LEYES

10545

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN PROCESOS

DE ADOPCIÓN

ARTÍCULO 1- Refórmese el inciso a) del artículo 95 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. El texto es el siguiente:

Artículo 95-

[…]

Se otorgará licencia especial en los siguientes casos:

a) En la adopción individual se otorgará licencia especial por tres meses, de forma remunerada, al adoptante y en la adopción conjunta se otorgará licencia especial de tres meses, divisible entre las personas adoptantes de común acuerdo, la cual podrá tomarse de forma simultánea o alterna, según decisión de las partes. En estos casos de adopción, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Código de Familia y regulación conexa, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada con fines de adopción la persona menor de edad o en su defecto a partir de la firmeza de la sentencia que aprueba la adopción y se ordene su entrega efectiva. Para gozar de la licencia, la persona o las personas adoptantes deberán presentar una certificación de la resolución administrativa o judicial o sentencia en firme, que permita la entrega e inicio de la convivencia efectiva de la persona menor de edad con fines de adopción o adopción definitiva. La suspensión de la medida de entrega efectiva de la persona menor de edad o la sentencia que declare sin lugar el proceso de adopción deberá ser comunicada por parte del Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia a la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del plazo de tres días posteriores a su firmeza. Lo anterior con el fin de que se ponga fin a la licencia de paternidad y maternidad otorgada.

ARTÍCULO 2- Refórmese el inciso a) del artículo 13 de la Ley 7756, Beneficios para los responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, de 25 de febrero de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 13- Licencia extraordinaria

[…]

a) Que el familiar enfermo tenga una relación de dependencia con la persona asegurada activa que solicita su cuido. En el caso de las personas menores de edad, puede tratarse de los progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador, el representante legal o, en ausencia de estos, el familiar más cercano del enfermo. En el caso de procesos de adopción, se requerirá que la persona que solicite el beneficio en nombre de una persona menor de edad la haya recibido con el propósito de la adopción. Para poder acceder a la licencia, el adoptante deberá presentar una certificación de la resolución o sentencia en firme que permita la entrega e inicio de la convivencia efectiva de la persona menor de edad con fines de adopción o adopción definitiva.

ARTÍCULO 3- Refórmese el artículo 41 de la Ley 10159, Ley Marco de Empleo Público, de 8 de marzo de 2022

Artículo 41- Permiso de paternidad y maternidad. Los padres que tengan un hijo biológico o a través de un proceso de adopción podrán gozar de un permiso de paternidad y maternidad, con goce de salario por un mes calendario, posterior al día del nacimiento o, en los procesos de adopción se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada con fines de adopción la persona menor de edad o, en su defecto, a partir de la firmeza de la sentencia que aprueba la adopción y se ordene su entrega efectiva. Para gozar de la licencia, la persona o personas adoptantes deberán presentar una certificación de la resolución administrativa o judicial o sentencia en firme que permita la entrega e inicio de la convivencia efectiva de la persona menor de edad con fines de adopción o adopción definitiva. La suspensión de la medida de entrega efectiva de la persona menor de edad o la sentencia que declare sin lugar el proceso de adopción deberá ser comunicada por parte del Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia a la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del plazo de tres días posteriores a su firmeza. Lo anterior con el fin de que se ponga fin a la licencia de paternidad y e maternidad otorgada.

ARTÍCULO 4- Refórmese el párrafo primero del artículo 95 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 26 de agosto de 1943. El texto es el siguiente:

Artículo 95- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. El goce de la licencia y subsecuentes no se verá afectado por la condición laboral interina de las mujeres trabajadoras.

[…]

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO l- Todos los casos no resueltos, al momento de entrada en  vigencia de la presente ley, se resolverán al amparo de la nueva normativa.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

    Carlos Felipe García Molina              Olga Lidia Morera Arrieta

             Primer secretario                           Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez.—1 vez.—Exonerado.—( L10545 – IN2024907637 ).

10569

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DEL PASAJE

LEÓN CORTÉS, UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS 1 Y 3

DEL DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN CENTRAL

DE ALAJUELA, Y CREACIÓN DEL PASAJE CULTURAL

Y RECREATIVO LEÓN CORTÉS

ARTÍCULO 1- Se desafecta del dominio público el Pasaje León Cortés, ubicado entre las avenidas 3 y 5 del distrito primero, del cantón primero de la provincia de Alajuela, terreno que cesa su destino al servicio de la circulación de personas y vehículos, para convertirse en un bien de naturaleza patrimonio de la Municipalidad de Alajuela, persona jurídica con el número de cédula jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos cero seis tres (N. ° 3-014-042063), para que sea destinado a los nuevos fines que indica el artículo 2 de esta ley, en los términos señalados por el artículo 261 de la Ley 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887.

ARTÍCULO 2- La Municipalidad de Alajuela podrá cerrar el acceso a la zona para garantizar su vigilancia y debido mantenimiento, resguardando el derecho de los inmuebles vecinos al acceso a los parqueos. Igualmente, podrá ejecutar las obras de infraestructura, transformación, ornato y forestación que considere necesarias para la construcción y el funcionamiento de un bulevar, gestionado por la Municipalidad de Alajuela, para el desarrollo de actividades culturales, recreativas y sociales de interés para el cantón.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina              Olga Lidia Morera Arrieta

          Primer secretario                             Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y el Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.— 1 vez.—Exonerado.—( L10569 – IN2024907644 ).

10567

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO DE UN INMUEBLE Y AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO PARA QUE SEGREGUE Y DONE

UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD

A LA ACTUAL POSEEDORA

ARTICULO 1- Se desafecta del uso público el bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Guácimo, cedula de persona jurídica número tres- cero uno cuatrocero cuatro dos uno dos dos (N° 3-014-042122), inscrito en el Registro Público, partido de Limón, bajo el sistema de folio real matricula número uno cinco siete cuatro cuatro dos (N° 157442), el cual registralmente se describe así: naturaleza: terreno de zacate; situado en el distrito 1, Guácimo; cantón 6, Guácimo; provincia de Limón; linderos: al norte Municipalidad de Guácimo; al sur calle publica con un frente de nueve metros lineales (9m); al este Municipalidad de Guácimo y al oeste lotes de la Municipalidad de Guácimo; cuenta con una medida de ciento ochenta metros cuadrados (180m2), plano catastrado número L-cero cuatro cinco ocho cinco cinco cero-mil novecientos noventa y siete (N° L-0458550-1997), propiedad que está libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios.

ARTICULO 2-     Se autoriza a la Municipalidad de Guácimo para que done la finca descrita a la siguiente beneficiaria: Etelvina Lopez Rivera, cedula siete- cero cero tres nueve- cero tres cero nueve (N° 7-0039-0309).

ARTICULO 3-          Le corresponde a la Notaria del Estado formalizar todos los tramites de esta donación, mediante la elaboración de la escritura correspondiente.

Además, queda facultada expresamente para actualizar y corregir la medida, los linderos y cualquier error, diferencia u omisión relacionados con los dates del inmueble a donar, así como cualquier otro dato registral o notarial que sea necesario para la debida inscripción del documento en el Registro Nacional.

ARTICULO 4-          Para gozar del beneficio otorgado por esta ley, se deberá demostrar, ante la Municipalidad de Guácimo, que se ha ejercido su derecho de posesión por el periodo de posesión de un mínimo de diez años, de manera continua, publica, pacífica y a título de dueño.

Para el cálculo del término se computará la transferencia de la posesión de los anteriores poseedores, según el artículo 863 de la Ley 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887.

ARTICULO 5-          El inmueble desafectado, adjudicado y traspasado, conforme a Io establecido en el artículo 292 de la Ley 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887, no podrá ser vendido, gravado, arrendado, cedido ni traspasado a terceras personas, hasta tanto no hayan transcurrido diez años de la adjudicación y el traspaso. Se exceptúan de esta regulación las operaciones de las personas adjudicatarias con entes autorizados del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda.

Rige a partir de su publicación

ASAMBLEA LEGISLATIVA               Aprobada a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

    Carlos Felipe García Molina            Olga Lidia Morera Arrieta

       Primer secretario                              Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Ministro de Gobernación Policía y Seguridad Publica, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10567 - IN2024907648 ).

N° 10568

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 24 BIS A LA LEY 6703, LEY SOBRE PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1981

LEY PARA LA TUTELA EFECTIVA DE LOS OBJETOS CULTURALES NO DESCUBIERTOS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES POR OMISIÓN DE AVISO A LAS AUTORIDADES

POR EXTRAVÍOS Y HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Artículo 1-  Se adiciona un párrafo segundo al artículo 1 y dos párrafos, segundo y tercero, al artículo 24 de la Ley 6703, Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, del 28 de diciembre de 1981. Los textos son los siguientes:

Artículo 1-

(…)

También constituyen patrimonio nacional arqueológico los monumentos y objetos culturales no descubiertos de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, ya sea que se encuentren en el subsuelo o en zonas subacuáticas.

Artículo 24- Excavación, transferencia o conservación ilícita.

(…)

También considerarán objetos de tenencia ilícita, para efectos del presente artículo, los objetos culturales encontrados en excavaciones ilícitas o encontrados en excavaciones lícitas, pero que son conservados de modo ilícito.

A efectos de garantizar el retorno o la restitución al Estado de los objetos culturales descubiertos en excavaciones ilícitas o descubiertos en excavaciones lícitas, pero que han sido conservados de modo ilícito, dichos objetos serán considerados objetos de tenencia ilícita. La transferencia de propiedad entre sujetos privados de un objeto cultural con arreglo al presente artículo será nula y sin efecto.

Quedará exceptuada de la presente norma la trasmisión de objetos que se realice entre personas indígenas, siempre y cuando sea de buena fe, sin ánimo de lucro y como parte de la cotidianidad cultural de los pueblos indígenas.

ARTÍCULO 2-     Se reforman los artículos 3, 15, 18, 19 y 21 de la Ley 6703, Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, del 28 de diciembre de 1981. Los textos son los siguientes:

Artículo 3-  Propiedad del Estado

Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos, que sean descubiertos en cualquier forma, encontrados a partir de la vigencia de esta ley, así como los poseídos por particulares después de la vigencia de la Ley 7, del 6 de octubre de 1938, cuando estos no hayan cumplido con los requisitos exigidos por esa ley, así como los objetos culturales no descubiertos, siempre y cuando no exista ningún derecho de propiedad válido anterior.

El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para proteger los objetos culturales no descubiertos y preservarlos para las generaciones presentes y futuras.

Artículo 15-

(…)

El Museo Nacional queda obligado a supervisar los trabajos de excavación a que se refiere este artículo. En aquellos sitios ubicados dentro de territorios indígenas, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 1 1 de la Ley 7316, Convenio N. 0 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del 3 de noviembre de 1992, y la Ley 6172, Ley Indígena, del 29 de noviembre de 1977, las excavaciones arqueológicas solo podrán realizarse con autorización del gobierno local de la comunidad indígena correspondiente y con el visto bueno de la Comisión Arqueológica Nacional.

Artículo 18-               El Poder Ejecutivo incluirá todos los años, en el presupuesto ordinario, una partida que no será inferior a tres millones de colones (Q3 000 000,00), la cual girará al Museo Nacional, a efectos de que esta institución atienda las obligaciones registrales que se le asignan en la presente ley y procure la conservación y recuperación del patrimonio nacional arqueológico.

Artículo 19-               Toda persona que tenga un bien, de los que esta ley define como patrimonio nacional arqueológico, será responsable de su conservación. En caso de deterioro, extravío o pérdida de este deberá comunicarse inmediatamente el caso al Museo Nacional, para que se tomen las medidas necesarias relativas a su conservación, restauración o recuperación. Quien omita la comunicación, será sancionado con una multa de dos a trece salarios base.

La denominación “salario base” corresponde al monto equivalente al salario base mensual del “Oficinista 1” que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del ilícito. Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo.

Artículo 21-               Quien omita el aviso a las autoridades de policía administrativas, a que se refiere el artículo 11 de la presente ley, será penado con una multa equivalente a de tres a seis salarios base. Si fuera una persona en ejercicio de funciones públicas la que no toma las medidas precautorias pertinentes, la falta constituirá una falta grave sujeta a la sanción de destitución del cargo sin responsabilidad patronal, mediante proceso disciplinario y sin perjuicio de las demás sanciones penales en que pueda incurrir.

La denominación “salario base” corresponde al monto equivalente al salario base mensual del “Oficinista 1” que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del ilícito. Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

    Carlos Felipe García                      Olga Ligia Morera Arrieta

      Primer secretario                            Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.—1 vez.—Exonerado.— ( L10568 - IN202907651 ).

N° 10565

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARATORIA DE LA BANDA MUNICIPAL

DE TURRIALBA COMO INSTITUCION

BENEMERITA DE LA PATRIA

ARTICULO UNICO- Se declara a la Banda Municipal de Turrialba, ubicada en el cantón de Turrialba, como Institución Benemérita de la Patria.

Rige a partir de su publicación.

COMISION LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA. Aprobado a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

   Vanessa de Paul Castro Mora                       Dinorah Cristina Barquero Barquero

Presidenta                                                  Secretaria

Asamblea Legislativa, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina            Olga Lidia Morera Arrieta

         Primer Secretario                           Segunda Secretario

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECUTESE Y PUBLIQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.—1 vez.—Exonerado.—( L10565 - IN2024907655 ).

10560

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 21 DE

LA LEY 3859, LEY DEL DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD (DINADECO), DE 7 DE ABRIL

DE 1967, PARA INCLUIR AL MENOS

UNA PERSONA JOVEN DENTRO

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

LAS ASOCIACIONES

DE DESARROLLO

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el inciso b) del artículo 21 de la Ley 3859, Ley del Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), de 7 de abril de 1967. El texto es el siguiente:

Artículo 21- Los órganos de las asociaciones de desarrollo comunal serán los siguientes:

[…]

b) La Junta Directiva deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos y entre ellos, al menos, una de las personas debe ser joven según la definición establecida en la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002; de ser elegida alguna persona menor de edad, estas personas representantes no podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial, ni podrán contraer obligaciones en nombre de este. En toda nómina u órgano impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.

[…]

Rige a partir de su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA- Aprobado a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

Melina Ajoy Palma                    David Lorenzo Segura Gamboa

          Presidenta                                            Secretario

ASAMBLEA LEGISLATIVA- A los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

    Carlos Felipe García Molina                 Olga Lidia Morera Arrieta

           Primer secretario                                 Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10560 - IN2024907657 ).

N° 10561

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, LA PREVENCIÓN

DE LA VIOLENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS

DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LOS ESPACIOS

PÚBLICOS

ARTÍCULO 1-          Objetivo

Esta ley tiene por objeto la prevención de toda forma de violencia contra las personas jóvenes en los espacios públicos y el establecimiento de políticas y medidas que propicien un mayor ejercicio de sus derechos en sus procesos de socialización, así como en los procesos de planificación, diseño, creación y modificación del espacio público, de conformidad con la Ley 8612, Aprobación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, de 1 de noviembre de 2007, y la Ley 8261 , Ley General de la Persona Joven, de 02 de mayo de 2002.

ARTÍCULO 2-          Interés público

Esta ley es de interés público y está destinada a promover ambientes libres de violencia en los espacios públicos, procurando el respeto por la dignidad humana, el derecho a la paz, a la integridad personal, a la participación y a la no discriminación de las personas jóvenes.

ARTÍCULO 3-          Definiciones

Para la interpretación y aplicación de esta ley, en el contexto de la prevención de la violencia, el espacio público y los derechos de las personas jóvenes, se definen los siguientes conceptos:

a) Personas jóvenes: se entiende como personas jóvenes a aquellas con edades comprendidas entre los doce y los treinta y cinco años.

b)  Espacio público: aquella parte del territorio destinada al uso común por parte de las personas, así como al ejercicio de los derechos de circulación, reunión, recreación y esparcimiento, acceso a la cultura y libertad de comercio.

c)  Prevención de la violencia: conjunto de acciones por parte de las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sector privado y sociedad en general, dirigidas a reducir y mitigar los factores de riesgo que causan todo tipo de agresiones, así como las consecuencias que estas generan.

d)  Derecho a la ciudad: condiciones y garantías que permiten a las personas hacer uso de los espacios públicos en el marco del respeto por su dignidad humana y sus derechos fundamentales, así como de participar en los procesos de planificación, diseño, creación y modificación de los espacios públicos.

e)  Derecho a la participación de las personas jóvenes: proceso por medio del cual las personas jóvenes ejercen incidencia política y apelan por sus intereses colectivos en los espacios democráticos de toma de decisiones sobre los asuntos públicos.

f) Consulta sobre los espacios públicos: proceso mediante el cual los comités cantonales de la persona joven podrán construir espacios participativos sobre los espacios públicos de las personas jóvenes, cuyos resultados se harán llegar al municipio correspondiente.

ARTÍCULO 4-          Fines de esta ley

Son fines de esta ley los siguientes:

a)  Resguardar el derecho a la integridad personal de las personas jóvenes.

b)  Fortalecer los instrumentos de participación e incidencia de las personas jóvenes en el diseño y la planificación de los espacios públicos.

c) Fortalecer las acciones para la construcción de identidades y la pertenencia de las personas jóvenes en los espacios públicos.

d) Propiciar mayores herramientas para que los gobiernos locales fomenten la paz social en el espacio público.

e)  Instruir y requerir a las municipalidades desarrollar políticas y tomar medidas que procuren la defensa de los derechos de las personas jóvenes en espacios públicos y promuevan la participación de esta población en la toma de decisiones a nivel cantonal.

f)  Procurar la protección de los derechos de las personas jóvenes, para un mejor ejercicio de estos en el ámbito de los espacios públicos.

g) Establecer procesos de capacitación para la generación de acciones que protejan a las personas jóvenes de cualquier forma de violencia.

h)  Garantizar una actuación coordinada y una colaboración constante entre las distintas administraciones públicas y profesionales de los diferentes sectores implicados en la sensibilización, prevención, detección temprana, protección y reparación.

i)  Erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan la violencia.

j)   Promover la asociatividad y la participación de las juventudes.

ARTÍCULO 5- Modalidades de violencia en los espacios públicos

La violencia en los espacios públicos puede manifestarse de las siguientes formas:

a)  Física: toda acción intencional que busque dañar a una persona, o grupo de personas, en su integridad física.

b)  Patrimonial: las acciones dirigidas a dañar o tomar en posesión, sin consentimiento, las pertenencias de otras personas.

c)  Verbal: se manifiesta por medio del lenguaje verbal que produce daños a la dignidad de las otras personas, tales como insultos, palabras agresivas y comentarios discriminatorios.

d)  Social: toda manifestación que excluye o margina a las personas del espacio público en razón de su género, etnia o raza, nacionalidad, religión, orientación sexual e identidad de género, condición de discapacidad, estatus socioeconómico o cualquier otra condición social.

e)  Sexual: manifestación que vulnera la integridad de las personas por medio de comentarios no deseados, insinuaciones o amenazas con contenido sexual, y todas aquellas conductas tipificadas dentro de los delitos sexuales y la normativa sobre acoso y hostigamiento sexual.

f) Violencia psicológica: conjunto de acciones, comportamientos y/o actitudes que tienen por objeto controlar, manipular, humillar y/o generar un perjuicio emocional a una persona o grupo de personas mediante el uso de la intimidación, el miedo, la culpa, la vergüenza y la negación, para afectar la estabilidad y el bienestar mental de la persona o personas que lo sufren.

CAPÍTULO ll

Participación de las personas jóvenes en relación

con los espacios públicos

ARTÍCULO 6-     Mecanismos de consulta a las personas jóvenes en relación con los espacios públicos

Las municipalidades promoverán la participación de las personas jóvenes en los procesos de planificación, diseño, creación, modificación, mantenimiento y recuperación de los espacios públicos, en los términos establecidos en la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998.

Para tal fin, cada municipio aplicará, en conjunto con el respectivo comité cantonal de la persona joven, un mecanismo para la consulta y participación de personas jóvenes de cada cantón acerca del estado de los espacios públicos y su regulación.

Los comités cantonales de la persona joven podrán organizar espacios de trabajo  permanentes con el fin de elaborar observaciones sobre la convivencia y los espacios públicos, y plantear las iniciativas que consideren pertinentes. Para ello, la respectiva municipalidad deberá dotar de los medios necesarios.

ARTÍCULO 7-         Objetivos generales del mecanismo de consulta a las personas jóvenes en relación con los espacios públicos

Los objetivos del mecanismo de consulta a las personas jóvenes en relación con los espacios públicos son los siguientes:

a)  Propiciar un ejercicio del derecho de expresión y participación ciudadana de las personas jóvenes en los asuntos que respectan a los espacios públicos.

b)  Recolectar datos acerca del uso que hacen las personas jóvenes del espacio público, así como de sus necesidades e intereses al respecto.

c)  Proponer sesiones de trabajo con las diferentes organizaciones que integran a personas jóvenes a fin de evaluar el estado de los espacios públicos.

d)  Proporcionar información sobre la planificación de espacios públicos en los cantones, así como de las iniciativas para la convivencia y seguridad en estos.

e)  Promover la realización de métodos de consulta con la población joven sobre sus intereses y necesidades, con respecto al uso de espacios públicos.

ARTÍCULO 8- Resultados del mecanismo de consulta

Los comités cantonales de la persona joven quedarán facultados para presentar ante el respectivo concejo municipal un informe trimestral sobre los resultados obtenidos por medio del mecanismo de consulta, el cual podrá incluir recomendaciones al gobierno local para el mejoramiento de los espacios públicos.

Cada comité cantonal de la persona joven dispondrá la forma mediante la cual recibirá, gestionará y organizará las opiniones y observaciones de las personas jóvenes participantes, así como la forma en la cual esta será presentada ante el concejo municipal.

CAPÍTULO III

Reformas y disposiciones transitorias

ARTÍCULO 9-     Adición de derechos en la Ley General de la Persona Joven

Adiciónense dos nuevos incisos al artículo 4 de la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, , de 2 de mayo de 2002 y sus reformas. El texto es el siguiente:

Artículo 4-

(…)

o)  El derecho a no sufrir ninguna forma de violencia en el espacio público, por medio de mecanismos que promuevan el resguardo de su vida, integridad y seguridad en este.

p)  El derecho a la ciudad, sin discriminación de ningún tipo en los espacios urbanos y comunitarios.

(…)

ARTÍCULO 10-        Deberes en relación con los espacios públicos en la Ley General de la Persona Joven

Adiciónense dos nuevos incisos al artículo 6 de la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas. El texto es el siguiente:

Artículo 6-

(…)

u)  Promover una cultura de paz social y prevención de la violencia en los espacios públicos y de uso común, para resguardar la integridad de las personas

v)  Asegurar a las personas jóvenes el acceso a la debida información y mecanismos de participación en la planificación de espacios públicos.

ARTÍCULO 11-        Reglamentación e implementación

El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo hasta de seis meses, la presente ley. Establecerá lo pertinente respecto al diseño y ejecución del mecanismo de consulta a las personas jóvenes en relación con el espacio público. Lo anterior deberá realizarse respetando los límites de la autonomía municipal.

Las municipalidades desarrollarán, en un plazo igual al indicado en el párrafo anterior, las medidas y mecanismos necesarios para ejecutar los objetivos y mandatos que se indican en la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA-            Aprobado a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

Melina Ajoy Palma          David Lorenzo Segura Gamboa

         Presidente                                        Secretario

ASAMBLEA LEGISLATIVA- A los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

  Carlos Felipe García Molina                Olga Lidia Morera Arrieta

         Primer secretario                               Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.—1 vez.—Exonerado.—( L10561 - IN2024907660 ).

N°10558

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 9747, CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA, DE 23 DE OCTUBRE DE 2019; DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7739, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE 6 DE ENERO DE 1998; DEL ARTÍCULO 2 LA LEY 9582, LEY DE JUSTICIA RESTAURATIVA, DE 2 DE JULIO DE 2018; ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 5 A LA LEY 9379, LEY PARA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DE 18 DE AGOSTO DE 2019

Y DEROGATORIAS

ARTÍCULO 1-          Se reforman los artículos 9, 14, 44, 45, 46, 51, 53, 55, 61, 87, 92, 101, 142, 143, 164, 172, 174, 178, 179, 188, 192, 196, 214, 223 al 233, el inciso 4) del artículo 237, los artículos 290 y 295 todos de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019. Los textos son los siguientes:

Artículo 9-  Audiencia previa de conciliación

En los procesos familiares, cuando proceda, se intentará la conciliación mediante una audiencia de conciliación previa al inicio del proceso o a solicitud de algunas de las partes, en cualquier estado del proceso judicial. Esta etapa la llevará a cabo la autoridad judicial, quien también podrá remitir a las partes a los centros especializados del Poder Judicial, sin perjuicio de que las partes decidan la intervención de entes externos debidamente acreditados para estos fines. Lo acordado tendrá carácter y eficacia de cosa juzgada material o formal, según el contenido del acuerdo. Podrán aplicarse otros mecanismos alternos de solución de conflictos regulados en la Ley 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, de 9 de diciembre de 1997, o instrumentos internacionales, siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia familiar.

Se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Sin embargo, si el caso cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad, podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa.

Adicionalmente, las partes podrán solicitar, incluso de manera verbal ante el juzgado competente, una audiencia de conciliación previo a la presentación de la demanda, en cuyo caso la persona juzgadora deberá convocar a las partes a una audiencia en el plazo previsto en este Código para el tipo de proceso del que se trate, o remitir de inmediato la gestión al centro de conciliación especializado más cercano. En caso de no lograrse una conciliación, la gestión será archivada de manera definitiva.

Artículo 14-               Conocimiento concentrado.

La autoridad judicial que conozca de un proceso resolutivo familiar acerca de algún asunto en que estén involucradas las mismas partes, podrán conocer de todos aquellos litigios en los cuales se estén debatiendo pretensiones sobre esa misma situación familiar, salvo lo referido a procesos alimentarios, a procesos de protección cautelar y otros procesos especiales. Sin embargo, en materia alimentaria la autoridad judicial que conoce del proceso resolutivo familiar sí podrá aprobar la cuota alimentaria que, de común acuerdo, pacten las partes.

El proceso resolutivo familiar relacionado con la separación judicial, el divorcio, la nulidad del matrimonio o el reconocimiento de la unión de hecho atraerá a los demás procesos resolutivos referidos a pretensiones patrimoniales y personales de las mismas partes.

La ejecución de lo resuelto deberá hacerse ante la autoridad judicial correspondiente, de acuerdo con la materia.

Artículo 44- Garantía de derechos y principios a personas con discapacidad y personas adultas mayores

En los tribunales de materia familiar se han de garantizar los derechos y los principios contenidos en la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes de la materia atinentes a las personas con discapacidad, entre estos:

1-  El respeto a su condición de persona en igualdad de oportunidades jurídicas en relación con las demás personas.

2-  El respeto de su identidad, dignidad, autonomía individual, libertad de tomar decisiones propias e independencia.

3-  La no discriminación.

4-  La accesibilidad al sistema judicial o administrativo.

5-  El respeto a la evolución de las facultades de las personas con discapacidad.

Para tal efecto, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y las demás instituciones intervinientes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar a estas el apoyo particular que requieran en el ejercicio de sus derechos.

Las personas con discapacidad a favor de las cuales se ha tomado una salvaguardia para su igualdad jurídica, que actúen como parte actora, como parte demandada o como promovente en un proceso, lo harán por medio de la persona garante nombrada en el respectivo procedimiento; si no existe dicha salvaguardia y si se considera innecesario o improcedente promover un proceso de salvaguardia con ese único fin, se procederá con el nombramiento de un representante para el proceso específico, para lo cual, antes de iniciar este, las personas interesadas deberán proponerlo al despacho competente del proceso a entablar.

Artículo 45-               Procedencia

En los procesos que así lo requieran, cuando la parte demandada de un proceso contencioso sea una persona jurídica o cuando la parte actora o demandada sea una persona física mayor de edad que requiera de representación legal y carezca de esta, procederá el nombramiento de una persona que actúe como curadora procesal, en los siguientes supuestos:

1-  En los casos de una persona jurídica que careciera de representante legítimo.

2-  Si no ha sido posible hallar a la persona física demandada para que asuma el proceso.

3-  Si se trata de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental, física y sociocultural, o se trata de personas en estado de vulnerabilidad, a quienes les resulta imposible hacer valer sus derechos por sí solas.

4-  Si, tratándose de personas físicas, existe incompatibilidad o intereses contrapuestos entre el representante y el representado.

Artículo 46- Forma de nombramiento

En la situación contemplada en el inciso 1 del artículo anterior, el nombramiento de la persona curadora procesal recaerá sobre una de las personas que integran la lista con que al efecto cuenta el Poder Judicial.

En los casos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 se designará como persona curadora procesal a su cónyuge o conviviente en unión de hecho, a alguno de sus hijos o hijas mayores de edad, a alguno de sus nietos o nietas mayores de edad, o a alguno de sus progenitores, hermanos, debiéndose garantizar que la persona designada no solo conoce a la persona representada, sino también que no tenga conflicto o interés contrapuesto con esta. Solo en caso de que no existan estas personas o de que todas ellas también tengan conflicto o intereses contrapuestos, con quien deben representar, el nombramiento se hará en los términos expuestos en el párrafo anterior.

En caso de que la persona representada figure como parte demandada, los gastos correrán por cuenta de la parte actora, para lo cual deberán depositarse los respectivos honorarios provisionales antes del nombramiento, salvo aquellos casos en que la parte actora o promovente sea una institución pública, esté litigando con patrocinio de la Defensa Pública cuando la ley así lo permita, o bien, bajo la representación de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, consultorios jurídicos, o en casos en que se estime así por parte de la autoridad judicial, en cuyo caso quedarán a cargo del Poder Judicial.

Artículo 51- Facultades da los profesionales en abogacía y personas directoras judiciales y suplentes

La persona designada para actuar en la dirección legal del proceso tendrá las facultades dadas por un poder especial judicial, salvo cuando se trate de gestiones de petición de terminación del proceso. En caso de acudir sin la parte a una audiencia de conciliación, podrá participar en ella y tomar los acuerdos que considere; pero, a fin de darle eficacia a este en los actos que impliquen la disposición de derechos, la parte deberá ratificar el acuerdo, ya sea de forma escrita o de forma personal, ante la autoridad judicial, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la celebración de la audiencia. Vencido ese plazo y no existiendo ninguna manifestación de la parte representada, se tendrá por agotada la etapa previa de conciliación y continuará el proceso.

La persona designada podrá nombrar, con autorización expresa de la parte, a otras personas abogadas suplentes para que puedan cumplir los mismos deberes y ejercer sus derechos en el proceso. Por ningún motivo esta suplencia podrá cobrar honorarios a cargo de las partes, salvo que hubieran actuado en el proceso durante un periodo prolongado que fuera mayor al de la persona titular; pero en ese caso los honorarios se rebajarán de ella.

Artículo 53- Sustitución de personas abogadas directoras

Las partes podrán sustituir a las personas abogadas directoras para el proceso, o a cualquiera de sus suplentes, en cualquier momento.

Artículo 55- Poder especialísimo.

En los casos en que sea procedente la participación de una persona apoderada especialísima, el mandato se otorgará por escrito, sin que sea necesario que el mandato se confiera a una persona profesional en derecho. Se deberán consignar los actos para los cuales se da la autorización dentro del proceso y si se trata de un poder para suscribir convenio de divorcio, de separación judicial o de finalización de la unión de hecho por mutuo consentimiento, el mandato deberá contener las cláusulas exactas del eventual acuerdo, bajo pena de nulidad del convenio. El poder podrá ser revocado en cualquier momento, con tal de que la revocación se realice antes de que el mandatario haya realizado el encargo.

Artículo 61- Obligatoriedad del idioma español

Todas las actuaciones procesales, verbales o escritas deberán llevarse a cabo en el idioma español, salvo en aquellas actuaciones verbales cuando quienes intervienen hablan una misma lengua indígena nacional.

De los documentos redactados en otro idioma deberá acompañarse su traducción. La traducción oficial solo se requerirá cuando así lo exija la normativa internacional o cuando la traducción hecha privadamente haya sido objetada por inexacta. En casos excepcionales en que se requiera traducción oficial, y la parte interesada carezca de recursos para sufragarla, el costo será asumido por el Poder Judicial.

Artículo 87- Notificaciones personales o en casa de habitación.

Además de lo estipulado en la Ley 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, y otras leyes especiales, se notificarán de forma personal o en casa de habitación las siguientes resoluciones:

1-  En los procesos resolutivos familiares se deberá notificar a ambas partes las resoluciones en las que se establezca un sistema de interrelación familiar o la obligación de entregar personas o cosas, como medida cautelar o en la sentencia. Si la resolución ya ha sido notificada al medio señalado por la parte, la notificación personal no amplía el plazo para recurrir ni suspende la ejecución de lo resuelto.

2-  Las que resuelvan medidas cautelares sobre la entrega para el cuido personal de una persona menor de edad o persona en estado de vulnerabilidad, las sentencias de fondo que ordenan esta obligación y las que versen sobre su ejecución.

3-  La primera resolución que ordene el depósito de cuotas alimentarias, la que establezca la posibilidad del despacho del cobro de salario escolar o pago de inicio de lecciones, así como la que aperciba el cumplimiento bajo aplicación del apremio corporal.

Artículo 92- Decreto de nulidades de la actividad procesal

En los casos estrictamente necesarios, se decretará la nulidad de la actividad procesal defectuosa de oficio o a solicitud de parte. Las de resoluciones judiciales deberán plantearse con los recursos que procedan contra ellas y las de otras actuaciones por petición de parte o interesado sin formalidad alguna bajo el cumplimiento de los principios contenidos en este apartado, una vez conocido el vicio y sin que opere su preclusión. Los vicios de las actuaciones producidas en audiencia deberán reclamarse y resolverse de forma inmediata.

Cuando se solicite una actividad procesal defectuosa, con posterioridad a la firmeza del fallo o a la conclusión del procedimiento, la gestión se tramitará dentro del mismo expediente en aquellos casos donde la sentencia no produce la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada material, siempre y cuando sea formulada en el plazo de tres meses a partir de su conocimiento.

Artículo 101- Resoluciones apelables

El recurso de apelación procede contra las siguientes resoluciones, salvo norma en contrario:

1-  Todas las sentencias que resuelven el fondo del asunto.

2-  Los autos que:

a)  Rechacen de plano una demanda o la ejecución de un fallo.

b)  Declaren la inadmisibilidad de la demanda.

c)  Decreten la suspensión o interrupción del proceso, excepto que se pida conjuntamente.

d)  Denieguen, decreten, confirmen, cancelen, sustituyan o modifiquen medidas cautelares ordenadas de oficio o a solicitud de parte.

e)  Resuelvan las excepciones procesales.

f)  Resuelvan sobre acumulación o desacumulación de procesos.

g)  Den por terminado anticipadamente el proceso.

h)  Rechacen prueba ofrecida ordinariamente.

i)   Ordenen prueba ordinaria de oficio.

j)   Autoricen la sustitución de testigos, cuando ha habido oposición.

k)  Declaren la nulidad de actos procesales defectuosos.

l)   Fijen los honorarios de personas abogadas.

m) Denieguen la ejecución provisional del fallo.

n)  Resuelven una liquidación de costas e intereses.

o)    Consideren infundada la oposición a la sentencia anticipada en materia de pensiones alimentarias, restitución internacional de personas menores de edad o procesos de protección.

p)  Decreten o denieguen el apremio corporal en cualquiera de sus acepciones o la anotación en el historial crediticio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

q)  Resuelven sobre los beneficios de pago en tractos y búsqueda de trabajo en materia alimentaria.

r)   Resuelven sobre gastos extraordinarios en materia alimentaria.

s)  Produzcan efectos propios.

Artículo 142- Medidas cautelares referentes a libros de personas jurídicas

Cuando en un proceso se discuta si se ha realizado un abuso de la figura societaria para la inscripción de bienes que en realidad pertenecen a alguno de los cónyuges o convivientes, o cuando lo que se pretenda sea la declaratoria de ganancialidad de las acciones o cuotas, la autoridad judicial ordenará anotar la demanda en los libros sociales que corresponda y, además, tendrá la facultad de prohibir o de condicionar el traspaso de acciones o cuotas que representan el capital social, a fin de evitar que se produzca una vulneración al derecho de ganancialidad. Para estos efectos, la autoridad judicial podrá requerir que los libros sociales sean presentados al juzgado.

En caso de que la persona jurídica no cuente aún con los libros respectivos, la persona juzgadora podrá requerir a los personeros que realicen su legalización dentro de un determinado plazo, hecho lo cual se procederá en la forma dispuesta en el párrafo anterior.

Artículo 143-             Inmovilizaciones y depósito de bienes muebles

Cuando se discute el derecho de ganancialidad sobre bienes muebles no inscritos, la autoridad judicial podrá apersonarse al lugar en donde se encuentran, llevar a cabo un inventario detallado de dichos bienes y ordenar, a quien los posea, la obligación de no enajenarlos ni gravarlos sin consentimiento del despacho.

La autoridad jurisdiccional también podrá ordenar el depósito judicial de bienes en el cónyuge o conviviente que no lo posea, o en una tercera persona para que vele en su adecuado cuido y mantenimiento, bajo los apercibimientos legales correspondientes en caso de incumplimiento. En el caso de que sea una tercera persona, se le prevendrá medio para recibir notificaciones.

Artículo 164-             Inadmisión de la declaración de parte.

No será admisible la declaración de parte sobre hechos referentes a derechos no disponibles, salvo que sea necesaria como elemento integrador de otras pruebas o para tener mejor visión del conflicto familiar.

Esta probanza será admisible en procesos de violencia doméstica y de protección cautelar, únicamente cuando se considere que haya probabilidad que se esté en presencia de un fraude procesal o en los supuestos del artículo 1 de la Ley contra la Violencia Doméstica.

Artículo 172-             Sustitución de testigos.

Procederá la sustitución de testigos, siempre y cuando se solicite antes de la etapa de recepción de la prueba, con la advertencia de que, si se admite, el tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al contradictorio de las demás partes e intervinientes.

Artículo 174-             Ausencia de testigos.

Cuando a la audiencia no compareciera alguna de las personas admitidas para recibir su declaración y se considere indispensable esta, su presencia podrá ser requerida incluso por medio de la Fuerza Pública, si fuera necesario. La declaración deberá ser practicada dentro del plazo que se estipule para la suspensión de las audiencias y la presencia forzosa del testigo solo podrá requerirse si esta persona había sido previa y debidamente citada.

Artículo 178-             Obligatoriedad de la exhibición de documentos.

El despacho, a solicitud de parte o de oficio, podrá ordenar a quien tenga posesión de cualquier tipo de documento, informe, documento público extranjero, o cualquier otro elemento de prueba, su presentación cuando sea estrictamente necesario para la resolución de las pretensiones deducidas de las partes, excepto cuando con ello se violenten derechos fundamentales o se divulguen datos protegidos por la Constitución Política, los tratados internacionales y la normativa interna.

Si el documento que se pide exhibir se encontrara en poder de un tercero, se le prevendrá que lo presente, siempre que resulte trascendente para los fines del proceso y no le depare perjuicio al requerido. La persona obligada a la exhibición podrá presentar copia certificada o testimonio del documento prevenido, bajo su responsabilidad, salvo si el tribunal dudara de su autenticidad o la contraria exija el original por razones fundadas. Los funcionarios del Estado y de las instituciones públicas no podrán negarse a expedir certificaciones ni testimonios, ni oponerse a exhibir los documentos de sus dependencias y archivos.

Artículo 179-             Petición de informes.

El despacho podrá solicitar, de oficio o a petición de parte, a cualquier persona jurídica física o jurídica, de hecho o derecho, institución pública o ente privado, los informes, expedientes, estudios y otros documentos referentes a los hechos del proceso y cuya demostración no pueda ser solventada por otro medio de prueba, excepto cuando con ello se violenten derechos fundamentales o se divulguen datos protegidos por la Constitución Política, los tratados internacionales y la normativa interna. Lo solicitado puede ser remitido por cualquier medio que asegure autenticidad.

Artículo 188-              Prueba científica en procesos relativos a filiación.

Tratándose de pretensiones sobre filiación, en las cuales sea indispensable la prueba científica, la autoridad judicial podrá ordenarla, incluso de oficio, al inicio del proceso. También, la persona juzgadora podrá ordenar, mediante resolución fundada, que las muestras que se requieren para realizar el examen científico sean suministradas por parientes de las partes.

En el caso de encontrarse fallecida la persona de quien se requiere la muestra, en caso de ser necesario, se podrá ordenar la exhumación correspondiente, con la advertencia de que en este caso la persona juzgadora deberá estar presente en el acto de la obtención de las muestras, quien además deberá garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos especializados para este tipo de probanzas.

Artículo 192-             Presunción ante inasistencia a prueba científica

En procesos relativos a pretensiones de filiación, cuando no se pudo verificar la prueba científica a causa de la inasistencia injustificada de una de las personas compelidas a esos efectos, se tendrá como presunción de veracidad en su contra aquello que se pretendía demostrar con la prueba.

En caso de que la práctica de la prueba sea absolutamente indispensable para demostrar si existe o no existe el vínculo genético, la autoridad judicial hará uso de los medios coercitivos necesarios para conseguir las muestras de la persona que se ha negado injustificadamente, incluyendo la posibilidad de que esta persona sea conducida por la autoridad de policía.

Artículo 196-             Asuntos no conciliables.

No procederá la conciliación, cuando se trata de la discusión de derechos irrenunciables o indisponibles. En violencia intrafamiliar o protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, el caso podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa, si cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad.

Cuando en un proceso se concilian extremos que no afectan los aquí enunciados, se podrá admitir el arreglo parcial.

Artículo 214-             Documento sobre la representación

Las partes deben presentar los documentos para acreditar su representación procesal en su primera gestión que realicen en el proceso, pero no se exigirá acreditar la personería de los padres cuando actúan en representación de sus hijos e hijas menores de edad. La falta de acreditación no será motivo para considerar como defectuosa la demanda ni la contestación cuando esa información pueda ser obtenida oficiosa y gratuitamente por la autoridad judicial.

Artículo 223-       Notificación de la demanda y contestación.

Presentada la demanda en forma, o corregidos los defectos prevenidos, y no estando en un supuesto de rechazo de plano, se ordenará la notificación a la parte demandada en las formas establecidas en la normativa, concediendo un traslado por un plazo de ocho días hábiles a fin de que proceda a dar contestación de forma escrita, la cual deberá cumplir con los requisitos de forma contenidos en el artículo 221 de este Código. Si no contesta los hechos de la forma establecida, el tribunal le prevendrá, con indicación de los defectos, que debe corregirlos dentro de tercero día. Si la persona demandada incumple esta prevención, se tendrán por no contestados los hechos sobre los que no haya dado respuesta de la forma expresada.

En el caso de que se trate de un proceso que no requiere patrocinio letrado, la parte demandada podrá presentar el documento de contestación sin la autenticación de una persona profesional en derecho, pero para su validez deberá presentarla de manera personal, o bien, con los mecanismos digitales que garanticen su autenticidad; no obstante, si la parte demandada no tiene al alcance estas alternativas, podrá presentarse de forma personal al despacho a contestar la demanda de manera oral, para lo cual se levantará un acta con su contenido.

Artículo 224-             Alegato de excepciones

Las excepciones procesales y materiales deberán oponerse con la contestación. Como excepciones procesales, únicamente se admitirán las siguientes:

1-  Falta de competencia.

2-  Falta de capacidad o defectuosa representación.

3-  Litisconsorcio pasivo necesario incompleto o indebida constitución subjetiva de la litis.

4-  Litispendencia.

5-  Cosa juzgada.

6-  Caducidad.

7-  Prescripción.

8-  Transacción.

9-  Indebida acumulación de pretensiones.

Al formularse cualquiera de estas excepciones, se deberá fundamentar esta y ofrecer la prueba pertinente. La autoridad judicial podrá rechazarlas de plano, si las estimara infundadas, improcedentes o porque tengan como finalidad un abuso procesal.

Artículo 225-             Allanamiento

En los procesos en los cuales es posible allanarse a las pretensiones de la contraria en virtud del objeto debatido, si la parte demandada en su contestación se allana a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda, se efectuará el dictado de la sentencia dentro del tercer día. Sí se trata de un allanamiento parcial, se procederá al dictado de la sentencia en relación con las pretensiones aceptadas, debiendo el proceso continuaren relación con las demás pretensiones, para lo cual se señalará hora y fecha para realizar la audiencia inicial.

Artículo 226-            Consecuencias de la ausencia de contestación a la demanda.

En caso de que la parte accionada no conteste la demanda en el plazo concedido al efecto, se tendrá por no contestada y se continuará con los procedimientos, estableciendo hora y fecha para la realización de la audiencia inicial. La parte demandada podrá apersonarse al proceso en cualquier momento y tomarlo en el estado en que se encuentre.

Ante la falta de oposición a la demanda, en los procesos de divorcio, separación judicial y reconocimiento de unión de hecho en los que no existan hijos o hijas menores de edad o con discapacidad, y no se formulen peticiones de nulidad o de inoponibilidad de traspasos de bienes con vocación ganancial, de nulidad parcial de los contratos relativos a ellos, de responsabilidad de terceros, ni de indemnización de daños y perjuicios, se podrá emitir sentencia sin necesidad de convocar a la audiencia inicial, salvo que la persona juzgadora estime indispensable realizarla.

En los casos señalados en el párrafo anterior en donde sí hay hijos o hijas menores de edad o con discapacidad, cuando lo que se pretende es la modificación o la asignación en exclusiva de la responsabilidad parental sin que se pretenda su terminación, pérdida o suspensión y cuando lo que se pretende es la fijación de un sistema de interrelación familiar, la sentencia se podrá emitir una vez que se le haya garantizado su derecho a emitir su opinión a la persona menor de edad, a la persona con discapacidad o a ¡a persona adulta mayor a quien le afecta la decisión. Si estas personas desean hacer efectivo ese derecho, en la sentencia se deberá valorar la opinión.

Artículo 227-             Contestación negativa.

Si la demanda es contestada de manera negativa, de la oposición formulada y de las eventuales excepciones planteadas, se concederá audiencia a la parte actora por el plazo de tres días hábiles, en el cual podrá formular los alegatos que considere procedentes y ofrecer contraprueba.

Artículo 228-              Planteamiento de pretensiones propias de la parte demandada y oportunidad

Al momento de contestar la demanda, la parte accionada podrá formular pretensiones contra la parte actora o cualquier otra persona, para lo cual precisará los hechos en que se motivan y ofrecerá las pruebas que considere de su interés, aportando las de tipo documental. De dichas pretensiones, una vez analizada su admisibilidad y si se determina que es procedente la acumulación, se dará audiencia por el plazo de ocho días a la parte actora reconvenida y a los eventuales terceros, para que estos puedan contestar la contrademanda interpuesta, plantear las excepciones que consideren oportunas y ofrezcan la prueba de descargo. Todo lo anterior siempre y cuando se trate de pretensiones vinculadas a la situación familiar y de acuerdo con el principio de abordaje integral.

De la contestación que presenten la parte actora reconvenida y los eventuales terceros contrademandados, se concederá audiencia a la parte demandada reconventora por el plazo de tres días hábiles, en el cual podrá formular los alegatos que considere procedentes y ofrecer contraprueba.

Artículo 229-              Resolución de excepciones procesales.

La excepción procesal de falta de competencia se debe considerar como una excepción previa y por ello deberá ser resuelta una vez agotadas las audiencias indicadas. Si esta es acogida, se ordenará remitir el expediente al despacho judicial que se considere competente para conocer del proceso.

Una vez firme la resolución respecto de la excepción de falta de competencia, la persona juzgadora que resulte competente procederá a resolver, dentro del plazo de cinco días hábiles, las excepciones de falta de capacidad o defectos en la representación, litisconsorcio pasivo necesario incompleto o indebida constitución subjetiva de la litis, e indebida acumulación de pretensiones.

Si se acoge la excepción de falta de capacidad o defectos en la representación, se concederá a la parte que corresponda un plazo de tres días hábiles, a fin de que corrija o completen las deficiencias que determine la persona juzgadora, con la advertencia de que el plazo podrá ser ampliado de forma justificada, si por la naturaleza de lo prevenido resultara imposible su cumplimiento dentro del plazo de tres días hábiles.

En el caso de la excepción de litisconsorcio incompleto, si la persona juzgadora la considera válida, se le otorgará a la parte actora un plazo de tres días para que se integre la litis, bajo el apercibimiento de archivar la demanda o la contrademanda, según corresponda.

También, la persona juzgadora tendrá la facultad de solicitar dicha integración una vez presentada la demanda o la contrademanda, sin esperar que sea interpuesta la excepción.

Si se acoge la excepción de indebida acumulación de pretensiones, se concederá a la parte demandante un plazo de tres días hábiles a fin de que proceda a indicar las pretensiones que deberán seguirse tramitando en el proceso, con la advertencia de que, si no lo hace, la persona juzgadora ordenará continuar el proceso resolutivo familiar únicamente con las pretensiones debatibles en este tipo de procesos. La misma facultad tendrá la persona juzgadora, si al momento de analizar la demanda determina que las pretensiones planteadas no resultan acumuladles en un proceso resolutivo familiar.

Finalmente, si se han planteado las excepciones procesales de litispendencia, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, estas deberán ser resueltas de forma oral en la audiencia inicial. Si son declaradas con lugar se pondrá fin al proceso, mientras que, si son rechazadas, se continuará con el procedimiento. Cuando sea necesario practicar prueba, para resolver estas excepciones procesales, podrá diferirse la resolución de estas para la audiencia de prueba y decisoria del proceso.

Artículo 230-             Convocatoria a audiencia inicial.

Una vez contestada la demanda, o en su caso la contrademanda, y resueltas las excepciones procesales conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se señalará hora y fecha para la audiencia inicial, la cual deberá realizarse dentro del mes siguiente.

Las partes comparecerán a la audiencia inicial de forma personal con su representante legal, salvo aquellos asuntos en los que no se obliga al patrocinio letrado. Tanto al realizarse la audiencia inicial como la audiencia de prueba y decisoria del proceso, la autoridad judicial deberá verificar si las partes se encuentran presentes y debidamente notificadas del señalamiento respectivo, con la advertencia de que, si se encuentran debidamente notificadas y no se han hecho presentes, las audiencias se deberán efectuar en su ausencia sin que dicha inasistencia implique alguna presunción de desistimiento del proceso por parte de la persona actora o reconventora, o aceptación de los hechos o pretensiones por la persona accionada o reconventora.

Artículo 231-             Celebración de la audiencia inicial

En la audiencia inicial se cumplirán las siguientes actividades:

1-  La persona juzgadora deberá indicar a las partes el objeto y la naturaleza de la audiencia, así como el orden en que se desarrollará esta. Se debe brindar, adicionalmente, una explicación clara a las partes de las funciones que cada una asume, sus derechos y deberes, las oportunidades de participación, las consecuencias de su desatención y la obligación de mantener un comportamiento adecuado, con una actitud no adversarial y la necesaria anuencia de las partes e intervinientes a no tomar la audiencia como propicia para el agravamiento de conflictos.

2-  Cuando sea procedente, la autoridad judicial invitará a las partes a conciliar, evitará el lenguaje adversarial y solicitará mantener una conducta respetuosa y conciliadora, evitando discusiones acerca de los hechos que motivaron el conflicto. Si las partes llegan a un acuerdo parcial o total en las pretensiones, la autoridad judicial, en ese mismo momento, homologará el acuerdo y ordenará, si fuera del caso y lo piden las partes, la ejecución de esos acuerdos.

3-  Cuando la conciliación no sea procedente, en caso de fracasar esta, o de que esta no fuera sobre la totalidad de las pretensiones, la persona juzgadora procederá a resolver las excepciones procesales pendientes, así como cualquier cuestión procesal interlocutoria que haya sido formulada antes de esta audiencia o durante ella. Si se trata de medidas cautelares que deben ser revisadas, se procederá con el trámite de la gestión, sin perjuicio de que lo haga en cualquier momento en la audiencia. En esta oportunidad, la persona juzgadora podrá adicionalmente solicitar la ratificación, la aclaración, el ajuste y la subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del tribunal sean oscuras, imprecisas u omisas, cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo.

4-  La admisión o el rechazo de las pruebas ofrecidas por las partes. En esta etapa, la persona juzgadora podrá introducir prueba de oficio conforme lo regula el artículo 155 de esta normativa.

5-  El señalamiento para la audiencia de prueba y decisoria del proceso, cuando esta sea necesaria. La audiencia deberá verificarse dentro de los quince días hábiles siguientes, salvo que por razones probatorias o de otra índole, debidamente justificadas, amerite un plazo mayor.

Si se logra llegar a un acuerdo conciliatorio total o parcial, y la audiencia únicamente está siendo respaldada mediante audio y/o video, se deberá levantar un acta que deberá ser firmada por la persona juzgadora, las partes presentes e intervinientes, así como sus respectivos representantes legales.

Artículo 232-             Audiencia inicial única.

En la audiencia inicial, una vez agotadas todas sus etapas procesales, no existiendo prueba pendiente de practicar o por cualquier otra razón derivada de la naturaleza del proceso, si a criterio de la persona juzgadora no se justifica el señalamiento para la audiencia de prueba o decisoria del proceso, se omitirá el señalamiento y, en su lugar, se le concederá a las partes la oportunidad de formular sus conclusiones y seguidamente se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia, todo conforme a las reglas del inciso 6) del artículo siguiente.

Adicionalmente, cuando exista prueba pendiente de recibir, las partes, de mutuo acuerdo, podrán solicitar a la autoridad judicial la continuación de la audiencia inicial para diligenciar la prueba admitida, en cuyo caso, si la persona juzgadora lo considera procedente y es posible recibir la prueba pendiente de manera inmediata, se omitirá el señalamiento para la audiencia de prueba y decisoria del proceso, y la audiencia inicial continuará con la práctica de las probanzas. Una vez recabada la prueba, igualmente se les concederá a las partes la oportunidad de formular sus conclusiones y, a continuación, se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia.

Artículo 233-             Actuaciones en la audiencia de prueba y decisoria del proceso.

En la audiencia de prueba y decisoria del proceso, se realizarán las siguientes actuaciones:

1-  Explicación clara a las partes de las funciones que cada una asume, sus derechos y deberes, las oportunidades de participación, las consecuencias de su desatención, la obligación de mantener un comportamiento adecuado, con una actitud no adversarial, y la necesaria anuencia de las partes e intervinientes a no tomar la audiencia como propicia para el agravamiento de conflictos.

2-  Instar a las partes a considerar una forma alterna de la solución del conflicto.

3-  Resolución de cualquier cuestión procesal interlocutoria que haya sido formulada antes de esta audiencia o durante esta. Si se trata de medidas cautelares que deben ser revisadas, se procederá con el trámite de la gestión, sin perjuicio de que lo haga en cualquier momento en la audiencia.

4-  Práctica de la prueba.

5-  Las partes expresarán sus conclusiones, para lo cual el tribunal regulará el tiempo de las intervenciones.

6-  El dictado de la parte dispositiva de la sentencia. En casos de especial complejidad, mediante resolución debidamente fundamentada al concluir la audiencia, se podrá obviar este dictado. En ambos casos, la sentencia integral debe ser dictada y notificada en los medios señalados, dentro del quinto día posterior a la celebración de la audiencia.

Artículo 237-             Medidas de protección para la tutela de derechos.

(…)

4-  Ordenar el pago de una pensión alimentaria a favor de la persona protegida, si esta persona es su acreedora alimentaria, y de los dependientes que corresponda, de conformidad con el artículo 270 de este Código, aun cuando no se cuente con documento idóneo que acredite el grado de parentesco. En la misma resolución deberá advertir a la persona obligada alimentaria que, en caso de no estar de acuerdo con lo dispuesto, podrá manifestar su oposición en los términos establecidos en el artículo 271 directamente ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias correspondiente. Inmediatamente después de notificada esta obligación, el juzgado que haya impuesto la obligación alimentaria, como medida de protección, deberá remitir un testimonio de piezas al Juzgado de Pensiones Alimentarias.

(…).

Artículo 290-             Participación de las personas menores de edad.

A la persona menor de edad hija del matrimonio o de la unión de hecho se le concederá la oportunidad de ser escuchada para que exprese su opinión respecto a lo relativo a su cuidado personal o su interrelación con sus progenitores. Esta opinión podrá ser expresada directamente ante la autoridad judicial, pero también podrá ser realizarse por escrito en el documento en el que se solicita la aprobación del convenio de divorcio, de separación de hecho o de cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento.

La sentencia que apruebe el convenio será notificada a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), cuyo representante podrá impugnarla en caso de que estime que se ha producido alguna violación a los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

Articulo 295-             Adoptabilidad en sede administrativa.

La resolución administrativa que declare la adoptabilidad de la persona menor de edad expósita o huérfana se elevará en consulta ante el juzgado que tenga competencia para conocer los asuntos del derecho de la niñez y la adolescencia, el cual, en el plazo de cinco días hábiles, procederá a confirmar la decisión luego de verificar que en la sede administrativa se haya agotado la posibilidad de ubicar al niño, niña o adolescente en su familia extensa. En caso de que esa labor no se hubiera hecho, se prevendrá a la institución que realice esa labor. Mientras no se demuestre lo anterior, no se podrá iniciar trámite de adopción. Si existen personas que se oponen expresamente a la decisión administrativa, el Patronato Nacional de la Infancia deberá interponer la acción respectiva en sede judicial, mediante un proceso resolutivo familiar, a efectos de resolver lo pertinente.

ARTÍCULO 2-          Se reforma el artículo 16 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. El texto es el siguiente:

Articulo 16-               Control de salidas.

Las entradas y salidas del país de las personas menores de edad serán controladas por la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública. Para evitar que abandonen de manera ilegítima el territorio nacional, esta Dirección llevará un registro de impedimentos de salida, con base en la información que las autoridades judiciales remitan para este efecto.

Cuando entre los padres quienes ejercen los atributos de la responsabilidad parental exista un conflicto sobre el otorgamiento del permiso de salida del país de sus hijos e hijas menores de edad, solamente el juez competente en materia de familia podrá calificar el disenso y otorgar el permiso correspondiente de manera expedita, siguiendo el trámite previsto para el procedimiento de protección establecido en los artículos 238 a 240 del Código Procesal de Familia, considerando siempre en el proceso el interés superior de la persona menor de edad.

ARTÍCULO 3-          Se reforma el artículo 2 de la Ley 9582, Ley de Justicia Restaurativa, de 2 de julio de 2018. El texto es el siguiente:

Artículo 2-  Ámbito de aplicación.

El procedimiento restaurativo se aplicará en materia penal, penal juvenil y contravencional, en todas las etapas procesales, conforme a lo establecido en esta ley. Asimismo, en los casos dispuestos por el artículo 9 de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 4-          Se adiciona un nuevo artículo 5 a la Ley 9379, Ley para Promoción a la Ley de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, 18 de agosto de 2019. El texto es el siguiente:

ARTÍCULO 5-          Igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad gozan plenamente de igualdad jurídica, lo que implica:

a)  El reconocimiento a su personalidad jurídica, su capacidad jurídica y su capacidad de actuar.

b)  La titularidad y el legítimo ejercicio de todos sus derechos y atención de sus propios intereses.

c)  El ejercicio de la patria potestad, la cual no podrá perderse por razones basadas meramente en la condición de discapacidad de la persona.

Para garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, en un marco de respeto a su voluntad y preferencias, sin que haya conflicto de intereses ni influencia indebida, se establece la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, que será proporcionada y adaptada a la circunstancia de la persona. Este procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la presente ley y en la Ley 9747, Código Procesal de Familia de 23 de octubre de 2019. La persona que el juez o la jueza designe para ejercer la salvaguardia se denominará garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 5-          Derogatorias

Se derogan las siguientes normas:

1-  El artículo 286 de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019.

2-  El apartado a) del inciso 1 del artículo 99 de la 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. Se deroga la frase “salvo las sentencias finales de los procesos de restitución internacional de personas menores de edad”.

3-  El inciso segundo del artículo 55 bis de la Ley 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

  Carlos Felipe García Molina            Olga Lidia Morera Arrieta

       Primer secretario                             Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—Exonerado.—( L10558 - IN2024907663 ).

N° 10556

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA

LA CONDONACIÓN DE DEUDAS POR EL SERVICIO

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE

LA URBANIZACIÓN CALICHE, ACUMULADAS

AL 31 DE ENERO DEL 2022

ARTÍCULO 1-          Autorización.

Se autoriza a la Municipalidad de Poás para que otorgue la condonación total, por una única vez, de las deudas acumuladas por el monto principal, intereses y multas, al 31 de enero del 2022, por el concepto de servicio de tratamiento de aguas residuales de la planta de tratamiento de la Urbanización Caliche, ubicada en el distrito de Sabana Redonda, en el cantón de Poás.

ARTÍCULO 2-          Beneficiarios

Los beneficiarios de la presente ley serán los propietarios de viviendas dentro de la Urbanización Caliche, que posean deudas pendientes con la Municipalidad de Poás por el concepto de servicio de tratamiento de aguas residuales acumuladas al 31 de enero del 2022.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina            Olga Lidia Morera Arrieta

      Primer Secretario                             Segunda Secretario

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECUTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10556 - IN2024907665 ).

N° 10557

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 156 (VIOLACIÓN), DE LA LEY

4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970

ARTÍCULO ÚNICO-               Refórmese el artículo 156 de la Ley 4573, Código Penal de 4 de mayo de 1970. El texto es el siguiente:

Artículo 156- Violación

Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, a quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal, vaginal o mediante orificios creados en cualquier parte del cuerpo, con una persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos:

1-  Cuando la víctima sea menor de trece años.

2-  Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre incapacitada para resistir.

3-  Cuando se use la violencia corporal o la intimidación.

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima objetos, animales o cualquier parte del cuerpo, por vía oral, anal o vaginal, o mediante orificios creados en cualquier parte del cuerpo, o en obligarla a que se los introduzca ella misma por dichas vías.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

     Carlos Felipe García Molina             Olga Lidia Morera Arrieta

             Primer secretario                            Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, y el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—Exonerado.—( L10557 - IN2024907666 ).

10564

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARATORIA DEL EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN

INTEGRAL DE SALUD EBÁIS CHINA KICHÁ, COMO

INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA PATRIA

ARTÍCULO ÚNICO- Se declara al Equipo Básico de Atención Integral de Salud Ebáis China Kichá, ubicado en la provincia de Limón, cantón de Talamanca, como Institución Benemérita de la Patria.

Rige a partir de su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA- Aprobado a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

     Vanessa de Paul Castro Mora             Dinorah Cristina Barquero Barquero

               Presidenta                                             Secretaria

ASAMBLEA LEGISLATIVA- A los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina                   Olga Lidia Morera Arrieta

           Primer secretario                                 Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Salud, Mary Munive Angermüller.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.—1 vez.—Exonerado.—( L10564 - IN2024907667 ).

N° 10562

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 3663, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA, DE 10 DE ENERO DE 1966

ARTÍCULO 1-          Se reforman los artículos 21, 25, 36 y 37 de la Ley 3663, Ley e Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de 10 de enero de 1966. Los textos son los siguientes:

Artículo 21-               La Asamblea de representantes se reunirá ordinariamente una vez al año, en el mes de noviembre, en la fecha que acuerde la Junta Directiva General, para conocer de los siguientes asuntos:

a)  El informe de la Junta Directiva general.

b)  El programa de trabajo y el presupuesto del Colegio Federado para el siguiente año.

c)  Cualquier otro asunto de su competencia.

Las asambleas ordinarias o extraordinarias podrán efectuarse de manera presencial o virtual. En este último supuesto, se podrán utilizar los mecanismos tecnológicos disponibles que contribuyan a su realización, siempre que se garantice la seguridad del acto, el debido proceso, la participación plena de sus miembros y los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación, que rigen el funcionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 25-               La Junta Directiva General sesionará ordinariamente una vez cada mes, a la fecha y hora; que acuerde al efecto. Podrá sesionar ordinaria y extraordinariamente de forma presencial, virtual o mixta, según lo acuerden.

Las sesiones presenciales; tendrán lugar en la sede del Colegio Federado, pero excepcionalmente podrán acordar sesionar en otro lugar. Hará cuórum la mayoría absoluta de los miembros, siempre que todos los colegios estén representados.

En caso de que en dos sesiones consecutivas no se alcance el cuórum requerido, se sesionará la siguiente vez con los miembros asistentes.

Artículo 36-               Las asambleas ordinarias de cada uno de los colegios miembros se reunirán en el mes de setiembre y octubre de cada año, de conformidad con el calendario que la Junta Directiva de cada uno de los colegios establezca y lo dispuesto en los artículos siguientes. Las asambleas extraordinarias se reunirán cuando así lo acuerde la Junta Directiva por sí o a petición de diez miembros.

Las Asambleas ordinarias o extraordinarias de los colegios miembros podrá efectuarse de manera presencial, virtual o mixta, según se establezca en el reglamento que se dicte al efecto. En caso de las sesiones virtuales, se podrán utilizar los mecanismos tecnológicos disponibles que contribuyan a su realización, siempre que se garantice la seguridad del acto, el debido proceso, la participación plena de sus miembros y los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación, que rigen el funcionamiento de los órganos colegiados.

Las asambleas que se celebren en forma presencial tendrán lugar en la sede del Colegio Federado; sin embargo, cuando las condiciones lo permitan, podrán efectuarse de forma descentralizada en otros lugares que se habiliten.

Será atribución de la Junta Directiva General elaborar un reglamento en el que se establezcan los elementos, las condiciones y los órganos que estimen pertinentes, para desarrollar lo dispuesto en el presente artículo. Dicho reglamento deberá ser elevado a conocimiento y aprobación de la Asamblea de Representantes.

Artículo 37-               Cada año, en el mes de setiembre, la Asamblea General ordinaria conocerá de los siguientes asuntos:

a)  Informes de su Junta Directiva.

b)  Plan de trabajo y anteproyecto de presupuesto para hacerlos de conocimiento de la Junta Directiva general.

c)  Iniciativas de los miembros.

d)  Cualquier asunto de su competencia.

ARTÍCULO 2-          Se adiciona un artículo 37 bis a la Ley 3663, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de 10 de enero de 1966. El texto es el siguiente.

Artículo 37 bis-         Cada año, en el mes de octubre, en la Asamblea General ordinaria se realizará el proceso de elección de su Junta Directiva, el nombramiento de los diez delegados ante la Asamblea de Representantes y la escogencia del miembro o los miembros que representan a cada Colegio ante la Junta Directiva general. Será atribución de la Junta Directiva general dictar un reglamento especial en el que se establezcan los elementos, las condiciones y los órganos que estimen pertinentes, para desarrollar lo dispuesto en el presente artículo.

Dicho reglamento deberá ser elevado a conocimiento y aprobación de la Asamblea de Representantes.

TRANSITORIO l-    Dentro de los ocho meses siguientes a la entrada en vigencia de dichas normas, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica deberá emitir la reglamentación correspondiente para la aplicación de esta ley.

Rige doce meses posteriores a su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA-           Aprobado a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

       Vanessa de Paul Castro Mora Dinorah Cristina Barquero

                          Presienta                  Secretaria

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              A los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

 Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

  Carlos Felipe García Molina Olga Lidia Morera Arrieta

      Primer secretario            Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola.—1 vez.—Exonerada.—( L10562 - IN2024907668 ).

10566

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 7594,

CÓDIGO PROCESAL PENAL, DE 10 DE ABRIL

DE 1996, RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL

RESARCITORIA EN SEDE PENAL

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 40 de la Ley 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996. El texto es el siguiente:

Artículo 40- Carácter accesorio

En el procedimiento penal, la acción civil resarcitoria solo podrá ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Sobreseído provisionalmente el imputado o suspendido el procedimiento, de conformidad con las previsiones de ley, el ejercicio de la acción civil se suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará a salvo el derecho de interponer la demanda ante los tribunales competentes.

El Tribunal Penal deberá pronunciarse sobre el fondo de la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, aún y cuando se haya dictado sentencia absolutoria o de sobreseimiento definitivo en la fase de juicio.

Rige a partir de su publicación.

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA-    Aprobado a los nueve días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

    Óscar Izquierdo Sandí                    María Daniela Rojas Salas

        Presidente                                                 Secretaria

ASAMBLEA LEGISLATIVA- A los diez días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina           Olga Lidia Morera Arrieta

         Primer secretario                          Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—Exonerado.—( L10566 – IN2024907669 ).

N° 10559

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN DEL SECTORCULTURA Y LA ATRACCIÓN DE PRODUCCIONES FÍLMICAS Y MUSICALES

FUERA DE LA GAM

ARTÍCULO 1- Se adiciona un inciso d) al artículo 2 de la Ley 10234, Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), de 4 de mayo de 2022. El texto será el siguiente:

Artículo 2- Definiciones

d) Industrias fílmicas, audiovisuales y discográficas: todas aquellas actividades propias de la industria del entretenimiento, destinadas a un amplio mercado internacional, tales como:

1 Películas de corto, mediano y largo metraje.

2-  Documentales, series y novelas.

3-  Programas de telerrealidad, piezas de mercadeo audiovisual, comerciales y videoclips.

4-  Programas seriados o sus capítulos.

5-  Servicios de posproducción.

6 Dibujo, animación digital y videojuegos.

7-  Producción, divulgación, edición, grabación e ingeniería de sonido propias de la industria.

ARTÍCULO 2- Se adicionan un inciso j) al artículo 17 y un artículo 21 septies a la Ley 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, de 23 de noviembre de 1990. Los textos son los siguientes:

Artículo 17- Las industrias que se acojan al régimen de zonas francas se clasificarán bajo una o varias de las siguientes categorías:

(…)

j) Empresas de la industrias fílmicas, audiovisuales y discográficas que se instalen permanentemente fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

(…)

Artículo 21 septies- Las industrias indicadas en el inciso j) del artículo 17 de esta ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

Las empresas indicadas en el inciso j) del artículo 17 de esta ley estarán sujetas a las reglas del artículo 21 ter de la presente ley, cuando sean aplicables, y deberán realizar una inversión nueva inicial en activos fijos al menos de cien mil dólares estadounidenses (US $100.000) o su equivalente en moneda nacional. Tales empresas podrán operar fuera del parque industrial, siempre y cuando la inversión inicial en activos fijos nuevos sea al menos doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses (US $250.000) o su equivalente en moneda nacional.

ARTÍCULO 3- Se reforman el artículo 3 y el último párrafo del artículo 18 de la Ley 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, de 23 de noviembre de 1990. Los textos son los siguientes:

Artículo 3- Tratamiento fiscal para las industrias bajo las categorías c), g) y j) del artículo 17 de la presente ley:

Para las empresas beneficiarias bajo las categorías c), g) y j) del artículo 17 de la presente ley se aplicarán las siguientes disposiciones:

a)  Para efectos del impuesto sobre la renta les serán aplicables las exenciones y los beneficios dispuestos en esta ley, sin supeditación de hecho ni de derecho a resultados de exportación o restricciones de ventas en el mercado local.

b)  A los bienes y servicios de estas empresas, que sean destinados al mercado local, les serán aplicables todos los tributos al consumo que correspondan, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. Para estos efectos, se entenderá por tributos al consumo aquellos que, por su naturaleza, son exigibles en el mercado en el que son consumidos.

Artículo 18- Las personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, con actividades en las zonas francas, contempladas en esta ley y las que resultarán incluidas en el respectivo acuerdo ejecutivo, podrán:

(…)

Lo dispuesto en este inciso será aplicable también a las industrias de las categorías c), i) y j) del artículo 17 de esta ley, conforme lo disponga el reglamento.

(…)

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina           Olga Lidia Morera Arrieta

         Primer Secretario                         Segunda Secretario

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECUTESE Y PUBLIQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—Exonerado.—( L10559 - IN2024907671 ).

N° 10553

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

PROTECCIÓN AL PATRIMONIO DEL CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE GUÁPILES COMO PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL MATERIAL Y NATURAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, QUE COMPRENDE LA ESCUELA LÍDER CENTRAL DE GUÁPILES, EL PARQUE CENTRAL, LA PLAZA EL SALVADOR Y LAS CENTENARIAS

FILAS DE PALMERAS

ARTÍCULO 1-       Especialidad

La presente es una ley de carácter especial.

ARTÍCULO 2-       Declaratoria

Se declara patrimonio histórico cultural material y natural de la provincia de Limón, el casco central de la ciudad de Guápiles, en el cantón Pococí, el cual comprende la Escuela Líder Central de Guápiles, el Parque Central, la Plaza El Salvador y las centenarias filas de palmeras. 

ARTÍCULO 3-       Sobre las normas de uso y conservación

Los inmuebles comprendidos en esta ley mantendrán su uso público y naturaleza actuales. Los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre esos bienes no podrán modificar esas condiciones y destino originales, con las e salvedades que establece esta ley.

En la Escuela Líder Central de Guápiles se podrán hacer todo tipo de mejoras, reparaciones y construcciones útiles y necesarias para su aprovechamiento y la prestación de servicios al público.

La Plaza El Salvador y el Parque Central se seguirán utilizando como espacios urbanos, en los que podrán sembrarse plantas y árboles, quedando autorizadas obras destinadas al esparcimiento, el deporte, la cultura y la recreación del público. No se podrán construir edificaciones permanentes destinadas a oficinas, salones de reuniones, comercios o parqueos.

ARTÍCULO 4-       Obligación de solicitar permiso

Los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre esos bienes tendrán la obligación de conservarlos en el mejor estado posible. De previo a la ejecución de las obras de mejoras o remodelaciones, deberán gestionar el permiso respectivo ante las autoridades competentes del Ministerio de Cultura y Juventud.

ARTÍCULO 5-       Autorización

Se autoriza a las instituciones públicas para que efectúen donaciones e inversiones destinadas a obras o adquisiciones para la protección del patrimonio histórico cultural, que comprende la Escuela Líder Central de Guápiles, el Parque Central, la Plaza El Salvador y las centenarias filas de palmeras.

ARTÍCULO 6-       Ubicación espacial

La ubicación espacial de las áreas declaradas patrimonio, mediante la presente ley, será: ciudad Guápiles; distrito primero, Guápiles; cantón segundo, Pococí; provincia de Limón. El área a que refiere la presente declaratoria delimitará al norte con ruta nacional 149; al sur, con avenida 1 unión de las calles 1 y 3; al este, con calle 3 y, al oeste, con calle 1.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-              Aprobado a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

   Carlos Felipe García Molina              Olga Lidia Morera Arrieta

        Primer secretario                             Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge  Rodríguez Vives.—1 vez.—Exonerado.—( L10553 - IN2024907673 ).

10552

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL

DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS DISTRITOS

DE OROSI Y CACHÍ, DEL CANTÓN DE PARAÍSO

ARTÍCULO 1- Objeto

El objeto de la presente ley es declarar de interés público el desarrollo turístico de los distritos de Orosi y Cachí, del cantón de Paraíso, con el fin de promover el desarrollo económico y social de la zona, así como la sostenibilidad ambiental.

ARTÍCULO 2- Participación del Estado

El Estado deberá promover el desarrollo de infraestructura e inversiones en turismo en los distritos indicados, bajo un esquema de desarrollo sostenible, turismo inclusivo y el manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición económica y social de la zona, mediante el aporte de la Administración central y descentralizada, así como de las empresas públicas, a las cuales se les faculta para coadyuvar en el cumplimiento del objeto de la presente ley, con excepción de aquellas que operan bajo régimen de competencia.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) colaborará con la implementación de la presente ley, en el marco de sus competencias y de conformidad con lo dispuesto en el articulado de esta ley.

ARTÍCULO 3- Coordinación interinstitucional

Se faculta a la Municipalidad de Paraíso para que lidere el proceso de coordinación interinstitucional, que permita implementar la presente ley para dinamizar y potencializar el desarrollo turístico de los distritos de Orosi y Cachí, así como establecer los mecanismos de coordinación e instrumentos de planificación con los entes u órganos públicos según su ámbito de competencia; de conformidad con las disposiciones del plan regulador del cantón y otros instrumentos de ordenamiento municipal.

ARTÍCULO 4- Competencias del ICE

La declaratoria de interés público del desarrollo turístico de los distritos de Orosi y Cachí se realiza sin perjuicio de las competencias y responsabilidades actuales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), respecto de la operación y el mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica Cachí, el embalse y demás obras asociadas, así como del objetivo primario para el cual fueron desarrolladas esas obras.

ARTÍCULO 5- Área de interés turístico

Comprende los distritos de Orosi y Cachí, el cual incluye el embalse de la Planta Hidroeléctrica Cachí, por su alto potencial paisajístico.

El desarrollo de actividades de ecoturismo en el embalse Cachí y terrenos aledaños, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), queda sujeto a las condiciones que establezca el Instituto, para asegurar la operación, el mantenimiento y la generación eléctrica de dicha planta.

ARTÍCULO 6- Delimitación

El desarrollo de actividades de ecoturismo en el embalse Cachí, y los terrenos aledaños propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quedará supeditado a la zonificación y demás condiciones técnicas que establezca el Instituto.

El ICE, mediante la zonificación, delimitará las áreas de restricción absoluta y de seguridad operativa, tanto en el embalse como en sus inmuebles.

ARTÍCULO 7- Área de protección e inmuebles del ICE

El área de protección se establecerá a partir de la cota máxima de elevación del embalse de la Planta Hidroeléctrica Cachí, es decir 990,10 m.s.n.m.

En el embalse, terrenos aledaños del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), incluida el área de protección, tienen prioridad las actividades del Instituto; no obstante, se podrán realizar las actividades ecoturísticas de conformidad con la legislación, la normativa aplicable y el criterio técnico vinculante que emita el ICE.

En el área de protección del embalse de Cachí se autoriza el desarrollo de actividades turísticas y la infraestructura requerida, contempladas en el párrafo segundo del artículo 33 bis de la Ley 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996, con las excepciones establecidas en dicha ley.

ARTÍCULO 8- Desarrollo de actividades ecoturísticas

El desarrollo de actividades ecoturísticas en el embalse y terrenos aledaños del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) quedan sujetas a las condiciones establecidas en el criterio técnico emitido por el ICE, las cuales serán vinculantes para el ente u órgano competente al momento de emitir la autorización, el permiso, la licencia, la concesión o cualquier otro que corresponda.

Las actividades que se autoricen en el embalse o en los terrenos aledaños podrán ser reubicadas o suspendidas temporal o permanente, por el ente u órgano competente, con fundamento, entre otros, en el criterio técnico del ICE, para asegurar el cumplimiento del objetivo primario del embalse, sin que esto implique responsabilidad alguna para el ICE.

Para el desarrollo de actividades ecoturísticas, el interesado deberá cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

ARTÍCULO 9- Apoyo municipal

La Municipalidad promoverá el uso de inmuebles con potencial de desarrollo ecoturístico, con aquellos propietarios públicos o privados presentes en la zona.

Asimismo, promoverá, ante la banca pública o privada, programas de financiamiento requeridos para la implementación de las actividades de ecoturismo, de acuerdo con los términos de la presente ley. Además, incentivará la suscripción de alianzas público-privadas para el cumplimiento del objeto de esta ley.

ARTÍCULO 10- Reglamentación

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo de nueve meses, a partir de su publicación.

Rige a partir de su publicación

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Rosalía Brown Young

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

    Carlos Felipe García Molina              Olga Lidia Morera Arrieta

               Primer secretario                            Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministra de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.—El Ministro de Turismo, William Rodríguez López.—1 vez.—Exonerado.—( L10552 - IN2024907675 ).

ACUERDOS

N.° 7052-24-25

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

Declarar abierto el Segundo Período de Sesiones Extraordinarias de la Tercera Legislatura 2024-2025, Período Constitucional 2022-2026.

Rige a partir del 1° de noviembre de 2024.

Asamblea Legislativa.—San José, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

Rodrigo Arias Sánchez, Presidente.—Dinorah Barquero Barquero, Segunda Prosecretaria.—1 vez.—O. C. N° 24112.—Solicitud N° 550127.—( IN2024907378 ).