LEYES

10294

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 17 BIS y 128 DE LA LEY 7818, LEY ORGÁNICA DE LA AGRICULTURA E INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, DE 2 DE SETIEMBRE DE 1998

ARTÍCULO 1-    Se reforma el artículo 17 bis de la Ley 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, de 2 de setiembre de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 17 bis-      Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes

Se crea el Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes, para mitigar la diferencia entre el precio de la cuota y el precio de excedentes que puedan tener los pequeños y medianos productores de caña independientes hasta de 1500 toneladas métricas que se dirán, en sus entregas de caña en régimen de excedentes.

Este Fondo se sustentará con el cero coma siete por ciento (0,7%) del precio de liquidación dentro de la cuota de la zafra que corresponda, valor crudo, así como de los excedentes que genere el Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes en las zafras en las que este cubra el cien por ciento (100%) del referido diferencial, generando por ello un superávit.

Los recursos económicos de dichos superávits conformarán un fondo adicional que será utilizado, junto con los réditos que estos generen, para cubrir eventuales déficits del Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes en zafras futuras.

El fondo adicional no podrá sobrepasar el cero como cinco por ciento (0,5%) del precio de liquidación dentro de la cuota de la zafra que corresponda, valor crudo. Cuando el fondo adicional haya alcanzado el monto máximo permitido, cualquier excedente será reintegrado a la liquidación de la zafra respectiva.

La administración del fondo adicional se regulará en el reglamento interno que dictará la Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), al amparo del inciso g) del artículo 30 de esta ley.

Cuando el Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes y el fondo adicional indicado en los dos párrafos anteriores sean insuficientes para cubrir la diferencia entre el precio de la cuota y el precio de excedentes que puedan tener los pequeños y medianos productores de caña independientes hasta de 1500 toneladas métricas, la Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) podrá acordar que se destinen  recursos económicos de nuevos negocios para cubrir cualquier faltante.

Para efectos presupuestarios de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), se considerará el cero coma siete por ciento (0,7%) del precio de liquidación dentro de la cuota de la zafra anterior, valor crudo, efectuándose los ajustes una vez que se conozca el valor de liquidación final de la zafra correspondiente.

Anualmente, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) entregará a los ingenios que correspondan las sumas que deberán pagar a los productores referidos conforme a los cálculos elaborados por ella, para que sean pagadas a tales productores en un plazo máximo de ocho días naturales.

Para efectos de la citada contribución, únicamente se considerará a los productores independientes pequeños y medianos reales, debidamente inscritos en el Registro Nacional de Productores, y ante la comisión de zafra del correspondiente ingenio, e cuyas entregas a uno o más ingenios no superen las 1500 toneladas métricas de caña y que cumplan con los requisitos adicionales que establezca el reglamento que dictará la Junta Directiva de Laica, al amparo del inciso g) del artículo 30.

La Liga Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) velará por que este fondo se entregue a los pequeños y medianos productores de caña independientes reales, debidamente inscritos en cada ingenio como productores tradicionales, y el monto de dicho fondo se distribuirá entre ellos, asignando un valor igual de compensación a cada kilogramo de azúcar entregado en régimen de excedentes, hasta un valor máximo igual al precio de liquidación del azúcar en cuota, si el monto del fondo así lo permitiera.

Deberá excluirse de este beneficio a los productores independientes nuevos, indicados en los artículos 56 y 58 de esta ley, así como a cualesquiera otros productores independientes cuya entrega individual resulte cuestionable, de conformidad con el reglamento que dictará la Junta Directiva de Laica, al amparo del inciso g) del artículo 30.

El pago efectivo de la compensación se realizará a los productores en un plazo máximo de ocho días naturales, después de que el ingenio reciba de Laica los importes correspondientes y las respectivas nóminas de distribución.

Tratándose de ingenios que no vendan su azúcar a Laica deberán depositar, en dicha corporación, los montos que ella fije, para los fines establecidos en el presente artículo.

Los ingenios infractores serán sancionados administrativamente por la Junta Directiva de Laica, con suspensión de la calificación del azúcar y la cuota individual de producción. La suspensión se les mantendrá hasta que haya sido subsanado el motivo que la originó.

ARTÍCULO 2-    Se reforma el artículo 128 de la Ley 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, de 2 de setiembre de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 128-  Para el caso de que un ingenio deje de operar definitivamente, se procederá conforme a los siguientes dos supuestos:

1)     Cierre de ingenios que sobrepasan la cuota de referencia ajustada o piso, contemplada en el párrafo cuarto del artículo 125 de la ley.

a)     Su cuota de referencia se ajustará al azúcar producido en las últimas cinco zafras, con caña procedente de la misma zona.

b)     La cuota de referencia ajustada será distribuida por la Junta Directiva entre los ingenios escogidos por los productores que entregaban al ingenio que dejó de operar definitivamente. Estos ingenios deberán aceptar el recibo de la caña respectiva, dentro de los límites del artículo 72 y concordantes.

c)     El término “productor”, para los efectos de distribución de la cuota de referencia ajustada, comprende lo siguiente:

i.      Los productores de caña independientes;

ii.      El ingenio como productor. Se incluyen dentro de esta categoría a las personas físicas o jurídicas que hayan registrado y entregado su caña como propia del ingenio, en la zafra que ocurrió el cierre definitivo.

d)     La transferencia parcial o total de la cuota de referencia del ingenio que cerró operaciones al ingenio receptor, se realizará de la siguiente forma:

i.      Para el primer año en que opere la transferencia, el ingenio receptor recibirá el cien por ciento (100%) de la cuota de referencia ajustada según el inciso a.

ii.      Para cada una de las cuatro zafras posteriores, a aquella en que operó el cierre definitivo, el ingenio receptor recibirá la transferencia que le corresponda, de acuerdo con la siguiente deducción porcentual.

-       Segundo año, ochenta por ciento (80 %) de la citada transferencia.

-       Tercer año, sesenta por ciento (60 %) de la citada transferencia.

-       Cuarto año, cuarenta por ciento (40 %) de la citada transferencia.

-       Quinto año, veinte por ciento (20%) de la citada transferencia.

-       Sexto año, cero por ciento (0%) por extinción del mecanismo.

e)     El azúcar fabricado por los ingenios, a partir de caña proveniente de la transferencia de cuota por cierre definitivo, se computará como parte de su producción total de azúcar para efectos del cálculo de su respectiva cuota de referencia, que regula el artículo 125.

f)      La producción máxima de referencia del ingenio o ingenios que reciben la caña será el resultado de sumar la producción máxima de referencia del ingenio o ingenios receptores, definida en el párrafo segundo del artículo 125, más la proporción correspondiente de la producción máxima de referencia del ingenio que cerró, calculada con base en el citado artículo 125,

En el supuesto de los cierres temporales, si el ingenio que transfirió su producción máxima de referencia vuelve a moler, recuperará dicha producción y esta se le disminuirá al ingenio o los ingenios que habían sido receptores, en las proporciones correspondientes.

g)    La cuota de referencia de los productores que entregarán su caña, al ingenio receptor seleccionado, se calculará conforme al artículo 67.1.

Dicha cuota se compondrá del porcentaje de la cuota de referencia trasladada, con las mismas deducciones anuales antes indicadas, más la porción de la cuota de referencia constituida en el ingenio receptor, como productor independiente nuevo al amparo del artículo 67.

h)     La participación del ingenio productor será el promedio del azúcar contenido en la caña entregada por las personas físicas o jurídicas propietarias, arrendatarias o poseedoras del ingenio, en el período de las cinco zafras anteriores -o menos si procede- a aquella en que ocurrió el cierre definitivo del ingenio, calculada con base en azúcar de 960 de polarización.

La participación calculada según el párrafo anterior regirá para la primera zafra, o sea, en la que cesó operaciones el ingenio. En las cuatro zafras sucesivas hasta completar cinco, se le harán las deducciones indicadas en el inciso d).

Concluidas las cinco zafras referidas en el inciso d), las expresadas personas jurídicas se regirán, en tanto productores independientes, por lo dispuesto en los artículos 54, siguientes y concordantes.

Para la aplicación de la presente norma, las referidas entregas de caña, tuvieron que ser consideradas y declaradas como caña propia del respectivo ingenio que cerró operaciones.

i)      Para todos los efectos, se respetará el porcentaje de participación de los productores independientes, por aplicación de los artículos 72 y concordantes.

2)     Cierre de operaciones de ingenios beneficiarios de la cuota de referencia ajustada o piso contemplado en el párrafo cuarto del artículo 125 de la ley.

a)    Su cuota de referencia ajustada por virtud del párrafo cuarto del artículo 125 será distribuida por la Junta Directiva entre los ingenios escogidos por los productores que entregaban al ingenio que dejó de operar definitivamente, a partir de la zafra en que se produjo el cierre definitivo y por las zafras subsiguientes, siempre y cuando exista la caña que dio origen al traslado o plantaciones equivalentes de la misma zona que el productor haya cultivado. Estos ingenios receptores deberán aceptar el recibo de la caña respectiva dentro de los límites del artículo 72 y concordantes.

b)     La cuota de referencia ajustada, que se distribuya entre los ingenios receptores de la caña, será asignada para cubrir las participaciones de los productores que entregaban al ingenio que dejó de operar definitivamente.

El término “productor”, para los efectos de distribución de la cuota de referencia ajustada, comprende lo siguiente:

i.      Los productores de caña independientes.

ii.      El ingenio como productor. Se incluyen dentro de esta categoría a las personas físicas o jurídicas que hayan registrado y entregado su caña como propia del ingenio, en la zafra que ocurrió el cierre definitivo.

c)     La cuota asignada a distribuir en cada zafra, luego de considerar la cuota de referencia ajustada del ingenio que cerró operaciones, será la resultante de la cuota nacional de producción de azúcar y de las cuotas de referencia de los demás ingenios, siendo este un cálculo dinámico y ajustable anualmente.

d)     El Departamento Técnico mantendrá a los productores transferidos en una nómina independiente a la nómina tradicional de productores del ingenio receptor de la caña.

La cuota de referencia individual de los productores independientes trasladados, para participar en la nómina independiente, será el promedio definido en el artículo 67 de la ley. De ese modo, a cada productor trasladado se le asignará una cantidad de azúcar de 96 0 de polarización igual a su cuota de referencia.

Cuando la suma de las cuotas de referencia de los productores trasladados sea superior a la cuota a distribuir, se aplicará lo establecido en el artículo 74, inciso a).

Los eventuales faltantes que se produzcan en las asignaciones que correspondan a los productores trasladados serán distribuidos entre los demás productores del traslado, de modo proporcional en términos de azúcar de 96 0 de polarización.

El monto de participación del ingenio productor será el promedio del azúcar contenido en la caña entregada por las personas físicas o jurídicas propietarias, arrendatarias o poseedoras del ingenio, en el período de las cinco zafras anteriores -o menos si procede- a aquella en que ocurrió el cierre definitivo del ingenio, calculado con base en azúcar de 96 0 de polarización.

El ingenio productor, mientras forme parte de la nómina independiente a la que se refiere este inciso y por la cantidad transferida conforme a las anteriores reglas, no estará sujeto al límite de cinco mil (5000) toneladas métricas señalado en el artículo 54.

e)     El azúcar fabricado por un ingenio, a partir de caña proveniente de una transferencia de cuota por cierre definitivo, no se computará como parte de su producción total de azúcar para efectos del cálculo de su respectiva cuota de referencia que regula el artículo 125.

f)      El azúcar en exceso que se produzca respecto y sobre la cuota de transferencia, asignada por aplicación del presente artículo, podrá ser entregada por el productor en el mismo ingenio escogido para el traslado o en otro, en cuyos supuestos no se aplicará ninguna transferencia de cuota al ingenio receptor. El azúcar fabricado con dicha caña sí se computará como parte de la cuota de referencia del ingenio que la procese, dentro de los límites establecidos en el artículo 125, pero no computará para efectos de las transferencias de cuota previstas en el presente artículo. Para que lo anteriormente dispuesto opere, deben ser entregas de caña en cantidades superiores al traslado.

g)     Entre los ingenios escogidos por los productores se distribuirá únicamente la cuota de referencia que resulte necesaria para que se cubra la cantidad de caña en cuota a la que habrían tenido derecho los productores al momento en que se produjo el cierre definitivo del ingenio. La Junta Directiva, previa recomendación por escrito del Departamento Técnico, tendrá plena potestad para excluir de la transferencia la caña que se pretenda trasladar en fraude de ley.

h)     Para todos los efectos, se respetará el porcentaje de participación de los productores independientes, por aplicación de los artículos 72 y concordantes.

Para ambos supuestos, se considerará que un ingenio deja de operar, definitivamente, cuando por dos zafras consecutivas no elabore azúcar, salvo por fuerza mayor o caso fortuito que calificará la Junta Directiva, previo asesoramiento de expertos. Tratándose del traslado de ingenios, el período indicado se contará a partir de la zafra siguiente a aquella en que se inició el traslado.

El reglamento prescribirá las disposiciones complementarias para implementar lo anterior en forma equitativa y racional.

TRANSITORIO l-  Las disposiciones contenidas en la presente reforma se aplicarán sin efecto retroactivo a los ingenios que estén en proceso de cierre, conforme a las anteriores regulaciones sobre este tema.

Para los ingenios a los que se refiere el inciso 2 del artículo 128, se otorgará la cuota que tenían inmediata anterior al proceso de cierre.

A los ingenios receptores de la caña de un ingenio en proceso de cierre, que esté en el supuesto del inciso 2 del artículo 128, se les excluirá, para efectos del cálculo futuro de su cuota de referencia, los bultos de azúcar que han producido a partir de la caña entregada por los productores del ingenio que cerró.

TRANSITORIO ll-   La presente reforma tendrá efecto en la zafra en la cual haya sido promulgada por el Poder Ejecutivo, salvo que algún ingenio haya iniciado su molienda.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil veintidós.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Gloria Navas Montero

Presidenta en ejercicio a.í.

Melina Ajoy Palma                     Luz Mary Alpízar Loaiza

Primera secretaria                        Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla Coto.—1 vez.—Exonerado.— ( L10294 - IN2022666748 ).

10280

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DESAFECTACIÓN DE UN INMUEBLE PROPIEDAD

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y PERMUTA

POR DOS LOTES PROPIEDAD DEL ESTADO,

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR

VIAL SAN JOSÉ - SAN RAMÓN

ARTÍCULO 1-          Se desafecta de su uso público un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de San José, cédula jurídica tres cero uno cuatro cero cuatro dos cero cinco ocho (3-014-042058), inscrito en el Registro Público bajo el sistema de folio real matrícula dos cinco siete seis ocho uno cero cero cero (257681-000), situado en el cantón primero de San José, distrito sétimo, Uruca, de naturaleza “Dest parque de la urb. el Progreso”, con los siguientes linderos: al norte: urbanización El Progreso; al sur: lote 10; al este: calle y otro y al oeste: Soc. agrícola La Florentina S.A.; mide mil cuatrocientos metros con dieciocho decímetros cuadrados (1400,18 m²), de conformidad con el plano catastrado SJ- cero dos siete siete seis cuatro uno -uno nueve siete siete (SJ-0277641- 1977).

ARTÍCULO 2-          Se autoriza a la Municipalidad del cantón Central de San José para que permute el lote descrito anteriormente con dos lotes propiedad del Estado, cédula jurídica dos uno cero cero- cero cuatro dos cero cero ocho (2-100-042008), que se describen a continuación:

a)         Finca matrícula folio real cinco uno ocho ocho ocho cero cero cero (510888-000) del partido de San José; situada en el distrito sétimo Uruca, cantón primero San José, provincia San José; con naturaleza: terreno para construir; con linderos: al norte: María Eugenia Morera Vargas; al sur: Mansiones del Robledal S.A.; al este: calle pública con trece metros (13m); al oeste: carretera de circunvalación con trece metros (13m); mide trescientos veinticinco metros cuadrados (325 m²); plano catastrado número SJ-cero cuatro seis cinco cuatro uno nueve- uno nueve nueve ocho (SJ-0465419-1998); el inmueble se encuentra libre de anotaciones.

b)         Finca matrícula folio real dos cuatro cero cero cuatro cuatro cero cero cero (240044-000) del partido de San José; situada en el distrito sétimo, Uruca; cantón primero, San José; provincia de San José, con naturaleza: Proyecto Corredor San José-San Ramón; con linderos: al norte: Ana María Cordero Quirós; al sur: María Luisa Paniagua Barrantes; al este: calle pública con trece metros de frente (13 m) y al oeste: carretera de circunvalación con trece metros con dos decímetros (13,02m) de frente; mide trescientos veinticinco metros con noventa y cinco decímetros cuadrados (325,95 m²); plano catastrado número SJ uno cero siete dos nueve uno nueve — dos cero cero seis (SJ- 1072919-2006); el inmueble se encuentra libre de anotaciones.

ARTÍCULO 3-          Una vez realizada la permuta, los lotes descritos en los incisos a) y b) del artículo 2 de esta ley se afectan al dominio público como “parque” y se inscriben a nombre de la Municipalidad del cantón Central de San José, cédula jurídica tres cero uno cuatro cero cuatro dos cero cinco ocho (3-014-042058). Asimismo, el lote descrito en el artículo 1 de esta ley se inscribe a nombre del Estado-Ministerio de Obras Públicas y Transportes con cédula jurídica dos uno cero cero cero cuatro dos cero cero ocho (2-100-042008) y se afecta al nuevo uso de “Proyecto Corredor Vial San José-San Ramón”.

ARTÍCULO 4-          La Municipalidad de San José podrá reunir las fincas descritas en los incisos a) y b) del artículo 2 de esta ley, una vez que cuente con el plano catastrado de reunión de fincas.

ARTÍCULO 5-          Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura pública de permuta a que se refiere la presente ley. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-        Aprobado a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil veintidós.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

    Melina Ajoy Palma                   Luz Mary Alpízar Loaiza

    Primera secretaria                     Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.— El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.—1 vez.—Exonerado.—( L10280 - IN2022666859 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO

PARA REALIZAR PAGOS DIRECTOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS DE ARROZ PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

 Expediente N° 23.238

 ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El país debe velar por su seguridad alimentaria y ésta se logra cuando “todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.  (Cumbre Mundial de Alimentación de 1996)”.

Una política pública integral debe contemplar acciones que fomenten la productividad y precios competitivos con respecto al bien importado, con precios asequibles a los consumidores, especialmente para aquellos de menores ingresos y para quienes el arroz es base de su alimentación.

En Costa Rica el arroz es un alimento de alta importancia en la mesa de las y los costarricenses, pues su utilización en la gastronomía nacional es múltiple.  En cuanto a la cantidad de arroz pilado que se consume a nivel nacional, el Informe Estadístico Anual de Conarroz indica que para el período 2020/2021 el volumen alcanzó las 234.256 toneladas métricas (t), esto significó un consumo mensual de 19.521 TM y un consumo per cápita anual de 46,83 kilogramos.  El comportamiento de esta variable se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Consumo nacional (t) y per cápita (kg) de arroz pilado

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Fuente:  Elaborado con base en los Informes estadísticos de Conarroz (2022).

El consumo de arroz pilado es cubierto por arroz de producción nacional y arroz importado, y para los últimos 5 períodos arroceros el componente importado oscila el 60%, debido a la disminución del área sembrada y la cantidad de productores, lo cual se ha compensado con importación de arroz en granza (la cual procesa la industria nacional) mediante contingente CAFTA o desabasto, así como por la importación de arroz pilado que realiza la industria nacional o empresas comercializadoras que importan el cereal.

 Gráfico 2. Consumo nacional (t) de arroz pilado según origen.

Período:  2000/2001 – 2020/2021

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Fuente:  Elaborado con base en los Informes estadísticos de Conarroz (2022).

El crecimiento de la importación de arroz es el resultado de una disminución del área sembrada y la cantidad de productores, aun en un mercado tan regulado. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la producción nacional.

Gráfico 3. Área sembrada y número de productores de arroz en granza.

Período: 2004/2005 – 2020/2021

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Fuente:  Elaborado con base en los Informes estadísticos de Conarroz (2022).

En el período arrocero 2010/2011 se registró la cantidad más alta de productores en los últimos 15 años, con 1.490 productores y un área sembrada de 81.116 Ha, como resultado de los estímulos generados por el Plan Nacional de Alimentos que buscaba fomentar el cultivo para mitigar los efectos de la crisis económica mundial (2008-2009).

A partir del período 2010/2011 la cantidad de productores y de área sembrada presenta una tendencia a la baja y para los dos últimos años arroceros se registran aproximadamente 500 productores y unas 33.000 hectáreas de arroz.

En términos económicos, el arroz representa un porcentaje importante en el gasto de los hogares, especialmente los de menores ingresos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en el informe número DAEM-INF-004-22 elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, estima que las familias clasificadas en los deciles 1 y 2 según ingreso (donde se ubican las familias de escasos recursos) destinan un 4,35% y un 3,58% de su gasto total en la compra de este cereal, respectivamente.  Por otra parte, las familias de mayores ingresos (decil 9 y 10) destinan un 0,56% y un 0,31% de su gasto, respectivamente.

Lo anterior evidencia la importancia relativa del cereal en el presupuesto de las familias pobres, cuyo pago por el producto podría beneficiarse mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a estimular una mayor competencia en el mercado.

Ahora bien, en un enfoque de agrocadena de valor (conformada por distintos eslabones, desde la persona productora hasta el consumidor final), es indispensable diseñar acciones de política que tomen en cuenta a los distintos agentes económicos, en especial a los de mayor vulnerabilidad.

Es por esta razón que, el programa diseñado por la Administración Chaves Robles denominado “La Ruta del Arroz”, prioriza acciones con efectos favorables hacia los consumidores, estimulando la competencia; a las industrias y comercializadores, eliminando obstáculos y reduciendo costos en las transacciones; así como para el micro, pequeño y mediano productor (PYMPAS), mediante una política agrícola que brinde oportunidades a la innovación y mejora continua en los procesos productivos.

Por consiguiente, es necesario brindar un apoyo económico contemplado para productores con menos de 100 hectáreas y que cuenten con al menos 3 períodos arroceros consecutivos en la actividad (incluyendo el período 2021-2022). 

El aporte estatal se realizará de forma escalonada, por ejemplo, para un productor que posee 25 Ha las primeras 10 Ha se compensan con 300.000 colones, las siguientes 10 Ha con 250.000 colones y las restantes 5 Ha con 200.000 colones.  Los montos del apoyo al productor arrocero por cantidad de hectáreas se muestran a continuación.

 Cuadro 1. Distribución del apoyo al productor según hectárea y cantidad de productores beneficiados

Cantidad de hectáreas (Ha) Monto por Ha
Hasta 10 Ha	¢ 300 000,00
Más de 10 y hasta 20 Ha	¢ 250 000,00
Más de 20 y hasta 30 Ha	¢ 200 000,00
Más de 30 y hasta 40 Ha	¢ 150 000,00
Más de 40 y hasta 50 Ha	¢ 100 000,00
Más de 50 y hasta 100 Ha	¢ 50.000,00

 

Se estima que la compensación económica representaría aproximadamente unos 2.800 millones de colones a distribuir entre 490 productores, que podrían calificar para dicho apoyo.  Estos recursos económicos se otorgarían por una única vez.

El dinero de la compensación económica se obtendrá de los derechos arancelarios a la importación de arroz en granza (subpartida 1006.10) y de arroz pilado (subpartida 1006.30) sin tratamiento preferencial (nación más favorecida). 

Ahora bien, en concordancia con el artículo 13° inciso d) del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), es necesario solicitar autorización a la Asamblea Legislativa para la implementación de programas de apoyo económico en un contexto de aplicación de la regla fiscal; este artículo establece lo siguiente:

“d) El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos.” (Letra cursiva no es del documento original).

Es importante señalar que la función administrativa de fomento que realiza el Estado permite crear estímulos o beneficios para inducir indirectamente a que la conducta de los administrados se oriente por sí misma en favor del interés general.  De forma que, dicha función se dirige a satisfacer ciertas necesidades consideradas de carácter público, sea protegiendo o promoviendo determinadas actividades de los particulares que satisfacen tal interés general.

De esta manera, la Administración Chaves Robles considera necesario recurrir a un programa de apoyo económico a la persona productora de arroz pequeña y mediana.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de las señoras Diputadas y señores Diputados la presente iniciativa de ley, para su respectiva discusión y aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

 LEY DE AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO

PARA REALIZAR PAGOS DIRECTOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS DE ARROZ PEQUEÑAS Y MEDIANAS

ARTÍCULO 1-       Objeto

El objeto de la presente ley es autorizar al Poder Ejecutivo para otorgar subsidios mediante un único pago directo a personas productoras de arroz que hayan sembrado cien hectáreas o menos destinadas al cultivo del arroz, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 2-     Persona productora de arroz beneficiaria

Serán beneficiarias del programa de subsidios previstos en esta Ley, las personas productoras de arroz que cumplan con los siguientes requisitos:

a)       Haber sembrado 100 hectáreas o menos en cada una de las siembras registradas en los últimos 3 períodos arroceros (2019-2020, 2020-2021, 20212022), según registro de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).

b)       Haber estado inscrito ante el Ministerio de Hacienda como productor de arroz y estar al día con sus obligaciones tributarias.

c)       Haber registrado la siembra indicada en el literal a) de este artículo ante CONARROZ.

ARTÍCULO 3-       Pago directo

El monto a transferir por concepto de pago directo a la persona productora, estará en función de la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de arroz. Para estimar la cantidad de hectáreas, se aplicará un promedio simple todas las siembras realizadas durante los últimos 3 períodos arroceros y en función de esa cantidad de hectáreas se transferirá, el monto que resultase de multiplicar las hectáreas promedio por el valor de la cada hectárea, de manera que las primeras 10 Ha tienen un monto de trescientos mil colones y las siguientes tendrán un valor descendente de conformidad a la tabla:

Cantidad de hectáreas (Ha) Monto por Ha
Hasta 10 Ha	¢ 300 000,00
Más de 10 y hasta 20 Ha	¢ 250 000,00
Más de 20 y hasta 30 Ha	¢ 200 000,00
Más de 30 y hasta 40 Ha	¢ 150 000,00
Más de 40 y hasta 50 Ha	¢ 100 000,00
Más de 50 y hasta 100 Ha	¢ 50.000,00

 

ARTÍCULO 4-         Autorización al Ministerio de Agricultura y Ganadería

El Ministerio de Agricultura será el responsable de la fiscalización de los beneficiarios del pago directo, para lo cual deberá tomar las medidas de control necesarias para garantizar la correcta ejecución de esta ley.

El Ministerio de Hacienda asignará por medio de presupuesto de la República al Ministerio de Agricultura y Ganadería el monto de los recursos requeridos para la ejecución de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 5-       Autorización del gasto

El presupuesto necesario para la aplicación de la presente Ley, quedará excluido del cálculo de cumplimiento de lo previsto en el Título IV de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), por lo cual se podrá autorizar el presupuesto para estos fines y así garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 6-       Reglamentación

El Poder Ejecutivo emitirá el reglamento a esta ley, dentro de los treinta días naturales a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Rige a partir de un mes posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós.

RODRIGO CHAVES ROBLES

Laura Bonilla Coto

Ministra de Agricultura y Ganadería

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022666494 ).

LEY DE SOSTENIBILIDAD DEL DEPÓSITO LIBRE

COMERCIAL DE GOLFITO, REFORMA A LA LEY 9356

Expediente N.° 23.233

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Depósito Libre Comercial de Golfito fue creado en los años ochenta, esto ante la salida de la compañía bananera de la zona sur, que representaba la principal fuente de ingresos y actividad financiera para la región. Por esta razón, se decidió crear el Depósito con el fin de dotar de reactivar económicamente a los cinco cantones de la zona, que dependían de la actividad bananera, especialmente los cantones Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus.

De acuerdo con la Ley de Creación de éste, los comerciantes del Depósito Libre Comercial de Golfito, cancelan el impuesto único de las mercancías que importan para la venta en dicho recinto, y se trasladan a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, con el fin de que dichos ingresos sean destinados para proyectos de desarrollo dentro de su área de competencia territorial, así como para la distribución de becas para sus estudiantes, es decir, la Institución tiene un importante fin económico y social que promueve el desarrollo integral de la zona, bajo un modelo de distribución de ingresos, que debe ser celosamente resguardado.

Hoy en día el Depósito Libre Comercial de Golfito continúa siendo la más importante fuente de empleo y recursos para la zona, una región que de acuerdo con el Programa Estado de la Nación del año 2021, tiene los cantones con los niveles de valor agregado del sector productivo más bajos del país, esto ante la falta de establecimiento de empresas en la zona y pocas actividades dedicadas a los servicios, por lo que no puede descuidarse de ningún modo la actividad comercial que el Depósito Libre Comercial provee en la zona, pues a pesar de los años de su constitución, es por excelencia el referente y el mayor motor de desarrollo, que ha brindado grandes obras y beneficios a los pobladores de la región.

Y es que a raíz del Depósito Libre Comercial de Golfito, al día de hoy se cuentan con más de quinientas fuentes de empleo directas a éste, que son los destacados en los locales comerciales, funcionarios de JUDESUR, trabajadores del puesto aduanero de Golfito, acarreadores de mercancía internos, así como transportistas de mercancías, que dependen de la actividad comercial que se desarrolla, y adicionalmente, se cuenta con miles de empleos indirectos que gracias al Depósito Libre Comercial de Golfito son prestatarios de servicios a quienes visitan la zona, con esto deben referirse el sector hotelero, de alimentos y bebidas, transportistas, turismo, entre muchos otros, que dependen enteramente de la visitación que se realiza al centro comercial.

Es de especial importancia, referir que aspectos como lo es la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones de índole económica, ha generado una inusitada situación en el Depósito Libre Comercial de Golfito, ya que desde su creación siempre había tenido un cien por ciento de ocupación, no obstante, ante los efectos económicos que trajo la pandemia, así como los elevados costos de operación que tiene la actividad en la zona, al día de hoy 11 locales se encuentran desocupados, lo cual impactó profundamente en la sostenibilidad del empleo en la zona, y de igual forma, esto representó una disminución de recursos para JUDESUR.

Es importante indicar que algunos de estos locales que al día de hoy se encuentran desocupados están sometidos a un procedimiento licitatorio que debe ser atendido de forma urgente, esto con el fin de garantizar siempre la prestación del servicio, pues de lo contrario, todos los locales de forma concomitante podrían estar en desocupación, lo cual colocaría en una situación de riesgo la estabilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, cuando de forma contraria lo que se requiere es de mayor oferta en el centro comercial, mayor reporte de ingresos a través de los tributos que percibe, y como consecuencia lógica de ello la dotación de mayores fuentes de empleo en la zona.

Aunado con lo anterior, desde hace muchos años, existen locales que fueron víctimas de incendios, que a la fecha no se encuentran aún en proceso de construcción, con las consecuencias sociales y económicas que esto conllevar, es decir, no se puede poner de ningún modo en condición de vulnerabilidad, por lo que es importante que estén en condiciones de operar a la brevedad, esto con el propósito de que después de los locales desocupados, sean estos locales siniestrados lo que se sometan a un proceso de concesión, y de forma paulatina se logre llegar a una ocupación y operación de todos los locales comerciales.

Una vez indicado lo anterior, es crucial que se procure la estabilidad económica y social en la zona, esto a través de la continuidad de la actividad comercial que se ejecuta, por lo que se hace necesario que las concesiones para operar locales comerciales que se encuentren vigentes, sean prorrogadas por un plazo adicional, esto con el firme objetivo de dotación de seguridad jurídica que permita continuar con la actividad, así como garantizar fuentes de empleo, ingresos para efectos de ser colocados en proyectos de desarrollo y encadenamientos productivos, así como poder otorgar becas de estudio a los estudiantes de la zona, de ahí la necesidad de ampliar el plazo de concesión para los locales que actualmente se encuentran operativos, en el tanto, los demás locales, tanto los desocupados como los que fueron siniestrados por el fuego, puedan ser construidos y concesionados de forma previa, garantizando así la sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, y consecuentemente de JUDESUR, que no puede quedarse desprovista de recursos de no ser aprobada la presente Ley.

Para ello, se requiere que aquellas concesiones de locales que estén al día en el pago de sus obligaciones con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), sean prorrogadas, ya que es la única manera que se tiene para reactivar económicamente a la región sur-sur. Lo anterior, por cuanto debe atenderse que la actividad comercial que se realiza en el Depósito Libre Comercial de Golfito, se realiza bajo un régimen aduanero especial que requiere de múltiples permisos, de orden sanitario, municipal, ministerial y aduaneros, entre muchos otros, que son obligatorios y previos al funcionamiento de cualquier local, razón por la cual, en aras de la conservación del interés público que se materializa a través del ejercicio de la actividad comercial, resulta necesario darle continuidad al centro comercial, porque la suspensión de la actividad mientras se cumple con lo requerido, conllevaría un inminente cierre técnico, la insostenibilidad financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, la pérdida de miles fuentes de empleo, en fin, confinaría a la región Brunca a una severísima crisis económica y social, que debe ser evitada a toda costa.

Consecuentemente, con el firme propósito de generar una mayor seguridad jurídica dentro de la zona, y ante los próximos vencimientos de los contratos de concesión, es oportuno prorrogar los contratos de concesión por el plazo de diez años, para garantizar el principio de continuidad del servicio, que apareja la inyección de recursos para la Institución, motivo por el cual hace imperiosa la generación de una iniciativa legislativa tendiente a una dotación de mayor seguridad jurídica a los concesionarios de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, para que continúen con las cadenas de importación de recursos a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, y que esta a su vez siga percibiendo recursos.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, sometemos a conocimiento de las señoras y señores diputados la presente iniciativa de ley, para su análisis y discusión.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE SOSTENIBILIDAD DEL DEPÓSITO LIBRE

COMERCIAL DE GOLFITO, REFORMA A LA LEY 9356

ARTÍCULO ÚNICO-           Se reforman el artículo 45 y el Transitorio X, y se adiciona un nuevo Transitorio XI a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), Ley Número 9356, de 24 de mayo de 2016, y sus reformas; para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 45-       Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas físicas como jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté representado por acciones o cuotas nominativas.

El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido las obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Una vez vencida la sumatoria de ambos plazos establecidos en las disposiciones transitorias IX y XI de la presente Ley, así como de la Ley 9356 y sus reformas, las concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de diez años, y así sucesivamente.

Transitorio X-   La Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y su administración quedan obligados a dar inicio, en forma oportuna y con la suficiente antelación, a todos los concursos públicos de concesión, esto sobre aquellas concesiones que tengan obligaciones pendientes con la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, así como los que se encuentren desocupados.

Aquellos locales que tengan morosidad con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), deberán desocupar en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Transitorio XI-        Los contratos de concesión de todos los locales que estén vigentes y en ejecución dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito de conformidad con el Transitorio IX de la presente ley, se prorrogarán adicionalmente por el plazo de diez años a partir del día 06 de mayo de 2024, dicha prórroga aplicará de forma automática, y será otorgada únicamente a quienes estén al día con sus obligaciones con la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, así como las demás obligaciones establecidas por Ley.

Aquellos locales que tengan obligaciones pendientes con la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, no podrán optar por dicha prórroga, y deberán desocupar los locales para que sean dados en concesión.

Rige a partir de su publicación

Sonia Rojas Méndez                            Carlos Andrés Robles Morales

David Lorenzo Segura Gamboa         Alexander Barrantes Chacón

Kattia Cambronero Aguiluz                 Andrés Ariel Robles Barrantes

Carlos Felipe García Molina                José Francisco Nicolás Alvarado

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022666533 ).

DESAFECTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOTES PERALTA DE

SAN RAFAEL PARA FACILIDADES COMUNALES

DE LA URBANIZACIÓN LOTES PERALTA

Expediente N.° 23.221

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Municipalidad de San Rafael, en la sesión ordinaria 149-2021, acordó solicitar a la Asamblea Legislativa, que se desafecte del uso público un bien inmueble matrícula de folio real número 60942-000con de conformidad con el plano catastrado número H-dos uno ocho dos ocho ocho dos – dos cero dos cero (N.° H-2182882-2020), propiedad de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, cédula de persona jurídica número tres – cero uno cuatro – cero cuatro dos cero nueve cinco (N.° 3-014-042095), esto con el objetivo de que lo done a la Asociación de Desarrollo Integral de Lotes Peralta de San Rafael de Heredia, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos – cero ocho cuatro cuatro tres dos cero (N.° 3-002-0844320) y se destine a facilidades comunales de la Urbanización de Lotes Peralta.

Como se indica en el Código Municipal, las municipalidades pueden donar terrenos a instituciones u organizaciones.  En efecto, el artículo 62 establece:

Artículo 6- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines.

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa.

La donación del inmueble que se pretende realizar, es una iniciativa conjunta de la Municipalidad, los vecinos organizados de la comunidad, la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de San Rafael de Heredia, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Asociación de Desarrollo de Lotes Peralta, con el fin de traspasar, acondicionar y mejorar en el lugar, las edificaciones ya construidas tales como, gimnasio deportivo, salón comunal y oficinas.

Para tales efectos y con fundamento en la norma transcrita, la Municipalidad de San Rafael emitió el acuerdo en virtud del cual solicita la autorización legislativa para concretar la donación del inmueble, razón por la cual el suscrito diputado somete a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

DESAFECTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOTES PERALTA DE

SAN RAFAEL PARA FACILIDADES COMUNALES

DE LA URBANIZACIÓN LOTES PERALTA

ARTÍCULO 1- Se desafecta del uso y dominio públicos el terreno propiedad de la Municipalidad de San Rafael, inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles, partido de Heredia, matrícula de folio real número seis cero nueve cuatro dos secuencia cero cero cero (60942-000), que se describe así:  terreno dedicado a cancha de deportes, situado en el distrito 2, San Josecito; cantón cinco, San Rafael, de la provincia de Heredia, con los siguientes linderos:  al norte:  calle pública y otro; al sur con José Ángel León; al este con Fabio Arias y Arquidiócesis; al oeste con calle pública; mide dos mil setecientos noventa y dos metros cuadrados ( 2792 m²). Plano catastrado número H- dos uno ocho dos ocho ocho dos- 2020 (N° H -2182882-2020).

ARTÍCULO 2- Se autoriza a la Municipalidad de San Rafael cédula jurídica tres – cero uno cuatro- cero cuatro dos cero nueve cinco (3-014-042095), para que done el bien inmueble anteriormente desafectado, a la Asociación de Desarrollo Integral de Lotes Peralta de San Rafael de Heredia, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos – cero ocho cuatro cuatro tres dos cero (N.° 3-002-0844320) que será destinado para facilidades comunales de la Urbanización de Lotes Peralta. recreación para el uso y disfrute de toda la comunidad.

ARTÍCULO 3- La Asociación donataria no podrá variar el uso o destino que actualmente tiene el bien inmueble que mediante esta ley se autoriza a donar, ni impedir su uso y disfrute por los vecinos.  En caso de hacerlo o de que la Asociación se disuelva, el inmueble pasará a ser propiedad de la Municipalidad de San Rafael.

ARTÍCULO 4- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso del bien inmueble y proceda a su inscripción en el Registro Nacional.  Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

           Pedro Rojas Guzmán          Kattia Rivera Soto

Diputado y diputada

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022666496 ).

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DE

DESTILADOS DE CAÑA

Expediente N° 23.254

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) es una unidad adscrita al Consejo Nacional de Producción, con competencias definidas por ley, específicamente en el artículo 443 del Código Fiscal. Si bien dicha ley no establece los fines, se logra determinar que el propósito institucional de la Fanal es la producción y el uso del alcohol etílico para fines licoreros e industriales y la elaboración de rones crudos para el consumo nacional y para la exportación.

La ley tampoco enumera de los objetivos, como lo hacen en la actualidad las leyes para algunas instituciones públicas, sin embargo, de la exposición de motivos de la ley 2035, se logra evidenciar una serie de objetivos que motivaron al legislador de aquel entonces a asignarle a FANAL los siguientes fines:

1.       Abastecer el mercado local de alcohol para fines licoreros e industriales.

2.         Elaborar y exportar rones crudos.

3.       Evitar el contrabando de alcoholes y bebidas alcohólicas.

4.         Proteger la salud de los consumidores ante bebidas alcohólicas que no tenían control alguno en su fabricación.

5.         Percibir ingresos al fisco por el control que implica el monopolio.

Por su parte, el artículo 53 de la Ley 2035 del 17 de julio de 1956 dispuso lo siguiente:

Artículo 53.-      En tanto no se dé una nueva ley sobre el monopolio de licores Nacionales, y la Fábrica Nacional de Licores pertenezca al Consejo Nacional de Producción, éste la administrará como una unidad adscrita al Consejo, a fin de que cuente con medios propios y organización, suficiente para abastarse por sí mismo, en lo administrativo.”

El citado artículo 53 fue modificado en su numeración mediante la ley número 6050 del 14 de marzo de 1977, que corresponde a una reforma de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, quedando el mismo en el artículo 50 del Capítulo IX, del Monopolio de Licores y de la Fábrica Nacional de Licores de la siguiente forma:

“Artículo Nº 50. En tanto no se de una nueva Ley sobre el monopolio de licores Nacionales, y la Fábrica Nacional de Licores pertenezca al Consejo Nacional de Producción, éste la administrará como una unidad adscrita al Consejo, a fin de que cuente con medios propios y organización, suficiente para bastarse por si misma, en lo administrativo.

En lo que respecta al monopolio para la producción y uso del alcohol etílico para fines licoreros e industriales, el artículo 443 del Código Fiscal establece lo siguiente:

Artículo 443: Son artículos estancados, el aguardiente, el alcohol y toda bebida alcohólica preparada en el país, cualquiera que sea el procedimiento usado para obtenerla y el nombre con que se le designe. De lo anterior se exceptúan la cerveza, los vinos elaborados mediante fermentación natural de frutas cuyo contenido alcohólico no exceda de un doce por ciento (12%), y las preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias como huevo, leche, azúcar y maicena, siempre que estos productos estén sometidos a una reglamentación especial.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, regulará la elaboración de alcohol y será el organismo responsable de emitir las políticas de desarrollo de esta actividad, de conformidad con el siguiente esquema sectorial:

La producción y el uso del alcohol etílico para fines licoreros e industriales y la elaboración de rones crudos para el consumo nacional y para la exportación, corresponderán a la Fábrica Nacional de Licores, la cual regulará esta actividad de acuerdo con la legislación vigente...

A pesar del mandato y los fines antes señalados, la realidad actual de Fanal dista mucho de la intención con la que fue creada y por ende del valor público que tiene para el país, por el contrario, sus finanzas demuestran el enorme riesgo asumido por el Estado costarricense, inmerso además en una situación fiscal cada vez más alarmante.

La Contraloría General de la República advirtió recientemente (informe DFOE-SOS-IF-00006-2021 28 de octubre, 2021) sobre la grave condición económica de Fanal:

De acuerdo con los Estados Financieros de la FANAL al 31 de diciembre de 2020, el saldo de los activos ascendió a ¢15.193 millones, los pasivos a ¢24.141 millones y el patrimonio presentó un saldo negativo de ¢8.948 millones. Por otra parte, para esa misma fecha la Fábrica presentó una pérdida neta de ¢1.930 millones.

Dicho informe ha determinado que el CNP, al que Fanal está adscrito, tiene un desequilibrio financiero y una insuficiencia patrimonial que hace inviable su sostenibilidad operativa; no tiene la capacidad suficiente para atender sus obligaciones de pago y cumplir eficazmente con los fines y actividades para los cuales se creó.

Por ejemplo, el órgano contralor comprobó que la FANAL no efectúa de forma periódica análisis de indicios de deterioro del valor de los activos, por lo que no puede determinar si el valor contable de los activos ha disminuido y los posibles efectos en los resultados del período. Esto incumple lo estipulado en las Normas Internacionales de Contabilidad, que señalan que la Dirección debe establecer si existe evidencia de deterioro en los activos, por lo que, al finalizar cada período, como mínimo, debe de efectuar una evaluación documentada para determinar si sus activos han sufrido indicios de deterioro.

De igual forma, se identificó que la Fanal no cuenta con una política contable ni procedimientos para el reconocimiento de los costos de los activos, lo cual se evidenció en que no haya registrado como parte del costo de sus activos fijos el monto del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que se genera en la adquisición de sus bienes duraderos y en el pago de los servicios que contrata para llevar a cabo mejoras a tales bienes, a pesar de que se trata de un impuesto no recuperable ni reembolsable que debe formar parte del precio de compra y mejora de los activos.

A su vez, la CGR determinó que existen notas de crédito muy antiguas que están pendientes de aplicar, entre las que se encuentran documentos de 1987. Por otra parte, no se mantienen registros auxiliares de los rubros que componen las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, los cuales permiten mantener un control sobre la fecha en que se originaron las transacciones y el comportamiento que experimentan los saldos período a período.^[1]

Por otra parte, para la cuenta Provisión de Cobranza Dudosa que asciende a ¢877 millones, la Contraloría identificó que la Fábrica dispone de una política de incobrabilidad que data de 2007, la cual se encuentra desactualizada dado que se basa en una directriz emitida por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, derogada desde el 2012. Además, el saldo de la cuenta fue calculado desde 2016 y no ha experimentado ningún tipo de variación desde esa fecha; a su vez, fue distribuido en un 15% (¢131 millones) y 85% (¢745 millones) para las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a Largo Plazo, respectivamente, sin que exista criterio técnico que respalde los porcentajes utilizados.

Lo expuesto líneas arriba genera que el saldo de la Provisión de Cobranza Dudosa no sea razonable, y, por ende, no refleje la realidad de la incobrabilidad de la Fábrica para el período 2020. Es decir, a la fecha el mondo de cuentas por cobrar y las finanzas de Fanal no reflejan la realidad de sus cuentas incobrables, ya que el cálculo se remite al 2016, reflejando una decidía injustificable y un absoluto irrespeto por la ciudadanía y por el deber de rendición de cuentas que toda institución pública debe dar, además de contradecir principios básicos de eficiencia en el manejo de los recursos.

El mismo ex Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada reconoció^[2] que la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) podría quebrar en 10 años y arrastrar consigo al Consejo Nacional de Producción (CNP). Sin embargo, si tal afirmación se contrapone con los datos que revela Contraloría líneas más arriba en su informe, resulta impreciso, ya que hoy por hoy Fanal es insostenible para el Estado. La única razón por la que continúa existiendo es porque se ha cargado a las y los contribuyentes con el peso del fracaso y la mala gestión institucional de Fanal.

El 9 de noviembre de 2021, el entonces presidente del CNP, Ángel Jiménez, le reportó al Consejo de Gobierno que la Fanal acumulaba una deuda por ¢21.800 millones, con acreedores y otras instituciones públicas, teniendo el patrimonio un saldo negativo de ₡8.948 millones, como lo ha podido constatar la Contraloría General.

En resumen, las finanzas de Fanal revelan fragilidad, iliquidez e incapacidad de cobrar y al mismo tiempo de pagar deudas. Las razones financieras son claras, sobre la falta de recursos necesarios para cubrir obligaciones de corto plazo, gastos operativos y compromisos con acreedores.

Es por lo anterior que resulta urgente modificar dos hechos jurídicos actuales: por un lado la naturaleza jurídica de Fanal como actor en la economía, permitiendo la participación de capital adicional de naturaleza privada, que pueda generar mayor dinamismo y que garantice la sostenibilidad y permanencia de la actividad económica desarrollada por Fanal, sin tener que recargar sobre las finanzas públicas el peso de la situación actual, considerando la difícil situación fiscal que atraviesa nuestro país. Por el otro lado, permitir que más actores participen del mercado, ya sean nuevos emprendimientos y también, claro está, la diversidad de consumidores que puedan estar interesados.

Estado del Monopolio de la Fábrica Nacional de Licores.

El monopolio es una situación que resulta de una competencia imperfecta de mercado en la cual existe un solo proveedor para un determinado bien o servicio. Este proveedor no admite la participación de sustitutos por parte de otros productores o vendedores del mismo bien o servicio que le generen competencia. Dicho de otra manera, un mercado puede convertirse en un monopolio cuando una sola empresa tiene el control exclusivo de la producción o de los recursos necesarios para producir un determinado producto. En el caso de Fanal, como se ha indicado al inicio de este proyecto, el monopolio existe por decisión legislativa.

Recientemente, el país atravesó un periodo de pandemia que puso en evidencia la incapacidad de Fanal para poder abastecer a la industria nacional del alcohol requerido para hacer frente a las múltiples necesidades de la producción, quedando en evidencia que la situación monopólica, lejos de beneficiar al país, significó un condicionamiento importante de nuestra capacidad de respuesta.

Mediante circular ME-0021-22 del 5 de enero de 2022, la administración de Fanal se comunicó con sus clientes para darles a conocer un oficio del 23 de diciembre en el que informó que las cantidades de licores y alcohol disponibles para la venta tendrían una reducción sustancial.

A propósito de dicha reducción, la Cámara de Industrias de Costa Rica, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria alzaron la voz en contra de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) como único proveedor de alcohol, ya que tal situación, además de conllevar consecuencias para el abastecimiento vital en medio de la emergencia, pone en riesgo la operación de muchas empresas y significó una seria amenaza con la pérdida de miles de empleos.

En medio de tal situación, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), entidad adscrita al MEIC, consideró imperativo eliminar el monopolio del alcohol que posee la Fanal.

Mariana Castro, presidenta de esa comisión, argumentó que la actual crisis por el virus del covid-19 evidencia la necesidad de que exista mayor competencia en este mercado costarricense.

“Fanal demostró su incapacidad para surtir alcohol en gel a los miles de familias costarricenses que han esperado por varios días para adquirir dicho producto a través de la página web”.^[3]

La Comisión para Promover la Competencia señaló en aquel momento la necesidad de que el país acabe con el monopolio de Fanal, ya que perjudica a la industria nacional.

Hoy por hoy, tal y como lo ha manifestado la misma Coprocom, no existe justificación alguna para la existencia de este monopolio de la producción de alcohol en el país. Por el contrario, la crisis por el virus del COVID-19 ha evidenciado, de forma todavía más grave, la necesidad de que exista mayor competencia en este mercado, especialmente en momentos de crisis, cuando las necesidades de los consumidores por subproductos del alcohol son cada vez mayores.

Por su parte, un informe de Euromonitor International^[4] de mayo 2021 provisto por Procomer al Despacho de la Diputada Kattia Cambronero Aguiluz, proponente de esta iniciativa, deja en evidencia que una de las justificaciones de creación de Fanal en sus orígenes hoy por hoy carece de todo sentido, ya que en la práctica esta fábrica no puede satisfacer tal fin: que las bebidas espirituosas de contrabando y la clonación de marcas continúan siendo problemas graves en Costa Rica, que afectan los ingresos fiscales del gobierno y perjudican tanto a las costosas marcas icónicas importadas como a las bebidas espirituosas locales más baratas.

El comercio paralelo está relacionado con el crimen organizado, el lavado de dinero, el fraude y el control sanitario (calidad del producto), como el alcohol destilado, que se diluye y envasa en el país:

Más productos se venden ilegalmente “bajo el mostrador” en todo el país, especialmente dentro de la amplia base de pequeños supermercados independientes, que ofrecen dichos productos a precios reducidos. Se estima que casi el 50% del consumo total de whisky en el país se deriva de productos ilegales, lo que se relaciona con el contrabando transfronterizo. Dicho informe concluye que el contrabando de bebidas alcohólicas sigue siendo un tema sensible clave en Costa Rica.^[5]

Adicionalmente, el mismo documento señala que Costa Rica se utiliza a menudo como un mercado experimental a menor escala para probar la popularidad de nuevos productos, antes de replicarlos y distribuirlos en otros países de América Latina. Como tal, se beneficia de las nuevas innovaciones, que pueden traer consigo mayor dinamismo a la economía y el potencial de encadenamientos productivos que podrían tener un mayor alcance si no existiera el monopolio de Fanal.

Ante la situación de precariedad y retraso que supone para el país el mantenimiento de Fanal y al mismo tiempo ante la oportunidad que significa dejar este monopolio en el pasado, con fundamento en las consideraciones expuestas se somete a conocimiento de las señoras y señores Diputados, el presente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DE

DESTILADOS DE CAÑA

CAPÍTULO I

Apertura del monopolio de la Fábrica Nacional

de Licores y venta de sus acciones.

ARTÍCULO 1-    Finalidad de la ley.

La presente ley establece el procedimiento y los medios legales para la conversión y apertura del monopolio de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), en todas sus actividades productivas y comerciales.

ARTÍCULO 2-    Transformación de la Fanal en una sociedad anónima de capital mixto.

Conviértase la Fábrica Nacional de Licores, en adelante Fanal, en una sociedad anónima de capital mixto.  La constitución y su inscripción respectiva serán realizadas por el Estado.  La escritura constitutiva será otorgada ante la Notaría del Estado, por el Procurador General de la República, en nombre del Estado.  El proceso constitutivo estará libre del pago de derechos y tasas.

ARTÍCULO 3-    Autorización para la venta parcial del capital accionario de la Fanal.

Autorícese la venta del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital accionario de la Fanal. La venta de dichas acciones será por medio de licitación pública. El precio mínimo de venta será, al menos, el que resultare del avalúo descrito en el artículo 4 de esta ley. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio definirá las condiciones del cartel.

En el caso del cincuenta y un por ciento (51%) de acciones pertenecientes al Estado, éste quedará facultado para establecer un fondo de beneficios para los trabajadores, por un máximo del dos por ciento (2%) de sus acciones, que podrá ser administrado por la organización laboral que los trabajadores, mediante acuerdo mayoritario, determinen. Los beneficios otorgados por medio de este fondo no serán parte del salario del trabajador, ni se prolongarán más allá de la relación laboral.

ARTÍCULO 4-    Avalúo por concurso público.

Una vez que entre en vigencia la presente ley, el Consejo de Gobierno, convertido en asamblea general de accionistas, estará autorizado y deberá iniciar un concurso público para practicar un avalúo de las acciones, en un plazo de seis meses después de aprobada esta ley.  Luego de definido el valor, se iniciará el proceso de venta del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital accionario. Este concurso ocupará un lugar prioritario en los pendientes de dicho Consejo y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio será instruido como su principal responsable.

ARTÍCULO 5-    Destino de los recursos obtenidos por la venta de la Fanal.

La totalidad del monto obtenido de la venta de las acciones de la Fanal se destinará al pago de la deuda pública.

ARTÍCULO 6-    Derechos adquiridos.

La venta de las acciones mencionadas en el artículo 3 de esta ley no afectará los derechos y las obligaciones que Fanal haya contraído con anterioridad a este hecho, ni los derechos de sus trabajadores.

ARTÍCULO 7- Responsabilidad patronal, liquidación y pago de extremos laborales.

Los trabajadores de la Fanal quienes así lo deseen, tendrán derecho a dar por terminada la relación laboral, en un plazo no mayor a la modificación de Fanal en sociedad de capital mixto, una vez dicha modificación sea consignada por la Procuraduría, por lo que se les reconocerán todos sus extremos laborales.

Por su parte, la nueva administración de Fanal estará facultada a reorganizar el recurso humano en la forma que resultare más eficiente para su gestión, por lo que, basada en un estudio técnico para ello, procederá a realizar la liquidación y el pago de las prestaciones legales de los funcionarios que deban ser cesados.

El pago de los extremos laborales deberá realizarse a más tardar sesenta (60) días después de la entrega de la carta de cese a los trabajadores. Si se produjere un atraso en el pago de las liquidaciones a los trabajadores, por causas no imputables a ellos, el Estado deberá reconocerles el pago de los intereses correspondientes al período de atraso.

El Consejo de Gobierno podrá instruir el traslado de los funcionarios cesados a otras instituciones del Estado, preferiblemente a aquellas con oficinas en las cercanías de la comunidad de Grecia, en la provincia de Alajuela y sus alrededores. Lo anterior previo estudio de la necesidad y conveniencia para la administración realizado con ayuda del Ministerio de Planificación (Mideplan).

En el caso de aquellos trabajadores a quienes les falten hasta cuatro (4) años para la jubilación, dicho traslado será obligatorio y de forma preferente.

ARTÍCULO 8-    Derogatoria del monopolio estatal de la Fábrica Nacional de Licores.

a)         Deróguense los artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley titulada “Reforma Ley Orgánica del Consejo Nacional Producción (C.N.P.), de 14 de marzo de 1977.

b)         Deróguense los artículos 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 y 467 del Código Fiscal, Ley N° 8 de 31 de octubre de 1885 y sus reformas, y el monopolio estatal para la fabricación de alcohol.

CAPÍTULO II

Las situaciones jurídicas consolidadas y los

procesos judiciales pendientes.

ARTÍCULO 9-    Trámite de acciones.

El Ministro Economía, Industria y Comercio estará a cargo de hacer efectivo el traspaso de las acciones vendidas una vez comprobado que se hubieren cancelado en favor del Estado.  Así mismo, asumirá la titularidad y representará los intereses del Estado en las asambleas de accionistas de la empresa, por el porcentaje restante de acciones en manos del Estado, sin perjuicio de que el Presidente de la República decida ejercer esta facultad en los casos que estime conveniente.

ARTÍCULO 10-  Procesos judiciales y representación judicial.

Para los efectos de llevar a cabo la venta de acciones que esta ley dispone, los plazos de todos los procesos judiciales en los que la Fanal sea parte o coadyuvante, en materia civil, mercantil o contenciosa, se tendrán por interrumpidos hasta que finalice y sea inscrita la venta del porcentaje de las acciones autorizado en esta ley. Una vez finalizada la inscripción, la Procuraduría General comunicará de tal hecho a la Corte Suprema de Justicia, para que esta instruya a los órganos judiciales y sea retomada la tramitación normal de los procesos.

CAPÍTULO III

Disposiciones finales y transitorias.

ARTÍCULO 11-  Reglamento.

El Poder Ejecutivo emitirá el reglamento requerido para garantizar la aplicación de la presente ley, dentro de los dos meses posteriores a su publicación.

TRANSITORIO ÚNICO- Se concede un término de seis meses, a partir la promulgación de la presente ley, para que la administración de Fanal prepare el procedimiento de venta y demás fines descritos en el presente cuerpo normativo.

Rige a partir de su publicación.

Kattia Cambronero Aguiluz	Johana Obando Bonilla
Eliécer Feinzaig Mintz	Gilberto Campos Cruz
Diego Vargas Rodríguez	Jorge Dengo Rosabal

 

Diputadas y Diputados

NOTA:  Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022666630 ).

LEY PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN

DE COOPERATIVAS MEDIANTE LA REFORMA

DE VARIOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES N° 4179,

DE 22 DE AGOSTO DE 1968, N° 5185, DE 20

DE FEBRERO DE 1973, Y N° 6756,

DE 5 DE MAYO DE 1982

Expediente N.° 23.243

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Según su ley constitutiva, las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas, en las que los individuos se organizan democráticamente, a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro.

La Ley de Asociaciones Cooperativas también puntualiza que es un asunto de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes del país.

Es decir, el Estado y demás instituciones públicas deben estimular y facilitar que la opción del cooperativismo, pueda extenderse dentro de los distintos ámbitos y actividades que promuevan el desarrollo socioeconómico del país, así como procurar el propio bienestar de los asociados.

Desde esta perspectiva, la Ley de Asociaciones Cooperativas que data del año 1968, contiene requisitos y condiciones que, en el momento actual, podrían significar impedimentos o trabas para que las personas que quieran asociarse en una cooperativa, lo hagan con mayor facilidad y celeridad.

Es tan valioso para el país el cooperativismo, que el constituyente de 1949 así lo visualizó y dispuso en el artículo 64 constitucional, que el Estado debe fomentar la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida para los trabajadores.

La Ley de Asociaciones Cooperativas vigente dispone en el artículo 31 lo siguiente:

Artículo 31- Las cooperativas se sujetarán a las siguientes condiciones:

a)                 Se constituirán con responsabilidad limitada, y de sus compromisos responderán el haber social y los asociados hasta por el monto de los aportes suscritos.

b)             Se constituirán mediante asamblea que celebren los interesados, de la cual se levantará un acta.

c)                 No podrán constituirse mientras no está suscrito íntegramente el patrimonio social inicial y no se haya pagado, por lo menos, el 25% de importe total del mismo.

En el caso de las cooperativas de autogestión, este aporte inicial podría estar constituido por el compromiso de trabajo de los socios según lo que establezca el reglamento.

d)                 No podrá constituirse con un número menor de 20 asociados, exceptuándose las cooperativas de autogestión que se constituirán con un número no menor de 12 personas.

e)                 Tendrán su domicilio legal en el lugar donde realicen el mayor volumen de sus operaciones.

Al margen de que pueda modificarse el procedimiento formal para la constitución e inscripción o registro de una cooperativa, el inciso d) contiene una disposición que ha criterio de la suscrita diputada, dificulta e impide que grupos menores de personas que tengan algún emprendimiento, idea o proyecto con posibilidades de corporativizarse, no lo puedan hacer, porque la normativa vigente establece que deben ser 20 asociados o 12 en las asociaciones de autogestión.

Lo anterior en la dinámica social, económica y productiva que vive el país, puede constituirse en una barrera, en una limitación injustificada para que un grupo reducido de personas, con propuestas viables y posibles, puedan materializar sus sueños, emprendimientos o pequeñas empresas y ayudar de esta manera en ese tortuoso camino de reactivar verdaderamente la economía local o nacional.

Históricamente el cooperativismo ha sido una herramienta para que grupos mayores a 20 personas, en la mayoría de los casos, se unan y se asocien en una organización que les podría facilitar el acceso a financiamiento, asesorías, apoyo técnico y capacitaciones, entre otros. Las economías pequeñas como la nuestra, tienen en las pequeñas actividades y emprendimientos, un motor para el desarrollo y debemos multiplicar estas opciones, con el fin de ampliar las posibilidades de un mayor bienestar social para todos los habitantes del país. Para eso, se necesita alivianar los trámites y requisitos para el nacimiento y constitución de las asociaciones cooperativas.

En España, por ejemplo, la Ley de Cooperativas dispone en el artículo 8 que salvo aquellos supuestos en que por otra ley se establezcan otros mínimos, las cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos, por tres socios. Uruguay en el artículo 8 de la Ley de Cooperativas, Regulación, Constitución, Organización y Funcionamiento, establece que, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado, las cooperativas tienen ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco.

En Colombia, el artículo 5 de la Ley 79 de 1988 establece abiertamente como requisito que el número de asociados sea variable e ilimitado. De igual manera, la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina, promovida por la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, señala también como requisito, la ilimitación y variabilidad del número de socios.

Estos son algunos ejemplos de la regulación que hace el derecho comparado, sobre el tema que nos ocupa en la presente iniciativa, y que nos ejemplifican cómo en algunas legislaciones extranjeras, existe una tendencia para disminuir el número de personas necesarias para crear una cooperativa, que es precisamente la finalidad de este proyecto de ley, que someto a consideración de las señoras y señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN

DE COOPERATIVAS MEDIANTE LA REFORMA

DE VARIOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES N° 4179,

DE 22 DE AGOSTO DE 1968, N° 5185, DE 20

DE FEBRERO DE 1973, Y N° 6756,

DE 5 DE MAYO DE 1982

ARTÍCULO ÚNICO-        Refórmense los artículos 31, inciso d), 44 y 46 de las leyes 4179, de 22 de agosto de 1968, 5185, de 20 de febrero de 1973, y 6756, de 6 de mayo de 1982, de tal forma que en los tres casos se lean de la siguiente forma:

Artículo 31-   Las cooperativas se sujetarán a las siguientes condiciones:

(…)

d)     No podrá constituirse con un número menor de 7 personas.

(…)

Artículo 44-   La asamblea de asociados, ordinaria o extraordinaria, se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, cuando esté presente al menos, la mitad más uno de sus miembros.

Si no se lograra el cuórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la asamblea de asociados podrá efectuarse legalmente con la asistencia del 30% de sus integrantes.

En la asamblea de delegados, sea ordinaria o extraordinaria, el cuórum en primera convocatoria, no será inferior a la mitad más uno del total de delegados. En la asamblea de delegados, en su segunda convocatoria, dos horas después, deberán estar presentes por lo menos el 30 por ciento de los delegados.

Artículo 46-       Corresponde al consejo de administración, que será integrado por un número impar no menor de cinco miembros, la dirección superior de las operaciones sociales, mediante acuerdo de las líneas generales a que debe sujetarse el gerente en la realización de los mismos, dictar los reglamentos internos de acuerdo con la ley o con sus estatutos, proponer a la asamblea reformas a los estatutos de la cooperativa y velar por que se cumplan y ejecuten sus resoluciones y las de la asamblea general de asociados o delegados.

También podrá conferir el gerente toda clase de poder, generalísimo, generales, especiales y especialísimos, para llevar a cabo su gestión administrativa, así como suspenderlo de su cargo o removerlo.

Rige a partir de su publicación.

Montserrat Ruiz Guevara

Diputada

NOTA:    Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022666637 ).

LEY QUE FACULTA A LOS REGIDORES SUPLENTES

A INTEGRAR, CON VOZ Y VOTO, LAS COMISIONES

PERMANENTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES

Expediente Nº 23.245

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los órganos de la Administración Pública son de distinta naturaleza jurídica. En el caso concreto, las municipalidades son gobiernos locales, corporaciones autónomas conforme lo establece el artículo 170 Constitucional, donde concurren como órgano colegiado, según corresponda, y de acuerdo con el artículo 12 del Código Municipal, el alcalde, regidores y munícipes para ejercer la administración de los bienes y servicios locales.

Ahora bien, dentro de la organización administrativa del ente municipal, en el artículo 13, inciso n), del Código se le atribuye la función al concejo municipal para “crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones”. Y, de acuerdo con Cabanellas Guillermo, en su Diccionario enciclopédico de derecho usual, se podría afirmar que las comisiones municipales constituyen el órgano colegiado compuesto por el conjunto de regidores a los que, por imperio de ley, el presidente del concejo nombra, les otorga el conocimiento de determinada materia, concediéndoles un lapso temporal determinado para que emitan los informes pertinentes al tópico que les correspondió, por lo que queda claro que no son órganos de decisión final sobre asuntos.

Como lo señala la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-210-2010 de 15 de octubre del 2010, “el Código Municipal establece las pautas generales bajo las cuales se rige la conformación de las comisiones permanentes y especiales en las municipalidades”. Al respecto, el artículo 13, inciso n), del Código Municipal establece la atribución del concejo municipal para “crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones”.

Una vez creada las comisiones por parte del concejo municipal, el Código Municipal, en el inciso g) del artículo 34 dispone que la competencia de integrar tales comisiones es atribuida al presidente del concejo, como órgano unipersonal, con carácter exclusivo, pero tal atribución se encuentra limitada por el único requisito de respetar la participación equitativa de las fracciones políticas representadas en el concejo.

Sobre el particular, la Sala Constitucional ha señalado, refiriéndose al artículo 37 del anterior Código Municipal, Ley 4574, pero cuyo texto es similar al artículo 34 vigente, lo siguiente:

Ahora bien, la potestad consagrada en el artículo 37 inciso g) del Código Municipal, si bien no obliga al Presidente del Concejo Municipal a constituir todas y cada una de las comisiones de manera que representen fielmente la composición del Concejo, sí lo obliga a utilizar todos los medios razonables para dar una efectiva participación a todos aquellos grupos representados en el Concejo. En este caso, el señor Presidente Municipal, si bien lo hizo con posterioridad a la interposición de este recurso, lo cierto es que a la fecha consiguió dar a los partidos Alajuelita Nueva y Unión General, participación en la mayoría de las comisiones municipales, incluyendo dos de las establecidas por el mismo Código, como lo son la de Hacienda y Presupuesto y la de Asuntos Varios. A la fecha no existe interés actual a tutelar, pues la omisión realizada por el Presidente en un inicio, ha sido debidamente subsanada.

De todos modos, no resulta razonable exigir al Presidente del Concejo Municipal que dé, a todos los partidos políticos, participación en todas y cada una de las comisiones o que la dé en todas aquellas en que a tales partidos les interesa participar. El Presidente del Concejo lo es también por designio popular, pues quienes lo designaron fueron precisamente los representantes directamente elegidos por el electorado de su cantón. Fueron los ciudadanos los que, mediante su voto, determinaron la composición del Concejo Municipal. La potestad de nombrar los miembros de las diversas comisiones es una atribución discrecional, para la cual apenas debe exigirse el respeto del deber de procura de la participación plural a que ya se hizo referencia”. (Sala Constitucional. Resolución N° 6588-98 de las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. El resaltado no es del original)

Ahora bien, en nuestra legislación costarricense los artículos 34 y 49 de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y sus reformas establece dos tipos de comisiones dentro de las corporaciones municipales: las permanentes y las especiales. Las permanentes atienden al menos ocho diferentes tipos de asuntos, entre ellos: Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer y de Accesibilidad (Comad), procurando que en estas se representen las diferentes tendencias políticas.

Asimismo, en ese mismo numeral 49 de la citada norma, se dispone que dentro de toda corporación municipal podrán existir las comisiones especiales que el Concejo municipal decida crear, el presidente municipal estará encargado de integrarlas y no están sujetas a un número determinado de miembros y se conforman, tanto, por regidores propietarios, como por suplentes.

Es importante recalcar que el Código Municipal, en el numeral citado, resalta la posibilidad de que las comisiones especiales, deberán estar conformadas por al menos tres miembros, donde dos deberán ser escogidos entre regidores propietarios y suplentes, además, los síndicos propietarios y suplentes podrán integrar la comisión y podrán tener voz y voto en los temas que se desarrollen, sumado a esto, la conformación de podrá contar con funcionarios municipales y particulares, que podrán participar en las sesiones con carácter de asesores, es decir contarán únicamente con voz.

Naturaleza de la figura del regidor suplente

Los artículos 169 y 171 de la Constitución Política establecen la forma de integración de los gobiernos municipales, ya que por un lado constituye la existencia de un órgano ejecutivo en las corporaciones municipales y, por otro, un órgano deliberante integrado por regidores, al indicar que:

Artículo 169.    La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y un funcionario ejecutivo que designará la ley.

Artículo 171. Los regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y desempeñarán sus cargos obligatoriamente.

La ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, las Municipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no menos de cinco Regidores propietarios e igual número de suplentes.

Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del año correspondiente. (El resaltado no es del original).

En especial atención a esta última norma constitucional, se deja abierta la posibilidad de que, por ley, es decir, mediante el Código Municipal, se les designen las funciones a los regidores, tanto suplentes como propietarios.

En relación con la naturaleza del regidor suplente, en el dictamen C-208-08 de 17 de junio de 2008, emitido por la Procuraduría General de la República manifiesta lo siguiente:

La figura del regidor suplente es de antigua data en nuestro Derecho nacional. Su función ha sido sustituir al regidor propietario durante sus ausencias. Bajo el amparo del antiguo Código Municipal, Ley N° 4574 del 4 de mayo de 1970, nuestra jurisprudencia administrativa había indicado que la función del regidor suplente es sustituir temporal y personalmente a los regidores propietarios durante sus ausencias. También se subrayó que los regidores suplentes no forman parte del Concejo Municipal. Al respecto, se ha dicho en el dictamen C-108-1997 del 22 de julio de 1997:

La suplencia es una técnica al servicio de la continuidad en el funcionamiento de las Administraciones Públicas en los supuestos en los que tal continuidad es imposible con el mantenimiento de la situación ordinaria, el elemento causal de la imposibilidad del ejercicio de la competencia, con la involuntariedad a él inherente, es, así, el rasgo individualizador de la suplencia respecto de otras figuras similares. Ahora bien, tal imposibilidad puede afectar; bien a la persona física titular del órgano, supuesto en el que ésta es suplida por otra, sin traslación competencial Inter orgánica, en la denominada suplencia personal o de titular o suplencia por excelencia; bien al órgano mismo, caso en el que tal traslación tiene lugar en virtud de la llamada suplencia orgánica”.

Con la entrada en vigencia del actual Código Municipal en 1998, la Procuraduría mantiene tal criterio: la función del regidor suplente es sustituir al propietario durante sus ausencias. Al respecto, es oportuno citar la Opinión Jurídica OJ-115-1999 del 5 de octubre de 1999:

Finalmente, en cuanto a los regidores suplentes, el Código Municipal establece que están sometidos a las mismas disposiciones que los regidores propietarios, siendo que, en las ausencias temporales u ocasionales de aquéllos, les corresponde sustituir al titular de su mismo partido político. Para ello, deben asistir a todas las sesiones del Concejo, pero mientras se mantengan en la condición de suplentes, carecen de voto (artículo 28), y no forman parte del Concejo Municipal.

Ese órgano consultor afirma que el regidor suplente no forma parte del concejo municipal, refiriéndose a las sesiones del concejo municipal, como “órgano superior supremo de la jerarquía administrativa”, lo cual es conteste con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Municipal que dispone:

Artículo 28- Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las mismas disposiciones de este título para los regidores propietarios. Sustituirán a los propietarios de su partido político, en los casos de ausencias temporales u ocasionales.

Los suplentes deberán asistir a todas las sesiones del Concejo y tendrán derecho a voz. Para las sustituciones, serán llamados de entre los presentes, por el presidente municipal, según el orden de elección. En tal caso, tendrán derecho a voto.

Como puede desprenderse tanto de los criterios de la Procuraduría como de las disposiciones legales, la finalidad propia de las funciones del regidor suplente está dirigida a sustituir al regidor propietario en las sesiones del concejo municipal y de allí se desprende su capacidad jurídica para actuar, pues evidentemente tal capacidad no se ostenta fuera del ejercicio de la sustitución, dado que no forman parte del órgano superior supremo de la jerarquía administrativa municipal, es decir, el concejo municipal.

Si bien, los regidores suplentes no forman parte del órgano superior supremo, sí forman parte del gobierno municipal, tal como lo establece numeral 12 del Código Municipal como se explicó anteriormente. Tanto es así que en el artículo 49 de ese cuerpo normativo el legislador les otorgó la competencia de integrar las comisiones especiales, mas no les dio la facultad de integrar comisiones permanentes —a excepción de cuando se trate de la sustitución—, puesto que no existe norma que expresamente lo disponga, pues toda la Administración Pública se sujeta al principio de legalidad, y como las municipalidades participan de ese carácter público, debe ajustar sus actuaciones a lo que la ley expresamente disponga.

Esa contradicción normativa no encuentra fundamento lógico, pues ambos tipos de comisiones dictaminan asuntos propios del ente municipal sin carácter de resolución final, sino más bien recomendativo; por lo tanto, no se encuentra lógica ni diferencia entre ambos tratos.

Incluso, para mayor abundamiento sobre la necesidad de esta reforma, el mismo artículo 49 del Código Municipal, en su último párrafo, definió con carácter de comisión permanente el comité cantonal de la persona joven, que según se constata en el artículo 24 de la Ley 8261 “Ley General de la Persona Joven”, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas, tal comisión está integrada por representantes que no fueron electos popularmente, no forman parte del gobierno municipal, de acuerdo con la definición dada en el artículo 12 del Código Municipal.

Dados los anteriores razonamientos, es que este proyecto de ley, al amparo de la libertad que concede el artículo 171 Constitucional para legislar en la forma de actuar de los regidores y partiendo de que la doctrina ha reconocido en la figura del suplente como una técnica para darle agilidad al funcionamiento de la administración pública, es que se propone reformar varios artículos del Código Municipal, de manera que se habilite la posibilidad de que los regidores suplentes puedan integrar comisiones permanentes con voz y voto, tal como lo consideró el legislador cuando dispuso en el numeral 49 del Código Municipal, para el caso de las comisiones especiales.

Así, replicando la fórmula que habilita el Código Municipal, en cuanto a la integración de las comisiones especiales por parte de regidores tanto propietarios como suplentes, se propone que, también los suplentes puedan conformar este tipo de órganos permanentes, de manera que legalmente tengan asignado, además de su deber de suplencia, el de integración de comisiones, ya no solo especiales, sino las de carácter permanente.

Se subraya en dos aspectos muy en particular, el primero, que no se trata de una función que pueda contraponerse ni entrar en conflicto con la función elemental de suplir a los regidores propietarios, y segundo, se trata de desempeñar una función que no involucra la toma de decisiones finales ni resolutivas, puesto que la labor encomendada a este tipo de órganos es de estudio, análisis y de emisión de recomendaciones, que deberán elevar al pleno del órgano colegiado municipal, para que sea este, el que adopte, por mayoría correspondiente, la decisión final sobre el asunto concreto.

Lo anterior también se fundamenta en el hecho de que la realidad de asuntos que las corporaciones municipales deben atender bajo la función principal de administrar los intereses y servicios locales en cada cantón ha aumentado significativamente, e imposibilitando a los regidores atender la extensa gama de asuntos que se desprenden de ella, pues no es posible comparar los asuntos que las municipalidades empezaron a atender desde la creación de Código Municipal, en 1973 a la actualidad, donde son las municipalidades las encargadas de atender temas de trascendencia nacional, como por ejemplo, las funciones que se han encomendado con la aprobación de la Ley 9329, “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, de 15 de octubre de 2015, hasta la más reciente, Ley 10199, “Ley de Vivienda Municipal”, de 28 de junio de 2022; Ley N° 10126, “Ley de Comercio al Aire Libre”, entre otras.

En razón de lo anterior, se solicita a los señores diputados, de la manera más respetuosa, el apoyo para la aprobación de tan importante proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY QUE FACULTA A LOS REGIDORES SUPLENTES

A INTEGRAR, CON VOZ Y VOTO, LAS COMISIONES

PERMANENTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 1-    Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 28-  Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las mismas disposiciones de este título para los regidores propietarios. Sustituirán, en las sesiones del concejo municipal, a los propietarios de su partido político, en los casos de ausencias temporales u ocasionales; además, cuando participen en las comisiones permanentes, tendrán voz y voto.

[…].

ARTÍCULO 2-        Se reforma el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 49-     (…)

Cada concejo integrará, como mínimo, nueve comisiones permanentes: Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer, de Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el gobierno municipal, y sus integrantes serán escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes. La Comisión Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de asesores, a los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y de asociaciones comunales.

[…]

Rige a partir de su publicación.

Horacio Alvarado Bogantes

Diputado

NOTA:      Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022666913 ).