MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE

DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

El Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Nandayure, por este medio consigna para la parcela número 145 de Playa Coyote, a nombre de Marisquería Bar y Restaurante Roquedal Resort, S.A, con cédula jurídica número 3-101-373851. Se tome como correcto que el terreno es para darle un uso de “Zona de Alojamiento Turístico, Uso Condicional de Vivienda Unifamiliar”, según lo establece el Plan Regulador Vigente de Playa Coyote, y se tenga el presente como anexo a la publicación realizada en La Gaceta N°177 del día jueves 14 de setiembre del año 2000. Donde por error se indicó que el terreno era para destinarlo como “Zona Residencial Turística.”

Carmona de Nandayure, Guanacaste.—Lic. Jokcuan Aju Altamirano, Encargado.—1 vez.—( IN2023786172 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY PARA COMPLEMENTAR LA LUCHA CONTRA

EL ROBO DE CABLE TELEFÓNICO Y OTROS ARTÍCULOS DEL DEMANIO PÚBLICO

Expediente N° 23.748

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La inversión que por muchas décadas han hecho las instituciones públicas para impulsar el desarrollo económico y social del país en servicios de telefonía, electricidad, agua potable, infraestructura vial y ferroviaria, indispensables para la calidad de vida de nuestros ciudadanos, se encuentra amenazada por la sustracción ilegal de materiales a manos de redes criminales.

Actúan con una estrategia bien planificada y lesionan el bienestar común de la población, procuran ganancias ilegales y causan graves daños materiales y económicos a la población. El resultado es un perjuicio al patrimonio nacional y al derecho de la colectividad a disfrutar de un servicio continúo y eficiente.

El robo y el hurto de cable telefónico y el daño a las redes del Instituto Costarricense de Electricidad deja sin el servicio de telefonía fija e internet a barrios enteros, hospitales y centros educativos. Estos delitos han venido en aumento.

No solo participa la población indigente, sino que hay delincuentes organizados que se dedican a contratarlos para sustraer cable, ello principalmente en zonas rurales, para luego transportarlo a negocios que compran, reciclan el material y lo venden a empresas que lo exportan.

Ya es conocido el dato de que Costa Rica, a pesar de no tener cobre, se encuentra entre los principales países exportadores de cobre a nivel mundial. Del 2011 al 2021 se denunciaron 4.298 robos de cable, los que afectaron a 46 cantones y a más de 17.000 clientes. El ICE reportó pérdidas por más de 13 mil millones en los dos últimos años. Incluso, se dio el caso de la afectación del Hospital Blanco Cervantes que estuvo incomunicado por 5 días. Por su parte, el Incofer reporta robo de rieles de la línea férrea que ponen en peligro a una gran cantidad de usuarios del tren ante un posible descarrilamiento.

La prestación adecuada e ininterrumpida de los servicios públicos debe ser garantizada por el Estado. Se trata de una manifestación concreta de los derechos humanos regulado por al artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de año 1988: “Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y contar con servicios públicos básicos”.

En este mismo sentido, la Sala Constitucional reconoce en la sentencia N° 27942003 de las 14:52 horas del 8 de abril del 2003, como servicios básicos la electricidad, el agua potable y las telecomunicaciones y el deber que tiene el Estado de garantizarle a la población una “esfera vital mínima” para el ejercicio fundamental de sus derechos.

En el caso específico del Instituto Costarricense de Electricidad, cuenta con un departamento especializado para combatir la sustracción de cable y otros componentes de su infraestructura: “Proceso gestión seguridad institucional, Subproceso investigaciones”, quienes, con base a su experiencia, se quejan de que la ley actual no castiga la reincidencia. Ello permite a los infractores actuar en libertad y cambiar constantemente sus operaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Igualmente, se quejan de que la ley es omisa en cuanto a sancionar a las personas jurídicas representadas por empresas que son el eslabón final de la cadena.

De igual forma, se encargan de la receptación, compra y exportación de estos materiales, que las entidades que deben suministrar la información de estas exportaciones, se amparan a la discrecionalidad o al secreto comercial para no revelarla.

Para enfrentar este problema se han presentado en la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley. Estos persiguen reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para sancionar con penas más severas el robo y el hurto de cable de cobre o de materiales de infraestructura pública.

En relación con esta preocupación se han presentado iniciativas bajo los siguientes expedientes legislativos:

Expediente N° 22.475, Reforma de los artículos 22 inciso a), 25 y 36 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594, de 10 de abril de 1996, y los artículos 208, 213 inciso 3), 228 y 394 del Código Penal Ley 4573, de 30 de abril de 1970, para introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la inserción social de las personas infractoras de la ley penal.

Este proyecto pretende darle al Ministerio Público la facultad para valorar la lesión del bien patrimonial en infracciones menores cometidas sin violencia y el monto de lo sustraído. Permite la aplicación de medidas alternativas, la conciliación y la suspensión del proceso a prueba. La cuantía de las contravenciones de hurto y daños menores se definen por la cuantía en salario base mensual de Oficinista1.

Expediente 22.586, Reforma de los Artículos 209 y 213 y Adición de Dos Nuevos Artículos 214 y 215 y un Párrafo Tercero al Artículo 333 del Código Penal, Ley N° 4573, de 04 de mayo de 1970, para Combatir los Delitos Asociados a la Sustracción de Infraestructura Destinada a la Prestación de Servicios Públicos.

Este proyecto introduce el delito de hurto agravado, en un nuevo inciso, el inciso 8) del artículo 209 del Código Penal, si el material sustraído es un componente de infraestructura pública y/o afecte parcial o totalmente un servicio público.

Además, mediante la inclusión de dos nuevos artículos, el 214 y 215, corre la numeración del 214 que pasa a ser 216, el transporte. almacenaje, comercialización y receptación de los bienes sustraídos, con penas que van de 5 a los 10 años de prisión.

El expediente 22.711, Adición de un Inciso 8) al Artículo 209, del Código Penal y sus reformas, Ley N° 4573.

Este proyecto adiciona un inciso 8 al artículo 209 para incluir en el hurto, a los bienes de los servicios públicos y, bajo esta misma línea, califica como robo agravado cuando el delito se cometa igualmente contra estos servicios.

Con respecto al expediente 22.816, Ley que Castiga el Robo y la Receptación de Cable, Dispositivos de Seguridad de Acueductos, Señales de Tránsito y Líneas Férreas, se publicó en La Gaceta N° 64, de 14 de abril del 2023, creando así la Ley 10336.

Esta ley impone una pena de entre 3 y 4 años de prisión cuando el hecho generador del delito sea el robo contra infraestructura eléctrica, telefonía, telecomunicaciones, cable o internet. Y extiende las mismas condiciones de hurto para el robo agravado.

Si bien estos proyectos y ley pretenden dar una solución a la sustracción ilegal de materiales provenientes de la infraestructura pública incluyendo nuevos numerales e incisos al Código Procesal Penal y al Código Penal con sanciones más fuertes a los infractores, parte de la cadena delictiva en la sustracción de materiales queda sin sanción.

Uno de los elementos que estos proyectos no contemplan es que la reincidencia no se sanciona; por lo tanto, el juez penal no tiene forma de tomar en cuenta la conducta posterior al delito por parte del agente con lo cual se puede motivar de mejor manera la sanción penal, tal como lo indica el artículo 71 en el inciso f) del Código Penal, “con el fin que el Juez pueda fijar la sanción correspondiente al nuevo hecho, se tomará en consideración su calidad de reiterante…”^[1]

En el mismo sentido, la información que las instituciones encargadas de controlar y llevar las estadísticas de las exportaciones de las empresas se amparan al secreto comercial para no brindarlas cuando se les solicita y de esa forma verificar la cantidad de materiales exportados, consecuencia inmediata de este accionar es que los funcionarios públicos encargados de hacer las investigaciones de robos institucionales que posteriormente remiten al Ministerio Público la información para que el ente acusador actúe no cuentan con una herramienta que le permita agilizar la investigación o realizar las actas de localización de esos materiales.

El cable de cobre proveniente de las redes telefónicas, así como materiales de estructuras públicas son bienes públicos y, por lo tanto, como bienes demaniales, por naturaleza y vocación deben quedar fuera del comercio de los hombres, y a las instituciones públicas se les debe dotar de los instrumentos para su recuperación, reutilización o reciclaje.

Por lo anteriormente expuesto y a la luz de la problemática que existe en el país, se ha decidido presentar este nuevo proyecto de ley, el cual busca las  sanciones de carácter administrativo, toda vez que la legislación que se encuentra en la corriente busca perseguir al infractor menor, sino que también se debe buscar perseguir la comercialización y el lucro de los bienes destinados al servicio público, por parte de exportadores de cobre, metal, aluminio y otros metales, complementando así el marco jurídico dispositivo con normas administrativas para atacar de prima facie, la posesión y comercialización de estos materiales.

Este proyecto de ley busca dotar, además, a los centros de investigación de la fe pública para los funcionarios acreditados por las instituciones públicas que tienen un departamento de investigación como lo tiene el Instituto Costarricense de Electricidad, pues, como se indicó, la afectación a esta institución en el robo de cable telefónico. Esta fe pública tiene como fin el darle plena prueba a las actas que levantan los funcionarios de los departamentos de investigación de las instituciones públicas, para así pueda establecer de una manera más expedita el proceso penal correspondiente y establecer las sanciones tanto administrativas como judiciales que correspondan. Aunado además a la posibilidad de contrarrestar los delitos de crimen organizado, cuyos tentáculos se encuentran en todas las actividades delictivas que el país tiene en este momento.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA COMPLEMENTAR LA LUCHA CONTRA

EL ROBO DE CABLE TELEFÓNICO Y OTROS ARTÍCULOS DEL DEMANIO PÚBLICO

ARTÍCULO 1-          Adiciónese un artículo 214 bis al Código Penal, Ley N.°4573, de 04 de mayo de 1970, y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:

Transporte de bienes sustraídos proveniente de la infraestructura de las redes de servicio público.

Artículo 214 bis- Será reprimido con prisión de seis meses a seis años al que, trasportara cualquier componente que forme o formara parte de la infraestructura de redes terrestres, subterráneas, aéreas o subacuáticas, utilizadas en el suministro y uso de servicios públicos que, de acuerdo con las circunstancias, debía presumir provienen de un delito.

ARTÍCULO 2-      Adiciónese un párrafo tercero al artículo 331 del Código Penal, Ley N.°4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera:

Receptación de cosas de procedencia sospechosa.

Artículo 331-             Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, recibiera cosas o bienes que, de acuerdo con las circunstancias, debía presumir provenientes de un delito.

[…]

La pena será aumentada un tercio cuando los bienes receptados hubieran sido componentes que formen parte de la infraestructura de redes terrestres, subterráneas, aéreas o subacuáticas, utilizadas en el suministro y uso de servicios públicos y también cuando exista reincidencia del actor.

ARTÍCULO 3-          Se declara como bien de dominio público para satisfacer el servicio del interés público y, por lo tanto, fuera del comercio: el cable telefónico, la vía férrea, señalización vial tanto horizontal como vertical, así definida en la Ley de Tránsito, los oleoductos y los sistemas de servicio de agua potable.

Por tanto, se prohíbe su comercialización y la acción del Estado para recuperarlos es de mera constatación administrativa, sin que medie un proceso judicial.

Una vez que estos bienes de dominio público, bajo su condición de bienes fungibles cumplan su vida útil; mediante un proceso reglamentario que cada institución elaborará al efecto, podrá dictar su reemplazo o eliminación para desecharlo, reciclarlo, rematarlo o fundirlo, para ser reutilizado en las situaciones que mejor convenga a la institución que los administre.

ARTÍCULO 4-          Las personas jurídicas que comercien el cable telefónico, la vía férrea, señalización vial tanto vertical como horizontal y así definida en la ley de tránsito y los oleoductos y los sistemas de servicio de agua potable, medidores de consumo de agua y de energía eléctrica, serán sancionados con:

1-  Se autoriza a las municipalidades a sancionar las personas jurídicas con el levantamiento de la patente comercial e inhabilitación comercial por seis meses. Esta sanción la ejecutará las municipalidades respectivas cuando medie un acta administrativa de decomiso de dicho material. La entidad que realice un decomiso enviará una copia certificada del acta de decomiso a la correspondiente municipalidad para el proceder a la suspensión temporal de patente comercial.

2- El levantamiento del permiso sanitario de funcionamiento. Esta sanción la ejecutará el Ministerio de Salud cuando medie un acta de decomiso de dicho material. La entidad que realice un decomiso enviará una copia certificada del acta de decomiso a la correspondiente a la oficina regional del Ministerio de Salud para proceder a la suspensión temporal de patente comercial.

3-  Una multa pecuniaria la cual será de título ejecutivo e hipoteca legal, de diez salarios base mensual del “Oficinista 1” del Poder Judicial, de acuerdo a la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. Esta multa será cobrada por el Ministerio de Hacienda y el porcentaje será depositado en la caja única del Estado. El gobierno de la República podrá utilizar estos fondos en el presupuesto nacional.

ARTÍCULO 5-     Las entidades del Estado y las instituciones autónomas deben suministrar, previa orden judicial, datos sobre la venta y exportación de la vía férrea y sus componentes administrado por el Estado, cable telefónico utilizado por el Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía de Fuerza y Luz, señalización vial instalado por las municipalidades y el Ministerio de Transportes, los oleoductos, los sistemas de servicio de agua potable y sus componentes, medidores de consumo de agua y de energía eléctrica.

Ninguna entidad estatal podrá alegar discrecionalidad o secreto comercial, de manera que no se entorpezca la acción policial, judicial o de unidades institucionales de investigación de las instituciones aquí citadas.

Ante la solicitud debidamente fundamentada que realice alguna entidad del Estado que efectúe alguna investigación para localizar cable telefónico, la vía férrea, señalización vial y los oleoductos y los sistemas de servicio de agua potable, el jerarca de la institución consultada no presente la requerida información en el plazo de quince días hábiles, será sancionada con un salario base mensual del “Oficinista 1” del Poder Judicial, de acuerdo con la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. Dicho proceso de sanción lo instruirá y sancionará la Contraloría General de la República y la multa se depositará en la caja única del Estado a favor del presupuestonacional.

ARTÍCULO 6-         Se establece la fe pública a favor de los funcionarios públicos debidamente acreditados que integran unidades de investigación de robos institucionales para localizar la desaparición o robo de cable telefónico y sus componentes, la vía férrea y sus componentes, señalización vial horizontal y vertical tal como se indica en la Ley de Tránsito, los oleoductos sus componentes, los sistemas de servicio de agua potable y sus componentes, y bienes muebles que integren las áreas recreativas de parques y polideportivos. La cual podrá ser utilizada para realizar actas de localización de cable telefónico, la vía férrea, señalización vial tanto vertical como horizontal así indicada por la Ley de Tránsito, los oleoductos y los sistemas de servicio de agua potable, medidores de consumo de agua y de energía eléctrica, con el fin de que puede decomisar estos bienes y reintegrarlos a la institución que corresponda.

El acta que confeccionen estos funcionarios en uso de su fe pública tendrá valor de plena prueba para uso judicial y también administrativo.

Rige a partir de su publicación.

Gloria Zaide Navas Montero

Diputada

NOTA:        El expediente legislativo aún no tiene comisión
            asignada.

1 vez.—Exonerado.—1 vez.—( IN2023775103 ).

REFORMA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA

PARA OBTENCIÓNDEL BENEFICIO DE LIBERTAD

CONDICIONAL

Expediente N.° 23.737

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En la actual legislación de Costa Rica, la libertad condicional se concibe como un instituto de derecho penitenciario que se cristaliza como un beneficio, en el cual todo condenado a pena de prisión podrá solicitar al juez competente y este con todas sus facultades puede concederlo, después de haber cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia ejecutoria, tal y como se contempla en el artículo 64 del Código Penal.

En cuanto a la institución penitenciaria, a través del Instituto de Criminología, es de su competencia e interés, el determinar si el beneficio de la libertad condicional anticipada, en razón de la buena conducta del penado, lo hace merecedor, a pesar de su reclusión, de optar por la solicitud de este, siempre y cuando haya dado muestras de haberse preparado para una vida honrada y que este sea consciente del daño que produjo a la sociedad con el hecho dañoso y muestre remordimiento por este, con lo cual el condenado podrá ser liberado antes de terminar su condena.

En la actualidad, Costa Rica encabeza el crecimiento en la tasa de homicidios en todo el continente americano; por ejemplo, los asesinatos aumentaron un 60% en la última década y durante el actual gobierno se registró un aumento en la tasa de homicidios y robos, alcanzando el mayor nivel de criminalidad en la historia del país.

Los homicidios se han convertido en una pandemia que se desarrolla a lo largo y ancho del país, la cual está creciendo todos los días, sin ningún tipo de acción efectiva por parte de las autoridades policiales en general.

Los profesionales en la materia, advierten que el país está en una condición crítica y se deben realizar acciones concretas y puntuales para enfrentar la situación tan delicada del país, señalando en este punto, que esas responsabilidades corresponden, tanto a las fuerzas policiales, como a las autoridades jurisdiccionales.

Durante el año 2022,^[2] el país confirmó una tendencia al alza en los asesinatos, registrando un total de 654, lo cual nos da un promedio de 12.6 por cada 100 mil habitantes, aunado a lo anterior, datos de Adaptación Social, mencionan que 1095 personas a las cuales se les brinda alguna medida alterna a la prisión, 788 de ellas son indiciadas y en forma adicional cumplen con medidas cautelares.

La tormenta parece crecer y no hay evidencia de que acabe en el año 2023,^[3] ya que según los datos en los primeros 16 días del mes de enero se registraron 41 homicidios; con un promedio de 2,56 por día. Es decir, si se sigue a ese ritmo y no se toman las medidas para fortalecer la acción policial y de la ley, el país rozaría el millar de homicidios al finalizar el mes de diciembre.

Se ha evidenciado 77 homicidios y 65 tentativas como nuevos delitos que diariamente han sido cometidos por las personas liberadas, en razón del beneficio de libertad condicional.

Tal y como lo reporta la prensa, muchos de estos delitos fueron cometidos por aquellos a quienes se les concedió el beneficio de libertad condicional o quienes se les concedió algún tipo de medida alterna a prisión, llamando la atención que esos beneficiarios, al salir, incurrieron nuevamente en la comisión de otros delitos. Importante señalar que estos ya habían sido condenados en su mayoría por los tipos penales de: abuso sexual contra persona menor de edad, abusos sexuales contra mayor de edad, abusos sexuales contra menor o incapaz, tentativa de violación, relaciones sexuales con menor de edad, proxenetismo agravado, tentativa de abuso sexual contra mayor de edad; además de delitos como robo agravado y simple, delitos varios tipificados por la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y sus reformas, homicidios calificados y simples.

Debido a lo descrito, también desde el despacho se presentó el expediente N.° 23519 el cual busca prevención de la delincuencia y las personas beneficiadas con la libertad condicional. Por ello, se considera que es oportuno brindar a las autoridades judiciales herramientas legales, ya que el estudio efectuado por la oficina de planes y operaciones del OIJ, llamado “Privados de libertad en el régimen semi-institucional”, se establece que los delitos que durante el periodo de estudio se cometieron más de 6 mil delitos por personas con dicho beneficio y en los tres primeros lugares se ubican el robo agravado, infracción a la ley de psicotrópicos y a la ley de violencia contra la mujer. Asimismo, el objetivo es efectuar una valoración distinta a la actual, en relación a la concesión del beneficio de libertad condicional, a los condenados por los delitos descritos, para que el derecho a optar por ese beneficio, lo sea hasta que se haya completado una parte sustancial de la pena que les ha sido impuesta.

El por qué obedece a que se evidencia que no hay un adecuado tratamiento de rehabilitación, ni tampoco de reinserción en la vida en sociedad y mucho menos de arrepentimiento por parte del condenado, en lo que respecta a la reparación del daño ocasionado.

Es decir, tenemos a condenados en libertad condicional que siguen delinquiendo y hacen de esta conducta su modus vivendi, con lo cual la sociedad civil se ve sometida a un peligro latente, por cuanto estos condenados deben de permanecer mayor tiempo en el sistema carcelario en virtud de la gravedad de los delitos cometidos y la opción para disfrutar del beneficio de libertad condicional, debe de ser como mínimo para estos delitos que atentan contra bienes jurídicos que tutelan la vida, la propiedad privada de las personas, su seguridad sexual y la salud, el haber completado en forma efectiva al menos dos tercios de la pena impuesta, en sentencia ejecutoria.

Por lo anterior, se somete a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA

PARA OBTENCIÓNDEL BENEFICIO DE LIBERTAD

CONDICIONAL

ARTÍCULO ÚNICO-              Se agrega un nuevo párrafo en el artículo 64 de la Ley N.° 4573, y sus reformas, Código Penal, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 64-

[…]

En el caso de aquellas personas que sean condenadas a pena de prisión por los delitos contemplados en los artículos 111, 112, 113, 156, 157, 161, 162, 212, 213, de este Código, todo sentenciado a pena de prisión podrá solicitar al juez competente y este, facultativamente podrá conceder la libertad condicional, cuando haya cumplido efectivamente, las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria. De igual forma este beneficio estará sometido a la limitación aquí impuesta en aquellos delitos dispuestos en la Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y sus reformas.

Rige a partir de su publicación.

María Marta Carballo Arce

Diputada

NOTA: El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2023775120 ).

DECRETOS

N° 44018-MOPT

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En el ejercicio de las facultades y prerrogativas conferidas en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, Convenio de Aviación Civil Internacional, Apéndice II, Ley número 877 del 04 de julio de 1947, el “Convenio para la Unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional (Convenio Montreal 1999)”, Ley número 8928 del 3 de febrero de 2011, Reforma a la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ley número 4786 del 05 de julio de 1971 y sus reformas, Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227 del 02 de mayo de 1978 artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2, acápite b), y lo estipulado en la Ley General de Aviación Civil, Ley número 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que Costa Rica es un país signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), aprobado en su totalidad por la Asamblea Legislativa de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de Costa Rica, ratificado mediante Ley número 877 del 4 de julio de 1947.

II.—Que el Capítulo VI, artículo 37 de dicho Convenio, relativo a las “Normas y Métodos Recomendados Internacionales (SARPS)”, establece que cada Estado Contratante se    compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.

III.—Que de conformidad con lo establecido por la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N° 3155 de 5 de agosto de 1963 y sus reformas, corresponde a este Ministerio darse la organización interna que más se adecue al cumplimiento del Convenio de Chicago y sus Anexos.

IV.—Que de acuerdo con lo prescrito por la Ley General de Aviación Civil, Ley número 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas, el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, constituyen los órganos competentes en todo lo referente a la regulación y control de la aviación civil dentro del territorio de la República.

V.—Que de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Aviación Civil, el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y a propuesta del Consejo Técnico de Aviación Civil, reglamentará: “las condiciones de capacidad, experiencia, aptitud física, pericia y exámenes necesarios para obtener tales licencias aeronáuticas”.

VI.—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 19227-MOPT, publicado en La Gaceta N° 194 de 1 3 de octubre de 1989, el Poder Ejecutivo promulgó el Reglamento que “Crea Comisión Médica Aeronáutica” y se creó la Comisión Médica Aeronáutica como órgano ad honorem y asesor de la Dirección General de Aviación Civil, cuya función principal consiste en la organización, dirección, proyección y actualización permanente del archivo médico-medicina aeronáutica de todo el personal técnico aeronáutico nacional que requiere licencia para ejecutar labores propias de la aviación civil en territorio nacional; y además funge como órgano auxiliar de la Autoridad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos.

VII.—Que en La Gaceta número 67 de 07 de abril de 2022, fue publicada la audiencia pública, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, Durante el proceso se recibieron consultas y propuestas para la reforma en cuestión, las cuales fueron atendidas por la Institución.

VIII.—Que se procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo Beneficio que establece el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo número 37045-MP-MEIC, en la Sección I “Control Previo de Mejora Regulatoria”, siendo que el mismo dio resultado negativo pues este Reglamento no contiene trámites ni requisitos para los administrados. Por tanto,

Decretan:

Reglamento Aeronáutico Costarricense

Comisión Médica Aeronáutica

y Designación de Médicos Examinadores

Artículo 1º—Se emite Reglamento de la Comisión Médica Aeronáutica y Designación de Médicos Examinadores, denominado RAC-CMA el cual dirá:

RAC-CMA.00I Naturaleza

La Comisión Médica Aeronáutica (CMA) es un órgano ad honorem y asesor de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

RAC-CMA.002 Composición

La CMA estará conformada por cuatro médicos debidamente incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y denominados médicos examinadores por la DGAC. Los integrantes de la CMA deberán tener formación en medicina aeronáutica debidamente demostrada de acuerdo con los requerimientos internacionales establecidos por la Organización  de Aviación Civil Internacional (OACI), y conocimientos prácticos y experiencia en el entorno aeronáutico para llevar a cabo el análisis médico de la aptitud psicofísica de los solicitantes de  licencias o habilitaciones para las cuales se prescriben requisitos médicos, de conformidad con el Reglamento de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico, denominado RAC- LPTA vigente.

RAC-CMA.003 Nombramiento

Los miembros de la CMA serán nombrados por el Director (a) General de Aviación Civil,  elegidos del total de médicos examinadores autorizados por la DGAC.

RAC-CMA,004 Integración

La CMA tendrá un presidente nombrado de entre sus miembros por mayoría absoluta y durará en el cargo un año, pudiendo ser reelecto. En tal condición, tendrá las siguientes facultades:

(a)   Presidir las reuniones de la CMA.

(b)   Velar porque la CMA cumpla su cometida de acuerdo con la Ley General de Aviación Civil y sus reglamentos y el presente decreto.

(c)   Proponer directrices de común acuerdo con la CMA relacionadas con las recomendaciones necesarias al personal técnico aeronáutico, licencias y accidentes aeronáuticos en materia de medicina aeronáutica a la Dirección General, a fin de que estos las puedan poner en práctica a nivel nacional.

(d)   Convocar a sesiones extraordinarias.

(e)   Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros que hayan sido formuladas con tres días de antelación.

(f)    Ejecutar los acuerdos de la CMA.

(g)   Rendir informes a la Dirección General cada 3 meses, o cuando se les soliciten. (h) Resolver cualquier asunto que le someta a su consideración.

La CMA designará un secretario entre sus miembros para las sesiones, quien tendrá las siguientes funciones:

(a)   Levantar las actas de las sesiones de la CMA.

(b)  Comunicar los acuerdos de la CMA a quien corresponda.

(c)   Llevar en orden los documentos que se produzcan en el seno de la CMA, así como aquellos documentos que le remitan a esta.

(d)   Cualquier otra que le asigne el presidente de la CMA.

RAC-CMA.005 Plazo de nombramiento CMA

Los miembros de la CMA serán nombrados por un período de dos años, siempre y cuando ostenten su designación como médico examinador. Su reemplazo será acorde con lo estipulado en los artículos precedentes.

RAC-CMA.006 Sesiones de la CMA

La CMA sesionará ordinariamente una vez al mes y de manera extraordinaria para la revisión de algún caso en particular en las siguientes condiciones:

(a)   A petición de parte interesada ante el Director (a) General para la revisión del rechazo del certificado médico o por petición del médico examinador.

(b)   A petición del médico evaluador para la revisión de algún certificado médico en conjunto, al momento de su revisión, sea por complejidad y/o existencia de dudas.

(c)   A petición de un órgano jurisdiccional ante el Director (a) General de Aviación Civil.

Para la celebración de dichas sesiones deberá observarse las siguientes acciones:

(1)  Para reunirse ordinariamente no hará falta convocatoria especial, pero la convocatoria será por escrito o por cualquier otro medio idóneo en casos de urgencia.

(2)   El cuórum para que pueda sesionar la CMA será el de la mayoría absoluta de sus miembros. Si no hubiere cuórum, la Comisión podrá sesionar en casos de urgencia después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la mitad de sus miembros.$

(3)   Los acuerdos de la CMA serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros asistentes.

(4)   Las sesiones de la Comisión serán siempre privadas y efectuadas en el sitio acordado por quien preside la CMA o por los medios tecnológicos que así lo permitan; pero el presidente podrá disponer, acordando así por unanimidad de sus miembros presentes que tengan acceso a ella, el público o bien otros funcionarios o personas, concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones de la CMA, salvo que se disponga lo contrario.

(5)   Los acuerdos de la CMA quedarán en firme por mayoría absoluta de los miembros asistentes.

Celebrada las sesiones de la CMA, ésta deberá brindar un informe final que exponga la decisión de cada uno de sus miembros y una recomendación final para el Director (a) General, así como la fundamentación en el RAC-LPTA vigente. Dicho informe contendrá la prueba respectiva, exámenes clínicos del paciente o los criterios médicos adicionales conforme el artículo RACCMA.008.

En caso de que el dictamen sea emitido por parte de un médico examinador y éste a la vez sea miembro de la CMA, deberá excusarse de conocer el asunto y abstenerse de verter opinión al caso concreto.

La ausencia de hasta 3 sesiones por alguno de los miembros de la CMA, salvo que exista una causa justificada, podrá dar lugar a la sustitución y reemplazo correspondiente por parte de la DGAC. Dicha decisión corresponderá al Director(a) General ejercerla.

RAC-CMA.007 Objetivo

La CMA, además de su labor de asesoramiento en medicina aeronáutica a la DGAC, tendrá como objetivo fundamental la actualización permanente del archivo médico aeronáutico por medio de los dictámenes de los médicos examinadores a todo el personal aeronáutico nacional, conforme los métodos, normas y procedimientos recomendados por la OACI, y las herramientas que establezca el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica.

Los miembros de la Comisión Médica designados desempeñarán al mismo tiempo las funciones de examinador médico del personal técnico aeronáutico. La confidencialidad de la información médica se respetará en todo momento.

RAC-CMA.008 Especialistas de la CMA

La CMA podrá tener el apoyo de especialistas según sea necesario, los cuales asesorarán vía escrita en las siguientes especialidades y disciplinas:

(a)   Cardiología

(b)   Neumología

(c)   Medicina legal

(d)   Medicina interna: valoración integral del paciente

(e)   Medicina aeroespacial

(f)    Neurología: EEG

(g)   Ortopedia

(h)   Oftalmología

(i)    Otorrinolaringología.

(j)    Odontología

(k)   Psiquiatría

(l)    Psicología

(m)  Ginecología

Dichos especialistas serán designados por la CMA y asesorarán a la misma, deben ser médicos debidamente incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, estar debidamente calificados y poseer las instalaciones necesarias para su función.

Los miembros de la CMA y los médicos examinadores podrán dar instrucción cuando la DGAC lo requiera al personal relacionado con la medicina aeronáutica y al personal técnico aeronáutico, en cuanto a prevención de las diversas patologías que se puedan presentar en dicho personal, que puede afectar la seguridad de vuelo.

RAC-CMA.009 Procedimiento de nombramiento de los médicos examinadores

El solicitante para una autorización de médico examinador debe estar debidamente incorporado en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Además, todo aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(a)  Presentar una solicitud de autorización como médico examinador, dirigida al Director (a) General de Aviación Civil (DGAC).

(b)  Tener cursos de capacitación en medicina aeronáutica de acuerdo con los requerimientos internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional u otra organización reconocida por la DGAC.

(c)   Las autorizaciones para efectuar labores de médico examinador del personal técnico aeronáutico tendrán una validez de hasta 2 años, contados a partir de su fecha de expedición, la cual puede ser renovada mediante solicitud por escrito a la DGAC, y deberá ser presentada 30 días naturales antes a la fecha del vencimiento de la autorización.

(d)   Debe demostrar que cuenta con las instalaciones y equipo adecuado para desempeñarse como médico examinador, las cuales serán verificadas por el médico evaluador de la DGÂC.

(e)   El Director (a) General, concederá la autorización o la renovación como médico examinador, de acuerdo con la demanda de servicios, y cuanto así se estime conveniente.

(f)    El Director (a) General, renovará la autorización de médico examinador del personal técnico  aeronáutico. Cuando compruebe que las funciones del médico examinador, no se ajusten a los procedimientos médicos, administrativos y sujeto a un resultado satisfactorio de la  inspección anual por parte del médico evaluador de la DGAC, para tal propósito procederá a cancelar dicha autorización por medio del procedimiento administrativo de cancelación. En caso de que exista renuncia voluntaria del propio examinador, la Dirección General procederá de igual manera.

RAC-CMA.010 Funciones y deberes de los médicos examinadores

Los médicos examinadores en el ejercicio de su designación deberán:

(a)   Practicar exámenes médicos y expedir los certificados médicos correspondientes a los interesados para la obtención, renovación, convalidación de licencia del personal técnico aeronáutico, de conformidad con los procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la DGAC.

(b)   Participar de manera voluntaria, en la instrucción aeromédica al personal técnico aeronáutico bajo su responsabilidad.

(c)   Colaborar, de manera voluntaria, con la DGAC u otras autoridades aeronáuticas externas, en los aspectos médicos de la investigación de los incidentes y accidentes de aviación, cuando así se le solicite.

(d)   Asesorar en los aspectos médicos aeronáuticos a otras instituciones que lo soliciten.

(e)   Los médicos examinadores tendrán la obligación de asistir cuando menos una vez cada 24 meses, a los cursos de capacitación, seminarios médicos, de acuerdo con los requerimientos internacionales establecidos por la OACI.

(f)    Los médicos examinadores designados de la DGAC cumplirán en todo momento con las directrices, instrucciones, recomendaciones dictadas al efecto por la OACI o la DGAC. El incumplimiento repetido documentado de esta directriz seria motivo de la cancelación de la designación de los médicos examinadores.

(g)   La autorización definitiva de la licencia será dada por el Director (a) General de Aviación Civil.

(h)   El Médico Evaluador de la Dirección General de Aviación Civil podrá verificar aleatoriamente los resultados de los dictámenes otorgados por los médicos examinadores, con el propósito de verificar el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos y/o procedimientos operativos o administrativos de la DGAC.

RAC-CMA.011 Licencias

Todo aspirante que conforme con el artículo 62 de la Ley General de Aviación Civil, solicite ante la DGAC la expedición de una licencia y el certificado médico aeronáutico, deberá someterse ante uno de los médicos examinadores designados, a las pruebas de condiciones psicofísicas que el RAC-LPTA vigente establece.

RAC-CMA.012

Aquellas funciones o atribuciones que la DGAC asigne a la CMA, se considerarán inherentes a los fines para la cual se crea.

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 19227-MOPT, publicado en La Gaceta N° 194 de 13 de octubre de 1989 y sus reformas.

Artículo 3º—Este Decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez.—1 vez.—O.C. N° 4475.—Solicitud N° 056-2023.—( D44018 - IN2023777643 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0067-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3), 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que el señor Alexander González Rojas, mayor, soltero, administrador, portador de la cédula de identidad número 2-0424-0570, vecino de Alajuela, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa Centro de Distribución Regional GLC Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-859057, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la compañía Centro de Distribución Regional GLC Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-859057, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 14-2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

III.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

IV.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto;

ACUERDAN:

1°—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Centro de Distribución Regional GLC Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-859057 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2°—La actividad de la beneficiaria como empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “5229 Otras actividades de apoyo al transporte”, con el siguiente detalle: Actividades logísticas, incluyendo planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; y selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, facturación, etiquetado, desempaque, división, clasificación, reempaque, reembalaje, remarcación, agrupamiento y distribución de mercancías, siempre que no modifique su naturaleza. Lo anterior se visualiza también en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación CAECR	Detalle servicios
Servicios	5229	Otras actividades de apoyo al transporte	Actividades logísticas, incluyendo planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución y selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, facturación, etiquetado, desempaque, división, clasificación, reempaque, reembalaje, remarcación, agrupamiento y distribución de mercancías, siempre que no modifique su naturaleza.

 

Las actividades desarrolladas por la beneficiaria, no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen, mediante declaración jurada. La beneficiaria obtuvo una puntuación de 101 en el Índice de Elegibilidad Estratégica (en adelante IEES).

3°—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Inversiones Zeta S. A. (Montecillos), específicamente en su ubicación del distrito Montecillos, del cantón Alajuela, de la provincia de Alajuela, por lo que se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana (GAM).

4°—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5°—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso g) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas) la beneficiaria gozará de exención de todos los tributos a las utilidades, así como cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, con los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, según las diferenciaciones que dicha norma contiene.

La beneficiaria podrá introducir sus servicios al mercado local, observando los requisitos establecidos al efecto por los artículos 3 y 22 de la Ley N° 7210, en particular los que se relacionan con el pago de los impuestos respectivos.

6°—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 10 trabajadores, a más tardar 02 de octubre de 2024. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US $150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de enero de 2026. Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.

7°—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día 03 de abril de 2023. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de las ventas mensuales realizadas. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon.

8°—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9°—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Además, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que, para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de perdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripcion indicada.

17.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y Publíquese,

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle por/ RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—La Ministra a. í. de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo.—1 vez.—( IN2023777622 ).

N° 0070-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 0511-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 40 del 26 de febrero de 2016; modificado por el Acuerdo Ejecutivo número 111-2019 de fecha 24 de abril de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 103 del 04 de junio de 2019; y por el Acuerdo Ejecutivo número 319-2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 64 del 29 de marzo de 2020; a la empresa Trimpot Electrónicas Limitada, cédula jurídica número 3-102-038603, se le autorizó el traslado a la categoría prevista en el artículo 17 inciso f) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley número 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—Que el señor José Rafael Salazar Frias, mayor, casado una vez, empresario, portador de la cédula de identidad número 6-0161-0983, vecino de San José, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes para estos efectos, de la empresa Trimpot Electrónicas Limitada, cédula jurídica número 3-102-038603, presentó ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), solicitud para que se le otorgue el Régimen de Zonas Francas a su representada, con fundamento en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

3º—Que en la solicitud mencionada Trimpot Electrónicas Limitada, cédula jurídica número 3-102-038603, se comprometió a mantener una inversión de al menos US$ 48.492.506,56 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos seis dólares con cincuenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, la empresa se comprometió a realizar una inversión nueva adicional total de US$ 10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), según los plazos y en las condiciones establecidas en la solicitud de ingreso al Régimen presentada por la empresa. Lo anterior implica una importante oportunidad para arraigar más a la citada empresa a Costa Rica, aumentar los empleos directos e indirectos, y fomentar el encadenamiento entre las empresas nacionales y compañías pertenecientes al Régimen de Zonas Francas, con la finalidad de aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

4º—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de Trimpot Electrónicas Limitada, cédula jurídica número 3-102-038603, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER número 16-2023, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

5º—Que en razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo considera que en la especie resulta plenamente aplicable la excepción que contempla el referido artículo 20 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, en tanto se trata de una inversión adicional cuya magnitud conlleva una serie de beneficios, que justifican razonablemente el otorgamiento de los incentivos fiscales establecidos en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

6º—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022 y reformado por el Acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del año en curso, publicado en La Gaceta N° 24 de fecha 9 de febrero de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

7º—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a Trimpot Electrónicas Limitada, cédula jurídica número 3-102-038603 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

2º—La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos”, con el siguiente detalle: Fabricación de componentes electrónicos para uso de la industria en general; CAECR “2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p”, con el siguiente detalle: Fabricación de productos químicos catalizadores; y fabricación de Lubricantes; CAECR “2022 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas”, con el siguiente detalle: Fabricación de tintas resistivas y conductivas; CAECR “2013 Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias”, con el siguiente detalle: Fabricación de cemento epóxico; CAECR “3830 Recuperación de materiales”, con el siguiente detalle: Subproductos de metales, plásticos y cerámica derivados de las actividades de la empresa; CAECR “2599 Fabricación de otros productos de metal n.c.p”, con el siguiente detalle: Piezas y componentes maquinados de alta precisión; tornillos de bronce roscados. Lo anterior se visualiza también en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación	Descripción de productos	Sector estratégico
Procesadora f)	2610	Fabricación de componentes y tableros electrónicos.	Fabricación de componentes electrónicos para uso de la industria en general.	Electrónica Avanzada (tales como: equipo de cómputo e impresión, microprocesadores, equipo de comunicación, circuitos integrados, tubos catódicos, conectores avanzados, equipo de sonido y video digital.
	2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	Fabricación de productos químicos catalizadores.	Proyectos en que la empresa acogida al Régimen emplea anualmente al menos 200 trabajadores en promedio, debidamente reportados en planilla a partir de la fecha de inicio de operaciones, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo de otorgamiento.
			Fabricación de lubricantes.
	2022	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas.	Fabricación de tintas resistivas y conductivas.
	2013	Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias.	Fabricación de cemento epóxico.
	3830	Recuperación de materiales.	Subproductos de metales, plásticos y cerámica derivados de las actividades de la empresa.
	2599	Fabricación de otros productos de metal n.c.p.	Piezas y componentes maquinados de alta precisión.
			Tornillos de bronce roscados.

 

3º—La beneficiaria operará fuera de parque industrial de zona franca, específicamente 50 metros al oeste del Puente Francisco Orlich, carretera a San Antonio de Belén, distrito La Asunción, del cantón Belén, de la provincia de Heredia. Tal ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana (GAM).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso e) de la citada Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), a la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) y por tratarse de un Megaproyecto, se le aplicarán íntegramente los beneficios indicados en los incisos g) y l) del artículo 20 de la Ley. El cómputo del plazo inicial de este beneficio, se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), g) h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 650 trabajadores, a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener un nivel total de empleo de 700 trabajadores, a partir del 13 de diciembre de 2030. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US$ 48.492.506,56 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos seis dólares con cincuenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación del presente Acuerdo Ejecutivo, así como a realizar y mantener una inversión nueva adicional total en activos fijos nuevos depreciables de al menos US$ 10.000.000,00 (diez millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 13 de diciembre de 2030 y conforme al plan de inversión presentado en la solicitud de ingreso al Régimen, de los cuales un total de US$ 1.500.000,00 (un millón quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), deberán completarse a más tardar el 13 de diciembre de 2025. Por lo tanto, la beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión total de al menos US$ 58.492.506,56 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos seis dólares con cincuenta y seis centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el día en que se notifique el presente Acuerdo Ejecutivo. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para su cálculo las proyecciones de área de techo industrial.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—Por tratarse de una empresa ubicada fuera de un Parque Industrial de Zona Franca, dicha compañía se obliga a implementar las medidas que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica o las autoridades aduaneras le exijan a fin de establecer un adecuado sistema de control sobre el ingreso, permanencia y salida de personas, vehículos y bienes.

18.—El presente Acuerdo Ejecutivo rige a partir de su notificación, y sustituye el Acuerdo Ejecutivo número 0511-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015 y sus reformas, sin alterar los efectos producidos por el mismo durante su vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los doce días del mes de abril del dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle por Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—( IN2023777510 ).