ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACUEDUCTO

RURAL DE SANTA LUCÍA DE CHÁNGUENA

La publicación Asociación Administrativa de Acueducto Rural de Santa Lucía de Chánguena del 23/06/2021 en Periódico La Extra y del 21/06/2021 en La Gaceta número N° 118, se corrige que los tomos extraviados fueron los Diario 1, Mayor 1, Inventarios y Balances 1.

Buenos Aires Puntarenas, 29 de julio del 2021.—Licda. Rebeca Villanueva Porras, Notaria Pública.—1 vez.—( IN2021569932 ).

ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CELÍACAS

La suscrita, Ana Lorena Cordero Padilla, cédula de identidad número uno-cero setecientos noventa y ocho-cero cero dieciocho, en mi condición de presidente de la asociación denominada Asociación Pro Personas Celíacas, cédula de persona jurídica 3-002-400932, aclaro que el libro que debe reponer la asociación por extravío es el número uno de la Asamblea de Asociados, no el dos, como se había publicado en La Gaceta y en Diario La Extra. Es todo.

San José, 14 de julio 2021.—Ana Lorena Cordero Padilla, presidente.—1 vez.—( IN2021570730 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY

DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA

TRIBUTARIAS, LEY N.º 8114

DEL 04 DE JULIO DEL 2001,

Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 22.572

Las recientes denuncias relacionadas con el denominado caso “La Cochinilla”, han dejado en evidencia, entre otras situaciones de mucha gravedad, la existencia de fallas, incongruencias y omisiones administrativas en la gestión de los proyectos de infraestructura vial, lo cual repercute directamente en la calidad de las obras e incide en los costos finales que debe sufragar el Estado costarricense.

Una de esas lagunas u omisiones lo constituye, la total ausencia de obligatoriedad por parte de la Administración (MOPT, CONAVI, MUNICIPALIDADES) a la hora de cumplir los informes o auditorías técnicas que realiza el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME).

Es inaudito observar cómo el LANAMME, en su condición de órgano técnico especializado de la UCR, realiza regular y normalmente, estudios o auditorías sobre las obras viales del gobierno y no existe obligación alguna del CONAVI, por ejemplo, de cumplir con la resolución del Laboratorio, y en no pocas ocasiones se archivan sin consecuencia alguna.

Este es un grave problema para una correcta evaluación y fiscalización de los proyectos de infraestructura vial. Es además, un contrasentido que el criterio profesional, técnico y especializado del LANAMME carezca de fuerza alguna, para ser impuesto a la administración activa.

Hace varios años, este mismo tema se discutió en la Asamblea Legislativa, en un proyecto de ley tramitado en el expediente 17 735, que fue aprobado en primer debate, pero por una cuestión de procedimiento, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional.

En la exposición de motivos de dicho expediente se dispuso:

“El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, es una unidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Este Laboratorio fue fundado en los años cincuenta y se especializa en la investigación de la infraestructura civil, vial y líneas vitales. Lanamme, tiene como marco legal la Ley N.º 7099, Ratificación del contrato de préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para un programa de ciencia y tecnología, la Ley N.º 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributaria, el convenio entre el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Universidad de Costa Rica para el establecimiento del Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales del Programa de Ciencia y Tecnología Conicit-BID.

Como marco legal, es necesario reiterar que la Ley N.º 8114 y su reforma, le otorga a la Universidad de Costa Rica, por medio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la competencia fiscalizadora de la red vial nacional. De esta manera, a través de un ente externo de control, en este caso la UCR que forma parte de la Administración Pública, el legislador determinó garantizarle al país la calidad de la red vial y con ello la máxima eficiencia de los fondos públicos que se invierten en la construcción y conservación de esta red.

En esa misma línea, 569445 Procuraduría General de la República en oficio C-0872002, de fecha 04 de abril del año 2002, en lo conducente señaló:

“...la fiscalización que realiza la Universidad de Costa Rica a través del Laboratorio es una fiscalización externa, que trasciende los contratos de mérito y, por ende, obras específicas, para abarcar la totalidad de la red nacional pavimentada (por ende, proyectos ya finiquitados) y que incluso podría considerarse “superior”, en el sentido en que debe fiscalizar también los laboratorios que realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución, entre otros aspectos, evaluar la capacidad estructural y determinar los problemas de vulnerabilidad y riesgos de esa red, lo cual implica una fiscalización a quienes podrían estar fiscalizando proyectos concretos”.

Queda claro que las funciones de fiscalización que realiza el Lanamme, provienen de potestades otorgadas por leyes especiales y es una labor de auditoría técnica externa propia de un ente público estatal, con mayor fundamento por ser la Universidad de Costa Rica un ente autónomo por excelencia según el precepto constitucional que le otorga ese rango, y por ello el Lanamme juega un papel relevante en el fortalecimiento de la rendición de cuentas que debe imperar en la Administración Pública, con plenas facultades de realizar sus actividades con independencia funcional y de criterio, bajo principios de objetividad.

Mediante la Ley N.º 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias, se le asigno recursos para garantizar la “máxima eficiencia de la inversión pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense”. Recursos que de conformidad con lo que señala la norma en su artículo 5, el producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un 29% al Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) y un 1% a la Universidad de Costa Rica. Este 1% deberá ser girado directamente por la Tesorería Nacional a la UCR, que la administrara bajo la modalidad presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa entidad universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el cual velará porque estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense, de conformidad con las funciones que se detallan en el artículo 6 de la Ley N.º 8114.

Para el cumplimiento de sus tareas, el Lanamme ejecutó ¢2.032 millones para el año 2008 y ¢3.667 millones para el año 2009.

Mediante la Ley N.º 8603, Ley de modificación de la ley de simplificación y eficiencia tributarias para asegurar el giro oportuno de los recursos aprobados en las leyes de presupuestos de la República destinados a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública en reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, el legislador estableció en el artículo 6 las labores que a su juicio debía realizar el Lanamme con el propósito de cumplir con el objetivo específico al que estaban destinados los recursos, sea garantizar la calidad de la red vial y que los recursos públicos se inviertan en dicha red de la forma más eficiente posible.

Asignándole al Laboratorio las siguientes tareas:

a)  Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio.

b)  Auditorías técnicas de proyectos en ejecución.

c)  Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada.

d)  Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión.

e)  Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y actualizada) cada diez años.

f)   Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial.

g)  Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de Vialidad del MOPT, así como al ministro y viceministro del sector.

h)  Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia de tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores.

i)   Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del país.

j)   Con la finalidad de garantizar la calidad de la red vial cantonal y en lo que razonablemente sea aplicable, las municipalidades y la Universidad de Costa Rica, por intermedio del Lanamme, podrán celebrar convenios que les permitan realizar, en la circunscripción territorial municipal, tareas equivalentes a las establecidas en los incisos anteriores.

Como se puede observar las labores que le fueron asignadas al Laboratorio son de la más diversa y amplia gama, cubriendo desde aspectos académicos con (sic) los referidos a capacitación e investigación hasta otros más operativos como la elaboración de manuales, la asesoría y la realización de auditorías. Funciones que, si bien el legislador enunció en forma específica, no llegó a desarrollar sus alcances, tipo y naturaleza en forma alguna.

Con base a lo anterior la Contraloría General de la República, en su informe N.º DFOE-OP-IF-7-2010, de 30 de abril de 2010 a señalado (sic): “Resulta sumamente difícil para el Laboratorio maximizar el impacto de sus funciones en las inversiones públicas en carreteras, si estas no son coordinadas con el ministro rector del sector de infraestructura y transportes, dentro de todo el engranaje de este sector, donde tanto el Lanamme UCR como las otras entidades del sector tengan claro su rol respecto del ejercicio de las funciones de Lanamme UCR, sus potencialidades, la factibilidad de hacer uso de esas potencialidades y, quizá lo más importante la vinculación o no de atender los resultados de sus investigaciones, evaluaciones bienales y de las auditorías técnicas. Esta falta de coordinación también se da con respecto a las municipalidades”.

Los recientes acontecimientos conocidos a raíz del caso “La Cochinilla” obligan a esta Asamblea Legislativa, a tomar acciones rápidas y contundentes para ordenar y sobre todo para encauzar la labor de los entes e instituciones encargadas de la gestión de la infraestructura vial, dentro del marco de la legalidad y una sana y correcta administración de los fondos públicos.

Por eso sometemos a consideración de las señoras y señores diputados, el presente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY

DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA

TRIBUTARIAS, LEY N.º 8114

DEL 04 DE JULIO DEL 2001,

Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO-     Se reforma el artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley Nº 8114 y sus reformas, cuyo texto dirá:

Artículo 6-  Fiscalización para garantizar la calidad de la red vial nacional y cantonal.

Para lograr la eficiencia de la inversión pública en materia vial, le corresponde a la Universidad de Costa Rica, por intermedio de su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR), realizar las siguientes tareas:

a)  Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio.

b)  Auditorías técnicas de proyectos en ejecución.

c)  Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada.

d)  Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión.

e)  Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva edición (revisada y actualizada) cada diez años.

f)   Auditorías técnicas a los laboratorios que trabajan para el sector vial.

g)  Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de Vialidad del MOPT, así como al ministro y viceministro del sector.

h)  Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades de transferencia de tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores.

i)   Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial pavimentada del país.

Para el cumplimento de las tareas consignadas en este artículo, la Universidad de Costa Rica podrá celebrar convenios con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las municipalidades del país, así como con las demás entidades públicas relacionadas con la gestión de la red vial nacional y cantonal, las carreteras y los puentes en concesión. Asimismo, la Administración deberá brindar, en el plazo de ley, toda la información y documentación que le sea solicitada por parte del Lanamme, para que este realice las tareas que le fueron encomendadas.

El Lanamme informará al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como a las demás entidades públicas relacionadas con la gestión de la red vial nacional y cantonal, el resultado final de las auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas a la red vial nacional pavimentada, las carreteras y los puentes en concesión. Asimismo, informará para lo que en derecho corresponda, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes.

Las disposiciones resultantes de las auditorías técnicas señaladas en el párrafo anterior deberán ser acatadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacionalidad de Viabilidad, así como por las demás entidades públicas relacionadas con la gestión de la red vial nacional y cantonal, en la ejecución de obras. En caso de incumplimiento, el Lanamme remitirá el asunto a las auditorías internas correspondientes y a la Contraloría General de la República para que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, en especial la Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, estas determinen las responsabilidades del funcionario o los funcionarios remisos, y las sanciones que deban ser aplicadas a tales funcionarios.”

Rige a partir de su publicación.

Aida María Montiel Héctor           Paola Alexandra Valladares Rosado

Luis Antonio Aiza Campos             Luis Fernando Chacón Monge

David Hubert Gourzon Cerdas     Carmen Irene Chan Mora

María Vita Monge Granados        Dragos Dolanescu Valenciano

Diputadas y diputados

NOTA:     Este expediente aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021569549 ).

LEY PARA ELIMINAR LAS PENSIONES DE LOS

EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA

Expediente N.° 22.574

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Contraloría General de la República a partir la Memoria anual del año 2015 fue enfática en la necesidad de tomar medidas de contingencia que incluyan una revisión integral de los beneficios otorgados por los distintos regímenes de pensiones, de forma tal que, sin lesionar el derecho a una pensión justa, se pueda ajustar el gasto en pensiones a una senda de responsabilidad fiscal, congruente con las características demográficas del país y las posibilidades reales de la Hacienda Pública.

No obstante, las posibilidades reales de Hacienda son cada vez menores para enfrentar el pago de las crecientes pensiones por la alarmante situación fiscal que enfrenta la nación, aspecto que hace necesaria la búsqueda de opciones reales que causen un menor impacto a las arcas del gobierno.

El otorgamiento de las pensiones a los expresidentes de la República se encuentra regulada actualmente en dos leyes números 313 “Ley de Pensiones para Expresidentes” de 23 de agosto de 1939, y la Ley 7302, de 15 de julio de 1992, “Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional (Marco)”.

De acuerdo con la normativa vigente, esta se sustenta en dos situaciones específicas:

1-  La primera consistió en la situación económica enfrentada por algunos expresidentes o sus familiares como fue el caso de don Ascensión Esquivel Ibarra (1889, 1902-1906), que muere en estado de pobreza y don Francisco Aguilar Barquero (setiembre 1919-mayo 1920), quien enfrentó una grave enfermedad, la cual le imposibilitó trabajar y, por ende, atender sus necesidades básicas. Esta situación es similar a la enfrentada por los deudos de don Rafael Iglesias Castro.

2-  Y, por otro lado, se valoró la condición de representatividad del pueblo asumida por quienes ostentan la Presidencia de la República.

Al percatarse los legisladores del primer tercio del siglo XX, el estado de vida de algunos exrepresentantes del pueblo, sus familiares y otras personalidades de importancia para la historia de Costa Rica, determinan la creación del derecho jubilatorio para los expresidentes o sus familiares, motivando el hecho en la realización de grandes e importantes servicios a la República y como lo desarrolla el Decreto N.º 28, de 27 de octubre de 1932, en el “... deber de la Nación de proteger ese hogar contra la penuria, en atención al importantísima y copiosos servicios durante largo tiempo prestado a la República con patriotismo y pureza ejemplares, por aquel eminente hombre de Estado.”

No obstante, el fundamento principal comprende la atención de una situación de calamidad enfrentada por quienes ostentaron la presidencia del país o sus familiares, aspecto que en la actualidad no corresponde a la realidad percibida.

En la legislación vigente, Ley N.° 7302 se tiene como equivalencia pagar a los expresidentes por monto de pensión la suma que asciende al ingreso de un diputado o diputada (integrando dietas y gastos de representación), lo que implica remitirnos a la Ley N.º 7352 “Ley de Remuneración de los Diputados”, de 21 de julio de 1993, y sus reformas. En efecto, el monto de la pensión de los expresidentes está soportado en dicho cuerpo legal, cuyo monto de reajuste se hace de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2, que inquiere: “Las sumas indicadas en el párrafo anterior se ajustarán una vez al año, de acuerdo con el incremento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor del año anterior, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), excepto cuando este supere diez puntos porcentuales (10%), en cuyo caso el ajuste será de un diez por ciento (10%)”.

Asímismo, se establece en el artículo 16 correspondiente al capítulo III: “[...] los expresidentes de la República que hubiesen sido electos constitucionalmente tendrán derecho a disfrutar de una pensión mensual igual al ingreso de un diputado (dietas y gastos de representación), a partir del mes inmediato siguiente a la finalización del período presidencial correspondiente. Estas pensiones estarán a cargo del Presupuesto Nacional y serán tramitadas de oficio por el Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la misma ley determinan el reajuste de dichas pensiones, programado para el momento en que se reajuste el salario de los diputados y, además, se establece su traspaso a los causahabientes de los exmandatarios en un 75% del valor de la pensión, según las reglas del Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

En nuestro país según datos publicados en el reportaje del Semanario Universidad denominado “Multipensionados gozan de pensiones de expresidentes y exdiputados”, en relación con las pensiones de los expresidentes indica: en el caso de expresidentes, existen diez con pensiones activas y dos de ellos son multipensionados, pues también reciben jubilaciones del régimen del IVM.

Estos son los casos de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (78 años) y Abel Pacheco de la Espriella (84 años), quienes tienen una pensión vitalicia de ¢3,8 millones (el salario de un diputado), las cuales no pagan contribución solidaria. Además, cada uno percibe del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ¢1,5 y ¢2 millones, respectivamente.

A continuación, se detalla el incremento de las pensiones de los expresidentes a partir del año 2007 y hasta el año 2016:

Monto presupuestado, en presupuesto ordinario,

para Régimen de Pensiones de los Expresidentes,

Costa Rica: 2007-2016

Año	Ppto. Régimen Expresidentes	Pensiones
2007	¢	297.300.000,00
2008	¢	273.300.000,00
2009	¢	337.668.867,00
2010	¢	344.829.584,00
2011	¢	398.493.688,00
2012	¢	399.000.000,00
2013	¢	407.600.000,00
2014	¢	410.997.700,00
2015	¢	513.490.000,00
2016	¢	517.892.000,00
Total	¢	3.900.571.839,00
Fuente: presupuesto ordinario 2007-2016.

 

Como se observa, el otorgamiento de este tipo de beneficios ha crecido exponencialmente a pesar de que se otorga actualmente a 11 personas: dos causahabientes, siete expresidentes y expresidentas y dos exprimeras damas, es decir, para un reducido grupo de personas que no cotizaron para recibir dicho beneficio.

En total, Costa Rica paga cerca de ¢450 millones de colones anuales por pensiones a expresidentes.

Aquí es necesario recordar que el uso de los fondos públicos debe ser razonable, legítimo, idóneo, proporcional y necesario, en caso contrario se estaría frente a un privilegio injustificado.

Al respecto la Sala se ha referido como el “otorgamiento gracioso de un beneficio pecuniario, el cual, en todo caso, por su carácter específico, al preverse para un grupo de sujetos determinado o fácilmente determinable, quebranta el principio constitucional de la igualdad, puesto que, su reconocimiento no obedece a circunstancias objetivas y razonables”. (Sentencia N.º 2003-07981 de 15:11 hrs. de 5 de agosto de 2003).

Evidentemente, con el otorgamiento ocurrente de este tipo de pensiones se da una abierta desigualdad en relación con el común denominador de las pensiones en el país, de esta forma lo hizo ver cuando fungía como ministro de trabajo Carlos Alvarado, quien en el año 2016 manifestó:

Una pensión de 7.7 millones de colones equivale prácticamente a 100 pensiones del Régimen No Contributivo. Es casi tres veces el tope de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A todas luces hay una desproporción en esto. (El resaltado no es propio del original).

Es claro que los montos otorgados a los expresidentes de la República representan un monto alto de los ingresos del Estado. Tal y como indiqué anteriormente el actual presidente de la República Carlos Alvarado ha sido un fuerte crítico de las pensiones de lujo, pues al menos sus declaraciones al diario Semanario Universidad al respecto, lo hacen ver, en aquella oportunidad señaló. “En una situación fiscal como la que enfrentamos no es aceptable que se quieran defender pensiones con montos tan elevados”; no obstante, resulta ejemplarizante a efectos de dimensionar el alto costo que el Estado debe enfrentar en relación con este tipo de pensiones especiales el suyo propio, pues de acuerdo con un cálculo realizado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), suponiendo una expectativa de vida de 80 años para Carlos Alvarado su pensión representaría el giro de 1.400 millones de colones, monto para el que no cotizó y con el cual se beneficiaría por muchos años, en los cuales seguirá laborando, pues tal y como se ha podido observar en el mercado mundial son sumamente cotizados los servicios de los expresidentes, quienes a menudo gozan de altas remuneraciones producto de sus labores en el sector privado, así como por las charlas y asesorías que brindan a nivel internacional, o bien, siendo profesores en universidades fuera del país. De este modo, la finalización del cargo es acompañada de un futuro de oportunidades halagüeñas, a las que pocos tienen acceso. En estas condiciones, la asignación de una pensión se vuelve incongruente con su situación real.

En el caso de la legislación apuntada, la cual como anteriormente indiqué, se trata de una legislación excepcional, puesto que la pensión se otorga a quienes hayan ejercido la Presidencia de la República sin que exista ningún esfuerzo de cotización individual de los beneficiarios. Se trata, por tanto, de un gesto de índole honorífica y de jerarquía. Podemos cuestionar si tales privilegios son propios de un sistema democrático de gobierno, máxime que semejante desprendimiento patrimonial del Estado en la caótica situación fiscal a la que, sin duda, se le deben sumar los efectos económicos de la pandemia mundial, le hace más difícil de enfrentar debiendo recurrir a la aprobación de cargas impositivas cada día más altas, así como la aprobación recurrente de empréstitos.

Quienes desempeñan los puestos superiores de la Administración Pública deben realizarlo con una vocación de servicio, de modo que sean los primeros en dar el ejemplo de austeridad y disciplina en el gasto. Este deber patriótico es más urgente hoy que nunca, debido a la grave crisis fiscal que vive el país, de la misma manera en que se el señor presidente Carlos Alvarado manifiesta que “quienes rechazan los impuestos del plan fiscal, no aman a Costa Rica”, igualmente quienes reciben pensiones de régimen especial tampoco lo hacen.

De todo lo anteriormente expresado se observa la condición y el reconocimiento nacional e internacional de los exrepresentantes de la patria ha cambiado y el régimen de pensiones se transformó en un ingreso no necesario puesto que la vida activa de los expresidentes permite un mayor desarrollo y cuentan con ingresos fijos mayores que les proporciona un mejor nivel de vida, igualmente y más importante aún, la situación económica del país no está para destinar ¢450 millones de colones anuales en beneficios jubilatorios para una población todavía activa, es virtud de esta situación que la presente iniciativa tiene como objetivo el eliminar las pensiones de los expresidentes de la República.

Por las razones expuestas anteriormente, sometemos a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA ELIMINAR LAS PENSIONES DE LOS

EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO ÚNICO-     Derogaciones

Deróguese el capítulo III, Del Régimen de Pensiones de los expresidentes de la República, artículos 16, 17 y 18 de la Ley N.º 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y Reforma de la Ley N.º 7092, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano

Diputado

NOTA:       Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021569555 ).

REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 8422, LEY

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE

OCTUBRE DE 2004 Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 22.578

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Mediante la creación de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley 8173 del 7 de diciembre de 2001 y sus reformas, se estableció lo relacionado a los nombramientos, condiciones, derechos y obligaciones de las personas electas como intendentes en los Concejos Municipales de Distrito del país. El artículo 7 de esta Ley indica:

“Artículo 7- El órgano ejecutivo de los concejos municipales de distrito será la Intendencia, cuyo titular también será elegido popularmente, en la misma fecha, por igual período, bajo las mismas condiciones y con iguales deberes y atribuciones que el alcalde municipal.

El intendente devengará un salario cuyo monto no podrá ser superior al contemplado para los alcaldes en el Código Municipal”.

Por su parte el artículo 3 de la misma Ley General de Concejos Municipales de Distrito, señala:

“Artículo 3- A los concejos municipales de distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el régimen jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores.”

De acuerdo a las normas citadas, se denota que la intención del legislador fue que, en el caso de las intendencias, el puesto estuviese sujeto al régimen jurídico general de los alcaldes, en cuanto a condiciones, deberes y atribuciones.

Posterior a la creación de esta Ley en el año 2001, entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley 8422 del 6 de octubre de 2004 y sus reformas, que mediante sus artículos 14 y 15 estableció el régimen de prohibición para el ejercicio de profesiones liberales:

“Artículo 14- Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el regulador general de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así como los directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público.

De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora.

Artículo 15- Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales. La compensación económica por la aplicación del artículo anterior será equivalente a un pago de un quince por ciento (15%) bachilleres y un treinta por ciento (30%) licenciados o posgrados sobre el salario base fijado para la categoría del puesto respectivo”.

Dentro del listado taxativo de los cargos para los cuales rige dicha prohibición se incluyó a los alcaldes municipales, mas no se dio una inclusión, de forma expresa, de los cargos de intendentes municipales, a pesar del paralelismo entre estos cargos de elección popular.

Ante una consulta relacionada con los artículos 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Contraloría General de La República, por medio de criterio CGR/DJ-1060-2015, de 10 de junio de 2015 indicó lo siguiente:

“En el caso que nos ocupa, lo primero que se observa con total claridad es que el puesto de “intendente municipal de distrito” no es uno de los cargos contemplados en el ordinal 14 de la Ley N°8422. Tenga presente la consultante que la ausencia de uno solo de esos requisitos es suficiente para que el funcionario quede excluido de la prohibición al ejercicio liberal de la profesión, lo cual implica que puede ejercer libremente su profesión, siempre que tal ejercicio no le coloque en un conflicto de intereses9 , o que exista superposición horaria”.

Además en el criterio DJ-1478 de 11 de noviembre de 2019, ampliaron sobre este mismo tema ante la consulta: Tomando en consideración lo indicado por la Contraloría General de la República en su oficio DJ-1060-2015, del 10 de junio de 2015, ¿Corresponde el pago de prohibición a los Intendentes y Vice intendentes de los Concejos Municipales de Distrito?.

Por medio de ese criterio se explicó lo siguiente:

Con relación a esta primera interrogante y tal y como se menciona en el memorial de consulta, esta Contraloría General emitió criterio en el oficio n° 8125 (CGR/DJ-1060-2015) del 10 de junio de 2015, mediante el cual se atendió una gestión consultiva del Concejo Municipal de Distrito de Colorado referida de manera puntual, a determinar si el cargo de Intendente Distrital se encuentra sujeto o no a la prohibición al ejercicio liberal de la profesión.

Cabe mencionar, que en atención a la consulta formulada este órgano contralor señaló que (…) el puesto de “intendente municipal de distrito” no es uno de los cargos contemplados en el ordinal 14 de la Ley N° 8422 (…), de manera que no se encuentra sujeto a la restricción que nos ocupa.

Lo anterior es consecuencia, según se indicó en el oficio recién indicado y ahora se reitera, de la naturaleza de la prohibición y la reserva de ley existente para definir los cargos que están sujetos a tal limitación .

En todo caso, interesa advertir que la equivalencia de funciones existente entre el Alcalde Municipal y el Intendente Distrital (incluida la relación entre dichos cargos de cara a 3 la fijación salarial del segundo en un monto que no podrá ser superior al contemplado para los primeros según el Código Municipal ) y, además, el hecho que el Alcalde se encuentre 4 sujeto a prohibición por mandato legal expreso del artículo 14 de la LCCEIFP, no permiten extender la cobertura de tal restricción al Intendente -y mucho menos- al Viceintendente Distrital.

De nuevo, se está ante un régimen legal y, en ese tanto, la sujeción del Intendente y el Viceintendente Distrital al régimen de prohibición requiere de una norma legal expresa que así lo establezca.

Así las cosas, en criterio de la Contraloría General los cargos de Intendente y Viceintendente Distrital no se encuentran sujetos a la prohibición al ejercicio liberal de la profesión, posición que data desde el año 2015 en lo que refiere al primero de dichos cargos.

Por su parte, en el oficio AI-111-2019 de fecha 16 de diciembre del 2019, enviado a la Procuraduría General de la República, se planteó la siguiente interrogante: “¿Tienen derecho al pago de prohibición al ejercicio liberal de la profesión, los intendentes y viceintendentes de los concejos municipales de distrito, creados con la ley 8173, y 9208?”, la Procuraduría General de la República, por medio del criterio C-319-2020 de fecha 13 de agosto del año 2020, arribó a las siguientes conclusiones:

1.- Al no encontrarse los Intendentes o Viceintendentes limitados expresamente por una norma de rango legal, no les resulta procedente el pago de la compensación por prohibición dispuesta en los artículos 14 y 15 de la Ley 8422, por cuanto de reconocerse así conllevaría a quebrantar el principio de legalidad, de aplicación exigida en la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Política.

2.- Lo señalado no supone que estén exentos del deber de probidad al que se refieren los artículos 3, 4 y 38 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Debido a lo anterior, en congruencia con el espíritu del legislador, el cual era que los intendentes municipales estuvieran sujetos al régimen jurídico general de los alcaldes, en cuanto a condiciones, deberes y atribuciones, y ante la solicitud expresa de la Federación de Concejos Municipales de Distrito, según la voluntad de las 8 intendencias municipales del país que la conforman, es que se propone la inclusión expresa de estos cargos en el régimen preventivo de la Ley 8422. Por lo cual se somete a consideración de los señores diputados y señoras diputadas la presente iniciativa de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 8422, LEY

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE

OCTUBRE DE 2004 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, del 6 de octubre de 2004 y sus reformas, para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 14- Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el regulador general de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes e intendentes municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así como los directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público.

(…).

Rige a partir de su publicación.

Carmen Irene Chan Mora                     Daniel Isaac Ulate Valenciano

Aracelly Salas Eduarte                          Luis Ramón Carranza Cascante

Víctor Manuel Morales Mora               Welmer Ramos González

Roberto Hernán Thompson Chacón     Pablo Heriberto Abarca Mora

Franggi Nicolás Solano                         José María Villalta Flórez-Estrada

Jonathan Prendas Rodríguez               Dragos Dolanescu Valenciano

Erwen Yanan Masís Castro                   Patricia Villegas Álvarez

Zoila Rosa Volio Pacheco                      Otto Roberto Vargas Víquez

Diputadas y diputados

NOTA:               Este expediente aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021569563 ).

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236  Y 240 DE LA LEY

DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES

Y SEGURIDAD VIAL, N.º 9078, DE 04 DE

OCTUBRE DE 2012

                                                                                Expediente Nº 22.588

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley, nace con la necesidad de dotar a las áreas de seguridad e investigaciones de instituciones del Estado, de herramientas de trabajo para el cumplimiento del control interno, combatir hechos de fraude, corrupción y otros delitos, en contra de la Hacienda Pública.  Por tal motivo, se requiere ampliar la excepción de la no rotulación en los vehículos utilizados por las demás instituciones del Estado que tienen bajo su responsabilidad dichas tareas.

Los casos de fraude, robos y hechos delictivos, realizados por la delincuencia común hasta por el crimen organizado, que son cometidos en contra de las instituciones del Estado y sus clientes, generan un gran impacto económico en sus patrimonios y servicio a los ciudadanos. Debido a lo anterior, se han creado áreas de seguridad que tienen la responsabilidad de investigar dichos hechos delictivos e irregularidades administrativas, todo en fortalecimiento de las medidas de control que establece la Ley General de Control Interno. Para cumplir con dichas responsabilidades que establece la ley, se deben efectuar una serie de diligencias administrativas, las que conllevan necesariamente hacer trabajos de campo y otras acciones investigativas para coadyuvar en las medidas de autoprotección de la propia institución, por ende, de la Hacienda Pública.

Antecedentes

Instituciones del Estado, como el Instituto Costarricense de Electricidad, quien brinda los servicios de electricidad y de telecomunicaciones a nivel nacional, así como Incofer, MOPT, Municipalidades, bancos, entre otras, son víctimas de una variedad de hechos delictivos.

Como ejemplo, en este momento el robo de la infraestructura es uno de los delitos de alto impacto que afecta:

-La operación de prestación de servicios básicos de telecomunicaciones y electricidad, por el robo de cableado eléctrico y telefónico, entre otros.

-El servicio masivo de transporte público por medio de trenes, por el robo de piezas de vía férrea.

-Las condiciones de seguridad vías terrestres, por el robo señales de tránsito, barreras de seguridad en puentes, tapas de alcantarillados, entre otros.

-La continuidad del servicio eléctrico en hogares, por el robo de medidores.

Las repercusiones de estos eventos delictivos están ocasionando un gran impacto a las instituciones, no solo económico, sino también un perjuicio en la vida a los ciudadanos, empresas y demás activadas empresariales y productivas del país.

También, con el avance tecnológico que experimenta nuestra sociedad, se desarrollan nuevas tendencias o modalidades de fraudes, las cuales atentan con la prestación de diversos servicios a los ciudadanos. Aquí debe mencionarse modalidades de delitos, por ejemplo, con tarjetas de crédito y hackeo de cuentas y robo de identidad, etc., en donde la tecnología está de manifiesto.

En el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, así como la Ley General de Telecomunicaciones, vienen a dar lineamientos que buscan la protección a los usuarios de los servicios ante hechos ilícitos, a lo cual las instituciones deben dirigir sus esfuerzos y recursos para asegurar los servicios que prestan a la sociedad.

En materia de seguridad, existe normativa que obliga a las instituciones, bajo sus respectivas competencias, a organizarse para desarrollar acciones que controlen, detecten, contengan e investiguen los diferentes tipos de fraudes a los que están expuestos; de ahí la importancia de facilitar como instrumento de trabajo, la dispensa de la rotulación de los vehículos destinados a la seguridad e investigación administrativa.

Por su parte, en cuanto a la prestación de servicios de telecomunicaciones, el artículo 53 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, establece:

Artículo 53.-Obligación de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones de verificar la autenticidad de los datos aportados por el cliente en la suscripción de servicios. Todos los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones se encuentran en la obligación de verificar la autenticidad de los datos y documentos de identificación aportados por sus clientes o usuarios al solicitar o suscribir servicios de telecomunicaciones.

Si se presenta algún hecho irregular o delito, las unidades de seguridad administrativas deberán realizar investigaciones con la finalidad de determinar él o los responsables de los hechos; dichos resultados debe hacerlos de conocimiento de la administración de justicia, lo cual se encuentra regulado en los artículos 55 y 70 del mismo texto reglamento, que dicen:

Artículo 55.-Tipificación de fraudes. Los fraudes corresponden a todas aquellas condiciones donde los usuarios, clientes, operadores, proveedores o terceros, hacen uso, adquieren, traspasan, venden, revenden, compran, cancelan, suspenden o a través de alguna otra práctica, participan de alguna forma o emplean servicios e infraestructura de telecomunicaciones para perjudicar, engañar, eludir, usurpar, menoscabar derechos del Estado, de los operadores y proveedores, de los clientes o usuarios o terceros.

De acuerdo a la condición de la persona que comete el fraude, éste se clasifica en:

a) Fraude Interno

b) Fraude Externo

c) Fraude de suscriptor

Artículo 70.-Implementación de métodos de seguridad en fraude. Es obligación de los operadores y proveedores de servicios, aplicar las mejores prácticas internacionales en que permitan asegurar la protección del usuario ante condiciones fraudulentas, por lo que deberán implementar sistemas de prevención y detección de fraude FMS (Fraud Management System).

Las instituciones del Estado han creado áreas para salvaguardar su patrimonio, para implementar acciones que permitan el cumplimiento de leyes como: Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras.  Estas áreas están integradas por personal que debe realizar diligencias investigativas, con el fin de obtener elementos que permitan la identificación de los posibles responsables de los hechos, los cuales son efectuados por personas tanto externas como internas.

Es ahí en donde en cumplimento de sus labores y por mandato de ley, estos funcionarios públicos deben realizar visitas, entrevistas, giras, inspecciones en zonas urbanas de alto riesgo, entre otras diligencias investigativas.  En muchas de estas gestiones se debe guardar la discrecionalidad de su rol y a quien representan, para no poner en riesgo su integridad al ventilarse que pertenecen a una institución pública, o para no obstruir la obtención de información para sustentar la investigación, ya que los vehículos que son utilizados se encuentran hoy con rotulación institucional.

Limitaciones actuales.

Con la vigente “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, Nº 9078, se determinan las condiciones en que se asignarán vehículos a la Administración Pública, las restricciones que estos tienen para procurar su racionalización y ciertas excepciones, como lo es la no rotulación en los vehículos categorizados como discrecionales, semidiscrecionales y vehículos de policía.

Asimismo, se establece la excepción para el no uso de rotulación de vehículos del Estado destinados para la investigación y seguridad, donde no se incluyen las labores de seguridad de otros entes del Estado, que también realizan exactamente actividades de seguridad e investigación para la protección de su patrimonio y en contra del fraude y hechos de corrupción. En ese sentido, el artículo 240 dispone:

ARTÍCULO 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación.

Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta categoría los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para las investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la corrupción.

Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la institución respectiva.

La no inclusión de otras instituciones que tienen áreas dedicadas a labores de protección y salvaguarda del patrimonio del Estado, mediante acciones de seguridad e investigación, afecta la eficacia, eficiencia y oportunidad en los trabajos de seguridad e investigación, que permitan obtener la verdad real de los hechos mediante las labores de campo.   Bajo estas circunstancias, los objetivos del control interno, promulgados en su misma Ley N°8292, se ven comprometidos, donde señala:

Artículo 8º- Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:

a)  Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

b)  Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.

c)  Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.

d)  Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

Es importante indicar que, en una gran mayoría, los resultados de las investigaciones administrativas dan inicios a los procedimientos de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios, como también son información imprescindible para la interposición de denuncias penales ante el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Resulta entendible el fin que tuvo el legislador, al limitar las excepciones de no rotulación en los vehículos de la Administración Pública, considerando propiamente que la naturaleza de esa excepción se justifica propiamente por las funciones y actividades que realizan las distintas entidades y que se debe restringir, la presente propuesta de modificación no altera este fin restrictivo.

Sin embargo, la criminalidad a la que se encuentra expuesta nuestra sociedad no hace distinciones de ataque a ninguna institución pública, las cuales en reiteradas ocasiones han sido víctimas de distintas figuras delictivas provenientes de agentes tanto internos como externos, en menoscabo del erario público.

Todo este trabajo de investigación se ve limitado mediante el carácter restrictivo con que la Ley 9078 limita la excepción de no rotulación solo a ciertas entidades, dejando de lado las demás entidades de la Administración Pública que cuentan con áreas destacadas a estas labores de investigación y seguridad administrativa, las cuales en virtud de la Ley General de Control Interno contribuyen a la seguridad de los fondos públicos, delitos y actos de corrupción.

En ese mismo orden de ideas y conforme al artículo 8 de la Ley General de Control Interno, supra citado, las entidades públicas o empresas estatales deben establecer mecanismos de control y seguimiento con el fin de velar por la utilización adecuada de los recursos institucionales, y están sujetas a rendición de cuentas sobre ese tema.

Dado los mandatos de ley para cumplir con la protección de la Hacienda Pública, la calidad y continuidad de los servicios públicos y la misma seguridad de la ciudadanía, deviene la necesidad de contar con los medios necesarios para apoyar y cumplir con lo requerido por ley.  En virtud de lo anterior, es necesario ampliar el alcance de los artículos 236 y 240 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, permitiendo a las entidades de la Administración Pública y empresas estatales, que realizan funciones de seguridad e investigaciones administrativas, contar con vehículos no rotulados para la ejecución de sus funciones.

En virtud de lo expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el presente proyecto de ley: REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY

 DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES

Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078, DE 04 DE

OCTUBRE DE 2012

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078, de 04 de octubre de 2012, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 236- Vehículos oficiales del Estado.

Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley.

Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen. Asimismo, deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso discrecional, semidiscrecional, los vehículos policiales y los destinados a la seguridad e investigaciones de las instituciones y empresas del Estado.

ARTÍCULO 2- Refórmese el artículo 240 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078, de 04 de octubre de 2012, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación.

Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta categoría los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, y los utilizados por las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas estatales, para la seguridad e investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la corrupción.

Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la institución o entidad respectiva.

Rige a partir de su publicación.

         Jorge Luis Fonseca Fonseca          Zoila Rosa Volio Pacheco

Carolina Hidalgo Herrera

Diputado y diputadas

NOTA. Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021569541 ).

ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO

VIII A LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES,

LEY N.º 8642, DE 04 DE JUNIO DE 2008, Y

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS AL

CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573,

DE 04 DE MAYO DE 1970

Expediente Nº 22.590

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Resulta evidente que los avances tecnológicos que a nivel mundial se han venido produciendo en las últimas dos décadas, especialmente en materia de telecomunicaciones, han multiplicado las posibilidades de comunicación no solo entre las personas, que ahora tenemos la posibilidad incluso de realizar videollamadas a cualquier parte del mundo desde un teléfono celular, realizar conversaciones en línea, enviar mensajería instantánea, realizar transacciones bancarias y a través de cajeros automáticos, enviar nuestra ubicación exacta a otras personas a través del sistema de posicionamiento global -GPS-, así como transmitir contenido y comunicación multimedia, sino también entre distintos sistemas que utilizan Internet, como conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos de TCP/IP, generando saltos cualitativos y cuantitativos sorprendentes, lo que sin duda ha venido a mejorar en muchos aspectos las relaciones y actividades de la humanidad.

Sin embargo, de forma paralela a los grandes avances en el tema de las comunicaciones a través de señales radioeléctricas, también la tecnología ha permitido -para un uso lícito- el desarrollo de sistemas y equipos -incluso portátiles- que a través de la propagación de ondas radioeléctricas interrumpen la comunicación entre la estación base de una red de comunicaciones y el dispositivo móvil del usuario, provocando que la relación entre señal útil o real y la señal interferente medida en el dispositivo o en la estación base sea lo suficientemente baja, para que ningún mecanismo digital de recuperación de señal logre diferenciarlas, impidiendo así que se mantenga una comunicación estable.

En otras palabras, el bloqueo de las comunicaciones ya sean autorizadas o que se deseen restringir por ley, como es el caso del bloqueo de señales celulares a lo interno de centros de reclusión, dispuesto así por ley en virtud de un tema de seguridad ciudadana, estará dado por el nivel de potencia de las señales generadas por la estación base o el dispositivo móvil y el nivel de potencia de la señal interferente.

Estos sistemas y equipos inhibidores de señales, que como se dijo, son dispositivos de radiofrecuencia que intencionalmente transmiten señales con el objeto de impactar, inhabilitar, bloquear, inhibir y provocar interferencias en señales radioeléctricas y redes móviles celulares, también son utilizadas para fines ilícitos, afectando sin lugar a dudas las comunicaciones, la transmisión de datos y contenidos, las llamadas de celulares, mensajes de texto, señales de posicionamiento GPS, servicios de datos y redes de Wi-Fi entre otras afectaciones y, con ello, causan enormes perjuicios económicos, si del tema de transacciones bancarias, protección del transporte de mercancías en contenedores marítimos, robo de vehículos, robos en viviendas, afectación en cajeros automáticos y otros tipos de delitos habláramos.

Existen diversos casos en los que el uso intencional de inhibidores de señal o como comúnmente se conocen “bloqueadores de señales” han sido el instrumento idóneo para la comisión de diversos delitos; tal es el caso del robo de contenedores marítimos que transportan una gran variedad de cargas, como café y refrigerados (carnes de exportación), electrodomésticos, ropa y calzado, partes y repuestos automotrices entre otros bienes de gran valor.

Muestra de lo anterior se ve reflejada en la noticia de Radio Monumental de fecha 28 de febrero de 2020, elaborada por el periodista de ese medio Fernando Muñoz, quien dio cuenta de la operación realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial, al realizar 28 allanamientos en las provincias de Alajuela, Heredia, San José y Limón para desarticular una banda dedicada al robo de contenedores. Se menciona en la nota que el sector exportador acumula pérdidas millonarias por asaltos a camiones y el robo de las mercaderías que transportan y que la Policía Judicial acumuló cerca de 95 denuncias por este tipo de modalidad delictiva en los últimos dos años.

Por su parte, Francisco Quirós, entonces director de la Cámara de Transportistas, indicó en la misma información, que: “solo en equipo robado, las perdidas suman alrededor de Cinco Millones de Dólares tras los últimos 500 asaltos que sufrió el sector”.

De la misma forma, Telenoticias de Canal 7, en su edición de fecha 11 de octubre de 2019, menciona en uno de sus titulares: “Bandas que se dedican al robo de contenedores provocan pérdidas por más de 25.000 millones anuales”.

Para prevenir este tipo de hechos delictivos, muchos empresarios optaron por instalar dispositivos de rastreo satelital -mediante el sistema GPS- en los vehículos de transporte, cuyas rutas y posición eran constantemente monitoreadas desde un centro especializado; no obstante, la delincuencia organizada comenzó a utilizar inhibidores de señales y literalmente los contenedores “desaparecieron” del control, para luego ser interceptados por delincuentes, logrando materializar enormes pérdidas económicas.

Para el día 19 de mayo de 2020, el medio CRHOY.COM Noticias 24/7 destacó el siguiente titular: “Bloqueadores de GPS, dinero y armas, lo decomisado a banda desarticulada en Limón” y en la nota señalan: “La banda dedicada al robo de contenedores en Limón, tenía toda una estructura organizada para hacerlo, que permitía incluso el bloqueo de señales GPS. La Fiscalía Adjunta de Limón informó este martes que entre lo decomisado esta madrugada se encuentran este tipo de bloqueadores de señal, celulares, armas de fuego, marchamos para contenedores, placas de camiones, entre otros elementos…” (Para ver la nota completa siga el siguiente enlace):

https://www.crhoy.com/nacionales/bloqueadores-de-gps-dinero-y-armas-lo-decomisado-a-banda-desarticulada-en-limon/

En esa misma línea informativa, el 20 de diciembre de 2020, el Periodista de La Nación, Hugo Solano C., brindó en la edición una noticia, refiriéndose al robo de valores en un vehículo, bajo el siguiente titular: “Mecanismo para bloquear cierre automático en vehículos facilita a bandas el hurto de bienes”.

“Sin forzar llavines ni quebrar ventanas se llevan las pertenencias en cuestión de minutos”.

Y más adelante en la nota refiere que: “Se trata de un artefacto electrónico similar a un pequeño Walkie Talkie que tiene un alcance de aproximadamente 50 metros, de modo que los delincuentes se estacionan en otro carro cercano o incluso uno de ellos camina por la zona con el inhibidor de señal y cuando ven acercarse un carro lo activan.

Sin necesidad de observar directamente al conductor que llega, mantienen activo el inhibidor por un lapso, de modo que se genera un “ruido” de frecuencias que bloquea el cierre central de los carros que estén cerca”.

Según finaliza la nota, se indica que: “durante la investigación se logró determinar que los sospechosos viajaban en un automóvil y utilizaban un dispositivo para interrumpir la orden electrónica que va del control remoto al cierre central de las puertas y así ingresar sin tener que manipular el llavín”; información que puede apreciarse en el siguiente enlace:

https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/mecanismo-para-bloquear-cierre-automatico-en/TK7NURTMB5C2DBZBGVBTJSDYME/story/

Sin embargo, hay que advertir que este tipo de dispositivos inhibidores de señales también son utilizados por los delincuentes para interferir en la operación normal de portones de cocheras.

Sobre ese mismo tema, en fecha 10 de noviembre de 2020, la periodista Gloriana Casasola Calderón de Telenoticias, bajo el titular: “Delincuentes utilizan inhibidores de alarmas para robar vehículos”, señala que, de acuerdo con datos del Poder Judicial, en lo que va del año, refiriéndose al 2020, se registran 2.616 casos de tacha de vehículos y 2.580 robos. Continúa indicando en el reportaje que: “la tecnología avanza y los delincuentes no se quedan atrás. Cada día que pasa el hampa utiliza nuevos métodos para seguir cometiendo delitos. En los últimos días se han registrado varias tachas de vehículos por medio de los inhibidores de señales y alarmas. Por medio de estos dispositivos, los ladrones bloquean el cierre de los autos para luego robar sin generar sospecha. Este tipo de dispositivos actúan a varios metros de distancia…” Ver nota en el siguiente enlace:

https://www.teletica.com/sucesos/delincuentes-utilizan-inhibidores-de-alarmas-para-robar-vehiculos_272481

Finalmente, una nota del medio La Nación, de fecha 15 de julio de 2020, redactada por los periodistas Carlos Arguedas C., y Reiner Montero, señala en su titular: “Hampa se apoderó de cerca de Quinientos millones de colones en robos a cajeros automáticos en últimos 18 meses” y en el subtítulo indican: “Delincuentes utilizan diversas técnicas para evitar acción policial; atraviesan vehículos y árboles en las vías, cortan el suministro eléctrico para desconectar alarmas y usan bloqueadores de señales celulares..” (La negrita no es del original.) Ver nota en el siguiente enlace:

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/hampa-se-apodero-de-cerca-de-500-millones-en/TNJ7XS64JZEIBGGHEDEIYKGEPI/story/

Queda claro que los avances tecnológicos también han sido aprovechados por la delincuencia organizada para materializar sus delitos, generando una importante afectación económica tanto al sector público como al privado y a la ciudadanía en general, que tiene -entre otros- el derecho constitucional a comunicarse por el medio que considere pertinente y a utilizar los dispositivos inalámbricos necesarios para la protección de sus bienes, o bien, para la realización de las actividades financieras y comerciales que desee.

Al respecto, el derecho constitucional a la libertad de comunicación, por cualquier medio tecnológico disponible, ha sido analizado por la Sala Constitucional, que ha señalado bajo el Expediente Nº 11-001590-0007-CO Res. Nº 2011004142, el derecho de acceso a Internet, considerando sobre el derecho fundamental al acceso a nuevas tecnologías. En cuanto a este punto, en sentencia número 2010-012790 de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del treinta de julio del dos mil diez, la Sala estableció lo siguiente:

V.-DERECHOS FUNDAMENTALES CONCULCADOS. En cuanto a este último punto, debe decirse que el avance en los últimos veinte años en materia de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) ha revolucionado el entorno social del ser humano. Sin temor a equívocos, puede afirmarse que estas tecnologías han impactado el modo en que el ser humano se comunica, facilitando la conexión entre personas e instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio y tiempo. En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el derecho de acceso a la Internet o red de redes. En tal sentido, el Consejo Constitucional de la República Francesa, en la sentencia No. 2009-580 DC de 10 de junio de 2009, reputó como un derecho básico el acceso a Internet, al desprenderlo, directamente, del artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Lo anterior, al sostener lo siguiente:

Considerando que de conformidad con el artículo 11 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre: cualquier ciudadano podrá, por consiguiente, hablar, escribir, imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley»; que en el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de 68 comunicación pública en línea así como a la importancia que tienen estos servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho implica la libertad de acceder a estos servicios; (…)” (el resaltado no pertenece al original). En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías. Partiendo de lo expuesto, concluye este Tribunal Constitucional que el retardo verificado en la apertura del mercado de las telecomunicaciones ha quebrantado no solo el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, sino que, además, ha incidido en el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales como la libertad de elección de los consumidores consagrada en el artículo 46, párrafo in fine, constitucional, el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el derecho a la igualdad y la erradicación de la brecha digital (info-exclusión) -artículo 33 constitucional-, el derecho de acceder a la internet por la interfase que elija el consumidor o usuario y la libertad empresarial y de comercio.

En la misma tesitura, existe una permanente necesidad social que debemos atender, que es la tutela de los derechos de las personas a la paz y a la seguridad, mediante una legislación fuerte, que reprima razonablemente este tipo de conductas antisociales y antijurídicas, lesivas para la población y el interés común.

Es de todos conocido que el diseño de la política criminal es una competencia exclusiva del legislador, que la propia Constitución Política en el artículo 121, inciso 1, le asigna de dictar leyes; es decir, la facultad de determinar qué conductas se penalizan y con qué quantum de pena, cuando señala que la creación de los delitos y las penas está reservado a la ley.

Lo que se pretende es introducir varias normas especiales para sancionar penalmente a quien fabrique en territorio nacional, importe, nacionalice, distribuya, venda, comercialice, transporte y utilice ilegalmente dispositivos de radiofrecuencias que interfieran, inhiban, bloqueen o distorsionen de manera intencional o maliciosa, entre otros, servicios de comunicaciones autorizados, algo que ya está prohibido en varios países y es considerado un uso clandestino o ilegal del espectro y que como consecuencia de esta conducta produzcan pérdidas de bienes, daños a la propiedad y perjuicios económicos a las personas físicas y jurídicas. No obstante, existen algunas excepciones sustentadas en razones de seguridad pública o interés general, que contempla autorizar el uso de este tipo de equipos, en recintos confinados como centros penitenciarios.

Lo anterior, por cuanto el uso intencional o malicioso de dispositivos de radiofrecuencias que inhiben o bloquean señales de radio y/o celulares, es una conducta que no se encuentra tipificada en el Código Penal, por lo que es necesario, para la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos, la implementación de las normas como condiciones especiales, de cara a la problemática que está presentando y que va en crecimiento en el país.

De manera que resulta oportuno y necesario regular conductas que no están tipificadas y que son parte de un fenómeno delictivo de alto impacto, además de la imposición razonable de penas. Estas sanciones coadyuvarían a la protección estatal de los bienes jurídicos de las personas, empresas e instituciones públicas, los cuales se están viendo afectados por las conductas que se pretenden regular y que le hacen tanto daño a la economía del país.

Por lo anterior, con la reforma al Código Penal se pretende incluir un tipo penal para sancionar proporcional y razonablemente a quien utilice de forma intencional y maliciosa, para los fines de apropiación ilícita de bienes ajenos, dispositivos de radiofrecuencias inhibidores de señales.

Es por este motivo primordial que surge la necesidad de crear un apartado normativo a efectos de tipificar conductas que están vinculadas con los tipos penales de robo y hurto, como la fabricación en nuestro país, la importación, la tenencia, el transporte, distribución, compra y venta, comercialización y uso de dispositivos de radiofrecuencia inhibidores de señales.

En síntesis, de lo expuesto con la propuesta de reforma parcial se pretende alcanzar lo siguiente:

-    Generar un tipo penal para sancionar razonablemente el uso de dispositivos de radiofrecuencia que inhiben y/o bloquean ondas de radio y señales celulares impidiendo la comunicación entre personas y entre dispositivos electrónicos para los fines de apropiarse de bienes y valores ajenos.

-    Tipificar la fabricación en Costa Rica, la importación, la distribución, el transporte, la compra y venta, tenencia y uso intencional y malicioso de dispositivos de radiofrecuencia inhibidores de señales.

-    Disuadir el uso intencionado y malicioso de este tipo de dispositivos, para los fines de robo o hurto de bienes o bien para la afectación de otros intereses jurídicos.

En virtud de lo expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el presente proyecto de ley: ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO VIII A LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY Nº 8642, DE 04 DE JUNIO DE 2008, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS AL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO

VIII A LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES,

LEY N.º 8642, DE 04 DE JUNIO DE 2008, Y

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS AL

CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573,

DE 04 DE MAYO DE 1970

ARTÍCULO 1-    Adiciónese el inciso 31) al artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8642, del04 de junio de 2008, que se leerá de la siguiente manera:

[…]

31)                     Bloqueadores de frecuencias y Señales GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y datos. Dispositivo cuyo objetivo es interferir, inhabilitar, bloquear, desviar o generar disrupción en las señales radioeléctricas o celulares de los sistemas de comunicación.

ARTÍCULO 2-    Adiciónese un artículo 259 bis) al Código Penal, Ley Nº 4573, de 04 de mayo de 1970, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 259 bis-        Será reprimido con prisión de uno a seis años, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, utilice u opere equipos o dispositivos que permitan interferir; inhabilitar; bloquear; desviar o generar disrupción en las señales de telefonía celular; de radiocomunicación o de transmisión de datos o imágenes.

Se exceptúan de la aplicación de esta ley, cuando se trate de lo previsto en la Ley Nº 9597 y su Reglamento y la Ley Nº 8642.

Si el delito fuera cometido por servidores públicos, la pena se agravará en un tercio.

ARTÍCULO 3-    Adiciónese un transitorio VIII a la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, de 04 de junio de 2008, que se leerá de la siguiente manera:

TRANSITORIO VIII-

En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, las personas que posean aparatos o equipos que sirvan para bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos o imagen, deberán entregarlos al Ministerio de Seguridad Pública para proceder con la destrucción.

Rige a partir de su publicación.

        Jorge Luis Fonseca Fonseca              Zoila Rosa Volio Pacheco

Carolina Hidalgo Herrera

Diputado y diputadas

NOTA:       Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021569558 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 088-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 01 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 036-2015 de fecha 22 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 57 del 23 de marzo de 2015; modificado por el Informe N° 312015 de fecha 04 de marzo de 2015, emitido por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER); por el Informe N° 66-2015 de fecha 22 de mayo de 2015, emitido por PROCOMER; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 17-2016 de fecha 11 de enero de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 51 del 14 de marzo de 2016; a la empresa Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-684697, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados, en lo conducente, por los artículos 20 y 21 ter de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, bajo la categoría de empresa procesadora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 17 de dicha Ley.

2º—Que Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-684697, se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), fuera de parque industrial de zona franca, específicamente del cruce a Uvita 250 metros al oeste, propiedad a mano derecha con una bodega con malla, instalaciones conocidas como la “Antigua Bodega Constenla”, distrito Ceiba, cantón Orotina, provincia Alajuela, por lo que cumple con lo dispuesto en el artículo 21 bis inciso a) de la Ley de Régimen de Zonas Francas.

3º—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre de 2010 y para los efectos del inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, calificó como sector estratégico los proyectos en que la empresa acogida al Régimen, se ubica en la industria de “Piezas y componentes maquinados de alta precisión”.

4º—Que el señor Marco Vinicio Castro Espinoza, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, portador de la cédula de identidad N° 1-0880-0677, vecino de San José, en su condición generalísimo sin límite de suma con facultades suficientes para estos efectos de Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-684697, presentó ante Procomer, solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 y su Reglamento.

5º—Que en la solicitud mencionada Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-684697, se comprometió a mantener una inversión de al menos US$2.107.800,63 (dos millones ciento siete mil ochocientos dólares con sesenta y tres centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo.  Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US$ 500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

6º—Que la instancia interna de la Administración de Procomer, con arreglo al Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-684697, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de Procomer N° 41-2021, acordó someter a consideración del Ministerio de Comercio Exterior la solicitud de ingreso al Régimen de Zonas Francas presentada, a fin de que dicho órgano ejerza la facultad establecida en el artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, determine si en la especie resulta aplicable la excepción que contempla dicho artículo, y analice si se trata de un proyecto nuevo y de una inversión adicional cuya magnitud y beneficios, justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley N° 7210 y su Reglamento.

7º—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera que en la especie resulta aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de un proyecto nuevo y de una inversión adicional cuya magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley número 7210 y su Reglamento.

8º—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Indian Global Manufacturing Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica N° 3-102-684697 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria como empresa procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural”, con el siguiente detalle: manufactura de piezas y componentes metálicos de alta precisión con o sin piezas o componentes de hule adherido; CAECR“2220 Fabricación de productos de plástico”, con el siguiente detalle: manufactura de piezas, partes y componentes de alta precisión de plástico; y manufactura de partes plásticas por moldeo de inyección; CAECR “2013 Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias”, con el siguiente detalle: manufactura de piezas y componentes de alta precisión de poliuretano; CAECR “2219 Fabricación de otros productos de caucho”, con el siguiente detalle: manufactura de piezas y componentes de alta precisión de hule/caucho; y CAECR “3830 Recuperación de materiales”, con el siguiente detalle: manufactura de viruta y recortes de metales resultantes del proceso productivo. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Piezas y componentes maquinados de alta precisión”. Lo anterior se visualiza también en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de la clasificación CAECR	Detalle de los productos
Procesadora f)	2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	Manufactura de piezas y componentes metálicos de alta precisión con o sin piezas o componentes de hule adherido
	2220	Fabricación de productos de plástico	Manufactura de piezas, partes y componentes de alta precisión de plástico
			Manufactura de partes plásticas por moldeo de inyección
	2013	Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias	Manufactura de piezas y componentes de alta precisión de poliuretano
	2219	Fabricación de otros productos de caucho	Manufactura de piezas y componentes de alta precisión de hule/caucho
	3830	Recuperación de materiales	Manufactura de viruta y recortes de metales resultantes del proceso productivo

 

3º—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente del cruce a Uvita 250 metros al oeste, propiedad a mano derecha con una bodega con malla, instalaciones conocidas como la “Antigua Bodega Constenla”, distrito Ceiba, cantón Orotina, provincia Alajuela, por lo que se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso d) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada fuera de la Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA), pagará un cero por ciento (0%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros seis años, un cinco por ciento (5%) durante los segundos seis años, y un quince por ciento (15%) durante los seis años siguientes.  El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria al amparo de la categoría f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del presente Acuerdo; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 y sus reformas. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete coma cinco por ciento (7,5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 24 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US$2.107.800,63 (dos millones ciento siete mil ochocientos dólares con sesenta y tres centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos de al menos US$500.000,00 (quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar 22 de marzo de 2024. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US$2.607.800,63 (dos millones seiscientos siete mil ochocientos dólares con sesenta y tres centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).  Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

Procomer vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.  Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta.  Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—La beneficiaria se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

18.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo N° 036-2015 de fecha 22 de enero de 2015 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—( IN2021569829 ).