PODER LEGISLATIVO

En La Gaceta Nº 159 Alcance N° 148, de 29 de agosto de 2024, se publicó el Proyecto de Ley Nº 24.500 “Reforma al artículo 18 del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943. Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”, en la misma, se consignó erróneamente el número de expediente, como “Expediente N° 23.500”, siendo lo correcto “Expediente N° 24.500”. Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto se hace la aclaración correspondiente y todo lo demás permanece igual. Es todo.

Karla Granados Brenes, Gerenta, Asamblea Legislativa.— 1 vez.—O.C. N° 24112.—Solicitud N° 535296.—( IN2024892300 ).

PROYECTOS

Texto Sustitutivo

Aprobado 26 de agosto 2024

EXPEDIENTE 22837

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA A LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES,

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO

NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS,

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

ARTÍCULO 1º—Adiciónese un artículo 15 quáter a la Ley 7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del 30 de abril de 1998 y sus reformas, que dirá lo siguiente:

“Artículo 15 quáter. - Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, deberán cumplir con las siguientes obligaciones de prevención de legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de las que establezca el CONASSIF mediante sus instrumentos normativos de acuerdo con la realidad de cada sector y conforme al alcance que sea compatible con su respectiva naturaleza:

a)  Identificación de clientes, beneficiarios finales y debida diligencia del cliente utilizando datos o información confiable de fuentes independientes cuando establezcan relaciones comerciales o brinden servicios con éste.

b)  Mantenimiento y disponibilidad de información sobre de los registros de transacciones con el cliente. Estos registros tienen que ser suficientes para permitir la reconstrucción de transacciones.

c)  Disposiciones y controles sobre las personas expuestas políticamente definidas en los términos de la presente Ley.

d)  Controles y atención de riesgos que pudieran surgir con respecto a nuevos productos o servicios y nuevas prácticas comerciales así como del uso de nuevas tecnologías en productos o servicios nuevos o los existentes.

e)  Controles sobre las transferencias de Activos Virtuales.

f)  Controles que defina el CONASSIF sobre la delegación en terceros de la debida diligencia del cliente y el beneficiario final. 

g)  Controles cuando existan sucursales y filiales extranjeras que incluya procedimientos para intercambiar información.

h)  Controles intensificados cuando existan relaciones comerciales y transacciones con personas físicas o jurídicas e instituciones financieras con países catalogados de riesgo por organismos internacionales.

i)   Disponer de los mecanismos pertinentes de reporte de operaciones sospechosas sin demora, en forma confidencial a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, incluyendo los intentos de realizarlas.

j)     Implementar y asegurar procedimientos de confidencialidad cuando se está entregando a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD un reporte de operación sospechosa o información relacionada.

A los efectos de la presente Ley se define Activo Virtual y Proveedor de servicios de activos virtuales de la siguiente manera:

a)  Activo Virtual: “Un activo virtual es una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. sin que esto signifique que sean reconocidos como moneda de curso legal en el país o divisa.

b)  Proveedor de servicios de activos virtuales: Cualquier persona física o jurídica que como negocio realiza cualquiera de las siguientes actividades u operaciones para sí mismos o en nombre de un tercero sea persona física o jurídica:

a) intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal o entre una o más formas de activos virtuales, b) Transferencias de activos virtuales, c) custodia, depósito, administración o control por cualquier medio, de activos virtuales, d) participación y provisión de servicios financieros relacionados con la emisión, comercialización, la oferta o venta de activos virtuales, a nombre propio o de clientes.

Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales deben identificar, evaluar y comprender de los riesgos de legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para esto deben documentar las evaluaciones de riesgo y mantener la debida actualización de las mismas, considerar todos los factores de riesgo pertinentes y las acciones de mitigación, así como contar con mecanismos apropiados para suministrar la información de la evaluación de riesgos a las autoridades competentes y órganos de supervisión.

Para el cumplimiento de sus funciones, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, la cual ejercerá la supervisión en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos incluyendo los alcances de las obligaciones y sanciones establecidas en la presente Ley. La inscripción ante la Superintendencia no representa una autorización de operación; además los sujetos obligados deben mantener actualizada la información de inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras. Dicha Superintendencia mantendrá un registro centralizado y único de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales cuyas listas podrá publicar por los medios que considere pertinentes.

Con respecto a las medidas preventivas, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales deberán aplicar las medidas de Debida Diligencia cuando las transacciones igualen o superen el monto que determine como umbral reglamentariamente el CONASSIF, con fundamento en los estándares internacionales aplicables. Para las transferencias de activos virtuales (entrantes y salientes), se aplican las mismas obligaciones establecidas reglamentariamente por el CONASSIF para las transferencias desde el exterior o hacia él y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, deben obtener y mantener la información relacionada al origen y destino de estas, la cual debe estar a disposición de las autoridades competentes, así como la adopción de medidas de congelamiento inmediato y la prohibición de transacciones con personas físicas y jurídicas designadas por organismos internacionales con el fin de proporcionar rápida, constructiva y eficazmente la mayor gama posible de cooperación inmediata con las autoridades competentes nacionales y el cumplimiento de las medidas de cooperación internacional.

Cuando la actividad desarrollada con activos virtuales corresponda con materias reguladas o supervisadas por alguna de las superintendencias del sistema financiero, el sujeto obligado deberá someterse a la regulación y supervisión de la respectiva superintendencia.

Cuando quienes realicen las actividades designadas en el artículo 15 inciso d) y 15 bis inciso f) administren fideicomisos que incluyan activos virtuales, estarán sujetos a la regulación y supervisión establecida en este artículo conforme se desarrolle reglamentariamente por el CONASSIF.

La Superintendencia General de Entidades Financieras establecerá las medidas reglamentarias para comprobar los antecedentes de los participantes, asociados y beneficiarios finales del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales con relación a las infracciones establecidas en la Ley 7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del 30 de abril de 1998 y sus reformas y velará porque no operen, en el territorio costarricense, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación que, de manera habitual y por cualquier título, realicen sin estar inscritas, actividades como las indicadas en este artículo y tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección y sanción que le corresponden según esta ley, en cuanto a materia de prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, deberá interponer la denuncia ante las instancias judiciales correspondientes. Las demás Superintendencias del sistema financiero, cuando al realizar sus funciones de supervisión tengan noticia de aspectos que pudieren resultar contrarios a lo establecido en este artículo, comunicaran a la SUGEF lo correspondiente.

La Superintendencia General de Entidades Financieras considerará las condiciones y las características del sujeto obligado con un enfoque basado en riesgos, de acuerdo con su tamaño, estructura, cantidad de operaciones, número de empleados, volumen de producción y factores de exposición al riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para exigir que dentro de la estructura organizativa se incorpore un oficial de cumplimiento o, en su defecto, se autorice una estructura diferenciada.

Las entidades descritas en el artículo 14, así como los sujetos inscritos en los artículos 15, 15 bis y 15 ter de esta ley, no podrán mantener relaciones comerciales cuando quienes desarrollen las actividades de este artículo no se encuentren debidamente inscritos ante la Superintendencia General de Entidades Financieras; considerando el riesgo que les pueda generar por la inobservancia a las disposiciones establecidas.

Respecto de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales o de las entidades supervisadas que realizan actividades con activos virtuales, los órganos de supervisión financiera establecidos en el artículo 14 de esta Ley, cuando corresponda, podrán solicitar e intercambiar información con otros supervisores, nacionales o extranjeros, y también, podrá suscribir acuerdos o convenios de coordinación e intercambio de información para la realización de supervisión en el territorio nacional o en el extranjero.  La información que obtenga de esos intercambios y convenios será de carácter confidencial y le serán aplicables las disposiciones sobre confidencialidad y sanciones establecidas en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley 7558).

Los sujetos obligados, establecidos en los incisos anteriores, deberán acatar de forma obligatoria toda disposición vinculante o requerimiento de información para las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) emita o desarrolla con respecto a la prevención y la lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; incluyendo las disposiciones sobre el reporte de operaciones sospechosas.

El CONASSIF establecerá mediante reglamento, las condiciones de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos del a) al i) del artículo 15 de la presente Ley, así como el alcance de las actividades establecidas en este artículo, acudiendo a criterios prudentes y razonables, así como a la práctica generalmente aceptada internacionalmente y que mejor se adapte a la realidad de nuestra jurisdicción. Así como también podrán disponerse limitaciones o prohibiciones a los sujetos obligados de esta ley, respecto de la realización de operaciones en que intervengan Proveedores de Servicios de Activos Virtuales que no estén sujetos a regulación en alguna jurisdicción en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Los sujetos obligados en el presente artículo contribuirán de acuerdo con su estructura, la cantidad y el monto de sus transacciones al financiamiento de los gastos efectivos en que incurra la Superintendencia en la labor supervisora, de conformidad con los parámetros dispuestos por los artículos 174 y 175 de la Ley N.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997, y sus reformas.

El Banco Central de Costa Rica, para el ejercicio de sus funciones legales, podrá requerir a los organismos de supervisión financiera, sin necesidad de que medie un acuerdo expreso de su Junta Directiva para tal fin, la entrega de información que recolecten con motivo de las funciones establecidas en este artículo. La información que el Banco Central de Costa Rica obtenga de esos requerimientos será de carácter confidencial y le serán aplicables a la entidad y sus funcionarios, las disposiciones sobre confidencialidad y sanciones establecidas en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley 7558)

ARTÍCULO 2º—.ADICIONES. Adiciónese la frase “15 quáter” como referencia a los sujetos obligados, en los artículos 16 inciso f), 16 bis inciso b) y en su último párrafo; 33 último párrafo, 33 bis, 25 párrafo primero, 86 párrafo primero, 123 párrafos primero y segundo todos de la Ley 7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del 30 de abril de 1998 y sus reformas.

Artículo 16 inciso f):

[…]

f) Acciones al portador: los sujetos regulados por los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de esta Ley, no podrán abrir cuentas ni mantener como clientes a sociedades con acciones al portador.

[…]

Artículo 16 bis inciso a:

[…]

a) Los sujetos obligados por el artículo 14 tendrán acceso a la información de sus clientes, en tanto se mantenga la relación comercial y serán responsables por el uso que hagan de ella.  El CONASSIF definirá reglamentariamente el tipo y el nivel de acceso a la información, de acuerdo con la naturaleza de éstos bajo un enfoque de riesgos de legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En el caso de las entidades sujetas a obligaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras se exceptúan del acceso de la información de la base de datos a las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la presente ley.

[…]

Último párrafo del artículo 16 bis:

[…]

Para el caso de las entidades sujetas a obligaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras, se exceptúan de este cobro a las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la presente ley.

Párrafo segundo del artículo 33:

[…]

Esta disposición incluye, además, la retención y la inmovilización de todos los productos financieros bajo investigación en las instituciones, nacionales o extranjeras, indicadas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de esta ley, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 33 bis:

[…]

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto notificará, de forma inmediata y simultánea, al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas de las personas naturales o jurídicas comprendidas:

a)  En las listas internacionales de terroristas aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones 1267 de 1999, 1989 de 2011, 1988 de 2011, 2253 de 2015 y sus resoluciones sucesoras.

b)  En las listas elaboradas por los comités creados por las resoluciones 1718 de 2006 y 1737 de 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Materia de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus resoluciones sucesoras.

c)  En las designaciones efectuadas de conformidad con la resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones sucesoras.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas informará, de manera inmediata, a las instituciones indicadas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de esta ley y al Registro Nacional de las listas y designaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) de este artículo…

El Ministerio Público recibirá el comunicado de dichos resultados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que solicite al juez competente el congelamiento o la inmovilización correspondiente. El juez deberá resolver en un plazo máximo de veinticuatro horas dicha solicitud, la cual será puesta en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El congelamiento y la inmovilización establecidos en este artículo procederán únicamente cuando se presente alguno de los supuestos fijados en los incisos precedentes. En caso contrario, el afectado por la medida podrá recurrirla ante la autoridad contencioso-administrativa competente.

En cuanto a los productos financieros, el dinero y los activos congelados o inmovilizados, las instituciones indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley procederán a su depósito en las cuentas de dinero decomisado, que para tal efecto mantiene el Instituto Costarricense sobre Drogas, y deberán informar a la Unidad de Inteligencia Financiera al momento de ejecutar esta acción, remitiendo copia de los comprobantes de depósito efectuado.

Las instituciones indicadas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de esta ley quedarán obligadas a mantener un monitoreo permanente de las listas y las designaciones referidas en el presente artículo, independientemente de la comunicación que les dirija la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

[…]

“Artículo 25.- Si se sospecha que las transacciones descritas en el artículo anterior representan un riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o que provienen de una actividad ilícita o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que se deriven de transferencias desde el exterior o hacia él, las instituciones financieras y las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades comerciales y profesionales no financieras, descritas en los artículos 14, 15 y 15 bis, 15 ter y 15 quáter de esta ley, deberán comunicarlo, confidencialmente y de forma inmediata, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, no pudiendo poner en conocimiento bajo ninguna circunstancia comunicación al cliente o a ninguna otra instancia interna o externa, persona física o jurídica, pública o privada, a excepción de la intervención que en materia exclusiva de supervisión de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y de manera posterior deban realizar la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

[…]

“Artículo 86.- Toda vez que se inicie una investigación sobre los hechos o ilícitos contemplados en la presente ley por parte del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, y esta última lo comunique formalmente, cuando proceda, a las instituciones indicadas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de esta ley, así como al Registro Nacional, quienes de forma inmediata deberán congelar o inmovilizar productos financieros, dinero, activos y bienes muebles o inmuebles vinculados a dicha investigación que mantengan depositados, en custodia o registrados, según corresponda.

[…]

“Artículo 123.- La UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, solicitará, recopilará y analizará los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de supervisión y de las instituciones señaladas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de la presente Ley, con la finalidad de centralizar y analizar dicha información para investigar las actividades de legitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo.  Esta investigación será comunicada al Ministerio Público, para lo que corresponda.

Ante la solicitud de la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, estarán obligados a suministrar todo tipo de información requerida para las investigaciones de las actividades y los delitos regulados en la presente Ley, los organismos y las instituciones del Estado y, en especial, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Público y los organismos públicos de fiscalización, así como las entidades señaladas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 quáter de la presente Ley.

[…]

ARTÍCULO 3º—. ADICIONESE. Adiciónese un subinciso 12  al inciso a)  del artículo 81,  en relación con las entidades sujetas a las obligaciones señaladas en el artículo 14; adiciónese un subinciso 10 al inciso b) del artículo 81, de las personas físicas y jurídicas señaladas en el artículo 15; adiciónese un subinciso 9) al inciso b) del artículo 81 de las personas físicas o jurídicas, señaladas en los artículos 15 bis y 15 ter. En los párrafos primero y penúltimo del apartado de las sanciones establecidas a las personas físicas o jurídicas, señaladas en los artículos 15 bis y 15 ter adiciónese la frase “15 quater” para hacer referencia a los sujetos obligados, así como en su numeral 2 del inciso b) del artículo 81 adiciónese la frase “15 quater”, todos de la Ley N°7786 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 81.-Las entidades sujetas a las obligaciones en esta ley, señaladas en el artículo 14, serán sancionadas por el órgano de supervisión y fiscalización competente, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:

a)  Con multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) al dos por ciento (2%) del patrimonio entendido como el capital social, más los aportes de capital y las utilidades y pérdidas acumuladas en los siguientes casos:

[…]

12.- Cuando tengan relaciones comerciales con sujetos que realicen actividades descritas en los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la presente ley, y estos no mantengan su inscripción vigente ante la SUGEF.

Las personas físicas o jurídicas, señaladas en el artículo 15 de esta ley, serán sancionadas por el órgano de supervisión y fiscalización competente, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:..

[…]

b)  Con multa de dos a cien salarios base, según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, en los siguientes casos:

[…]

10.- Cuando tengan relaciones comerciales con sujetos que realicen actividades descritas en los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la presente ley, y estos no mantengan su inscripción vigente ante la SUGEF.

Las personas físicas o jurídicas, señaladas en los artículos 15 bis, 15 ter y 15 quáter de esta ley, serán sancionadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o la Dirección Nacional de Notariado, según corresponda, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:

[…]

b) Con multa de dos a cien salarios base, según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, en los siguientes casos:

[…]

9.- Cuando tengan relaciones comerciales con sujetos que realicen actividades descritas en los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la presente ley, y estos no mantengan su inscripción vigente ante la SUGEF.

[…]

Las personas físicas o jurídicas señaladas en el artículo 15 bis,  y 15 ter y 15 quáter de esta ley, serán sancionadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras o la Dirección Nacional de Notariado, según corresponda, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:

[…]

[…]

El dinero derivado de la imposición de las multas descritas en el presente artículo será depositado en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, destinará dichos dineros únicamente al desarrollo de los programas y los proyectos que fortalezcan el cumplimiento efectivo de la presente regulación y los proyectos y programas vinculantes de las instituciones involucradas en los artículos 15, 15 bis, 15 ter y 15 quáter de la presente ley…

[…]

2.- Cuando las personas, físicas o jurídicas, señaladas en el artículo 15 bis y 15 quáter de esta ley, se nieguen a inscribirse ante el órgano de supervisión y fiscalización.

[…]

Diputado Gilberth Jiménez Siles

Presidente

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico

1 vez.—Exonerado.—( IN2024891377 ).

Texto Sustitutivo

Aprobado 22 de agosto 2024

                                                                      Expediente N°24.114

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA

CAPÍTULO I

DISPOCISIONES GENERALES

ARTÍCULO 1-          Objeto de la ley

Esta ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerza sobre la mujer a través de la acción u omisión que genera la afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo, por afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, dependiente económico, animal de compañía o bienes muebles o inmuebles de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental con la mujer, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objetivo sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer.

ARTÍCULO 2-          Definiciones

Violencia vicaria: acción u omisión cometida por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental con la mujer, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objetivo sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer, a través de la afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo, por afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, dependiente económico, animal de compañía o bienes muebles o inmuebles de la víctima.

CAPÍTULO II

REFORMAS

ARTÍCULO 3-          Refórmense los artículos 2, 3, 20 bis, 21 y 22 de la Ley N.º 7586, Ley contra la Violencia Doméstica y sus reformas, y léanse de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2-          Definiciones

Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) Violencia doméstica: acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente colateral por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá, aun cuando haya finalizado la relación que lo originó.

(…)

g) Violencia vicaria: acción u omisión cometida por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental con la mujer, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objetivo sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer, a través de la afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo, por afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, dependiente económico, animal de compañía o bienes muebles o inmuebles de la víctima.

Las definiciones comprendidas en los incisos b), c), d), e), f) y g) no se serán restrictivas.

Artículo 3-  Medidas de protección

Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica o violencia vicaria, la autoridad competente ordenará cualquiera de las siguientes medidas de protección:

(…)

c) Ordenar el allanamiento del domicilio, pudiendo procederse a cualquier hora cuando, por violencia doméstica o violencia vicaria, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes permanentes, bajo custodia temporal o régimen de visitas. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

(…)

j) Prohibirle a la presunta persona agresora que agreda, perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar de la presunta víctima de violencia doméstica o violencia vicaria.

(…)

Para aplicar cualquiera de las medidas enumeradas en este artículo o de otras que de acuerdo con las particularidades de la situación de violencia intrafamiliar o violencia vicaria deban adoptarse, la autoridad judicial podrá requerir la colaboración de la policía administrativa y de la policía judicial.

(…)

Artículo 20 bis-          Cancelación de permisos de portación de armas

Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica o violencia vicaria se procederá al decomiso de todas las armas que posea la persona agresora o que se encuentren inscritas a su nombre y serán remitidas a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, para su debida custodia.

Una vez dictada la resolución que confirma las medidas de protección en el proceso de violencia doméstica o violencia vicaria, de conformidad con los artículos del 13 al 16 de esta ley y siempre que la autoridad judicial determine que ocurrió una conducta de violencia o la existencia de un riesgo para la víctima o un pariente colateral por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, lo comunicará al Departamento de Control de Armas y Explosivos para que inicie el procedimiento administrativo tendiente a la cancelación de la inscripción de las armas de fuego.

Artículo 21.-              Ente rector

(…)

5.-Fomentará la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y de otros funcionarios responsables de la aplicación de la ley, así como del personal encargado de aplicar las políticas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia doméstica y violencia vicaria.

6.-Estimulará programas educativos, gubernamentales y del sector privado, tendientes a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia doméstica y violencia vicaria, los recursos legales y la reparación correspondiente.

7.-Alentará a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión y contribuyan así a erradicar la violencia doméstica y violencia vicaria en todas sus formas y, en especial, a realzar el respeto a la dignidad de la mujer.

8.-Garantizará la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia doméstica y violencia vicaria, con el fin de evaluar las medidas estatales.

(…)

Artículo 22-               Plan nacional

El Instituto Nacional de las Mujeres, como secretaría técnica del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, deberá desarrollar un plan nacional que coordine, como un sistema unificado, las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género, violencia doméstica o violencia vicaria, y que además trabajen para prevenir estos u otros tipos de violencia.

ARTÍCULO 4-          Refórmense los artículos 1, 10 y 11 de la Ley N° 8589, Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y sus reformas, y léanse de la siguiente manera:  Artículo 1-Fines.

La presente ley tiene como fin proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y de violencia vicaria perpetrada en su contra, por ser una práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Ley 6968, de 2 de octubre de 1984, así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley 7499, de 2 de mayo de 1995.

Artículo 10-               Pena principal

La pena principal por los delitos consignados en esta ley será de prisión. El juez podrá optar por penas alternativas, si con ello no se colocan en riesgo la vida o la integridad de la víctima o si esta es perjudicada en el ejercicio de otros derechos. Para tal efecto, el tribunal de juicio, de previo al reemplazo de la pena de prisión, deberá ordenar otro examen psicológico y psiquiátrico completo, si lo considera necesario; además, deberá escuchar el criterio de la víctima. En caso de reemplazo por descuento de la mitad de la pena, el juez de ejecución de la pena deberá escuchar a la víctima previamente, si esta se encuentra localizable.

En los casos en los que los delitos deriven de violencia vicaria de previo a optar por penas alternativas, el juez deberá asegurar el resguardo de la vida, integridad y derechos tanto de la mujer como de sus descendientes, ascendientes, parientes colaterales consanguíneos, por afinidad o adopción hasta el cuarto grado, dependientes económicos, animal de compañía o sus bienes muebles o inmuebles.

Artículo 11- Imposición y reemplazo de penas alternativas

Cuando a una persona primaria en materia de violencia contra las mujeres se le imponga una pena de prisión menor de tres años, dicha pena, de conformidad con el artículo 9 de esta ley podrá ser reemplazada por dos penas alternativas de las señaladas en esta ley; una de ellas será, necesariamente, la pena de cumplimiento de instrucciones, excepto que se aplique la pena de extrañamiento.

También, a solicitud de la persona condenada, podrán aplicarse las penas alternativas, cuando dicha persona sea primaria en materia de violencia contra las mujeres, se le haya impuesto una pena superior a tres años, y haya descontado al menos la mitad de esta. La pena alternativa no podrá superar el monto de la pena principal impuesta.

En los casos que los delitos deriven de violencia vicaria solo se podrá aplicar la pena alternativa cuando se haya descontado tres cuartos de la pena.

ARTÍCULO 5-                   Refórmese, de modo integral, el capítulo v, título II de la Ley N.º 8589, Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y sus reformas. Además, a partir del artículo 40, capítulo IV, título II se corre la numeración. El texto de ese capítulo se leerá de la siguiente manera:

CAPÍTULO V

VIOLENCIA VICARIA

Artículo 41-    Se impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien dé muerte a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo, por afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, dependiente económico, de la mujer con la que mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental.

Si se le causare la muerte al animal o animales de compañía de la mujer con la que mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental, se impondrá la pena máxima establecida en el Código Penal para la muerte del animal más un tercio.

Artículo 42-    Se impondrá pena de prisión de tres a quince años, a quien por cualquier medio golpee, maltrate física, psicológica o emocionalmente a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo, por afinidad o adopción hasta el cuarto grado inclusive, dependiente económico, de la mujer con la que mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental.

Si se maltratare o golpeare al animal o animales de compañía de la mujer con la que mantiene o mantuvo una relación de matrimonio, de unión de hecho o alguna relación sentimental, se impondrá la pena máxima establecida en el Código Penal para la crueldad contra los animales más un tercio.

Articulo 43.-   Obstaculización del acceso a la justicia

La persona que, en el ejercicio de una función pública propicie, por un medio ilícito, la impunidad u obstaculice la investigación policial, judicial o administrativa por acciones de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, cometidas en perjuicio de una mujer, será sancionada con pena de prisión de tres meses a tres años e inhabilitación por el plazo de uno a cuatro años para el ejercicio de la función pública.

Articulo 44.-  Incumplimiento de deberes agravado

La pena de inhabilitación por el delito de incumplimiento de deberes será de dos a seis años, si el incumplimiento se produce en una situación de riesgo para la integridad personal o de necesidad económica de la mujer víctima.

ARTÍCULO 7-          Refórmese el artículo 158 de la Ley N° 5476, Código de Familia y sus reformas, y léase de la siguiente manera:

Artículo 158- Suspensión de la patria potestad La patria potestad termina:

(…)

f)      Mediante resolución judicial en firme que determine un caso de violencia vicaria.

ARTÍCULO 8-      Refórmese el artículo 159 de la Ley N° 5476, Código de Familia y sus reformas, y léase de la siguiente manera:

Artículo 159- Suspensión de los atributos de la responsabilidad parental Son causas de suspensión de los atributos de la responsabilidad parental:

(…)

d)  por violencia vicaria contra la persona menor de edad o alguno de sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, afinidad o adopción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO ÚNICO. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar en un plazo no mayor a seis meses la presente iniciativa de ley.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Gilberth Jiménez Siles

Presidente

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico

1 vez.—Exonerado.—( IN2024891383 ).

PROYECTO DE LEY

TEXTO SUSTITUTIVO

EXPEDIENTE N° 23564

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO

EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS DISTRITOS

DE OROSI Y CACHÍ DEL CANTÓN DE PARAÍSO

ARTÍCULO 1.- OBJETO

El objeto de la presente ley es declarar de interés público el desarrollo turístico de los distritos de Orosi y Cachí del cantón de Paraíso, con el fin de promover el desarrollo económico y social de la zona, así como la sostenibilidad ambiental.

ARTÍCULO 2.- PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

El Estado deberá promover el desarrollo de infraestructura e inversiones en turismo en los distritos indicados, bajo un esquema de desarrollo sostenible, turismo inclusivo y el manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición económica y social de la zona, mediante el aporte de la administración central y descentralizada, así como de las empresas públicas, a las cuales se les faculta para coadyuvar en el cumplimiento del objeto de la presente ley; con excepción de aquellas que operan bajo régimen de competencia.

El ICE colaborará con la implementación de la presente ley, en el marco de sus competencias y de conformidad con lo dispuesto en el articulado de esta ley.

ARTÍCULO 3.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Se faculta a la Municipalidad de Paraíso para liderar el proceso de coordinación interinstitucional, que permita implementar la presente ley para dinamizar y potencializar el desarrollo turístico de los distritos de Orosi y Cachí, así como establecer los mecanismos coordinación e instrumentos de planificación con los entes u órganos públicos según su ámbito de competencia; de conformidad con las disposiciones del plan regulador del cantón y otros instrumentos de ordenamiento municipal.

ARTICULO 4.- COMPETENCIAS DEL ICE

La declaratoria de interés público del desarrollo turístico de los distritos de Orosi y Cachí, se realiza sin perjuicio de las competencias y responsabilidades actuales del ICE respecto de la operación y el mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica Cachí, el embalse y demás obras asociadas; así como del objetivo primario para el cual fueron desarrolladas esas obras.

ARTÍCULO 5.- ÁREA DE INTERÉS TURÍSTICO.

Comprende los distritos de Orosi y Cachí, el cual incluye el embalse de la Planta Hidroeléctrica Cachí, por su alto potencial paisajístico.

El desarrollo de actividades de ecoturismo en el embalse Cachí y terrenos aledaños propiedad del ICE queda sujeto a las condiciones que establezca el instituto, para asegurar la operación, mantenimiento y generación eléctrica de dicha planta.

ARTÍCULO 6.- DELIMITACIÓN

El desarrollo de actividades de ecoturismo en el embalse Cachí y los terrenos aledaños propiedad del ICE, quedará supeditado a la zonificación y demás condiciones técnicas que establezca el Instituto.

El ICE mediante la zonificación delimitará las áreas de restricción absoluta y de seguridad operativa, tanto en el embalse como en sus inmuebles.

ARTÍCULO 7.- ÁREA DE PROTECCIÓN E INMUEBLES DEL ICE

El área de protección se establecerá a partir de la cota máxima de elevación del embalse de la Planta Hidroeléctrica Cachí, es decir 990,10 m.s.n.m.

En el embalse, terrenos aledaños del ICE, incluida el área de protección, tienen prioridad las actividades del Instituto, no obstante, se podrán realizar las actividades ecoturísticas de conformidad con la legislación, normativa aplicable y el criterio técnico vinculante que emita el ICE.

En el área de protección del embalse de Cachí, se autoriza el desarrollo de actividades turísticas y la infraestructura requerida, contempladas en el párrafo segundo del artículo 33 bis de la Ley Forestal N.° 7575 de 13 de febrero de 1996 y sus reformas, con las excepciones establecidas en dicha ley.

ARTÍCULO 8.-DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS

El desarrollo de actividades ecoturísticas en el embalse y terrenos aledaños del ICE, quedan sujetas a las condiciones establecidas en el criterio técnico emitido por el ICE, las cuales serán vinculantes para el ente u órgano competente al momento de emitir la autorización, permiso, licencia, concesión o cualquier otro que corresponda.

Las actividades que se autoricen en el embalse o en los terrenos aledaños, podrán ser reubicadas o suspendidas temporal o permanente, por el ente u órgano competente, con fundamento, entre otros, en el criterio técnico del ICE, para asegurar el cumplimiento del objetivo primario del embalse; sin que esto implique responsabilidad alguna para el ICE.

Para el desarrollo de actividades ecoturísticas el interesado deberá cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

ARTÍCULO 9.- APOYO MUNICIPAL

La Municipalidad promoverá el uso de inmuebles con potencial de desarrollo ecoturístico, con aquellos propietarios públicos o privados presentes en la zona.

Asimismo, promoverá ante la banca pública o privada, programas de financiamiento requeridos para la implementación de las actividades de ecoturismo, de acuerdo con los términos de la presente ley. Además, incentivará la suscripción de alianzas públicos privadas para el cumplimiento del objeto de esta ley.

ARTÍCULO 10.- REGLAMENTACIÓN

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo de nueve meses a partir de su publicación

Rige a partir de su publicación.

Oscar Izquierdo Sandí

Presidente

Comisión Permanente Especial de Ambiente

1 vez.—Exonerado.—( IN2024891381 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA DECLARATORIA DE LAS BOTELLAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO COMO RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Expediente N.º 24.509

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La producción y el uso indiscriminado de plástico ha tenido un enorme impacto en nuestra sociedad. La complejidad de este tema radica en el hecho de que el plástico, como material económico, ligero y duradero, es útil para la producción de múltiples productos, lo que ha dado lugar a un aumento vertiginoso de su producción.

Por otro lado, su impacto en huella de carbono y en contaminación, es cada día más importante y difundido. Recientemente, se encontró plástico en la sangre humana, y ya se ha encontrado plástico en todos los océanos del mundo. Su mala gestión está inundando el planeta.

 Las crisis ambientales no existen de forma aislada, sino que están intrincadamente interconectadas y se refuerzan mutuamente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación representan una emergencia planetaria, y en estas crisis que están vinculadas, los plásticos, provenientes de combustibles fósiles, están en el corazón de todas (Hamilton, 2019).

La producción mundial de plástico se disparó durante el siglo XX, pasando de 2 millones de toneladas métricas en 1950 a 348 millones de toneladas métricas en 2017, convirtiéndose en una industria global valorada en US $ 522,6 mil millones, y se espera que duplique su capacidad una vez más para el año 2040.

Costa Rica calza perfectamente en esta tendencia global. A medida que la producción y el uso de plástico han aumentado, también lo ha hecho la contaminación plástica en el medio ambiente.

Durante la última década, la atención al tema de la contaminación plástica ha crecido enormemente, estableciendo así, esta problemática como una prioridad en la creación de políticas y normativas. Esto se debe principalmente a que, aunque la historia de la contaminación plástica comenzó hace décadas, es ahora cuando reconocemos que los residuos plásticos están presentes en todos los ecosistemas y hábitats y nos urge actuar. Es por ello que, tanto en el campo de la investigación como en la política, se han incrementado los esfuerzos para comprender y actuar sobre esta problemática (Rochman, 2020).

Como lo ha notado cualquier persona que participe en limpiezas de playas, Costa Rica no escapa del problema asociado a los residuos plásticos. En 2006 se produjeron alrededor de 3784 toneladas de residuos sólidos diarios, lo que significó un incremento de casi dos veces respecto a lo generado en 1991. Para el 2019, se estimó que en Costa Rica se generaron 4000 toneladas de residuos sólidos al día.

Por peso y volumen, los envases de bebidas son el artículo más común que se encuentra en el medio ambiente (Reloop, 2022). A pesar de su alta reciclabilidad, el reciclaje simplemente no está funcionando como debería para los envases de bebidas. Además, los envases que podrían haber sido reutilizados o reciclados, terminan en vertederos o en el ambiente por falta de un mejor sistema de gestión.

El problema de los residuos de envases debe ser una prioridad en las agendas políticas y medioambientales. Los residuos plásticos son de particular importancia porque las tasas de reciclaje y reutilización son bajas llegando a cerca del 9% (OCDE, 2022). Su material es duradero, lo que significa que los residuos plásticos mal gestionados se acumulan en el medio ambiente, produciendo tóxicos que contaminan el agua y el suelo, y producen basura que amenaza la vida y la salud de plantas, animales y seres humanos (Becerril-Arreola & Bucklin, 2021).

Para enfrentar esta problemática, los gobiernos, organizaciones internacionales y la academia, coinciden en que la mejor forma de hacerlo es construyendo un sistema más sostenible. Este sistema se describe en los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), en el Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, buscando promover un sistema en el cual los materiales se mantengan en uso por más tiempo, disminuyendo así la explotación de nuevos recursos vírgenes, y disminuyendo drásticamente la generación de desechos. Este sistema, se llama Economía Circular, y es el concepto detrás de los Sistemas de Depósito y Retorno (SDR), y herramientas similares. 

En el caso de los envases de bebidas, la economía circular se concreta a través de la reutilización y con el reciclaje botella a botella, y según la experiencia internacional, la mejor manera para lograrlo es mediante un Sistema de Depósito y Retorno (SDR); un mecanismo que funciona como ejemplo de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en el sentido que incorpora la responsabilidad de la empresa productora en la gestión de los residuos generados por sus productos. Este tipo de estrategia busca asegurar que las empresas que fabrican, importan, y venden ciertos productos sean responsables de su impacto ambiental en todo el ciclo de vida de sus productos (DEFRA, 2021).

El SDR motiva a los productores a adoptar métodos de producción limpios y anima a los consumidores a entregar los residuos a instituciones específicas para su reciclaje. El depósito, como costo adicional del producto, fluye a través del ciclo de vida del producto, y una vez devuelto el envase se evita la contaminación, se devuelve el depósito, o sea, el dinero al consumidor.

Un SDR bien implementado puede mejorar enormemente la salud de parques, ríos y playas desde diferentes frentes. Primero, un SDR reduciría por completo la basura de los envases de bebidas al ser la muy necesaria red de seguridad que recolecta todo este plástico antes de ingresar al medio ambiente. Por otra parte, un sistema de depósito de envases bien establecido aumentaría el reciclaje y fomentaría diseños duraderos, aprovechando la actual oportunidad perdida de millones de toneladas simplemente enterradas como basura, prolongando la vida útil de los vertederos. 

Por último, un SDR aliviaría la presión sobre los frágiles sistemas de recolección de residuos y vertederos, trasladando los costos de limpieza y eliminación de residuos, del gobierno y los contribuyentes a los productores y consumidores de envases de bebidas. Lo cual daría un respiro a los presupuestos municipales, que no crecen tan rápido como la tasa de generación de desechos nuevos.

El 22 de marzo del 2022 el máximo órgano mundial en temas ambientales, la  Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, respaldó la resolución UNEP / EA.5/ L.23/Rev.1: “Poner fin a la contaminación plástica: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”, la cual aborda el ciclo completo de los plásticos, desde su producción, diseño y eliminación; como también, planes de acción nacionales y estrategias para la prevención, reducción y eliminación de la contaminación por plásticos, siendo que Costa Rica presidió el Comité del Pleno que logró el mandato para este acuerdo internacional.

Cabe destacar que Costa Rica ha adquirido, como parte de su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ley N.º 9981 de 2021, la recomendación del consejo sobre la reutilización y el reciclaje de envases para bebidas.

Nuestro país se comprometió a promover el reciclaje y la recolección diferenciada de envases de bebidas mediante un esquema de responsabilidad extendida del productor, así como adoptar medidas para sustituir envases de bebidas y otros plásticos de un solo uso en instituciones públicas.  Para cumplir con esta disposición, contaba con plazo hasta finales del 2021 (Ministerio de Comercio Exterior, 2021).

Este proyecto de ley viene a impulsar el cumplimiento adquirido por nuestro país ante la OCDE, específicamente con las recomendaciones legales 132 (Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle) y 159 (Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers) de este órgano, que promueven la generación del sistema de responsabilidad extendida del productor, a través del sistema de depósito y retorno.

Por todo esto, actuando en concordancia a lo anterior y, i) dado que es deber del Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental; ii) como la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley N.º 8839, busca fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales valorizables y productos reciclados, así como también promover la incorporación de los productores o importadores en la búsqueda de soluciones a la problemática de los residuos; y iii) dado que en el Artículo 3 - Definiciones y abreviaturas, de la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial, se define el residuo de manejo especial como “aquellos que, por su composición, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje, volumen de generación, formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del ecosistema, o beneficios por la reducción de impactos ambientales a través de su valorización, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos”; se concluye que: i) dado el altísimo volumen de botellas plásticas que se venden en nuestro país; ii) dado que hoy en día la contaminación por plástico no ha logrado ser solventada ni por las campañas de educación, ni por las campañas de recolección voluntarias de las empresas productoras; y iii) dado que el plástico PET es altamente reciclable, pero, aun así, muchas botellas terminan perdidas en el medioambiente; se considera pertinente y necesario incluir las botellas plásticas y otros materiales como un residuo de manejo especial para su mejor, y más justa, gestión integral.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA DECLARATORIA DE LAS BOTELLAS

DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO COMO RESIDUOS

DE MANEJO ESPECIAL

ARTÍCULO 1-          Declaratoria

Declárense como residuos de manejo especial las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes.

ARTÍCULO 2-          Ámbito de aplicación

La presente ley se aplicará a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades productivas y comerciales vinculadas a las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes. Esto comprende toda la cadena de producción o comercialización, incluyendo productores, fabricantes, importadores y distribuidores, quienes estarán sujetos a la plena aplicación del principio de responsabilidad extendida del productor, según establecido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

ARTÍCULO 3–         Definiciones

-    Componentes de las botellas de plástico de un solo uso: comprende la botella de plástico de un solo uso, las etiquetas y las tapas, y cualquier otro elemento accesorio, adherido o complementario, del diseño del producto.

-    Responsabilidad extendida del productor: el productor asume la responsabilidad empresarial en toda la cadena de comercialización, desde el diseño, creación, transformación, industrialización y colocación del producto final hasta su comercialización, incluyendo las fases postproducción y posconsumo, así como el compromiso de minimizar al máximo los impactos negativos en el ambiente y efectos nocivos en la salud del consumidor.

-    Retornabilidad: la retornabilidad es un modelo por medio del cual los productores o dueños de las marcas venden su producto y en el posconsumo recolectan sus envases para ser llenados nuevamente, evitando la generación de un residuo.

-    Cadena de producción y comercialización: comprende toda la variedad de actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las diferentes etapas de producción, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la disposición final después de su uso.

ARTÍCULO 4–         Principios

La aplicación e interpretación de la siguiente Ley deberá realizarse en atención a los siguientes principios rectores del derecho ambiental y del desarrollo sostenible:

1)  Principio de acceso a la información: todas las personas tienen derecho a acceder a la información que posean las instituciones públicas y las municipalidades sobre la gestión de residuos.

2)  Principio de equidad inter e intrageneracional: los elementos del ambiente deben de utilizarse de forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y beneficios se garanticen de manera justa para las generaciones actuales y las generaciones futuras.

3)  Principio de no regresión: se debe evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias de intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental.

4)  Principio de objetivación de la tutela ambiental: obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible.

5)  Principio de participación pública en materia ambiental: el Estado, y las demás instituciones públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las personas que habitan la República a participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.

6)  Principio de prevención en la fuente: la generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad.

7)  Principio de progresividad: la tutela del ambiente nunca debe disminuir, sino que debe ser cada vez mayor. El Estado deberá generar progresivamente la ampliación de la cobertura y protección ambiental mediante medidas graduales y escalonadas cuando puedan verse afectados otros derechos fundamentales.

8)  Principio de responsabilidad compartida: la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados.

10)               Principio de uso racional de los recursos naturales: se velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Así mismo, el Estado está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.

ARTÍCULO 5– Obligaciones y responsabilidad extendida del productor de botellas de plástico de un solo uso y sus componentes

En cumplimiento de la Responsabilidad Extendida del Productor, se establecen las siguientes obligaciones para los productores, importadores, comercializadores y distribuidores de botellas plásticas de un solo uso y sus componentes, así como para aquellos que envasan sus productos en este tipo de material:

a)  Implementar y mantener un sistema eficaz para la recuperación y gestión de estas botellas y sus componentes, con el fin de reducir su impacto ambiental.

b)  Asegurar la recuperación de al menos el 60% de las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes introducidos al mercado nacional durante el primer año tras la entrada en vigencia de esta ley.

c)  Incrementar la tasa de recuperación en un 5% cada año, hasta alcanzar una tasa de recuperación anual del 90%.

d)  Productores e importadores deberán garantizar, en un plazo de 3 años a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial La Gaceta, un diseño del producto que mantenga la tapa unida a la botella durante la fase de utilización de la botella.

e)  Presentar un informe al Ministerio de Salud el primero de marzo de cada año, con las estadísticas de recuperación del año anterior, para garantizar la transparencia y verificación del cumplimiento de las metas de recuperación establecidas.

f)  Cumplir con las metas de recuperación y otras disposiciones que pueda establecer el Ministerio de Salud mediante la emisión de la reglamentación de esta ley, si este lo considera pertinente y necesario, para impulsar una mejora continua en la gestión de las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes.

Corresponderá al Ministerio de Salud ejercer la supervisión y control para asegurar que se cumplan las metas y obligaciones que esta ley establece en relación con la recuperación y gestión de botellas de plástico de un solo uso y sus componentes. 

ARTÍCULO 6–         Medidas de sustitución, reutilización o retornabilidad

Los importadores y productores de botellas de plástico de un solo uso y sus componentes están en la obligación a partir del quinto año de la entrada en vigencia de esta ley, de al menos una de las siguientes medidas complementarias:

a)  Se deberá establecer un sistema de reutilización o retornabilidad que abarque el 20% de las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes de la empresa, este porcentaje deberá aumentar un 5% cada año hasta llegar a un 100% anual.

b)  Se deberá sustituir por otros materiales que puedan ser revalorizados de forma efectiva sin daño al ambiente y la salud humana el 20% de las líneas de botellas plástico de un solo uso y de sus componentes de la empresa, este porcentaje deberá aumentar un 5% cada año hasta llegar a un 100% anual.

Para cumplir con estas metas deberán remitir un informe al Ministerio de Salud sobre los datos del año anterior y la medida complementaria seleccionada. El Ministerio de Salud deberá fiscalizar y comprobar que las metas sean efectivamente cumplidas.

El Ministerio de Salud reglamentará los lineamientos para la aplicación de este modelo.

ARTÍCULO 7-      Obligación de comercializadores y distribuidores

Los comercializadores y distribuidores que sean parte del proceso de comercialización de las botellas de plástico de un solo y sus componentes estarán en la obligación de disponer de puntos de recolección dentro de sus instalaciones, para que los productores e importadores puedan gestionar los envases recolectados en estos puntos.

ARTÍCULO 8- Aplicación del principio de internalización de costos

Para la recolección de las botellas de plástico de un solo uso y sus componentes, se aplicará el principio de internalización de costos, con el cual, es responsabilidad del generador de los residuos el manejo integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica. Por ello, la recuperación de las botellas estará a cargo de los productores e importadores establecidos anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados en la cadena de producción y comercialización.

ARTÍCULO 9–         Fiscalización

Corresponderá al Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía y otras entidades competentes, la fiscalización de la aplicación de la presente ley según las competencias atribuidas en el marco regulatorio nacional, así como tomar las medidas especiales y sancionatorias contempladas en el ordenamiento jurídico nacional. Para tal efecto, deberá rendir un informe anual sobre los resultados, dificultades y necesidades para la implementación de esta ley, el cual será difundido en la página web institucional y por otros medios.

ARTÍCULO 10–       Educación y concientización pública

El Ministerio de Educación Pública, en el marco de sus competencias, contribuirá con el cumplimiento de los objetivos de esta ley mediante el fortalecimiento de la educación para la comunidad nacional en el ámbito no formal, y de manera particular, de la comunidad educativa costarricense en los niveles de educación preescolar, educación general básica, educación diversificada. Adicionalmente, el Consejo Superior de Educación (CSE), en su calidad de órgano rector de la educación costarricense, impulsará la incorporación de la temática educativa en torno al impacto ambiental que implican las botellas de plástico de un solo uso en el currículo nacional del Sistema Educativo Costarricense, en el ámbito formal y no formal, en apego a la normativa, funciones y políticas educativas.

ARTÍCULO 11-        Otras reformas

Se adicionan un artículo 47 ter y un inciso f) al artículo 53 a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos N.º 8839, que indican lo siguiente:

Artículo 47 ter-          Declaratoria de las botellas de plástico como residuo de manejo especial

Se declara a las botellas desechables de plástico como residuos de manejo especial y se establece que las metas de recuperación creadas en ley especial son obligatorias.

Artículo 53- Infracciones gravísimas y sus sanciones

 Se considerarán infracciones gravísimas, sin perjuicio de que constituya delito, las siguientes: […]

f) Incumplir las metas de recuperación, sustitución y reutilización de las botellas de plástico de un solo uso creadas mediante ley especial.

[…]

Transitorio I- Para la reglamentación de esta ley, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 12 meses a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación.

Carlos Felipe García Molina

    Kattia Cambronero Aguiluz        Andrés Ariel Robles Barrantes

  Manuel Esteban Morales Díaz   Geison Enrique Valverde Méndez

  Antonio José Ortega Gutiérrez      Gilberth Adolfo Jiménez Siles

José Francisco Nicolás Alvarado Paulina María Ramírez Portuguez

           Kattia Riversa Soto                      Óscar Izquierdo Sandí 

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024891387 ).

PROYECTO DE LEY

PRESCRIPCIÓN DE OFICIO PARA DEUDAS

FINANCIERAS EN COBRO JUDICIAL

Expediente N.º 24.517

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INEC), evidencian que el ingreso promedio de los hogares ha tenido una caída de un 11%, en términos reales, durante los últimos 10 años.

Esta caída en el ingreso, hace que los hogares no puedan satisfacer sus necesidades básicas y consecuentemente deban recurrir a endeudamiento, para cubrir ese faltante. Evidencia de ello, nótese que según datos de Sugef, los deudores han pasado de 897.477 en el 2014, a 1.212.510 en el 2023: un aumento de un 31,8%. Y, para mayo del 2024, la cifra se había incrementado a 1.226.707, aproximadamente uno de cada cuatro costarricenses tendría una deuda formal. Por otro lado, la II Encuesta Nacional de Endeudamiento realizada por la Oficina del Consumidor Financiero, divulgada en enero del 2024, revela que el 90% de los costarricenses se encuentra pagando una deuda en estos momentos con bancos, cooperativas, mutuales, asociaciones, tiendas comerciales o prestamistas. Este 90% es superior al 80% que se presentaba en el 2020.

La necesidad de financiamiento de los hogares costarricenses, por la caída de su ingreso, es un factor que han sabido aprovechar algunos prestamistas, pues a mayor demanda de crédito, mayores son los intereses.

La salud crediticia de los costarricenses es tan precaria que seis de cada diez dedican hasta un setenta por ciento de sus salarios en pagar deudas. Uno de cada siete termina recibiendo tratamiento psicológico. El diez por ciento terminan perdiendo el empleo, su patrimonio y hasta sus parejas. Los principales factores de este nivel de endeudamiento son la pérdida de poder adquisitivo, el alto costo de la vida y falta de educación financiera, sumado a la voracidad financiera de algunos prestamistas.

La II Encuesta Nacional de Endeudamiento realizada por la Oficina del Consumidor Financiero, también revelo que un 7,4% afirmó haber tomado un préstamo “gota a gota”. Con base en este dato, la Oficina del Consumidor Financiero estima que ello podría sugerir que unos 221 mil costarricenses han recurrido a esta modalidad de crédito, por montos que podrían superar los 44 mil millones.

Si los costarricenses recurren al crédito para compensar su pérdida de ingreso y algunos prestamistas contribuyen a un sobre-endeudamiento, la consecuencia ineludible será: altos niveles morosidad.

Ante este panorama, urge tomar acciones que contribuyan a recuperar la salud crediticia de los costarricenses. Con ese objetivo, se propone a las señoras y señores diputados aprobar el instituto de la prescripción oficiosa de deudas como medida de protección a los consumidores financieros.

La Defensoría de Apoyo al Deudor (DEFADE) reveló que siete de cada diez deudas que analiza la entidad se encuentran prescritas. Esta conducta de los acreedores debe corregirse, por varias razones:

-    La prescripción de una deuda evidencia una mala gestión de cobro del acreedor. Esta ineficiencia la subsana accediendo a la vía judicial, para que los jueces cobren lo que él no pudo hacer.

-    Si el deudor moroso no tiene recursos para normalizar su deuda, tampoco tendrá recursos para cubrir los honorarios de una defensa jurídica, consecuentemente tampoco podrá distinguir, dentro la totalidad del cobro, la parte prescrita. Esta situación, individualmente considerada, puede que no amerite de reforma legal. Pero cuando es el 90% de la sociedad costarricense la que esta endeudada, el asunto si justifica una revisión de nuestra legislación, en protección del consumidor financiero.

CONSECUENCIAS PARA EL PODER JUDICIAL

Para el momento de presentación de esta iniciativa el circulante final activo del Poder Judicial es de 1.253.220 casos activos, de los cuales Cobro Judicial representa un 60.39%. Según datos del Poder Judicial, el cobro judicial ha aumento en un 50% en el plazo de los últimos 5 años, pasando de 536 846 casos activos en el 2017 a 807 220 en el año 2023, es decir, 270 374 casos más.

El cobro judicial se ha convertido en el principal culpable de la mora en la administración de justicia en Costa Rica. Según las cifras oficiales para abril del 2021, no solo representan seis de cada diez casos presentes en la mora judicial, sino que superan por mucho los casos de pensiones alimentarias y la materia penal.

El trabajo de cobrador del Poder Judicial reduce la posibilidad de respuesta de la institución a las demás materias que exigen justicia pronta y cumplida. Los procesos cobratorios por ser procesos masivos acaparan gran cantidad de recursos económicos y humanos, restringiendo la disponibilidad de recursos para materias jurisdiccionales; es decir, las funciones de cobrador limitan las funciones de juzgador y del dictado de sentencias.

Consecuentemente, el cobro judicial se ha convertido en una situación compleja no solo para la persona que lo vive sino también para el Poder Judicial. La prescripción oficiosa de la deuda obligara a los acreedores primero a realizar un riguroso análisis crediticio para determinar la capacidad de endeudamiento de las personas y segundo a eficientizar su propio cobro y no limitarse a trasladar el asunto al Poder Judicial, delegando toda la gestión de cobro, incluyendo la deuda prescrita.

De ahora en adelante, cuando se presenta un cobro de una deuda comercial, que son aquellas por tarjetas de crédito, vehículos o electrodomésticos y que tienen un plazo de prescripción de 4 años, lo primero que hará el juez será revisar si hay prescripciones y a partir de ahí borrar esos rubros del monto final del cobro. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo, y ello constituye una exigencia u obligación que la Ley impone así a la Administración como a los Tribunales, que deberán aplicarla háyase o no invocado por las partes.

Esta aplicación oficiosa de la prescripción es consecuencia del deber constitucional que tienen los jueces de resolver el caso con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

PRESCRIPCIÓN DE OFICIO PARA DEUDAS

FINANCIERAS EN COBRO JUDICIAL

ARTÍCULO 1-          Modificaciones

Se reforma el artículo 974 del Código de Comercio, Ley    N.º 3284 de 30 de abril de 1974 y sus reformas, que en adelante se leerá de la siguiente manera:

Artículo 974- La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione aquel a quien le beneficia.

La prescripción también podrá ser invocada por los acreedores o por cualquiera que tuviere interés en ello, si la parte no la hiciere valer, y aun cuando ésta hubiere renunciado a ella.

ARTÍCULO 2-          Derogatorias

Se derogan los artículos 973 y 975 del Código de Comercio, Ley N.º 3284 de 30 de abril de 1974 y sus reformas.

Rige a partir de su publicación.

José Francisco Nicolás Alvarado

Diputado

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024891401 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS A

LA LEY N.° 10204, LEY PROTECTORA DE

LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA

CARRETA COSTARRICENSE,

DE 5 DE MAYO DE 2022

Expediente N.º 24.519

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el año 2022 se promulga la Ley N.° 10204, Ley Protectora de la Actividad del Boyeo y la Carreta Costarricense, con esta legislación se declaró la carreta costarricense y el Boyeo símbolo nacional de la cultura, la paz y el trabajo del costarricense.

Esta normativa está aparejada a la regulación que a nivel internacional se le ha dado al Boyeo y las carretas. Recordar que el 25 de noviembre de 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó la “tradición del Boyeo y la Carreta en Costa Rica” como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Posteriormente, mediante Ley N.° 8560, de 16 de noviembre de 2006, Costa Rica aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Recordar que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), “la tradicional carreta de bueyes es el tipo de artesanía más famoso de Costa Rica. Desde mediados del siglo XIX, las carretas de bueyes eran utilizadas para transportar el grano de café desde el Valle Central de Costa Rica, en las montañas, a Puntarenas en la costa del Pacífico. Un viaje requería de 10 a 15 días. Las carretas de bueyes tenían ruedas sin radios, un híbrido entre el disco usado por los aztecas y la rueda de radios introducida por los españoles, para avanzar en medio del fango sin atascarse. En muchos casos, las carretas de bueyes eran el único medio de transporte de una familia y simbolizaban su estatuto social.^[1]”

No obstante, la amplia normativa sobre el tema, e incluso, habiéndose promulgado Ley Protectora de la Actividad del Boyeo y la Carreta Costarricense, he recibido en mi despacho varias personas vinculadas con el Boyeo, quienes exponen la necesidad de reformar y adicionar algunas disposiciones a dicha ley, a efectos de hacer más operativa y facilite la tramitología para la celebración de actividades relacionados con el tema.

A tales efectos, transcribo las consideraciones señaladas, en carta dirigida al suscrito en agosto de 2024, por los señores Rogelio Barrantes Barrantes, Gerardo Monge Sanabria y Marco Tulio Calvo Rodríguez, boyeros desde hace muchos años y directamente vinculados con la organización de eventos vinculados a esta temática.

Los suscritos; Rogelio Alberto Barrantes Barrantes, Gerardo Enrique Monge Sanabria, Marco Tulio Calvo Rodríguez, todos costarricenses, a quienes nos une el espíritu de trabajo en beneficio de la ancestral tradición boyera, legado que dejaron nuestros antepasados para las futuras generaciones, acudimos a usted para que se sirva presentar a la corriente legislativa las reformas a la Ley 10204, planteadas oportunamente, con el fin de facilitar su ejecución y dar mayor protección a la actividad boyera en el país.

Como es conocido por usted y los señores miembros de ese Poder de la República, la decisión tomada por la UNESCO al declarar esta tradición como patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, pone en un pedestal a nuestro país, pero a la vez nos compromete a todos los ciudadanos a ser consecuentes con ese reconocimiento, de ahí la importancia de que todos, dentro de nuestras capacidades y posibilidades, procuremos aportar lo necesario para salvaguardar esta emblemática tradición costarricense, que representa los mejores valores de nuestro país, como son trabajo, humildad, sinceridad, compañerismo, honradez, lealtad y espíritu de servicio, que nos cobijan a cada uno de nosotros y que traemos en el ADN, desde nuestra concepción.

Como bien lo manifestó la antropóloga Cecilia Dobles, refiriéndose a la carreta costarricense: “… es en Costa Rica donde este vehículo asociado a la tradición del Boyeo, se apropia creativamente, se adapta a las condiciones del medio y se le dan múltiples significados, dando como resultado un producto y una actividad diferenciadas, gracias a las singularidades otorgadas por las manos y mentes creativas, que lo transforman en un referente inequívoco de identidad nacional”.

Sí a las características mencionadas se le agrega que el boyero, la carreta y los bueyes fueron el brazo ejecutor de las principales actividades económicas y culturales, que se realizaron en Costa Rica desde 1821, como la explotación del oro, el transporte del café y los subsiguientes aportes a la cultura, para transformar la incipiente nación, dependiente de una economía de subsistencia, a la nación prospera y pujante que disfrutamos hoy en día y que mostramos al mundo con orgullo, no queda duda de la importancia de esta actividad en la actualidad y para las futuras generaciones.

Tenemos plena confianza y nos da certeza de que usted y los demás señores y señoras diputados no escatimarán esfuerzos para introducir las reformas planteadas a la ley citada, que vendrán a facilitar, a quienes estamos involucrados en la actividad, una mejor aplicación de los principios que la vieron nacer.

De antemano agradecemos en todo lo que vale y representa para los boyeros y el país en general, este valioso aporte que ustedes darán a la cultura nacional fortaleciendo el accionar de cada institución e individuos involucrados…

En ese sentido, con el objetivo de colaborar en la facilitación de los procesos tendientes a realizar las actividades de boyeo, se presenta esta iniciativa que pretende señalar en forma puntual las funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Cultura y Juventud, así como de las municipalidades.

En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de los señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA Y ADICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS A

LA LEY N.° 10204, LEY PROTECTORA DE

LA ACTIVIDAD DEL BOYEO Y LA

CARRETA COSTARRICENSE,

DE 5 DE MAYO DE 2022

ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 5, 7 y 8 de la Ley N.° 10204, Ley Protectora de la Actividad del Boyeo y la Carreta Costarricense, de 5 de mayo de 2022, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 5- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de las agencias de extensión agrícola, en el ámbito de sus competencias, facilitará, en la medida de sus recursos, el apoyo a la organización de actividades del boyeo como desfiles y ferias, entre otros, que tengan como propósito dignificar y mantener la actividad del boyeo en Costa Rica como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Para tales efectos, se establecen como funciones y obligaciones del MAG:

a) Facilitar a través de las agencias de extensión agrícola, ubicadas en las diferentes comunidades, la organización de las actividades contempladas en esta ley.

b) Realizar y mantener actualizado un censo nacional de yuntas de bueyes y boyeros, a efecto de determinar la cantidad existente, sus características y ubicación geográfica. Dicho censo será realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que, para tales efectos, tendrá a su cargo los registros respectivos.

c) Empadronar a los boyeros y proveer un carné de identificación, costeado por el boyero, para facilitar a las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y de la Fuerza Pública el control durante el traslado de los bueyes y disminuir el delito de robo de ganado. Tendrá derecho al carné toda persona mayor de 15 años.

d) Instruir a Senasa para que los exámenes y control de los bueyes se realicen sin interferir con el manejo de estos animales, y con el horario de las actividades programadas de previo. Esta instrucción será de acatamiento obligatorio por los funcionarios respectivos.

Artículo 7- El Ministerio de Cultura y Juventud podrá disponer de presupuesto para apoyar la tradición del boyeo y la carreta costarricense en todas sus manifestaciones y podrá proveer a las asociaciones, que así lo soliciten, el soporte técnico y humano para la consolidación y elaboración de planes de desarrollo cultural.

Para tales efectos, se establecen como funciones y obligaciones del Ministerio de Cultura y Juventud:

a) Podrá disponer de presupuesto para apoyar la tradición del boyeo y la carreta costarricense en todas sus manifestaciones.

b) Brindar asesoría y financiamiento de pauta publicitaria para los desfiles que se realicen dentro del territorio nacional.

c) Apoyar a las asociaciones boyeras debidamente inscritas conforme a la Ley de Asociaciones, Ley N.° 218, de 8 de agosto de 1939, en todo lo concerniente al ámbito cultural.

d) Propiciar, con las instituciones correspondientes, la constitución de al menos una asociación boyera en cada uno de los cantones del país, las que se crearán al amparo de la Ley N.° 218, Ley de Asociaciones.

e) Motivar a las comunidades y a los grupos informales de boyeros para que formen las asociaciones boyeras reguladas en la presente ley.

f) Podrá proveer a las asociaciones que así lo soliciten el soporte técnico y humano para la consolidación y elaboración de planes de desarrollo cultural.

g) Podrá gestionar ante las demás instituciones del Estado para que los trámites y permisos de actividades boyeras, sean otorgados de forma expedita, atendiendo a lo establecido en la Ley N.° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites Administrativos.

h) Podrá asesorar a las asociaciones boyeras en la elaboración de un protocolo para las actividades boyeras, con la participación de boyeros e instituciones afines, en el marco de esta ley.

Artículo 8- Las municipalidades, en el ámbito cultural, podrán promover actividades con la finalidad de mostrar la carreta costarricense como símbolo de la cultura, la paz y el trabajo del costarricense, y difundir y proteger el boyeo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Para tales efectos, se establecen como funciones y obligaciones de las municipalidades:

a) Podrá decretar mediante acuerdo el día del boyero en cada cantón, procurando apoyar la organización y realización de actividades boyeras a través de la asociación boyera del cantón, en caso de que esta exista o, en su defecto, con la organización local que estime conveniente.

b) Podrá asignar un porcentaje de su presupuesto de cultura para sufragar las erogaciones básicas del desfile en su cantón o de cualquier otra actividad boyera.

c) Podrá brindar el apoyo logístico antes, durante y posterior a las actividades boyeras.

ARTÍCULO 2- Adiciónese a la Ley N.° 10204, Ley Protectora de la Actividad del Boyeo y la Carreta Costarricense, de 5 de mayo de 2022, los siguientes artículos:

Artículo 9- Las asociaciones boyeras creadas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones, Ley N.° 218, de 8 de agosto de 1939, tendrán la prioridad para la organización y ejecución de las actividades de boyeros en el territorio nacional.

En caso de existir más de una asociación en el cantón en el que se solicita realizar la actividad boyera, esa prioridad será definida por el respectivo concejo municipal.

Artículo 10- De los boyeros

a) Los boyeros podrán formar asociaciones boyeras, a las cuales podrán asociarse tanto boyeros como personas amantes e identificadas con esta tradición del boyeo y la carreta.

b) Para efectos de la presente ley, se define como boyero toda persona que se dedique al oficio del boyeo, sea este como medio de subsistencia o pasatiempo.

c) Será responsabilidad del boyero presentar el carné proporcionado por el MAG, que lo acredite como tal, para recibir la guía de transporte, por parte de las autoridades, cuando se dirige a una actividad boyera.

d) Será responsabilidad del boyero mantener sus bueyes en buenas condiciones de salud. No será necesario contar con una finca donde tenerlos, pero sí proteger su salud.

e) Deberán los boyeros acatar las disposiciones emanadas de las autoridades competentes y los reglamentos que dispongan esta ley y la organización responsable de ejecutar los eventos boyeros.

f) Será el responsable de guiar los bueyes cumpliendo con las normas de seguridad dispuestas en el reglamento correspondiente.

g) Deberá acatar las disposiciones de las autoridades de Senasa, Tránsito y Fuerza Pública, sobre el transporte y seguridad de los bueyes y sus carretas.

h) Proteger sus animales, su integridad física y la de otros participantes en las actividades boyeras.

i) Deberá brindar el trato adecuado a su yunta para evitar el maltrato animal.

Artículo 11- De la exención de impuestos y otros

Por tratarse de una actividad de interés público y cultural, se exime los desfiles y actividades boyeras del pago por derecho de uso de las obras musicales de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM).

Se autoriza a todas las municipalidades del país a exonerar a las asociaciones boyeras, creadas al amparo de esta ley, del pago de permisos, impuestos, cánones municipales y certificaciones, cuando se refiera a la realización de actividades boyeras que se realicen en el respectivo cantón.

Rige a partir de su publicación.

Luis Fernando Mendoza Jiménez

Diputado

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024891664 ).