LEYES

Nº 9946

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA

PANORÁMICA EN LA ANGOSTURA DE PUNTARENAS

(REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 2, Y 3 DE LA LEY 8505, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA DE ACCESO TERRESTRE A LA CIUDAD DE PUNTARENAS, DE 28 DE ABRIL DE 2006; REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 4071, LEY QUE DECLARA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE PUNTARENAS Y REFORMA OTRAS LEYES, DE 22 DE ENERO DE 1968, Y ADICIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE,

DE 2 DE MARZO DE 1977)

ARTÍCULO 1-     Se reforman los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 8505, Ampliación y Mejoramiento de la Ruta de Acceso Terrestre a la Ciudad de Puntarenas, de 28 de abril de 2006. El texto es el siguiente:

Artículo 1-    Se autoriza al Estado, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para que construya, mejore y conserve, a través de proyectos de infraestructura vial, aquellas obras necesarias que complementen el acceso terrestre a la ciudad de Puntarenas, en los terrenos del tramo del ferrocarril al Pacífico, comprendidos entre el Liceo de Chacarita y la antigua Capitanía de Puerto de la ciudad de Puntarenas, incluyendo los terrenos correspondientes al actual derecho de vía a favor del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), que se extiende por siete metros con sesenta y dos centímetros (7,62 m), a partir del centro de la actual vía férrea a ambos lados en terreno plano, y a cinco metros (5 m) en los terrenos con corte o relleno a ambos lados de la vía, a partir de la cima de los cortes o del pie del talud correspondiente, así como los demás terrenos de dominio público adyacentes.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con las competencias conferidas, procederá con la ampliación de la Ruta Nacional 17, sección La Angostura, Puntarenas, mediante la construcción de la carretera panorámica comprendida entre “La Vuelta” ubicada en el distrito doce, Chacarita, y las inmediaciones del “Yacht Club”, en el distrito primero, Puntarenas.

Artículo 2-    En la construcción de los proyectos deberá conservarse la actual ferrovía, a fin de que, cuando sea necesario, esta complemente su uso con la carretera panorámica y demás obras que se construirán para brindar acceso a la ciudad de Puntarenas, promoviendo de esta forma la intermodalidad en el transporte. Si con ocasión de la ejecución de los proyectos viales se requiere alguna modificación en el trazado de la vía férrea, dentro de los derechos de vía indicados en el artículo anterior, el MOPT deberá coordinar previamente con el Incofer tales modificaciones, con el fin de que el equipo técnico de ese Instituto lleve a cabo el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras, así como la recepción final de estas en vía ferroviaria, procurando garantizar a futuro la correcta operación del ferrocarril en dicho tramo.

Artículo 3-    El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), establecerá los mecanismos de coordinación, señalización y determinación de los horarios correspondientes para la utilización de forma conjunta de la nueva carretera panorámica de acceso a Puntarenas y del ferrocarril, a efectos de garantizar la seguridad vial de los usuarios.

ARTÍCULO 2-     Se reforma el artículo 2 de la Ley 4071, Declara Zona Urbana de Ciudad de Puntarenas y Reforma otras Leyes, de 22 de enero de 1968. El texto es el siguiente:

Artículo 2-    Se declara zona urbana de Puntarenas la faja de doscientos metros de ancho (200 m) desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la milla marítima entre Chacarita de Puntarenas y la desembocadura del río Barranca.

De la referida zona se destinan cincuenta metros (50 m) desde la pleamar ordinaria para la carretera panorámica Barranca-Puntarenas, en la sección Chacarita-Barranca, y se traspasa el resto, por parte del Estado y del Instituto Costarricense de Turismo (1CT), a la Municipalidad de Puntarenas, salvo los derechos adquiridos por particulares o instituciones del Estado, mediante compra o prescripción decenal. En la sección comprendida entre “La Vuelta”, ubicada en el distrito doce, Chacarita y las inmediaciones del “Yacht Club”, en el distrito primero, Puntarenas, se llevará a cabo la ampliación de la Ruta Nacional 17 sección La Angostura, la cual, por tratarse de una ruta de la red vial nacional estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su conservación vial a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

ARTÍCULO 3-     Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 76 de la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977. El texto es el siguiente:

Artículo 76-

[…]

Igualmente, reservará una zona no menor de cincuenta metros de ancho (50 m) a partir de la pleamar ordinaria, que dedicará a la construcción de la sección de la carretera panorámica comprendida entre “La Vuelta”, ubicada en el distrito doce, Chacarita, y las inmediaciones del “Yacht Club”, en el distrito primero, Puntarenas; la cual, por tratarse de una ruta de la red vial nacional estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su conservación vial a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-          Aprobado a los veintiséis días del mes de enero del ano dos mil veintiuno.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Eduardo Newton Cruickshank Smith

Presidente

Ana Lucía Delgado Orozco                  María Vita Monge Granados

      Primera secretaria                           Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

EJECÚTESE Y PUBLIQUESE.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes.—José Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo.—1 vez.—O.C. N° 4600047675 .—Solicitud N° 006-2021 .—( L9946 - IN2021533320 ).

PROYECTOS

REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N.° 3580, LEY DE INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS),

DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1965. LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACILIDADES COMUNALES

Y PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES

Expediente N.° 22.415

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los gobiernos locales, sin lugar a dudas, constituyen la fuente de poder político y administrativo más cercana a la ciudadanía. Sus autoridades, electas popularmente, son más fácilmente identificables por su contacto con las comunidades y con sus necesidades, pues son personas vecinas de estas mismas comunidades, las cuales, en mayor medida, conocen de primera mano los retos, aspiraciones y desafíos de ellas de manera directa.

El rediseño de la arquitectura estatal, a fin de satisfacer los cada vez más heterogéneos y particulares requerimientos de la población, ha supuesto el ensayo de variadas modalidades de gestión: regionalización, desconcentración, descentralización y hasta la tercerización/privatización de servicios; tales variables han surgido como una respuesta alternativa frente a la verticalidad y limitada capacidad de respuesta del aparato público. ^[1]

Estas modalidades de gestión de recursos en la atención de necesidades ciudadanas, parte del supuesto de la eficiencia y la eficacia en la administración presupuestaria, con miras a reducir el centralismo y brindar mayores herramientas a las autoridades locales para atender las particularidades de su población.

La autonomía y corresponsabilidad fiscal de los municipios requieren un principio que opera a manera de puente entre la Hacienda del Estado y la de los entes locales o regionales: se trata del principio de “coordinación”. En términos muy generales, dice que las funciones clásicas de la Hacienda Pública -asignación, redistribución y estabilización- deben ser distribuidas adecuadamente entre el Estado y los entes subcentrales. En esencia, es la función de asignación, que implica la provisión de bienes públicos que el mercado falla en asignar, la que debe estar en el centro de las competencias hacendarias de los entes locales y regionales, dejando las funciones de redistribución de la riqueza y de la estabilización de la economía en manos del ente central. ^[2]

Eso sí, la descentralización implica una mayor toma de responsabilidades. No significa únicamente una mayor transferencia de recursos. Esto es el principio de todo. Significa también que cada cantón de este país debe tener claro que su desarrollo depende en gran medida de su actuar, de sus propias decisiones.^[3]

Y es, precisamente, en el marco de estas propias decisiones que se plantea este proyecto de ley que tiene como finalidad el fortalecimiento de facilidades comunales y programas sociales municipales a través de la reforma del artículo 7 de la Ley N.° 3580, Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros), de 13 de noviembre de 1965.

Este artículo ya fue recientemente reformado por la Ley N.° 9542, Fortalecimiento de la Policía Municipal, de 28 de mayo de 2018, para que una parte de lo recaudado por las multas a los infractores de esa ley sea invertida en la instalación de sistemas de video vigilancia y en el desarrollo de la policía municipal.

La idea de esta iniciativa no es de ninguna manera debilitar esta reforma del 2018, porque somos conscientes de su importancia para la seguridad ciudadana de la población; si no, más bien, abrir el marco de posibilidades dentro del respeto a la autonomía municipal para que los gobiernos locales queden autorizados para invertir un porcentaje de estos recursos, el cual sería determinado por las mismas municipalidades según sus prioridades, en facilidades comunales y programas sociales municipales dirigidos especialmente a la atención de la niñez y la adolescencia, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Valga aclarar lo que se entiende por facilidades comunales:

(...) De la Ley de Planificación Urbana, se entiende que ‘facilidades comunales’ son todos aquellos bienes destinados al uso y disfrute de los miembros de una comunidad o vecinos, con el fin de beneficiarlos. (...) se debe entender que el beneficio o gracia producto de las facilidades comunales, repercute en el ámbito de lo social, de lo síquico, de la salud, y de todo aquello que rodea al ser humano y su medio -entendiendo a éste como el entorno específico donde aquel desarrolla sus actividades comunes- y que, indefectiblemente, forma parte del medio ambiente, con el fin de permitirle mejorar o maximizar las condiciones para llevar una vida digna, con bienestar y salud.^[4]

Teniendo esto claro, no podemos perder la perspectiva de que son muchos los temas y las áreas en que las municipalidades podrían aprovechar estos recursos en beneficio de estas poblaciones.

Lo anterior porque, por ejemplo, para el caso de la población adulta mayor, en 2018, un 24% de los hogares de personas adultas mayores se clasificaba como pobre (98.475); para el total de hogares de Costa Rica esta cifra era de 21% (328. 848 hogares).^[5]

Además, se sabe que la prevalencia de discapacidad aumenta con la edad, ya que 29% se da en quienes tienen de 65 a 79 años, y 55% en los de 80 años y más. De acuerdo a la Enadis (INEC, 2019), un 35% de las personas de 65 años y más presenta algún grado de discapacidad. Siguiendo un patrón antes señalado con las enfermedades crónicas, esta proporción también es mayor entre las mujeres (43%) que entre los hombres (27%).^[6]

Mientras tanto, en relación con la población en general de nuestro país, la Encuesta Nacional Sobre Discapacidad 2018 (que es la más recientemente publicada), nos dice que respecto a los quintiles de ingreso bruto per cápita de los hogares, considerando que el primer quintil está compuesto por el 20 % de los hogares con menor ingreso, y el último quintil por el 20 % de los hogares con mayor ingreso, se evidencia que en el ámbito nacional la población con discapacidad es mayor en los quintiles de menores ingresos y disminuye conforme aumenta el ingreso bruto per cápita del hogar. Cerca del 53% del total de las personas con discapacidad se ubican en los quintiles I y II, es decir, el 40 % de los hogares con menores ingresos agrupa alrededor de la mitad de la población con discapacidad, mientras que la población sin discapacidad agrupa alrededor del 37 % de las personas.^[7]

Al analizar la población con discapacidad según quintiles de ingreso per cápita por zona de residencia, se observa un compartimiento similar al total de país, ya que existe una mayor concentración de la población con discapacidad en los quintiles de ingreso más bajos. En la zona rural, los primeros dos quintiles de ingresos concentran casi el 57% de las personas con discapacidad, 4 puntos porcentuales más que a nivel nacional; en el caso de la zona urbana, se comporta de forma similar al total país, es decir, concentra cerca del 52%.^[8]

Es por esto que consideramos oportuno que los gobiernos locales puedan realizar un aporte cada vez mayor hacia poblaciones vulnerables con proyectos sociales que eleven su calidad de vida. Así, por ejemplo, la oficina regional de Conapdis en la región Huetar Norte,^[9] señala que, entre los espacios donde se requiere mayor atención están:

1.             Parques infantiles inclusivos donde los niños puedan disfrutar sin restricción por sus características personales. Por lo tanto, prestar especial atención a pasillos, parqueos, mobiliario urbano inclusivo, rampas, y los atractivos propiamente del parque con las mayores condiciones en accesibilidad física ejemplo; hamacas, toboganes, play y otros.

2.             Parques centrales de los distritos con diseño universal, tomando en cuenta las aceras con diseño universal, rampas de ingreso, iluminación, mobiliario urbano propio del parque totalmente inclusivo.

3.             Aceras de las comunidades con un único diseño universal y un solo tipo o estilo de rampa que unifique el aspecto armónico de la comunidad.

4.             Paradas de buses con diseño universal.

5.             Canchas polifuncionales de uso deportivo; rincones con juegos para niños, juegos integradores, juegos saludables, juegos de mesa, pistas de patines, skate y otros, muros de grafitis; espacios para el descanso y la contemplación.

A estos, se suman otros proyectos como los que reseña la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Carlos^[10] que requieren de mucho recurso económico para poder trabajar en igualdad de condiciones, con todos los sectores de la población y así cumplir los objetivos de estos:

1. Apoyo a adultos mayores: compra de 4 simuladores para formación de valores en la población joven sobre el respeto hacia los adultos mayores. Costo 20 millones de colones. 

2. Prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes: compra de paquetes del Programa Bebé Crece. Programa que consiste en la responsabilidad de cuidar a un bebé, en todos los aspectos que esto implique. Costo 30 millones de colones.

3. Prevención del uso y abuso de drogas, alcohol y cigarrillos: contratación de personal especializado para trabajo con población joven, padres, madres, encargados de familia, personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Costo 18 millones anuales.

4. Nuevas masculinidades: contratación de expertos en prevención de la violencia, para trabajo con hombres y creación de redes de fortalecimiento y apoyo a los hombres. Costo para llevar proyecto a los 13 distritos del cantón 15 millones.

También, el financiamiento para la construcción del albergue para las personas de zonas y cantones alejados que deban pernoctar, en Ciudad Quesada, por acompañar a familiares internados o en observación en el Hospital San Carlos, que contempla la Ley N.° 9801, de 18 de marzo de 2020.

Citamos solamente algunos ejemplos, pero son muchos más los proyectos que las municipalidades alrededor del país pueden desarrollar en la línea que contempla el proyecto de ley, ya que impulsar condiciones favorables en las comunidades está directamente vinculado al crecimiento económico y la prosperidad de los cantones.

Una nueva proyección de intervenir en las necesidades de los habitantes, siendo proactivos, va por la línea de promover una mayor participación de la ciudadanía en diferentes espacios y proyectos sociales y es aquí donde las municipalidades juegan un rol que debe ser apoyado y fortalecido.

En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N.° 3580, LEY DE INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1965. LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACILIDADES COMUNALES

Y PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES

ARTÍCULO ÚNICO-         Refórmese el artículo 7 de la Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros), Ley N.° 3580, de 13 de noviembre de 1965, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 7- El producto de las multas a los infractores de esta ley corresponderá a las municipalidades respectivas. Lo que se recaude, por concepto de los impuestos autorizados por esta ley, será invertido en el mantenimiento y la administración de los sistemas de estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, en la instalación de sistemas de videovigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de policía municipal.

Se autoriza a las municipalidades a invertir un porcentaje de estos recursos, el cual será determinado por cada gobierno local según sus prioridades, en facilidades comunales y programas sociales municipales dirigidos especialmente a la atención de la niñez y la adolescencia, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Rige a partir de su publicación.

          María José Corrales Chacón            María Inés Solís Quirós

Diputadas

NOTA: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533155 ).

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR

LA RECAUDACIÓN

                                                                             Expediente N° 22.412

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde antes de la declaratoria de emergencia por COVID 19 (virus del SARS-COV-2), sustentada por el Decreto Ejecutivo Número 42.227, de 16 de marzo de 2020, la economía nacional se encontraba en crisis, misma que se ha agudizado con los impactos de la crisis mundial causada por la Pandemia.

Lamentablemente casi todas las familias costarricenses, se han visto seriamente afectadas en sus economías, y en muchos casos han debido tomar decisiones en relación con la distribución de sus recursos, aspecto que incide en las obligaciones como contribuyentes de las administraciones municipales.

No podemos estar aislados de las necesidades de muchas familias costarricenses que, con la afectación de sus ingresos, han debido priorizar sus gastos, pues la realidad es que hay un sector de la población nacional que con costos logra tener con qué comer, y pagar algunos de los servicios básicos que requieren.

Los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (EcE) que realiza el Instituto de Estadística y Censos (INEC), han sido alarmantes en relación al aumento de la tasa de desempleo.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

El desempleo sigue afectando a los costarricenses, y como consecuencias las altas tasas, se ha aumentado la informalidad, y la falta de oportunidades para que las familias costarricenses puedan atender todas sus necesidades y obligaciones formales.

Si las finanzas de los costarricenses ya venían en decaimiento por problemas como este, y la falta de una ruta para la reactivación económica, la Pandemia del Covid 19 vino a afectar aún más.

En el caso concreto de los contribuyentes con el régimen municipal, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 9848, Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del Covid 19, con la finalidad de reforzar la gestión financiera de los gobiernos locales otorgando algunas facilidades para que ajustaran sus finanzas, y a su vez pudieran implementar acciones para apoyar al contribuyente en el pago de sus obligaciones.

Ley que además contó con la venia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

Sin embargo, la aplicación de la Ley No. 9848, en relación con las acciones para promover la disminución de la morosidad con los gobiernos locales, se enmarcó en la afectación por las medidas y acciones tomadas en atención a la emergencia causada por el Covid 19, quedándose un poco corta, en relación con las personas que podrían acogerse a dicha ley y el plazo de vigencia de los beneficios otorgados a los contribuyentes.

Adicionalmente, es conocido que 42 gobiernos locales han promovido el beneficio de un descuento entre el 1% al 10% por el pago adelantado de los impuestos de Bienes Inmuebles, servicios municipales y patentes correspondientes al periodo 2021 en los primeros tres meses del año, según lo ha señalado la UNGL.

Este tipo de descuentos al pago adelantado de los impuestos y servicios municipales ayudan a que los contribuyentes en esta épocas tan difíciles que hemos estado atravesando puedan cancelar los tributos y tasas con un porcentaje menor, los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer el pago de una sola vez y así evitan pagar multas e interés, además ahora los gobiernos locales dan la posibilidad de realizar los pagos internet banking, páginas web, sinpe móvil y transferencia bancaria, facilitándole a las personas el trámite y evitando que tengan ir hacer filas. A su vez es importante recordar que con estos dineros que se recaudan es que los gobiernos locales pueden seguir fortaleciendo y mejorando nuestros cantones”, añadió Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL.

Y aunque a la fecha no existan datos sobre el resultado de la aplicación de las acciones anteriormente citadas, la verdad es que son más los contribuyentes que no han podido acceder a los beneficios de éstas, dadas las condiciones económicas y los requisitos establecidos para su implementación, así como el detalle de que no todos los gobiernos municipales pudieron implementar las medidas que le otorgaba la Ley No. 9848.

Sumado a que existen casos en que, pese a las restricciones y limitaciones para la operación de actividades económicas, los patentados han debido continuar cancelando una licencia a las municipalidades, a pesar de que sus negocios estuvieron cerrados en acatamiento de las medidas sanitarias por la Pandemia del Covid 19 durante varios meses del año 2020, con la agravante de que no han podido cumplir incluso con deudas que arrastraban desde el año 2019.

La restricción para la operación de los establecimientos comerciales que cuentan con licencia clase B (incluidas las categorías B1 y B2) para la comercialización de bebidas alcohólicas, sin duda ha sido una situación extraordinaria, que requiere una medida extraordinaria, y que la regulación respecto a este tipo de licencias se actualice de forma tal que el cobro de la patente sea justo y equitativo, sobre todo en un momento en que los ingresos por la explotación de esta estuvieron en cero durante más de 6 meses, a diferencia de otros tipos de comercios que sí explotaron sus licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico, algunos con mayor amplitud que otros, lo que ha ocasionado una gran desigualdad.

En este sentido también es necesario brindar oportunidades y herramientas que permitan a los gobiernos locales generar alternativas para ayudar a todos los comercios y establecimientos del sector productivo, el reajuste de precios por concepto de licencias es una de estas herramientas, por lo que en este proyecto de ley también se propone una habilitación a las municipalidades para que puedan actualizar los montos a pagar por el concepto de la licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los negocios, que se han visto afectados y que no han podido explotar sus licencias a cabalidad, siendo que el monto a pagar sea proporcional a la posibilidad de explotación debido a que la situación ha sido por causas ajenas a quienes desarrollan la actividad comercial.

Con la claridad de que hoy en día, los gobiernos locales mantienen altos índices de morosidad de sus contribuyentes, lo que les implica someter a los obligados a procesos de cobros administrativos que tienen una incidencia en la operatividad de los municipios, y hasta llegar a elevar estos procesos de cobro a la vía judicial; y en el caso de los patentados se ha debido proceder al retiro de licencias y concesiones, y devolución o renuncia a patentes por cierre de negocios que a su vez dejan pendientes de pago que no podrán ser recuperados. Y hoy en día no son pocos los entes municipales que han debido ejecutar bienes inmuebles y retirar licencias, patentes y concesiones, tal y como lo señala la ley.

Es por lo anterior que es necesario que los legisladores le otorguemos a las corporaciones municipales, herramientas jurídicas a las que puedan acogerse como órganos colegiados para otorgar beneficios a los contribuyentes, que coadyuven a disminuir las deudas de estos, relacionadas con los impuestos, tasas y servicios municipales, a través de la promoción de mecanismos que permitan facilitar el pago, y de esta forma los sujetos pasivos no vean más afectada su situación, y en el caso de la administración se aumente la recaudación, considerando desde el año 2019, pues en relación con las deudas que se arrastraban de ese año no se han tomado ningún tipo de medidas.

Y en este caso consideramos que autorizar a los gobiernos locales, incluidos los concejos municipales de distrito, a realizar la condonación de total o parcial de los recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y demás obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021, es una de las acciones que puede ayudar tanto a los contribuyentes como a las municipalidades y concejos municipales de distrito.

Hoy en día, cualquier acción que pueda tomarse para facilitar que los contribuyentes puedan atender sus obligaciones y esto no les cause mayor perjuicio incluso en su patrimonio, tendrá incidencia en la sostenibilidad económica, y aportará en la reactivación de la economía. Y en el caso del sector municipal, el generar esos beneficios a los contribuyentes les dará la opción de mejorar la recaudación, disminuir la morosidad, y les evita el gasto en procesos de cobros administrativos y judiciales.

En este sentido, coadyuvar con medidas que faciliten la normalización de la situación tributaria de los contribuyentes del régimen municipal, deben ser un beneficio en ambos sentidos, dado que las municipalidades y los concejos municipales de distritos requieren de aportes a sus finanzas para dar continuidad a los servicios que desde estos se brindan a la población.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR

LA RECAUDACIÓN

ARTÍCULO 1- Autorización municipal para la condonación de recargos, intereses y multas por concepto de impuestos, tasas, servicios municipales.

Se autoriza a las municipalidades del país para que, por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total o parcial de los recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, que adeuden a la municipalidad por concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios, por el impuesto de bienes inmuebles, y demás obligaciones de carácter municipal, en el periodo comprendido entre el primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021.

Esta condonación será efectiva solo en el caso de que los sujetos pasivos paguen la totalidad del principal adeudado, o se acojan a un arreglo de pago según lo señalado en esta ley, para lo cual deberá presentarse la solicitud ante la Administración Tributaria del gobierno local por parte del contribuyente, patentado o representante legal.

ARTÍCULO 2- Adiciónese un artículo 10 bis a la Ley N.º .9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 10 bis- Recálculo de tarifas

La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá recalcular la tarifa a cobrar por las licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, a solicitud del licenciatario, en los siguientes casos:

a) Cuando se impongan medidas sanitarias de acatamiento obligatorio que ordenen la suspensión de la explotación de la actividad y el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 días consecutivos o 30 días discontinuos, dentro de un mismo trimestre.

b) Cuando por motivos de calamidad y conmoción pública se dé el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 días consecutivos o 60 días discontinuo, dentro de un mismo trimestre.

c) Cuando producto de una orden sanitaria, a raíz de una emergencia nacional declarada, se demuestre una afectación de más del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos y la disminución del aforo en la actividad comercial para la cual se cuenta con la licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en un mismo trimestre.

El recálculo de la tarifa de cobro por la licencia municipal deberá considerar el período de suspensión de la actividad y la afectación producida a raíz del cierre de los establecimientos.

ARTÍCULO 3- Adiciónese un transitorio nuevo a la Ley N.º 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, que en adelante se lea de la siguiente manera:

Transitorio IV- Las municipalidades emitirán y publicarán el reglamento al artículo 10 bis de esta ley en un plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia. Mientras se emite la reglamentación respectiva en cada cantón al artículo 10 bis de esta ley, y hasta tanto no se cuente con dicha reglamentación, las municipalidades suspenderán el cobro de las licencias clase B para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020

ARTÍCULO 4- Autorización a los concejos municipales de distrito

Se autoriza a los concejos municipales de distrito, debidamente establecidos al amparo de la Ley N° 8173, Ley General de Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001, para que apliquen las acciones establecidas en esta ley.

ARTÍCULO 5- Acuerdo municipal para aplicación de esta ley

Para poder aplicar lo dispuesto en esta ley, las municipalidades y los concejos municipales de distrito deberán como órgano colegiado acordar las condiciones en las que implementarán la condonación de recargos, intereses, multas y otras multas por sanciones, por concepto de impuestos, tasas, licencias, servicios y demás obligaciones de carácter municipal; y podrán disponer de un plan de condonación, de conformidad con los parámetros dispuestos en esta ley.

Y en el caso del recálculo de tarifas de cobro por la licencia municipal deberá considerar el período de suspensión de la actividad, y la afectación producida a raíz del cierre de los establecimientos.

Lo anterior por acuerdo municipal, tomado dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO 6- Arreglos de pagos

Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes durante el año 2021, arreglos de pago por un plazo de hasta veinticuatro meses, para que cancelen el principal de sus obligaciones pendientes por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión, del periodo comprendido entre el primer trimestre del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2021. Ante ello, se deberán dictar las regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago.

ARTÍCULO 7- Divulgación

Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades y los concejos de distrito que se acojan a la presente ley deberán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios.

Rige a partir de su publicación.

Pablo Heriberto Abarca Mora                  Luis Fernando Chacón Monge

Carlos Ricardo Benavides Jiménez                   Shirley Díaz Mejía

Silvia Vanessa Hernández Sánchez           Jonathan Prendas Rodríguez

Óscar Mauricio Cascante Cascante             Carmen Irene Chan Mora

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández      Wálter Muñoz Céspedes

Luis Ramón Carranza Cascante                  Melvin Ángel Núñez Piña

Sylvia Patricia Villegas Álvarez                 Floria María Segreda Sagot

Diputados y diputadas

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533161 ).

LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO

Y AGILIZAR  EL EJERCICIO DEL DERECHO
 DE PETICIÓN

Expediente N.° 22.411

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Defensoría de los Habitantes ha indicado en diversos informes sobre el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) que “la transparencia no puede existir en tanto las instituciones públicas no brinden a los habitantes la información que éstos solicitan en un momento preciso”, instrumento encargado de medir el estado de situación de la transparencia que, se ofrece en los sitios web de las instituciones públicas costarricenses.

Doctrinariamente el derecho de petición, se concibe según Guillermo José Martínez Ceballos “como una garantía individual, el cual se puede considerar como una facultad otorgada a las personas para llamar la atención o poner en actividad a las autoridades en un asunto determinado o una situación particular es función pública, que se instruye en todas las constituciones naciones de índole Iberoamericana. Es pues un derecho fundamental de todas las personas.”

Según Gregorio Peces Barba, el derecho de petición se encuentra en los derechos humanos de primera generación: los derechos civiles y políticos, específicamente en el derecho a la participación en los asuntos públicos. Se manifiesta que los Derechos Civiles y Políticos, constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales.  Están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado, contra cualquier agresión de algún órgano público y se caracterizan por que imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Necesariamente implican una actitud pasiva del Estado, quien debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que lo protejan. Estos derechos civiles y políticos, pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de sólo algunas garantías. 

Nuestra Constitución Política consagra tal derecho en el artículo 27 garantizando la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y garantiza también el derecho a obtener pronta resolución.   Lo cual debe relacionarse también, con lo dispuesto en el artículo 30 constitucional que regula el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.

La Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente en su jurisprudencia dicho derecho indicando:

“En punto al derecho de petición y pronta resolución, así como al de acceso a la justicia pronta y cumplida es copiosa la jurisprudencia de esta Sala, de conformidad con la cual se ha determinado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho de petición y pronta resolución, el cual consiste en una facultad que tienen los administrados para realizar peticiones ante las autoridades públicas. Se ha indicado que la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una petición formal corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar que el silencio negativo sea respuesta; además, la misma debe ser en tiempo y debe ser comunicada al peticionario, pues éste lo que requiere, y tiene derecho a exigir, no es que se dé una respuesta, sino que se le dé, a él, una respuesta. La contestación que ofrezca el funcionario o entidad pública requerido de información, no puede limitarse a dar constancia de que se recibió la petición, sino que debe examinar el contenido de la solicitud y resolverla conforme a las atribuciones jurídicas que le competen, lo que no implica que la respuesta deba ser favorable a las pretensiones del administrado, sino que le debe responder lo antes posible.” (Sentencia N° 4229-98 de las 16:30 horas del 17 de junio de 1998).

A nivel legal, el artículo 32 de la Ley 7121 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la posibilidad de interponer un recurso de amparo si no se tiene respuesta en un plazo de diez días, señalando expresamente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y no hubiese plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.”

Resulta importante contrastar además que la cantidad de recursos de amparo por violación de derecho de petición es uno de los más altos de toda la jurisdicción constitucional, aspecto que también satura el funcionamiento eficaz de la Sala Constitucional, siendo que como referencia a para el año 2019 la Sala Constitucional tramito por falta de respuesta 1275 procesos de garantía.

Con respecto al resto del ordenamiento jurídico, podemos citar las siguientes regulaciones en torno al acceso a la información pública:

-               El artículo 10 de la Ley 7202 (Ley del Sistema Nacional de Archivos), que garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones púbicas. 

-               El artículo 5 de la Ley 8220 (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos) indica que todo funcionario, entidad u órgano público está obligado a proveer información sobre los trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia sin exigir la presencia física al administrado.

-               El artículo 7 de la Ley 8422 (Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) señala que es de interés público la información relacionada con el ingreso, presupuesto, custodia, fiscalización, administración, inversión y gasto de los fondos públicos, así como otra información necesaria para asegurar el cumplimiento de esta Ley en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. 

Ahora bien, en el año 2012 se emitió la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, siendo que la exposición de motivos del expediente número 17.961 mediante la cual se tramito la iniciativa, señaló:

“Para el caso de Costa Rica, es conveniente incorporar un marco legal que desarrolle el derecho de petición en el ámbito administrativo, con el objetivo de que su tratamiento no quede únicamente sujeto al criterio del juez constitucional y en esa única instancia, pese a que creamos que ha sido muy beneficioso su interpretación y protección en el caso costarricense, esto no es suficiente para su implementación y consolidación positiva dentro del ordenamiento jurídico, en especial, si consideramos que se trata de una materia muy casuística. Incluir temas como: los titulares del derecho de petición (sujeto activo), destinatarios (sujeto pasivo), objeto de las peticiones, formalización, presentación de escritos, tramitación de peticiones, subsanaciones, casos de inadmisión de peticiones, declaración de inadmisibilidad, decisiones sobre competencia, tramitación y contestación de peticiones admitidas, protección constitucional, jurisdiccional y administrativa, se constituye en una necesidad, para brindar un marco jurídico real, objetivo y eficiente al ciudadano, sobre este derecho fundamental.”

Dicha norma regula el tramite dispuesto para ejercer el derecho de petición, disponen que se ejerce ante las autoridades públicas, que es una petición formal que se presenta de manera escrita, debe ser atendida en un plazo expresamente regulado y debe indicarse por parte del solicitante el medio para recibir la respuesta a su solicitud, establece sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los plazos indicados en dicha norma, todo lo cual es coincidente con los precedentes jurisprudenciales (voto No. 0064-2005 y voto No. 2015-001345).

Por lo que si bien, la emisión de dicha norma refleja un avance para garantizar a nivel administrativo, el cumplimiento del derecho a contar con una pronta respuesta a lo peticionado ante cualquier funcionario público o entidad oficial -salvo las excepciones contenidas en la legislación vigente-; se ha identificado la necesidad de establecer en la misma la obligación de los destinatarios de la ley enlistados en el numeral 2 de dicho cuerpo normativo, establezcan de manera formal una dirección de correo electrónico para que las personas puedan canalizar sus peticiones y por ende ejercer su derecho.

Resulta importante indicar, que nuestro país a emitido normativa a efectos de propiciar un gobierno abierto y hacia la transparencia en la información pública, lo cual se traduce en el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza y buena gestión del gobierno, tomando como referente los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar ésta a los ciudadanos; justamente coincidente con el derecho fundamental que pretende potenciarse con esta propuesta.

Por lo señalado, el objetivo de la reforma, pretende evitar que la ausencia de un correo electrónico oficial previamente establecido por parte de los destinatarios del derecho de petición (artículo 2), resulte en un mecanismo de escape para obviar dar cumplimiento a lo indicado en la Ley de Regulación del Derecho de Petición, en Ley de la Jurisdicción Constitucional y en la Constitución Política en torno al derecho de petición; y a su vez resguardar al particular que en muchas casos debe realizar una serie de gestiones para poder iniciar con él envió de su petición; al tramitarlo por una vía electrónica, resulte perdidoso en caso de un amparo ante la Sala Constitucional por no utilizar el medio oficial dispuesto para tal fin.

Siendo que la adición a la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 que plantea esta iniciativa, se establece con la finalidad de garantizar que el acceso del ciudadano sea más ágil, certero y por ende efectivo y segundo establecer, la obligación de los destinatarios de mantener los sitios web actualizados con respecto a la dirección de correo electrónico para recibir tales peticiones, sin perjuicio de los otros medios de notificación ya regulados en el ordenamiento vigente.

En virtud de lo indicado, se somete a consideración de las señoras y señores diputados, el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO

Y AGILIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 14 y un transitorio único a Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley N°9097 del 26 de octubre de 2012, y sus reformas. Los textos dirán:

Artículo 14. Fijación de correo electrónico. Las personas destinatarias indicadas en el artículo 2 de esta ley deberán exhibir en las páginas de sus sitios web, de manera permanente y de fácil acceso, una dirección única de correo electrónico para que, además de los otros medios de notificación existentes, las personas puedan ejercer el derecho de petición por esa vía.

Transitorio Único. Las personas destinatarias tendrán un plazo máximo de un mes, contado a partir de la publicación de la presente reforma, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

Rige a partir de su publicación.

Carolina Hidalgo Herrera

Diputada

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533163 ).

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TRIPLE

FUNCIONALIDAD EMPRESARIAL EN

SOCIEDADES ANÓNIMAS

Expediente N° 22.407

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley pretende reformar el Código de Comercio, para el reconocimiento de la triple funcionalidad empresarial en las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas corresponden a la clasificación más común de sociedades mercantiles, a nivel nacional e internacional.

Según el artículo 104 del Código de Comercio, para la existencia de una sociedad anónima se requiere:

a) Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una acción.

b) Que el valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en efectivo, quede pagado cuando menos el veinticinco por ciento en el acto de la constitución.

c) Que en el acto de la constitución quede pagado íntegramente el valor de cada acción suscrita que haya de satisfacerle, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.

En este tipo de sociedades mercantiles, con fundamento en el artículo 102 del mismo cuerpo normativo, el capital social estará dividido en acciones y los socios sólo se obligan al pago de sus aportaciones. La responsabilidad de cada socio, será equivalente al valor de sus acciones en la compañía. A través de las acciones se logra la acreditación y la transmisión de la calidad de socio, así lo establece el artículo 120 del Código de Comercio.

Los órganos de la sociedad anónima son la asamblea de accionistas, la junta directiva y la fiscalía. La convocatoria para las asambleas, requerirá la mitad más uno para ordinarias y para extraordinarias, se requerirá tres cuartas partes de sus miembros, según las disposiciones del código de marras.

Según definen Arroyo & Bolaños^[11] (2013) la asamblea general de accionistas es:

“El órgano de mayor jerarquía y poder de decisión en la sociedad anónima. Los socios quienes tienen derecho a participar, adoptan las decisiones de la asamblea, y los votos se valoran según el capital representado. Si un solo socio tiene el control de más de un 50% de la compañía, aunque existan miles de accionistas minoritarios, prevalecerá el querer del socio mayoritario. Igualmente, el quorum se conforma con al menos el 50% de los dueños de las acciones quienes tienen derecho a voto en primera convocatoria; o de lo contrario, se conforma el quorum en segunda convocatoria, una hora después, con cualquier número de acciones representadas y presidida por el presidente de la junta directiva o consejo de administración” (p.308).

El artículo 182 del Código de Comercio establece una importante función para el presidente del consejo administrador, ya que establece que el presidente es el representante judicial y extrajudicial de la sociedad. Los miembros de la fiscalía, son electos por la asamblea de accionistas, y deben procurar la buena marcha del negocio. Actualmente, hay personas que ostentan representación en la Junta Directiva, son miembros de la sociedad anónima y también asalariados. Eso ocurre en la práctica, de ahí surge la necesidad de su pleno reconocimiento en la legislación mercantil.

Las causas que dan lugar a la disolución de una sociedad, se encuentran determinadas en el artículo 201 del Código de Comercio, mismo que establece que las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas:

a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social;

b) La imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad, o la consumación del mismo;

c) La pérdida definitiva del cincuenta por ciento del capital social, salvo que los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente;

d) El acuerdo de los socios.

Es importante acotar que respecto al inciso c) del artículo anterior, existe una vinculación con la actividad financiera de la empresa y sus estados contables. Una sociedad anónima que haya sufrido pérdidas significativas a raíz de la situación económica que atraviesa Costa Rica, muy probablemente se podría enrumbar a su disolución. Eso motiva la presente iniciativa, ya que se pretende presentar una propuesta para brindar un alivio financiero al sector privado.

Continúan señalando Arroyo & Bolaños^[12] (2013) que “la determinación de las pérdidas o ganancias se realiza en el Estado de Pérdidas y Ganancias o en el Estado de Resultados, en los cuales se restan los ingresos contra los gastos del periodo contable, y se determina si el resultado ha sido positivo o negativo para la institución (…) Una vez determinado si en el periodo contable existieron pérdidas o ganancias, estas se trasladan al Estado de Utilidades o Pérdidas retenidas (…) La finalidad es comparar la pérdida o las utilidades del periodo con los datos de años anteriores, toda vez que puede existir una pérdida en el periodo; esta puede ser absorbida por una utilidad retenida, o bien, incrementarse la pérdida por acarrear perdidas de años anteriores” (pp.339-340).

La comprobación de los ingresos o de los egresos se comprueba con base en lo descrito en el párrafo anterior. La etapa siguiente a la disolución, es su fase de liquidación. Muchas personas emprendedoras, empresarias de pequeñas empresas o de sociedades anónimas, podrían verse severamente afectadas si desde el sector público, no se presentan propuestas y soluciones para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia del virus SARS-CoV-2.

El Dr. Juan Diego Sánchez (2020) publicó en el Foro de Lectores del Periódico LaRepública.net “El emprededor asalariado; Independencia de personas jurídicas versus dependencia laboral conexa”^[13], donde explica acerca de la existencia de dos tesis distintas en cuanto a la triple funcionalidad empresarial.

En la práctica sucede la triple funcionalidad y nada debería impedir su reconocimiento legal, porque no se encuentra prohibida actualmente por el ordenamiento jurídico y por esa razón, se puede legislar sobre este tema. Normalmente, la persona que acude a una Notaría a realizar los trámites notariales y posteriormente los registrales para la creación de una nueva empresa, buscará dirigir y orientar la compañía que ha creado, además que fue la persona que invirtió en su constitución legal.

Además, es cotidiano también que los empresarios y los pequeños empresarios sean socios, pero también miembros de la Junta Directiva y asalariados, por ende, tiene también una triple carga tributaria. Es por esa razón, que este proyecto de ley busca alivianar a las personas que se encuentran haciéndole frente a la crisis económica actual y han decidido continuar, en muchas ocasiones, contra viento y marea.

La situación económica nacional se ha visto permeada a raíz de la pandemia producida por el Covid-19^[14], misma que tendrá un impacto directo en muchas compañías y la rescisión afectará a muchas personas que han decidido emprender, crear su propio negocio para salir adelante y pese a la situación de emergencia nacional, continuar pagando todos los tributos que le corresponden.

Con la intención de visibilizar la situación que atraviesa Costa Rica en materia económica, el impacto del coronavirus en la economía nacional ya ha incidido severamente sobre el turismo y podría aumentar los costos de la importación de productos. La demanda a nivel mundial de productos costarricenses podría bajar debido a que pueden empeorar las expectativas del crecimiento global^[15].

Todas esas situaciones, tendrán sus repercusiones en la producción nacional. La empresa privada es fuente de producción y empleabilidad. En situaciones no tan esperanzadoras como las que actualmente vive el país, se pretende estimular que las personas que continúen sin disolver y liquidar o vender sus compañías, puedan acogerse al beneficio del presente proyecto de ley, cuando tengan un cargo en la Junta Directiva, sean socios y al mismo tiempo asalariados dentro de la misma sociedad anónima. Es decir, cuando cumplan una triple funcionalidad dentro de la empresa.El periódico La Nación, informó el 26 de marzo del 2020, que “el coronavirus generará contracción de 1,5% en economía de Costa Rica en 2020, según determinó Standard and Poor´s”^[16].

Por otra parte, se pretende proteger de manera especial a los empresarios más pequeños, quienes apenas podrían estar iniciando con un nuevo negocio y que a pesar de que la situación nacional es difícil, han decido continuar. El Estado debería reconocer esa valentía, de quienes deciden seguir a pesar de que los vientos de la economía nacional soplen de manera tempestuosa y contraria.

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de las Señoras y Señores Diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA TRIPLE

FUNCIONALIDAD EMPRESARIAL EN

SOCIEDADES ANÓNIMAS

ARTÍCULO 1– Adiciónese un artículo 181 bis al Código de Comercio (Ley N° 3284) y sus reformas, para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 181 bis- Reconocimiento de la triple funcionalidad en sociedades anónimas. Se autoriza que una misma persona ostente un cargo directivo, sea socia y asalariada de manera simultánea dentro de una misma sociedad anónima.

ARTÍCULO 2- Cuando una mypimes, acorde a la clasificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), cumpla con la triple funcionalidad indicada en esta en el artículo 181 bis del Código de Comercio, podrá acogerse al beneficio de pagar un cinco por ciento (5%) en el impuesto que recae sobre las dietas únicamente dentro del marco del decreto N.°42227-MP-S, con fecha 16 de marzo del año 2020.

ARTÍCULO 3- Quien cumpla con la triple funcionalidad indicada en el artículo 181 bis del Código de Comercio, podrá acogerse al beneficio de pagar un diez por ciento (10%) en el impuesto que recae sobre las dietas, únicamente dentro del marco del decreto N.°42227-MP-S, con fecha 16 de marzo del año 2020.

ARTÍCULO 4- El Ministerio de Hacienda deberá aplicar de oficio las disposiciones de esta ley y reglamentarla dentro del plazo de diez días hábiles, posteriores a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Rige a partir de su publicación.

Nidia Lorena Céspedes Cisneros

Diputada

NOTA:        Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533165 ).

REFORMA AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY CONTRA

LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY

N.° 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS

DELITOS DE CORRUPCIÓN

Expediente N.° 22.409

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El flagelo de la corrupción está incardinado en la historia costarricense desde los orígenes hasta la actualidad, variando sus modalidades según las épocas. Y, de las últimas décadas, en la nuestra, han llegado a niveles intolerables, no solo por los delitos y agravios cometidos, sino también por los altos índices de impunidad que cobijan a los perpetradores de las ofensas contra el erario de todas y todos los costarricenses.

Ante este escenario, la lucha por la transparencia y contra la corrupción debe darse en todos los frentes: ex ante, con la prevención del delito, y ex post, con el castigo o tratamiento a quienes transgredan la ley. Lo anterior pasa por cerrar portillos que permiten gozar de la impunidad y uno de ellos es la prescripción de los delitos de corrupción.

Como regla general, en la legislación costarricense la posibilidad de formular una acción ante los tribunales de justicia cesa cuando se deja pasar un tiempo –establecido por ley– sin promover o impulsar la causa judicial. La legislación dispone distintos plazos para que prescriba el derecho de accionar según sea la materia: 10 años en procesos civiles, 4 años en asuntos comerciales, y 10, 3 o 2 en causas penales, según la gravedad del delito. En el caso de delitos contra la humanidad, no existe tal fuero de protección y cuando se trata de delitos de corrupción, la aplicación de la prescripción de la acción penal es motivo de enormes injusticias.

Debido a su naturaleza, los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública son realizados por las autoridades, sin que la ciudadanía pueda de inmediato –en la realidad tangible– tener acceso a la justicia, debido a la posición de poder de quién cometió el delito. En la práctica, son muchos los recursos con que cuentan los altos jerarcas para retrasar y dilatar las investigaciones penales.

La imposibilidad de investigar infracciones inmediatamente después de recibida una denuncia puede significar la diferencia entre una investigación exitosa y una truncada. El paso del tiempo permite ocultar indicios y desaparecer pruebas, sobre todo si se cuenta con prerrogativas como la inmunidad de los miembros de los supremos poderes y el control de la información y los recursos institucionales.

No obstante, pasados los años y accedido a la información necesaria para presentar una denuncia, la ciudadanía choca con la prescripción de la acción penal porque pasó el tiempo sin que se promoviera el proceso. Con esto la ciudadanía es doblemente ofendida: por el funcionario corrupto y por el Estado cuando le niega la tutela judicial efectiva. De esta forma la aplicación de la prescripción se convierte en el camino de la impunidad.

El advenimiento del plazo de prescripción de la acción penal se convierte entonces en un premio para el delincuente cuello blanco que hasta podría calcularlo; pero, además, en fuente de impunidad como una ofensa al conglomerado social. Es inaceptable en una democracia la denegación de justicia por casos de corrupción. El problema es la impunidad como regla en materia de estos delitos cometidos en la función pública, cuando debería ser la pena o la medida de seguridad impuesta al agresor.

Por lo anterior, urge adoptar la imprescriptibilidad de la acción penal en materia de delitos de corrupción. Con lo anterior se evitarían los problemas usuales en el cómputo del tiempo, a la vez que envía un claro mensaje a la generalidad acerca de las consecuencias procesales por la comisión de esta clase de delitos.

La presente propuesta encuentra fundamento, entre otras, en dos convenciones contra la corrupción, una, la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 29/3/1996), aprobada por Ley N.° 7670, de 28/4/1997 y la otra, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, 31/10/2003), incorporada por Ley N.° 8557, de 29/11/2006, ambas con autoridad superior a las leyes nacionales.

El preámbulo de la primera de esas convenciones merece ser repetido, pues constituye un catálogo completo del malestar frente al fenómeno corrosivo que nos ocupa. Dice así:

“LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,” (El resaltado no es del original).

Es decir, la corrupción debe ser considerada como un atentado a la democracia y, además, como una violación a los derechos humanos. Ello, en términos de la Organización de Estados Americanos, en cuanto ha dispuesto que la corrupción “…también afecta a los ciudadanos económicamente. El combate a la corrupción es un aspecto clave en el ejercicio democrático del poder, requerido bajo la Carta Democrática Interamericana, y, por ende, es un asunto prioritario para todos los Estados Miembros de la OEA…”. En ese sentido, cabe poner de resalto los términos utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003) en cuanto consignó que:

“Esta Corte ha señalado reiteradamente que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación ‘debe tener un sentido y ser asumida por el mismo como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. (…) El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.”

Asimismo, vale la pena repetir las palabras del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi A. Annan en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Entre las múltiples inquietudes y búsquedas para crear mecanismos eficaces para combatir la corrupción se encuentra el referido al tema de la imprescriptibilidad del delito de corrupción.

Así lo testimonian numerosos estudios que proponen establecer tal imprescriptibilidad y que enumera el profesor Andrés Gil Domínguez en el trabajo que se titula “Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, publicado en Argentina en la Ley N.° 15/12/2015. El autor citado, menciona también, países sudamericanos como Ecuador, Venezuela y Bolivia, cuyas constituciones declaran la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Así como Argentina, que recientemente eliminó la prescripción de estos delitos mediante un histórico fallo de la Cámara Federal de la Plata de octubre de 2016.

Por otra parte, Carlos A. Ghersi en el trabajo denominado “Corrupción. Delito de Lesa Humanidad e Imprescriptibilidad”, publicado también en Argentina en la Ley 15/04/2010, 15/04/2010,1-La Ley 2010-B, 1210, sostiene que:

“(…) La vulneración de las personas como seres humanos ha llevado específicamente a la internacionalización y globalización de los Derechos Humanos y los delitos de Lesa Humanidad, de los que ya nadie discute. Sostenemos y queremos fundar que también el primero de los aspectos — patrimonial— es un derecho humano esencial colectivo y que su violación constituye un delito de lesa humanidad y por ende no existe la cosa juzgada y es imprescriptible.” Y, además: (…) Efectivamente se trata de delitos de corrupción que constituyen traición a la patria por afectación de bienes públicos, abuso de función y daños a los intereses colectivos, por lo cual resulta también imprescriptibles.”

En el sentido de que los delitos de corrupción ingresan en la categoría de lesa humanidad también se encuentran trabajos del ámbito estadounidense.

En las obras “Criminalizing Kleptocracy? The ICC as a Viable Tool in the Fight Against Grand Corruption” de Ben Blomm (disponible en http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr), y de Ilias Bantekas “Corruption as an International Crime and Crime against Humanity” (disponible en http://heinonline.org), ambos autores sostienen que los grandes actos de corrupción deben ingresar en el campo de la acción de la Corte Penal Internacional, invocando para ello el artículo 7, párrafo 1, punto k) del Estatuto de Roma. Para ello, establece una analogía entre el ataque generalizado o sistemático contra una población civil –que es el campo que puede cubrir la Corte Penal Internacional- y los delitos graves de corrupción, por los efectos que éstos pueden tener sobre las poblaciones civiles.

Por su parte, Natalia A. Volosin en “Corrupción Imprescriptible” (disponible en http://bastiondigital.com/notas/corrupción-imprescriptible), sostiene, igualmente, que los delitos de corrupción han de ser imprescriptibles y que su tratamiento especial:

“(…) se debe, en cambio, a que por sus particularidades estos hechos dificultan y en muchos casos directamente impiden que las víctimas insten la acción penal en los plazos legales comunes (represión postraumática, situaciones de vulnerabilidad social o económica, revelación tardía, temor a las represalias, etc.). A ello se suma que los autores de los delitos suelen retener posiciones o condiciones de poder que también conspiran contra el inicio o avance de los procesos penales. Con la corrupción ocurre algo similar: su carácter típicamente clandestino, la ausencia de víctimas individuales fácilmente identificables que puedan impulsar los procesos, el poder que retiene los autores aún luego de cesar en sus cargos públicos y el hecho de que se trata de un fenómeno que impacta por igual a quienes deberían investigarlo y juzgarlo (el Poder Judicial y el Ministerio Público) son obstáculos que dificultan y muchas veces imposibilitan la persecución penal”.

Los delitos de corrupción implican el uso de la función pública para satisfacer intereses particulares y el desvío de bienes y recursos públicos hacia fines distintos a la satisfacción del interés público. Esta desviación, distracción o malversación de recursos públicos impide que dichos recursos se inviertan eficientemente en los diversos programas públicos concebidos para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. El daño que le causa la corrupción a la sociedad, especialmente a las personas más vulnerables y necesitadas es de cuantía inestimable. Cuantiosos recursos que podrían destinarse a reducir la pobreza, mejorar los servicios públicos de salud y educación o proveer a nuestro pueblo de vivienda digna, sencillamente se pierden en el camino.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la corrupción es un crimen contra los derechos humanos, pues socava los esfuerzos del Estado costarricense para garantizar a toda la población la plena satisfacción de sus derechos fundamentales.

El Banco Mundial ha estimado que el costo de la corrupción global, -cuantificando únicamente el pago de sobornos- es de aproximadamente 1 trillón de dólares, es decir, 1,000 billones de dólares anuales (www.worldbank.org/wbi/governance). De acuerdo con Acuña-Alfaro y Transparencia Internacional Costa Rica, tomando como base las estimaciones del Banco Mundial en relación con el porcentaje de sobornos del 3% de la economía mundial y considerando que la economía costarricense registra un Producto Interno Bruto de 16.1 billones de dólares “se podría estimar que la corrupción en nuestro país puede representar 483 millones de dólares (US$483,000,000) aproximadamente” (Impacto y costos de la corrupción en el desarrollo, 2004). Según este estudio, considerando los últimos seis casos más graves de corrupción ocurridos en los últimos años se habría ocasionado una pérdida al país de más de ciento cincuenta mil millones de colones ¢150,377,500,000).

El daño que causan los delitos de corrupción no es solo de orden económico y social. La corrupción es un cáncer que mina lentamente la credibilidad y la confianza de nuestro pueblo en las instituciones democráticas, tal y como ha quedado demostrado tras los recientes escándalos que involucraron a altos jerarcas de gobiernos anteriores.

Por esta vía también se produce un grave deterioro de los parámetros éticos en toda la sociedad. Se desvirtúan los intentos por inculcar estos valores en las nuevas generaciones, pues la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la forma más eficaz de vaciar de contenido un discurso. El mal ejemplo de los altos jerarcas se traslada al resto de la función pública, de forma tal que empieza a percibirse como “normal” el saqueo de la Hacienda Pública.

Ante este panorama, el Estado costarricense debe tomar medidas excepcionales para combatir el flagelo de la corrupción y evitar la impunidad de los delitos de corrupción, especialmente cuando son cometidos por quienes ocupan los más altos cargos de dirección del Estado costarricense.

El mensaje normativo y simbólico con la adopción del presente proyecto será contundente: no importa el tiempo que pase, quien atente contra dichos bienes será perseguido hasta que sea sometido a un proceso penal. El paso del tiempo no garantizará la impunidad penal para los corruptos.

La presente iniciativa de ley cuenta con el antecedente del proyecto N.° 20246, cuyo trámite legislativo inició el 23 de enero de 2017, fue publicado en La Gaceta N.° 41, Alcance N.° 44 del 27 de febrero de 2017 y, el 23 de enero de 2021 fue archivado debido al vencimiento de su plazo cuatrienal.

En virtud de las consideraciones expuestas, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio, valoración sobre la política criminal, y posterior a la aprobación por parte de los señores y las señoras diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY CONTRA

LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO

ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY

N.° 8422, DE 6 DE OCTUBRE DE 2004

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS

DELITOS DE CORRUPCIÓN

ARTÍCULO ÚNICO-                    Se reforma el artículo 62 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.° 8422, de 6 de octubre de 2004 y sus reformas, que en adelante se leerá de la siguiente manera:

Artículo 62-

La acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en la presente ley no prescribirá.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada

Diputado

NOTA:            Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533167 ).

LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO

DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS

Texto sustitutivo

EXPEDIENTE N° 22.160

ARTÍCULO 1.- Objeto.

La presente ley tiene por objeto promover el financiamiento e inversión mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos en actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas públicas enfocadas en la lucha contra el cambio climático, incluyendo la Estrategia Nacional de Cambio Climático

Estos Valores de Oferta Pública Temáticos deben ser estandarizados al amparo del artículo 10 de la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.

ARTÍCULO 2.- Definiciones.

Para el propósito de esta ley, los términos más importantes serán usados con los significados siguientes:

1)            Actividades, obras y proyectos elegibles: Se considerará una “actividad, obra o proyecto elegibles” al que genera beneficios ambientales, sociales o ambos, los cuales cuentan con un informe de verificación emitido por un tercero independiente experto, bajo estándares nacionales e internacionales oficialmente reconocidos por las Bolsas de Valores y tienen un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de categorías de actividades, obras, y proyectos elegibles:

1.1 Con beneficios ambientales:

a)            Agricultura/Bioenergía/Forestación/Reforestación/Cadena de abastecimiento de alimentos: Desarrollo de agricultura verde: producción de agricultura orgánica, agricultura sostenible y ecológica. Proyectos sobre cadenas de abastecimiento de alimentos. Desarrollo de proyectos de forestación y reforestación. Construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación de energía con biomasa y biocombustibles excepto aquellos que estén en la modalidad de monocultivo. Protección de naturaleza, restauración ecológica y prevención de desastres incluyendo restauración de ecosistemas y prevención y erosión de suelos.

b)            Conservación de ecosistemas y su biodiversidad: protección de ambientes costeros, marinos y de cuencas, incluyendo con ellos actividades, obras y proyectos relacionados con servidumbres ecológicas y/o derechos de desarrollo transferibles.

c)             Eficiencia energética: edificación sostenible, almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes inteligentes, equipo e instalaciones para reducir el uso de energía y emisiones contaminantes. Puede incluir reciclaje y uso de calor residual, así como la cogeneración cuando no existan otras alternativas viables según la Ley N°8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos.

d)            Energías renovables: incluyendo construcción, operación y mantenimiento de proyectos solares, eólicos, geotérmicos, mareomotrices e hidroeléctricos. Proyectos de transmisión para energía renovable. Rehabilitación de plantas de energía y transmisión para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la red inteligente. Producción de equipos para generación de energía renovable y eficiencia energética.

e)             Gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra: agricultura y cría de animales sostenible, pesca, acuicultura; actividad forestal sostenible.

f)             Gestión sostenible del agua: infraestructura de potabilización y distribución de agua potable, incluyendo proyectos rurales. Irrigación en pequeña escala y conservación de recursos hídricos. Mejoras en eficiencia en distribución de agua potable urbana. Revitalización de ríos y restauración de hábitat. Conservación de ecosistemas marinos, incluyendo la restauración de manglares y ambientes costeros. Prevención, adaptación y control de sequías e inundaciones.

g)             Manejo de residuos/captura de metano: Manejo de residuos con captura de metano y/o generación de energía. Tratamiento de aguas residuales con captura de metano y/o generación de energía.

h)            Prevención y control de la contaminación: tratamiento de aguas residuales, control de gases de efecto invernadero, descontaminación de aguas y suelos, prevención y reducción de residuos, reciclaje.

i)              Transporte limpio: Proyectos ferroviarios, incluyendo construcción, compra de equipos y mejoras tecnológicas. Proyectos de movilidad con motores eléctricos, incluyendo estaciones de servicios para vehículos eléctricos. Transporte ferroviario urbano, incluyendo tren ligero, metro, monorriel, tranvía, etc. Mejoras en eficiencia energética de los sistemas de transporte.

j)             Otros que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático y otras problemáticas ambientales.

1.2 Con beneficios sociales:

a)            Infraestructura básica asequible:

i.Agua potable;

ii.Alcantarillado;

iii.Saneamiento;

iv.Transporte.

b)            Acceso a servicios básicos:

i.Salud;

ii.Educación;

iii.Asistencia sanitaria;

iv.Financiación y servicios financieros a grupos vulnerables.

c)             Vivienda asequible.

d)            Generación de empleo.

e)             Autonomía alimentaria.

f)             Producción local sostenible de alimentos.

g)             Mitigación de impactos producto de pandemias, epidemias u otras enfermedades.

2)            Adaptación: Ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

3)            Bolsas de Valores: Entidades autorizadas para la organización de los mercados secundarios de acuerdo con lo establecido en la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.

4)            Cambio climático: Variación del estado del clima mediante pruebas estadísticas que persiste durante largos períodos de tiempo. Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

5)            Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se trata de progreso económico más progreso social y ambiental.

6)            Emisores: Persona jurídica autorizada para realizar oferta pública de valores de conformidad con el ordenamiento jurídico que busca financiarse mediante la emisión de un instrumento de deuda o capital.

7)            Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además, existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC).

8)            Hecho Relevante: La obligada comunicación de los Emisores de Valores de la existencia de factores, hechos o decisiones que puedan influir, de modo sensible, en el precio de sus valores, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y sus reglamentos.

9)            Informes de verificación: Informes donde se expone el análisis técnico y la opinión del verificador acerca de una “actividad, obra y/o proyecto elegible”. En dicho informe se abarca la totalidad de los impactos de forma cualitativa y cuantitativa, incluyendo con ello al informe final de verificación previo a la emisión del bono sostenible y los informes anuales de cumplimiento.

10)          Inversionista: Persona física o jurídica que invierte en instrumentos financieros con la finalidad de obtener una ganancia económica. Quienes aportan recursos para el financiamiento de “actividades, obras y proyectos elegibles” mediante la compra de “Valores de Oferta Pública Temáticos”.

11)          Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, así como la mitigación de otros daños ambientales y los efectos de las actividades humanas.

12)          Inversión sostenible/responsable: Es una estrategia de inversión que aparte de considerar aspectos financieros también toma en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las decisiones de inversión, de manera que se puedan canalizar recursos del sector privado hacia proyectos que contribuyan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

13)          Oferta Pública de Valores Temáticos: Valores de Oferta Pública que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y con esta ley. Se entenderá por Oferta Pública de Valores lo definido en el Artículo 2 de la Ley N°7732.

14)          Objetivos de Desarrollo Sostenible: Iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se encuentra constituida por 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz, y la justicia, entre otras prioridades. Conocidos también como Agenda 2030.

15)          Red inteligente: Sistema de transmisión y distribución de electricidad que incorpora elementos de ingeniería tradicional y de vanguardia, tecnología de monitorización, tecnología de la información y comunicaciones para proporcionar un mejor desempeño de la red y apoyar una amplia gama de servicios adicionales para los consumidores.

16)          Valores de Oferta Pública Temáticos: Son Valores de Oferta Pública que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y, además, con los requisitos de esta ley en virtud de lo cual los recursos captados serán destinados exclusivamente para el financiamiento o refinanciamiento total o parcial de actividades, obras y proyectos elegibles; sean éstos nuevos o existentes. Podrán ser emitidos por el Ministerio de Hacienda, bancos multilaterales, entidades del Sistema Bancario Nacional, todo tipo de entidades gubernamentales sean éstas de la Administración central o descentralizada, empresas privadas, vehículos legales de propósitos especiales como fideicomisos o fondos de inversión.

17)          Verificación externa: Proceso de revisión de un tercero independiente del emisor e imparcial, experto en la materia de sostenibilidad, que acredite si una(s) actividad(es), obra(s) o proyecto(s) pueden considerarse elegibles bajo los estándares nacionales o internacionales aplicables al caso, y en particular y de conformidad con la normativa y el modelo aplicable por las Bolsas de Valores en las cuales se estarían registrando las emisiones objeto de esta ley.

18)          Verificador: Tercero experto independiente del emisor e imparcial que acreditará si una(s) actividad(es), obra(s) o proyecto(s) califica como elegible.

ARTÍCULO 3.- Lineamientos generales para la implementación de esta ley.

El Estado costarricense, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Educación Pública serán responsables de coadyuvar, en forma concurrente y en el marco de sus competencias, para la implementación de las siguientes acciones:

1)            Promover el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos por parte de los distintos sectores productivos del país.

2)            Desarrollar, cuando sea conveniente para los objetivos del proyecto y sus mecanismos de financiamiento, la adecuación y concreción de obras de infraestructura susceptibles de ser financiados mediante Valores de Oferta Pública Temáticos.

ARTÍCULO 4.- Autorización explícita a instituciones públicas para emitir Valores de Oferta Pública Temáticos.

La Administración Pública descentralizada, incluyendo las municipalidades, instituciones autónomas y las empresas públicas, que tengan dentro de sus competencias el cumplimiento de fines públicos definidos en esta ley y que cumplan con la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N°8131, podrán hacer emisiones de Valores de Oferta Pública Temáticos.

En el caso de la Administración Pública centralizada le corresponde la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N°8131.

ARTÍCULO 5.- Acciones para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos.

1)            Las Superintendencia General de Valores, Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia General de Entidades Financieras y la Superintendencia de Seguros, deberán proponer los ajustes normativos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que las entidades supervisadas que realizan inversiones incluyan dentro de sus políticas estrategias de inversión sostenible o responsable, con el fin de que el dinero que administran no sólo genere rendimientos financieros sino que además se pueda canalizar parte de esta inversión hacia actividades, obras y proyectos que contribuyan con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

2)            Las Superintendencia General de Valores, Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia General de Entidades Financieras y la Superintendencia de Seguros, encargadas de la regulación de los fondos de pensión, fondos de inversión, aseguradoras y entidades bancarias, según corresponda, deberán proponer los ajustes normativos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que las entidades supervisadas mencionadas anteriormente destinen un mínimo del dos por ciento de su portafolio de inversión hacia Valores de Oferta Pública Temáticos, siempre y cuando haya oferta en el mercado y se realice el análisis de riesgo respectivo de acuerdo a la regulación.

3)            Los emisores de valores temáticos, calificados como pequeñas o medianas empresas, podrán acceder al financiamiento en el mercado de capitales por medio de este tipo de valores, para lo cual el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero podrá emitir la reglamentación que considere oportuna.

4)            El proceso de autorización de Valores de Oferta Pública Temáticos será prioritario para la Superintendencia General de Valores, y deberán atenderse en un plazo menor al establecido para los valores ordinarios de oferta pública, para lo cual el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, adoptará las modificaciones reglamentarias necesarias para lograr dicho propósito.

ARTÍCULO 6.- Incentivos para los proyectos financiados mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos.

La Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas deberán adecuar sus reglamentos y procedimientos internos para dar trámite expedito a la autorización de las actividades, obras y proyectos elegibles. Dichas entidades deberán establecer o solicitar a la autoridad reguladora tarifas, tasas y cobros diferenciados para promover el desarrollo de estas actividades, obras y proyectos elegibles, siempre que les sea posible de conformidad con el marco y autorización legal cuando corresponda.

Para obtener los incentivos planteados en este artículo las instituciones y empresas deberán presentar ante la autoridad competente la verificación indicada en el artículo 8 de esta ley.

ARTÍCULO 7.- Incentivos para atraer inversión extranjera.

Agréguese un nuevo párrafo al artículo 31 ter de la Ley N°7092, Ley del Impuesto sobre Renta, del 21 de abril de 1988 que se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 31 ter- Tarifa del impuesto.

(...)

Los rendimientos generados por las emisiones de valores de oferta temáticos definidos por ley estarán sujetos a una tarifa única y definitiva del ocho por ciento (8%), únicamente cuando el capital original de la inversión provenga de personas o entidades no domiciliadas en Costa Rica, y los mismos sean pagados en el extranjero.”

ARTÍCULO 8.- Sistema de verificación.

El emisor deberá someter la emisión de valores de oferta pública temáticos a una verificación externa realizada por un tercero independiente del emisor y experto, que verifique el cumplimiento de los principios que para tal efecto ha emitido la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés), la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI por sus siglas en inglés) u otra entidad reconocida internacionalmente, para lo cual deberán de utilizarse métodos cualitativos y cuantitativos que calcularán, de manera tangible y específica, los beneficios ambientales y sociales producto de las actividades, obras y proyectos elegibles.

El sistema de verificación de cumplimiento comprenderá dos etapas, siendo la primera de ellas una etapa de verificación previa a la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos que será realizada por parte de terceros independientes expertos que estarán debidamente identificados en una lista que para estos efectos publicarán las Bolsas de Valores y para lo cual será puesta al conocimiento del público en general. Todas las emisiones de Valores de Oferta Pública Temáticos que cumplan con el estándar emitido por las Bolsas de Valores serán clasificadas en los sistemas transaccionales mediante el diferenciador definido por las propias Bolsas, que permita identificarlas como emisiones de Valores Temáticos.

La segunda etapa está constituida por informes anuales de cumplimiento que deberán ser efectuados por terceros independientes del emisor y expertos, para efectos de comprobar que la emisión continúa en cumplimiento con el estándar usado originalmente para certificar la emisión, por lo que, para mantener dicha clasificación, será obligatorio cumplir con los informes anuales y que éstos certifiquen que se continúa en cumplimiento con los estándares aplicables.

El emisor tiene la obligación de publicar los resultados de los informes anuales de verificación mediante un hecho relevante de acuerdo a la normativa de la Superintendencia General de Valores.

El sistema de verificación no sustituye el requisito de calificación de riesgo exigido para los títulos de oferta pública, de acuerdo al artículo 144 de la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.

ARTÍCULO 9.- Terceros independientes expertos.

Las verificaciones de cumplimiento deberán ser llevadas a cabo por un tercero independiente del emisor y experto, que forme parte de alguna de las siguientes categorías:

a)            Empresas acreditadas por la Entidad Costarricense de Acreditación bajo la norma ISO 14065.

b)            Empresas de auditoría o firmas consultoras con al menos 5 años de experiencia reconocida y demostrada en proyectos de desarrollo sostenible, u otros aspectos de gestión ambiental y social. Las empresas deben acreditar su experiencia, mencionando como mínimo su trayectoria y al menos 3 proyectos ejecutados en desarrollo sostenible, u otros aspectos de gestión ambiental y social. Adicionalmente, debe acreditar que tiene conocimiento de los Principios emitidos por la ICMA y la capacidad de emitir un informe que certifique el cumplimiento de éstos por parte de la empresa emisora.

c)             Calificadoras de riesgo que cuenten con una metodología específica para evaluar los Valores de Oferta Pública Temáticos.

d)            Certificadores internacionales que han sido autorizados por la Iniciativa de Bonos Climáticos u otra entidad reconocida internacionalmente.

Las Bolsas de Valores publicarán en su página web la lista oficial de los terceros independientes expertos.

ARTÍCULO 10.- Transparencia y manejo de fondos.

Para aumentar la credibilidad del mercado, así como la transparencia y la trazabilidad en la utilización de los recursos provenientes a través de la captación de Valores de Oferta Pública Temáticos, los fondos obtenidos por el emisor deberán llevarse a través de registros contables separados que permitan la identificación de tales recursos y su uso en las actividades, obras o proyectos elegibles financiados con la emisión. En el caso de vehículos de propósito especial, no será necesario la separación de los recursos, en el tanto el vehículo fuera creado exclusivamente para financiar actividades, obras y proyectos elegibles.

ARTÍCULO 11.- Incumplimiento por parte de emisores de Valores de Oferta Pública Temáticos.

Aquellos emisores que hayan incumplido con la obligación de destinar los fondos captados de forma exclusiva para el financiamiento o refinanciamiento de una actividad, obra o proyecto elegible, según fueron detallados en el prospecto de la emisión, deberán emitir un hecho relevante a todo el mercado comunicando dicha situación.

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas para los emisores en el título IX Medidas precautorias, infracciones, sanciones y procedimiento de la Ley N°7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, será sancionado con una multa de hasta doscientos salarios base definido en la Ley N°7337, el emisor que incumpla los términos expresados en el prospecto informativo según lo establecido en el Artículo 11 inciso c) de la Ley N°7732.

A efecto de no perjudicar a los inversionistas, el emisor de los títulos valores será solidariamente responsable sobre la deuda tributaria que se haya dejado de percibir por incentivos otorgados a valores de oferta pública temáticos que no cumplieran con los requisitos legales para ser considerados como tales, o que hayan sido acreditados en beneficio de residentes fiscales, de conformidad con el artículo 31 ter de la Ley N°7092, Ley del Impuesto sobre Renta, del 21 de abril de 1988.

ARTÍCULO 12.- Conservación de ecosistemas y su biodiversidad.

En aquellos casos de fincas o partes de fincas particulares ubicadas dentro de la delimitación oficial de un Parque Nacional, Reserva Biológica o Refugio de Vida Silvestre que no hayan sido compradas, donadas o expropiadas, se faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a financiar mediante Valores de Oferta Pública Temáticos las servidumbres legales o los mecanismos de derechos de desarrollo sostenible necesarios para la protección ecológica, para cuya implementación y ejecución se podrán suscribir convenios, acuerdos y recibir donaciones con organizaciones y entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, vinculados a la regulación del Patrimonio Natural del Estado. Para lo antes indicado, en caso de ser necesario, se coordinará con el Ministerio de Ambiente y Energía.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- La Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas reglamentarán los incentivos contenidos en esta ley en un plazo de doce meses a partir de la vigencia de esta ley.

TRANSITORIO II.

La Superintendencia General de Valores en un plazo máximo de 3 meses a partir de la vigencia de esta ley autorizará a las Bolsas de Valores a elaborar un registro de terceros expertos independientes y una lista oficial de verificadores. Las Bolsas de Valores en un plazo máximo de seis meses a partir de la autorización de la Superintendencia General de Valores, pondrán en funcionamiento un proceso de registro de terceros expertos independientes y publicarán la lista oficial de verificadores.

TRANSITORIO III.- En un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero modificará la normativa de fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de inversión y entidades bancarias, para que cumplan con lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley.

TRANSITORIO IV: Los fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de inversión y entidades bancarias dispondrán de un plazo de dos años a partir de la vigencia de esta ley, para cumplir con lo definido en el artículo 5, inciso 2 de esta ley. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por dos veces por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero mientras no exista la suficiente oferta de este tipo de valores. La oferta disponible podrá demostrarse a través del Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores.

Rige a partir de su publicación.

Comisión de Ambiente

Presidenta

Paola Vega Rodríguez

Milagro De Los Angel Solano Roque.—1 vez.—Exonerado.—( IN2021533175 ).

LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO SEXTO DEL

CANTÓN DE PARAÍSO DENOMINADO BIRRISITO

Texto sustitutivo

EXPEDIENTE 22076

ARTÍCULO 1- Creación de Distrito

Se crea el distrito 6° del cantón de Paraíso de la provincia de Cartago, denominado Birrisito, cuyo centro administrativo será Birrisito. El distrito estará integrado además por los caseríos de La Huerta, El Alto Jesús de la Misericordia (Alto Birrisito), barrio El Carmen, el Chiral.

ARTÍCULO 2- Descripción de los límites del distrito

El distrito Birrisito tendrá la siguiente descripción de límites, los cuales fueron determinados con fundamento en:

a)            Información geográfica fundamental sobre la División Territorial Administrativa (DTA) de la República de Costa Rica, a la escala 1:5.000, denominada IGF_CR_DTA_5.000, según directriz DIG-001-2017, de 28 de junio de 2017, oficializada por el Instituto Geográfico Nacional, vía publicación en La Gaceta 133, de 13 de julio de 2017.

b)            Decreto Ejecutivo 40962-MJP, de 24 de enero de 2018, publicado en La Gaceta 66, de 17 de abril de 2018, sobre “Actualización del Sistema Geodésico de Referencia Horizontal Oficial para Costa Rica”, que establece a CR-SIRGAS como el sistema de referencia horizontal oficial para la República de Costa Rica, y su proyección cartográfica asociada CRTM05.

c)             La cartografía oficial vigente elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, a la fecha de promulgación de esta ley, y con las coordenadas en el sistema de proyección cartográfica oficial CRTM05.

El distrito colinda:

Al Norte: Con el distrito Cipreses, cantón de Oreamuno.

Al este: Con el distrito Santiago, cantón de Paraíso.

Al oeste: Con el distrito Cot, cantón de Oreamuno y con el distrito Paraíso, cantón de Paraíso.

Al sur: Con el distrito de Paraíso, cantón de Paraíso.

Inicia en el punto donde se intersecan los límites del distrito de Cipreses de Oreamuno con el límite del distrito Santiago de Paraíso, justo en el cruce de un afluente del río Parruás con la Calle Del Cerro, a partir de este vértice se continuas aguas abajo por centro de cauce del afluente y luego sobre el río Parruás, hasta el punto de coordenadas de Longitud Este: 518239,35 y Latitud Norte: 1089262,31 aprox.

De este punto se continúa sobre línea de centro de la vía férrea hacia el Suroeste hasta alcanzar el punto de coordenadas de Longitud Este: 516725,22 y Latitud Norte: 1087995,8 aprox., intersección con el vértice Suroeste del cementerio de Birrisito, a partir de este punto se continua al Norte hasta al punto de coordenadas de Longitud Este: 516672,92 y Latitud Norte: 1088097,32 aprox., luego se continua hacia el Este bordeando la propiedad del cementerio hasta alcanzar ruta cantonal en el punto de coordenadas de Longitud Este: 516784,69 y Latitud Norte: 1088143,07 aprox.

Siguiendo el Noroeste sobre la línea de centro de ruta cantonal y luego sobre la ruta 10 se alcanza una intersección con ruta cantonal en el punto de coordenadas de Longitud Este: 515749,6 y Latitud Norte: 1088595,17 aprox. A partir de este punto se toma línea de centro de ruta cantonal hacia el Este y a unos 120 m aprox., se toma una calle al Norte y luego al Noroeste, cruzando la localidad de Cerro Grande hasta alcanzar a unos 2800 m el punto de coordenadas de Longitud Este: 514475,29 y Latitud Norte: 1090199,06 aprox., en intersección con camino vecinal. Sobre este camino se continua primero al Este y luego al Norte por la línea de centro de calle hasta intersecar la calle Del Cerro, calle que es límite distrital con Cot de Oreamuno, en el punto de coordenadas de Longitud Este: 514672,11 y Latitud Norte: 1090820,33 aprox. Sobre línea de centro de la calle Del Cerro se continua hacia el noreste hasta alcanzar el punto de origen de esta descripción.

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Figura 1. Distrito propuesto de Birrisito (06), del cantón Paraíso (2), provincia de Cartago (3).

ARTÍCULO 3- Declaratoria oficial del mapa

Se faculta al Instituto Geográfico Nacional para que represente en la cartografía oficial los límites descritos en el artículo segundo, y se declare oficial el mapa de este nuevo distrito preparado por esta institución.

ARTÍCULO 4- Firmeza del nombre del nuevo distrito

El nombre de este distrito quedará en firme cuando lo apruebe la Comisión Nacional de Nomenclatura.

ARTÍCULO 5- Elección de los miembros del Consejo de Distrito y síndicos

La elección de los miembros del Consejo de Distrito y síndicos del distrito de Birrisito será organizada y dirigida por el Tribunal Supremo de Elecciones, seis meses después de que entre en vigencia la presente ley.

TRANSITORIO UNO- Si ocurriere el impedimento establecido en el artículo 2 del Reglamento para la Formulación de la División Administrativa Electoral, Decreto del Tribunal Supremo de Elecciones número 06-2014, la presente ley entrará en vigencia el día hábil siguiente a la celebración de las elecciones de que se trate para designar a las autoridades municipales o, en su defecto, el día hábil siguiente a las elecciones nacionales para elegir presidente, vicepresidentes y diputados.

TRANSITORIO DOS: El Registro Nacional gestionará el traslado de los bienes inmuebles al distrito creado. Siendo que las fincas inscritas en el distrito actual pasarán a formar parte del distrito 6° Birrisito, del cantón 2° Paraíso de la provincia 3° Cartago.

Paola Valladares Rosado

Presidenta

Comisión Especial de Cartago

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533178 ).

LEY DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA

DEL CANTÓN DE CORREDORES; DEROGATORIA DE LA

LEY N° 7139 IMPUESTOS MUNICIPALES DE

CORREDORES, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1989

Expediente N° 22.408

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los productores de palma aceitera del cantón de Corredores son sometidos al pago de un impuesto municipal del 1.5% sobre el valor de venta de cada tonelada métrica producida en dicho cantón.

Nos estamos refiriendo a más de 400 pequeños agricultores que adicionalmente deben pagar el impuesto territorial a la municipalidad y el IVA al Gobierno Central, lo cual afecta de forma directa la rentabilidad de esta difícil labor agrícola y menoscaba nuestra competitividad como país.

Según cifras de la Municipalidad de Corredores, los productores han cancelado en los últimos cinco años (2016-2020) la cifra de ¢1363.6 millones por este impuesto. Estos son recursos que podría reinvertirse en las labores agrícolas de los productores o en mejorar su calidad de vida.

Impuesto sobre producción de palma Municipalidad de Corredores Cifras del Presupuesto Ordinario 2021
Periodo	Recaudación
2016	¢238.5 millones
2017	¢321 millones
2018	¢253.7 millones
2019	¢257.7 millones
2020	¢292.5 millones
Total	¢1363.6 millones
2021 Presupuestado	¢284.9 millones

 

Esta situación podría considerarse discriminatoria, ya que los demás cantones no tienen establecida una carga impositiva similar para este tipo de producción agrícola.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de los señores Diputados y señoras Diputadas el presente proyecto Ley de apoyo a los productores de Palma Aceitera del Cantón de Corredores; derogatoria de la Ley N° 7139 Impuestos Municipales de Corredores, del 30 de noviembre de 1989.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

LEY DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA

DEL CANTÓN DE CORREDORES; DEROGATORIA DE LA

LEY N° 7139 IMPUESTOS MUNICIPALES DE

CORREDORES, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1989

Artículo Único.—Deróguese en su totalidad la Ley N.° 7139 Impuestos Municipales del Cantón de Corredores, del 30 de noviembre de 1989, cuyo único artículo vigente, el Artículo 13 establece lo siguiente:

OTROS IMPUESTOS:

Producción de palma, por tonelada métrica:

Se establece un impuesto de un uno coma cinco por ciento (1.5%) sobre el valor de venta de cada tonelada métrica de palma producida en el cantón. Un cinco por ciento (5%) de lo recaudado por este impuesto lo destinará la Municipalidad para otorgar becas a estudiantes de escasos recursos del cantón, hijos de productores de palma; y un cinco por ciento (5%) de lo recaudado por este impuesto lo destinará la Municipalidad para el Centro Agrícola Cantonal de Corredores, para el establecimiento de un almacén de insumos.

Rige a partir de su publicación

Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Diputado

05 de marzo de 2021

NOTA:   Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021533182 ).

REFÓRMESE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY Nº 8765

CÓDIGO ELECTORAL, DE 02 DE SETIEMBRE

DE 2009 Y SUS REFORMAS, PARA BRINDAR

MAYOR TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN EN EL

PROCESO ELECTORAL

Expediente Nº 22.414

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Desde 1949 Costa Rica ha vivido un periodo democrático ininterrumpido, siendo una de las democracias más largas del continente. De acuerdo con el Índice Democrático 2019 de la Unidad de Inteligencia de The Economist (UIE), Costa Rica se posiciona como una democracia completa junto con otros 22 países, entre un total de 167 países alrededor del mundo. Elecciones libres, comicios justos y una alta confianza en nuestro organismo electoral han caracterizado la Segunda República. Sin embargo, la pérdida de confianza en otras instituciones democráticas como los partidos políticos, el gobierno y el congreso debilitan la participación política, amenazando nuestro sistema democrático y nuestra gobernabilidad. Esto se refleja en el Índice democrático, donde la calificación más baja del país fue en el componente de Participación Política, en el cual se evalúan la participación ciudadana en política y en partidos políticos, de votantes en las elecciones generales, y el esfuerzo de las autoridades para promover el involucramiento político de sus ciudadanos, entre otros rubros.

De acuerdo con el Latinobarómetro durante los últimos 10 años la confianza de los costarricenses, no solo en sus instituciones democráticas sino entre nosotros mismos, ha caído significativamente. Así, entre 2010 y 2018 la confianza interpersonal, medida como el porcentaje de personas que considera que se puede confiar en la mayoría de las personas, ha caído del 18,6% al 9,5%. Respecto a la confianza en las instituciones, durante este mismo periodo la confianza en el Congreso cayó del 47% al 27%, en el gobierno disminuyó del 45% al 33% y en los partidos políticos pasó de 23% a 17%. Siendo estos últimos la institución democrática que históricamente genera menos confianza en la población.

Este deterioro en la credibilidad de los partidos políticos y los representantes populares, por grave que sea, no necesariamente estimula a las agrupaciones partidarias a establecer procesos rigurosos de revisión de los antecedentes de sus candidatos. Este es uno de los resultados del estudio Legislative Candidate Vetting Mechanisms in Latin American Political Parties (2019) escrito por el Dr. Kevin Casas y el Dr. Tomás Quesada. Por el contrario, los autores afirman que los partidos latinoamericanos, en general, continúan aferrados a procesos informales y flexibles de tamizaje y veto, dejando la tarea de escrutinio de los candidatos en manos de la prensa.

En Costa Rica esta tarea de escrutinio de candidatos a puestos de elección popular ha sido llevada a cabo y divulgada por el Instituto de Formación y Estudios Democráticos del Tribunal Supremos de Elecciones (IFED) en los pasados procesos electorales desde 2010, y por la prensa. El IFED en su misión de promover los valores democráticos, la participación ciudadana y la cultura cívica en agentes electorales, partidos políticos, ciudadanía y población en general, ha asumido la tarea de recolectar la biografía de los candidatos y candidatas junto con una fotografía y sus planes de gobierno cuando corresponda, con el fin de hacerlos públicos a través de su plataforma en línea. Sin embargo, debido a que la entrega de esta información es opcional, algunos partidos políticos hacen una entrega parcial de lo solicitado o no la envían del todo.

En el proceso de elección es importante conocer a los candidatos que se postulan para un cargo público, su experiencia y sus objetivos. La ausencia de esta información atenta contra los principios de transparencia, acceso a la información y publicidad que deben ser connaturales a todo sistema democrático. La obligación de suministrar y publicar dicha información podría ser determinante en dos sentidos: en las decisiones de nominación de candidaturas por parte de los partidos políticos, y en la decisión de los electores, los cuales tendrían acceso a mayor información para ejercer su voto.

Ciertamente, la publicación de esta información no es garantía de que los partidos escojan mejor a sus aspirantes ni de que el ciudadano sea más exigente y selectivo. No obstante, es un incentivo para que los partidos depuren sus procesos de selección y para que se desarrolle una cultura política más activa, comprometida e informada por parte de la ciudadanía, como explican Casas y Quesada en la citada investigación.

Desde que el IFED comenzó esta tarea en 2010 hasta el 2018, la tasa de respuesta por parte de los partidos ha aumentado del 15% al 85% aproximadamente. Sin embargo, el costo logístico de reunir esta información es desproporcionado, pues el IFED debe consultar por distintos medios (formales e informales), y en repetidas ocasiones, a cada uno de los partidos, e incluso a los candidatos directamente. Además, muchas veces la respuesta de los candidatos y sus partidos aparece hasta después de la presión de la prensa nacional. Por otro lado, la información no es suministrada en un formato estándar, ni todos aportan los mismos datos, lo que hace que el compendio que el IFED ha podido publicar en las elecciones que han sucedido desde entonces, sea incompleto e irregular.

Ante esta problemática y con el afán de garantizar que se cuente con la información personal básica y razonable de las personas nominadas a curules legislativas y la presidencia y vicepresidencias, este proyecto plantea la obligación legal de que cada partido presente una breve biografía de cada candidatura y su respectiva fotografía al momento de la inscripción. En el caso de las candidaturas a la presidencia de la República, además deberán entregar el plan de gobierno de su partido. El formato de entrega será definido posteriormente por el Tribunal Supremo de Elecciones vía reglamento.

Esta obligación legal no impone nuevos requisitos para ser diputado o diputada. Los requisitos establecidos en la Constitución Política, en el artículo 108 se mantienen inalterados, a saber:

1- Ser ciudadano en ejercicio;

2- Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;

3- Haber cumplido veintiún años de edad.

La obligación legal establecida en esta reforma lo que busca es dar transparencia, acceso a la información y publicidad a la ciudadanía para el ejercicio de un voto informado, y así fortalecer nuestra democracia y nuestro proceso electoral. De modo que no se imponen requisitos nuevos que excluyen la participación de quienes hoy cumplen con el artículo 108 de la Constitución Política. Lo que este proyecto propone es una obligación de aportar, junto con la fórmula que el TSE solicita al momento de inscribir una candidatura, información sobre los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, de manera que los votantes puedan conocer mejor sus respectivas biografías.

El derecho de la ciudadanía a conocer las calidades y trayectoria de quienes se postulan para ocupar cargos públicos de elección popular, es un derecho fundamental y facultativo de los ciudadanos. Es equiparable al derecho al acceso a la información pública, internacionalmente reconocido y componente esencial del Estado de Derecho. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina que el diferente umbral de protección del funcionario público se explica porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la vida privada.

Por otro lado, al solicitar que las personas candidatas a la presidencia presenten los planes de gobierno de su respectivo partido, con este proyecto se busca fomentar la institucionalización del sistema de partidos políticos. Como bien indica el reconocido politólogo Scott Mainwaring, en la obra Party Systems in Latin America, Institutionalization, Decay and Collapse (2008) uno de los parámetros de institucionalización de los partidos son las posiciones programáticas.

Este proyecto establece la obligación legal para los partidos políticos de brindar a la ciudadanía información básica sobre sus candidatos a puestos de elección popular, específicamente diputaciones, presidencia y vicepresidencias. Esta normativa fortalecería la labor que el IFED y los medios de comunicación han venido realizando de forma voluntaria, con la función trascendental de proveer a la ciudadanía información precisa y necesaria para ejercer un voto consciente y responsable. Tal como afirma el estudio Legislative Candidate Vetting Mechanisms in Latin American Political Parties, esperar que la autorregulación de los partidos convierta la preocupación por la ética y, aún más, la idoneidad personal de los candidatos en un criterio ineludible al configurar las listas puede conducir a una larga espera.

La aprobación de este proyecto es un paso en la dirección correcta hacia el objetivo de construir un sistema electoral más transparente, donde los y las votantes puedan conocer mejor sus candidatos y sus propuestas programáticas. Este objetivo en otras ocasiones ha sido perseguido e impulsado por otras legislaturas e incluso la sociedad civil organizada, para aumentar la confianza en nuestras instituciones democráticas y aún más importante, entre nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país. En esa línea, este proyecto ha sido elaborado a instancias y con el apoyo de la asociación de la sociedad civil, Poder Ciudadano ¡Ya!

Corolario de lo anterior, este proyecto se presenta con el fin de fomentar la participación política, los valores democráticos y la cultura cívica y de fortalecer el vínculo entre los representantes políticos y la ciudadanía.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFÓRMESE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY Nº 8765

CÓDIGO ELECTORAL, DE 02 DE SETIEMBRE

DE 2009 Y SUS REFORMAS, PARA BRINDAR

MAYOR TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN EN EL

PROCESO ELECTORAL

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 148 de la Ley N.° 8765 Código Electoral, de 02 de setiembre de 2009 y sus reformas, cuyo texto dirá:

Artículo 148- Inscripción de candidaturas

(…)

Para su debida inscripción en el Registro Electoral, las candidaturas solo podrán presentarse desde la convocatoria a elecciones hasta tres meses y quince días naturales antes del día de la elección. La solicitud deberá presentarla cualquiera de los miembros del comité ejecutivo del organismo superior del partido, en las fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro. Junto con las fórmulas, es obligatorio que el comité ejecutivo presente una biografía y una fotografía vigente de las personas candidatas a diputaciones y a la presidencia y vicepresidencias de la República. En el caso de las candidaturas a la presidencia de la República deberán presentar, además, el programa de gobierno de su partido político respectivo.

La información referida en este párrafo deberá ser entregada con el contenido y en los formatos que se definan reglamentariamente. Asimismo, obligatoriamente deberá ser publicada por el Tribunal Supremo de Elecciones por los medios oficiales y en otros que estime convenientes, en cumplimiento del derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.

(…)

Rige a partir de su publicación.

Silvia Vanessa Hernández Sánchez             Luis Fernando Chacón Monge

Carlos Ricardo Benavides Jiménez          Paola Alexandra Valladares Rosado

Ana Karine Niño Gutiérrez                             Enrique Sánchez Carballo

Zolia Rosa Volio Pacheco                                 Frangii Nicolás Solano

Yorleni León Marchena                              Luis Ramón Carranza Cascante

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga                      María Inés Solís Quirós

Laura Guido Pérez                                         Aida María Montiel Héctor

Nielsen Pérez Pérez                                   Gustavo Alonso Viales Villegas

Otto Roberto Vargas                                 Víquez Carolina Hidalgo Herrera

Melvin Ángel Núñez Piña                               Catalina Montero Gómez

Diputadas y Diputados

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.— Exonerado.—( IN2021533184 ).