PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENTAR LOS PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR.

                                                                               Expediente N° 22.551

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción los Estados Americanos señalan que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que se deben “hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.”

El particular, las medidas preventivas son vitales, pues permiten evitar los espacios que facilitan la corrupción. En este sentido, Gimeno Feliu ha indicado que:

“Para corregir el problema de la corrupción en el ámbito público y de las decisiones administrativas no basta con una regulación reaccional de carácter penal (mediante la tipificación como ilícita de la información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos), que, siendo necesaria, no es suficiente.  Como bien advirtiera D. KAUFMANN, la corrupción no se combate combatiendo la corrupción. El derecho penal es la última ratio del Estado de Derecho.

Es necesaria una estrategia del control preventivo que sea efectivamente útil (mediante planes preventivos de la corrupción).  Un ordenamiento jurídico que se pretenda efectivo y eficiente en la aplicación de sus previsiones necesita de mecanismos procedimentales y procesales que permitan “reparar y corregir” de forma eficaz las contravenciones a lo dispuesto. De lo contrario se asume un riesgo de corrupción y desconfianza en un sistema que, si bien formalmente puede ser correcto, en la práctica deviene como “generador o facilitador” de incumplimientos que se consolidan y favorecen la idea de que la justicia no es igual para todos los ciudadanos^[1]

También la Procuraduría General de la República ha resaltado ese papel de primera importancia que tienen las medidas preventivas en el combate a la corrupción, indicando que:

“En este punto cobra suma importancia recalcar que el fomento sostenido de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública no puede apostar simplemente por mecanismos sancionatorios o coercitivos, cuando ya se ha detectado un acto indebido, sino que debe seguir el camino de la prevención, que exige limpiar el ejercicio de la función pública justamente de todo riesgo o situación que pueda generar algún tipo de duda sobre el íntegro, transparente e imparcial manejo de los asuntos del Estado.”^[2]

Las medidas preventivas contra la corrupción generan dos efectos beneficiosos: primero, permiten limitar las posibilidades de la ejecución de actos corruptos o al menos reducen la probabilidad de que quienes los realizan gocen de impunidad; y en segundo lugar, estas medidas preventivas aportan al fortalecimiento de la democracia y su legitimidad.

Dentro de las medidas preventivas, las relacionadas con el aumento de la transparencia juegan un papel central, pues permiten a la ciudadanía y a la institucionalidad poseer y valorar información relevante para su toma de decisiones, para ejercer el control democrático de los asuntos de interés colectivo y para identificar y visibilizar posibles conflictos de intereses presentes o potenciales, así como otras acciones que produzcan incumplimientos al deber de probidad. Es por esta razón que en la legislación nacional se han incluido mecanismos orientados a revelar esos conflictos, como la “declaración jurada sobre la situación patrimonial” de personas en puestos de elección popular o con cargos de alto nivel de responsabilidad en la función pública, tal y como se regula en el Capítulo III de la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública del 6 de octubre del 2004 y sus reformas.

Es en el marco de estos esfuerzos por mejorar el marco jurídico en materia de prevención de la corrupción que se presenta este proyecto de ley.

Se propone hacer obligatoria la presentación de una declaración jurada, por parte de las personas candidatas a puestos de elección popular, sobre su patrimonio e intereses, semejante a la que actualmente están obligados a realizar quienes ocupan diversos cargos de alta responsabilidad en la función pública. Además, se incorpora una declaración obligatoria, para estas personas candidatas, sobre su cumplimiento/incumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social. Estas declaraciones serán puestas a conocimiento de la ciudadanía, y a ello se adicionará la revelación de las participaciones en personas jurídicas u otras estructuras jurídicas por parte de las personas candidatas y sus familiares, utilizando, para estos fines, la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales que administra el Banco Central de Costa Rica.

Con esta medida se persiguen dos objetivos: a) hacer totalmente visibles los intereses económicos que puedan tener las personas que se proponen como candidatas a puestos de elección popular; b) posibilitar que, en el futuro, si estas personas acceden al puesto, se identifiquen posibles aumentos patrimoniales originados por actos de corrupción, o posibles conflictos de intereses que atenten contra el interés colectivo.

En el pasado reciente, la iniciativa “3de3”, impulsada por la Asociación Costa Rica Íntegra (contacto nacional de Transparencia Internacional), habilitó una plataforma para que las candidaturas a las elecciones nacionales del 2018 pudieran realizar una declaración de sus patrimonios e intereses. En el Informe final de gestión de la iniciativa se describe el proyecto como “una iniciativa popular que promueve que los candidatos a cargos públicos antepongan los intereses del país a los suyos, por medio del compromiso con la transparencia política. Para ello, se les solicita a los declarantes la publicación voluntaria de tres documentos: declaración de intereses, declaración de obligaciones solidarias y declaración patrimonial”.

Siendo esta una iniciativa surgida de la sociedad civil, y careciendo de un marco jurídico que regule estas declaraciones, la presentación de las declaraciones era de naturaleza voluntaria. No obstante, esta iniciativa ciudadana marcó un valioso antecedente y señaló un reto, al mostrar la necesidad de incluir en nuestro ordenamiento jurídico un mecanismo como el que propusieron, ahora si con condiciones de obligatoriedad, para las personas candidatas.

Ya en países como Chile se exige a candidatos y candidatas la presentación de una declaración de patrimonio e intereses, como requisito para la inscripción de la candidatura. Es así que en el artículo 8 de la Ley 18.700, Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios de la República de Chile^[3] se indica que “[e]n la fecha que corresponda efectuar la declaración de las candidaturas, todos los candidatos deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, en los términos que señala la ley Nº20.880, sobre Probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses” y que “[n]o serán admitidas por el Servicio Electoral las declaraciones de precandidaturas e inscripciones a candidaturas de quienes no hayan efectuado la declaración de patrimonio e intereses en el plazo previsto”. Y esta información declarada se pone a disposición de la ciudadanía de forma totalmente pública, siendo que el artículo 6 de la Ley 20.880^[4] indica que dichas declaraciones son públicas.

La democracia, para ser más profunda y sólida, exige continuar avanzando hacia la mayor transparencia posible. Las personas que proponen sus nombres como candidatas a ocupar puestos de elección popular tienen que asumir que su intención de representar a la ciudadanía se debe corresponder con la más plena transparencia de sus acciones e intereses, y con la mayor altura moral. La aspiración a un cargo de representación popular exige un nivel de transparencia superior y especial, que implica hacer visibles los negocios, patrimonios e intereses económicos frente a la ciudadanía a la que se propone el nombre para representarles.

Es con esa convicción que el diputado que suscribe somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICADE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENTAR LOS PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS CANDIDATURAS A PUESTOS DE

ELECCIÓN POPULAR

ARTÍCULO 1-     Se adicionan los artículos 148 bis, 148 ter, 148 quater, 148 quinquies y 148 sexies a la Ley 8765, Código Electoral del 19 de agosto de 2009, que se leerán como sigue:

Artículo 148 bis-  Declaración jurada sobre la situación patrimonial de las candidaturas.

1-            Para la debida inscripción en el Registro Electoral de las candidaturas a puestos de elección popular, se deberá presentar la declaración jurada de cada candidatura sobre su situación patrimonial. Esta declaración jurada se deberá realizar en las fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro. No podrá realizarse la inscripción de candidaturas si no se presenta la declaración jurada correspondiente.

2-            La declaración jurada de la situación patrimonial de las candidaturas deberá incluir, en forma clara, precisa y detallada, los bienes muebles, los bienes inmuebles, las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero; también consignará una valoración estimada en colones. El Tribunal Supremo de Elecciones definirá, por vía reglamentaria, los contenidos de esta declaración.

3-            La declaración contendrá una autorización en favor del Tribunal Supremo de Elecciones para requerir información pertinente a las empresas y organizaciones financieras o bancarias, nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos o intereses económicos o participación accionaria relevantes para los fines de la presente Ley.

4-            La declaración comprenderá los cambios patrimoniales ocurridos hasta un año antes de la fecha de la presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura ante el Registro Electoral. En especial, durante ese lapso, el declarante deberá indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, el título por el cual se traspasó y la cuantía de la operación, así como las obligaciones adquiridas o extinguidas por pago o por cualquier otro motivo, el cual también deberá identificarse. En el caso de la declaración de salarios y otras rentas, se deberá incluir la información correspondiente a los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción de la candidatura ante el Registro Electoral.

5-            Podrá concluirse que existe simulación, si no hay concordancia entre los bienes declarados ante el Registro Electoral y los que se estén usufructuando de hecho. Para que la simulación se configure, será necesario que el usufructo sea sobre bienes de terceros, que por ello no aparezcan en la declaración del funcionario, que este no pueda exhibir ningún título sobre ellos, y que el usufructo sea público y notorio, parcial o total, permanente o discontinuo. Se entiende que existe usufructo de hecho sobre los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio familiar y los pertenecientes a cualquiera de sus parientes por consanguinidad o afinidad, incluso hasta el segundo grado, o a cualquier persona jurídica, siempre que exista la indicada forma indicada de usufructo. Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho, por cualquier motivo, deberán ser declarados.

6-            Cuando lo estime oportuno, el Tribunal Supremo de Elecciones podrá examinar y verificar, con todo detalle, la exactitud y veracidad de las declaraciones, de conformidad con los procedimientos y las facultades que le otorgan la Constitución Política y las leyes. Asimismo, podrá requerir, por escrito, al declarante las aclaraciones o adiciones que estime necesarias, dentro del plazo que prudencialmente se le fije.

Artículo 148 ter- Declaración jurada sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Para la debida inscripción en el Registro Electoral de las candidaturas a puestos de elección popular, se deberá presentar la declaración jurada de cada candidatura sobre su situación respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social. La persona candidata deberá declarar si a la fecha de inscripción de la candidatura se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias nacionales o municipales, y si se encuentra al día con todas sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta declaración jurada se deberá realizar en las fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro. No podrá realizarse la inscripción de candidaturas si no se presenta la declaración jurada correspondiente.

Artículo 148 quater-  Participación en personas jurídicas y otras estructuras jurídicas por parte de las candidaturas y sus parientes.

Una vez recibidas las fórmulas especiales de inscripción de candidaturas, el Registro Electoral deberá comunicar al Banco Central de Costa Rica las identidades de las candidaturas, para que el Banco Central de Costa Rica proporcione al Registro Electoral un reporte que indique, para cada persona candidata, lo siguiente:

a)            Todas las sociedades o estructuras jurídicas en las que cada persona candidata, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, participen como accionistas o beneficiarios finales,

b)            Todos los fideicomisos en los que cada persona candidata, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, participen como fideicomitentes, fiduciarios y/o beneficiarios.

Este reporte deberá incluir tanto la información correspondiente a la fecha de recepción de la solicitud por parte del Registro Electoral, como la información correspondiente a la participación de las personas durante los doce meses previos a la fecha de recepción de la solicitud por parte del Registro Electoral.

La información proporcionada por el Banco Central de Costa Rica al Registro Electoral será extraída directamente del suministro de información de personas jurídicas y estructuras jurídicas establecido en el capítulo II de la Ley N° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, de 30 de diciembre de 2016, y sus reformas. El Banco Central de Costa Rica deberá proporcionar la información en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 148 quinquies-      Publicidad de las declaraciones juradas y de los reportes de participación en personas jurídicas y otras estructuras jurídicas de las candidaturas a puestos de elección popular.

Los contenidos de las declaraciones juradas a las que refieren los artículos 148 bis y 148 ter anteriores, y los contenidos de los reportes a los que refiere el artículo 148 quater anterior, son públicos.  El Tribunal Supremo de Elecciones pondrá toda la información disponible en su página web, de tal forma que la ciudadanía pueda consultar la respectiva declaración patrimonial, la declaración sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social y los respectivos reportes de participación en personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, para cada una de las candidaturas inscritas.

Cuando la información contenida en las declaraciones sea requerida por comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, o el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la ley, el Tribunal Supremo de Elecciones certificará tal información.

Artículo 148 sexies-            Falsedad en la declaración jurada.

Será reprimido con prisión de seis meses a un año, quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas a las que refieren los artículos 148 bis y 149 ter de este Código.”

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada

Diputado

NOTA: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021565772 ).

TEXTO DICTAMINADO

EXPEDIENTE 22.363

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1-          Finalidad

La presente ley tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.

ARTÍCULO 2-          Objeto

El objeto de esta ley es:

a)       Fortalecer las estructuras de participación regional y dotar a los actores regionales de instrumentos y mecanismos de participación social y estatal que les permitan construir su visión de desarrollo y que esta sea vinculante a la política pública.

b)       Brindar a la institucionalidad pública nuevos mecanismos que garanticen que las políticas, las estrategias y los planes que ejecute generen condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes.

c)       Contar con financiamiento para el desarrollo regional.

ARTÍCULO 3-          Ámbito de aplicación

Esta ley es de orden público. Se aplicará en todas las regiones oficiales del país establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en adelante el Mideplán. Será vinculante para todo el sector público, central y descentralizado, incluyendo las empresas públicas, a excepción de aquellas que operan bajo régimen de competencia, a las cuales la presente ley faculta para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos. La Caja Costarricense del Seguro Social y las Universidades Estatales, podrán integrarse en el marco de su autonomía constitucional. Las municipalidades estarán facultadas a participar activamente en el desarrollo regional, cada vez que lo consideren, dentro del ámbito y ejercicio de la autonomía municipal que las asiste.

ARTÍCULO 4-          Principios del desarrollo regional

Se entenderán como principios del desarrollo regional:

a)       Sostenibilidad: el aprovechamiento de las ventajas estratégicas de cada región para mejorar las condiciones de vida de toda la población, sin comprometer el mismo derecho que detentan las futuras generaciones. Este principio exige la búsqueda constante de un equilibrio entre ambiente, sociedad y economía.

b)       Inclusión y derechos humanos: el proceso de desarrollo regional está centrado en el ser humano y, consecuentemente, combate las causas que generan exclusión de personas, grupos y territorios, y afianza el respeto a sus derechos a tener oportunidades para su desarrollo, una vida sin pobreza y la equidad de género.

c)       Equidad de género: el proceso de desarrollo regional debe intensificar y profundizar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, generando igualdad de oportunidades y de derechos, y creando las condiciones que materialicen en la realidad esas oportunidades y derechos.

d)       No discriminación: reconocer que todas las personas, indistintamente de su género, etnia, edad, cultura, nacionalidad, creencia o cualquier otra condición, son objeto de todos los derechos inherentes a su condición humana y que el Estado debe garantizar los espacios, las oportunidades y las condiciones para el ejercicio de esos derechos y la realización de sus capacidades.

e)       Autodeterminación de los pueblos: reconocer y promover el derecho de todos los pueblos asentados en el territorio nacional a decidir sobre las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, perseguir su desarrollo cultural, social, ambiental y económico, con miras a garantizar su identidad e integridad.

f)        Gobernanza multinivel: se refiere al conjunto de redes entre instituciones y actores que operan de manera colaborativa a nivel local, territorial, regional y nacional. Su propósito es garantizar la eficacia y coherencia de las políticas, los programas y los proyectos públicos que fortalezcan el desarrollo integral y sostenible, así como avanzar en los procesos de descentralización.

g)       Concertación: la gestión del desarrollo regional demanda crear espacios y potenciar capacidades de la ciudadanía que promuevan la participación de múltiples actores para la toma de decisiones alrededor de objetivos comunes o establecimientos de alianzas estratégicas bajo el principio de transparencia.

h)       Multidimensionalidad: proceso integral que contempla aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y político-institucionales.

i)        Subsidiariedad: las acciones y demandas del desarrollo regional deben ser atendidas por las instancias más próximas al lugar donde se originan y solo serán trasladadas a un nivel superior, en caso de que sus competencias y capacidades sean excedidas.

j)        Coordinación e integración: conjunto de mecanismos que fortalecen las interdependencias que, a su vez, resalten la importancia y la necesidad de participar decididamente en procesos de coordinación, integración y comunicación.

k)       Transparencia y rendición de cuentas: el proceso de desarrollo regional que se impulsa estará abierto a la supervisión de la ciudadanía y dispondrá de mecanismos de rendición de cuentas, con énfasis en decisiones y resultados.

l)        Participación: el proceso de desarrollo que se impulsa creará las condiciones y los mecanismos para promover y garantizar la participación de los distintos actores sociales, públicos y privados.

m)      Simplificación: se busca facilitar la relación entre los usuarios y la Administración Pública en la prestación de bienes y servicios, así como facilitar el acceso y la ejecución de los trámites, racionalizando el uso de los recursos públicos con reducción de costos y tiempos.

n)       Justicia social: el proceso de desarrollo regional debe contribuir a la justa y equitativa repartición de los bienes y servicios necesarios que permitan a los habitantes regionales una vida digna.

ñ)       Equidad en la disminución de las asimetrías: de manera progresiva y equitativa, los logros que se generen deben beneficiar a los diferentes sectores socioeconómicos regionales.

o)       Equidad territorial: todas las personas deben tener acceso a los beneficios del desarrollo regional indistintamente del espacio geográfico en que habita. Este principio regirá el proceso inter e intra regional.

TÍTULO II

DESARROLLO REGIONAL

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 5-          Concepto de desarrollo regional

Se define como un proceso de transformación social, económica, ambiental, cultural, institucional y político, construido, consensuado y gestionado fundamentalmente desde las regiones. Orientado a articular el crecimiento económico, la gestión sociocultural, la sustentabilidad, la equidad de género, la calidad y equilibrio espacial, en un entorno de profundización de la democracia participativa y concertación de diferentes actores de las regiones, con el objeto de elevar la calidad de vida de todos sus habitantes sin exclusión alguna.

ARTÍCULO 6-           Objeto del desarrollo regional en Costa Rica

a)       Disminuir las desigualdades en desarrollo presentes entre regiones y al interior de las regiones.

b)       Gestionar el desarrollo social, cultural, económico, ambiental, institucional y político de todas las regiones del país.

ARTÍCULO 7-           Ejes del desarrollo regional en Costa Rica

El desarrollo regional propuesto contempla al menos los siguientes ejes: desarrollo económico (producción y empleo), desarrollo social e inclusión, ambiente (incluido adaptación y gestión del riesgo), infraestructura (económica y social), desarrollo institucional, identidad y cultura, gobernanza y participación de los actores regionales en la toma de decisiones.

CAPÍTULO II

SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARA

EL DESARROLLO REGIONAL

ARTÍCULO 8-          Subsistema de Planificación para el Desarrollo Regional

Se crea el Subsistema de Planificación para el Desarrollo Regional, en adelante el Subsistema, como parte del Sistema Nacional de Planificación descrito en el artículo 1 de la Ley N.º 5525, Ley de Planificación Nacional, de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales, interinstitucionales y multiactoriales para garantizar el desarrollo regional.

ARTÍCULO 9-          Rectoría

El Mideplán, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Planificación, dirigirá y coordinará el Subsistema por medio del Área de Planificación Regional y sus direcciones regionales.

ARTÍCULO 10-        Órganos y entes del Subsistema Son órganos y entes del Subsistema los siguientes:

a)       El Mideplán, incluidas sus dependencias de alcance regional.

b)       Los ministerios, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas con incidencia regional, y sus respectivas oficinas o direcciones regionales.

c)       Las instancias de participación ciudadana y de coordinación interinstitucional vinculadas al desarrollo local, territorial y regional.

d)       Las municipalidades, que estarán facultadas a participar, en el marco de su propia autonomía.

ARTÍCULO 11-        Funciones del Subsistema Son funciones del Subsistema las siguientes:

a)       Planificar, coordinar, organizar, monitorear y evaluar el desarrollo económico, social y ambiental en el nivel regional.

b)       Realizar estudios, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo regional y a disminuir las desigualdades dentro y fuera de las regiones.

c)       Promover la desconcentración y la descentralización regional para mejorar la eficacia de la Administración Pública.

d)       Garantizar la coordinación interinstitucional.

e)       Vincular en el Plan Nacional de Desarrollo las necesidades regionales reflejadas en los planes regionales de desarrollo.

f)        Fortalecer la toma de decisiones por parte de los actores regionales.

g)       Cualquier otra que resulte comprendida dentro de su competencia y que reglamentariamente establezca el Mideplán.

ARTÍCULO 12-        Obligaciones de las instituciones en el Subsistema

En el marco del Subsistema, las instituciones tendrán las siguientes obligaciones:

a)       Incorporarse al proceso de identificación, formulación, presupuestación, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias, planes, programas y proyectos para el desarrollo regional.

b)       Implementar acciones para la desconcentración de los servicios institucionales en las regiones.

c)       Alinear sus funciones y objetivos operativos de alcance regional para que estén alineados con los objetivos, instrumentos y mecanismos del Subsistema y contribuyan a su fortalecimiento.

d)       Coordinar y articular sus acciones para una mejor y más justa inversión pública, principalmente en las regiones, territorios y cantones con bajos indicadores de desarrollo. El Mideplan establecerá los mecanismos que faciliten su cumplimiento. Todas las políticas públicas, programas y proyectos institucionales de impacto regional deberán gestionarse a través de tales mecanismos.

e)       Participar y contribuir con los procesos de desarrollo de capacidades en el marco del Subsistema. Lo anterior en concordancia con los lineamientos, las metodologías y los procedimientos emitidos reglamentariamente por el Mideplán. Para efectos de las responsabilidades de los funcionarios obligados por la presente norma, serán aplicables las reglas de la Ley General de la Administración Pública a los procedimientos disciplinarios, cuando éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras de similar gravedad, sin perjuicio de las sanciones y obligaciones que establezca el Código Municipal vigente para los funcionarios municipales.

TÍTULO III

INSTRUMENTOS, DIVISIÓN Y GOBERNANZA

PARA EL DESARROLLO REGIONAL

CAPÍTULO I

INSTRUMENTOS

ARTÍCULO 13-        Política nacional de desarrollo regional

El Mideplán coordinará la elaboración de la política de desarrollo regional para reducir las desigualdades económicas, ambientales, sociales y culturales entre las distintas regiones, que incorpore el componente ordenamiento territorial. La formulación del Plan Nacional de Desarrollo deberá contemplar esta política, la cual tendrá una vigencia de diez años.

ARTÍCULO 14-        Planes regionales de desarrollo

Los planes regionales de desarrollo son instrumentos de planificación de mediano plazo que establecen los lineamientos y las prioridades para el desarrollo de las diferentes regiones del país, vinculantes para todo el sector público y concordante con el objeto y los principios de esta ley. El Plan Estratégico Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo deberán integrar las propuestas y desafíos propuestos en los planes estratégicos regionales.

Los planes estratégicos regionales se elaborarán de acuerdo con los principios de subsidiariedad y complementariedad, considerarán los Planes de Desarrollo Humano Local y los Planes de Desarrollo Territorial de aquellos cantones y territorios que integren las regiones. La planificación municipal y territorial de aquellos cantones y territorios que integren las regiones, de forma tal que se incorporen las aspiraciones de la ciudadanía.

ARTÍCULO 15-        Observatorio de Desarrollo Regional

Se crea el Observatorio de Desarrollo Regional, como función del Mideplán con el objetivo de brindar información para el diagnóstico, el análisis, la generación de propuestas y la toma de decisiones. Las instituciones públicas deberán atender los requerimientos específicos de información que solicite el Mideplán cumplir con la anterior función.

ARTÍCULO 16-        Estadísticas e información

Todas las instituciones públicas, de acuerdo con su naturaleza, deben producir, registrar, procesar, presentar, actualizar y facilitar periódicamente sus estadísticas, de acuerdo con las regiones de planificación vigentes en el país y en los espacios territoriales, cantonales y distritales.

ARTÍCULO 17-        Índices económicos

El Banco Central de Costa Rica deberá calcular un PIB regional, además cualquier otra información, a solicitud de Mideplán, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones oficiales de planificación.

CAPÍTULO II

REGIONALIZACIÓN OFICIAL DEL PAÍS

ARTÍCULO 18-        División regional del país

Será potestad del Mideplán establecer la integración y división oficial del territorio nacional en regiones y subregiones, para efectos de la planificación del desarrollo regional. Las regiones deberán responder a un análisis multidimensional que combine factores geográficos, económicos, culturales, ambientales, político-administrativos y de conectividad infraestructural, así como bases históricas de convivencia y metas comunes por alcanzar.

Cualquier cambio, total o parcial, en la regionalización oficial del país deberá justificarse técnicamente y no podrá efectuarse en períodos menores a quince años a partir de promulgación la regionalización vigente.

ARTÍCULO 19-    Homogeneidad de modelos de regionalización institucional

Las instituciones centralizadas y descentralizadas deberán ajustar su organización regional a la regionalización oficial emitida por el Mideplán. A lo interno de cada región las instituciones se organizarán de la manera más conveniente para la prestación de sus servicios.

ARTÍCULO 20-        Servicios institucionales

Considerando criterios de eficacia, eficiencia y en equilibrio con la demanda de los usuarios del servicio, las instituciones públicas cuyas funciones coadyuven al desarrollo regional, tendrán sedes regionales.

Los jerarcas institucionales en los procesos de rendición de cuentas informarán de manera detallada la gestión realizada para el cumplimiento de la obligación descrita.

ARTÍCULO 21-                Coordinación y cooperación interinstitucional

Las instituciones con programas y proyectos coincidentes, en propósito del desarrollo regional, deberán trabajar e invertir recursos conjuntamente para el cumplimiento de sus metas. Se autoriza a las instituciones públicas para que establezcan convenios y/o contratos específicos que permitan brindar servicios comunes y compartir recursos tales como instalaciones físicas, equipo, personal, información y otros que por su conveniencia así se requieran.

CAPÍTULO III

GOBERNANZA REGIONAL

ARTÍCULO 22-        Creación de las Aredes

Se crea una Agencia Regional de Desarrollo, en adelante Arede, por cada región. Estas agencias serán instancias de participación ciudadana para coadyuvar en la promoción del desarrollo regional y estarán autorizadas a realizar todos aquellos actos para el cumplimiento de sus fines.

En su conformación deberán incluirse los diversos actores del desarrollo regional. Las Aredes operarán conforme a la regionalización establecida por la normativa vigente. En el caso de la región Central, dadas las características particulares, se podrán establecer estructuras organizativas y de coordinación subregional, que permitan cumplir con los propósitos de la presente ley.

ARTÍCULO 23-        Fines de las Aredes

Son fines de las Aredes los siguientes:

a)       Impulsar el desarrollo regional económico, social, ambiental y cultural, garantizando la sostenibilidad y el uso racional de los recursos, potenciando la participación activa y efectiva de la población, en la identificación y solución de sus problemas.

b)       Articular los intereses regionales entre actores públicos y privados de alcance nacional; propiciar alianzas entre entes públicos, así como público-privadas que favorezcan el desarrollo regional.

c)       Promover la inversión pública y privada, la producción y la productividad, el empleo de calidad, el progreso científico y tecnológico, como base de la innovación y la modernización de la economía regional.

ARTÍCULO 24-        Estructura organizativa

Para el cumplimiento de sus fines y funciones, las Aredes contarán con una estructura organizativa básica compuesta por una asamblea que, a su vez, estará integrada por representantes con poder de toma de decisión del sector productivo, sociedad civil, academia pública y academia privada, municipalidades e instituciones públicas y consejos territoriales. Dicha Asamblea se reunirá como mínimo una vez al año.

Asimismo, tendrán un directorio conformado como sigue:

⁻               Tres personas representantes del Poder Ejecutivo nombrados por el Presidente de la República, con poder de decisión.

⁻               Tres alcaldes o alcaldesas de los cantones de la región.

⁻               Las Presidencias de los Concejos Territoriales de la región, conforme a la Ley N.º 9036.

⁻               Una persona representante de la academia pública.

⁻               Una persona representante de la academia privada.

⁻               Tres personas representantes de organizaciones del sector privado con impacto regional y de sectores diferentes.

⁻               Dos personas representantes de organizaciones la sociedad civil con impacto regional y de diferentes sectores.

Cada uno de los puestos podrá tener un suplente, quien podrá asistir en ausencia del miembro propietario. En la conformación del directorio se deberá respetar la representación equitativa de género.

La presidencia y la vicepresidencia de las Aredes serán ocupadas por una persona electa por mayoría simple del total de sus miembros, quien ejercerá el cargo por dos años, pudiendo ser reelecta por un máximo de dos periodos consecutivos. Ambos cargos no podrán ser ocupados por funcionarios activos del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 25-        Secretaría Técnica

Se crea la Secretaría Técnica de las Aredes, que será ejercida por la Dirección Regional del Mideplán.

CAPÍTULO IV

MECANISMOS DE ACUERDOS Y COORDINACIÓN

INTERSECTORIAL CON LAS AREDES

ARTÍCULO 26-        Mesas de Acuerdo para el Desarrollo Regional

Se crea, en cada región, una Mesa de Acuerdos para el Desarrollo Regional, en adelante Mesas de Acuerdo, como espacio de encuentro y negociación entre autoridades nacionales y los interlocutores regionales.

Los programas y proyectos derivados de los acuerdos serán de carácter obligatorio para las instituciones. Las instituciones públicas vinculadas con la ejecución de esos proyectos deberán asignar de los recursos correspondientes para su ejecución, en el presupuesto ordinario y extraordinario inmediato siguiente.

Las Mesas de Acuerdo estarán constituidas por una delegación de ministros o ministras, o viceministros o viceministras en su representación, presidentes o presidentas ejecutivos o gerentes en su representación y el directorio de las Aredes de cada región. En caso de asistir a las Mesas de Acuerdos funcionarios en calidad de representación, lo harán con voz, voto y poder de decisión en el acto.

La presidencia de la Mesa de Acuerdo corresponderá a la presidencia de las Aredes y se reunirá, en cada una de las regiones, al menos una vez por semestre.

ARTÍCULO 27-        Convenio de Gestión

Se crean los convenios de gestión como instrumentos de articulación de los recursos y acciones relacionadas con proyectos o programas de inversión regional, en los cuales se formalizan los compromisos derivados de las Mesas de Acuerdo para el Desarrollo Regional, en un plazo no mayor a dos meses por parte de las instituciones responsables.

En su suscripción podrán participar instituciones públicas, las Aredes, gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, empresa privada, organismos de cooperación internacional y toda otra organización involucrada en el desarrollo regional.

Estos convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se aplican los compromisos adquiridos por las partes, los objetivos a cumplir y los mecanismos de evaluación.

TÍTULO IV

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

CAPÍTULO I

FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

ARTÍCULO 28-    Fondo Nacional para el Desarrollo Regional

Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional, en adelante Fonader.

ARTÍCULO 29-        Finalidad

El Fonader tendrá a su cargo la asignación de recursos complementarios para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.

ARTÍCULO 30         Principios del Fondo

Son principios del Fondo los siguientes:

a)       Concentración temática: se concibe al Fonader como una fuente de recursos complementarios para orientar los esfuerzos públicos y privados hacia las acciones estratégicas y estructurantes, definidas a partir de las prioridades nacionales para el desarrollo regional y de las reflejadas en los planes regionales de desarrollo.

b)       Concentración regional: en la distribución de recursos entre las distintas regiones se discriminará positivamente a las más desfavorecidas, de acuerdo con los índices reglamentariamente establecidos.

c)       Complementariedad: las asignaciones con cargo al Fonader son de uso exclusivo para proyectos de inversión estratégica y tienen naturaleza complementaria respecto a los recursos que financian el desarrollo regional, provenientes principalmente de los presupuestos ordinarios de las distintas instituciones públicas.

d)       Cofinanciación: con el propósito de potenciar los resultados del desarrollo se promueve la generación de acciones conjuntas entre diferentes actores (alianzas), mediante la financiación compartida (cofinanciación).

e)       Concursable: mediante este principio se promueve la generación de iniciativas de inversión de las cuales se puedan elegir las mejores para impulsar el desarrollo regional, según criterios preestablecidos y conocidos por todos los participantes.

f)        Presupuestación plurianual: la presupuestación plurianual dotará al Fonader de flexibilidad para la administración y gestión de los recursos, lo que le permitirá armonizar con los tiempos necesarios para la ejecución de los procesos del desarrollo regional.

g)       Caja única: principio de administración de liquidez que implica administrar los recursos financieros en una sola cuenta, según lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001, y en la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N.º 9371, de 28 de junio de 2016.

ARTÍCULO 31         Dotación del Fonader

El Fondo se constituye con recursos provenientes de:

a)       Aporte público solidario para el desarrollo regional:

Las sumas que se deseen asignar en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, con independencia de los recursos comprometidos en las Mesas de Acuerdo para el Desarrollo Regional.

b)     Contribuciones, aportes, donaciones, legados y transferencias de las empresas públicas, personas físicas y personas jurídicas. Para el caso de las dos últimas, los aportes o donaciones que hagan al Fonader serán deducibles del Impuesto sobre la Renta por una única vez.

c)       Los proyectos seleccionados para la Región Huetar Caribe podrán ser cofinanciados con recursos propios del Fondo en conjunto con recursos del canon por la explotación de la concesión y para el desarrollo regional, de acuerdo con lo establecido en el contrato de la Terminal de Contenedores de Moin. Para ello, el Fondo deberá presentar ante Japdeva dichos proyectos para que sean sometidos a la metodología existente y considerados para aprobación por el Consejo Director de Japdeva. De ser aprobados, Japdeva realizará las coordinaciones para trasladar los recursos pertinentes al Fondo o a la Unidad Ejecutora determinada.

d)       Las ayudas de cooperación internacional.

ARTÍCULO 32-        Rubros del Fondo

El Fonader asignará noventa y seis por ciento (96%) de sus recursos a la financiación de proyectos de inversión regional estratégicos. Dicho monto se dividirá en los rubros de preinversión e inversión. La distribución entre estas dos etapas del ciclo de proyectos será definida por el reglamento de la presente ley.

El restante tres por ciento (3%) podrá utilizarse para gastos operativos indispensables para la administración del Fondo y el otro uno por ciento (1%) para la gestión de las Aredes.

Los recursos del fondo provenientes de inciso c) del artículo 31 no podrán utilizarse para cubrir los gastos operativos del fondo ni la gestión de las Aredes.

ARTÍCULO 33         Cobertura espacial del Fondo

El Fondo atenderá demandas estratégicas para el desarrollo, vinculadas a los espacios regional e interregional. Los recursos del fondo provenientes de inciso c) del artículo 31 no están sujetos a cubrir proyectos interregionales.

ARTÍCULO 34-        Administración y gestión del Fondo

Corresponderá al Mideplán la administración y gestión del Fondo en concordancia con la normativa y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Habrá una cuenta denominada Fondo Nacional para el Desarrollo Regional en la caja única del Estado, la cual se regirá según lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131. de 18 de setiembre de 2001, y en la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N.º 9371, de 28 de junio de 2016.

ARTÍCULO 35-   Competencias del Mideplán Son competencias del Mideplán las siguientes:

a)       Elaborar la propuesta de marco estratégico de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo regional y la política nacional regional de desarrollo regional.

b)       Elevar a las Aredes la propuesta del marco estratégico definido en el artículo anterior.

c)       Seleccionar, en conjunto con las Aredes, las líneas de acción por desarrollar.

d)       Establecer la dotación de recursos a cada línea de acción.

e)       Disponer los criterios de selección de los proyectos por ejecutar, con cargo a cada una de las líneas de acción.

f)        Revisar, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, el control y seguimiento de los proyectos financiados, así como la evaluación del Fondo nacional para el desarrollo regional.

ARTÍCULO 36-        Usuarios del Fonader

Tendrán la condición de usuarios del Fondo aquellos actores que presenten proyectos a las Aredes.

En los términos que reglamentariamente se establezcan y conforme al principio de subsidiariedad, cuando corresponda, además de los ministerios e instituciones del Estado, podrán serlo las administraciones municipales por sí o de manera asociada. Igualmente, y cuando medie convocatoria pública, podrán presentar proyectos organizaciones de la economía social, tales como cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones de productores e instituciones de educación superior públicas, asimismo organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y entidades privadas, en el marco de alianzas público privadas, cuando sean necesarias para la consecución de los objetivos y las finalidades previstas en esta ley.

ARTÍCULO 37-        Selección de proyectos

Corresponderá a las Aredes seleccionar los proyectos.

CAPÍTULO II

PRESUPUESTACIÓN REGIONAL

ARTÍCULO 38-    Presupuestación de programas y proyectos regionales a partir de los planes estratégicos de desarrollo

Cada año, las instituciones formularán sus planes operativos institucionales (POI) y en ellos incluirán las acciones, programas y proyectos regionales, con sustento en las prioridades establecidas en los planes estratégicos regionales de desarrollo y los definidos en las Mesas de Acuerdo para el Desarrollo Regional. Una vez aprobados el presupuesto nacional y los presupuestos de las institucionales descentralizadas, las entidades públicas deberán informar a sus direcciones regionales y al Mideplán respecto de estas acciones, programas y proyectos regionales, con el propósito de facilitar los procesos de programación, ejecución y seguimiento pertinente.

TÍTULO V

REFORMAS Y DEROGACIONES

CAPÍTULO I

REFORMAS

ARTÍCULO 39-        Reformas

Se reforman los artículos 11 y 13, y los incisos g) y k) del artículo 16 de la Ley N.º 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de 11 de mayo de 2012, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 11-     Apoyo del Inder a los planes de desarrollo rural territorial

EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y financieros para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, en concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios para el funcionamiento de los consejos de desarrollo territorial rural. A su vez, podrán asesorar en la ejecución del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos actores participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos requieran.

Artículo 13-     Formulación de los planes de desarrollo rural territorial

El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de la sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales de desarrollo rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de desarrollo territorial rural de cada uno de los territorios, los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley.

Artículo 16-     Competencias y potestades del Inder

Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las siguientes potestades y competencias:

[...]

g)       Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del país, en forma directa, con sus propios recursos, mediante la coordinación con otras instituciones, el desarrollo de los asentamientos y de los territorios rurales; para ello, promoverá la elaboración de planes de desarrollo de los territorios rurales del país en el ámbito territorial y nacional.

[...]

k)       Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo institucional, de conformidad con las políticas de desarrollo rural, los planes de desarrollo territorial rural, el Plan nacional de desarrollo rural y el Plan nacional de desarrollo.

[...]

ARTÍCULO 40-        El Mideplán es el responsable de la reglamentación de la presente ley, para lo cual dispondrá de un máximo de hasta seis meses para dicha tarea.

CAPÍTULO II

DEROGACIONES

ARTÍCULO 41-         Se deroga el inciso b) del artículo 8 de la Ley N.º 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de 11 de mayo de 2012.

ARTÍCULO 42-        Se deroga la Ley N.º 7775, Creación de la Región de Heredia, de 29 de abril de 1998.

ARTÍCULO 43-        Se derogan los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.

ARTÍCULO 44-        Se deroga el capítulo IV del título primero de la Ley N.º 7575, Ley Forestal, de 5 de febrero de 1996.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I-       De acuerdo con las competencias estipuladas en la presente ley, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) contará con un plazo de dos años, a partir de su publicación, para definir la división oficial del territorio nacional en regiones y subregiones; división que podrá ser presentada a la Asamblea Legislativa para incluirlas en la presente ley.

TRANSITORIO II-     A partir de la vigencia de esta ley y hasta un plazo de tres años, permanecerá vigente la actual división regional establecida en el Decreto N.º 16068 y sus reformas, hasta que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) defina la nueva división regional del país.

TRANSITORIO III-    A partir de la nueva división regional establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), las instituciones que tienen vinculación con la planificación regional tendrán un plazo máximo de dos años para homologar su esquema regional con la nueva regionalización y en un plazo no mayor a tres meses, a partir de la aprobación de la nueva regionalización deberán, presentar al Mideplán un plan de transición.

TRANSITORIO IV-   En un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de esta ley el Banco Central de Costa Rica publicará el PIB Regional al que se refiere el artículo 17.

TRANSITORIO V-     En un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de esta ley, las instituciones deberán incluir en sus presupuestos anuales un apartado que precise, por cada una de las regiones, los gastos y las inversiones a desarrollar en estas.

TRANSITORIO VI-   En un plazo no mayor a tres años el Ministerio de Hacienda deberá ajustar sus estructuras presupuestarias a efecto de que la presupuestación reflejé la asignación regional de los presupuestos.

TRANSITORIO VII-  En un plazo no mayor a tres años a partir de la publicación de esta ley se inicia la dotación de recursos al Fondo de Desarrollo Regional (Fonader) establecida en los incisos a) y b) del artículo 31.

Rige a partir de su publicación.

Yorleny León Marchena

Diputada

1 vez.—Exonerado.—( IN2021565773 ).

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL TRANSITORIO XIII

DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.°8765, DE 02

DE SETIEMBRE DE 2009, PARA GARANTIZAR

EL ACCESO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS

A LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL EN CASOS

DE IMPOSIBILIDAD DE RENOVACIÓN

DE ESTRUCTURAS, PREVIO A LOS COMICIOS

ELECTORALES DE 2022, DEBIDO

A LA EMERGENCIA NACIONAL

POR COVID 19

Expediente N.° 22.549

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El sistema de partidos políticos costarricense fue diseñado por el legislador constituyente de 1949 procurando la estabilidad y permanencia de estas agrupaciones, por medio de las cuales se expresan el pluralismo, la formación y la manifestación de la voluntad popular. Asimismo, sirven como piedra medular de nuestro sistema democrático para la promoción de la participación activa de la ciudadanía en las decisiones políticas.

Los partidos políticos, para su sostenibilidad, mantenimiento y permanencia en el tiempo, así como para su participación dentro de los diferentes procesos electorales, han sido dotados de un marco de financiamiento mixto, donde coexisten dos fuentes de financiamiento: los recursos de la contribución estatal y los de carácter privado.

El artículo 96 de la Constitución Política es la base fundamental para determinar las reglas que operan a la hora de que el Estado asigne a los partidos políticos un porcentaje de sus ingresos para la administración y operación de las agrupaciones. Dicha norma constitucional establece que el Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con una serie de condiciones, a saber:

1)            La contribución será de un 0,19% del PIB del año tras anterior a la elección presidencial y legislativa. Ese porcentaje puede ser reducido conforme disponga la ley ordinaria y se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política.

Dentro del marco de la autonomía de los partidos políticos, cada uno fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.

2)            Tendrán derecho a la contribución estatal los partidos políticos que participaran en los procesos electorales y alcanzaran al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieran como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un diputado.

3)            Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.

4)            Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

El Código Electoral, Ley N.°8765, de 19 de agosto de 2009, es la ley especial que hace operativas las disposiciones de la Carta Magna en materia de financiamiento de partidos políticos, para lo cual se determinó, en el artículo 90, que doce meses antes de las elecciones el TSE fijará el monto de la contribución que el Estado deberá reconocer a los partidos políticos, tomando como base de cálculo el producto interno bruto a precios de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica y tan pronto declare la elección de diputados, dispondrá, por resolución debidamente fundada, la distribución del aporte estatal entre los partidos que tengan derecho a él.

El artículo 90 citado definió el procedimiento para acceder al financiamiento estatal de la siguiente manera:

a)            Se determina el costo individual del voto; para ello, el monto total de la contribución estatal se divide entre el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a contribución, en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa.

b)            Cada partido puede recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, o por lo que obtuvo en una u otra elección, si solo participó en una de ellas, deduciendo de esta los montos que se hayan distribuido a título de financiamiento anticipado caucionado.

El aporte estatal a los partidos políticos no opera de forma automática, sino que, para ello, se requiere una serie de condiciones y requisitos previos que, en todo caso, estarán sujetos a una exhaustiva revisión y verificación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pues aun cuando una agrupación cumpla con los procedimientos descritos en los puntos anteriores su liquidación de gastos será la base para la posterior autorización de acceso a la contribución estatal, para la cual deberán comprobarse fehacientemente los gastos. Precisamente, ante este panorama de liquidación ex post, y con el fin de facilitar el acceso oportuno a la deuda política, desde 2009, con la promulgación del Código Electoral vigente, se habilitaron adelantos de financiamiento para dar inicio a los ciclos electorales, lo anterior hasta por el 15% del total de la contribución estatal, pudiendo acceder a su pago anticipado las agrupaciones política que rindan garantías suficientes que evidencien su posibilidad de devolución en caso de que no sea suficiente su votación final. En este caso, de ese 15% se debe procurar un 80% para distribuir entre partidos a escala nacional y el restante 20% entre los partidos a escala provincial.

Mediante la Ley N.° 9934, de 19 de enero de 2021, la Asamblea Legislativa dispuso, para efectos del monto del aporte estatal para las elecciones nacionales de 2022 y municipales de 2024, que los montos para cubrir los gastos de las campañas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y la totalidad de los cargos municipales sería equivalente a un cero coma cero ochenta y cinco por ciento (0,085%) del producto interno bruto (PIB) del año 2020. Esta normativa permitió al país ajustar el monto de la contribución estatal al más reducido de la historia, siendo consecuente con la situación de pandemia que enfrentábamos y que continúa al momento de presentación de este proyecto de ley, en su tercera ola desde el punto de vista sanitario.

La pandemia mundial por covid-19 ha ocasionado en Costa Rica una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes y cuyas consecuencias han sido valoradas por organismos internacionales como las más profundas del último siglo. Ante ello, el gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo N.°21.227-MP-S el 16 de marzo de 2020, declarando una emergencia nacional que a la fecha se mantiene y se caracteriza por la incerteza de su finalización.

De esta situación ha derivado una serie de medidas sanitarias que tienen como propósito evitar y prevenir contagios, así como la protección de la vida, la seguridad y la salud de las personas. Entre las medidas adoptadas se encuentran fuertes protocolos de restricción en el distanciamiento social, utilización de mascarillas, restricción vehicular sanitaria y disminución de aforos en los sitios que atienen público, cierre de espacios públicos, entre otras.

Esta iniciativa se plantea en momentos donde la cantidad de contagios confirmados asciende a más de 354 mil personas, de los cuales más de 76 mil son activos y han fallecido 4530 personas. Asimismo, la Caja Costarricense de Seguro Social ha informado acerca de los lamentables efectos de la tercera ola pandémica, donde se presenta una saturación hospitalaria e insuficiencia de camas.

Los partidos políticos, como organizaciones permanentes de la vida democrática costarricense, no escapan a los efectos de la pandemia, tratándose de la actividad política, ciudadana y participativa su mayor fortaleza en el sentir de la población. Existen 24 partidos inscritos a escala nacional, 24 a escala provincial y 94 a nivel cantonal, para un total de 142 agrupaciones que, en los próximos meses deberán iniciar, continuar o resolver sus procesos internos de renovación de estructuras, los cuales incluyen cientos de miles de personas militantes que deberán reunirse para, por medio de votos secretos, elegir a sus autoridades, tribunales, asambleístas, comités ejecutivos, entre otros órganos conforme a sus estatutos. Esto aunado a aquellos que están en proceso de formación o que, en el futuro se vayan a constituir.

Entre dichas estructuras existen partidos políticos cuyos procesos democráticos son abiertos a la ciudadanía, donde cualquier persona mayor de edad y en uso de sus derechos políticos puede acudir a externar su preferencia por uno u otro candidato, de manera que la presencialidad histórica que ha existido en este tipo de procesos como las asambleas distritales, cantonales, provinciales o nacionales no podrán ser posibles en los términos que se han definido por años en la vida partidaria, teniendo que adoptarse medidas extraordinarias que garanticen la continuidad de sus órganos sin exponer ni poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad la ciudadanía.

Ante la situación de pandemia los partidos políticos han tenido evidentes dificultades para llevar a cabo sus procesos de renovación de estructuras o procesos electorales internos como consecuencia de la alarmante situación que ha hecho necesario implementar prevenciones adicionales, medidas extraordinarias y previsiones más seguras en medio de la tercera ola y la situación más crítica desde que inició la pandemia.

Anteriormente fue presentado el proyecto de ley bajo expediente N.°22.177, que culminó de manera exitosa su proceso legislativo, convirtiéndose en la Ley N.°9934, cuyo nombre describe muy bien su fin: “Ley de Ahorro para la Campaña Política de 2022 Reducción de la Deuda Política y para Facilitar los Procesos de Renovación de Estructuras Partidarias”.

La Ley N.° 9934 ha colaborado con las agrupaciones políticas, particularmente en la previsión de prórroga de nombramiento en los comités ejecutivos y asambleas superiores, previendo con anterioridad los distintos escenarios a los que pudieran enfrentarse los partidos políticos en medio de la pandemia.

Atendiendo a la situación causada a raíz de la pandemia por covid-19, el Congreso resolvió mediante la ley citada lo siguiente:

Con el único fin de atender prevenciones o subsanaciones que ordene la Administración Electoral, durante la fase de revisión de las solicitudes de inscripción de postulaciones, se entenderá que la vigencia de su asamblea superior quedará prorrogada en los casos de los partidos que no hayan iniciado su proceso de renovación de estructuras a la hora de inscribir las candidaturas para el proceso electoral 2022. (…). (El subrayado no corresponde al original).

Según lo anterior, la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (DGRE) ha determinado que únicamente quedará prorrogada la vigencia de la asamblea superior en los casos de los partidos que no hayan iniciado su proceso de renovación de estructuras a la hora de inscribir las candidaturas para el proceso electoral 2022. En ese sentido, puede ocurrir que existan agrupaciones políticas cuyas asambleas, comités ejecutivos y fiscalías de órganos inferiores venzan con posterioridad a la fecha de convocatoria a elecciones (06 de octubre), durante el plazo para la postulación de candidatos según lo dispuesto en el cronograma electoral (22 de octubre de 2021), razón por la cual la agrupación deberá decidir conforme a las normas citadas si será la estructura vigente la que realizará las designaciones citadas o, por el contrario, la estructura renovada (transitorio XIII al Código Electoral). Ante ese escenario, la Ley N.°9934, iniciativa del suscrito legislador, logró ser previsoria y efectiva para los distintos escenarios que pudieran ocurrir.

No obstante lo anterior, al referirnos a la liquidación de gastos y uso de la contribución estatal por parte de los partidos políticos tenemos que existe la posibilidad de que las agrupaciones políticas puedan postergar la renovación de sus estructuras internas hasta que hayan concluido las elecciones nacionales a celebrarse en febrero de 2022 y presentar la correspondiente liquidación de gastos de campaña ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos sin inconveniente, pues el TSE tendrá por prorrogadas, de pleno derecho, la designación de los integrantes del comité ejecutivo superior de las agrupaciones políticas hasta la finalización del proceso electoral nacional de 2022 para esos efectos, conforme lo dispuesto por el transitorio XIII al Código Electoral señala que:

(…) Se entenderá prorrogado, además, el mandato de los comités ejecutivos superiores para los actos relacionados con el financiamiento de la agrupación política, tales como la gestión de las liquidaciones de gastos, la fiscalización de los aportes de los militantes, el cumplimiento de obligaciones legales como la publicación del estado financiero del partido, entre otros. (…).

Es criterio de la DGRE que, “la norma autoriza, por única vez, que las agrupaciones políticas puedan -entre otras cosas- concluir el proceso de renovación de estructuras, si así lo decide el respectivo partido, hasta concluido el proceso comicial del año 2022; medida con la que se pretende disminuir la presión sobre las agrupaciones en el complejo contexto sanitario actual y, además, limitar la cantidad de asambleas que obligatoriamente deben llevarse a cabo durante los próximos meses (lo cual favorece a bajar la cantidad de actos partidarios que requieren la concurrencia de personas)., pues “en punto al financiamiento partidario, el transitorio señalado prescribe que el comité ejecutivo superior prorrogado de las agrupaciones políticas mantendrá su vigencia para todos aquellos actos relacionados con su financiamiento, siéndole posible, presentar las respectivas liquidaciones de gastos, sean estas ordinarias o de campaña electoral, antes de haber concluido su proceso de renovación de estructuras.”

Sin embargo, esa Dirección también ha concluido que: “si aun habiendo hecho lo que estuvo a su alcance no lograran los partidos políticos renovar sus estructuras y, si bien es posible que los partidos políticos lleven a cabo los procesos de renovación de estructuras posterior a los comicios de 2022, al no haber sufrido modificaciones la normativa respecto del cumplimiento de los demás requisitos formales y materiales, aun cuando las agrupaciones hayan alcanzado o superado los umbrales constitucional o legalmente dispuestos para acceder a la contribución del Estado por su participación en el proceso electoral, el reconocimiento de las erogaciones -así como aquellas otras asociadas a liquidaciones trimestrales de gastos ordinarios y permanentes de organización y capacitación política- quedarán supeditados a la efectiva culminación de su proceso de renovación de estructuras partidarias.”^[5]

Continúa exponiendo la DGRE que, “(…) si bien es posible que la renovación de estructuras internas se lleve a cabo con posterioridad a la celebración del proceso electoral nacional de 2022 y a la presentación de su correspondiente liquidación de gastos, el reconocimiento de dichas erogaciones -así como aquellas otras asociadas a liquidaciones trimestrales de gastos ordinarios y permanentes de organización y capacitación política- quedará supeditado a la efectiva culminación de su proceso democrático y periódico de renovación de estructuras partidarias. (…).”

Es decir, la finalización satisfactoria del proceso de renovación de estructuras internas continúa siendo un requisito ineludible impuesto por el ordenamiento jurídico electoral a las agrupaciones políticas, a efectos de recibir los recursos de la contribución estatal que la Constitución Política y el Código Electoral asigna a estas agrupaciones ciudadanas, aún en momentos donde a esas agrupaciones se les ha dificultado, excepcionalmente y por las razones mencionadas en virtud de la pandemia, iniciar, continuar o concluir los procesos internos.

Sobre este último extremo, esta iniciativa busca permitir el acceso a los necesarios recursos de sostenibilidad de la operación de los partidos políticos aun cuando la renovación de estructuras no haya culminado, por una única vez, y en el marco de la situación de pandemia tan gravosa que enfrenta el país, ante las enormes dificultades ampliamente conocidas por el país y expuestas en este texto.

A pesar de que este asunto podría considerarse en el marco de una solicitud de interpretación al Pleno del Tribunal Supremo de Elecciones, al existir normas vigentes sobre algunos tópicos (los transitorios) y en otros refiere a cómo impactan esas normas transitorias en temas puntuales, como las liquidaciones de gastos y la renovación de estructuras y, a pesar de que la clarificación de cómo habrán de aplicarse normas específicas resulta ser el caso típico para poder presentar el asunto vía hermenéutica electoral ante la magistratura electoral, lo cierto es que a la fecha de presentación de este texto esa es una interpretación que no ha formulado el TSE ni de oficio ni a petición de parte, razón por la cual, respetuoso de las competencias constitucionales de esos organismos electorales, se plantea la solución a la situación por la vía de la propia ley para dar contenido a la necesidad que están presentando y podrían presentar los partidos políticos en medio de la pandemia, pues sería un alto riesgo que, ante la imprevisibilidad de la pandemia y las dificultades que han presentado, adicionalmente, deban enfrentarse a retos financieros e incluso cerrar operaciones ante la falta de renovación de una o varias de sus estructuras de base.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL TRANSITORIO XIII

DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.°8765, DE 02

DE SETIEMBRE DE 2009, PARA GARANTIZAR

EL ACCESO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS

A LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL EN CASOS

DE IMPOSIBILIDAD DE RENOVACIÓN

DE ESTRUCTURAS, PREVIO A LOS COMICIOS

ELECTORALES DE 2022, DEBIDO

A LA EMERGENCIA NACIONAL

POR COVID 19

ARTÍCULO ÚNICO-         Se adiciona un párrafo final al transitorio XIII al Código Electoral, Ley N.°8765, de 19 de agosto de 2009, cuyo texto dirá:

Transitorio XIII-  Prórroga de nombramiento en los comités ejecutivos y asambleas superiores

(…)

En caso de que el partido político haya alcanzado o superado los umbrales constitucional o legalmente dispuestos para acceder a la contribución del Estado por su participación en el proceso electoral del año 2022 y, conforme al principio de autorregulación partidaria, la agrupación haya resuelto efectuar o culminar su proceso de renovación de estructuras internas con posterioridad a la celebración de ese proceso electoral nacional, se entenderá prorrogada también, en los términos de este transitorio, la autoridad de los comités ejecutivos superiores para la presentación de su correspondiente liquidación de gastos, el reconocimiento de dichas erogaciones, así como aquellas otras asociadas a liquidaciones trimestrales de gastos ordinarios y permanentes de organización y capacitación política.

Rige a partir de su publicación.

Gustavo Viales Villegas

Diputado

NOTA:        Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021565774 ).

PROYECTO DE ACUERDO

DECLARATORIA DE BENEMERITAZGO DE LA PATRIA

PARA VITHA LYNA FONSECA SABORÍO

Expediente N.° 22.545

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestra patria a aquellos hombres y mujeres que han consagrado su vida al servicio del país y han acumulado méritos debe rendir homenaje, por medio de una de las distinciones más importantes que confiere el Estado: la de benemérito(a) de la patria.

Es de especial relevancia respetar siempre la línea de pensamiento esbozada por la Carta Magna, en cuanto a que la concesión de un honor solo es posible por servicios notables prestados a la nación, lo que significa acciones más allá de lo ordinario, para que las personas sean acreedoras de esas distinciones.

La profesora Vitha Lyna Fonseca Saborío fue una preclara ciudadana con amplia visión del devenir histórico, quien con su sabiduría supo sembrar la semilla del saber, no solo en el ámbito de la educación en escuelas de la ciudad, sino también en sitios remotos del país. En todas estas zonas implantó la idea de la solidaridad humana y la justicia social, temas de los que casi no se escuchaba hablar en este terruño, allá por los años treinta; por esta razón, reafirmo que sus ideas se adelantaron a su época.

Esta insigne mujer nació en San José, el 12 de mayo de 1910. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Julia Lang; la secundaria, en el Colegio Superior de Señoritas y en la Normal de Heredia; además, tomó cursos de pedagogía, pintura al óleo, sicología, manualidades e inglés.

En 1937 inició su carrera en el Magisterio Nacional y se pensionó 33 años después, con calificación de excelente durante todo ese tiempo de enseñanza.

Desde niña mostró inclinación por ayudar a los más necesitados intercediendo por ellos ante su padre, en ese entonces ministro de Fomento, y quien, sin duda, accedió a apoyar las solicitudes de ayuda de su hija.

Con gran amor por su patria, llena de inquietudes y de una solvencia moral indiscutible, la señora Fonseca demostró ser una ciudadana con extraordinarias cualidades de bondad, nobleza, desprendimiento y auténtico interés por mejorar las condiciones de vida de muchos costarricenses del territorio nacional.

Conjuntamente con estas virtudes, ella se caracterizó por ser enérgica y segura para defender los intereses patrios, cuando la ocasión así lo ameritaba.

Su interés en el campo político se acrecentó cuando acompañaba al general Jorge Volio Jiménez y a su padre don Enrique Fonseca Zúñiga a las manifestaciones políticas y escuchaba los discursos que ambos hacían desde los balcones en los altos de la Panadería Musmanni, en la avenida central.

Sus inquietudes de solidaridad humana la llevaron desde muy joven a participar en el campo político, siempre con el ideal de encontrar solución a los problemas sociales que aquejaban a las diferentes comunidades del país.

Solo a manera de ejemplo, se puede mencionar su participación para resolver problemas urgentes como la construcción de caminos vecinales, puentes, escuelas, o bien, socorrer a personas de escasos recursos que recurrían a ella en procura de auxilio. A ellos les brindó su servicio mediante la gestión de ayudas por medio del Trabajo Social del IMAS y del Ministerio de Trabajo, instituciones en las cuales servía como dama voluntaria activa; también, por medio de la organización de las Damas de la Cruz Roja de Guadalupe o de la Sede Central de San José, en donde ocupaba el puesto de presidenta.

Además de este apoyo directo a las comunidades, se debe reconocer su influencia positiva en toda su labor de educadora, no solo como forjadora de una patria mejor, sino también como política, siempre en busca del mejoramiento nacional en los diversos campos a los que tuvo acceso.

Los primeros años de educadora los dedicó a zonas alejadas del país en donde no existían caminos. Por ejemplo, su primer nombramiento fue en la Escuela de la Cima del Copey, y para llegar allí había que atravesar el Cerro de la Muerte a caballo o en carreta, por breñas cerradas y trillos en los que había que abrirse paso a punta de cuchillo o machete.

Su valentía dejó huellas profundas en sus educandos, quienes más de medio siglo después la recuerdan con mucho cariño y agradecimiento, y en su Escuela guardan en sitio de honor su fotografía.

En la Cima del Copey encontró una población escolar en paupérrimas condiciones de salud, con rostro demacrado y triste, e incluso niños con enfermedades exantemáticas, tosferina, etc.

Su vocación por la enseñanza se transformó en lucha por la equidad ciudadana. Con esta consigna, logró que los gamonales dueños de fincas que ocupaban la mano de obra de los campesinos del lugar, a cambio de ínfimos salarios, tomaran conciencia de su responsabilidad.

A estos terratenientes les expuso su ideario y sus propuestas para combatir la desnutrición y el mal estado de salud de sus educandos. Por ejemplo, les planteó aumentar el salario de sus jornaleros al doble de lo que les pagaban y además donarles una botella de leche diaria por cada hijo que tuvieran. Finalmente, a pesar de la difícil propuesta, esta fue aceptada por los tres gamonales del lugar, lo cual constituye un ejemplo de que el espíritu del ser humano encuentra sus límites en el infinito.

Aunado a ello, esta emprendedora mujer gestionó los servicios de un médico y medicinas ante Salubridad Pública, para curar a los niños y que estos pudieran iniciar sus lecciones. Este solo es uno de los muchos casos que revela el ser de esta valiente y humanitaria mujer que fue sembrando la simiente del amor y de la solidaridad por donde estuviera, durante toda su vida.

Debido a su interés por el bien colectivo, también mantuvo constante acercamiento con los líderes comunales que la visitaban en procura de ayuda para organizar sus respectivas comunidades y encontrar siempre respuesta a sus problemas, junto con el apoyo y la asesoría para llevar a cabo el desarrollo comunal.

Fiel a sus convicciones y con ese espíritu patriota que siempre la caracterizó, ella participó en 1948 en la contienda armada en defensa de las garantías sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Código de Trabajo, en el puesto de Casamata, en la carretera Interamericana. Durante este evento histórico, ella tuvo una destacada participación en labores de socorro a soldados heridos en batalla.

Aunque inicialmente su papel no era el de prestar auxilio, el desarrollo de los hechos la condujeron a servir de esta manera, ya que al bajar de Casamata por la carretera Interamericana y llegar al Tejar, se encontró con sangrientas batallas que se desarrollaban e indescriptibles gemidos y lamentos de los heridos de bala quienes no contaban con la asistencia suficiente para ser atendidos. Fue entonces cuando decidió, en un acto heroico, cambiar la trinchera por la Cruz Roja y arrastrarse por entre los caños para curar heridos y llevarlos a la casa de Cuco Arrieta en donde estaba el puesto de la Cruz Roja. Al narrar estos episodios dolorosos que marcaron parte de su vida, por su rostro bajan lágrimas de tristeza al recordar.

Luego de la batalla del Tejar fue tomada prisionera y llevada al Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, y no fue sino hasta el final de la revuelta que ocurrió su liberación.

Un acontecimiento histórico relevante que marcó un hito en la vida de la señora Fonseca fue cuando el 26 de junio de 1953 la mujer costarricense tuvo acceso por primera vez a las urnas electorales, de acuerdo con el mandato de la Constituyente de 1949, para ejercer libremente su derecho de elegir y ser elegidas; este hecho rompió con siglos de desigualdad política.

Gracias a este acontecimiento, la profesora Vitha Lyna Fonseca Saborío valientemente y en una lucha por erradicar la discriminación de género existente, se lanzó a la política nacional y por sus propios méritos ganó en las primeras elecciones municipales.

De esta manera, el 1º de noviembre de 1953, el honorable Concejo Municipal se engalanó con la única y primera mujer regidora, por el Partido Renovación Nacional, que presidía el general Jorge Volio Jiménez, durante la primera presidencia de don José Figueres Ferrer, prócer de la patria.

Pero el haber llegado allí no solo indica voluntad y capacidad para romper prejuicios y barreras, sino también que la labor realizada en los campos de la enseñanza y de la acción social fueron tan notables que se hizo necesario hacerle un reconocimiento con su elección como Regidora.^[6]

Desde la Municipalidad de San José volvió su mirada hacia los barrios del sur de la capital: barrio Cuba, Los Pinos, Salubridad, entre otros, que carecían de infraestructura vial y agua potable (cañería). Además de llenar de manera efectiva estos vacíos, intercedió ante el Ministerio de Obras Públicas para la construcción del puente que llegó a unir barrio Cuba, Los Pinos y Salubridad con Hatillo y Alajuelita.

También, se lastraron las calles y se instalaron cunetas, por lo cual mejoraron las condiciones de vida para los habitantes del sur de San José. Además, no se puede dejar de mencionar su participación para lograr la ampliación de la Escuela Omar Dengo.

Al finalizar su período como regidora municipal en 1958, recibió muchos homenajes en agradecimiento por su extraordinaria labor, tal como el que le hicieron los ciudadanos del cantón Central de San José en un pliego con cientos de firmas, en donde manifestaron lo siguiente:

Los suscritos ciudadanos, mayores de edad, de nacionalidad costarricense, sin distingos de colores políticos, nos permitimos tener el honor de reconocer la brillante y patriótica labor que en calidad de digna ciudadana y como regidora durante el período 1953-1958, doña Vitha Lyna Fonseca Saborío, fue un ejemplo de honradez, servicio social, de aquilatados tributos, de verdadera defensora de los intereses de la ciudadanía josefina y que siempre se le recordará, y se le agradecerá con beneplácito toda su labor, en cuanto al progreso y mejoramiento que hizo por todos los sectores de nuestra capital.

Siendo este testimonio y espontáneo de todos los suscritos, como recuerdo para con tan digna pedagoga.

San José, 1º de junio de 1958.

No obstante, la lista de logros, trabajo tenaz y otros reconocimientos no acaba allí; de seguido se mencionan algunos más:

1)            Realizó una extraordinaria labor de voluntariado tanto en el ámbito nacional como internacional. Por ejemplo, fue dama voluntaria del IMAS y del Ministerio de Trabajo; además, se le nombró presidenta de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Costarricense, Sede Central y Guadalupe.

2)            Ocupó el cargo de secretaria general de la Federación Nacional de Juntas Progresistas Unitarias y Apolíticas, de 1959 a 1963. En este puesto, se destacó su participación activa y eficiente, uniendo su esfuerzo y pensamiento democrático junto al de los otros miembros del grupo que cumplían con el deber de luchar por construir una patria mejor para todos, sin distingos políticos y haciendo valer nuestro verso del Himno Patriótico del 15 de Setiembre: “Sepamos ser libres, no siervos menguados.

Esta consigna la llevó siempre en su corazón en la búsqueda de soluciones contra el alza de tarifas eléctricas, de agua y de transporte interurbano.

Se le nombró presidenta honoraria de las Juntas Progresistas a partir de 1964.

3)            Con gran visión de futuro y claridad de entendimiento, se adelantó a su época, ya que gracias a la valentía y la gentileza que la caracterizaban abrió camino para el género, demostrando que las mujeres pueden llegar donde quieran con voluntad y valor, ya que vivimos en una época de rápidos cambios.

El 27 de abril de 1975, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, expresó: “Ha llegado la hora de prepararnos integralmente para responder con dignidad, pues nunca como hoy, se requiere del concurso sabio y oportuno de la mujer para salvar a la humanidad del caos en que se encuentra, todo por el desnivel social en que se ha desarrollado. Solamente el normal convencimiento y desenvolvimiento de la mujer para actuar con sabiduría ha de lograr poner en equilibrio la balanza humana y luchar por ocupar su verdadero lugar en el concierto de la evolución de las naciones”.

4)            Dedicó gran parte de su carrera a la lucha por la defensa de los derechos del género y por ello ocupa un lugar en la inspiración femenina al ser ejemplo para las mujeres que se hacen cargo de sus familias y, a la vez, se desempeñan profesionalmente de manera exitosa en cargos de gran responsabilidad.

5)            Desempeñó el puesto de primera presidenta fundadora de la Asociación Esotérica La Nueva Era, de la Gran Fraternidad Universal Serge Raynaud de la Ferriere. Desde sus inicios, ocupó puestos relevantes en la Escuela Pre-Iniciática y también fue miembro activo del Consejo Ejecutivo de la institución, por lo que el 23 de setiembre de 1963 se le eligió como presidenta, y en 1972 se le designó como profesora del Colegio de Síntesis, año en que fundó la Asociación Esotérica La Nueva Era de la GFU. Introdujo a través de sus discípulos la meditación y el yoga en nuestras universidades.

6)            Formó parte de la organización Ciudadanos del Mundo con sede en París, Francia, cuyos principios fundamentales son los de reconocer en todos los hombres y las mujeres a ciudadanos mundiales sin distingo de etnia, color, sexo, ideología política, credo o nacionalidad.

Su amor por el prójimo la llevó a formar parte de esta agrupación, en donde hizo eco de su preocupación por la crisis que atraviesa el sistema que rige al mundo y en donde todo pueblo, toda nación y la especie humana incluso están en peligro de desaparecer.

Desde su ingreso en 1972, se esforzó por impulsar la comprensión, el amor y la paz entre los seres humanos, uniéndose a la lucha por desterrar la amenaza nuclear del planeta, y que nuestros países se orienten a la formación de una sociedad pacífica, libre de amenazas de exterminio del ser humano sobre la faz de la tierra.

7)            Fue socia fundadora de la Asociación Pro Democracia, junto con otras connotadas personalidades del país. La Asociación Pro-Democracia (Aprodem) la galardonó como Forjadora de la Democracia Costarricense, el 4 de febrero de 1988. Posterior a su fallecimiento, se le rindió un homenaje póstumo como fundadora de esa importante organización.

8)            Recibió por parte de la Municipalidad de San José, el 10 de mayo de 1995, fecha de su natalicio, un homenaje póstumo por los méritos acumulados en su vida.

Además, por tratarse de la primera mujer regidora de este municipio durante el período de 1953-1958, fue declarada Ciudadana Distinguida de San José.

El 4 de noviembre de 2003, el Concejo Municipal vuelve a ofrecerle un homenaje póstumo de reconocimiento y una distinción honorífica de Ciudadana Distinguida. En 2009 con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Concejo Municipal nuevamente le rinde homenaje, junto a otras distinguidas mujeres municipalistas.

También en una sala de la Municipalidad de San José se encuentra expuesta su fotografía.

9)            En el año 2005 el Inamu le otorgó un reconocimiento de alto significado nombrándola Mujer del Año, por sus valiosos aportes a la nación, especialmente en el campo del género, por su pensamiento de justicia social y valentía con el que defendió siempre sus principios, y que la llevaron a convertirse en ejemplo para las generaciones posteriores.

En el 2006, el Inamu entronizó su fotografía en la Galería de la Mujer en un acto de reconocimiento a los valores de la profesora Vitha Lyna Fonseca Saborío.

Esta es apenas una síntesis de las conquistas y los hechos notorios de nuestra Vitha Lyna, cuya vida fue como un cristal lúcido, transparente; por lo tanto, ella es merecedora de reconocimiento por toda su extraordinaria labor, esfuerzo y dedicación en pro de nuestra democracia.

En suma, solo queda anotar que fue su humildad la que la motivó a abrir las puertas de su corazón hacia los más necesitados, quienes siempre encontraron en ella una mano amiga dispuesta a ofrecerles su esfuerzo, a fin de mejorar sus condiciones de vida y sin esperar retribución alguna.

Por lo anterior, propongo a la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley a fin de que a la profesora Vitha Lyna Fonseca Saborío se le declare Benemérita de la Patria.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

ACUERDA:

DECLARATORIA DE BENEMERITAZGO DE LA PATRIA

PARA VITHA LYNA FONSECA SABORÍO

ARTÍCULO ÚNICO-

Declárase Benemérita de la Patria a la profesora Vitha Lyna Fonseca Saborío, por los servicios prestados a esta nación.

Rige a partir de su aprobación.

Otto Roberto Vargas Víquez

Diputado

NOTA:   Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021565775 ).