DECRETOS

Nº 34492-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3), 18) y 20); y 146 de la Constitución Política; el Código de Minería Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982; la Ley Orgánica del Ambiente Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, publicada en La Gaceta número 215 del 13 de noviembre de 1995 y el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo Nº 33151-MP del 8 de mayo del 2006 publicado en La Gaceta número 95 del 18 de mayo de 1995 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial cualquiera que sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan.

II.—Que el Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, el Estado está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido éste como aquel que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.

III.—Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 33151-MP del 8 de mayo del 2006, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector de geología y minas, se encuentra bajo la rectoría del Ministro del Ambiente y Energía.

IV.—Que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, dispone como uno de sus retos, la revaloración del inventario del recurso minero, debido a que es necesario que el país conozca en forma acertada, la cantidad y calidad de los recursos minerales, metálicos y no metálicos existentes. Asimismo, como parte de las acciones estratégicas se encuentra la elaboración de un Plan Nacional de Gestión Integrada del subsector geológico-minero, tomando en cuenta que la conservación de los recursos geológicos y del suelo y su uso sostenible, son de suma importancia para el desarrollo del país.

V.—Que por medio del Decreto Ejecutivo Nº 30477-MINAE del 12 de junio del 2002, el Poder Ejecutivo dispuso de manera discrecional declarar una moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional, para realizar una serie de estudios que garantizarán el aprovechamiento racional del recurso minero.

VI.—Que a la fecha no se han identificado los estudios programados por la anterior Administración, ni se han determinado los beneficios económicos y ambientales de mantener la moratoria establecida. Sin embargo, esta Administración en uso de sus potestades discrecionales, ha diseñado una salvaguarda ambiental en minería metálica y no metálica.

VII.—Que es conveniente para el desarrollo socioeconómico del país, reactivar la actividad minera metálica a cielo abierto en el territorio nacional, con el fin de promover espacios y mejorar la actividad laboral, social y económica de las regiones, para lo cual se deben observar en los procesos, las normas técnicas y legales vigentes, que garanticen un uso sostenible del recurso minero. Por Tanto,

Decretan:

SALVAGUARDA AMBIENTAL PARA LA MINERÍA

EN COSTA RICA

Artículo 1º—Definición de salvaguarda ambiental: Conjunto de lineamientos básicos que debe cumplir el desarrollo de la actividad minera en Costa Rica, tanto metálica como no metálica, para garantizar el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.

Artículo 2º—Lineamientos de la salvaguarda ambiental para la minería en Costa Rica.

1)  Directriz fundamental de la política de salvaguardia ambiental.

La actividad minera se reconoce como una fuente de aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo y como fuente de agregados para el desarrollo constructivo, razón por la cual se incorpora como parte de las acciones humanas, cuya ejecución, es requerida en el contexto del desarrollo sostenible de la región, empero dentro de un contexto de planificación apropiada y de equilibrio sustentable, de forma tal que implique beneficios reales de orden económico y social para las comunidades; cumpla estrictas normas de protección al ambiente y prevenga el desarrollo de efectos acumulativos, que a largo plazo, dañan el medio, en particular, el paisaje y los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

2)  Lineamientos estratégicos

2.1. La minería metálica que se desarrolle en el país deberá cumplir una serie de requisitos técnicos y ambientales indispensables, a saber:

a.   Lograr una efectiva inserción en el medio, incorporando a las comunidades como parte del proceso empresarial y generando beneficios directos a las comunidades de su área de influencia, como socios del desarrollo minero y no como entes pasivos o que reciben los efectos negativos de la actividad.

b.  Garantizar a las comunidades y al Estado el cumplimiento de sistemas eficientes de gestión ambiental.

c.   Brindar estricta protección a los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

d.  Coadyuvar con los gobiernos locales para la elaboración y ejecución de planes de desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de la región, así como de mejoramiento paisajístico y de recuperación ambiental de áreas degradadas.

e.   Tomar medidas de compensación ambiental para plantación de árboles, en proporción de tres a uno respecto a la reposición de áreas impactadas.

f.   Como parte de las evaluaciones de impacto ambiental de todas las actividades mineras metálicas puestas en consideración del Estado, deberá evaluarse todo el ciclo del proyecto desde su inicio hasta la fase de cierre técnico.

2.2. La planificación territorial del uso del suelo en el país deberá incluir, como parte de su temática, las fuentes de materiales minerales no metálicos, en todas sus escalas, de forma tal que se garantice la mejor calidad y que dichas fuentes se dispongan a distancias razonables y económicamente sustentables de las áreas de desarrollo urbano o de infraestructura. Como parte de esta planificación, para la minería artesanal o para las micro y pequeñas empresas de artesanía o de autogestión comunitaria, se incorporarán las fuentes de materiales, a fin de facilitarles el acceso al desarrollo, dentro de un marco planificado y de cumplimiento de Manuales o Guías Ambientales de Buenas Prácticas para la Minería de Agregados. La planificación del cierre de mina debe comenzar durante la fase de desarrollo del proyecto y ser revisada periódicamente a lo largo de toda la etapa operativa. Cuanto más cercano a la fase de cierre, más detallados deberán ser los planes.

3.  Salvaguardas Mineras. La Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio del Ambiente y Energía tendrá bajo su responsabilidad ordenar y velar por el cumplimiento de las siguientes Salvaguardas Mineras:

3.1  Remitir listados a las Municipalidades del país informando de las concesiones mineras  vigentes en su jurisdicción. Esta información será actualizada cada dos meses.

3.2  Designar en forma aleatoria un laboratorio certificado para que tome muestras del material, especialmente de las fuentes de materiales de agregados para la construcción. El costo del análisis será cubierto por el concesionario.

3.3. Ordenar que en cada concesión minera debidamente otorgada se mantenga una copia de la resolución de otorgamiento y se coloque un rótulo al ingreso de la misma indicando el número de expediente minero y el de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

3.4. Solicitar, en casos de minería metálica, los servicios de auditoría geológico-minera externos para realizar un control cruzado con los controles que llevan a cabo los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas. El costo de la auditoría será a cargo del concesionario.

3.5. Coordinar con las Áreas de Conservación el control de la actividad minera, para ello se les suministrará un listado de las concesiones activas en la región. Además, los geólogos coordinadores de cada zona coordinarán con las Áreas lo relativo a información minera.

3.6. Coordinar con Ministerio Público el proceso de denuncias por extracción ilegal de materiales.

3.7. Capacitar a la Fuerza Pública en lo relativo a minería ilegal, con el fin de evitar la práctica ilegal en el país.

3.8. Coordinar con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Tribunal Administrativo, con el propósito de fortalecer la fase de control y el debilitamiento de la minería ilegal.

Artículo 3º—Para la aprobación, renovación, convalidación o conversión de todo trámite relacionado con la exploración, concesión de explotación o evaluación ambiental de un proyecto de esta naturaleza, se deberán respetar y aplicar las Políticas de Salvaguarda Ambiental para la Minería que se detallan en este Decreto y que serán de aplicación obligatoria por todas las dependencias estatales para todos los proyectos mineros metálicos y no metálicos, de previo al inicio de actividades.

Artículo 4º—Los proyectos mineros metálicos y no metálicos que se encuentren operando al momento de la promulgación de este decreto, podrán adscribirse voluntariamente al mismo como parte de su gestión ambiental y de responsabilidad social empresarial.

Artículo 5º—Se deroga el Decreto Ejecutivo Nº 30477-MINAE del 12 de junio del 2002.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes marzo del dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro del Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora.—1 vez.—(Solicitud Nº 20145).—C-73940.—(D34492-48776).

Nº 34529-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 inciso b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 1, 2, 4, 42, 150 y 151 de la Ley N° 5395 de 30 de octubre de 1973, “ Ley General de Salud”; 1, 2 inciso b) de la Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973, “Ley Orgánica del Ministerio de Salud” y Ley N° 8111 de 18 de julio del 2001 “Ley Nacional de Vacunación”.

Considerando:

1º—Que mediante la Resolución CD44.R1 de setiembre del 2003 de la Organización Panamericana de la Salud, los países de América establecieron la meta de “Eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (Síndrome de Rubéola Congénita)” en la Región para el año 2010.

2º—Que ante el progreso alcanzado en la implementación de estrategias de vacunación, en octubre 2007, la 27^a Conferencia Sanitaria Panamericana y 59^a Sesión del Comité Regional, aprobaron la Resolución CSP27.R2, donde se resuelve instar a todos los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud a que establezcan comités nacionales para recopilar y analizar los datos para la documentación y verificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita.

3º—Que Costa Rica ha implementado una estrategia de vacunación muy efectiva, que logró un impacto muy positivo en la incidencia del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita.

4º—Que es necesario conformar un Comité de Expertos, como una instancia independiente que analizará la documentación establecida en un protocolo estándar para los países de América, para verificar que Costa Rica logró interrumpir la circulación endémica de los virus del sarampión y la rubéola. Por tanto,

Decretan:

DECRETO EJECUTIVO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN

DE ELIMINACIÓN DEL SARAMPIÓN RUBÉOLA

Y SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA

Artículo 1º—Créase el Comité de Expertos de Costa Rica para verificar la Eliminación del Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, en adelante denominada “El Comité”, como órgano consultor y asesor dependiente del Despacho de la Ministra de Salud, cuyos miembros desempeñarán sus funciones en forma ad honórem. Vía acuerdo ejecutivo se harán las designaciones de las personas que integrarán la misma.

Artículo 2º—El Comité tendrá las siguientes funciones:

1)  Recopilar y analizar la información que se requiere para verificar que Costa Rica eliminó el sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos para tal efecto.

2)  Participar en las sesiones de trabajo y visitas que el Comité Internacional de Expertos para las Américas realizará al país en los diferentes momentos del proceso de documentación.

3)  Cuando así lo requiera la Ministra de Salud, asesorará a los equipos nacionales de inmunizaciones, vigilancia epidemiológica y laboratorio en las actividades relacionadas con el proceso de verificación de la interrupción de la transmisión endémica de los virus de la rubéola y el sarampión en el país.

4)  Elaborar y entregar el reporte final del país a la Ministra de Salud, quien remitirá oficialmente la documentación al Comité Internacional de Expertos para las Américas.

Artículo 3º—El Comité nombrará en su seno un Coordinador quien presidirá las sesiones, y un secretario que se encargará de dejar constancia de los acuerdos en las actas respectivas.

Artículo 4º—El Comité se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocada por el Coordinador, por lo menos con tres días de anticipación.

Artículo 5º—El quórum para las sesiones del Comité lo formarán la mitad más uno de sus miembros y la aprobación de los acuerdos será por simple mayoría.

Artículo 6º—Las sesiones del Comité serán siempre privadas, pero ésta podrá disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que tenga acceso a ella el público en general, o bien invitados especiales quienes participarán con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 7º—No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los miembros del Comité y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la totalidad de los miembros presentes.

Artículo 8º—De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas que estuvieron presentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, el contenido de los acuerdos, la forma y resultado de la votación.

Artículo 9º—Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por al menos votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Comité.

Las actas serán firmadas por el Coordinador y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto disidente.

Los miembros del Comité podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso, pudieren derivarse de los acuerdos.

Artículo 10.—En lo no regulado en el presente Decreto, rige lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, en materia de órganos colegiados.

Artículo 11.—El proceso de documentación incluye la identificación de las fuentes de información, no solo oficiales, sino también alternativas, que permitan disponer de información y determinar la concordancia con los datos reportados por el sistema oficial de vigilancia.

Artículo 12.—Los equipos técnicos de vigilancia e inmunizaciones deberán recopilar y suministrar al Comité, toda la información que al efecto solicite el Comité.

Artículo 13.—Para mantener la eliminación, Costa Rica asegura la sostenibilidad de las estrategias y coberturas de vacunación, así como una vigilancia epidemiológica efectiva para detectar y responder oportunamente ante la importación de virus de la rubéola y el sarampión.

Artículo 14.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los catorce días del mes de mayo del dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero.—1 vez.—(Solicitud Nº 47391).—C-56120.—(D34529-48702).

Nº 34539-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 inciso 2 b) de la Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 1 y 2 de la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”.

Considerando:

1º—Que del 06 al 08 de mayo del 2008 La Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, realizará en nuestro país la actividad del Precongreso Nacional de Enfermería, bajo el tema principal “Enfermería, Capital Humano, ¿Cómo estamos y Dónde Estamos?”.

2º—Que dicha actividad, tiene como objetivo fortalecer el concepto y la productividad del capital humano en el Sector Salud de Enfermería.

3º—Que La Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, ha solicitado al Ministerio de Salud la declaratoria de interés público y nacional del Precongreso Nacional de Enfermería, bajo el tema principal “Enfermería, Capital Humano, ¿Cómo estamos y Dónde Estamos?”. Por tanto,

Decretan:

“Declaratoria de interés público y nacional

del Precongreso Nacional de Enfermería, “Enfermería, capital humano, ¿Cómo estamos y dónde estamos?”

Artículo 1º—Se declara de interés público y nacional, el Precongreso Nacional de Enfermería, bajo el tema principal “Enfermería, Capital Humano, ¿Cómo estamos y Dónde estamos?”, que se celebrará en nuestro país durante los días 06, 07 y 08 de mayo del 2008.

Artículo 2º—Las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de las actividades indicadas.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila Agüero.—1 vez.—(Solicitud Nº 47368).—C-18500.—(D34539-49368).

Nº 34546-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, incisos 3), y 18), y 146 de la Constitución Política, los artículos 25, inciso 1); 27, inciso 1), y 28, inciso 2), acápite b), de la Ley Nº 6227, o Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; los numerales 238, 239 y 248 de la Ley Nº 8 o Código Fiscal, del 31 de octubre de 1885 y el artículo 44 y 76 de la Ley Nº 7764 o Código Notarial, del 17 de abril de 1998.

Considerando:

I.—Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 34516-H del 21 de abril del 2008, publicado en La Gaceta Nº 94 del 16 de mayo de 2008, el Ministerio de Hacienda fijó el precio de los protocolos de doscientas hojas removibles de papel sellado en la suma ¢9.010,00 (nueve mil diez colones).

II.—Que conforme al artículo 248 del Código Fiscal debe adherirse a cada folio un timbre fiscal de cinco colones (¢5,00).

III.—Que la Ley Nº 7764 del 17 de abril de 1998, publicada en La Gaceta Nº 98 del 22 de mayo de 1998, Código Notarial, establece en su artículo 44 que todos los notarios usarán un tipo único de protocolo, cuyos tomos se formarán con doscientas hojas removibles de papel sellado de treinta líneas cada una. Además los folios deberán llevar impresas la palabra protocolo, la serie y la numeración corrida, según la cantidad de hojas.

IV.—Que el artículo 76 de la supracitada Ley Nº 7764 referente al uso de papel de tamaño oficio estipula que todas las actuaciones del notario deben escribirse siempre en papel de tamaño oficio y que los documentos notariales deberán expedirse siempre en ese tipo de papel, el cual siempre deberá contener mecanismos de seguridad que garanticen la autenticidad y pertenencia al notario autorizante, según lo disponga la Dirección Nacional de Notariado.

V.—Que hasta el año 2007 el Banco Central de Costa Rica suministró a los impresores de protocolos de hoja removible y el papel de oficio, las resmas del papel de seguridad denominado “cuatro escudos”, el cual se agotó, material que incluía las siguientes características de seguridad: marca de agua del “Escudo de Costa Rica”, y fibrillas fluorescentes en color azul y verde visibles mediante una lámpara ultravioleta, particularidades que no limitaron la alteración de los documentos en cuestión, significando además mantener un precio de venta bajo. No obstante el inventario de papel de seguridad “cuatro escudos”, que mantenía el Banco Central para tal efecto, se agotó, con lo cual el ente emisor se vio en la obligación de ajustar el proceso de compra de los protocolos en cuestión, de modo que, además del proceso de fabricación la empresa impresora aporte el papel de seguridad requerido, papel que debe cumplir con las medidas de seguridad que tiene el usado hasta la fecha y otras que se explican en el siguiente considerando.

VI.—Que el Banco Central inició el proceso de compra de una nueva familia de protocolos de hoja removible Serie B1, adquisición que incorpora un cambio sustancial en el proceso de compra y fabricación de dichos valores, entre los que destaca la adquisición del papel de seguridad por parte del impresor a un fabricante en el exterior, material que incorpora características especiales para su identificación y que únicamente son verificables por medio de equipo especial o análisis de laboratorio. Asimismo, se refuerza con técnicas propias de impresión, con el propósito de disponer de un documento que responda apropiadamente a los requerimientos de seguridad, control y calidad, que exige los trámites notariales.

VII.—Que mediante oficio TESO-244 del 20 de mayo de 2008, el Departamento de Tesorería del Banco Central de Costa Rica, le informó al Ministerio de Hacienda los costos de impresión de la nueva familia de protocolos de hoja removible de la serie B1, de conformidad con el artículo 239 del Código Fiscal.

VIII.—Que según lo detallado en las consideraciones anteriores, el costo de impresión de los nuevos protocolos se han incrementado sustancialmente, razón por la cual conviene publicar el precio de venta actualizado en el menor plazo posible, y de esta manera evitar un desfase entre el agotamiento de la serie anterior y la venta de los nuevos protocolos de hoja removible Serie B 1. Por tanto,

Decretan:

Precio de Venta de la Nueva Familia

de Protocolos Serie B1

Artículo 1º—El valor de los protocolos de doscientas hojas removibles de papel sellado se fija en la suma de ¢28.370,00 (veintiocho mil trescientos setenta colones).

De conformidad con el artículo 248 del Código Fiscal, el valor antes mencionado se cobrará a los notarios por medio de entero a favor del Gobierno de la República y adicionalmente, los notarios deberán adherir un timbre fiscal de ¢5,00 por cada folio.

Artículo 2º—Se deroga el Decreto Ejecutivo Nº 34516-H del 21 de abril del 2008, publicado en La Gaceta Nº 94 del 16 de mayo del 2008.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Hacienda a. í., José Luis Araya Alpízar.—1 vez.—(Solicitud Nº 16035).—C-47540.—(D34546-50000).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Nº D.M. 087-2008.—Ministerio de Cultura y Juventud.—Despacho de la Señora Ministra.—San José, a las diez horas del día 9 de mayo del dos mil ocho. Nombramiento de la señora Gabriela Sáenz Shelby, cédula de identidad Nº 9-042-202, como Directora del Museo de Arte Costarricense.

Resultando:

1º—Que el Museo de Arte Costarricense es un órgano adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, cuya finalidad es velar por el fomento, la conservación, la divulgación y el estímulo de las artes y la literatura costarricenses en todas sus manifestaciones.

2º—Que según la Ley Nº 6091 del 7 de octubre de 1977, el Museo de Arte Costarricense tendrá un Director nombrado libremente por el Ministerio de Cultura y Juventud, sobre la base de la experiencia administrativa y el conocimiento de la historia del arte costarricense en particular y del arte contemporáneo en general.

Considerando:

Único.—Que por resolución administrativa Nº 107-2007 del 19 de junio del 2007, se nombró a la señora Gabriela Sáenz Shelby, cédula de identidad Nº 9-042-202, como Directora del Museo de Arte Costarricense hasta el 8 de mayo del 2008. Por tanto:

LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD, RESUELVE:

Artículo 1º—Reelegir a la señora Gabriela Sáenz Shelby, cédula de identidad Nº 9-042-202, como Directora del Museo de Arte Costarricense.

Artículo 2º—Rige a partir del 9 de mayo de 2008 y hasta el 8 de mayo de 2009.

María Elena Carballo Castegnaro, Ministra de Cultura y Juventud.—1 vez.—(Solicitud Nº 48578-Museo de Arte Costarricense).—C-15860.—(47521).

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

R-120-2008-MINAE.—San José a las diez horas con quince minutos del tres de febrero del año dos mil ocho.

Resultando:

1º—Que en el Expediente Administrativo Nº 6-2003, consta solicitud de otorgamiento de concesión en cauce de dominio público a favor del Sr. Rodolfo Fonseca Ledezma, portador de la cédula de identidad número 2-341-600, vecino del cantón de Carrillo, distrito de Filadelfia, de la provincia de Guanacaste.

2º—Que consta en el Expediente Administrativo Nº 6-2003, memorándum DGM-RNM-64-2008, de fecha 28 de enero del año 2008, mediante el cual la Dirección de Geología y Minas, recomienda el otorgamiento de concesión para la extracción de materiales en cauce de Dominio Público, sobre el Río Tempisque, a favor del Sr. Rodolfo Fonseca Ledezma.

3º—Que la concesión para la extracción de materiales en cauce de Dominio Público, sobre el Río Barranca, tiene las siguientes características:

Localización geográfica:

SITO en: Río Tempisque, distrito: 2 Palmira, cantón: 5 Carrillo, provincia: 7 Guanacaste.

Hoja cartográfica:

Hoja Carrillo Norte, escala 1:50.000 del I.G.N.

Localización cartográfica:

Entre coordenadas generales: 278791.09 – 363000.29 y 278834.96 – 363301.21, límite aguas arriba; 278627.37 – 363801.04 y 278585.19 – 363790.44, límite aguas abajo.

Área solicitada:

4 ha 2120.09 m², según consta en plano aportado al folio 5, mismo que debe de utilizarse para la revisión en el campo del amojonamiento.

Derrotero:

Coordenadas del vértice N° 1 2783585.1999 Norte, 363790.4445 Este.

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el día 10 de abril del 2003, área y derrotero aportados el 10 de abril del año 2003.

4º—Que el plazo recomendado es por 10 años, según memorándum DGM/OD-77-2003, suscrito por la Geóloga Sirzabel Ruiz.

5º—Que el material a explotar es arena (extracción artesanal).

6º—Que mediante resolución 1327-2005 SETENA de las nueve horas con cuarenta minutos del 9 de junio del año 2005 se otorga la Viabilidad Ambiental al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental

7º—Que las Recomendaciones Técnicas fueron emitidas por oficio DGM/DC-772-2003, suscrito por la Lic. Sirzabel Ruiz, manifestando: “…Recomendaciones de otorgamiento”

El concesionario, queda obligado a cumplir con las siguientes recomendaciones durante la ejecución de las labores de explotación:

1)     la extracción deberá realizarse en forma laminar, a lo largo de toda el área de concesión.

2)     La profundidad de extracción recomendada es de 1,5 m.

3)     Deberán dejar en ambos lados del cauce un talud de inclinación hacia el centro del cauce, respetando además un margen de unos 3 metros como medida de protección.

4)     Deberán proteger aquellos sitios de las márgenes susceptibles de erosión ó desbordamiento, conformando diques de protección de ser necesario.

5)     No deberán apilar materiales en el cauce del río, ni en las zonas de inundación, tampoco podrán desviar el cauce del mismo.

6)     El concesionario queda autorizado para utilizar el equipo descrita en el proyecto de explotación, en este caso:

a-)    Seis pangas.

b-)   Palas para extraer el material del río.

c-)    Cuatro yuntas de bueyes.

7)     La metodología de trabajo no podrá variar ó cambiar salvo previa autorización de la DGM y de la SETENA.

8)     El concesionario queda obligado a cumplir con el artículo 33 de la Ley Forestal.

9)     El acceso a la concesión será a través de camino público y privado, tal y como lo  especifica en el proyecto.

10)   En el primer informe de labores, el concesionario deberá aportar la siguiente información:

•    Mapa de avance del frente de explotación

•    Costos de explotación durante el periodo

•    Mano de obra utilizada

•    Reporte de ventas durante el periodo

•    Volumen de material removido y remanente con base en el cálculo de reservas.

•    Labores de prevención y recuperación ambiental durante el periodo

Además deberá cumplir con todos los requerimientos contemplados en el Reglamento al Código de Minería según el Decreto Ejecutivo Nº 29300 – MINAE, (artículos 69 y 75, del Reglamento)”.

8º—Que remitido el expediente al Departamento de Aguas, éste mediante oficio IMN-DA-2402-2205, manifestó su anuencia para el otorgamiento de la concesión en el Río Tempisque, bajo las siguientes condiciones “…1) El área a explotar será de 3 ha. 0 988,14   m² en el cauce del Río Tempisque, en Los Ángeles, Palmira, Carrillo, Guanacaste. 2) El material a extraer será de arena, quedando claro que queda totalmente prohibido extraer  material del piso firme del cauce del río por lo que será sólo permitida la extracción del material arrastrado. 3 ) Queda totalmente prohibida la extracción de materiales de las márgenes del río. 4) La extracción de materiales será mecanizada en forma laminar por lo que no se deben utilizar ningún tipo de equipo que no garantice este tipo de extracción. 5) Podrá ser realizada en toda época del año en que no sea impedida por las crecidas normales del río. 6) Queda prohibida la acumulación de materiales en el cauce del río para evitar que se puedan presentar represamientos. 7) Se deberá dejar en el caso de estructuras existentes (puentes y  tomas de agua) 200 metros de  distancia necesaria para evitar posibles daños”.

9º—Que publicados los edictos se presentaron las siguientes  oposiciones:

a)  Oposición presentada por parte del Sr. Gady Amit K., mediante escrito de fecha 7 de enero del año 2004, la cual se rechazó mediante resolución Nº 1027, de las doce horas con cuatro minutos del diez de marzo del año 2005, por extemporánea.

b)  Oposición presentada por el Sr. José María Guevara Navarrete el día 4 de noviembre del año dos mil cinco, en representación de la Municipalidad de Carrillo, la cual fue rechazada por extemporánea mediante resolución Nº 50 de las once horas del 18 de enero del año dos mil seis.

c)  Oposición presentada por parte del Sr. José María Guevara Navarrete, el día 4 de noviembre del año dos mil cinco, en representación de la Municipalidad de Carrillo, la cual fue nuevamente rechazada por extemporánea, mediante resolución Nº 687 de las diez horas con treinta minutos del 25 de mayo del año dos mil seis.

d)  Oposición presentada por el Sr. José María Guevara Navarrete, en representación de la Municipalidad de Carrillo, el día 4 de noviembre del año dos mil cinco, la cual mediante resolución Nº 15 de las once horas con quince minutos del 08 de enero del año 2007, fue rechazada por extemporánea.

Considerando:

1º—El Estado tiene el dominio, absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales, existiendo la potestad de otorgar, a través del Ministerio del Ambiente y Energía, concesiones o permisos para el reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos mineros sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes, procurando con ello, y por medio de sus políticas, la protección, conservación y manejo de los recursos naturales garantizando la protección efectiva de la biodiversidad del país al promover el conocimiento y uso sostenible de los recursos, para el disfrute intelectual, espiritual y el desarrollo económico de las generaciones presentes y futuras.

2º—El señor Rodolfo Fonseca Ledezma, portador de la cédula de identidad número 2-341-600, deberá cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con cada unas de las recomendaciones técnicas señaladas por la geóloga Sirzabel Ruiz en el oficio DGM-DC-772-2003.

3º—Durante la vigencia del plazo de concesión el Sr. Rodolfo Fonseca Ledezma, portador de la  cédula de identidad número 2-341-600, debe cumplir con todas las obligaciones que le impone el Código de Minería y su reglamento, así como a acatar las directrices que le gire la Dirección de Geología y Minas como órgano encargado de vigilar la actividad minera del país.

4º—Al haberse cumplido con los requisitos que establece el Código de Minería vigente, para la tramitación de concesión solicitada así como la respectiva recomendación   del expediente 6-2003, lo procedente es acoger la recomendación de la Dirección de Geología y Minas, emitida mediante memorandum DGM-RNM 64- 2008 de fecha 28 de enero del año 2008, lo procedente es otorgar la concesión solicitada por parte del señor Rodolfo Fonseca Ledezma, portador de la cédula de identidad número 2-341-600. Por tanto:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, RESUELVEN:

1º—Otorgar concesión de explotación de materiales en cauce de dominio público, Río Tempisque, a favor del Sr. Rodolfo Fonseca Ledezma, cédula de identidad número 2-341-600.

2º—El plazo de vigencia de la concesión es por 10 años, según memorandum DGM/DC 64-2008 de fecha 28 de enero del 2008, suscrito por el Msc. José Francisco Castro Muñoz, en su condición de Director de la Dirección de Geología y Minas.

3º—Que el  material a explotar es arena.

4º—La concesión queda condicionada al cumplimiento al Plan de Trabajo y a las condiciones técnicas emitidas por la geóloga Sirzabel Ruiz en el oficio DGM-DC-2003. Asimismo deberá cumplir con las condiciones ambientales según lo aprobado por la Secretaría Técnica nacional Ambiental en la resolución 1327-2005-SETENA de las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de junio del año dos mil cinco.

5º—El concesionario deberá cumplir con las obligaciones que la legislación le impone, así como acatar las directrices que le gire la Dirección de Geología y Minas.

6º—Contra la presente resolución cabe los recursos de revocatoria y reposición  ante el Despacho del señor Ministro y dentro del plazo de tres días a partir de la notificación de la presente resolución. Además del recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 344 y siguientes, así como 353 de la Ley General de la Administración Pública. Notifíquese.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro del Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora.—1 vez.—(48263).

HACIENDA

TESORERIA NACIONAL

AVISO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Para los efectos de los artículos 708 y 709 del Código de Comercio, el señor Joaquín Robles Arias, portador de la cédula de identidad número tres-ciento dieciséis-cero sesenta y cinco, ha solicitado ante la Tesorería Nacional la reposición del cupón de intereses Nº 08, por un monto de bruto de ¢20.000,00 (veinte mil colones exactos), fecha de emisión 22 de diciembre del 2007, y fecha de vencimiento 22 de marzo del 2008, correspondiente al Título de Propiedad Bonos Deuda Política TPTBP-894, así como la del principal del título TPTBP-894 fecha de emisión 22 de marzo del 2006, fecha de vencimiento 22 de marzo del 2008.—Dado en San José, el 20 de mayo del 2008.—Lic. Marvin Durán E., Coordinador, Asesoría Jurídica-Tesorería Nacional.—Nº 36614.—(48370).

AGRICULTURA Y GANADERIA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

EDICTOS

DIA-R-E-096-2008.—El señor Roberto González Quesada, cédula 3-246-184, en calidad de representante legal de la compañía Pesticide Center Distribution International S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Guápiles, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Tech-Flo All Season Blend, compuesto a base de: Nitrógeno-Fósforo-Potasio-Calcio-Magnesio-Azufre-Boro-Cobalto-Cobre-Hierro-Molibdeno-Zinc. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de mayo del 2008.—Registro de Agroquímicos.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(47991).

DIA-R-E-095-2008.—El señor Roberto González Quesada, cédula 3-246-184 en calidad de representante legal de la compañía Pesticide Center Distribution International S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Guápiles, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Tech-Flo All Season Tropical Blend compuesto a base de Nitrogeno-Fosforo-Potasio-Calcio-Magnesio-Azufre-Boro-Cobalto-Cobre-Hierro-Molibdeno-Zinc. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de mayo del 2008.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(47992).

DIA-R-E-099-2008.—El señor Roberto González Quesada, cédula 3-246-184 en calidad de representante legal de la compañía Pesticide Center Distribution International S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Guápiles, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Tech-Flo Cal Bor+Moly compuesto a base de calcio-azufre-boro-molibdeno. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de mayo del 2008.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(47994).

DIA-R-E-098-2008.—El señor Roberto González Quesada, cédula 3-246-184 en calidad de representante legal de la compañía Pesticide Center Distribution International S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Guápiles, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial Tech-Flo MZ 10-6 compuesto a base de Fósforo-Potasio-Manganeso-Zinc. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de mayo del 2008.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(47995).

DIA-R-E-097-2008.—El señor Roberto González Quesada, cedula 3-246-184 en calidad de representante legal de la compañía Pesticide Center Distribution International S. A. cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Guápiles, solicita inscripción del Fertilizante de nombre comercial Tech-Flo ZM 13.5-5 compuesto a base de Magnesio-Zinc. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 12 de mayo del 2008.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(47996).

Nº DIA-R-E-108-2008.—El señor Bernardo Morsink Schaefer, cédula Nº 1-441-980, en calidad de representante legal de la compañía Abonos del Pacífico S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial: ALBATROS 26-0-0-0-0-14(S), compuesto a base de nitrógeno-azufre. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, a las 12:00 horas del 12 de mayo del 2008.—Registro de Insumos Agrícolas.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(49005).

Nº DIA-R-E-109-2008.—El señor Bernardo Morsink Schaefer, cédula o pasaporte Nº 1-441-980, en calidad de representante legal de la compañía Abonos del Pacífico S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del fertilizante de nombre comercial: YARA 27-6-6-0-0-2(S), compuesto a base de nitrógeno-fósforo-potasio-azufre. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, a las 12:09 horas del 12 de mayo del 2008.—Registro de Insumos Agrícolas.—Ing. Ofelia May Cantillano, Encargada.—1 vez.—(49006).

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

EDICTOS

El señor José Miguel Amaya Camargo con número de cédula 79.421.093, vecino de San José, en calidad de regente veterinario de la compañía Agrocentro América S. A., con domicilio en San José, solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Singap, fabricado por: Laboratorio Only Pharma para Provet S. A., Colombia, con los siguientes principios activos: cada 100 ml contiene: 20,8 g de amitraz, y las siguientes indicaciones terapéuticas: para el control de la garrapata boophilus microplus y amblyomma cajennense en bovinos. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer en esta Dirección, dentro del termino de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 21 de mayo del 2008.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe.—1 vez.—(48245).

El señor José Miguel Amaya Camargo con número de cédula 79.421.093, vecino de San José, en calidad de regente veterinario de la Compañía Agrocentro América S. A., con domicilio en San José. Solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 4: Pompas Baño Seco. Fabricado por: Laboratorio Provet S. A., Colombia, con los siguientes principios activos: Cada 100 g contiene: Permetrina 1.00 g, Butoxido de Piperonilo 1,50 g, Irgasan DP 300 0,50, y las siguientes indicaciones terapéuticas: controla ectoparásitos como pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer en esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 21 de mayo del 2008.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe.—1 vez.—(48246).

El señor José Miguel Amaya Camargo con número de cédula 79.421.093, vecino de San José, en calidad de regente veterinario de la Compañía Agrocentro América S. A., con domicilio en San José. Solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 4: pompas shampoo. Fabricado por: Laboratorio Only Pharma Para Provet S. A., Colombia, con los siguientes principios activos: cada 100 ml contiene: permetrina 0.150 g, butoxido de piperonilo 0,200 g, Irgasan DP 300 1,500 g, y las siguientes indicaciones terapéuticas: antiséptico, desodorizante, aromatizante para perros, gatos y equinos. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer en esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 21 de mayo del 2008.—Dr. Luis Zamora Chaverri, Jefe.—1 vez.—(48248).

El señor Arturo Yglesias Mora, con número de cédula 1-432-651, vecino de San José, en calidad de regente veterinario de la Compañía Vetim S. A., con domicilio en San José, solicita el registro del siguiente medicamento veterinario del grupo 3: Panolog Ointment. Fabricado por: Laboratorio Fort Dodge Animal Health USA, con los siguientes principios activos: cada mL contiene: Nistatina 100 000 U, Sulfato de Neomicina (Neomicina Base) 2,50 mg, Tioestreptón 2.500 U, Triamcinolona Acetonida 1 mg y las siguientes indicaciones terapéuticas: para la terapia local de infecciones asociadas a bacterias y hongos causantes de inflamación y dermatitis en perros y gatos. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG “Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer en esta Dirección, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 28 de abril del 2008.—Dirección de Medicamentos Veterinarios.—Dr. Benigno Alpízar Montero, Director.—1 vez.—(48294).

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULOS

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, inscrito en el tomo 1, folio 13, asiento Nº 181, emitido por el Colegio Técnico Profesional Nocturno Carlos Luis Fallas Sibaja, en el año mil novecientos ochenta y tres, a nombre de Murillo Álvarez Guiselle. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 14 de mayo del 2008.—Asesoría Nacional de Gestión y Evaluación de la Calidad.—Guisela Céspedes Lobo, Asesora Nacional.—(46729).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 75, título Nº 541, emitido por el Liceo de Coronado, en el año mil novecientos noventa y ocho, a nombre de Soto Corrales Jenny. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los trece días del mes de marzo del dos mil ocho.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(47535).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 84, título Nº 1467, emitido por el Colegio de Limón Diurno, en el año mil novecientos ochenta y seis, a nombre de Vega Villalobos Manuel Enrique. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil ocho.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(47794).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Técnica” con Especialidad en Secretariado, inscrito en el tomo 1, folio 35, título Nº 288, emitido por el Colegio Técnico Profesional San Isidro Daniel Flores, en el año mil novecientos ochenta y tres, a nombre de Valverde Granados Yamileth. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil ocho.—Guisela Céspedes Lobo, Asesora Nacional.—(47797).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 104, título N° 974, emitido por el Colegio Salesiano Don Bosco, en el año dos mil dos, a nombre de Vargas Simipuy Sugen. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 15 de mayo del 2008.—Guisela Céspedes Lobo, Asesora Legal.—Nº 36318.—(47919).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 39, título N° 151, emitido por el Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, en el año mil novecientos noventa y seis, a nombre de Mora Jiménez Ericka. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 8 mayo del 2008.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(47060).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del título de  Bachiller  Profesional, inscrito  en  el  tomo 1, folio 465, título N° 596, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Heredia, en el año mil novecientos setenta y cuatro, a nombre de Arias Benavides Leda. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 5 mayo del 2008.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(47065).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada, “Rama Académica” Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el tomo II, folio 16, título N° 346, emitido por el Liceo Unesco en el año mil novecientos setenta y seis, a nombre de Soto Segura Elizabeth. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San José, 2 de mayo del dos mil ocho.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(48230).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada “Rama Académica” Modalidad Ciencias y Letras, inscrito en el tomo 1, folio 37, título N° 719, emitido por el Liceo de San Antonio, Desamparados, en el año mil novecientos ochenta y siete, a nombre de Zúñiga Oviedo Édgar René. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de mayo del dos mil ocho.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora.—(48247).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 138, título n° 1151, emitido por el Colegio Técnico Profesional de Acosta, en el año dos mil siete, a nombre de Aguilar Monge Gabriela. Se solicita la reposición del título indicado por deterioro del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de mayo del 2008.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(48257).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 71, título Nº 429, emitido por el Instituto Centroamericano Adventista, en el año dos mil dos, a nombre de Hernández Delgado Diana. Se solicita la reposición del título por deterioro del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de mayo del 2008.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—(48317).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 32, título Nº 351, emitido por el Liceo de Paraíso, en el año mil novecientos noventa y tres, a nombre de Carpio Gómez Adrián. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 15 de mayo del 2008.—Guisela Céspedes Lobo, Asesora Nacional.—Nº 36506.—(48371).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio 114, título Nº 2599, emitido por el Instituto de Alajuela, en el año dos mil, a nombre de Lobo Ávila Cindy Mariela. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 26 de mayo del 2008.—Lucyna Zawalinski Gorska, Asesora Nacional.—Nº 36611.—(48372).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

AVISO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social se ha procedido a la inscripción de la reforma que acordó introducir a su Estatuto Social organización social denominada: Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Profesionales Multidisciplinarios R. L., siglas SULA BATSU R. L., acordada en asamblea celebrada el 24 de noviembre del 2006. Resolución 1345. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de lea Ley de Asociaciones Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a la inscripción correspondiente, se envía un extracto de su inscripción para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La reforma afecta el artículo 28 del Estatuto.—San José, 14 de mayo del 2008.—Lic. José Joaquín Orozco Sánchez, Jefe.—Nº 35575.—(47105).

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

AVISO

En sesión celebrada en San José, a las nueve horas, del día 6 de diciembre del 2007, se acordó conceder traspaso de pensión de gracia, mediante la resolución JNPTA-392-2008, del día 6 de diciembre del 2007, al (a la) señor (a) Guevara Guevara Evangelina, mayor, viuda, cédula de identidad 4-029-2016, vecino (a) de Heredia, por un monto de sesenta mil doscientos cincuenta y ocho colones con noventa y nueve céntimos (¢60.258,99), con un rige a partir 1º de junio del 2007. Constituye un gasto fijo a cargo del Tesorero Nacional. El que se haga efectivo queda condicionado a que exista el contenido presupuestario correspondiente.—Sandra Chacón Fernández, Directora Ejecutiva.—1 vez.—(48228).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

AVISOS

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación de Hipertensos y Diabéticos del cantón de Goicoechea, con domicilio en la provincia de San José cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Impulsar y coordinar la creación y desarrollo de los proyectos concernientes a la salud de hipertensos y diabéticos. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es la presidenta Olga López Hernández. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 574, asiento 73963, adicional tomo 575, asiento 16045).—Curridabat, 25 de abril del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 35647.—(47101).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada, Asociación Nacional de Biotecnología, con domicilio en la provincia Puntarenas, contiguo a la pulpería Las Brisas de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas, cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Estimular el desarrollo y consolidación de la biotecnología en Costa Rica. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto, es el presidente: Miguel Ramírez Morales. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomos: 574 y 575, asientos: 57561 y 57803.—Curridabat, 25 de abril del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 35574.—(47102).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Centro de Promoción Humana Rosemarie Ospina, con domicilio en la provincia de Alajuela, barrio San José, calle La Torre frente a la clínica de salud, cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Fomentar la espiritual y vivencia de la fe a través de los actos cotidianos y la práctica de la solidaridad. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto, es el presidente: Sebastián Herrera Pla. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 572, asiento: 46691.—Curridabat, 31 de enero del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—(47124).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción, el estatuto de la entidad denominada: Asociación Administradora del Acueducto de Ojo de La Tigra de Lepanto de Puntarenas, con domicilio en la provincia de Puntarenas, en La Tigra de Jicaral. Sus fines, entre otros están: administrar, operar, dar mantenimiento, desarrollo y conservar en buenas condiciones el acueducto. Su presidente Dennis Glen Hamel, es el representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y demás limitaciones del estatuto. Por encontrarse dicha organización, dentro de las prescripciones establecidas en la ley de Asociaciones y sus reformas Nº 218 del 8 de agosto de 1939, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en el trámite; tomo: 575 asiento: 41877.—Curridabat, 21 de mayo del 2008.—Lic. Grace Scott Lobo, Directora a. í.—1 vez.—Nº 36377.—(48358).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma de estatutos de la entidad denominada Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones y sus reformas) y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 574, asiento: 59738.—Curridabat, 7 de abril del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 36393.—(48359).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación Iglesia de Revelación El Gran Mandamiento, con domicilio en la provincia de San José; cuyos fines principales entre otros son los siguientes: fundar, constituir, mantener y administrar una iglesia, en donde se propague la palabra de Dios y la fe cristiana. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es la Presidenta: María Auxiliadora Figueroa. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones y sus reformas), y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 575, asiento: 39222).—Curridabat, 28 de abril del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 36395.—(48360).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Grupo Pensamiento Crítico, con domicilio en la provincia de San José, Moravia. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: promover acciones que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico y alternativo en el ámbito de las ciencias económicas, sociales, teológicas, pedagógicas, jurídicas y políticas. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Norman José Solórzano Alfaro. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones y sus reformas) y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 575, asiento: 32836.—Curridabat, 7 de mayo del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 36404.—(48361).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Cámara de Turismo de Santa Cruz de Guanacaste, con domicilio en la provincia de Guanacaste. Sus fines principales entre otros es el siguiente: promover el desarrollo y crecimiento sustentable del turismo de Santa Cruz. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones que le establece el estatuto, lo es el presidente: José Gerardo Brenes Alfaro. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones y sus reformas) y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 575, asiento: 64510).—Curridabat, 12 de mayo del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 36586.—(48362).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada Asociación de Vecinos de Las Brisas de Cabagra de Buenos Aires de Puntarenas, con domicilio en la provincia de Puntarenas, contiguo a la pulpería Las Brisas de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas, cuyos fines principales entre otros son los siguientes: planificar y desarrollar proyectos que les permitan proyectarse y mejorar: social, cultural, educativamente y económicamente. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con las limitaciones establecidas en el estatuto, es el presidente: José Antonio Zumbado Zumbado. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del .8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones y sus reformas) y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Tomo: 575, asiento: 77524.—Curridabat, 7 de mayo del 2008.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 36587.—(48363).

REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

El señor Luis Diego Castro Chavarría, mayor, abogado, cédula de identidad Nº 1-0669-0228, vecino de San José, en calidad de apoderado general de Rintat Neuroscience Corporation, de E.U.A., solicita la Patente de Invención denominada: ANTICUERPOS ANTAGONISTAS DIRIGIDOS CONTRA EL PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA. La invención se refiere a métodos para prevenir o tratar trastornos asociados a CGRP como síntomas vasomotores, incluyendo cafaleas (por ejemplo: migraña, cafalea racimo y cafalea por tensión), y sofocos administrando un anticuerpo antagonista anti-CGRP. También se describen el anticuerpo antagonista G1 y anticuerpos obtenidos de G1 dirigidos a CGRP. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es A61K 39/395, cuyos inventores son Joerg Zeller, Kristian Todd Poulsen, Yasmina Noubia Abdiche, Jaume Pons, Sierra Jones Collier, Arnon Rosenthal. La solicitud correspondiente lleva el número 9975, y fue presentada a las 14:54:38 del 14 de mayo del 2008. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 16 de mayo del 2008.—Lic. Karina Arrieta Rodríguez, Registradora.—Nº 35831.—(47440).

El señor Rolando Laclé Zúñiga, mayor, casado, abogado, cédula de identidad Nº 1-714-897, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Bayer Consumer Care AG, de Suiza, solicita la Patente de Invención denominada: CIERRE DE GARANTÍA. Cierre para tubo de comprimidos que comprende un anillo conectado al tubo, una tapa, que está conectada al anillo por medio de una lengüeta, estando dicha lengüeta conectada por medio de tiras de garantía/rasgables con el anillo y la tapa, y tiras de garantía/rasgables entre dicho, anillo y dicha tapa. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es B65D 47 /08, cuyos inventores son Fily, Sebastien, Lucien, Morley, William, Leonard, Sebille, Vincent, Rault, Stephane. La solicitud correspondiente lleva el número 9970, y fue presentada a las 14:59:45 del 12 de mayo del 2008. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 13 de mayo del 2008.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 35932.—(47441).

El señor Luis Diego Acuña Delcore, mayor, abogado, cédula Nº 1-440-632, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Pliva, Farmaceutska Indutrija, Dionicko Drustvo, de Afganistán, solicita la patente de invención denominada NUEVOS COMPUESTOS DE DIBENZOAZULENO INHIBIDORES DEL FACTOR A DE NECROSIS TUMORAL. Se refiere a los compuestos de dibenzoazuleno representados por la fórmula I, como así también a sus preparaciones farmacéuticas, para la inhibición del factor alfa d necrosis tumoral (TNF-a) e interleucina I (IL-1) en mamíferos en todas aquellas, enfermedades y condiciones en las que estos mediadores se excretan en forma excesiva. Los compuestos de la presente invención también demuestran una acción analgésica y pueden ser utilizados para aliviar el dolor. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es C07D 495 /04, cuyos inventores son Mladen Mercep, Milan Mesic, Dijana Pesic, Zeljko Zupanovic, Boska Hrvacic. La solicitud correspondiente lleva el número 6860, y fue presentada a las 12:00:00 del 17 de diciembre de 2002. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 5 de febrero del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 36044.—(47916).

El señor José Ant. Gamboa Vázquez, mayor, abogado, cédula Nº 1-461-803, vecino de San José, en condición de apoderado especial de Lupin Limited, de India, solicita la patente de invención denominada UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ANTIMICOBACTERIANA. Se describen una combinación antimicobacteriana y una composición para tratar tuberculosis. Los compuestos usados son N-(3-[[4-(3-trifluorometilfenil)piperazinil]metil]-2-metil-5-fenil-pirrolil)-4-pi ridilcarboxamida de la fórmula (I) o su sal no tóxica farmacéuticamente aceptable y una cantidad de uno o más fármacos antituberculosos de primera línea. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es A61K 45 /06, cuyos inventores son Arora Sudershan Kumar, Sinha Neelima, Sinha Rakesh, Upadhyaya Ram Shankar. La solicitud correspondiente lleva el número 8748, y fue presentada a las 10:43:40 del 10 de noviembre del 2006. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 18 de febrero del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 36133.—(47917).

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

E1 señor José Ant. Gamboa Vázquez, mayor, abogado, cédula Nº 1-461-803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Daniel Serrano Gil, de España, solicita la Patente de Invención denominada UNA COMPOSICIÓN PARA SER ADMINISTRADA A UN MAMÍFERO O A UN SER HUMANO. La composición preferida para ser administrada a un mamífero o a un ser humano se pretende al objeto de destruir células dañadas y patógenos e incluye liposomas vacíos, elementos proteínicos estructurales y elementos de anclaje específicos escogidos en función de la célula o microorganismo patógeno a destruir, de manera que en su administración al paciente la composición se comporta como un eficaz agente efector que interacciona con la membrana de la célula diana o con la membrana del microorganismo para procurar bocas de vertido que eliminen el contenido intracelular al medio extracelular. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es A61K 9 /127, cuyo inventor es Daniel Serrano Gil. La solicitud correspondiente lleva el número 9896, y fue presentada a las 11:08:00 del 18 de abril de 2008. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso.. Publíquese tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 30 de abril del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 36134.—(47918).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

El señor Francisco Ulibarri Pernus, mayor, casado, ingeniero mecánico, cédula de identidad Nº 1-473-115, vecino de Bélen, Ingeniería del Concreto Sociedad Anónima, de Costa Rica, solicita la Patente de Invención denominada SISTEMA DE MAMPOSTERÍA DE COLOCACIÓN ESTIBADA Y UNIÓN TRASLAPADA. Consiste en un sistema constructivo de paredes de mampostería conformado por bloques de concreto de colocación estibada y unión traslapada, produciéndose como resultado una nueva forma de ensamblaje. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositadas, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es E04B/, cuyos inventores son Francisco Ulibarri Pernus, Ernesto Pineda Ureña. La solicitud correspondiente lleva el número 9938 y fue presentada a las 11:32:10 del 28 de abril de 2008. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 15 de mayo del 2008.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 35467.—(47104).

El señor Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, cédula Nº 1-434-595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Bticino S.P.A, de Italia, solicita el Modelo Industrial denominada DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS.

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Se refiere a un dispositivo eléctrico. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 13 /03, cuyo inventor es Fabrizio Frabrizi. La solicitud correspondiente lleva el Nº 8029 y fue presentada a las 14:33:08 del 4 de octubre del 2005. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de aviso.—San José, 3 de abril del 2008. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 3 de abril del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 36471.—(48364).

EL señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, asistente legal, cédula Nº 1-637-429, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Bticino S.P.A., de Italia, solicita el Modelo Industrial denominada CAJA PROTECTORA PARA APARATOS ELÉCTRICOS.

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La caja comprende una base sustancialmente cuadrangular con una cubierta abultada y asida a la base. La memoria descriptiva, reindivicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 13/03, cuyo inventor es Frabrizi, Fabrizio. La solicitud correspondiente lleva el Nº 9193, y fue presentada a las 13:39:53 del 19 de junio del 2007. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 3 de abril del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 36472.—(48365).

El señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, asistente legal, cédula de identidad Nº 1-637-429, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de Bticino S.P.A.,, de Italia, solicita el Modelo Industrial denominada CAJA PROTECTORA PARA APARATOS ELÉCTRICOS.

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La caja comprende una base sustancialmente cuadrangular con una cubierta abultada y asida a la base. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 13/03, cuyo inventor es Frabrizi, Fabrizio. La solicitud correspondiente lleva el Nº 9192 y fue presentada a las 13:39:27 del 19 de junio del 2007. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 4 de abril del 2008.—Lic. Karina Arrieta Rodríguez, Registradora.—Nº 36474.—(48366).

El señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, asistente legal, cédula Nº 1-637-429, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de Bticino S.P.A., de Italia, solicita la Patente de Invención denominada ENGANCHE SUJETA- CABLES ASOCIABLE A UN CONTENDOR PORTA- APARATOS.

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Enganche sujeta-cables asociable a un contenedor porta-aparatos, estando el contenedor formado por un cuerpo a modo de caja, dotado de una cavidad interna, y estando provisto de al menos una abertura para el paso de al menos un primer cable conductor desde dicha cavidad interna hasta el exterior de dicho contenedor. El enganche sujeta-cables está provisto de: medios de fijación susceptibles de cooperr con la citada abertura para la fijación de dicho enganche a un dicho contenedor, un canal atravesable por al menos un cable conductor adicional para su vinculación con el citado contenedor. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es H01H   1/00, cuyo inventor es Rocco Ricciardi. La solicitud correspondiente lleva el Nº 8391 y fue presentada a las 13:31:30 del 11 de mayo del 2006. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 3 de abril del 2008.—Lic. Melissa Solís Zamora, Registradora.—Nº 36475.—(48367).

El señor Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad Nº 1-434-595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Bticino S.P.A., de Italia, solicita el Modelo Industrial denominado: DISPOSITIVO ELÉCTRICO.

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El presente diseño se refiere a un interruptor con un botón columpiante. Este botón está provisto en la parte frontal inferior de un elemento decorativo, que de manera preferente pero no limitativa puede ser iluminado. En otra forma pero no limitativa, y no mostrado en el diseño adjunto cuando dicho interruptor sea usado para un timbre, el botón puede estar provisto con un patrón decorativo esencialmente en forma de una pequeña campana la cual estará en relieve y preferiblemente ubicada arriba del elemento decorativo inferior. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 13.0 3, cuyo inventor es Fabrizio Fabrizi. La solicitud correspondiente lleva el Nº 8874, y fue presentada a las 11:00:00 del 25 de enero del 2007. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 1º de abril del 2008.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 36476.—(48368).

El señor Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad Nº 1-434-595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Bticino S.P.A, de Italia, solicita el Modelo Industrial denominado: PLACA COBERTORA PARA MONTAR APARATOS ELÉCTRICOS A LA PARED.

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El presente diseño refiere a una placa cobertora para montar uno o más aparatos electrónicos a la pared. Esta placa cobertora en su vista frontal presenta una porción central cuadrangular bordeando una ventana adaptada para recibir la parte frontal de uno o más aparatos eléctricos. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales Sétima Edición es 13/ 03, cuyo inventor es Fabrizi, Fabrizio. La solicitud correspondiente lleva el Nº 9007, y fue presentada a las 10:27:15 del 21 de marzo del 2007. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 1º de abril del 2008.—Lic. Chantal Trejos Monge, Registradora.—Nº 36477.—(48369).

AMBIENTE Y ENERGÍA

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Exp. Nº 1546A.—Hacienda Moctezuma S. A., solicita concesión de 150 litros por segundo del Río Agualote, efectuando la captación en finca de su propiedad en Puente de Piedra, Grecia, Alajuela, para uso agropecuario-abrevadero y varios. Coordenadas 226.500 / 498.500 Hoja Naranjo. Predios inferiores: Finca La Argentina S. A., Hacienda Castilla S. A., Hacienda Rincón de Salas S. A. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(46802).

Exp. Nº 113A.—Finca La Argentina S. A., solicita concesión de 100 lps del Río Agualote, efectuando la captación en finca de HDA: Montezuma S. A., en Puente de Piedra, Grecia, Alajuela, para uso agroindustrial-ingenio y agropecuario-riego-caña de azucarera, industria. Coordenadas 224.500 / 498.200 Hoja Naranjo. Predios inferiores: Hacienda Castilla S. A., Hacienda Rincón de Salas S. A. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(46803).

Exp. 1545A.—Hacienda Rincón de Salas S. A., solicita concesión de: 150 litros por segundo del Río Agualote, efectuando la captación en finca de su propiedad en Puente de Piedra, Grecia, Alajuela, para usos varios. Coordenadas 226.500 / 498.500 hoja Naranjo. 10 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de su propiedad en Puente de Piedra, Grecia, Alajuela, para uso agropecuario-abrevadero y varios. Coordenadas 222.500 / 498.100 hoja Naranjo. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(46804).

Expediente Nº 6178A.—Sociedad de Usuarios Agua Fátima de Desamparados, Alajuela, solicita concesión de: 1,5 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Fabrileo S. A. Sita: en Desamparados, Alajuela, Alajuela, para uso consumo humano-agropecuario-riego-pasto. Coordenadas: 221.200 / 514.900, hoja Barba. Predios inferiores: Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 19 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—(47508).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Exp. Nº 12892-A.—Zona Biophlia S. A., solicita concesión de ,057 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la captación en finca de Rafael Paniagua Ugalde en Mercedes Sur, Puriscal, San José, para uso consumo humano. Coordenadas 190.500 / 489.450 hoja Candelaria. Predios inferiores: Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 29 de abril del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 35507.—(47106).

Exp. 5854-A.—Cañera Moralito S. A., solicita concesión de 60 litros por segundo del río Tempisque, efectuando la captación en finca de su propiedad en Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, para uso agropecuario-riego-caña de azúcar. Coordenadas 267.400 / 371.300 hoja Belén. Predios inferiores: José Antonio Gutiérrez Dávila y Luis Antonio Monge Bustos. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 35518.—(47107).

Expediente 569-H.—Planta Eléctrica de Tapezco Ltda., solicita concesión de 300 litros por segundo del río Tapezco efectuando la captación en finca de Guido Alfaro Rodríguez en Tapezco, Alfaro Ruiz, Alajuela, para uso fuerza hidráulica-generación eléctrica y venta al ICE. Coordenadas: 245.250/ 491.500. Hoja Quesada. Caída bruta (metros): 120 m. Potencia teórica (Kw): 352.84 kw. Predios inferiores: Guido Alfaro Rodríguez. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del término de un mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 26 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(48238).

Expediente Nº 4882A.—Rancho Monterreal S. A., solicita concesión de 130 litros por segundo del río Liberia, efectuando la captación en finca de su propiedad en Liberia, Liberia, Guanacaste, para uso agropecuario, riego, caña de azúcar. Coordenadas 282.700 / 370.100 hoja Carrillo Norte. Predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 20 de mayo del 2008.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 36529.—(48373).

EDICTOS

Registro Civil - Departamento Civil

OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por María Elena García Cruz, en expediente Nº 7831-03, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Nº 1247-03.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Oficina de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de junio del dos mil tres. Diligencias de ocurso incoadas por María Elena García Cruz, mayor, soltera, oficios del hogar, nicaragüense, cédula de residencia número cero veinticinco-RE-cero cero dos mil quinientos cincuenta y nueve-cero cero-mil novecientos noventa y nueve, vecina de La Guaria, Puerto Viejo Sarapiquí. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto, Rectifíquense los asientos de Nacimiento de Víctor Andrés García López y Wilberth Díaz García... en el sentido de que los apellidos de la madre... son “García Cruz”. Publíquese esta resolución una vez en el Diario Oficial.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor, Departamento Civil.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(47032).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Mayra de la Trinidad Castro Salas, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 858-2008.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las once horas del veintitrés de abril del dos mil ocho. Ocurso. Exp. N° 451-2008. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto, rectifíquese el asiento de matrimonio de Jorge León Monge Loaiza con María conocida como Mayra Salas Rojas..., en el sentido que el nombre y los apellidos de la cónyuge son “Mayra de la Trinidad Castro Salas, hija de Alfonso Castro Villalobos y Leticia Salas Rojas, costarricenses” y no como se consignaron.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe a. í.—1 vez.—Nº 35424.—(47108).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por María Carmelina Mercado Borges, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 3209-07.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas cinco minutos del veintidós de noviembre del dos mil siete. Exp. Nº 15843-07. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto, procédase a rectificar el asiento de matrimonio de Juan Elí Blanco Rojas con María Carmelina Mercado Borges... en el sentido que la edad de la cónyuge al momento de la celebración del mismo es “sesenta y seis años de edad”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 35404.—(47109).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por María Auxiliadora Calderón Espinoza, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 0183-08.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero del dos mil ocho. Exp. Nº 31639-07. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto, Procédase a rectificar el asiento de nacimiento de Jonny Alberto Fajardo Espinoza... y el asiento de nacimiento de Elías José Espinoza Acosta... en el sentido que los apellidos de la madre... son “Calderón Espinoza”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 35474.—(47110).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Ilka Fanet Ruiz Benavides, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 3116-2007.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas quince minutos del catorce de noviembre del dos mil siete. Ocurso. Exp. Nº 12139-2007. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos Probados:..., II.—Hechos no Probados:..., III.—Sobre el fondo:..., Por tanto, Rectifíquese el asiento de matrimonio de Óscar Adrián Chacón Orozco con Ilka Fanet Ruiz Benavides, en el sentido que el segundo nombre de la madre de la cónyuge es “Nellys” y no como se consignó.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 35600.—(47111).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Marcia Cordero Monge, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 642-2008.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas del veinticinco de marzo del dos mil ocho. Expediente 36299-2007. Resultando: 1º—... 2º—... 3º—... Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Hechos no Probados:... III.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Kenneth Mauricio y el asiento de nacimiento de Estiben Labidiel ambos de apellidos Chacón Vargas... en el sentido que el primer apellido de la madre de los mismos es “Cordero” y no como se consignó.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—Hugo Montero Hernández, Jefe a. í.—1 vez.—(48258).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Marianella Chacón Farah, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 0668-08.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de marzo del dos mil ocho. Exp. Nº 6895-08. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos probados..., II.—Hechos no probados..., III.—Sobre el fondo... Por tanto: procédase a rectificar el asiento de matrimonio de Lovengri Ricardo Ardón Villalta con Marianella Chacón Hernández... en el sentido que los apellidos de la cónyuge son “Chacón Farah, hija de “Francisco Chacón Durán y Julia Farah Ramos, costarricenses”, la misma actualmente es portadora de la cédula de identidad número uno-mil ochocientos sesenta y ocho-doscientos ochenta y seis”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Hugo Montero Hernández, Jefe a. í.—1 vez.—Nº 36350.—(48374).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Martha Isabel Peralta Marín, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 3714-07.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas y treinta y tres minutos del diez de diciembre del dos mil siete. Expediente Nº 19765-07. Resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—...; Considerando: I.—Hechos probados..., II.—Hechos no probados..., III.—Sobre el fondo... Por tanto: procédase a rectificar el asiento de nacimiento de Samantha Carolina Mendoza Peralta... y el asiento de nacimiento de Isaac Emanuel Peralta Peralta... en el sentido que los apellidos de la madre de las personas ahí inscritas son... “Peralta Marín” y no como se consignaron.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 36463.—(48375).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Dayra Elieth Campos Ugalde, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 3134-2006.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas treinta minutos del dos de noviembre del dos mil seis. Ocurso. Expediente Nº 23275-06. Resultando: 1º—..., 2º—..., 3º—... Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Alejandra Mayela Guzmán Ugalde, en el sentido que los apellidos y la nacionalidad de la madre de la persona ahí inscrita son “Campos Ugalde” y “costarricense”, respectivamente y no como se consignaron.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—M.Sc. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 36466.—(48376).

Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Mariano Eduardo Solórzano Castillo, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Nº 860-2006.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas treinta minutos del veintidós de mayo del dos mil seis. Expediente Nº 31440-2005. Resultando: 1º—..., 2º—...; Considerando: I.—Hechos probados..., II.—Hechos no probados, III.—Sobre el fondo...; Por tanto: procédase a rectificar el asiento de nacimiento de Mariela Solórzano Aguilar, ... en el sentido que la nacionalidad del padre es “nicaragüense”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 36568.—(48377).

AVISOS

Registro Civil – Departamento Civil

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES

Avisos de solicitud de naturalización

María Adriana Rincón Moreno, mayor, soltera, oficios del hogar, colombiana, cédula de residencia 117000133818, vecina de San José, expediente 1971-2007. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 6 de febrero del 2008.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—Nº 35414.—(47112).

José Antonio Peña Lazo, mayor, soltero, cajero, salvadoreño, cédula de residencia 220-161574-007403, vecino de San José, expediente 965-2005. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 1º de  abril del 2008.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—Nº 35651.—(47113).

Rosa Virginia Pérez Olivares, mayor, soltera, arquitecta, panameña, cédula de residencia 159100014329, vecina de San José, expediente 1402-2007. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 10 de agosto del 2007.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—Nº 35416.—(47114).

Asunción De María Martínez Morales, mayor, casada, empleada doméstica, nicaragüense, cédula de residencia Nº 155803090323, vecina de Alajuela, expediente Nº 2688-2007. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 7 de marzo del 2008.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—1 vez.—Nº 36469.—(48378).

AVISOS

La Contraloría General de la República informa: mediante resoluciones PA-30-2007 de las 12:00 horas del 13 de abril de 2007 y DAGJ-10-2005-U de las 10:00 horas del 28 de setiembre de 2007, se impuso a los señores Óscar Pérez Barquero, cédula de identidad 6-106-1188, Rolando Gamboa Zúñiga, cédula de identidad 1-419-246, Marvin Quesada Varela, cédula de identidad 1-471-607, Idalí Ledezma Porras, cédula de identidad 6-084-033 una prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por cuatro años. Asimismo, a los señores Lidia Isabel Vega Mesén, cédula de identidad 1-685-232, Rogelio Fernández Rodríguez, cédula de identidad 1-416-1139 y Alberto Cole De León, cédula de identidad 6-148-428, una prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por dos años. La anterior sanción tiene un rige a partir del 28 de setiembre de 2007, fecha en que quedó firme el acto final detallado en líneas precedentes. Por lo anterior sírvanse tomar nota las Administraciones interesadas, a efectos de que dichas personas no sean nombradas en cargos de la Hacienda Pública por el período indicado, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como el artículo 62 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta Nº 76 del 20 de abril de 2007. Publíquese.—División de Asesoría y Gestión Jurídica.—Lic. Carlos Andrés Arguedas Vargas, Gerente.—1 vez.—(O. P. Nº 19492).—C-12560.—(47523).

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Ajuste al programa de adquisiciones 2008 por modificación

presupuestaria de Junta Directiva 6-2008

-Cifras en colones-

Rebajar

1                                                 SERVICIOS                                                                                                                                                           3,661,000.00

1-08-06                                      Mantenimiento y reparación

                                                   de equipo de comunicación                                                                                                                                      3,661,000.00

2                                                 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                       2,000,000.00

2-04-02                                      Repuestos y accesorios 2,000,000.00

5                                                 BIENES DURADEROS                                                                                                                                       39,375,000.00

5-01-05                                      Equipo y programas de cómputo                                                                                                                           39,375,000.00

Total rebajar                                                                                                                                                                                                           45,036,000.00

Aumentar

1                                                 SERVICIOS                                                                                                                                                         40,575,000.00

1-01-03                                      Alquiler de equipo de cómputo                                                                                                                              39,375,000.00

1-07-02                                      Actividades protocolarias y sociales                                                                                                                        1,200,000.00

2                                                 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                          800,000.00

2-02-03                                      Alimentos y bebidas 800,000.00

5                                                 BIENES DURADEROS                                                                                                                                         3,661,000.00

5-01-03                                      Equipo de comunicación 3,661,000.00

Total aumentar                       45,036,000.00

Departamento de Contabilidad.—Msc. Rodrigo Madrigal F., Director.—1 vez.—(O. C. Nº 9562).—C-19820.—(49895).

LICITACIONES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2008LN-000005-APITCR

Adquisición de equipo para laboratorio

El Departamento de Aprovisionamiento por medio de la Oficina de Licitaciones, ubicada en el Edificio D-4 sede central, recibirá ofertas hasta las diez horas (10:00 a.m.) del día 3 de julio del 2008, para la adquisición de equipo para laboratorio.

Los interesados pueden retirar el cartel sin costo alguno en el Departamento de Aprovisionamiento, sede central Cartago.

Cartago, 30 de mayo del 2008.—Lic. Walter Sequeira Fallas, Director.—1 vez.—(Solicitud Nº 14444).—C-6620.—(49984).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000057-1142

(Invitación)

Bolsas rojas de polietileno para desechos infecciosos grandes

Se informa a los interesados que está disponible el cartel de la Licitación Abreviada Nº 2008LA-000057-1142 para la adquisición de 72.000 kg de bolsas rojas de polietileno para desechos infecciosos. Apertura de ofertas: 10:00 horas del día 2 de julio del 2008, vea detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 29 de mayo del 2008.—Subárea de Carteles.—Lic. Vilma Arias Marchena, Jefa.—1 vez.—(Nº 1142).—C-4640.—(50202).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000056-1142

Micro motor de aire

Se informa a los interesados que está disponible el cartel de la Licitación Abreviada Nº 2008LA-000056-1142 para la adquisición de 240 ud. micro motor de aire. Apertura de ofertas: 9:00 horas del día 2 de julio del 2008, vea detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 29 de mayo del 2008.—Subárea de Carteles.—Lic. Vilma Arias Marchena, Jefa.—1 vez.—(Nº 1142).—C-4640.—(50203).

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000012-1142

1.200 jg. juegos de pieza de mano de alta velocidad

con 3 turbinas de repuesto

Se informa a los interesados que está disponible el cartel de la Licitación Pública Nº 2008LN-000012-1142, para la adquisición de: 1.200 jg. juego de pieza de mano de alta velocidad con 3 turbinas de repuesto, apertura de ofertas: 16 de julio del 2008 a las 9:00 horas. Ver detalle en http://www.ccss.sa.cr.

San José 28 de mayo del 2008.—Subárea de Carteles.—Lic. Vilma Arias Marchena, Jefa.—1 vez.—(Nº 1142).—C-4640.—(50206).

HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2008LN-000011-3003

Tarjetas gel para determinación de grupos sanguíneos en donadores

de sangre, pacientes y estudio de anemias hemolíticas

Se informa a los interesados que está disponible la Licitación Pública Nacional 2008LN-000011-3003. Tarjetas gel para determinación de grupos sanguíneos en donadores de sangre, pacientes y estudio de anemias hemolíticas. Fecha máxima de recepción de ofertas 02 de julio del 2008 a las 10:30 a. m. Vea detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 30 de mayo del 2008.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Endry Núñez Salas, Coordinador.—1 vez.—(50213).

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2008LN-000012-3003

Reactivos para pruebas de coagulación

Se informa a los interesados que está disponible la Licitación Pública Nacional 2008LN-000012-3003. Reactivos para pruebas de coagulación. Fecha máxima de recepción de ofertas 02 de julio del 2008 a las 02:00 p. m. Vea detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 30 de mayo del 2008.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Endry Núñez Salas, Coordinador.—1 vez.—(50215).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2008LI-000025-PROV

Adquisición de equipo de seguridad ocupacional para el P.H. Pirris

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación antes mencionada, que recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del día 23 de julio del 2008, en la Proveeduría de este Instituto, sita 400 metros norte de la esquina este del edificio Central, para el suministro de lo siguiente:

Requerimiento:

Adquisición de equipo de seguridad ocupacional para el P.H. Pirris

Mayores especificaciones, condiciones generales y especiales podrán adquirirse por medio de fotocopia cancelando el costo de la misma en la Proveeduría de este Instituto, o accesando nuestra dirección electrónica: https://www.grupoice.com/PELWeb/inicio.do

San José, 30 de mayo del 2008.—Licitaciones. Dirección de Proveeduría.—Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador.—1 vez.—(O. C. Nº 335364).—C-9920.—(50241).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000080-PROV

Construcción de líneas de distribución eléctrica, en varios

sectores de Región Huetar Atlántica Sectores Limón

y Guácimo, fórmulas HAG-01-08, HAG-04-08,

HAL-01-08 y HAL-02-08

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación antes mencionada, que recibirá ofertas hasta las 09:00 horas del día 25 de junio del 2008, en la Proveeduría de este Instituto, sita 400 metros norte de la esquina este del edificio Central, para el suministro de lo siguiente:

Requerimiento

Construcción de líneas de distribución eléctrica, en varios sectores de Región Huetar Atlántica Sectores Limón y Guácimo, fórmulas HAG-01-08, HAG-04-08, HAL-01-08 y HAL-02-08.

Mayores especificaciones, condiciones generales y especiales podrán adquirirse por medio de fotocopia cancelando el costo de la misma en la Proveeduría de este Instituto, o accesando nuestra dirección electrónica: https://www.grupoice.com/PELWeb/inicio.do

San José, 28 de mayo del 2008.—Licitaciones. Dirección de Proveeduría.—Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador.—1 vez.—(O. C. Nº 335364).—C-13220.—(50243).

AVISOS

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA 2008LA-000020-01

Diagnóstico de la Seguridad Perimetral y Operativa

de los embalses propiedad de JASEC

Contratar Bienes y Servicios avisa que: para esta licitación se recibirán ofertas hasta las 11:30 horas del 18 de junio del 2008, acto seguido se procederá con la apertura de las ofertas que hubiesen sido presentadas, lo cual tendrá lugar en las instalaciones de JASEC, sitas en Cartago, barrio Fátima, 300 metros norte y 100 metros oeste de la Iglesia María Auxiliadora. Los interesados podrán solicitar el cartel en la dirección indicada o al correo electrónico aacuna jasec.co.cr y en el sitio Web www.jasec.co.cr.

Cartago, 29 de mayo del 2008.—Contratar Bienes y Servicios.—Lic. Abel Gómez L., Coordinador.—1 vez.—(Solicitud Nº 11036).—C-6620.—(50194).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000040-01

Adquisición de licencias Siebel Service y Tap

Contratar Bienes y Servicios avisa que para esta licitación se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del 11 de junio del 2008, acto seguido se procederá con la apertura de las ofertas que hubiesen sido presentadas, lo cual tendrá lugar en las instalaciones de JASEC, sitas en Cartago, Barrio Fátima, 300 metros norte y 100 metros oeste de la Iglesia María Auxiliadora. Los interesados podrán solicitar el cartel en la dirección indicada o al correo electrónico aacuna@jasec.co.cr y en el sitio Web www.jasec.co.cr.

Cartago, 29 de mayo del 2008.—Contratar Bienes y Servicios.—Lic. Abel Gómez L., Coordinador.—1 vez.—(Solicitud Nº 11035).—C-6620.—(50200).

SISTEMA NACIONAL DE RADIO

Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000001-01

Adquisición de una cámara Dvcam Camcorder portátil,

batería, cargador, trípode, maleta de cámara, maleta

de trípode, cabeza, plaqueta y Dolly

El Departamento de Proveeduría del SINART S. A., recibirá ofertas por escrito y en sobre cerrado hasta las 11:00 horas del día 25 de junio de 2008, para la adquisición de una cámara Dvcam Camcorder portátil, batería, cargador, trípode, maleta de cámara, maleta de trípode, cabeza, plaqueta y Dolly.

El cartel que contiene las condiciones específicas y generales, puede ser retirado sin costo alguno, en el Departamento de Proveeduría del SINART S. A., situado en La Uruca, del Parque Nacional de Diversiones 1 kilómetro al oeste. Cualquier consulta al respecto, sírvase llamar al teléfono 2220-0070  ó  2231-3331, ext. 123.

Departamento de Proveeduría.—Elvira Quirós Corella, Jefa.—1 vez.—(49983).

ADJUDICACIONES

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

LICITACIÓN PÚBLICA 2008LN-000001-99999

Concesión de espacios para explotación de servicios

de Restaurante y cafetería del Aeropuerto

Internacional Tobías Bolaños Palma

El Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, a través de la Proveeduría Institucional, avisa a los interesados en esta licitación que por acuerdo según artículo 05 tomado en sesión ordinaria número 32-2008, celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 21 de mayo del 2008, se adjudica la Licitación Pública 2008LN-000001-99999, “Concesión de espacios para explotación de servicios de restaurante y cafetería del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma”, a la única oferta presentada y que cumple legal y técnicamente de la siguiente manera:

Oferta 1: José Gerardo Cárdena Cárdenas, cédula Nº 1-0356-0118

Línea única: Concesión de espacios para la explotación de los servicios de restaurante y cafetería en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, con un área 189 m² (ciento ochenta y nueve metros cuadrados) desglosados así: área de restaurante y cafetería 129 m²; área de cocina 47 m², servicios sanitarios 13 m², local ubicado en la segunda planta del edificio terminal, para la venta de alimentos elaborados bajo el concepto de restaurante y en la modalidad cafetería, incluyendo bebidas tales como gaseosas y refrescos naturales.

Canon mensual a pagar                                                      $    700,00

Total anual a pagar                                                            $ 8.400,00

Plazo de la contratación: dos años, prorrogables en tractos de un año hasta un máximo de 5 años, a criterio de la Unidad de Coordinación de Aeropuertos.

Garantía de cumplimiento: 5%.

Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta presentada.

San José, 29 de mayo del 2008.—Lic. José A. Cascante Torres, Proveedor Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 12890).—C-17840.—(50177).

LICITACIÓN PÚBLICA 2008LN-000002-99999

Concesión de espacios para suministro, colocación y mantenimiento

de rótulos publicitarios en paredes de los edificios de llegadas

y salidas internacionales del Aeropuerto Internacional

Daniel Oduber Quirós

El Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, a través de la Proveeduría Institucional, avisa a los interesados en esta licitación que por acuerdo según artículo 04 tomado en sesión ordinaria número 32-2008, celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 21 de mayo del 2008. Se adjudica la Licitación Pública 2008LN-00002-99999, “Concesión de espacios para suministro, colocación y mantenimiento de rótulos publicitarios en paredes de los edificios de llegadas y salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, a la oferta presentada y que cumple legal y técnicamente de la siguiente manera:

Oferta N° 2 : Aeropublicidad JKF S. A., cédula jurídica 3-101-339842.

Línea única: “Concesión de espacios para suministro, colocación y mantenimiento de rótulos publicitarios en paredes de los edificios de llegadas y salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”.

Canon mensual a pagar                                                  $   14.200,00

Total anual a pagar                                                        $ 170.400,00

Plazo de la concesión: El plazo de la concesión será de un año, prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 4 años, a criterio de la Unidad de Coordinación de Aeropuertos, quien comunicará al concesionario con una antelación de tres meses si continúa con el contrato.

Plazo de instalación y entrega: El plazo máximo para la instalación y entrega de los rótulos publicitarios se ha fijado en cuatro (4) semanas a partir del día en que se gire la orden de inicio por escrito por la Unidad de Coordinación de Aeropuertos.

Forma de pago: La forma de pago será por mes adelantado en la Caja de la Tesorería de la Dirección General de Aviación Civil, o depósito en la cuenta número 92314-0 en dólares del Banco de Costa Rica y entregar la copia del recibo de pago al inspector del contrato.

Garantía de cumplimiento: 5%

Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta presentada.

San José, 29 de mayo del 2008.—Lic. José A. Cascante Torres, Proveedor Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 12890).—C-19820.—(50178).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2008LN-000007-00100

Instalación de un sistema contra incendios para el Registro Nacional

La Proveeduría General del Registro Nacional avisa que mediante acuerdo firme J-254 del 22 de mayo del 2008, la Junta Administrativa del Registro Nacional acuerda:

a-  Se adjudica la Licitación Abreviada Pública 2008LN-0000007-00100, denominada “Instalación de un sistema contra incendios para el Registro Nacional”, a la empresa Equipos e instalaciones Electromecánicas Ltda. (Equilsa Ltda.), por encontrarse legal y técnicamente elegible, con una calificación de 100 %, además que su precio es razonable. La adjudicación se autoriza en los siguientes términos:

Plazo de entrega:      100 días hábiles.

Garantía:                   12 meses.

Monto a adjudicar:   ¢199.800.000 (ciento noventa y nueve millones ochocientos mil colones exactos).

San José, 30 de mayo del 2008.—Lic. Mauricio Madrigal Calvo, Proveedor.—1 vez.—(Solicitud Nº 49494).—C-7240.—(49874).

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMO BID 1377/OC-CR

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2007LI-000139-01

(Declaración infructuosa línea 1)

Contratación de servicios de consultoría para el mejoramiento de las

modalidades de trabajo de los Despachos Judiciales, el rediseño de

procesos de la gestión de las Fiscalías del Ministerio Público, el

rediseño de procesos de la labor del Defensor(a) de la Defensa

Pública y el desarrollo de herramientas informáticas para el

Ministerio Público, Defensa Pública y su articulación con el

Sistema Costarricense de Gestión de Despachos

Judiciales (SCGDJ)

El Programa de Modernización de la Administración de Justicia, comunica a los interesados en el procedimiento arriba señalado, que por acuerdo del Consejo Superior, tomado en sesión Nº 39-08, artículo IV, se resolvió lo siguiente:

Declarar infructuosa la línea Nº 1 de la Licitación Pública Internacional Nº 2007LI-000139-01 “Contratación de Servicios de Consultoría para el mejoramiento de las modalidades de trabajo de los despachos judiciales, el rediseño de procesos de las Fiscalías del Ministerio Público, el rediseño de procesos de la labor del Defensor (a) de la Defensa Pública y el Desarrollo de herramientas informáticas para el Ministerio Público, Defensa Pública y su articulación con el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales (SCGDJ)”.

Esta publicación se emite, de conformidad con el acuerdo del Consejo Superior, comunicada mediante oficio 4674-08, y la “no objeción” del Banco, comunicada en oficio CID/CCR/809/2008.

La línea 2 del procedimiento, se encuentra en fase de estudio, y el resultado de ese proceso, será comunicado oportunamente.

San José, 30 mayo del 2008.—Lic. Sonia Navarro Solano, Directora Ejecutiva.—1 vez.—(50209).

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2007LN-000007-PROV

Alquiler de local para ubicar oficinas del Ministerio Público

del Primer Circuito Judicial de San José

Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de contratación de referencia que el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión Nº 40-08, celebrada el 29 de mayo del año dos mil ocho, dispuso declarar infructuoso el siguiente procedimiento:

San José, 30 de mayo de 2008.—Proceso de Adquisiciones.—Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa a. í.—1 vez.—(50211).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE SUMINISTROS

UNIDAD DE LICITACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000006-ULIC

Concesión de local para la instalación de máquinas

fotocopiadoras para la prestación de servicios

de fotocopiado en la Sede de Occidente

A los interesados en el concurso indicado, se les comunica que la Oficina de Suministros, acordó mediante resolución de adjudicación Nº 70-2008, adjudicar de la siguiente manera:

A: Édgar Campos Alpízar, cédula de identidad Nº 2-307-727.

Renglón único por un canon mensual de ¢201.500,00.

Todo de acuerdo con la oferta y el cartel respectivo.

Sabanilla de Montes de Oca, 30 de mayo del 2008.—MBA. Vanessa Jaubert Pazanni, Jefa.—1 vez.—(O. C. Nº 112287).—C-7280.—(50246).

UNIVERSIDAD NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2008LN-000002-SCA

Concesión de instalaciones públicas para brindar

el servicio de fotocopiado en el Centro de Investigación

y Docencia en Educación de la UNA

La Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional comunica a todos los interesados en esta contratación, que mediante Resolución Nº 472-2008, de las diez horas del 28 de mayo del 2008, se dispuso por parte de la Dirección de la Proveeduría Institucional.

I.—Adjudicar a Consorcio Net S. A., cédula jurídica Nº 3-101-420187, la concesión de instalaciones públicas para brindar el servicio de fotocopiado en el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la UNA, por un año prorrogable hasta por cuatro años más, costo del alquiler mensual de ¢ 80.000,00 (ochenta mil colones exactos) según las indicaciones del cartel y la oferta.

Heredia, 28 de mayo de 2008.—Dirección de Proveeduría Institucional.—Lic. Ada Cartín Brenes, Directora.—1 vez.—(O. C. Nº 25678).—C-9920.—(49904).

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LN-000023-SCA

Proyecto de construcción Edificio de Registro y Financiero

La Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional comunica a los interesados en esta licitación, que mediante resolución 346-2008, de las diez horas del día veintiocho de mayo del dos mil ocho, se dispuso adjudicar el concurso de la siguiente manera:

Consorcio Navarro y Avilés-Estructuras I-2008 Construcción

   del Edificio de Registro y Financiero.—(Oferta 1)

Monto total adjudicado ¢2.447.000.000,00 (dos mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de colones).

Plazo de ejecución de la obra: 12 meses contados a partir de la orden de inicio.

Todo de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y la oferta.

Heredia, 16 de octubre del 2007.—Proveeduría Institucional.—Ada Cartín Brenes, Directora.—1 vez.—(O/C Nº 25681).—C-9260.—(49905).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL DE LA ANEXIÓN

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Licitación Abreviada 2008LA-000002-2503

Objeto: Adquisición de pan y repostería

Se informa a los interesados que está disponible la adjudicación de la Licitación Abreviada 2008LA-000002-2503, Adquisición de pan y repostería.

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.

Nicoya, 27 de mayo del 2008.—Subárea de Contratación Administrativa.—Bach. Yorleny Zúñiga Ramírez, Coordinadora.—1 vez.—(50193).

HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA

LICITACIÓN ABREVIADA 2008LA-000013-3003

Por concepto de jabón en polvo industrial y cloro

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia, les comunica a los interesados en este concurso, que se resuelve adjudicar el ítem de la siguiente manera:

Empresa adjudicada: Lemen de Costa Rica, S. A.

Ítemes                                                      Descripción                                                               Monto ¢

2 y 3                                         Jabón en polvo industrial y cloro                                           4.217.520,00

Monto total: ¢4.217.520,00.

Monto en letras: cuatro millones doscientos diecisiete mil quinientos veinte colones exactos.

Cantidad: ítem 02, 4800 kilogramos e ítem 03 4800 litros.

El ítem 01 se declara infructuoso. Ver detalles en http://www.ccss.sa.cr

San José, 30 de mayo del 2008.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Endry Núñez Salas, Coordinador.—1 vez.—(50217).

LICITACIÓN ABREVIADA 2008LA-000025-3003

Por concepto de remodelación de la antigua área de emergencias

La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia, les comunica a los interesados en este concurso, que se resuelve adjudicar el ítem de la siguiente manera:

Empresa adjudicada: Diseños y Maquetas D Y M S. A.

Ítem                                                          Descripción                                                               Monto ¢

1                                    Remodelación de la antigua área de emergencias                                92.762.335,00

Monto total: ¢92.762.335,00.

Monto en letras: noventa y dos millones setecientos sesenta y dos mil trescientos treinta y cinco colones exactos.

Tiempo de entrega: 23 semanas. Ver detalles en http://www.ccss.sa.cr

San José, 30 de mayo del 2008.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Endry Núñez Salas, Coordinador.—1 vez.—(50218).

GERENCIA DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

SUBÁREA DE ADJUDICACIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000026-1142

Juego de ventriculostomía

A los interesados en el presente concurso, se les comunica que por resolución del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de fecha 27 de mayo del 2008, se adjudica a:

Ítem único:

Sigma Imports Corporation S. A.

Monto total adjudicado: $44.400,00.

Luz Mary Hidalgo Hernández, Jefa.—1 vez.—(Nº 1142).—C-4640.—(50248).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000005-ARESEP

Adquisición de hardware, software y servicios profesionales

para la implementación de Microsoft Exchange

La Oficina de Proveeduría de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cédula jurídica Nº 3-007-042042-09, comunica a los interesados en la licitación de referencia, que mediante el oficio Nº 184-GG-2008, se adjudica dicha licitación a los oferentes:

Alfa Group Tecnologías S. A., quien cotiza lo siguiente:

Ítem                                        Descripción                                                                   Cantidad                                      Precio $                                 Total $

1                           Contratación de Servicios Profesionales,

                             implementación Exchange (160 horas)                                                       1                                           13.500,00                            13.500,00

2                           Taller de capacitación Outlook 2003

                             (50 horas)                                                                                                   1                                             5.000,00                              5.000,00

3                           Exchange Srv Ent lic/SA PackOLP NL

                             GOVT, con seguro de 2 años                                                                     1                                             4.490,00                              4.490,00

4                           Exchange Standar CAL lic/SA Pack OLP

                             NL GOVT Device cal                                                                            180                                                  75,00                            13.500,00

                             Windows Srv Ent Lic/SA Pack OLP NL

                             GOVT                                                                                                        3                                             2.645,00                              7.935,00

                             TOTAL                                                                                                                                                                                           $ 44.425,00

Vigencia de la oferta: 45 días hábiles.

Plazo de entrega: 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.

Forma de pago: La usual en la Institución.

Demás condiciones: De conformidad con la oferta y el cartel de licitación.

Central de Servicios P.C. S. A., quien cotiza lo siguiente:

                                                                                                                                                                                                Precio                         Subtotal sin

Ítem                                            Servicio                                                                                    Cant.                             unitario $                        impuesto $

5        Servidores marca Dell Power Edge 2900,

          111 multi Rol, (Hab Transport, Clien Access,

          Unified Messaging, Mailbok) Arquitectura x 64                                                                      2                                 6.936,00                            13.872,00

6        Servidores marca Dell Power Edge 2900,

          Multi Rol, (Edge Transport) Arquitectura x 64                                                                        1                                 6.698,00                              6.698,00

7        SAN Marca Dell EMC AX 150, Unidad de al-

          macenamiento de discos en red                                                                                                 1                               19.148,00                            19.148,00

                                                                                                                                                                                                                                         39.718,00

                                                                                                                                                                                               13% I.V.                              5.163,34

          TOTAL                                                                                                                                                                                                                 44.881,34

Vigencia de la oferta: 45 días hábiles.

Plazo de entrega: 1 día natural después de recibida la orden de compra.

Forma de pago: La usual en la Institución.

Condiciones: De conformidad con la oferta y el cartel de Licitación.

San José, 26 de mayo del 2008.—Oficina Proveeduría.—Jorge Romero Vargas, Proveedor General.—1 vez.—(Solicitud Nº 13323).—C-39640.—(50171).

AVISOS

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO

MUNICIPAL DE CARTAGO

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000004-01

Contratación de una empresa que brinde soporte técnico

computacional para el SAC y asistencia en las áreas

de Temática Comunicación, Mantenimiento

y Desarrollo Web

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, avisa a todos los interesados en la licitación arriba mencionada que el Coordinador del Proceso Contratar Bienes y Servicios, mediante oficio Nº CBS-480-2008 acordó adjudicarla de la siguiente manera:

A la oferta única. La empresa Sistema de Cómputo y Soluciones Tecnológicas S. A., por un monto total de ¢ 27.000.000,00, tiempo de entrega de un año prorrogable por un año de forma de pago crédito 30 días.

Cartago, 29 de mayo del 2008.—Contratar Bienes y Servicios.—Lic. Abel Gómez L., Coordinador.—1 vez.—(Solicitud Nº 11037).—C-6620.—(50198).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

PROVEEDURÍA

LICITACIÓN ABREVIADA 2008LA- 000016-01

Bacheo en el cantón de Escazú

La Municipalidad de Escazú comunica que en sesión ordinaria Nº 109, acta Nº 149 del 26 de mayo del 2008, se adjudica la licitación de marras a la empresa Constructora Blanco y Zamora S. A., cédula jurídica Nº 3-101-338006, por un monto de ¢70.261.400,00 (setenta millones doscientos sesenta y un mil cuatrocientos colones exactos).

El presente acuerdo puede recurrirse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de su comunicación o su debida publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Cira Castro Myrie, Proveedora.—1 vez.—(49986).

MUNICIPALIDAD DE BARVA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000001-01

Compra de vagoneta y retroexcavadora

A los interesados en Licitación Pública Nº 2008LN-000001-01, se les informa que mediante el acuerdo Nº 668-08 del Concejo Municipal, tomado en su sesión ordinaria Nº 32-2008, adjudicó a la empresa Maquinarias y Tractores Limitada, para la línea uno una vagoneta por un monto de cuarenta y ocho millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos ocho colones exactos (¢ 48.641.800,00), y para la línea dos un retroexcavador por un monto de cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco colones exactos (¢ 42.484.095,00).

Barva de Heredia, 29 de mayo de 2008.—Proveeduría Municipal.—Lic. Yesael Molina Vargas, Proveedora Municipal.—1 vez.—(50169).

REGISTRO DE PROVEEDORES

JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS

En cumplimiento con lo estipulado en los artículos 108 de la Ley de Contratación Administrativa y el 122 del Reglamento General de Contratación Administrativa, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) invita a todas las personas físicas y jurídicas que deseen ser tomadas en cuenta en futuras contrataciones a que presenten la solicitud formal de inclusión en el Registro de Proveedores.

Los formularios para inscripción se encuentran a la disposición en el Departamento de Proveeduría Institucional, ubicado en el Local Nº 23 del Depósito Libre Comercial de Golfito o bien en nuestra pagina web www.judesur.go.cr.

Por otra parte se les informa a todos aquellos proveedores ya inscritos que la vigencia de la inscripción es de veinticuatro meses, prorrogable a solicitud del interesado. Aquellos proveedores con inscripción vencida y que no hayan actualizado datos. Se le concede un plazo de un mes contados a partir de esta publicación para renovar la inscripción, de lo contrario serán excluidos del Registro de proveedores de la Institución.

Para mayor información puede comunicarse a la Proveeduría de nuestra institución, a los teléfonos 775-0515, 775-1811, extensión 133, o al correo electrónico judesur@ice.co.cr.

Héctor Portillo Morales, Aux. Departamento de Proveeduría.—1 vez.—(47126).

FE DE ERRATAS

AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2008LN-000046-17100

Compra de microcomputadoras y otros equipos de cómputo

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, comunica a los interesados en la Licitación Pública Nº 2008LN-000046-17100, que el cartel de dicha licitación ha sido objeto de modificaciones, las cuales estarán disponibles en el sitio electrónico denominado Sistema CompraRed, www.hacienda.go.cr/comprared, a partir de esta fecha; o podrá obtenerlas en el Departamento de Contratación Administrativa de la Proveeduría Institucional el cual se encuentra ubicada del antiguo colegio La Salle, en el edificio contiguo, primer piso, Sabana Sur, San José.

Además se comunica que la nueva fecha de apertura de las ofertas será el día 17 de junio del 2008, al ser las 10:00 horas.

San José, 30 de mayo del 2008.—Lic. Blanca Córdoba Berrocal, Proveedora Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 41333).—C-14540.—(49898).

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000036-32600

Adquisición de vehículos, por compra pura y canje con errogación

Se avisa a todos los interesados en esta licitación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se modifica de la siguiente manera el cartel y se amplía la recepción de ofertas para el día 24 de junio del 2008 a las 09:00 horas.

Posiciones 1, 2, 3, 6 y 7.

Donde dice:

con desempañador del parabrisas trasero con accionamiento desde el panel frontal, artículo 31 Ley de Tránsito, original de fábrica.

Debe leerse:

desempañador de vidrios traseros preferiblemente con hilos eléctricos

Posiciones 15 y 16.

Donde dice:

Motor: Gasolina, cilindraje máximo de 1.800 cc, de cuatro cilindros en línea, inyección directa, de 12 a 16 válvulas.

Debe leerse:

Motor: Preferiblemente gasolina, de una cilindrada de 1800 a 2500cc, de cuatro cilindros en línea, inyección directa, de 12 a 16 válvulas.

Donde dice:

Potencia: Mínima de 70 caballos de fuerza (HP) o su equivalente 52 KW.

Debe leerse:

Potencia: De 70 a 100Kw.

Donde dice:

Dimensiones aproximadas

Longitud máxima: 4398 mm

Ancho máximo: 1665 mm

Altura máxima: 1505 mm

Capacidad máxima de carga: 650 kg (sin incluir peso del conductor, pasajeros, dotación mínima de herramientas, llanta de repuesto ni peso de combustible).

Capacidad máxima en el tanque de combustible: 58 ltr

Debe leerse:

Dimensiones aproximadas

Longitud máxima: 4398 mm ± 18% en el límite superior.

Ancho máximo: 1665 mm ± 5% en el límite superior.

Altura máxima: 1505 mm ± 8% en el límite superior.

Capacidad mínima de carga: 650 kg (sin incluir peso del conductor, pasajeros, dotación mínima de herramientas, llantas de repuestos ni peso de combustible).

Capacidad mínima del tanque de combustible: 50 ltr.

Donde dice:

Otras características que se deben incluir:

P  Tablero de instrumentos completo (marcadores de temperatura, combustible, velocidad, reloj digital, aceite, tacómetro y odómetro total y parcial) e iluminado.

Debe leerse:

Otras características que se deben incluir:

P  Tablero de instrumentos completo (marcadores de temperatura, combustible, velocidad, reloj digital, aceite, tacómetro preferiblemente y odómetro total y parcial) e iluminado.

Posiciones 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14

Donde dice:

P  Bolsa de aire para el conductor.

Debe leerse:

P  Bolsa de aire para conductor y acompañante (doble airbag).

El resto sigue igual.

San José, 27 de mayo del 2008.—MBA. Sylvia Jiménez Cascante, Proveedora Institucional—1 vez.—(Solicitud Nº 15579).—C-35660.—(50244).

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2008LN-000036-32600

Adquisición de vehículos, por compra

pura y canje con errogación

Se avisa a todos los interesados en esta licitación, que los vehículos podrán ser vistos por los interesados en el Parqueo Central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Plaza González Víquez, de las 08:00 a. m. a las 14:00 p. m., el día viernes 13 de junio del 2008.

San José, 29 de mayo del 2008.—MBA. Sylvia Jiménez Cascante, Proveedora Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 15581).—C-8600.—(50247).

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000031-PROV

Compra, instalación y puesta en marcha de un

cromatógrafo de gases con detector de masas

El Departamento de Proveeduría comunica a todos los potenciales proveedores interesados en participar en el procedimiento de referencia, que existen modificaciones al cartel, las cuales podrán retirarse a partir de esta publicación en este Departamento; o bien, obtenerlos a través de Internet, en la dirección http://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria. Para mayor información comunicarse a los teléfonos 2295-3623, 2295-3295 ó 2295-3136.

El plazo para la apertura de las ofertas se prorroga para el 09 de junio de 2008, a las 10:00 horas.

San José, 30 de mayo de 2008.—Proceso de Adquisiciones.—Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa.—1 vez.—(50212).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000193-85001

Compra de un sistema de respaldos automáticos

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, comunica que se aclara el cartel de referencia en el sentido de que se requieren 7 (siete) agentes para base de datos Oracle y 7 (siete) agentes para bases de datos SQL.

Todos los demás extremos cartelarios se mantienen invariables.

Proveeduría.—Lic. Allan Herrera Herrera, Proveedor a. í.—1 vez.—(Nº 0951-2008).—C-4640.—(50201).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2008LN-108019-UL

 (Modificación-Prórroga)

Obras civiles varias: Restauración y reestructuración de casetones

del edificio central del INS, remodelación del Centro de Acopio del

Complejo INS-SALUD, suministro e instalación de cubierta metálica

del cuarto de máquinas de la Planta de Emergencia del Complejo

INS-Salud y remodelación del Centro de Cómputo del piso 10

y servicios sanitarios del edificio central del INS

Se comunica a los interesados en el presente concurso, cuya invitación se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta Nº 94 del 16 de mayo 2008, lo siguiente:

a.   Deben pasar a retirar la lámina de baños en el M-2 con el detalle pendiente

b.  La apertura de ofertas se prorroga para el 23 de junio 2008, a las 11:00 a. m.

Departamento de Proveeduría.—Map. Elizabeth Castro Fallas, Jefa.—1 vez.—(O. C. Nº 18480).—C-10580.—(50179).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2008LA-000067-PROV

Adquisición de láminas de acero al carbón

El Instituto Costarricense de Electricidad, avisa a los interesados en la licitación antes mencionada, que el cartel de este concurso fue sujeto a la siguiente modificación:

Cláusula 8. Tiempo de entrega.

El plazo de entrega será no mayor a ciento veinte (120) días hábiles a partir de la notificación de la orden de compra.

Asimismo se le comunica que la apertura de ofertas fue prorrogada para las 14:00 horas del día 12 de junio del 2008.

Fecha de apertura de ofertas anterior: A las  del día 5 de junio del 2008.

San José, 30 de mayo del 2008.—Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador de Licitaciones.—1 vez.—(O. C. Nº 335364).—C-9920.—(50245).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA 2008LN-000004-01

(Modificaciones, aclaraciones y prórroga)

Servicios de ampliación y remodelación

del edificio de la Unidad de Servicio al Usuario

El Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, informa a los proveedores interesados en participar en la Licitación Pública 2008LN-000004-01 “Servicios de ampliación y remodelación del edificio de la Unidad de Servicio al Usuario”, que pasen a retirar al Proceso de Adquisiciones las modificaciones y aclaraciones realizadas a la licitación en referencia.

Debido a lo anterior, la fecha de apertura de esta licitación se prorroga para el próximo 18 de junio del 2008, a las 10:00 horas.

San José, 30 de mayo del 2008.—Allan Altamirano Díaz, Proveedor Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 16338).—C-7940.—(50242).

AVISOS

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA

REGLAMENTO DE RECERTIFICACIÓN

PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, informa a todos los colegiados, que según acuerdo tomado por la asamblea general extraordinaria N° 39-2008, celebrada el 10 de mayo del 2008, se aprobó las modificaciones del Reglamento de Recertificación Profesional en Odontología, el cual se transcribe a continuación:

REGLAMENTO DE RECERTIFICACIÓN

PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA

Generalidades

GLOSARIO

Para facilitar la interpretación del vocabulario utilizado en el presente reglamento se establece las siguientes definiciones:

Actividad educativa: Evento académico con el objetivo de facilitar el conocimiento impartido por un ente calificado.

Actividad educativa en línea: Actividad educativa en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje es realizada por el participante en una modalidad virtual.

Actividad educativa presencial: Actividad educativa con la permanencia del participante en el área de instrucción; en ella se incluyen: foros, paneles, seminarios, congresos, cursos, así como cualquier otra modalidad metodológica, que se clasifica de acuerdo con el número de horas de participación.

•    Actividad educativa de asistencia con menos de 12 horas de instrucción.

•    Actividad educativa de participación con 12 horas o más de instrucción.

•    Actividad educativa de aprovechamiento, con un mínimo de 21 horas de capacitación, la cual utiliza un instrumento de evaluación y evidencia al menos 85 % del tiempo de permanencia del participante en el área de instrucción.

Aval académico: Autorización otorgada por el Consejo Académico en Odontología a las Entidades Proveedores de Educación Continua (EPECO), para la realización de una actividad académica.

Incorporación profesional: Reconocimiento otorgado por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, al integrar al profesional como miembro activo, y por ende el estatus de colegiado.

Ciencias de la Salud: Se considera profesiones de la salud aquellas reconocidas por la Ley General de Salud vigente.

Consejo Académico en Odontología (CAO): Consejo asesor o equipo regulador del Programa de Recertificación Profesional en Odontología.

Metodologías educativas: Actividades que agrupa personas en un determinado tiempo, con el fin: de compartir nuevos conocimientos, resolver problemas, planificar actividades y/o intercambiar información; en ello se incluye: congresos, foros, debates, cursos, talleres, simposios, paneles, conversatorio, educación a distancia y otros.

Miembro activo: Odontólogo (a) incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Crédito: Unidad cuantitativa de las actividades educativas de acuerdo con la tabla vigente en el programa de Recertificación Profesional.

Educación continua y permanente en odontología: Actividades académicas de actualización profesional aplicables a la práctica Odontológica.

Entidad responsable de educación continua y permanente. Grupo u organización legalmente constituida (Institución Pública o Privada), que ofrece actividades académicas de educación continua y permanente.

Expositor: Persona que brinda información actualizada mediante diferentes técnicas didácticas en una actividad educativa.

Hora docente: Intervalo de 60 minutos, con no menos de 50 minutos de labor académica instruccional efectiva.

Jurado calificador: Grupo de personas designadas para analizar y evaluar los trabajos académicos que así lo requieran; en ellos se incluyen certámenes de investigación, publicaciones y otros.

Primer autor: Cuyo nombre aparece de primero en la publicación como principal responsable de la producción de un documento, libro o artículo elaborado por varias personas.

Autores secundarios: Personas que participan en la producción de un documento, libro o artículo cuyos nombres aparecen después del primer autor en la publicación.

Programa de recertificación profesional en odontología: Proceso voluntario, periódico y participativo de los profesionales incorporados al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica para el otorgamiento de créditos de educación continua.

Publicación: Documento científico que cumple con características editoriales y se hace público.

Recertificación: Proceso mediante el cual se cumple y adjudica los créditos requeridos por el Programa de Recertificación Profesional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Tribunal de apelación: Órgano formado por odontólogos (as), que sean miembros activos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, nombrados por la Junta Directiva y quienes tienen la función de analizar las apelaciones presentadas por los odontólogos participantes del programa y los Entes Proveedores de Educación Continua, cuyas solicitudes de recertificación fueron rechazadas por el Consejo Académico en Odontología.

Visión, misión, principios y objetivos

A.—Visión. Tener un excelente Programa de Recertificación en Odontología del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, que garantice la calidad de las actividades de Educación Continua y Permanente, con la finalidad de mejorar la atención del ejercicio profesional, asegurando los niveles de calidad académica y clínica para beneficio de la población en general.

B.—Misión: El Programa de Recertificación promueve las políticas, normativas, reglamentos, valores éticos y académicos, el mejoramiento de la calidad del y la profesional en odontología mediante la Educación Continua y Permanente así como facilita y asegura la superación del odontólogo y la odontóloga.

C.—Principios: La recertificación profesional respeta los siguientes principios: voluntaria, accesible, periódica y revocable.

D.—Objetivos: Los objetivos de la Recertificación Profesional en Odontología son los siguientes:

a)  Estimular y brindar la Educación Continua y Permanente al profesional en Odontología.

b)  Brindar estándares deseables por medio de la Educación Continua en Odontología.

c)  Mantener el mejoramiento continuo de la calidad en las actividades de Educación Continua y Permanente para los odontólogos y las odontólogas.

d)  Beneficiar a la población en general al ofrecer al odontólogo y la odontóloga la posibilidad de alcanzar y mantener niveles actualizados de calidad académica.

e)  Mejorar la calidad de la atención en el ejercicio profesional de la Odontología.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—La promoción y supervisión de la Educación Continua y Permanente en Odontología serán las actividades fundamentales del Programa de Recertificación Profesional en Odontología.

Artículo 2º—La Recertificación en Odontología es voluntaria; el profesional en Odontología queda inscrito en el programa a partir de su primera participación en una actividad recertificada por el Consejo Académico en Odontología.

Artículo 3º—El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica brindará y garantizará la infraestructura administrativa y logística al Programa de Recertificación al dar los recursos necesarios para que el Consejo Académico en Odontología labore de acuerdo con sus requerimientos y a la vez vela porque dicho programa sea eficiente, sostenible y permanente.

Artículo 4º—El Consejo Académico en Odontología será coordinado y dirigido por el o la Director (a) Académico (a) del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 5º—El quórum para sesiones del Consejo Académico en Odontología el cual está conformado por siete miembros, será de cuatro de sus integrantes. Cuando no esté presente el Director o la Directora Académica, el Consejo escogerá de entre los o las presentes, la persona que dirigirá la sesión. Las votaciones serán tomadas por mayoría simple de los presentes.

Artículo 6º—El Consejo Académico en Odontología garantizará la actualización del Programa de Recertificación.

Artículo 7º—El período de recertificación es de 3 años, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1)  Se inicia con la participación en una primera actividad académica nacional recertificada o una internacional por medio de la inscripción correspondiente. El puntaje obtenido en esta primera participación puede ir desde 1 hasta los 12 créditos.

2)  En caso de obtenerse un mínimo de 8 créditos en el primer año, podrá continuar en el programa hasta completar 36 créditos en tres años. Los odontólogos que obtengan menos de 8 créditos deben iniciar nuevamente el proceso de Recertificación.

3)  Si se obtiene los 12 créditos en el primer año se procederá a continuar con 12 créditos por año para obtener un total de 36 créditos en el periodo correspondiente.

4)  Sí no se obtuvieran 24 créditos en el segundo año consecutivo, automáticamente el odontólogo deberá volver a iniciar el proceso.

5)  Si se obtuviera 24 créditos hasta el segundo año y no tuvieron participación en el tercer año, ni se realizó el congelamiento; el creditaje se pierde automáticamente.

6)  Los 12 créditos del primer año podrán ser congelados por un año. Si solo se cumplen 8 créditos en el primer año, estos no podrán ser congelados.

7)  Los 24 créditos obtenidos hasta el segundo año consecutivo podrán ser congelados por un año.

8)  Al cabo de estos 3 años el odontólogo iniciaría su participación en un nuevo programa de recertificación y deberá volver a iniciar el proceso.

9)  El odontólogo debe solicitar por escrito y con acuso de recibido el congelamiento de créditos al Consejo Académico, según lo establecido.

10)   Una vez cumplidos los créditos correspondientes en los tres años se obtiene un certificado con el número total de créditos.

Artículo 8º—El Consejo Académico en Odontología garantizará la implementación de los mecanismos para la transparencia, oportunidad y eficacia de todos los procesos que se desarrollen en el Programa de Recertificación Profesional en Odontología.

Artículo 9º—La Educación Continua adquirida en el extranjero será valorada por el Consejo Académico en Odontología. Para optar por estos créditos, el solicitante deberá presentar en un plazo máximo de tres meses después de realizada la actividad, la siguiente documentación:

1.  Comprobante de su inscripción.

2.  Programa en el que participó.

3.  Certificado y/o carta de certificación con horas.

4.  Desplegable u otros (fechas, horarios, temas y contenidos de charlas).

5.  Otros documentos que el Consejo considere necesarios en situaciones no contempladas en este artículo.

Artículo 10.—En la actividad educativa en la que el proceso enseñanza-aprendizaje se realiza en una modalidad virtual, para validar estos cursos, es obligatorio que el participante obtenga un certificado del mismo. Por cada certificado adquirido a través de este medio, se le otorgará al participante un valor de dos horas hasta un máximo de seis horas por año. Para optar por estos créditos, el solicitante deberá presentar el certificado adquirido en un plazo máximo de tres meses después de realizada la actividad.

Artículo 11.—Las resoluciones del Consejo Académico en Odontología podrán ser apeladas en primera instancia ante el mismo Consejo y en segunda instancia se podrá acudir ante el Tribunal de Apelaciones.

El Tribunal de Apelaciones será nombrado por la Junta Directiva y lo conformarán tres miembros activos del Colegio de Cirujanos Dentistas.

No podrán pertenecer a este Tribunal:

1.  Miembros de la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

2.  Miembros del Consejo Académico.

3.  Director Académico.

Este Tribunal será asesorado por un miembro del Consejo Académico o por el Director Académico el cual tendrá voz pero no voto. Las resoluciones del Tribunal no serán apelables, pero contarán con un recurso de revisión o revocatoria ante el mismo Tribunal.

Artículo 12.—La información de créditos acumulados se dará en forma personal y escrita o en forma electrónica, de acuerdo con la solicitud del participante durante el transcurso de su Recertificación.

La Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, realizará una divulgación anual en un medio masivo de comunicación, como internet, boletín o un periódico nacional de alta circulación, de los beneficios y participantes del Programa de Recertificación con el fin de informar a la población en general la importancia de la Educación Continua y Permanente.

Artículo 13.—Para participar en el Programa de Recertificación, la odontóloga y el odontólogo debe ser miembro incorporado y activo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

CAPÍTULO II

Requisitos y funciones del Consejo Académico en Odontología

Artículo 14.—El Consejo Académico en Odontología, será de nombramiento de la Asamblea General y estará integrado por siete miembros propietarios, quienes permanecerán en funciones tres años, pudiendo ser reelectos indefinidamente. En caso de que sea necesario hacer un nuevo nombramiento en Asamblea General se elegiría el nuevo miembro del Consejo.

A.—REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL C.A.O.

Artículo 15.—Para ser miembro del Consejo Académico en Odontología será requisito:

-    No formar parte de la Junta Directiva ni ser funcionarios del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

-    Ser miembro activo, e incorporado al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

-    Tener un tiempo mínimo de siete años de incorporación al Colegio.  

-    Tener un mínimo de siete años de experiencia en una Institución del sector salud y / o una institución docente en educación superior.

-    Tener grado académico igual o mayor a especialidad o maestría en Odontología o afines a los intereses del gremio, de preferencia con estudios superiores adicionales.

-    Haber sido miembro de alguna comisión de índole académica o institucional por un periodo no menor de dos años.

-    Tener disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones del Consejo Académico, por lo menos una vez a la semana y a las actividades que se le asigne como observador u observadora.

B.—FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO EN ODONTOLOGÍA

Artículo 16.—El Consejo Académico en Odontología será el encargado de fiscalizar la calidad de cada actividad educativa.

Artículo 17.—El Consejo Académico en Odontología recomendará y aprobará los temas de interés y necesidad nacional para implementarlos en las actividades de Educación Continua en las que se asegure incluir Salud Pública, administración en servicio de salud, investigación en salud oral, control de infecciones en el consultorio odontológico, promoción de la salud, prevención y ética. Este tema será obligatorio en el diez por ciento del tiempo en actividades recertificadas que comprendan un período de más de seis horas; se realizará en un horario que no sea simultáneo.

Artículo 18.—El Consejo Académico en Odontología implementará los cambios necesarios en pro de mejorar el Programa de Recertificación Profesional; dichos cambios serán presentados a la Junta Directiva para su aprobación.

Artículo 19.—El Consejo Académico en Odontología tendrá a su cargo el trámite de la solicitud de actividades de Educación Continua en Odontología presentada por las entidades proveedoras de acuerdo con la normativa vigente del Programa de Recertificación Profesional.

Artículo 20.—Es función del Consejo Académico en Odontología el extender o denegar la autorización a los entes proveedores de educación continua y verificar el cumplimiento de las actividades educativas avaladas a través de instrumentos de evaluación y observaciones de las mismas.

Artículo 21.—Será función del Consejo Académico en Odontología conocer y resolver las solicitudes de congelamiento de créditos.

Artículo 22.—El Consejo Académico en Odontología o los observadores adjuntos designados por el CAO y avalados por Junta Directiva de Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica será el encargado de fiscalizar las actividades realizadas por los entes proveedores, que previamente fueron avaladas por el CAO.

Artículo 23.—El Consejo Académico en Odontología analizará sus normativas de trabajo en forma permanente con el fin de proponer a la Junta Directiva del Colegio cambios ajustados a la realidad nacional y a las necesidades académicas del momento. El Consejo Académico en Odontología deberá asegurar la provisión, del número de créditos establecido como mínimo en el Programa de Recertificación tanto en el Gran Área Metropolitana como en las filiales provinciales suscritas al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

CAPÍTULO III

Funciones del Director (a) Académico (a)

Funciones del Director (a) Académico (a)

Artículo 24.—El Director (a) Académico será quien coordine y dirige las sesiones del Consejo Académico en Odontología, con voz y sin voto.

Artículo 25.—Brindar asesoría a todas las entidades proveedoras de actividades educativas con especial atención a las entidades proveedoras de educación a quienes se les rechazó la solicitud de aval, por no cumplir requisitos mínimos establecidos por el Consejo Académico en Odontología.

Artículo 26.—La Dirección Académica del Colegio de Cirujanos Dentista de Costa Rica, será la autoridad responsable de llevar el control de créditos acumulados por los participantes y de extender los certificados de cumplimiento del Programa de Recertificación, al cumplir los tres (3) años estipulados en este Reglamento.

Artículo 27.—Hacer constar en los títulos el número de créditos aprobados por el Consejo Académico en Odontología e incluir los créditos obtenidos en sistema de información del Programa después de cada actividad académica.

CAPÍTULO IV

Entes proveedores de educación continua y expositores

A.—REQUISITOS DE LOS ENTES PROVEEDORES DE EDUCACIÓN CONTINUA.

Artículo 28.—Los entes proveedores de Actividades Educativas podrán ser personas físicas, instituciones públicas, privadas o grupos organizados legalmente establecidos.

Artículo 29.—

A. Cada Entidad Proveedora de Educación Continua (EPECO) será responsable de la calidad académica de su actividad y de la veracidad de los atestados y títulos académicos de los conferencista solicitados por el Consejo.

B.  Brindar los recursos básicos en cuanto a infraestructura (ventilación, iluminación, espacio físico, etc.) y didácticos (sistemas multimediales) de acuerdo con el número de participantes programados. Además, deberá presentar el permiso Sanitario de Funcionamiento expedido por el Ministerio de Salud en cuanto al espacio físico en donde se realizará el evento. Si la actividad académica incluye la atención de pacientes, el ente proveedor de Educación Continua debe cumplir al respecto con la legislación vigente del Ministerio de Salud.

C.  Al final de la actividad realizar una evaluación del evento y de cada expositor por parte de los participantes.

D. Certificar la asistencia a la actividad.

E.  Presentar al Consejo Académico en Odontología los certificados para avalar mediante sello las horas recertificadas y adjuntar la lista de asistencia de cada participante con su respectivo número de horas.

El ente proveedor de educación continua será el encargado de proveer, emitir y distribuir los Certificados de Participación, los cuales deberán llevar las siguientes características:

a-  Deberá estar firmado por el Director Académico o su representante y el Coordinador del evento para su validez.

b-  No podrá tener el logo del Colegio de Cirujanos Dentistas, a excepción de que el ente proveedor de Educación Continua sea el mismo Colegio.

c-  Deberá tener el sello del ente proveedor de Educación Continua.

F.  Brindar a los observadores del CAO la colaboración e información solicitada durante la actividad.

G. Eximir de todo costo a los observadores del CAO asignados para la actividad.

A.—REQUISITOS DE LOS EXPOSITORES.

Artículo 30.—Los expositores nacionales deberán estar incorporados en su respectivo colegio profesional.

A. Los expositores extranjeros participantes en la actividad educativa, deben contar con 5 años de experiencia mínima laboral o docente, preferiblemente con especialidad, maestría, doctorado. En casos especiales, el Consejo Académico en Odontología emitirá el criterio respectivo.

B.  Tanto los expositores nacionales como extranjeros, deberán presentar currículum vitae actualizado de sus dos últimos años de no más de tres páginas así como una fotocopia de sus títulos académicos.

C.  Presentar resumen del contenido de su charla con temas, subtemas, y bibliografía actualizada.

B.—PROCEDIMIENTOS PARA AVALAR ENTES PROVEEDORES DE EDUCACIÓN CONTINUA

Artículo 31.—Todo ente proveedor de actividades educativas, debe presentar la documentación completa de inscripción del Programa de las actividades ante el Consejo Académico en Odontología, con mínimo de un mes de anticipación a la fecha de inicio de la actividad educativa.

Artículo 32.—Al entregar la documentación para participar en el Programa de Recertificación Académica, en la Secretaría de la Dirección Académica del Colegio de Cirujanos Dentistas, se le asignará un número consecutivo a la actividad el cual será su número de identificación.

Artículo 33.—La solicitud presentada por el ente proveedor es analizada por el Consejo Académico en Odontología, el cual se pronuncia y comunica el resultado de la misma. Se asignará un número provisional de horas a recertificar. Las horas definitivas serán ratificadas después de la observación de la actividad académica por parte de un miembro del CAO, o su delegado y las evaluaciones de los participantes a dicha actividad.

Artículo 34.—Las actividades académicas de Educación Continua en que se cobre una cuota al participante, deben cancelar el 2% del ingreso total por inscripciones de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Académico en Odontología, treinta días hábiles después de terminado el evento. En caso de que el pago no se haga en el plazo indicado, la entidad deberá pagar 10 veces el monto que dejaron de pagar y; hasta tanto no lo cancele no podrán recibir la autorización a futuro. En caso de reincidencia, no se le otorgará la autorización hasta 5 años después.

Artículo 35.—Las actividades académicas de Educación Continua sin costo para el participante, seguirán el mismo procedimiento para su autorización del Consejo Académico en Odontología y no se les cobrará cuota por ningún concepto.

Artículo 36.—El aporte de las cuotas recibidas será depositado en la cuenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y se utilizará para solventar gastos del Programa de Recertificación Profesional. El Consejo Académico en Odontología, presentará una planificación de gastos que debe ser aprobada por la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Artículo 37.—El aval de una actividad educativa se extenderá por dos años. Durante este período el ente proveedor de Educación Continua tendrá derecho a repetir la actividad educativa, previo permiso solicitado al Consejo Académico en Odontología.

Artículo 38.—El Consejo Académico en Odontología tiene potestad para suspender la acreditación de un proveedor de Educación Continua o de una actividad educativa con aval otorgado previamente en caso de falsedad de datos por parte del proveedor de Educación Continua.

Artículo 39.—En caso de suspensión de la actividad educativa por falsedad de datos y en que la misma se haya establecido una cuota, la entidad proveedora de Educación Continua tiene la obligación de devolver a los participantes, contra recibo, el valor total de la cuota cobrada, en un plazo no mayor a 15 días. Además, será penalizada por dos años de no impartir actividades educativas con aval del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

CAPÍTULO V

Escala y procedimientos

Artículo 40.—Toda solicitud de aval presentada por la entidad proveedora de Educación Continua, debe adjuntar los documentos referidos en Requisitos para la presentación de solicitudes de recertificación de las actividades de Educación Continua y Permanente (Formulario correspondiente), con un mes de anticipación a la fecha de realizar la actividad.

Artículo 41.—Una actividad académica se recertificará por un mínimo de 2 horas y un máximo de 21 horas docentes o académica, independientemente de la duración total de la actividad.

Artículo 42.—Cada hora de actividad académica tiene un puntaje de 1 crédito.

Artículo 43.—La suma de créditos se hará anualmente por la Dirección Académica.

Artículo 44.—El conferencista de una actividad académica recibirá el doble de los créditos correspondientes al número de horas de educación impartidas en el caso de que dé el tema por primera vez.

Artículo 45.—La odontóloga o el odontólogo participante del Programa, tendrá la obligación de presentar ante la Dirección Académica los certificados adquiridos por la participación en actividades de Educación Continua con el debido aval del Consejo Académico en Odontología, un mes antes de cumplir el año de la fecha de inscripción al Programa con el fin de contabilizar los créditos obtenidos.

Artículo 46.—Si el Consejo Académico en Odontología y la Dirección Académica comprueban que una odontóloga o un odontólogo incumplió algún requisito o aportó documentos falsos, procederá a enviar un informe de la falta a la Junta Directiva para que se inicie el debido proceso. Notifica al Consejo Académico en Odontología, a la Dirección Académica y a las partes involucradas el fallo emitido.

Dr. Rafael Porras Madrigal, Director Administrativo.—1 vez.—(47143).

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

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San José, 28 de mayo del 2008.—Departamento de Contabilidad.—Msc. Rodrigo Madrigal F., Director.—1 vez.—(O. C. Nº 9562).—C-55020.—(49896).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

SUCURSAL EN PITAL SAN CARLOS

AVISO

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

El Banco Nacional de Costa Rica, sucursal en Pital de San Carlos, Nº 407-01-058-1259, avisa el extravío del cupón depósito a plazo, con fecha de vencimiento 3 de junio del 2008, a nombre de la señora Xenia Martina García Rojas, identificada con cédula de ciudadanía Nº 3-0277-0320.—San José, 23 de mayo del 2008.—Xenia García Rojas.—(47830).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE DERECHO

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE tercera VEZ

Guillermo Daniel Romero González, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, 21 de mayo de 2008.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—(48211).

Gina Isabel Larios Salas, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”.—San José, 21 de mayo de 2008.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—(48213).

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

Isis Ulloa Ocampo, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil ocho.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—(47404).

Eugenia Chaves Rodríguez, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil ocho.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 35835.—(47442).

Tomas Quesada Alpízar, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil ocho.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 35851.—(47443).

Estefani Villalobos Abarca, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil ocho.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 35852.—(47444).

Andrea Yalitza Vargas Herrera, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil ocho.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 35853.—(47445).

Karla Vanessa Montero Castro, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cincos días posteriores a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”.—San José, 21 de mayo del 2008.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 36209.—(47925).

Christian Calixto Gómez Núñez, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cincos días posteriores a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio, a los 21 días del mes de mayo del 2008.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 36260.—(47926).

Natiuska Traña Porras, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cincos días posteriores a la publicación del tercer aviso. Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 36317.—(47927).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Fiorella Chaves Varela, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de  la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, 21 de mayo del 2008.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—(47067).

Silvia de Jesús Jiménez Agüero, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, 21 de mayo del 2008.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—(47068).

María Paula Barrantes Reynolds, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, 21 de mayo del 2008.—Área de Investigación.—Facultad de Derecho.—Dr. Daniel Gadea Nieto, Director.—Nº 36374.—(48379).

UNIVERSIDAD NACIONAL

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PROGRAMA DE GRADUACIÓN

REPOSICIÓN DE TÍTULO

AVISO

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

Ante el Departamento de Registro de la Universidad Nacional se ha presentado solicitud de reposición de diploma, por extravío correspondiente al título de Bachillerato en la Enseñanza del Francés. Grado académico: Bachillerato registrado en el libro de títulos bajo tomo: Nº 9770, folio: T. A nombre de Xinia Trejos Soto, con fecha: 5 de junio de 1985, cédula de identidad: 1-0510-0791. Se pública este edicto para oír oposiciones a dicha reposición, dentro del término de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en La Gaceta.—Heredia, 20 de mayo del 2008.—Departamento de Registro.—M.A.E. Marvin Sánchez Hernández, Director.—(48210).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Ante el Departamento de Registro de la Universidad Nacional se ha presentado solicitud de reposición de diploma por extravío. Correspondiente al título de Licenciatura en Bilogía Tropical. Grado académico: Licenciatura, registro en el libro de títulos bajo el tomo 90, folio 96, asiento ---. A nombre de Carballo Avendaño José Eduardo. Con fecha 13 de julio de 1990, cédula de identidad Nº 4-0105-0586. Se publica este edicto para oír oposiciones a dicha reposición, dentro del término de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en La Gaceta.—Heredia, 7 de mayo del 2008.—Departamento de Registro.—MAE. Marvin Sánchez Hernández, Director.—Programa de Graduación.—(47059).

Ante el Departamento de Registro de la Universidad Nacional se ha presentado solicitud de reposición de diploma, por extravío. Correspondiente al título de Médico Veterinario con Grado de Licenciatura, registrado en el libro de títulos bajo tomo Nº 23, folio 186, asiento 2402. A nombre de Johanna Alfaro Chavarría, con fecha 29 de noviembre del 2007, cédula de identidad Nº 1-0989-0730. Se publica este edicto para oír oposiciones a dicha reposición, dentro del término de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en La Gaceta.

Heredia, 15 de mayo del 2008.—Departamento de Registro.—M.A.E Marvin Sánchez Hernández, Director.—(48225).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

Meléndez Pineda María Isabel, de nacionalidad guatemalteca, pasaporte Nº 000701257, ha solicitado reconocimiento y equiparación del Título de Profesora de Enseñanza Media en Teología, obtenido en Universidad Mesoamericana. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado a esta Dirección, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Sabanilla, 6 de mayo del 2008.—Comisión de Reconocimiento de Estudios.—Lic. Sandra Chaves, Coordinadora a. í.—(47800).

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ

INSTITUCIÓN BENEMÉRITA

AVISO

Con fundamento en el Decreto Ejecutivo Nº 21384-S en su artículo 15, Reglamento para la Administración de los Cementerios de la Junta de Protección Social de San José, publicado en La Gaceta Nº 143 del 28 de julio de 1992, así como oficio AL-432 de la Lic. Mercia Estrada Zúñiga, abogada, con fecha 10 de abril del 2008 y la Declaración Jurada rendida ante el Notario Público Lic. Ignacio Miguel Beirute Gamboa, la Gerencia General a. í., representada por el Lic. Julio Canales Guillén, cédula número 1-0599-0340, mayor, casado, vecino de Paso Ancho, autoriza acogiendo el criterio Legal, el traspaso del derecho de arriendo del Cementerio General, mausoleo 1, subterráneo, cuadro ampliación este, lado ángulo suroeste, línea adicional, inscrito al tomo 13, folio 245, a las señoras Nydia Sáenz Domínguez, cédula Nº 1-0245-0999, Virginia Sáenz Domínguez, cédula Nº 1-0202-0276 y María Teresa Sáenz Domínguez, cédula Nº 1-0176-0174. Si en el plazo de quince días a partir de la publicación del aviso, no existiere oposición, se autoriza a la Administración de Cementerios, para que comunique al interesado lo resuelto.

San José, 28 de abril del 2008.—Manuel Roldán Porras, Administrador de Cementerios.—1 vez.—Nº 36458.—(48380).

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE CARTAGO

AVISO

Ante esta Junta de Protección Social de Cartago y Hermandad de la Caridad de Cartago, de conformidad con las disposiciones que emanan de la Ley Nº 58 del 9 de agosto de 1930, Nº 52 del 12 de marzo de 1923, del Decreto Ley Nº 704 del 7 de setiembre de 1949, Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 Ley General de Salud, Nº 5412 del 8 de noviembre de 1973 Ley Orgánica del Ministerio de Salud, leyes conexas y sus reformas, del Decreto Ejecutivo Nº 22183-S del 6 de mayo de 1993 Reglamento General de Cementerios Nacionales, Públicos y Privados, así como lo determina el Reglamento del Cementerio General de la Ciudad de Cartago, se han presentado los señores: Sonia María, cédula 3-179-368, Victoria Eugenia, cédula 3-188-411, Leda María, cédula 3-219-044, Grettel, cédula 3-219-057, todas de apellidos Quesada Morales, vecinas de Cartago. Bajo juramento de ley, manifiestan que son hijas de Victoria María Morales Morales, cédula 3-155-708, fallecida 21 de agosto del 2007, únicas y universales herederas, del 50 % de los derechos de arriendo de la fosa Nº 417, folio 119, tomo 1, de la Sección San Francisco del Cementerio General de Cartago. En este mismo acto solicitan incluir como arrendatario a su hijo Róger Acuña Quesada, cédula 1-267-904 y Claudia Morales Valle que es dueña del otro 50 % del Derecho de la misma fosa solicita incluir a Eduardo Hernán Hernández Quesada, cédula l-804-552. Solicitan la resolución del supra contrato de arrendamiento y que en su lugar se extienda uno nuevo a nombre de los gestionantes. Se mantiene el plazo del contrato original. Nombran como representantes a Victoria Eugenia Quesada Morales, Róger Acuña Quesada, Eduardo Hernández Quesada. Eximiendo de toda responsabilidad a la Junta de Protección Social de Cartago Hermandad de la Caridad de Cartago y notificados que cualquier información falsa, omisa o incorrecta revocará o deja sin efecto los trámites o acuerdos solicitados. Lo anterior se hace del conocimiento de todos aquellos terceros de iguales o mejores derechos, para que presenten las oposiciones de ley en el término de quince días hábiles a partir de la publicación del presente edicto.

Cartago, 5 de mayo del 2008.—Ronald Brenes Masís Gerente.—1 vez.—Nº 35590.—(47121).

ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN

AVISO

El Ente Costarricense de Acreditación ECA, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12 del Reglamento de Estructura Interna y Funcionamiento, Decreto Ejecutivo número 33963-MICIT, da a conocer  el otorgamiento de las siguientes acreditaciones:

1.  Área: Laboratorios de Ensayos y Calibración

OEC acreditado contra la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración

Nº de Acreditación	Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC	Alcance de la acreditación	Fecha de vigencia	Dirección, correo postal, e-mail, teléfono y fax
LE-006-R01	Laboratorio de Ensayos de Conducen S. A.	Alcance de Acreditación de Ensayos N° LE-006-R01	15 abril 2008 al 15 abril 2012	Dirección: km 11 de la Autopista General Cañas, Heredia. Correo Postal: 10274-1000 E-mail: arodriguez@phelpsdodgeca.com Teléfono: 2298-4804 Fax: 2293-4125
LE-033 VIGENTE	Laboratorio de Suelos y Foliares (LSF) y Laboratorio de Tecnología Poscosecha (LTP) del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica (CIA)	Alcance de Acreditación de Ensayos N° LE-033, Reducción de alcance.	12 junio 2006 al  12 junio 2009 (transición 07 mayo 2007)	Dirección: Ciudad de la Investigación, 200 m Sur y 100 m Este de la Universidad Estatal a Distancia, Sabanilla, San José. Correo Postal: 206-San Pedro E-mail: gmelende@cariari.ucr.ac.cr Teléfono: 2207-3011 Fax: 2234-1627
LE-051	Laboratorio de Control de Calidad de Industria Farmacéutica S. A de C.V. INFARMA	Alcance de Acreditación de Ensayos N° LE-051	29 de abril 2008 al 29 de abril del 2012	Dirección: Ubicado en Barrio La Granja, Comayagüela Honduras C.A. Correo Postal: NA E-mail:  info@infarma.hn maribel.martinez@infarma.hn Teléfono:  (00504)225-1272 Fax: (00504)225-0271
LC-052	Sección Laboratorios de Medidores, Compañía Nacional de fuerza y Luz S.A.	Alcance de Acreditación de Ensayos N° LC-052	15 abril 2008 al 15 de abril 2012	Dirección: Laboratorio de Medidores CNFL, La Uruca, Plantel Virilla Correo Postal: 10026-1000 E-mail: respinoza@cnfl.go.cr Teléfono: 2295-1541 Fax: 2290-6340/2295-1550

Asimismo el Ente Costarricense de Acreditación ECA da a conocer el estado de las siguientes acreditaciones:

Nº de Acreditación	Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC	Fecha de vigencia	Levantamiento de suspensión a partir del
LE-021-R01	Laboratorio de Pruebas de Pruebas de Paternidad	12 de junio 2006 al 12 de junio 2009	12 de mayo 2008

San José, 13 de mayo del 2008.—Lic. Maritza Madriz Picado, Gerente General.—1 vez.—(48217).

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

Que mediante acuerdo N° 12, de la sesión N° 28-2008, celebrada por el Concejo Municipal el día 6 de mayo de 2008, se aprobaron las siguientes tasas por los servicios que adelante se describen:

a.   Parques y obras de ornato: ¢ 510.00 por unidad atendida.

b.  Limpieza de vías y sitios públicos: categoría periférica ¢ 332,50 por metro lineal y categoría central ¢ 831,50 por metro lineal.

c.   Limpieza de alcantarillado pluvial; categoría doméstica ¢ 390,00 por unidad atendida y categoría comercial ¢ 585,00 por unidad atendida.

d.  Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos:

Categorías:

Doméstica                                    ¢ 3.530.00 por unidad atendida

Mixta                                            ¢ 7.060.00 por unidad atendida

Comercial 1                                  ¢ 8.825.00 por unidad atendida

Comercial 2                                  ¢ 17.645.00 por unidad atendida

Comercial 3                                  ¢ 35.295.00 por unidad atendida

Comercial 4                                  ¢ 52.940.00 por unidad atendida

Comercial 5                                  ¢ 70.590.00 por unidad atendida

Institucional 1                              ¢ 5.295.00 por unidad atendida

Institucional 2                              ¢ 35.295.00 por unidad atendida

Institucional 3                              ¢ 388.235.00 por unidad atendida

Acuerdo definitivamente aprobado.

Desamparados, 9 de mayo del 2008.— Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios.—Guillermo Azofeifa Cascante, Coordinador.—1 vez.—(48234).

El Concejo Municipal de Desamparados, al no recibir objeciones sobre el mismo, acuerda declarar definitivamente aprobado el “Reglamento General de Administración, Fiscalización y Cobranza de los Artículos 75, 76, 76 BIS y 76 TER del Código Municipal”, publicado con el nombre de “Proyecto de Administración, Fiscalización y Cobranza de los Artículos 75, 76, 76 BIS y 76 TER del Código Municipal” en La Gaceta N° 54 del día 17 de marzo de 2008.” Acuerdo N° 10 de la sesión N° 24-2008 del 22 de abril de 2008.

Desamparados, 26 de mayo del 2008.—Secretaría General.—Mario Vindas Navarro, Coordinador.—Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios.—Guillermo Azofeifa Cascante, Proveedor.—1 vez.—(48235).

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

El Concejo municipal comunica moción Mora Miranda/Ref. cambio día y fecha sesión ordinaria mes de julio 2008.

“Este Concejo en el uso de sus facultades estipuladas por Código y Reglamento acuerda trasladar la celebración de la sesión ordinaria programada para el día lunes 7 de julio 2008 al día jueves 3 de julio 2008, de las 6.00 p. m., a las 9.30 p. m., en la sala de sesiones del Concejo (3er piso Palacio Municipal costado norte del parque Kennedy-San Pedro), con el orden del día establecido por Reglamento. Rige a partir de su publicación”.

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en su sesión ordinaria Nº 106/2008, artículo Nº 10.3., del 5 de mayo de 2008.

Lic. Geiner Mora Miranda, MAE, Presidente del Concejo Municipal.—Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, Secretario del Concejo Municipal.—1 vez.—(48253).

El Concejo Municipal, comunica, moción Mora Miranda/Ref. Celebración sesiones extraordinarias en los distritos del cantón, 4 y 16 de junio 2008-16 y 23 de julio 2008.

“Para que este Concejo Municipal acuerde llevar a cabo las siguientes sesiones extraordinarias en los distritos del cantón, de la siguiente forma:

1.  Distrito San Rafael: El día miércoles 4 de junio, de las 6:30 p. m., a las 9:30 p. m., en la sede de la Escuela Inglaterra (frente al templo católico de la localidad), con el fin de conocer y resolver la siguiente agenda:

•    Capítulo I. Comprobación de quórum.

•    Capítulo II. Atención representantes Concejo de Distrito de San Rafael.

•    Capítulo III. Atención vecinos de la bomunidad de San Rafael.

2.  Distrito Sabanilla: El día miércoles 25 de junio 2008, de las 6:30 p. m., a las 9:30 p. m, en la sede de la Escuela José Figueres (100 metros al este del templo católico de la localidad), con el fin de conocer y resolver la siguiente agenda:

•    Capítulo I Comprobación de quórum.

•    Capítulo II. Atención representantes Concejo de Distrito de Sabanilla.

•    Capítulo III. Atención vecinos de la Comunidad de Sabanilla.

3.  Distrito Mercedes: El día miércoles 16 de julio 2008, de las 6:.30 p. m., a las 9:30 p. m, en la sede de la Escuela Betania (100 metros al este de la Rotonda La Bandera), con el fin de conocer y resolver la siguiente agenda:

•    Capítulo I. Comprobación de quórum.

•    Capítulo II. Atención representantes Concejo de Distrito de Mercedes.

•    Capítulo III. Atención vecinos de la comunidad de Mercedes.-4. distrito San Pedro: miércoles 23 de julio 2008, de las 6:30 p. m a las 9:30 p. m, en la sede de la Escuela F.D. Roosevelt (200 metros al sur del templo católico de la localidad), con el fin de conocer y resolver la siguiente agenda:

•    Capítulo I. Comprobación de quórum.

•    Capítulo II. Atención representantes Concejo de Distrito de San Pedro.

•    Capítulo III. Atención vecinos de la comunidad de San Pedro.

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en su sesión ordinaria N° 106/2008, artículo N° 10.2., del 5 de mayo de 2008

6 de mayo del 2008.—Lic. Geiner Mora Miranda, MAE, Presidente del Concejo Municipal.—Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, Secretario.—1 vez.—(48254).

El Concejo Municipal comunica moción Mora Miranda/ Ref. Cambio día y fecha sesiones ordinarias-feriados señalados por ley durante 2008.

“De conformidad con el artículo 148 del Código de Trabajo con relación a los días feriados declarados por ley que restan para lo que va del año, sea: viernes 25 de julio (Anexión del Partido de Nicoya), viernes 15 de agosto (Día de la Madre) y lunes 15 de setiembre (Independencia de la República) del año en curso y dado que el disfrute de los dos primeros días se trasladan para el día lunes siguiente y el último se celebra ese mismo día en los que se encuentra la realización de la sesión ordinaria del Concejo Municipal,

Este Concejo en el uso de sus facultades estipuladas por Código y Reglamento acuerda trasladar la celebración de las sesiones ordinarias programas para los días lunes 28 de julio 2008, lunes 18 de agosto 2008 y lunes 15 de setiembre 2008 a las siguientes fechas y días:

•    Martes 29 de julio 2008, de las 6:00 p. m., a las 9:30 p.m., en la sala de sesiones del Concejo (3er piso Palacio Municipal costado norte del parque Kennedy-San Pedro), con el orden del día establecido por Reglamento.

•    Martes 19 de agosto 2008, de las 6:00 p. m., a las 9:30 p. m., en la sala de sesiones del Concejo (3er piso Palacio Municipal costado norte del parque Kennedy-San Pedro), con el orden del día establecido por Reglamento.

•    Martes 16 de setiembre 2008, de las 6:00 p. m., a las 9:30 p. m., en la sala de sesiones del Concejo (3er piso Palacio Municipal costado norte del parque Kennedy-San Pedro), con el orden del día establecido por Reglamento.

Rige a partir de su publicación”.

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en su sesión ordinaria Nº 102/2008, artículo Nº 17.5, del 7 de abril de 2008.

Montes de Oca, 8 de abril del 2008.—Rodrigo Brenes Sebiani, Presidente del Concejo Municipal.—Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, Secretario del Concejo Municipal.—1 vez.—(48256).

MUNICIPALIDAD DE UPALA

El Concejo Municipal en sesión ordinaria del día viernes dieciséis de mayo del año dos mil ocho, acta Nº 21-2008, artículo IV inciso 3), mediante acuerdo definitivamente aprobado resuelve de conformidad lo siguiente:

La Municipalidad de Upala se adhiere a la publicación del documento Manual de Valores Base Unitarios de Tipología Constructiva, publicado en las páginas desde la número veintinueve (29) hasta la número sesenta (60) del Diario Oficial La Gaceta Nº 78 del día miércoles veintitrés (23) de abril de 2008, promovido por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda.

Rige a partir de su publicación.

Upala, 19 de mayo del 2008.—Thomas Alemán Solano, Secretario.—1 vez.—(47997).

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago, por medio del acuerdo N° 7, del acta N° 157-08, de la sesión celebrada el día 13 de mayo de 2008, acordó: que la Municipalidad del Cantón Central de Cartago se adhiere al nuevo Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 78 de fecha 23 de abril del 2008.

Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde Municipal.—1 vez.—(47043).

La Municipalidad del Cantón Central de Cartago, la Plataforma de Servicios y la Contraloría de Servicios,  avisan:

En aplicación de la Ley Nº 8220, a partir de la publicación de esta comunicación, en aras de mejorar, dar mayor eficiencia y continuidad al servicio público que presta la Plataforma Municipal de Servicios se informa:

Se recibirá un máximo de 5 trámites por turno, de lo contrario se deberá tomar nuevamente una ficha.

Para todo trámite, solicitud, recurso o inconformidad es indispensable indicar lugar para recibir notificaciones, o un número de fax.

Todo trámite o solicitud debe ser presentado y retirado personalmente por el interesado, lo anterior sin perjuicio de autorizar a un tercero, en último caso deberá autenticarse la firma o en su defecto aportar la fotocopia vigente de la cédula de identidad tanto del autorizado como del autorizante.

Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde Municipal.—1 vez.—(47044).

MUNICIPALIDAD DE NICOYA

ZONA MARTÍTIMO TERRESTRE

EDICTO

Rojas Campos Xinia Mayela, ama de casa, cédula de identidad número 2-355-817, vecina de Alajuela, con base en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre N° 6043, del 2 de marzo de 1977 y el Decreto Ejecutivo N° 7841-P, del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesión una parcela de terreno, ubicada en Playa Sámara, distrito quinto de Nicoya, provincia de Guanacaste, mide 618,82 metros cuadrados, según plano catastrado N° G-1138371-2007 y es terreno para dedicarlo a un uso recreativo. Cuenta con los siguientes linderos: norte, calle pública y mojón N° 187; sur, calle pública con 9,60 metros; este, Municipalidad de Nicoya; oeste, Municipalidad de Nicoya. Se advierte que la presente publicación no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de las disposiciones del Plan Regulador aprobado en este sector de playa que varíen destino de la parcela, y dicho lote se encuentra entre los mojones N° 174 y N° 176. Se conceden treinta días para oír oposiciones, las cuales deberán venir acompañadas de dos copias.

Nicoya, 16 de mayo del 2008.—Lic. Sindy Martínez Piñar, Coordinadora.—1 vez.—(48324).

CONVOCATORIAS

GANADERA AVI SOCIEDAD ANÓNIMA

Alejandro José Aguilar Vindas y William Alonso Aguilar Vindas, ambos titulares del 90 % de las acciones que conforman el capital social, convocamos a los accionistas de ganadera Avi Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-185877, a la asamblea general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la oficina del Licenciado Douglas Murillo Murillo, ubicada en Ciudad Quesada, San Carlos, 25 metros al este de los bomberos, primer piso del edificio Rocha, a las 19:00 horas del 5 de julio del 2008, en primera convocatoria. De no haber quórum a la hora señalada, la asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después, en el mismo lugar y con cualquier número de accionistas presentes o representados. La asamblea será dirigida por el señor tesorero William Alonso Aguilar Vindas. La asamblea general ordinaria y extraordinaria conocerá de los siguientes aspectos:

1.  Reforma de la cláusula sexta del pacto constitutivo.

2.  Revocatoria de nombramientos y elección de nueva junta directiva y fiscal.

3.  Entrega de certificados de acciones a los socios.

4.  Informe económico del período fiscal 2006-2007

Al recinto de asamblea solamente podrán ingresar los señores socios y el Licenciado Douglas Murillo Murillo como asesor legal autorizado.

Florencia, San Carlos, Alajuela, 20 de mayo del 2008.—Lic. Douglas Murillo Murillo, Notario.—1 vez.—Nº 37213.—(49435).

AVISOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

La señora Diana Meza Ulate, cédula uno-nueve siete tres-cinco cinco cuatro, farmacéutica, casada una vez, vecina de San Joaquín de Flores, Urbanización Villa Luisiana, casa H cuatro, vende al señor Leonardo Alfaro Briceño, cédula uno-uno cero cuatro uno-seis uno cinco, licenciado en Farmacia, casado una vez, vecino de San Joaquín de Flores, Urbanización Hacienda Las Flores, casa ochenta, el cincuenta por ciento del negocio denominado Farmacia Paso Santa Bárbara, ubicada en Santa Bárbara de Heredia, de Acrópolis cincuenta metros al sur, con esta venta el señor Alfaro Briceño pasa a ser el dueño absoluto de dicha farmacia. Esta venta se hizo con fecha treinta de abril del presente año.—San Joaquín, 13 de mayo del 2008.—Leonardo Alfaro Briceño.—(46450).

ALMOGAVARES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Almogavares Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos noventa y seis mil veintinueve, solicita ante la Dirección General de la Tributación Directa, la reposición de los siguientes libros: Tomo uno de Asamblea General y Registro de Socios. Quien se constituye afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) Administración Tributaria de Alajuela, en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—San José, 20 de mayo de 2008.—Lic. Óscar Venegas Córdoba, Notario.—(46847).

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

LOVEAT COMIDAMOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Loveat Comidamor Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-410213, Solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes tres libros: 1 de Actas de Concejo de Administración, 1 de Actas de Asambleas de Socios y 1 de Registro de Socios, todos libros número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de Alajuela, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Nelly Elizabeth Jiménez Rodríguez, Notaria.—(46731).

TOTAL SKY LANDS SOCIEDAD ANÓNIMA

Total Sky Lands Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-411246, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes tres libros: 1 de Actas de Concejo de Administración, 1 de Actas de Asambleas de Socios y 1 de Registro de Socios, todos libros número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de Alajuela, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Nelly Elizabeth Jiménez Rodríguez, Notaria.—(46732).

HOTELERA LA GRAN VISTA SOCIEDAD ANÓNIMA

Hotelera La Gran Vista Sociedad Anónima, cédula jurídica N° 3-101-375806, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes tres libros: 1 de Actas de Concejo de Administración 1 de Actas de Asambleas de Socios y 1 de Registro de Socios todos número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Nelly Elizabeth Jiménez Rodríguez, Notaria.—(46734).

VILLACHICA SOCIEDAD ANÓNIMA

Villachica Sociedad Anónima, con cédula jurídica Nº 3-101-069321-33, con domicilio en Limón, ante la Dirección General de Tributación Directa, solicita la reposición y legalización de los libros de Registro de Accionistas, Actas, Diario, Inventarios y Balances, Mayor, todos número uno, por haberse extraviado. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia del Contribuyente de la Administración Tributaria de Limón, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la última publicación de este aviso.—Limón, 9 de abril del 2008.—Marjorie Esna Williams, Secretaria.—Nº 35736.—(47453).

CASA GUANACASTE SOCIEDAD ANÓNIMA

Casa Guanacaste Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-136711, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros: Diario Nº 2, Mayor Nº 2, Inventarios y Balances Nº 2, Actas de Asamblea de Socios Nº 2, Registro de Socios Nº 2, Actas de Consejo de Administración Nº 2. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de Guanacaste, dentro del término de ocho días hábiles partir de la publicación de este aviso.—Guanacaste, 20 de mayo del 2008.—Lic. Mónica Cuellar González, Notaria.—Nº 35838.—(47454).

CONSULTORA DINÁMICA INDUSTRIAL S. A.

Consultora Dinámica Industrial S. A., cédula jurídica Nº 3-101-13957, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa, la reposición de los siguientes libros: Registro de Socios, Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Consejo de Administración, Actas de Asamblea de Socios, todos número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su posición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—San José, veinte de mayo del dos mil ocho.—Orlando Heilbron Barrantes.—Nº 35875.—(47455).

ALTA VIDA DEL MAR SOCIEDAD ANÓNIMA

Alta Vida del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-406516, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los libros de Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Acta de Consejo de Administración, Actas de Asamblea de Socios, y Registro de Socios. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) de la Administración Tributaria de San José, la Administración Tributaria de su localidad, en el término de ocho días hábiles a partir de la última publicación de este aviso.—Mariana Román, Apoderada Especial.—Nº 35897.—(47456).

BANCO H.S.B.C.

Se hace del conocimiento del público en general, el extravío del certificado de depósito a plazo Nº 09414064898, a la orden de Mario Gatica Carvajal, cédula Nº 1-208-335, por $300.000,00 del Banco H.S.B.C., cuyo vencimiento es el veintitrés de mayo del dos mil ocho. Lo anterior para efectos del artículo 708 y 709 del Código de Comercio.—Mario Gatica Carvajal.—Nº 35751.—(47457).

COMERCIAL MARLI DE POCOCÍ S.R.L.

Comercial Marli de Pococí S.R.L., cédula jurídica Nº 3-102-126347, comunica el extravío del siguiente libro: Actas de Asamblea de Socios, solicita la reposición del mismo. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de Limón, en el término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—José Alberto Martínez Li, Representante Legal.—(47509).

CONDOMINIO PIEMONTE

Se solicita la reposición de libros por extravío de Actas de Asamblea de Condóminos y Junta Directiva, y el de Caja, del Condominio Piemonte, cédula Nº 3-109-203091, domiciliado en La Uruca, San José.— Francela Rivera López.—(47550).

GESOMO SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, Enith Murillo Araya, mayor, casada una vez, del hogar, vecina de Guápiles Pococí, con cédula de identidad número 2-278-777, en mi condición de presidenta, hago constar que hemos iniciado reposición de todos los libros de la sociedad denominada Gesomo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-049727*-* inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público.—Lic. Pablo Baltodano Gómez, Notario.—Nº 35898.—(47691).

LA PAZ DEL VALLE LOTE DIECISÉIS S. A.

La Paz del Valle Lote Dieciséis S. A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete, solicita a la Dirección de Tributación, la reposición de los siguientes libros: Actas de Asamblea General, Registro de Accionistas y Junta Directiva, todos número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—San José, 23 de mayo del 2008.—Lic. Sandra Mondol Zumbado, Notaria.—(47803).

SOUTHLAND TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA

Southland Technology Sociedad Anónima, cédula tres-ciento uno-doscientos ochenta y tres mil seiscientos veinte, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa la reposición de los siguientes libros: 1. actas de asamblea general, 2. actas de junta directiva, 3. registro de accionistas, 4. mayor, 5. inventario y balances y 6. Diario, siendo en total seis libros por reponer. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al contribuyente (Legalización de Libros) de la Administración Tributaria de San José en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—Lic. Luis Diego Chacón Bolaños, Notario.—(47805).

INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE

EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA

Industrial Fire And Rescue Equipment Sociedad Anónima, cédula tres-ciento uno-trescientos diez mil ochocientos, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa la reposición de los siguientes libros: 1. Actas de Asamblea General, 2. Actas de Junta Directiva, 3. Registro de Accionistas, 4. Mayor, 5. Inventario y Balances y 6, Diario, siendo en total seis libros por reponer. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al contribuyente (Legalización de Libros) de la Administración Tributaria de San José en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—Lic. Luis Diego Chacón Bolaños, Notario.—(47806).

PORTONES RÚSTICOS MARIO FLORES SOCIEDAD ANÓNIMA

Portones Rústicos Mario Flores Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-trescientos treinta y seis mil ciento setenta y seis, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición del libro de Accionistas. Quien se considere afectado, puede dirigir su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación.—San José, 15 de mayo del 2008.—Dalays Castiblanco Vargas, Notaria.—(47829).

MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA

Álvaro Sánchez Suárez, cédula de identidad 2-344-988 en mi carácter personal y de apoderado generalísimo sin límite de suma de Economías Activas del Baden S. A., he solicitado a Mutual Alajuela la Vivienda de conformidad con el articulo 689 de Código de Comercio la reposición de los títulos propiedad de mi representada números: 148301-2001594902 por un monto ¢96.250,00, vence el 26 de mayo del 2008, título Nº 1483012001595164 por un monto de ¢54,895,83, vence el 15 de mayo del 2008 y el título Nº 2001595174 por un monto de ¢4.800.000,00 vence el 19 de mayo del 2008, este último emitido a mi nombre personal, los cuáles fueron robados de mi caja de seguridad en asalto perpetrado en mi casa habitación el sábado 17 del mes del año en curso.—San José, 21 de mayo del 2008.—Álvaro Sánchez Suárez.—Nº 36137.—(47928).

MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA

Bernardita Chinchilla Quesada, cédula de identidad Nº 3-245-135, he solicitado a la Mutual Alajuela La Vivienda de conformidad con el artículo 689 del código de comercio, la reposición del título de mi propiedad Nº 2001595193 por un monto de ¢1.000.000,00 vence el 12 de junio del 2008, el cual fue robado de mi caja de seguridad en asalto perpetrado en mi casa de habitación el sábado 17 del mes y año en curso.—San José. 21 de mayo del 2008.—Bernardita Chinchilla Quesada.—Nº 36138.—(47929).

BANCO HSBC

Álvaro Sánchez Suárez, cédula de identidad Nº 2-344-988 en mi carácter de apoderado generalísimo sin limite de suma de Economías Activas del Badem S. A. he solicitado al Banco HSBC de conformidad con el artículo 689 del código de comercio la reposición de los títulos propiedad de mi representada números: 82414008435 Nº 6 por un monto de ¢214.437,50 vence el 23 de mayo del 2008. Titulo número 82414008815 Nº 5 por un monto de ¢161.562,50 vence el 19 de mayo del 2008, los cuales fueron robados de mi caja de seguridad en asalto perpetrado en mi casa de habitación el sábado 17 del mes y año en curso.—San José, 21 de mayo del 2008.—Álvaro Sánchez Suárez.—Nº 36140.—(47930).

ASOCIACIÓN LIBRO LIBRE

El suscrito, Xavier Zavala Cuadra, mayor, casado una vez, nicaragüense, publicista, cédula de residente rentista número A cero seis seis ocho uno, en mi condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación Libro Libre, cédula de persona jurídica número 3-002-56650, solicito al Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas la reposición del libro Primero de Actas de Asambleas de mi representada, por haberse extraviado. Se emplaza por ocho días hábiles, a partir de la publicación, a cualquier interesado a fin de oír objeciones ante el Registro de Asociaciones.—San José, 22 de mayo del 2008.—Xavier Zavala Cuadra, Presidente.—1 vez.—Nº 36097.—(47931).

JAIDAI S. A

Jaidai S. A., cédula jurídica Nº 3-101-22665, solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición de sus libros contables Diario, Mayor, Inventario y Balance, Actas de Consejo de Administración y Registro de Socios, para un total de cinco libros de la indicada sociedad. Quién se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) Administración Tributaria de San José, en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de mayo del 2008.—Lic. Ernesto Torres Torres, Notario.—Nº 36062.—(47932).

BIENES Y PROPIEDADES LA PALMA S. A.

Bienes y Propiedades La Palma S. A., cédula jurídica número 3-101-228343, anteriormente denominada Acticap S. A., solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros: Actas de Asambleas Generales de Accionistas, Actas de Junta Directiva, Registro de Accionistas, Inventarios y Balances, Mayor y Diario, todos número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de Heredia dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Carlos Chaverri Negrini, Notario.—Nº 36096.—(47933).

Miriam Sandí Ureña, cédula jurídica 6-198-872, anteriormente denominada, Tienda Orly (mercado Municipal, 75 m sur, frente Palí) solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros: mayor, diario e inventarios y balances todos uno, quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de Heredia, dentro del termino de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Miriam Sandí Ureña.—(48216).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

AVAL CARD S. A.

Aval Card S. A., hace constar de conformidad con el artículo setecientos nueve del Código de Comercio, que Wilhelm Lachner M., ha solicitado la reposición por extravió, del cheque número 901086, emitido por Banco Uno, el día 29 de enero de 2008 a la orden de Wilhelm Lachner M., por la suma de ciento noventa y siete mil cuatro colones. Se cita y emplaza a los interesados para que se apersonen en el domicilio social del banco emisor dentro del plazo de quince días contados a partir de la última publicación de este aviso, para que hagan valer sus derechos.—13 de mayo del 2008.—Alberto Dobles Montealegre.—(47055).

DOSHER SOCIEDAD ANÓNIMA

Dosher Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-015224, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros: Actas de Consejo de Administración, Actas de Asamblea de Socios, Actas de Registro de Socios. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José, dentro del término de ocho días hábiles a partir la publicación de este aviso.—Lic. Ruhal Barrientos Saborío, Notario.—(47061).

COLEGIO BOSTON DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Colegio Boston de Negocios Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero diecinueve mil trescientos dieciocho, solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición del libro de Registros de Socios número uno. Quien se considera afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración de San José, dentro del término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Fernando Chinchilla Cooper, Notario.—(47069).

PUNTARENAS KIM S. A.

Puntarenas KIM S. A., cédula jurídica 3-101-083639, solicita ante la Dirección General de la Tributación Directa, la reposición de los libros Mayor, Diario, Inventarios y Balances, Actas de Consejo de Administración, Actas de Asamblea General y Registro de Accionistas, todos en tomo primero. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) de la Administración Tributaria de Puntarenas en el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación en La Gaceta.—Tae Hwan Kim Oh.—Nº 35660.—(47118).

SOCIEDAD DE USUARIOS DE SAN RAFAEL DE ALAJUELA

Yo, Danilo Navarro Herrera, conocido como Danilo Navarro Castillo, cédula 2-180-421, mayor, casado una vez, agricultor, en mi calidad de representante legal de Sociedad de Usuarios de San Rafael de Alajuela, con cédula jurídica 3-107-011791, solicito al Departamento de Asociaciones del Registro de Personas correspondientes la reposición de Libro de Acta de Asamblea, Junta Directiva, Registro de Asociados, libro Diario; libro Mayor y libro de Inventarios, los cuales fueron extraviados. Se emplaza por ocho días, a partir de la publicación a cualquier interesado a fin de oír objeciones ante Registro de Asociaciones.—Alajuela, 9 de mayo del 2008.—Danilo Delgado Herrera.—Nº 35492.—(47119).

AC DESARROLLOS ARQUITECTURA Y URBANISMO

SOCIEDAD ANÓNIMA

AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-228674, solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición de los siguientes libros de actas: inventarios y balances, de diario, registro de accionistas y mayor. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria Zona Norte en San Carlos en el término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Gerardo Acuña Cárdenas.—Nº 36276.—(47934).

TALLERES MANLEY SOCIEDAD ANÓNIMA

Talleres Manley Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-cero catorce mil cincuenta y dos, solicita ante la Dirección General de la Tributación Directa, la reposición del Libro: acta asamblea general de socios, número dos. Quien se considere afectado, puede manifestar su oposición ante el área de información y asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Regional de Puntarenas, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—San José, veintiuno de mayo del dos mil ocho.—Samuel Manley Abrahams.—Nº 36286.—(47935).

FERNGULLY’S DREAMS COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA

La suscrita Bridget Bárbara Nannen, mayor de edad, casada una vez, empresaria, vecina de 13805 N 87, Longmont, Colorado, código postal número 80503 de los Estados Unidos de América, portadora del pasaporte número 155096368, en mi condición de Presidenta de la compañía denominada: Ferngully’s Dreams Company Sociedad Anónima, número de cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos seis mil ciento noventa y cuatro, de conformidad con el artículo 689 del Código de Comercio informa que a solicitud de los señores Bridget Bárbara Nannen, de calidades ya conocidas y Gregory Shlutz, mayor, casado una vez, piloto, vecino de 13805 N 87, Longmont, Colorado, código postal número 80503 de los Estados Unidos de América, portador del pasaporte 155940158, serán repuestos los títulos que amparan doce cuotas en que se encuentra dividido y representado el capital social de la compañía, transcurrido un mes a que se refiere dicho artículo. Quien se considere afectado dirigir oposiciones y/o notificaciones a la Lic. Ana Sáenz Beirute, al dos dos tres uno siete cero seis cero.—Bridget Bárbara Nannen, Presidenta.—(47993).

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA

La Asociación Española de Beneficencia, comunica el extravío de los cheques con numeración entre el 5663 y el 5766, ambos inclusive no nos hacemos responsables del uso indebido de los mismos.—Aníbal Gdo. Cantillo, Responsable.—(48249).

BANCO LAFISE S. A.

Banco Lafise S. A., sita en San Pedro de Montes de Oca, de la Fuente de la Hispanidad 50 metros al este, hace del conocimiento del público en general, el extravío del certificado a plazo fijo Nº 110013766 a la orden de Provehotel, cédula jurídica Nº 3-101-132328, por la cantidad de US$ 58.000,00, moneda de los Estados Unidos de América, fecha de vencimiento 23 de mayo del 2008. Cupón Nº N.A., monto: N/A, fecha de vencimiento N/A. Lo anterior para efectos de los artículos 708 y 709 del Código de Comercio.—23 de mayo del 2008.—Vicegerencia de Administración y Finanzas.—María Antonieta Dengo Soto.—(48326).

UNIVERSIDAD CATÓLICA

El señor Carpio Gómez Adrián, cédula Nº 3-341-656, realizó la gestión pertinente para la reposición de su título de Bachillerato en Filosofía y Humanidades ante la Universidad, emitido el 9 de diciembre del 1998, registrado en la Universidad bajo el tomo 1, folio 27, asiento 545 y registrado en el CONESUP en el tomo 6, folio 38 y asiento 672. Se extiende la presente, exclusivamente, para la publicación de los edictos en el Diario Oficial La Gaceta, a solicitud del interesado en la ciudad de Moravia.—San José, 20 de mayo del 2008.—Departamento de Registro.—Sonia Guzmán Méndez, Directora.—Nº 36507.—(48382).

 CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S. A.

El Centro Vacacional Bancosta S. A., hace constar que revisado nuestro libro de accionistas, aparece como socia la señora Rosita Barahona Fernández, cédula Nº 1-365-711, con las acciones Nos. 252, 951. Las cuales se reportan como extraviadas, por lo que se solicita su reposición.—San José 22 de mayo del 2008.—Leonel Vargas Leitón.—Nº 36387.—(48383).

HACIENDA ESPINAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, Carlos Enrique González Pinto, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta y seis-novecientos trece, en mi condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Hacienda Espinal Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete, hago constar que hemos iniciado con los trámites de reposición de la totalidad de las acciones de la sociedad. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante la Presidencia de la sociedad ubicada en San José, Pozos de Santa Ana, condominio Los Higuerones, exactamente detrás de Matra.—San José, 14 de mayo del 2008.—Carlos Enrique González Pinto.—Nº 36557.—(48384).

INMOBILIARIA OJO DE AGUA HODA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, Carlos Enrique González Pinto, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta y seis-novecientos trece, en mi condición de presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad Inmobiliaria Ojo de Agua HODA Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y tres, hago constar que hemos iniciado con los trámites de reposición de la totalidad de las acciones de la sociedad. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante la Presidencia de la sociedad, ubicada en San José, Pozos de Santa Ana, Condominio Los Higuerones, exactamente detrás de Matra.—San José, 14 de mayo del 2008.—Carlos Enrique González Pinto, Presidente.—Nº 36558.—(48385).

TODO NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, Carlos Enrique González Pinto, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta y seis-novecientos trece, en mi condición de secretario, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad Todo Natural Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta y cinco mil quinientos treinta y cinco, hago constar que hemos iniciado con los trámites de reposición de la totalidad de las acciones de la sociedad. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante la Presidencia de la sociedad, ubicada en San José, Pozos de Santa Ana, radial Santa Ana-San Antonio de Belén, detrás de Matra, oficinas del Grupo Pelón.—San José, 14 de mayo del 2008.—Carlos Enrique González Pinto, Secretario.—Nº 36559.—(48386).

HACIENDA OJO DE AGUA SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, Carlos Enrique González Pinto, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta y seis-novecientos trece, en mi condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad Hacienda Ojo de Agua Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatro mil trescientos cuarenta y uno, hago constar que hemos iniciado con los trámites de reposición de la totalidad de las acciones de la sociedad. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante la Presidencia de la sociedad, ubicada en San José, Santa Ana, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, detrás de Matra, oficinas del Pelón de La Bajura.—San José, 14 de mayo del 2008.—Carlos Enrique González Pinto, Presidente.—Nº 36560.—(48387).

PINEAPPLE TOURS SOCIEDAD ANÓNIMA

Yo, Carlos Enrique González Pinto, portador de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta y seis-novecientos trece, en mi condición de presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad Pineapple Tours Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y tres mil seiscientos noventa, hago contar que hemos iniciado con los trámites de reposición de la totalidad de las acciones de la sociedad. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante la Presidencia de la sociedad, ubicada en San José, Pozos de Santa Ana, Condominio Los Higuerones, exactamente detrás de Matra.—San José, 14 de mayo del 2008.—Carlos Enrique González Pinto, Presidente.—Nº 36561.—(48388).

SOLUCIONES DE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA

Soluciones de Ingeniería Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintidós, solicita ante la Dirección General de la Tributación, la reposición del Libro Mayor, número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante la Administración Tributaria de Cartago, en el término de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Lic. Sandra Patricia Chacón Sánchez, Notaria.—Nº 36396.—(48389).

KAISER SOCIEDAD ANÓNIMA

Kaiser Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-sesenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los cinco libros siguientes: Actas Junta Directiva, Actas Registro de Accionistas, Mayor, Diario e Inventario y Balances. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Tributaria de San José, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación en La Gaceta.—Marco Antonio Verdesia Solano, Presidente.—Nº 36427.—(48390).

N.S. DE SAN PABLO VEINTETWENTY

SOCIEDAD ANÓNIMA

N.S. de San Pablo Veintetwenty Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-397132, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición del Libro de Actas de Asamblea de Accionistas, número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Tributaria de San José, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—San José, 25 de abril del 2008.—Ing. Gonzalo F. Delgado Ramírez.—Nº 36519.—(48391).

FUGARWE SOCIEDAD ANÓNIMA

Fugarwe Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa, la reposición de los seis libros correspondientes a uno Mayor, uno Diario, uno Inventarios y Balances, uno Actas de Consejo de Administración, uno Actas de Asamblea de Socios y uno Registro de Socios. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de su última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Floyd Foster, Presidente.—Nº 36556.—(48392).

IYALOCHA SOCIEDAD ANÓNIMA

Iyalocha Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-veintisiete mil setecientos ochenta y dos, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa, la reposición de los siguientes libros: Junta Directiva, Asamblea General, Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances, de dicha sociedad. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente de la Administración Tributaria de San José, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la publicación de este aviso.—San José, veintiséis de mayo del dos mil ocho.—María Lourdes Fernández Acevedo, Apoderada.—Nº 36563.—(48393).

COMERCIALIZADORA DE SEGUROS

CAFSA SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercializadora de Seguros CAFSA Sociedad Anónima, entidad con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta, solicita ante la Dirección General de Tributación Directa, la reposición del libro de Registro de Socios (RS). Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—Nº 36573.—(48394).

COOPEMEX R.L.

A quien interese, por este medio me permito informar que se me extravió el certificado de depósito a plazo en dólares Nº 66300003 por la suma de $1.311,07 más el cupón Nº 66300003 por la suma $26,22 emitidos por COOPEMEX R.L., a mí favor.—Puntarenas, 23 de mayo del 2008.—Elian Portuguez Carmona, Administrador Sucursal en Puntarenas.—(48482).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD NATIVA

La suscrita, Charlene Jenice Duncanson, mayor, casada una vez, contadora, vecina de San José, Coronado, Residencial Río Alto, portadora de la cédula de identidad número siete-ciento diecisiete-setecientos ocho, en mi condición de representante judicial y extrajudicial apoderada generalísima, de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de la Comunidad Nativa, cédula jurídica tres-cero cero dos-cuatrocientos veintidós mil dieciséis, hago constar el extravío el libro de Asamblea General.—San José 31 de enero del 2008.—Charlene Yenice Duncanson, Apoderada Generalísima.—1 vez.—Nº 35563.—(47120).

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA

I.—Que en sesión de Junta Directiva N° 025-2007 del 26 de octubre del 2007, se conoció la lista de colegiados en condición de morosidad en el pago de sus cuotas.

II.—Que por acuerdo de Junta Directiva N° 359-2008, sesión ordinaria N° 007-2008 del 25 de abril del 2008, acordó otorgar un plazo de tres días hábiles a los colegiados para ponerse al día en sus obligaciones económicas.

III.—Que el acuerdo además dispuso que pasado dicho plazo y con fundamento en el artículo 16 de la Ley Nº 1038 y 76 del Reglamento del Colegio, Decreto Ejecutivo N° 13606-E, quedarían automáticamente suspendidos de la profesión aquellos miembros que no hubieran cancelado en tiempo sus obligaciones.

Por lo anterior, y habiendo transcurrido sobradamente el plazo otorgado para cancelar, sin que se hubiese cumplido con ello, los siguientes colegiados quedan suspendidos en el goce de los derechos como miembros del Colegio Contadores Públicos de Costa Rica:

Se hace saber que la suspensión en el goce de los derechos conlleva a la exclusión de la póliza colectiva de vida a quienes la tuvieran suscrita.—San José, 26 de mayo del 2007.—Lic. José Manuel Castro Solano, Director Ejecutivo a. í.—1 vez.—(48323).

PUBLICACIÓN DE tercera VEZ

Por escritura número ciento treinta y ocho, se protocolizó acta de asamblea general de socios de la sociedad La Jolla Internacional Software Sociedad Anónima, mediante la cual se reforma la cláusula quinta relativa al capital.—San José, catorce de setiembre del dos mil siete.—Lic. Juan Carlos González Lavergne, Notario.—(49296).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

Por escrituras otorgadas hoy en esta ciudad a las 14:00, 15:00 y 16:00 horas ante la suscrita notaria se reforman estatutos y se realiza cesión de cuotas de las sociedades limitadas Three San Rafael Limitada, Suds Carwash Limitada y G.A.P. Autowash Costa Rica Limitada.—San José, 20 de mayo de 2008.—Lic. Irene Lobo Hernández, Notaria.—1 vez.—Nº 35773.—(47604).

El suscrito, Luis Enrique Salazar Sánchez, notario público con oficina en la ciudad de San José, hago constar que el día veintiuno de mayo del dos mil ocho, se constituyó ante mí, la empresa denominada Futu Ingeniería F.I Sociedad Anónima.—San José, veintiuno de mayo del dos mil ocho.—Lic. Luis Enrique Salazar Sánchez, Notario.—1 vez.—Nº 35774.—(47605).

Ante este notario se protocolizó la asamblea de accionista de la sociedad, Gris Mlotñlert Rosa Sociedad Anónima, en San José a las quince horas y quince minutos del trece de mayo del dos mil ocho, en la cual se acuerda la modificación de la cláusula primera, cambiando su nombre a Adam, Braedan And Penny’s Place ABP S. A., siendo su traducción en el idioma español: el lugar de Adam, Braedan y Penny ABP S. A.—San José, trece de mayo del dos mil ocho.—Lic. Sharon Erzsébef Mariaca Carpio, Notario.—1 vez.—Nº 35775.—(47606).

Mediante escritura pública número diecinueve, de las quince horas del veinte de mayo del año dos mil ocho, Patricia Franzius Aguirre y Eduardo José Salazar González, constituyen la sociedad denominada Escate Internacional Sociedad Anónima. Capital suscrito y pagado. Presidenta: Patricia Franzius Aguirre.—Lic. Rodrigo Arauz Figueroa, Notario.—1 vez.—Nº 35776.—(47607).

Mediante escritura otorgada ante el suscrito, se constituyó sociedad anónima denominada TN Technology Sociedad Anónima. Capital social: diez mil colones. Presidente: Ignacio Alvarado Chacón. Domicilio: San Juan de Tibás, San José.—San José, 25 de abril del 2008—Lic. Rodrigo Antonio Madrigal Núñez, Notario.—1 vez.—Nº 35777.—(47609).

Ante esta notaría, a las 13:00 horas del 21 de mayo del dos mil ocho; escritura número 102-18 visible al folio 140 vuelto, del tomo 18 del Protocolo del suscrito notario, se constituyó la sociedad anónima cuya denominación social se le indique mediante el número de cédula de persona jurídica que el Registro de Personas Jurídicas de oficio le asigne al momento de su inscripción, junto con la denominación sociedad anónima. Plazo 99 años. Presidente, secretario y tesorero con la representación judicial y extrajudicial.—San José, 21 de mayo del dos mil ocho.—Lic. Julio Renato Jiménez Rojas, Notario.—1 vez.—Nº 35778.—(47610).

La suscrita notaria Licenciada Jeannette Mora García, da fe de que en fecha catorce de mayo del año dos mil ocho, a las nueve horas, en la escritura número ciento cincuenta, se constituyó la sociedad anónima Dapupi Sociedad Anónima, con capital social de diez mil colones, se nombró junta directiva y fiscal.—San José, quince de mayo del dos mil ocho.—Lic. Jeannette Mora García, Notaria.—1 vez.—Nº 35779.—(47611).

Por escritura número 009-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora, otorgada en esta ciudad a las 10:05 horas del 21 de mayo del dos mil ocho, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-J, publicado en La Gaceta Nº 114 de 14 de junio del 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del 2008.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 35780.—(47612).

Por escritura número 008-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora, otorgada en esta ciudad a las 10:00 horas del 21 de mayo del dos mil ocho, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-J, publicado en La Gaceta número 114 del 14 de junio de 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del dos mil ocho.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Conotario.—1 vez.—Nº 35781.—(47613).

Por escritura número 006-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora, otorgada en esta ciudad a las 9:45 horas del 21 de mayo del dos mil ocho, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-J, publicado en La Gaceta número 114 del 14 de junio del 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del dos mil ocho.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Conotario.—1 vez.—Nº 35783.—(47614).

Por escritura número 007-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora, otorgada en esta ciudad a las 9:50 horas del 21 de mayo del dos mil ocho, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-j, publicado en La Gaceta Nº 114 del 4 de junio del 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del dos mil ocho.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Conotario.—1 vez.—Nº 35784.—(47615).

Por escritura número 005-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora, otorgada en esta ciudad a las 9:30 horas del 21 de mayo del dos mil 2008, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-j, publicado en La Gaceta Nº 114 del 14 de junio del 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del 2008.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 35786.—(47616).

Por escritura número 004-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora otorgada en esta ciudad, a las 9:05 horas del 21 de mayo del dos mil 2008, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-j, publicado en La Gaceta número 1144 del 14 de junio el 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del 2008.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 35787.—(47617).

Por escritura número 003-46 del tomo 46 del protocolo del notario Casimiro Vargas Mora otorgada en esta ciudad, a las 9:00 horas del 21 de mayo del dos mil 2008, se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominación social lo será de conformidad con lo dispuesto en el artículo dos del Decreto Ejecutivo número tres tres uno siete uno-j, publicado en La Gaceta Nº 1144 del 14 de junio del 2006.—San Isidro de El General, 21 de mayo del 2008.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 35789.—(47618).

Por escritura otorgada ante mi notaría, a las 15:30 horas del 21 de mayo del 2008, se constituyó sociedad anónima Constructora Tati S. A. Domicilio social: San Antonio de Escazú. Capital social: íntegramente suscrito y pagado por los socios. Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.—Escazú, 21 de mayo del 2008.—Lic. Marlene Bustamante Hernández, Notaria.—1 vez.—Nº 35791.—(47619).

A las catorce horas del quince de mayo del dos mil ocho, ante esta notaría, se constituyó la sociedad denominada Paintball Arena Sociedad Anónima, domicilio: Heredia, del supermercado Hipermás, un kilómetro al oeste y cien metros al norte, capital: suscrito y pagado, plazo: noventa y nueve años, representación: Arnoldo Esquivel Calvo y Jonathan Esquivel Calvo, apoderados generalísimos sin límite de suma.—Lic. José Alberto Fernández Hernández, Notario.—1 vez.—Nº 35792.—(47620).

Por escritura otorgada ante mí, se modifica la cláusula sexta de la administración de la firma Lago de Patzcuaro S. A. fecha: 21 de mayo del 2008. Lugar de otorgamiento: San José.—Lic. Alejandra Baudrit Freer, Notaria.—1 vez.—Nº 35793.—(47621).

Mediante protocolización de acta de la sociedad de esta plaza denominada Vista Atenas Diecisiete Sociedad Anónima. Se modifica junta directiva y fiscal, y se cambia domicilio. Escritura otorgada en la ciudad de Atenas, a las 18:00 horas del día 22 de mayo del 2008.—Lic. Sonia Teresa González Rodríguez, Notaria.—1 vez.—Nº 35794.—(47622).

Por escritura otorgada ante mí, a las diez horas del dieciocho de mayo del dos mil ocho, se constituye la sociedad Tekha Caribbean Sociedad Anónima. Representación: presidente y secretario individualmente. Plazo social: noventa y nueve años. Capital social: debidamente suscrito y pagado.—San José, 21 de mayo del 2008.—Lic. Ana Lorena Coto Esquivel, Notaria.—1 vez.—Nº 35795.—(47623).

Chien Fa Chen Hsieh, con cédula de identidad número ocho-cero ocho nueve-ciento cincuenta y seis y Chia Hui Wu, con cédula de residencia en razón de su nacionalidad Taiwanesa número uno uno cinco ocho cero cero cero dos tres cuatro tres cuatro; constituyen la sociedad denominada W. I. J. Limitada, mediante escritura número ciento sesenta y nueve del tomo veintidós otorgada ante el notario Alexis Cervantes Barrantes.—Siquirres, diecisiete de mayo del dos mil ocho.—Lic. Alexis Cervantes Barrantes, Notario.—1 vez.—Nº 35796.—(47624).

Por escritura número cincuenta-cuatro, otorgada a las 8:00 horas del día 20 de mayo del año 2008, protocolicé una acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad Villa Moray Eels CM Nueve Sociedad Anónima, en la cual se acordó la modificación de la cláusula segunda el domicilio, se modifica la cláusula novena del pacto constitutivo y se realiza el nombramiento de la junta directiva y del fiscal.—San José, 20 de mayo del dos mil ocho.—Lic. Olga Castillo Barahona, Notaria.—1 vez.—Nº 35798.—(47625).

Ante esta notaría a las 8.00 horas del día 22 de mayo del 2008, se constituye Inversiones Yellow Bridge S. A., domicilio: San José, capital totalmente suscrito y pagado. Presidente y secretaria apoderados generalísimos sin límite de suma.—San José, 22 de mayo del 2008.—Lic. Manuel Fernando Anrango Bonilla, Notario.—1 vez.—Nº 35799.—(47626).

Ante esta notaría a las 8:30 horas del día 22 de mayo del 2008, se constituye Inversiones Great Harvest S. A., domicilio: San José, capital totalmente suscrito y pagado. Presidente y secretaria apoderados generalísimos sin límite de suma.—San José, 22 de mayo del 2008.—Lic. Manuel Fernando Anrango Bonilla, Notario.—1 vez.—Nº 35800.—(47627).

NOTIFICACIONES

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

PUBLICACIÓN DE tercera VEZ

Res. Nº PEM-0309-2007-RCA.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las nueve horas quince minutos del día doce de octubre de dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la señora Yuverlys Francisca Beltrán Martínez, mayor, de nacionalidad nicaragüense, portadora del pasaporte número C1012759, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-607-DPL-PME/wqc, de las once horas un minuto del día trece de junio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que la señora Beltrán Martínez, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-607-DPL-PME/wqc, de las once horas un minuto del día trece de junio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—La señora Beltrán Martínez, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto citamos textualmente los que a nuestro criterio, resultan relevantes para lo que se resuelve y son los siguientes: [...]. “Segundo. Mi interés por radicar en Costa Rica es de vital importancia razón por la que viaje a Nicaragua para traer legalizados mi certificado de nacimiento y antecedentes penales, ya que tengo opción de tramitar mi permanencia legal por ser hermana de residente; ya que mi hermano, Walter Beltrán esta radicado en este país y cuenta con cédula de residencia permanente.” “Tercero. Fueron causas de fuerza mayor las que provocaron que mi situación migratoria deviniera en irregular ya que no contaba con los medios suficientes para asumir los gastos” “Quinto. Es mi deseo laborar legalmente en el país mas aún que tengo familiares residentes por lo que solicito se sirva analizar humanitariamente mi situación” “Por estas consideraciones agradeceré dejar sin efecto la resolución que, ordena mi deportación y modificándola me concedan una invitación para salir voluntariamente del país. ”

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra la recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-593 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

I.—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal de la recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 4 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 30 de diciembre de 2006 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, vigente en su momento.

II.—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra la recurrente lo que se comprueba con su propia declaración y en el escrito de interposición del recurso de revocatoria que se resuelve.

III.—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por la recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179 inciso c) de dicha ley. Por otra parte, si bien es cierto la recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que su visa se encontraba vencida al momento de ser detenida por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, la recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar la señora Beltrán Martínez, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de salida; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que la recurrente ingresa a Costa Rica en fecha 30 de diciembre de 2006 y es citada por la Policía de Migración el día 9 de junio de 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de cuatro meses diez días y con una permanencia regular durante un mes, sin que la accionante se hubiere apersonado en esos momentos a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos, vínculos y circunstancias personales concurrentes, que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. Por lo indicado, procede denegar el recurso de revocatoria, respecto a su permanencia irregular en el país.

IV.—Sobre lo que indica la señora Beltrán Martínez, en su recurso de revocatoria en el sentido, de que tiene la opción de tramitar su permanencia legal por ser hermana de residente, es que interpretamos que la recurrente solicita el trámite de residencia por ese supuesto vínculo con residente. Con base en lo indicado, se le hace ver a la recurrente que no es esta la vía para presentar dicha solicitud, pues la misma debe realizarse ante la Gestión de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la instancia legitimada para resolver este tipo de petición. Además, debe hacérsele saber también a la recurrente que el voto de la Sala Constitucional N° 2001-9322 de las quince horas treinta y siete minutos del día dieciocho de setiembre del 2001, en lo que interesa  dice,  “... cualquier otra gestión presentada dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución (...), que no fueran los recursos ordinarios, no lograba impedir que la decisión tomada por la Dirección General de Migración y Extranjería se hiciera ejecutiva y ejecutable y por ello la Sala no estima que la solicitud (...) sea óbice para la deportación ordenada...”. En ese mismo sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-057-99 del día 19 de marzo de 1999, indica que no es óbice para dar por anulado un procedimiento ajustado a derecho y fundado en normas de derecho positivo vigentes, la presentación de un trámite de manera posterior al dictado de una resolución de deportación. Por lo dicho procede denegar el recurso de revocatoria en cuanto al alegato antes aludido.

V.—En cuanto a la solicitud que hace la recurrente, de que se deje sin efecto la resolución recurrida y que la misma se modifique y le concedan una invitación para salir voluntariamente del país. Al respecto se le hace ver a la recurrente, que su situación migratoria, está claramente establecida en el considerando tercero de esta resolución, con lo cual se deja en claro que en acato al principio de legalidad no existe posibilidad alguna de que se modifique la resolución recurrida. En el sentido de la posibilidad de que la recurrente pueda salir voluntariamente del país, esto si fuera el caso de que dicha resolución alcanzara firmeza, puede salir la recurrente del país voluntariamente en cualquier momento, esto siempre y cuando no sea detectada nuevamente de manera irregular en el país, por cuanto en dicha situación su salida del país sería ejecutada por la Policía de Migración, de conformidad con los artículos 18 m) y 207 de la Ley de Migración y Extranjería.

VI.—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele a la señora Beltrán Martínez, que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta dirección, no aparece solicitud de trámite de residencia u otro, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho. Por los fundamentos iu jure indicados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que le asisten a la recurrente, todo en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados. Por tanto,

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 121 inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por la señora Yuverlys Francisca Beltrán Martínez y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2007-607-DPL-PME/wqc, de las once horas un minuto del día trece de junio del año dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza a la recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente a la presente comunicación. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-188120.—(46938).

Res. Nº PEM- 327-2007-WQC.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las nueve horas treinta y dos minutos del día ocho de octubre del dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por al señor José Danilo Rodríguez Arauz, mayor, de nacionalidad nicaragüense, portador del pasaporte provicional número C1109454 contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-584-DPL PME de las diez horas con veintisiete minutos del día ocho de junio de dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor José Danilo Rodríguez Arauz, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-584-DPL PME de las diez horas con veintisiete minutos del día ocho de junio de dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor José Danilo Rodríguez Arauz, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, de los cuales esta Dirección General, considera relevantes para el caso concreto, los que citamos textualmente y son los siguientes: “...Primero. Ingrese desde pequeño a Costa Rica y debido a que era menor de edad mis padres no pudieron regularizar mi situación migratoria. Segundo. Mi interés por radicar en Costa Rica es de vital importancia razón por la que viaje a Nicaragua a presentar mis documentos pero ocurre que no tuve el dinero suficientes para legalizar mi certificado de nacimiento y antecedentes penales razón por la que no me fue recepcionada mi documentación. Tercero. Entiendo ese proceder del funcionario pero lo correcto era darme la oportunidad de presentar la documentación y prevenirme parra adjuntar posteriormente la referida documentación. Cuarto. Fueron causas de fuerza mayor las que provocaron que mi situación migratoria deviniera en irregular. Quinto. Es mi deseo laborar legalmente en el país mas aún que tengo familiares residentes por lo que solicito se sirva analizar humanitariamente mi situación...”

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra el recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-571 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

I.—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal del recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 2 y 3 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 11 de febrero del 2007 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes.

II.—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra el recurrente lo que se comprueba con su propia declaración y en el escrito de interposición del recurso que aquí se resuelve.

III.—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179 inciso c) de dicha Ley. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenido por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, el recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar el señor José Danilo Rodríguez Arauz, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de salida; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que el recurrente ingresa a Costa Rica en fecha 11 de febrero del 2007 y es retenido por la Policía el día 28 de mayo del 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado dos meses y diecisiete días, y con una permanencia regular durante un mes, sin que el accionante se hubiere apersonado durante esos momentos a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. Por lo fundamentado, procede denegar el recurso de revocatoria en este hecho alegado.

IV.—Sobre lo que indica el señor José Danilo Rodríguez Arauz, en su recurso de revocatoria en el sentido de que “.... deseo laborar legalmente en el país, más aún que tengo familiares residentes ...” . Se le debe indicar al recurrente que no es esta la vía para presentar dicha solicitud, pues la misma debe realizarse ante la Gestión de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la instancia legitimada para resolver este tipo de petición. Además, debe hacérsele saber al recurrente que el voto de la Sala Constitucional N° 2001-9322 de las quince horas treinta y siete minutos del día dieciocho de setiembre del 2001, en lo que interesa dice, “ ... cualquier otra gestión presentada dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución (...), que no fueran los recursos ordinarios, no lograba impedir que la decisión tomada por la Dirección General de Migración y Extranjería se hiciera ejecutiva y ejecutable, y por ello la Sala no estima que la solicitud (...) sea óbice para la deportación ordenada...” en ese mismo sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-057-99 del día 19 de marzo de 1999, indica que no es óbice para dar por anulado un procedimiento ajustado a derecho y fundado en normas de derecho positivo vigentes, la presentación de un trámite de manera posterior al dictado de una resolución de deportación. Por los fundamentos iu jure indicados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que le asisten al recurrente, en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución

Política y también los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados.

V.—Respecto del vínculo que dice ostentar el recurrente, cuando dice que tiene familares residentes, y en virtud de no aportar el respectivo documento idóneo; no se logra demostrar fehacientemente el vínculo alegado por el recurrente. Es por ello que únicamente indicar que es familar de residente y no demostrar tal vínculo, no es argumento suficiente para comprobar la existencia de tal vínculo. Aunado a lo anterior mediante declaración 135-24600-Mayor/WQC de las de las nueve horas con cinco minutos del día ocho de junio del dos mil siete, el señor José Danilo Rodríguez Arauz rindió su declaración ante la Policía Especial de Migración e indicó que no tener vínculo de primer grado con familiares de nacionalidad costarricense, lo cual confirma lo ya dicho; y en consecuencia procede el rechazo del argumento expuesto por el recurrente en este ápice. Por lo indicado supra, procede la denegatoria del recurso de revocatoria planteado por al señor José Danilo Rodríguez Arauz.

VI.—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor José Danilo Rodríguez Arauz que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, no aparece solicitud de trámite de residencia u otro tipo, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho. Por tanto,

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 69; 121 inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor José Danilo Rodríguez Arauz y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2007-584-DPL PME de las diez horas con veintisiete minutos del día ocho de junio de dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente a la presente comunicación. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-235640.—(46939).

Res. GPM-Nº 0366-2007-LVB.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las once horas con treinta minutos del día veintidós de octubre del dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Marvin Steven Monjarrez Castillo, mayor, de nacionalidad nicaragüense, portador del pasaporte número C1076190, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-833-DPL PME/LVB de las doce horas con treinta minutos del día diecinueve de julio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Monjarrez Castillo, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-833-DPL PME/LVB de las doce horas con treinta minutos del día diecinueve de julio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor Monjarrez Castillo, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto esta Dirección General, estima relevantes los que se citan textualmente y son los siguientes: Primero: que tiene unos siete meses de estar en Costa Rica, y que ingresó 21 de enero del 2007. Segundo: Que no tiene antecedentes penales ni en Nicaragua ni en Costa Rica. Tercero: que se consulte el registro de entrada y salidas para verificar que se ha mantenido aquí, desde que llegó. Que está tramitando permiso temporal de trabajo, por lo que solicita se le permita permanecer en el país para realizar los tramites de un permiso laboral.

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra la recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-835 de la Policía de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

I.—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal de la recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 3 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 21 de abril del 2006 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, vigente en su momento.

II.—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra la recurrente lo que se comprueba con su propia declaración.

III.—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179 inciso c) de dicha Ley. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenida por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, la recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar que el señor Monjarrez Castillo, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de entrada; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que el recurrente es retenido por la Policía el día 11 de julio del 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de un año con un mes y veinte días, sin que el accionante se hubiere apersonado a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. Por lo indicado, procede denegar el recurso de revocatoria en este hecho alegato.

IV.—Por otro lado, argumenta el recurrente que no tiene antecedentes penales en este país ni en su país de origen, que desde su ingreso al país no ha tenido problema legal alguno. Sobre el particular, debe indicársele al recurrente que la no infracción al ordenamiento penal costarricense, no es óbice para evitar el proceso de deportación del cual es sujeto, ya que como se indicó supra, el foráneo incurrió en una trasgresión a la normativa jurídica migratoria al permanecer en territorio costarricense una vez vencido el plazo autorizado, incumpliendo de esta manera las disposiciones que regulan el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, incumplimiento que la mismo extranjero, reconoce y acepta en el libelo de interposición del recurso.

V.—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor Monjarrez Castillo, que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, no aparece solicitud de trámite de residencia u otro, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; Sobre lo que indica el señor Monjarrez Castillo, en su recurso de revocatoria en el sentido de que estima que inició un tramite de permiso temporal de trabajo, se le hace ver al recurrente que realizada la consulta a la Gestión de Extranjería con oficio de fecha 17 de octubre del presente año, la Licenciada Lidiette Jiménez Arias, Jefe del Subproceso de Valoración Técnica, certifica que el señor Monjarrez Castillo, no registra ningún tramite en la Gestión de Extranjería, de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho, por lo que queda demostrado que la recurrente no cuenta con ningún status migratorio en el país. Por los fundamentos iu jure indicados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales, entre estos los de igualdad y de justicia social, que le asisten al recurrente, en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados. Por tanto,

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 69; 121 inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar SIN lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Marvin Steven Monjarrez Castillo y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2007-833-DPL PME/LVB de las doce horas con treinta minutos del día diecinueve de julio del año dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente a la presente comunicación. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 198100).—C-198100.—(46940).

Res. Nº PEM-364-2007-WQC.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las once horas treinta minutos del día veintitrés de octubre del dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Ricardo Antonio Sandino Useda, mayor, de nacionalidad nicaragüense, portador del pasaporte número C1207237 contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-851-DPL PME/LVB de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día veinte de julio de dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Ricardo Antonio Sandino Useda, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-851-DPL PME/LVB de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día veinte de julio de dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor Ricardo Antonio Sandino Useda, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, de los cuales esta Dirección General, considera relevantes para el caso concreto, los que citamos textualmente y son los siguientes: “... 1. Se revoque la orden de extradición emitida, mediante la resolución N° 135-2007-851-DPL-PME LVD, arriba indicada. 2. Se me extienda un permiso temporal para permanecer legalmente en el país y posteriormente, de ser posible, conforme a los requisitos establecidos por las leyes costarricenses, poder optar a la condición de residente...”

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra el recurrente, ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-844 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

I.—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal del recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 5 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 27 de abril del 2006 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes.

II.—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra el recurrente lo que se comprueba con su propia declaración y en el escrito de interposición del recurso que aquí se resuelve.

III.—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179 inciso c) de dicha Ley. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenido por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, el recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar el señor Ricardo Antonio Sandino Useda, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de salida; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que el recurrente ingresa a Costa Rica en fecha 27 de abril del 2006 y es retenido por la Policía el día 17 de julio del 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de un año un mes y veinte días y con una permanencia regular durante un mes, sin que el accionante se hubiere apersonado durante esos momentos a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. Por lo fundamentado, procede denegar el recurso de revocatoria en este hecho alegado.

IV.—Sobre lo que indica el señor Ricardo Antonio Sandino Useda, en su recurso de revocatoria en el sentido “... Se me extienda un permiso temporal para permanecer legalmente en el país y posteriormente, de ser posible, conformar los requisitos establecidos por las leyes costarricenses, poder optar a la condición de residente...”, es que interpretamos que el recurrente solicita el trámite de residencia. Con base en lo indicado, se le hace ver al recurrente, que no es esta la vía para presentar dicha solicitud, pues la misma debe realizarse ante la Gestión de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la instancia legitimada para resolver este tipo de petición. Además, debe hacérsele saber también al recurrente que el voto de la Sala Constitucional N° 2001-9322 de las quince horas treinta y siete minutos del día dieciocho de setiembre del 2001, en lo que interesa dice, “ ...cualquier otra gestión presentada dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución (...), que no fueran los recursos ordinarios, no lograba impedir que la decisión tomada por la Dirección General de Migración y Extranjería se hiciera ejecutiva y ejecutable, y por ello la Sala no estima que la solicitud (...) sea óbice para la deportación ordenada...”. En ese mismo sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-057-99 del día 19 de marzo de 1999, indica que no es óbice para dar por anulado un procedimiento ajustado a derecho y fundado en normas de derecho positivo vigentes, la presentación de un trámite de manera posterior al dictado de una resolución de deportación. Por los fundamentos iu jure indicados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que le asisten a la recurrente, en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados.

V.—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor Ricardo Antonio Sandino Useda que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, no aparece solicitud de trámite de residencia u otro tipo, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho. Por tanto,

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 69; 121 inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Ricardo Antonio Sandino Useda y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2007-851-DPL PME/LVB de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día veinte de julio de dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente a la presente comunicación. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-217820.—(46941).

Res. GPM-Nº 0367-2007-LVB.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las nueve horas con diez minutos del día veintidós de octubre de dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Norlan Alejandro Sánchez Rodríguez, mayor, de nacionalidad nicaragüense, portadora del pasaporte número C1065794, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-848-DPL PE/wqc de las once horas con cuarenta y seis minutos del día veinte de julio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Sánchez Rodríguez, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-848-DPL PE/wqc, de las once horas con cuarenta y seis minutos del día veinte de julio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor Sánchez Rodríguez, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto esta Dirección General, estima relevantes los que se citan textualmente y son los siguientes: Primero: que tiene más de tres meses de estar en Costa Rica y que ingresó 10 de abril del 2007. Segundo: Que no tiene antecedentes penales ni en Nicaragua ni en Costa Rica. Tercero: que se consulte el registro de entrada y salidas para verificar que se ha mantenido aquí, desde que llegó. Que esta tramitando permiso temporal de trabajo, por lo que solicita se le permita permanecer en el país para realizar los trámites de un permiso laboral.

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra la recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-850 de la Policía de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

I.—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal de la recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 4 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 10 de abril del 2007 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, vigente en su momento.

II.—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra la recurrente lo que se comprueba con su propia declaración.

III.—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179 inciso c) de dicha Ley. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenida por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, la recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar que el señor Sánchez Rodríguez, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de entrada; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que el recurrente es retenido por la Policía el día 7 de julio del 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de dos meses, sin que el accionante se hubiere apersonado a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. Por lo indicado, procede denegar el recurso de revocatoria en este hecho alegato.

IV.—Por otro lado, argumenta el recurrente que no tiene antecedentes penales en este país ni en su país de origen, que desde su ingreso al país no ha tenido problema legal alguno. Sobre el particular, debe indicársele al recurrente que la no infracción al ordenamiento penal costarricense, no es óbice para evitar el proceso de deportación del cual es sujeto, ya que como se indicó supra, el foráneo incurrió en una trasgresión a la normativa jurídica migratoria al permanecer en territorio costarricense una vez vencido el plazo autorizado, incumpliendo de esta manera las disposiciones que regulan el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, incumplimiento que la mismo extranjero, reconoce y acepta en el libelo de interposición del recurso.

V.—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor Sánchez Rodríguez, que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, no aparece solicitud de trámite de residencia u otro, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; Sobre lo que indica el señor Sánchez Rodríguez, en su recurso de revocatoria en el sentido de que estima que inició un tramite de permiso temporal de trabajo, se le hace ver al recurrente que realizada la consulta a la Gestión de Extranjería con oficio de fecha 17 de octubre del presente año, la Licenciada Lidiette Jiménez Arias, Jefa del Subproceso de Valoración Técnica, certifica que el señor Sánchez Rodríguez, no registra ningún tramite en la Gestión de Extranjería, de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho, por lo que queda demostrado que la recurrente no cuenta con ningún status migratorio en el país. Por los fundamentos iu jure indicados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales, entre estos los de igualdad y de justicia social, que le asisten al recurrente, en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados. Por tanto,

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 69; 121 inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar SIN lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Norlan Alejandro Sánchez Rodríguez y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2007-848-DPL PE/wqc, de las once horas con cuarenta y seis minutos del día veinte de julio del año dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente a la presente comunicación. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-198020.—(46942).

Resolución Nº PEM-0377-2007-RCA.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las diez horas treinta minutos del día treinta de octubre del dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Elton Josué Chávez López, mayor, de nacionalidad nicaragüense, indocumentado, contra la resolución de esta Dirección General Nº 135-2007-826-DPL PME/ebb de las catorce horas veintiséis minutos del día diecisiete de julio del dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Chávez López, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General Nº 135-2007-826-DPL PME/ebb de las catorce horas veintiséis minutos del día diecisiete de julio del dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor Chávez López, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto citamos textualmente los que a nuestro criterio, resultan relevantes para lo que se resuelve, y son los siguientes: “Primero. Yo tengo más de siete meses de estar en Costa Rica pues ingresé por última vez desde el 4 de enero del 2007.” “Segundo. Doy fe bajo juramento que no tengo antecedentes penales en toda Nicaragua, ni en Costa Rica, he sido de buena conducta y trabajo constante. Pues me he dedicado a ayudarle a mi familia que esta aquí en Nicaragua.” “Tercero. Vasta consultar el registro de entradas y salidas del país para verificar que me he mantenido aquí, desde que llegue.” “Petitoria. Estoy tramitando el permiso temporal de trabajo. En razón de los motivos antes expuestos solicito se me permita permanecer en este país para realizar los trámites de un permiso laboral, con el cual quiero ganarme la vida, en forma legal como peón de construcción. Pues toda mi actuación siempre ha sido de buena fe.” […].

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra el recurrente ha sido tramitado bajo el expediente Nº 135-2007-819 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

I.—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal del recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 4 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 4 de enero del 2007 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes.

II.—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra el recurrente lo que se comprueba con su propia declaración y en el escrito de interposición del recurso que se resuelve.

III.—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179, inciso c) de dicha Ley. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenido por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, el recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar el señor Chávez López, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de salida; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que el recurrente ingresa a Costa Rica en fecha 4 de enero del 2007, y es aprehendido por la Policía de Migración el día 17 de julio del 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de cinco meses trece días, y con una permanencia regular durante un mes, sin que el accionante se hubiere apersonado en esos momentos a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos y circunstancias personales, que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. En acato al principio de legalidad, no procede concederle plazo al recurrente para que permanezca en el país, para que presente los trámites de solicitud de permiso laboral, por todo lo fundamentado supra. Sustentado en el contenido del presente considerando, procede denegar el recurso de revocatoria en estos hechos alegados.

IV.—Sobre lo que indica el señor Chávez López, en su recurso de revocatoria, en el sentido de que solicita se le permita permanecer en el país, para realizar los trámites de un permiso laboral. Se le debe indicar al recurrente que no es esta la vía para presentar dicha solicitud, en este caso la misma debe realizarse ante la Gestión de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la instancia legitimada para resolver este tipo de petición. Además, debe hacérsele saber al recurrente que el voto de la Sala Constitucional Nº 2001-9322 de las quince horas treinta y siete minutos del día 18 de setiembre del 2001, en lo que interesa dice, “... cualquier otra gestión presentada dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución (...), que no fueran los recursos ordinarios, no lograba impedir que la decisión tomada por la Dirección General de Migración y Extranjería se hiciera ejecutiva y ejecutable, y por ello la Sala no estima que la solicitud (...) sea óbice para la deportación ordenada...”. En ese mismo sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República Nº C-057-99 del día 19 de marzo de 1999, indica que no es óbice para dar por anulado un procedimiento ajustado a derecho y fundado en normas de derecho positivo vigentes, la presentación de un trámite de manera posterior al dictado de una resolución de deportación. Por lo indicado procede denegar el recurso de revocatoria en este punto.

V.—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor Chávez López, que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, al momento que se emitió la resolución aquí recurrida, no aparece solicitud de trámite de solicitud de permiso temporal de trabajo u otro, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho. Por los fundamentos iu jure argumentados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que le asisten al recurrente, como es el derecho al trabajo, y todo en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, es por lo que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados. Por tanto:

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 69; 88; 121, inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Elton Josué Chávez López y confirmar la resolución de esta Dirección General Nº 135-2007-826-DPL PME/ebb de las catorce horas veintiséis minutos del día diecisiete de julio del dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente, de la notificación de la presente resolución. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-186140.—(46943).

PUBLICACIÓN DE segunda VEZ

Resolución D.JUR. 0204-2008-AMR.—Dirección General de Migración y Extranjería.—San José, al ser las ocho horas del tres de abril del dos mil ocho. Se conoce solicitud de levantamiento de impedimento de entrada al país presentado por el señor Roberto Carlos Mercado Narváez, mayor, en unión libre, de nacionalidad nicaragüense, portador del pasaporte nicaragüense número: C0954974.

Resultando:

1º—Que en fecha primero de abril del dos mil ocho, el señor Roberto Carlos Mercado Narváez, solicitó levantamiento de impedimento de entrada al país, último que fue ordenado en su contra mediante la resolución número 135-2003-1303-DPL-PEM-/de las doce horas con dieciséis minutos del día dieciséis de octubre del dos mil tres, de esta Dirección General.

2º—Que en el sistema de cómputo de esta Dirección General se registra un impedimento de entrada contra el extranjero, incluido el catorce de febrero del dos mil cinco.

3º—Que para los efectos de emitir la presente resolución se han observado los procedimientos de ley.

Considerando:

1º—Según consta en el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, se encuentra registrada, desde el día catorce de febrero del dos mil cinco, anotación de impedimento de entrada al país contra el señor Roberto Carlos Mercado Narváez. Dicho impedimento fue incluido en razón de haberse ordenado deportación en contra del recurrente mediante resolución número 135-2003-1303-DPL-PEM-/de las doce horas con dieciséis minutos del día dieciséis de octubre del dos mil tres. No obstante lo anterior, debe dejarse en claro que el día primero de abril del dos mil ocho, el extranjero solicitó levantamiento de impedimento de entrada al país sin alegar ningún fundamento o motivo del porqué se debe de hacer dicho levantamiento. En la carta suscrita por el señor Mercado Narváez la misma indica lo siguiente:

“... pido por favor se me levante el impedimento de entrada al país...”

El señor Mercado no menciona en su carta los motivos ni respalda ningún hecho que permitan proceder como en Derecho corresponda al levantamiento del impedimento.

Por lo que al no ajustarse a ninguno de los presupuestos establecidos en la legislación vigente y de conformidad con los artículos 1, 61, 122 inciso a) y 181 todos de la Ley de Migración y Extranjería número 8487, se estima procedente rechazar la solicitud de levantamiento de impedimento de entrada solicitada por el señor Mercado Narváez. A la vez se le indica que desde su país de origen y por medio de nuestro Consulado en Nicaragua, solicite la regularización de su situación migratoria en Costa Rica. Una vez tramitada dicha solicitud y de otorgarse el estatus de residente, se ordenará en la misma resolución del levantamiento de impedimento de entrada a Costa Rica, caso contrario dicha sanción seguirá vigente por el término de cinco años de conformidad con el artículo 181 de la Ley de Migración y Extranjería.

2º—Es importante señalar que mediante circular número AJ-3665-2006-AC del 21 de diciembre del 2006, esta Dirección General señala el procedimiento para el ingreso al país de personas con impedimento de entrada, puesto que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Migración y Extranjería, será inadmisible la solicitud de permanencia legal, de la persona extranjera que haya ingresado al país o permanezca en él de forma irregular, por lo que se le indica al recurrente que en caso de encontrarse en territorio nacional bajo esa condición, deberá egresar de Costa Rica.

POR TANTO:

Con fundamento en los artículos 61, 62, 122 inciso a) y 181 de la Ley de Migración y Extranjería número 8487, y razones citadas, esta Dirección General de Migración y Extranjería resuelve rechazar la solicitud de levantamiento de impedimento de entrada del señor Mercado Narváez indicándole que desde su país de origen y por medio de nuestro Consulado en Nicaragua solicite la regularización de su situación migratoria en Costa Rica. Una vez tramitada dicha solicitud y de otorgarse el estatus de residencia, se ordenará en la misma resolución el levantamiento de impedimento de entrada a Costa Rica, caso contrario dicha sanción seguirá vigente por el término de cinco años de conformidad con el artículo 181 de la Ley General de Migración y Extranjería. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18226).—C-109120.—(46931).

Nº 269-2008-DMG.—Despacho del Señor Ministro.—San José, a las diez horas del día veintiséis de febrero del año dos mil ocho.

Conoce este Despacho del Recurso de Apelación interpuesto por Francisco José Pérez Salazar, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 12007113 contra la resolución número 6432-2004-ICN, de las once horas cuatro minutos del dieciséis de julio del dos mil cuatro, dictada por la Dirección General de Migración y Extranjería, que deniega su solicitud de permiso temporal de estudio.

Resultando:

1º—Que el señor Pérez Salazar presentó el 5 de julio del 2004 solicitud de permiso temporal de estudio para llevar cursos libres en la ULACIT. Su solicitud se resolvió negativamente mediante resolución número 6432-2004-ICN, de las once horas cuatro minutos del dieciséis de julio del dos mil cuatro con base en el artículo 66 bis inciso c del Reglamento a la Ley General de Migración y Extranjería.

2º—Que inconforme con dicha resolución, el recurrente interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acto administrativo supra señalado, argumentando, en resumen, que el criterio esbozado por la Dirección de Migración no es de su competencia, sino del Ministerio de Educación Pública, pues el hecho de que pretenda recibir cursos libres no le quita la condición de estudiante.

3º—Que la Dirección General de Migración y Extranjería declaró sin lugar el recurso de revocatoria mediante resolución número DJUR 0511-2007-CTT de las ocho horas diez minutos del ocho de junio del dos mil siete, la cual fue publicada en La Gaceta 217 del doce de noviembre del dos mil siete y elevó el expediente para ser resuelto sobre la apelación formulada.

4º—Que para el dictado de la presente resolución se han realizado las diligencias útiles, oportunas y necesarias.

Considerando:

Único.—Que analizados los alegatos esgrimidos por el recurrente, así como de la documentación constante en los autos, se concluye que la resolución del A Quo debe confirmarse en todos sus extremos, puesto que se resolvió en estricto apego a las políticas de regulación del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional, siendo esto competencia de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y como se indica acertadamente en la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, en el considerando segundo de la resolución recurrida se indica con claridad la razón por la cual el recurrente no pudo ser considerado como estudiante y por lo tanto enmarcar dentro de las posibilidades del numeral 66 bis antes citado, siendo que para los efectos, no puede considerarse en tal sentido a quien pretenda llevar cursos libres, los cuales no tienen como meta la obtención de un grado universitario. Así las cosas, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, y al no presentarse prueba alguna que haga variar la situación fáctica en el presente caso, lo procedente es rechazar el Recurso de Apelación incoado y confirmar en todos sus extremos la resolución recurrida. Por tanto:

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Francisco José Pérez Salazar, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 12007113 contra la resolución número 6472-2004-ICN, de las once horas treinta y cuatro minutos del dieciséis de julio del dos mil cuatro, y confirmarla en todos sus extremos. Remítase el expediente a su oficina de origen para lo que en derecho corresponda. Notifíquese por edicto 3 veces en el Boletín Judicial.—Lic. Fernando Berrocal Soto, Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública.—(Solicitud Nº 18229).—C-95060.—(46932).

Resolución Nº 313-2008 A.J.—Auto de Apertura y Audiencia.—Proceso jurídico contractual.—San José, a las siete horas y treinta minutos del día seis de mayo del año dos mil ocho.

Que acorde con lo dispuesto en Resolución número 24-2008 P.I. del día 13 de mayo del presente año y oficio PI 277-2008 MCP de fecha 31 de enero del 2008, el cual denuncia posible incumplimiento contractual de parte de la empresa denominada Industrias Luigi S. A., representada por la señora Ana Lucía Duarte Bonilla, cédula de identidad número 1-628-877, respecto de Contratación Directa Nº 2007CD-001950-09800, para Compra de otros útiles, materiales y suministros, procede este despacho en calidad de órgano director, debidamente nombrado a incoar procedimiento administrativo, con el objeto de determinar posible responsabilidad civil y pecuniaria respecto de incumplimiento de contratación administrativa, en cuanto se desprende del estudio del expediente administrativo lo siguiente:

Con vista y estudio del expediente sobre contratación directa arriba indicado, se constata que su representada presentó oferta en las posiciones 1 al 5, junto a otros oferentes y por resolución Nº 1950-2007 de las diez horas del día 14 de junio le fueron adjudicadas esas posiciones, lo cual se comunicó por aviso de adjudicación con fecha 20 de junio del año 2007 en la persona de Karolina Granados. Asimismo, se originó el pedido de compra Nº 4500067851, comunicado con fecha 18 de junio por la señora Granados. Según oferta y resolución de adjudicación la empresa debió hacer entrega de las mercancías cinco días hábiles posteriores a la entrega de la orden de compra. Por oficio Nº PI-711-2008 de parte de la Proveeduría Institucional se adjunta copia del Oficio Nº D.L. 295-2008 de 4 de marzo del 2008, en respuesta a consulta sobre si las mercancías fueron entregadas ante la Dirección del Programa de Policía de Control de Drogas, se informa que su representada no hizo entrega de las mercancías adjudicadas, lo cual ocasionó un grave daño a la Administración, por cuanto el presupuesto que se tenía no pudo ser empleado para la compra de los artículos adjudicados, dejándose por fuera la posibilidad de recibirlos de otros proveedores que igualmente presentaron oferta. Por Oficio Nº 2809-2008 AJ-EAL el Órgano Director, solicita información en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 217 del Reglamento a la Contratación Administrativa para establecer un dato concreto sobre el perjuicio ocasionado y en respuesta la Dirección de Policía de Control de Drogas por oficio Nº D.L. 557-2008 de 28 de abril del 2008 refiere los mismos datos arriba indicados. Según la documentación y datos aportados se deduce un incumplimiento de entrega total de parte de la empresa denunciada y un eventual daño económico a la Administración de un monto de ¢256.250,00 según el monto adjudicado a la empresa aquí denunciada.

Así las cosas, en calidad de Órgano Director del Procedimiento, al tenor de los artículos 14 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y 40, 41 215, 216 y 217, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Órgano Director concede audiencia a la empresa denunciada dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución para que ejerza derechos legales y constitucionales y aporte toda la prueba que estime pertinente. Para los efectos pertinentes, se pone a disposición el expediente administrativo 2007CD-001950-09800 con 118 folios de la Proveeduría Institucional y el expediente Nº 495-008 del Órgano Director, los cuales se tendrán como base de la denuncia de posible incumplimiento contractual. Las diligencias sobre la denuncia están a cargo del Licenciado Edwin Araya Loría, del Proceso Jurídico Contractual. Comuníquese.—Proceso Jurídico Contractual.—Asesoría Jurídica.—Lic. Flor López Mora, Jefa.—(Solicitud Nº 11709).—C-83240.—(46933).

Resolución Nº PEM-0129-2007-RCA.—San José, al ser las catorce horas quince minutos del día veintinueve de mayo de dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Pedro Elías Juliac Gómez, mayor, de nacionalidad venezolana, indocumentado, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2006-666-DPL-PEM/rca, de las doce horas catorce minutos del día doce de junio del año dos mil seis, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Juliac Gómez, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2006-666-DPL-PEM/rca, de las doce horas catorce minutos del día doce de junio del año dos mil seis, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor Juliac Gómez, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto citamos textualmente los que a criterio de esta Dirección General, resultan relevantes para lo que se resuelve, y son los siguientes: “Antecedentes: Ingresé a este país el seis de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, a la edad de tres años, en compañía de mi madre de nombre Ingris Gómez Badell y mi hermana mayor de cinco años de nombre Ariana Martínez Gómez.” “Durante los primeros años, viví como cualquier niño de barrio hasta que cumplí los siete años de edad, que fue cuando me matricularon en la escuela, para iniciar así el primero de los seis años de la educación básica escolar.” “En agosto de mil novecientos noventa y siete, cuando estaba cursando mi quinto grado de la escuela, sucedió un hecho lamentable, y fue cuando asaltaron a mi mamá y le robaron la cartera con varios objetos de valor incluyendo los pasaportes de nosotros (el de mi madre, el de mi hermana y el mío), en aquel momento se puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial para la respectiva investigación, en la cual posteriormente no hubo mucho que se pudiera hacer”. “Al año siguiente, pude concluir los estudios y sacar mi sexto grado en la Escuela Bilingüe del Divino Niño”. “Posteriormente, mi madre quiso matricularme en un colegio para que siguiera estudiando y así poder sacar el título de bachiller. El entusiasmo me duró muy poco, por cuanto no fui aceptado en la institución a raíz de la falta de documentos que acreditaran mi identidad (por el robo de pasaporte)”. “A pesar de lo frustrante que resulto para mí en ese momento -tenía trece años y no podía estudiar como los demás niños del barrio- no me quedó otra que participar en cursos libres de idiomas y otras cosas”. “Durante mi preadolescencia, estuve limitado a permanecer en mi casa, ayudaba en lo que se me permitía y lo que pudiera hacer”. “Durante ese tiempo, mi madre quiso regular mi situación migratoria, pero lamentablemente fue vilmente estafada por unas personas inescrupulosas que lo único que le hicieron fue sacarle el poco dinero que tenía”. “Por ser menor de edad y en mi situación, no había mucho que pudiera hacer, no podía trabajar, no podía estudiar, mi vida y mi mundo se cincunscribían a mi casa y al barrio que me vio crecer, nada más”. “Todo transcurría relativamente normal, hasta el día en que mi hermana mayor enfermó, para ese entonces tenía yo los diecisiete años, allá por el año del dos mil tres, fue un hecho muy doloroso, porque le diagnosticaron cáncer en el útero, acontecimiento que nos afectó a todos, en especial a mi mamá”. “Fue una época de mucho estrés, debido a los constantes internamientos en el hospital, además porque estábamos pendientes no solo de la enfermedad de mi hermana, sino que también de los asuntos de la casa, sus hijos. Gracias a Dios que su esposo se hizo cargo de la situación, porque fue muy duro para todos”. “Hoy día vivimos mi madre y yo en la casa de mi hermana en compañía de su esposo y mis dos sobrinos. Ya ellos tienen una vida formada en este país legalmente constituida, a pesar de los sinsabores que se han colado en nuestras vidas”. “Durante estos últimos tres años, he estado ayudando con los asuntos de la casa mientras mi hermana se recuperaba de varias operaciones a las que fue sometida. En mi condición, es lo único que podía hacer, no solo en las terapias de recuperación, sino también tratando de hacerle la vida menos tensa a mi mamá”. “Acá en este país, he crecido como cualquier otro niño costarricense, he mudado mis dientes y raspado mis rodillas, he disfrutado de la educación primaria y añorado seguir estudiando; por esos azares del destino y en parte a la sencillés e ingenuidad de mi madre, mis situación es esta, me encuentro ilegal en la tierra que me ha visto crecer poco a poco, no porque lo haya pedido así, sino por las circunstancias que un niño no entiende y mucho menos puede resolver”. “Para cuando cumplí mis dieciocho años -en el dos mil cuatro- mi familia hizo las diligencias por conseguirme un nuevo pasaporte, pero nos topamos con la sorpresa de que el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías estaba expidiendo estos documentos únicamente a los partidarios y correligionarios políticos”. “Como puede deducirse, en mi vida jamás he estado en Venezuela y mucho menos participando en asuntos de política”. “Toda mi corta vida la tengo en este país, tierra que nos acogió a mi familia y a mí, personas que nos extendieron su mano amiga, su solidaridad. Si bien es cierto que por nacimiento soy venezolano, la única verdad es que mi carne, mi sangre, así como mi espíritu se han forjado en Costa Rica, soy costarricense de corazón, adoptado por el barrio que me ha visto crecer y como cualquier otro natural de estas tierras, lo que necesito es una oportunidad de ser, de existir y desarrollarme como un ser humano útil y productivo a la sociedad”. “Al día de hoy tengo veinte años de edad y diecisiete años de vivir acá, y es toda una vida para mí, esta es la tierra que quiero, la que conozco, tierra de justicia social, de grandes libertades y respeto a los derechos humanos.” [...].

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra el recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2006-631 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

1º—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal del recurrente en nuestro país, quien con vista al folio 6 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 6 de setiembre de 1989 en calidad de turista, visa que, de conformidad con los artículos 67 y 87 del Reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería y con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, se extingue en el plazo de treinta días naturales.

2º—Que de conformidad con el artículo 118, inciso 3), de la Ley General de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra el recurrente lo que se comprueba con su propia declaración y es manifiesto en el mismo escrito de interposición del recurso de revocatoria que se resuelve.

3º—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 118 inciso 3) de la Ley General de Migración y Extranjería. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenido por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería y con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, el recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar el señor Juliac Gómez fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal a partir del momento que adquirió la mayoría de edad o a través de su representante legal durante su minoría de edad, o a través de interpuesto apoderado. Por el contrario, nótese que el recurrente ingresa a Costa Rica en fecha 6 de setiembre de 1989; y es retenido por la Policía el día 9 de junio del año 2006, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de dieciséis años siete meses tres días, y de treinta días de forma regular, sin que el accionante se hubiere apersonado en esos dos momentos, a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, invocando los argumentos pertinentes de su caso concreto. En este aspecto, procede denegar el recurso de revocatoria presentado por el recurrente.

4º—Respecto a la solicitud contenida en el presente recurso de revocatoria, que aquí se resuelve, planteada por el señor Juliac Gómez, en el sentido de que solicita se le aplique el contenido del artículo 42 de la Ley de Migración y Extranjería 7033, vigente en su momento, respecto a la gestión de solicitud de radicación temporal, a lo que se le indica al recurrente, que no procede tal argumento, en virtud de que no ha sido en ningún momento intimado a regularizar su situación migratoria; y que su caso concreto, no encuadra jurídicamente con lo que dicta dicha norma, por cuanto la misma literalmente no admite interpretación discrecional por parte de funcionario alguno para su aplicación, ya que la misma es clara y expresa y no establece posibilidad de interpretación, que no sea lo que textualmente establece. Además de lo anterior, se reitera, que el artículo 42 de la supracitada Ley, no es una norma típica de potestad decisoria discrecional de la Administración; sea, esta no es una situación en donde el Director General de Migración y Extranjería; esté facultado para valorar las circunstancias concurrentes subjetivas del caso que se trate, armonizándolas con el derecho que la realidad objetiva de tutela del interés público exige. Por lo que se le hace ver al recurrente, que su situación concreta encuentra claramente tipificada en la causal de deportación establecida en el artículo 118 inciso 3); fundamento que ha sido ampliamente argumentado en el considerando tercero de esta Resolución; por lo que legalmente procede es establecer la deportación, lo que estaría en armonía con las normas invocadas. Se indica que la normativa migratoria aplicada, en el presente caso es la Ley General de Migración y Extranjería 7033 y su Reglamento, vigentes al momento que fue detectado ilegalmente en el país el recurrente. Por lo indicado anteriormente, procede denegar el recurso de revocatoria en el alegato supra citado.

5º—Sobre lo que indica el señor Juliac Gómez, en su recurso de revocatoria en el sentido de que solicita se le conceda la residencia permanente, se le debe indicar al recurrente que no es esta la vía para presentar dicha solicitud, pues la misma debe realizarse ante la Gestión de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la instancia legitimada para resolver este tipo de petición. Además, debe hacérsele saber al recurrente que el voto de la Sala Constitucional N° 2001-9322 de las quince horas treinta y siete minutos del día dieciocho de setiembre del 2001, en lo que interesa dice, “...cualquier otra gestión presentada dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución (...), que no fueran los recursos ordinarios, no lograba impedir que la decisión tomada por la Dirección General de Migración y Extranjería se hiciera ejecutiva y ejecutable y por ello la Sala no estima que la solicitud (...) sea óbice para la deportación ordenada...”, en ese mismo sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-057-99 del día 19 de marzo de 1999, indica que no es óbice para dar por anulado un procedimiento ajustado a derecho y fundado en normas de derecho positivo vigentes, la presentación de un trámite de manera posterior al dictado de una resolución de deportación. Por los fundamentos iu jure argumentados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que le asisten al recurrente, en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados.

6º—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor Juliac Gómez que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, no aparece trámite de residencia u otro a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho.

POR TANTO:

Con base en lo expuesto y en los artículos 49 inciso c), 50 b), 73, 107, 118 inciso 3) y 119, todos de la Ley General Migración, vigente en su momento, y los artículos 87 y 97 del Reglamento de la misma Ley, esta Dirección General resuelve: Declarar Sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Pedro Elías Juliac Gómez y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2006-666-DPL-PEM/rca, de las doce horas catorce minutos del día doce de junio del año dos mil seis, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente a la presente comunicación. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-302960.—(46934).

Resolución Nº PEM-0256-2007-RCA.—San José, al ser las quince horas cincuenta minutos del día diez de setiembre de dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la señora Leydy Yohana Quiceno Arango, mayor, de nacionalidad colombiana, portadora del pasaporte número CC42691712 contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-297-DPL PME/wqc de las once horas treinta y cuatro minutos del día siete de marzo del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que la señora Quiceno Arango, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-297-DPL PME/wqc de las once horas treinta y cuatro minutos del día siete de marzo del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—La señora Quiceno Arango, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto citamos textualmente los que a nuestro criterio, resultan relevantes para lo que se resuelve, y son los siguientes: “...primero que nada porque su autoridad no analiza que actualmente me encuentro casa con un ciudadano colombiano el cual goza del status de refugiado y porta el carné D1070COL0008109, como consta en certificación emitida por el Registro Civil que me sirvo adjuntar.” [...].

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra la recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-304 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de Ley.

Considerando:

Único.—Que si bien de conformidad con el artículo 179 inciso c), de la Ley de Migración y Extranjería, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación de la extranjera. No obstante lo anterior, de acuerdo con el sistema de información sinex y al oficio de fecha 30 de agosto del 2007, emitido por el Subproceso de Valoración Técnica, que consta a folio 26 del expediente respectivo, se registra que la señora Quiceno Arango, tiene trámite de refugio por extensión, mediante expediente 135-75575 de fecha 11 de julio del 2007. Dicha solicitud la sustenta la recurrente, con base al vínculo que goza de primer grado con refugiado, al contraer matrimonio con el señor Jorge Alonso Castaño Botero, celebrado el día 6 de setiembre del 2005 en Patalillo de Vázquez de Coronado; sea, que dicho vínculo de primer grado con residente, se concreta en fecha anterior al momento que la recurrente es aprehendida por la Policía de Migración, el 22 de febrero del 2007, por detectarse en ese momento de manera irregular migratoriamente en nuestro país. El mencionado vínculo se acredita con la certificación de matrimonio número 17819041 de fecha emitida el 12 de marzo del dos mil siete, que consta a folio 16 del respectivo expediente. Por lo que lo procedente, es declarar con lugar el recurso de revocatoria planteado.

POR TANTO:

Con base en lo expuesto, esta Dirección General resuelve: A) Declarar con lugar recurso de revocatoria presentado por Leydy Yohana Quiceno Arango, por lo que se revoca la resolución de esta Dirección General número 135-2007-297-DPL PME/wqc de las once horas treinta y cuatro minutos del día siete de marzo del año dos mil siete. B) Que en razón de haberse demostrado que la recurrente tiene trámite pendiente de solicitud de refugio por extensión, se intima a la señora Quiceno, para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles, continúe con el trámite antes indicado, según el expediente 135-75575 que lleva la Gestión de Extranjería, desde nuestras oficinas en Costa Rica, so pena de ejecutar contra ella cualquier otra disposición migratoria que procediere, si no lo hiciere en el plazo supra indicado. Comuníquese a la Policía Especial de Migración para lo que corresponda. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-89120.—(46935).

Resolución PEM. 278-2007-wqc.—San José, al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minitos del diecinueve de setiembre del dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por Elí Arnoldo Cano Guerra, mayor, de nacionalidad colombiano, pasaporte número AC196776 contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-279- DPL PME/ebb, de las trece horas con tres minutos del día veintiocho de febrero del dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Elí Arnoldo Cano Guerra, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-279- DPL PME/ebb, de las trece horas con tres minutos del día veintiocho de febrero del dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—Que el señor Elí Arnoldo Cano Guerra, argumenta entre otras cosas y que son relevantes para este caso en concreto, lo siguiente: “...1.Esa Dirección por resolución Nº 14693-92-D.G.M. De 15:40 horas del 29 de setiembre de 1992 me concedió el cambio de subcategoría migratoria de residencia temporal a residente renovable por períodos anuales sujeto el cambio a las condiciones que he cumplido. 2. Por cuanto mi señor padre don Leoncio Arnoldo Cano Muñoz es costarricense por naturalización y residente en el país, solicite por aparte a esa Dirección autorización para residir legalmente en Costa Rica. 3. Véase que ingresé legalmente al país el 18 de octubre de 1987 y desde esa época he permanecido aquí trabajando legalmente sin problemas con nadie...”.

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra el recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-281 de la Policía de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de ley.

Considerando:

Único.—Que si bien de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación de la extranjera. Que mediante oficio 1159-03-07 GE, de fecha 2 de marzo del 2007, se informó a la Gestión de la Policía, que no aparecía trámite a nombre del señor Cano Guerra Elí Arnoldo. No obstante lo anterior, de acuerdo con el oficio Nº 4648-09-07-GE de fecha 18 de setiembre del 2007, emitido por la Gestión de Extranjería, se informa que el señor Elí Arnoldo Cano Guerra, posee expediente de núcleo familiar de residencias Nº 24597- al 603-PR, así mismo mediante resolución Nº 14693-92-DGM de fecha 29 de setiembre de 1992, se le concedió cambio de subcategoría de residencia temporal a cédula de residencia. Lo anterior consta a folios 3, 17, 19 del expediente respectivo de la Policía de Migración. Por lo que lo procedente, es declarar con lugar el recurso de revocatoria planteado.

POR TANTO:

Con base en lo expuesto, esta Dirección General resuelve: A) Declarar con lugar recurso de revocatoria presentado por Elí Arnoldo Cano Guerra por lo que se revoca la resolución de esta Dirección General número 135-2007-279- DPL PME/ebb, de las trece horas con tres minutos del día veintiocho de febrero del dos mil siete, en razón de haberse demostrado que la recurrente posee residencia bajo el expediente de núcleo familiar Nº 24597 al 603-PR que lleva la Gestión de Extranjería y en virtud de que mediante resolución Nº 14693-92-DGM se le concedió cambio de subcategoría de residencia temporal a cédula de residencia. Comuníquese a la Policía Especial de Migración para lo que corresponda. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-99020.—(46936).

Resolución Nº PEM-0306-2007-RCA.—San José, al ser las diez horas cuarenta minutos del día cinco de octubre de dos mil siete. Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Eliesser Samuel Vargas Ugarte, mayor, de nacionalidad nicaragüense, portador del pasaporte número C1211392 contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-571-DPL PEM/wqc de las once horas con cincuenta y ocho minutos del día cinco de junio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

Resultando:

1º—Que el señor Vargas Ugarte, de calidades indicadas, presentó en tiempo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución de esta Dirección General número 135-2007-571-DPL PEM/wqc de las once horas con cincuenta y ocho minutos del día cinco de junio del año dos mil siete, la cual declaró ilegal su permanencia en el país, ordenó su deportación y el correspondiente impedimento de entrada.

2º—El señor Vargas Ugarte, argumenta en su escrito de interposición del recurso de marras, varios aspectos y ciertas consideraciones, que para el caso concreto citamos textualmente los que a nuestro criterio, resultan relevantes para lo que se resuelve, y son los siguientes: [...]. “Segundo: No obstante; no omito, manifestar a su autoridad que si bien es cierto el plazo del permiso de estadía en calidad de turista se encuentra vencido desde el día seis de febrero del mismo año, también resulta importante señalar a su autoridad que me encantó de sobremanera el ambiente que se vive en esta bella nación, por lo que vi la posibilidad de quedarme de una vez por todas, máxime que muy pronto obtendré el primer vinculo con costarricense, para optar por mi cédula de residencia costarricense, debido a que vivo en unión de hecho con una muchacha de nacionalidad costarricense y con muchas intenciones de contraer matrimonio” “Acepto los cargos que se me imputan, por cuanto los oficiales de migración; en apego a la ley; y en cumplimiento de sus deberes, me sorprendieron y acto seguido me trasladaron al centro de aseguramiento del extranjero en transito, con la finalidad de informarme sobre mi situación jurídica, otorgándome un plazo de ley para impugnar este acto administrativo”. “Tercero: Ahora bien, debido a problemas personales y económicos por las que atravesé cuando ingrese a suelo costarricense no pude conseguir un trabajo para poder gestionar los respectivos tramites migratorios y así legalizar mi status migratorio; que gracias a dios hoy día cuento con trabajo, en la ciudad capital en donde devengo libremente un ingreso mensual de ciento cincuenta mil colones; el cual ahora si me permitirá legalizar mi situación, claro; lógicamente si ustedes me brinden la oportunidad para cumplir con lo establecido por la ley general de migración y extranjería costarricense” “La ley general de la administración pública indica que las resoluciones del acto administrativo debe tener un motivo, un contenido, y un fin. El artículo 133 indica que el motivo deberá ser legitimo y existir tal, y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto; así mismo indica que cuando no esté regulado deberá ser proporcional al contenido y cuando esté regulado de forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento”. “El artículo 132 de la misma ley, indica que el contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. Además deberá ser proporcionado el fin legal y corresponde al motivo, cuando ambos se hallen regulados; así mismo el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa”. “Cuarto: En virtud de lo antes expuestos, con el debido respeto, solicito ante su autoridad brindarme la oportunidad de legalizar mi status migratorio, debido a que considero que lo único mas grave que he hecho en este hermoso país, era de no tramitar el derecho de mi status migratorio, pero nunca he transgredido el ordenamiento jurídico de ninguna nación ni mucho la de esta bella tierra, que me ha acogido de manera muy bondadosa. Prometo cumplir fielmente las leyes y las buenas costumbres que la identifica, igualmente cancelar los derechos atrasados por concepto de mi estadía ilegal”. [...]. “Petitoria. 1- Que me otorgue el derecho de tramitar mi respectiva cédula de residencia costarricense o bien que me otorgue permiso temporal de trabajo”.

3º—Que el procedimiento administrativo de deportación contra el recurrente ha sido tramitado bajo el expediente 135-2007-557 de la Policía Especial de Migración.

4º—Que en el conocimiento del presente asunto han sido observados los procedimientos de ley.

Considerando:

1º—Una vez levantado el expediente administrativo de deportación, esta Dirección tiene como cierto que los trámites correspondientes se iniciaron por la comprobada permanencia ilegal del recurrente en nuestro país, quien con vista a folio 3 del expediente respectivo, realizó su ingreso legal en fecha 6 de enero del 2006 en calidad de turista, visa que se extingue en el plazo de treinta días naturales, de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes.

2º—Que de conformidad con el artículo 179, inciso c), de la Ley de Migración, el sólo hecho de permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado, es causal para proceder a la deportación del extranjero, situación en la cual se encuentra el recurrente lo que se comprueba con su propia declaración y en el escrito de interposición del recurso que se resuelve.

3º—Esta Dirección General está facultada para regular el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, ordenando la deportación de los extranjeros que incurran en alguna de las causales determinadas por la legislación migratoria vigente, no pudiendo alegar ignorancia de la ley u otros mecanismos con el fin de evadir la ejecución de dicha sanción administrativa. Como criterios medulares de los alegatos planteados por el recurrente en el escrito que plantea el recurso de revocatoria, y que se indican en el resultando segundo de la presente resolución; estima esta representación que, no obstante tales aseveraciones, dichos criterios no constituyen elementos objetivos con fuerza jurídica suficiente para revocar la orden de deportación que ahora nos ocupa, pues existe una legislación migratoria vigente que todo extranjero debe respetar de ahí que antes del vencimiento del plazo otorgado para permanecer en el país, el extranjero de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería, debe hacer abandono del territorio nacional pues de lo contrario se configura una de las causales de deportación según el artículo 179 inciso c) de dicha Ley. Por otra parte, si bien es cierto el recurrente ingresó legalmente al territorio nacional, también debe tomarse en cuenta que, su visa se encontraba vencida al momento de ser detenido por la Policía de Migración, cabe agregar que de conformidad con las Directrices Generales de Visas de Ingreso para No Residentes, el recurrente únicamente podía permanecer por 30 días naturales en el país, debiendo abandonarlo antes del vencimiento del plazo indicado pues al permanecer por más tiempo en el territorio nacional, incurre en una transgresión al ordenamiento jurídico, configurándose así la causal de deportación supracitada y el respectivo impedimento de entrada al país. Por otra parte la actitud que legalmente debió observar el señor Vargas Ugarte, antes de que se resolviera la deportación y el respectivo impedimento de salida; fue la de regularizar su situación migratoria antes del vencimiento del plazo autorizado por la visa de turismo, ya fuese en forma personal o por interpuesto apoderado. Por el contrario nótese que el recurrente ingresa a Costa Rica en fecha 6 de enero del 2006 y es citado por la Policía de Migración el día 24 de mayo del 2007, lo cual implica una permanencia irregular por espacio aproximado de tres meses dieciocho días, y con una permanencia regular durante un mes, sin que el accionante se hubiere apersonado en esos momentos a las oficinas facultadas de esta Dirección General, a fin de legalizar su estadía en territorio costarricense, demostrando los hechos y circunstancias personales, que pudiese invocar, para ser sujeto del status migratorio que procediere. Por lo indicado, procede denegar el recurso de revocatoria en este hecho alegado.

4º—Respecto a la convivencia en unión de hecho que dice tener con una costarricense y que de dicha relación tiene intenciones de contraer matrimonio, al respecto debe aclarársele al señor Vargas Ugarte, que los efectos jurídicos surgen a la vida jurídica en el momento de efectuarse el matrimonio para los contrayentes y para terceros en el momento en que el mismo se encuentre inscrito en el Registro Civil de Costa Rica, es por ello que únicamente indicar que convive en unión de hecho con una costarricense y que tiene intenciones de contraer matrimonio, no es argumento suficiente para comprobar la existencia de un vínculo matrimonial. En este sentido el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil indica que el estado civil se prueba con la correspondiente inscripción practicada en el Departamento Civil; y además, el artículo 69 de la Ley de Migración y Extranjería, establece lo siguiente: “La unión de hecho no produce efecto jurídico migratorio alguno, por tanto, no podrá alegarse con fines de eludir la ejecución de la orden de deportación ni para pretender autorización de permanencia legal como residente”. Se requiere de esta manera, que exista matrimonio y que el mismo se encuentre inscrito y el mismo adquiera Publicidad Registral para que pueda surtir efectos ante terceros, como es el caso que nos ocupa. Aunado a lo anterior mediante declaración 135-24587-Mayor de las once horas quince minutos del día cinco de junio del año 2007, el señor Vargas Ugarte, rindió su declaración ante la Policía Especial de Migración e indicó que su estado civil era de soltero, y además que no tenía vínculo de primer grado con familiares de nacionalidad costarricense, lo cual confirma lo ya dicho; y en consecuencia procede el rechazo del argumento expuesto por el recurrente en este ápice.

5º—Sobre lo que indica el señor Vargas Ugarte, en su recurso de revocatoria en el sentido de que se le otorgue el derecho de tramitar su respectiva cédula de residencia costarricense o bien que se le otorgue permiso temporal de trabajo. Se le debe indicar al recurrente que no es esta la vía para presentar dicha solicitud, en este caso la misma debe realizarse ante la Gestión de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es la instancia legitimada para resolver este tipo de petición. Además, debe hacérsele saber al recurrente que el voto de la Sala Constitucional N° 2001-9322 de las quince horas treinta y siete minutos del día dieciocho de setiembre del 2001, en lo que interesa dice, “... cualquier otra gestión presentada dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la resolución (...), que no fueran los recursos ordinarios, no lograba impedir que la decisión tomada por la Dirección General de Migración y Extranjería se hiciera ejecutiva y ejecutable, y por ello la Sala no estima que la solicitud (...) sea óbice para la deportación ordenada..”.. En ese mismo sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-057-99 del día 19 de marzo de 1999, indica que no es óbice para dar por anulado un procedimiento ajustado a derecho y fundado en normas de derecho positivo vigentes, la presentación de un trámite de manera posterior al dictado de una resolución de deportación. Por lo indicado procede denegar el recurso de revocatoria en este punto.

6º—Que en su escrito de interposición del recurso de revocatoria, el recurrente indica que cuenta hoy con trabajo y de lo cual recibe la suma de ciento cincuenta mil colones, le indicamos al mismo, que según el artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería 8487, prohíbe a las personas que ingresen al país como no residentes laborar; por lo que se le hace ver, que se abstenga de desempeñarse laboralmente, por cuanto el mismo no disfruta del status migratorio, que habilita realizar actividades laborales al extranjero, todo lo anterior por las razones indicadas supra.

7º—Respecto al motivo, contenido y fin del acto deportativo del cual es objeto el señor recurrente, hay que indicar que el motivo está claramente establecido en el marco de la Ley General de Migración y Extranjería, y para ello citamos los siguientes artículos de Ley: Artículo 1.- La presente Ley regulará el ingreso de las personas costarricenses y extranjeras al territorio de la República, y el egreso de él, así como la permanencia de las personas extranjeras en el país, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y los acuerdos de integración debidamente aprobados. Artículo 2.- Declárase de interés público, como parte esencial de la seguridad pública, todo lo relativo a la materia migratoria, incluso la presente ley, así como los decretos, los reglamentos, las directrices, las políticas y los acuerdos de alcance general que se emitan al efecto. Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Ley deberán entenderse dirigidas a los géneros masculino y femenino, sin distinción discriminatoria entre géneros. Dicha cita normativa, se hace con el propósito, de dejar en claro el interés público en juego, respecto a la función de esta Representación en materia migratoria. En cuanto al contenido de la referida resolución de deportación, esta cita la normativa que para su caso concreto corresponde y es que su permanencia en el país es irregular, según se ha indicado en el considerando tercero de la presente resolución, de tal manera que el contenido radica en indicarle al extranjero, la implicación de encontrarse migratoriamente de manera irregular. El fin que debe perseguir la resolución deportativa, según lo indicado por el recurrente, fin que indica el mismo debe contener todo acto administrativo, se sustenta en en el caso concreto en el principio de legalidad al cual está sujeto esta Representación, en el sentido de que la Administración debe ejecutar la Ley Migratoria y por lo tanto el fin se determina por el cumplimiento de dicha legislación en consecución del interés público.

8º—Finalmente y para los efectos correspondientes, debe indicársele al señor Vargas Ugarte, que consultado el sistema informático que al efecto lleva esta Dirección, al momento que se emitió la resolución aquí recurrida, no aparece solicitud de trámite de residencia u otro, a su nombre, tendientes a regularizar su situación migratoria; de ahí que la resolución atacada, se encuentre también en este extremo, adecuada a derecho. Por los fundamentos iu jure argumentados y habiéndose verificado que la resolución de deportación recurrida, se ha emitido con estricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y en claro respeto de los derechos constitucionales y fundamentales que le asisten al recurrente, como es el derecho a la reunión familiar, todo en razón de que esta representación tiene como su marco de acción legal, tanto la legislación migratoria costarricense, como nuestra Constitución Política y también los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, es que procede denegar el recurso de revocatoria sobre los hechos alegados.

POR TANTO:

Con base en lo expuesto y en los artículos 1, 12; 13 a), ñ) y p); 25 c) y f); 69; 88; 121 inciso b); 122 c); 179 c); 180; 181; 219 c) y 223, todos de la Ley de Migración y Extranjería, esta Dirección General resuelve: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Eliesser Samuel Vargas Ugarte y confirmar la resolución de esta Dirección General número 135-2007-571-DPL PEM/wqc de las once horas con cincuenta y ocho minutos del día cinco de junio del año dos mil siete, por haber sido la misma dictada conforme a derecho, según lo indicado en la parte considerativa. Se admite la apelación subsidiaria, se cita y emplaza al recurrente para que haga valer sus derechos ante el superior jerárquico, para lo cual cuenta con tres días hábiles a partir del día hábil siguiente, de la notificación de la presente resolución. Notifíquese.—Lic. Mario Zamora Cordero, Director General.—(Solicitud Nº 18233).—C-342560.—(46937).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Se hace saber a Aníbal Gerardo Rojas Loaiza, cédula 3-0254-0725, en calidad de titular registral del inmueble del partido de Cartago número 134396-000, así como a cualquier tercero con interés legitimo, a sus albaceas o sus representantes legales, por desconocerse un lugar de residencia o domicilio, que en este Registro se iniciaron Diligencias Administrativas de oficio, sobre una supuesta discrepancia en el asiento registral sobre el número de plano. En virtud de lo denunciado esta Asesoría, mediante resolución de las 8:05 horas del 22/04/2008, ordenó consignar Advertencia Administrativa sobre dicha finca. Con el objeto de cumplir con el principio constitucional del debido proceso, por resolución de las 10:00 horas del 06/05/2008, se autorizó la publicación por 3 veces consecutivas de un edicto para conferirle audiencia a la persona mencionada, por el término de quince días contados a partir del día siguiente de la última publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta; a efecto de que dentro de dicho término presente los alegatos que a sus derechos convenga. Se le previene que dentro de dicho término deben señalar apartado postal, casa u oficina, dentro de la ciudad de San José, o número de facsimil, donde oír futuras notificaciones de este Despacho, todo de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 del Reglamento del Registro Público, en concordancia con el numeral 3 de la Ley Nº 7637 (que es Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales); bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las resoluciones se les tendrán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el lugar señalado fuere impreciso, incierto o ya no existiere, conforme a los artículos 99 del Reglamento de la materia y 12 de la citada ley, en correlación con el artículo 185 del Código Procesal Civil. Notifíquese. (Referencia expediente Nº 07-115-BI-US).—Curridabat, 7 de mayo de 2008.—Lic. Esther Martínez Cerdas, Asesora Jurídica.—(Solicitud Nº 46555).—C-39620.—(47527).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Resolución RRG-8374-2008.—San José, a las 08:55 horas del 15 de mayo del año dos mil ocho. Expediente OT-179-2008.

Considerando:

1º—Que mediante boleta número 2007-364974, el día 15 de abril del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 49399, por supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Carlos Luis Salazar Sánchez, documento de identificación número 2-399-387, podría haber realizado la acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de la Propiedad, el vehículo placa 49399 es propiedad de Rodrigo Venegas Guillén, documento de identificación 7-0039-0150.

4º—Que la Ley 7593, en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los prestadores de servicios públicos que incurra en las circunstancias ahí descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República y el artículo 57. b) y e) de la Ley 7593, el Regulador General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica número OJ-047-2000.

7º—Que conforme la resolución RRG-6753-2007 emitida a las 08:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley 7593. Por tanto,

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:

1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Carlos Luis Salazar Sánchez, en calidad de conductor y Rodrigo Venegas Guillén, como dueño registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el número OT-179-2008, nombrando como órgano director del procedimiento a María Marta Rojas Chaves, cédula 1-740-756 y Shirley Alfaro Alfaro, cédula 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quienes actuarán en forma conjunta o separada, a fin de que realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, para lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de la Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Carlos Luis Salazar Sánchez, como conductor, por medio del fax 2257-7479, señalado a folio 6 y a Rodrigo Venegas Guillén, como dueño registral del vehículo mencionado, por medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quien se les previene para que dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señale lugar, en las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o medio para recibir notificaciones, a efecto de comunicarle los actos emitidos en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, éstos se tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas después de emitidos.

Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—(Solicitud Nº 13321).—C-112860.—(48674).

Resolución RRG-8382-2008.—San José, a las 09:35 horas del 15 de mayo del año dos mil ocho. Expediente OT-184-2008.

Considerando:

1º—Que mediante boleta número 2007-366853, el día 17 de abril del 2008, se retuvo como medida cautelar el vehículo placa 656948, por supuesta violación de lo establecido en el artículo 38.d) de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

2º—Que según la boleta supra indicada, Óscar Orozco Molina, documento de identificación número 3-417-252, podría haber realizado la acción típica sancionable de prestación de un servicio público sin la correspondiente autorización.

3º—Que consultada la página electrónica del Registro Público de la Propiedad, el vehículo placa 656948, es propiedad de William Heriberto Cordero Obando, documento de identificación número 3-0290-0114.

4º—Que la Ley 7593 en sus artículos 38 y 41, faculta a la Autoridad Reguladora a tramitar procedimientos ordinarios sancionatorios contra los prestadores de servicios públicos que incurran en las circunstancias ahí descritas, aplicando el procedimiento ordinario establecido en los artículos 214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

5º—Que en virtud de la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República y el artículo 57. b) y e) de la Ley 7593, el Regulador General ostenta la condición de órgano decisor en dichos procedimientos ordinarios.

6º—Que para dar inicio a los procedimientos se debe nombrar al órgano director del procedimiento que ostente las competencias establecidas en la Ley General de la Administración Pública, según criterio de la Procuraduría General de la República emanado en opinión jurídica número OJ-047-2000.

7º—Que conforme la resolución RRG-6753-2007, emitida a las 08:20 horas del 6 de julio del 2007, se delegó en el Director de la Asesoría Jurídica la firma de las resoluciones de nombramiento de órgano director del procedimiento administrativo que el Regulador General realice y cuyo fin sea sancionar conforme los artículos 38, 41 y 44 de la Ley 7593. Por tanto,

Con fundamento en las competencias otorgadas al órgano decisor del procedimiento en la Ley General de la Administración Pública.

EL REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:

1º—Dar inicio al procedimiento administrativo contra Óscar Orozco Molina, en calidad de conductor y William Heriberto Cordero Obando, como dueño registral del vehículo involucrado, que se tramitará bajo el número OT-184-2008, nombrando como órgano director del procedimiento a María Marta Rojas Chaves, cédula 1-740-756 y Shirley Alfaro Alfaro, cédula 4-148-789, funcionarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quienes actuarán en forma conjunta o separada, a fin de que realicen todos los actos necesarios para averiguar la verdad real de los hechos denunciados según la boleta antes citada, otorguen y vigilen el respeto al debido proceso y concedan, el derecho de defensa al administrado, para lo cual tendrán todas las competencias otorgadas en la Ley General de la Administración Pública como órgano director del procedimiento.

2º—Notifíquese a Óscar Orozco Molina, como conductor y a William Heriberto Cordero Obando, como dueño registral del vehículo involucrado, por medio de publicación tres veces en La Gaceta, a quienes se les previene para que dentro del tercer día posterior a la notificación de este acto, señale lugar en las cercanías de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o medio para recibir notificaciones, a efecto de comunicarle los actos emitidos en el presente procedimiento, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, éstos se tendrán por notificados con el transcurso de 24 horas después de emitidos.

Comuníquese.—Fernando Herrero Acosta, Regulador General.—(Solicitud Nº 13321).—C-112860.—(48675).

AVISOS

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS

Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

La Junta Directiva General en su sesión Nº 27-07/08-G.E., de fecha 22 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº 28, de la sesión Nº 42-06/07-G.E., debido a que según oficio Nº 151-2008-TH, no fue posible notificar al Sr. Sergio Morales Monge, parte denunciante en el expediente Nº 116-04:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 42-06/07-G.E. de fecha 29 de agosto del 2007, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 28:

Se conoce recurso de reconsideración que interpone el Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez, contra el acuerdo de la Junta Directiva General, Nº 25 de la sesión Nº 21-06/07-GE, de 21 de marzo de este año, me permito manifestar lo siguiente:

1º—Sobre la admisibilidad del recurso: Como consta el folio 191 del expediente administrativo, don Asdrúbal fue notificado de la decisión de la Junta Directiva General el 11 de junio de este año.

Por su parte, el recurrente interpone su impugnación el 2 de julio del año en curso, por lo que, a los efectos del artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa, el recurso sería admisible.

2º—Sobre los argumentos del recurso: En el libelo de impugnación, el recurrente arguye que no existe motivo para imponerle una sanción de doce meses de suspensión. Realiza un análisis de los “hechos intimados” por el Tribunal de Honor y procede a indicar las razones por la cuales estima que no se han demostrado esos hechos. Dice el recurrente:

2.1   Con relación al hecho intimado Nº 1, que se le cancelaron ¢550.000 y cumplir con lo pactado: Sostiene el impugnante que ese hecho intimado no es cierto y no se demostró porque él no recibió el dinero de una sola vez, sino en tractos, lo que implica que el cliente estaba satisfecho con la labor desplegada. Que solo este error acarrea la nulidad absoluta de la sanción.

Igualmente, manifiesta que no incumplió con la labor contratada, toda vez que había realizado el diseño preliminar y tenía el plano preliminar con el “respectivo archivo digital”. Que no pudo ejecutar los planos definitivos, porque el proyecto preliminar no había sido aceptado por el INVU.

Indica que la renuncia se debió a que su cliente prácticamente lo forzó a ello, aún cuando tenía listas las correcciones para ser presentadas al INVU.

Como prueba de sus asertos, presenta las declaraciones juradas, ante notario público, de los señores Juan José Salas y Rafael Salas.

2.2.  Con relación al segundo hecho intimado, que no notificó a su cliente sobre el rechazo del anteproyecto en el INVU: Expresa en su impugnación que esa imputación no fue demostrada y que su cliente, como la persona que lo asistía, conocían que lo contratado era un anteproyecto y que éste no había sido aprobado por el INVU. Manifiesta que prueba de ello es que, al folio 096 del expediente, se encuentra la declaración del señor Francisco Fournier, donde queda claro que los ¢550.000 colones recibidos era por la elaboración del presupuesto y anteproyecto de la obra. En suma, dice que existe contradicción en la prueba testimonial evacuada en la audiencia y aún así se le sanciona.

2.3.  Con relación al hecho intimado número tres, que no inscribió el contrato en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos: En este punto, el recurrente acepta parcialmente la imputación, pero señala que el contrato no se había inscrito en el Colegio Federado, porque tratándose de un anteproyecto, se necesitaba la aprobación del INVU y una vez obtenida, se procedería a su registro.

2.4.  Con relación al hecho intimado número cuatro, que presentó un anteproyecto que fue rechazado por el INVU: Indica que no es cierta la imputación, porque él subsanó la mayoría de las correcciones solicitadas y que es el INVU el que vuelve a solicitar nuevas correcciones. Que los miembros de la Junta Directiva General no se percatan de ello y le imponen el doble de la sanción recomendada.

2.5.  Con relación a la imposición de la sanción: Alega que la Junta Directiva General incurre en un vicio de nulidad porque los criterios de los órganos consultivos son vinculantes y que para apartarse debe existir una razón de peso.

2.6.—Sobre la prescripción: Explica que la denuncia en su contra fue presentada el 24 de agosto de 2004 y que se le comunica la citación a la audiencia hasta el día 13 de noviembre de 2006, sea más de dos años después, cuando el plazo establecido en el artículo 39 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, señala que son cinco meses.

3º—Opinión de la Junta Directiva General: Revisados los argumentos del recurso, esta Junta Directiva debe indicar que los mismos no son de recibo. Veamos:

3.1.  Sobre la cancelación de los ¢550.00 (hecho intimado Nº 1): La principal argumentación del recurrente es que no es cierto que él haya recibido los quinientos cincuenta mil colones en un solo tracto, sino que fue recibido en tres tractos y que ello demuestra que su cliente había aceptado su trabajo. Igualmente, que él había realizado el anteproyecto y hasta tenía un “archivo digital” de ello. Sin embargo, ninguna de esas argumentaciones tiene la virtud de desvirtuar el hecho intimado y demostrado por la Junta Directiva General.

En efecto, la falta que se le atribuye a don Asdrúbal no es que haya recibido los ¢550.000 colones en un solo tracto; el hecho intimado es que recibió un dinero y no cumplió con la labor contratada. Nótese que, y dicho esto solo en gracia de discusión, aún cuando lo “contratado” hubiere sido el anteproyecto, el profesional sancionado tampoco cumplió con su obligación contractual, pues ese anteproyecto no fue aceptado por el INVU, en razón de las deficiencias que presentaba, razones que son atribuibles al Arq. Valerio Gutiérrez.

Por esta razón, no es válido esgrimir que sí se cumplió con la labor profesional, pues ese trabajo no fue de la calidad necesaria para que satisficiera lo pagado por el cliente. El hecho que se recibiera el dinero en tres tractos o en solo uno, en nada desvirtúa la sanción impuesta, pues la conducta reprochable a don Asdrúbal es que cobrara una cantidad de dinero por un trabajo que no cumplió y es situación está debidamente acredita en el expediente y en la decisión tomada por la Junta Directiva General. al respecto basta revisar el hecho probado Nº 8, donde se hace referencia a la prueba que tuvieron tanto el Tribunal de Honor, como la Junta Directiva General, para tener por acreditado ese hecho, entre las cuales se encuentras las boletas de calificación del INVU y del Ministerio de Salud sobre el proyecto presentado por el profesional sancionado. Ello lleva a concluir, sin lugar a dudas, que la falta está debidamente acreditada y por lo mismo, en cuanto a este aspecto, el recurso no es procedente.

3.2.  Sobre la ausencia de notificación al cliente: La defensa de don Asdrúbal en cuanto a esta parte de la intimación es un poco confusa y aduce que el señor Fournier, asistente del señor Sergio Morales Mora (su cliente), declara en la audiencia celebrada al respecto que ambos tenía conocimiento de que el anteproyecto había sido presentado al INVU y que se había rechazado. En prueba de lo anterior, remite al folio 096 del expediente, donde supuestamente se encuentra esa deposición.

Revisado ese folio específicamente, no se logra acreditar las declaraciones del profesional sancionado. Por el contrario, el señor Fournier manifiesta que tanto él, como el señor Morales Mora siempre creyeron que el sancionado había presentado los planos finales y nunca un anteproyecto. Indica que él fue hasta el INVU y fue ahí donde se enteró de la situación anteriormente señalada.

Por ello, no es posible aceptar la argumentación presentada en el recurso de reconsideración, pues lejos de comprobar lo alegado por don Asdrúbal, sucede todo lo contrario y queda nuevamente acreditada la existencia de esta otra falta, pues en ningún momento el sancionado se comportó en forma leal con su cliente.

3.3.  Sobre la no inscripción del contrato en el CFIA: En este hecho parcialmente aceptado por el recurrente, la defensa estriba en que como se trataba de un simple anteproyecto que necesitaba de las autorizaciones del INVU y de otros entes públicos, por lo que no necesitaba ser registrado todavía en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, hasta que esos requerimientos estuvieran cumplidos.

Con el debido respeto para el recurrente, esta argumentación carece de todo sustento jurídico, pues para ello basta mirar lo que dispone el artículo 53 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que dice:

“Artículo 53.—Todo contrato de servicio profesional, en los extremos que se refieren exclusivamente a la prestación del servicio y su remuneración, deberá hacerse constar en las fórmulas que al efecto expedirá el Colegio Federado, e inscribirse en los registros del mismo.….” (El destacado es nuestro)

Como se puede apreciar a simple vista, la norma no hace excepción de ninguna clase, en cuanto a los trabajos contratados por los profesionales de este Colegio Federado. De este modo, resulta improcedente que, aún tratándose de un anteproyecto, don Asdrúbal no hubiera registrado la responsabilidad profesional en el CFIA, máxime que por ello recibió, como él mismo reconoce, un adelanto de honorarios. De este modo, su obligación era registrar ese contrato y al no hacerlo, también incurrió en otra falta a la ética profesional y por ello fue debidamente sancionado.

En todo caso, como se tuvo por demostrado en los hechos probados Nº 9, 10, 11 y 12 de la sanción impuesta, ese profesional registró un contrato muy diferente a lo realmente pactado con su cliente. Esta actitud del profesional es contraria a la ética profesional y por ello es que se le impone una sanción.

Por lo tanto, en cuanto a este otro aspecto del recurso, esta Junta Directiva debe indicar que es improcedente.

3.4.  Sobre el rechazo del anteproyecto por parte del INVU: Señala el recurrente que ese hecho no está demostrado, porque él presentó las correcciones y que el INVU nuevamente le solicitó otras. Sin embargo, ese argumento tampoco tiene el efecto de desacreditar la falta que le fue demostrada al sancionado.

En efecto, lo imputado al profesional sancionado se tuvo por demostrado. Véase al respecto el hechos probados Nº 13, 14 y 15, donde quedó claro que a pesar de que el INVU había rechazado, por segunda vez, el proyecto a su cargo, desde el 19 de febrero de 2004, el sancionado le remite una carta de renuncia a su cliente un mes después diciéndole que ese proyecto se encontraba el revisión en el INVU, cuando ya había sido rechazado.

Es evidente que el Arq. Valerio Gutiérrez no fue leal con su cliente. Por el contrario, le ocultó información vital que llega a motivar el disgusto de don Sergio hacia el profesional.

En suma, en cuanto a este aspecto, tampoco existe mérito para revocar o modular la sanción que le fuera impuesta.

3.5. Sobre la sanción impuesta: Alega el recurrente que la Junta Directiva General incurre en un vicio de nulidad porque se aparta la recomendación del Tribunal de Honor, e impone una sanción de doce meses. Dice en su articulación que los dictámenes de los órganos consultivos son vinculantes y que debe existir un motivo muy fuerte para apartarse de ellos.

En primero término, es oportuno señalar al recurrente que no es cierto que los dictámenes de los órganos consultivos sean vinculantes, pues de ser así, ni aún con motivos justificados, la Junta Directiva General podría apartarse de las recomendaciones vertidas por ellos.

En segundo lugar, el artículo 136, inciso c) de la Ley General de la Administración lo que indica precisamente es que, restando el carácter vinculante de los informes de recomendación, los órganos se pueden separar de esas recomendaciones con solo justificar en forma sucinta su decisión.

En el caso del profesional sancionado, debe tomarse en cuenta que don Asdrúbal con su conducta antijurídica violentó diversas normas del Código de Ética profesional, situación que no fue analizada por el Tribunal de Honor en el momento de realizar la recomendación de la sanción que se le impondría al Ing. Valerio Gutiérrez. Por ello, la Junta Directiva General no podía aceptar esa recomendación y tuvo la necesidad de entrar a analizar lo dispuesto en el artículo 25 de ese Código, que indica lo siguiente:

Artículo 25.—Cuando con una misma conducta se violen varias disposiciones del presente Código, se aplicará la sanción establecida para la falta más grave. Sin embargo, cuando en diferentes actuaciones se hayan cometido varias faltas iguales o diferentes, para cada caso se impondrá la sanción correspondiente a cada una de las faltas cometidas.

En el caso de estudio, don Asdrúbal con su conducta violentó varias normas legales del Código de Ética y por ello, la Junta Directiva General debió aplicar la sanción más grave y esa situación no es motivo de ninguna nulidad.

3.6.  Sobre la “prescripción”: Si bien el recurrente argumenta que estamos en presencia de una “prescripción”, porque la Junta Directiva General se extendió más de los cinco meses establecidos en el artículo 39 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario, lo cierto es que lo que se argumentó es una caducidad del procedimiento.

En virtud de ello, hay que manifestar que no lleva razón el Ing. Valerio Gutiérrez en su argumentación. En efecto reclama que la denuncia fue interpuesta el 24 de agosto de 2004 y que se le comunica la citación a la audiencia hasta el día 13 de noviembre de 2006. No obstante, debe recordar que el proceso disciplinario comienza con la intimación de los cargos, que en el caso de autos, se practicó el 24 de agosto de 2006, conforme consta al folio Nº 056 del expediente.

De este modo, el procedimiento y el plazo de caducidad comienzan a correr ese día. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional en el voto Nº 3446-98, que indica lo siguiente:

“…Considerando:

I.—El recurrente alega que mediante los oficios números 057-98-SDFT, y 1174-98-SDTF, ambos de la Subdirectora de Fiscalía y Tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, se ha violado en su perjuicio la garantía fundamental del debido proceso. El reproche del promovente no es atendible. En efecto, de conformidad lo expuesto en el memorial de interposición del recurso, y con la documentación que lo acompaña, contra el recurrente aún no se ha abierto el respectivo procedimiento disciplinario, sino que, únicamente, se llevó a cabo una investigación o instrucción preliminar, a fin de determinar si la denuncia presentada en su contra tiene, o no, fundamento y si amerita la apertura del procedimiento disciplinario. De manera que las actuaciones realizadas no van encaminadas a imponer sanción alguna al recurrente, sino simplemente a determinar si su caso amerita o no la apertura del procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho. Así las cosas, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica no estaba obligado a observar, en esta fase preliminar, las exigencias del debido proceso, ni de garantizar el derecho de defensa del interesado de lo que se reclama, derechos fundamentales que sí deberá cumplir una vez iniciado el procedimiento disciplinario, con clara imputación de cargos…” (El destacado es nuestro)

De este modo, no lleva razón el recurrente, porque en ningún momento se ha superado el plazo de los 5 meses. En todo caso, deberá recodarse que como dispone el mismo artículo 39 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario, la interposición de los recursos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, interrumpe los plazos del procedimiento, haciendo que éstos vuelvan al inicio.

Por ello, en cuanto a este aspecto, tampoco lleva razón el recurrente.

Por último, es oportuno señalar que la prueba aportada por el recurrente, consistente en las declaraciones juradas de los señores Ramírez Salas son totalmente improcedentes, no solo porque debió presentarlas durante la audiencia celebrada a cabo, como claramente se indica el artículo 82 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario, sino por que impide el examen y el interrogatorio de esos testigos, a efectos de determinar la veracidad de sus asertos. Por ello, esa prueba es improcedente y no puede ser considerada, máxime que no se alega ningún motivo de peso que haga ver porque esos testimonios no se presentaron en la audiencia correspondiente. Por lo tanto,

SE ACUERDA:

a.  Rechazar el recurso de reconsideración que interpone el Arquitecto Asdrúbal Valerio Gutiérrez, contra el acuerdo de la Junta Directiva General, Nº 25 de la sesión Nº 21-06/07-GE, de 21 de marzo de este año, por improcedente.

b.  Comunicar al recurrente que la decisión de la Junta Directiva General, agota la vía administrativa.

San José, 13 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-374340.—(47540).

La Junta Directiva General en su sesión Nº 27-07/08-G.E., de fecha 22 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº 15, de la sesión Nº 11-07/08-G.E., debido a que según oficio Nº 180-2008-TH, no fue posible notificar al Sr. Juan Carlos Obando Gamboa, Representante Legal de Constructora y Consultora Gambher S. A., como parte denunciada en el expediente Nº 119-07:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 11-07/08-G.E. de fecha 21 de enero de 2008 acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 15:

a.   Acoger lo recomendado por la Comisión Instructora, en su oficio Nº 5209-2007-DRD, de instaurar un Tribunal de Honor en el expediente 119-07 de denuncia interpuesta por el Ing. Eliécer Alfaro Quesada en contra la empresa Constructora y Consultora Gambher S. A. CC-04669, por la presunta inobservancia de la siguiente normativa:

Ley Orgánica del CFIA: Capítulo IV, artículo 8 inciso a), b).

Reglamento Interior General del CFIA: Capítulo VI. El Ejercicio Profesional: artículo 53

Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras: artículos 9º, artículo 10 incisos: a) y e).

Código de Ética profesional: artículos 2, 9, 12, 16, 18, 19.

b.  El Tribunal de Honor para la empresa Constructora y Consultora Gambher S. A. estará conformado de la siguiente manera: Presidenta: Arq. Norma Patricia Mora, secretario: Ing. Mario Velásquez Bonilla, Coordinador: Ing. Fernando Cañas Rawson y Suplente: Arq. Rolando Moya Troyo.

c.   La Arq. Mora Morales sustituirá al Director Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 78 del Reglamento Interior General del C.F.I.A.

d.  El Tribunal de Honor podrá contar con asesoría legal para cualquier fase del procedimiento.

Contra la anterior resolución cabe el recurso de revocatoria ante la Junta Directiva General, el cual deberá plantearse en el término de tres días contados a partir de la notificación a la presente resolución, según se dispone en el artículo 345 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

San José, 13 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-49500.—(47541).

La Junta Directiva General en su sesión Nº 27-07/08-G.E., de fecha 22 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº 06, de la sesión Nº 10-07/08-G.E., debido a que según oficio Nº 202-2008-TH, no fue posible notificar al Ing. José Manuel Ramírez Gutiérrez, en el expediente Nº 15-06:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 10-07/08-G.E. de fecha 14 de enero de 2008, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 06:

Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio de la Apoderada Especial del Ing. José Manuel Ramírez Gutiérrez y recurso de revocatoria de la Arq. Nuria Gutiérrez Barquero, así como pronunciamiento legal Nº 0191-2007-AAL, relacionado con el expediente disciplinario 15-06.

1º—Sobre la admisibilidad de los recursos: El 4 de diciembre de 2007, se notificó al Ing. José Manuel Ramírez, el acuerdo en el cual la Junta Directiva aprobó la recomendación del Departamento del Régimen Disciplinario, en el sentido de instaurarle un Tribunal de Honor. Por su parte, la apodera del profesional investigado presento un recurso de revocatoria y apelación el 11 de de diciembre de ese mismo año.

Por su parte, la Arq. Nuria Gutiérrez Barquero fue notificada de la instauración del Tribunal de Honor el  4 de diciembre de 2007, y presentó su recurso de revocatoria el 7 de diciembre de los corrientes.

En consecuencia, los recursos de revocatoria interpuestos son admisibles. No obstante lo anterior, cabe resaltar, que aún cuando la apoderada del señor José Manuel Ramírez aportó un poder especial para actuar en el presente procedimiento, omitió presentar la certificación de personería que se indica en dicho documento. De igual forma, en el expediente se observa que la señora Nuria Gutiérrez presentó su escrito vía fax, sin que conste que se haya presentado el documento original.

A pesar de lo anterior, y en virtud del informalismo procedimental que debe privar en los procedimientos administrativos, se admiten los recursos de revocatoria por esta vez, con la prevención a los investigados que en el futuro subsanen esos defectos, a fin de evitar indefensiones y vicios que puedan entorpecer la buena marcha del procedimiento.

Por otra parte, es oportuno aclarar que el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Ing. José Manuel Ramírez no cumple con la obligación legal que impone el artículo 23 inciso f) de la Ley Orgánica del CFIA. En ese sentido, vale la pena explicar, que para efectos de presentar la apelación ante la Asamblea de Representantes, no solo existe el requisito formal de presentar el recurso dentro del plazo legal de tres días, sino que también existe la obligación legal de que dicho recurso lo interpongan por lo menos tres miembros del Colegio Federado, situación que omitió cumplir la recurrente. Partiendo de lo anterior, y siendo que la norma precitada, constituye una disposición legal que el legislador le impuso a este colegio profesional, mediante una Ley de la República, que por ende, resulta de acatamiento obligatorio, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Política, lo recomendable es rechazar la apelación presentada por improcedente.

2º—Sobre los motivos de los recursos: La apoderada especial del Ing. José Manuel Ramírez Gutiérrez, manifiesta lo siguiente: que no lleva razón el Arq. Hugo Fernández, al indicar que su cliente cobro al margen de lo establecido en el Arancel de Servicios Profesionales, pues su cliente cobró lo que había hecho, lo cual fue consecuente con la cantidad de horas que tomo para realizar dicha consultoría, y con el costo de la hora profesional establecida por el CFIA; que si tuvo participación en el proyecto, es que accedió a evacuar consultas, pero no como responsable de la obra ni del sistema estructural, por lo que señora Acón falta a la verdad; que si en algún correo se habla de depósitos, fue por la Arq. Acón se sentía incomoda por realizarle tantas consultas, y no estar remunerando nada; que si bien su cliente se encuentra inscrito en el Colegio, él no reside en Costa Rica, por lo que actualmente y en el momento en que dieron los hechos, estaba siendo regulado por otras leyes y reglamentos; que es absurdo que tenga que solicitar permiso para evacuar consultas a una colega; que la señora Acón lo que ha venido es a limpiar sus culpas e irresponsabilidades, involucrando a colegas que en realidad no tuvieron responsabilidad con dicho proyecto; solicita se archive la causa e interpone la excepción de falta de legitimación pasiva.

Por su parte, la Arq. Nuria Gutiérrez Barquero argumenta que rechaza los presuntos cargos formulados, por lo que solicita su absolución y el respectivo archivo.

3º—Opinión de la Junta Directiva General: Aunque los recursos fueron presentados por separado, el argumento central de los recurrentes viene siendo el mismo, según se explicará más adelante. Por lo anterior, el análisis y estudio de las manifestaciones de los investigados se realizará conjuntamente, en aplicación de los principios de economía procesal y celeridad.

Como primer punto, es necesario resaltar que de una lectura detallada de los argumentos presentados por los recurrentes, se observa que los mismos constituyen argumentos de descargo sobre hechos relacionados con el presente asunto. En ese sentido, hay que tener claro que el análisis y la valoración de esos argumentos de descargo y pruebas que exponen, deberán reservarse para el momento de que el Tribunal de Honor emita su informe final a la Junta Directiva General.

En consecuencia, la Junta Directiva General se encuentra inhibida, al menos por ahora, para entrar a conocer los argumentos y excepciones presentadas, pues ello implicaría conocer el fondo del proceso, situación que no es procedente, hasta tanto el Tribunal de Honor rinda el informe final como corresponde, y conforme lo determinan los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

Ahora bien, valdría la pena recordar, que para el Colegio Federado existe una obligación jurídica impuesta por ley, que implica velar por el decoro de la profesión, cual es una de las razones fundamentales de la cesión que hace el Estado de su potestad disciplinaria o administrativa a las Corporaciones de Derecho Público. En ese sentido, el artículo 59 de la Ley Orgánica de este colegio profesional, nos dice lo siguiente:

Artículo 59.—Cuando llegare a conocimiento del Director Ejecutivo cualquier queja o violación a los principios de Ética Profesional, la pondrá a conocimiento de la Junta Directiva General, la que procederá al nombramiento de un Tribunal de Honor para que instruya la causa respectiva. ...

Este Tribunal escuchará al ofendido y al profesional en cuestión, recibiendo todas las pruebas que ofrezcan las partes en conflicto. Una vez terminada la instrucción, pasará el asunto a la Junta Directiva General junto con su informe en un plazo no mayor de treinta días

Revisado el expediente, se observa que de la investigación preliminar realizada y de las recomendaciones rendidas por el Régimen Disciplinario y los órganos asesores, existe la necesidad de investigar más a fondo el presente asunto, en virtud de la presunción de posibles faltas a la ética profesional.

Con base en lo anterior, se observa que existen elementos para suponer la existencia de faltas a la ética profesional, por lo que resulta obligatorio para este colegio profesional iniciar la investigación correspondiente, con el fin de encontrar la verdad real de los hechos. Ahora, los recurrentes deberán tomar en cuenta, que será hasta una vez realizado el respectivo procedimiento disciplinario que se podrá dilucidar la existencia o no de faltas a la ética profesional, pues el mismo lo que pretende es verificar la verdad real de los hechos. Por esta razón, durante el procedimiento disciplinario instaurado, los recurrentes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pudiendo referirse a todos los documentos que obran en el expediente, así como aportar toda la prueba estimen conveniente. Por lo tanto,

SE ACUERDA:

a.  Rechazar los recursos de revocatoria interpuestos por la apoderada especial del Ing. José Manuel Ramírez Gutiérrez y por la Arq. Nuria Gutiérrez Barquero, por cuanto este colegio profesional cuenta con la autorización legal para llevar a cabo el proceso disciplinario en contra de los recurrentes, de conformidad con los artículos 4º inciso b), y 59 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.

b.  Rechazar por inadmisible la apelación presentada por la apoderada especial del Ing. José Manuel Ramírez Gutiérrez.

c.   Comunicar lo resuelto.

San José, 13 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-182480.—(47542).

La Junta Directiva General en su sesión Nº 27-07/08-G.E., de fecha 22 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº 06, de la sesión Nº 03-07/08-G.E., debido a que según oficio Nº 204-2008-TH, no fue posible notificar al TTC. Freddy Bonilla Poltronieri, en el expediente Nº 111-05:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 03-07/08-G.E. de fecha 07 de noviembre de 2007, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 06:

Se conoce recurso de reconsideración que presenta el señor Rafael Ángel Cervantes Cantillo, así como pronunciamiento legal Nº 077-2007-AL en relación con el expediente disciplinario Nº 111-05.

1º—Sobre la admisibilidad del recurso: Conforme el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el recurso de reconsideración debe presentarse en el plazo de dos meses, contados a partir de la notificación del acuerdo que se recurre.

En el caso de estudio, a don Rafael Ángel, el acuerdo Nº 20 de la sesión Nº 12-06/07-GO, de 7 de febrero de este año, donde se ordena el archivo de la causa por prescripción de la acción disciplinaria, le es comunicado el 8 de marzo de este año, conforme consta al folio 090 del expediente disciplinario. Por su parte, el impugnante presenta su libelo el día 25 de abril del año en curso, lo que indica que el recurso es admisible.

2º—Sobre el fondo del recurso: Reclama el señor Cervantes Cantillo que no es “ético” que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos mande al archivo la causa y no amoneste a personas por “mentir abiertamente”. Sostiene que la “tardanza” en la presentación de la denuncia, se debió a que cuando se realizaron los planos, él no era el dueño de la propiedad.

Indica  que su  único  deseo es  que en plano aparezca la información real.

3º—Opinión de la Junta Directiva General: En el caso de estudio, la Junta Directiva General determinó el archivo de la causa en virtud de la recomendación que hiciera el Departamento del Régimen Disciplinario. Ese Departamento indicó que la causa estaba prescrita, pues los planos catastrales por los cuales se pretendía sancionar al AA Eduardo González Chacón, habían sido confeccionados en los años 1987 y 1988, sea hace casi veinte años. Por lo tanto, debía aplicarse lo establecido en el artículo 101 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que indica lo siguiente:

“Artículo 101.—La acción para demandar la responsabilidad por violación al Código de Ética de un agremiado del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos prescribirá en dos años, contados a partir de que la parte afectada tenga conocimiento de los hechos que den lugar a la comisión de la falta, siempre y cuando demuestre que no estuvo en posibilidad razonable de haberse enterado de su comisión.” (El destacado es nuestro)

El fundamento del instituto de la prescripción está ligado al principio de seguridad jurídica, de forma que no es posible mantener ilimitadamente en el tiempo, situaciones que deben ser reclamadas en su momento, de forma que la persona investigada tenga la certeza de que sus faltas sean requeridas y sancionadas en plazos razonables y que de no hacerse, opera el instituto de la prescripción.

En ese sentido, se pronuncia la mayoría de la doctrina. Al respecto, nos indica Caballero Sánchez:

“…Para el primero, la prescripción es una garantía que traduce o expresa un principio esencial en este campo, como es el de la contigüidad temporal entre infracción y sanción, y que tiene su anclaje en el principio de seguridad jurídica: el administrado debe conocer con certeza hasta qué momento es perseguible la conducta ilícita por él cometida.” 1

En el caso de autos, don Rafael Ángel alega que no tenía conocimiento del plano que supuestamente provoca la violación a la ética profesional, pues éste fue confeccionado anteriormente a la fecha en que compró la finca. Ante esta situación, la asesoría legal le remitió un oficio indicándole que presentara un documento donde constara la fecha en que adquirió la propiedad. Aunque el señor Cervantes Cantillo no cumple totalmente con el requerimiento, sí presenta copia de una escritura de constitución de una hipoteca, con el Banco Popular, datada 6 de setiembre de 2001, donde se hace clara y precisa mención al plano catastral Nº C-731662-1998, que es uno de los planos por cuales se denuncia al AA González Chacón. Es decir, que al menos desde el 2001 (a pesar de que adquirió la propiedad en 1991), don Rafael Ángel conocía la existencia del citado plano catastral y desde ese momento, si ese documento contenía información errónea, nacía la obligación y el derecho de presentar la denuncia correspondiente.

No obstante, no es hasta el año 2005, sea cuatro años después, que el señor Cervantes Cantillo presenta su denuncia, cuando la prescripción de la acción disciplinaria ha acaecido, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario. Nadie ha dicho que el plano sea correcto; por el contrario, lo que se indica es que, por haber dejado transcurrir el tiempo, más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico, ha sucedido una prescripción y no es posible sancionar al profesional investigado.

Por estas razones, esta Junta Directiva General debe concluir que la decisión tomada por la Junta Directiva General se ajusta a derecho, pues el denunciante a pesar de que tuvo conocimiento del plano de catastro desde el año 2001, no es hasta cuatro años después que interpone la denuncia, habiendo operado para ese entonces la prescripción de la acción disciplinaria. Por lo tanto,

SE ACUERDA:

a.  Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Rafael Ángel Cervantes Cantillo, por improcedente.

b.  Comunicar al recurrente que la decisión de la Junta Directiva General, agota la vía administrativa.

San José, 13 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-148500.—(47543).

La Junta Directiva General en su sesión Nº 27-07/08-G.E., de fecha 22 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº 08, de la sesión Nº 09-07/08-G.O., debido a que según oficio Nº 203-2008-TH, no fue posible notificar a la Sra. Graciela León Smith, como parte denunciante en el expediente Nº 177-05:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 09-07/08-G.O. de fecha 07 de enero de 2008, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 08:

Se conoce recurso de revocatoria interpuesto por el T.A. Luis Alberto Ortiz Jiménez, así como pronunciamiento legal 96-2007-AAAL, en relación con el expediente disciplinario Nº 177-05.

1º—Sobre la admisibilidad del recurso: El 7 de noviembre de 2007, se notificó al TA Luis Alberto Ortiz Jiménez, el acuerdo Nº 15 de la sesión Nº 49-06/07-G.O, en el cual la Junta Directiva acordó acoger lo recomendado por la Comisión Instructora de integrar un Tribunal de Honor en el expediente Nº 177-05. Por su parte, el profesional investigado presentó recurso de revocatoria contra el citado acuerdo, el 9 de noviembre de 2007. En consecuencia, de conformidad con el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, el recurso es admisible.

2º—Sobre los motivos del recurso: El recurrente interpone recurso de revocatoria en contra del acuerdo que ordena la instauración del Tribunal de Honor en su caso, indicando que reitera la respuesta que dio al Departamento de Régimen Disciplinario, oficio 3558-2005-DRD, en el que manifiesta que nunca fue contratado para realizar ningún tipo de trabajo. En la respuesta que el profesional da al oficio 3558-2005-DRD, expone que nunca fue contratado por la denunciante ni para hacerle el plano del lote, ni para hacerle el plano de la casa; agrega que la denunciante no presenta factura que compruebe la existencia de una relación contractual entre ellos. Manifiesta que quien lo contrató fue el padre de la denunciante, a quien le indicó que era muy difícil catastrar el lote que era para la señora Graciela León Smith, no obstante sí le hizo un croquis del terreno, indica que nunca presentó el plano al Registro Público debido a la imposibilidad de catastrar el terreno por cuanto la propiedad tiene un callejón de acceso y el camino es muy angosto, y que así se lo hizo saber al padre de la denunciante.

3º—Opinión de la Junta Directiva General: Del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, se observa que los mismos constituyen un descargo sobre hechos relacionados con el presente asunto. En ese sentido, se debe tener claro que el acuerdo que se le comunicó al profesional investigado se refiere a la instauración del Tribunal de Honor, que es precisamente el órgano que instruirá la causa respectiva. Por lo tanto, el análisis y valoración de los argumentos que expone, deberán reservarse para el momento de que el Tribunal de Honor emita el informe final a la Junta Directiva General. En razón de lo expuesto, la Junta Directiva General se encuentra inhibida, por ahora, para entrar a conocer los argumentos presentados, pues ello implicaría conocer el fondo del proceso, situación que no es procedente en esta etapa procesal.

Asimismo es importante recordar, que para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica existe una obligación jurídica impuesta por ley, cual es velar por el decoro de la profesión. En ese sentido, el artículo 59 de la Ley Orgánica de este Colegio Profesional, indica:

“Artículo 59.—Cuando llegare a conocimiento del Director Ejecutivo cualquier queja o violación a los principios de Ética Profesional, la pondrá a conocimiento de la Junta Directiva General, la que procederá al nombramiento de un Tribunal de Honor para que instruya la causa respectiva. ...

Este Tribunal escuchará al ofendido y al profesional en cuestión, recibiendo todas las pruebas que ofrezcan las partes en conflicto. Una vez terminada la instrucción, pasará el asunto a la Junta Directiva General junto con su informe en un plazo no mayor de treinta días”

Es menester resaltar además, que la etapa de investigación preliminar que realiza el Departamento de Régimen Disciplinario, busca determinar si existe mérito o no para instituir un proceso disciplinario. Partiendo de la investigación realizada por ese Departamento, la Junta Directiva General en forma expresa, señaló las razones por las cuales decidió instaurar un Tribunal de Honor, indicando la presunta inobservancia a la normativa que en dicho acuerdo se le indicó.

De igual forma, cabe mencionar que el proceso disciplinario empieza con el auto de intimación debidamente notificado al investigado, el cual es una comunicación formal que realiza el Tribunal de Honor que está a cargo del proceso disciplinario, en el que se pone en conocimiento del investigado los hechos que se imputan y que se consideran faltas a la ética profesional, no obstante, lo que se le está comunicando es apenas la instauración del Tribunal de Honor que conocerá la causa.

Asimismo, el recurrente deberá tomar en cuenta que será únicamente hasta el momento en que se desarrolle el procedimiento disciplinario que se podrá corroborar la existencia o no de faltas a la ética profesional. Por esta razón, durante el procedimiento disciplinario instaurado, el recurrente tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pudiendo referirse a todos los documentos que constan en el expediente, así como aportar toda la prueba documental y testimonial que estime conveniente a sus intereses.

Con fundamento en lo expuesto, se observa que existen elementos suficientes para suponer la existencia de faltas a la ética profesional, atribuibles al investigado; por lo que resulta imperativo para este Colegio Profesional iniciar la investigación correspondiente, esto con el fin de encontrar la verdad real de los hechos. Por lo tanto, lo procedente es rechazar el recurso de revocatoria. Por lo tanto,

SE ACUERDA:

a.  Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el T.A. Luis Alberto Ortiz Jiménez, por cuanto el acuerdo recurrido se encuentra dictado de conformidad.

b.  Comunicar lo resuelto.

San José, 13 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-131690.—(47544).

La Junta Directiva General en su sesión Nº 28-07/08-G.E., de fecha 29 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº 15, de la sesión Nº 17-07/08-G.E., debido a que según oficio Nº 270-2008-TH, no fue posible notificar al Ing. Marcial Mesén Leitón, en el expediente Nº 112-04:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 17-07/08-G.E., de fecha 4 de marzo de 2008, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 15:

Se conoce informe final Nº 112-04/2007-65 INFIN, relacionado con expediente Nº 112-04 de denuncia interpuesta por los señores Cristhian Rivera Zamora y Jonathan Garita Serrano en contra del Ing. Marcial Mesén Leitón ICO-2724.

Resultando

1.  Se recibe denuncia formal por parte de los señores Cristian Rivera Zamora, cédula de identidad 3-336-981 y Jonathan Garita Serrano, en contra del Ing. Marcial Mesén Leitón, en la cual manifestaban:

a.   Que engañó a sus clientes al hacerles creer que debían cancelar los documentos que les presentaba así como para autorizarlo a él y a su representada Constructora La Palmera para poder retirar fondos de la entidad autorizada por el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda.

b.  Defectos constructivos en las viviendas que él les estaba construyendo, uso de materiales de segunda y tercera calidad, concreto mal elaborado.

c.   Cobro indebido por la reparación de las viviendas, siendo responsabilidad de la empresa constructora.

d.  Manipulación del cuaderno de bitácora con la finalidad de confundir a los clientes.

Lo anterior consta en folios (01 y 02).

2.  Se realiza inspección por parte del Departamento de Regimen Disciplinario del CFIA y se emite informe Nº APS-0887-04-INSP, en el cual se indica que aparentemente los cimientos no tienen la resistencia adecuada, las baldosas no se encuentran alineadas y un mal uso del cuaderno de bitácora (folios 03 al 06).

3.  Se comunica al Ing. Marcial Mesén Leitón que mediante oficio N 2412-2004-DRD, con fecha 2 de setiembre de 2004 ha decidido realizarle una investigación, bajo el expediente Nº 112-04 que tramita denuncia en su contra, presentada por el Señor Cristian Rivera Zamora. (Folio 13).

4.  El Ing. Marcial Mesén Leitón en documento con fecha 23 de setiembre de 2004 y fecha 28 de setiembre de 2004, presenta su descargo (Folios 15 al 21), adjunta renuncia profesional a ambos proyectos, tramitada ante el Departamento de Crédito del INVU con copia al Arq. Luis Apuy del DRP del CFIA (folios 22 al 24 y 27).

5.  Se realiza inspección por parte del Departamento de Régimen Disciplinario del CFIA y se emite informe No JFL-0915-04-INSP, en el cual se indica que aparentemente se registró contrato sobre ambas viviendas ante el CFIA, y ambas serán financiadas por el bono de la vivienda, menciona también un uso inadecuado del cuaderno de bitácora (folios 83 al 95).

6.  El Ing. Marcial Mesén Leitón en documento con fecha 23 de setiembre de 2004 y fecha 28 de octubre 2004, presenta su descargo ante informe No JFL-0915-04-INSP (Folios 116 y 117), adjunta renuncia a ambos proyectos, tramitada ante el Departamento de Crédito del INVU (folios 22 al 24 y 27).

7.  Que a partir del análisis del estudio preliminar, elaborado por un asesor del Régimen Disciplinario, (folios 50 al 77), quien estima conveniente instaurar un Tribunal de Honor, si con su actuación, el Ing. Marcial Mesén Leitón faltó a lo que establece la normativa legal vigente.

8.  Que la Junta Directiva General mediante el acuerdo Nº 08, tomado en sesión Nº 37-04/05-G.E; de fecha 14 de setiembre de 2005, establece instaurar un Tribunal de Honor que resolverá sobre la denuncia interpuesta por los señores Cristian Rivera Zamora y Jonathan Garita Serrano en contra del Ing. Marcial Mesén Leitón por la presunta inobservancia de los artículos 2, 3, 4, 5, 18 y 19 del Código de Ética Profesional. En el mismo acto se conforma el Tribunal de Honor integrado por Ing. Ivannia Chinchilla Bazán, Presidente, Ing. Gilbert Delgado Álvarez Secretario, Ing. Jorge Araya Serrano Coordinador y Luis Guillermo Leandro Suplente, la Ing. Ivannia Chinchilla Bazán sustituirá al Director Ejecutivo. (Folio 218).

9.  El día 8 de noviembre de 2005 se notifica al Ing. Marcial Mesén Leitón (folio 219), quien, en fecha 11 de noviembre de 2005, presenta un recurso de revocatoria en contra de la instauración del tribunal de honor (folios 220 al 225), el cual fue rechazado en oficio No0229-05/06 JDG (folios 230 al 232).

10.   Que se procedió al acto de intimación el 23 de marzo de 2006 (Folio 235 y 236), y se le notificó al ingeniero denunciado el 19 de abril de 2006 (folio 237) del carácter y fines del procedimiento disciplinario; de su derecho de ser oído y de presentar los argumentos y pruebas que estimase pertinente en un plazo improrrogable de veintiún días hábiles; de su derecho a acceder a la información, a la prueba y a los antecedentes vinculados con la denuncia presentada en su contra; de su derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; así como que, contra ese auto de intimación, podía presentar los recursos ordinarios establecidos en el Reglamento de Proceso Disciplinario de los Miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

Los hechos que se le imputan como profesional responsable de las obras de los señores Cristian Isaías Rivera Zamora contrato OC-338479EX y Jonathan Garita Serrano contrato OC-338478EX, son los siguientes:

*  Como profesional responsable de ambos proyectos se presume que existió manipulación y mal manejo de los cuadernos de bitácora con el fin de confundir a los clientes, no hacer las visitas respectivas y las anotaciones correspondientes.

*  No presentar documento oficial de renuncia como profesional responsable de las obras ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, por lo que se le responsabiliza de una serie de presuntos defectos constructivos en las viviendas al no realizar las visitas requeridas, según como se establece en la reglamentación vigente.

11.   El 28 de abril de 2006 se recibe un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del auto de intimación (folios del 239 al 241), el cual fue rechazado en oficio Nº 118-2006-TH (folios 250 y 251) y Nº 0797-05/06 JDG (folios 254 y 255).

12.   Que mediante resolución de las dieciséis y treinta horas del 03 de agosto de 2006, el Tribunal de Honor convocó a las partes a la audiencia oral y privada a que se refiere el artículo 82 del Reglamento del Proceso Disciplinario de los Miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que se realizaría el 07 de setiembre de 2006 a las 14:00 horas (Folio 262).

13.   El 06 de setiembre de 2006, mediante nota y certificado médico, el Ing Marcial Mesén Leitón solicita el traslado de la audiencia programada alegando problemas de salud. (folios 268 y 269).

14.   Que mediante resolución de las diecisiete horas del 29 de agosto de 2006, el Tribunal de Honor resuelve la solicitud de reprogramación de la audiencia y convoca nuevamente a las partes a la audiencia oral y privada para el 17 de octubre de 2006 a las 14:00 horas (Folio 270).

15.   El 17 de octubre de 2006, a las once horas, se recibe nota y certificado médico del Ing Marcial Mesén Lestón, quien solicita el traslado de la audiencia programada alegando problemas de salud. (folios 273 y 274).

16.   Que la sesión convocada para cumplir con la comparecencia oral y privada a que se refiere el párrafo anterior, se celebró el día y hora señalada, asistiendo a la misma el Tribunal de Honor en pleno por Ing. Ivannia Chinchilla Bazán, Presidente, Ing. Gilbert Delgado Álvarez Secretario, Ing. Jorge Araya Serrano Coordinador; Srta. Ingrid Arias Trejos Secretaria de Audiencias, la parte denunciante: el señor Cristian Rivera Zamora y la testigo Vera Céspedes Quesada. No se presentó el denunciado ni representante o apoderado de la parte denunciada Se procedió a recibir la declaración de las partes interesadas. (Folios 275 al 290).

17.   Que este acto se dicta dentro de los términos de ley.

18.   El 07 de noviembre de 2006 se recibe nota del Ing Marcial Mesén Leitón solicitando se lleve a cabo nuevamente audiencia realizada. (folio 291).

19.   Mediante oficio 407-2206 se consulta a la asesoría legal del CFIA si es procedente la solicitud del Ing. Marcial Mesén (folio 292-293) a lo cual, de acuerdo a oficio 0161-2006-AL, la repetición de la audiencia es denegada.

Resolución de Recursos e Incidentes:

El 8 de noviembre de 2005, se notifica al Ing. Marcial Mesén Leitón (folio 219) y este presenta un recurso de revocatoria en contra de la instauración de un tribunal de honor, el cual fue rechazado con oficio Nº 0229-05/06 JDG (folios 230 al 232)

El 28 de abril de 2006 se recibe un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del auto de intimación (folios del 239 al 241), el cual fue rechazado con oficios Nº 118/2006TH y Nº 0797-05/06 JDG (folios 250 al 255).

El 17 de octubre de 2006 a las once horas, se recibe nota y certificado médico donde el Ing Marcial Mesén Leitón solicita el traslado de la audiencia programada alegando problemas de salud. (folios 273 y 274). Sin embargo, la audiencia se realizó en fecha y hora señaladas, dado que la nota supra indicada llegó extemporáneamente.

El 07 de noviembre de 2006 se recibe nota del Ing Marcial Mesén Leitón solicitando se lleve a cabo nuevamente la audiencia realizada. (folio 291).

Mediante oficio 407-2206 se consulta a la Asesoría Legal del CFIA si es procedente la solicitud del Ing. Marcial Mesén (folio 292-293) a lo que, de acuerdo con oficio 0161-2006-AL, la repetición de la audiencia es denegada y el Tribunal de Honor avala dicho oficio.

Considerando:

Del análisis fáctico, y las probanzas presentadas en este proceso disciplinario por las partes, y evacuadas mediante la audiencia, esta Junta Directiva General tiene por probados y no probados los siguientes hechos:

Hechos probados:

1.  Es un hecho probado que el Ing. Marcial Mesén Leitón, número de registro ICO-2724, firmó contratos por servicios profesionales de consultoría, con los señores Cristian Rivera Zamora y Jonathan Garita Serrano, tramitados ante el CFIA mediante los números OC-338479-EX y OC-338478-EX respectivamente; en estos contratos establecen, las funciones contratadas al profesional que para el caso que nos ocupa, serían:

 Estudios preliminares y confección de planos para viviendas

 Dirección Técnica de la Obra.

2.  Es un hecho probado que tanto para la construcción de ambas viviendas, como el trámite de obtención y administración de los bonos de vivienda, fueron encargados a LP Consultora y Constructora La Palmera S.A., la cual es presidida por el Ing. Mesén Leitón. (lo que se concluye del análisis del expediente en cuestión)

3.  Quedó demostrado que bajo el comprobante 20539-2 del 7 de mayo de 2004, se giraron ¢ 714.650,00 (setecientos catorce mil seiscientos cincuenta colones) a favor del señor Cristian Rivera Zamora; mientras que bajo el comprobante 20809-1, se giraron ¢ 598.800,00 (quinientos noventa y ocho mil ochocientos colones) a favor del señor Jonathan Garita Serrano, y ambos montos fueron retirados directamente por el Ing. Marcial Mesén Leitón, Representante Legal de Consultora y Constructora L. P La Palmera S . A, dineros utilizados para dar inicio a las obras. (ver folios 20 y 21).

4.  Es un hecho probado que hubo un inadecuado manejo y uso de los cuadernos de bitácora de obra, se encontraron anotaciones que no corresponden, en cuanto a frecuencia e información, no se siguió lo indicado en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras (ver folios 11 y 12).

5.  Es un hecho probado que hubo deficiente dirección técnica, esto se corroboró mediante visita al sitio por parte de inspectores del CFIA; se indica que existen problemas de índole constructivo (proceso de construcción y deficiencias constructivas) en ambas construcciones (ver folios 03 al 06).

6.  Es un hecho probado que el Ing. Mesén Leitón no presentó formal renuncia como profesional responsable de ambas obras ante el CFIA, sí lo hizo como Presidente de LP Consultora y Constructora La Palmera S.A. ante el Departamento de Crédito del INVU para el caso de ambos denunciantes. (ver folios del 22 al 27).

7.  Es un hecho demostrado que el Ing. Mesén Leitón ha sido sancionado por esta Junta Directiva General, en dos ocasiones anteriores por faltas a la ética profesional, la primera por acuerdo Nº 13, de la sesión Nº 23-04/05-G.O, con doce meses de inhabilitación y la segunda, por acuerdo Nº 07 de la sesión Nº 23-05/06-G.E., con una inhabilitación de seis meses.

Hechos no probados:

1.  Es un hecho no probado el que los cuadernos de bitácora no pudieron ser retirados por el profesional, aduciéndose que los propietarios de las obras le prohibieron el acceso a las propiedades.

2.  Es un hecho no probado el que los materiales prefabricados adquiridos y utilizados no cumplían con los estándares de calidad.

3.  Es un hecho no probado que existiera un contrato entre LP Consultora y Constructora La Palmera S. A. y los denunciantes.

Análisis de fondo

La contratación de un servicio profesional en Ingeniería y Arquitectura se fundamenta en los mejores principios éticos y profesionales y corresponden a una relación de confianza entre el cliente y el profesional o empresa, quien deberá actuar con la eficiencia y calidad de ejecución bajo una alta capacidad técnico-administrativa.

En este caso, el ingeniero Marcial Mesén Lestón, no fue diligente ni actuó apegado a la Ley Orgánica y sus Reglamentos que norman el actuar de los profesionales agremiados al CFIA e incumplió lo siguiente:

El Reglamento Especial de Cuadernos de Bitácoras en Obras, en su artículo 17, describe:

“Las anotaciones en el cuaderno de Bitácora se deberán iniciar con una leyenda que incluya entre otros aspectos los siguientes: fecha en que comienza la construcción, nombre y firma de los profesionales que participarán en la obra, indicando, cual de ellos actúa como profesional responsable, nombre del personal principal encargado de la obra con indicación de su respectiva posición, etc. Si durante el proceso de construcción se produjeran cambios en cuanto al personal indicado, tales cambios deben ser consignados en la Bitácora de Obra por el Profesional Responsable. Si el Profesional Responsable cambia, deberá anotarse en la Bitácora, e inscribir el nuevo contrato en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. El Profesional saliente tanto como el entrante deberán consignar el estado de entrega y recepción de la obra”.

En su artículo 18, dice:

“El Profesional Responsable en su primera visita de inspección deberá anotar en el Cuaderno de Bitácora, el número de permiso de construcción de la Municipalidad”.

Y en su artículo 19, enuncia:

“Todas las anotaciones en el Cuaderno de Bitácora, deberán indicar la fecha en que se hacen, al inicio de las mismas y finalizar cada anotación con la firma del profesional y número de carné. Además se considera obligatorio por parte del Profesional Responsable dejar constancia o descripción de por lo menos los siguientes aspectos o incidentes si se presentaran:

a)  Constancia de que se respetaron los retiros municipales y estatales.

b)  Normas municipales sobre el uso de zonas comunales.

c)  Descripción de las clases de suelos encontrados, en relación con el tipo de obra (los cimientos, muros, rellenos, presas, pavimentos, etc.).

d)  ….

e)  Descripción de los métodos constructivos empleados.

f)   Modificaciones, variaciones, ampliaciones o cambios que se produzcan en los planos y especificaciones originales conforme se describe en los artículos 9º y 10. Si las…

g)  Constancia de que se realizaron las pruebas a los sistemas mecánicos (tuberías, equipos, etc.).

h)  …. “

Por último, debe apartarse parcialmente esta Junta Directiva General de la recomendación emitida por el Tribunal de Honor a cargo del caso, en cuanto al monto de la sanción recomendada, toda vez que, como ha tenido demostrado esta Junta Directiva General en el hecho probado sétimo, el Ing. Mesén Leitón ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores, por violaciones a la ética profesional, en menos de dos años; una en el año dos mil cinco y la otra en el año dos mil siete. Esta situación demuestra que ese profesional, lejos de reivindicarse y corregir su conducta, sigue cometiendo infracciones a la ética profesional. Por ello, es necesario aplicar lo establecido en el artículo 23 del Código de Ética profesional de este Colegio, que dispone:

Artículo 23.—En el caso de reincidencia, se le impondrá al infractor la sanción tipificada para el último hecho cometido, pudiendo aumentarse la misma a juicio de la Junta Directiva General, pero sin que pueda pasar del máximo fijado para esa falta.

Así, en cumplimiento de lo ordenado por la norma citada, esta Junta Directiva General se aparta de la sanción recomendada por el Tribunal de Honor y se ve en la necesidad de imponer el extremo mayor de la sanción contemplada en el artículo 45 del citado Código de Ética y sancionar a don Marcial con una inhabilitación de dieciocho meses, por la reincidencia en la que ha incurrido. Por lo tanto,

SE ACUERDA:

De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 136 inciso c) de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve apartarse de la recomendación del Tribunal de Honor, con respecto al término de la sanción, e imponer una sanción de dieciocho meses de suspensión en el ejercicio profesional al Ing. Marcial Mesén Leitón ICO-2724, al haber faltado a lo que estipula la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, artículo 8º (inciso a); Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, artículo 53; Reglamento para La Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, artículos 11 aparte B (incisos a, b, c, h, i y j); 20 inciso b); Reglamento Especial de Cuadernos de Bitácoras en Obras, artículos 17, 18 y 19 y Código de Ética Profesional: artículo 2º, 3º, 18, 19 y 23, y en atención a que el Ing. Mesén ha sido suspendido en otras ocasiones por faltas a la ética profesional, procede la aplicación de lo que establece el artículo 23 del Código de Ética Profesional, por cuanto al ser reincidente en sus actuaciones, se aplica el extremo mayor del artículo 45 del Código de Ética Profesional.

Este es un acuerdo firme, según lo dispuesto por los artículos 36 y 40 del Reglamento Interior General, y en consecuencia, las sanciones son ejecutables de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública.

Contra la anterior resolución cabe el recurso de reconsideración ante la Junta Directiva General, el cual deberá plantearse en el término de dos meses contados a partir de la notificación a la presente resolución, según se dispone en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. Igualmente, se podrá acudir directamente ante la jurisdicción indicada, sin agotar la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por la Sala Constitucional, en el voto Nº 06-3669, de 15 de marzo de 2006.

San José, 15 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-427000.—(47545).

La Junta Directiva General en su sesión Nº  27-07/08-G.E., de fecha 22 de abril de 2008, acordó autorizar a la Administración a publicar por edicto, en el Diario Oficial La Gaceta, el acuerdo Nº  25, de la sesión Nº  21-06/07-G.E., debido a que según oficio Nº 151-2008-TH, no fue posible notificar al Sr. Sergio Morales Monge, parte denunciante en el expediente Nº  116-04:

“La Junta Directiva General en su sesión Nº 21-06/07-G.E. de fecha 21 de marzo del 2007, acordó lo siguiente:

Acuerdo Nº 25:

Se conoce informe final Nº 016-2007/116-04-INFIN remitido por el Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, integrado por los arquitectos Lilliana Solís Díaz, Ricardo Fliman Wurgaft y Mario Odio Johanning para conocer expediente Nº 116-04 de denuncia interpuesta por el Sr. Sergio Morales Monge en contra del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez.

I.—Resultando:

1.  Con fecha 24 de agosto 2004, se recibe en el departamento de Régimen Disciplinario la denuncia del señor Sergio Morales Monge en contra el Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez, en la cual indican como sustento los siguientes 5 argumentos fundamentales:

•    En el primero alega que contrató los servicios del Arq. Valerio Gutiérrez para que le brindara los servicios profesionales en un proyecto de urbanización de su propiedad localizado en Horquetas de Sarapiquí. Según lo pactado, al inicio se le cancelaría al señor Valerio Gutiérrez la suma de ¢550.000 colones lo cual se ejecutó, contra entrega de los planos se pagarían ¢550.000 colones, al inicio de las obras, a mediados de ellas y una vez finalizadas, el propietario debía pagar abonos de ¢366.666 colones;

•    En el segundo indica que las condiciones pactadas las estipularon en un contrato de servicios profesionales para consultoría firmado el día 25 de julio del 2003, el cual se firmó por ambas partes y suscrito ante los testigos José Francisco Fournier Estrada y Harry Murillo, ingeniero topógrafo;

•    Por errores de índole técnico en la elaboración del anteproyecto, éste no fue aprobado por el INVU, ni por el Ministerio de Salud, ni por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a pesar de que en dos oportunidades se presentó ante dichas instancias; debido al atraso en la tramitación del proyecto, reclamó al Arq. Valerio Gutiérrez sobre la tardanza en la aprobación, respondiendo que el atraso era responsabilidad del INVU, y posteriormente el Arq. Valerio renunció a la responsabilidad profesional en carta del 25 de marzo del 2004;

•    El anteproyecto nunca fue aprobado y el denunciado se negó a devolverle las sumas que el propietario le giró por adelantado, entregó el comprobante de recibo de documentos del INVU para que retirara los documentos, fue en ese momento cuando se enteró de que los mismos habían sido rechazados desde hacía más de dos meses y el denunciado no le comunicó lo pertinente.

•    Por otra parte el propietario se enteró de que el Arq. Valerio Gutiérrez, había hecho un contrato diferente al firmado el 25 de julio del 2003, en el cual además identificó que se falsificó la firma del propietario, cambió las condiciones de la contratación, el precio y hasta la forma de pago.

•    Solicita se inicie un procedimiento disciplinario en contra del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez y se tomen las medidas disciplinarias que correspondan. (Folios 01 al 12)

2.  El 1 de diciembre del 2005, el departamento de Régimen Disciplinario presenta ante la Dirección Ejecutiva el resumen de los hechos relacionados al caso 116-04 el cual fue puesto en conocimiento de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, quien mediante el Acuerdo Nº 20, de la sesión 12-05/06 G.E. del 23 de febrero 2006, acordó aprobar lo recomendado por el departamento de Régimen Disciplinario y se instaura el Tribunal de Honor, por la presunta violación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 18, 19 de Código de Ética Profesional. El oficio 0370-05/06-JDG es notificado a las partes el 21 y el 23 de marzo 2006. (Folios 42 y 44).

3.  Con fecha 28 de marzo 2006 se recibe en las oficinas de la Junta Directiva General, nota del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez en la cual presenta ante dicha instancia el RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA LA INSTAURACION DE UN TRIBUNAL DE HONOR, alegando que a) la notificación de la denuncia no se le ha entregado personalmente y por lo tanto no ha podido pronunciarse al respecto, b) alega argumentos de fondo relacionados con la denuncia interpuesta, c) indica que no está de acuerdo en la inobservancia de los artículos del Código de Ética mencionados en el oficio 0370-05/06-JDG. (Folios 45 al 47).

4.  El 4 de mayo del 2006, en sesión 18-05/06-G.O. la Junta Directiva General tomó el Acuerdo No 23, en el cual se conoce el recurso de revocatoria presentado por el arquitecto Valerio Gutiérrez, así como el pronunciamiento legal 034-2006-AAL, en relación al expediente 116-04 y en consecuencia acordó rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el Arq. Valerio Gutiérrez, por cuanto el acuerdo recurrido se encuentra dictado de conformidad con el mérito de los autos. (Folios 48 al 50).

5.  En sesión del 23 de agosto del 2006, el Tribunal de Honor integrado por los arquitectos Lilliana Solís Díaz, Mario Odio Johanning y Ricardo Fliman Wurgaft, la arquitecta Solís Díaz sustituye al Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y procede a realizar auto de intimación por los siguientes hechos:

•    Incumplió con las cláusulas del contrato de servicios profesionales SJ-24999 con relación a pagos parciales y entregas, al retener dineros siendo que no fue 100% aprobado por el INVU, no hacer entrega del ante proyecto para el cual fue contratado y renunció a su responsabilidad profesional.

•    No notificó a su cliente que el trabajo encomendado (estudios preliminares, anteproyectos) no fue autorizado por el INVU.

•    Inscribir en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos un contrato diferente al original firmado con su cliente.

•    Entregó al INVU un anteproyecto el cual es rechazado y a pesar de que se le indican las observaciones y correcciones no las ejecutó incumpliendo con el contrato.

Se informó al Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez sobre la legislación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos presuntamente violentada, destacándose los Artículos 2, 3, 9, 10, 18 y 19 del Código de Ética Profesional. Se le confirieron los plazos reglamentarios para presentar Recurso Ordinarios de Revocatoria tal como pruebas de descargo y se comunica que de encontrarse alguna violación a la reglamentación vigente mencionada se estaría sancionando al denunciado según lo dispuesto en los artículos 22, 25, 26, 33 y 45 del Código de Ética Profesional. (Folios 52 al 54)

6.  El Tribunal de Honor en sesión del 25 de setiembre del 2006, acuerda realizar la convocatoria a la audiencia oral y privada del expediente 116-04, para el día lunes 13 de noviembre del 2006 a las 17:30 horas, dicho acto es notificado al Arq. Valerio Gutiérrez el 26 de octubre del 2006 y al señor Sergio Morales Monge el 4 de octubre del mismo año. (Folios 60 al 63)

7.  Con fecha 7 de noviembre 2006, se recibe en las oficinas de los Tribunales de Honor nota de descargo del Arq. Valerio Gutiérrez, en la cual rechaza los cargos imputados y los hechos alegados por el denunciante no son como se describen, por lo tanto discrepa totalmente de lo denunciado. (Folios 64, 65)

8.  Con fecha lunes 13 de noviembre 2006 a las 15 horas, 47 minutos, se recibe en las oficinas de Tribunales de Honor documento en el cual se presenta recurso de revocatoria, con apelación en subsidio y nulidad concomitante, por parte del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez, alegando interpretaciones del procedimiento seguido en el expediente 116-04, que lo resuelto por el Tribunal se encuentra fuera de su competencia por ser materia de tipo penal, dadas las argumentaciones planteadas en la denuncia e indica que:

“Previo a cualquier sanción o medida disciplinaria, corresponde a los Tribunales de Justicia y no al Tribunal determinar si efectivamente hubo falsificación de firmas de mi parte, y si en realidad la hubo si efectivamente se suplantó un contrato.” Continua alegando que el Tribunal de Honor no es competente para analizar ni ver esta materia en la audiencia de hoy por falta de competencia, siendo materia penal que compete a los tribunales e indica que de no determinarse esto primero se le estaría causando indefensión y le pondría en la audiencia del día de hoy en una evidente posición de desventaja, además de que podría eventualmente darse abuso de poder por conocerse materia ajena a ese Tribunal. Solicita se declare sin lugar las resoluciones impugnadas, se declare la prescripción de la acción, se suspenda la audiencia de hoy, hasta que se resuelva el presente asunto porque tiene el efecto de dar por terminado el proceso, y en su momento procesal oportuno se archive el expediente. (Folios 66 al 68)

9.    El lunes 13 de noviembre 2006, al ser las 17:30 horas se celebra la audiencia oral y privada, al dar inicio a dicho acto comunicó el Tribunal de Honor que acordó rechazar el recurso de revocatoria, con apelación en subsidio y nulidad concomitante, presentado por parte del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez y por ende corresponde continuar con la audiencia oral y privada. Asisten a la misma, el Tribunal de Honor en pleno, el Sr. Sergio Morales Monge en su calidad de denunciante, quien presenta y somete a consideración del Tribunal el testimonio de los señores José Francisco Fournier Estrada y Harry Murillo Castro como testigos de la parte denunciante, la Sra Anabelle Matarrita como secretaria de audiencias. Se deja constancia de que al iniciar la audiencia oral y privada no se presentó el Arquitecto Asdrúbal Valerio Gutiérrez. (Folios 72 al 105)

10.  Con fecha 23 de noviembre 2006, se realizó acto de notificación del Oficio 399-2006-TH al Arq. Valerio Gutiérrez y señor Morales Monge, en el cual se comunica la resolución del Tribunal de Honor ante el recurso presentado por el Arq. Valerio Gutiérrez, se indica en el por tanto que se acuerda rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio con nulidad concomitante y el incidente de nulidad absoluta, se reserva la excepción de prescripción para ser analizado por medio del informe final dirigido a la Junta Directiva. Se acuerda proceder a la realización de la audiencia programada para las 17:30 horas treinta minutos del 13 de noviembre del 2006. (Folios 72 al 77)

II.—Incidente de Prescripción. En relación al incidente de prescripción presentado por el Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez y recibido en las Oficinas de Tribunales de Honor el 13 de noviembre del 2006, este Tribunal de Honor comunica lo siguiente:

Este Tribunal de Honor no comparte los argumentos esgrimidos por el arquitecto Asdrúbal Valerio Gutiérrez, debe de tenerse presente que con la presentación de la denuncia por parte del señor Sergio Morales Mora el 24 de agosto del 2004, el departamento de Régimen Disciplinario del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos con base en el Procedimiento para el trámite de denuncias por presunta violación al Código de Ética Profesional, procedió a realizar una investigación preliminar de la denuncia. Producto de dicha investigación fue la recomendación realizada por el ingeniero Gerardo Campos Chacón, documento que consta agregado al expediente según folio 038, el cual fue remitido a la Dirección Ejecutiva el primero de diciembre del 2005.

Con sustento en lo anterior, se aprueba la instauración del Tribunal de Honor que conoce el presente caso por medio del acuerdo 20 de la sesión 12-05/06-G. E. Del 23 de febrero del 2006. A partir de dicho acuerdo se instauró el órgano director encargado para realizar el procedimiento administrativo disciplinario establecido en el Reglamento del Proceso Disciplinario de los Miembros del Colegio Federado.

En razón de la instauración del Tribunal de Honor se procede mediante resolución inicial a trasladar los cargos en contra del Arq. Valerio Gutiérrez, por ello se comunica el auto de intimación de cargos, acto que da inicio al procedimiento disciplinario, formalmente establecido desde el 24 de agosto del 2006, fecha en que se notificó a las partes.

Por lo que este Tribunal de Honor concluye y resuelve que a la fecha no se ha cumplido el plazo de caducidad alegado por el incidentista, plazo que se encuentra estipulado en el artículo 39 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario.

III.—Considerando. Del análisis fáctico, y las probanzas presentadas en este proceso disciplinario por las partes, y evacuadas mediante la audiencia, este tribunal tiene por demostrados los siguientes hechos:

III. 1   Hechos probados.

1.  Es un hecho probado que el Arq. Asdrúbal Valerio y el señor Sergio Morales Monge, suscribieron contrato de servicios profesionales para consultoría, con fecha 25 de julio del 2003, por concepto de Estudios preliminares, Anteproyecto, Planos de construcción y especificaciones técnicas, Dirección Técnica para un total contratado del 10.5%. (Folio 10).

2.  Es un hecho probado que en el acto de la firma del contrato antes mencionado y con la presencia de testigos1, el señor Sergio Morales Monge canceló la suma de ¢550.000 colones por concepto de adelanto contra la firma del contrato, otros ¢550.000 colones contra entrega de los planos constructivos y los demás pagos parciales contra determinados avance de obras. (Folio 9, 10)

3.  Es un hecho probado que el Arq. Valerio no presentó, ni registró ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos el contrato antes mencionado, por tal razón quedó claro que el acto realizado tiene características de “contrato de hecho” suscrito entre las partes. (Folio 10)

4.  Se pudo probar que con fecha 17 de noviembre del 2003, el Arq. Valerio presenta, tramita y registra el contrato SJ-24999, para ejecución de proyecto de urbanización por un monto de ¢81.375.000 colones y un área de 465 m2, propiedad del señor Sergio Morales Monge, por concepto de Estudios Preliminares y Anteproyecto por un total del 2.5% y se indicó un monto de honorarios profesionales de ¢375.000 colones, así mismo se indicó que el pago del 100 % se realizará al aprobar el INVU. (Folio 11)

5.  Se pudo probar que el señor Sergio Morales Monge declaró que la firma plasmada en el documento contrato SJ-24999 registrado ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, no fue realizada por él y no contó con su aprobación ni conocimiento. (Folio 11)

6.  Es un hecho probado que el Arq. Valerio reconoce la existencia de un contrato firmado frente a testigos y es el que estaba rigiendo, esta declaración la presenta en pruebas de descargo ante la comunicación del auto de intimación. (folio 65).

7.  Es un hecho probado que el Arq. Valerio reconoció que el “contrato de hecho” firmado entre las partes y de fecha 25 julio 2003, es el contrato válido y el que rigió la relación contractual establecida. Según lo pactado en el mismo se realizó un pago por adelantado la elaboración de los estudios preliminares, anteproyecto y planos constructivos y especificaciones. (Folio 9, 10).

8.  Se pudo probar que el Arq. Valerio Gutiérrez incumplió con el contrato de hecho realizado con el señor Sergio Morales Monge, pues no entregó lo pactado y que correspondía a los planos constructivos y especificaciones técnicas de la Urbanización Don Sergio debidamente aprobados por el INVU. (Folios 5, 6, 12, 64 y 92)

9.  Se probó que el INVU no otorgó la aprobación del anteproyecto de la Urbanización Don Sergio, requisito necesario para presentar los documentos y planos constructivos del proyecto para obtener el respectivo aval. (Folios 5 y 6)

10.  Se pudo probar que el Arq. Valerio Gutiérrez no notificó a su cliente que el trabajo encomendado (estudios preliminares, anteproyectos) no fue autorizado por el INVU. (Folio 92)

11.  Es un hecho probado que el Arq. Valerio Gutiérrez alegó en pruebas de descargo a raíz del auto de intimación que: “ Si es cierto que se inscribió otro contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos únicamente por estudios preliminares y anteproyecto, el cual se tenía que presentar para el trámite de aprobación del anteproyecto y sin mediar ningún tipo de mala intención de parte de la persona que envié a hacer el trámite ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos ya que lo hizo para ganar tiempo y puesto que el señor Morales se encontraba en Alajuela, procedió a imitar sin yo saberlo y por lo tanto sin mi conocimiento la firma del Sr. Morales en el contrato” (Folio 65).

12.  Se pudo probar que el Arq. Valerio presentó y registró ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos un contrato diferente al contrato que efectivamente fue firmado entre las partes. (Folio 11)

13.  Se pudo probar que el Arq. Valerio Gutiérrez presentó al INVU, el 25 de noviembre del 20032 y 19 de febrero del 20043, el anteproyecto de la urbanización Don Sergio, dicha institución rechazó en las dos oportunidades el anteproyecto, indicó los aspectos por los cuales se rechazaban, las observaciones y correcciones a realizar al anteproyecto Urbanización Don Sergio propiedad de Sergio Morales Monge ubicada en Horquetas, Sarapiquí (Folios 4 y 5).

14.  Es un hecho probado que el Ministerio de Salud rechazó el 20 de noviembre del 2003, la solicitud de revisión de planos de la Urbanización Don Sergio. (Folio 12).

15.  Es un hecho probado que el 25 de marzo 2004 el arquitecto Asdrúbal Valerio (A-4985), remitió al propietario una carta de renuncia a su responsabilidad profesional adquirida en el proyecto Urbanización Don Sergio, en la cual indicó que la gestión se encuentra en trámite de anteproyecto por segunda vez ante el INVU y planos constructivos en proceso. (Folio 7).

16.  Se pudo probar que el Arq. Asdrúbal Valerio no presentó la renuncia ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, se limitó a entregar una carta de renuncia al propietario, dicha carta fue dirigida al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, sin embargo no le correspondía al propietario entregar la carta, tampoco el Arq. Valerio Gutiérrez instruyó a su cliente sobre el particular. (Folio 7)

III. 2   Hechos no probados

Ninguno relevante para el presente asunto.

IV.—Fondo del asunto. La denuncia presentada en contra del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez por parte del señor Sergio Morales Monge, propietario de un proyecto de urbanización denominada Don Sergio, localizada en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, fue realizada el 24 de agosto 2004, ante el departamento de Régimen Disciplinario, el señor Morales Monge destaca 5 argumentos fundamentales:

Alegó que contrató los servicios del Arq. Valerio Gutiérrez para que le brindara los servicios profesionales en un proyecto de urbanización de su propiedad, localizado en Horquetas de Sarapiquí. Según lo pactado, al inicio se le cancelaría al señor Valerio Gutiérrez la suma de ¢550.000 colones lo cual se ejecutó, contra entrega de los planos se pagarían ¢550.000 colones, al inicio de las obras, a mediados de ellas y una vez finalizadas, el propietario debía pagar abonos de ¢366.666 colones;

Indicó que las condiciones pactadas las estipularon en un contrato de servicios profesionales para consultoría firmado el día 25 de julio del 2003, el cual se firmó por ambas partes y suscrito ante los testigos José Francisco Fournier Estrada y Harry Murillo, ingeniero topógrafo;

El anteproyecto presentado ante el INVU fue rechazado por errores de índole técnico en la elaboración del mismo, éste tampoco fue aprobado por el Ministerio de Salud, ni por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a pesar de que en dos oportunidades se presentó ante dichas instancias; debido al atraso en la tramitación del proyecto, reclamó al Arq. Valerio Gutiérrez sobre la tardanza en la aprobación, respondiendo que el atraso era responsabilidad del INVU, y posteriormente el Arq. Valerio renunció a la responsabilidad profesional en carta del 25 de marzo del 2004;

Pese a que el anteproyecto nunca fue aprobado y el denunciado se negó a devolverle las sumas que el propietario le giró por adelantado, entregó el comprobante de recibo de documentos del INVU para que retirara los documentos, fue en ese momento cuando se enteró de que los mismos habían sido rechazados desde hacía más de dos meses y el denunciado no le comunicó lo pertinente.

Por otra parte el propietario se enteró de que el Arq. Valerio Gutiérrez, había hecho un contrato diferente al firmado el 25 de julio del 2003, en el cual además identificó que se falsificó la firma del propietario, cambió las condiciones de la contratación, el precio y hasta la forma de pago.

Con sustento en la denuncia presentada por el señor Morales Monge, en la cual solicita se inicie un procedimiento disciplinario en contra del Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez y se tomen las medidas disciplinarias que correspondan (Folios 01 al 12), el Departamento de Régimen Disciplinario realiza el proceso de investigación preliminar, cuyas conclusiones fueron puestas de conocimiento de la Junta Directiva General. El 23 de febrero del 2006, en la sesión 12-05/06-G.E. dicha instancia acuerda instaurar un procedimiento disciplinario en contra del Arq. Valerio Gutiérrez con sustento en el informe presentado por el departamento de Régimen Disciplinario y el respectivo análisis realizado.

El Tribunal de Honor analizó la prueba incluida en el expediente 116-04 y con sustento en el proceso disciplinario considera relevante indicar lo siguiente:

En el presente caso se identifica que se estableció una relación contractual entre las partes, caracterizada por lo siguiente:

El señor Sergio Morales Monge contrata al Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez con el fin de poner a derecho un proyecto de urbanización de su propiedad, cuyo antecedente es una situación que el denunciante denominó como de “estafa”, pues según aclaró en la audiencia el anterior dueño José Rodolfo González (socio-desarrollador) le había dejado el “terreno botado”. (Folio 81, 85 de la audiencia) El señor Morales Monge le giró recursos al señor González, y éste inició con la construcción de aceras y cunetas, empezando el proyecto al revés “(...) eso fue parte del dolo, hizo si se le puede llamar pantomima...trabajando y desarrollando. (...) No se había hecho ningún trámite ante el INVU. (...) el señor José Rodolfo González (...) se fue y yo descubrí que era una estafa.” (Folios 87, 88 de la audiencia)

El cliente señor Morales Monge contrata al Arq. Valerio Gutiérrez, con la expectativa de poner a derecho el proyecto iniciado sin la tramitación correspondiente y poder contar con el proyecto de urbanización debidamente aprobado por las instituciones nacionales correspondientes. (Folios 81, 85 de la audiencia)

La actuación del Arq. Valerio Gutiérrez, profesional responsable del proyecto de Urbanización Don Sergio, deja en evidencia que:

El profesional responsable suscribe el contrato de servicios profesionales, firmado el 25 de julio del 2003, el cual fue considerado por el propietario como el documento que efectivamente firmó. Sin embargo, el Arq. Valerio Gutiérrez no presentó ni tramitó el contrato firmado por las partes ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, el cual se realizó por concepto de Estudios preliminares, Anteproyecto, Planos de construcción y especificaciones técnicas, Dirección Técnica para un total contratado del 10.5%. (Folio 10).

El profesional responsable presentó y tramitó ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos el contrato SJ-24999, de fecha 17 de noviembre del 2003, por servicios profesionales para el proyecto de urbanización Don Sergio, por un monto de ¢81.375.000 colones y un área de 465 m2, propiedad del señor Sergio Morales Monge, por concepto de Estudios Preliminares y Anteproyecto por un total del 2.5%, en el cual se indicó un monto de honorarios profesionales de ¢375.000 colones, así mismo se indicó que el pago del 100 % se realizará al aprobar el INVU. (Folio 11)

El señor Morales Monge denunciante, alegó en su denuncia y mantuvo lo dicho en su declaración durante la audiencia, que él no firmó el contrato SJ-24999 que la firma consignada en ese documento no corresponde a la suya, por lo tanto ratificó que su firma fue falsificada. (Folio 92 de la audiencia).

Al respecto el Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez, alegó en su descargo de fecha de recibo 7 de noviembre del 2006 que: “Si es cierto que se inscribió otro contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos únicamente por estudios preliminares y anteproyecto el cual se tenía que presentar para el trámite de aprobación del anteproyecto y sin mediar ningún tipo de mala intención de parte de la persona que envié a hacer el trámite ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos ya que lo hizo para ganar tiempo y puesto que el Señor Morales se encontraba en Alajuela, procedió a imitar sin yo saberlo y por tanto sin mi consentimiento la firma del Sr. Morales en el contrato. Se y doy Fe bajo juramento de que no existió en ningún momento la más mínima intención de parte de ésta persona, pues lo hizo solo por ayudar, además existía otro contrato debidamente firmado y ante testigos y éste era por el que nos estábamos rigiendo.”(Folios 64, 65)

A pesar del descargo anterior, este Junta Directiva encontró que el Arq. Valerio Gutiérrez no sustentó lo dicho con la prueba correspondiente y lo indicado por él como declaración bajo juramento no contó con la formalidad legal del caso. Por otra parte, no se pudo contar con la declaración del Arq. Valerio Gutiérrez, ni la presentación de prueba testimonial, dado que no asistió a la audiencia.

El Arq. Valerio Gutiérrez presentó el anteproyecto de la urbanización Don Sergio ante el INVU y éste es rechazado en dos oportunidades, así mismo es rechazado por el Ministerio de Salud.

El Arq. Valerio Gutiérrez recibió del señor Sergio Morales Monge la suma de ¢550.000 colones por concepto de adelanto contra la firma del contrato. Los otros ¢550.000 colones se entregarían contra entrega de los planos constructivos y los demás pagos parciales contra determinados avance de obras. (Folio 9, 10)

Sobre el particular el Arq. Valerio Gutiérrez, alegó en su descargo que: “En ningún momento he retenido dineros que no hayan sido previamente acordados (...) Si bien es cierto que el anteproyecto no fue aprobado en su totalidad por el INVU el proceso se estaba llevando a cabo complementando las correcciones solicitadas por las diferentes instituciones. Este proceso es de todos sabido no es tan ágil como debiera por lo que no queda más remedio que esperar y darle seguimiento. (...) Por último no es cierto de que no ejecuté las debidas correcciones a las objeciones solicitadas puesto que fue rechazado dos veces y que corregir nuevamente y los trabajos se estaban realizando”.(Folio 64)

El Arq. Valerio Gutiérrez amplió su descargo indicando que “En ningún momento se dio incumplimiento del contrato de parte mía y los trabajos no se continuaron porque como lo mencioné antes, el Sr. Morales me pidió que renunciara a mi responsabilidad profesional. (...)” (Folio 65)

La Junta Directiva General considera respecto a los hechos imputados y lo efectivamente probado en este asunto, que:

Respecto al hecho imputado 14 El Arq. Asdrúbal Valerio indicó en su descargo que: “En ningún momento se dio incumplimiento del contrato de parte mía y los trabajos no se continuaron porque como lo mencioné antes el Sr. Morales me pidió que renunciara a mi responsabilidad profesional. (...)” (Folio 65), sin embargo, quedó claro para el Tribunal de Honor que el cliente no recibió ni el anteproyecto, ni los planos constructivos, los cuales se constituyeron en uno de los productos a entregar al cliente, según el contrato de servicios profesionales firmado por las partes el 25 de julio del 2003.

Se pudo probar que el anteproyecto no fue aprobado por el INVU, requisito indispensable para poder presentar el proyecto de urbanización y por ende contar con la aprobación del INVU, quedó claro que faltó comunicación entre el Arq. Valerio y su cliente.

A pesar del alegato presentado por el Arq. Valerio en el cual explica que fue el cliente quien le pidió la renuncia a la responsabilidad profesional, es evidente que el profesional renunció sin haber entregado el anteproyecto, ni los planos constructivos del proyecto.

Por todo lo anterior, se concluye que el Arq. Valerio Gutiérrez incumplió con las cláusulas del contrato de servicios profesionales SJ-24999, no hizo entrega al cliente del ante proyecto y proyecto para el cual fue contratado y renunció a su responsabilidad profesional sin haber entregado el producto, por lo tanto considera la Junta Directiva que el hecho imputado 1, fue efectivamente probado.

Sobre el hecho imputado 25, el señor Sergio Morales Monge, denunciante, presentó la prueba testimonial del señor Francisco Fournier, quien declaró durante la audiencia que: “Porque en realidad don Sergio lo contrató para que presentara el proyecto total, que hiciera los planos, él nunca hizo los planos, sino que lo que presentó fue un anteproyecto al INVU que el INVU lo rechazó. No se sabía que él lo que había presentado era un anteproyecto, creíamos que había presentado todo el juego de planos (...) él fue a retirar los planos al INVU y ahí fue donde nos dimos cuenta que él no había presentado el proyecto, que lo que presentó fue un anteproyecto y él no nos había notificado nada de eso. (...)”. (Folio 96 de la audiencia).

La Junta Directiva General consideró y valoró la prueba testimonial y concluye que se pudo probar que el Arq. Valerio no le notificó a su cliente el proceso que llevaría el trabajo a realizar y que el anteproyecto presentado ante el INVU no había sido aprobado.

Por lo tanto se pudo probar el hecho imputado 2. Dado que quedó en evidencia que el Arq. Valerio: No notificó a su cliente que el trabajo encomendado (estudios preliminares, anteproyectos) no fue autorizado por el INVU. El Arq. Valerio no presentó la prueba que lo liberara de dicho cargo, así mismo llamó la atención da la Junta Directiva la forma en que el Arq. Valerio envió la información del INVU y la carta de renuncia al cliente, por cuanto envió lo documentos vía encomienda. El cliente se enteró del estado de la gestión del proyecto por medio de un tercero (testigo Francisco Fournier recibió la documentación) y que no le habían aprobado el anteproyecto, además que no contaba con el proyecto de urbanización aprobado. (Folio 96, 97 de la audiencia)

En relación al hecho imputado 36. quedó claro que el Arq. Asdrúbal Valerio y el señor Sergio Morales Monge, suscribieron contrato de servicios profesionales para consultoría, con fecha 25 de julio del 2003, por concepto de Estudios preliminares, Anteproyecto, Planos de construcción y especificaciones técnicas, Dirección Técnica para un total contratado del 10.5%. (Folio 10)

El Arq. Valerio aclaró que no presentó, ni registró ante el CFIA el contrato antes mencionado, debido a que: “Si es cierto que se inscribió otro contrato ante el CFIA únicamente por estudios preliminares y anteproyecto, el cual se tenía que presentar para el trámite de aprobación del anteproyecto y sin mediar ningún tipo de mala intención de parte de la persona que envié a hacer el trámite ante el CFIA ya que lo hizo para ganar tiempo y puesto que el señor Morales se encontraba en Alajuela, procedió a imitar sin yo saberlo y por lo tanto sin mi conocimiento la firma del Sr. Morales en el contrato” (Folio 65).

Por tal razón, presentó y tramitó ante el CFIA el contrato SJ-24999, registrado el 17 de noviembre del 2003, para ejecución de proyecto de urbanización por un monto de 81.375.000 colones y un área de 465 m2, propiedad del señor Sergio Morales Monge, por concepto de Estudios Preliminares y Anteproyecto por un total del 2.5%. (Folio 11)

El señor Sergio Morales Monge declaró que la firma plasmada en el documento contrato SJ-24999 registrado ante el CFIA, no fue realizada por él y no contó con su aprobación ni conocimiento. (Folio 11)

Se pudo probar que el Arq. Valerio presentó y registró ante el CFIA un contrato diferente al contrato que efectivamente fue firmado entre las partes. (Folio 11) La Junta Directiva General concluye que pese a la aclaración realizada por el Arq. Valerio, no se presentó la prueba que sustentara lo dicho por él, por tanto quedó en evidencia que el hecho imputado 3. Inscribir en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos un contrato diferente al original firmado con su cliente, fue probado.

Finalmente, el hecho imputado 47 la prueba presentada deja en evidencia que el Arq. Valerio Gutiérrez presentó ante el INVU el anteproyecto de la urbanización Don Sergio, dicha institución lo rechazó en las dos oportunidades8 (Folios 4 y 5) y el Ministerio de Salud también lo rechazó. (Folio 12).

En el descargo realizado por el Arq. Valerio indicó que: “Si bien es cierto que el anteproyecto no fue aprobado en su totalidad por el INVU el proceso se estaba llevando a cabo complementando las correcciones solicitadas por las diferentes instituciones. Este proceso es de todos sabido no es tan ágil como debiera por lo que no queda más remedio que esperar y darle seguimiento. Por lo anterior el Señor Morales se impacientó y me solicitó de manera personal lo cual el mismo lo puede confirmar que renunciara a mi responsabilidad profesional aduciendo que había conseguido un profesional de mayor experiencia para que siguiera con los trabajos.”(Folio 64)

El 25 de marzo 2004 el Arq. Valerio, remitió al propietario una carta de renuncia a su responsabilidad profesional adquirida en el proyecto Urbanización Don Sergio, en la cual indicó que la gestión se encuentra en trámite de anteproyecto por segunda vez ante el INVU y planos constructivos en proceso. (Folio 7).

El Tribunal considera que desafortunadamente no se pudo contar con la participación y declaración del Arq. Valerio Gutiérrez durante la audiencia oral y privada, pues lo dicho en su alegato debió plantearlo durante la audiencia, pues hubiera tenido la oportunidad de poner en evidencia lo indicado, especialmente lo referido a la conducta de su cliente en el desarrollo de la relación establecida.

Se concluye que el hecho imputado 4. Entregó al INVU un anteproyecto el cual es rechazado y a pesar de que se le indican las observaciones y correcciones no las ejecutó incumpliendo con el contrato, fue probado y el Arq. Valerio no presentó la prueba que permitiera apreciar la realización de correcciones a los planos del anteproyecto para ponerlo a derecho.

V.—Por tanto

La Junta Directiva General por medio del presente proceso disciplinario instaurado al Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez A-8470, pudo constatar que el profesional ha violentado los artículos 2, 3, 10, 18 y 19 del Código de Ética Profesional del Código de Ética Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica:

El artículo 29, debido a que con su conducta no promovió un desempeño digno para con la profesión y sirvió con fidelidad a su cliente pues no le brindó el servicio que él requería, con lo cual afectó el prestigio y la calidad de la arquitectura.

El artículo 310, por cuanto con la actuación y conducta demostrada en el presente caso irrespetó el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, artículo 7º Responsabilidad profesional; artículo 11. Relación cliente profesional, B. Responsabilidad del consultor, incisos a), b), c), h), i), j), artículo 15. Estudios Básicos; articulo 16 Estudios preliminares, artículo 17. Proyectos: incisos a), b); artículo 37.

El artículo 1011 pues con su conducta quedó demostrado que al no explicar a su cliente de manera seria, objetiva y verás los alcances de la labor a realizar y la situación presentada con el rechazo del anteproyecto ante el INVU, el profesional se limitó a enviar la boleta del INVU y la carta de renuncia, sin mediar una explicación al cliente.

El artículo 1812 debido a que su actuación dejó en evidencia que no sirvió con fidelidad, responsabilidad y lealtad a su cliente, pues no le comunicó la situación presentada con la tramitación del anteproyecto y el proyecto, asimismo permitió que un tercero falsificara la firma del cliente en aras de una presentación oportuna de un documento de contrato ante el CFIA, el cual no fue el inicialmente firmado entre las partes.

El artículo 1913 debido a que no comunicó a su cliente el proceso a seguir en la labor encomendada y tampoco comunicó que el anteproyecto fue rechazado por el INVU y por ende que no se contaba con documentos del proyecto debidamente aprobados por el INVU.

Al haberse demostrado que el Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez (A-4985), ha violado los artículos 2º, 3º, 9º, 10, 18 y 19 del Código de Ética Profesional y con sustento en el Capítulo II. De las faltas contra la profesión, esta Junta Directiva recomienda aplicar lo dispuesto en los Artículos 25 con motivo de la violación de la normativa legal del CFIA vigente y los aspectos éticos relacionados con el ejercicio profesional.

Se acuerda:

De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 136 inciso c) de la Ley General de la Administración Pública, ser resuelve apartarse de la recomendación del tribunal de honor e imponer una sanción de doce meses de suspensión al Arq. Asdrúbal Valerio Gutiérrez de conformidad con lo establecido en los artículos 2º, 3º, 9º, 10, 18 y 19 del Código de Ética Profesional y con sustento en el “Capítulo II. De las faltas contra la profesión”. Entiende esta Junta Directiva General que debe apartarse de lo recomendado por Tribunal de Honor, toda vez que existe un concurso de normas, ya que el profesional investigado, con su conducta ha violentado varias normas éticas y por lo tanto, procede aplicar lo dispuesto en el artículo 25 de Ética Profesional y en consecuencia se impone la sanción de doce meses ya indicada.

Este es un acuerdo firme, según lo dispuesto por los artículos 36 y 40 del Reglamento Interior General, y en consecuencia, la sanción es ejecutable de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública.

Contra la anterior resolución cabe el recurso de reconsideración ante la Junta Directiva General, el cual deberá plantearse en el término de dos meses contados a partir de la notificación a la presente resolución, según se dispone en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. Igualmente, se podrá acudir directamente ante la jurisdicción indicada, sin agotar la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por la Sala Constitucional, en el voto Nº 06-3669, de 15 de marzo de 2006.

La interposición del recurso de reconsideración no suspende la ejecución de la sanción, conforme se señala en el artículo 148 de la citada Ley General de la Administración Pública.

San José, 13 de mayo del 2008.—Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo.—(O. C. Nº 6246).—C-846470.—(47546).