PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN

DE LA REGLA FISCAL AL PODER JUDICIAL

Expediente N.º 24.515

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho, encargado de la administración de justicia, la resolución de conflictos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para que este poder funcione de manera eficiente e independiente, es crucial que cuente con los recursos necesarios que le permitan desempeñar sus funciones sin restricciones

En el contexto general y definición de la Regla Fiscal es un mecanismo de control del gasto público que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, limitando el crecimiento del gasto del gobierno según ciertos criterios preestablecidos, como el nivel de deuda pública o el crecimiento del PIB. Esta regla es utilizada para mantener el déficit fiscal bajo control y garantizar la estabilidad económica a largo plazo.

No obstante, debemos tener claro que las funciones y competencias del Poder Judicial, que es el encargado de interpretar y aplicar la ley, garantizando la protección de los derechos fundamentales, la resolución de conflictos y el mantenimiento del orden constitucional y que dentro de sus principales funciones se encuentran:

−   Administración de justicia: resolver conflictos entre particulares, entre estos y el Estado, y entre órganos del Estado, asegurando la aplicación correcta de las leyes.

−   Garantía de derechos: proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley y la protección contra el abuso de poder.

−   Control de constitucionalidad: asegurar que las leyes y acciones del gobierno sean compatibles con la Constitución, lo cual es esencial para la preservación del Estado de derecho.

−   Supervisión de la legalidad: vigilar que las actuaciones administrativas se ajusten a la legalidad, actuando como un control efectivo contra la arbitrariedad del poder ejecutivo.

Por otra parte, el impacto de la Regla Fiscal en el Poder Judicial, que limita el crecimiento del gasto público, puede tener consecuencias significativas en el funcionamiento del Poder Judicial, como lo son:

−   Limitación de recursos: las restricciones presupuestarias han limitado la contratación de jueces, fiscales, defensores públicos y personal auxiliar, afectando directamente la capacidad del Poder Judicial para procesar casos de manera oportuna y eficiente.

−   Afectación de infraestructura: la falta de poder ejecutar recursos disponibles llevaría a impedir el mantenimiento y modernización de la infraestructura judicial, incluyendo edificios, tecnología y sistemas de información, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de justicia.

−  Demoras en la administración de justicia: las limitaciones fiscales y presupuestarias teniendo los recursos financieros pueden llevar a demoras en los procesos judiciales, lo que compromete el derecho de los ciudadanos a un juicio rápido y justo.

−   Mantenimiento de la eficiencia y eficacia: para que el Poder Judicial pueda mantener la eficiencia en la administración de justicia, es crucial que cuente con los recursos necesarios para gestionar la carga de trabajo creciente y las demandas de la sociedad. Esto incluye la modernización tecnológica, la formación continua del personal judicial, y la expansión de la infraestructura cuando sea necesario.

−   Protección de los derechos humanos y constitucionales: la función del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos y la constitucionalidad de las acciones del Estado es fundamental. Limitar su capacidad mediante restricciones fiscales podría llevar a violaciones de derechos y a una menor confianza en el sistema judicial.

−   Independencia judicial: la dependencia del presupuesto del gobierno central, especialmente bajo una regla fiscal estricta, puede poner en riesgo la independencia del Poder Judicial, ya que este podría verse limitado en sus funciones por la falta de recursos.

Por lo anterior es necesario y justificable poder exceptuar de la regla fiscal al Poder Judicial para garantizar su independencia, el Poder Judicial no debe estar sujeto a las mismas restricciones fiscales que otros poderes del Estado. Su financiamiento debe ser adecuado y estar garantizado para que pueda cumplir con sus funciones sin interferencias indebidas, por cuanto la justicia es un servicio esencial para la sociedad. Su buen funcionamiento depende de la disponibilidad de recursos adecuados, que deben estar asegurados de manera continua y no estar sujetos a fluctuaciones políticas o económicas.

Existen precedentes en otros países donde el Poder Judicial ha sido exceptuado de las restricciones fiscales, reconociendo su papel especial en la estructura del Estado. En estos casos, los gobiernos han comprendido que un Poder Judicial fuerte y bien financiado es esencial para el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho.

Este proyecto propone que el Poder Judicial sea exceptuado de la aplicación de la regla fiscal. Esta excepción permitiría asegurar la continuidad y calidad de la administración de justicia, garantizando que el Poder Judicial pueda operar de manera independiente y eficiente, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurando la estabilidad del orden constitucional.

Este enfoque debe ir acompañado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren el uso eficiente de los recursos asignados al Poder Judicial, para mantener la confianza pública en la administración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y poder permitir al Poder Judicial, garantizando la justicia pronta y cumplida, que siga su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, con las herramientas necesarias para atender esta gran responsabilidad, se somete a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EXCEPTUAR DE LA APLICACIÓN

DE LA REGLA FISCAL AL PODER JUDICIAL

ARTÍCULO ÚNICO-    Se adiciona un nuevo inciso al artículo 6 del título IV, Responsabilidad fiscal de la República, capítulo I, Disposiciones Generales, Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios, de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, que dirá:

Artículo 6-  Excepciones

Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones:

[…]

Inciso nuevo)-      Los gastos e inversiones asignados al Poder Judicial.

Rige a partir de su publicación.

Gilberth Adolfo Jiménez Siles

Diputado

NOTA:       Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024892774 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY N.° 8754,

DE 24 DE JULIO DE 2009 Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 24.523

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El dotar de nuevas y mejores herramientas a nuestras autoridades, que le permitan de manera más decidida y precisa hacer frente al crimen organizado, es una labor constante no solo para del legislador, sino también de aquellos que ejecutan la norma y que día a día están en la importante labor de llevar seguridad a nuestras comunidades, razón por la cual es muy importante ajustar nuestra normativa, que facilite los instrumentos, para que de manera dinámica las autoridades puedan enfrentar  a estos grupos, que se están reinventando constantemente, para buscar evadir nuestra sistema de justicia.

El Manual de Buenas Prácticas de la OEA es una referencia esencial para los países de la región en la gestión y administración de bienes incautados y decomisados. La disposición anticipada de bienes no es una decisión antojadiza, sino que se enmarca en recomendaciones jurídicas internacionales que instan a los países a adoptar prácticas eficientes y transparentes. La justificación incluye varios aspectos esenciales:

•    Preservación del valor de los activos: el Manual subraya la importancia de evitar la depreciación de los bienes incautados. Muchos bienes, como vehículos, inmuebles y equipos electrónicos pueden perder valor rápidamente si no se administran adecuadamente. La disposición anticipada permite vender estos bienes antes de que se devalúen, garantizando así que se recupere el máximo valor posible.

•    Reducción de costos administrativos: mantener bienes decomisados implica costos significativos para el Estado, incluyendo almacenamiento, mantenimiento y seguridad. El Manual recomienda la venta anticipada de estos bienes para minimizar estos gastos, lo cual permite que los recursos sean utilizados de manera más eficiente y reduce la carga financiera para el Estado.

•    Agilización de procesos legales y administrativos: se destaca que la venta anticipada de bienes facilita la resolución de casos legales al reducir la carga administrativa sobre las autoridades encargadas de la gestión de activos. Esto permite un enfoque más ágil y eficiente en la administración de justicia y en la recuperación de activos.

•    Transparencia y rendición de cuentas: la disposición anticipada de bienes, con procedimientos claros y auditables, mejora la confianza pública en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de la recuperación de activos. La OEA enfatiza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de bienes decomisados.

•    Impacto social y económico positivo: los recursos obtenidos de la venta anticipada de bienes pueden ser reinvertidos en programas de prevención del delito, asistencia a víctimas y fortalecimiento institucional. Esto no solo contribuye a la seguridad pública, sino que también genera beneficios sociales y económicos para la comunidad.

Por otra parte, las 40 Recomendaciones del GAFI son el estándar internacional para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Varias de estas recomendaciones son relevantes para la justificación de la disposición anticipada de bienes:

Recomendación 4 - Confiscación y medidas provisionales: esta recomendación enfatiza la importancia de contar con medidas legales adecuadas para la confiscación de bienes relacionados con actividades delictivas. La disposición anticipada de bienes, como parte de estas medidas, asegura que los activos no pierdan valor y que los recursos sean utilizados eficazmente.

Recomendación 38 - Asistencia legal mutua: promueve la cooperación internacional en la identificación, inmovilización y confiscación de activos delictivos. La disposición anticipada facilita la administración de bienes incautados en colaboración con otras jurisdicciones, asegurando que los procedimientos sean eficientes y efectivos.

Recomendación 39 - Recuperación de activos: esta recomendación fomenta la implementación de mecanismos para la recuperación rápida de activos ilícitos. La venta anticipada de bienes incautados es un mecanismo efectivo para garantizar que los activos sean gestionados de manera oportuna y productiva.

Otro escenario para considerar es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), siendo este un marco jurídico internacional relevante que apoya la disposición anticipada de bienes incautados.

Para estos efectos es de relevancia considerar la normativa que rige esta convención internacional, en la cual hemos sido suscriptores de dicho instrumento jurídico.

Artículo 12 - Confiscación y decomiso: La Convención de Palermo insta a los Estados Parte a adoptar medidas para la identificación, congelación, embargo y decomiso de los productos del delito. La disposición anticipada de bienes encaja dentro de estas medidas, permitiendo una administración eficiente y efectiva de los activos decomisados para evitar su deterioro y pérdida de valor.

Artículo 14 - Disposición de bienes decomisados: La Convención sugiere que los Estados Parte consideren el uso de bienes decomisados para programas de prevención del delito, asistencia a las víctimas y otras iniciativas sociales. La venta anticipada de bienes garantiza que estos recursos estén disponibles rápidamente para tales fines.

Por otro lado, debe señalarse que la disposición anticipada de bienes también protege los derechos de los terceros de buena fe. Estos son individuos o entidades que han adquirido bienes de manera legítima y sin conocimiento de su origen ilícito. Mediante la implementación de procesos claros y transparentes se puede garantizar que los derechos de estos terceros sean respetados y que cualquier disputa se resuelva de manera justa y equitativa. Este enfoque no solo protege los intereses de personas inocentes, sino que también refuerza la legitimidad y la justicia del sistema legal.

Ahora bien, para ilustrar mejor la implementación práctica que hoy en día se trabaja, conforme lo estipula la Ley N.° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, podemos mencionar la subasta y venta de bienes anticipadamente. La realización de la venta o subastas bajo un sistema informático creado por el Instituto Costarricense sobre Drogas y con el Reglamento para la venta y subasta de bienes decomisados y comisados de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (Decreto N.° 44482-MP), publicado en el Alcance N.° 109 del Diario Oficial La Gaceta N.° 106, del 12 de junio de 2024, mediante el cual se asegura la transparencia de la disposición de bienes, garantizando que los activos se vendan al mejor oferente y se maximice el valor recuperado.

El resultado de la venta o subasta queda en las cuentas del Sistema de Cuentas del Sector Público y en el caso que por disposición de un juez se ordene la devolución del bien que fue decomisado y este haya sido transformado en dinero, se procederá con la devolución del monto por la venta de los bienes, protegiendo en este caso los intereses de las personas que hayan sido afectadas. Esto por cuanto es conocido que los bienes en predios o almacenes se deterioran muy rápido con el transcurso del tiempo.

Ahora bien, en los casos de incremento de capital sin causa lícita aparente, también conocido como capitales emergentes, en el artículo 20 de la Ley N.° 8754, Ley contra Delincuencia Organizada, se establece que:

“Artículo 20-   Causa del patrimonio

La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.

Recibida la denuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de veinte días hábiles para contestar y evacuar la prueba; en la misma resolución ordenará, como medida cautelar, el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de toda clase de productos financieros.  Contra la medida cautelar solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.” (resaltado y subrayado no es del original)

Nótese como el legislador de aquel entonces, al parecer contempló la idea de ordenar una anotación registral sobre los bienes incautados que son entregados en depósito judicial provisional al ICD, disponiendo lo siguiente en los numerales 26 y 27 de la Ley N.° 8754 contra la Delincuencia Organizada:

“Artículo 26-   Depósito judicial

De ordenarse el decomiso por las disposiciones de esta Ley, deberá procederse al depósito judicial de los bienes de interés económico, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del ICD.  El ICD deberá destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus intereses.  En el caso de préstamo de bienes decomisados, antes de la entrega y utilización, la institución beneficiaria deberá asegurarlos por su valor, cuando proceda, con la finalidad de garantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción.  Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD.  Los beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de los fines del Instituto.

A partir del momento de la designación del ICD, como depositario judicial, de conformidad con la presente Ley y la Ley N.º 8204, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, cargas, timbres, derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución.

En caso de no ser posible, según el segundo párrafo del artículo 33 relativo a Pérdida de bienes o dinero no reclamados, de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso en el diario oficial La Gaceta, en el que se indicarán los objetos, las mercancías y los demás bienes en su poder.  Vencido el término establecido en el artículo indicado anteriormente, sin que los interesados promuevan la acción correspondiente, siempre y cuando exista una resolución judicial, los bienes y objetos de valores decomisados pasarán, a ser, en forma definitiva, propiedad del Instituto, y deberán utilizarse para los fines establecidos en esta Ley o en la Ley N.º 8204, según corresponda.

Artículo 27- Anotación registral

Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad judicial que conozca de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD.”

Sin embargo, tal y como se señaló anteriormente, en el artículo 20, propiamente en los casos de capitales emergentes, contempló específicamente la inmovilización registral, en lugar de la anotación registral.

En Costa Rica, las figuras jurídicas de la inmovilización registral y la anotación registral ofrecen diferentes enfoques para la gestión de estos bienes.

La inmovilización registral se refiere al bloqueo de la posibilidad de disponer de un bien registrado, impidiendo su enajenación, préstamo o venta. Los efectos jurídicos de la inmovilización son restrictivos, limitando significativamente las acciones que pueden tomarse respecto al bien inmovilizado hasta que se emita una sentencia definitiva. La inmovilización se utiliza como una medida cautelar para garantizar que los bienes no se transfieran o dispongan de manera que pueda frustrar los fines de un proceso judicial.

La anotación registral, por su parte, es una alerta que hace público un hecho relevante sobre un bien sin impedir su disposición. Al igual que la inmovilización, su fundamento legal se encuentra en el Código Civil. Los efectos jurídicos de la anotación son principalmente de publicidad registral ante terceros, permitiendo que la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) administre los bienes de manera flexible en cualquier momento del proceso judicial. La anotación registral sirve para informar a terceros sobre una situación jurídica específica del bien, sin afectar su libre disposición.

La inmovilización registral impone restricciones estrictas que dificultan la gestión dinámica de los bienes incautados. Esto puede resultar en la paralización de recursos valiosos que podrían ser utilizados de manera más efectiva. En contraste, la anotación registral permite una administración más flexible y práctica por parte del ICD, facilitando la disposición temporal de los bienes para su uso en programas sociales o de seguridad.

La inmovilización puede llevar a una paralización prolongada de bienes, limitando su utilidad hasta la resolución final del proceso judicial. Esto no solo afecta la eficiencia procesal, sino que también puede resultar en una depreciación de los bienes inmovilizados y los costos que generan su conservación, incluyendo aspectos de seguridad, que como se dio recientemente, fueron vulnerados a raíz de la sustracción de varios bienes que custodiaban en la bodega del ICD ubicada en La Uruca, San José. Por el contrario, la anotación registral permitiría que los bienes sean utilizados o generen ingresos durante el proceso judicial, optimizando así los recursos disponibles para el Estado.

En el ámbito registral y notarial, la doctrina costarricense ha discutido ampliamente la eficacia de las figuras de inmovilización y anotación. La doctrina señala que la anotación registral proporciona una mayor flexibilidad administrativa y operativa, lo cual es crucial en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. La anotación registral permite que el bien sea gestionado, administrado y hasta dispuesto de manera temporal, mientras que la inmovilización estricta puede resultar contraproducente al mantener recursos inactivos.

Desde la perspectiva registral, la anotación es vista como una herramienta más versátil y menos intrusiva que la inmovilización. Los registradores y notarios consideran que la anotación cumple con el objetivo de informar a terceros sobre la situación legal del bien sin imponer restricciones innecesarias sobre su administración. Esto es particularmente importante en el contexto de bienes incautados, donde la capacidad de gestionar y utilizar estos recursos puede tener un impacto significativo en la eficiencia y efectividad de las operaciones contra el crimen organizado.

En la Ley de Propiedad Horizontal y otras normativas relacionadas, la anotación registral se utiliza frecuentemente para señalar situaciones legales especiales sin afectar la gestión del bien. Por ejemplo, las anotaciones pueden indicar la existencia de deudas, litigios o restricciones específicas, pero permiten que el bien continúe siendo utilizado y gestionado de manera efectiva. Este enfoque es consistente con la necesidad de mantener la operatividad de los bienes incautados mientras se resuelven los procedimientos judiciales.

Así las cosas, la anotación registral permite una gestión más dinámica y adaptable de los bienes incautados. A continuación, se detallan los beneficios específicos:

•    La anotación registral facilita la administración de los bienes incautados, permitiendo su uso, arrendamiento o disposición temporal sin esperar una sentencia definitiva. Esto es especialmente relevante en casos de larga duración, donde la inmovilización puede resultar en una ineficiencia administrativa considerable. Los bienes anotados pueden ser utilizados provisionalmente en programas sociales, iniciativas de seguridad pública o como activos productivos. Por ejemplo, vehículos incautados pueden ser utilizados por el Ministerio de Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial, entre otras fuerzas de seguridad, mientras que propiedades podrían ser arrendadas para generar ingresos que financien programas de lucha contra el crimen.

•    La Unidad de Recuperación de Activos del ICD tendría la capacidad de administrar estos bienes de manera flexible, optimizando su uso y mantenimiento. Esta unidad puede tomar decisiones rápidas y eficientes sobre la disposición temporal de los bienes, asegurando que se mantengan en buenas condiciones y generen valor.

•    La anotación registral contribuiría a la optimización de los recursos del Estado en varias maneras. Los bienes anotados pueden ser vendidos o utilizados de manera que generen ingresos. Por ejemplo, propiedades incautadas pueden ser vendidas y los fondos obtenidos pueden ser reinvertidos en programas de lucha contra el crimen organizado o en el mantenimiento de otros bienes incautados.

•    La inmovilización de bienes conlleva costos significativos de mantenimiento y almacenamiento. Al permitir el uso provisional de los bienes, la anotación registral reduce estos costos, ya que los bienes pueden ser mantenidos por los usuarios temporales o generar ingresos que cubran los gastos asociados. Los bienes inmovilizados tienden a depreciarse con el tiempo debido a la falta de uso y mantenimiento adecuado. La anotación registral permite que los bienes se utilicen y mantengan regularmente, preservando su valor y funcionalidad hasta que se emita una sentencia definitiva.

•    Además, la anotación registral asegura la transparencia y la publicidad registral, lo cual es esencial para informar a terceros sobre la situación legal de los bienes sin restringir su disposición. Esta publicidad registral protege los derechos de los posibles interesados y garantiza que las decisiones administrativas se tomen de manera abierta y transparente, fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia y en las autoridades encargadas de la recuperación de activos.

Como se mencionó líneas atrás, la Ley N.° 8204, Ley  sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo permite disposiciones anticipadas de bienes en otros contextos legales, demostrando los beneficios de una administración más flexible. La experiencia internacional también respalda la anotación registral como una práctica que mejora la gestión de bienes incautados.

En conclusión, se recomienda adoptar la anotación registral como la práctica preferida para la administración de bienes incautados por crimen organizado. Esta medida no solo garantizará una gestión más eficiente y flexible de los recursos, sino que también contribuirá a la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado, optimizando el uso de los bienes incautados y reduciendo los costos asociados a su mantenimiento. La evidencia doctrinal y jurisprudencial apoya firmemente esta recomendación, subrayando que la anotación registral es una herramienta más adecuada y eficaz que la inmovilización en este contexto.

La mayor flexibilidad administrativa proporcionada por la anotación registral permite a la Unidad de Recuperación de Activos del ICD tomar decisiones ágiles y efectivas sobre el uso de los bienes incautados. Esta flexibilidad es crucial para adaptarse a las necesidades cambiantes y urgentes que surgen en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

Finalmente, la adopción de la anotación registral como práctica estándar para la administración de bienes incautados por crimen organizado no solo es respaldada por la evidencia doctrinal y jurisprudencial nacional, sino que también está alineada con las mejores prácticas internacionales. Países que han implementado enfoques similares han observado mejoras significativas en la eficiencia de la gestión de bienes incautados y en la efectividad de sus estrategias contra el crimen organizado.

En resumen, la anotación registral ofrece una solución equilibrada y eficiente que maximiza el uso de los bienes incautados, optimiza los recursos del ICD y fortalece la lucha contra el crimen organizado. Por estas razones, se recomienda adoptar esta figura jurídica como la práctica preferida para la administración de bienes incautados, garantizando así una gestión más efectiva y beneficiosa para la sociedad en su conjunto.

Por último, es importante actualizar la jurisdicción competente para conocer de los asuntos de aumento de capital sin causa lícita aparente, también conocidos como capitales emergentes, debiendo establecerse que es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, a través del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Por todo lo anterior señalado, someto a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley para conocimiento y aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY N.°8754,

DE 24 DE JULIO DE 2009 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley N.° 8754, de 24 de julio de 2009, y sus reformas, y sea de la siguiente manera:

Artículo 20- Causa del patrimonio

La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.

Recibida la denuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de veinte días hábiles para contestar y evacuar la prueba; en la misma resolución ordenará, como medida cautelar, el secuestro de bienes, su anotación registral y de toda clase de productos financieros.  Contra la medida cautelar solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.

Rige a partir de su publicación.

Gilberth Adolfo Jiménez Siles

Alejandra Larios Trejos	Óscar Izquierdo Sandí
Paulina María Ramírez Portuguez	Carlos Felipe García Molina
Danny Vargas Serrano	Horacio Martín Alvarado Bogantes
Monserrat Ruíz Guevara	Sonia Rojas Méndez
José Francisco Nicolás Alvarado	Gloria Zaide Navas Montero
Geison Enrique Valverde Méndez	José Joaquín Hernández Rojas
Rosaura Méndez Gamboa	María Marta Padilla Bonilla
Pedro Rojas Guzmán	Luis Fernando Mendoza Jiménez
Alejandro José Pacheco Castro	Gilberto Arnoldo Campos Cruz
María Daniela Rojas Salas	Carlos Andrés Robles Obando
Melina Ajoy Palma	Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz
Luis Diego Vargas Rodríguez	Priscilla Vindas Salazar
Johnatan Jesús Acuña Soto	Andrés Ariel Robles Barrantes
Kattia Cambronero Aguiluz	Pilar Cisneros Gallo

 

Diputados y diputadas

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024892764 ).

PROYECTO DE LEY

LEY DE INCLUSIÓN, FORTALECIMIENTO

Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA

ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD.

REFORMA DE LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL,

DE 30 DE ABRIL DE 1998

                                                                    Expediente N° 24.524

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En las últimas décadas, Costa Rica ha experimentado una notable transformación demográfica marcada por el envejecimiento de su población. Este fenómeno, impulsado por la reducción de la tasa de natalidad y mortalidad, junto con un aumento sostenido en la esperanza de vida, ha generado importantes desafíos para el país. Las personas adultas mayores, especialmente las que viven con alguna discapacidad, enfrentan crecientes necesidades en áreas como la salud, la seguridad económica y la inclusión social. Ante este panorama, surge la necesidad de implementar mecanismos que fortalezcan la atención y protección de estos grupos vulnerables, promoviendo su bienestar a través de acciones coordinadas y efectivas en cada comunidad del país.

El envejecimiento de la población es un fenómeno creciente en Costa Rica, reflejo de la transición demográfica que ha experimentado el país en las últimas décadas. Esta transformación ha sido impulsada por una reducción significativa en las tasas de natalidad y mortalidad, así como un aumento en la esperanza de vida, que ha pasado de 76.95 años en 1990 a 80.91 años en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC^[1]). Este cambio ha generado nuevas demandas sociales, económicas y de salud, lo que exige una respuesta integral y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, esto sumado a que se proyecta que la esperanza de vida sea para el año 2050 en 84,27 años y 89,57 años en 2100.

El envejecimiento de la población y la prevalencia de discapacidades generan una demanda creciente de servicios y prestaciones sociales. En el ámbito económico, la presión sobre los sistemas de pensiones es notable, especialmente cuando muchas personas adultas mayores con discapacidad requieren un mayor apoyo financiero para cubrir sus necesidades básicas, una parte significativa de la población mayor con discapacidad vive en condiciones de pobreza, lo que agrava su vulnerabilidad.

Además, la inclusión laboral de las personas con discapacidad, particularmente de las que también son adultas mayores, es limitada, lo que reduce su capacidad para generar ingresos y contribuye a la dependencia económica de esta población. La falta de accesibilidad en los espacios de trabajo y la discriminación en el ámbito laboral son barreras adicionales que enfrentan estas personas.

El envejecimiento de la población también tiene un impacto directo en la demanda de servicios de salud. Las personas mayores son más susceptibles a enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares, que requieren atención médica constante y costosa. En 2023, el 70% de las consultas médicas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estaban relacionadas con enfermedades crónicas, un porcentaje que sigue en aumento a medida que la población envejece.

La infraestructura de salud en Costa Rica debe adaptarse para atender estas necesidades, lo que incluye no solo la expansión de servicios especializados, sino también el fortalecimiento de la atención primaria para prevenir y manejar enfermedades crónicas de manera efectiva. Además, la promoción de hábitos de vida saludables se convierte en un eje fundamental para reducir la carga de enfermedades en la población mayor.

En este contexto, los comités cantonales del adulto mayor se presentan como una herramienta fundamental para fortalecer la atención a este grupo etario. Inspirados en la estructura y autonomía operativa de los comités cantonales de deporte, estos comités permitirán una gestión más cercana, participativa y autónoma en cada cantón, facilitando la identificación de necesidades locales y la implementación de soluciones adecuadas y sostenibles.

Al operar de manera independiente, permitirán una mayor adaptabilidad y respuesta rápida ante las necesidades de las personas adultas mayores en cada cantón. Esta autonomía facilita la creación de estrategias que reflejen las realidades locales, promoviendo una atención más personalizada y efectiva.

La estructura propuesta para estos comités incluye la participación activa de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. Este enfoque garantiza que las políticas y acciones diseñadas sean el resultado de un proceso participativo, en el que las propias personas adultas mayores y personas con discapacidad puedan influir directamente en la toma de decisiones que afectan su bienestar.

Aunque estos comités funcionarán de manera autónoma, su diseño permite una coordinación efectiva con las autoridades locales y nacionales, como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Concejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Esta sinergia es clave para maximizar el impacto de las políticas públicas y asegurar que los recursos disponibles se utilicen de manera óptima.

La obligatoriedad de presentar un informe anual al concejo municipal refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que los comités operen con integridad y alineados con los objetivos de política pública nacionales.

La creación de los comités cantonales de la persona adulto mayor y la persona con discapacidad representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas adultas mayores y con discapacidad en Costa Rica. Al proporcionar una estructura organizativa que combina autonomía local con coordinación nacional, estos comités contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo su inclusión social, acceso a servicios y participación en la comunidad.

Además, la implementación de estos comités permitirá optimizar el uso de los recursos destinados a la atención de las personas adultas mayores y con discapacidad, garantizando que cada cantón pueda desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas, bajo un marco de equidad y justicia social.

La iniciativa de crear comités cantonales de la persona adulta mayor y persona con discapacidad responde a la necesidad de fortalecer la atención y protección de esta población en todo el territorio nacional. Su implementación contribuirá a una mejor gestión de las políticas de envejecimiento activo, promoviendo un entorno más inclusivo y respetuoso para las personas adultas mayores en cada comunidad. Por estas razones, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley, con el fin de asegurar que los derechos y el bienestar de las personas adultas mayores sean plenamente garantizados en cada cantón de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE INCLUSIÓN, FORTALECIMIENTO

Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA

ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD.

REFORMA DE LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL,

DE 30 DE ABRIL DE 1998

ARTÍCULO 1-          Se adiciona un nuevo título VIII de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y se corre la numeración del sucesivo título de este ordinal y de los artículos correspondientes. El texto es el siguiente:

TÍTULO VIII

Artículo 182- Se crean los comités cantonales de la persona adulta mayor y persona con discapacidad, que funcionarán de manera autónoma y gozarán de personería jurídica instrumental, con la finalidad de promover y coordinar acciones orientadas al inclusión, fortalecimiento y desarrollo de las personas adultas mayores y personas con discapacidad en cada cantón.

Artículo 183-             El Comité Cantonal de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad estará integrado por siete residentes en el cantón:

a)  La persona que ocupe la alcaldía municipal o su representante.

b)  Un miembro de nombramiento del concejo municipal.

c)  Un miembro de las organizaciones afines a la persona adulta mayor y con discapacidad del cantón.

d)  Un miembro de las organizaciones afines a la persona con discapacidad del cantón.

e)    Un miembro de las asociaciones cantonales de desarrollo.

f)  Un representante de la cámara de comercio del cantón o afines.

g)  Un representante de la junta de salud del cantón.

h)  Un representante del concejo nacional de personas con discapacidad.

i)   Un representante del concejo nacional de la persona adulta mayor.

Cada concejo municipal reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del comité cantonal y la forma de elección de la persona presidente del Comité Cantonal de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad.

Artículo 184-              Los miembros de cada Comité Cantonal de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectos y no devengarán dietas ni remuneración alguna.

Artículo 185-             El Comité Cantonal de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad operará de conformidad con los siguientes lineamientos:

a)  Autonomía operativa: operará de forma independiente, estableciendo su propia organización interna y reglamento de funcionamiento, alineados con las directrices generales establecidas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

b)  Promoción y coordinación: desarrollar programas y actividades que promuevan el bienestar integral de las personas adultas mayores y con discapacidad, fomentando su participación activa en la comunidad.

c)  Planificación estratégica: elaborar planes de acción locales basados en un diagnóstico de la situación de la población adulta mayor y con discapacidad en el cantón, y priorizar intervenciones que respondan a sus necesidades específicas.

d)  Vigilancia y seguimiento: supervisar la ejecución de políticas públicas y programas orientados a las personas adultas mayores, asegurando su correcta implementación en el ámbito cantonal.

e)  Colaboración interinstitucional: coordinar esfuerzos con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para optimizar recursos y fortalecer la atención a las personas adultas mayores.

f)  Informe anual: rendirá cuentas de manera anual al concejo municipal, a la cámara de comercio del cantón o afines, a las asociaciones cantonales de desarrollo, a la cámara de comercio del cantón o afines, a la junta de salud del cantón, al Concejo Nacional de Personas con Discapacidad y al Concejo Nacional de la Persona Adulta Mayor; detallando los logros obtenidos, los retos enfrentados y las acciones futuras planificadas.

g)  Financiamiento: los comités cantonales del adulto mayor y persona con discapacidad coordinarán, con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades deberán asignarles entre un uno coma cinco por ciento (1,5%) y un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales.

Se autoriza al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) a girar recursos Comité Cantonal de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, con el objetivo de atender a la población meta de esta ley.

ARTÍCULO 2-          Deróguese el inciso t) del artículo 13 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y se corra la numeración del sucesivo inciso de este ordinal.

Rige a partir de su publicación.

Vanessa de Paul Castro Mora

Carlos Felipe García Molina	María Daniela Rojas Salas
Horacio Martín Alvarado Bogantes	Carlos Andrés Robles Obando
Alejandro José Pacheco Castro	Melina Ajoy Palma

 

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024892766 ).

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 20 BIS Y DEL ARTÍCULO 21 BIS A LA

LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL N.º 8039

Y SUS REFORMAS

Expediente N.º 24.526

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Tribunal Registral Administrativo fue creado en la Ley Nº 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, como un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia.

Este Tribunal tiene como función conocer los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, así como conocer los recursos de apelación contra los ocursos provenientes de los Registros que integran el Registro Nacional.

En la misma Ley se establecen los requisitos y la cantidad de personas que conformarán el órgano colegiado, se indica además que el nombramiento es por un periodo de cuatro años y pueden ser reelegidos.

En el Decreto N° 43747 MJP, publicado en La Gaceta N° 210 de 03 de noviembre de 2022, que corresponde al Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se establece el capítulo II en el que se desarrolla el proceso de reclutamiento, selección y nombramiento de los jueces(as) que integran el órgano colegiado del Tribunal Registral Administrativo; en el mismo especifica el procedimiento y plazos a seguir para el nombramiento.

A pesar de que la ley N° 8039 establece el plazo para el que son nombradas las personas integrantes del Tribunal Registral y establece en el Reglamento Operativo los plazos para la presentación de las postulaciones ante la Asamblea Legislativa, no se ha garantizado que el nombramiento y ratificación estén a tiempo, mientras finaliza el periodo de nombramiento del órgano colegiado e inicia el nuevo órgano colegiado que resulte nombrado por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Legislativa.

Ha sido reiterada la indicación en las entrevistas realizadas por la Comisión Especial de Nombramientos en el trámite del expediente 24.199 “Ratificación o no del nombramiento de los jueces del Tribunal Registral Administrativo”, sobre las consecuencias que conlleva el vencimiento del plazo de nombramiento de este órgano colegiado sin que se cuente con la completitud del nombramiento y ratificación de la nueva integración.

El Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto N° 43747 MJP, establece plazos para el proceso de nombramiento, en los artículos 16 y 17 se regula lo concerniente al nombramiento y ratificación respectivamente de los jueces (as) titulares y suplentes; sin embargo, no se han cumplido los plazos establecidos y para el periodo de nombramiento 2024-2028 de este Tribunal, desde el mes de marzo que venció el periodo no se ha logrado la integración por cuanto el Poder Ejecutivo remitió a esta Asamblea Legislativa la documentación 13 días antes del vencimiento, aun cuando el Reglamento dispone que sea con al menos tres meses de antelación

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, en ejercicio de las competencias y de los principios de transparencia, legalidad y objetividad, en el trámite de expedientes de nombramientos y/o ratificaciones realiza entrevistas a las personas que se postulen o nombren en el caso que compete por parte del Poder Ejecutivo para ratificaciones.

Así las cosas, lo que se propone en la iniciativa es incorporar en la Ley N° 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la regulación de plazos que se ha establecido en el Decreto Nº 43747.

Asimismo, tomando en cuenta las mismas entrevistas del trámite del expediente que se ha citado, y con el fin de resguardar la seguridad jurídica de la conformación de un órgano colegiado como el que se regula en la Ley 8039, se propone incluir en el artículo 20 los requisitos para el nombramiento de las personas que se postulen como miembros suplentes, los cuales deberán ser los mismos que los requisitos para ser titular; además, se incorpora un artículo 21 bis, para establecer los impedimentos en el cargo, una vez que la persona que finalmente resulte electa y ejerza el cargo.

Estas regulaciones que se proponen adicionar en la ley son parte del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo que fue dado vía decreto, y lo que se pretende con la iniciativa es darle el rango de ley para garantizar el cumplimiento. Además, para que la Asamblea Legislativa pueda en tiempo ratificar o no los nombramientos que remita el Poder Ejecutivo sin que se afecte la función del órgano colegiado, lo cual incide también en la resolución de los casos que se conocen en el Tribunal Registral. También se incorpora en la iniciativa, que en caso de que la Asamblea Legislativa no ratifique el nombramiento, el Poder Ejecutivo presentará una nueva propuesta.

Por las razones expuestas se somete a consideración de los señores Diputados y las señoras Diputadas el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 20 BIS Y DEL ARTÍCULO 21 BIS A LA

LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL Nº 8039

Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 20 de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 20- Integración

El Tribunal estará compuesto por cinco personas miembros titulares, dos de las cuales serán nombradas por el ministro de Justicia y Gracia. La Junta Administrativa del Registro Nacional enviará tres ternas al Poder Ejecutivo, para que nombre a los tres miembros restantes. Todos los nombramientos se harán previo concurso de antecedentes y deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal tendrá cinco personas como miembros suplentes, quienes serán nombradas de la misma manera que los titulares, y deberá tener los mismos requisitos, derechos y obligaciones exigidos para los titulares.

Las personas miembros del Tribunal serán nombradas por un período de cuatro años, podrán ser reelegidas previo concurso de antecedentes en los mismos términos indicados en el primer párrafo de este artículo. Las formalidades y disposiciones sustantivas fijadas en el concurso de antecedentes y en el ordenamiento jurídico, se observarán igualmente para removerlos.

La retribución a los integrantes del Tribunal deberá ser equivalente al sueldo de los miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial; la del resto del personal deberá equipararse, según el caso, a la de los cargos afines del personal de los órganos del Poder Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares.

A las personas suplentes se les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente la suplencia respectiva, por cualquier causa que la genere.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 20 bis- Del proceso de ratificación

Realizado el nombramiento, el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa con al menos tres meses de antelación a la fecha de conclusión del período de nombramiento de las personas jueces que integran el órgano colegiado, los nombres y atestados de las personas jueces titulares y suplentes nombrados para el nuevo período.

Corresponderá a la Asamblea Legislativa realizar los procedimientos internos correspondientes, para que la ratificación de las cinco personas jueces titulares y las cinco personas jueces suplentes del Tribunal Registral Administrativo del nuevo período se dé con antelación a la fecha de conclusión del período de nombramiento del actual órgano colegiado.

En caso de que la Asamblea Legislativa no ratifique el nombramiento de alguna de las personas que se proponen en el acuerdo de nombramiento, el Poder Ejecutivo deberá remitir nuevas propuestas.

ARTÍCULO 3- Se adiciona un artículo 21 bis a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 21 bis- Impedimentos

Las personas integrantes del órgano colegiado se encuentran con impedimento para conocer de todos aquellos asuntos a los que se refiere el capítulo respectivo del Código Procesal Civil y pueden ser recusados por esas mismas causas, siendo aplicable en lo que corresponda, lo establecido en la Ley General de la Administración Pública.

Rige a partir de su publicación.

Alejandra Larios Trejos

Diputada

NOTA:        Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024892777 ).

DECRETOS

N° 44632-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 25 inciso 1); 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977; y la Ley de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262 del 2 de mayo de 2002, y sus reformas.

Considerando:

I.—Que la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento a la Pequeñas y Medianas Empresas, tiene como parte de sus objetivos la creación de un marco normativo que contribuya al impulso de las PYME, un entorno institucional favorable y facilitar su acceso a los mercados de bienes y servicios, como instrumento para promover el desarrollo económico y social del país, así como la generación de empleo.

II.—Que, mediante el Capítulo III, artículos del 8° al 12, de la Ley N° 8262, se crea, bajo administración del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Fondo Especial para el desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), con el objetivo de fomentar y fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, y de las empresas de la economía social económicamente viables y generadoras de puestos de trabajo.

III.—Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 39278-MEIC del 22 de julio de 2015, publicado en el Alcance N° 96 del Diario Oficial La Gaceta N° 223 del 17 de noviembre de 2015, se procedió a Reglamentar el Fondo Especial para el desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME).

IV.—Que, mediante el oficio N° DIRFOD-1021-2023 del 30 de noviembre de 2023, la Unidad Técnica del FODEMIPYME, solicita la modificación del Reglamento supra, en el que se identifican una serie de ajustes, en aspectos relacionados con: permitir que para la verificación de estar al día ante Tributación Directa sea suficiente con una consulta en línea; corregir que en lugar de “formalización del crédito” se haga referencia a “aprobación del crédito”; y simplificar la información que como parte del expediente administrativo debe remitir la entidad operadora a FODEMIPYME al solicitar honrar un aval. Además, mediante el Oficio DMR-OF-113-2024 del 22 de marzo del 2024, la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en el marco de la iniciativa “Le Dejamos Trabajar 2024”, señala trabas y mejoras que requieren la modificación del artículo 24 del Decreto Ejecutivo N° 39278-MEIC.

V.—Que los ajustes propuestos tienen como finalidad la simplificación y agilización de los trámites de cara a los beneficiarios del FODEMIPYME; los cuales son conforme con los objetivos de política pública en materia de mejora regulatoria y celeridad en la gestión administrativa, así como con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026, que en cuanto al sector Productivo y Desarrollo Regional tiene como objetivo incrementar la productividad nacional y la generación del empleo formal mediante el fomento a la empresariedad, removiendo “cuellos de botella”.

VI.—Que, además, la reforma propuesta contribuye a apoyar el desarrollo de programas y la colocación de créditos por el FODEMIPYME, facilitando las condiciones de acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y el crecimiento de sus actividades económicas. Por lo tanto, se considera necesario reformar parcialmente el Decreto Ejecutivo N° 39278-MEIC del 22 de julio de 2015.

VII.—Que, mediante aviso publicado en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), se sometió a consulta pública el presente Decreto Ejecutivo, por un plazo de 10 días hábiles a partir del 27 de mayo del 2024, finalizando el 07 de junio del mismo año; de conformidad con el artículo 361 de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, y la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Durante dicho plazo no se recibieron observaciones.

VIII.—Que, de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 12 bis del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; se procedió a llenar la Sección I denominada “Control Previo de Mejora Regulatoria” del “Formulario de Evaluación Costo Beneficio”, siendo que la evaluación de la propuesta normativa dio resultado negativo, por lo que se determinó que no se requería proseguir con el análisis regulatorio de cita. Por tanto,

Decretan:

REFORMA AL REGLAMENTO AL FONDO ESPECIAL

PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROS, PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS (FODEMIPYME), DECRETO

EJECUTIVO N° 39278-MEIC DEL 22 DE JULIO DE 2015,

PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 96 DEL DIARIO

OFICIAL LA GACETA N° 223 DEL 17

DE NOVIEMBRE DE 2015

Artículo 1º—Reformas. Refórmese el párrafo segundo del inciso c) del artículo 19; los ítems del inciso a) del artículo 24, y el párrafo segundo del artículo 32 bis, todos del Reglamento al Fondo Especial para el desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), Decreto Ejecutivo N° 39278-MEIC del 22 de julio de 2015, publicado en el Alcance N° 96 del Diario Oficial La Gaceta N° 223 del 17 de noviembre de 2015, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

“Artículo 19.—Formalización de los avales. (.…)

c)  Garantías de Participación y Cumplimiento: (…).

     Para la modalidad de avales individuales o avales de cartera, le corresponderá a los entes operadores, al momento de la aprobación del crédito, verificar el cumplimiento de la condición PYME establecido en la Ley N° 8262, así como la condición PYMPA.

(…).”

“Artículo 24.—Honramientos de avales.

a)  (…)

1.  Evidencia que el beneficiario-deudor registra en los sistemas de control de crédito de la Entidad Operadora más de 70 días de atraso.

2.  Evidencia que la ENTIDAD OPERADORA ha realizado las debidas diligencias de recuperación administrativa (gestión de cobro administrativo) lo cual debe estar documentado al momento de presentar la solicitud y remitirlo al FODEMIPYME mediante oficio firmado por parte del personal autorizado por la ENTIDAD OPERADORA haciendo constar todo lo anterior y que se siguió todo lo dispuesto en las políticas de El OPERADOR relacionadas con cobro administrativo.

3.  La ENTIDAD OPERADORA para poder proceder con el proceso de honramiento deberá estar al día con el pago de las comisiones correspondientes en todos los Programas o asignaciones que la Entidad tenga vigentes con el FODEMIPYME. Se entiende que los avales de FODEMIPYME cubren exclusivamente el pago de la proporción respaldada del crédito, aplicable al saldo del principal.

4.  Evidencia que al momento de la aprobación del crédito que requiere el aval el cliente contaba con la Condición PYME o PYMPA vigente.

5.  Solicitud firmada por la Entidad Operadora solicitando al FODEMIPYME el honramiento o liquidación del Aval.

6.  Únicamente para el caso de avales individuales, se debe evidenciar que el beneficiario-deudor al momento de la aprobación del crédito que requiere el aval presentaba Insuficiencia de garantía, para ello debe adjuntar los estudios de registro completos, emitidos al momento de la aprobación del crédito que requiere el aval, y en caso de aparecer bienes que no se tomaron en cuenta por tener restricciones o por política propia del Operador, aportar la evidencia de tal situación. En el caso de que existan bienes y que no se tomaron en cuenta por Política propia del Operador la Entidad Operadora previo al inicio del programa debe suministrar al FODEMIPYME la Política certificada de las garantías aceptadas por la Entidad Operadora para este programa de crédito.

7.  Únicamente para el caso de avales de cartera, la ENTIDAD OPERADORA deberá presentar ante el FODEMIPYME, junto con la solicitud de liquidación del aval, una copia certificada administrativamente del expediente de crédito. FODEMIPYME determinará y comunicará mediante un procedimiento formal cuales documentos deben formar parte del expediente que debe ser remitido al Fondo (en formato digital o impreso), así como la información señalada en el presente artículo.

(…)”

“Artículo 32 bis.— Uso del FODEMIPYME en compras de la Administración Pública.(…).

Para los créditos otorgados directamente por el FODEMIPYME, le corresponderá a la Administración del Fondo al momento de la aprobación del crédito, verificar el cumplimiento de la condición PYME establecido en la Ley N° 8262, así como la de empresa de economía social. Adicionalmente debe de verificar que estén al día con las obligaciones tributarias y las sociales correspondientes a la CCSS o Riesgos de Trabajo. Esta verificación debe hacerse por los medios o mecanismos impresos o digitales que tengan disponibles esas entidades”.

Artículo 2º—Del rige. La presente reforma rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El  Ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Ernesto Gamboa Soto.—1 vez.—O. C. N° 4600086646.—Solicitud N° 02-2024-PYME.—( D44632 - IN2024893390 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 558-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las facultades que le confiere los artículos 26 inciso b) y el 47 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo N° 062-P del 23 de junio de 2022, se nombró al señor Rafael Ángel Gutiérrez Rojas, cédula de identidad 4-0120-0896, como Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 136 del 18 de julio de 2022.

II.—Que en fecha 29 de junio de 2023, el señor Rafael Ángel Gutiérrez Rojas, cédula de identidad 4-0120-0896, renunció a su cargo como Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía.

III.—Que el señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, cédula de identidad 1-0545-0707, será nombrado como Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Cesar a partir de su renuncia al señor Rafael Ángel Gutiérrez Rojas, cédula de identidad 4-0120-0896, como Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía.

Artículo 2º—Nombrar al señor Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, cédula de identidad 1-05450707, como Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía.

Artículo 3°—Rige a partir del día 04 de setiembre del dos mil veinticuatro.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, al cuarto día del mes de setiembre del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O. C. N° 4600089694.—Solicitud N° 13.—( IN2024892918 ).

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Nº 121-C.—San José, 06 de junio de 2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 2 y 146 de la Constitución Política, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, los artículos 2 y 12 de la Ley Nº 1581, Estatuto del Servicio Civil, y,

Considerando:

I.—Que el artículo 20 de la Ley Nº 1581, Estatuto del Servicio Civil y el artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954 y sus reformas, Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establecen los requisitos de ingreso al Régimen de Servicio Civil.

II.—Que, de conformidad con la normativa señalada y la resolución DG-101-2020 y sus reformas, el señor Villalobos Ramírez William, cédula de identidad 110460105, fue escogido de la nómina de Elegibles número 006-2024 del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ, de conformidad con el oficio MAC-DIR-067-2024, del 09 de febrero de 2024 y oficio MACDIR-282-2024, del 05 de junio del 2024, ambos suscritos por el señor Esteban Calvo Campos, Director del Museo de Arte Costarricense.

III.—Que de conformidad con el acuerdo N°116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N°218 a La Gaceta N°194 de fecha 12 de octubre del 2022, y modificado por el Acuerdo N° 181-P del 23 de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 09 de febrero del 2023, que a su vez fue modificado por medio del acuerdo N° 351-P de fecha 20 de setiembre del 2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº185, alcance Nº196 del 09 de octubre del 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita. Por tanto,

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar en propiedad en el Ministerio de Cultura y Juventud, al señor Villalobos Ramírez William, cédula de identidad 110460105, en el puesto 509397, clasificado como Trabajador Calificado de Servicio Civil 1 (G. de E. Construcción Civil) escogido de la nómina de Elegibles número 006-2024 del Concurso Interno CI-01-2022-MCJ.

Artículo 2º—Rige a partir del 16 de junio del 2024.

Jorge Rodríguez Bogle, por RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—La Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales.—1 vez.—O. C. N° 43-2024.—Solicitud N° 535809.—( IN2024892732 ).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Nº AMJP 00108-07-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 alcance N° 196 de 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN: 

Artículo 1º—Nombrar a la señora Marianela Bustamante Segura, cédula de identidad número 20554-0542, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación CO OP para el Bienestar Socioeconómico y Ambiental, cédula jurídica Nº 3-006-887974, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el veintinueve de julio del dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 46000898889.—Solicitud N° 536018.—( IN2024892926 ).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 0238-2024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1, 28 inciso 2, acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y,

Considerando:

I.—Que con fundamento en el numeral 20 bis de la Ley número 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus Reformas y su Reglamento, mediante Acuerdo Ejecutivo número 0005-2024 de fecha 23 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 56 del 01 de abril de 2024, a la empresa ADVANT MEDICAL COSTA RICA LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-657982, se le otorgaron los beneficios e incentivos contemplados por la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley número 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus Reformas y su Reglamento, como empresa comercial de exportación y como industria procesadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 incisos b) y f) de dicha Ley.

II.—Que mediante documentos presentados los días 29 de mayo, 19 y 24 de junio de 2024, la empresa ADVANT MEDICAL COSTA RICA LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-657982, solicitó la ampliación de la actividad.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre del 2006, conoció la solicitud de la empresa ADVANT MEDICAL COSTA RICA LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-657982, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER número 198-2024, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre de 2022, publicado en el Alcance N° 218 a La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre de 2022 y modificado por el Acuerdo N° 181-P del 23 de enero de 2023, publicado en La Gaceta N° 24 del 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de fecha 20 de setiembre de 2023, publicado en el Alcance N° 196 a La Gaceta N° 185 de fecha 09 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el considerando V) del acuerdo de cita.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo número 0005-2024 de fecha 23 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 56 del 01 de abril de 2024, para que en el futuro la cláusula segunda se lea de la siguiente manera:

“2. La actividad de la beneficiaria como empresa comercial de exportación, de conformidad con el inciso b) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “4690 Venta al por mayor de otros productos no especializada”, con el siguiente detalle: Comercialización de tubos y accesorios plásticos para la industria médica. La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de las clasificaciones CAECR “3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos”, con los siguientes detalles: Empaque plástico en espiral para la industria de dispositivos médicos; ensamble de productos para la industria de dispositivos médicos; y bolsa de desechos para uso médico; CAECR “2220 Fabricación de productos de plástico”, con el siguiente detalle: Fabricación de piezas plásticas por procesos de inyección y moldeo para la industria de dispositivos médicos. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro de los sectores estratégicos: “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”, y “Piezas y componentes maquinados de alta precisión”.  Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación CAECR	Detalle de productos
Comercializadora	4690	Venta al por mayor de otros productos no especializada	Comercialización de tubos y accesorios plásticos para la industria médica
Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación CAECR	Detalle de productos	Sector estratégico
Procesadora f)	3250	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	Bolsa de desechos para uso médico	Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados
			Empaque plástico en espiral para la industria de dispositivos médicos
			Ensamble de productos para la industria de dispositivos médicos
	2220	Fabricación de productos de plástico	Fabricación de piezas plásticas por procesos de inyección y moldeo para la industria de dispositivos médicos	Piezas y componentes maquinados de alta precisión”

 

Las actividades desarrolladas por la beneficiaria, no implican la prestación de servicios profesionales y así lo ha entendido y manifestado expresamente su representante en la respectiva solicitud de ingreso al régimen al amparo del artículo 20 bis de la Ley número 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, mediante declaración jurada.

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo número 0005-2024 de fecha 23 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 56 del 01 de abril de 2024.

3º—Rige a partir de su notificación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los ocho días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

Jorge Rodríguez Bogle, por RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.—1 vez.—( IN2024892802 ).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

N° 2024-096.—Ministerio de Obras Públicas y Transportes.—San José, a las 11:15 del día 20 de agosto de 2024.

Conoce este Despacho, solicitud de aval de asistencia a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía (International Association of Chiefs of Police, IACP) y solicitud de permiso sin goce de salario para el señor Oswaldo Miranda Víquez remitida mediante oficio DOFCP-SE-2024-0150 (ED) en relación al oficio DCT-DGPT-2024-1069 suscrito por el funcionario en fecha 28 de julio de 2024.

Resultando

1º—En fecha 21 de junio de 2024, mediante oficio número INL-517-2024, recibió el Lic. Oswaldo Miranda Víquez, Director General de la Policía de Tránsito, una invitación por parte de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América, suscrita por el señor Robert T. Alter, para participar en la Conferencia Internacional de Jefes de Policía a celebrarse en Boston, Massachussets en las fechas comprendidas entre el 19 de octubre al 22 de octubre de 2024.

En la invitación extendida por la Embajada de Estados Unidos de América señala que las fechas de viaje corresponderían los días 18 de octubre y 23 de octubre de 2024, siendo el costo de los boletos aéreos cubierto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, así como los gastos correspondientes a alojamiento, alimentación, seguro médico básico, transporte interno, equipaje y cuota de inscripción a la conferencia.

2º—Mediante oficio número DVT-DGPT-2024-1069, el Lic. Miranda Víquez, realiza la solicitud de visto bueno al señor viceministro Lic. Carlos Ávila Arquín, como superior directo para que se le otorgue el aval de asistencia a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía, indicando la importancia de asistir a dicho evento que reúne a más de 15.000 profesionales en el campo de la seguridad pública para conocer sobre innovaciones en el campo de la investigación, técnicas para mejorar conocimientos y actualizaciones respecto a equipos policiales.

El señor Oswaldo Miranda Víquez, en el oficio supracitado solicita que, en caso de no poder asistir personalmente a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía, se brinde aval para que en su lugar se presente el señor Martín Sánchez Agüero, en condición de Subdirector de la Dirección General de Policía de Tránsito.

3º—El visto bueno a la asistencia del señor Miranda Víquez, o en su sustitución para el señor Sánchez Agüero, se otorgó por parte del Viceministerio de Transportes y Seguridad Vial como superior directo mediante oficio número DVTSV-2024-0730, remitido al señor Ministro Mauricio Batalla Otárola en fecha 02 de julio de 2024.

4º—Mediante oficio DOF-CP-SE-2024-0150 (ED) del 12 de agosto de 2024, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Personal de la Policía de Tránsito suscrito por la Mba. Gloria Catalina Víctor Castro, se remite la solicitud de aval de asistencia a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía (International Association of Chiefs of Police, IACP) para el señor Oswaldo Miranda Víquez, conforme a los acuerdos tomados en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 31 de julio, para que esta instancia resolviera lo correspondiente a la autorización debido a que el señor Miranda Jiménez es miembro titular de dicho consejo. 

5º—Que, en virtud de lo anterior, procede este Despacho a conocer y resolver la presente solicitud.  

Considerando

Único: Procede este despacho a conocer la solicitud de aval de asistencia a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía (International Association of Chiefs of Police, IACP) y solicitud de permiso sin goce de salario para el señor Oswaldo Miranda Víquez, o en sustitución para el señor Martín Sánchez Agüero, remitida mediante oficio DOF-CP-SE2024-0150 (ED).

De conformidad con lo establecido en el artículo número 104 del Decreto Ejecutivo número 36235- MOPT, Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, existe la posibilidad de que el jerarca de la institución brinde permiso con goce de salario a servidores que hayan sido invitados por Gobiernos extranjeros a participar a seminarios, congresos o actividades similares. Para un mejor análisis de lo anterior, se transcribe el artículo de cita:

“Artículo 104.—Los permisos para que los servidores se acojan a invitaciones de Gobiernos o de Organismos Internacionales para viajes de representación o participación en seminarios, congresos o actividades similares, se podrán conceder con goce de sueldo por los Ministros, siempre que no excedan de tres meses.”

Con fundamento en este artículo del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, considerando que se presentan los oficios de invitación a participar de la Conferencia Internacional de Jefes de Policía, suscrito por el Director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia y el oficio de aval de su superior jerárquico, el señor viceministro de Transportes y Seguridad Vial, Lic. Carlos Ávila Arquín, no encuentra esta instancia motivo que impida se otorgue el aval para la participación en la Conferencia Internacional de Jefes de Policía del Lic. Oswaldo Miranda Víquez, el cual podrá hacerse sustituir por el Lic. Martín Sánchez Agüero. 

Siendo así, de conformidad con las facultades delegadas a la suscrita mediante la resolución número 2024-000874 de las 10:00 horas del 21 de junio de 2024, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 120 del 02 de julio de 2024, en este acto se aprueba la solicitud aval para participar en la conferencia internacional de jefes de policía al Lic. Oswaldo Miranda Víquez y se le otorga licencia con goce de salario, para que el funcionario participe en dicha conferencia en representación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el período de tiempo comprendido entre el 18 de octubre de 2024 y el 23 de octubre de 2024, resolución cuyo alcance contempla el mismo efecto para la asistencia en sustitución del señor Martín Sánchez Agüero, en caso de que el Lic. Miranda Víquez no pudiese asistir. Por tanto;

LA VICEMINISTRA DEL VICEMINISTERIO

ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

RESUELVE:

1º—Aprobar la solicitud de aval a favor del Lic. Oswaldo Miranda Víquez, pudiendo ser sustituido por el Lic. Martín Sánchez Agüero, para su asistencia a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía a celebrarse en Boston, Massachussets.

2º—Aprobar la solicitud de licencia con goce de salario a favor del Lic. Oswaldo Miranda Víquez, pudiendo ser sustituido por el Lic. Martín Sánchez Agüero, en el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 23 de octubre de 2024 para su asistencia al evento.

3º—Notificar a los señores Oswaldo Miranda Víquez y Martín Sánchez Agüero de la presente resolución.

4º—Comunicar lo resuelto la señora MBA. Gloria Catalina Víctor Castro, Jefe a.i. de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Personal de la Policía de Tránsito. Notifíquese.—Viceministerio Administrativo y Gestión Estratégica.—Sylvia Andrea Soto Rojas Viceministra.—1 vez.—O.C. N° 4600090949.—Solicitud N° 534123.—( IN2024892573 ).