AVISOS

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

Que en La Gaceta N° 193 del jueves 19 de octubre de 2023, se publicó la sanción impuesta a la Licda. Marisela Berrocal Velásquez, carné 8626, de tres años de suspensión en el ejercicio de la profesión de la abogacía. No obstante, la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica mediante sesión 42-23, celebrada el día treinta de octubre de dos mil veintitrés, acuerdo 2023-42-083, le otorgó el Beneficio de Ejecución Condicional de la Sanción conforme a lo establecido en el reglamento; motivo por el que, se deja sin efecto la sanción impuesta. (Expediente administrativo 495-20 (5)).

Lic. Carlos Villegas Méndez, Fiscal.—1 vez.—( IN2023831310 ).

ASOCIACIÓN DE MUJERES ACTIVAS DE TRONADORA

En La Gaceta número 175 del día 25 de setiembre de 2023, se publicó una fe de erratas de la Asociación de Mujeres Activas de Tronadora, cédula jurídica N° 3-002-228845, en la que se solicitó la reposición del tomo número 1 del Registro de Asociadas. En dicha fe de erratas, al final del primer párrafo por error se indicó “debido al extravío del tomo número 1 del Libro de Accionistas”, siendo Io correcto “debido al extravío del tomo número 1 del Libro de Registro de Asociados”. Lo demás permanece igual.

La Uruca San José, 17 de noviembre de 2023.—Ermida Gerarda Loría Muñoz, cédula de identidad: 5-0212-0522, Representante Legal.—1 vez.—( IN2023831760 ).

LEYES

10387

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL TAXISTA ANTE

LA ACTUAL CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL

ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso b) del artículo 47 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. El texto es el siguiente:

Artículo 47- Causas para impedir el ingreso o desabordar pasajeros

Los conductores de los vehículos destinados al transporte público, así como los oficiales de tránsito y las demás autoridades de policía quedan autorizados para impedir el ingreso o exigir el retiro de los pasajeros que se encuentren dentro del vehículo, cuando se presenten las siguientes condiciones:

b) Que el pasajero porte objetos punzocortantes, armas no autorizadas, materiales explosivos, peligrosos o animales, exceptuando los animales de asistencia para personas con discapacidad y los casos previstos en el artículo 66 de la Ley 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi, de 22 de diciembre de 1999.

ARTÍCULO 2- Se adicionan los artículos 65, 66, 67, 68 y 69 a la Ley 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, de 22 de diciembre de 1999. El texto es el siguiente:

Artículo 65- Publicidad y propaganda en los vehículos autorizados para brindar el servicio público en la modalidad taxi

Se autoriza al concesionario o permisionario del servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi para que coloque, en el respectivo vehículo, cualquier tipo de publicidad interna o externa, siempre que esta no obstaculice la visión e identificación de la información oficial contenida en la rotulación de los vehículos taxi, o que constituya riesgos a la seguridad vial, al obstruir la visibilidad del conductor de la unidad o del panel de instrumentos del habitáculo del conductor del vehículo.

Queda prohibida la publicidad de cigarrillos, licores, de propaganda política-electoral, o cuando se utilice la imagen de menores de edad en situaciones contrarias a su dignidad y bienestar general.

Los posibles ingresos que se generen por el concepto de publicidad no se tomarán en cuenta para la regulación tarifaria del servicio brindado por los concesionarios del servicio de transporte público modalidad taxi.

Tratándose de la publicidad externa podrá reglamentarse tomando en cuenta criterios de oportunidad y seguridad vial.

Artículo 66- Transporte de cosas o pequeñas mascotas

Se autoriza al concesionario o permisionario del servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi para que pueda transportar, de un lugar a otro, cosas lícitas de fácil movilidad, medicamentos, alimentos o animales de compañía de pequeñas especies y animales de asistencia para personas con alguna discapacidad, sin que esto signifique un pago adicional en la tarifa para el usuario del servicio.

En el reglamento de la presente ley deberán establecerse las normas mínimas que garanticen las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad de los pasajeros y las mascotas.

Artículo 67- Uso de plataformas tecnológicas

El transporte remunerado de personas modalidad taxi podrá utilizar cualquier plataforma tecnológica disponible, que permita conectar a usuarios y a conductores de taxi, para facilitar la prestación del servicio sin que dicho uso requiera autorización del Consejo de Transporte Público (CTP).

El CTP promoverá y pondrá a disposición programas de alfabetización digital dirigidos a los concesionarios de taxi, relacionados con el uso de aplicaciones tecnológicas modernas, que permitan conectar a usuarios y a conductores de taxi, para facilitar la prestación del servicio, para lo cual podrá coordinar lo correspondiente y realizar convenios institucionales con otras instituciones públicas, cooperativas o asociaciones de taxistas.

Artículo 68- Readecuación temporal de las bases de operación durante el estado de emergencia

Cuando así lo determine la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, conforme a la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, de 22 de noviembre de 2005, el Consejo de Transporte Público deberá readecuar, en casos de emergencia nacional, cualquiera de las bases de operación de taxis existente, de manera que se posibilite la continuidad del servicio y el menor impacto social y económico de los concesionarios. Cualquier variación al esquema operativo de una base de operación, ante una situación de emergencia nacional, será temporal, debiendo regresar a la situación anterior si la afectación originada por la emergencia nacional así lo permite, previo informe técnico rendido para tales efectos.

Lo establecido en el presente artículo deberá basarse en criterios técnicos y de interés público, que no afecten la continuidad del servicio público.

Artículo 69- Facilidades crediticias

Se autoriza a los bancos del Estado para que otorguen facilidades y se puedan establecer líneas de crédito diferenciadas para los concesionarios de taxi, exclusivamente para la compra de un vehículo nuevo o usado, siempre y cuando este sea utilizado para el servicio de taxi y se cumpla con la normativa correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO l- Los concesionarios que adquirieron una concesión administrativa con la promulgación de la Ley 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, de 22 de diciembre de 1999, y que a la fecha de renovación no pudieron cambiar su unidad o formalizar su concesión por errores de notificación, prevenciones u otras faltas u errores conexos, podrán presentar ante el Consejo de Transporte Público (CTP) la solicitud de renovación de la concesión y la solicitud de cambio de su unidad, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la presente ley. El CTP deberá atender cada caso y, bajo criterio técnico y justificación razonada, podrá proceder a la renovación de las concesiones en cuestión, que cumplan con los requisitos técnicos, operativos y jurídicos necesarios para la prestación del servicio, para lo cual se otorgará un plazo no mayor de treinta días para la formalización.

TRANSITORIO ll- El Poder Ejecutivo contará con un plazo de sesenta días naturales para reglamentar la presente ley, a partir de su entrada en vigencia.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-    Aprobado a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce	Manuel Esteban Morales Díaz
Primer secretaria	Segunda secretaria

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez.— 1 vez.—Exonerado.—( L10387 – IN2023831240 ).

10392

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA AMPLIAR LA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA PARA LAS NUEVAS MIPYMES DE

PERSONAS JURÍDLCAS Y APLICAR LA REDUCCIÓN

DEL IMPUESTO A LAS NUEVAS MIPYMES DE

PERSONAS FÍSICAS. REFORMA DE LOS

INCISOS B) Y C) DEL ARTÍCULO 15 DE

LA LEY 7092, LEY DEL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA, DE 21

DE ABRIL DE 1988

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el antepenúltimo párrafo del inciso b) y se adiciona un último párrafo al inciso c) del artículo 15 de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. El texto es el siguiente:

Artículo 15- Tarifa del impuesto. A la renta imponible se le aplicarán las tarifas que a continuación se establecen. El producto así obtenido constituirá el impuesto a cargo de las personas a que se refiere el artículo 20 de esta ley.

[…]

b) Las personas jurídicas, cuya renta bruta no supere la suma de ciento veintidós millones ciento cuarenta y cinco mil colones (¢122 145 000,00) durante el periodo fiscal:

[…]

A efectos de lo previsto en este inciso b), las micro y las pequeñas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), podrán aplicar la escala tarifaria prevista en este inciso, conforme a las siguientes condiciones, las cuales aplicarán a partir de su primer año de operaciones:

i. Cero por ciento (0%) del impuesto sobre el impuesto a las utilidades el primero, segundo y tercer año de actividades empresariales.

ii. Veinticinco por ciento (25%) del impuesto sobre el impuesto a las utilidades, el cuarto y quinto año de actividades empresariales.

iii. Cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre el impuesto, a las utilidades el sexto año de actividades empresariales.

[…]

c) A las personas físicas con actividades lucrativas se les aplicará la siguiente escala de tarifas sobre la renta imponible:

[…]

A efectos de lo previsto en este inciso c), las micro y las pequeñas empresas, inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAC), de personas físicas podrán aplicar la escala tarifaria prevista en este inciso, conforme a las siguientes condiciones, las cuales aplicarán a partir de su primer año de operaciones:

i. Cero por ciento (0%) del impuesto sobre el impuesto a las utilidades el primero, segundo y tercer año de actividades empresariales.

ii. Veinticinco por ciento (25%) del impuesto sobre el impuesto, a las utilidades el cuarto y quinto año de actividades empresariales.

iii. Cincuenta por ciento (50%) del impuesto sobre el impuesto, a las utilidades el sexto año de actividades empresariales.

Rige a partir del 1 de enero del año siguiente a su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Gloria Zaide Navas Montero

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

María Marta Carballo Arce     Manuel Esteban Morales Díaz

     Primer secretaria                   Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—El Ministro de Economía Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto.—1 vez.—Exonerado.— ( L10392 - IN2023831204 ).

10393

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA HACER TRANSPARENTES

LAS CONDONACIONES FISCALES

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un artículo 50 bis en la “Sección Quinta: Condonación o remisión” del “Capítulo V Extinción” del “Título ll Obligación Tributaria” de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971.

Artículo 50 bis- Publicidad de beneficiarios de condonaciones

Para el caso de obligaciones accesorias, entendidas como intereses y sanciones, que pueden condonar las administraciones tributarias mediante resolución administrativa, al finalizar el plazo concedido a la persona beneficiaria para acogerse a la condonación, la Administración Tributaria correspondiente deberá publicar y mantener en su web, por un plazo de al menos nueve meses, el nombre o los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la condonación, incluyendo   cédula y monto condonado. Cuando se trate de condonaciones de intereses que proceden por demostración fehaciente de error imputable a la Administración Tributaria, se deberá indicar expresamente en la lista publicada la causa de la condonación.

Para el caso de obligaciones que solo pueden ser condonadas mediante ley dictada con alcance general, en un plazo máximo de treinta días hábiles, contado a partir de la finalización del plazo para acogerse a cualquier condonación de obligaciones e tributarias o accesorias, las administraciones tributarias respectivas deberán publicar y mantener en su web, por un plazo de al menos nueve meses, la lista completa de los contribuyentes que se acogieron a la condonación, identificando nombre, cédula y el monto que les fue condonado.

Rige doce meses posteriores a la publicación de esta ley en el diario oficial La Gaceta.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Gloria Zaide Navas Montero

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

María Marta Carballo Arce     Manuel esteban Morales Díaz

     Primer secretaría                 Segunda secretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—1 vez.—Exonerado.—( L10393 - IN2023831244 ).

10395

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 2 BIS DE LA LEY 5060,

LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS,

DE 22 DE AGOSTO DE 1972

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 2 bis de Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972. El texto es el siguiente:

Artículo 2 bis-        Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o nacional existente tendrán la potestad para remover en virtud del interés público, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), todo obstáculo situado en el derecho de vía legalmente constituido. Esta potestad incluirá las áreas de protección de ríos y quebradas que se encuentren en el derecho de la vía pública, siempre y cuando dichos obstáculos representen un riesgo para la estabilidad estructural de puentes, vías, o sea, contrario a los fines para los que el derecho de vía ha sido creado, y que se notifique al Minae de la situación.

Para el aprovechamiento de los árboles que afecten el derecho de vía, deberán realizarse los trámites regulados ante instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía.

Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o nacional, previo al inicio de la obra, deberán comunicarlo a las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía, a efectos de que lleve el registro de las obras correspondientes, y serán responsables de las acciones que se realicen en atención del presente artículo.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Gloria Zaide Navas Montero

Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

      María Marta Carballo Arce        Manuel Esteban Morales Díaz

          Primer Secretaria               Segunda Secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez.—    1 vez.—Exonerado.—( L10395 - IN2023831243 ).

10400

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DE LA TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS JOROBADAS EN COSTA RICA

ARTÍCULO 1-        Declaración de interés público

Se declara de interés público la Temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en la costa pacífica de Costa Rica, en dos períodos: desde la mitad del mes de julio a noviembre y desde la mitad de diciembre al mes de abril de cada año, para lo cual el Estado podrá promover actividades, bajo un esquema de desarrollo sostenible, turismo comunitario y el manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan a las comunidades de la costa pacífica de Costa Rica en la celebración de la Temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en Costa Rica. Todo lo anterior, siempre que los niveles de visitación y las prácticas turísticas no ocasionen perjuicios a las poblaciones de ballenas. Para ello, se deberán promover programas de buenas prácticas de avistamiento de cetáceos en el país.

ARTÍCULO 2-        Participación del Estado

El Estado podrá apoyar todas las iniciativas de investigación científica, educación ecológica, desarrollo de actividades en el marco de la Temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, promoción de la conservación ecológica para la protección de ballenas jorobadas y otras especies importantes para el sostenimiento ecológico del Parque Nacional Marino Ballena y toda la costa pacífica de Costa Rica.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los diez días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carvallo Arce       Manuel Esteban Morales Díaz

Primer Secretaría             Segunda Secretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Ministerio de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.—1 vez.—Exonerado.— ( L-10400 - IN2023831242 ).

10402

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA REGULAR LA PÉRDIDA DE LA LICENCIA

COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO, POR LA

PARTICIPACIÓN EN CARRERAS DE

 VEHÍCULOS AUTOMOTORES

EN LAS VÍAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 1-    Se adiciona el artículo 123 bis a Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. El texto es el siguiente:

Artículo 123 bis-    Prohibición de carreras de vehículos automotores en las vías públicas

Se prohíbe la conducción de vehículos automotores en competencias de velocidad en las vías públicas.

ARTÍCULO 2-    Se reforman los artículos 136, 139 y 141 de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. Los textos son los siguientes:

Artículo 136-  Acumulación de puntos por categoría de conductas

Los puntos se acumularán de forma automática en el expediente del conductor en los siguientes casos:

a) Acumulará doce puntos el conductor condenado en sentencia firme por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 117 y 128, 261 bis incisos b) y c) del Código Penal, Ley 4573, de 4 mayo de 1970, y sus reformas. En el caso de condena por lesiones leves, de conformidad con Io dispuesto por el artículo 125 del mismo Código, no se acumularán puntos, sin perjuicio de Io que disponga el juez penal en cuanto a la inhabilitación del conductor. La autoridad judicial correspondiente comunicará al órgano competente la firmeza de la sentencia para efectos de control, la cual se consignará en el expediente del conductor de forma automática y deberá dejarse constancia del total acumulado.

b) Acumulará doce puntos la persona conductora que infrinja Io estipulado en el artículo 123 bis de la presente ley, una vez firme la boleta de citación.

c) Acumulará seis puntos el conductor que haya cometido alguna de las infracciones categoría A de esta ley y quien, por irrespetar la señal de alto en el derecho de vía ferroviario, colisione contra el tren o alguno de sus vagones.

d) Acumulará cuatro puntos el conductor que haya cometido alguna de las infracciones categoría B de esta ley.

Artículo 139-  Suspensión de licencia por acumulación de la totalidad de puntos

La acumulación total de los puntos permitidos afectara la validez de todas las licencias de conducir del infractor, cualquiera que sea su clase y tipo.

El conductor cuya licencia haya perdido validez como consecuencia de la acumulación total de los puntos permitidos no podrá reacreditarse para conducir hasta que hayan transcurrido doce meses. Este plazo se reducirá a seis meses en el caso de que el conductor demuestre fehacientemente y por medios idóneos, ante el Cosevi, que laboralmente depende de la conducción de vehículos automotores como modo de subsistencia.

Si el conductor reacreditado acumula por segunda vez la totalidad de los puntos permitidos, no podrá obtener una nueva licencia de conducción hasta que hayan transcurrido veinticuatro meses, contados desde la firmeza de la sanción. Este plazo será de treinta y seis meses tras una tercera infracción y siguientes. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones conexas.

Cuando la suspensión de la licencia, por acumulación de la totalidad de los puntos permitidos, corresponda al incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 123 bis de la presente ley, el plazo de reacreditación de la licencia será de treinta y seis meses.

En caso de inhabilitación para conducir, declarada en sentencia penal, se ajustará a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La suspensión de licencia, declarada en vía administrativa, o la inhabilitación para conducir, declarada en vía judicial, se extenderá a cualquier tipo de licencia de conducir que ostente el infractor.

Artículo 141- Medida alternativa a la suspensión de licencia declarada en vía administrativa

El conductor no reincidente, cuya licencia haya perdido vigencia como consecuencia de la acumulación total de los puntos permitidos, podrá obtenerla antes del vencimiento del plazo de la suspensión, previo cumplimiento de horas en la prestación de trabajo comunitario; lo anterior, a excepción de quienes perdieron la totalidad de los puntos por participar en carreras en vías públicas, siendo que, para estos casos, se deberá cumplir con el plazo establecido en el artículo 139 para la reacreditación de la licencia, sin que pueda aplicarse ninguna medida alternativa al transcurso de plazo de suspensión.

El Poder Ejecutivo establecerá reglamentariamente las instituciones u organizaciones que podrán acreditar las horas laboradas, la cantidad de horas requeridas, según la conducta, y los mecanismos para regular el cumplimiento y demás condiciones asociadas a la aplicación de la medida.

ARTÍCULO 3-    Se reforma el artículo 261 bis de la Ley 4573, Código Penal, de 4 mayo de 1970. El texto es el siguiente:

Artículo 261 bis-  Conducción temeraria

Se impondrá pena de prisión de uno a tres años, en los siguientes casos:

a) A quien conduzca un vehículo automotor en competencias de velocidad por las vías públicas.

b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta kilómetros por hora (150 km/h).

c) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro, en ambos supuestos para cualquier tipo de conductor, o con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, en ambos supuestos, si se trata de un conductor profesional o de un conductor al que se le ha expedido por primera vez la licencia de conducir en un plazo inferior a los tres años, respecto del día en que se detectó la presencia del alcohol.

Igual pena se aplicará a quien conduzca bajo la influencia de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que haya establecido el Ministerio de Salud.

En todas las circunstancias anteriores, además se le inhabilitará para conducir todo tipo de vehículos, de dos a cuatro años, siendo que, para el caso previsto en el inciso a), la sanción de inhabilitación será de tres años como mínimo.

Al conductor reincidente se le aumentará la pena de prisión en un tercio.

Cuando se imponga una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal podrá conmutar la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser menor de un salario base, ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente al “Auxiliar Administrative Uno” que aparece en la Relación de Puestos del Poder Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción de tránsito, o bien, la imposición de una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad pública, que podrá ser desde cien horas hasta trescientas horas de servicio, en los lugares y la forma que se disponga por la autoridad jurisdiccional competente.

La pena de inhabilitación será comunicada al órgano competente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para su efectiva aplicación.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-    Aprobado a los diez días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce        Manuel Esteban Morales Díaz

Primera Secretaria                   Segunda Secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez.—  1 vez.—Exonerado.—( L10402-IN2023831199 ).

10407

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA COSTA RICA

DECRETA:

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO Y AUTORIZACIÓN

AL ESTADO PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU

PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS

AIRES, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

DEL POLIDEPORTIVO DE

BUENOS AIRES

ARTÍCULO 1-       Se desafecta del uso público el terreno propiedad del Estado, e cédula jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos dos (N.° 2-000-045522), que se describe de la siguiente manera: finca inscrita en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, bajo el sistema de folio real matricula número treinta y dos cero cuarenta y siete, derecho cero cero cero (N.° 32047-000). El inmueble está situado en el distrito primero, Buenos Aires; cantón tres, Buenos Aires; provincia de Puntarenas; mide veintiocho mil setecientos setenta y ocho con cinco decímetros cuadrados (28 778,05 m2), descrito por el plano catastrado número P-cero nueve dos siete seis dos uno- uno nueve nueve cero (P-0927621-1990). Su naturaleza registral es terreno destinado a la ampliación de Buenos Aires. Linda al norte con camino de Buenos Aires, río Ceibo; al sur, con Carlos Guillermo Liebhaber y camino público; al este, con Carlos Guillermo Liebhaber y, al oeste, con Carlos Guillermo Liebhaber y camino público.

ARTÍCULO 2-  Se autoriza al Estado, cédula jurídica número dos - cero cero cero - cero cuatro cinco cinco dos dos (N.° 2-000-045522), para que done y traspase el bien inmueble desafectado en el artículo anterior a la Municipalidad de Buenos Aires, cédula jurídica tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos uno uno dos, (N.° 3-014-042112), el cual se destinará, exclusivamente, a la construcción y ampliación del Polideportivo de Buenos Aires. Si el inmueble donado deja de cumplir, o no continúa con el fin que motivó la donación, deberá retornar a la entidad donante.

ARTÍCULO 3-        Se afecta el terreno descrito en el artículo 1 de esta ley para su uso y dominio público, el cual será de “terreno de plaza de deportes.

ARTÍCULO 4-       Se autoriza a la Notaría del Estado para que se corrijan los defectos registrales o notariales que señale el Registro Nacional, al confeccionar la escritura pública del bien objeto de esta donación.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce           Manuel Esteban Morales Díaz

    Primera secretaría                     Segunda secretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.— ( L10407 - IN2023831241 ).

10410

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CANTONES DE UPALA, GUATUSO Y LOS CHILES

ARTÍCULO 1- Se declara de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles; para lo cual el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en turismo en la zona, bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición social y económica de dichos cantones. Asimismo, el Estado podrá apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las actividades de las pequeñas y medianas empresas de los habitantes de dichos cantones, vinculadas al desarrollo turístico.

ARTÍCULO 2-        Se insta a las instituciones del sector público, las instituciones autónomas y semiautónomas para que, dentro del marco jurídico respectivo, gestionen los mecanismos de apoyo y cooperación con los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles para la ejecución de esta ley, mediante cualquier tipo de recursos o alternativas, convenios de cooperación, iniciativas y asociaciones público-privadas, con el fin de promover el desarrollo turístico en los cantones.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

María Marta Carballo Arce	Manuel Esteban Morales Díaz
Primera secretaría	Segunda secretaría

 

Ejecútese y Publíquese.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra De La Presidencia, Natalia Díaz Quintana.—El Ministro De Turismo, William Rodríguez López.—1 vez.—Exonerado.—( IN2023831194 ).

10411

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL

DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CANTONES DE

TURRIALBA, JIMÉNEZ, PARAÍSO, CARTAGO,

ALVARADO, EL GUARCO, LA UNIÓN

Y OREAMUNO.

ARTÍCULO 1-        Declaración de interés público.

Se declara de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Turrialba, Jiménez, Paraíso, Cartago, Alvarado, El Guarco, La Unión y Oreamuno, de la provincia de Cartago; para lo cual, el Estado, por medio de sus entes públicos, podrá promover el desarrollo de infraestructura e inversiones en turismo con énfasis al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en dichos cantones, bajo un esquema de desarrollo sostenible, turismo inclusivo y el manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición social y económica de los cantones señalados.

ARTÍCULO 2-        Participación del Estado.

El Estado podrá apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las actividades de la pequeña y mediana empresas de los habitantes de los cantones de Turrialba, Jiménez, Paraíso, Cartago, Alvarado, El Guarco, La Unión y Oreamuno, de la provincia de Cartago, que estén vinculadas al desarrollo del turismo.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-            Aprobado a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce	Manuel Esteban Morales Díaz
Primer secretaria.	Segunda secretaria.

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y el Ministro de Turismo, William Rodríguez López.—1 vez.—Exonerado.—( L10411 – IN2023831245 ).

10416

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY QUE FACULTA A LOS REGIDORES SUPLENTES

A INTEGRAR, CON VOZ Y VOTO, LAS COMISIONES

PERMANENTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 1-    Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 28- Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las mismas disposiciones de este título para los regidores propietarios. Sustituirán, en las sesiones del concejo municipal, a los propietarios de su partido político, en los casos de ausencias temporales u ocasionales; además, cuando participen en las comisiones permanentes tendrán voz y voto.

[...].

ARTÍCULO 2-    Se reforma el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 49-

(…)

Cada concejo integrará, como mínimo, nueve comisiones permanentes: Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer, de Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el concejo municipal y sus integrantes serán escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes. La Comisión Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de asesores, a los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y de asociaciones comunales.

[...]

Rige a partir de su publicación

ASAMBLEA LEGISLATIVA-    Aprobado a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce        Manuel Esteban Morales Díaz

Primera Secretaria                   Segundo Secretario

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10416-IN2023831246 ).

10417

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

PATROCINIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

DE MÚSICA, COMPARSAS, ESCUELAS DE MÚSICA

Y BANDAS SINFÓNICAS DE FORMACIÓN MUSICAL

ARTÍCULO 1-  Se adiciona el inciso l) al artículo 4 y se reforma el penúltimo párrafo del artículo 71, ambos de la Ley 7794, Código Municipal, de 18 de mayo de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

(…)

I)  Apoyar la creación y el funcionamiento de las escuelas municipales de música, así como escuelas de música, comparsas, cimarronas y bandas sinfónicas que, sin fines de lucro, brinden formación musical dentro del cantón. Estas escuelas, comparsas, cimarronas y bandas deberán contar al menos con personería jurídica vigente, debidamente inscrita ante el Registro Nacional.

Artículo 71–

(…)

A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio; asimismo, podrán crear albergues para las personas que se encuentren en situación de abandono y situación de calle, una vez demostrada dicha condición de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 10009, Ley para la Creación de Albergues para las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, de 27 de setiembre de 2021. También, podrán financiar escuelas municipales de música, comparsas, cimarronas y subvencionar escuelas de música y bandas sinfónicas de formación musical que pertenezcan a organizaciones sin fines de lucro, o asociaciones de desarrollo dentro del cantón, centros de educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.

(…)

ARTÍCULO 2.-            Se autoriza a todas las municipalidades del país para que incluyan, en sus respectivos planes anuales operativos, las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les sean definidas por esta ley.

Rige a partir de su publicación

ASAMBLEA LEGISLATIVA-            Aprobado a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sanchez

Presidente

María Carballo Arce	Manuel Esteban Morales Díaz
Primer Secretaría	Segunda Secretaría

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

Ejecútese y Publíquese.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Ministro a.í. de Cultura y Juventud, Alexander Castro Mena.—1 vez.—Exonerado.—( L40417 – IN2023831247 ).

10418

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LA LEY 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y

EFICIENCIA TRIBUTARIAS, DE 4 DE JULIO DE 2001,

Y DE LA LEY 9329, LEY ESPECIAL PARA LA

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS:

ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA

DE LA RED VIAL CANTONAL, DE

15 DE OCTUBRE DE 2015

ARTÍCULO 1-        Se reforma el subinciso iii) del inciso b) del artículo 5 de la Ley e 81 14, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001. El texto es el siguiente:

Artículo 5-    Destino de los recursos

(…)

El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada una de las municipalidades que cuenten con el’ Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, formulado según la metodología oficial establecida en la normativa y aprobado por el concejo municipal.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un párrafo final al artículo 2 de la Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015. El texto es el siguiente:

Artículo 2-     Delimitación de la competencia

(…)

En casos excepcionales, previo acuerdo debidamente fundamentado del concejo municipal, el equipo y la maquinaria para la construcción y el mantenimiento de la red vial cantonal, adquirida con los recursos establecidos en el artículo 5 de la presente ley, podrán ser utilizados por la municipalidad para otros fines de interés público cantonal, en el tanto estos se encuentren en estado ocioso y esto no responda a una falta de planificación municipal. Dicha fundamentación requiere del nexo causal que demanda la utilización de estos recursos y el tiempo necesario para la consecución del fin, que no debe interferir con la ejecución y planificación vial municipal.

Rige veinticuatro meses posteriores a la publicación de la presente ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce     Manuel esteban Morales Díaz

    Primer Secretaría                 Segunda Secretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez.—1 vez.—Exonerado.—( L10418- IN2023831248 ).

10420

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA PARCIAL DE LA LEY 9999, LEY PARA PREVENIR

LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL

SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE,

DE 19 DE AGOSTO DE 2021

ARTÍCULO 1-    Se reforma el artículo 2 de la Ley 9999, Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, de 19 de agosto de 2021. El texto es el siguiente:

Artículo 2- Objetivo

Esta ley tiene por objetivo reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de denuncia por daños a la propiedad, maltrato físico, emocional, trato corruptor, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas, conforme a lo dispuesto en la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995.

ARTÍCULO 2-  Se reforman el inciso a) y el inciso l) y se adicionan cuatro nuevos incisos o), p), q) y r) al artículo 3 de la Ley 9999, Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, de 19 de agosto de 2021. El texto es el siguiente:

Artículo 3- Definiciones y siglas

Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente:

a) Víctima: toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio por daños a la propiedad, maltrato físico, emocional, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, trato corruptor, o cualesquiera de las conductas tipificadas en la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, en su título de Delitos Sexuales, por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En caso del daño a la propiedad, consistirá en el deterioro, la destrucción o cualquier menoscabo intencional e injustificado que sufra cualquier posesión de la persona estudiante, realizada por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP). No se considerará daño, cuando la posesión de la persona estudiante se trate de estupefacientes, drogas ilícitas o medicamentos que no sean parte de un tratamiento previamente informado al centro, todo tipo armas o explosivos o cualquier otro bien prohibido por el centro educativo. En estos últimos casos, los centros educativos procederán conforme la normativa vigente y sus protocolos internos.

(…)

I) Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido sexual o connotación sexual, realizada por una persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública contra una persona menor de edad estudiante, independientemente de que medie o no el consentimiento de esta última.

Toda conducta que se desprenda de la definición anterior se regirá bajo el procedimiento dispuesto en la Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995.

(…)

o) Maltrato físico: toda acción intencional e injustificada en contra de la integridad física de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

No constituyen maltrato físico los casos en que la persona funcionaria, del Ministerio e de Educación Pública (MEP), deba entrar en contacto físico o deba asistir físicamente a estudiantes con alguna condición permanente o temporal derivada de problemas emocionales o de conducta, siempre que este contacto o asistencia sea justificado como un apoyo personal para garantizar una educación inclusiva o la seguridad física de los estudiantes, así como los casos en que dicho personal deba entrar en contacto físico o deba asistir físicamente a estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad, siempre que este contacto o asistencia sea justificado y cumpla con el objetivo de ser un apoyo personal para garantizar una educación inclusiva.

p) Maltrato emocional: toda acción u omisión intencional e injustificada que implique ofender, insultar, intimidar, rechazar, amenazar, coaccionar, desacreditar o discriminar, en perjuicio de la persona estudiante menor de edad, realizada por la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP).

q) Abuso sexual: todo acto realizado con fines sexuales por parte de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), contra una persona menor de edad, o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, según lo dispuesto en la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.

r)  Trato corruptor: toda conducta en la cual la persona funcionaria, del Ministerio de Educación Pública (MEP), mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad, con fines eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad lo consienta; así como la acción de pagar, prometer un pago o dar una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o a un tercero, para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.

ARTÍCULO 3-  Se adiciona un párrafo final al artículo 7 de la Ley 9999, Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, de 19 de agosto de 2021. El texto es el siguiente:

Artículo 7  Declaración anticipada de la víctima.

(…)

La ampliación de la declaración no podrá realizarse una vez que la persona denunciada haya sido notificada; no obstante, el órgano director que investiga una denuncia por las causales establecidas en esta ley podrá requerir, por una única vez, que se amplíen o aclaren los hechos denunciados, cuando lo considere pertinente.

ARTÍCULO 4-    Se reforma el artículo 8 de la Ley 9999, Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el e Sistema Educativo Costarricense, de 19 de agosto de 2021. El texto es el siguiente:

Artículo 8- Medidas cautelares

La autoridad competente deberá aplicar las medidas cautelares que correspondan resguardando el principio de proporcionalidad que sean necesarias, siguiendo el debido proceso para evitar la revictimización de las personas denunciantes y sus testigos; evitar cualquier represalia o acto de persecución, incluyendo la posibilidad de reubicar a la persona estudiante, si así lo solicita, con la finalidad de minimizar o prevenir cualquier impacto negativo que sufra la persona estudiante en su desempeño académico. Asimismo, se deberán suspender los efectos de cualquier medida perjudicial tomada contra la persona estudiante por parte de la persona denunciada, cuando existan indicios de que puede ser una represalia. La reubicación o suspensión de la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) procederá en los casos que así lo considere conveniente la Dirección de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Servicio Civil.

ARTÍCULO 5-  Se elimina el párrafo final del artículo 10 de la Ley 9999, Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense, de 19 de agosto de 2021. El texto es el siguiente:

Artículo 10-           Sobre la valoración de la prueba

Toda prueba debe valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa, deberá recurrirse a la prueba indiciaria, atendiendo los principios especiales que rigen la materia de niñez y adolescencia. En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima. El órgano director, en todos los procesos, ordenará la realización de pruebas técnicas y periciales que resulten necesarias para armonizar la búsqueda de la verdad real con el interés superior de la persona menor de edad.

Para la valoración de las declaraciones se deberán atender y respetar los principios generales del debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, equilibrio procesal, proporcionalidad, confidencialidad, legalidad, inmediación de la prueba, libertad probatoria, representación, concentración, celeridad procesal e impulso procesal de oficio. En los casos en los que la única prueba que exista sea la declaración del menor o de la menor víctima, dicha declaración deberá ser valorada en función de la edad y madurez de la presunta víctima. En caso de duda en la apreciación de la prueba, se estará a los más favorable para la presunta víctima.

ARTÍCULO 6-  Se reforma el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953, que fue adicionado por la Ley 9999. El texto es el siguiente:

Artículo 67- En casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta falta se considere perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el director o la directora de la Dirección de Recursos Humanos ordenará la suspensión en el cargo o su traslado temporal a otro puesto, mediante acción de personal. En el caso de las causales de trato corruptor y abuso sexual, establecidas en la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y de las causales de acoso y hostigamiento sexual establecidas en Ley 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995, así como de los delitos sexuales contenidos en la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, procederá siempre la adopción de la medida cautelar de suspensión del cargo o la reubicación. En caso de proceder la reubicación del servidor, deberá ser en un puesto administrativo donde no desempeñe funciones que conlleven atención y/o interacción constante con personas menores de edad.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-    Aprobado a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil veintitrés.

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

Manuel Esteban Morales Díaz                   Rosaura Méndez Gamboa

Segunda secretaría                                     Primera Prosecretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

Ejecútese y Publíquese.

RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ.—La Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro.—1 vez.—Exonerado.—( L10420 - IN2023831249 ).

10421

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REACTIVACIÓN ECONÓMICA POR MEDIO DEL COBRO

VENCIDO DE PATENTES, MEDIANTE LA REFORMA

DEL ARTÍCULO 78 Y DEL PRIMER PÁRRAFO

DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY 7794, CÓDIGO

MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998

ARTÍCULO 1-        Se reforma el artículo 78 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 78- Pago de tributos municipales, patentes, por períodos vencidos. Incentivos, multas e intereses

Excepto lo señalado en el párrafo siguiente, los tributos municipales serán pagados por períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo.

Las patentes municipales se podrán pagar de manera anticipada o por períodos vencidos. A juicio del concejo, dicho cobro podrá ser fraccionado, ya sea mensual, trimestral o semestral.

La municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por adelantado los tributos o patentes de todo el año.

El atraso en los pagos de tributos o patentes generará multas e intereses moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

ARTÍCULO 2- Se reforma el primer párrafo del artículo 88 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente.

Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto, sea vencido o por adelantado. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.

(…)

TRANSITORIO ÚNICO- Con la entrada en vigencia de la presente ley, y en caso de que el concejo municipal acuerde el pago fraccionado por período vencido de patentes, se autoriza para que, por única vez, se apliquen las siguientes disposiciones:

En el caso de pagos de patentes de manera trimestrales, durante el primer trimestre los dos primeros meses se cobrarán de manera anticipada y el tercer mes se cobrará vencido al final del mes; para el segundo trimestre, se aplicará el cobro adelantado del primer mes, y los dos meses restantes se cobrarán de manera vencida al final del segundo mes y, para el tercer trimestre, se cobrarán los tres meses vencidos al final del último mes. En adelante se seguirán aplicando los cobros vencidos de las patentes trimestrales, según lo faculta la presente ley.

En el caso de pagos de patentes de manera semestral, durante el primer semestre, los primeros cuatro meses se cobrarán de manera anticipada y los dos meses restantes se cobrarán vencidos al final del semestre; para el segundo semestre, se cobrarán de manera anticipada los dos primeros meses y los cuatro meses restantes se cobrarán vencidos al final del semestre. En adelante se seguirán aplicando los cobros vencidos de las patentes semestrales, según lo faculta la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

Manuel Esteban Morales Díaz	Rosaura Méndez Gamboa
Segunda secretaría	Primera Prosecretaría

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—Exonerado.—( L10421 – IN2023831250 ).

10423

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN TRANSITORIO AL ARTÍCULO

54 DE LA LEY 2166, LEY DE SALARIOS

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

DE 9 DE OCTUBRE DE 1957

ARTÍCULO ÚNICO-  Se adiciona un transitorio al artículo 54 de la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. El texto es el siguiente:

TRANSITORIO-     Los montos percibidos por el personal del Ministerio de Educación Pública correspondientes al Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, que se calcularon porcentualmente desde la entrada en vigencia de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018 y hasta el 17 de febrero de 2022, se considerarán como un rubro bien pagado por la Administración y percibido de buena fe por el personal del título ll del Estatuto del Servicio Civil (docente, administrativo y técnico docente del Ministerio de Educación Pública), que queda liberado de la obligación de reintegrarlas. De conformidad con lo anterior, se exime al Ministerio de Educación Pública de la obligación de reclamar su pago.

Asimismo, las sumas percibidas por el personal del Ministerio de Educación Pública, por concepto de Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, desde el 17 de febrero de 2022 y hasta su efectiva nominalización en los sistemas de pago correspondientes, se considerarán como bien pagadas, por lo cual no generan sumas giradas de más y por lo tanto se exime al Ministerio de Educación Pública de la obligación de reclamar su pago.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA- Aprobado a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

      María Marta Carballo Arce        Manuel Esteban Morales Díaz

              Primer Secretaría                       Segunda Secretaría

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro.—1 vez.—Exonerado.—( L10423 - IN2023831207 ).

10425

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 25, Y ADICIÓN

DEL ARTÍCULO 15 BIS Y EL TRANSITORIO VIII

A LA LEY 2035, LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO

NACIONAL DE PRODUCCIÓN,

DE 17 DE JULIO DE 1956

ARTÍCULO 1-      Se reforman los artículos 15 y 25 de la Ley 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, de 17 de julio de 1956. Los textos son los siguientes:

Artículo 15- El CNP tendrá una Junta Directiva integrada en la siguiente forma:

1- El presidente ejecutivo del CNP, que será quien presida la Junta Directiva. Deberá poseer reconocida experiencia y conocimiento en el campo de las actividades de la institución; además, deberá ser designado por el Consejo de Gobierno. Su gestión se regirá por las siguientes normas:

a) Será el encargado en materia de gobierno y le corresponderá, fundamentalmente, velar por que se ejecuten las decisiones tomadas por la Junta, así como coordinar la acción de la entidad con la de otras instituciones estatales y asumir las funciones que la Junta Directiva le asigne.

b) Será un funcionario a tiempo complete y con dedicación exclusiva; consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer profesiones liberales.

c) Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno. En este caso, tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo servido en el cargo. Para determinar esta, se seguirán las reglas fijadas en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo

2- El ministro de Agricultura y Ganadería o su representante.

3- El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

4- Un representante de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), escogido por esta organización.

5- Un representante de las organizaciones de pequeños productores agropecuarios legalmente constituidas, entre estas se incluyen los centros agrícolas cantonales. Este representante será elegido directamente por dichas organizaciones en Asamblea General, que para tal efecto convocará, públicamente, el presidente ejecutivo del CNP, y con el mecanismo de elección que para tal asamblea se estipulará en el reglamento de esta ley.

6- Un representante de las cooperativas agropecuarias, nombrado por el Consejo Nacional de Cooperativas.

7- Un representante del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) especializado en agricultura, nombrado por su Junta Directiva.

Los nombramientos citados en los incisos 4), 5), 6) y 7) anteriores serán por dos años y podrán ser reelegidos por una sola vez, en forma consecutiva.

Artículo 25- Los acuerdos de la Junta Directiva se tomaran por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros asistentes.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), o su representante, deberán separarse del conocimiento, deliberación y votación de todos los asuntos vinculados a la organización y funcionamiento de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), haciendo constar su abstención ante la Junta Directiva.

Los otros miembros de la Junta Directiva conocerán la motivación que brinde el ministro del MAG o su representante. Una vez conocida, el ministro del MAG, o su representante, deberán abstenerse de emitir su voto y retirarse del recinto, hasta que el órgano colegiado de por cerrado el o los puntos de agenda referidos.

Todo acuerdo tornado con la participación o el voto del ministro de Agricultura y Ganadería, o de su representante, relativo a asuntos de la Fanal, será absolutamente nulo y podrá constituir una falta al deber de abstención e incumplimiento de deberes previsto en el artículo 339 del Código Penal.

ARTÍCULO 2-      Se adicionan el artículo 15 bis y el transitorio VIII a la Ley 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, de 17 de julio de 1956. Los textos son los siguientes:

Artículo 15 bis-      Para asegurar el cuórum funcional de la Junta Directiva, en los casos de abstención del ministro de Agricultura y Ganadería, o de su representante, o de las ausencias temporales de un miembro permanente cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno nombrara a un miembro suplente por un periodo de dos años, prorrogable por un plazo igual. Dicho miembro suplente será de libre remoción y no podrá estar sujeto a relación de empleo o jerarquía dentro del Consejo Nacional de Producción (CNP), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ni de ninguna institución del Gobierno central.

El miembro suplente asistirá a las sesiones con derecho a voz y voto únicamente cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:

a) Cuando algún miembro propietario cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo no asista a la sesión.

b) Cuando el ministro de Agricultura y Ganadería, o su representación, se abstengan de los asuntos relacionados con la administración y gobierno de la Fábrica Nacional de Licores, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 de la presente ley.

c) Aquella situación en la que el reglamento de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción así lo establezca.

En los demás supuestos, el miembro suplente solo tendrá derecho a voz. Deberá asistir regularmente a las sesiones y devengará la dieta correspondiente.

TRANSITORIO VIII-EI primer miembro suplente de la Junta Directiva, que refiere el artículo 15 bis de la presente ley, será nombrado en un plazo no mayor a un mes calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley; tomará posesión de su cargo ocho días después de su juramentación, pudiendo permanecer en el hasta seis meses después de la finalización del período constitucional de la administración vigente o ser removido antes del cumplimiento del plazo.

Rige a partir de su publicacion.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-    Aprobado a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Rodrigo Arias Sánchez

Presidente

María Marta Carballo Arce      Manuel Esteban Morales Díaz

Primera Secretaria                Segunda Secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras.—1 vez.—Exonerado.— ( L10425-IN2023831251 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE MORA

Y AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA

QUE DESAFECTEN Y PERMUTEN ENTRE

SI TERRENOS DE SU PROPIEDAD

Expediente Nº 24.064

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Este proyecto de ley pretende autorizar a la Municipalidad de Mora y al Ministerio de Seguridad Pública para que realicen una permuta de sus terrenos, tal que ambas instituciones puedan disponer de infraestructura adecuada para continuar con sus funciones y puedan brindar un mejor servicio, tanto en tema de seguridad ciudadana como en políticas de desarrollo cantonal y de juventud.

La problemática que persigue resolver este proyecto de ley se origina a partir del cruce de fincas entre ambas instituciones. Es decir, la finca número tres dos siete cinco tres cinco-cero cero cero (327535-000), es propiedad del Ministerio de Seguridad Pública y actualmente se encuentra en uso por la Casa de la Juventud y es administrada por la Municipalidad de Mora; y la finca número uno-siete cuatro cero uno seis ocho-cero cero cero (1-740168-000), propiedad de la Municipalidad de Mora, es utilizada para la Delegación de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública.

Así, el objetivo de este proyecto es encaminar los esfuerzos de la Municipalidad de Mora y el Ministerio de Seguridad para lograr el desarrollo, fortalecimiento y mejora en la calidad de vida de las y los ciudadanos, mediante esfuerzos mutuos que promuevan programas y acciones dirigidas al desarrollo, fortalecimiento de la seguridad y tranquilidad en el Cantón de Mora, según lo concertado por ambas entidades en el Convenio de Cooperación de Seguridad Ciudadana entre el Ministerio de Seguridad Pública y La Municipalidad de Mora, aprobado por el Concejo Municipal de Mora mediante acuerdo N° ACM-26-04-2020.

Esta iniciativa de ley se presenta como seguimiento del trámite legislativo dado al expediente 23043, “AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE MORA Y AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE DESAFECTEN Y PERMUTEN UN TERRENO DE SU PROPIEDAD ENTRE ESTOS MISMOS”, el cual fue archivado el día 23 de agosto del 2023 en la sesión 3 del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la Segunda Legislatura, del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024.

En el Informe de Subcomisión que recomendó el archivo se identificaron “inconsistencias que podrían dar lugar a interpretaciones erróneas o desviaciones del propósito original del proyecto”, tal y como había sido identificado en el Informe de Servicios Técnicos de dicho expediente legislativo, oficio AL-DEST- IJU-228-2022 de 20 de julio de 2022, y que pese a que mediante el “acuerdo N°ACM-14905-2023, del 06 de marzo del 2023” el Concejo Municipal de Mora “solicita a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales una prórroga de al menos 6 meses para finalizar la inscripción registral de los predios afectados”, una de las razones de recomendar el archivo del expediente se debe a que los diputados que suscribieron dicho informe lo hicieron “en tiempo y forma antes de su vencimiento por el plazo ordinario que le otorga el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que no es posible legalmente otorgar a la municipalidad de Mora la prórroga para proceder a realizar los ajustes registrales necesarios para darle seguridad jurídica a la iniciativa de ley”.

En dicho Informe Jurídico de Servicios Técnicos, también se señala la necesidad de desafectar los terrenos en consideración, ya que si bien la naturaleza del terreno de la Municipalidad de Mora, “es de “terreno inculto”, actualmente ya se encuentra la delegación de fuerza pública en la propiedad, conllevando a que por el uso quedó afecto al destino que de hecho tiene, razón por la cual debe desafectarse”, mientras que la naturaleza del inmueble propiedad del Estado-Ministerio de Seguridad Pública.

“Es terreno para delegación y zona verde, siendo que el objetivo de la permuta es que este inmueble pase a ser propiedad de la Municipalidad del Cantón de Mora, la cual conservará y dará mantenimiento al área verde, lo procedente es que se desafecte de su vocación de construcción (terreno para delegación), y se afecte nuevamente al uso público”.

Resolver esta problemática permitirá a ambas instituciones públicas asignar el presupuesto anual de acuerdo con el principio de legalidad y de manera más eficiente según sus propios fines, ya que tanto la Municipalidad de Mora como el Estado-Ministerio de Seguridad Pública, no pueden invertir directamente en sendas infraestructuras al no estar en terrenos de su propiedad, lo que ha ocasionado un deterioro evidente en estas áreas. Todo esto, en el contexto de una rampante crisis de delincuencia que actualmente ha presentado el cantón y por la falta de equipo adecuado para cubrir las áreas que presentan mayor inseguridad, así como dificultad administrativa de invertir en desarrollo comunitario, como lo es la Casa de la Juventud, y en programas de desarrollo económico y participación ciudadana.

La infraestructura que hoy en día se encuentra en uso por la Casa de la Juventud, la cual por acuerdo del Convenio de Cooperación de Seguridad Ciudadana entre el Ministerio de Seguridad Pública y La Municipalidad de Mora fue un préstamo del Ministerio de Seguridad Pública, por lo que al pasar oficialmente a ser administrado por la Municipalidad de Mora, esta tendrá el control y la autoridad sobre el terreno y la infraestructura, lo que puede garantizar su buen funcionamiento, además de mantenerla en buenas condiciones y utilizarla de acuerdo con su propósito original, de servir a la juventud del cantón.

Cabe destacar la importancia de resguardar y mantener la Casa de la Juventud[1] , según plantea como principio de la institución dentro de la comunidad.

“Nuestro enfoque se sustenta en campos como la educación popular, el construccionismo, la psicología social y del desarrollo humano. En este sentido, uno de los principios más importantes sobre los que se basa nuestro trabajo es el del vínculo de las personas y su entorno, como un factor que enriquece la construcción del conocimiento. Así, las experiencias de aprendizaje de los jóvenes siempre van de la mano con sus propios intereses y frecuentemente relacionados con temas que atañen a sus comunidades y su cotidianidad”.

Es de esta manera que, esta iniciativa de ley espera brindar beneficios a ambas instituciones en los siguientes sentidos.

Primero: utilizar el presupuesto anual para invertir en mejoras de la infraestructura, es decir, se le pueda dar mantenimiento y actualización de instalaciones y equipos, lo que a su vez beneficiará a los funcionarios para realizar un adecuado ejercicio de sus labores y mejorar la atención a usuarios de la institución.

Segundo: fortalecer programas y políticas que generen desarrollo y participación comunal dentro del cantón. De manera que se puedan implementar proyectos y actividades que promuevan el bienestar de la comunidad, como programas de educación, salud, cultura y deporte; así como fortalecer programas de seguridad ciudadana para prevenir la violencia y combatir el crimen organizado.

Tercero: mayor autonomía en el uso de su presupuesto, se espera fomentar el desarrollo local. Los recursos podrán ser dirigidos hacia proyectos que impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía del cantón; asimismo, fortalecer el servicio de vigilancia del cantón y renovar el equipo adecuado para el ejercicio de funciones.

En el presente proyecto de ley las inconsistencias registrales que otrora fueron obstáculo para realizar la permuta ya han podido ser subsanadas, y consta el acuerdo número 5 tomado por el Concejo Municipal de Mora en la Sesión Ordinaria número 184, celebrada el día 06 de noviembre del año 2023, en el que dicho órgano colegiado acuerda:

“Manifestar nuestra voluntad expresa para que se desafecte y permute un terreno de su propiedad entre la Municipalidad de Mora y el Ministerio de Seguridad Pública, mediante un Proyecto de Ley con un nuevo número de expediente, con la información suministrada, tal y como se propone”.

De esta forma, se atiende el criterio del Informe Jurídico de Servicios Técnicos oficio AL-DEST- IJU-228- 2022 de 20 de julio de 2022, previamente citado, en el sentido de que:

“Siendo que las autorizaciones deben formularse como proyectos de ley, la iniciativa sobre éstas debe partir del seno municipal mediante el acuerdo. de ninguna parte podemos deducir que el acuerdo municipal deba ser posterior a la emisión de dicha autorización”.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en procura de una administración de los intereses y servicios locales del Cantón de Mora que beneficie a sus habitantes en seguridad ciudadana y desarrollo socioeconómico, se presenta el siguiente proyecto de ley a consideración de las y los señores diputados:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE MORA

Y AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARA QUE DESAFECTEN Y PERMUTEN

ENTRE SI TERRENOS DE SU PROPIEDAD

ARTÍCULO 1-        Se desafecta de su uso actual la finca número uno-siete cuatro cero uno seis ocho-cero cero cero (1-740168-000), ubicado en el Distrito Uno, Colón, Cantón Siete, Mora, Provincia de San José; propiedad de la Municipalidad de Mora cédula jurídica tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco cuatro (3014-042054), con los siguientes linderos según Registro Público: Norte: calle pública con un frente de veintitrés metros setenta y cinco centímetros; Sur: Cruz Roja; Este: calle pública con un frente de dieciséis metros con cuarenta y cuatro centímetros;  Oeste: Ministerio de Salud; . Plano: uno-dos cero ocho cero cero cero-dos cero dos dos (1-20800-2022), con un área de trescientos noventa y dos metros cuadrados (392m²); y se afecta a un nuevo uso público de “terreno para delegación policial”.

ARTÍCULO 2-        Se desafecta de uso actual la finca número tres dos siete cinco tres cinco-cero cero cero (327535-000), situada en el Distrito Uno, Colón, Cantón Siete, Mora, Provincia de San José y propiedad del Estado-Ministerio de Seguridad Pública, cédula jurídica dos-unos cero cero-cero cuatro dos cero uno uno (2-100042011), con los siguientes linderos según Registro Público: Norte: Municipalidad del Cantón de Mora. Sur: calle pública con doce metros cuarenta y seis centímetros. Este: Municipalidad del Cantón de Mora; y Oeste: Municipalidad del Cantón de Mora; Plano: uno-cero cero cero tres ocho cinco-uno nueve ocho cinco (1-0003851985), con un área de trescientos catorce metros con cuatro decímetros cuadrados (314.04m²), y se afecta a un nuevo uso público de “terreno de la Municipalidad de Mora y zona verde”.

ARTÍCULO 3-        Se autoriza a la Municipalidad del Cantón de Mora, cédula de persona jurídica número tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero cinco cuatro (3-014-042054), a permutar el terreno descrito en el artículo 1 a favor del Estado-Ministerio de Seguridad Pública cédula jurídica N° 2-100-04201, y reciba como compensación la finca descrita en el artículo 2.

Se autoriza al Estado-Ministerio de Seguridad Pública, cédula de persona jurídica número dos-unos cero cero-cero cuatro dos cero uno uno (2-100-042011) a permutar el inmueble de su propiedad en el artículo 2 en favor de la Municipalidad del Cantón de Mora, cédula de persona jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro (3-014-042054), y reciba como compensación la finca descrita en el artículo 1.

ARTÍCULO 4-        Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los trámites de la permuta mediante la elaboración de la escritura correspondiente.

Rige a partir de su publicación.

Andrés Ariel Robles Barrantes

Antonio José Ortega Gutiérrez	Danny Vargas Serrano
Horacio Martín Alvarado Bogantes	Waldo Agüero Sanabria
Sofía Alejandra Guillén Pérez	Rocío Alfaro Molina
Johnatan Jesús Acuña Soto	Priscilla Vindas Salazar

 

NOTAS: El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

El texto fue confrontado y revisado por el Departamento de Servicios Parlamentarios, para hacerle los ajustes formales requeridos por el SIL. (Fecha de subido al SIL: 05-12-2023).

1 vez.—Exonerado.—( IN2023830789 ).

REFORMA DE LA LEY N° 1644, LEY ORGÁNICA DEL

SISTEMA BANCARIO NACIONAL Y SUS REFORMAS,

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y PERMITIR QUE

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TENGAN

ACCESO A CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL

MEDIANTE EL SISTEMA DE BANCA

PARA EL DESARROLLO

Expediente Nº 24.057

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Sistema Banca para el Desarrollo (SBD)

El Sistema de Banca para Desarrollo (Ley N° 9274) es un mecanismo orientado a financiar e impulsar proyectos viables y factibles de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Este sistema cuenta con 3 fuentes de recursos:

1- El Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), cuyos fondos provienen de presupuestos públicos y otros fideicomisos.

2- El Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD), que se compone del dinero proveniente del 17% de las captaciones a la vista que realizan los bancos privados.

3- El Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide), compuesto por el 5% de las utilidades netas anuales de los bancos estatales y que son administrados por cada banco.

El Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD).

Al FDC se le llama popularmente “peaje bancario” y corresponde al 17% de las captaciones a menos de 30 días que los bancos privados deben trasladar a los bancos estatales para el SBD.

En lugar de trasladar los recursos del peaje bancario a los bancos estatales, los bancos privados tienen la opción de otorgar ellos mismos el 10% de sus captaciones como créditos del SBD; sin embargo, la mayoría de los bancos privados prefieren trasladar los recursos a la banca estatal para que sean ellos quienes administren los recursos y coloquen los créditos, ya que el proceso para que ellos otorguen los créditos conlleva:

1- Gran cantidad de trámites.

2- El proceso no es inmediato, es paulatino.

3- Deben mantener sucursales en varias zonas del país para la atención de las solicitudes de crédito.

4- Las sanciones por no cumplimiento de los requisitos son elevadas.

La problemática actual del peaje bancario en el SBD.

La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644, permite que los bancos privados trasladen recursos del peaje bancario en dólares.

Los bancos estatales como administradores del SBD deben devolver los recursos (incluido el interés correspondiente) en la moneda en que los bancos privados trasladaron el peaje al SBD.

Esto provoca que el SBD acumule recursos en dólares, que no puede colocar como créditos en dólares. Esto podemos verlo a continuación mediante la consulta realizada en https://www.sbdcr.com/

Recursos disponibles en dólares en el SBD al 30/09/2023:

Para ver la imagen solo en La Gaceta con formato PDF

 

Esta acumulación ocurre porque el traslado de peaje bancario en dólares obliga al BNCR y al BCR a colocar esos recursos como créditos a las pymes en dólares. Si un banco estatal presta en colones lo que los bancos privados le trasladaron en dólares, el banco estatal asumiría el riesgo cambiario porque tiene que devolver a los bancos privados en moneda extranjera.

Dado que la gran parte de las pymes tienen ingresos en colones, si toman créditos en dólares asumirían ellas el riesgo cambiario.  Son pocas las pymes que tienen ingresos en dólares.  Solo existen algunas empresas exportadoras y otras son del sector turismo que juntas hacen uso del 3% de los recursos en dólares disponibles, quedando el 97% de los recursos en dólares sin poderse prestar.

Por tanto, el objetivo de esta iniciativa es aumentar la eficiencia del Sistema de Banca para el Desarrollo de manera que los recursos del peaje bancario proveniente de los bancos privados sean trasladados a los bancos estatales en moneda nacional. El proyecto permite que el BCNR y el BCR puedan dar más créditos en colones a las pymes.

En otras palabras, el propósito de esta iniciativa es que el BNCR y el BCR dejen de acumular dólares que no pueden prestar.  El proyecto permite, además, que las pymes se beneficien al tener acceso a créditos en la moneda que ellos reciben sus ingresos.  Para lograr estos objetivos, la propuesta es estimular a los bancos privados para que trasladen la totalidad del peaje bancario a los bancos estatales en colones.

Lo anterior se logra homologando el porcentaje del peaje bancario en colones, con el porcentaje al que los bancos privados podrían prestar como banca para el desarrollo.

Con el proyecto:

-   Los bancos estatales no incurren en gastos de administración de fondos en dólares que solo les genera pérdidas porque no los pueden prestar y además deben devolverlo con intereses a los bancos privados.

-   Los bancos privados trasladan a los bancos estatales 5 puntos porcentuales menos de sus captaciones. Esto aumenta la liquidez del sistema bancario, permitiendo que los bancos privados tengan más recursos disponibles para otorgar otros créditos (distintos a los de banca para el desarrollo pero que de igual manera contribuye con la reactivación económica).

-   Las pequeñas y medianas empresas se benefician porque tienen acceso a más crédito y en moneda nacional. Esto permite un aumento en la producción nacional y una reducción del desempleo.

Lo anterior es particularmente importante para las pymes, ya que son las empresas que más se han visto más perjudicadas con la pandemia.  El proyecto permite que las pymes cuenten con recursos que les permita continuar con su actividad económica y que los trabajadores conserven su empleo.

Con base en todos los aspectos supra señalados y convencidos de que este proyecto de ley mejorará la asignación de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, al tener acceso a crédito en moneda nacional, presento a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el texto que a continuación se indica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LA LEY N° 1644, LEY ORGÁNICA DEL

SISTEMA BANCARIO NACIONAL Y SUS REFORMAS,

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y PERMITIR QUE

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TENGA

 ACCESO A CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL

MEDIANTE EL SISTEMA DE BANCA

PARA EL DESARROLLO

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el inciso i) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y sus reformas, Ley N.º 1644, para que en adelante se lea de la siguiente forma: Artículo 59.

(…)

i)-Mantener permanentemente un saldo de préstamos en el Fondo de Crédito para el Desarrollo equivalente a un diecisiete por ciento (17%) de sus captaciones totales a plazos de treinta días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera, una vez deducido el encaje correspondiente. En caso de que los depósitos correspondientes a las captaciones en moneda extranjera se realicen en moneda nacional, el porcentaje será de un diez por ciento (10%) únicamente sobre la base de las captaciones en moneda extranjera. Los recursos recibidos por el o los bancos estatales administradores, de las entidades privadas, se exceptúan del requerimiento del encaje mínimo legal, para las operaciones que realicen el o los bancos administradores, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas.

Rige a partir de su publicación.

María Marta Carballo Arce

Diputada

NOTA:  El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023831279 ).

ACUERDOS

N° 007 23-24

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

En sesión ordinaria N° 073-2023, celebrada por el Directorio Legislativo el 6 de diciembre del 2023, se tomó el acuerdo que, en lo que interesa, a continuación, transcribo:

ARTÍCULO 7.-

ACUERDO:

Con base en el criterio vertido por el Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0246-2023, modificar el artículo 5° del Reglamento para la Clasificación y Valoración de Puestos de la Asamblea Legislativa para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 5°- El Departamento de Recursos Humanos tendrá el plazo de noventa días para realizar los estudios técnicos de valoración y revaloración de puestos, contado a partir de la presentación de la solicitud formal junto con toda la documentación necesaria para tal fin. En caso que el funcionario encargado del proceso incumpla con este o cualquier otro plazo dispuesto en este reglamento podrá incurrir en responsabilidad administrativa por incumplimiento de sus deberes.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo firme.

Karla Granados Brenes, Directora Ejecutiva a. í.—  1 vez.—O. C. N° 23218.—Solicitud N° 479729.—( IN2023831184 ).