DECRETOS

Nº 42712-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 140 incisos 3), 8) y 18), y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2. acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, siguientes y concordantes de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre del 2001 y sus reformas; la Ley N° 9524, Ley del Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central del 07 de marzo del 2018; el Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MPMIDEPLAN, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 31 de enero de 2006 y sus reformas y el Decreto Nº 39183-H del 22 de julio de 2015, Procedimiento para la Incorporación y Desincorporación Presupuestaria de las Fuentes de Financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto asociadas al Presupuesto de la República.

Considerando:

1º—Que el artículo 1 de la Ley N° 9524, Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, publicada en La Gaceta N° 62 del 10 de abril del 2018 establece:

“Aprobación presupuestaria de los órganos desconcentrados del Gobierno Central.

Todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central serán incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Hacienda definirá la forma y la técnica presupuestaria que se deberá aplicar para incorporar los presupuestos antes indicados y brindará, a solicitud del órgano respectivo, el apoyo técnico para facilitar el análisis y la toma de decisiones en el proceso de discusión y aprobación legislativa del presupuesto de la República.”

2º—Que de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio I de la Ley N° 9524 de repetida cita, los órganos desconcentrados a los que se refiere el artículo primero de dicha ley seguirán presentando, para aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República, sus presupuestos institucionales, manteniéndose bajo dicho control presupuestario hasta la finalización de la ejecución de los recursos del período económico 2020.

3º—Que de forma expresa el Transitorio II de la Ley 9524 establece:

“TRANSITORIO II.—El Ministerio de Hacienda, los ministros rectores y los jerarcas de los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que administren recursos de manera independiente deberán tomar las medidas (ajustes en sistemas informáticos, requerimiento de recurso humano, infraestructura, capacitación, entre otros) que les correspondan de acuerdo con sus competencias técnicas, legales y administrativas, para asegurar que la formulación para el período económico 2021 se realice incorporando los recursos al presupuesto nacional.”

4º—Que el artículo 34 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre de 2001 y sus reformas, al ser reformado por el artículo 2 de la Ley N° 9524, establece:

“Artículo 34.—Responsable de presentar el anteproyecto. El titular de cada ministerio y el de los sujetos incluidos en el inciso b) del artículo 1 será el responsable de presentar el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda. En el caso de los ministerios, el anteproyecto deberá incorporar también, con su anuencia expresa, el anteproyecto de presupuesto de los órganos desconcentrados que tenga adscritos.

Para ello, los órganos desconcentrados deben remitir al ministro correspondiente su presupuesto, con la aprobación previa de sus máximos jerarcas.

Para el cumplimiento de todo lo anterior, deberán atenderse las disposiciones que el Ministerio de Hacienda defina en cuanto a la forma y los plazos para ese efecto.”

5º—Que la Procuraduría General de la República al referirse en el Dictamen C-181 del 1° de agosto del 2018 a lo normado en la Ley N° 9524, concretamente a la modificación que la misma contiene del artículo 34 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y en sus conclusiones, en lo de interés señala:

•              “Conforme el 34 los órganos desconcentrados deben presentar al ministro respectivo un anteproyecto de presupuesto para que sea incorporado al presupuesto de ese ministerio, con el objetivo de reforzar la capacidad de direccionamiento político administrativo del ministro.”

•              La Ley N° 9524 “4 (…) tiene como objeto incorporar los presupuestos independientes de la Administración Central del Estado al presupuesto nacional, con la finalidad de que se dé plena eficacia a los principios constitucionales y técnicos en materia presupuestaria para garantizar y robustecer el control político expresado en el direccionamiento de la Administración por parte del Poder Ejecutivo y en la aprobación del Presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa.”

•              La Ley N° 9524 es “3. (…) aplicable solamente a los órganos desconcentrados de la Administración Central (…) a los que se les ha otorgado personalidad jurídica instrumental”, así como a “5. (…) los fondos, cuentas, programas, unidades ejecutoras que sean titulares de un presupuesto independiente”, para los cuales “6. (…) el Órgano Contralor ha perdido competencia para aprobar sus presupuestos, estando ante una derogación tácita de leyes que establecen expresamente la competencia de la Contraloría General de la República para la aprobación de los presupuestos (…) y que no fueron expresamente modificadas por la Ley N° 9524.”

•              “8. Dada la incorporación de los presupuestos independientes a la Ley de Presupuesto, el proceso presupuestario, en sus diversas fases, debe apegarse a los principios constitucionales (…) a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” (…) 10. (…) y deben responder a los criterios técnicos y a la forma definidos por el Ministerio de Hacienda.”

6º—Que debe atenderse el Dictamen C-072-2019 de fecha 20 de marzo de 2019, de la misma Procuraduría General de la República, destacándose entre todo lo relevante lo siguiente:

•              No se debe hacer 1. (…) diferencia entre los ingresos del órgano según su origen (…) para darles un trámite distinto (…)”. Por lo anterior, en relación con dichos ingresos aplican las potestades constitucionales y legales que le asisten a la Dirección General de Presupuesto Nacional.

•              “4. El principio de anualidad presupuestaria (…) previsto en la Constitución Política se aplica “4. (…) también a los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental.”

7º—Que en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9524, se requiere reformar los artículos 2 y 3 el Decreto Nº 39183-H con el propósito de incluir a los órganos desconcentrados en materia de incorporación de recursos por nuevos créditos y saldos de créditos externos.

8º—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, el presente Decreto no establece ni modifica trámites, requisitos y/o procedimientos vinculados al administrado, no se requiere someter el presente reglamento al control previo de revisión por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

9º—Que resulta necesario desarrollar reglamentariamente las disposiciones contenidas en la Ley N° 9524, tanto en los aspectos generales como en lo que corresponde a cada uno de los subsistemas y sistema complementario que integran la Administración Financiera. Por tanto,

Decretan:

“Reglamento a la Ley N° 9524 Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central y Reforma a los Artículos 2 y 3 del

Decreto Nº 39183-H, Denominado:Procedimiento para la Incorporación y Desincorporación Presupuestaria de

las Fuentes de Financiamiento de Crédito

Público Externo y las Autorizaciones

De Gasto Asociadas al Presupuesto

de la República”

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objetivo, definiciones y siglas

Artículo 1º—Objetivo. El presente reglamento regula la aplicación de la Ley N° 9524, Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central, mediante el desarrollo de principios y disposiciones normativas complementarias.

Artículo 2º—Definiciones y siglas. Para los efectos de aplicación de la ley y el presente reglamento, se entiende por:

a)            Administración Central: Poder Ejecutivo y sus dependencias (incluyendo los órganos desconcentrados)

b)            Ciclo presupuestario: Se refiere a cada una de las etapas o procesos a los que está sujeto el presupuesto nacional, las cuales son: programación, formulación, discusión y aprobación, ejecución y control y seguimiento y evaluación.

c)             DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional.

d)            Ente Contable (EC): Un Ente Contable Público es un gobierno u otra organización, programa o área identificable de actividad del sector público que la Dirección General de Contabilidad determina como tal, cumpliendo con las siguientes características:

i.              administran recursos del estado, obligaciones y sus patrimonios,

ii.             existen destinatarios de servicios o suministradores de recursos que dependen de los IFPG (Información Financiera con Propósito General) de la entidad para obtener información a efectos de rendición de cuentas o toma de decisiones,

iii.            el Estado debe tener participación patrimonial en el ente,

iv.            la entidad tiene un presupuesto público aprobado de acuerdo con la normativa vigente, y

v.             oficio de acreditación por parte de la Contabilidad Nacional.

e)             Gobierno de la República: La Administración Central, los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares.

f)             LAFRPP o Ley N° 8131: Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

g)             Ley N° 9524: Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central.

h)            MH: Ministerio de Hacienda.

i)              OD: Órganos desconcentrados del Gobierno Central a los que está referida la Ley N° 9524.

j)             Órganos desconcentrados: Son aquellas instituciones que se han creado para ejecutar actividades específicas, con el fin de lograr una mayor agilidad en su ejecución, bajo la premisa de que una autoridad superior les ha otorgado en su calidad de subordinada, competencias sobre una materia en particular que tienen un alcance nacional. Comprende aquellas organizaciones vinculadas al Gobierno Central, a las que, por ley o reglamento, se les ha otorgado un nivel de desconcentración mínima o máxima.

k)         Personalidad jurídica instrumental: corresponde a la atribución presupuestaria otorgada a los órganos desconcentrados cuya finalidad es garantizarle una gestión independiente del presupuesto asignado y, por ende, supone la titularidad de un presupuesto propio.

l)              Plantilla de Egresos: Instrumento o mecanismo temporal que los OD deben utilizar mensualmente, para suministrar información presupuestaria, sobre el devengado y el pagado.

m)           Servicio de la deuda: Los pagos efectuados para satisfacer una obligación de deuda, incluida la amortización, los intereses, las comisiones y los cargos por pagos atrasados.

CAPÍTULO II

Normativa aplicable, uso de sistemas informáticos

y suministro de la información

Artículo 3°—Aplicación de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. La LAFRPP y su reglamento serán aplicables a la Administración Central en todas las etapas que integran el ciclo presupuestario.

Artículo 4°—Obligatoriedad del cumplimiento de la normativa técnica. Al igual que para el resto de las entidades que integran el presupuesto nacional, la normativa técnica que emita la DGPN, será de acatamiento obligatorio para los OD, mismos que deberán considerarla en todo el ciclo presupuestario, iniciando desde la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto.

Asimismo, será de aplicación obligatoria la normativa técnica que en su ámbito de competencia emita cada uno de los rectores de los subsistemas de la administración financiera y del sistema complementario de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Artículo 5°—Utilización de los sistemas informáticos del MH por parte de los OD. Los OD deberán hacer uso de los sistemas informáticos que disponga el MH, así como de aquellos que establezcan los rectores de los subsistemas de la administración financiera y del sistema complementario de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para atender las diferentes etapas de los ciclos presupuestario, financiero y contable.

Los OD llevarán a cabo el proceso de ejecución en los sistemas informáticos con que cuentan actualmente, hasta que el MH disponga de los sistemas informáticos para esos fines.

Los OD deberán llenar la plantilla de egresos y demás instrumentos que el MH ponga a disposición, para suministrar la información requerida en el proceso de ejecución.  Lo anterior hasta tanto no se disponga de otros instrumentos y sistemas informáticos para tales fines.

Corresponderá a los rectores de los distintos subsistemas de la Administración Financiera, emitir y comunicar los lineamientos que regulen el procedimiento para llevar a cabo el control de la ejecución presupuestaria, financiera y contable de los recursos de los OD.

Artículo 6°—Suministro de información por parte de los OD. Los OD estarán obligados a suministrar la información que le solicite el MH y los rectores de los subsistemas de la administración financiera y del sistema complementario de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, para atender las diferentes etapas de los ciclos presupuestarios, financieros y contables.

TÍTULO II

Regulación relativa a cada subsistema

CAPÍTULO I

Presupuesto Nacional

Artículo 7°—Anteproyectos de presupuesto de los OD. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la LAFRPP, los anteproyectos de presupuesto de los OD, incluida la relación de puestos, deberán ser incorporados en el anteproyecto de presupuesto del ministerio al que se encuentren adscritos.

Artículo 8°—Fecha de presentación del anteproyecto por parte del OD. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, el jerarca del ministerio al que se encuentra adscrito el OD, determinará la fecha, forma y requerimientos adicionales que considere necesarios para la remisión del anteproyecto de presupuesto del OD al ministerio, cuya fecha de presentación no podrá exceder el 15 de mayo de cada año.

En caso de que el OD no presente el anteproyecto de presupuesto en el plazo establecido, el ministro realizará la distribución de los recursos al OD con base en el monto de gasto máximo comunicado por el MH.

Artículo 9°—Responsable de presentar el anteproyecto de presupuesto de los OD ante la DGPN. Corresponde a cada jerarca de los ministerios en los que existan OD, verificar de previo a la remisión del anteproyecto a la DGPN, que se esté incorporando el presupuesto del OD, acorde con la normativa inherente a la formulación presupuestaria.

Artículo 10.—Remisión de los anteproyectos de presupuesto institucionales. Para la remisión de los anteproyectos de presupuesto al MH, son de aplicación obligatoria las disposiciones contenidas en la Ley N° 8131 y su reglamento.

Artículo 11.—Modificaciones presupuestarias. Al igual que para el resto de las entidades que integran el presupuesto nacional, los OD para cualquier redistribución de sus recursos deberán realizar las modificaciones presupuestarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAFRPP en concordancia con el artículo 61 de su reglamento, según los plazos y requerimientos adicionales que les soliciten los ministerios a los que están adscritos.

Artículo 12.—Formato de la comunicación. La DGPN dictará dentro de la normativa técnica, la regulación relativa al medio de soporte electrónico o informático y formatos de los documentos electrónicos, que estime pertinentes para la remisión de información durante todos los procesos que corresponden a la totalidad de las etapas del ciclo presupuestario.

Los documentos electrónicos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, en los casos que corresponda, deben ser firmados digitalmente por el ministro, el jefe del programa o del subprograma.

Artículo 13.—Ingresos de los OD. Los ingresos que generen los OD deberán incorporarse al presupuesto de la República y recibirán el mismo trato que el resto de rentas del Gobierno Central; respetando, en caso de que existan, las asignaciones específicas que tengan dichos recursos.

Artículo 14.—Créditos externos, revalidación de saldos y donaciones. Para la incorporación y desincorporación de créditos externos, así como donaciones, recibidas por los OD en el presupuesto de la República, se deberá contar con la respectiva certificación emitida por la Contabilidad Nacional posterior a la solicitud de la DGPN

Artículo 15.—Sobre el seguimiento y la evaluación presupuestaria. El seguimiento y evaluación presupuestaria de los OD, se realizarán de manera integral con la del ministerio al que se encuentran adscritos, atendiendo la normativa técnica que para este efecto dicte el ente rector.

CAPÍTULO II

Tesorería Nacional

Artículo 16.—Ingresos generados por los OD. Los recursos que generen los OD del Gobierno Central, producto de su actividad, cualquiera sea su naturaleza y moneda, deben ser trasladados en tiempo y forma a las cuentas que disponga la Tesorería Nacional, siguiendo las disposiciones del ente rector.

Artículo 17.—Propuestas de pago. La Tesorería Nacional emitirá los lineamientos y directrices para el trámite de propuestas de pagos de planillas y acreedores, conforme a los procedimientos establecidos.

Artículo 18.—Uso de mecanismos y sistemas. Los OD a partir de la implementación de la Ley N° 9524, utilizarán los mecanismos y sistemas de cobro y pago que dispone la Tesorería Nacional.

Artículo 19.—Fideicomisos en Caja Única. Los fideicomisos que se suscriban por parte de los OD del Gobierno Central, a partir del ejercicio económico 2021, mantendrán su operatividad en la Caja Única del Estado; y serán sujetos a las transferencias del presupuesto de la República, según lo determine el ministerio concedente en conjunto con el fideicomitente. El presente artículo debe aplicarse, en lo que no se oponga a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 8131.

Artículo 20.—Recursos de donaciones. Los recursos provenientes de donaciones a los OD, serán depositados en el Fondo General del Gobierno para su correspondiente incorporación al presupuesto nacional.

CAPÍTULO III

Contabilidad Nacional

Artículo 21.—Sobre la gestión contable: presupuestaria, patrimonial y financiera. Los OD considerados como EC establecidos por la Contabilidad Nacional llevarán e informarán sobre la gestión contable: presupuestaria, patrimonial y financiera de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 8131 y su reglamento, conforme el medio, la forma y las condiciones que establezca la Contabilidad Nacional, con la finalidad de garantizar que la información suministrada sea oportuna, confiable, transparente para la rendición de cuentas y toma de decisiones. Todo de conformidad con la centralización normativa y desconcentración operativa.

Artículo 22.—Estados Financieros. Los OD considerados como EC deberán emitir y presentar sus propios estados financieros según la normativa vigente y las normas internacionales, además cumpliendo el tratamiento contable, las políticas y procedimientos que establezca la Contabilidad Nacional para realizar el consolidado de la Administración Central.

La generación de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo lo realizará la Contabilidad Nacional conforme a la normativa vigente.

Artículo 23.—Respaldo documental del registro contable. El archivo contable documental resultante de las operaciones contables será responsabilidad de las entidades de la Administración Central conforme la Ley de Archivo Nacional y conexas.

Cuando exista un proceso judicial o administrativo pendiente de resolución, los documentos y la información deberán conservarse hasta la finalización del mismo.

En el caso de los salarios devengados por los funcionarios del Gobierno de la República, se mantendrá por lo menos 50 años en las instituciones. No obstante lo anterior, es potestativo del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de cada una de las instituciones del Estado establecer un plazo mayor.

Artículo 24.—Certificación de salarios. La Contabilidad Nacional emitirá las certificaciones por concepto de los montos de salarios devengados por los funcionarios públicos de la Administración Central y otros poderes que se encuentren registrados en el sistema de planillas y en cualquier otro archivo que conste en la Contabilidad Nacional. Las certificaciones de los funcionarios que laboran en los OD serán emitidas por el departamento de recursos humanos de cada institución o del ministerio respectivo. Lo anterior hasta tanto no se disponga de otros instrumentos y sistemas informáticos definidos por la Contabilidad Nacional para tales fines.

Artículo 25.—Certificación de ingresos. La Contabilidad Nacional emitirá las certificaciones de aquellos recursos transferidos al Fondo General del Gobierno de la República por parte de los OD, de acuerdo a los requerimientos que establezca el ente rector y que consten en los registros contables que se lleven al efecto.

Artículo 26.—Registro de la deuda pública. Los OD responsables del servicio de la deuda pública, tendrán la obligación de llevar los registros contables y realizar la revelación, de acuerdo a los requerimientos y necesidades que establezca la Contabilidad Nacional.

Artículo 27.—Compromisos no devengados. Mientras los OD ejecuten en sus sistemas, será responsabilidad de la Unidad Financiera emitir la certificación de los compromisos no devengados y remitirla a la Unidad Financiera del ministerio al que está adscrito para que esta la traslade a la DGPN en la misma fecha en que la Contabilidad Nacional hace la remisión respectiva. La Contabilidad Nacional certificará únicamente los compromisos no devengados de los Ministerios.

Las certificaciones señaladas en el párrafo anterior, deberán cumplir con los lineamientos que emita la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera.

CAPÍTULO IV

Crédito Público

Artículo 28.—Recursos derivados de endeudamiento público externo. Los recursos derivados de endeudamiento público externo se encuentran exceptuados de la fijación de un gasto presupuestario máximo, sin embargo, los recursos de los OD cuya fuente de financiamiento sea endeudamiento público externo no incrementarán el gasto presupuestario máximo asignado del Ministerio al cual pertenecen, siempre y cuando se respeten y acaten las restricciones de la regla fiscal incluida en la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Artículo 29.—Responsabilidad por el servicio de la deuda. Es responsabilidad de los OD, la incorporación dentro de sus recursos, del servicio de la deuda pública en la categoría programática asignada, conforme a sus respectivas leyes de creación y a los términos contractuales de los empréstitos, así como de las gestiones de pago del servicio de la deuda contraída.

Artículo 30.—Deber de información. Todo OD comunicará a la Dirección de Crédito Público, sobre cualquier situación adversa que pueda poner en riesgo, el cumplimiento a sus obligaciones financieras relacionadas con los contratos de préstamo que suscriba.

Artículo 31.—Registro de la deuda pública. Los OD responsables del servicio de la deuda pública, deberán velar por el registro presupuestario en el sistema que para tales efectos disponga el MH, contemplando las operaciones de cada préstamo con las especificaciones de los desembolsos, la aplicación de los mismos, el monto de amortización, intereses, comisiones, en el mismo mes en que se realizó dicha operación. Asimismo, remitirán mensualmente la información señalada a la Dirección de Crédito Público, así como cualquier otra que, en relación con esta, le sea requerida por parte de dicha Dirección.

TÍTULO III

Modificaciones y disposiciones finales

CAPÍTULO I

Modificaciones

Artículo 32.—Modificaciones. Modificase los artículos 2 y 3 del Decreto Nº 39183-H, publicado en La Gaceta N° 183 del 21 de setiembre del 2015, “Procedimiento para la Incorporación y Desincorporación Presupuestaria de las Fuentes de Financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto asociadas al Presupuesto de la República” para que en adelante se lean:

“Artículo 2º—Para las Entidades Descentralizadas y órganos desconcentrados. Las Entidades Descentralizadas y los Órganos Desconcentrados que ejecuten créditos públicos provenientes del Presupuesto Nacional, coordinarán con los Ministerios relacionados, la información que requieran sobre los saldos de los créditos externos disponibles para su ejecución. Para efectos de la revalidación de saldos, les aplicará lo dispuesto en el artículo primero.

Artículo 3º—Incorporación de recursos por nuevos créditos. Para la incorporación de nuevos créditos en los cuales el Gobierno de la República u Órgano Desconcentrado figure como deudor, el Ministerio Rector al que pertenezca la Entidad Ejecutora, debe solicitar ante el Ministerio de Hacienda la incorporación de los recursos del financiamiento externo, aportando para ello el desglose de las partidas conforme al clasificador objeto del gasto del sector público vigente, descripción del destino de los recursos y la programación de su utilización, según los términos de la ley del préstamo o el contrato vigente.

Una vez recibida la solicitud, la Dirección General de Presupuesto Nacional solicitará a la Contabilidad Nacional la certificación de los recursos externos para realizar el trámite de incorporación presupuestaria necesario.”

CAPÍTULO II

Disposiciones finales

Artículo 33.—Todos los recursos que mantengan los OD en cuentas bancarias del Sistema Financiero Nacional y/o cuentas de Caja Única al 31 de diciembre del 2020, cualquiera sea su naturaleza y moneda, que requieran ser incorporados en un presupuesto extraordinario en el ejercicio económico 2021, deben ser trasladados al Fondo General del Gobierno de la República o a las cuentas que disponga la Tesorería Nacional a más tardar el 15 de abril de 2021; previo cumplimiento del bloque de legalidad.

Artículo 34.—Los saldos al 31 de diciembre 2020 quedarán depositados en las cuentas de Caja Única de Períodos Anteriores durante el ejercicio económico 2021. Estos recursos servirán para atender los compromisos devengados al cierre del período 2020, con fecha máxima al 15 de febrero del 2021.

El saldo restante deberá cumplir con lo establecido en el artículo 33 de este reglamento, siempre y cuando no estén afectos a la Ley N° 9371, Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Los saldos acumulados en Caja Única, no comprometidos, tendrán que ser ejecutados con los recursos del presupuesto económico 2021.

Artículo 35.—Aquellos saldos que se mantengan en Caja Única al cierre del 31 de diciembre del 2021 que no estuvieron sujetos a la aplicación de los artículos 33 y 34 de esta reglamentación, los OD deberán solicitar el cierre de las cuentas y su respectivo traslado al Fondo General en calidad de recursos del Tesoro Público y no podrán solicitar derecho de uso sobre los mismos.

Artículo 36.—Para el cumplimiento de los artículos 33 y 34 de este reglamento se deberá contar con la disponibilidad presupuestaria de financiamiento para los saldos acumulados de la Caja Única de conformidad con el artículo 69 de la Ley N° 8131 y el artículo 93 de su reglamento.

Artículo 37.—En lo que corresponde al Subsistema de Tesorería, para la ejecución del buen pago será responsabilidad de los OD velar por el contenido presupuestario (visado del gasto) y cumplimiento del bloque de legalidad, previo a la emisión y carga del archivo de pago al sistema que disponga la Tesorería Nacional para este fin.

Asimismo, los OD serán responsables de llevar el detalle del pago y cobro, para lo cual esa Rectoría realizará las actuaciones de verificación para el cumplimiento de lo señalado en este reglamento, de conformidad con los planes de fiscalización programados.

Artículo 38.—El ente concedente de transferencias a las OD deberá realizar las diligencias necesarias para que, al 31 de diciembre de 2020, no cuenten con transferencias devengadas pendientes de pago.

Artículo 39.—Los fideicomisos que se suscriban por parte de los OD, a partir del ejercicio económico 2021, mantendrán su operatividad en la Caja Única del Estado; según lo establecido por la Directriz DIR-TN-001-2016 y serán sujetos de inclusión en su presupuesto para las transferencias, según lo determine el Ministerio concedente en conjunto con el fideicomitente. Los fideicomisos constituidos antes del 2021 y cuyo plazo no exceda ese año calendario se deben mantener en las condiciones pactadas. El que exceda al 31 de diciembre del 2021, para su cierre, deberá aperturar cuentas en Caja Única de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 40.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600041557.—Solicitud N° 241866.—( D42712-IN2020513215 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

N° 0004-2020-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 y 146 de la Constitución Política, Artículos 21, 28 inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 02 de mayo de 1978, artículo 40 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, del 08 de abril de 1997, artículos 111, 112, 113 y concordantes del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto Ejecutivo N° 26921- MAG de 20 de marzo de 1998 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Protección Fitosanitaria, se regula la creación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad como órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado, en Biotecnología. Su integración, atribuciones y funciones serán establecidas en el reglamento respectivo.

II.—Que de conformidad con el artículo 111 del Decreto Ejecutivo N° 26921-MAG, del 20 de marzo de 1998, dentro de las funciones de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad se establece que debe asesorar a las instituciones públicas, al Servicio Fitosanitario del Estado y a las oficinas encargadas de emitir las autorizaciones para los diferentes procesos con organismos vivos modificados.

III.—Que de conformidad con el artículo 112 del Decreto Ejecutivo 26921-MAG del 20 de marzo de 1998, se establecen los miembros que deben conformar la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad y las dependencias a las que representan.

IV.—Que de conformidad al oficio CTNBio-0023-2020 de 08 de diciembre del 2020, el Presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, remite al Ministro de Agricultura y Ganadería la conformación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad para los próximos dos años. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar como miembros de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, a las personas que a continuación se detallan:

a.             Alejandra Chaverri Esquivel, cédula N° 1-0862-0654 y Esteban Cerdas Quirós, cédula N° 3-0361-0886, en representación del Ministerio de Salud.

b.             Byron Gurdián García, cédula de identidad N° 1-0615-0712 en representación del Servicio Nacional de Salud Animal-MAG.

c.             Fernando Araya Alpízar cédula de identidad N° 1-01226-0529 en representación del Servicio Fitosanitario del Estado-MAG.

d.             Jaime Eduardo García González, cédula de identidad N° 1-0533-0503, en representación de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

e.             Luis Alonso Chacón Araya, cédula de identidad N° 1-0514-0063, en representación de la Oficina Nacional de Semillas.

f.             Melania Muñoz García, cédula de identidad N° 1-01060-0858 y José Alfredo Hernández Ugalde, cédula de identidad N° 6 0289 0846 en representación del Ministerio de Ambiente y Energía.

g.             Myriam Hernández Alfaro, cédula N° 4-0136-0420 y Alex May Montero, cédula N° 1-0522-0995, en representación de la Academia Nacional de Ciencias.

h.             Stephan Brunner Neibig, cédula de identidad N° 1-0551-0932 en representación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

i.              Pedro José Salguero Aguilar, cédula de identidad N° 3-0395-0885, en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.

Artículo 2°—Los nombramientos de los miembros de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, será por un período de dos años de conformidad con el artículo 114 del Decreto Ejecutivo N° 26921-MAG.

Artículo 3.—Rige a partir de la publicación en el diario oficial.

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Renato Alvarado Rivera.—1 vez.—O.C. N° 4600045952.—Solicitud N° 241599.—( IN2020513506 ).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

N° AC-0107-2020-MEP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 140 inciso 1), 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27, inciso 1), 28, inciso 2) acápite b de Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; en el artículo 77 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953; en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo N° 2235-EP 14 de febrero de 1972; Decreto N° 38170-MEP, Organización administrativa de la oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública del 30 de enero de 2014, y;

Considerando:

I.—Que mediante nota del 30 de octubre de 2020, la señora Tatiana Patricia Víquez Mórux, portadora de la cédula de identidad N° 1-1122-0130, quien fungía como representante propietaria del Ministerio de Educación Pública ante el Tribunal de la Carrera Docente, renuncia a su cargo ante el Tribunal de la Carrera Docente.

II.—Que mediante oficio DM-1115-11-2020 del 02 de noviembre del 2020, la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, solicita se elabore el acuerdo ejecutivo para la sustitución de la señora Tatiana Patricia Víquez Mórux, portadora de la cédula de identidad N° 1-1122-0130 y se designe en su lugar al señor Fernando Sanabria Porras, portador de la cédula de identidad N° 1-1322-0116, como representante propietario ante el Tribunal de la Carrera Docente, en representación del Ministerio de Educación Pública.

III.—Que el Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953, en el Título II “De la Carrera Docente”, establece en su artículo 77 que los miembros del Tribunal de Carrera Docente durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelectos.

IV.—Que tanto el Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953, en su artículo 77 supra citado, como el Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo N° 2235-EP 14 de febrero de 1972 en sus numerales 17 y 18, facultan al Ministerio de Educación Pública y a la Dirección General a designar los nuevos representantes o prórroga de los nombramientos anteriores, con un mes de anticipación al vencimiento del respectivo período. Asimismo, se indica que en caso de renuncia de algún miembro el organismo representado podrá nombrar sustituto por el resto del período. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1°—Nombrar al señor Fernando Sanabria Porras, portador de la cédula de identidad N° 1-1322-0116, como representante propietario del Ministerio de Educación Pública ante el Tribunal de la Carrera Docente.

Artículo 2°—El presente acuerdo rige a partir del 21 de diciembre de 2020 y hasta por el resto del período legal de dos años, que vence que vence el 17 de agosto de 2022, inclusive. Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro.—1 vez.—O. C. N° 4600040561.—Solicitud N° 241971.—( IN2020513478 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 171-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero y 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 088-2014 de fecha 21 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 98 del 23 de mayo de 2014; modificado por el Acuerdo Ejecutivo Nº 171-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 12 de marzo de 2018; se acordó trasladar de la categoría prevista en el inciso a) a la categoría prevista en el inciso f), ambos del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, a la empresa CSI Closure Systems Manufacturing de Centro América S. R. L., cédula jurídica número 3-102-226363, siendo que dicho traslado se hizo efectivo a partir del 01 de enero de 2015, fecha en la cual la empresa inició operaciones productivas al amparo de la citada categoría f). A partir del traslado, empezaron a correr los plazos y se aplican las condiciones previstas en los artículos 21 bis y 21 ter de la Ley Nº 7210, en lo que concierne a la mencionada categoría f).

II.—Que el señor Eugenio García Castro, portador de la cédula de identidad número 1-518-245, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CSI Closure Systems Manufacturing de Centro América S.R.L., cédula jurídica número 3-102-226363, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 y su Reglamento.

III.—Que, en la solicitud mencionada, la empresa CSI Closure Systems Manufacturing de Centro América S.R.L., cédula jurídica número 3-102-226363, se comprometió a mantener una inversión de al menos US$16.691.028,97 (dieciséis millones seiscientos noventa y un mil veintiocho dólares con noventa y siete centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US$450.000,00 (cuatrocientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) y un empleo adicional de 05 trabajadores, según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

IV.—Que la Instancia Interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa CSI Closure Systems Manufacturing de Centro América S. R. L., cédula jurídica número 3-102-226363, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el Informe Nº 63-2020 de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER, acordó someter a consideración del Ministerio de Comercio Exterior la solicitud de ingreso al Régimen de Zonas Francas presentada, a fin de que dicho órgano ejerza la facultad establecida en el artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, determine si en la especie resulta aplicable la excepción que contempla dicho artículo, y analice si se trata de una inversión adicional cuya magnitud y beneficios, justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley Nº 7210 y su Reglamento.

V.—Que, en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera que en la especie resulta aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de una inversión adicional cuya magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley Nº 7210 y su Reglamento.

VI.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa CSI Closure Systems Manufacturing de Centro América S. R. L., cédula jurídica número 3-102-226363 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa Comercial de Exportación y como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b) y f) del artículo 17 de la Ley N° 7210.

2º—La actividad de la beneficiaria como empresa comercial de exportación, de conformidad con el inciso b) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “4690 Venta al por mayor de otros productos no especializada”, con el siguiente detalle: Comercialización de taparrosca plástica, máquina para colocar taparrosca plástica y sus repuestos. La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “2220 Fabricación de productos de plástico”, con el siguiente detalle: Producción de tapas y tapones plásticos; y “3830 Recuperación de materiales”, con el siguiente detalle: Subproducto molido de tapas plásticas y purga derivados de la actividad de la empresa. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Materiales avanzados (tales como: polímeros o biopolímeros, súper conductores, cerámicas finas o avanzadas, compuestos de alta resistencia, pigmentos, nanopartículas y sus formulaciones)”. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación CAECR	Detalle de productos
Comercializadora	4690	Venta al por mayor de otros productos no especializada	Comercialización de taparrosca plástica, máquina para colocar taparrosca plástica y sus repuestos.
Procesadora f)	2220	Fabricación de productos de plástico	Producción de tapas y tapones plásticos
	3830	Recuperación de materiales	Subproducto molido de tapas plásticas y purga derivados de la actividad de la empresa

 

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Inversiones Zeta S.A. (Cartago), ubicado en el distrito de Guadalupe, del cantón de Cartago, de la provincia de Cartago. Dicha ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana (GAM).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley Nº 7210, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—a) En lo que atañe a su actividad como Empresa Comercial de Exportación, prevista en el artículo 17 inciso b) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas, la beneficiaria gozará de la exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

Con base en el artículo 22 de la Ley Nº 7210, la beneficiaria no podrá realizar ventas en el mercado local.

b)            En lo que concierne a su actividad como Industria Procesadora, prevista en el artículo 17 inciso f) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter de la Ley de Régimen de Zonas Francas, la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), pagará un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante los primeros ocho años y un quince por ciento (15%) durante los siguientes cuatro años.  El cómputo del plazo inicial de este beneficio se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley Nº 7210 y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley Nº 7210. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete coma cinco por ciento (7,5%) por concepto de Impuesto sobre la Renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior.  En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

c)             De conformidad con lo establecido en el numeral 71 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, cada actividad gozará del beneficio del Impuesto sobre la Renta que corresponda a cada clasificación, según los términos del artículo 21 ter y el inciso g) del artículo 20 de la Ley, respectivamente.  La empresa deberá llevar cuentas separadas para las ventas, activos, los costos y los gastos de cada actividad.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 40 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como un nivel total de empleo de 45 trabajadores, a partir del 01 de junio de 2021. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US$ 16.691.028,97 (dieciséis millones seiscientos noventa y un mil veintiocho dólares con noventa y siete centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total y mínima total en activos fijos nuevos de al menos US $450.000,00 (cuatrocientos cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 12 de octubre de 2023. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US$ 17.141.028,97 (diecisiete millones ciento cuarenta y un mil veintiocho dólares con noventa y siete centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—La beneficiaria se obliga a pagar el canon mensual por el derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha de inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas y de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal.  Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley Nº 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210 y su Reglamento.  La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210 y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo Nº 088-2014 de fecha 21 de abril de 2014 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—( IN2020513604 ).

N° 168-2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25, 27 párrafo primero y 28 párrafo segundo inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley Nº 7210, mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 126-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 54 del 16 de marzo de 2017; modificado por el Informe Nº 120-2017 de fecha 28 de setiembre de 2017, emitido por PROCOMER; y por el Informe Nº 121-2017 de fecha 28 de setiembre de 2017, emitido por PROCOMER; a la empresa XELTRON S. A., cédula jurídica número 3-101-023538, se le concedieron nuevamente los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento, bajo la categoría de industria procesadora de exportación, de empresa comercial de exportación, y de empresa de servicios, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a), b), y c) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que mediante documentos presentados los días 20 y 26 de octubre de 2020, en la Dirección de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa XELTRON S. A., cédula jurídica número 3-101-023538, solicitó la disminución del nivel de empleo, aduciendo que su actividad como empresa comercial de exportación no se ha venido desarrollando como se esperaba, y que debido a la situación económica provocada por la pandemia del COVID-19 sus ingresos se han visto afectados, al igual que las negociaciones proyectadas.

III.—Que la Instancia Interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión Nº 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa XELTRON S. A., cédula jurídica número 3-101-023538, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el Informe Nº 224-2020 de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley Nº 7210 y su Reglamento.

IV.—Que, en relación con las disminuciones de los niveles de empleo e inversión, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante el Oficio DM-911-1 de 26 de setiembre de 2001, señaló lo siguiente:

“(…) No obstante lo anterior, al ser ésta una institución con una misión y vocación clara de servicio a la exportación, sin dejar de lado claro está, su función de supervisión y control, PROCOMER no puede dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial. Es así como también debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarias del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas en la comercialización de sus bienes, a crisis financieras internas inclusive problemas de índole macroeconómicos en sus países y hasta a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado.

Ha sido el afán del Ministerio atender y tratar de ayudar a solventar de la forma más objetiva posible estas situaciones, no sólo teniendo en consideración la posición de las empresas, sino el resguardo sobre todo de intereses de orden general, al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa. (…)”.

V.—Que en virtud de las reformas legales y reglamentarias que han operado con posterioridad al otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la empresa, se hace necesario adecuar en lo conducente el Acuerdo Ejecutivo original.

VI.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto;

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo Nº 126-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 54 del 16 de marzo de 2017 y sus reformas, para que en el futuro las cláusulas sexta y décima quinta se lean de la siguiente manera:

“6.          La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 30 trabajadores, a partir de la notificación del Acuerdo Ejecutivo Nº 168-2020 de fecha trece de noviembre de 2020. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US $1.473.533,14 (un millón cuatrocientos setenta y tres mil quinientos treinta y tres dólares con catorce centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 02 de marzo de 2017, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total de al menos US $1.000.000,00 (un millón de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir del 11 de enero de 2019. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US $2.473.533,14 (dos millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos treinta y tres dólares con catorce centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo de valor agregado nacional del 53,02%.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.”

“15.        De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.”

2º—Adicionar al Acuerdo Ejecutivo Nº 126-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 54 del 16 de marzo de 2017 y sus reformas, una cláusula décima octava, a efecto de que en adelante se lea de la siguiente manera:

“18.        La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase preoperativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.”

3º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo Nº 126-2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 54 del 16 de marzo de 2017 y sus reformas.

4º—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior a.i., Duayner Salas Chaverri,.—1 vez.—( IN2020513626 ).

CIENCIA, TECNOLOGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

N° 251-2020-TEL-MICITT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 11, 121 inciso 14) subinciso c), 129, 140 inciso 20) y 146 de la “Constitución Política de la República de Costa Rica”, emitida en fecha 07 de noviembre de 1949 y publicada en la Colección de Leyes y Decretos del Año: 1949, Semestre: 2, Tomo: 2, Página: 724 y sus reformas; y en razón de lo dispuesto en los artículos 7, 9, 10, 11, 16 inciso 1), 21, 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) subincisos a) y b), 113, 121, 136, 140, 241 incisos 2), 3) y 4), 245 y 346 inciso 1) de la Ley N° 6227, “Ley General de la Administración Pública” (LGAP), emitida en fecha 02 de mayo de 1978 y publicada en la Colección de Leyes y Decretos del Año: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4, Página: 1403 y sus reformas; en los artículos 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 22, 24, 25 y 26 de la Ley N° 8642, “Ley General de Telecomunicaciones” (LGT), emitida en fecha 04 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 30 de junio de 2008 y sus reformas; en los artículos 39 y 40 de la Ley N° 8660, “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, emitida en fecha 08 de agosto de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 156, Alcance N° 31, de fecha 13 de agosto de 2008 y sus reformas; en los artículos 59, 60, 73 y 80 de la Ley N° 7593, “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)”, emitida en fecha 09 de agosto de 1996, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de fecha 05 de setiembre de 1996 y sus reformas; en los artículos 33, 34 y 36 de la Ley N° 63, “Código Civil”, emitida en fecha 28 de setiembre de 1887 y sus reformas; en los artículos 8, 19, 30 y Transitorios I y IV del Decreto Ejecutivo N° 31608 emitido en fecha 24 de junio de 2004 y publicado en el Alcance N° 28 al Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 28 de junio de 2004; en lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 27554-G, “Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias”, emitido en fecha 06 de noviembre de 1998, publicado en el Alcance N° 1 a La Gaceta N° 6 del 11 de enero de 1999 derogado mediante el Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET, “Plan Nacional de Atribución de Frecuencias” (PNAF), emitido en fecha 16 de abril de 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 103, Alcance N° 19 de fecha 29 de mayo de 2009 y sus reformas; en el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones” (RLGT), emitido en fecha 22 de setiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186 de fecha 26 de setiembre de 2008 y sus reformas; en el Informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de fecha 30 de julio de 2012, emitido por la Contraloría General de la República; en el dictamen técnico N° 04785-SUTEL-DGC-2018 de fecha 21 de junio de 2018, aprobado por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante el Acuerdo N° 016-041-2018, adoptado en la sesión ordinaria N° 041-2018, celebrada en fecha 29 de junio de 2018; en el Informe Técnico-Jurídico N° MICITT-DCNT-DNPT-INF-238-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020 del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones (DNPT) del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) sobre la extinción por el vencimiento del plazo de los permisos de uso de frecuencias otorgados mediante: Acuerdo Ejecutivo N° 71 de fecha 16 de febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 de fecha 19 de marzo de 1976, otorgado a la empresa Fomento Agrícola del Atlántico Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica N° 3-101-016015; y Acuerdo Ejecutivo N° 517 de fecha 14 de mayo de 1980, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 de fecha 17 de junio de 1980, otorgado a la empresa I T R de Centroamérica Sociedad Anónima, con cedula de persona jurídica N° 3-101-008504, que se tramitan en el expediente administrativo N° DNPT-099-2018-054 bajo custodia del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT.

Considerando:

I.—Que mediante el mediante Acuerdo Ejecutivo N° 71 de fecha 16 de febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 de fecha 19 de marzo de 1976, el Poder Ejecutivo otorgó a la empresa Fomento Agrícola del Atlántico Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica N° 3-101016015, el permiso para el uso y explotación de la frecuencia 143,240 MHz, clase de servicio industrial, con los indicativos TE2-FAA, TE6-FAA y TE-FAA para ser ubicadas en San José; Pococí, Limón y, como unidad móvil, respectivamente. (Folio 01 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-054).

II.—Que mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 517 de fecha 14 de mayo de 1980, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 de fecha 17 de junio de 1980, el Poder Ejecutivo otorgó a la empresa I T R de Centroamérica Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica N° 3-101-008504, el permiso para el uso y explotación de las frecuencias 140,480 MHz y 140,510 MHz, clase de servicio comercial, con los indicativos TE2-ITR y TE-ITR para ser ubicada en San José y como unidad móvil, respectivamente. (Folio 02 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-054).

III.—Que mediante artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 27554-G, denominado “Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias”, emitido en fecha 06 de noviembre de 1998, publicado en el Alcance N° 1 al Diario Oficial La Gaceta N° 6 de fecha 11 de enero de 1999, a partir del primero de enero del año 2000 los usuarios de servicios privados operarían a una separación de canales de 12,5 kHz debiendo utilizar equipos que soporten esta separación de canales y un ancho de banda de 8,5 kHz. Por lo anterior, las frecuencias concesionadas antes del primero de enero del año 2000 fueron ajustadas automáticamente a la canalización descrita en el Decreto Ejecutivo N° 27554-G citado.

IV.—Que mediante el informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de fecha 30 de julio de 2012, la Contraloría General de la República, específicamente en el apartado 5.1 inciso b), solicitó que se procediera con la emisión de dictámenes técnicos para aquellos casos relacionados con la situación de los permisionarios de espectro radioeléctrico que obtuvieron su título habilitante con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones para su ajuste al marco normativo vigente (adecuaciones, reasignaciones y revocaciones o en su defecto extinciones de títulos habilitantes) mediante el Transitorio IV de la citada Ley. Dicho Órgano Contralor indicó expresamente: “(…) el Poder Ejecutivo debía definir y ejecutar las acciones necesarias para dar la solución a todos los casos referidos a la denominada ‘reserva de espectro’ de manera que se concluyan todos los trámites que se encuentren pendientes (…)”. Lo cual incluye la verificación de las condiciones actuales de las frecuencias utilizadas en el mercado de radiocomunicaciones de banda angosta.

V.—Que mediante oficio N° 05706-SUTEL-SCS-2018 de fecha 16 de julio de 2018, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el dictamen técnico emitido mediante el oficio N° 04785-SUTEL-DGC-2018 de fecha 21 de junio de 2018, aprobado por su Consejo mediante el Acuerdo N° 016-041-2018, adoptado en la sesión ordinaria N° 041-2018, celebrada en fecha 29 de junio de 2018, apuntó que de los estudios realizados se determinó la necesidad de remitir al Poder Ejecutivo la información de la ocupación de las frecuencias comprendidas en las tablas 1 y 2 del referido informe con el fin de valorar la continuación de los estudios para un eventual proceso concursal, en las bandas de servicio móvil donde se desarrollan sistemas de radiocomunicación de banda angosta, por lo que indicó que de previo a continuar con la valoración de un eventual concurso público de las frecuencias de banda angosta, es necesario resolver la condición de las frecuencias indicadas en las tablas 1 y 2 del dictamen referido, en cuanto a los Acuerdos Ejecutivos emitidos antes del día 28 de junio de 2008, de conformidad con los artículos 19 y 30, y los transitorios II, IV y VII del Decreto Ejecutivo N° 31608-G, “Reglamento de Radiocomunicaciones”, emitido en fecha 24 de junio de 2004 y publicado en el Alcance N° 28 al Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 28 de junio de 2004 y sus reformas, en el cual se estableció la vigencia para las concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha de publicación del mencionado Reglamento. (Folios 03 a 14 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-054).

VI.—Que el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones de la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones procedió a revisar la información registral de los permisionarios mediante consulta gratuita realizada vía página web al Registro Público, Sección Personas Jurídicas. (Folios 15 y 16 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-054).

VII.—Que el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones emitió el Informe Técnico-Jurídico N° MICITT-DCNT-DNPT-INF-238-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, en el que como parte de su análisis concluyó que: “(…) 2. Que ni en el Reglamento de Estaciones Inalámbricas, Decreto Ejecutivo Nº 63, ni en la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), normas que fundamentaron el otorgamiento de los permisos de uso de espectro radioeléctrico establecían la fecha de vigencia de los permisos y concesiones previstas en dicho marco jurídico. // 3. Que el citado Reglamento de Estaciones Inalámbricas fue derogado en el año 2004 mediante el Reglamento de Radiocomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 31608-G. El artículo 30 de dicho Decreto Ejecutivo N° 31608-G estableció que el plazo para el uso y explotación de frecuencias para los servicios particulares privados de radiocomunicación al servicio de la industria, comercio o agricultura sería de cinco (5) años. // 4. Que el Transitorio IV del Reglamento de Radiocomunicaciones estableció que: ´Todos los concesionarios de los servicios de radiocomunicación regulados por la Ley Nº 1758 y sus reglamentos tendrán un plazo máximo de seis (6) meses para ajustarse a las normas establecidas en el presente Reglamento. A los concesionarios actuales, los plazos establecidos en el artículo 30 de este Reglamento sobre las concesiones otorgadas, les empezarán a regir a partir de la vigencia de este Reglamento’. (…) // 6. Que los permisos de uso de frecuencias otorgados por el Poder Ejecutivo mediante los Acuerdos Ejecutivos N° 71 de fecha 16 de febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 19 de marzo de 1976, a la empresa Fomento Agrícola del Atlántico Sociedad Anónima y N° 517 de fecha 14 de mayo de 1980, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 de fecha 17 de junio de 1980, a la empresa I T R de Centroamérica Sociedad Anónima, respectivamente, al ser de naturaleza no comercial, tenían una vigencia de cinco 5 años a partir de la entrada en rigor del citado Reglamento de Radiocomunicaciones, Decreto Ejecutivo Nº 31608-G, por lo que ambos Acuerdos Ejecutivos vencieron el 28 de junio de 2009. // 7. Que el artículo 26 párrafo in fine en relación con el numeral 25 inciso a) sub apartado 1) de Ley General de Telecomunicaciones establece las causales de revocación y extinción de los permisos, entre las que se destaca el vencimiento del plazo por el cual fueron otorgadas, razón por la cual el advenimiento del plazo configura una de esas condiciones mediante la cual un permiso otorgado se extingue de la vida jurídica, siendo una causa normal de finalización de la relación jurídica establecida entre el Estado y el permisionario. // 8. Que el Poder Ejecutivo debe realizar la recuperación del bien de dominio público, por parte de la Administración, para su futura asignación en cumplimiento de los objetivos de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico que regula la Ley General de Telecomunicaciones. // 9. Que, en vista de que ambas empresas actualmente se encuentran en estado registral de quebradas, conforme a la consulta efectuada, lo procedente es realizar la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo mediante publicación en el Diario Oficial, al amparo de lo que establecen los artículos 240 y 241 incisos 1), 2), y 3) de la Ley General de la Administración Pública.” (Folios 17 a 30 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-054).

VIII.—Que el Viceministro de Telecomunicaciones mediante el oficio N° MICITT-DVT-D-176-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, acogió íntegramente los criterios técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de la dependencia jurídica del Viceministerio de Telecomunicaciones, referenciadas en los considerandos anteriores, por no existir razones de interés nacional ni de orden público para separarse de las mismas y en ese mismo acto, recomendó al Poder Ejecutivo acoger dichas recomendaciones. Dicho oficio y las recomendaciones técnicas que lo sustentan, constan en el expediente administrativo N° DNPT-0992018-054, del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones (MICITT) para mayor abundamiento. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Aprobar el dictamen técnico emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante el oficio N° 04785-SUTEL-DGC-2018 de fecha 21 de junio de 2018, aprobado por su Consejo mediante el Acuerdo N° 016-041-2018, adoptado en la sesión ordinaria N° 041-2018, celebrada en fecha 29 de junio de 2018 y declarar la extinción debido al vencimiento del plazo de los títulos habilitantes otorgados mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 71 de fecha 16 de febrero de 1976 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 de fecha 19 de mayo de 1976, a nombre de la empresa Fomento Agrícola del Atlántico Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica N° 3-101-016015, y el Acuerdo Ejecutivo N° 517 de fecha 14 de mayo de 1980 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 de fecha 17 de junio de 1980 a nombre de la empresa I T R de Centroamérica Sociedad Anónima, con cedula de persona jurídica N° 3-101-008504. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 y Transitorio IV del Decreto Ejecutivo Nº 31608 emitido en fecha 24 de junio de 2004 y publicado en el Alcance N° 28 al Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 28 de junio de 2004, en la Ley General de Telecomunicaciones, en cumplimiento de los principios de legalidad y uso eficiente y asignación del espectro radioeléctrico y de optimización de los recursos escasos, el cual procura que el Estado realice una asignación y utilización del espectro radioeléctrico de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y que asegure que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente.

Artículo 2º—Informar que, en vista de la extinción de los Acuerdos Ejecutivos N° 71 de fecha 16 de febrero de 1976 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 de fecha 19 de mayo de 1976 y N° 517 de fecha 14 de mayo de 1980 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 114 de fecha 17 de junio de 1980, ningún interesado podrá hacer uso de las frecuencias 143,240 MHz, 140,480 MHz y 140,510 MHz. Lo anterior de conformidad con el artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe expresamente explotar redes de telecomunicaciones de manera ilegítima, so pena de exponerse a la aplicación del régimen sancionatorio correspondiente.

Artículo 3º—Solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Registro Nacional de Telecomunicaciones), que actualice las bases de datos sobre los registros de asignación del espectro radioeléctrico para que se consideren como disponibles para futuras asignaciones las frecuencias 143,240 MHz, 140,480 MHz y 140,510 MHz; tomando en consideración el ajuste de canalización dispuesta en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 27554-G, “Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias”, emitido en fecha 06 de noviembre de 1998, publicado en el Alcance N° 1 al Diario Oficial La Gaceta N° 6 de fecha 11 de enero de 1999.

Artículo 4º—El presente Acuerdo Ejecutivo, puede ser recurrido por los interesados mediante el recurso de reposición el cual deberá ser presentado ante el Poder Ejecutivo en el plazo máximo e improrrogable de tres (3) días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la tercera publicación del presente Acuerdo Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta, debiendo presentar su escrito en el Despacho Ministerial de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, sito en San José, Zapote, 250 metros oeste de la entrada principal de Casa Presidencial, Edificio Mira, primer piso. Lo anterior de conformidad con el artículo 346 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública.

Artículo 5º—Notificar el presente Acuerdo Ejecutivo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el fin de ser inscrito en el Registro Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 6º—Publicar el presente Acuerdo Ejecutivo por tres veces consecutivas en la sección de notificaciones del Diario Oficial La Gaceta, conforme a los artículos 240 y 241 incisos 2), 3) y 4) de la Ley N° 6227, “Ley General de la Administración Pública”.

Artículo 7º—Rige cinco (5) días después de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, el día 20 de noviembre del año 2020.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo.—O. C. Nº 4600045694.—Solicitud Nº 240320.—( IN2020512362 ).

N° 232-2020-TEL-MICITT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 11, 121 inciso 14), subinciso c), 129, 140 inciso 20) y 146 de la “Constitución Política de la República de Costa Rica”, emitida en fecha 07 de noviembre de 1949 y publicada en la Colección de Leyes y Decretos del Año: 1949, Semestre: 2, Tomo: 2, Página: 724 y sus reformas; y en razón de lo dispuesto en los artículos 7, 9, 10, 11, 16 inciso 1), 21, 25 inciso 1), 27, inciso 1), 28, inciso 2), subincisos a) y b), 113, 121, 136, 140, 241, incisos 2), 3) y 4), 245 y 346, inciso 1) de la Ley N° 6227, “Ley General de la Administración Pública” (LGAP), emitida en fecha 02 de mayo de 1978 y publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año: 1978, Semestre: 1, tomo: 4, página: 1403 y sus reformas; en los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 22, 24, 25 y 26 de la Ley N° 8642, “Ley General de Telecomunicaciones” (LGT), emitida en fecha 04 de junio de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 30 de junio de 2008 y sus reformas; en los artículos 39 y 40 de la Ley N° 8660, “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, emitida en fecha 08 de agosto de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 156, Alcance N° 31 de fecha 13 de agosto de 2008 y sus reformas; en los artículos 59, 60, 73 y 80 de la Ley N° 7593, “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)”, emitida en fecha 09 de agosto de 1996, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de fecha 05 de setiembre de 1996 y sus reformas; en los artículos 33, 34 y 36 de la Ley N° 63, “Código Civil”, emitida en fecha 28 de setiembre de 1887 y sus reformas; en el Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET, “Plan Nacional de Atribución de Frecuencias” (PNAF), emitido en fecha 16 de abril de 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 103, Alcance N° 19 de fecha 29 de mayo de 2009 y sus reformas; en el Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, “Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones” (RLGT), emitido en fecha 22 de setiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 186 de fecha 26 de setiembre de 2008 y sus reformas; en el Informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de fecha 30 de julio de 2012, emitido por la Contraloría General de la República; en el dictamen técnico emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante el oficio N° 04785-SUTEL-DGC-2018 de fecha 21 de junio de 2018, aprobado por su Consejo, mediante el Acuerdo N° 016-041-2018, adoptado en la sesión ordinaria N° 041-2018, celebrada en fecha 29 de junio de 2018; en el Informe Técnico-Jurídico N° MICITT-DCNT-DNPT-INF-227-2020 de fecha 07 de setiembre de 2020 del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones (DNPT) del Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) sobre la extinción de la concesión de uso de frecuencias otorgadas a nombre de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Alajuela, con cédula de persona jurídica N° 3-007-042033, mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 367 de fecha 16 de agosto de 1972, y que se tramitan en el expediente administrativo N° DNPT-099-2018-052 del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT.

Considerando:

I.—Que mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 367 de fecha 16 de agosto de 1972, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 181 de fecha 23 de setiembre de 1972, el Poder Ejecutivo otorgó a la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipales de Alajuela^[1], con cédula de persona jurídica N° 3-007-042033, la concesión para el uso y explotación de las frecuencias 142,900 MHz y 142,960 MHz, con zona de acción entre el plantel central La Maravilla y la planta hidroeléctrica en caserío de El Cacao, y las unidades móviles, con los indicativos TE-5-JASEMA (30 watts), TE-5-JASEMA-(1) (15 watts) y TE-5-JASEMA (móvil) (5 watts) respectivamente. (Folio 73 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-052).

II.—Que mediante Ley N° 6396, “Deroga Ley de Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Alajuela”, emitida en fecha 26 de setiembre de 1979, publicada en el Alcance N° 16 al Diario Oficial La Gaceta N° 189 de fecha 9 de octubre de 1979, se decretó el traspaso de todos los servicios, infraestructura, bienes muebles e inmuebles y derechos de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipales de Alajuela^[2] al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). (Folio 02 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-052).

III.—Que mediante artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 27554-G, denominado “Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias”, emitido en fecha 06 de noviembre de 1998, publicado en el Alcance N° 1 al Diario Oficial La Gaceta N° 6 de fecha 11 de enero de 1999, a partir del 01 de enero del año 2000 los usuarios de servicios privados operarían a una separación de canales de 12,5 kHz debiendo utilizar equipos que soporten esta separación de canales y un ancho de banda de 8,5 kHz. Por lo anterior, las frecuencias concesionadas antes del primero de enero del año 2000 fueron ajustadas automáticamente a la canalización descrita en el Decreto Ejecutivo Nº 27554-G citado.

IV.—Que mediante el informe N° DFOE-IFR-IF-6-2012 de fecha 30 de julio de 2012, la Contraloría General de la República, específicamente en el apartado 5.1 inciso b), solicitó que se procediera con la emisión de dictámenes técnicos para aquellos casos relacionados con la situación de los concesionarios de espectro radioeléctrico que obtuvieron su título habilitante con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones para su ajuste al marco normativo vigente (adecuaciones, reasignaciones y revocaciones o en su defecto extinciones de títulos habilitantes) mediante el Transitorio IV de la citada Ley. Lo cual incluye la verificación de las condiciones actuales de las frecuencias utilizadas en el mercado de radiocomunicaciones de banda angosta. (Folios 03 a 56 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018-052).

V.—Que mediante oficio N° 05706-SUTEL-SCS-2018 de fecha 16 de julio de 2018, la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió el dictamen técnico emitido mediante el oficio N° 04785-SUTEL-DGC-2018 de fecha 21 de junio de 2018, aprobado por su Consejo mediante el Acuerdo N° 016-041-2018, adoptado en la sesión ordinaria N° 041-2018, celebrada en fecha 29 de junio de 2018, apuntó que de los estudios realizados se determinó la necesidad de remitir al Poder Ejecutivo la información de la ocupación de las frecuencias comprendidas en las tablas 1 y 2 del referido informe con el fin de valorar la continuación de los estudios para un eventual proceso concursal, en las bandas de servicio móvil donde se desarrollan sistemas de radiocomunicación de banda angosta, por lo que indicó que de previo a continuar con la valoración de un eventual concurso público de las frecuencias de banda angosta, es necesario resolver la condición de las frecuencias indicadas en las tablas 1 y 2 del dictamen referido, en cuanto a los Acuerdos Ejecutivos emitidos antes del día 28 de junio de 2008, de conformidad con los artículos 19 y 30, y los transitorios II, IV y VII del Decreto Ejecutivo N° 31608-G, “Reglamento de Radiocomunicaciones”, emitido en fecha 24 de junio de 2004 y publicado en el Alcance N° 28 al Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 28 de junio de 2004 y sus reformas, en el cual se estableció la vigencia para las concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha de publicación del mencionado reglamento, dentro de las cuales se encuentran las asignadas a la citada Junta. (Folios 57 a 69 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018- 052).

VI.—Que el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones emitió el Informe Técnico-Jurídico N° MICITT-DCNT-DNPT-INF-227-2020 de fecha 07 de setiembre de 2020, en el que como parte de su análisis concluyó que: “(…) 3. Que el Poder Ejecutivo mediante Acuerdo Ejecutivo N° 367 de fecha 16 de agosto de 1972, le otorgó a la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipales de Alajuela, con cédula de persona jurídica N° 3-007-042033, el permiso de uso de las frecuencias 142,900 MHz y 142,960 MHz. // 4. Que, al momento del otorgamiento de dicho título habilitante se encontraba en vigencia el Decreto (Ejecutivo) N° 63, Reglamento de Estaciones Inalámbricas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 285 del 16 de diciembre de 1956, el cual establecía en su artículo 1 que el tipo de solicitud realizada por la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipales de Alajuela correspondía a un servicio privado de radiocomunicaciones. // 5. Que de conformidad con lo expuesto por la Procuraduría General de la República, mediante el criterio vinculante Nº C-151-2011 de fecha 05 de julio de 2011, adicionado y aclarado mediante criterio Nº C-280-2011 de fecha 11 de noviembre de 2011, la regulación constitucional del espectro no permite a los solicitantes considerar válidamente que un derecho de uso pueda surgir por consentimiento tácito, manifestado a través de un acto igualmente tácito, en orden a que use y explote el espectro como si tuviera un derecho de uso sobre él. Ni la Constitución ni la Ley han previsto el acto tácito como forma de adquisición del derecho de uso y explotación; por el contrario, han requerido un acto expreso como es la concesión. // 6. Que ni en el Reglamento de Estaciones Inalámbricas, Decreto Ejecutivo N° 63, ni en la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), normas que fundamentaron el otorgamiento del permiso de uso de espectro radioeléctrico a favor de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipales de Alajuela establecían la fecha de vigencia de los permisos y concesiones previstas en dicho marco jurídico. // 7. Que el Reglamento de Estaciones Inalámbricas, Decreto Ejecutivo Nº 63, fue derogado en el año 2004 mediante el Reglamento de Radiocomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 31608-G del 24 de junio de 2004. Sobre la vigencia de las concesión y permisos, el artículo 30 de dicho Reglamento estableció que el plazo para el uso y explotación de frecuencias para los servicios particulares privados de radiocomunicación al servicio de la industria, comercio o agricultura sería de cinco (5) años. // 8. Que el Transitorio IV del Reglamento de Radiocomunicaciones estableció que: ‘Todos los concesionarios de los servicios de radiocomunicación regulados por la Ley Nº 1758 y sus reglamentos tendrán un plazo máximo de seis (6) meses para ajustarse a las normas establecidas en el presente Reglamento. A los concesionarios actuales, los plazos establecidos en el artículo 30 de este Reglamento sobre las concesiones otorgadas, les empezarán a regir a partir de la vigencia de este Reglamento’. (Énfasis agregado). // 9. Que, la Ley General de Telecomunicaciones, establece claramente en su artículo 22 las causales para la resolución y extinción de las concesiones, encontrándose obligada la Administración, en virtud de lo señalado en líneas anteriores, a proceder conforme en derecho corresponda, en el caso que cuente con elementos de derecho y fácticos, que determinen que un concesionario de frecuencias del espectro esté incurriendo en alguna de las causales que configuran la revocación o/y extinción de los títulos habilitantes otorgados por el Poder Ejecutivo. // 10. Que el vencimiento de plazo genera la extinción del permiso otorgado, conforme a lo establecido en el artículo 22, inciso 2), subinciso a) de la Ley General de Telecomunicaciones. (…) // 13. Que, así como el Poder Ejecutivo tiene la potestad de otorgar una concesión, igual tiene la facultad de modificar o extinguir el acuerdo de concesión por la misma vía administrativa. Para ello es menester invocar el principio jurídico de Paralelismo de las Formas, el cual establece que, si una frecuencia del espectro radioeléctrico fue concesionada mediante un acuerdo emanado del Poder Ejecutivo, puede ser declarada su revocatoria o extinción por la misma vía de su otorgamiento. Es decir, mediante el dictado de otro acuerdo ejecutivo por la autoridad competente. // 14. Que el Poder Ejecutivo debe realizar la recuperación del bien de dominio público, por parte de la Administración, para su futura asignación en cumplimiento de los objetivos de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico que regula la Ley General de Telecomunicaciones. // 15. Que, al no existir un medio o dirección para realizar la notificación correspondiente, lo procedente es realizarla mediante publicación en el Diario Oficial, al amparo de lo que establecen los artículos 240 y 241 incisos 2), 3) y 4) de la Ley General de la Administración Pública”. Por lo tanto, dicho Departamento recomendó al Poder Ejecutivo acoger la recomendación para la extinción de los títulos habilitantes de marras, según el análisis realizado, toda vez que no se encontraron razones de orden público o interés nacional, ni fundamentos de hecho ni de derecho que justifiquen una separación u oposición de la recomendación técnica de la SUTEL. (Folios 76 a 88 del expediente administrativo N° DNPT-099-2018- 052).

VII.—Que el Viceministro de Telecomunicaciones mediante el oficio N° MICITTDVT-D-OF-156-2020 de fecha 08 de octubre de 2020, acogió íntegramente los criterios técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de la dependencia jurídica del Viceministerio de Telecomunicaciones, referenciadas en los considerandos anteriores, por no existir razones de interés nacional ni de orden público para separarse de las mismas y en ese mismo acto, recomendó al Poder Ejecutivo acoger dichas recomendaciones. Dicho oficio y las recomendaciones técnicas que lo sustentan, constan en el expediente administrativo N° DNPT-099-2018-052 del Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones (MICITT) para mayor abundamiento. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1°—APROBAR el dictamen técnico emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante el oficio N° 04785-SUTEL-DGC-2018 de fecha 21 de junio de 2018, aprobado por su Consejo mediante el Acuerdo N° 016-041-2018, adoptado en la sesión ordinaria N° 041-2018, celebrada en fecha 29 de junio de 2018 y declarar la extinción del título habilitante otorgado a la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Alajuela^[3], con cedula de persona jurídica N° 3-007-042033, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 367 de fecha 16 de agosto de 1972, en virtud del vencimiento del plazo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 63 emitido en fecha 11 de diciembre de 1956, publicado en la Colección de Leyes y Decretos del Año: 1956, Semestre: 2, Tomo: 1 y Página: 500 y sus reformas; en los artículos 8, 19, 30 y Transitorio IV del Decreto Ejecutivo Nº 31608-G, emitido en fecha 24 de junio de 2004 y publicado en el Alcance N° 28 al Diario Oficial La Gaceta N° 125 de fecha 28 de junio de 2004 y sus reformas; en la Ley General de Telecomunicaciones, en cumplimiento de los principios de legalidad y uso eficiente y asignación del espectro radioeléctrico y de optimización de los recursos escasos, el cual procura que el Estado realice una asignación y utilización del espectro radioeléctrico de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y que asegure que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente.

Artículo 2°—Solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Registro Nacional de Telecomunicaciones), que actualice las bases de datos sobre los registros de asignación del espectro radioeléctrico para que se consideren como disponibles para futuras asignaciones las frecuencias 142,900 MHz y 142,960 MHz; tomando en consideración el ajuste de canalización dispuesta en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 27554-G, “Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias”, emitido en fecha 06 de noviembre de 1998, publicado en el Alcance N° 1 al Diario Oficial La Gaceta N° 6 de fecha 11 de enero de 1999.

Artículo 3°—Informar a cualquier interesado, que en vista de la extinción del Acuerdo Ejecutivo N° 367 de fecha 16 de agosto de 1972, no pueden hacer uso de las frecuencias 142,900 MHz y 142,960 MHz. Lo anterior de conformidad con el artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe expresamente explotar redes de telecomunicaciones de manera ilegítima, so pena de exponerse a la aplicación del régimen sancionatorio correspondiente.

Artículo 4°—El presente Acuerdo Ejecutivo, puede ser recurrido por la interesada mediante el recurso de reposición el cual deberá ser presentado ante el Poder Ejecutivo en el plazo máximo e improrrogable de tres (3) días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la tercera publicación del presente Acuerdo Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta, debiendo presentar su escrito en el Despacho Ministerial de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, sito en San José, Zapote, 250 metros oeste de la entrada principal de Casa Presidencial, Edificio Mira, primer piso. Lo anterior de conformidad con el artículo 346, inciso 1) de la Ley General de Administración Pública.

Artículo 5°—Notificar el presente Acuerdo Ejecutivo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el fin de ser inscrito en el Registro Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 6°—Publicar el presente Acuerdo Ejecutivo por tres veces consecutivas en la sección de notificaciones del Diario Oficial La Gaceta, conforme a los artículos 240 y 241 incisos 2), 3) y 4) de la Ley N° 6227, “Ley General de la Administración Pública”.

Artículo 7°—Rige cinco (5) días hábiles después de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, el día 08 de octubre del año 2020.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo.—O. C. N° 4600045694.—Solicitud N° 240323.—( IN2020512363 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

N° R-324-2020-MINAE.—Poder Ejecutivo.—San José, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diez de diciembre del dos mil veinte. Se conoce solicitud para otorgamiento de concesión minera de extracción de materiales, en cauce de dominio público en el Río Turrialba, ubicado en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, a favor de la sociedad Quebradores El Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica N° 3-101-156165, representada por el señor Alberto Laurencich Castro, portador de la cédula de identidad N° 1-0624-0725, Expediente Minero N° 4-2015.

Resultando:

1°—Que el 27 de mayo de 2015, el señor Alberto Laurencich Castro, costarricense, mayor, casado una vez, empresario, cédula de identidad N° 1-0624-0725, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad Quebradores El Toro S. A., cédula jurídica N° 3-101-156165, presentó solicitud de formalización a una solicitud de concesión para el otorgamiento de una concesión para la extracción de materiales en cauce de dominio público sobre el Río Turrialba, localizado en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, a la cual se le asignó el número de expediente N° 4-2015. Dicha solicitud tiene las siguientes características:

Localización geográfica:

Sito en: distrito 1 Turrialba, cantón 05 Turrialba, provincia 03 Cartago.

Hoja cartográfica:

Hoja Tucurrique, escala 1:50.000 del I.G.N.

Ubicación cartográfica:

Entre coordenadas CRTM05 generales 1095132.4N 535668E.y 1096077.8N 534027.6E.

Área solicitada:

9 ha 4276.28 m², según consta en plano aportado al folio 1.

Derrotero: Coordenadas del vértice 1: 1095132.4N 535668.6E.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Edicto basado en la solicitud, área y derrotero aportado el 27 de mayo del 2015.

2°—Que mediante resolución N° 1062-2015-SETENA, de las catorce horas diez minutos del siete de mayo de dos mil quince la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y otorgó a su vez la Viabilidad Ambiental al Proyecto denominado CDP Río Turrialba, por un plazo de 2 años, condicionando dicho plazo al otorgamiento de la concesión.

3°—Que mediante certificación SINAC-D-ACCVC-0003-2015, de fecha 16 de enero del 2015 del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central se determinó lo siguiente:

“… con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número C-912464-1990 propiedad de Hacienda el Coyol S. A., que este describe un terreno que se ubica FUERA DE CUALQUIER AREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORIA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y MINAS…”

4°—Que la geóloga Lilliam Arrieta Hernández, procedió a la revisión del Programa de Explotación mediante oficio DGM-CMRC1-38-2015 y su anexo mediante oficio DGM-CMRC1-111-2015 de fechas 1° de junio de 2015 y 11 de diciembre de 2015 respectivamente.

5°—Que el geólogo Germán González Marín, en su condición de funcionario de la Dirección de Geología y Minas, revisó y aprobó el anexo al Programa de Explotación y dictó las recomendaciones mediante oficio DGM-CRC2-038-2017 de fecha 24 de agosto de 2017.

6°—Que tomando en cuenta el tiempo transcurrido, desde la emisión de dichas recomendaciones, el geólogo Esteban Bonilla Elizondo, en su condición de Coordinador de la Región Central 1, de la Dirección de Geología y Minas, procedió a su actualización. En ese sentido mediante oficio DGM-CRC1-087-2020 de fecha 27 de agosto de 2020, señaló lo siguiente:

“…A continuación, se presenta una actualización de las recomendaciones técnicas de otorgamiento para el expediente 4-2015, con la finalidad de adecuarlas al formato de estandarización establecido por el Departamento de Control Minero y adecuar las coordenadas al sistema oficial utilizado actualmente.

De acuerdo con la revisión realizada por el Departamento de Control Minero, la información contenida en el Estudio de Factibilidad Técnica-Económica y el Programa de Explotación Minera del expediente 4-2015 y sus anexos fueron revisados previamente por M.Sc. Enid Gamboa Roble y German González Marín; los resultados finalmente se comunicaron mediante oficio DGM-CRC2-2017.

El día 25 de agosto de 2020 se realizó un recorrido por el sitio de solicitud con la finalidad de verificar la presencia de reservas y observar si hay algún elemento que hiciera variar el análisis planteado en el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica revisado previamente. Con relación a lo observado, se considera que el cauce posee reservas que se estiman están por encima del análisis planteado y no se observó ningún elemento reciente que perjudique el desarrollo del proyecto tal y como fue presentado, por lo tanto, en vista de que la sociedad solicitante cumplió con los requisitos mínimos técnicos indicados en el Reglamento al Código de Minería, no se hace necesario la presentación de documentación adicional.

Se considera que las reservas son una estimación conservadora, debido a que durante el tiempo que ha transcurrido desde la revisión hasta la fecha, ha habido recarga y no se han realizado labores extractivas.

De acuerdo con lo externado anteriormente, se recomienda que se incorporen las siguientes recomendaciones técnicas según el formato adoptado por el Departamento de Control Minero para los efectos de elaborar la respectiva recomendación en caso de cumplir los demás requisitos:

•              El proyecto se ubica entre las coordenadas 1095132.4N / 535668E. y 1096077.8N / 534027.6E de la Hoja Topográfica Tucurrique escala 1:50 000 del IGNCR. El proyecto se localiza dentro del cauce de dominio público del río Turrialba y las instalaciones para operación del proyecto se ubican en los siguientes planos de catastro C-912464-90. Administrativamente se encuentra en la localidad de Turrialba del distrito Turrialba, cantón Turrialba de la Provincia de Cartago.

•              Los materiales a extraer son limos, arenas, gravas y bloques aluviales. La grava incluye, grava fina, grava gruesa y bloques aluviales.

•              Se recomienda un plazo de otorgamiento de 10 años.

•              La tasa de extracción máxima no debe sobrepasar los 13000 m3 por mes. Se recomienda que se lleve un control diario donde no se trate de sobrepasar 500 m3 diarios.

•              Es necesario realizar el cálculo de reservas remanentes cada año que debe presentarse con el informe anual de labores.

•              No se debe extraer material por debajo de la cota de: Según el perfil de equilibrio presentado en el documento “Programa de Explotación, Anexo a Estudio de factibilidad técnico-económica, Respuesta a Memorando DGMCRMC1/111/2015”, presentado ante la DGM el 02/06/20 16, la profundidad de extracción propuesta no afectará el perfil de equilibrio. Sin embargo, este perfil de equilibrio, que establece como referencias el nivel del puente de La Alegría y la profundidad de las pilas del mismo, así como, a la base de la represa del ICE aguas abajo, se utilizará como referencia para el control de la extracción.

•              Se autoriza la siguiente maquinaria: 1 excavadora John Deere 200 LC, 1 Cargador John Deere 624G para labores en el patio, 3 Vagonetas Mack R- 600. En caso de requerir maquinaria adicional no mencionada en la lista anterior se deberá solicitar la autorización a la DGM.

•              Se autoriza la instalación de quebrador o planta de trituración asociada a este proyecto que incluye los siguientes componentes: Alimentador con caja reductora de IOHP y salida 60/1, Quebrador primario SSME 16X24, Cono de 2 pulgadas cabeza corta, cribas, planta y bandas transportadoras.

•              El horario de operaciones autorizado para extracción y procesamiento de materiales será entre las horas 7:00 a m y las 5:00 pm, los días de lunes a sábado. No se podrá trabajar fuera de este horario sin previa solicitud y autorización de la DGM.

•              No se deben realizar labores mineras fuera del área concesionada.

•              En caso de tanque de autoabastecimiento de combustibles, concesión de agua y vertido de aguas del proceso a un sistema fluvial, es necesario contar con las respectivas concesiones y permisos.

•              Se debe cumplir con la reglamentación del Código de Minería, en cuanto amojonamiento, reglamento de seguridad laboral, rotulación de la concesión.

•              Se debe cumplir con las medidas ambientales establecidas en el EsIA y Plan de Gestión Ambiental aprobado.

•              Se estará revisando la presencia en las oficinas del proyecto de la bitácora geológica correspondiente al periodo en curso, plano topográfico actualizado con los sectores de extracción recientes, bitácora (diario) de actividades, memoria de ventas, almacenamiento y extracción, lista de personal; se verificará el cumplimiento del reglamento de seguridad.

•              Se prohíbe el ingreso de vagonetas de clientes o de otras personas al frente de extracción. Solo la maquinaria aprobada podrá hacer ingreso al frente de extracción. El despacho de materiales debe realizarse desde los patios de acopio autorizados.

•              En los frentes de extracción será necesario mantener los ángulos y diseño de taludes estipulados en el Programa de Explotación Minera.

•              Cada año junto con el informe anual de labores debe actualizarse la topografía de los frentes de extracción que se mantuvieron activos. Además, los aspectos de rentabilidad, costos y ventas deben ser independientes de cualquier otro proyecto.

•              Los accesos autorizados al cauce serán: Acceso 1 privado: CRTM05: 1095191.188 N -535665.215 E; Acceso 2 privado: CRTM05: 1095409.334 N - 535143.453 E; Acceso 3 público: CRTM05: 109551 8.517 N -534587.915 E; Acceso 4 público: CRTM05:1095527.338 N - 534559.943 E; Acceso 5 público: CRTM05: 1095775.248 N - 534272.398 E…”

7°—Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento al Código de Minería, consta en el expediente administrativo el oficio DA-0384-2018 de fecha 4 de abril del 2018, mediante el cual la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, consideró conveniente que se otorgue la concesión de explotación de materiales en el cauce del río Turrialba en la localidad de Turrialba, distrito Turrialba cantón Turrialba con las siguientes condiciones:

“…

1.             El material a extraer serán depósitos aluviales recientes (gravas, arenas y bloques de piedra), quedando claro que queda totalmente prohibido extraer material del piso firme del cauce del río por lo que será sólo permitida la extracción del material arrastrado.

2.             Queda totalmente prohibida la extracción de materiales de las márgenes del río.

3.             La extracción de los materiales será mecanizada en forma laminar por lo que no se deben utilizar ningún tipo de equipo que no garantice éste tipo de extracción.

4.             Podrá ser realizada en toda época del año en que no sea impedida por las crecidas normales del río.

5.             Queda totalmente prohibida la acumulación de materiales en el cauce del río para evitar que se puedan presentar represamientos.

Es importante indicar, que la solicitud de concesión de extracción de materiales cuenta con la viabilidad ambiental de /a Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según resolución N° 1062-2015-SETENA del 07 de mayo del 2015. Asimismo y de acuerdo a nuestros registros, no existen concesiones vigentes de agua dentro de la zona de extracción, ni aguas abajo del río Turrialba que eventualmente podrían verse afectadas por la actividad de extracción de materiales de dicho río (ver registro adjunto de concesiones de agua de la base de datos de esta Dirección).

El Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas (base de datos de la Dirección de Agua), contiene los siguientes expedientes ya cancelados: En expediente 3114, Hacienda el Coyol de Turrialba SA., tuvo concesión de un caudal 18.5 l/s de una derivación del río Turrialba según resolución 106-A-92 del 3 de marzo del 1992. Esta concesión caducó el 24 de agosto del 2001. En expediente 4593, Omar Muños Méndez tuvo concesión de un caudal 1.00 l/s del río Turrialba según resolución 3995 del 8 de agosto del 1988. Esta concesión caducó el 8 de agosto de 1998. En expediente 3459, Refinadora Costarricense de Petróleo S. A. tuvo concesión de un caudal 10.00/ls una derivación de/río Turrialba según resolución 3695 del 9 de mayo del 1988. Esta concesión caducó el 9 de mayo de 1998…”

8°—Que publicados los edictos, en el Diario Oficial La Gaceta los días 10 y 16 de octubre del 2018, tal y como lo dispone el artículo 80 del Código de Minería y transcurrido el plazo de 15 días señalado por el artículo 81 de dicho Código, no se presentaron oposiciones contra la presente solicitud a nombre de la sociedad Quebradores el Toro S. A., cédula jurídica N° 3-101-156165. Por lo tanto, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 84 del Código de Minería, lo procedente es emitir la respectiva recomendación de otorgamiento de la concesión ante el Ministro de Ambiente y Energía.

9°—Que de conformidad con el artículo 37 del Reglamento al Código de Minería, de previo a emitir la recomendación de otorgamiento de la concesión, la Dirección de Geología y Minas, deberá verificar que el interesado haya cumplido con el pago de la garantía ambiental según el monto señalado por la SETENA, en la resolución de aprobación del EsIA. En ese sentido, analizado el expediente minero N° 4-2015, consta que el día 12 de junio de 2020, se presentó el comprobante de dicho pago ante la SETENA, con una vigencia hasta el 15 de junio de 2021.

10.—Que mediante oficio DGM-RNM-435-2020 de fecha 31 de agosto de 2020, la Directora de Geología y Minas, trasladó a este Despacho la recomendación para otorgamiento de título a favor de la sociedad Quebradores el Toro S. A., que corre bajo expediente N° 4-2015.

11.—Que mediante oficio DAJ-582-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, suscrito por la Licda. Maricela Rodríguez Porras, en su condición de Directora a. í., de la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE, fue devuelto a la Dirección de Geología y Minas, el expediente N° 4-2015 a favor de la sociedad Quebradores el Toro S. A., cédula jurídica N° 3-101-156165, sin tramitar la recomendación de otorgamiento de título dictada mediante oficio DGM-RNM-435-2020, de fecha 31 de agosto de 2020 y solicitó a la Dirección de Geología y Minas aclarar lo siguiente:

“…respetuosamente le manifiesto que revisada la certificación SINAC-D-ACCVC-0003-2015, de fecha 16 de enero del 2015 del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, se ha podido determinar que la misma hace referencia al plano catastrado N° C-912464-1990, En ese sentido al tratarse de una solicitud de extracción materiales en cauce de dominio público, le solicito aclarar si la citada certificación se refiere al área de interés solicitada en concesión, tal y como lo establece el artículo 29, inciso 2), del Reglamento al Código de Minería, N° 29300.

12.—Que en acatamiento al oficio DAJ-582-2020, de fecha 24 de setiembre de 2020, suscrito por la Licda. Maricela Rodríguez Porras, en su condición de Directora a. í., de la Dirección de Asesoría Jurídica, la sociedad Quebradores el Toro S. A., aportó certificación SINAC-D-ACC-558-2020 de fecha 13 de octubre de 2020 suscrita por el Msc. Rafael Gutiérrez Rojas Director del Área de Conservación Central, quien certifica lo siguiente:

“Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000 se ha determinado con base en la ubicación consignada Proyección CRMT05 1.095.100 1.096.060 latitud norte y 534.000 Norte-535.700 latitud este, para el Proyecto en CDP Rio Turrialba, que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER AREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORIA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC) Y DE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO.

Para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo permiso (art. 27 Ley Forestal); se debe respetar las Áreas de Protección (art. 33 y 34 de la Ley Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque…”

13.—Que la sociedad concesionaria se encuentra inscrita como patrono al día ante la Caja Costarricense del Seguro Social; igualmente se encuentra al día en sus obligaciones ante el Ministerio de Hacienda, así como ante el Registro Nacional, conforme a las verificaciones digitales realizadas.

14.—Que en acatamiento de la Directriz-011-2020, del 23 de septiembre del 2020, denominada Directriz para la Coordinación de los Viceministerios, Direcciones del Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos desconcentrados, se ha determinado que el expediente minero N° 4-2015, reúne todos los requisitos del ordenamiento jurídico, y no existe nulidad o impedimento alguno para su otorgamiento.

Considerando:

I.—Que con fundamento en el artículo primero del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes en el país, teniendo la potestad el Poder Ejecutivo de otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, y explotación de los recursos mineros, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre esos bienes.

II.—Que el Ministerio de Ambiente y Energía, es el órgano rector del Poder Ejecutivo en materia minera, para realizar sus funciones, Ministerio que cuenta con la Dirección de Geología y Minas, como ente encargado de tramitar las solicitudes de concesión. La resolución de otorgamiento de la concesión es dictada por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, previo análisis técnico-legal y recomendación de la Dirección de Geología y Minas, acerca de su procedencia. Al respecto el artículo 6 incisos 7 y 8 del Reglamento al Código de Minería N° 29300 en cuanto a las funciones de la Dirección de Geología y Minas, dispone:

“…7. Remitir la respectiva resolución de recomendación de otorgamiento del permiso o de la concesión al Ministro del Ambiente y Energía cuando así proceda.

8. Recomendar al Poder Ejecutivo las prórrogas, suspensiones de labores, traspasos de derechos o cancelaciones, cuando procedan…”

III.—Que en cuanto a las concesiones en cauce de dominio público, es importante señalar que la reforma del artículo 36 del Código de Minería dispone lo siguiente:

“…Artículo 36.—El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable de manera sucesiva por períodos hasta de cinco años, hasta completar un máximo de treinta años, plazo que incluye la etapa de cierre de la concesión. Lo anterior, siempre y cuando las condiciones del río lo permitan, según criterio de la Dirección de Geología y Minas (DGM) y que el concesionario haya cumplido con sus obligaciones durante el período de vigencia de la concesión. Para solicitar la prórroga, el concesionario deberá mantener al día la viabilidad ambiental. El procedimiento y los requisitos serán establecidos en el reglamento de esta ley. El plazo se computará a partir de la inscripción del título en el Registro Nacional Minero.

IV.—Que el artículo 89 del Código de Minería establece que la resolución de otorgamiento será dictada por el Poder Ejecutivo y por su parte el artículo 38 del Reglamento al Código de Minería Nº 29300, dispone lo siguiente:

“Artículo 38.—De la recomendación. Cumplidos todos los requisitos la DGM y observando los plazos establecidos en el artículo 80 del Código, mediante oficio, remitirá la recomendación al Ministro de Ambiente y Energía, indicando si de acuerdo al mérito de los autos procede el otorgamiento del permiso de exploración minera o de concesión de explotación. La resolución de otorgamiento será dictada por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía…”

V.—El artículo 22 del Reglamento al Código de Minería, dispone lo siguiente:

Potestad de la DGM de recomendar plazo de vigencia. En todo caso la DGM, podrá recSomendar al Ministro el plazo de vigencia de un permiso de exploración o de una concesión de explotación, siempre que no exceda de los límites máximos, anteriormente establecidos, con base en las labores propuestas, el financiamiento aportado y las reservas de la fuente de materiales…”

VI.—Que al haberse cumplido con los requisitos que exige el Código de Minería y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de su Reglamento, la Dirección de Geología y Minas mediante oficio DGM-RNM-435-2020, de fecha 31 de agosto del 2020, recomendó otorgar la concesión de extracción de materiales en el cauce de dominio público del Río Turrialba, a favor de la sociedad Quebradores el Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica N° 3-101-156165 representada por el señor Alberto Laurencich Castro, portador de la cédula de identidad número 1-624-725, por un plazo de 10 años.

VII.—Que la sociedad concesionaria, para mantener su concesión vigente, deberá cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con cada una de las recomendaciones técnicas señaladas en el oficio DGM-CRC1-087-2020 de fecha 27 de agosto de 2020, suscrito por el geólogo Esteban Bonilla Elizondo, en su condición de Coordinador de la Región Central 1, de la Dirección de Geología y Minas, que son las siguientes:

•              El proyecto se ubica entre las coordenadas 1095132.4N / 535668E. y 1096077.8N / 534027.6E de la Hoja Topográfica Tucurrique escala 1:50 000 del IGNCR. El proyecto se localiza dentro del cauce de dominio público del río Turrialba y las  instalaciones para operación del proyecto se ubican en los siguientes planos de  catastro C-912464-90. Administrativamente se encuentra en la localidad de Turrialba del distrito Turrialba, cantón Turrialba de la Provincia de Cartago.

•              Los materiales a extraer son limos, arenas, gravas y bloques aluviales. La grava incluye, grava fina, grava gruesa y bloques aluviales.

•              Se recomienda un plazo de otorgamiento de 10 años.

•              La tasa de extracción máxima no debe sobrepasar los 13000 m³ por mes. Se recomienda que se lleve un control diario donde no se trate de sobrepasar 500 m³ diarios.

•              Es necesario realizar el cálculo de reservas remanentes cada año que debe presentarse con el informe anual de labores.

•              No se debe extraer material por debajo de la cota de: Según el perfil de equilibrio presentado en el documento “Programa de Explotación, Anexo a Estudio de factibilidad técnico-económica, Respuesta a Memorando DGMCRMC1/111/2015”, presentado ante la DGM el 02/06/20 16, la profundidad de extracción propuesta no afectará el perfil de equilibrio. Sin embargo, este perfil de equilibrio, que establece como referencias el nivel del puente de La Alegría y la profundidad de las pilas del mismo, así como, a la base de la represa del ICE aguas abajo, se utilizará como referencia para el control de la extracción.

•              Se autoriza la siguiente maquinaria: 1 excavadora John Deere 200 LC, 1 Cargador John Deere 624G para labores en el patio, 3 Vagonetas Mack R- 600. En caso de requerir maquinaria adicional no mencionada en la lista anterior se deberá solicitar la autorización a la DGM.

•              Se autoriza la instalación de quebrador o planta de trituración asociada a este proyecto que incluye los siguientes componentes: Alimentador con caja reductora de IOHP y salida 60/1, Quebrador primario SSME 16X24, Cono de 2 pulgadas cabeza corta, cribas, planta y bandas transportadoras.

•              El horario de operaciones autorizado para extracción y procesamiento de materiales será entre las horas 7:00 a m y las 5:00 pm, los días de lunes a sábado. No se podrá trabajar fuera de este horario sin previa solicitud y autorización de la DGM.

•              No se deben realizar labores mineras fuera del área concesionada.

•              En caso de tanque de autoabastecimiento de combustibles, concesión de agua y vertido de aguas del proceso a un sistema fluvial, es necesario contar con las respectivas concesiones y permisos.

•              Se debe cumplir con la reglamentación del Código de Minería, en cuanto amojonamiento, reglamento de seguridad laboral, rotulación de la concesión.

•              Se debe cumplir con las medidas ambientales establecidas en el EsIA y Plan de Gestión Ambiental aprobado.

•              Se estará revisando la presencia en las oficinas del proyecto de la bitácora geológica correspondiente al periodo en curso, plano topográfico actualizado con los sectores de extracción recientes, bitácora (diario) de actividades, memoria de ventas, almacenamiento y extracción, lista de personal; se verificará el cumplimiento del reglamento de seguridad.

•              Se prohíbe el ingreso de vagonetas de clientes o de otras personas al frente de extracción. Solo la maquinaria aprobada podrá hacer ingreso al frente de extracción. El despacho de materiales debe realizarse desde los patios de acopio autorizados.

•              En los frentes de extracción será necesario mantener los ángulos y diseño de taludes estipulados en el Programa de Explotación Minera.

•              Cada año junto con el informe anual de labores debe actualizarse la topografía de los frentes de extracción que se mantuvieron activos. Además, los aspectos de rentabilidad, costos y ventas deben ser independientes de cualquier otro proyecto.

•              Los accesos autorizados al cauce serán: Acceso 1 privado: CRTM05: 1095191.188 N -535665.215 E; Acceso 2 privado: CRTM05: 1095409.334 N - 535143.453 E; Acceso 3 público: CRTM05: 109551 8.517 N -534587.915 E; Acceso 4 público: CRTM05:1095527.338 N - 534559.943 E; Acceso 5 público: CRTM05: 1095775.248 N - 534272.398 E…”

VIII.—Que la sociedad Quebradores El Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica N° 3-101-156165, en su condición de concesionaria del expediente N° 4-2015, deberá cumplir durante la ejecución de las labores de explotación, con cada una de las recomendaciones técnicas señaladas en el considerando SÉTIMO, de la presente resolución, así como cualquier otra recomendación que le gire la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de Agua y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Igualmente, en su condición de concesionaria, queda sujeto al cumplimiento de obligaciones y al disfrute de derechos, señalados en los artículos 33 y 34 del Código de Minería y en los artículos 41 y 69 del Reglamento al Código de Minería.

IX.—Que al haberse cumplido con los requisitos necesarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento al Código de Minería, lo procedente es proceder con el dictado de la resolución de otorgamiento de la Concesión de Extracción de Materiales en el Cauce de Dominio Público, del Río Turrialba, a favor de la sociedad Quebradores el Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica N° 3-101-156165, representada por el señor Alberto Laurencich Castro, portador de la cédula de identidad número 1-624-725.

X.—Que la sociedad concesionaria, queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones y al disfrute de derechos, señalados en los artículos 33 y 34 del Código de Minería y en los artículos 41 y 69 del Reglamento al Código de Minería.

XI.—Que la Dirección de Geología y Minas, mediante resolución número DGM-RNM-551-2019, sustentada en el informe técnico DGM-CRC1-087-2020 de fecha 27 de agosto de 2020, que se encuentra incorporado en el expediente administrativo, recomienda la vigencia de la concesión de explotación por un período de diez (10) años, a favor de la sociedad Quebradores El Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-156165.En este sentido, el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, faculta a la Administración a motivar sus actos a través de la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a dictámenes previos que hayan determinado realmente la adopción del acto. Asimismo, el artículo 302 inciso 1) del mismo cuerpo normativo, establece que los dictámenes técnicos de cualquier tipo de la Administración, serán encargados a los órganos públicos expertos en el ramo de que se trate, tal como acontece en el presente caso con la Dirección de Geología y Minas.

XII.—Que revisado el expediente administrativo y tomando en consideración lo que señala el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, de que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, es que se acoge la recomendación realizada por la Dirección de Geología y Minas, de otorgar la citada concesión, a favor de la sociedad Quebradores El Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica N° 3-101-156165, lo anterior basado en el principio de objetivación de la tutela ambiental, mejor conocido como el de vinculación de la ciencia y la técnica, que en resumen, limita la discrecionalidad de las decisiones de la Administración en materia ambiental, de tal forma que estas deben basarse siempre, en criterios técnicos que así lo justifiquen –tal y como acontece en el presente caso con la recomendación de la Dirección de Geología y Minas, siendo importante traer como referencia lo señalado por nuestra Sala Constitucional, que respecto a este principio manifestó que “…es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior, en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública; se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general – tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica”, con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la administración en esta materia…” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 2006-17126 de las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis).

XIII.—Que mediante memorándums N° DGM-RNM-435-2020, de fecha 31 de agosto del 2020, la Directora General de la Dirección de Geología y Minas, manifestó lo siguiente:

“…en acatamiento de la directriz DM-0513-2018 del día 28 de agosto del 2018, denominada Directriz para la Coordinación de los Viceministerios, Direcciones del Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos desconcentrados, se tiene que, revisado el presente documento del expediente minero N° 4-2015, el mismo reúne todos los requisitos del ordenamiento jurídico, no existe nulidad o impedimento alguno para su otorgamiento…”

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

RESUELVEN:

1°—Con fundamento en los artículos 36 y 89 del Código de Minería, artículos 22 del Decreto Ejecutivo N° 29300-MINAE, Reglamento al Código de Minería, otorgar a favor de la sociedad Quebradores El Toro Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica N° 3-101-156165, representada por el señor Alberto Laurencich Castro, portador de la cédula de identidad N° 1-0624-0725, concesión de explotación de materiales en Cauce de Dominio Público, del Río Turrialba, ubicado en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, por un plazo de vigencia de 10 años, con una tasa de extracción autorizada de son 500 m³ por día y 13 000 m³ por mes. La tasa extractiva podrá ser variada en el tiempo, según aspectos técnicos avalados por la Dirección de Geología y Minas y los materiales a explotar son arenas, gravas y guijarros, según el Programa de Explotación aprobado en el oficio DGM-CRC1-087-2020 de fecha 27 de agosto de 2020.

2°—Las labores de explotación se deberán ejecutar de acuerdo con el Programa de Explotación previamente aprobado y cumpliendo las recomendaciones que al efecto señaló la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Dirección de Aguas y la Dirección de Geología y Minas en el memorando DGM-CRC1-087-2020 de fecha 27 de agosto de 2020, suscrito por el geólogo Esteban Bonilla Elizondo, en su condición de Coordinador de la Región Central 1, de la Dirección de Geología y Minas transcrito en el Considerando Sétimo de la presente resolución.

3°—Que la sociedad Quebradores El Toro Sociedad Anónima, queda sujeta al pago de las obligaciones que la legislación impone, así como acatar las directrices que en cualquier momento le gire la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de Agua y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Caso contrario, podría verse sometida al procedimiento de cancelación de su concesión, previo cumplimiento del debido proceso.

4°—El Geólogo Regente del proyecto, deberá llevar una bitácora la cual debe estar en el sitio donde se llevan las labores de extracción, para que se realicen las anotaciones de dirección, así como las anotaciones de las visitas de control que realizará el geólogo de la Dirección de Geología y Minas, Esteban Bonilla Elizondo.

5°—Deberá la concesionaria proceder con la respectiva publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta, así como requerir la respectiva inscripción de la concesión ante el Registro Nacional Minero, de la Dirección de Geología y Minas, lo anterior de conformidad con los artículos 90 y 91 del Código de Minería, y dentro los plazos establecidos en dichos numerales.

Asimismo y en atención al artículo 85 del mismo cuerpo normativo, el concesionario dentro del mes siguiente a la inscripción de la presente resolución de otorgamiento en el Registro Nacional Minero, deberá pagar los cánones de superficie respectivos mencionados en el artículo 55 del Código de Minería Ley N° 6797 y presentar los recibos correspondientes en la DGM, de lo contrario, la falta de pago oportuno de estos cánones podrá llevar a la cancelación de la concesión.

6°—Se instruye al Registro Nacional Minero para que proceda de conformidad con el artículo 37 del Código de Minería Ley N° 6797, de tal forma que comunique dentro del plazo de 30 días, la información pertinente sobre la presente concesión a los gobiernos locales respectivos.

7°—Contra la presente resolución pueden interponerse los recursos ordinarios que se establecen en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en los plazos ahí indicados.

8°—Notifíquese. Para notificar la presente resolución, al señor Alberto Laurencich Castro, al correo electrónico alaurencich@lauca.cr y epadro@lauca.cr.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo.—1 vez.—( IN2020513523 ).