GOBERNACIÓN Y POLICÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

En el Alcance 44 a La Gaceta 40 del 1 de marzo 2022, se publicó la resolución de esta Dirección General DJUR-031-02-2022-ABM-JM, en cuya parte dispositiva, punto SEGUNDO, línea quinta, se debe leer “país”, y no como por error se publicó. Además, en el punto CUARTO d), se debe leer “treinta y nueve dólares con cuarenta y cuatro centavos”, y no como por error se publicó. Lo demás permanece incólume. Publíquese.

San José, 2 de marzo del 2022.—Raquel Vargas Jaubert, Directora General.—1 vez.—O. C. N° 4600060924.—Solicitud N° 332173.—( IN2022628075 ).

LEYES

10131

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE EMPLEO

DE LAS MUJERES (REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 87

Y 90 DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943)

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 87 y 90 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. El texto es el siguiente:

Artículo 87 -

Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las personas menores de dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los aspectos físico o moral, según la determinación que de estos se hará en el reglamento y mediante resolución del Consejo de Salud Ocupacional. Al efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del artículo 199.

Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les ocurriera un accidente o enfermedad a las personas de que habla el párrafo anterior, y se comprobara que tiene su causa en la ejecución de las mencionadas labores prohibidas, el patrono culpable deberá satisfacerle a la persona accidentada o enferma una cantidad equivalente al importe de tres meses de salario.

Artículo 90 -

Las prohibiciones anteriores comprenderán, asimismo, los siguientes casos:

a-   El ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en las calles o sitios públicos, siempre que lo haga una persona menor de quince años.

b-   El trabajo de personas menores de quince años en la venta de objetos en teatros y establecimientos análogos o para que figuren como actores o de alguna otra manera en representaciones públicas, que tengan lugar en casas de diversión de cualquier género, estaciones radiodifusoras o teatros, con excepción de las que se verifiquen en fiestas escolares, veladas de beneficencia o reuniones dedicadas al culto religioso.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-   Aprobado a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintidós.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez

Presidenta

    Aracelly Salas Eduarte     Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

       Primera secretaria                        Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano y la Ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero Campos.— 1 vez.—Exonerado.—( L10131 – IN2022628282 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 183 Y DEROGACIÓN

DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 113 Y DE LOS

ARTÍCULOS 120 Y 143 DE LA LEY 4573,

CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970

Expediente N.° 22.910

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la Constitución Política de la República de Costa Rica, en el título IV, capítulo único sobre derechos y garantías individuales, propiamente en el artículo 21, la norma es clara al indicar que “la vida humana es inviolable”^[1].

El espíritu del constituyente fue proteger la vida de todo ser humano sin distinguir entre los nacidos o no nacidos, es decir, protege toda vida desde el momento de la concepción. Este tema ha sido ampliamente discutido en el ámbito nacional y debidamente regulado en la legislación vigente.

No obstante, vivimos en un mundo que aún lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, por lo que seguir leyendo en nuestro ordenamiento jurídico el término “deshonra” resulta degradante para la mujer. Además, se refiere a las actuaciones de ellas y la consecuencia de embarazarse, ya sea sin estar casadas o con un compañero diferente de sus esposos, por poner algunos ejemplos.

El término “deshonra” significa la pérdida de la dignidad, el respeto y la consideración de los demás y en nuestra legislación penal es utilizado como atenuante para el asesinato de un niño de tres días o menos; la justificación es evitar la deshonra de una mujer de buena fama. Este mismo término se utiliza como atenuante para el delito de aborto y el delito de abandono de un recién nacido de no más de tres días de nacido.

Ahora bien, qué es buena fama en una mujer. Según el Diccionario de la Real Academia Española es la «buena opinión que la gente tiene de alguien o de algo»^[2] . El ámbito mayor o menor de la fama depende de las relaciones y la notoriedad de cada uno y, por regla general, para gozar de buena fama los factores principales, en las mujeres, dependen de su moralidad: la fidelidad de las casadas y la integridad de las solteras.

Como la fama es publicidad, donde existe “pecado secreto” hay buena fama, pero esta puede perderse por maledicencia perversa en casos infundados. En contraposición, en el sexo masculino la buena fama refiere a la honradez en materia de dinero, la seriedad en los compromisos contraídos, la lealtad en el proceder, la laboriosidad, la preocupación por el hogar y el respeto por las leyes, entre otros.

Así las cosas, en pleno siglo XXI no es correcto definir a la mujer como de buena fama y diferenciarla del hombre por un tema de salud, preferencia o actividad sexual. Asimismo, la “deshonra” tampoco puede ser atenuante para inscribir a una persona menor de edad con datos que falten a la verdad. Según el Diccionario de la Real Academia Española este concepto hace referencia a «Pérdida de la honra. Cosa deshonrosa. Desacato. Falta de respeto»^[3], entonces, es una acción completamente contraria a lo que debería socialmente estar haciendo una mujer. Como menciona Desmond Morris “Una vez formado el feto por el acto de fertilización, existe ya un nuevo individuo que es miembro de la sociedad, y su destrucción sería un verdadero acto de agresión, que es precisamente la forma de comportamiento que tratamos de evitar”^[4]; por lo tanto, todo tipo de atenuantes que justifiquen el asesinato o abandono de niños recién nacidos o el asesinato de los no nacidos.

Si se hace un análisis de la situación actual, vemos que nuestra legislación penal aún contiene vestigios de la época de las órdenes de caballería; por ello, mantiene palabras discriminatorias que se siguen utilizando como atenuantes para poder quitarle la vida a un bebé hasta de tres días de nacido, sin que ni siquiera las penas lleguen a ser considerables.

En ese sentido, consideramos que el Código Penal, al referirse a la buena fama y a la deshonra, lo hace sobre en un concepto ya superado de la salud y la vida sexual de una mujer, así como al diferenciarla de un hombre.

Para concluir, Costa Rica, como país defensor de los derechos humanos y la vida, desde su declaración, como derecho fundamental en nuestra Carta Magna, no puede ni debe alcahuetear ningún tipo de atenuante para un homicidio, sea desde la concepción, en el momento de nacer o conforme avanza la vida de una persona. Con base en las razones expuestas, someto a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el presente proyecto de ley para su estudio y aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 183 Y DEROGACIÓN

DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 113 Y DE LOS

ARTÍCULOS 120 Y 143 DE LA LEY 4573,

CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970

ARTÍCULO 1-        Se reforma el artículo 183 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. El texto es el siguiente:

Artículo 183- Si el hecho ha sido cometido exclusivamente con el fin de amparar al menor, la pena será de un mes a dos años de prisión.

ARTÍCULO 2-        Se derogan el inciso 3) del artículo 113, y los artículos 120 y 143 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.

Rige a partir de su publicación.

Erick Rodríguez Steller

Diputado

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022627320 ).

LEY PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL LIBRO

Y LAS BIBLIOTECAS

EXPEDIENTE Nº 21534

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, rendimos Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre el proyecto LEY PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS, Expediente Nº 21534, iniciativa del diputado Mario Castillo Méndez, publicado en La Gaceta N° 154, Alcance 185, del 19 de agosto del 2019, con base en las siguientes consideraciones:

I)          OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto en consideración pretende la creación de una ley dirigida al fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas; así mismo a la producción y circulación del libro en cualquier soporte y a las entidades, procesos y recursos relativos a ellos. Reconociendo así a la lectura como un derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos, científicos y tecnológicos de la población.

La ley plantea promover y apoyar todas aquellas prácticas de lectura y escritura en la población costarricense. De esta forma lograr un apoyo dirigido hacia la formación tanto de lectores y escritores para un aumento en la producción y circulación del libro.

Se pretende fomentar y apoyar la diversidad de las expresiones lingüísticas y culturales, así como la oralidad, el rescate y el fomento de la tradición oral. Adicionalmente motivaría la participación ciudadana en el fomento de la lectura, la escritura, el libro y las bibliotecas.

II)          TRÁMITE LEGISLATIVO

•       Procedimiento de ley ordinario.

•       Diputado Proponente: Mario Castillo Méndez

Iniciado el 30 de Julio del 2019.

•       Se asigna a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

•       Publicado en La Gaceta número 154 Alcance 185, del 19 de agosto del 2019

•       Se recibe en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación el 21 de agosto del 2019.

•       Ingresa en el orden del día el 12 de setiembre del 2019

•       El día 12 de marzo del 2020 la iniciativa es dictaminada en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

•       El 08 de junio del 2020, la iniciativa ingresa al orden del día en el Plenario Legislativo.

•       El día 16 de junio del 2020, es votada en primer debate en el Plenario Legislativo.

•       El 25 de agosto del 2020 son remitidas las mociones vía artículo 137 a la la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

•       El 27 de agosto del 2020 ingresan al orden del día las mociones vía artículo 137 de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

•       El 07 de setiembre del 2020 es aprobada la moción 154 en el Plenario Legislativo.

•       El 16 de setiembre del 2020 es remitida por primera vez a la comisión dictaminadora vía artículo 154.

•       El día 24 de setiembre del 2020 ingresa la inicitiva al orden del día y debate en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

III) CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES

De acuero al criterio emitido por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos y lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Expediente N° 21534 Ley para el fometo de la lectura, el libro y las Bibliotecas, no posee consultas obligatorias. Del mismo modo se decide realizar consultas no obligatorias a las siguientes instituciones:

-           Cámara Costarricense del Libro

-           Universidades Públicas

-           Ministerio de Hacienda

-           Ministerio de Cultura y Juventud

Sin embargo, únicamente se reciben como respuestas institucionales las siguientes:

CÁMARA COSTARRICENSE DEL LIBRO

El 30 de setiembre del 2019, entra respuesta donde expresan lo siguiente:

a) Se manifiestan a favor del proyecto de ley de manera en que se comprometen a realizar un esfuerzo para hacer que la propuesta se convierta realmente en un avance en la vida cultural, educativa y económica del país.

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

El 04 de febrero del 2020 entra respuesta donde señalan lo siguiente:

a)         Artículo 2: párrafo primero, línea 8, cambiar la palabra “garantizará” por “debe promover” y posterior a “la escritura,” agregar “así como”.

b)         Artículo 3: iniciso 1, agregar “para el desarrollo de una ciudadanía crítica y reflexiva”.

c)         Artículo 5: párrafo primero, línea 1, cambiar “los poderes públicos” por “el Estado costarricense y sus instituciones centrales y descentralizadas”.

d)         Artículo 8: párrafo primero, línea 3, cambiar “bibliodiversidad” por “en formato físico y/o digital”.

e)         Artículo 13: línea 2, posterior a bibliotecas agregar “físicas o virtuales”.

f)          Artículo 24: agregar “a nivel regional y con libre acceso para autores y escritores nacionales”.

g)         Añadir un nuevo artículo en el capítulo XI que indique: “El Ministerio de Educación Pública junto con el Ministerio de Cultura y Juventud ofrecerán capacitación adecuada a las personas educadoras de Preescolar y Primaria para fomentar la lectura por placer, la comprensión de lectura y la escritura en la niñez costarricense.”

h)         Artículo 44: añadir “con el propósito de que su costo sea más bajo y accesible a la población costarricense.”

i)          Artículo 52: inciso 9, añadir “con el propósito de que su costo sea más bajo y accesible a la población costarricense.”

j)          Sugieren incluir en el artículo 6 a las Universidad Públicas debido a que estas cuentan tanto con Bibliotecas como con Editoriales qe promueven la emisión de libros.

k)         Consideran necesaria la eliminación de las Universidades del artículo 12 debido a que estas cuentan con autonomía por lo que no requieren una autorización específica del Estado.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

El 19 de febrero del 2020 entra respuesta donde se señala que para la aprobación del proyecto resulta necesario lo siguiente:

a)         Artículo 1: resulta necesario enunciar a las personas beneficiarias de la presente ley. Además, señalan que en dicho artículo se hace mención al componente de la escritura, el cual no existe en el enunciado de la ley.

b)         Artículo 2: se recomienda que la fundamentación de la ley no figure en el texto debido a que dificulta la distinción entre el precepto y sus principios.

c)         Artículo 3: modificar los incisos 5 y 6 para que se lean de la siguiente manera, Inciso 5 “Democratizar el acceso de la población a la lectura y al libro en todos sus formatos”, Inciso 6 “Apoyar la formación de personas especializadas en las actividades reguladas por esta ley.”.

d)         Sobre el Artículo 4 referente a las definiciones se señala lo siguiente:  - En cuanto a lo referente a editorial no se hace alusión a los procesos de publicación propiamente dichos.

-           Inciso 1: agregar “persona física y jurídica” ya que las creaciones literarias pueden ser producidas a nivel persona o institucional.

-           Modificación de la definición de biblioteca escolar de la siguiente forma “servicio de apoyo de la educación escolar que se vale de colecciones bibliográficas y audiovisuales, con un espacio adecuado, un responsable profesional en Bibliotecología, y un plan de trabajo para garantizar el acceso libre de la comunidad educativa, en especial alumnos y docentes, y se incorpora en forma permanente a la práctica educativa.”.

-           Modificación de biblioteca pública de la siguiente manera “Lugar de encuentro de la comunidad, sitio de acceso a la información y centro para la promoción de la cultura y la lectura que tiene como función primordial ofrecer a los lectores un acceso amplio y sin discriminación a las colecciones bibliográficas, audiovisuales y de multimedia, o en cualquier otro soporte, actualizadas en forma permanente. Las bibliotecas públicas pueden ser administradas por el Estado, por iniciativas privadas o por las comunidades.”.

e)         Sugieren que el capítulo V podría denominarse como Promoción del Libro, así como la eliminación del inciso 5.

f)          Artículo 6: consideran importante tomar en cuenta al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones debido a su importante en el desarrollo científico y tecnológico.

g)         Artículo 8: consideran que la lectura debe dirigirse tanto a lectores reales como potenciales por lo que debe leerse de la siguiente forma “…, así como su distribución en le territorio nacional para garantizar su acceso a todos los lectores reales y potenciales.”.

h)         Artículo 9: se recomienda que se lea de la siguiente manera “El Estado garantizará la presencia permanente del libro en todos sus formatos, en la escuela y en el aula por medio de la biblioteca escolar, a la vez que procurará mantener la presencia permanente de un profesional en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Escolares en las unidades de información escolares, públicas, universitarias y municipales para que realicen campañas de fomento de la lectura y la cultura.”.

i)          Artículo 12: se recomienda su eliminación, o bien, realizar una reforma en el contenido donde se exprese que las universidades públicas estarán exentas de dicha autorización.

j)        Artículo 13: resulta importante realizar una conceptualización precisa del concepto de bibliotecas adecuadas.

k)         Artículo 14: se recomienda agregar al texto lo siguiente “… divulgación del patrimonio cultural local, y estas bibliotecas estarán a cargo de personal en el área de Bibliotecología para su adecuado funcionamiento.”.

l)          Artículo 16: se recomienda plantear el enunciado de la siguiente forma “Las instituciones educativas, para el cumplimiento de sus objetivos, procurarán tener una biblioteca escolar, la que contará con un responsable que sea profesional en el área de Bibliotecología y bibliotecas educativas, debidamente incorporado al Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, para garantizar un servicio eficaz y permanente durante todo el ciclo escolar.

m)        Artículo 18: recomiendan plantear el enunciado de la siguiente manera “Las bibliotecas escolares tendrán como función central asegurar a toda la comunidad escolar el acceso permanente al libro y a diversas prácticas de lectura y escritura. Para ello tendrán servicios de préstamo para consulta y fomento de la lectura a la comunidad escolar; darán acceso a la información en línea; apoyarán la docencia en todas las disciplinas; y ofrecerán acceso a las tecnologías de la comunicación a alumnos y docentes. El Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas coadyuvará en este propósito.”.

n)         Artículo 19: es importante considerar y aclarar que la formación de profesionales en Bibliotecología es competencia de las Universidades.

o)       Artículo 21: la referencia al depósito legal es improcedente debido a que este aspecto se encuentra en la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

p)         Artículo 22: conviene señalar la existencia de la Ley No. 9211 Ley Premios Nacionales de Cultura.

q)         Artículo 23: se considera impreciso en cuanto a la referencia de becas de obras.

r)          Artículo 24: resulta pertinente aclarar el tipo de apoyo que podrá suministrar el Estado y sus instituciones.

s)         Artículo 25, 26 y 27: se considera necesario su desarrollo para analizar cómo se llevará a cabo el cumplimiento de resultados y cuáles serán las entidades responsables de su ejecución y evaluación.

t)          Artículo 30: se señala que no queda claro a qué se refiere la expresión propia producción editorial.

u)         Artículo 31: el artículo es omiso en establecer cuál entidad será la responsable de crear las bases de datos.

v)         Artículo 33: resulta importante señalar cuales son las entidades competentes para el desarrollo de los programas de formación profesional, así como la forma en que se llevará a cabo su implementación.

w)         Artículo 40: en este se menciona el precio fijo de venta al público por parte de importadores, lo cual es contrario a lo que en propiedad intelectual se conoce como el agotamiento del derecho, siendo este un principio propio del libre mercado de los libros.

x)         Artículo 44: se recomienda que la ley sea revisada a la luz de lo que ya existe y así reconsiderar la creación de un impuesto nuevo.

y)         Artículo 52: se considera necesario dar identidad propia al Consejo y sus funciones, razón por la que se recomienda presentarlos en artículos separados. Además, resulta conveniente adicionar a una persona representante del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública.

z)          Artículo 64: se recomienda la adición de un nuevo inciso en el cual se establezca lo siguiente “Programa y actividades de apoyo a la función cultural y de fomento a la lectura de las bibliotecas públicas y escolares.”.

aa)        Capítulo XV: resulta importante valorar la inclusión del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

bb)       Artículo 67: se recomienda la modificación del Inciso 7 de la siguiente forma “Desarrollar programas de formación para las personas profesionales en bibliotecología escolar y maestros en las áreas de lectura y escritura.”

AUDIENCIAS

No se solicitaron ni se realizaron audiencias.

IV) INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉNICOS

El proyecto en discusión cuenta con Informe Integrado brindado por el Departamento de Servicios Técnicos, el cual se identifica con el consecutivo AL – DEST – IIN – 094 – 2019. A continuación, se muestra un resumen de las principales consideraciones de orden económico y jurídico establecidas en el informe citado, las cuales fueron replanteadas a partir de la formulación de un nuevo texto sustitutivo dictaminado por la presente Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

Datos sobre la lectura en el país

Un dato relevante para los efectos de la iniciativa de ley lo es la cantidad de costarricenses que dicen leer libros de autores nacionales. De 1.567.318 personas, 18,80% (294.655,78) leyeron libros de autores nacionales y (81,20%) 1.272.662,22 no lo hicieron.  Este dato revela la escasa orientación del lector nacional por los libros que se producen en el país y que son de autores nacionales, lo cual debe ser materia de reflexión de parte de los encargados de la política nacional de lectura.

Por otra parte, las razones o motivos por los que el costarricense lee son variadas. Un 62% de las personas lectoras lo hicieron por gusto o entretenimiento, un 20% por razones de estudio, un 9% por desarrollo personal, un 9% por otras razones. El que el 62% de las personas lean por entretenimiento abre una posibilidad importante para el crecimiento de lectores y de la industria editorial nacional, relacionada con la creación literaria no solo en el ámbito de la lectura de ficción, sino en el ámbito de las demás ciencias y disciplinas del pensamiento.

Análisis del articulado y la situación económica actual

Servicios Técnicos señala en el artículo 12 “El Estado autorizará las compras públicas de libros para la red de bibliotecas públicas, universitarias, municipales y escolares.” una preocupación frente a la autonomía tanto universitaria como municipal. Ante ello se ha valorado y subsanado dicha observación en la propuesta del nuevo texto sustitutivo.

De acuerdo a los Beneficios Tributarios para el fomento de la actividad Editorial, establecidos en los siguientes artículos:

●    ARTÍCULO 44- El Estado exonera del pago del IVA al libro impreso, digital y en cualquier otro soporte.

●    ARTÍCULO 46- Las materias primas, insumos y servicios para la edición y producción de libros estarán exentas de impuestos y derechos de aduana, así como del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento de la ley y de conformidad con los procedimientos del Ministerio de Hacienda.

●    ARTÍCULO 47- La importación y exportación de libros no tendrán ningún impuesto, tasa o gravamen tributario.

●    ARTÍCULO 49- Estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado, y de todo impuesto arancelario que resulte aplicable, las donaciones que tengan por objeto el cumplimiento de los fines de la presente Ley, destinadas al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI), bibliotecas municipales, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, al Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y a las entidades sin fines de lucro que desarrollen proyectos específicos de carácter cultural como ferias, encuentros, concursos y otros dedicados al fomento de la creación literaria y de la promoción de la lectura.

●    ARTÍCULO 50- Los ingresos por derechos de autor y por premios literarios, culturales y científicos que obtengan los autores, ilustradores y traductores de libros, nacionales o residentes en el país, por concepto de libros editados y producidos en el territorio nacional, estarán exonerados del pago del impuesto al Valor Agregado y del impuesto a la renta.

El Informe de Servicios Técnicos ha sido claro que de ser así se recomienda que lo que el legislador decida exonerar del impuesto de valor agregado, lo plantee como una reforma a la ley que regula el impuesto de valor agregado concretamente en lo que se está exento de esto impuesto, esto con el fin de lograr unidad normativa y que no se dé una dispersión de normas. Además, señala que en torno a la situación fiscal del país se debe reflexionar sobre la exoneración propuesta debido a que, si bien es importante la promoción de la lectura, alrededor de la misma hay una actividad económica que genera utilidades. Por lo que dichas observaciones han sido debidamente valoradas y subsanadas en la propuesta del nuevo texto sustitutivo.

Por último, el proyecto de ley propone en el artículo 56 un impuesto específico equivalente de un dólar americano por cada kilogramo de venta masiva (en bulto o paca) de ropa usada. Dichos ingresos serán para el financiamiento del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. A partir de este, en el Informe se señala lo siguiente:

El impuesto de $1 por cada kilo de venta en bulto o paca de ropa usada, será tanto para aquella que se importa, como para aquella que se comercializa internamente.  Es decir, que si un importador trae una paca de ropa usada pagará el impuesto en mención, a la vez si un distribuidor vende dicha paca como tal en el mercado nacional se gravará nuevamente con el impuesto mencionado y así sucesivamente siempre que se comercialice en paca o bulto.

En ese sentido es preciso señalar que en el año 2018 según las estadísticas del Ministerio de Hacienda consignadas por el Servicio Nacional de Adunas por importaciones definitivas al país, se importó ropa usada por un total de 11.983.590,34 kilogramos, por lo que de aprobarse la iniciativa legal se tendría por concepto del mencionado impuesto la suma de $11.983.590,34, que en colones representa alrededor de ¢6.950,36 millones. Valga indicar que, de acuerdo con la citada fuente, el valor aduanero de la mercancía importada alcanzó los $6.088.056,95 en el 2018 por lo que el monto recaudado por el nuevo impuesto representaría un 196% del valor aduanero de dichas importaciones en el año 2018.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

Finalmente, es relevante señalar, que en promedio los bultos o pacas de ropa usada pesan 454 kilogramos e igualmente en promedio traen alrededor de 3.000 prendas, por lo que un bulto pagaría alrededor de $454 (¢263.315) por este impuesto y cada prenda alrededor de ¢88 como promedio. Por ello, se ha realizado un nuevo estudio a partir de los datos brindados por la Oficina de Servicios Técnicos para solventar dichas consideraciones en la propuesta del texto sustitutivo.

V) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en lo analizado se ha replanteado el proyecto a partir de la formulación de un nuevo texto sustitutivo previamente dictaminado por la presente Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, tomando en consideración lo expresado en las consultas recibidas, así como lo aspectos ténicos, jurídicos, de oportunidad y conveniencia. Por lo que los suscritos diputados miembros de esta comisión, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL LIBRO

Y LAS BIBLIOTECAS

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

ARTÍCULO 1- La presente ley se aplica al fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas (físicas o digitales); así como a la producción y circulación del libro en cualquier soporte, y a las entidades, procesos y recursos relativos a ellos.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

ARTÍCULO 2- Para los efectos de esta ley, se adoptan las siguientes definiciones:

1) Autor:  toda persona física que intervenga en la creación de una obra intelectual originaria o derivada, como el escritor, el ilustrador, el fotógrafo, el compilador o el traductor.

2) Agente literario:  persona natural o jurídica elegida por el autor bajo acuerdos tomados mediante un contrato de representación que es encargada de representar al autor en los aspectos legales y contractuales y en la promoción de su obra.

3) Biblioteca:  institución cultural y educativa cuya función esencial es brindar acceso amplio y sin discriminación a la información, al libro y la lectura en diferentes formatos o soportes, así como, a los servicios bibliotecarios y de información a fin de satisfacer necesidades informativas, educativas, culturales, de investigación o recreativas de las personas usuarias. La tipología de estas unidades de información varía según su origen, destinatarios y colecciones entre las que pueden encontrar los centros de documentación, las bibliotecas escolares, públicas, nacionales, universitarias y especializadas de instituciones públicas o privadas. Dispone de colecciones organizadas de diversidad de fuentes documentales como libros, publicaciones periódicas, audiovisuales, digitales, entre otras.

4)         Distribuidor:  persona natural o jurídica que tiene como función principal la comercialización de libros al por mayor. Sirve de enlace entre el editor y el vendedor minorista.

5)         Editorial:  persona jurídica responsable, económica y jurídicamente, de decidir, financiar y coordinar el proceso de edición de obras, su reproducción impresa o electrónica, y su divulgación en cualquier soporte respetando los términos y condiciones establecidos tanto por el autor como el representante del mismo de acuerdo a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos No.6683 de 14 de octubre de 1982.

6)         Librería:  establecimiento de comercio de libre acceso al público, cuya actividad principal es la venta de libros al detalle.  Puede estar acompañada de la venta de otros bienes de la industria cultural, sonoros o audiovisuales y de la venta de materiales complementarios de escritura o lectura.

7)         Libro:  toda obra unitaria, publicada en uno o varios volúmenes, tomos o fascículos, compuesta de material verbal o material gráfico, con un título, publicada en cualquier soporte y susceptible de lectura.  Se considera libro para efectos aduaneros y tributarios, los materiales complementarios, en cualquier soporte, que hagan parte de él y no puedan comercializarse en forma independiente.

8) ISBN:  Sigla de la expresión inglesa International Standard Book Number (Número Internacional Normalizado del Libro), que es el número internacional asignado a cada libro.

CAPÍTULO III

DEL FOMENTO DE LA LECTURA

ARTÍCULO 3- Todas las personas tienen derecho a la lectura y los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho en condiciones de libertad y equidad social.

ARTÍCULO 4- El Estado definirá y pondrá en marcha el Plan Nacional de Lectura, en cuya elaboración, ejecución, evaluación y actualización periódica participarán los ministerios de Educación Pública y el de Cultura y Juventud.

ARTÍCULO 5- El Ministerio de Educación Pública y el Consejo Superior de Educación Pública, en coordinación con las instituciones educativas, y en cooperación con el Ministerio de Cultura y Juventud, velarán para que la educación en todos sus niveles, modalidades y ámbitos, desarrolle las competencias de lectura y escritura, promueva la formación de lectores y escritores para la recreación, la información y la formación personal, y estimule la capacidad de lectura crítica y compleja.  Promoverá, igualmente, el desarrollo de programas que atiendan la inclusión en la cultura escrita desde la primera infancia.

ARTÍCULO 6- El Estado, en colaboración voluntaria con las editoriales y organizaciones públicas y privadas afines interesadas, impulsará la creación y producción de obras que enriquezcan la oferta disponible de libros, bibliodiversidad, para satisfacer las necesidades e intereses de los lectores, así como su distribución en el territorio nacional para garantizar su acceso a todos los lectores potenciales.

ARTÍCULO 7- El Estado garantizará la presencia permanente del libro en la escuela y en el aula por medio de la biblioteca escolar.

ARTÍCULO 8- El Estado garantizará la existencia de bibliotecas públicas como lugares de acceso de toda la población al libro y la información, como entidades de apoyo a la formación de lectores y como lugares de encuentro comunitario y cultural.

ARTÍCULO 9- El Estado promoverá la conformación de bibliotecas comunitarias y el uso del libro en todos los ámbitos, incluyendo el hogar y el ámbito penitenciario.

ARTÍCULO 10- El Estado autorizará las compras públicas de libros para la red de bibliotecas públicas y escolares, que incluya obras en formatos accesibles para personas ciegas o con algún tipo de discapacidad.

CAPÍTULO IV

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 11- La biblioteca pública garantizará a toda la población el acceso amplio y gratuito de la lectura, en todas sus formas y tecnologías.  Igualmente, debe servir de lugar de encuentro de la comunidad, de espacio para la promoción de la cultura en todas sus formas, y de entidad promotora de la conservación y divulgación del patrimonio cultural local.

ARTÍCULO 12–  Las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) procurarán actualizar permanentemente sus colecciones, para que respondan en forma adecuada a las necesidades de los usuarios, a los rasgos culturales y sociales de las comunidades y al desarrollo del conocimiento, las ciencias y la tecnología. El Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas coadyuvará en este propósito.

CAPÍTULO V

BIBLIOTECAS ESCOLARES

ARTÍCULO 13- Las instituciones educativas, para el cumplimiento de sus objetivos, procurarán tener una biblioteca escolar, la que contará con un responsable que gestione su funcionamiento, para garantizar un servicio eficaz y permanente durante todo el ciclo escolar.

ARTÍCULO 14- Las bibliotecas escolares tendrán como función central asegurar a toda la comunidad escolar el acceso permanente al libro, la información y a diversas prácticas de lectura y escritura. Para ello tendrán servicios de préstamo para consulta y fomento de la lectura a la comunidad escolar; darán acceso a la información en línea; apoyarán la docencia en todas las disciplinas; y ofrecerán acceso a las tecnologías de la comunicación a alumnos y docentes.

ARTÍCULO 15- Las bibliotecas escolares que se establezcan procurarán tener colecciones actualizadas que garanticen la diversidad lingüística y cultural y respondan a las necesidades de los alumnos y docentes. El Ministerio de Educación Pública señalará los criterios básicos y los procedimientos mínimos, abiertos y públicos, para la selección de tales colecciones, y la participación de alumnos, docentes y autoridades escolares.

ARTÍCULO 16- El Estado promoverá la formación de los bibliotecarios escolares y dictará las normas que garanticen la estabilidad laboral del personal calificado.

CAPÍTULO VI

BIBLIOTECA NACIONAL

ARTÍCULO 17- La Biblioteca Nacional tiene la misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental costarricense y es el referente a nivel nacional e internacional de la producción bibliográfica y documental costarricense en todos los formatos y de todas las obras. La Biblioteca Nacional procurará el acceso gratuito a la colección patrimonial, utilizando los diferentes medios y tecnologías, según lo permita la ley.

ARTÍCULO 18- Los editores, productores o autores independientes deben cumplir con el Depósito Legal de toda obra producida o publicada a la Biblioteca Nacional, tanto en formato impreso como en formato digital.

CAPÍTULO VII

DEL FOMENTO A LA CREACIÓN INTELECTUAL

ARTÍCULO 19- El Estado promoverá la creación literaria, premios y concursos para destacar las diferentes formas de expresión literaria.

ARTÍCULO 20- El Estado promoverá el otorgamiento de becas de obras para los autores.

ARTÍCULO 21- El Estado apoyará la creación de talleres, encuentros y congresos literarios.

ARTÍCULO 22 El Estado estimulará la edición y divulgación de obras de nuevos autores, así como de aquellos que pertenezcan a comunidades lingüísticas o sociales minoritarias.

ARTÍCULO 23- El Estado fomentará una cultura de respeto por las creaciones intelectuales y sus autores.  Para ello apoyará la divulgación de la creación nacional tanto en nuestro país como en el extranjero y fomentará, en el ámbito escolar y social el conocimiento de las obras literarias, artísticas y de sus autores.

ARTÍCULO 24- El Estado apoyará a las entidades educativas y de investigación para el estudio de las formas literarias de las diferentes comunidades lingüísticas del país.

ARTÍCULO 25- El Estado fomentará programas de formación especializada para los autores, en especial en lo relativo a la negociación y contratación de sus derechos.

CAPÍTULO VIII

DEL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

ARTÍCULO 26- El Estado fomentará la edición y producción de libros, en todos los soportes, y su traducción a otras lenguas, por medio de estímulos fiscales, compras públicas, fondos asignados por concurso y por su propia producción editorial.

ARTÍCULO 27- El Estado apoyará la participación de las instituciones nacionales en catálogos internacionales de libros en venta o de producción bibliográfica, general y especializada, que contribuyan a ampliar la circulación y el conocimiento del libro nacional.  Se conformarán bases de datos con el registro de las empresas editoriales, librerías y puestos de venta, bibliotecas y salas de lectura del país.

ARTÍCULO 28- El Estado apoyará el desarrollo de programas de formación profesional especializados en todas las áreas de la industria de la edición; en especial las que contribuyan a la modernización administrativa y tecnológica de las editoriales. Para las editoriales privadas la participación en estos programas se establecerá de forma voluntaria.

CAPÍTULO IX

DEL FOMENTO A LA CIRCULACIÓN DEL LIBRO

ARTÍCULO 29- El Estado apoyará la difusión, distribución y comercialización nacional e internacional de la producción editorial.

ARTÍCULO 30 El Estado mantendrá los estándares internacionales y sus sucesivas actualizaciones, para la identificación de libros y productos relacionados que estén a disposición del público en general.

ARTÍCULO 31- La Agencia Nacional ISBN del Sistema Nacional de Bibliotecas, es responsable de las normas técnicas del ISBN, da seguimiento a los sistemas de identificación y a las normas estandarizadas que puedan surgir para el entorno digital en relación con la actividad editorial.

ARTÍCULO 32- La Agencia Nacional ISBN promoverá el registro de libreros y distribuidores a la base de datos ISBN.

ARTÍCULO 33- Las editoriales o los importadores de libros destinados al mercado nacional están obligados a establecer un precio fijo de venta al público.  El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, el que regirá como precio fijo por un periodo de tiempo determinado, en todas las operaciones de comercio al por menor del libro en el territorio nacional.  El Estado, por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio reglamentará la forma de funcionamiento del precio fijo, el periodo de vigencia y señalará las excepciones a su aplicación.

ARTÍCULO 34- Las ferias del libro internacionales, regionales o municipales tendrán el apoyo de las autoridades nacionales y locales.

El Estado promoverá la participación de los editores, libreros, agentes literarios y autores en las ferias del libro, así como la asistencia de los compradores extranjeros a las ferias nacionales del libro.

ARTÍCULO 35- El Estado desarrollará programas de formación especializados para los agentes literarios, libreros y distribuidores, en particular dirigidos a promover la aplicación de nuevas tecnologías.

CAPÍTULO X

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO

DE LA ACTIVIDAD EDITORIAL

ARTÍCULO 36- El Estado apoyará la promoción de la industria editorial, así como la circulación del libro en cualquier soporte y productos afines, a cargo de empresas constituidas como personas jurídicas domiciliadas en el país cuya actividad exclusiva sea la edición, comercialización, difusión, exportación, importación o distribución de libros y productos editoriales afines.

ARTÍCULO 37 El Estado promoverá condiciones preferenciales de acceso de los editores, libreros y distribuidores a los fondos de garantía de crédito.

ARTÍCULO 38- El gobierno, por medio del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, gestionará acuerdos para obtener tarifas postales y fletes de transporte preferenciales para el libro.

CAPÍTULO XI

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ARTÍCULO 39- Los ministerios de Educación Pública y Cultura y Juventud son los responsables de la ejecución de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Para ello actuarán en coordinación con las demás instancias nacionales, regionales y locales encargadas de las políticas educativas, científicas, industriales, tributarias y fiscales que afecten este sector.

ARTÍCULO 40- Créase el Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas como organismo asesor del Estado en la aplicación de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.  El Consejo estará adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud. Tendrá las siguientes funciones:

1) Asesorar al gobierno en la reglamentación y ejecución de la presente ley.

2) Concertar y coordinar las acciones del Estado, el sector privado y la comunidad para lograr los objetivos de la ley.

3)         Participar en la definición de la política nacional de fomento a la lectura y proponer periódicamente al Estado el Plan Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

4)         Recomendar criterios y reglas para las acciones de fomento a la actividad editorial y las bibliotecas, y para la aprobación de aportes a actividades de fomento. 5) Asesorar a las autoridades competentes en la definición y desarrollo de las políticas que permitan cumplir las metas de esta ley.

6)         Proponer a las autoridades educativas competentes acciones para la formación de los profesionales del libro, los maestros y bibliotecarios, así como las medidas para la capacitación técnica del personal vinculado a la actividad editorial y a las bibliotecas.

7)         Hacer seguimiento y evaluación, así como promover la evaluación externa, del desarrollo de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y presentar informes periódicos sobre su avance.

8)         Promover acuerdos para obtener tarifas postales y fletes de transporte preferenciales.

9)         Promover la exoneración de impuestos regionales o locales de industria y comercio u otros, a editores, libreros y bibliotecas en los ámbitos territoriales respectivos.

10)        Impulsar la identificación de buenas prácticas en el sector editorial y su divulgación.

ARTÍCULO 41- El Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas estará conformado por los siguientes miembros:

1)         El Ministro (a) de Cultura y Juventud, quien lo presidirá.

2)         El Ministro (a) de Educación Pública.

3)         El Director (a) del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).

4)         Un representante de los autores y creadores de obras literarias o artísticas, designado de común acuerdo por el mismo Consejo.

5)         Un representante de los editores, designado por la Cámara Costarricense del Libro.

6)         Un representante de los libreros y distribuidores, designado por la Cámara Costarricense del Libro.

7)         El responsable de la red de bibliotecas escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Podrán participar en representación del Ministro (a) un Viceministro (a) de su misma cartera y debidamente designado por el Ministerio respectivo.

ARTÍCULO 42- Remuneración, dietas, estipendios o emolumentos por asistencia a las sesiones y reuniones de trabajo

Los miembros de las instancias integrantes del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, no recibirán dietas, estipendios o emolumentos por la asistencia y cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 43- El Poder Ejecutivo reglamentará la elección de los representantes al Consejo y señalará la entidad oficial que asumiría la Secretaría, especificando los criterios, mecanismos y periodicidad de elección de los representantes de los distintos sectores.

CAPÍTULO XII

DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA

LECTURA, EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS

ARTÍCULO 44- Creación del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas

Para apoyar las políticas de fomento establecidas en esta ley, créase el Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que será́ administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, según la reglamentación que expida el gobierno al efecto.

ARTÍCULO 45- Se autoriza a todas las instituciones públicas, centralizadas y autónomas, y a las empresas del Estado a presupuestar y realizar transferencias a favor del Fondo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas creado en esta ley, para apoyar el desarrollo y cumplimiento de los fines y actividades que se le corresponden a ese Fondo.

ARTÍCULO 46- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas físicas o jurídicas, podrán hacer aportes al Fondo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, los cuales se considerarán como un gasto válidamente deducible para el cálculo de la renta neta imponible de ese impuesto o como crédito tributario.

CAPÍTULO XIII

DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 47- Para los efectos de esta ley, son competencias del Ministerio de Cultura y Juventud:

1)         Ejecutar el Plan Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas en lo que le corresponda, así como coordinar y verificar su ejecución en lo que se refiera a otras entidades públicas y privadas.

2)         Definir y ejecutar la política estatal en lo referente al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).

3)         Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).

4)         Orientar los planes y programas sobre creación, fomento y fortalecimiento de las bibliotecas públicas y los servicios que por medio de ellas se prestan.

5)         Desarrollar el programa de dotación bibliográfica del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) en forma continua y permanente, destinando los recursos suficientes.

6)         Promover la recuperación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico nacional.

TÍTULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 48- La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de su publicación.

TRANSITORIO ÚNICO- En la medida en que los ciudadanos tengan mayor capacidad de interpretación y comprensión, tendrán mayores posibilidades de entender las normas y comportamientos que les garanticen a ellos mismos y al país la seguridad; en consecuencia,  para el financiamiento del Fondo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, se establece la obligación del Instituto Nacional de Seguros de presupuestar y transferirle, de sus utilidades anuales, doscientos cincuenta millones de colones anuales, durante un período de cinco años consecutivos. Esa transferencia deberá realizarse durante el mes de enero de cada año del período indicado, iniciando el primer mes de enero luego de la entrada en vigencia de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga

Presidente

1 vez.—Exonerado.—( IN2022628164 ).

REINSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES DISUELTAS

Expediente N.° 22.930

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Antecedentes

El 21 de marzo de 2017 se promulgó la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, a través de la cual se establece un impuesto a todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas en el Registro Nacional.

De conformidad con el artículo 7º de la Ley N.° 9428, el no pago del impuesto establecido por tres períodos consecutivos es causal de disolución de la sociedad mercantil y con ello el fin de su personalidad jurídica. Esta medida busca disuadir el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de las sociedades.

Según la información del Ministerio de Hacienda, 76819 sociedades serían disueltas en los próximos meses por no pagar el impuesto a las personas jurídicas conforme a la disposición el artículo 7 de la citada ley. https://www.nacion.com/economia/finanzas/clave-fiscal-de-nuevo-la-disolucion-de-sociedades/PSB4W3DHLFBZLPFGHBMOUTYG2U/story/

Asimismo, el Código de Comercio determina, en su artículo 201 inciso a), la disolución de las sociedades por el vencimiento del plazo estipulado en su escritura constitutiva.

La disolución contemplada por la Ley N.° 9428 y por el Código de Comercio conllevan elevados costos para los accionistas y sus representantes legales, ya que muchas de estas sociedades tienen bienes o actividades y a raíz de la disolución se ven limitados en su accionar, acarreando costos elevados principalmente en procesos de liquidación y traspasos.

Es de todos conocido que, durante los últimos años, la economía costarricense ha enfrentado una grave crisis económica que con la pandemia generada por el covid-19 vino a agravarse, desencadenando en que muchas sociedades han enfrentado serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones tributarias.

Según datos de la Cámara de Industrias de Costa Rica, tenemos un sector privado que genera el 86% de los empleos del país y existen más de 4,000 empresas del sector industrial que contribuyen a la seguridad social y 1,671 empresas industriales que contribuyen a la economía y comercio. Es un hecho que esta disposición del artículo 7º de la ley citada, si no se ajusta adecuadamente para contemplar la posibilidad de que las sociedades se pongan completamente al día y así puedan ser reinscritas, generará daños al fisco y en general a la economía en virtud del cese de las actividades de estas sociedades, acompañado paralelamente de la reducción de empleos debido a la desaparición de estas personas jurídicas, un daño irreversible que empeora la situación actual del país y colateralmente afecta el mismo sostenimiento del delicado equilibrio fiscal.

Esta ley pretende dar la posibilidad de reinscripción a todas esas sociedades que, a raíz de la grave crisis económica, no han podido hacer frente al pago del impuesto a las personas jurídicas, de forma tal que, cumpliendo con todos los pagos pendientes, puedan retomar su actividad y recuperar su personalidad jurídica.

Normas similares en el derecho comparado

El conjunto de problemas que se ocasionan con la disolución de una sociedad mercantil ha llevado a que en los Estados Unidos la figura de la reinscripción de sociedades sea común, regulada en todos los Estados. Se pueden citar, a modo de ejemplo, las regulaciones de Florida (Florida Business Corporation Act, título XXXVI, capítulo 607, sección 1422); Montana (Montana Code, título 35, capítulo 14, parte 14); Massachusetts (General Laws, capítulo 156D, sección 14.22, 950 CMR 113.47); Maine (Maine Code, título 31, capítulo 21, subcapítulo 8, párrafo 1593); Kentucky (Kentucky Revised Statutes, 14A.7-030); Vermont (Vermont Statutes, título 11-C, capítulo 012, párrafo 1212); Oregon (Oregon Revised Statutes, 63.654, volumen 2, título 7, capítulo 63, sección 63.654); Missouri (Code of Missouri, título XXIII, capítulo 351, sección 488).

Aspectos generales de la norma que se propone

Con el proyecto se pretende permitir que las sociedades disueltas en aplicación del artículo 7º de la Ley N.° 9428, tengan la posibilidad de ser reinscritas ante el Registro de Personas Jurídicas, una vez demuestren que han pagado la totalidad de los montos pendientes, multas, sanciones e intereses adeudados por concepto de los tributos contemplados por la referida ley.

Por las razones apuntadas, se somete a consideración de las diputadas y los diputados, el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REINSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES DISUELTAS

ARTÍCULO 1-        Objeto

La presente ley tiene como objeto permitir que las sociedades que hayan sido disueltas por no pago del impuesto a las personas jurídicas o por vencimiento del plazo de conformidad con la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 2017, así como por el acaecimiento de la circunstancia prevista en el artículo 201 inciso a) del Código de Comercio, tengan la posibilidad, mediante el pago de la totalidad de los montos pendientes, multas, sanciones e intereses, de reinscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional de Costa Rica, de forma tal que recuperen la personalidad jurídica y sigan llevando a cabo las actividades comerciales que están llamadas a desempeñar.

ARTÍCULO 2-        Plazo

Las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las casas extranjeras, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita y las empresas individuales de responsabilidad limitada podrán solicitar, a través de sus representantes legales, ante el Registro Nacional de Costa Rica la reinscripción de la sociedad en un plazo no mayor a tres años después de la declaratoria de su disolución, siempre y cuando hayan cumplido con las exigencias establecidas en esta ley.

ARTÍCULO 3-        Pagos

Para realizar la reinscripción de una sociedad, el representante legal deberá completar la solicitud correspondiente conforme al reglamento de esta ley, y adjuntar a la misma, la documentación pertinente que acredite la cancelación de la totalidad de los montos, sanciones, multas e intereses que adeude.

ARTÍCULO 4-        Reforma del Código de Comercio

Se reforma el inciso a) del artículo 201 del Código de Comercio, Ley 3284, de 30 de abril de 1964, para que en adelante disponga:

Artículo 201- Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas:

a)     El vencimiento del plazo señalado en la escritura social. Las sociedades disueltas por esta causal podrán ser reinscritas en el Registro de Personas Jurídicas siempre que ello lo solicite el representante de la sociedad antes de transcurridos tres años después de la disolución, previo pago de todos los montos pendientes, multas, sanciones e intereses por obligaciones por concepto del impuesto regulado en la Ley 9428.

(…).

ARTÍCULO 5-        Reforma de la Ley 9428

Adiciónese un artículo 7 bis a la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 2017, para que contenga un párrafo final adicional cuyo texto es el siguiente:

Artículo 7 bis-        Reinscripción por pago de adeudos

No obstante lo dispuesto en el artículo 7, en un plazo máximo de 3 años, contado a partir de la cancelación de la inscripción, el representante legal de la sociedad, previo pago de todos los montos pendientes, multas, sanciones e intereses podrá solicitar al Registro Nacional la reinscripción de la sociedad. Durante ese plazo se mantendrá la protección de la razón social de la sociedad afectada, de lo que deberá asegurarse el Registro de Personas Jurídicas del Nacional.

TRANSITORIO ÚNICO-        El Poder Ejecutivo deberá elaborar y emitir el reglamento a esta ley dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Ana Karine Niño Gutiérrez        Pablo Heriberto Abarca Mora

Diputada y diputado

NOTA:         Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022628175 ).

Texto dictaminado del expediente N.º 22.841,

en la sesión N.º 37, de la Comisión Permanente

de Asuntos Sociales, celebrada el día 1

de marzo de 2022.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

DE LOS JÓVENES

ARTÍCULO 1. – Adiciónese un nuevo inciso b) al artículo 2 de la Ley de creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Ley N° 6041 del 18 de enero de 1977 y sus reformas, corriendo la numeración según corresponda, para que se lea como sigue:

“ARTICULO 2º.- La Comisión administrará un fondo con los fines siguientes:

(…)

b) Conceder financiamiento para la realización de cursos cortos, de formación, capacitación y/o especialización en las competencias y habilidades de mayor demanda para insertarse en la actividades económicas, tales como cursos de idiomas, presentación de pruebas internacionales, obtención de certificaciones de habilidades, capacidades o conocimientos, nacionales y/o internacionales tanto dentro como fuera del país, en las distintas modalidades de oferta (presencial, virtual y/o híbrida) y de formación como son los campamentos de formación (bootcamps); basado en el mérito y la condición socioeconómica de los solicitantes, con preferencia en las áreas de mayor demanda del mercado laboral.

(…)”.

ARTÍCULO 2. – La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) podrá realizar convenios con las empresas, organizaciones y centros educativos, de formación y capacitación, tanto del sector público como del privado, para ofrecer el financiamiento de los cursos para los empleados de las empresas y los estudiantes en general con base en las necesidades formativas que le expongan, siempre que coincidan con los propósitos y objetivos de CONAPE.

ARTÍCULO 3. – Corresponderá al Consejo Directivo de CONAPE, a propuesta del Secretario Ejecutivo, definir y aprobar las tasas de interés de los préstamos, así como las carreras y cursos, la población beneficiaria y la cantidad de recursos que destinará de su presupuesto para financiar lo dispuesto por esta Ley.

Rige a partir de su publicación.

Diputada Xiomara Rodríguez Hernández

Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales

1 vez.—Exonerado.—( IN2022628115 ).

TEXTO SUSTITUTIVO

EXPEDIENTE N° 21617

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DIGITALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES NOTARIALES, MEDIANTE REFORMA DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO NOTARIAL, LEY N.° 7764, DE 17 DE ABRIL 1998.

ARTÍCULO ÚNICO - Se reforma el artículo 27 del Código Notarial, Ley N.° 7764, de 17 de abril 1998 y se lea de la siguiente manera:

“Artículo 27- Presentación de los índices

Los índices de instrumentos públicos deben presentarse quincenalmente al Archivo Notarial dentro de los cinco días hábiles siguientes a los días quince y último de cada mes. Para la presentación de los índices la persona notaria deberá utilizar únicamente la plataforma tecnológica que la Junta Administrativa del Archivo Nacional determine. De manera excepcional, para casos fortuitos o de fuerza mayor, la Junta Administrativa del Archivo Nacional podrá determinar otros medios, requisitos y procedimientos para la presentación de los índices por parte de las personas notarias.

Vencido el término indicado para su presentación, el Archivo Notarial informará al órgano disciplinario respectivo sobre las personas notarias que no cumplieron oportunamente con la presentación de los índices.

Con el fin de costear el mantenimiento de la plataforma tecnológica de servicio que se utilice en la presentación del índice, la Junta Administrativa del Archivo Nacional podrá establecer mecanismos de cobro a las personas usuarias de la misma y definir las sumas que correspondan, previo análisis de los costos de operación.”

Rige tres meses después de su publicación.

TRANSITORIO ÚNICO - Para las personas funcionarias notarias consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estas disposiciones entrarán en vigencia 1 año después de la publicación de esta ley.

Dip. Wagner Jiménez Zúñiga

Presidente

Comisión Permanente Especial de Ciencia,

Tecnología y Educación

1 vez.—Exonerado.—( IN2022628171 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 003-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que la señora Susann Cunningham Arguello, mayor, divorciada una vez, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0904-0878, vecina de San José, en su condición de apoderada especial con facultades suficientes para estos efectos, de la empresa Teris BPO Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-799868, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la compañía Teris BPO Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-799868, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 02-2021 de fecha 04 de enero de 2021, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Teris BPO Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-799868 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “8220 Actividades de centros de llamadas”, con el siguiente detalle: Actividades de centros que atienden llamadas de clientes utilizando operadores humanos, como los call centers. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de la clasificación CAECR	Detalle de servicios
Servicios	8220	Actividades de centros de llamadas	Actividades de centros que atienden llamadas de clientes utilizando operadores humanos, como los call centers

 

Las actividades desarrolladas por la beneficiaria, no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen, mediante declaración jurada.

La beneficiaria obtuvo una puntuación de 102 en el Índice de Elegibilidad Estratégica (en adelante IEES).

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Finamec S. A., situado en el distrito Mata Redonda, del cantón San José, de la provincia de San José.

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

La beneficiaria podrá introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley Nº 7210, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 115 trabajadores, a más tardar el 01 de enero de 2022. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 16 de octubre de 2023. Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.  Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.  Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta.  Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas.  La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día 01 de febrero de 2021. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas.  El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos.  Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal.  Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.  La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones.  En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—( IN2022627959 ).

Nº 0034-2022

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política; artículo 25 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 8, inciso b) de la Ley 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; así como lo dispuesto en la Ley Nº 10103 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de diciembre de 2021, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y

Considerando:

I.—Que las gestiones de promoción y consolidación del posicionamiento de Costa Rica en la economía internacional, orientadas a propiciar el desarrollo y con ello, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la nación, son un pilar central de la gestión del sector comercio exterior. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) como ente rector, es el órgano responsable de definir y dirigir la política comercial externa, promoviendo una vinculación global exitosa, la apertura de mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, diversificación y sofisticación de la oferta exportable nacional y con ello la integración en las cadenas globales de valor, todo ello con incidencia positiva en el crecimiento socioeconómico.

II.—Que desde esta perspectiva, la región de Medio Oriente y norte de África representa un mercado de más de 400 millones de personas. En particular, Emiratos Árabes Unidos con un PIB (producto interno bruto) per cápita de 31982, representa uno de los principales destinos de exportaciones de productos y servicios costarricenses en la región. De tal forma, el Ministerio de Comercio Exterior en conjunto con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) han venido realizando distintas acciones con el fin fortalecer y ampliar las exportaciones de bienes y servicios a dicha región.

III.—Que en este contexto, el país contará con representación en las ferias: Gulfood y Expo Dubái, ambas a realizar en el Emirato de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). La feria Gulfood es una feria especializada en la industria alimentaria y de hospitalidad, cuenta con representación de más de 4000 mil empresas, 120 países y contará con la participación de varias empresas costarricenses. Expo Dubái es una exposición, organizada al amparo de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) que cuenta con la participación de más de 150 países y millones de personas. De igual forma, se van a sostener encuentros empresariales y gremiales organizados por PROCOMER; reuniones con las autoridades de gobierno en los Emiratos de Sharjah y Dubái, entre otros; así como participación en paneles de discusión sobre temas atinentes a dichos eventos. En cuanto a esta última actividad, la misma resulta propicia para divulgar el Programa DESCUBRE que busca revalorizar la agricultura y la pesca como actividades sostenibles hacia una economía inclusiva y dinámica. DESCUBRE persigue además aumentar el valor agregado de la producción nacional, migrando hacia actividades que requieran mayores habilidades y conocimientos e incrementar la oferta exportable del país.

ACUERDA:

Artículo 1º—Designar al señor Julián Aguilar Terán, portador de la cédula de identidad número 1-1126-0973, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior, para viajar al emirato de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en calidad de Asesor del señor Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior, durante su viaje oficial para promover y fortalecer las relaciones y oportunidades comerciales con los países del Medio Oriente. Lo acompañará durante su participación en las ferias: Gulfood y Expo Dubái, ambas a realizar en el emirato de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Asimismo, en encuentros empresariales y gremiales organizados por PROCOMER y en reuniones con las autoridades de gobierno en los emiratos de Sharjah y Dubái, entre otros. Eventos que se llevarán a cabo del 15 al 21 de febrero del presente año, fechas en las cuales el funcionario participará como Asesor del señor Ministro. Durante su estadía procurará cumplir con los siguientes objetivos específicos: 1) acompañar al Ministro en la feria Gulfood 2022 y mantener distintas reuniones en el marco de la feria para promover la oferta exportable de Costa Rica; 2) participar en encuentros empresariales y gremiales organizados por PROCOMER en los Emiratos Árabes Unidos, promocionar la imagen de Costa Rica como destino atractivo como fuente de una canasta de bienes y servicios de exportación de clase mundial, que podrían encontrar nuevas oportunidades en el mercado del Medio Oriente; 3) acompañar al Ministro en la feria Expo Dubái y mantener distintas reuniones en el marco de la feria para promover la oferta exportable de Costa Rica; 4) acompañar al Ministro en un panel de discusión de Expo Dubái, presentando la experiencia de Costa Rica en el tema de agroindustria, a partir de la implementación de la iniciativa de política pública denominada DESCUBRE; y 5) acompañar al Ministro como parte de la delegación oficial en reuniones con las autoridades de gobierno en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de impulsar la agenda de comercio entre los países y explorar formas de potenciar la relación bilateral.

Artículo 2º—Los gastos del señor Julián Aguilar Terán por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, US$2.622.16 (dos mil seiscientos veintidós dólares con dieciséis centavos) sujeto a liquidación, serán costeados con recursos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Los gastos por concepto de transporte aéreo de ida y de regreso, transporte terrestre en Costa Rica, en el emirato de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y en los emiratos de Sharjah y Dubái, entre otros, será cubierto con recursos de la Promotora. De igual forma, el seguro médico viajero y cualquier erogación que por concepto de penalización deba girarse por cambios imprevistos y debidamente justificados en el tiquete aéreo. Asimismo, los gastos correspondientes a llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio Exterior y gastos conexos por pago de equipaje, según los artículos 31 y 52 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, dado que por política de algunas aerolíneas se está cobrando por cada maleta que sea chequeada tanto a la salida como al regreso a Costa Rica. Los gastos correspondientes a las pruebas PCR de COVID-19, requeridas para el ingreso a cada uno de los lugares a visitar y cualquier otro gasto requerido por las autoridades migratorias de cada país, relacionado con las medidas de prevención a raíz de la pandemia del COVID 19, también serán cubiertos con recursos de PROCOMER. Por itinerario llega al emirato de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) el 15 de febrero a las 00:05 horas, por lo que se le aplicará en lo que corresponda según el artículo 42 inciso d del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 13 de febrero y regresa a Costa Rica hasta el 22 de febrero del presente año. Los días 13, 19 y 20 de febrero corresponden a fin de semana.

Artículo 3º—El funcionario no harán uso de las millas que pudieran derivarse del boleto aéreo adquirido por PROCOMER para realizar este viaje.

Artículo 4º—Rige a partir del 13 al 22 de febrero de dos mil veintidós.

San José, a los dos días del mes de febrero de dos mil veintidós.

Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.— 1 vez.—O. C. N° SG-000010-22.—Solicitud N° 008-2022-PRO.— ( IN2022627981 ).