PODER EJECUTIVO

Que el Decreto Ejecutivo N° 43368-MINAE “Reforma al Decreto Ejecutivo N° 29834-MINAE del 23 de agosto de 2001, denominado “Amplía los límites del Parque Nacional Isla del Coco”; Reforma al Decreto Ejecutivo N° 36452-MINAE del 03 de marzo de 2011, denominado “Crea Área Marina de Manejo de Montes Submarinos”; y Reforma al Decreto Ejecutivo N° 40054-MINAE del 19 de octubre de 2016, denominado “Regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía y reforma Reglamento a la Ley de Biodiversidad” de fecha 17 de diciembre de 2021, publicado en La Gaceta N° 16 de fecha 26 de enero de 2022, contiene en los artículos 1 y 3, un error en la cantidad de decimales de las coordenadas que comprenden tanto el Área Marina del Bicentenario y el Parque Nacional Isla del Coco, en razón de ello, se debe corregir.

En su artículo 1 donde dice:

ARTÍCULO 1º—Refórmese el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 29834-MlNAE del 23 de agosto de 2001, denominado “Amplía los límites del Parque Nacional Isla del Coco”, para que en adelante se lea:

“Artículo 1º—Amplíese el Área Silvestre Protegida bajo la categoría y denominación “Parque Nacional Isla del Coco” para que comprenda el espacio marino compuesto por 54 844 km², localizado en el Océano Pacífico, en la zona marina delimitada por las siguientes coordenadas geográficas (proyección cartográfica UTM Zona 16, Datum CR-SIRGAS):

PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO
Vértice	Grados Decimales
	Longitud	Latitud
1	-88.987	6.237
2	-86.367	6.237
3	-86.367	4.529
4	-88.987	4.529

 

Debe leerse de la siguiente manera:

“Artículo 1º—Amplíese el Área Silvestre Protegida bajo la categoría y denominación “Parque Nacional Isla del Coco” para que comprenda el espacio marino compuesto por un área aproximada de 54 844,172 kilómetros cuadrados, localizado en el Océano Pacífico, en la zona marina delimitada por las siguientes coordenadas geográficas (proyección cartográfica UTM Zona 16, Datum CR-SIRGAS):

PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO
	GRADOS DECIMALES
VERTICE	LONGITUD	LATITUD
1	-88,987006	6,237014
2	-86,367006	6,237012
3	-86,367007	4,529011
4	-88,987007	4,529014

 

En su artículo 3 donde dice:

ARTÍCULO 3º—Refórmense los artículos 1, 2 y 4 del Decreto Ejecutivo N° 36452-MINAE del 03 de marzo de 2011, denominado “Crea Área Marina de Manejo Montes Submarinos”, para que en adelante se lean:

“Artículo 1º—Declárese Área Protegida bajo la categoría y denominación “Área Marina de Manejo del Bicentenario” para que comprenda el espacio marino compuesto por 106 285,56 kilómetros cuadrados, localizada en el Océano Pacífico de Costa Rica, en las coordenadas geográficas (proyección cartográfica UTM Zona 16, Datum CR -SIRGAS):

ÁREA MARINA DE MANEJO DEL BICENTENARIO
	Grados Decimales
Vértice	Longitud	Latitud
1	-89.322	6.571
2	-86,032	6.571
3	-86.034	2.317
4	-86.045	2.313
5	-86.108	2.293
6	-86.170	2.275
7	-86.234	2.258
8	-86.297	2.242
9	-86.361	2.227
10	-86.425	2.214
11	-86.489	2.202
12	-86.553	2.191
13	-86.618	2.181
14	-86.683	2.173
15	-86.748	2.166
16	-86.813	2.160
17	-86.878	2.156
18	-86.943	2.152
19	-87.145	2.151
20	-89.315	3.376

 

Artículo 2º—La administración del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario, estará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a través del Área de Conservación Marina Coco que deberá preparar y ejecutar el Plan General de Manejo, el cual definirá la zonificación, los usos permitidos de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables a los Parques Nacionales y Áreas Marinas de Manejo y normativa conexa, la intensidad de uso de los recursos y demás lineamientos de manejo.

(…)

Artículo 4º—Los objetivos de conservación que orientarán la planificación y gestión del Área Marina Montes Submarinas del Bicentenario son los siguientes:

1.       Promover la conservación y el uso sostenible de una de las áreas marinas de mayor productividad en el Pacífico Oriental Tropical.

2.     Manejar de manera integral una parte representativa del ecosistema marino de la Cordillera Submarina del Coco.

3.       Conservar sitios de agregación (descanso, reproducción, limpieza, y alimentación) de especies vulnerables, amenazadas o en peligro, tales como los quelonios, cetáceos, elasmobranquios, y especies pelágicas, algunas de importancia comercial.

4.       Conservar ecosistemas de profundidad como formaciones coralinas mesofíticas, comunidades de corales azooxantelados, llanuras abisales, dorsales, y sus comunidades bentónicas, especies endémicas, y posibles especies nuevas para la ciencia.

5.       Conservar áreas de alimentación y tránsito de aves marinas.

6.     Promover la conectividad estructural y funcional de especies altamente migratorias a nivel del Corredor del Pacífico Este Tropical.”

Debe leerse de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3º—Refórmense los artículos 1, 2 y 4 del Decreto Ejecutivo N° 36452-MINAE del 03 de marzo de 2011, denominado “Crea Área Marina de Manejo Montes Submarinos”, para que en adelante se lean:

“Artículo 1º—Declárese Área Protegida bajo la categoría y denominación “Área Marina de Manejo del Bicentenario” para que comprenda el espacio marino compuesto por un área aproximada de 106 283,6621 kilómetros cuadrados, localizada en el Océano Pacífico de Costa Rica, en las coordenadas geográficas (proyección cartográfica UTM Zona 16, Datum CR -SIRGAS):

ÁREA MARINA DE MANEJO DEL  BICENTENARIO
	GRADOS DECIMALES
VERTICE	LONGITUD	LATITUD
1	-89,322000	6,571000
2	-86,032000	6,571000
3	-86,034000	2,316897
4	-86,045329	2,313086
5	-86,107696	2,293462
6	-86,170432	2,275069
7	-86,233513	2,257913
8	-86,296914	2,242002
9	-86,360612	2,227342
10	-86,424582	2,213937
11	-86,488800	2,201793
12	-86,553241	2,190915
13	-86,617881	2,181307
14	-86,682696	2,172973
15	-86,747659	2,165915
16	-86,812747	2,160137
17	-86,877934	2,155641
18	-86,943197	2,152428
19	-87,145123	2,150622
20	-89,314999	3,375295

 

Artículo 2º—Administración del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario, estará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a través del Área de Conservación Marina Coco que deberá preparar y ejecutar el plan General de Manejo, el cual definirá la zonificación, los usos permitidos de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables a los Parques Nacionales Áreas Marinas de Manejo y normativa conexa, la intensidad de uso de los recursos y demás lineamientos de manejo.

(…)

Artículo 4.—Los objetivos de conservación que orientarán la planificación y gestión del Área Marina de Manejo del Bicentenario son los siguientes:

1-       Promover la conservación y el uso sostenible de una de las marinas de mayor productividad en el Pacífico Oriental Tropical.

2-     Manejar de manera integral una parte representativa del ecosistema marino de la Cordillera Submarina del Coco.

3-     Conservar sitios de agregación (descanso, reproducción, limpieza, y alimentación) de especies vulnerables, amenazadas o en peligro, tales como quelonios, cetáceos, elasmobranquios, y especies pelágicas, algunas de importancia comercial.

4-       Conservar ecosistemas de profundidad como formaciones coralinas mesofíticas, comunidades de corales azooxantelados, llanuras abisales, dorsales, y sus comunidades bentónicas, especies endémicas, y posibles especies nuevas para la ciencia.

5-       Conservar áreas de alimentación y tránsito de aves marinas.

6-     Promover la conectividad estructural y funcional de especies altamente migratorias a nivel del Corredor del Pacífico Este Tropical.

Dada en la Presidencia de la República. San José, el cinco de abril del año dos mil veintidós.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—Ministro de Ambiente y Energía, Rolando Castro Córdoba.—1 vez.—O. C. N° 4600046819.—Solicitud N° DSG-19-2022.—( IN2022644956 ).

LEYES

10193

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 10

DE LA LEY 8806, LEY ESPECIAL PARA FACILITAR

LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO POR PARTE

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

(UCR) MEDIANTE LA VÍA TELEVISIVA

Y RADIOFÓNICA, DE 28 DE ABRIL

DE 2010

ARTÍCULO ÚNICO-               Se interpreta el artículo 1° de la Ley 8806, Ley Especial para Facilitar la Difusión del Conocimiento por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la Vía Televisiva y Radiofónica, de 28 de abril de 2010, en el sentido de que la voluntad y el espíritu del legislador es que la concesión especial de frecuencias asignadas por el Poder Ejecutivo a ese centro de educación superior universitario por un periodo de noventa y nueve años, renovables por períodos iguales, para el servicio de radiodifusión sonora, así como el canal en la banda de UHF (ultra alta frecuencia) para el servicio de radiodifusión televisiva, las frecuencias repetidoras y frecuencias de enlace de microondas, o sus equivalentes en las nuevas tecnologías digitales o de otro tipo, tengan delimitación de cobertura de alcance nacional, según criterios apegados a la ciencia y la técnica, con el fin de facilitar la difusión del conocimiento, la educación y la cultura a todos los niveles.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA-   Aprobado a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Silvia Hernández Sánchez

Presidenta

Aracelly Salas Eduarte      Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández

Primera secretaria                             Segunda secretaria

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil veintidós.

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo.— 1 vez.—Exonerado.—( L 10193 - IN2022643704 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO

PROCESAL DE FAMILIA, LEY N° 9747

DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019

EXPEDIENTE N° 23.034

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de Ley tiene como objetivo modificar algunos artículos que el Código Procesal Familiar ha incorporado y que fomentarían la violencia patrimonial que por décadas ha afectado a las mujeres que solicitan Pensión alimentaria en representación de sus familias.

Estado de Código Procesal Actual

Los avances jurídicos logrados en Costa Rica en materia de Derechos Humanos han sido determinantes para igualar a países que han sido vanguardistas en la materia, sin embargo, en materia del Derecho de Familia, aún queda mucho por hacer.

En la actualidad aún podemos ver que algunos legisladores y legisladoras siguen pensando en el Derecho de Familia como parte del ámbito doméstico y esto se evidencia con el Código Procesal de Familia, el cual contiene artículos que contravienen el acceso a la justicia; al debido proceso; discrimina a las mujeres y perpetúa las relaciones desiguales de poder; mediante el encargo normativo de acciones de cuido y manutención de hijas e hijos, mismas que constituyen una responsabilidad social compartida y que a la fecha el Estado no resuelve.

La normativa procesal, refuerza los estereotipos imperantes en la sociedad, que impiden a las mujeres vivir libres de violencia y fomenta la violencia estructural y patrimonial contra las mujeres.

La Legislación de Familia y el Derecho comparado.

^[1]En el caso de Costa Rica, a pesar de los intentos por alcanzar mejores estándares en la normativa en general, el nuevo Código Procesal de Familia, aún evidencia graves errores de fondo, la redacción de algunos de sus artículos es confusa y desactualizada en relación con la normativa internacional. Se deja en estado de indefensión a muchas poblaciones vulnerables como la niñez, la población adulta mayor y a las personas con discapacidad, entre otras. Evidencia un vacío en la responsabilidad del Estado con dichas poblaciones.

La Propuesta de Reforma Procesal Familiar.

El Código Procesal de Familia es un instrumento normativo que pretende, en alguna medida, establecer un único proceso en la materia, sin embargo, algunos de sus artículos requieren de algunas reformas ya que algunos son confusos, otros omisos lo cual causa perjuicio a los derechos de las familias.

En primer lugar, citamos el caso del Principio de Concentración de la Prueba (artículo 148) y el artículo 157: Prueba abundante. Se debe considerar que hay casos que cuentan con pruebas muy extensas, mismas que no se pueden evacuar en solo una audiencia; sin embargo, estas pueden ser relevantes; hasta determinantes para el caso y su resolución, por lo que no es oportuno desecharla. Omitir esa prueba, puede ser desfavorable para el resultado del proceso, por lo que se recomienda la reforma de ambos artículos ya que son principalmente importantes en Procesos de Reclamo anticipado de Gananciales, Fijaciones de cuota de Pensiones Alimentarias, entre otros y, podría representar para una familia, la diferencia entre vivir dignamente o vivir en pobreza sostenida. Tampoco se debe omitir que es contrario a los Objetivos de los ODS, Convención CEDAW y las Recomendaciones Generales y Específicas del Comité para Costa Rica y la Convención Belém Do Pará.

En cuanto al Apremio corporal el articulo número 283 fija la edad máxima para apremiar al deudor en 65 años, lo cual genera una discriminación que impactará doblemente a las mujeres adultas mayores, máxime para quienes ya tienen una condición especial de salud, discapacidad o enfermedad crónica típica de su edad o no fueron sujetas de ingresos, por haber dedicado su vida al cuido de la familia o no haber tenido oportunidad de cotizar para la CCSS.

En este sentido se debe considerar que, por lo general, son los hombres quienes cuentan con una pensión otorgada por la CCSS o de otro tipo, no así las mujeres, quienes por haber permanecido en sus hogares delegadas al oficio doméstico y al cuido de la familia, no se les reconoce este beneficio, por lo que no contarán con los recursos para cubrir sus necesidades más inmediatas. Caso contrario sucede con los hombres, quienes mayormente son sujetos de ingresos o del beneficio de sus ahorros. De esta manera, para la mujer adulta mayor el dinero otorgado por una Pensión alimentaria se constituye en la única entrada económica para su subsistencia y el incumplimiento de su depósito, en el impedimento para satisfacer esas necesidades. Siendo así, el Apremio corporal se constituye en la única medida coercitiva que compele al deudor a depositar la cuota alimentaria, fundamental para las personas beneficiarias en condiciones de mayor vulnerabilidad, como son las personas adultas mayores.

Cambiar la edad para apremiar a quien incumple con el depósito de un dinero que resulta absolutamente necesario para la supervivencia es inhumano y contrario a derecho, sobre todo si se toma en cuenta que el propósito de la ley es garantizar los derechos de las personas con más necesidades. Tal omisión crea una desigualdad (discriminación) en tanto se resguarda el derecho del obligado alimentario, quien ostenta el poder económico y no el de la persona necesitada y sin poder económico.

Establecer en el Código Procesal de Familia el cambio en la edad para apremiar a la persona que incumple, permite la impunidad ante la violencia patrimonial y refuerza las relaciones de poder. Debido a lo expuesto, la edad máxima para apremiar a un deudor debe conservarse tal y como está en la Ley de Pensiones Alimentarias vigente (Ley N° 7654), que establece “…podrá librarse orden de apremio corporal contra el deudor moroso, salvo que sea menor de 18 años o mayor de 71 años.”

En el tema de Pensión Alimentaria también se agregan aspectos beneficiosos para ayudar al deudor en la búsqueda de trabajo: por ejemplo, la autoridad judicial podrá imponer una medida especial de apremio corporal nocturno que correrá a partir de las veinte horas (8 pm) hasta las cinco horas del día siguiente, hasta por un plazo máximo de seis meses. En caso de que la persona deudora demuestre que su búsqueda de trabajo o ingresos la hará en horario nocturno, el juez podrá ordenar que la medida especial se cumpla en horas diurnas, al cual no le podrán aplicar más de ocho horas diarias. Si la persona obligada incumple con el horario de la medida especial de apremio corporal, la autoridad judicial procederá a cesar el beneficio y ordenará el apremio corporal de veinticuatro horas dispuesto en el artículo establecida por esta ley, sin perjuicio de que pueda ser denunciado por desobediencia a la autoridad.

De igual forma, también se establece que la autoridad competente, le podrá conceder a la persona deudora que carece de trabajo y de recursos económicos, para cumplir con el pago de las cuotas alimentarias, un plazo prudencial que no exceda de un mes, prorrogable por otro, para que cumpla con el pago de las cuotas adeudadas.

Adicionalmente, el despacho podrá ordenar, a pedido de la persona deudora, el pago en tractos de una deuda morosa total o parcial de alimentos. Si se ha solicitado cualquiera o ambos beneficios, la autoridad judicial ordenará recabar de forma inmediata, sin audiencia a las partes, la prueba ofrecida y resolverá y notificará dentro de las veinticuatro horas siguientes, ordenando la suspensión, cuando proceda, de la orden de apremio corporal, en caso de concesión de alguno de los beneficios. No obstante, hay aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta: estos beneficios están estipulados únicamente para la parte deudora, sin tomar en cuenta que ante el incumplimiento reiterado de muchos deudores, gran cantidad de personas beneficiarias dejan de percibir la cuota alimentaria por meses y en ocasiones hasta por años, ocasionando gran perjuicio a las poblaciones más vulnerables, como lo son las y los niños, la población adulta mayor; las personas con discapacidad, así como a las madres, que se ven en la obligación de asumir la totalidad de la responsabilidad, sin que el juzgador realice una valoración de la situación en que ha permanecido la familia durante todo el tiempo que el deudor ha incumplido con su obligación.

La autoridad judicial no valora si la madre cuenta o no con trabajo, algún tipo de ingresos o ayuda para hacerle frente a la situación precaria en que algunas familias se sumen debido al incumplimiento, limitándose solo a conceder los beneficios solicitados por el deudor, lo cual no es razonable ni proporcional. Tanto la situación familiar como la verdadera situación del obligado alimentario deben ser valoradas adecuadamente antes de que la autoridad judicial conceda al deudor los beneficios de los artículos que permiten el pago de la deuda alimentaria en tractos, de modo que a las personas beneficiarias no se les cause tanto perjuicio por la falta de pago del obligado y puedan, al menos, cubrir las necesidades básicas de alimentación y habitación. Ante situaciones como esta, la única alternativa es el Apremio corporal, figura que se constituye en la única medida que, definitivamente, ha demostrado ser la más efectiva para que los deudores alimentarios, cumplan con sus responsabilidades.

La materia de Pensiones alimentarias presenta otro grave problema. Desde que entró a regir la Ley de Pensiones Alimentarias vigente (Ley N° 7654), a las mujeres se les ha causado una grave violencia patrimonial, debido a la imposibilidad de realizar el cobro de lo adeudado por medio del embargo de bienes que plantea la ley. Se conocen ampliamente las malas prácticas de las personas deudoras alimentarias, quienes traspasan todos sus bienes para no tener nada sujeto de embargo, no obstante, no existe interés por parte de quienes ejecutan el derecho, de evitar que estas personas deudoras alimentarias, incurran en esas actuaciones, con lo cual las mujeres siguen siendo sujetas, no sólo de violencia patrimonial, sino de violencia estructural sistémica, ya que durante años el Estado y sus instituciones, han tenido conocimiento de esa situación sin buscar una solución, sumiendo a las mujeres y sus familias en una pobreza sostenida, que impide que ni la mujer ni las y los hijos se preparen profesionalmente y en carreras que los incorporen pronto a la fuerza laboral del país, lo cual solucionaría gran parte del problema económico de estas familias.

En virtud de los motivos expuestos, presentamos a la valoración del Parlamento el presente proyecto de ley para su debido estudio y aprobación final por parte de las señoras diputadas y señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA, LEY N° 9747

EL 23 DE OCTUBRE DE 2019

ARTÍCULO 1-          Refórmese los artículos 148, 157 y 189 ubicados dentro del Título V “Actividad probatoria” del Libro Primero, de la Ley N° 9747, Código Procesal de Familia, del 23 de octubre de 2019, para que su texto se lea de la siguiente forma:

Artículo 148- Principio de concentración de la prueba

En la medida de lo posible, la prueba deberá ser evacuada en una sola audiencia, según se dispone y regula en este Código.

Artículo 157- Prueba abundante

Se podrán denegar las pruebas que se consideren abundantes, siempre y cuando no contribuyan al proceso o no se trate de apertura de secreto bancario u otros elementos que contribuyan a la resolución del mismo; respetando el principio de equilibrio procesal.

Tratándose de declaración de terceros, la autoridad judicial podrá reducir el número de declarantes, valorando para ello las circunstancias del tipo de proceso y las pretensiones”.

Artículo 189- Valoraciones físicas de personas

En cualquier tipo de proceso en el cual se demanda la existencia de agresiones físicas o emocionales, la autoridad judicial ordenará, de inmediato, la realización de un reconocimiento de las personas víctimas, a fin de valorar la magnitud y las secuelas de los hechos, por medio de profesionales del Poder Judicial o cualquier entidad pública que se encargue de estas actuaciones.

Al momento de llevar a cabo esta diligencia, se debe tener en cuenta todas las precauciones necesarias para el respeto de los derechos de la personalidad, incluyendo la posibilidad de acompañamientos con personas de confianza y que se verifique sin presencia de las otras partes y representantes legales y en lugares debidamente acondicionados para su práctica. Por ningún motivo se admitirá esta prueba, si ello implica violación del derecho fundamental de la dignidad humana”.

ARTÍCULO 2-          Refórmese los artículos 283 y 287, ubicados dentro del Título V “Procedimientos Especiales” del Libro Segundo, de la Ley N° 9747, Código Procesal de Familia, del 23 de octubre de 2019, para que su texto se lea de la siguiente forma:

Artículo 283- Apremio corporal

En caso de no cumplirse el pago de la deuda alimentaria, a petición de la parte acreedora se podrá girar contra la persona deudora mayor de edad y menor de setenta y un años orden de apremio corporal la cual procederá hasta para el cobro de la totalidad de mensualidades incluyendo la presente, además de los rubros de aguinaldo, salario escolar o gastos de inicio de lecciones y los otros tipos de gastos extraordinarios; estos últimos únicamente cuando se trata de gastos establecidos con carácter de urgencia.

Se podrá excluir del cumplimiento de la orden de apremio corporal a aquellas personas que se encuentren en estado avanzado de embarazo o que se encuentren en una situación de salud que su condición de apremiado pueda causarle una afectación mayor a su condición, todo a juicio del tribunal.

Para el cumplimiento de la orden de apremio corporal indicada en el párrafo anterior, podrá extenderse, a pedido de la parte gestionante, allanamiento del lugar en donde se oculte la persona deudora, cuya actuación verificará la autoridad judicial que conoce del asunto o comisionar a otro despacho, todo según los procedimientos dados en la legislación procesal penal.

No procede el apremio corporal contra la persona deudora a quien se le retiene la cuota alimentaria de su fuente de ingreso por orden de la autoridad judicial y se ha verificado tal retención de forma periódica, salvo que la retención fuera incompleta o existieran cuotas pendientes, pero previo a esto debe hacerse una advertencia de pago por cinco días.

Ninguna persona deudora alimentaria podrá estar en apremio corporal por más de seis meses, al vencimiento de este plazo se ordenará su libertad y lo no pagado podrá cobrarse mediante vía de cobro ejecutorio; pero, si se activa esta vía estando aún apremiada la persona deudora, cesa dicho estado de forma inmediata; todo sin perjuicio de que las cuotas de alimentos, que corren en tanto se mantenga el apremio, podrán cobrarse también por aquella vía ejecutoria sin necesidad de que se haya solicitado el respectivo apremio. En tanto se trata de cuotas cuyo propósito es solventar las necesidades más inmediatas de alimentación, el proceso para el cobro de las mismas deberá ser lo más expedito posible.

Artículo 287- Pedidos de autorización para la búsqueda de trabajo y pago en tractos Si la persona deudora alimentaria comprobara de forma satisfactoria, a juicio de la autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos económicos para cumplir con el pago de las cuotas alimentarias, se podrá conceder un plazo prudencial que no exceda de un mes, prorrogable por otro, para que cumpla con el pago de las cuotas adeudadas. Con el propósito de no promover la violencia patrimonial ni vulnerar más la condición de las personas beneficiarias, se tomará en cuenta el tiempo que el demandado ha incumplido con su obligación alimentaria y la cantidad de cuotas adeudadas.

Los tractos de dinero en que el obligado deberá pagar su deuda, se establecerán de manera razonable para ambas partes; valorando previamente las condiciones de la familia afectada por el incumplimiento. El deudor alimentario deberá demostrar fehacientemente a la autoridad judicial las razones por las cuales no ha cumplido con su deber. Este beneficio no se otorgará al deudor que incumple con el pago reiteradamente.

Rige a partir de su publicación.

      Nielsen Pérez Pérez                   Catalina Montero Gómez

  Aida María Montiel Héctor        José María Villalta Florez-Estrada

Diputadas y diputados

05 de mayo de 2022

NOTA:       Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

1 vez.—Exonerado.—( IN2022643843 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE” DE LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO

DE 1996, Y SUS REFORMAS

Expediente N° 23.032

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Tanto las estructuras físicas, medios de transporte, así como la legislación deben de ajustarse y adecuarse a las condiciones cambiantes y las exigencias de la sociedad. Todo proceso es evolutivo y nada es constante. Especialmente en cuanto al tema del transporte.

Es importante que los medios de transporte cuenten con las condiciones idóneas y necesarias para que toda la población pueda utilizarlos, tal es el caso de rampas que permitan el ingreso de sillas de ruedas, así como espacios propios en el automotor con los cinturones necesarios para la permanencia de las sillas dentro de este.

Los vehículos deben de ajustarse a normativa nacionales e internacionales, que permitan y garanticen a la población con discapacidad la utilización de estos medios, pero, a su vez, es necesario que haya normas actualizadas, en las cuales los usuarios puedan hacer valer sus derechos ante eventuales violaciones.

Por lo que debe de convertirse en una exigencia a quienes son concesionarios del transporte público, de adecuarse a las exigencias y necesidades de la población para continuar en operación, que no existan vacíos legales que impidan o violenten derechos humanos, pero especialmente los derechos de la población con discapacidad.

Por las razones antes expuestas someto a conocimiento y valoración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley “REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE” DE LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996, Y SUS REFORMAS”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE” DE LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO

DE 1996 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO-    Se modifica el capítulo V “Acceso a los medios de transporte” artículos 45, 45 bis, 46, 46 bis, 47, 48 y 49 de la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 29 de mayo de 1996, y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 45-        Normas técnicas

El Estado podrá tomar como base normas técnicas internacionales en materia de transporte, las cuales se estandarizarán para garantizar el acceso al transporte de las personas con discapacidad.

Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público y transporte de estudiantes a los centros educativos, deberán adoptarse normas técnicas conducentes para adaptarlo a las necesidades de las personas con discapacidad; asimismo, se acondicionarán los sistemas de señalización y orientación del espacio físico. Los medios de transporte colectivo deberán ser totalmente accesibles y adecuados a las necesidades de todas las personas.

Artículo 45 bis-         Libertad de acceso

Las personas con discapacidad que utilicen animales de asistencia, así como productos para apoyar la movilidad, tendrán libre acceso a todos los medios de transporte público, así como a toda edificación pública o privada, sin que esto les genere gastos adicionales.

Artículo 46-     Permisos y concesiones

Para obtener y mantener los permisos y concesiones de explotación de servicios de transporte público, será requisito que los beneficiarios de este tipo de contrato presenten la revisión técnica, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que compruebe que cumplen con las medidas establecidas en esta ley y su reglamento.

Artículo 46 bis-         Autobuses de ruta

El Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no permitirá la circulación de autobuses de ruta en el servicio de transporte público, después de transcurridos quince años de su fabricación; este plazo es improrrogable.

Asimismo, no podrán circular autobuses de ruta de transporte público que no se encuentren debidamente acondicionados con las medidas de accesibilidad. Para ello, el Consejo de Transporte Público y el MOPT incorporarán, en los manuales de revisión técnica correspondiente, las normas de accesibilidad contenidas en esta ley y sus reglamentos. El ente encargado de realizar la revisión técnica vehicular deberá verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de toda la flota del transporte público remunerado de personas.

Artículo 47-     Taxis y otras modalidades de transporte público

En el caso del servicio de transporte público, con excepción del brindado por medio de los autobuses, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estará obligado a incluir y verificar, en cada licitación pública de concesiones o permisos, por lo menos un diez por ciento (10%) de las unidades serán adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

El Ministerio debe garantizar que este porcentaje se cumpla en todos los cantones del país.

Artículo 48-     Terminales y estaciones

Las terminales y estaciones de los medios de transporte colectivo, en todas sus modalidades, contarán con los requerimientos técnicos para el ingreso y abordaje de usuarios con discapacidad, así como para el uso del medio de transporte.

Artículo 49-     Facilidades de estacionamiento

Las autoridades policiales administrativas facilitarán el estacionamiento de vehículos que transporten a personas con discapacidad, así como el acceso a los diversos medios de transporte público.

Rige a partir de su publicación.

María José Corrales Chacón

Diputada

NOTA:        Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022643849 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO AL ESPACIO FÍSICO” DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA

 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

 DE 29 DE MAYO DE 1996,

 Y SUS REFORMAS

Expediente N.°23.030

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La libertad de tránsito es y será un derecho de goce pleno en el territorio costarricense, donde la normativa permite de manera irrestricta el tránsito, claro, haciendo la salvedad de que, ante situaciones de emergencia nacional decretada, dicho derecho puede restringirse parcialmente, más no total, tal como se evidenció durante el periodo de pandemia por causa del covid-19.

Los espacios deben de ser accesibles, respetando la normativa vigente, especialmente en aquellos de denominados públicos o de acceso al público, es decir, estos espacios deben de contar con las condiciones necesarias para que las personas pueden acceder a los recintos sin problema, deben de contar con rampas en caso de utilización de silla de ruedas o muletas, por ejemplo.

Esto también contempla los estacionamientos o parqueos, es decir, deben de existir espacios designados especialmente para aquellas personas que porten su vehículo debidamente identificado o transporten a personas con algún tipo de discapacidad, requieran de un mayor espacio para el manejo de equipo.

Tal como se ha mencionado, las condiciones varían conforme transcurre el tiempo, surgiendo nuevas necesidades o identificándose algunas que, aunque su existencia cuenta ya con algunos años, no había sido identificada como tal, convirtiéndose en una necesidad la actualización de la normativa existente, tales como principios, terminología y necesidades.

Por las razones antes expuestas someto a conocimiento y valoración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley “REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO AL ESPACIO FÍSICO” DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996, Y SUS REFORMAS”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA PARCIAL DEL TÍTULO II, CAPÍTULO IV “ACCESO AL ESPACIO FÍSICO” DE LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se modifica el capítulo IV “Acceso al espacio físico”, artículos 41, 42, y 43 de la Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 29 de mayo de 1996, y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 41- Especificaciones técnicas reglamentarias

El entorno físico, las edificaciones y construcciones realizadas, así como las nuevas, las ampliaciones o remodelaciones de estos, entre ellos parques, aceras, jardines, plazas, gimnasios, anfiteatros, estadios, vías, servicios sanitarios, centros educativos, instalaciones médicas y otros espacios de propiedad pública y privadas, deberán cumplir con las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia con fin de favorecer el acceso universal.

Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia y brinden atención al público deberán contar con las mismas características establecidas en el párrafo anterior. Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de cualquier carácter, financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos, las viviendas asignadas a personas con discapacidad o familias  de personas en las que uno de sus miembros sea una persona con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que garantice su fácil acceso.

El diseño del entorno físico, las edificaciones y construcciones señaladas en el párrafo primero de este artículo deberán contener un enfoque de accesibilidad universal y tener en consideración las necesidades y requerimientos particulares de las personas.

Artículo 42- Requisitos técnicos de los pasos peatonales

Los pasos peatonales, en sus distintos diseños, contarán con los requisitos técnicos necesarios como: rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles con el fin de garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con discapacidad.

Artículo 43- Estacionamientos

Los establecimientos públicos y privados de servicio al público que cuentan con estacionamientos, así como los estacionamientos señalizados en la vía pública, deberán ofrecer un cinco por ciento (5%) del total de espacios destinados, expresamente a estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten, pero en ningún caso podrán reservarse para ese fin menos de dos espacios. Esos vehículos deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), por un plazo de cinco años, posterior al cual deberá ser renovada.

Rige a partir de su publicación

María José Corrales Chacón

Diputada

NOTA:   Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022643857 ).

PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DE UN ARTÍCULO 22 BIS A LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29

DE MAYO DE 1996, Y SUS REFORMAS

Expediente N° 23.028

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El tema de la no discriminación ha sido abordado en distintas legislaciones costarricenses, pero se constituye especialmente como un principio, el cual tutela y resguarda los derechos de toda la población, sin distinción de nacionalidad, etnia, idioma, religión, alguna discapacidad, entre otras, ante temas como acceso a la educación, trabajo justamente remunerado, acceso a servicios de salud, por ejemplo.

La no discriminación se ha convertido en una bandera portada por un sinnúmero de países y diversas poblaciones, convirtiéndose en un tema actual, que permite acogerse ante situaciones violatorias de derechos humanos.

Debido al periodo de surgimiento de la Ley 7600 existe la necesidad de actualizar alguna terminología e incorporar algunos elementos que permitan hacer efectivo el goce y disfrute de los derechos sin restricción, pero aún más importante, colocar herramientas reales.

Por las razones antes expuestas someto a conocimiento y valoración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley “CREACIÓN DE UN ARTÍCULO 22 BIS Y 30 BIS A LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996, Y SUS REFORMAS”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CREACIÓN DE UN ARTÍCULO 22 BIS Y 30 BIS

A LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO

DE 1996, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1-          Se adiciona un artículo 22 bis a la Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 29 de mayo de 1996 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 22 bis-         Actos de discriminación

Se considerará actos de discriminación al acceso a la educación pública o privada, la negación del ingreso o la restricción de una persona al sistema educativo por motivo de discapacidad, además de exigir requisitos adicionales a los establecidos. También la denegación de ajustes razonables o servicios de apoyo que impidan el desarrollo pleno de las personas con discapacidad en el sector educativo.

ARTÍCULO 2-          Se adiciona un artículo 30 bis a la Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 29 de mayo de 1996, y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 30 bis-         Actos de discriminación en el empleo

Se considerarán actos de discriminación el emplear en el reclutamiento y la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir a las personas con discapacidad requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo. También se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos. Además, de no realizar los ajustes razonables o brindar los productos y servicios de apoyo o no cumplir con el porcentaje de vacantes para personas con discapacidad, se considerarán como actos de discriminación

Rige a partir de su publicación.

María José Corrales Chacón

Diputada

NOTA:     Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022643860 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA RESGUARDAR LA EFECTIVA OPERACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
DE COSTA RICA

Expediente N.° 23.004

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El espíritu del diputado proponente de esta iniciativa de ley es resguardar la operación efectiva del Benemérito Cuerpo de Bomberos asegurando evitar que el tema presupuestario no sea un obstáculo en su noble e importante labor de salvar vidas y resguardar los bienes de muchos costarricenses ante el peligro de los incendios estructurales, forestales y otras emergencias que puedan suceder; así como, desastres naturales a los que como país estamos expuestos. De igual forma se busca con esta iniciativa modificar el Régimen de Bomberos Voluntarios para que su reglamentación y normativa pase de ser sometido a la Junta Directiva del INS a ser el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos quien regule este tema. Además, por recomendación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica se propone modificar el artículo 40 de la Ley N.° 8228, “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, para que en lugar de “impuesto sobre las ventas”, se indique “impuesto al valor agregado”.

Con la modernización del Estado Costarricense, desde inicios del presente siglo, se identificó la necesidad jurídica de dotar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (CB) de mayores capacidades institucionales, legales, operativas y financieras, acorde a las necesidades del país, de ahí que en el 2002 se aprobó la Ley N.° 8228,

“Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, que lo instituyó como un órgano de mínima desconcentración, adscrito al Instituto Nacional de Seguros, naturaleza jurídica que fue transformada a órgano de máxima desconcentración, siempre adscrito al ente asegurador, mediante la reforma a la Ley N.° 8228 generada por la promulgación de la Ley N.° 8653, “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”, de 7 de agosto de 2008.

Posteriormente, se creó la Ley N.° 8992, “Fortalecimiento económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 22 de diciembre de 2011. Estas leyes tuvieron como objetivo fundamental, fortalecer las capacidades de esta benemérita organización, para que pudiera brindar una mayor cobertura en atención de emergencias y por ende en la seguridad ciudadana. En su momento el legislador, muy sabiamente, estableció las funciones y responsabilidades de este órgano, cual es, la atención de incendios y situaciones específicas de emergencias, dotándole de los recursos necesarios fuera del presupuesto del Gobierno central, para que pudiera cumplir a cabalidad, con la misión encomendada.

Sin lugar a dudas, el Cuerpo de Bomberos es una institución de primera respuesta sui generis en el país y para la lógica de un Estado Social de derecho, como el costarricense, se aboga para que este tipo de organizaciones públicas, sean lo más eficientemente posible en sus servicios a la ciudadanía –en este caso en seguridad y prevención humanas-, que sean financieramente sostenibles para atender la diversidad y complejidad de operaciones dictadas por el bloque de legalidad, con capacidades técnicas y de infraestructura acordes a las necesidades presentes y futuras.

La promulgación de normas como la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018, pese a su sano afán de regular el presupuesto y gasto público, está condicionando severamente las efectivas operaciones del Cuerpo de Bomberos. Esto a pesar de que el espíritu del legislador, para instaurar la regla fiscal establecida en la Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, de 4 de diciembre de 2018, se nutrió de la necesidad nacional de regular el gasto público, afectando el presupuesto general de la República, pues es precisamente dicho gasto el que en forma progresiva ha comprometido el equilibrio de las finanzas públicas.

Pese a tan claro propósito legislativo, la Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, de 4 de diciembre de 2018, vino a limitar el uso de los recursos y con ello el accionar de múltiples instituciones afectando fuentes de financiamiento ajenas al presupuesto general de la República como el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que por disposición del artículo 40 de la Ley N.° 8228, “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, es directamente financiado con un 4% de las primas de los seguros vendidos en el país, el canon que en favor del Cuerpo de Bomberos pesa sobre el consumo eléctrico y el remanente que generan las actividades especiales a cargo de dicha organización, entre ellas, el visado de planos constructivos, a efecto de verificar los estándares mínimos de seguridad y protección humanas.

Así las cosas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, pese a ser extraño al espíritu de la citada Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, de 4 de diciembre de 2018, y tener fuentes de financiamiento ajenas al presupuesto general de la República, subyace impropiamente inserto en dicha norma, generándose, como se dijo, una significativa inquietud, cual es la impotencia de acceder oportunamente a los recursos que le permitan estar en armonía con la creciente siniestralidad, en materia de seguridad humana y su correlativa complejidad.

Es así como, conscientes de la realidad nacional costarricense, el Cuerpo de Bomberos hace una solicitud especial a las y los señores diputados para excluir al Cuerpo de Bomberos de la regla fiscal, petición también respaldada por el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, según se manifiesta en el acuerdo VII de la Sesión ordinaria 0154, celebrada el 26 de marzo del año 2020, donde acordó los siguientes dos puntos:

1. Instruir a la Administración para que en adelante y en aras de preservar la continuidad operativa de la Organización, realice las gestiones que sean necesarias para promover ante la Asamblea Legislativa la presentación y seguimiento del proyecto de ley mediante el cual se disponga que, de manera total o temporal, el Cuerpo de Bomberos quede exento de los alcances del título IV de la Ley 9635.

2. Que se aproveche la presentación de dicha iniciativa para insertar los ajustes que la Ley 8228 requiera.

El Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos fundamentó su decisión de solicitar la exclusión del Cuerpo de Bomberos de la regla fiscal ante la necesidad de un esencial y sostenible crecimiento técnico, operativo y de infraestructura del Cuerpo de Bomberos, es así como por las razones expuestas se plantea el presente el proyecto legislativo.

En el ámbito de ejecución presupuestaria se suele afirmar que las instituciones públicas no generan una ejecución presupuestaria satisfactoria; sin embargo, tratándose del Cuerpo de Bomberos dicha afirmación resulta inaplicable, en el tanto y cuanto desde el 01 de enero de 2010, cuando se materializó su máxima desconcentración del Instituto Nacional de Seguros, ha tenido una ejecución presupuestaria promedio del 94%, con lo cual se acredita que históricamente y en función del compromiso social asociado al artículo 3 de la Ley N.° 8228, “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, a partir del 2010 ha invertido en seguridad humana todos sus ingresos, motivo por el cual desde el 2018 resulta funcional, social y normativamente contraproducente e inaceptable que dicha inversión sea menor, pese al crecimiento en número y complejidad de incidentes, producto del inexorable crecimiento urbanístico, industrial y comercial.

A pesar de estos niveles de ejecución presupuestaria, este Benemérito Cuerpo de Bomberos aún tiene grandes deficiencias, particularmente estructurales en muchas estaciones del país que urgen de una compra de terrenos, de construcción de estaciones modernas que les permitan cumplir con sus funciones, así como la compra de maquinaria, vehículos, camiones y otras herramientas fundamentales para este ente. De igual forma, este ente necesita brindar capacitaciones constantemente a su personal y dotar de más personal a diversas estaciones que ven en constante aumento las emergencias que atienden.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo ha promovido diferentes iniciativas de ley bajo la premisa que una emergencia se puede alargar en el tiempo y puede ser requerida dicha flexibilización por un plazo mayor al estipulado, situación vivida durante la atención de esta emergencia por covid-19, en la que el Cuerpo de Bomberos se vio obligado a solicitar la excepción de aplicación de la regla fiscal, con la finalidad de poder contar los recursos suficientes para poder implementar todas las acciones internas y externas y brindar toda la colaboración directa con las diferentes autoridades, en pro de la atención de la emergencia, situación que no hubiera sido posible si se seguía aplicando la regla fiscal al Cuerpo de Bomberos, tal cual está prevista en la Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, de 4 de diciembre de 2018.

Este órgano ha sufrido las consecuencias inmediatas de la aplicación de la regla fiscal que desaceleran sus gestiones disminuyendo en aproximadamente cinco mil millones de colones. De conformidad con la normativa, el presupuesto institucional inicial del 2020 sufrió un sustancial recorte que en lo de interés limita preocupantemente, el accionar operativo del Cuerpo de Bomberos, sobre todo si se toma en cuenta que la dinámica de la referida norma restrictiva implica insalvablemente la continuada reducción presupuestaria de las instituciones, entre ellas, de la referida benemérita organización.

Adicionalmente, esta premisa de exclusión se sustenta en hechos como que el Cuerpo de Bomberos no se financia con presupuesto del Gobierno central, sino con tributos cuya recolección no se ve afecta por las leyes o recortes de gasto público, pues se obtienen principalmente a través de cobros directos que se hacen a los ciudadanos en la factura eléctrica o en las primas de los seguros, por lo que, aunque Bomberos capte estos recursos, no puede invertirlos en el servicio requerido por las comunidades, dadas las restricciones que le impone la regla fiscal.

También es bien sabido que la regla fiscal busca atender recorte de gastos para bajar la deuda pública; no obstante, se reitera que el Cuerpo de Bomberos no es financiado con deuda pública, sino con tributos o impuestos y que en ambos casos no se están viendo afectados dichos ingresos, pero el impacto sí está siendo visible, con la disminución de recursos y capacidades a la hora de brindar los servicios a las comunidades.

De conformidad con lo expuesto, desde el punto de vista normativo, técnico y administrativo, resulta evidente, incuestionable y perentorio que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por la naturaleza de sus ingresos y la trascendencia social de sus funciones, entiéndase, de interés público, no debe ser parte de las instancias administrativas grabadas con la regla fiscal.

OTRAS MODIFICACIONES ADICIONALES A LA LEY N.° 8228, “LEY DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA” DE 24 DE ABRIL DE 2002

El Cuerpo de Bomberos considera importante aprovechar esta gestión legislativa para fortalecer otros aspectos que han sido identificados a lo interno y externo de la organización, que son necesarios actualizar y que por estar en sintonía con el resguardo de las efectivas operaciones del Cuerpo de Bomberos es que son incorporados en este proyecto de ley.

De tal modo, el artículo 9 sobre el régimen de los bomberos de la Ley N.° 8228, “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, versa sobre el Régimen de Bomberos Voluntarios, que actualmente su reglamentación y normativa debe ser sometido a la Junta Directiva del INS cada vez que se planteen reformas o mejoras, empero, la efectiva canalización debe ser planteada en cada oportunidad ante el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, lo anterior, en concordancia al artículo 2 de la Ley N.° 8228, “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, en el tanto y cuanto la personalidad jurídica instrumental de la organización está prevista entre otros supuestos a la administración del recurso humano.

Por otro lado, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) en el oficio DM-1471-2019, dirigido a la Asamblea Legislativa en el marco del expediente legislativo N.° 21166, Reforma del artículo 1 de la Ley N.° 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, hizo la recomendación puntual siguiente: “también debería modificarse la Ley N.° 8228, en el artículo 40 inciso g) en su párrafo quinto, para que en lugar de “impuesto sobre las ventas” indique “impuesto al valor agregado”. Por tal recomendación, esta modificación es incorporada en el presente proyecto legislativo.

Por lo anterior, y de conformidad con lo expuesto, la exclusión del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de la regla fiscal que generó la promulgación de la Ley N.° 9635, es un tema país que debe ser seriamente analizado y resuelto positivamente por el Poder Legislativo, a sabiendas, que desde el 2019 se ha generado una situación que próximamente puede salirse del control de dicha organización, irrumpiéndose de esa manera el deber del Estado previsto en el artículo 13 de la Ley N.° 8228, “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de 24 de abril de 2002, que a la letra dispone lo siguiente:

Artículo 13.- Obligación de prevenir

La prevención de los incendios y las situaciones específicas de emergencia es responsabilidad del Estado costarricense, sus instituciones y órganos, así como de todos los habitantes del territorio nacional. –Se suple el énfasis-.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA RESGUARDAR LA EFECTIVA OPERACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
DE COSTA RICA

ARTÍCULO 1- Se adiciona un inciso h) al artículo 6 del título IV Responsabilidad Fiscal de la República, capítulo I Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios, de la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018, cuyo texto dirá:

Artículo 6- Excepciones

Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones:

[…]

h) El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, creado mediante la Ley N.° 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de 24 de abril de 2002.

ARTÍCULO 2- Se modifica el artículo 9 de la Ley N.° 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de 24 de abril de 2002 para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 9- Régimen de los bomberos

Para el ejercicio del cargo, los bomberos serán funcionarios con la autoridad, las facultades y las atribuciones que les brinda la presente ley, su reglamento y la demás reglamentación emitida al efecto por el Instituto Nacional de Seguros (INS). El régimen disciplinario de los bomberos deberá corresponder con la naturaleza de sus funciones y la importancia de su cometido público.

El régimen laboral, la jornada de trabajo y el régimen de jubilación de los trabajadores integrantes del Cuerpo de Bomberos deberán atender las condiciones especiales de la prestación de sus servicios y los derechos laborales incluidos en la legislación y la convención colectiva vigentes.

El Régimen de los Bomberos Voluntarios, Brigadistas y otros de simular naturaleza serán reglamentados por el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos.

ARTÍCULO 3- Se modifica el quinto párrafo del inciso g) del artículo 40 de la Ley

N.° 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de 24 de abril de 2002 para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 40- Financiamiento del Cuerpo de Bomberos

Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado, exclusivamente, al financiamiento de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por:

[…]

g)

[…]

De este tributo se excluye el monto cancelado por concepto del impuesto al valor agregado.

[…].

Rige a partir de su publicación.

Roberto Hernán Thompson Chacón

Diputado

05 de mayo de 2022

NOTA:      Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2022643862 ).

DECRETOS

N° 43491-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

En uso de las facultades conferidas en los artículos 50, 140 incisos 3), 8), 18) y 20, y el artículo 146 de la Constitución Política; artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995; artículo 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública N0 6227 del 2 de mayo de 1978; la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificada mediante la Ley N° 7414 del 13 de junio de 1994; la Aprobación del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado mediante la Ley N° 8219 del 08 de marzo de 2002; el Acuerdo de París, ratificado mediante la Ley N° 9405 del 04 de octubre de 2016; y, el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto Ejecutivo N° 35669-MINAET del 04 de diciembre de 2009.

Considerando:

I.—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, el Estado debe procurar el mayor bienestar a todas las personas habitantes del país, además de preservar el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual comprende para su realización, una serie de principios, entre los que se encuentran: el principio de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado, el principio precautorio, principio de progresividad y no regresión de la protección ambiental, principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, principio del efectivo acceso a información ambiental, el principio de máxima divulgación de la información en materia ambiental, la debida coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente, la participación ciudadana en asuntos ambientales, comprendidos por la Sala Constitucional como parte de los principios constitucionales ambientales.

II.—Que el Derecho de la Constitución en materia ambiental, comprende estos principios, esenciales para la acción estatal en la materia; y al respecto, la jurisprudencia constitucional señala: “ (…) la Constitución Política enfatiza que la protección del medio ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.” véase entre otras: Resolución N° 6322-2003 de las 2:14 horas del 3 Julio del 2003 y Resolución No. 20355-2018 de las 10:30 horas del 7 de diciembre del 2018, de la sala constitucional.

III.—Que el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

IV.—Que la Sala Constitucional a través dé su jurisprudencia ha determinado que “...el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no tienen únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 70 constitucional, sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura, protección o tutela de un determinado derecho, deben prevalecer por sobre éstos; lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política...” (Resolución N° 2007-01682 de las 10:34 horas del 9 de febrero de 2007).

V.—Que los Principios 8, 9 y 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, respectivamente, refieren: al deber de los Estados parte de procurar una mejor calidad de vida y reducir las acciones insostenibles, procurar el fortalecimiento de sus capacidades para el desarrollo sostenible mediante el aumento del saber científico, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras, que requiere que todas las personas tengan acceso adecuado a la información ambiental de que dispongan las autoridades públicas, con el fin de facilitar los procesos de participación pública en asuntos  ambientales.

VI.—Que Costa Rica ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) mediante la Ley N° 7414 del 13 de junio de 1994 y el Acuerdo de París mediante la Ley N0 9405 del 04 de octubre de 2016, y que bajo este último en su artículo 7 se establece: “el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el artículo 2”. adicionalmente, el párrafo 9 del mismo artículo en cita, indica que las partes emprenderán procesos de planificación de la adaptación y adopción de medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas y/o contribuciones pertinentes, incluyendo, la aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación; y, procesos de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación.

VII.—Que la decisión 1/CP.16 de 2010, como parte de los Acuerdos de Cancún y del Marco de Adaptación de Cancún, establece el proceso para formular e implementar Planes Nacionales de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés), con el fin de permitir que los países menos desarrollados formulen e implementen NAP, como un medio para identificar necesidades de adaptación de mediano y largo plazo y desarrollar e implementar estrategias y programas para abordar esas necesidades. Adicionalmente, la decisión 5/CP.17, que describe la planificación para la adaptación a nivel nacional como un proceso continuo, progresivo e iterativo, cita como los objetivos de los NAP, en el párrafo 1, los siguientes: “reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático mediante el fomento de la capacidad de adaptación y de la resiliencia; facilitar la integración de la adaptación al cambio climático, de manera coherente, en las políticas, las actividades y los programas pertinentes nuevos y ya existentes, particularmente en los procesos y estrategias de planificación del desarrollo, en todos los sectores en que corresponda y a diferentes niveles, según proceda.”

VIII.—Que el Decreto Ejecutivo N° 41091-MINAE del 20 de abril de 2018, en atención al deber de procurar el mayor bienestar de las personas habitantes del país y los compromisos nacionales e internacionales en materia de adaptación al cambio climático, oficializó la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2018-2030 y, que desde su oficialización, el país ha continuado realizando avances significativos, continuos, progresivos e iterativos en la gobernanza y acción para la adaptación, tal y como lo refleja el capítulo de adaptación de la 4ta Comunicación Nacional ante la CMNUCC, publicada en diciembre 2021.

IX.—Que en diciembre de 2020, Costa Rica presentó su II Contribución Nacionalmente Determinada y como parte de los compromisos adquiridos por medio del Acuerdo de París, en la cual se incluyó la Comunicación Nacional sobre Adaptación, que indica: “Costa Rica está comprometida con el fortalecimiento de las condiciones de resiliencia social, económica y ambiental del país ante los efectos del cambio climático. El país planea hacerlo mediante el desarrollo de capacidades e información para la toma de decisiones, la inclusión de criterios de adaptación en instrumentos de financiamiento y planificación, la adaptación de los servicios públicos, sistemas productivos e infraestructura, y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.”

X.—Que atendiendo el cumplimiento de un desarrollo sostenible en forma integral, se ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, garantizar el desarrollo y bienestar humano, promoviendo un uso adecuado de los recursos naturales y una repartición justa y equitativa de sus beneficios con una participación local que asegure la transparencia y lucha contra la corrupción. Lo anterior ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas en el 2015 y al Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo sostenible firmado el 9 de setiembre del 2016 por los Poderes Supremos de la República.

XI.—Que la Dirección de Cambio Climático de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto Ejecutivo N° 35669-MINAE del 04 de diciembre de 2009, tiene como función, la creación e integración de conocimiento, para mejorar el estado de preparación y respuesta con base en la adecuada identificación y planificación de las acciones medulares, para la construcción de nuevas capacidades para la  mitigación y adaptación ante el cambio climático.

XII.—Que el Decreto Ejecutivo N° 40710-MP-MINAE-PLAN del 4 de agosto de 2017, Reglamento operativo de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA), reitera y reconoce la rectoría del Ministro o Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con respecto al sector ambiente y energía, además de instrumentalizar y operativizar dicha rectoría, para lo cual, se le han asignado funciones de planificación sectorial e institucional que coinciden y corresponden, también al  seguimiento de la PNACC y su respectivo Plan de Acción.

XIII.—Que la Adaptación es el rostro humano del Cambio Climático y definirá el futuro de los países, ya que no es sólo un problema medioambiental sino de desarrollo. El Cambio Climático, afecta a todos los ministerios del gobierno y sectores de la economía nacional. Adicionalmente, es un factor de riesgo que se suma a las condiciones de pobreza, degradación ambiental, mal ordenamiento territorial, que inciden en la seguridad y calidad de vida de las y los costarricenses y futuras generaciones.

XIV.—Que el proceso de creación del Plan Nacional de Adaptación 2022 - 2026, como plan de acción a la PNACC, tomó lugar entre 2020 y 2022, con la participación de docenas de personas de diferentes sectores, la coordinación de un Comité liderado por la Dirección de Cambio Climático(DCC)-MINAE y consultores, a cargo de preparar el documento, así como un Comité Consultivo conformado por representantes de distintas organizaciones y sectores, quienes brindaron retroalimentación durante las distintas etapas de elaboración, el cual fue desarrollado sobre la base de las “Directrices técnicas para el proceso del PNA para países menos adelantados (LDC por sus siglas en inglés)#, de la CMNUCC.

XV.—Que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y sus reformas, se determinó que la presente propuesta no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir, situación por la que no se procedió con el trámite de control previo. Por tanto,

Decretan:

“Oficialización y Declaratoria de Interés Público del

Plan de Acción 2022-2026 de la Política Nacional

de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030”

Artículo 1°—Oficialización. Oficialícese el Plan de Acción 2022-2026 de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, también denominado como “Plan Nacional de Adaptación”, o “NAP” por sus siglas en inglés en los términos de la CMNUCC y el Acuerdo de París. La versión integral del Plan de Acción mencionado estará disponible en la página electrónica del Ministerio de Ambiente y Energía www.minae.go.cr y la versión impresa se custodiará en el archivo institucional de la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente y Energía.

Artículo 2°—Abreviaturas. Para efectos del presente Decreto, se deben considerar las siguientes abreviaturas.

a)  CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

b)  DCC: Dirección de Cambio Climático.

c)  MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía.

d)  NAP: Plan Nacional de Adaptación, por sus siglas en inglés.

e)  NDC: Contribución Nacionalmente Determinada, por sus siglas en inglés.

f)  ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

g)  SINAMECC: Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático.

h) SiPECC: Sistema de Planificación Estratégica de Cambio Climático.

i)   SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental.

j)   PNACC: Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Artículo 3°—Órganos de seguimiento y coordinación del NAP. El MINAE, por medio de la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente y Energía, en conjunto con la DCC, serán los órganos encargados del seguimiento de las acciones establecidas en el NAP, así como de la coordinación interinstitucional necesaria para velar porque las instituciones responsables y los   actores asociados, cumplan con los compromisos adquiridos que se encuentran establecidos en la versión integral del NAP.

Las instituciones responsables, tendrán la obligación de reportar avances anuales, con base en lo establecido en la estrategia de monitoreo y seguimiento del NAP, como ejercicio de rendición de cuentas sobre cada actividad o producto específico según les corresponda, de manera conjunta con las entidades asociadas, cada una de estas dentro del ámbito de sus competencias y compromisos.

Artículo 4°—Objetivo del NAP. El Plan Nacional de Adaptación tendrá por objetivo orientar las acciones de la PNACC, durante el periodo 2022-2026, hacia la consecución de un modelo de desarrollo que garantice la resiliencia climática de la sociedad costarricense, que evite las pérdidas humanas y modere los daños materiales generados por los efectos adversos del cambio climático, que contribuya a aumentar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y que aproveche oportunidades para innovar y transformar los sectores productivos y asegurar la continuidad de los servicios.

Artículo 5°—Alcance e instrumentalización de la PNACC por medio del NAP. El NAP identifica acciones, productos e indicadores específicos, para cada uno de los ejes, metas y lineamientos para la adaptación al cambio climático en el país, establecidos en la PNACC. La definición de acciones específicas bajo cada lineamiento, con instituciones responsables y actores asociados, asegura que el NAP contribuya a la ejecución de la PNACC, con el debido seguimiento y responsabilidades asignadas.

En aquellos ejes y metas que el NAP establezca acciones puntuales y atendibles, por parte de instituciones específicamente mencionadas, así como en aquellos indicadores de monitoreo y seguimiento que establece el NAP y que complementan la PNACC, ante casos de discrepancias,  se tomarán como válidos y vigentes, los establecidos en el NAP, al representar un instrumento de implementación de política pública que proporciona mayor detalle y que actualiza los compromisos nacionales e internacionales en la materia.

Artículo 6°—Ámbito de aplicación. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N041091-MINAE del 20 de abril de 2018, que oficializa la PNACC, las dependencias del sector público, central o descentralizado, así como aquellas instituciones privadas que hayan asumido compromisos de manera voluntaria, serán responsables del cumplimiento de las actividades asociados a cada meta y lineamiento, así como la consecución de los productos indicados en el NAP dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus competencias y con base en los compromisos adquiridos durante el proceso participativo de co-creación del Plan de Acción 2022-2026, bajo la coordinación y compilación de la DCC y de la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente y Energía. Asimismo, las entidades identificadas como actores asociados, contribuirán en la consecución de estas actividades y productos, en calidad de apoyo y acompañamiento de las entidades identificadas como responsables y dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 7°—Actualización. De previo al vencimiento del plazo de vigencia del NAP, la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente y Energía en conjunto con la DCC, deberá asegurar en el año 2026, la actualización del Plan de Acción para el periodo 2027-2030, en aprovechamiento del Ciclo Nacional de Ambición y de las herramientas existentes para garantizar que su diseño responda, como mínimo, a los mismos principios y bases metodológicas con las que fue diseñado el NAP vigente, garantizando el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales y la mayor ambición posible.

Artículo 8°—Principios orientadores. Las instituciones responsables y los actores asociados, deberán guiarse por los siguientes principios orientadores establecidos en la PNACC, durante la implementación de las acciones y productos detallados en el NAP:

a)   Resiliencia. Capacidad de los sistemas humanos y naturales para hacer frente a la adversidad y superar las contingencias, preservando y restaurando las estructuras y funciones básicas, así como de transformar positivamente ante eventos adversos.

b)    Transformación. Cambio estructural en la dimensión institucional, cultural, tecnológica, económica y ecológica de un sistema determinado hacia nuevas sendas de desarrollo. Implica cambios en los sistemas productivos, la inversión pública, la planificación urbana y territorial, para incidir positivamente en los factores subyacentes del riesgo y evitar la ocurrencia de daños y pérdidas ante eventuales impactos climáticos.

c)     Innovación y competitividad. Surgimiento de nuevos productos, técnicas o servicios útiles, mediante una mayor inversión en investigación en ciencia y tecnología orientada al desarrollo de alternativas novedosas y creativas, que contribuyan a la adaptación, la economía social y la eco-competitividad bajo un enfoque de continuidad de negocios.

d)   Participación e inclusión. Acciones afirmativas dirigidas a garantizar la equidad de género y la inclusión de grupos particularmente vulnerables ante el cambio climático, mediante el establecimiento de espacios deliberativos con representantes de la sociedad civil organizada y miembros de las comunidades vulnerables para discutir y aportar a la co-creación de políticas públicas y planes de adaptación.

e)     Transparencia y rendición. Facilitación del acceso a la información como catalizador de la acción individual y colectiva en materia climática, de manera que se garantice una mejor toma de decisiones y eficiencia en el uso de los recursos.

f)     Equidad social. Distribución justa de las posibilidades y oportunidades de acceso a recursos, bienes y servicios, para promover, mejorar y mantener la salud individual y colectiva, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables al cambio climático.

g)   Universalidad. Responsabilidad del Estado de garantizar, bajo un enfoque de derechos humanos, la continuidad de los servicios a las personas y al ambiente, sin límites geográficos, sociales, económicos y culturales.

h)    Prevención. Deber de tomar medidas basadas en la mejor información científica posible (escenarios de riesgo) para evitar impactos negativos y favorecer la acción anticipada, tanto nacional como local, ante el riesgo climático (cultura de prevención), para reducir la vulnerabilidad, la exposición y la creación de amenazas socio-naturales.

i)    Flexibilidad. Revisión continua de los ejes y actuaciones para la adaptación al cambio climático, considerando escenarios de incertidumbre y cambio constante, con base en la ciencia y las proyecciones climáticas.

j)     Continuidad de negocios y servicios. Capacidad de mantener o reanudar la actividad productiva y comercial o un servicio público detenmnado, luego de una inten•upción atribuible a eventos climáticos extremos

k)    Sostenibilidad económica y fiscal. La acción para la adaptación frente al cambio climático permite evitar pérdidas o reducir los daños que incidirían sobre la sostenibilidad presupuestaria y fiscal.

l)      Sostenibilidad e interdependencia. Reconocimiento de la relación intrínseca entre la sociedad y los elementos del ambiente para fomentar un modelo de desarrollo que permita la continuidad de la vida humana y natural. Las acciones de adaptación deben velar por la integridad ambiental y evitar los impactos no deseados en los recursos naturales y económicos existentes, para beneficio de las generaciones presentes y futuras.

m)   Territorialidad, interterritorialidad y descentralización. Articulación de la política pública climática en todos los niveles territoriales para asegurar su transversalidad y su correcta implementación desde lo nacional hacia lo local. La descentralización busca fortalecer la gestión municipal del territorio, incluyendo los procesos de intervención, la organización del desarrollo local y la transformación de las condiciones de vulnerabilidad y exposición ante amenazas hidrometeorológicas. El principio de interterritorialidad   faculta a los gobiernos locales a asociarse y articularse en torno a recursos compartidos, como las cuencas hidrográficas, los acuíferos y los ecosistemas de humedal, para mejorar su manejo y favorecer la adaptación de la población ante los impactos del cambio climático.

n)    Intersectorialidad. Coordinación interinstitucional para potenciar las sinergias y la interrelación de competencias y responsabilidades de todos los sectores sociales y productivos, a fin de reducir su vulnerabilidad y su exposición a los efectos adversos del cambio climático.

o)    Responsabilidades compartidas público-privadas. Impulso a procesos de co-creación de alianzas y coordinación entre instituciones de los sectores público y privado, facilitando el flujo de información y el intercambio de conocimientos para lograr acuerdos y compromisos en materia de acción, así como su implementación, y teniendo en cuenta tanto las responsabilidades comunes como las capacidades diferenciadas de cada uno.

Artículo 9°—Enfoques conceptuales y metodológicos para la adaptación. De la mano con los principios orientadores y, como base para el desarrollo de las acciones y la implementación del NAP, las instituciones responsables y actores asociados, deberán aplicar los siguientes enfoques conceptuales y metodológicos durante la implementación de acciones de adaptación:

a)  Enfoque de Derechos Humanos.

b)  Enfoque de equidad de género.

c)  Enfoque de respeto a las particularidades culturales de los pueblos indígenas

d)  Enfoque de adaptación integrada de ecosistemas, comunidad y gestión del riesgo.

Artículo 10.—Vinculación con otros esfuerzos institucionales de acción climática. Los órganos de seguimiento y coordinación del NAP, según lo dispuesto en el artículo 3 del presente Decreto Ejecutivo, velarán porque el cumplimiento e implementación del Plan, se desarrolle en armonía con otras políticas públicas de acción climática desarrolladas por el MINAE, así como por el resto de instituciones públicas del Estado. Particularmente, el seguimiento del NAP, deberá ejecutarse con base en las recomendaciones del SINAMECC y las futuras actualizaciones del NAP deberán realizarse en línea con lo establecido en el Ciclo Nacional de Ambición, como el proceso continuo, iterativo e inclusivo, que incorpora diversas cosmovisiones y conocimientos y que, basándose en la mejor ciencia disponible, planifica los esfuerzos necesarios para el adecuado monitoreo y actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y la Estrategia a Largo Plazo bajo el Acuerdo de París, en tanto incorpora de manera apropiada las perspectivas, necesidades y prioridades de los grupos más vulnerabilizados ante el cambio climático.

Artículo 11.—Divulgación de los avances y resultados del NAP. La DCC y la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente y Energía, deberán garantizar la divulgación de informes de avances y resultados de la implementación del NAP, por medio del SINAMECC, como plataforma oficial del Estado para la compilación, gestión y divulgación del conocimiento e información en materia de cambio climático, facilitando el acceso público y en formato abierto de los mismos.

Artículo 12.—Reformas. Refórmese los artículos 2, 3, 6 y 8 del Decreto Ejecutivo N° 41091MNAE “Oficialización de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático” del 20 de abril de 2018, para que en adelante se lean de la siguiente forma:

“Artículo 2°—Ámbito de aplicación. Todas las dependencias del Sector Público serán responsables de la implementación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de su Plan de Acción vigente, dentro de su ámbito legal respectivo y, en particular las instituciones con acciones y productos, asociados a  la implementación de los ejes, metas y lineamientos del Plan Nacional de Adaptación.

“Artículo 3°—Definición de Adaptación con visión transformativa. La Adaptación con visión transformativa implica un conjunto de acciones e intervenciones públicas o privadas de cara a los impactos probables del cambio climático, tendientes a reducir condiciones de vulnerabilidad que permitan moderar daños y evitar pérdidas, aprovechando las oportunidades para potenciar la resiliencia de sistemas económicos, sociales y ambientales, a escala nacional, regional o local.

“Artículo 6°.—Obligaciones de las Autoridades competentes. Las Instituciones Públicas con competencias específicas en la aplicación y desarrollo de las acciones y productos asociados a cada uno de los ejes, metas y lineamientos respectivos de la Política y el Plan de Acción vigente, dentro del marco legal respectivo, deberán incorporar el cumplimiento de estos compromisos en sus respectivos planes operativos institucionales y destinar los recursos presupuestarios y económicos necesarios, para atender la realización de las acciones en las que son identificadas como instituciones responsables o en las que coadyuvan como instituciones asociadas.

“Artículo 8°—Vinculación de políticas públicas a la planificación sectorial. Las instituciones públicas implementarán acciones que deberán enmarcarse en alguno de los seis ejes y respectivos lineamientos contenidos en la Política Nacional de Adaptación y de su Plan de Acción vigente y tendrán que ser incorporadas en sus planes operativos institucionales e incluidas en las futuras revisiones de sus planes estratégicos.

De acuerdo con los plazos establecidos en el Plan de Acción vigente de la presente política, las instituciones estatales deberán informar a la Secretaría Planificación Sectorial de Ambiente y Energía, la cual, a su vez, informará al Ministro o Ministra Rector y coordinará el seguimiento con la Dirección de Cambio Climático del MINAE.”

Artículo 13.—Interés público. Se declara de interés público la implementación del Plan de Acción 2022-2026 de la Política Nacional de Adaptación 2018-2030 como herramienta fundamental de la acción climática nacional, para enfrentar los efectos del Cambio Climático.

Artículo 14.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil veintidós.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Ambiente y Energía, Rolando Castro Córdoba.—1 vez.—( D43491 - IN2022643657 ).

N° 43492-MTSS-MDHIS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Y EL MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO

E INCLUSIÓN SOCIAL

Con fundamento los artículos 140, inciso 18, y 146 de la Constitución Política y en los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública y el Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN del 20 de junio del 2018 “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo”.

Considerando:

I.—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 29531-MTSS “Reglamento a las Leyes N° 4760 y sus reformas, Leyes N° 7083, 7151 y 7154 para el otorgamiento de escrituras de propiedad a los adjudicatarios de proyectos de vivienda IMAS”, publicado en La Gaceta N° 146, del 31 de julio del 2001, se regula la adquisición de bienes inmuebles por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, así como la titulación de dichos lotes y viviendas otorgados por la Institución, beneficios para financiar la adquisición de lotes con servicios a terceros.

II.—Que el Instituto Mixto de Ayuda Social, en la ejecución de sus procesos de Titulación de Tierras, ha identificado que los requerimientos y condiciones para la conformación de los expedientes administrativos de Titulación a favor de las personas beneficiarias, presentan una serie de aspectos normativos desfasados respecto al contexto operativo actual de la institución.

III.—Que el Instituto Mixto de Ayuda Social ha considerado necesario, para cumplir su misión, reformar la normativa vigente de los beneficios regulados en el Decreto Ejecutivo N° 29531-MTSS, en función de resguardar los fondos públicos, los intereses y expectativas de las personas beneficiarias y la ciudadanía en general, con el objetivo de reforzar las medidas de administración de riesgos para ejecutar estos beneficios dentro de un marco que razonablemente garantice su éxito.

IV.—Que, para tal fin, el Instituto Mixto de Ayuda Social ha manifestado su disposición de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad a su población objetivo, agilizando y depurando las normas y requisitos para conceder dichos subsidios.

V.—Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social N° 265-06-2019 del 24 de junio del 2019, se define que en aquellos casos que no se haya podido articular con la Oferta Programática de las instituciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, o de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se continúe con el beneficio para los siguientes casos excepcionales que estén en terrenos del IMAS bajo el principio de responsabilidad Administrativa.

VI.—Que la presente propuesta de Decreto fue conocida y aprobada por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio mediante oficio DMR-DAR-INF-161-2021.

VII.—Que lo ordenado por los artículos 40 al 42 de la Ley N° 4760, del 01 al 07 de la Ley N° 7151 y artículo 01 de la Ley N° 7154, son trámites establecidos por ley y que la Directriz N° 52-MP-MEIC, Moratoria a la Creación de Nuevos Trámites, Requisitos o Procedimientos al Ciudadano para la Obtención de Permisos, Licencias o Autorizaciones, que de conformidad con lo indicado en su artículo 2° inciso e), se podrán emitir modificaciones a los trámites, requisitos o procedimientos cuando se demuestre que el beneficio de dicha regulación es mayor al de su inexistencia, en el tanto se obtendría una simplificación sustancial del trámite del otorgamiento de escrituras del IMAS al suprimir muchos requisitos que hoy en día se consideran innecesarios y que pueden ser consultados directamente en bases de datos interinstitucionales. Por tanto,

Decretan:

REFORMAR LOS ARTÍCULOS 4, 5, 10, 14, EL TÍTULO

DEL CAPÍTULO X, ARTÍCULOS 24, 25 Y 25 BIS, ADICIÓN DEL ARTÍCULO 10 BIS Y DEROGAR EL ARTÍCULO 24 BIS DEL DECRETO EJECUTIVO N° 29531-MTSS “REGLAMENTO A LAS LEYES N° 4760 Y SUS

REFORMAS Y LEYES N° 7083, 7151 Y 7154

PARA EL OTORGAMIENTO DE

ESCRITURAS DE PROPIEDAD

A LOS ADJUDICATARIOS

DE PROYECTOS DE

VIVIENDA IMAS”

Artículo 1°—Refórmese los artículos 4, 5, 10, 14, el título del Capítulo X, 24, 25 y 25 bis del Decreto Ejecutivo N° 29531-MTSS, que se leerán de la siguiente manera:

“Artículo 4°—De los beneficiarios de la titulación: Serán beneficiarios de una titulación por su orden y con carácter prelativo:

a)  Las personas que posean un contrato de adjudicación suscrito por el IMAS. y aquellas que se encontraban dentro del núcleo familiar al momento de que se suscribió dicho instrumento legal, siempre y cuando continúen habitando el inmueble.

b)  Los herederos o legatarios de las personas descritas anteriormente, siempre y cuando estén habitando el inmueble, no posean otro inmueble inscrito a su nombre y no existan cesionarios o terceros de mejor derecho.

c)  Las personas que tuvieren mayor antigüedad de habitar en forma ininterrumpida en el inmueble, excepto si hubiesen renunciado o cedido sus derechos.

d)  Las personas que demostrasen un título válido ante el IMAS., de conformidad con el artículo 6º del presente Reglamento.

e)  Las personas que en el momento de la solicitud de titulación estén habitando el inmueble, si no se demostrase la existencia de terceros de mejor derecho.

f)   Las personas beneficiaras que sean recomendadas directamente por las Áreas Regionales de Desarrollo Social, en los casos en donde el terreno no tenga ocupación alguna.

En todos estos casos, en situación de igual, el IMAS buscará proteger, ante todo, el interés superior de los niños y niñas que habiten el inmueble, los adultos mayores y las personas que posean una discapacidad.”

“Artículo 5°—Requisitos: Para la autorización de los traspasos por parte del Consejo Directivo del IMAS a las personas beneficiarias se deberá de cumplir con los siguientes requisitos para ser incorporados al expediente respectivo:

a)  Contrato de Adjudicación del inmueble o Declaración Jurada (simple) de Posesión del Inmueble indicando el tiempo de ocupación de este (aportado por la persona solicitante, para lo cual deberán completar un formulario institucional destinado para este fin). Se exceptúan de este requisito las familias o personas beneficiaras que sean propuestas directamente por las Áreas Regionales de Desarrollo Social, en casos de terrenos sin ocupación.

b)  Plano Catastrado (con los visados correspondientes), acorde con las dimensiones del inmueble a titular. El cual podrá ser aportado por la persona solicitante, cuando lo tenga, o en su defecto por el IMAS.

c)  Informe de Valoración Técnica de una persona profesional del Área de Titulación, con base en una visita del inmueble donde recomiende la titulación de éste. El cual deberá ser aportado por el IMAS.

d)  Valoración social de las personas beneficiarias, por parte del Área Regional de Desarrollo Social del IMAS, en donde se recomiende el otorgamiento del beneficio, con la respectiva documentación que lo respalde. El cual deberá ser aportado por el IMAS.”

“Artículo 10.—Traspaso a título gratuito: El Consejo Directivo del IMAS podrá autorizar el traspaso del terreno y la vivienda a título gratuito a favor de las personas beneficiaras, bajo recomendación del Área Regional de Desarrollo Social, en los siguientes casos:

a)  Cuando las personas beneficiarias se encuentren en situación de pobreza, de acuerdo con el resultado de la valoración socioeconómica y parámetros institucionales.

b)  Cuando se demuestre la ocupación del inmueble en forma pacífica, pública e ininterrumpida con los integrantes de su núcleo familiar en situación de pobreza, durante un término no inferior a diez años.

c)  Cuando los inmuebles hayan sido donados al IMAS por particulares o terceros, específicamente con el objeto de ser destinados a proyectos de vivienda de interés social.”

“Artículo 14.—Levantamiento de limitaciones: Los propietarios de vivienda o lotes adquiridos de conformidad con las leyes N° 4760 y sus reformas y N° 7151 podrán solicitar la autorización al Consejo Directivo del IMAS para efectos de enajenación, hipotecas, compraventa, o arrendamiento de sus inmuebles a favor de terceros, previa recomendación técnica del Área de Titulación y recomendación social de Área Regional de Desarrollo Social.

Para lo cual las personas beneficiarias deberán aportar los siguientes requisitos:

a)  Solicitud de levantamiento de limitaciones por parte de las personas beneficiarias, la cual deberá incluir la debida justificación del trámite, los números de Folio Real y planos catastrados de las propiedades involucradas en el trámite, para lo cual deberán completar un formulario institucional destinado para este fin.

b)  Adicionalmente al formulario anterior las personas beneficiarias deberán adjuntar:

1.  En caso de Hipotecas (exclusivamente para mejoras de la propiedad a hipotecar), carta de la entidad autorizada o acreedora, especificando todas las condiciones del crédito.

2.  En caso de Hipotecas y que las personas beneficiarias posean un crédito anterior vigente, con hipoteca del inmueble, debe aportar una constancia del acreedor de estar al día en el pago o constancia de cancelado. La materialización de la venta de la propiedad y la adquisición de la nueva vivienda deberá ser en un mismo acto.

3.  En caso de Compraventa (siempre y cuando la familia posea otra opción de vivienda, o de lo contrario con el dinero de la venta se adquiera otra vivienda), opción de compraventa a favor de la persona que va a adquirir la propiedad emitida por las personas beneficiarias. Si la persona que va a comprar el inmueble titulado por el IMAS, lo hará con préstamo, éste debe aportar además la carta de la entidad autorizada o acreedora, especificando todas las condiciones del crédito.

4.  En caso de Compraventa, informe Literal del inmueble correspondiente a la nueva residencia las personas beneficiarias, inscrito a su nombre. En caso de que se requiera adquirir un nuevo inmueble, se deberá aportar opción de compraventa especificando todas las condiciones de este, con un plazo mínimo de 6 meses.

Para la inscripción de las limitaciones e de la hipoteca legal del Sistema Financiero Nacional para la vivienda en el Registro Público de la Propiedad, cuando el beneficiario opte para el bono familiar para la vivienda total, sin crédito, no se requerirá autorización previa del Consejo Directivo del IMAS.”

“CAPÍTULO X

Otorgamiento de beneficios para compra de lotes

para vivienda de interés social y compra

de vivienda de interés social”

“Artículo 24°—Otorgamiento de beneficios para compra de lotes para vivienda de interés social y compra de vivienda de interés social: El IMAS otorgará el subsidio a las personas o familias que habitan en terrenos propiedad del IMAS, en aquellos casos en donde no se haya podido articular con la oferta programática de las instituciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, o de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, bajo el principio de responsabilidad administrativa, cuando:

a)  Se encuentren ocupando terrenos con destino público.

b)  Se encuentren ocupando terrenos con situación o declaratoria de emergencia por inseguridad habitacional emitida por la CNE.

c)  Se encuentren ocupando terrenos con situación o declaratoria de inhabitabilidad según Orden Sanitaria por parte del Ministerio de Salud.

d)  Cuando se deban resolver problemas o situaciones de habitabilidad por mandato de un Órgano Jurisdiccional.

e) En casos asociados y referidos a procesos de titulación y adjudicaciones de terrenos propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Para la recepción del beneficio, la persona beneficiaria deberá consignar en la respectiva escritura de traspaso del inmueble, su anuencia a no gravarlo, traspasarlo o donarlo por el término de diez años contados a partir de la fecha de la respectiva escritura. Asimismo, para la ejecución del beneficio las personas afectadas no deben contar con otra vivienda propia ni terrenos inscritos a su nombre aptos para construcción de vivienda”.

“Artículo 25.—Requisitos del beneficio de compra de lotes para vivienda de interés social: Para el otorgamiento del subsidio, se deberán de cumplir los siguientes requisitos para ser incorporados al expediente respectivo:

a)  Opción de venta que indique el número de Folio Real inscrito ante Registro Nacional del bien inmueble a adquirir, con un plazo mínimo de seis (6) meses la cual, debe estar suscrita por el propietario del bien. En caso de que el inmueble forme parte del patrimonio de personas jurídicas, deben aportar certificación de personería jurídica, de no más de tres (3) meses de emitida por el Registro Nacional o bien por parte de notario público, que indique que quien firma, lo hace en calidad de representante legal de la misma. El cual deberá ser aportado por la persona solicitante.

b)  Plano catastrado del bien inmueble, de conformidad con las áreas mínimas establecidas en el Plan Regulador de la Municipalidad respectiva si existiere. El cual deberá ser aportado por la persona solicitante.

c)  Constancia municipal en la que se demuestre, que el bien a adquirir se encuentra al día en el pago de impuestos territoriales y municipales, que no tengan más de tres meses de emitida. El cual deberá ser aportado por la persona solicitante.

d) Certificado de uso de suelo, expedido por la Municipalidad respectiva, en el cual se establezca que el terreno a adquirir es de uso conforme para vivienda. El cual deberá ser aportado por la persona solicitante.

e) Constancia de las entidades autorizadas correspondientes, que garanticen el servicio de agua potable y de servicio eléctrico, del inmueble a adquirir. El cual deberá ser aportado por la persona solicitante.

f)   Tasación o avalúo del inmueble, donde se indique el valor del terreno y el costo de la vivienda cuando corresponda, el cual puede ser realizado por funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Banco Hipotecario de la Vivienda, municipalidades, profesionales competentes de la unidad técnica autorizada de la Subgerencia de Desarrollo Social, profesionales privados incorporados a los colegios respectivos, y profesionales adscritos al programa de responsabilidad social del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica; con especialidad en Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción, Ingeniería en Topografía o Arquitectura. El cual podrá ser aportado por la persona solicitante, cuando lo tenga, o en su defecto por el IMAS.

g)  Valoración técnica de una persona profesional en ingeniería civil, ingeniería en construcción o arquitectura, de la unidad técnica autorizada de la Subgerencia de Desarrollo Social, con base a los estudios técnicos realizados donde recomiende o no la compra del inmueble. El cual deberá ser aportado por el IMAS.

h)  Valoración social de las personas beneficiarias, por parte del Área Regional de Desarrollo Social del IMAS, en donde se recomiende el otorgamiento del beneficio, con la respectiva documentación que lo respalde. El cual deberá ser aportado por el IMAS.”

“Artículo 25 bis.—Requisitos del beneficio de compra de vivienda de interés social: Para el otorgamiento del subsidio, se deberán de cumplir los siguientes requisitos para ser incorporados al expediente respectivo:

a)  Para la compra de un lote con vivienda de interés social, el inmueble deberá cumplir los mismos requisitos solicitados para la compra de lote para vivienda de interés social.

b)  Aportar los planos constructivos definitivos o última versión de estos, ya sea impreso o digital; debidamente firmados por la persona profesional responsable. El cual deberá ser aportado por la persona solicitante.

Para el otorgamiento de este beneficio, el IMAS podrá recibir la asistencia técnica de entidades tales como el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que podrán certificar las condiciones técnicas de las viviendas de interés social a ser subsidiadas por medio de este beneficio.

Las viviendas deberán ser construidas con paredes externas en bloques de concreto, sistemas prefabricados de concreto o concreto colado en sitio y contar con una vida útil remanente de no menos de veinte años. Asimismo, el área mínima de construcción de la vivienda a adquirir será de 42 metros cuadrados con dos dormitorios y deberán contar con los servicios básicos necesarios exigidos por las municipalidades competentes. Se deberán de incluir en el acto de traspaso las limitaciones establecidas en el artículo 25 del Decreto 29531-MTSS, así como la afectación a patrimonio familiar del inmueble adquirido.”

Artículo 2°—Adiciónese el artículo 10 bis, que se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 10 bis.—Traspaso a título oneroso: Caso contrario a la titulación gratuita, se procederá a titular en la modalidad onerosa de acuerdo con la valoración y recomendación social del Área Regional de Desarrollo Social respectiva. Para ello, el Área Regional de Desarrollo Social deberá solicitar un avalúo al Área de Titulación de Tierras del inmueble a titular, con el cual se procederá a constituir una garantía hipotecaria de primer grado a favor del IMAS; siempre y cuando la persona solicitante no pueda cancelar de contado.

Las condiciones del crédito hipotecario a favor del IMAS serán fijadas a un plazo máximo de hasta 10 años, especificando la cuota mensual al tipo de interés conforme a la Tasa Básica Pasiva, definida por el Banco Central para las tasas de interés corriente como moratorio. La titulación onerosa también debe ser aprobada por el Consejo Directivo del IMAS.”

Artículo 3°—Deróguese el artículo 24 bis.

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, en San José, a los 17 días del mes de febrero del dos mil veintidós.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara Povedano.—El Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez Madriz.—1 vez.—( D43492 - IN2022644629 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 781-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política.

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo Presidencial N° 0122-P del 28 de noviembre de 2018 publicado en La Gaceta N° 4 del 07 de enero del 2019, se nombró al señor Daniel Salas Peraza, cédula de identidad número 1-962-826, como Ministro de Salud.

2º—Que mediante memorial recibido en el Despacho Presidencial el señor Daniel Salas Peraza, cédula de identidad número 1-962-826, presentó su renuncia al cargo de Ministro de Salud. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Aceptar la renuncia al cargo de Ministro de Salud presentada por el señor Daniel Salas Peraza, cédula de identidad número 1-962-826, agradeciéndole por sus servicios prestados. Por ende, se deja sin efecto el Acuerdo Presidencial N° 0122-P del 28 de noviembre de 2018.

Artículo 2º—Se designa a la Dra. Ileana Vargas Umaña, cédula de identidad número 1-532-210, Viceministra de Salud, para que ejerza el cargo de Ministra de Salud.

Artículo 3º—Rige a partir del 1° de mayo de 2022.

Dado en la Presidencia de la República.—San José a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintidós.

Publíquese.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O.C. N° 043202200010.—Solicitud N° 22004.—( IN2022643661 ).