PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD MONTEVERDE

Expediente N.° 22.580

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Motivo de la aprobación en segundo debate del expediente 21.618 “CREACIÓN DEL CANTÓN DE MONTEVERDE, CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS” que convierte el territorio de Monteverde como el cantón 83 de Costa Rica, y el 12 de la provincia de Puntarenas.

Dentro las características geográficas y territoriales que presenta actualmente el cantón de Monteverde, se hayan las siguientes:

-    Cabecera: Santa Elena.

-    Distritos: 1. Monteverde.

-    Extensión: 53.05 Km²

-    Población: Al 2011: 4.155 personas.

La transformación del Consejo Municipal de distrito de Monteverde a cantón de Monteverde conlleva una serie de cambios en su estructura administrativa y una autonomía constitucional en la administración de los intereses y servicios de su jurisdicción territorial; por lo cual tienen entre otras responsabilidades brindar los servicios de recolección de basura y de limpieza de vías y sitios públicos; mantener los caminos y parques en buen estado; proteger los recursos naturales; construir vías públicas; dirigir servicios públicos para la construcción y permisos para el funcionamiento de negocios comerciales; recaudar y administrar los impuestos municipales, y la planificación urbana y rural del cantón y demás servicios que promuevan el crecimiento de los índices de desarrollo humano de su jurisdicción, de manera tal que sus actividades incidan en una mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes.

Al asumir como gobierno territorial, es necesario que se le asignen los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones que constitucionalmente y por ley le son asignadas, por lo que se hace necesario que se genere una ley de patentes para el cantón de Monteverde, teniendo en cuenta que la materia impositiva es reserva de ley y por cuanto únicamente corresponde a la Asamblea Legislativa dictar las normas que fijen las tasas y precios de los impuestos municipales, como lo es en este caso el impuesto a las patentes. A tal efecto, según el artículo 77 de la Ley N.° 7794 deja claro que se propondrá al ente Legislativo los tributos que el gobierno local considere necesarios.

Si bien es cierto, el gobierno local, no puede presentar la propuesta hasta su constitución formal, también lo es que, en esta circunstancia especial, al no existir aún un gobierno local constituido mediante el voto popular, sería más ventajoso contar con una ley que garantice sus ingresos desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno municipal, pudiendo este proponer las enmiendas que considere oportunas en su momento.

Sobre el tema, la Ley de “CREACIÓN DEL CANTÓN DE MONTEVERDE, CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS”, indica en su transitorio III, que los ingresos provenientes por concepto de patentes se regirán bajo la Ley de Patentes del Cantón de Puntarenas, hasta que en un plazo máximo de 12 meses de instalada la nueva Municipalidad de Monteverde cuente con su propia ley debidamente publicada, por lo que la intención de la presentación de este proyecto de ley es facilitar el acceso del nuevo cantón su propia ley de patentes en el menor plazo posible y evitar cualquier obstáculo que demore la entrada en vigencia de todo lo concerniente a la regulación de las patentes municipales.

Debe tenerse claro que el cobro de las patentes municipales es una obligación establecida por el Código Municipal para cada una de las corporaciones municipales del territorio costarricense; sin embargo, este canon únicamente podrá cobrarse cuando exista la normativa especial habilitante, dada la reserva de ley que existe en nuestro país para la materia impositiva. De forma tal que la satisfacción de un interés de los administrados y una obligación de la corporación municipal, como lo es el otorgamiento de licencias para desarrollo de actividades comerciales y el cobro del impuesto de patentes solo puede garantizarse a partir del momento en que se encuentre publicado en el diario oficial La Gaceta la Ley de Patentes para el cantón Monteverde y aunque la Ley de Creación del Cantón habilita a las nuevas autoridades para que le aplique la Ley 7866 “TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS”, la herramienta propuesta parte de un análisis técnico y con la participación de diferentes actores que además estuvieron presentes en la construcción de la Ley 9932 del 18/01/2021 “Ley de patentes de la Municipalidad de Río Cuarto.”

Siendo imperiosa necesidad de que el nuevo cantón de Monteverde cuente con su propia ley de patentes y que esta sea un instrumento actualizado, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD MONTEVERDE

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1-            Objeto. El objeto de la presente ley es establecer a favor de la Municipalidad del cantón de Monteverde de Puntarenas un impuesto sobre las actividades lucrativas que desarrollen las personas físicas o jurídicas en el cantón.

ARTÍCULO 2-            Sujetos pasivos. Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas o jurídicas que realicen actividades lucrativas en el cantón de Monteverde de Puntarenas.

ARTÍCULO 3-            Hecho generador del impuesto de patentes. El hecho generador del impuesto es el ejercicio de cualquier tipo de actividad lucrativa efectuada por persona físicas o jurídicas a título oneroso que se desarrolle en un establecimiento o no, en el cantón de Monteverde de Puntarenas.

De previo a realizar cualquier actividad lucrativa en el cantón de Monteverde, deberá el interesado obtener un permiso o licencia y pagar el impuesto de patentes que se derive de dicha actividad comercial. El impuesto de patentes se pagará todo el tiempo que el establecimiento se encuentre abierto, se ejerza el comercio en forma ambulante, o se desarrolle por medios digitales y durante el tiempo en que se posea dicha licencia, aunque la actividad no se haya ejercido.

En aquellos casos en que la actividad lucrativa principal se desarrolle fuera del cantón de Monteverde, pero el contribuyente realice también actividades lucrativas en este cantón, por medio de sucursales, agencias o similares de conformidad con los lineamientos que oportunamente emita la Municipalidad, los sujetos pasivos que operen en ese nivel, deberán pagar a la Municipalidad de Monteverde el impuesto de patentes que se determine porcentualmente, de conformidad con lo declarado en un informe porcentual aclaratorio que deberá presentar el sujeto pasivo, donde se demuestre lo percibido por concepto de los ingresos brutos en el territorio de cada Municipalidad; los datos serán verificados por la Municipalidad, en las otras municipalidades.

ARTÍCULO 4-            Excepciones. Las actividades económicas de subsistencia no requerirán una patente para su funcionamiento. Se considerarán como actividades económicas de subsistencia las que reúnan las siguientes características:

a)     Son ejecutadas de manera unipersonal por quien se ve beneficiado de dicha actividad.

b)    No se desarrollan en un local comercial o de ventas, fuera este arrendado o propio.

c)     Únicamente generen los réditos económicos necesarios para la supervivencia de la persona que ejecuta la actividad económica.

No está sujeto a este impuesto la exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento.

ARTÍCULO 5-            Período del impuesto. El período del impuesto de patentes es anual, contado a partir del 1 de enero de cada año. No obstante, si la Dirección General de Tributación autoriza al contribuyente en el impuesto sobre la renta un período diferente, podrán existir períodos del impuesto con fechas de inicio y cierre distintos del señalado anteriormente. Si la actividad se inicia con posterioridad al 1 de enero, el primer período impositivo se generará el primer día de operaciones y el período impositivo será coincidente con la duración efectiva.

ARTÍCULO 6-            Potestades de Administración Tributaria de la Municipalidad. En el ejercicio de sus potestades de Administración Tributaria, la Municipalidad de Monteverde podrá exigir el cumplimiento de los deberes de los contribuyentes del impuesto de patentes, para lo cual podrá realizar funciones determinativas, administrativas, fiscalizadoras, recaudatorias y establecer las sanciones que esta ley, sus reglamentos y el ordenamiento jurídico nacional vigente le faculte.

CAPÍTULO II

Licencias

Título I

Otorgamiento y tipos de licencias

ARTÍCULO 7-            Otorgamiento de la licencia. Las patentes objeto de esta ley serán otorgadas por la Municipalidad, especialmente por la oficina de patentes; según lo establecido en esta ley, sus reglamentos y el ordenamiento jurídico nacional vigente. De manera excepcionalísima, el Concejo Municipal de Monteverde podrá conocer y recomendar la revocatoria de una patente otorgada cuando mediante solicitud expresa, formal y fundamentada la persona titular de la Oficina de Patentes le remita los casos que presenten controversias.

ARTÍCULO 8-            Licencias en un mismo establecimiento. Cuando en un mismo establecimiento dedicado a actividades lucrativas, donde ejerzan conjuntamente, varias personas físicas o jurídicas, cada una de ellas solicitará la licencia por separado y así pagará la patente según la actividad que realice.

ARTÍCULO 9-            Requisitos de la licencia de patentes. Es requisito indispensable para obtener la licencia, el traslado o el traspaso de la licencia municipal, que el interesado se encuentre al día en el pago de los tributos municipales y de las obligaciones tributarias establecidas en otras disposiciones legales o en el reglamento de la presente ley. De igual forma están obligados a adjuntar copia de la declaración del impuesto de renta presentada ante la Dirección General de Tributación con su respectivo comprobante de recibido.

Asimismo, serán requisitos generales de cumplimiento obligatorio para la obtención por primera vez de la patente los siguientes:

a)     Realizar solicitud formal a la oficina de patentes mediante el formulario que la Municipalidad habilite para tal efecto.

b)    Original y copia, o copia certificada, del documento de identidad vigente del titular de la patente. En el caso de las personas jurídicas, certificación de personería jurídica vigente.

c)     Original y copia, o copia certificada, del Permiso Sanitario de Funcionamiento al día emitido por el Ministerio de Salud.

d)    Original y copia, o copia certificada del Permiso de Uso del Suelo vigente, emitido por la Municipalidad de Monteverde.

e)    Certificación literal del Registro Público de la Propiedad. Cuando la persona solicitante no sea el propietario registral del inmueble deberá presentar original y copia, o copia certificada del contrato de arrendamiento respectivo.

f)     Constancia de estar al día con Fodesaf.

g)     Original y copia, o copia certificada de la declaración jurada del impuesto de renta presentado a la Dirección General de Tributación, o del Régimen de Tributación Simplificada o del documento requerido para tal efecto por la Administración Tributaria, según corresponda, con el respectivo comprobante de recibido conforme por el Ministerio de Hacienda.

h)    Copia del formulario de proveedores y clientes presentado ante la Dirección General de Tributación Simplificada o del documento requerido para tal efecto por la Administración Tributaria, que permita realizar el cruce de información y la fiscalización necesaria del impuesto, con el respectivo comprobante de recibido conforme por el Ministerio de Hacienda.

i)      Estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuando corresponda.

j)      Estar al día con la Póliza Riesgos Del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS) cuando se requiera.

k)     Flujo de caja proyectado de ventas a un año emitido por un contador público autorizado, en caso de comercios que inicien actividades por primera vez.

l)      Informe de distribución de los ingresos brutos y la copia de la declaración jurada del impuesto de patentes presentada ante otras municipalidades, cuando la actividad lucrativa se realice en varios cantones.

El Concejo Municipal queda autorizado para ampliar, complementar o especificar los requisitos contenidos en esta ley; asimismo, cuando medie la necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del cantón, siempre ajustándose a lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N.° 8220.

ARTÍCULO 10-         Licencias temporales. La Municipalidad podrá conceder licencias temporales para el ejercicio de una actividad comercial cuando la naturaleza de la actividad económica se limita en el tiempo. Estas patentes serán emitidas por un plazo de hasta dos meses y puede prorrogarse a solicitud del patentado temporal hasta por un período igual de tiempo.

Serán requisitos para la obtención de una licencia temporal los requisitos contenidos en el artículo 9 de la presente ley, sin perjuicio de todos aquellos demás requisitos que los reglamentos a esta ley y el ordenamiento jurídico nacional determinen.

ARTÍCULO 11-         Licencia en precario. La Municipalidad podrá otorgar una licencia en precario cuando la persona solicitante no cumpla la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 9 de la presente ley, licencia que se expedirá por única vez. Para el otorgamiento de una licencia en precario será indispensable que la persona solicitante cumpla al menos con los requisitos esbozados en el primer párrafo y los incisos a), b), c), f), h) y j) del artículo 9 de la presente ley de patentes y los que así se determine vía reglamentaria.

Dicha licencia se otorgará por un plazo improrrogable de dos meses calendario, plazo durante el cual el patentado en precario podrá ejecutar la actividad comercial objeto de la licencia expedida. El patentado en precario deberá cumplir antes o al término del citado plazo con la presentación de los requisitos faltantes, de lo contrario se entenderá que la persona solicitante no desea continuar con el negocio y la licencia de patente concedida en precario quedará sin efectos y deberá iniciar el proceso de solicitud de una licencia permanente.

Durante todo el tiempo en que se encuentre vigente la licencia temporal o la licencia en precario, el titular ostentará todos los derechos y obligaciones que un patentado permanente.

Título II

Cálculo del impuesto de patentes

ARTÍCULO 12-         Base de cálculo del impuesto. La base de cálculo del impuesto de patentes será los ingresos brutos anuales, percibidos por las personas físicas o jurídicas titulares de la licencia para el ejercicio de una actividad comercial durante el período fiscal anterior al año que se grava. En el caso de los establecimientos financieros y de correduría de bienes muebles e inmuebles, se consideran ingresos brutos las comisiones e intereses. De los ingresos brutos se excluye la suma correspondiente al impuesto del valor agregado (IVA). Excepto en los casos que esta ley o el ordenamiento jurídico nacional dispongan otra forma.

Los contribuyentes cuya actividad lucrativa sea la venta de combustibles y lubricantes, igualmente pagarán el impuesto de patentes calculado sobre la base de sus ingresos brutos, para lo cual deberán incluir el impuesto de patentes dentro de la estructura de costos, presentada ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

ARTÍCULO 13-         Tarifa aplicable. Para el cálculo del impuesto de patentes en contribuyentes del régimen tradicional, se aplicará un colón con cincuenta céntimos por cada mil colones exactos (¢,⁵⁰ x ¢1000,⁰⁰) sobre los ingresos brutos anuales. El resultado dividido entre cuatro determinará el impuesto trimestral a pagar.

En el caso de los contribuyentes acogidos al Régimen de Tributación Simplificada, se aplicará la siguiente tabla:

Tabla Régimen Simplificado

Categoría	% a aplicar
Ingresos brutos de 0,00 a 24.999.999,00	13% salario base
Ingresos brutos de 25.000.000,00 a 49.999.999,00	20% salario base
Ingresos brutos de 50.000.000,00 a 64.999.999.00	25% salario base
Ingresos brutos de 65.000.000.00 en adelante	30% salario base

 

En el caso de emprendimientos, se aplicará la tarifa mínima permitida de un diez por ciento (10%) sobre el salario base.

El contribuyente deberá adjuntar con su declaración jurada del impuesto de patente, la copia de la declaración de renta de régimen simplificado, o el documento requerido por la Administración Tributaria para tal efecto, presentada a la Dirección General de Tributación, con su respectivo comprobante de recibido.

La tarifa correspondiente al salario base se determinará conforme al salario base mensual del oficinista uno del Poder Judicial determinado por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, vigente, y sus reformas.

Las sumas establecidas por la tabla contenida en el presente artículo se actualizarán automáticamente de forma anual de conformidad con los índices de inflación publicados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este aumento automático surtirá efectos en el mes de enero de cada año.

ARTÍCULO 14-         Determinación del impuesto al iniciar actividades. Los sujetos pasivos que inicien alguna de las actividades lucrativas sujetas a esta ley deberán presentar las proyecciones de ingresos de caja a un año emitidas por un contador público autorizado, las que permitan determinar el impuesto y pagar la cuota trimestral que esté al cobro. Será requisito indispensable tal condición para conceder la licencia.

Para el caso de la actividad temporal, el sujeto pasivo debe presentar, conjuntamente con la solicitud de la licencia, una declaración provisional en la que estime sus ingresos brutos y liquide también provisionalmente el respectivo impuesto.

Los sujetos pasivos que ya se encuentren ejerciendo su actividad lucrativa en otros cantones de Costa Rica o en otros países, cuando deseen iniciar la ejecución de una actividad comercial idéntica en el territorio del cantón Río Cuarto, se les calculará el impuesto de patentes con base al trece por ciento (13%) sobre el monto del salario base, establecido por la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 vigente y sus reformas.

ARTÍCULO 15-         Distribución de los ingresos cuando la actividad se realiza en varios cantones. En el caso que el contribuyente realice actividades en varios cantones debe acompañar a su declaración jurada del impuesto de patentes un informe en el cual se realice la distribución de sus ingresos brutos realizados entre cantones, lo cual podrá ser fiscalizado por la Municipalidad. Se debe adjuntar la copia de la declaración jurada del impuesto, recibida y sellada de las otras municipalidades.

ARTÍCULO 16-                  Declaración jurada del impuesto de patentes. Los contribuyentes obligados presentarán, a la Municipalidad, una declaración jurada con sus ingresos brutos, en los primeros quince días hábiles del mes de enero; y se calculará el impuesto de patentes respectivo. De estar autorizados por la Dirección General de Tributación a presentar la declaración del impuesto de renta en una fecha diferente, podrán presentar la declaración municipal diez días después a la fecha autorizada por esa Dirección. En caso de que el contribuyente no presente la respectiva declaración jurada, la Municipalidad en el ejercicio de sus potestades de Administración Tributaria le aplicará la calificación del año anterior, salvo que la unidad encargada de la Administración de Patentes determine la necesidad de recalificar la respectiva patente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 25 de la presente ley.

Título III

Modificaciones a las licencias

ARTÍCULO 17-          Traslado de la licencia. Los patentados podrán realizar el traslado del lugar en que fue otorgada la patente o en que opera actualmente, siempre y cuando este cambio no implique la violación o el incumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Para realizar estos trámites el patentado debe comunicarlo formalmente por escrito a la Oficina de Patentes mediante el formulario correspondiente que la Municipalidad facilite para tal efecto Adjunto a dicha solicitud deberán presentarse los siguientes requisitos para el traslado de la patente:

a)     Original y copia, o copia certificada, del Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente con la nueva dirección del local.

b)    Constancia emitida por el INS o la entidad aseguradora correspondiente de la Póliza de Riesgos del Trabajo o exoneración con la nueva dirección del local.

c)     Certificación literal del Registro Público de la Propiedad. Cuando la persona solicitante no sea el propietario registral del inmueble deberá presentar original y copia, o copia certificada, del contrato de arrendamiento respectivo.

d)    Cartón original de la patente comercial.

e)    Encontrarse al día en el pago de los tributos generados en virtud de esta ley.

Estos requisitos podrán ser ampliados, complementados o especificados los requisitos mediante reglamento cuando exista la imperiosa necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del cantón, siempre ajustándose a lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N.° 8220.

ARTÍCULO 18-         Traspaso de la licencia. Los sujetos pasivos podrán traspasar a otra persona física o jurídica la licencia de la cual son titulares cuando así lo deseen.

Para la solicitud de traspaso de patente será necesario aportar, sin perjuicio de demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria, los siguientes documentos:

a)     Certificado uso del suelo, aprobado y vigente.

b)    Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud para el nuevo patentado, en caso de estar vigente deberá presentar certificación de no deuda ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

c)     Constancia emitida por el INS o la entidad aseguradora correspondiente de la Póliza de Riesgos del Trabajo o exoneración con la nueva dirección del local.

d)    Certificación literal del Registro Público de la Propiedad. Cuando la persona solicitante no sea el propietario registral del inmueble deberá presentar original y copia, o copia certificada, del contrato de arrendamiento respectivo o de su cesión.

e)    Cartón original de la patente comercial.

f)     Encontrarse el día en el pago de los tributos generados según lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 19-         Cambio del tipo de actividad de una licencia. La licencia que haya sido otorgada para una actividad determinada o actividades y en condiciones específicas de acuerdo con el perfil diseñado por el contribuyente podrá ser ampliada a otras actividades, previa solicitud formal del patentado mediante el formulario que al respecto habilite la Municipalidad. Para estos efectos, deberán cumplirse los requisitos que demanda esta ley y las demás normas vigentes.

Título IV

Confidencialidad y fiscalización

ARTÍCULO 20-         Confidencialidad de la información y colaboración entre administraciones tributarias. La información suministrada por los contribuyentes es confidencial y solo podrá ser usada con fines tributarios. Se autoriza a la Municipalidad como Administración Tributaria, para que suscriba convenios de cooperación con la Dirección General de Tributación, con los cuales ambas administraciones podrán dar y recibir información relevante para la fiscalización de tributos. La información que la Municipalidad de Monteverde obtenga de los patentados, responsables y terceros, por cualquier medio, tiene carácter confidencial, salvo orden judicial en contrario.

Sus funcionarios, representantes y titulares no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o el origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones o certificaciones, ni deben permitir que estas o sus copias, libros o documentos que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas ajenas a las encargadas por la administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los tributos a su cargo.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente, su representante legal, o cualquier otra persona debidamente autorizada por el contribuyente pueden examinar los datos y anexos consignados en sus respectivas declaraciones juradas. Asimismo, cualquier expediente que contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones.

ARTÍCULO 21-         Fiscalización del impuesto de patentes. Según sus potestades de Administración Tributaria, la Municipalidad de Monteverde podrá verificar, investigar, inspeccionar y valorar la información recibida, con el fin de recalificar el impuesto, cuando compruebe que dicha información es errónea, fraudulenta o falsa. Podrá realizar cruces de información con la Dirección General de Tributación y recalificar el impuesto de patentes evadido por el contribuyente hasta un máximo de cinco años atrás.

Asimismo, la declaración que deben presentar los patentados ante la Municipalidad, queda sujeta a lo establecido en el Código Penal y al ordenamiento jurídico nacional vigente.

CAPÍTULO III

Actuaciones de oficio

ARTÍCULO 22-         Impuesto determinado de oficio. Queda facultada la Municipalidad para fijar o recalificar de oficio el impuesto de patentes en los siguientes casos:

a)     Se trate del inicio del ejercicio de la actividad lucrativa en el cantón.

b)    El contribuyente no presente del todo la declaración jurada.

c)     Compruebe la existencia de intenciones evasivas, elusivas y/o defraudatorias.

d)    No se adjunte la declaración del impuesto de renta presentada a la Dirección General de Tributación o presente una con alteraciones.

e)    Cuando el contribuyente se niegue a presentar documentos o la información solicitada por la Administración Tributaria Monteverde.

f)     Se alegue la realización de la actividad lucrativa en varios cantones y no se adjunte o se niegue presentar el informe de distribución de los ingresos brutos entre cantones, o la declaración jurada a otras municipalidades relacionadas con esa situación.

g)     Cuando haya una recalificación por la Dirección General de Tributación.

h)    Algún otro caso relacionado, por el que el contribuyente busque impedir el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y el ordenamiento jurídico nacional vigente.

CAPÍTULO IV

Notificaciones y recursos

ARTÍCULO 23-          Notificación. La determinación de oficio o la recalificación de la obligación tributaria efectuada por la Municipalidad debe ser notificada al contribuyente, siguiendo las formas señaladas en el artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De la misma forma se notificará cualquier acto administrativo que se emita relacionado con esta ley.

Todos los contribuyentes deberán suministrar a la Municipalidad una dirección de correo electrónico. Cuando el contribuyente se encuentre imposibilitado para suministrar o acceder a una dirección de correo electrónico deberá suministrar la dirección de su domicilio fiscal como medio de notificación. Asimismo, se establece la obligación de los contribuyentes de actualizar anualmente la dirección electrónica, en caso de modificaciones, comunicarlo a la Municipalidad en un plazo de diez días hábiles a partir de que se produzca el cambio. Dicha actualización se realizará ante las oficinas de la Municipalidad, por los medios que se pongan a disposición para estos efectos.

Para efectos de notificación, se tendrá como medio preferente la dirección de correo electrónico aportada por el contribuyente, de manera supletoria se tendrá en domicilio fiscal del contribuyente. En caso de negarse a brindar la dirección de correo electrónico o la dirección del domicilio fiscal, o las direcciones brindadas no sean válidas, se tendrá por notificado cualquier acto relacionado con esta ley a las 24 horas de emitido.

Las personas jurídicas deberán aportar el documento de personería jurídica al día, indicando en este las calidades y el domicilio de notificación de su representante legal; estarán obligadas a reportar cualquier cambio o modificación en sus condiciones o capacidades presentadas ante el Registro Nacional.

Las personas solicitantes manifestarán su consentimiento informado para el uso de su información personal suministrada en los diferentes formularios, así como de la dirección de correo electrónico, ambos para la realización de todo tipo de notificaciones, comunicaciones y emisión de cualquier acto administrativo relacionado con las solicitudes que realice el administrado de conformidad a esta ley.

ARTÍCULO 24-     Recursos. Una vez notificada la determinación de oficio o la recalificación de la obligación tributaria efectuada por la Municipalidad, el contribuyente podrá interponer, dentro de los cinco días siguientes, recurso de revocatoria ante la unidad encargada de la Administración de Patentes o recurso de apelación ante la Alcaldía, indicando las normas legales en que funda su reclamo, las defensas respectivas y ofreciendo las pruebas necesarias.

El rechazo definitivo del recurso agota la vía administrativa y si lo desea el contribuyente podrá interponer la demanda correspondiente ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, para lo cual de previo debe haber cancelado la obligación tributaria con las multas e intereses si los hay.

Los plazos y requisitos se regirán por la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, vigente, y sus reformas.

CAPÍTULO V

Régimen sancionatorio

ARTÍCULO 25-         Sanción por declaración tardía. A los contribuyentes que no presenten la declaración jurada del impuesto de patentes en el plazo establecido en esta ley, se les impondrá una multa de la siguiente forma:

a)     De un 2% cuando se exceda de diez días hábiles el plazo establecido hasta un máximo de quince días, calculado sobre el monto del impuesto del año anterior.

b)    De un 10% cuando se exceda de quince días el plazo, calculado sobre el monto del impuesto del año anterior.

La multa anterior debe ser cancelada en el trimestre inmediato a la firmeza, de lo contrario se cargará intereses corrientes, cobrados a los tributos municipales.

ARTÍCULO 26-        Sanción por incumplimiento de obligaciones sustanciales. La Municipalidad multará a los sujetos pasivos que incurran en una o en varias de las siguientes violaciones sustanciales:

a)     Después de dos veces de hecha la solicitud, por no acudir a la Municipalidad o no brindar la información necesaria, para determinar el impuesto de patentes que se pretenda determinar o recalificar, se aplicará medio salario base.

b)    En el evento de cierre del local según permiten las disposiciones legales, cuando el contribuyente destruya, altere los sellos o reinicie la actividad, se le impondrá una multa de uno y medio salario base.

c)     Cuando se determine una diferencia entre el monto declarado y el correspondiente realmente, se aplicará una multa de un quince por ciento (15%) sobre dicha diferencia.

d)    En caso, que ante un cruce de información con la base de datos de la Dirección General de Tributación o cualquier autoridad tributaria competente, la Municipalidad determine diferencias con la base de datos propia, se aplicará una multa de hasta un veinte (20%) del monto evadido.

e)    En caso de la realización de actividad lucrativa en varios cantones, se aplicará un quince (15%) sobre el monto correcto cuando se compruebe que la distribución de los ingresos brutos es falsa.

La tarifa correspondiente al salario base se determinará conforme al salario base mensual del oficinista uno del Poder Judicial determinado por el Consejo Superior del Poder Judicial, según la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, vigente, y sus reformas.

ARTÍCULO 27-         Reducción de sanciones. Las multas establecidas en esta ley y sus reglamentos podrán ser reducidas a la mitad, cuando -una vez iniciado el proceso sancionatorio y/o cobratorio correspondiente- el contribuyente subsane espontáneamente su incumplimiento y realice el pago antes que la resolución quede en firme.

ARTÍCULO 28-         Cierre del negocio por cancelación de la licencia. Las patentes se pagan por trimestre adelantado. El atraso en el pago generará el pago de intereses, que se regirá por lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En este caso, podrá la Municipalidad certificar por medio de su contador o auditor las deudas por estos conceptos, esta certificación constituirá título ejecutivo según lo establece el Código Municipal en el artículo 80.

La licencia que se requiere para el ejercicio de la actividad lucrativa en el cantón de Monteverde se podrá cancelar por falta de pago de dos o más trimestres, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al vencimiento del segundo trimestre; también, por el incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por contravenir el orden público, la moral y las buenas costumbres.

El cierre se podrá realizar incluso mediante cumplimiento forzoso; para ello, la Municipalidad podrá solicitar el concurso de la policía, según señala el inciso 2 del artículo 149 de la Ley General de la Administración Pública.

CAPÍTULO VI

Terminación de las licencias

ARTÍCULO 29-         Prescripción del impuesto de patentes y sus sanciones. El impuesto de patentes y las sanciones relacionadas prescriben en cinco años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que el tributo y su multa deben ser pagados. La prescripción debe ser alegada por el interesado y no podrá ser declarada de oficio por la Municipalidad.

ARTÍCULO 30-         Causas interruptoras de la prescripción. La prescripción del impuesto de patentes, sanciones e intereses relacionadas se interrumpe por:

a)   La notificación de acciones de determinación, comprobación o fiscalización del impuesto correspondiente al período vigente o de períodos vencidos.

b)    El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.

c)     Cuando el contribuyente realice gestiones relacionadas ante la administración de patentes de la Municipalidad, presente recursos o consulte el expediente del impuesto de patentes.

d)    El pedido de arreglo de pagos.

e)    Por la notificación de actos administrativos o judiciales que busquen el cobro de la deuda.

f)     Por la interposición de petición o reclamos administrativos relacionados con el objeto del cobro.

El plazo de prescripción empieza a correr nuevamente a partir de la fecha de la interrupción, o del 1° de enero del año siguiente a que quede en firme el recurso, en el caso de que se interponga.

ARTÍCULO 31-         Cese de actividad. Cuando el patentado decide dejar de explotar la actividad debe comunicarlo formalmente por escrito al Departamento de Patentes mediante el formulario correspondiente que la Municipalidad facilite para tal efecto. El patentado deberá adjuntar los siguientes documentos:

a)     Certificado de defunción cuando el patentado haya fallecido. En este caso, la solicitud de cese de actividad la podrá realizar el cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad del patentado fallecido.

b)    Certificación de Registro Nacional de que la persona jurídica fue disuelta cuando el patentado fuese una persona jurídica que se disolvió.

c)     Original y copia, o copia certificada, del contrato de arrendamiento, así como certificación de título de propiedad cuando el patentado haya hecho abandono del inmueble. El retiro lo podrá realizar el propietario del inmueble.

d)    Presentar el cartón original de la patente comercial.

e)    Encontrarse al día en el pago de los tributos generados en virtud de esta ley.

Estos requisitos podrán ser ampliados, complementados o especificados los requisitos mediante reglamento cuando exista la imperiosa la necesidad de incluir cualquier otro tipo de requisito fundado en la ley y que resulte imprescindible para el control de las actividades productivas dentro del cantón, siempre ajustándose a lo establecido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N.° 8220.

ARTÍCULO 32-                  Reglamentación. Se autoriza a la Municipalidad de Monteverde para que reglamente esta ley, lo cual no será obstáculo para que la pueda ejecutar en todo aquello que sus normas o el ordenamiento jurídico nacional tengan el suficiente detalle o claridad.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Título I

Normas supletorias

ARTÍCULO 33-               Regulación supletoria. De manera supletoria se aplicará a esta ley lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, sus reglamentos y reformas, el Código Municipal, Ley N.° 7794 y sus reformas, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas, y el Código Procesal Civil y sus reformas.

Título II

Disposiciones Transitorias

TRANSITORIO I-            Con la finalidad que la Municipalidad de Monteverde pueda financiar su operación en su instalación inicial, se autoriza en forma extraordinaria y por única vez, utilizar como base de cálculo del impuesto de patentes para el periodo 2025, los ingresos reportados por los sujetos pasivos ante la Municipalidad de Puntarenas, por el período 2023, que sirvió como base de cálculo en la generación de los impuestos durante el 2024. La tarifa aplicable se establece en el artículo 6 de la presente ley.

TRANSITORIO II-          La Municipalidad de Monteverde podrá cobrar las sumas de dinero generadas por los tributos municipales derivados del impuesto de patentes correspondientes al primer y segundo trimestre del dos mil veintitrés que al 1° de mayo de dos mil veintitrés que se encuentren en mora.

TRANSITORIO III-          Se autoriza al Instituto de Fomento y Ayuda Municipal a realizar una donación hasta de mil millones de colones a la Municipalidad de Monteverde, con el fin de fortalecer el inicio de su labor municipal; dicha donación se hará efectiva el 1 de mayo de 2024.

TRANSITORIO IV-          Esta ley entrará en vigor y será efectiva a partir del 1 de mayo de 2024.

Rige a partir de su publicación.

Luis Ramón Carranza Cascante

Diputado

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021570668 ).

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 Y ADICIÓN DE UNA SECCIÓN XI,

AL CAPÍTULO II, TÍTULO II, QUE CONTENDRÁ LOS NUEVOS

ARTÍCULOS 39, 40, 41 Y 42 DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA,

N.° 7410, DE 26 DE MAYO DE 1994, PARA LA CREACIÓN DE

LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

COMO CUERPO POLICIAL ADSCRITO AL MINISTERIO

DE SEGURIDAD PÚBLICA

Expediente N.° 22.585

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestra Constitución Política en los artículos 12 y 140, inciso 16, establece que en Costa Rica existirán las fuerzas de policía que se requieran para la vigilancia y la conservación del orden público.

En concordancia con lo estipulado en nuestra Carta Magna, el artículo 6 de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, enumera cuales son las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública nacional. Señala la norma, lo siguiente:

Son fuerzas de policía, encargadas de la seguridad pública, las siguientes: La guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la Policía encargada de control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía de Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria y las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.

De igual forma, la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública en el artículo 1 dispone, en relación con las fuerzas de policía, lo siguiente:

ARTÍCULO 1°- El Ministerio de Seguridad Pública tiene por función preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el fortalecimiento del principio de la legalidad conforme se especifica en el artículo 3° de esta ley, mediante el respeto y acatamiento generales de la Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país.

La jurisdicción del Ministerio se extiende a todo el territorio nacional, aguas territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República, conforme a la Constitución Política, a los tratados vigentes y a los principios de Derecho Internacional.

Queda en evidencia a partir de lo anterior, que nuestro ordenamiento jurídico contempla la necesidad de contar con fuerzas policiales que resguarden no solo nuestros mares y tierras, también nuestro espacio aéreo. En la práctica esta tarea la tiene la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea.

Si bien la Ley General de Policía hace referencias a esta importante Dirección, solo lo hace para determinar unas cuantas cosas de carácter administrativo, sin nombrarla dentro de su artículo de cuerpos policiales y mucho menos establecer sus competencias y atribuciones.

El Servicio de Vigilancia Aérea tiene por misión brindar apoyo aéreo en acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, en misiones humanitarias, traslados de funcionarios, otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros.

Dentro de sus funciones el Servicio de Vigilancia Aérea se encentran:

Garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo, el territorio nacional, mar territorial y jurisdiccional y la seguridad de los aeropuertos internacionales, mediante operativa y patrullajes.

Brindar transporte dentro y fuera del país en casos calificados de excepción, a los (las) servidores (as) públicos en el ejercicio de sus funciones y a los (las) habitantes en caso de emergencia.

Brindar mantenimiento y reparación a las aeronaves encargadas de la vigilancia y seguridad del espacio aéreo, el territorio nacional, mar territorial y jurisdiccional.

Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia.

Como ya se mencionó anteriormente, nada de esto se encuentra estipulado en la Ley General de Policía. Aunque en la práctica, el Servicio de Vigilancia Aérea cumple con estas funciones y es un elemento clave en el resguardo de nuestro espacio aéreo y en la lucha contra el crimen organizado, el hecho de no contar con un resguardo normativo dificulta su labor, además de significar trámites innecesarios, a la hora de realizar gestiones administrativas y de presupuesto.

Es por lo anterior que se plantea el siguiente proyecto de ley, que incorpora la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea con sus competencias, atribuciones, subordinación y estructura organizacional a Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994.

En virtud de lo expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley: REFORMA DEL ARTÍCULO 6 Y ADICIÓN DE UNA SECCIÓN XI, AL CAPÍTULO II, TÍTULO II, QUE CONTENDRÁ LOS NUEVOS ARTÍCULOS 39, 40, 41 Y 42 DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA, N.° 7410, DE 26 DE MAYO DE 1994, PARA LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA COMO CUERPO POLICIAL ADSCRITO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 Y ADICIÓN DE UNA SECCIÓN XI,

AL CAPÍTULO II, TÍTULO II, QUE CONTENDRÁ LOS NUEVOS

ARTÍCULOS 39, 40, 41 Y 42 DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA,

N.° 7410, DE 26 DE MAYO DE 1994, PARA LA CREACIÓN DE

LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

COMO CUERPO POLICIAL ADSCRITO AL MINISTERIO

DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 6 de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 6- Cuerpos. Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.

ARTÍCULO 2- Adiciónese la sección IX, al capítulo II, título II, creando cuatro nuevos artículos 39, 40, 41 y 42 y se corre la numeración del artículo 39 que pasa a ser el artículo 43 y los demás artículos sucesivamente de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, que se leerá de la siguiente manera:

SECCIÓN XI

Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea

Artículo 39-Competencia

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública garantizará el orden público en materia de seguridad de la aviación civil internacional, vigilará y resguardará el espacio aéreo costarricense. De conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos.

Artículo 40-Atribuciones

Son atribuciones de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea:

a)             Garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo del territorio nacional, mar territorial, zona económica exclusiva y la seguridad de los aeropuertos internacionales, mediante actividades operativas y patrullajes.

b)            Coordinar, cooperar y participar activamente con los operativos que realicen los demás cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, conforme las atribuciones generales de las fuerzas de policía indicadas en las leyes y reglamentos.

c)             Brindar transporte aéreo dentro y fuera del país, en casos calificados de excepción, a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a los habitantes de la República en casos de emergencia y por razones humanitarias.

d)            Promover convenios de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y las instituciones del Estado.

e)            Coordinar y cooperar con las instituciones vinculadas en la atención de emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, aeronaves y embarcaciones extraviadas, entre otros.

f)             Brindar mantenimiento y reparación a las aeronaves utilizadas por la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea para realizar sus atribuciones y competencias.

g)             Vigilar, con uso de los sistemas y tecnologías existentes, el espacio aéreo costarricense.

h)            Brindar vigilancia y seguridad dentro de las instalaciones y perímetro de los aeropuertos nacionales e internacionales, bases aéreas, aeronaves, equipo y armamento, instalaciones, terrenos y edificios adyacentes, cuyo acceso esté o no controlado o restringido.

i)              Prestar colaboración según sus competencias y atribuciones, a las diferentes

autoridades que laboran en las terminales aéreas.

j)              Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional y su espacio aéreo, así como el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado.

k)             Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico de conformidad con sus competencias.

Artículo 41- Subordinación

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea contará con un director general y estará subordinada, en grado inmediato, al ministro de Seguridad Pública.

Artículo 42- Estructura organizacional

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea tendrá definida su estructura vía reglamento.

Rige a partir de su publicación.

Jorge Luis Fonseca Fonseca

Zoila Rosa Volio Pacheco                          Carolina Hidalgo Herrera

Diputado y diputadas

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021570624 ).

INSCRIPCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE INMUEBLES

A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE

VIVIENDA Y URBANISMO, ANTE EL

REGISTRO INMOBILIARIO

MEDIANTE EXHORTO

                                                                                  Expediente N° 22.594

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con el objetivo de cumplir con las finalidades que establece su Ley Orgánica, Ley N.°1788, de 24 de agosto de 1954, en los incisos a), b) y c) del artículo 4 y las atribuciones otorgadas en su artículo 5 incisos b), c), ch), d), e), f), h, en la década de  1960 impulsó proyectos de vivienda popular y rural que generaron la construcción de urbanizaciones en diversas provincias del país, como Los Hatillos en San José, Las Gravilias en Desamparados, Los Corales y Pacuare en Limón, Cubujuquí en Heredia, Los Almendros en Puntarenas, INVU Las Cañas en Alajuela y El Clavel en Pérez Zeledón, entre otros proyectos icónicos de la institución.

Dada la gran cantidad de inmuebles que posee la institución y los múltiples procesos de titulación pendientes de ejecutar, a través de los años ha surgido una serie de problemas, dentro de los que se pueden mencionar inmuebles con doble o más inmatriculaciones y duplicidades de planos, inmuebles sin segregar,  áreas públicas sin traspasar, reservas de terreno sin uso definido, gravámenes en inmuebles, terrenos no incluidos en el inventario, entre otros, que deben ser finiquitados para depurar y normalizar la cartera de bienes inmuebles, propiedad de la institución e inscribir a nombre de las personas particulares que los adquirieron, según corresponda. Además de terrenos tanto con exceso como falta de cabida.

I.             Estado actual de las fincas

De acuerdo con el inventario actual de bienes inmuebles del INVU, se cuenta con un registro de 10.556 propiedades ubicadas en todo el país, con áreas que van desde los 60,99 m² hasta 1.125.934,10 m², para una superficie total de 21.411.052,5 m².

En la siguiente tabla se muestra el resumen de la totalidad de inmuebles por provincia:

Tabla 1. Total de propiedades INVU por provincia

Provincia	Cantidad de fincas	Área
01-San José	3489	9.450.989,0 m²
02-Alajuela	209	480.822,4 m²
03-Cartago	861	1.325.383,4 m²
04-Heredia	312	392.639,0 m²
05-Guanacaste	322	803.139,3 m²
06-Puntarenas	2143	3.511.687,3 m²
07-Limón	3220	5.446.392,1 m²
Total general	10556	21.411.052,5 m²

 

Fuente: Inventario de bienes inmuebles de la Unidad de Fondos de Inversión en Bienes Inmuebles del INVU.

Estas 10.556 propiedades se encuentran clasificadas en categorías que permiten identificar el fin específico de cada uno de los inmuebles. Para una mejor comprensión de cada una de las clasificaciones de los inmuebles citados anteriormente. A continuación, se explica el concepto de cada una:

Reserva: corresponde a los terrenos que se mantienen como fincas sin desarrollo o lotes en verde; restos de finca donde se han ejecutado proyectos, cuyo uso potencial no se ha evaluado y que podrían a futuro generar ingresos para la institución con el objetivo de cumplir sus finalidades.

Titulación por venta: corresponde a lotes en proyectos ejecutados por este Instituto o fraccionamientos en fincas, generados por invasión, o bien, a lotes en proyectos en ejecución, que pueden ser traspasados mediante venta a sus ocupantes o compradores.

Titulación por adjudicación: corresponde a lotes de proyectos habitacionales, cuya venta se realizó mediante contrato de adjudicación y sus adjudicatarios pagaron el valor del inmueble; sin embargo, no han tramitado escritura de este; por lo que continúa inscrito en el Registro Nacional a nombre del INVU.

Titulación por decreto: corresponde a fraccionamientos de lotes en fincas madre traspasadas por el Estado al INVU para que, al amparo de decreto ejecutivo, sean traspasadas gratuitamente a sus ocupantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Áreas públicas y comunales: corresponde a los terrenos con este tipo de uso, los cuales de acuerdo a Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, deben ser traspasados gratuitamente a la municipalidad correspondiente.

Para Investigar: inmuebles que a la fecha no han sido clasificados debido a que se requiere realizar la investigación documental y en campo para verificar datos y su estado actual.

Por cerrar: fincas que han sido analizadas técnicamente y que por alguna razón deben cerrarse registralmente.

En la siguiente tabla se cuantifica el total de fincas distribuidas en razón de las categorías mencionadas anteriormente:

Tabla 2. Inventario de terrenos INVU según clasificación b.

Clasificación de la finca	Cantidad
Reserva	428
Titulación por venta	4158
Titulación por adjudicación	3060
Titulación por decreto	1800
Área pública y comunal	293
Para investigar	704
Por cerrar	113
Total general	10556

 

Fuente: Inventario de bienes inmuebles de la Unidad de Fondos de Inversión de Bienes Inmuebles.

De acuerdo con la información anterior, del total de fincas, el INVU actualmente cuenta con un registro de 428 fincas que se catalogan como reservas, y de 9311 propiedades para ser tituladas, bajo las distintas modalidades que se gestionan (venta, adjudicación, decreto y área pública), es decir, cerca del 90% de los inmuebles propiedad del Instituto se encuentran identificados como casos de titulación.

Entre los procesos más representativos que ejecuta la institución, relacionados con la gestión de bienes inmuebles, se pueden citar los siguientes:

a)             Formalización de venta de inmuebles en proyectos ejecutados: lotes de uso habitacional, comercial, agrícola, fondos de patio (venta de saldos de proyecto).

b)            Titulación de inmuebles dados en condición de adjudicación y posesión por decreto ejecutivo y leyes especiales.

c)             Traspaso de áreas públicas de los proyectos a los municipios en cumplimiento de los artículos 32 y 40 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas.

d)            Segregación de lotes e inscripción de planos para la depuración del inventario de terrenos/reservas propiedad del Instituto.

II.            Importancia de la iniciativa.

Consolidación del patrimonio habitacional de la población, como eje fundamental en el aporte social al mejoramiento de las condiciones de vida de su población meta.

Tal y como se indicó en el apartado anterior, gran parte de los terrenos deben ser titulados a favor de un tercero y para ello se deben subsanar una serie de problemas registrales y catastrales que limitan la adecuada gestión de formalización. Entre estos casos, se encuentran terrenos sin segregar, sin plano de catastro, con problemas de doble o más inmatriculaciones, así como la necesidad de rectificar medidas de áreas, sea en disminución o aumento; además de propiedades con inconsistencias generadas por planos catastrados realizados por particulares.

Por tanto, es importante habilitar para la institución instrumentos jurídicos que permitan subsanar la situación registral y catastral de los inmuebles mencionados. Cuestión que cobra mayor relevancia al tomar en cuenta la cantidad de personas y familias enteras, que en gran parte de los casos habitan inmuebles pendientes de adjudicación y se encuentran, por ende, en una situación de inseguridad jurídica. Como un dato aproximado, tomando en cuenta la cantidad de inmuebles en las condiciones mencionadas, y la habilitación de estos por núcleos familiares compuestos por 4 personas (número que podría ser mayor), la cantidad total de posibles beneficiadas, con una propuesta que subsane dicho problema, podría ser de alrededor 12 mil grupos familiares, es decir, cerca de 50 mil personas.

Aunado a ello, es de recalcar que la mayoría de estas fincas sujetas al programa de titulación se ubican en cantones de bajos índices de desarrollo humano, en zonas de riesgo y vulnerabilidad social, lo que hace muy difícil el acceso a vivienda y otros servicios básicos necesarios para garantizar la vida digna de sus habitantes. Además, la población meta que se atiende con dicho programa, corresponde a familias de escasos recursos que viven en condición de pobreza y pobreza extrema, y que, debido a la condición registral de las fincas donde habitan, no es posible continuar con el proceso de traspaso e inscripción ante el Registro Inmobiliario, lo cual representa una limitante para poder regularizar su ocupación y con ello, mejorar su situación socioeconómica, reproduciendo la desigualdad en la cual, en reiteradas ocasiones, viven.

Contribución a la generación de empleo, como eje fundamental para reactivación económica.

Por otro lado, el concretar la presente ley facilitará la regularización de inmuebles que forman parte de la cartera institucional de proyectos, convirtiéndose en inmuebles susceptibles para el desarrollo de proyectos de vivienda a nivel nacional, lo cual contribuye al empleo relacionado con el sector construcción en el país, generando empleos directos en las áreas de ingeniería, arquitectura, personal de campo, personal administrativo y logística de las empresas.  De igual forma, se generarían empleos indirectos relacionados con las áreas que dan soporte a la industria de la construcción como lo son los depósitos de materiales, ferreterías, transportes, personal de la banca, entre otros.

Tomando como referencia lo indicado anteriormente con los inmuebles pendientes a titular, su regularización y formalización se convertiría en un motor dinamizador de la economía, lo cual se justifica utilizando como parámetro el área mínima para una vivienda de interés social de 42 m², por el número de inmuebles pendientes de titular 9.311, lo cual brindaría como resultado un total de 391.062 m², de construcción que facilitaría en adelante la generación de más 105.000 (ciento cinco mil) empleos de manera directa e indirecta. Ello según el cálculo referencia del Informe Económico de la Cámara Costarricense de Construcción 10170.

Asimismo, la regularización de terrenos para el desarrollo de proyectos como urbanizaciones, condominios o conjuntos residenciales facilitaría la producción de aproximadamente 1.276.000 m², de construcción, generando cerca de 344.000 empleos de manera directa o indirecta.

Por todo esto, la presente iniciativa brinda al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) la habilitación jurídica para que, mediante exhorto presentado ante el Registro Inmobiliario, tenga la facultad de atender las necesidades registrales y catastrales planteadas anteriormente y con ello, brindar mayor seguridad a los procesos de esta índole. Así, no solo lograría apoyar el cumplimiento de fines de la institución, sino también fortalecer la publicidad y seguridad registral.

En virtud de los motivos expuestos, presento a la valoración del Parlamento el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

INSCRIPCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE INMUEBLES

A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE

VIVIENDA Y URBANISMO, ANTE EL

REGISTRO INMOBILIARIO

MEDIANTE EXHORTO

ARTÍCULO 1-         Acrónimos.

Para efectos de esta ley, se utilizarán los siguientes acrónimos:

1.             INVU o el Instituto: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

2.             RI: Registro Inmobiliario.

ARTÍCULO 2-         Objetivo.

El objetivo de esta ley es brindar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la competencia de medir, catastrar e inscribir mediante exhorto ante el Registro Inmobiliario a nombre del INVU, los inmuebles que hayan sido adquiridos o asignados al Instituto, en cumplimiento de los fines y atribuciones que le otorga su Ley Orgánica, Ley N°1788, de 24 de agosto de 1954, y sus reformas, para establecer la concordancia de la realidad física, catastral y registral, a través de movimientos catastrales y registrales, así como cancelar planos catastrados que no han generado derechos y que se superponen a inmuebles propiedad de la institución.

ARTÍCULO 3-         Alcance.

Se autoriza al INVU para que mediante exhorto realice las siguientes acciones sobre los fundos de su propiedad, que le hayan sido asignadas para su atención, en cumplimiento a su Ley Orgánica, Ley N°1788, de 24 de agosto de 1954, y sus reformas, a saber, en los siguientes casos:

a              Rectificación de cabida con base en planos catastrados.

b              Inscripción de inmuebles con base en planos catastrados.

c.             Medir, catastrar e inscribir mediante exhorto ante el Registro Inmobiliario a nombre del INVU, los inmuebles que hayan sido adquiridos o asignadas al Instituto, para el cumplimiento de los fines y atribuciones que le otorga su Ley Orgánica, Ley N°1788, y que a la entrada en vigencia de la presente ley no se encuentren inscritos en el Registro Inmobiliario.

d.             Cancelación de planos catastrados de inmuebles propiedad del INVU que no hayan generado título.

e.             Solicitar el cierre de fincas propiedad del INVU.

ARTÍCULO 4-         Rectificación de cabida.

Se autoriza al INVU para que, mediante exhorto, solicite ante el Registro Inmobiliario, la rectificación de medida para lograr la concordancia entre la cabida real y la registral. La rectificación se hará con base en planos catastrados y el acuerdo de Junta Directiva de la institución.

Los bienes inmuebles cuya medida sea rectificada en virtud de lo establecido en la presente ley no quedarán sujetos a las disposiciones consagradas en los artículos 13 y 14 de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley Nº 5813, de 14 de julio de 1941, y sus reformas.

ARTÍCULO 5-              Inscripción de inmuebles.

Los inmuebles que hayan sido adquiridos o asignados al Instituto, en cumplimiento de los fines y atribuciones que le otorga su Ley Orgánica, Ley N.°1788, de 24 de agosto de 1954, y sus reformas, y que a la entrada en vigencia de la presente ley no se encuentren inscritos en el Registro Inmobiliario, podrán ser inscritos mediante exhorto.

El Instituto deberá realizar el plano de agrimensura e indicar en cada uno la razón de inscripción en “Posesión del INVU”, conformando un expediente administrativo de cada uno de los inmuebles, que será custodiado por el INVU. Lo anterior sin sujeción a los procedimientos establecidos en el artículo 13 y 14 de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley Nº 5813, de 14 de julio de 1941, y sus reformas.

ARTÍCULO 6-             Corrección de antecedentes de dominio.

Se autoriza al INVU para corregir mediante exhorto presentado ante el Registro Inmobiliario, los antecedentes de dominio de sus propiedades o las generadas por medio de sus programas de vivienda, en los casos en los que se hayan segregado inmuebles utilizando el folio real de otra finca madre.

ARTÍCULO 7-         Inscripción de planos de agrimensura.

A estos planos se les dará un trato preferencial, no solo en el trámite, sino también en el proceso de la calificación y se les exigirá únicamente el visado de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU, cuando el proceso de calificación lo requiera.

Estos planos deberán ser identificados por los profesionales responsables de los levantamientos con el logotipo oficial del INVU, indicando en las notas técnicas dentro del cuerpo del plano, la referencia a esta norma.

ARTÍCULO 8-             Trazabilidad y conformación de expediente.

El INVU aprobará, en concordancia con su Ley Orgánica, Ley N.°1788, de 24 de agosto de 1954, y sus reformas, mediante acuerdo de la Junta Directiva, los lineamientos administrativos que deberán ser cumplidos para aplicar la presente ley, en un plazo máximo de tres meses a partir de su promulgación y publicación en el diario oficial La Gaceta.

El INVU conformará un expediente administrativo que sustente el exhorto, el cual será custodiado por el área administrativa Institucional correspondiente.

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Nielsen Pérez Pérez                                    Víctor Manuel Morales Mora

Carlos Ricardo Benavides Jiménez                      Luis Fernando Chacón Monge

Pablo Heriberto Abarca Mora                   Dragos Dolanescu Valenciano

Diputada y diputados

NOTA:    Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021570673 ).

FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA

Y PUBLICIDAD EN LAS DONACIONES PRIVADAS

A PARTIDOS POLÍTICOS

Expediente N.° 22.599

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Por décadas, a diferencia de buena parte de América Latina, Costa Rica no tuvo que concentrarse en salir y evitar el regreso a malas experiencias antidemocráticas del pasado. Los costarricenses tuvieron la oportunidad de fortalecer un régimen democrático reconocido a nivel internacional. Sin embargo, el tiempo y los cambios en las estructuras sociales provocan que los desafíos sean distintos, por lo que resulta necesario realizar ajustes y adaptarse a ellos, teniendo siempre presente que la democracia no es un proceso acabado, ni mucho menos definitivo, por el contrario, puede debilitarse e incluso desaparecer.

Uno de esos desafíos es la forma de afrontar de manera transparente la relación entre aportes económicos privados, procesos electorales y ejercicio del poder.

Por más que se desee que el sistema de elección popular funcione de manera idílica como resultado de una sociedad objetiva en el ejercicio de los derechos electorales, lo cierto es que para hacer política se precisa, en menor o mayor medida, de recursos económicos para gastos administrativos y operativos, sondear a la opinión pública, organizar campañas, atraer y trasladar a los electores a las urnas y persuadir a los indecisos.

En Costa Rica contamos con un Código Electoral robusto, pero no por ello exento de oportunidades de mejora para minimizar la posibilidad de que los intereses y recursos privados alteren la competencia electoral.

La discusión de los aportes privados en los procesos electorales resulta particularmente relevante en una región donde prevalecen la desigualdad y la inequidad debido la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que facilita la penetración de los recursos económicos de origen privado para influir en la toma y los tomadores de decisiones.

Este es un tema presente desde hace mucho en la agenda política nacional, pero ningún debate resulta suficiente ni concluido ante el peligro que representa.

El andamiaje democrático que con tanto esfuerzo se ha construido en el país siempre estará expuesto a derrumbarse si los votos terminan por favorecer, fuera de la normativa vigente, a quienes aportan dinero con intereses particulares, lejanos a la aspiración de procurar el bienestar de la mayor cantidad de la población.

Los aportes privados a la política electoral implican revisar de forma constante los peligros que pueden acarrear para la democracia y cómo garantizar que ese sistema sea cada vez más transparente y justo.

Por otra parte, en las últimas semanas hemos visto un incremento en la cantidad de casos de cercanía entre políticos y organizaciones vinculadas al crimen organizado, principalmente al narcotráfico, lo que obliga a las señoras y señores diputados a fortalecer los principios de transparencia y publicidad en las donaciones de recursos privadas a los precandidatos, candidatos, partidos políticos y campañas electorales en general.

La opacidad en los orígenes del financiamiento privado y su uso hace factible una estrecha relación entre la participación de capitales de dudoso origen, la corrupción, la distribución y ejercicio del poder.

La normativa y divulgación actual de información de financiamiento político exige garantizar un mayor y mejor control de quienes están aportando recursos a los procesos electorales. Sería un error pretender que las regulaciones vigentes del financiamiento de la política resuelven los problemas y distorsiones en el sistema, se hace necesario su revisión constante, así como promover el conocimiento público en lo que refiere a aportes de capital privado en los torneos electorales.

En la página del Tribunal Supremo de Elecciones se puede revisar la lista de contribuyentes a los partidos políticos y los montos aportados, pero ese repositorio de información es solo uno de muchos esfuerzos que se pueden implementar para que más costarricenses conozcan quienes están efectuado aportes económicos de carácter privado a los partidos políticos, independientemente del monto que se trate.

Pros y contras de la revelación de datos de financiamiento privados de partidos políticos

Los electores tienen derecho a conocer la mayor cantidad de información posible de los diferentes partidos políticos y candidatos en competencia antes de tomar una decisión sobre a quién apoyar o no con su voto.

La información del aporte financiero a los partidos es algo que puede influenciar al elector, dado que es información que permite visualizar quienes están detrás de un partido, una campaña o con quienes tienen esos actores políticos compromisos en caso de llegar a ostentar una posición pública de elección popular.

En ese sentido, la participación de la ciudadanía es fundamental y resulta cada vez más necesario acercar a los costarricenses a herramientas que permitan el acceso a información relevante para fortalecer el debate público y el control ciudadano.

Quienes se oponen a este tipo de medidas argumentan que develar datos de aportes privados viola la privacidad individual y que con ello también se obliga a revelar las preferencias políticas de los individuos que efectúan dichos aportes. En esa línea en varios países se aduce que el derecho a la privacidad debe permanecer cuando las donaciones son pequeñas, pero las muy grandes deben hacerse públicas.

Para efectos de este proyecto de ley se considera que todas las donaciones deben hacerse públicas, ya que el monto aportado no elimina el riesgo de que esos recursos provengan de actividades ilícitas o mediante la atomización de los aportes se busque favorecer una persona o sector.

Con el presente proyecto de ley se pretende establecer como requisito para la recepción de los aportes privados a partidos y candidatos la divulgación de todas las donaciones, más allá de la presentación de informes y liquidaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Los avances tecnológicos de amplio alcance y bajo costo de nuestra época no admiten escusas para exigir mayor transparencia y publicidad a los partidos políticos para la rendición de cuentas de recepción de recursos privados para sus actividades, pero sobre todo son un importante aliado en acercar esa información a la población.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA

Y PUBLICIDAD EN LAS DONACIONES PRIVADAS

A PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 123 de la Ley 8765, Código Electoral, de 19 de agosto de 2009, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 123- Requisitos de las donaciones privadas

Las contribuciones privadas solo pueden acreditarse a favor de los partidos políticos o de las tendencias, precandidaturas o candidaturas debidamente oficializadas.

Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes.

Toda actividad de recaudación de dineros para el partido o para alguna de las tendencias, oficialmente acreditadas por este, deberá ser reglamentada por el partido político, garantizando el principio de transparencia y publicidad. El tesorero deberá llevar un registro de las actividades de recaudación de fondos del partido, incluso de las tendencias y movimientos.

El tesorero informará al TSE cuando este lo requiera.

Todos los partidos políticos, a escala cantonal, provincial y nacional, así como las coaliciones, deberán publicar mediante un medio digital de acceso público permanente la lista total de contribuyentes privados, el monto aportado y la fecha del aporte. La publicación de los contribuyentes deberá actualizarse cada tres meses y hacerse indistintamente del monto aportado por cada persona o de que la agrupación política tenga acceso o no a deuda política, según lo dispuesto en los artículos 89 y 99 del Código Electoral.

En el caso de los partidos con derecho a deuda política, también deben publicar en el mismo medio digital la liquidación de deuda política aprobada por el TSE.

TRANSITORIO I- Los partidos políticos dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente ley para para cumplir las disposiciones indicadas.

Rige a partir de su publicación

Daniel Isaac Ulate Valenciano

Diputado

NOTA: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021570670 ).

“APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS PARA LA ENMIENDA

DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 AL CONVENIO DE

TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Y EL REINO DE ESPAÑA”

Expediente N° 22.600

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el año 1979, el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de España suscribieron el Convenio sobre Transporte Aéreo, ratificado por la Asamblea Legislativa mediante ley número 6618 del 26 de agosto de 1981, con el objetivo de organizar y fortalecer los servicios aéreos regulares entre los dos países sobre la base de derechos recíprocos, con el fin de estrechar la cooperación en el campo de transporte aéreo internacional.

Durante muchos años ambos países han mantenido excelentes relaciones, no solo aerocomerciales, sino también en muchos otros ámbitos, mismas que han favorecido el desarrollo del país; específicamente en el ámbito comercial. Por lo anterior, ambas autoridades aeronáuticas han convenido en ampliar aspectos que permitirán una mayor apertura, orientados a la creciente y cambiante industria de la aviación.

En la actualidad, únicamente una empresa puede brindar el servicio de transporte aéreo entre España y Costa Rica y viceversa, por lo que ante la necesidad urgente de ampliar el número de compañías aéreas que pueden designar cada país para efectuar sus operaciones aéreas, las autoridades aeronáuticas de ambos países han convenido en realizar una enmienda a los artículos 1 “Definiciones”, 3 “Designación de Empresas”, y 4 “Revocación o suspensión de autorizaciones”, al Convenio sobre Transporte Aéreo entre Costa Rica y España.

Mediante Canje de Notas se otorgará mayor apertura aerocomercial entre Costa Rica y España, permitiendo la operación de más aerolíneas y con esto, el ingreso de un mayor número turistas extranjeros al país.

En nuestro país, el turismo constituye la principal fuente de divisas, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. En ese sentido para el año 2019, antes de la pandemia por Covid-19, se generaron 3 968.3 millones de dólares estadounidenses, las exportaciones de productos como café, banano, piña, productos farmacéuticos y medicamentos forman parte del otro grupo de ingresos importantes para el país.

Por otra parte, España se encuentra dentro de los primeros cinco países europeos destacados por generar mayor ingreso de pasajeros a nuestro país, visitas que podrían incrementarse con la operación de más líneas aéreas entre países.

Entre otros beneficios que puede traer al país se pueden señalar los siguientes:

-               Mayor cantidad de aerolíneas en Costa Rica, fomentando la atracción de inversión extranjera, tema que derivaría en una mayor cantidad de empleos y en la recaudación de impuestos.

-               Un mayor ingreso de turistas extranjeros que vendrían a portar a la economía del país, dado que se ha demostrado que la permanencia en Costa Rica de turistas europeos es mayor a otros turistas extranjeros.

-               Dinamización de las exportaciones e importaciones de productos que tanto de manera directa como por el encadenamiento con otras industrias, tendrá un impacto en la economía del país.

-               Diversificación en oportunidades y precios para turistas nacionales que deseen visitar España y Europa en general, dado los principios de la oferta y la demanda.

Y es que más allá de la aviación, el Gobierno de Costa Rica ha tratado con el Gobierno de España temas de interés, entre los cuales resaltan el cambio climático, la protección al medio ambiente, así como los desafíos que plantea la recuperación ante la pandemia del Covid-19, aspectos que involucran y repercuten en la industria de la aviación.

La visión costarricense va más allá de una enmienda, constituye abrir las puertas a la globalización que busca liberar el espacio aéreo y así proyectarnos al mundo entero, por lo que, con fundamento en lo indicado anteriormente, se debe enmendar el Convenio Transporte Aéreo entre Costa Rica y España, ley número 6618 del 26 de agosto de 1981, específicamente los artículos 1, 3 y 4, con el fin de ampliar el número de empresas aéreas que pueden brindar el servicio de transporte aéreo entre Costa Rica y España y viceversa, así como para incluir las condiciones para otorgar, revocar o suspender las autorizaciones de operación a estas líneas aéreas.

En virtud de lo anterior, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto relativo a la “APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS PARA LA ENMIENDA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 AL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA”, para su respectiva aprobación legislativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL CANJE DE NOTAS PARA

LA ENMIENDA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4

AL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Y EL REINO DE ESPAÑA

ARTÍCULO ÚNICO-                     Apruébese, en cada una de sus partes, el “CANJE DE NOTAS PARA LA ENMIENDA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 AL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA”, de fecha 09 y 11 de junio de 2021, cuyo texto es el siguiente:

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

República de Costa Rica

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

DM-DT-1367-2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -Despacho del Ministro- saluda muy atentamente a la Honorable Embajada del Reino de España, con ocasión de referirse al Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno del Reino de España, suscrito en la ciudad de San José, el 16 de noviembre 1979.

Sobre el particular, este Ministerio tiene el honor de acusar recibo de su atenta nota N° 66 / 2021 de fecha 09 de junio del 2021, que dice lo siguiente:

“La Embajada de España saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y se refiere al Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José, el 16 de noviembre de 1979 (publicado en el B.O.E. Nº 65, de 17 de marzo de 1981).

En relación con el mencionado Convenio, esta Embajada tiene el honor de comunicar que, en las consultas entre las Autoridades Aeronáuticas de España y Costa Rica, celebradas de manera epistolar los pasados meses de marzo, abril y mayo de 2021, se acordó la modificación de los artículos 3, 4 y consecuentemente del artículo 1 del citado Convenio sobre Transporte Aéreo, quedando los mencionados artículos como sigue:

ARTÍCULO 1

Definiciones

Para la interpretación y los fines del presente Convenio y su anexo, los términos que a continuación se especifican tienen la siguiente significación:

a)       El término “Convenio” significa el presente Convenio y su anexo.

b)       El término “Autoridades aeronáuticas” significa para el Reino de España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de Aviación Civil). Y por lo que se refiere a la República de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, o en ambos casos, la persona o Entidad que fuera autorizada para desempeñar las funciones que en la actualidad ejercen dichas Autoridades.

c)        El término “Empresa aérea designada” significa la Empresa de transporte aéreo que cada una de las Partes contratantes designe para explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del mismo.

d)       El término “servicio aéreo” significa todo servicio aéreo regular realizado por aeronaves de transporte público de pasajeros, carga y correo.

e)             El término “servicio aéreo internacional” significa el servicio aéreo que pasa por el espacio aéreo situado sobre el territorio de más de un Estado.

f)             El término “escala para fines no comerciales” significa el aterrizaje para fines ajenos. al embarque o desembarque de pasajeros, carga y correo.

g)       El término “tarifa” significa los precios que han de pagarse por el transporte de pasajeros. equipajes y carga, y las condiciones bajo las cuales se aplican estos precios. Incluyendo los costos y condiciones en que prestan sus servicios las agencias y otros servicios auxiliares, pero excluyendo la remuneración y las condiciones para el transporte de correo.

h)       El término “capacidad de una aeronave” significa a carga comercial de una aeronave en función del número de asientos para pasajeros y del peso útil para carga y correo.

i)        El término “capacidad ofrecida” significa la capacidad de las aeronaves utilizadas en la explotación de cada uno de los servicios aéreos convenidos multiplicado por la frecuencia.

j)        El término “frecuencia” significa el número de vuelos de ida y regreso que una Empresa aérea efectúa en una ruta especificada en un periodo dado.

k)       El término “servicios convenidos” significa los servicios aéreos internacionales regulares que, con arreglo a las estipulaciones del presente Convenio puedan establecerse en las rutas especificadas.

l)        El término “rutas especificadas” significa las rutas establecidas en el anexo al presente Convenio.

m)      El término “territorio” en relación a un Estado significa el área terrestre y el mar territorial de ese Estado, así como el espacio aéreo suprayacente.

n)       El término “nacionales”, en el caso de España, se entenderá como referido a los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

ñ)       Los términos “Tratados de la Unión Europea” y “Derecho de la Unión Europea” se entenderán como referidos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los Reglamentos Comunitarios vigentes en materia de transporte aéreo.

ARTÍCULO 3

Designación de empresas

1.       Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, el número de empresas aéreas que desee, con el fin de explotar los servicios aéreos convenidos en las rutas especificadas, así como a sustituir por otra a una empresa aérea previamente designada.

2.       Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes podrán exigir que las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, demuestren que están en condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en las leyes y reglamentos, normal y razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación de los servicios aéreos internacionales, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, que incluye cualquier Anexo adoptado en virtud del Artículo 90 de dicho Convenio, cualquier modificación de los Anexos o del Convenio en virtud de los Artículos 90 y 94 del mismo, siempre que dichos Anexos y modificaciones hayan sido aprobados o ratificados por ambas Partes Contratantes.

3.       Al recibir dicha designación, y previa solicitud de la empresa aérea designada, formulada en la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo a las disposiciones de los apartados 3 y 4 del presente Artículo, otorgar sin demora los correspondientes permisos y autorizaciones.

4.       La concesión de las autorizaciones de explotación mencionadas en el apartado 2 de este Artículo requerirá:

a)       En el caso de una empresa aérea designada por el Reino de España:

1.       Que esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea y que posea una licencia de explotación válida de conformidad con el Derecho de la Unión Europea; y

2.       Que el control reglamentario efectivo de la compañía aérea lo ejerza y mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, apareciendo claramente indicada en la designación la Autoridad Aeronáutica pertinente; y

3.       Que la compañía aérea se encuentre efectivamente bajo el control de Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

b)       En el caso de una empresa aérea designada por Costa Rica:

1.       Que esté establecida en el territorio de Costa Rica y autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica y

2.       Que Costa Rica ejerza y mantenga un control regulador efectivo y continuado de dicha empresa aérea y sea responsable de emitir el Certificado de Operador Aéreo; y

3.       Que la compañía aérea esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

5.       Cuando una empresa aérea haya sido designada y autorizada conforme a este artículo, podrá comenzar, en cualquier momento, a explotar los servicios para los que ha sido designada, siempre que cumpla con las disposiciones de este Convenio.

ARTÍCULO 4

Revocación o Suspensión de autorizaciones

1.       Cada Parte se reserva el derecho de retirar o revocar la autorización de explotación o los permisos técnicos de una empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, de suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos especificados en el Artículo 2 del presente Convenio, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos:

a)       En el caso de una empresa aérea designada por:

1.       el Reino de España:

i)        cuando no esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea o carezca de una licencia de explotación válida conforme al Derecho de la Unión Europea o

ii)       cuando el control reglamentario efectivo de la empresa aérea no lo ejerza o mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, o cuando la Autoridad Aeronáutica pertinente no figure claramente indicada en la designación.

iii)      cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

2.       Costa Rica:

i)        cuando no esté establecida en el territorio de Costa Rica o no esté autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica o

ii)       cuando Costa Rica no ejerza o mantenga un control regulador efectivo y continuado sobre dicha empresa aérea o no sea responsable de la emisión del Certificado de Operador Aéreo.

iii)      cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

b)       Cuando dicha empresa aérea no cumpla las leyes y reglamentos de la Parte que otorga estos derechos, o

c)        Cuando dicha empresa aérea deje de explotar los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Convenio; o

2.       A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el apartado 1 de este Artículo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de las leyes y reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte Contratante.

Si dicha propuesta de modificación es aceptable para la República de Costa Rica, se propone que la presente Nota y su Nota de respuesta en sentido afirmativo modifiquen el Convenio, aplicándose provisionalmente a partir de la fecha de Canje de Notas, de conformidad con lo establecido en su artículo 15, párrafo 2, y que la modificación entre en vigor en la fecha que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales en un canje de notas adicional.

La Embajada de España en Costa Rica aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica, el testimonio de su más alta consideración”

Sobre lo anteriormente mencionado, este Ministerio tiene el honor de informar a la Honorable Embajada del Reino de España, que es aceptable para el gobierno de la República de Costa Rica, la propuesta de modificación indicada, y que la presente Nota y su Nota de respuesta en sentido afirmativo constituyen un Acuerdo de modificación al Convenio susodicho, con la salvedad de la aplicación provisional, en virtud de la Constitución Política de Costa Rica, y que la modificación entrará en vigor en la fecha que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales en un canje de notas adicional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto – Despacho del Ministro - hace propicia la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada del Reino de España, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

San José, 11 de junio de 2021

A LA HONORABLE

EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA

CIUDAD.-

NOTA VERBAL

Nº 66 / 2021

La Embajada de España saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y se refiere al Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José, el 16 de noviembre de 1979 (publicado en el B.O.E nº 65, de 17 de marzo de 1981).

En relación con el mencionado Convenio, esta Embajada tiene el honor de comunicar que, en las consultas entre las Autoridades Aeronáuticas de España y Costa Rica, celebradas de manera epistolar los pasados meses de marzo, abril y mayo de 2021, se acordó la modificación de los artículos 3, 4 y consecuentemente del artículo 1 del citado Convenio sobre Transporte Aéreo, quedando los mencionados artículos como sigue:

Artículo 1.

Definiciones

Para la interpretación y los fines del presente Convenio y su anexo, los términos que a continuación se especifican tienen la siguiente significación:

a)       El término “Convenio” significa el presente Convenio y su anexo.

b)       El término “Autoridades aeronáuticas” significa para el Reino de España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Dirección General de Aviación Civil). Y por lo que se refiere a la República de Costa Rica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, o en ambos casos, la persona o Entidad que fuera autorizada para desempeñar las funciones que en la actualidad ejercen dichas Autoridades.

c)       El término “Empresa aérea designada” significa la Empresa de transporte aéreo que cada una de las Partes contratantes designe para explotar los servicios convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al presente Convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del mismo.

d)       El término “servicio aéreo” significa todo servicio aéreo regular realizado por aeronaves de transporte público de pasajeros, carga y correo.

e)       El término “servicio aéreo internacional” significa el servicio aéreo que pasa por el espacio aéreo situado sobre el territorio de más de un Estado.

f)        El término “escala para fines no comerciales” significa el aterrizaje para fines ajenos. al embarque o desembarque de pasajeros, carga y correo.

g)       El término “tarifa” significa los precios que han de pagarse por el transporte de pasajeros. equipajes y carga, y las condiciones bajo las cuales se aplican estos precios. Incluyendo los costos y condiciones en que prestan sus servicios las agencias y otros servicios auxiliares, pero excluyendo la remuneración y las condiciones para el transporte de correo.

h)       El término “capacidad de una aeronave” significa a carga comercial de una aeronave en función del número de asientos para pasajeros y del peso útil para carga y correo.

i)        El término “capacidad ofrecida” significa la capacidad de las aeronaves utilizadas en la explotación de cada uno de los servicios aéreos convenidos multiplicado por la frecuencia.

j)        El término “frecuencia” significa el número de vuelos de ida y regreso que una Empresa aérea efectúa en una ruta especificada en un periodo dado.

k)       El término “servicios convenidos” significa los servicios aéreos internacionales regulares que, con arreglo a las estipulaciones del presente Convenio puedan establecerse en las rutas especificadas.

l)        El término “rutas especificadas” significa las rutas establecidas en el anexo al presente Convenio.

m)      El término “territorio” en relación a un Estado significa el área terrestre y el mar territorial de ese Estado, así como el espacio aéreo suprayacente.

n)       El término “nacionales”, en el caso de España, se entenderá como referido a los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

ñ)       Los términos “Tratados de la Unión Europea” y “Derecho de la Unión Europea” se entenderán como referidos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los Reglamentos Comunitarios vigentes en materia de transporte aéreo.

Artículo 3.

Designación de empresas

1.       Cada Parte Contratante tendrá derecho a designar por escrito a la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, el número de empresas aéreas que desee, con el fin de explotar los servicios aéreos convenidos en las rutas especificadas, así como a sustituir por otra a una empresa aérea previamente designada.

2.       Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes podrán exigir que las empresas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, demuestren que están en condiciones de cumplir con las obligaciones prescritas en las leyes y reglamentos, normal y razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación de los servicios aéreos internacionales, de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, que incluye cualquier Anexo adoptado en virtud del Artículo 90 de dicho Convenio, cualquier modificación de los Anexos o del Convenio en virtud de los Artículos 90 y 94 del mismo, siempre que dichos Anexos y modificaciones hayan sido aprobados o ratificados por ambas Partes Contratantes.

3.       Al recibir dicha designación, y previa solicitud de la empresa aérea designada, formulada en la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, con arreglo a las disposiciones de los apartados 3 y 4 del presente Artículo, otorgar sin demora los correspondientes permisos y autorizaciones.

4.       La concesión de las autorizaciones de explotación mencionadas en el apartado 2 de este Artículo requerirá:

a)       En el caso de una empresa aérea designada por el Reino de España:

1.       Que esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea y que posea una licencia de explotación válida de conformidad con el Derecho de la Unión Europea; y

2.       Que el control reglamentario efectivo de la compañía aérea lo ejerza y mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, apareciendo claramente indicada en la designación la Autoridad Aeronáutica pertinente; y

3.       Que la compañía aérea se encuentre efectivamente bajo el control de Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

b)       En el caso de una empresa aérea designada por Costa Rica:

1.       Que esté establecida en el territorio de Costa Rica y autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica y

2.       Que Costa Rica ejerza y mantenga un control regulador efectivo y continuado de dicha empresa aérea y sea responsable de emitir el Certificado de Operador Aéreo; y

3.       Que la compañía aérea esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

5.       Cuando una empresa aérea haya sido designada y autorizada conforme a este artículo, podrá comenzar, en cualquier momento, a explotar los servicios para los que ha sido designada, siempre que cumpla con las disposiciones de este Convenio.

Artículo 4.

Revocación o Suspensión de autorizaciones

1.       Cada Parte se reserva el derecho de retirar o revocar la autorización de explotación o los permisos técnicos de una empresa aérea designada por la otra Parte Contratante, de suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos especificados en el Artículo 2 del presente Convenio, o de imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos derechos:

a)       En el caso de una empresa aérea designada por:

1.       el Reino de España:

i)        cuando no esté establecida en el territorio del Reino de España de conformidad con los Tratados de la Unión Europea o carezca de una licencia de explotación válida conforme al Derecho de la Unión Europea o

ii)       cuando el control reglamentario efectivo de la empresa aérea no lo ejerza o mantenga el Estado Miembro de la Unión Europea responsable de la expedición de su Certificado de Operador Aéreo, o cuando la Autoridad Aeronáutica pertinente no figure claramente indicada en la designación.

iii)      cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Estados Miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, y/o de sus nacionales.

2.       Costa Rica

i)        cuando no esté establecida en el territorio de Costa Rica o no esté autorizada conforme a la legislación aplicable en Costa Rica o

ii)       cuando Costa Rica no ejerza o mantenga un control regulador efectivo y continuado sobre dicha empresa aérea o no sea responsable de la emisión del Certificado de Operador Aéreo.

iii)      cuando la compañía aérea no esté efectivamente controlada por Costa Rica y/o nacionales de Costa Rica.

b)       Cuando dicha empresa aérea no cumpla las leyes y reglamentos de la Parte que otorga estos derechos, o

c)       Cuando dicha empresa aérea deje de explotar los servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas en el presente Convenio; o

2.       A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones previstas en el apartado 1 de este Artículo sean esenciales para impedir nuevas infracciones de las leyes y reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar a la otra Parte Contratante.

Si dicha propuesta de modificación es aceptable para la República de Costa Rica, se propone que la presente Nota y su Nota de respuesta en sentido afirmativo modifiquen el Convenio, aplicándose provisionalmente a partir de la fecha de Canje de Notas, de conformidad con lo establecido en su artículo 15, párrafo 2, y que la modificación entre en vigor en la fecha que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales en un canje de notas adicional.

La Embajada de España aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica el testimonio de su más alta consideración.

San José, 9 de junio del 2021.

AL HONORABLE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Ciudad

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dos días del mes de julio del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA

Rodolfo Solano Quirós

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Rodolfo Méndez Mata

Ministro de Obras Públicas y Transportes

NOTA:       Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021570960 ).

ACUERDOS

N° 6853-21-22

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En Sesión Extraordinaria N° 13, celebrada el 28 de julio de 2021, de conformidad con las atribuciones que le confiere el inciso 22) del artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 233 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

ACUERDA:

REGLAMENTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA

ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Principios rectores, ámbito de aplicación,

objetivo y definiciones

Artículo 1º—Principios rectores. Este reglamento se basa en los principios constitucionales del respeto y garantía de la libertad, dignidad y la vida humana, el derecho al trabajo, a una vida libre de violencia, el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razones de género.

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación a lo interno de la Asamblea Legislativa y en aquellos casos en que la persona denunciada sea un diputado o diputada.

Artículo 3º—Objetivos. Los objetivos de este reglamento son:

a)             Establecer un procedimiento a lo interno de la Asamblea Legislativa que garantice el derecho de denunciar, realizar la investigación bajo los principios del debido proceso y en caso de que se determine responsabilidad, sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados.

b)            Establecer los ajustes en la Política para Prevenir y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa.

Artículo 4º—Definiciones. Amonestación ética pública: Sanción a imponer al diputado o diputada responsable de la conducta de hostigamiento sexual y que consiste en una amonestación de carácter ético de la cual se dejará constancia por escrito en el expediente del procedimiento correspondiente y que no se considerará confidencial, salvo lo referente a los datos de la persona denunciante. Dicha amonestación será divulgada al menos por los medios oficiales de la Asamblea Legislativa.

Hostigamiento sexual: Se entiende por acoso u hostigamiento sexual, toda conducta sexual escrita, verbal, no verbal o física, indeseada por quien la recibe, reiterada o aislada, que provoca una afectación en las condiciones o el desempeño de su trabajo; en el estado de bienestar personal o causando un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual: Es el órgano competente para llevar a cabo la instrucción del procedimiento interno hasta el dictado del informe con la recomendación respectiva.

Persona denunciante: Es la persona que denuncia ser afectada por la conducta de hostigamiento sexual en el ámbito parlamentario, puede ser funcionario o funcionaria de la Asamblea Legislativa, diputado o diputada, usuario o usuaria, proveedor de servicios, asesor o asesora ad honórem.

Persona denunciada: La diputada o diputado al que se le atribuye la conducta de hostigamiento sexual.

Artículo 5º—Manifestaciones del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otros, por medio de los siguientes comportamientos:

a)             Requerimiento de favores sexuales que impliquen:

i.              Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura de empleo, en el desempeño del cargo en la atención de derechos e intereses, de la persona denunciante.

ii.             Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, manifiestas u ocultas, de restricciones, daños o castigos referidos a la situación actual o futura, de empleo, en el desempeño del cargo o en la atención de derechos e intereses, de la persona denunciante.

iii.            Exigencias de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o para la adecuada atención institucional de los derechos e intereses de las personas usuarias.

b)            Uso de palabras escritas u orales, imágenes o de expresiones de naturaleza sexual, mediante documentos, instrumentos tecnológicos o cualquier otro medio, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas en contra de la persona denunciante.

c)             Acercamientos corporales, contacto físico, exhibicionismo u otra conducta física de naturaleza sexual, indeseada u ofensiva en contra de la persona denunciante.

Política para Prevenir y Erradicar el Acoso

y Hostigamiento Sexual y divulgación del reglamento

Artículo 6º—Ajustes a la Política para Prevenir y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa. En virtud del presente reglamento deberán realizarse los ajustes respectivos en la Política para Prevenir y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa.

Artículo 7º—De la divulgación. Es responsabilidad de los departamentos competentes de la Asamblea Legislativa la divulgación de este reglamento, para asegurar el conocimiento, el acceso, la transparencia, la observancia y aplicación del mismo. Para la divulgación, la Asamblea Legislativa presupuestará los recursos materiales que resulten necesarios para dar cumplimiento a esta disposición.

Disposiciones generales del procedimiento

Artículo 8º—Sobre los principios que rigen el procedimiento. Durante el trámite del procedimiento serán de acatamiento obligatorio los principios generales del debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria, así como los específicos en tema de hostigamiento sexual, entendidos como la confidencialidad y el principio pro víctima.

Artículo 9º—La persona denunciante dentro del proceso. La persona denunciante se considera parte del proceso de conformidad con los lineamientos establecidos en este reglamento, con todos los derechos inherentes a tal condición.

Artículo 10.—De los derechos de las partes procesales. Las partes procesales tendrán derecho a contar con representación legal y con el apoyo emocional o psicológico de su confianza, durante todas las fases del procedimiento.

Artículo 11.—De las garantías para la persona denunciante y testigos durante el procedimiento. Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya sido indicada como testigo, deberá tener perjuicio personal alguno en su empleo como consecuencia de su participación en este procedimiento.

Artículo 12.—Prohibición de conciliación. La denuncia por acoso u hostigamiento sexual no admite conciliación por tratarse de relaciones de violencia, de poder y por aumentar los factores de riesgo y revictimización de la persona denunciante.

Artículo 13.—Del expediente de la Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual. El expediente de la Comisión deberá contener toda la documentación relativa a la denuncia, la prueba recabada durante la investigación, las actas, las resoluciones y constancias de notificación entre otros documentos generados durante la tramitación del procedimiento; debiendo estar foliado, numerado y ordenado cronológicamente.

El expediente y la información contenida en el mismo son confidenciales. Deberán ser custodiados y tramitados por el Departamento Legal de la Asamblea Legislativa. Las partes y sus representantes tendrán acceso a la documentación que lo conforma.

Del procedimiento

Artículo 14.—De la denuncia. La denuncia deberá ser planteada ante cualquier miembro del Directorio de la Asamblea Legislativa. Esta deberá contener al menos lo siguiente:

a)             Nombre de la persona denunciante y de la persona denunciada.

b)            Descripción de los hechos y situaciones que pudieran consistir en manifestaciones de acoso sexual, con mención aproximada de la fecha y lugar.

c)             Aportar o señalar la prueba documental y testimonial que sea atinente. Para tal efecto deberá dar los datos referenciales de los que tenga conocimiento para localizar la prueba; cuando se trate de una referencia de prueba testimonial, deberá indicar el nombre y lugar donde se podrá ubicar a las personas señaladas.

d)            Lugar o medio para atender notificaciones.

e)            Lugar y fecha de la denuncia.

f)             Firma.

Cuando la denuncia sea interpuesta contra cualquier miembro del Directorio de la Asamblea Legislativa, deberán abstenerse de participar en la instrucción de la denuncia y en la decisión y aplicación de cualquiera de las medidas cautelares indicadas en este reglamento y serán sustituidos por sus suplentes.

Artículo 15.—De la recepción y el envío de la denuncia a la Comisión. Recibida la denuncia en la Presidencia de la Asamblea Legislativa, dentro del plazo de tres días hábiles solicitará a las Jefaturas de Fracción las sugerencias para conformar la Comisión Especial que se encargará de conocer la denuncia. Estas sugerencias deberán remitirse en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Recibidas las sugerencias por las Jefaturas de Fracción, dentro del plazo de dos días hábiles, la Presidencia remitirá la denuncia al Departamento Legal, a efectos de que conforme el respectivo expediente y posteriormente lo traslade a la Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual. Igualmente, deberá comunicar la denuncia al Directorio Legislativo.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, después de recibidas las sugerencias de las Jefaturas de Fracción, procederá a conformar una Comisión Especial, para que se encargue de conocer e investigar la denuncia de acoso sexual que sea interpuesta en contra de un diputado o diputada, de conformidad con el procedimiento y los fines dispuestos en este reglamento.

Artículo 16.—De la Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual. Esta comisión deberá estar conformada por cinco diputaciones con paridad de género.

Deberán nombrar una Presidencia y una Secretaría según lo establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El Directorio de la Asamblea Legislativa deberá tomar las previsiones administrativas necesarias para que en todo momento la Comisión sea asesorada por al menos un profesional en Derecho con conocimiento en materia de hostigamiento sexual y régimen disciplinario del Departamento Legal de la Asamblea Legislativa.

Artículo 17.—Del Plazo de la Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual. La Comisión deberá rendir su informe en el plazo de dos meses contados a partir de su instalación. Antes de vencer el término para rendir el informe y a solicitud de la Comisión, la Presidencia de la Asamblea Legislativa podrá ampliarlo por una única ocasión hasta por quince días naturales adicionales.

Si vencido el plazo y su prórroga la Comisión no rindiera el informe, se tendrá por ampliado el plazo de forma automática hasta que este sea presentado. Durante este período ninguno de los miembros de la Comisión devengará sus dietas regulares.

Artículo 18.—Deber de colaboración de las oficinas y de los servidores y servidoras de la Asamblea Legislativa. La Comisión Especial contará con colaboración de las oficinas y del personal de la Asamblea Legislativa para facilitar su labor.

El Departamento Legal de la Asamblea Legislativa deberá en todo momento asesorar y colaborar en todo acto que realice la Comisión.

Las personas funcionarias que participen en apoyo de la Comisión estarán obligadas a mantener confidencialidad sobre el caso de conformidad al numeral 18 de la Ley N° 7467, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y el artículo 82 del Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa Nº 46-06-07 y el incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el régimen disciplinario vigente.

Artículo 19.—Medidas cautelares. El Directorio de la Asamblea Legislativa deberá resolver de manera oficiosa y con carácter de urgencia la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares establecidas en este Reglamento. Estas deberán ser ordenadas mediante resolución debidamente fundada. Podrán dictarse desde el inicio y en cualquier

etapa del procedimiento, y ser dictadas de oficio, a solicitud de algunas de las partes o de la Comisión Especial.

Estas medidas podrán ser:

a)             Que la persona denunciada se abstenga de perturbar a la persona denunciante y los testigos.

b)            Que la persona denunciada se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo que la persona denunciante o sus testigos requieren para cumplir sus funciones.

c)             La reubicación laboral, tomando en cuenta lo siguiente:

c.1)               Cuando ambas partes laboren en el mismo departamento u oficina, o cuando exista una relación de subordinación, o;

c.2)               Cuando existan indicios de que el hostigamiento se continuará dando.

d)            La permuta del cargo.

e)            Excepcionalmente la separación temporal del cargo con goce de salario.

f)             Cuando sea en un caso entre pares, el Directorio deberá considerar las medidas cautelares que la persona denunciante solicite y consideren oportunas, así como valorar las condiciones específicas del ejercicio del cargo.

g)             Cuando las personas denunciantes sean trabajadoras de proveedores de servicios de la Asamblea Legislativa, la institución será responsable de velar por que las medidas cautelares establecidas en este Reglamento sean cumplidas por contratista.

En caso de darse las medidas contempladas en los incisos c) o d), deberá ser a un puesto de igual categoría respetando los derechos laborales y beneficios de la persona trasladada.

Los incisos c, d y e) no serán aplicables para diputados y diputadas.

Se podrán dictar otras medidas que tiendan a la protección de los testigos y de la persona denunciante a efectos de evitar cualquier tipo de revictimización.

Artículo 20.—Del traslado de la denuncia. Una vez instaurada la Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual, se dará traslado de la denuncia de manera personal y privada a la persona denunciada, mediante acta que deberá firmar como constancia de recibido, otorgándole un plazo de ocho días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación, para que se refiera al contenido de la denuncia de manera escrita, ofrezca la prueba pertinente y atinente a los hechos, y señale medio electrónico para atender notificaciones.

Artículo 21.—Audiencia sobre la contestación de la denuncia. Una vez contestada la denuncia, la Presidencia de la Comisión Especial otorgará un plazo de tres días hábiles sobre la misma y la prueba ofrecida, a la persona denunciante para que realice las manifestaciones por escrito que estime correspondientes.

Artículo 22.—Audiencia de recepción de pruebas. La Comisión Especial señalará hora y fecha para recibir en una audiencia oral y privada en virtud de la naturaleza sensible de los hechos investigados, en aras de resguardar la confidencialidad según dispone el numeral 18 de la Ley N° 7467, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y evitar la re-victimización de la persona denunciante.

En dicha audiencia se recibirá la prueba testimonial ofrecida por ambas partes, con mención expresa de los nombres de las personas testigos admitidas, siendo las partes quienes deben procurar la presencia de las mismas. La citación por parte de la Comisión Especial se hará con al menos ocho días hábiles de anticipación, y en los términos del numeral 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Cada persona testigo será recibida en forma separada, con la sola presencia de la Comisión, de ambas partes y de sus representantes legales. Las personas testigos serán interrogados por la Comisión Especial únicamente en relación a los hechos sobre los que versa la denuncia. Las personas testigos podrán ser repreguntados por las partes y sus representantes legales, debiendo velar la Comisión por que todo se haga con el mayor respeto y mesura. Todas las manifestaciones serán grabadas y se conservarán los registros de grabación, junto con el resto de la documentación que forma parte del expediente del procedimiento en el Departamento Legal.

Evacuadas en su totalidad las pruebas, las partes deberán presentar sus alegatos finales y conclusiones de manera oral, o si concluida la audiencia la Comisión Especial estima conveniente que las mismas se reciban de manera escrita, se otorgará a las partes, un plazo de 3 días hábiles posteriores a la conclusión de la misma.

Artículo 23.—Valoración de la prueba. Para la valoración de la prueba deberá darse preeminencia a la aplicación de los principios de la integridad de la prueba, sana crítica, inmediatez y objetividad, atendiendo además los principios generales del debido proceso y especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual señalados en este reglamento.

Artículo 24.—Del informe de la Comisión Especial encargada de conocer la denuncia de hostigamiento sexual. En el plazo máximo de ocho días hábiles, después de recibidos los alegatos finales, la Comisión Especial rendirá su informe con la recomendación respectiva por escrito, atendiendo a lo dispuesto en los numerales 81, 81 bis, 82 y 131 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Artículo 25.—Trámite en el Plenario Legislativo y resolución final. En caso de un informe unánime afirmativo, afirmativo de mayoría o se presente un dictamen afirmativo de minoría, este será remitido a la Secretaría del Directorio y, una vez que haya transcurrido el tiempo de espera señalado en el artículo 131 del Reglamento, la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá determinar en la sesión siguiente, la fecha cuando será conocido por el Plenario. Esta fecha nunca podrá ser menor a dos días hábiles, pero nunca mayor a ocho días hábiles a partir del anuncio, salvo que existan asuntos pendientes en el orden del día del Plenario con plazo constitucional, legal o reglamentario que estén por vencer; los cuales tendrán prioridad sobre el informe. El informe deberá votarse en la misma sesión cuando inicie su discusión, por lo cual, este punto ocupará el primer lugar de los asuntos de régimen interno y se tendrá por ampliado el lapso establecido en el párrafo segundo del artículo 35 del Reglamento hasta su votación definitiva. Si no se ha agotado la lista del uso de la palabra faltando cinco minutos para las diecinueve horas, la Presidencia dará por discutidos los informes y procederá a su votación de forma inmediata, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 96 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

En caso de que se dé un informe negativo unánime o negativo de mayoría si no se presentara un afirmativo de minoría según el artículo 81 bis, se procederá con el archivo del expediente sin más trámite.

En aras de resguardar la confidencialidad según dispone el numeral 18 de la Ley N° 7467, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el Plenario Legislativo podrá, mediante acuerdo en que consten las razones fácticas y jurídicas que justifiquen tal medida y aprobado por las dos terceras partes de los diputados presentes, declarar de manera excepcional el secreto de la sesión, de conformidad al numeral 117 de la Constitución Política.

Artículo 26.—Sanción a aplicar. Aprobada por parte del Plenario Legislativo, la recomendación de la Comisión Especial en que se determine que el diputado o diputada denunciada es responsable del hostigamiento sexual, la sanción a aplicar será una amonestación ética pública, según se define en el artículo 4 de este reglamento, protegiendo la identidad de la persona denunciante, y demás datos considerados confidenciales que consten en el expediente.

Lo anterior sin perjuicio de otras acciones judiciales que pueda interponer la persona hostigada, de conformidad a la legislación vigente, siempre cumpliendo con la protección de los datos considerados confidenciales.

Artículo 27.—Notificación de lo resuelto. Del acuerdo tomado por el Plenario Legislativo, se deberá notificar a las partes, en el lugar señalado para tales efectos, procurando siempre atender al principio de confidencialidad.

Artículo 28.—Fase recursiva. Contra lo acordado por el Plenario Legislativo, podrá plantearse recurso de revisión, en los términos dispuestos en el numeral 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En este caso, las diputaciones firmantes, podrán hacer uso de la palabra por un plazo que, de manera individual o conjunta, no exceda de 15 minutos.

Adicionalmente, otro diputado, diputada o diputados podrán hacer uso de la palabra para manifestarse en contra, que individual o de manera conjunta, no exceda el mismo tiempo otorgado al proponente de la revisión.

Artículo 29.—De los diputados y diputadas denunciados que dejen de tener tal condición durante el procedimiento. En caso de que el diputado o diputada denunciada dejare de tener esa condición durante el procedimiento, la Comisión Especial podrá rendir de manera anticipada el informe de recomendación al Plenario Legislativo, indicando las recomendaciones correspondientes.

Disposiciones finales

Artículo 30.—De la normativa supletoria. En lo no previsto en este reglamento, se aplicará lo establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Rige a partir de su aprobación.

Publíquese

Asamblea Legislativa.—San José, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veintiuno.—Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta.—Aida María Montiel Héctor, Primera Prosecretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández, Segunda Secretaria.—  1 vez.—O. C. N° 21002.—Solicitud N° 285195.—( IN2021570659 ).

N° 6854-21-22

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

Declarar cerrado el Primer Período de Sesiones Extraordinarias de la Cuarta Legislatura 2021-2022, Período Constitucional: 2018-2022.

Rige a partir del 31 de julio de 2021.

Asamblea Legislativa.—San José, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.—Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta.—Aida María Montiel Héctor, Primera Prosecretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. N° 21002.—Solicitud N° 285197.—( IN2021570637 ).

N° 6855-21-22

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

Declarar abierto el Primer Período de Sesiones Ordinarias de la Cuarta Legislatura 2021-2022, Período Constitucional 2018-2022.

Asamblea Legislativa.—San José, tres de agosto de dos mil veintiuno.—Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Presidenta.—Aida María Montiel Héctor, Primera Prosecretaria.—Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández, Segunda Secretaria.—1 vez.—O. C. N° 21002.—Solicitud N° 285199.—( IN2021570627 ).