genético transmisible para dar características bien definidas y heredables de generación en generación.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

La búsqueda del caballo idealizado por los ganaderos cartagineses en los años 30, se hizo realidad. Es necesario hacer notar que el desarrollo de nuestra raza nacional caballo costarricense de paso no tiene su origen en un determinado semental, a pesar que siendo justos hay algunos padrotes de excelencia que marcaron el norte de lo que hoy se tiene y que influenciaron notablemente el proceso de cría hasta llegar al prototipo actual.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Hay que hacer honor a la yeguada nacional, en particular a la cartaginesa, pie de cría mejorado de lo que existía en el país, que aportó lo suyo al cruzarse con los sementales seleccionados para la búsqueda de un tipo de caballo idealizado.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Criadores visionarios y con buen conocimiento del arte de la cría proyectaron un ideal de caballo y lo buscaron cuidadosamente hasta alcanzarlo. El primero de estos, que se le otorga mérito tanto por lo que transmitió de características deseables a su descendencia, como porque su tipo se acercó en mucho al prototipo de caballo que se pretendía, fue el denominado Janitzio.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

En la provincia de Cartago (años de 1930) existía una inquietud entre ganaderos y agricultores que buscaban con gran ilusión llegar a tener un determinado tipo de caballo, el cual se lo imaginaban en las acostumbradas tertulias entre familiares, amigos y conversaciones durante las jornadas de trabajo, como nos lo cuenta don Jorge Rossi Chavarría en su libro “La traición de los leales”, cuando indica:

Recuerdo haber oído largas conversaciones de mi padre (don José Rossi) con don Ruperto (Molina) y posteriormente con don Hernán Molina, también con los señores Coto, especialmente don “Beto Coto” quien fue íntimo amigo de mi padre; a mí me quedó muy claro siempre que ellos buscaban producir un tipo de caballo que fuera muy bueno para jornada, bueno para mal camino, al mismo tiempo elegante para una cabalgata, para un paseo o evento social, con mucho brío y mucho coraje; se apreciaba el balance de cabeza y cuerpo, agradaba mucho el pasitrote por aquello de las jornadas largas y el trote por la elegancia; tenían en alta estima una serie de características: el aplomo de las patas, la posición de la cola, de cuello y cabeza, pero sobre todo el brío, el coraje y la nobleza eran características que se requería de los grañones, las yeguas de cría y de los caballos de trabajo.

En el intento y con la utilización de un caballo peruano importado por Alberto Montes de Oca, el Lirio, al cruzarlo con una yegua cartaga llamada la Cota, por fin se logra el producto deseado cuando nace un caballo que con el tiempo mostraría sus características particulares como se buscaba, Janitzio, criado por Alfredo Meneses Sánchez.

(SOLORZANOSOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

No se conoce con exactitud toda la prole que dejó Janitzio; sin embargo, se habla de seis animales muy reconocidos, El Cisne, Doña Sol, La Gardenia, Tulipán, La Janitzia y Guajiro, de los que se puede encontrar más descendencia como Medias Blancas, Campanero y Bambalina, todos en línea directa del que se ha de llamar por mérito propio, fundador de la raza caballo costarricense de paso.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricense de Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Luego de algunos años de haberse iniciado el proceso de cría con criterios claros de la raza, se abre por parte del Gobierno el Libro de Registro, el que luego es traspasado a la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (Ascacopa), asociación determinante en la conformación de la raza, su consolidación y baluarte indiscutible en la administración de este registro público, así como en la introducción de mejoras e innovaciones como su Programa de Valoración Genética por medio del ADN. Con esto, en los años de 1930 se inicia el proceso dirigido a producir un tipo de animal bastante definido y generalizado, que a través de los últimos años ha probado tener suficiente valor genético transmisible para dar características definidas. Es así como tuvo origen la raza nacional denominada “caballo costarricense de paso”, raza que se establece y legaliza oficialmente, el 13 de noviembre de 1972.

(SOLORZANO SOTO R. Caballo Costarricensede Paso. Fundación y Proceso de Purificación, Ascacopa, agosto de 2009, 6 pg.).

Historia reciente

·       Año 1969. Se organiza una exposición en el Campo de Ayala, Cartago con la motivación de agrupar a los criadores en una asociación. Esto por cuanto Carlos Herrero Alfaro consideraba que existía una importante base genética para promover la creación de una agrupación de criadores y para la formación de una raza autóctona costarricense.

·       Año 1970. Se trabaja en una selección subjetiva de la cría caballar existente en el país por más de 150 años.

·       Año 1972. En San José, el 13 de noviembre se funda la Asociación y oficialmente se establece la raza caballo costarricense de paso.

(Carazo Alfaro, Manuel. Historia del Caballo Costarricense de Paso. Hermanos Carazo Segovia, primera edición, 2023, 154 p.).

·       Año 1974. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) inicia el Registro de Fundación de la raza. La Asociación define el estándar racial y trabaja en el mejoramiento del reglamento y normas de registro.

·       Año 1990. El Gobierno de la República transfiere a Ascacopa el Registro Genealógico del Caballo Costarricense de Paso para su administración.

(La Gaceta N.° 82, 2 de mayo de 1990, Decreto Ejecutivo N.°19564-MAG. Reglamento para el Registro de la Raza de Caballo Costarricense de Paso, pg 7.)

·       Año 1980. Se declara de Utilidad Pública a la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso.

(La Gaceta N.° 115, 18 de junio de 1980 Decreto Ejecutivo N.° 563-G. Se declara a la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso de utilidad pública).

·       Año 1994. Se declara Raza Nacional de Costa Rica al Caballo Costarricense de Paso.

(La Gaceta N.° 94, 17 de mayo de 1994, Decreto Ejecutivo N.° 231213-MAG. Caballo Costarricense de Paso, Raza Nacional de Costa Rica).

·       Año 2023. Se produce y oficializa la canción propia del Caballo Costarricense de Paso.

Autor, letra y música, Denis Zúñiga.

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARATORIA DEL CABALLO COSTARRICENSE DE PASO

COMO SÍMBOLO NACIONAL DE LA FAUNA

TERRESTRE DE COSTA RICA

ARTÍCULO 1-     Declaratoria

Se declara el caballo costarricense de paso, “Equus Caballus” por su forma doméstica o “Equus Ferus” por su forma silvestre, Símbolo Nacional de la Fauna Terrestre de Costa Rica, porque ha estado al lado de los costarricenses en el desarrollo de la economía, la cultura y las tradiciones de los pueblos.

ARTÍCULO 2-     Competencia institucional

Le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería hacer cumplir todas las leyes y los convenios internacionales que estén relacionados con la protección y cuido de los caballos.

ARTÍCULO 3-     Programas de educación y sensibilización

Las instituciones de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas y públicas deberán promover y colaborar en programas de educación y sensibilización dirigidos a la protección y cuido del caballo.

Rige a partir de su publicación.

Alejandro José Pacheco Castro

Diputado

NOTA:                El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024838675 ).

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS

PARA LA CONDONACIÓN DE DEUDAS POR EL

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LA URBANIZACIÓN

CALICHE ACUMULADAS AL 31

DE ENERO DEL 2022

Expediente N.° 24.132

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley propone autorizar a la Municipalidad de Poás para que pueda condonar las deudas adquiridas por parte de las familias de la Urbanización Caliche en el distrito de Sabana Redonda por el concepto del tratamiento de aguas residuales.

La Urbanización Caliche es un proyecto de vivienda de interés social, que como requisito para el desarrollo del mismo se le construyó una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual desde el momento en que entró en operación para el año 2013 no funcionaba correctamente, ocasionando serios problemas de contaminación por malos olores y disposición de aguas residuales en la Quebrada El Tigre sin tratar, situación que se agravó por la negativa por años de la Municipalidad de Poás de recibir y operar la Planta, función que le correspondía por ser el operador del servicio de agua potable en la zona de Sabana Redonda de Poás.

Es hasta el 2019 que la Municipalidad de Poás después de realizar algunas mejoras insuficientes comienza a cobrar el servicio de alcantarillado sanitario, a pesar de que a esa fecha la Planta de Tratamiento aún tenía problemas operativos y denuncias activas ante el Tribunal Ambiental por contaminación.

Para el funcionamiento de la misma se fijó una tarifa con un modelo de costos excesivos para una planta de tratamiento de pequeña escala, de conformidad con las pocas viviendas del proyecto, además de que no se consideró que este era de interés social, razón por la cual los vecinos no estuvieron conformes con el Acuerdo Municipal 1927-02-2019 que aprobó el modelo tarifario y fue apelado ante el Consejo Municipal por no contar con estudios socioeconómicos para determinar la capacidad de pago de las familias afectadas, apelando al principio de Justicia Tributaria.

Dicho recurso de apelación presentado por los vecinos de la comunidad El Caliche, fue resuelto a través del Acuerdo Municipal 2320-10-2019, tomado en la sesión ordinaria 179-2019 y correspondiente al día 01 de octubre del 2019, el Concejo Municipal local determinó:

“POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: PRIMERO: Rechazar el Recurso Extraordinario de Revisión presentado contra del Acuerdo 1927-02-2019, de la sesión 148-2019 celebrada el día 26 de febrero del 2019 por no presentarse vicio; de nulidad absoluta. SEGUNDO: informar a los recurrentes que, contra la resolución de fondo emitida por el Concejo sobre este recurso extraordinario, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del quinto día hábil”.

Los vecinos continuaron realizando gestiones, solicitando un nuevo estudio tarifario y procedieron a presentar un proceso de jerarquía impropia, que durante el tiempo que transcurrió para resolverse se acumuló una cuenta por cobrar para los vecinos de Urbanización Caliche por la suma de ¢43,349,234.27 (millones de colones), con corte al 31 de enero de 2022, deuda que nace de una tarifa injusta, mal estructurada desde su modelo de costos y agravada por una estrategia de facturación que incumple la normativa de ARESEP en cuanto a que los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario deben cobrarse en una única factura mensual.

Es a partir del 1 de febrero del 2023 que la municipalidad opera la planta con una nueva tarifa más justa con los afectados, producto de reducir costos especialmente de recurso humano ya que en la nueva tarifa solo se aplica una hora diaria de operador mientras que en la original se cargaba el costo mensual completo de un técnico en tratamiento de aguas residuales, tarifa que se pretende bajar aún más con la instalación de paneles solares para eliminar otro gran componente del costo incluido en la tarifa como lo es la energía eléctrica, necesaria para la operación de los equipos de la PTAR.

En la actualidad la Planta de Tratamiento opera cumpliendo todos los parámetros establecidos en el reglamento de vertidos. Asimismo, la nueva tarifa integra el costo del servicio del alcantarillado y el tratamiento a la factura por servicio de agua potable y alcantarillado, situación que en el pasado se facturaba por separado y es a partir de esta fecha que los vecinos iniciaron el pago por la planta, teniendo un comportamiento normal en cuanto al pago, reduciendo la morosidad sustancialmente.

En un arreglo de pago para el usuario promedio que debe 650,278.96 colones, deberá cancelar la suma de 36,111.00, por amortización de la deuda, más intereses correspondientes al arreglo de pago y, adicionalmente, pagar el recibo mensual correspondiente al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, lo cual es oneroso para familias de bajos ingresos como lo son, en su mayoría, los habitantes de la Urbanización Caliche, debido a que deben destinar alrededor de 50,000 colones mensuales para el pago de una deuda y el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, so pena de que no hacerlo significa el riesgo de enfrentar un cobro judicial y eventualmente la pérdida de la vivienda.

Durante la semana del 2 de enero de 2024 los afectados han recibido notificaciones de cobro administrativo, urgiendo el pago, de lo contrario se procederá al cobro judicial, lo cual ha puesto a todos los deudores en gran angustia sobre la posibilidad de perder sus hogares debido a la incapacidad del pago y tener que contratar abogados para defender sus escazas pertenencias, siendo esta una población de escasos recursos que poseen una vivienda a través de un proyecto de interés social gracias a un bono.

Tomando en cuenta la situación económica de los afectados, que los cobros a partir de febrero de 2023 se pagan con normalidad, que en caso de no pago se suspende el servicio de agua potable y por ende al no haber agua tampoco se genera agua residual, tal y como opera el sistema en todo el país, evitando la acumulación de cuentas por cobrar por más de un mes y que el cobro judicial será por una cuenta que se acumuló por los tres años, que tardó el proceso de jerarquía impropia en el Juzgado Contencioso, es que se solicita la autorización para que la Municipalidad de Poás pueda condonar la deudas acumuladas hasta el 31 de enero del 2022, por el servicio de tratamiento de aguas residuales prestado en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Urbanización Caliche, la cual durante parte del periodo de cobro incumplía con los parámetros de vertido y, por tanto, se cobraba por un servicio de tratamiento que nunca se dio.

Por las razones expuestas, se presenta a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS

PARA LA CONDONACIÓN DE DEUDAS POR EL

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LA URBANIZACIÓN

CALICHE ACUMULADAS AL 31

DE ENERO DEL 2022

ARTÍCULO 1-          Autorización

Se autoriza a la Municipalidad de Poás para que otorgue la condonación total por una única vez, de las deudas acumuladas por el monto principal, intereses y multas, al 31 de enero del 2022, por el concepto de servicio de tratamiento de aguas residuales de la planta de tratamiento de la Urbanización Caliche, ubicada en el distrito de Sabana Redonda en el cantón de Poás.

ARTÍCULO 2-          Beneficiarios

Los beneficiarios de la presente ley serán los propietarios de viviendas dentro de la Urbanización Caliche que posean deudas pendientes con la Municipalidad de Poás por el concepto de servicio de tratamiento de aguas residuales acumuladas al 31 de enero del 2022.

Rige a partir de su publicación.

María Daniela Rojas Salas

Diputada

NOTA:        El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024838676 ).

REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER

LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL

 Expediente N.°24.133

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Policía Profesional de Migración y Extranjería es uno de los cuerpos policiales que define el artículo 6 de la Ley General de Policía, N.° 7410, del 26 de mayo de 1994 y sus reformas. Este cuerpo policial, especializado en la vigilancia y el control de la migración, está adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía, según lo regulado en el artículo 15 de la Ley N.° 8764, Ley General de Migración y Extranjería, del 19 de agosto de 2009.

La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), adolece de una grave falta de personal para realizar las labores cotidianas en todo el país. Esto impacta en la capacidad para combatir la criminalidad organizada transnacional y para colaborar con los demás cuerpos de policía. Se requieren recursos para fortalecer la capacidad de este cuerpo policial para reducir la porosidad de zonas fronterizas como la de Peñas Blancas; porosidad que es aprovechada por el crimen organizado para realizar el traslado de armas, drogas, personas explotadas y recursos generados por esas actividades delictivas.

El artículo 11 de la Ley N.° 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, se dispuso la distribución de los recursos recaudados por concepto del impuesto creado.

Así, en el mencionado artículo 11 se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al OIJ del Poder Judicial.  El artículo 11 vigente indica:

ARTÍCULO 11-        Destino del impuesto

Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a)  Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.  Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b)  Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.  Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo. 

c)  Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen.”

Para el año 2021, se presentó una iniciativa del diputado José María Villalta, en cual se solicitaba un porcentaje del 5% por concepto al impuesto de personas jurídicas, asignadas mediante la Ley N.° 9428, a favor de la Policía Profesional de Migración.

A la postre, el proyecto fue dictaminado negativo debido a que una restructuración de los ingresos provenientes de ese impuesto impactaría la operación del Ministerio de Seguridad Pública de manera negativa. 

De esta forma, los recursos recaudados por concepto del impuesto a las personas jurídicas se destinan en su totalidad a fines relacionados con seguridad pública. No obstante, dada esta distribución que define la ley vigente, uno de los cuerpos policiales encargados de la seguridad pública queda excluido de la recepción de recursos provenientes de esta fuente: la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Es por las razones anteriormente indicadas que se propone readecuar los porcentajes de los incisos b) y c), con el fin de no recortar el porcentaje del inciso a). Con ello, se busca, adicionar un inciso d) y reformar a la baja los incisos b) y c). 

La actual distribución de los recursos recaudados por el impuesto a las personas jurídicas, este cuerpo policial queda excluido, puesto que, como se ha señalado, no pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que está adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía.

Se reitera, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) adolece de una grave falta de personal para realizar las labores cotidianas en todo el país. Esto impacta en la capacidad para combatir la criminalidad organizada transnacional y para colaborar con los demás cuerpos de policía. Se requieren recursos para fortalecer la capacidad de este cuerpo policial para reducir la porosidad de zonas fronterizas como la de Peñas Blancas; porosidad que es aprovechada por el crimen organizado para realizar el traslado de armas, drogas, personas explotadas y recursos generados por esas actividades delictivas.

Ahora se ha incrementado la visitación turística y se hace necesario e indispensable ofrecer mayores condiciones de seguridad a través de más oficiales de Migración en los distintos puestos de control migratorio.

Es también necesario reforzar las capacidades de la policía migratoria para que pueda atender los diversos fenómenos migratorios, de conformidad con lo que establece el inciso 2) del artículo 18 de la Ley N.° 8764, Ley General de Migración y Extranjería, del 19 de agosto de 2009, que indica que las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería deben “realizar, con pleno respeto a los derechos humanos, el control migratorio durante el ingreso de personas al territorio nacional y su egreso de él, así como sobre las actividades de las personas extranjeras que habitan en el país, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley; asimismo, realizar investigaciones sobre los delitos de tráfico y trata de personas, así como de cualquier otra infracción de naturaleza migratoria como órgano auxiliar del Ministerio Público.

El presente proyecto de ley propone una modificación puntual al artículo 11 de la Ley N.° 9428, para que, de los recursos recaudados por concepto del impuesto a las personas jurídicas, se destine un 2% a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Esta iniciativa que aquí se presenta tiene por antecedente la que se tramitó bajo el expediente 20.323. El proyecto de ley que fue tramitado bajo ese expediente inició su trámite legislativo en mayo del 2017, siendo analizado primero por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos y posteriormente por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Durante su tramitación fue consultado a diversas instituciones. De estas consultas realizadas es pertinente resaltar que diversas oficinas regionales de la PPME se pronunciaron a favor del proyecto, resaltando su necesidad. Además, que la Procuraduría General de la República, mediante oficio OJ-157-2017, indicó que “el proyecto no presenta vicios de legalidad ni de constitucionalidad”. 

Además, el proyecto 20.323 fue analizado por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en Informe AL-DEST-IIN175-2017. En dicho informe se indicó que:

La propuesta se sustenta en el ordinal 121, incisos 1) y 13) de nuestra Constitución Política, que le atribuye exclusivamente a la Asamblea Legislativa, la función de dictar las leyes y de reformarlas y de establecer los impuestos y contribuciones nacionales.

En el caso que nos ocupa, la reforma a la distribución de los recursos recaudados por el impuesto a personas jurídicas, podría estar respondiendo a la finalidad del impuesto, la cual en su momento señalaron los legisladores, como la forma de dotar de recursos a los cuerpos policiales para su fortalecimiento. 

Es en este sentido, la redistribución que se plantea en esta iniciativa es un asunto de conveniencia y oportunidad, pues la valoración de los señores y señoras legisladores respondería a la priorización sobre las necesidades de fortalecimiento de los cuerpos policiales en el desempeño de sus competencias y funciones.

Con ello se busca recaudar un monto superior a los trescientos setenta y cuatro millones de colones, que sería dirigidos a la Dirección General de Migración, para que se le asigne de forma directa a la Policía Profesional de Migración. 

Se justifica el ser de este proyecto, cuando se revisa que Tributación recaudó en el periodo del 2020 al 2022 un monto entre los dieciocho mil millones y dieciocho mil setecientos millones de colones ^[1]. 

En lo que respecta a la proporcionalidad de la propuesta, no resulta violatoria al principio de proporcionalidad y razonabilidad, dado que la policía profesional de migración y extranjería, es parte de los cuerpos policiales existentes en el país, así señalado por la Ley General de Policía, y la colocaría en condición de igualdad en relación a otros cuerpos policiales que recibirían el mismo porcentaje de recursos provenientes del impuesto. 

A pesar de esta tramitación, el proyecto tramitado bajo el expediente 20.323 resultó archivado por vencimiento de plazo cuatrienal el día 29 de marzo del 2021, puesto que la moción para realizar la extensión de dicho plazo no llegó a ser discutida ni votada por la Asamblea Legislativa.

Y finalmente, el proyecto 22.463, que se archivó, por dictamen negativo de mayoría en el cual se analizó el porcentaje ahí indicado, a saber 5%. En esta nueva iniciativa se reduce a un 2%, aprovechando también la coyuntura de seguridad nacional que se vive y los diferentes proyectos de fortalecimiento como el de excluir al Organismo de Investigación Judicial del cobro del IVA. 

Las necesidades que buscaban atender estas iniciativas archivadas aún se mantienen vigentes y hoy más que nunca, con la migración masiva de haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos y hasta africanos que buscan un corredor hacia el norte del país, la suscrita retoma aquí ese proyecto de ley y lo someto a consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER

LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un inciso d) al artículo 11 de la Ley N.° 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para que se lea como sigue:

Artículo 11-               Destino del impuesto

Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a)  Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública, para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b)  Un cuatro por ciento (4%) de la recaudación total de este impuesto se destinará al Poder Judicial de la República, para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado.  Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país

c)  Un cuatro por ciento (4%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz, para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.  Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

d)  Un dos por ciento (2%) de la recaudación total de este impuesto será asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, para que sea invertido en contratación de policías, infraestructura física de las delegaciones y coordinaciones regionales policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial”.

Rige a partir de su publicación.

Gloria Zaide Navas Montero.

Diputada

NOTA:             El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024838677 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0319-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR A. Í.

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 188-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 07 del 13 de enero del 2022, a la empresa Fusión FZCR Technologies Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-822387, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y su Reglamento, bajo la categoría de empresa de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que mediante documentos presentados los días 22 y 25 de setiembre, 03 y 04 de octubre todos de 2023, la empresa Fusión FZCR Technologies Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-822387, solicitó la disminución del nivel de empleo, aduciendo lo siguiente: “En la definición del proyecto original de Fusión FZCR Technologies S. A. se incluyeron varias tecnologías que son el core de nuestra oferta, una de ellas era “Ingeniero de software sénior en Angular”. Nuestros clientes potenciales en USA siempre tienen la opción de contratar los servicios de staff augmentation principalmente entre Latinoamérica e India. El Staff Augmentation es un enfoque efectivo para cubrir las necesidades de talento en el desarrollo de software, la elección entre India y Costa Rica depende siempre de varios factores clave, siendo los principales: Precio, zona horaria, nivel de inglés y años de experiencia. En el último año, los precios en India, específicamente las tarifas por hora de Ingenieros en Angular, han bajado aceleradamente. Aunque el precio en Costa Rica siempre fue más alto que en India, debido a las altas cargas sociales, el aumento en la oferta de Angular en india hizo que los precios bajaran tan fuertemente que variables de selección como nivel de inglés, zona horaria y años de experiencia pesen mucho menos que la significativa diferencia de precios de más del 100% entre India y Costa Rica. Por esta razón, no nos es posible ya captar clientes para ese servicio. Nos comprometemos a tener 30 empleados. Esta cantidad de empleados se basa en la recurrencia de renovación de proyectos que experimentamos para los perfiles: Senior Python Developers, Desarrolladores Senior de Ruby On Rails, e Ingenieros de software Senior Go/Python, donde la calidad de los recursos con que contamos asegura que la variable de precio menor en India no impactará en la decisión del cliente, por lo que el equipo se mantendrá trabajando sin correr riesgo de ser sustituidos por recursos más baratos en India. Al día de hoy, 3 de octubre del 2023 contamos con 32 empleados. En febrero del 2024 finaliza un proyecto de 24 meses que hemos manejado con el cliente CSE Insurance, este proyecto cuenta con 10 desarrolladores Phyton. Actualmente estamos manejando la posibilidad de que 8 de esos 10 desarrolladores permanezcan para iniciar en un nuevo proyecto por 3 años con el mismo cliente, estamos seguros de que ese proyecto lo podemos ganar, inclusive, si fuera necesario sostener a los desarrolladores por 2 meses sin proyecto lo tendíamos que hacer, ya que el nuevo proyecto inicia el 1 de mayo del 2024, lo haríamos porque son recursos muy calificados en Phyton y ese perfil es difícil de contratar, pero definitivamente si tenemos que perder 2 recursos porque el nuevo proyecto es para un equipo de 8 desarrolladores Phyton, no de 10 como el que vence en febrero 2024. Nos comprometes a contar con 30 empleados a partir de la fecha de notificación del Acuerdo ejecutivo de la modificación de disminución del nivel de empleo.”

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa Fusión FZCR Technologies Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-822387, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER número 244-2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en relación con las disminuciones de los niveles de empleo e inversión, el Ministro de Comercio Exterior, mediante el Oficio DM-911-1 de 26 de septiembre de 2001, señaló lo siguiente:

 “(…) No obstante lo anterior, al ser ésta una institución con una misión y vocación clara de servicio a la exportación, sin dejar de lado claro está, su función de supervisión y control, PROCOMER no puede dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial.  Es así como también debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarias del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas en la comercialización de sus bienes, a crisis financieras internas inclusive problemas de índole macroeconómicos en sus países y hasta a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado.

Ha sido el afán del Ministerio atender y tratar de ayudar a solventar de la forma más objetiva posible estas situaciones, no sólo teniendo en consideración la posición de las empresas, sino el resguardo sobre todo de intereses de orden general, al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa. (…)”.

V.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P del 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022 y modificado por el Acuerdo N° 181-P del 23 de enero del año en curso, publicado en La Gaceta N° 24 de fecha 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de fecha 20 de setiembre de 2023, publicado en el Alcance N° 196 a La Gaceta N° 185 de fecha 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

VI.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto;

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 188-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 07 del 13 de enero de 2022, para que en el futuro la cláusula sexta se lea de la siguiente manera:

“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 30 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo.  Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 30 de julio del 2024.  Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.  Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo. 

PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.  Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta.  Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.”

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo número 188-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 07 del 13 de enero de 2022.

3º—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—Indiana Trejos Gallo, Ministra de Comercio Exterior a. í—1 vez.—( IN2024838686 ).

N° 0340-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 320-2016 de fecha 21 de julio de 2016, publicado en el Alcance N° 212 al Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2016; modificado por el Informe N° 140-2018 de fecha 26 de julio de 2018, emitido por PROCOMER; y por el Informe N° 08-2019 de fecha 14 de enero de 2019, emitido por PROCOMER; a la empresa Fisher Scientific Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cédula jurídica N° 3-102-573622, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por el artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo las categorías de empresa comercial de exportación y de empresa de servicios, de conformidad con lo dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que la señora: Laura Susana Calderón Vargas, mayor, casada una vez, administradora de empresas, portadora de la cédula de identidad N° 1-1302-0007, vecina de San Rafael de Alajuela, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa: Fisher Scientific Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-573622, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), una solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 y su reglamento.

III.—Que en la solicitud mencionada Fisher Scientific Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-573622, se comprometió a mantener una inversión de al menos US$ 4.641.295,66 (cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco dólares con sesenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo; dicho monto supera en un 931,40% el compromiso asumido por la empresa al ingresar al Régimen de Zonas Francas. Además, se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US$ 500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), lo que equivale a un incremento del 10,77% del monto de inversión real actual de la empresa y a un 111,11% más del compromiso asumido por la empresa en el indicado Acuerdo Ejecutivo N° 320-2016. Adicionalmente, la empresa manifiesta que asumirá un empleo adicional de 30 trabajadores, según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

IV.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de Fisher Scientific Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-573622, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 58-2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 y su Reglamento.

V.—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera que en la especie resulta aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se consolida el monto de inversión real que actualmente reporta la empresa y asume una inversión adicional cuya magnitud, aunada a la ya realizada, conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley N° 7210 y su Reglamento.

VI.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022 y reformado por el Acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del año 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de fecha 9 de febrero de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

VII.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1°—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Fisher Scientific Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-573622 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de Exportación y como Empresa de Servicios, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2°—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina” con los siguientes detalles: tesorería, compras, contabilidad, finanzas y recursos humanos, incluyendo la búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal (incluso ejecutivo), administración y gestión de planillas, entrenamiento, capacitación, y en general desarrollo de nuevas habilidades, técnicas o en idiomas, bajo la modalidad de servicios compartidos; cuentas por cobrar, compras (“procurement”), gestión de pedidos; CAECR “8220 Actividades de centros de llamadas” con el siguiente detalle: cobros, interpretación, soporte técnico, servicio al cliente, cumplimiento, ventas, compras; CAECR “5229 Otras actividades de apoyo al transporte” con el siguiente detalle: Procesos de negociación, abastecimiento, administración de carga y transporte, administración y distribución de inventarios (materias primas y productos). La beneficiaria como empresa comercial de exportación, de conformidad con el inciso b) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “4690 Venta al por mayor de otros productos no especializada”, con el siguiente detalle: comercialización de accesorios para mopas, accesorios plásticos para uso de laboratorio, accesorios para equipos de laboratorio acetato de plomo, ácidos, adhesivos, selladores, agua desionizada, agua estéril, agujas, alicates, amidas, aminas, aplicadores con punta de algodón, poliéster o alguna espuma similar, balanzas, bandejas de plástico, barras de agitación magnéticas, barriles de jeringa bases, baterías, bolsas plásticas, boquillas plásticas, botellas plásticas, brocas de metal, buretas, cables de níquel, cajas de cartón corrugado, calentadores para laboratorio, capuchas desechables, carbonatos, cargadores para equipos eléctricos, cartuchos de tinta centrifugas, cepillos, caretas para protección, cintas adhesiva, cloruro de sodio, cobertores de barba cobertores de cabello, cobertores de zapato, cobertores de zapato de tela reutilizable, colorímetros, congeladores para uso de laboratorio, cortadoras, cristalería para uso de laboratorio, cronómetros, cubetas plásticas, cuchillas desechables, delantales, desinfectantes, detergentes, dispensadores plásticos, electrodos, embudos, esferas de vidrio para uso de laboratorio, esponjas plásticas para limpieza, estaciones de trabajo para uso de laboratorio, estantes de acero, estantes plásticos, etiquetas adhesivas filtros, fluoruros, fosfatos, ftalatos, gabachas de tela reutilizable, gabinetes metálicos para usos en laboratorio, gases refrigerantes grasas lubricantes, guantes de algodón, guantes de látex, guantes de nilón, guantes de nitrilo, guantes de poliuretano, guantes de seguridad, higrómetros, hornos para uso de laboratorio, impresoras, incubadoras, jabón para el lavado de manos, jeringas, kit de contención de derrames, láminas de espuma plástica, lapiceros, lentes de seguridad, limpiadores, líneas de vida, lupas, mascarillas desechables, medidor de oxígeno, medidor de PH, medios de cultivo, mopas, overoles desechables, papel para usos varios de laboratorio (toallas secas o presaturadas diseñadas específicamente para entornos estériles para limpiar superficies (gabinetes, campanas, muebles) y herramientas (pinzas, cortadoras, tijeras), pinzas, pipetas, placas de agitación para laboratorio, platos tipo petri, polisorbatos, probetas, protectores para dedos, puntas de pipeta, puntas plásticas desechables, quemadores bunsen, racks de metal para tubos de ensayo, reactivos de laboratorio, reactivos para valoración, refractómetros, refrigeradoras para uso de laboratorio, reglas metálicas, reglas plásticas, repuestos para hornos, refrigeradoras, hornos, capillas de extracción , rollos adhesivos, sets de diagnóstico, sillas de escritorio, solución jabonosa, soluciones acidas, soluciones alcalinas, solventes alifáticos, solventes aromáticos, sujetadores de zapato, sulfatos, tamices, tapas plásticas, temporizadores, termómetros, tijeras, tiras de agar, toallas de policelulosa, toallas de poliester, toallas desechables, toallas presaturadas con alcohol, toallas presaturadas con cloro, tubos de silicón, tubos plásticos, zapatos de seguridad. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

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Las actividades desarrolladas por la beneficiaria no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen al amparo del artículo 20 bis de la Ley N° 7210 y sus reformas, mediante declaración jurada.

La beneficiaria obtuvo una puntuación de 103 en el Índice de Elegibilidad Estratégica (en adelante IEES).

3°—La beneficiaria operará en el parque industrial de zona franca denominado Zona Franca Coyol S.A., ubicado en el distrito San José, del cantón Alajuela, de la provincia de Alajuela. Dicha ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana (GAM).

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5°—a) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, prevista en el artículo 17 inciso b) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Con base en el artículo 22 de la Ley Nº 7210 y sus reformas, la beneficiaria no podrá realizar ventas en el mercado local.

b) En lo que atañe a su actividad como Empresa de Servicios, prevista en el artículo 17 inciso c) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

La beneficiaria podrá introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley Nº 7210, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

c) De conformidad con lo establecido en el numeral 71 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, cada actividad gozará del beneficio del impuesto sobre la renta que corresponda a cada clasificación, según los términos del artículo 21 ter y el inciso g) del artículo 20 de la Ley, respectivamente. Bajo el supuesto de que la empresa llegue a desarrollar actividades que tengan distinta tarifa o exoneración del impuesto sobre la renta, deberá llevar cuentas separadas para las ventas, activos, los costos y los gastos de cada actividad.

6°—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 565 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a cumplir con un nivel total de empleo de 595 trabajadores, a más tardar el 13 de enero de 2026. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US$ 4.641.295,66 (cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco dólares con sesenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos nuevos de al menos US$ 500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 13 de enero de 2026. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US$ 5.141.295,66 (cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco dólares con sesenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7°—La beneficiaria se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas y de los aumentos efectuados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8°—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9.—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—La beneficiaria queda autorizada para para brindar los servicios de “procesos de negociación, abastecimiento, administración de carga y transporte, administración y distribución de inventarios (materias primas y productos)”, los cuales forman parte de la actividad según clasificación CAECR 5229 “Otras actividades de apoyo al transporte”, fuera del área habilitada como Zona Franca.

18.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo N° 320-2016 de fecha 21 de julio de 2016, publicado en el Alcance N° 212 al Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2016, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle, Por/ Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—( IN2024838879 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

N° RMJP-0078-01-2024

Ministerio de Justicia y Paz.—Despacho del Ministro de Justicia y Paz. —San José, a las nueve horas del día treinta de enero del dos mil veinticuatro.

Procede este despacho ministerial a la delegación de firma en materia de recursos materiales y humanos del Ministerio de Justicia y Paz, en el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 02 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, N°6739 de 28 de abril de 1982, 11 de la Constitución Política; 11, 28.1, 70, 84 inciso a), 89, 90, 91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública N°6227 del 02 de mayo de 1978; 106 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131 de 18 de setiembre de 2001; así como el criterio PGR-C-005-2024 de fecha 25 de enero de 2024.

RESULTANDO:

1°—Que de conformidad con el artículo 02 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, corresponde al Ministro de Justicia y Paz, la representación judicial y extrajudicial de dicho Ministerio, siendo la máxima autoridad en la ejecución y desarrollo de las funciones que competen a esa cartera.

2°—Que el artículo 5, inciso b) de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en lo que interesa dispone: “La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley”. Lo anterior, aunado al artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública que rige los principios generales del servicio público que reza: “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios beneficiarios”.

3°—Que la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece en su artículo 18 la responsabilidad de control que tiene el jerarca en los procesos de la Administración financiera, que en lo que interesa indica: “(...) El control interno será responsabilidad de la máxima autoridad de cada dependencia (...)”. Lo anterior, aunado al artículo 15 del Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que establece en lo que interesa: “(...) El máximo jerarca de cada órgano o entidad componente del Sector Público, cubierto por el ámbito de la autoridad presupuestaria, será responsable del cumplimiento de las directrices lineamientos, generales y específicos que estén vigentes.” (Negrita y cursiva no son del original).

4°—Que el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública, indica que se podrá delegar la firma de las resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquel.

6°—Que mediante Acuerdo N° 002-P de fecha 08 de mayo del 2022, se designó a la señora Carolina Castro del Castillo, mayor, casada, cédula de identidad número 1-0949-0183, como viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, a partir del 08 de mayo del 2022.

7°—Que mediante Acuerdo N° 040-P de fecha 18 de mayo de 2022, se designó al Sr. Exleine Sánchez Torres, mayor, casado, cédula de identidad número 3-0336-0472, como viceministro de Justicia, a partir del 18 de mayo de 2022.

8°—Que mediante Acuerdo N° 313-P de fecha 09 de agosto del 2023, se designó a la señora Erika Madriz Chinchilla, mayor, divorciada, cédula de identidad número 1-0862-0585, como viceministra de Paz, a partir del 09 de agosto de 2023.

9°—Que atendiendo a los principios de eficiencia y eficacia, y con el objetivo de cumplir con los proyectos trazados de esta Administración y el mejor aprovechamiento del talento humano de la Institución, en lo sucesivo cualquier movimiento de personal, además de cumplir con la Circular DGIRH-0001-2023 de fecha 30 de octubre de 2023, sobre “Procedimiento para la autorización de reubicación, traslado y permuta de puestos administrativos de los estratos operativo, calificado, técnico y profesional del Ministerio de Justicia y Paz”, y en acatamiento al criterio emitido por la Procuraduría General de la República mediante oficio número PGR-C-005-2024 de fecha 25 de enero de 2024, se requiere delegar la firma de los documentos de los Programas presupuestarios Actividades Centrales y Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, en los siguientes funcionarios: Carolina Castro Del Castillo, mayor, casada, cédula de identidad número 1-0949-0183, Viceministra de Gestión Estratégica, Exleine Sánchez Torres, mayor, casado, cédula de identidad número 3-0336-0472 viceministro de Justicia y Erika Madriz Chinchilla, mayor, divorciada, cédula de identidad número 1-0862-0585, Viceministra de Paz.

Considerando:

I.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, las competencias administrativas o su ejercicio pueden ser transferidas acudiendo entre otras a la figura de la delegación.

II.—Que la figura de la delegación de acuerdo con el artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública es susceptible dentro de la actividad de la Administración, observando al efecto lo siguiente:

“1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.

2.  La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección.

3.  No será posible la delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo.

4.  La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado.”

III.—Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley General de la

Administración Pública, la figura de la delegación es procedente siempre y cuando la Administración observe los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, según reza la norma de cita que dispone:

“La delegación tendrá siempre los siguientes límites;

a)  La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido;

b)  No podrán delegarse potestades delegadas;

c)  No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales del órgano, que le dan nombre o que justifican su existencia;

d)  No podrá hacerse delegación sino entre órganos de la misma dase, por razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de la función; y

e)  El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario.”

IV.—Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública, el titular de la competencia conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia, y sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta haya sido discrecional.

V.—Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley General de la Administración el titular de la competencia puede delegar la firma de resoluciones, “en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél”.

VI.—Que a la luz de la norma citada anteriormente, la figura de la delegación de firma para el dictado de actos, debe distinguirse de la delegación de competencia; pues siempre que se verifique la delegación de firma, el delegante conserva la responsabilidad, al constituir la firma un acto formal que constituye solamente un requisito de validez y no de conocimiento, según lo ha expresado la Sala Constitucional mediante Resolución N° 4527-97 de 1° de agosto de 2007 que en lo que interesa señala:

“...Como se puede observar del texto del numeral 92, nos encontramos ante una delegación que no puede considerarse en su esencia como tal, ya que no interesa la delegación de competencias sino únicamente la de un acto formal que resulta ser la firma de las resoluciones, sin que esto implique una emisión de un criterio por parte del delegado ni responsabilidad de su parte, situaciones que resulta claro, se mantienen concentradas en el delegante para todos los efectos. De lo anterior se colige que el que conoce de un asunto puede diferir -sin ocasionar agravio alguno- de la persona que firme el acto final, toda vez que la responsabilidad y el conocimiento continúa siendo de quien delega. Así se puede apreciar que lo que en el caso concreto se encuentra delegado es el acto formal de una firma que no resulta más que un requisito de validez -en cuanto a forma- de dicho acto final, para dicha delegación, no importa una delegación de competencia y de conocimiento del Ministro en su Oficial Mayor, toda vez que es el Ministro el que conoce y el que resuelve, limitándose el Oficial Mayor únicamente a firmar lo resuelto por aquél.” (El destacado no es del original).

VII.—Que, en relación con la figura de la delegación de firma para el dictado de actos, la Procuraduría General de la República señaló en el Dictamen C-207-2007 de 25 de junio de 2007, (reiterado en sentido similar por los Dictámenes C-308-2000 de 13 de diciembre de 2000 y C-057-1999 de 19 de marzo de 1999) agregando en lo que interesa lo siguiente:

“Pues bien, este punto es objeto de regulación también por la Ley General de la Administración Pública. De lo dispuesto en el numeral 92 de dicha Ley se deriva en forma clara la posibilidad de delegar la firma de resoluciones. Establece tal numeral: “Artículo 92. Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél”: Se delega la simple firma del documento, sin que en modo alguno pueda delegarse el poder de decidir. Y es por ello por lo que a la delegación de firmas no se le aplican los límites de los artículos 89 y 90 de la Ley General de Administración Pública, por una parte, y la autoridad competente para resolver mantiene su plena responsabilidad sobre lo que se resuelva, por otra parte. Es de advertir que, en nuestro medio, la Ley no contiene una enumeración de actuaciones respecto de las cuales no cabría la delegación de firmas, como sí sucede en otros ordenamientos. / Se parte, al efecto, de que la persona a quien se ha delegado la firma de la resolución no emite criterio alguno en ejercicio de un poder de decisión, el cual permanece en cabeza de la persona designada por el ordenamiento. Consecuentemente, la decisión debe provenir de quien tiene jurídicamente el poder de decidir. Si este no ha emitido la resolución o en su caso, no la ha aprobado, la decisión es absolutamente nula. El delegado se limita a realizar un acto formal, la firma, la cual es un requisito de validez de la resolución, sin que participe en forma alguna a la determinación tarifada”. (El destacado no es del original).

“...Lo que sucede en estos casos es que el requisito material de firmar (vid artículo 134, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública) el acto administrativo correspondiente no lo realiza el órgano que tomó la decisión, sino otro al cual el titular de la competencia le confiere la potestad de suscribirlo en una especie de “representación”. Sin embargo, no existe duda de que en el fondo quien resuelve es aquel que delega la firma, de donde la competencia decisoria no ha sufrido alteración alguna. En segundo lugar, el mismo artículo 92 de la Ley General viene a receptar esa elaboración doctrinaria, pues es claro en establecer que el órgano delegado se circunscribe únicamente a firmar, de donde la resolución del asunto, y la consecuente responsabilidad, siguen en cabeza del titular de la potestad” Dictamen C-308-2000. (El destacado no es del original).

 

VIII— Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley General de la Administración el titular de la competencia puede delegar la firma de resoluciones, “en cuyo caso el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél” Asimismo, en la jurisprudencia administrativa emanada de la Procuraduría General de la República y en la jurisprudencia constitucional, se puede extraer las siguientes conclusiones sobre dicha figura jurídica:

a)  Mediante la delegación de firmas no se transmite al delegado ninguna competencia ni atribución decisoria, sino solamente se le encarga la realización del acto material de suscribir determinados actos sin que pueda resolver o decidir sobre el mismo. (Ver dictamen PGR-C-005-2024 de fecha 25 de enero de 2024, C-061-2013 y dictamen C-171-95).

b)  La delegación de firma no releva al superior de sus competencias ni tampoco de su responsabilidad. La delegación de firma supone solamente la organización del cometido material de la firma, al constituir ésta un acto formal que constituye solamente un requisito de validez y no de conocimiento. Por ende, se delega la simple firma del documento, sin que en modo alguno pueda delegarse el poder de decidir. Se parte, al efecto, de que la persona a quien se ha delegado la firma de la resolución no emite criterio alguno en ejercicio de un poder de decisión, el cual permanece en cabeza de la persona designada por el ordenamiento. Consecuentemente, la decisión debe provenir de quien tiene jurídicamente el poder de decidir. Si este no ha emitido la resolución o en su caso, no la ha aprobado, la decisión es absolutamente nula. (Ver Dictamen PGR-C-005-2024 de fecha 25 de enero de 2024, C-061 y Opinión Jurídica 0J-50-1997, Sala Constitucional mediante Resolución N° 4527-97 de 1° de agosto de 2007).

c)  Las delegaciones de firma se hacen en concreto, es decir, en razón de la personalidad, tanto del delegante como del delegado. Si, por tanto, se produce un cambio de identidad del delegante o del delegado, la delegación de firma cesa inmediatamente, a menos que una nueva delegación sea consentida por la nueva autoridad en beneficio del nuevo delegado. (Ver Dictámenes PGR-C-005-2024 de fecha 25 de enero de 2024, C-061 y Opinión Jurídica 03-50-1997, C-207-2007 de 25 de junio de 2007, C-308-2000 de 13 de diciembre de 2000 y C-057-1999 de 19 de marzo de 1999).

d)  Cuando la delegación de firmas están referidos a un tipo de actos y no a un acto determinado, el acuerdo que establece la delegación de la firma debe ser publicado en el Diario Oficial, siendo a este respecto contundente tanto la Procuraduría General (Dictámenes 061-2013 y 308-2000), como la propia Sala Constitucional, los cuales han indicado que la delegación descrita en el artículo 89 inciso 4 de la Ley General de la Administración Pública, debe ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado con el fin de otorgar seguridad jurídica a los potencialmente destinatarios del tipo de medidas que contra ellos podría tomarse en virtud de la delegación.

X.—Debido a lo expuesto, este despacho es el competente para efectos de velar por la eficiencia y eficacia de los recursos materiales y humanos a cargo del Ministerio de Justicia y Paz. Asimismo, es competente para firmar los documentos de movimientos de personal, tales como: Reubicación, traslado y permuta de puestos administrativos de los estratos operativo, calificado, técnico y profesional del Ministerio de Justicia y Paz. No obstante, por necesidad institucional y en aras de dar una mayor agilidad a los trámites que se realizan en este ámbito de acción, se requiere delegar ciertas competencias relacionadas con esos fines, así como la firma de esos documentos en otros funcionarios, estando dicha delegación permitida por Ley.

XI.—Asimismo, se torna necesario, delegar en la figura de la viceministra de Gestión Estratégica, el viceministro de Justicia y la viceministra de Paz, la firma de los siguientes documentos:

“(…) Reubicación, traslado y permuta de puestos administrativos de los estratos operativo, calificado, técnico y profesional del Ministerio de Justicia y Paz (…)”

De lo anterior se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1.  Oficio firmado por el viceministro o viceministra de la Institución, solicitando con su visto bueno el traslado del talento humano al Ministro titular o a quien lo sustituya en el ejercicio.

2.  Indicar el número de puesto, nombre de la persona que se va a trasladar, si se tiene aval de la persona a trasladar o es un asunto derivado de la potestad institucional, antigüedad en el puesto y despacho u oficina donde se pretende trasladar.

3.  Una exposición de las razones del cambio, no solamente el interés institucional, más en aquellos casos donde se hacen traslados tipo permuta de plazas.

4.  Como al Ministro le corresponde en última instancia avalar la gestión, que será firmada por cada viceministro o viceministra, se solicitará un criterio técnico antes de tomar la decisión al Departamento de Gestión Humana, con el fin de verificar que sean favorables las condiciones técnicas para esos movimientos.

Cada viceministro o viceministra podrá solicitar también ese criterio técnico de previo a enviarlo a mi persona. Por tanto,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ,

RESUELVE

1°—Delegar en los señores: Carolina Castro Del Castillo, mayor, casada, cédula de identidad número 1-0949-0183, viceministra de Gestión Estratégica, Exleine Sánchez Torres, mayor, casado, cédula de identidad número 3-0336-0472, viceministro de Justicia y Erika Madriz Chinchilla, mayor, divorciada, cédula de identidad número 1-0862-0585, viceministra de Paz, la función de velar por la adecuada gestión de:

a)  La Administración del Recurso Humano del Ministerio de Justicia y Paz, tales como: Reubicación, traslado y permuta de puestos administrativos de los estratos operativo, calificado, técnico y profesional del Ministerio de Justicia y Paz.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

MSc. Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz.—1 vez.—O.C. Nº 4600076534.—Solicitud Nº 488145.—( IN2024838821 ).