CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

FÁBRICA NACIONAL DE LICORES

DIVISIÓN ADSCRITA AL CONSEJO

NACIONAL DE PRODUCCIÓN

La Fábrica Nacional de Licores comunica que en el texto del Reglamento de Organización de la Fábrica Nacional de Licores (ROFANAL), publicado en La Gaceta Nº 127 del 02 de julio del 2021, debe reemplazarse el nombre de “Manual de Clasificación y Valoración de Puestos de FANAL” por “Manual Especificaciones de Clases”.

Ing. José David Ruiz Piedra, Administrador General.—1 vez.—( IN2021565527 ).

PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE TERRENOS PROPIEDAD

DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO PARA QUE LOS DONE

A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO

Y ALCATARILLADO EL MOLINO

EXPEDIENTE N° 22.556

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Asociación Administradora Acueducto y Alcantarillado El Molino, cédula jurídica 3-002-565237, situada en Distrito Occidental, cantón Central Cartago, provincia de Cartago, ha estado utilizando por más de 18 años, los terrenos municipales con números de fincas de este Partido 97471, 97473 y 97459, los cuales se encuentran al uso público y son aprovechados por la patente, cabalmente para brindar el servicio de agua potable a la comunidad de El Molino, por lo que a la luz del numeral 44 de la Ley de Planificación Urbana, se refuerza ese carácter público y, dada la naturaleza de dicho uso, se está ante un bien demanial, no siendo posible su donación directa de la Municipalidad de Cartago a dicha Asociación, con base también a lo que al respecto ha dicho la Contraloría General de la República:

1.             Para disponer de los bienes municipales se debe cumplir con el principio de legalidad, lo que implica que la municipalidad de previo a donar un inmueble de su propiedad debe contar y haber identificado plenamente la norma de rango legal que le autoriza realizar la donación al beneficiario que se pretende, caso contrario su actuar resultaría improcedente e ilegal.

2.             La ASADA es un sujeto de derecho privado que puede denominare como organismo local, concepto que no es equivalente al de órgano del Estado ni de institución autónoma o semiautónoma que se utiliza en el artículo 62 del Código Municipal.

3.             El Decreto N.° 30720-H, “Reglamento para el registro y control de bienes de la Administración Central” en estricto sentido no es la norma legal habilitante para que las municipalidades donen bienes a una ASADA…” (DFOE-DL-1156 de 11 de diciembre de 2017.)

Sin perjuicio de ello, cada Concejo Municipal bien puede tomar un acuerdo por el que solicite a la Asamblea Legislativa se apruebe una ley que permita la donación de los terrenos en cuestión.

Es por eso que el Concejo Municipal de Cartago, en Sesión Ordinaria del Acta Nº 78-2021, Artículo Nº23 celebrada el día 18 de mayo del 2021, acordó solicitar a la Asamblea, Legislativa la aprobación de una ley que permita la donación de los terrenos en cuestión.

El presente proyecto de ley, nace como iniciativa de la Municipalidad de Cartago, mediante el correspondiente acuerdo del Gobierno Municipal (artículo 12 del Código Municipal), busca que las fincas del Partido de Cartago al que alude, se traspasen a la ASADA El Molino con el objeto de que esa entidad pueda integrarlos a su patrimonio y, de allí, se le coadyuve de manera efectiva en la gestión del acueducto del Residencial El Molino ubicado en el Distrito Occidental de este cantón. Y es que, en la actualidad, esa falta de registración se confabula para que esa ASADA tenga problemas para avanzar en los trámites de inscripción de un pozo para proveer de agua a dicho residencial y, en particular, cumplir el voto de la Sala Constitucional N° 2019-013292 de las 9 horas 20 minutos del 19 de julio del 2019, por el que se dispuso, en lo que interesa:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso solo por la inercia o negligencia de las autoridades recurridas ante la problemática por contaminación con nitratos del pozo del Residencial El Molino en Cartago. Se le ordena a José Rodolfo Ramírez Villalba, Vladimir Mesén Montenegro y Carlos Eduardo Aguilar Quesada, por su orden Director UEN Gestión de ASADAS del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Jefe de la Oficina Regional Central del Este de Atención de ASADAS del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y representante judicial y extrajudicial de la ASADA de Residencial El Molino, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que realicen las gestiones y coordinaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, a efectos de que dentro del plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se empiece a suministrar a los abonados de la ASADA El Molino agua potable proveniente de un nuevo pozo que cumpla con los estándares nacionales de potabilidad del líquido. Asimismo, en forma inmediata, deberán gestionar y coordinar lo necesario a efectos de que, en el plazo máximo de 15 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, se reanude el proceso de dilución del agua del actual pozo del Residencial El Molino, como medida temporal mientras entra en funcionamiento el nuevo pozo. Por su parte, se le ordena a Roberto Ramírez Chavarría, en su condición de Director de Gestión e Investigación Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, a quien ocupe el cargo, que le dé el debido seguimiento a lo dispuesto en la parte dispositiva del dictamen n.° UGH-248-16 del 24 de octubre de 2016. Por otro lado, se le ordena a Andrea Morales Fiesler, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quien ocupe el cargo, que dé el debido seguimiento y fiscalice el cumplimiento de las órdenes sanitarias vigentes emitidas; además, en caso de ser necesario, que emita nuevas órdenes sanitarias. Por último, se le ordena a Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde de Cartago, o a quien ocupe el cargo, que gire las directrices necesarias en el ámbito de sus competencias a efectos de que, dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, la municipalidad rinda un informe sobre las actuales regulaciones cantonales de ordenamiento territorial en relación con las zonas de protección de los acuíferos y sobre el cumplimiento actual de dicha normativa en el sector del Residencial El Molino y zonas circunvecinas. Asimismo, deberá coordinar lo necesario para que se tomen las medidas que resulten pertinentes a la luz de los resultados de este informe, el cual deberá ser notificado al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, la ASADA El Molino y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Todo lo anterior se dicta con la advertencia que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Residencial El Molino, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y la Municipalidad de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo y civil, según corresponda. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese este pronunciamiento a José Rodolfo Ramírez Villalba y Vladimir Mesén Montenegro, por su orden Director UEN Gestión de ASADAS y Jefe de la Oficina Regional Central del Este de Atención de ASADAS, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; así como a Carlos Eduardo Aguilar Quesada, Roberto Ramírez Chavarría, Rolando Rodríguez Brenes y Andrea Morales Fiesler, por su orden representante judicial y extrajudicial de la ASADA de Residencial El Molino, Director de Gestión e Investigación Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Alcalde de Cartago y Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, en forma personal.”

Ahora bien, esas propiedades que ocupa el proyecto de ley, NO están registradas a nombre de esta comuna. Empero, están al uso público y aparecen en el Mapa Oficial, con lo que se cumplen los supuestos establecidos en la Ley de Planificación Urbana N°4240, artículo 44, para ser reputadas como municipales y prescindirse, por tanto, de su inscripción registral previa:

Artículo 44.-

El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial.

El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal en que se apruebe la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo destino.”

Como se ve, ese numeral recoge el principio de inmatriculación, el cual ha sido desarrollado por nuestra jurisprudencia especializada de la siguiente forma:

“Este Tribunal, desde vieja data (v.gr. Sección Tercera, mediante voto de mayoría, en la sentencia n.° 868 del 16 de octubre del 2001) ha tratado el principio de inmatriculación de la siguiente manera:

“III.-       PRINCIPIO DE INMATRICULACIÓN. LA INNECESARIA INSCRIPCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO: La eficacia del régimen demanial es per se. Su existencia y publicidad se da con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento como medio para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación. Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el dominio público impiden que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen. El demanio tiene publicidad legal. Lo anterior va aparejado al principio de inmatriculación de los inmuebles componentes del dominio público, el cual cuenta con una publicidad material y no necesariamente formal o registral. Frente al dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. La condición de bien de dominio público y uso público afecta a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan de la inscripción registral”. Así las cosas, el carácter demanial de los bienes municipales, como parte del Estado, se constituye por el uso que estos tengan, no por lo que se consigne registralmente de ellos…” (ver entre otros muchos, el voto N°37 - 2016 – II del Tribunal Contencioso Administrativo Sección II de las ocho horas del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y las sentencias de la Sala I N°1448-2014 y 4304-F-2019)

Finalmente, la Municipalidad de Cartago se reunió hace algunos meses con representantes de la ASADA de autos y con el Fideicomiso del BCR que administra esos bienes, y ese fideicomiso expuso la situación tributaria (impuesto a las personas jurídicas), y demás extremos que le han dificultado trasladar esos bienes directamente a la Municipalidad de Cartago, por lo que con un ánimo de celeridad y de evitar que esa ASADA o el A y A puedan incurrir en desobediencia al supra citado voto, se definió como el mecanismo más ágil y apropiado el que se ha presentado para el escrutinio de los señores y señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa porque, de todas formas, se reitera, los bienes de autos son municipales ipso iure.

Por los motivos señalados, me permito presentar a consideración de la señores y señoras diputados y diputadas, el siguiente proyecto de ley que pretende que la Municipalidad de Cartago done a la Asociación de Acueductos del Molino, los terrenos antes mencionados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE TERRENOS PROPIEDAD

DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO PARA QUE LOS DONE

A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO

Y ALCATARILLADO EL MOLINO

ARTÍCULO 1-             Desaféctese del uso público, los siguientes terrenos propiedad de la Municipalidad de Cartago, cédula jurídica número tres – cero catorce – cero cuarenta y dos mil ochenta, inscritos en el partido de Cartago:

-               Finca 97469-000, NATURALEZA: LOTE 21 PARA CONSTRUIR BLOQUE J, LINDEROS: NORTE: LOTE 22, SUR: LOTE 20, ESTE: CALLE CON 12 MTS 50 CM, OESTE: CALLE CON 12 MTS 50 CM, MIDE: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON DIECISIETE DECIMETROS CUADRADOS, PLANO:NO SE INDICA, PROPIETARIO: GRUPO INVE SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 3-101-039661. DUEÑO DEL DOMINIO.

-               Finca: 97471-000, NATURALEZA: AREA VERDE CON POZO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BLOQUE J LOTE VEINTIDOS, LINDEROS: NORTE: LOTE 23, SUR: LOTE 21, ESTE: CALLE CON 20 MTS 86 CM, OESTE: EL MOLINO SOCIEDAD CAFETALERA, MIDE: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CON NOVENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS PLANO:NO SE INDICA. PROPIETARIO: GRUPO INVE SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 3-101-039661. DUEÑO DEL DOMINIO.

-               Finca: 97473-000, NATURALEZA: LOTE 23 PARA CONSTRUIR BLOQUE J, LINDEROS: NORTE: EL MOLINO SOCIEDAD CAFETALERA SUR: LOTE 22 ESTE: CALLE CON 29 MTS 50 CM OESTE: EL MOLINO SOCIEDAD CAFETALERA. MIDE: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CON SETENTA DECIMETROS CUADRADOS. PLANO:NO SE INDICA. PROPIETARIO: GRUPO INVE SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA 3-101-039661. DUEÑO DEL DOMINIO.

ARTÍCULO 2-             Se autoriza a la Municipalidad de Cartago a donar los lotes desafectados en el artículo anterior a la Asociación Administradora Acueducto y Alcantarillado El Molino, cédula jurídica 3-002-565237, para que sean destinados exclusivamente para el Acueducto de la urbanización El Molino. En caso que se varíe el uso original del inmueble o se disuelva la persona jurídica beneficiaria, la propiedad de los terrenos donados volverá a ser propiedad de la Municipalidad de Cartago.

ARTÍCULO 3-            Se autoriza a la notaría del Estado, a que proceda a formalizar e inscribir en el Registro Público esta donación, sin valor estimado, lo que incluye la eliminación de los gravámenes hipotecarios que aparecen en sus asientos registrales bajo las citas:

Finca 97469-000 citas: hipoteca 331-05005-01-0889, hipoteca 331-05005-01-0890-001, hipoteca 331-05005-01-0890-001, hipoteca 331-05005-01-0891-001, 331-05005-01-0892-001.

Finca 97471, citas: hipoteca 331-05005-01-0865-001, hipoteca 331-05005-01-0866-001, hipoteca 331-05005-01-867-001, hipoteca 331-0505-01-868-001, practicado citas: 575-50395-01-003-001, Juzgado Civil de Menor Cuantía de Cartago, expediente 08-000485-0346-CI.

Finca 97473-000 citas: hipoteca 331-05005-01-0852-001, hipoteca 331-05005-01-0853-001, hipoteca 331-05005-01-0919-001, hipoteca 331-05005-01-0921-001.

Su inscripción estará exenta del pago de honorarios y de todo tipo de derechos y timbres.

Rige a partir de su publicación.

Marolin Azofeifa Trejos

Diputada

NOTAS:                 Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566359 ).

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY CONTRA LA

CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA

FUNCIÓN PÚBLICA, N° 8422, DE 29 DE OCTUBRE DE 2004

LEY PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA

QUE SIRVEN DIRECTAMENTE A UN JERARCA DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBAN DECLARAR SU

SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

Expediente N° 22.559

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, ha constituido, desde su promulgación en el año 2004, una de las herramientas normativas de las que dispone el Estado para promover la transparencia en la actuación pública y, sobre todo, para vigilar el cumplimiento del deber de probidad y rigurosidad ética en sus actuaciones a la que están obligados los servidores públicos. El objeto de dicha ley es prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la labor pública.

Conforme lo descrito en el artículo 2, se define como servidor público a “toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva”.

El combate a la corrupción obliga a reducir al mínimo las vulnerabilidades y desviaciones en el ejercicio de un cargo público, pues este flagelo de la democracia erosiona la confianza de la población en la institucionalidad, obstaculiza el desarrollo económico y agrava aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental, según la organización Transparencia Internacional.

Uno de los elementos que el legislador dispuso incorporar en la Ley N° 8422 fue la obligatoriedad, a una lista taxativa de funcionarios públicos que cumplen una condición de jerarca, administrador, conductor o ejecutor de recursos públicos, de rendir una declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República, cuya función constitucional es la de servir como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública.

Actualmente, rinden declaración jurada de bienes, los siguientes funcionarios públicos:

1.       Diputados a la Asamblea Legislativa.

2.       Presidente y vicepresidentes de la República.

3.       Ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros.

4.       Magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad.

5.       Contralor y el subcontralor generales de la República.

6.       Defensor y el defensor adjunto de los habitantes.

7.       Procurador general y el procurador general adjunto de la República.

8.       Fiscal general de la República y fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público.

9.       Rectores y los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior.

10.     Regulador general de la República.

11.     Superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes.

12.     Oficiales mayores de los ministerios.

13.     Miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto.

14.     Presidentes ejecutivos.

15.     Gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas.

16.     Regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales.

También, declararán su situación patrimonial:

17.     Empleados de las aduanas.

18.     Los empleados que tramiten licitaciones públicas.

19.     Los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado.

20.     Los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos.

Como se observa, en la lista que detalla el actual artículo 21 de la Ley N° 8422, no se detalla como funcionarios obligados a la declaración jurada al personal de confianza que labora de manera directa para el jerarca de las instituciones públicas, a pesar de que, en muchas ocasiones, pueden llegar a concentrar en sus funciones un alto nivel de poder dada su estrecha cercanía con el jerarca, quien sí tiene la obligación de informar sobre su estado patrimonial.

La única vez que el artículo 21 de la Ley N° 8422 ha sido reformado, fue mediante la Ley N° 9093, de 18 de diciembre de 2012, para incorporar el deber de los jueces y fiscales del Ministerio Público de rendir declaración sobre su situación patrimonial.

Se ha considerado necesario incorporar en la norma una disposición que señale que rendirán declaración los funcionarios de confianza que sirvan de manera directa a cualquiera de los jerarcas de las instituciones del Estado.

Conforme la línea de criterio de la Procuraduría General de la República, basada en la doctrina, los funcionarios de confianza han sido definidos como: “… aquellos cuya actividad se relaciona en forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, con sus intereses, con la realización de sus fines y con su dirección, administración y vigilancia generales; esta fórmula y las disposiciones de la ley vigente, interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia, permitieron determinar las dos características siguientes: primeramente, la categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de sus funciones; en segundo lugar, las funciones de confianza son las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionan con trabajos personales del patrón”.^[1]

Por su parte, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente:

(…) (la relación de confianza) puede fundamentarse, según los requerimientos del cargo, en aspectos puramente subjetivos, de orden personal; pero también puede derivar de aspectos objetivos nacidos de una comunidad ideológica (política en el buen sentido del término), necesaria para el buen manejo de la cosa pública conforme a los planes y programas.^[2]

Dada la cercanía, confianza y responsabilidades que, eventualmente pueda tener un funcionario público contratado bajo ese régimen con su respectiva jefatura, cuando se trate de un jerarca de las instituciones que integran la Administración Central (Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos) y la Descentralizada (autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades), se plantea en esta iniciativa, la incorporación de estos al deber de rendir declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.

Debe quedar claro que esta iniciativa no pretende ampliar el deber de rendir declaración necesariamente a todos los funcionarios que presupuesta o funcionalmente se encuentran contratados bajo régimen de confianza, sino exclusivamente para aquellos que sirvan en forma directa al jerarca, pues puede ocurrir que en algunas instituciones exista personal contratado bajo régimen de confianza y a tiempo definido, pero no se destaque en el despacho del jerarca propiamente.

En el caso de las municipalidades, el artículo 127 del Código Municipal define que son funcionarios de confianza aquellos que estén contratados a plazo fijo para brindar servicio directo al alcalde, el presidente y vicepresidente municipales y a las fracciones políticas que conforman el concejo municipal. Siendo que, por la naturaleza de la jerarquía bicéfala de nuestro sistema municipal, a lo largo y ancho del país, los alcaldes y regidores municipales comprometen presupuestos y realizan actividad de adjudicación de contratación administrativa, se considera oportuno que, quienes fungen como su personal de confianza, también deban rendir declaración jurada de bienes, las que deben servir como mecanismo de transparencia, combate a la corrupción y fiscalizarse de manera adecuada por parte del órgano contralor para identificar posibles desvíos o actividades anormales que puedan exponer el incremento indebido del patrimonio de un servidor público en todos los casos.

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY CONTRA LA

CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA

FUNCIÓN PÚBLICA, N.°8422, DE 29 DE OCTUBRE DE 2004

LEY PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA

QUE SIRVEN DIRECTAMENTE A UN JERARCA DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBAN DECLARAR SU

SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, de 29 de octubre de 2004, para que en adelante se lea de la siguiente manera

Artículo 21- Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial

Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo señalan la presente ley y su reglamento, los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes; los oficiales mayores de los ministerios; los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales.

Asimismo, rendirá declaración la persona funcionaria contratada bajo el régimen de confianza, siempre que sirva de manera directa al jerarca de las instituciones de la Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las dependencias y los órganos auxiliares de estos, así como en la Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.

También, declararán su situación patrimonial los empleados de las aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos, quienes, en lo conducente, estarán sometidos a las disposiciones de la presente ley y su reglamento.

El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, respecto de estos funcionarios, gozará de las mismas facultades que esta ley asigna a la Contraloría General de la República en relación con los demás servidores públicos.

Rige a partir de su publicación.

Gustavo Viales Villegas

Diputado

NOTA:        Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566360 ).

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 2 BIS DE LA

LEY N.° 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS

PÚBLICOS, DE 22 DE AGOSTO DE 1972

Expediente N.°22.563

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las obras de infraestructura vial son vitales para el desarrollo económico y social del país, dado que mejoran las condiciones de competitividad de las regiones involucradas, pues garantizan la movilidad, el comercio, la conexión entre regiones e incluso entre países; lo cual incide directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

La población demanda carreteras y caminos en buen estado, que funcionen de manera adecuada a sus intereses y asimismo que permitan transitar en forma ágil, segura y sin riesgos; por tanto, el Estado está en la obligación de satisfacer ese servicio en forma efectiva y eficiente, a como lo dicta el primer párrafo del artículo 50 de nuestra constitución Política.

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (…)”.

No cabe duda que el desarrollo del país debe efectuarse en franca armonía con el medio ambiente, bajo un modelo de un desarrollo sostenible, que garantice la prestación continua y eficiente de los servicios públicos y asimismo el derecho de los habitantes del país de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Congruente con lo anterior, es imperativo que la legislación regule de forma acertada, el equilibrio y cohesión que debe existir entre los derechos tutelados, de manera que el desarrollo de infraestructura vial y la protección del ambiente se complementen. Como consecuencia de lo anterior, resulta desacertado que se emita normativa que conduzca a las instituciones del Estado a operar de forma aislada y desarticulada y que de alguna manera obstaculice las funciones que les competen; pues lo que persigue el Gobierno de la República en su totalidad, es el bienestar de los costarricenses satisfaciendo sus necesidades básicas, fundamentalmente, los servicios públicos y asimismo la protección del ambiente en forma equilibrada.

Una de las situaciones que generan dificultades en la ejecución de obras de mantenimiento y conservación de las vías públicas, está referida a la corta de los árboles que crecen en el derecho de vía; pues para efectuar tal corta se requiere de la autorización del Ministerio del Ambiente y Energía; lo cual genera trámites que causan afectación en la intervención oportuna de las vías y que no resultan congruentes con el servicio público que están llamadas a cumplir.

Las carreteras, caminos o vías públicas, constituyen un bien de dominio público, por tanto, están afectos a un uso o servicio público y se encuentran sometidos a un régimen jurídico especial. Sobre este tema, la resolución N.° 2306-91 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, señaló:

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometido a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa...”

En el caso de las vías públicas, esa condición la encontramos entre otras, en la Ley de Construcciones, N.° 833, de 2 de noviembre de 1949, que establece en su artículo 4, que “vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya a ese uso público”.

Esa característica también está establecida en el artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, al disponer que son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o bien que se construyan en el futuro. Se comprende dentro de ellos, según los artículos 6, 19 y 28 de esa misma ley, los derechos de vía.

El derecho de vía, que es el terreno destinado a la construcción vial, se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, de 4 de octubre de 2012 de la siguiente forma:

“Derecho de vía: derecho que recae sobre una franja de terreno de naturaleza demanial y que se destina a la construcción de obras viales para la circulación de vehículos o el tránsito de personas o de otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato, la nomenclatura vial, el anuncio informativo de servicios, las actividades y los destinos turísticos, así como para la instalación de paradas de vehículos de transporte público o para buses”.

No cabe la menor duda que este tipo de bien de uso público -las carreteras y su correspondiente derecho de vía- se encuentran afectadas a una vocación legal, a una finalidad y destino específico que el propio legislador le impuso y que está claramente estipulado en el ordenamiento jurídico: la libre circulación de vehículos o el libre tránsito de personas.

Ahora bien, siendo esa la función llamada a cumplir, el ordenamiento jurídico le brinda al titular de su administración, que en este caso es al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también las municipalidades, según corresponda, una obligación- deber de protegerlo, garantizando con ello que cumpla su vocación legal, su finalidad o destino específico; mediante la dotación de vías en buen estado, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.

Las labores de mantenimiento y conservación de las carreteras requieren la remoción de los árboles que se encuentran dentro del derecho de vía; por tanto, no resulta acorde con la vocación que están llamadas a cumplir esos bienes demenciales, que el Estado no pueda remover árboles que obstaculizan la visibilidad o que impiden la ejecución de este tipo de labores, si no es con la autorización del Ministerio del Ambiente y Energía, dependencia que establece una serie de requisitos para brindarla.

Se trata de derechos de vía constituidos como tales, por tanto, por voluntad expresa del legislador tienen un destino específico que cumplir, que es la libre circulación de vehículos o el libre tránsito de personas; en consecuencia, el garantizar el cumplimiento de esa vocación no deberían depender del otorgamiento de un permiso como el que nos ocupa.

Otro de los temas que genera controversia lo constituyen las denominadas “Áreas de Vida Silvestre” y el “Patrimonio Natural del Estado”, ambos regulados por diversa normativa ambiental, puntualmente por la Ley N.° 7554, de 4 de octubre de 1995, “Ley Orgánica del Ambiente” y “Ley N.° 7575, de 13 de febrero de 1996, “Ley Forestal”.

Conviene en la especie retomar el postulado de las disposiciones que regulan ambas categorías, a afectos de ponderar sus alcances y las eventuales limitaciones e impedimentos que su fundamento representa, en lo atinente al desarrollo de infraestructura vial en beneficio del usuario.

Así en lo tocante a las áreas silvestres protegidas, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, dispone una clasificación de dichas áreas describiéndolas de la siguiente manera:

“Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas.

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:

A)            Reservas forestales.

B)            Zonas protectoras.

C)            Parques nacionales.

D)            Reservas biológicas.

E)            Refugios nacionales de vida silvestre.

F)            Humedales.

G)            Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la prevención de estas áreas”.

En cuanto a la esfera de protección y de tutela de dichas áreas, el legislador de la época consideró conveniente establecer regulaciones extremas y radicales en lo que a su disposición y manejo se refiere; incluso limitando la acción que el mismo Estado pudiera desarrollar sobre estas, enfocada en la provisión de otros servicios que, en igual magnitud, son tan importantes como la protección del ambiente, pues estos se dirigen a satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.

Congruente con lo anterior, el numeral 38 de la ley en mención, limita y condiciona la reducción o uso de la superficie de las áreas a la promulgación de una ley, con las implicaciones que conlleva promover una norma de rango legal para estos efectos. Dispone el referido numeral:

“Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas

La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.

En este mismo sentido y en lo que atañe al patrimonio natural del Estado, el cual tiene idéntica restricción que las áreas silvestres protegidas, el artículo 13 de la Ley Forestal, plasma su definición y en lo atinente a su constitución señala lo siguiente:

“Artículo 13: Constitución y administración

El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades y de instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.

El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado.

Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de éste”.

El numeral 18 de dicha Ley Forestal, describe las actividades que resultan susceptibles de ser desarrolladas en el patrimonio natural del Estado, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 18.- Autorización de labores

En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”.

Retomando el contenido de los artículos antes transcritos, surge el cuestionamiento lógico de determinar cuáles son las razones que tuvo el legislador para limitar de manera radical, las actividades en el patrimonio natural del Estado, cuando en este se preservan especies de árboles que perfectamente podrían ser removidos si se encontraran dentro de la categoría de propiedad privada forestal.

Y es que ese es nuestro constante cuestionamiento porque resulta que según la disposición contenida en el numeral 19 de la ley en cuestión que a continuación se analizará, en un terreno con características boscosas de naturaleza privada SÍ resulta factible desarrollar actividades de diversa índole, dentro de las cuales destaca la ejecución de proyectos estatales, pero que en una propiedad estatal, por lo que dispone la ley, NO pueden ser ejecutadas; es decir, pueden existir dos terrenos aledaños con idénticas características en cuanto a su aptitud (forestal); la única diferencia estriba en su propietario, uno es el Estado y el otro un sujeto privado; en el inmueble de este último y observando determinados requisitos (declaratoria de conveniencia nacional), si resulta factible desarrollar proyectos, en tanto que en la propiedad del Estado, aun teniendo idénticas características que el otro, no es posible desarrollar más que las actividades descritas en el numeral 18 y ninguna de estas se enfocan en la provisión de servicios públicos básicos.

Valga retomar el postulado del referido artículo 19 del título tercero el cual como se expuso, describe la propiedad privada forestal y las actividades que sobre esta es factible desarrollar.

Señala dicho numeral:

“TÍTULO TERCERO: PROPIEDAD PRIVADA FORESTAL

Artículo 19.- Actividades autorizadas

En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines:

a)                  Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la Recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques.

b)                  Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional.

c)                  Cortar los árboles por Razones de seguridad humana o de interés científico.

d)                  Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias.

En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y Razonable para los fines antes expuestos…”

Conforme lo anterior es urgente enmendar el contrasentido que regula la Ley Forestal, pues sin duda a quien perjudica directamente en la actualidad, es al usuario de los servicios, pues su provisión ágil y efectiva se ve totalmente vulnerada y mermada.

Carece de toda lógica y razonabilidad someter el desarrollo de un proyecto de infraestructura vial, al proceso de aprobación legislativa, dada la consecución de trámites y procesos que deben observase y el impacto que por el tiempo que ello demanda tendría en la ejecución de los proyectos, que por su naturaleza debe ser ágil y efectivo.

En este sentido se presenta una situación paralela entre las restricciones impuestas para el patrimonio natural del Estado con las áreas silvestres protegidas. Como se expuso supra, como tesis de principio no es posible la intervención y uso de dichas áreas si ese uso no está precedido por una ley que así lo autorice. Ello supone que la construcción de una estructura para un puente sobre un humedal o bien la construcción de una carretera en un parque nacional, deben ser sometidos al consenso legislativo pues de lo contrario, se podría incurrir en una ilegalidad pese a ser ambos, vías de comunicación para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.

Con el proyecto que se plantea, se pretende flexibilizar la norma para que se permita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a las municipalidades, la construcción e intervención ágil de las vías; por la naturaleza del servicio que se presta al usuario y por lo que representa para el tráfico comercial, continuar en el estancamiento vial que en buena medida ha sido originado por un ordenamiento jurídico rígido, acarrearía graves repercusiones que en algunos casos podrían ser irreparables e irreversibles. La construcción o intervención de una obra vial obedece a razones y motivos de orden técnico, social y económico, por tanto, el Estado debe tener todas las facilidades para lograr sus cometidos, los cuales se dirigen estrictamente a la satisfacción del interés público. En este sentido carece de razonabilidad, establecer restricciones que limitan y cercenan la gestión pública en beneficio del usuario.

Flexibilizar la norma no implica desproteger el ambiente; lo que se pretende es que se acceda a un manejo de este y de sus áreas protegidas, generando impactos evaluados que permitan la implementación de medidas para restituir, compensar y mitigar daños, o bien asumir todas las medidas necesarias para preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como demanda el artículo 50 de nuestra Constitución Política.

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley, MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 2 BIS DE LA LEY N.° 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, DE 22 DE AGOSTO DE 1972.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULOS 2 BIS DE LA

LEY N.° 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS

PÚBLICOS, DE 22 DE AGOSTO DE 1972

ARTÍCULO ÚNICO-         Modifíquese el artículo 2 bis de Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 2 Bis-           Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o nacional existente tendrán la potestad para remover en virtud del interés público, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), todo obstáculo, situado en el derecho de vía legalmente constituido, incluyendo las áreas de protección de ríos y quebradas que se encuentren en el derecho de la vía pública, sin que ello signifique transgresión a la normativa ambiental.

Para el aprovechamiento de los árboles que afecten el derecho de vía, deberán realizarse los trámites regulados ante instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía.

Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o nacional, previo al inicio de la obra, deberán comunicarlo a las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía, a efectos de que lleve el registro de las obras correspondientes, y serán responsables de las acciones que se realicen en atención del presente artículo.

Rige a partir de su publicación

Marolin Raquel Azofeifa Trejos

Diputada

NOTA:            Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566365 ).

ADICIÓN DE UN INCISO F) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV

“RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA”, CAPÍTULO

I “DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE

APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, LEY

N.°9365 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA

DISPONER DE FORMA EFICIENTE LOS

DINEROS DECOMISADOS Y COMISADOS

QUE TIENEN COMO DESTINO ESPECÍFICO

EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS

PREVENTIVOS Y REPRESIVOS

Expediente N.° 22.568

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es la institución creada por la Ley N.°8204, reforma integral de la Ley N.°7786, “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, como ente rector político, encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas; el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

El ICD es la entidad responsable del diseño y la coordinación en la ejecución de las políticas para el abordaje del fenómeno de las drogas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, por lo que coordina con las instituciones ejecutoras, programas y proyectos afines en estas materias y a efectos del cumplimiento de sus funciones, así como el desarrollo de intervenciones estratégicas que las operacionalizan.

Para su cumplimiento dependen de los recursos que se generan a partir de la aplicación de la Ley N.°8204, título V, capítulos I y II, artículos 85 y 87, es decir, de los valores, dineros comisados e intereses percibidos de los dineros decomisados; recursos que se utilizan para financiar programas o proyectos de cualquier índole que tiendan al cumplimiento de las funciones asignadas en los artículos 99 y 100, que provienen de los decomisos y comisos de dinero y bienes ejecutados por las autoridades correspondientes, dineros que el ICD administra y ejecuta.

Mediante estos recursos provenientes de actividades ilícitas como el crimen organizado, legitimación de capitales y narcotráfico, entre otros, el Instituto Costarricense sobre Drogas atiende una serie de actividades y compromisos internacionales que el país asumió en diferentes acuerdos binacionales y multilaterales, así como en convenciones y tratados internacionales. ^[3]

De conformidad a lo previsto en los artículos 85 y 87 de la citada ley, el primero, relacionado con los decomisos y el segundo, con los comisos. Se destina a:

[...] a) el sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de ese porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el IAFA y,

b)            un treinta por ciento (30%) a los programas represivos […].

En cuanto al 30%, que se destina al financiamiento de proyectos represivos, el ICD, debe definir las políticas, los planes y estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, así como todas las actividades que esto conlleva en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y, en relación al 60% que se destina para el cumplimiento de programas preventivos, y atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas (SPA) se da desde múltiples frentes como:

a)       La prevención comunitaria.

b)       La prevención familiar.

c)       La prevención escolar y colegial.

d)       La intervención temprana.

e)       El tratamiento.

f)        La rehabilitación.

g)       La disminución de las consecuencias adversas del consumo de SPA.

h)       La integración social; esfuerzos que se traducen en un abordaje integral.

Tanto la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, como la Política Nacional sobre Drogas, ordenan las prioridades país y demás acciones para su cumplimiento en cuatro pilares, a saber:

a)       Drogas y salud pública.

b)       Drogas y derechos humanos.

c)       Drogas y delito.

d)       Drogas y desarrollo humano, cuatro pilares que responden a la complejidad del comportamiento humano y a la interacción de éste con su entorno.

Es claro que el cumplimiento de todas estas acciones en materia preventiva y represiva dependen fundamentalmente de los recursos que se generen a partir de la aplicación de la Ley N.°8204, recursos que a la fecha y de acuerdo con el ICD es complejo proyectar dado que dependen de muchas variables como: el cambio del dólar, tasas de interés para inversiones de depósitos a largo plazo en bancos estatales, flujo de dinero en efectivo y de las resoluciones de comiso de dinero en efectivo que las autoridades jurisdiccionales emitan.

Sin embargo, dada la situación actual del país en materia fiscal, a partir de enero del año 2021, el ICD pasó a ser un programa presupuestario del Ministerio de la Presidencia (Ley N.°9524 Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central), quedando cubierto por lo previsto en la Ley N.°9635; Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que imprime un límite de gasto a la administración pública de la cual el ICD es parte, por ello tuvo que modular sus proyecciones presupuestarias en este ámbito. La mutilación de estos recursos ha provocado un impacto en la consecución de los objetivos y una afectación mayor en el cumplimiento de los fines de la Ley N.°8204, de las entidades y ministerios a las que fortalece con estos recursos, como el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en materia de prevención, y de la disposición del dinero que es administrado por el ICD, dirigida hacia labores preventivas y represivas, dándoseles el mismo tratamiento a los dineros específicos.

Imponer un límite de gasto a estos recursos, conforme describe la regla fiscal para el resto de instituciones del Estado genera problemas en elementos técnicos esenciales para el buen funcionamiento que debe tener un país con un robusto aparato de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; sin dejar de lado todo el ámbito de las acciones de la prevención del consumo y el tratamiento que emanan del ICD, dado que afecta directamente el buen desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, la Unidad de Proyectos de Prevención del ICD, así como de otras unidades de soporte, que cumplen también con los compromisos asumidos internacionalmente.

En la actualidad, el ICD está presentando un escenario donde cuenta con recursos decomisados por actividades ilícitas y que bien podría incorporar a sus presupuestos institucionales para cumplir con los cometidos que la Ley N.°8204 le ha fijado para prevención y represión ante el flagelo del narcotráfico, la legitimación de capitales y el terrorismo; sin embargo, debe prescindir de esos recursos debido al impedimento de crecimiento del gasto corriente. Esta circunstancia y preocupación fue expuesta por el director general, Sergio Rodríguez Fernández, ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, en la sesión N.°10 de 24 de setiembre de 2020:

Señor Sergio Rodríguez Fernández:

(...)

Esto me abre la oportuna para comentarle, que bueno, podría ver más o menos recursos depende de los intereses de ese año, pero tenemos un límite de gasto que se nos ha impuesto un poco bajo. El límite de gasto que tiene el ICD es de cuatro mil quinientos millones y nada más, y podría haber más recursos disponibles para enfrentar el narcotráfico para programas de prevención, pero no podemos pasarnos de ahí por el límite de gastos que tenemos y eso, pues es lo representado. (Lo subrayado y en negrita no es del original).

Se considera inoportuno y contrario a la importante labor de prevención y represión contra el narcotráfico y sus actividades conexas, que existan trabas que impidan al ICD disponer de los recursos que por ley le han sido asignados para esa tarea que debe ser contundente y agresiva. Esa situación está mermando la capacidad institucional y, por ende, debilitando la tarea encomendada.

Adicional a lo anterior, las convenciones internacionales, los estudios y las buenas prácticas internacionales ha apuntado a que la destinación de los recursos provenientes de actividades ilícitas deben orientarse, por una parte, al fortalecimiento de las dependencias que participan directamente de la identificación, localización e incautación de los bienes sujetos al proceso de decomiso o de comiso y con ello contribuir al fortalecimiento del sistema de investigación y judicialización de casos; y, por otra parte, de manera integral a la lucha contra la criminalidad organizada, hacia la prevención del delito destinándose estos recursos a la recuperación de espacios públicos, programas de prevención del consumo de drogas, programas para la prevención de la violencia, apoyo a centros educativos, desarrollo social de comunidades, auspicios de huérfanos o adultos mayores, entre otras actividades de desarrollo y bienestar humano o de protección social, tal y como el ICD las realiza de acuerdo con sus funciones, no siendo recomendable que institutos jurídicos como el comiso o cualquier otra forma de decomiso se utilice como instrumento de recaudación para contrarrestar el déficit fiscal u otras responsabilidades derivadas de la administración financiera del Estado, siendo así inconveniente ingresar los recursos provenientes del crimen en las arcas generales.

Por lo anterior, y ante el crecimiento de la criminalidad en el país, mediante este proyecto de ley se propone incorporar al ICD como una de las excepciones dentro del ámbito de cobertura de la Ley N.° 9365, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, de 4 de diciembre de 2018, en lo que refiere exclusivamente a la distribución de los dineros decomisados y comisados que tienen como destino específico el cumplimiento de los programas preventivos, programas represivos, según los artículos 85 y 87 de la Ley 8204 y los artículos 30 y 36 de la Ley 8754, Ley Contra la Delincuencia Organizada, con el fin de que el ICD pueda lograr un mayor impacto en la lucha contra la criminalidad y el fenómeno de las drogas y cumplir con los compromisos internacionales del país.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO F) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV

“RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA”, CAPÍTULO

I “DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE

APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, LEY

N.°9365 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA

DISPONER DE FORMA EFICIENTE LOS

DINEROS DECOMISADOS Y COMISADOS

QUE TIENEN COMO DESTINO ESPECÍFICO

EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS

PREVENTIVOS Y REPRESIVOS

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso f) al artículo 6 del título IV “Responsabilidad Fiscal de la República”, capítulo I “Disposiciones generales objeto, ámbito de aplicación, definiciones y principios”, Ley N.° 9365, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018, y se lea de la siguiente manera:

Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones:

a)          La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que administra dicha institución.

b)          Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento (50%).

c)          La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo que corresponde a la factura petrolera.

d)          Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No obstante, el presente título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las municipalidades y concejos municipales de distrito, provenientes de transferencias realizadas por el Gobierno central.

e)             Los comités cantonales de deportes.

f)             El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), únicamente en lo que se refiere a la distribución de los dineros decomisados y comisados que tienen como destino específico el cumplimiento de los programas preventivos, programas represivos y sobre el mantenimiento y aseguramiento de bienes comisados y decomisados según los artículos 85 y 87 de la Ley N.° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y sus reformas, de 26 de diciembre de 2001, y los artículos 30 y 36 de la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada.

Rige a partir de su publicación.

Gustavo Viales Villegas

Diputado

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021566367 ).

DECRETOS

N° 43086-COMEX

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 50, 140 incisos 3), 8), l0), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 25, 27 párrafo 1, 28 párrafo 2 inciso b) y 142 párrafo 2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 2 incisos a) y b), 2 ter y 2 quater de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el artículo 1 de la Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000; los párrafos 2 inciso c) y 3 inciso a) del artículo XIII.1 y el Anexo XIII.1.4 del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos, Ley de Aprobación N° 8300 del 10 de setiembre de 2002; los artículos 26 y 27 del Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley N° 7615 del 24 de julio de 1996; y

Considerando:

I.—Que la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá aprobó la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratad o de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá N°1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica”.

II.—Que el artículo 3 de la Decisión de cita que se publica mediante el presente Decreto Ejecutivo establece que “Esta Decisión aplicará al contingente arancelario correspondiente al año natural 2021 y en lo sucesivo. Al definir el volumen del contingente arancelario para el año natural 2021, Costa Rica utilizará las estadísticas oficiales proporcionadas por Canadá para las importaciones de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2020, que totalizan 2.505 toneladas métricas.”

III.—Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Decisión de cita y los principios de “Pacta Sunt Servanda”, “Bona Fides” y la supremacía del Derecho Internacional contenidos en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es necesario adecuar las normas jurídicas nacionales y actos administrativos emitidos al amparo de las mismas para que sean conformes con las disposiciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos, por lo que, resulta necesario modificar, en lo conducente, el Reglamento General sobre la Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo N° 39938-COMEX del 29 de septiembre de 2016. Asimismo, siendo la voluntad de las partes del Tratado que dicha Decisión aplique al contingente arancelario correspondiente al año natural 2021 y no existiendo derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas que obsten dicha adecuación, el Ministerio de Comercio Exterior en el ejercicio de sus competencias, procurará que dicho proceso ocurra con arreglo a lo dispuesto en la Decisión en mención.

IV.—Que, en cumplimiento de lo establecido en dicho Tratado, debe publicarse la citada Decisión. Por tanto;

Decretan:

Publicación de la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado

de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica

y el Gobierno de Canadá N°1 Sobre la interpretación de los párrafos

2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica”

y adición de un párrafo 4 al artículo 5 del Reglamento

General sobre la Asignación de Contingentes

Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo

N° 39938-COMEX del 29 de setiembre de 2016

Artículo 1º—Publíquese la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá N° 1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” que a continuación se transcribe:

“Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado

de Libre Comercio entre el Gobierno de la República

de Costa Rica y el Gobierno de Canadá N° 1

Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3

de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista

de Costa Rica

La Comisión de libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá (en adelante la Comisión):

A la luz del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá (en adelante el Tratado), y en particular los artículos XIII.1.2 (c) y XIII.1.3 (a) del Tratado y los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado;

Considerando:

1º—El Tratado establece un contingente arancelario para las importaciones de azúcar refino no originario canadiense en Costa Rica, clasificado en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica al Tratado;

2º—El volumen del contingente arancelario se basa en un volumen de referencia predeterminado, que comenzó en 2.000 toneladas métricas en 2003 y aumentó gradualmente hasta 4.000 toneladas métricas a partir del octavo año de entrada en vigor del Tratado;

3º—Los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado prevén posibles desviaciones a partir del volumen predeterminado de referencia;

4º—Estas posibles desviaciones se basarían en el volumen de las importaciones canadienses de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, durante el año anterior a aquel para el cual se pondrá a disposición el contingente arancelario;

5º—La Comisión entiende que los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado se basan en el año natural, de manera que las importaciones canadienses de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, que se considerarían para establecer cualquier posible desviación a partir del volumen predeterminado de referencia son las registradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior a aquel para el cual se pondrá a disposición el contingente arancelario;

6º—El párrafo 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado establece que el volumen del contingente arancelario deberá estar disponible para su uso por los importadores desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cualquier año;

7º—Dado que los datos de importación correspondientes a un año natural específico suelen estar disponibles durante el primer trimestre del año natural siguiente, la Comisión reconoce que es materialmente imposible determinar el volumen de las importaciones de acuerdo con el párrafo 2 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado con suficiente anticipación para determinar posibles desviaciones a partir del volumen predeterminado de referencia para el contingente arancelario para el año siguiente;

8º—Esta situación afecta el funcionamiento del Tratado, ya que impide la debida consideración del volumen de importaciones de acuerdo con los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado; y

9º—La Comisión reconoce el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica con respecto a la compensación comercial en virtud del artículo 8.1 del acuerdo sobre salvaguardias de la organización mundial del comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino”.

La Comisión adopta una interpretación vinculante de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado de la siguiente manera:

Artículo 1

El plazo de un año al que se refiere el párrafo 2 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado para efectos de contabilizar las importaciones canadienses de azúcar refino originaria de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, será el período de doce meses que comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año anterior a aquél para el cual se pondrá a disposición el contingente arancelario.

Artículo 2

Canadá remitirá a Costa Rica los datos del volumen importado de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificado en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, correspondiente al período indicado en el artículo 1 de esta Decisión, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquél para el cual se pondrá a disposición el contingente arancelario.

Artículo 3

Esta Decisión aplicará al contingente arancelario correspondiente al año natural 2021 y en lo sucesivo. Al definir el volumen del contingente arancelario para el año natural 2021, Costa Rica utilizará las estadísticas oficiales proporcionadas por Canadá para las importaciones de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de setiembre de 2020, que totalizan 2.505 toneladas métricas.

Decidido por la Comisión en Ottawa y San José y firmado en duplicado en los idiomas español, inglés y francés, siendo cada versión igualmente válida. Se considerará que la fecha de la Decisión es la fecha de la última firma por los representantes de cada una de las Partes en la Comisión.

Representante del Gobierno de Canadá en la Comisión

_________________________________ Fecha: 07/06/2021

La honorable Mary Ng

Ministra de Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional

Representante del Gobierno de la República de Costa Rica en la Comisión

_________________________________ Fecha: 12/05/2021

El honorable Duayner Salas Chaverri

Ministro de Comercio Exterior a. í.”

Artículo 2º—Adiciónese un párrafo 4 al artículo 5 del Reglamento General sobre la Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo N° 39938-COMEX del 29 de setiembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá N°1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” que se publica mediante el presente Decreto Ejecutivo, cuyo texto será:

“Artículo 5.- Convocatoria.

(…)

4.-           Para el contingente de importación de azúcar refino no originario de Canadá establecido en la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos, la publicación de la convocatoria se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de las estadísticas oficiales proporcionadas por Canadá para las importaciones de azúcar refino originario de Costa Rica.”

Artículo 3º—El Ministerio de Comercio Exterior, en el ejercicio de sus competencias, adecuará la convocatoria del contingente arancelario de importación de azúcar refino no originario del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos correspondiente al año natural 2021, conforme al artículo 3 de la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá N° 1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” que se publica mediante el presente Decreto Ejecutivo.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

Publíquese.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.—1 vez.—O.C. N° SG-000029-21.—Solicitud N° 030-2021-PRO.—( D43086 - IN2021566176 ).

Nº 43087-MEIC-MAG-COMEX

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LA MINISTRA DE ECONOMÍA,

INDUSTRIA Y COMERCIO,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 50, 140 incisos 3), 8), 10), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 25, 27 párrafo 1, 28 párrafo 2 inciso b) y 142 párrafo 2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 8 y 12.3 del Acuerdo sobre Salvaguardias contenido en el Anexo 1A del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley de Aprobación Nº 7475 del 20 de diciembre de 1994; la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA) y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ley Nº 7064 de 29 de abril de 1987; la Ley Orgánica del Ministerio de Economía Industria y Comercio, Ley Nº 6054 del 14 de junio de 1977; los artículos 2 incisos a) y b), 2 ter y 2 quater de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996; el artículo 1 de la Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley Nº 8056 del 21 de diciembre de 2000; los artículos 26 y 27 del Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley Nº 7615 del 24 de julio de 1996; y

Considerando:

I.—Que el Estado tiene la obligación de asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica.

II.—Que al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, emitió la resolución DMR-058-2020-MEIC de las doce horas con cinco minutos del 15 de junio de 2020, parcialmente modificada por la resolución DM-073-2020-MEIC de las catorce horas del 07 de agosto de 2020, mediante la cual dispuso aplicar por un período de tres años una “medida de salvaguardia definitiva en un 27,68% adicional sobre el nivel del arancel existente de 45% del DAI para un total de 72,68% sobre el valor CIF, de todas las importaciones de azúcar en estado sólido, granulado, conocido como azúcar blanco que es utilizado para el consumo doméstico e industrial, incluidos los azúcares tipo blanco de plantación, especiales y refinos, sin importar el origen (principio NMF), que de conformidad con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías (SA) ingresan a Costa Rica bajo la Fracción Arancelaria 1701.99.00.00”. En ese sentido, el extracto correspondiente a la parte dispositiva de la resolución DM-073-2020-MEIC que modificó parcialmente a la resolución DMR-058-2020-MEIC, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 206 del 18 de agosto de 2020. Asimismo, dichas resoluciones autorizaron a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica a aplicar la medida de salvaguardia sobre las importaciones respectivas conforme a su calendario de liberación progresiva, contenido en el Anexo Nº II de la resolución DMR-058-2020-MEIC de cita.

III.—Que el artículo 8 párrafo 1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, dispone que todo Miembro que aplique una medida de salvaguardia procurará, de conformidad con las disposiciones del artículo 12 párrafo 3 del mismo Acuerdo, mantener un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, GATT 94), entre él y los Miembros exportadores que se verían afectados por la medida. Para conseguir ese objetivo, los Miembros interesados podrán acordar cualquier medio adecuado de compensación comercial de los efectos desfavorables de la medida sobre su comercio.

IV.—Que, en lo conducente, el artículo 12 párrafo 3 del del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, establece que el Miembro que se proponga aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia dará oportunidades adecuadas para que se celebren consultas previas con los Miembros que tengan un interés sustancial como exportadores del producto de que se trate, con el fin de que, entre otros aspectos, examinen la información relacionada con la medida, intercambien opiniones y lleguen a un acuerdo sobre las formas de alcanzar un nivel de concesiones y obligaciones sustancialmente equivalente al existente de previo a la aplicación de la salvaguardia, según lo establece el artículo 8 párrafo 1 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

V.—Que la evidente conexión descrita entre el artículo 8 párrafo 1 y el artículo 12 párrafo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC da cuenta de la obligación de considerar ambas disposiciones en forma conjunta al momento de su aplicación. Por lo que, a la luz de lo que se viene de indicar y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de cita, dicha compensación no debe ser entendida en demérito de la validez o procedencia de la medida de salvaguardia propiamente dicha, en el tanto esta misma normativa multilateral establece el derecho a buscar compensación cuando se aplica una salvaguardia.

VI.—Que mediante comunicación escrita fechada 16 de julio de 2020, el Gobierno de Canadá solicitó de manera oficial el inicio de consultas con Costa Rica, con el objetivo de acordar una compensación que permita mantener un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalentes a las existentes de previo a la aplicación de la salvaguardia. De conformidad con las estadísticas oficiales de comercio exterior del país, existen registros de importaciones procedentes de Canadá del producto objeto de la aplicación de la medida de salvaguardia, por lo que, los gobiernos de ambos países iniciaron un proceso de negociación tendiente a identificar medios de compensación mutuamente satisfactorios.

VII.—Que en el marco de las disposiciones que se vienen de citar y como resultado del proceso llevado a cabo, a partir de la solicitud formal del gobierno canadiense referida anteriormente, se suscribió el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino”. En el caso de Costa Rica, dicho Entendimiento fue suscrito por los jerarcas de las carteras ministeriales de Comercio Exterior, de Agricultura y Ganadería y de Economía, Industria y Comercio.

VIII.—Que en virtud de lo dispuesto en el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino” y los principios de “Pacta Sunt Servanda|”, “Bona Fides” y la supremacía del Derecho Internacional contenidos en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es necesario adecuar las normas jurídicas nacionales y actos administrativos emitidos al amparo de las mismas, para que sean conformes con las disposiciones del Entendimiento de cita, razón por la cual el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el ejercicio de sus competencias deberá a comunicar a la Dirección General de Aduanas que, en virtud del Entendimiento, no procede la aplicación para los años 2021, 2022 y 2023 de la medida de salvaguardia definitiva impuesta mediante la resolución DMR-058-2020-MEIC parcialmente modificada por la resolución DMR-073-2020-MEIC, ambas emitidas por esa cartera, únicamente sobre las importaciones que tengan lugar dentro del contingente de azúcar refino no originario establecido en la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos, Ley de Aprobación Nº 8300 del 10 de setiembre de 2002.

IX.—Que, en consecuencia, se procede a su publicación. Por tanto,

Decretan:

Publicación del “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino”.

Artículo 1º—Publíquese el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino”, que a continuación se transcribe:

“ENTENDIMIENTO

ENTRE

EL GOBIERNO DE CANADÁ

Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

EN RELACIÓN CON LA COMPENSACIÓN COMERCIAL BAJO EL ARTÍCULO 8.1 DEL

ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

A LA LUZ DE LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA SOBRE LAS

IMPORTACIONES DE AZÚCAR REFINO

El Gobierno de Canadá (Canadá) y el Gobierno de la República de Costa Rica (Costa Rica) (denominados conjuntamente como los “Participantes”),

Habiendo alcanzado un entendimiento sobre la compensación comercial en el marco de los artículos 8.1, 8.2, 8.3 y 12.3 del Acuerdo sobre Salvaguardias (contenido en el Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994) y las disposiciones del Tratado de Libre Comercio Canadá-Costa Rica (el “TLC”), hecho en Ottawa el 23 de abril de 2001, y a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar refino (subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99) en Costa Rica, establecida mediante resolución DM-073-2020-MEIC de fecha 7 de agosto de 2020 (la “medida de salvaguardia”),

Han llegado al siguiente entendimiento:

1. Para los años 2021, 2022 y 2023, Costa Rica no aplicará su medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar refino no originario de Canadá, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, amparadas al contingente arancelario referido en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del TLC.

2. (a) Con base en los datos oficiales proporcionados por Canadá sobre importaciones desde Costa Rica para las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, de octubre de 2019 a septiembre de 2020, para el año 2021, la medida de salvaguardia no se aplicará a 2 505 (dos mil quinientas cinco) toneladas métricas (TM) de azúcar refino, importadas dentro del contingente arancelario mencionado en el párrafo 1 anterior. Los Participantes entienden que este volumen representa el volumen de azúcar refino importado por Canadá desde Costa Rica, según lo reportado por Statistics Canadá, del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.

(b) Para el año 2022, el volumen de importaciones desde Canadá que Costa Rica eximirá de la medida de salvaguardia será igual al volumen de las importaciones canadienses de azúcar refino desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, según lo reportado por Statistics Canadá, para el período entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

(c) Para el año 2023, el volumen de las importaciones desde Canadá que Costa Rica eximirá de la medida de salvaguardia será igual al volumen de las importaciones canadienses de azúcar refino desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, según lo reportado por Statistics Canadá, para el período entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

(d) Para efectos de los párrafos 2 (a), (b) y (c), Costa Rica asignará el contingente arancelario de importación exento de la medida de salvaguardia de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39938 del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

3. Los Participantes harán las gestiones para que la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad con el artículo XIII.1 del TLC adopte, lo antes posible, una interpretación vinculante sobre el período de tiempo para cuantificar e informar el volumen del año anterior de las importaciones canadienses de azúcar refino originario desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, con el objetivo de subsanar de manera efectiva y permanente la imposibilidad material existente que impide cuantificar e informar oportunamente todos los elementos comprendidos en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del TLC.

4. Costa Rica ejecutará de manera expedita sus procedimientos internos para implementar este Entendimiento, a más tardar 30 días después de la firma de este Entendimiento.

5. (a) Canadá no aplicará medidas al amparo de sus derechos bajo el artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y las notificaciones relevantes G/L/1374/Rev.1 y G/SG/N/12/CAN/1/Rev.1 realizadas ante el Consejo de Comercio de Mercancías de la OMC durante el período de tiempo que Costa Rica aplique la compensación comercial establecida en este Entendimiento.

(b) A partir del vencimiento de la compensación comercial especificada en el párrafo 1 y los párrafos 2 (a), (b) y (c), nada en este Entendimiento impide que Canadá ejerza sus derechos de manera consistente con el artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.

6. Los Participantes realizarán las comunicaciones previstas en el artículo 12.5 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7. (a) Este Entendimiento es válido a partir de la fecha en que esté firmado por los Participantes.

(b) Los Participantes podrán modificar este Entendimiento a partir de su consentimiento mutuo por escrito.

En nombre del Gobierno de la República de Costa Rica:

Duayner Salas Chaverri

Ministro de Comercio Exterior a. í.                         Fecha

________________________                                  12/05/2021

Luis Renato Alvarado Rivera

Ministro de Agricultura y Ganadería                      Fecha

________________________                                  12/05/2021

Victoria Hernández Mora

Ministra de Economía, Industria y Comercio        Fecha

________________________                                  12/05/2021

En nombre del Gobierno de Canadá:

Hon. Mary Ng, MP Fecha

Ministra de Pequeña Empresa, Promoción

de Exportaciones y Comercio Internacional

________________________                                  07/06/2021”

Artículo 2º—El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el ejercicio de sus competencias, comunicará a la Dirección General de Aduanas que, en virtud del Entendimiento que se publica mediante el presente Decreto Ejecutivo, no procede la aplicación para los años 2021, 2022 y 2023 de la medida de salvaguardia definitiva impuesta mediante la resolución DMR-058-2020-MEIC de las doce horas con cinco minutos del 15 de junio de 2020, parcialmente modificada por la resolución DMR-073-2020-MEIC de las catorce horas del 07 de agosto de 2020, ambas emitidas por esa cartera, únicamente sobre las importaciones que tengan lugar dentro del contingente de azúcar refino no originario establecido en la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos, Ley de Aprobación Nº 8300 del 10 de setiembre de 2002.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

Publíquese.—CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Renato Alvarado Rivera.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—O. C. Nº SG-000030-21.—Solicitud Nº 031.2021-PRO.—( D43087 IN2021566181 ).

DIRECTRIZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECTRIZ Nº DM-0894-2021-MEP

REFORMA PARCIAL A LA DIRECTRIZ DM-0390-02-2016

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 28 inciso 2) acápite a) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 17 y 18 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 del 18 de setiembre del 2001; los artículos 7, 8 y 17 de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002; Decreto Nº 38170-MEP, Organización administrativa de la oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública del 30 de enero de 2014, publicado en La Gaceta Nº 31 del 13 de febrero de 2014.

Considerando:

1º—Que el Ministerio de Educación Pública emitió la Directriz DM-0390-02-2016 publicada en el Alcance Nº 26 a La Gaceta Nº 37 del 23 de febrero de 2016, donde se dispuso la conformación de la Comisión Institucional de Control Interno del Ministerio de Educación Pública.

2º—Que los artículos 2 y 6 inciso c) de la Directriz precedente fueron reformados parcialmente, según consta en la Directriz ministerial publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 210 del 7 de noviembre de 2017.

3º—Que la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública por medio del Informe Nº 90-18 “Valoración del Riesgo”, emitió las siguientes recomendaciones para la Administración:

  1.1        Redefinir la conformación estructura de la CICI descrita en la Directriz DM-390-02-2016, considerando que la mima deberá incorporar a un representante del Viceministerio Académico y un representante del Viceministerio Administrativo, quienes deberán mantener una línea de comunicación abierta y constante hacia la Administración, ninguno deberá laborar o ejercer funciones de alguna de las direcciones que se encuentren por debajo del nivel de dichos viceministerios.

  1.2        Así mismo, la Comisión no deberá contar con suplentes que representen a sus integrantes, ya que es de suma importancia e interés para la institución involucrar directamente a los responsables de implementar las estrategias para la corrección de deficiencias en los procesos y controles.

  1.3        La Dirección de Planificación Institucional no podrá presidir o coordinar dicha Comisión, por cuanto es quien mantiene una relación directa con el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo.

  1.4        La CICI deberá contar con un reglamento en el que se detallen los integrantes, funciones de cada miembro que integra la Comisión, calendarización de sesiones, nombramientos y sustituciones, procedimientos para el asentamiento de responsabilidades en caso de faltas, entre otros. Dicha designación deberá realizarse respetando el proceso legal requerido para su oficialización.

4º—Que la Dirección de Planificación Institucional por medio del oficio DPI-0720-2019, de fecha 10 de julio de 2019, solicitó el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe No. 90-18 “Valoración del Riesgo”. Por tanto,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

Artículo 1º—Refórmese los artículos 2, 5 inciso e) de la Directriz DM-0390-02-2016 del 23 de febrero de 2016, publicada en el Alcance Nº 26 a La Gaceta Nº 37 del 23 de febrero de 2016, cuyo texto en adelante dirá:

“Artículo 2º—Conformación de la Comisión Institucional de Control Interno. Se establece la Comisión Institucional de Control Interno la cual estará integrada por los directores y las directoras de las siguientes dependencias:

          1.   Dirección de Planificación Institucional.

          2.   Dirección de Infraestructura Educativa.

          3.   Dirección de Recursos Humanos.

          4.   Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad de la Educación.

          5.   Dirección de Desarrollo Curricular.

       6.  Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.

          7.   Dirección de Recursos Tecnológicos.

          8.   Dirección de Programas de Equidad.

          9.   Dirección de Vida Estudiantil.

        10.   Representante del Despacho del Viceministerio Académico.

     11.  Representante del Despacho del Viceministerio Administrativo.

        12.   Representante de las Direcciones Regionales de Educación.

Los Directores y Directoras pueden tener como suplente al subdirector o subdirectora nombrado oficialmente. En caso de los representantes de los Viceministerios, estos deben ser funcionarios directamente del Despacho y no deben pertenecer a alguna dirección que se encuentren por debajo del nivel de dichos viceministerios.

La designación del Representante de las Direcciones Regionales recae sobre el Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, como su superior jerárquico. (…)

Artículo 5º—Atribuciones de los miembros de la Comisión Institucional de Control Interno:

(…)

e.             La Comisión elaborará y mantendrá actualizado un Reglamento de funcionamiento en el que se detallen los integrantes, funciones de cada miembro que integra la Comisión, calendarización de sesiones, nombramientos y sustituciones, procedimientos para el asentamiento de responsabilidades en caso de faltas, entre otros. Deben realizar el proceso legal requerido para la oficialización de su reglamento.

Artículo 2º—La presente directriz rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, el ocho de julio del año dos mil veintiuno.

Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública.—1 vez.— O. C. Nº 4600050891.—Solicitud Nº 279630.—( IN2021566037 ).

ACUERDOS

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

N° 091-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los numerales 25 inciso 1, 27 inciso 1 y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el Decreto Ejecutivo N° 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas; y

Considerando:

I.—Que la señora Adelina Villalobos López, mayor, casada una vez, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1146-0348, vecina de San José, en su condición de apoderada especial con facultades suficientes para estos efectos de la empresa Baylis Medical de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-808626, presentó solicitud para acogerse al Régimen de Zonas Francas ante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en adelante PROCOMER), de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

II.—Que la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 229 del 25 de noviembre de 2010 y para los efectos del inciso a) del artículo 21 bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas, calificó como sector estratégico los proyectos en que la empresa acogida al Régimen se ubica en la industria de “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos, (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”.

III.—Que la instancia interna de la administración de PROCOMER, con arreglo al acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa Baylis Medical de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-808626, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER N° 42-2021, acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zonas Francas a la mencionada empresa, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que se ha cumplido con el procedimiento de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Baylis Medical de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-808626 (en adelante denominada la beneficiaria), clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley N° 7210 y sus reformas.

2º—La actividad de la beneficiaria como industria procesadora, de conformidad con el inciso f) del artículo 17 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, se encuentra comprendida dentro de la clasificación CAECR “3250 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y Odontológicos”, con el siguiente detalle: Producción de alambre guía de cardiología, producción de dilatadores vasculares y producción de envoltura de introducción radial de cardiología. La actividad de la beneficiaria al amparo de la citada categoría f), se encuentra dentro del siguiente sector estratégico: “Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos, (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría) y sus empaques o envases altamente especializados”. Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:

Clasificación	CAECR	Detalle de clasificación CAECR	Detalle de productos	Sector estratégico
Procesadora f)	3250	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y Odontológicos	Producción de alambre guía de cardiología	Dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos, (incluidos ortopedia, ortodoncia, dental y optometría), y sus empaques o envases altamente especializados
			Producción de dilatadores vasculares
			Producción de envoltura de introducción radial de cardiología

 

3º—La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Zona Franca La Lima S. R. L., situado en el distrito San Nicolás, cantón de Cartago, de la provincia de Cartago. Tal ubicación se encuentra dentro del Gran Área Metropolitana (GAM).

4º—La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder Ejecutivo como PROCOMER.

Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo 27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan subvenciones prohibidas, más allá de las prórrogas acordadas de acuerdo con el artículo 27 párrafo 4 del ASMC a determinados países en desarrollo.

Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.

Asimismo, la empresa beneficiaria podrá solicitar la aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 inciso l) y 20 bis de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en tal normativa y sin perjuicio de la discrecionalidad que, para tales efectos, asiste al Poder Ejecutivo.

5º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 ter inciso d) de la Ley de Régimen de Zonas Francas (Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas), la beneficiaria, al estar ubicada en un sector estratégico dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), pagará un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante los primeros ocho años y un quince por ciento (15%) durante los siguientes cuatro años. El cómputo del plazo inicial de este beneficio se contará a partir de la fecha de inicio de las operaciones productivas de la beneficiaria, siempre que dicha fecha no exceda de tres años a partir de la publicación del Acuerdo de Otorgamiento; una vez vencidos los plazos de exoneración concedidos en el referido Acuerdo, la beneficiaria quedará sujeta al régimen común del Impuesto sobre la Renta.

Las exenciones y los beneficios que de conformidad con la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento le sean aplicables, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación; en consecuencia, a la beneficiaria no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de dicha Ley, ni ninguna otra referencia a la exportación como requisito para disfrutar del Régimen de Zona Franca. A la beneficiaria se le aplicarán las exenciones y los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), j) y l) del artículo 20 de la Ley N° 7210 y sus reformas. En el caso del incentivo por reinversión establecido en el citado artículo 20 inciso l) de la Ley, no procederá la exención del setenta y cinco por ciento (75%) ahí contemplada y en su caso se aplicará una tarifa de un siete coma cinco por ciento (7,5%) por concepto de impuesto sobre la renta.

A los bienes que se introduzcan en el mercado nacional le serán aplicables todos los tributos, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior. En el caso de los aranceles, el pago se realizará únicamente sobre los insumos utilizados para su producción, de conformidad con las obligaciones internacionales.

6º—La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 50 trabajadores, a más tardar el 01 de junio de 2023. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una inversión nueva inicial en activos fijos de al menos US$150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de febrero de 2024, así como a realizar y mantener una inversión mínima total en activos fijos de al menos US$2.500.000,00 (dos millones quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 01 de febrero de 2024. Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de los niveles de inversión antes indicados, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con los niveles mínimos de inversión anteriormente señalados.

7º—Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones productivas es el 01 de junio de 2022. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon.

Para efectos de cobro del canon, la empresa deberá informar a PROCOMER de los aumentos realizados en el área de techo industrial. El incumplimiento de esta obligación provocará el cobro retroactivo del canon, a partir de la fecha de la última medición realizada por la citada Promotora, quien tomará como base para realizar el cálculo la nueva medida.

8º—La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.

9º—La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un informe anual de operaciones, en los formularios y conforme a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la beneficiaria estará obligada a suministrar a PROCOMER y, en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos. Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento.

10.—En caso de incumplimiento por parte de la beneficiaria de las condiciones de este Acuerdo o de las leyes, reglamentos y directrices que le sean aplicables, el Poder Ejecutivo podrá imponerle multas, suprimir, por un plazo desde un mes hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de la Ley N° 7210, o revocarle el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, sin responsabilidad para el Estado, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento. La eventual imposición de estas sanciones será sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponderle a la beneficiaria o sus personeros.

11.—Una vez comunicado el presente Acuerdo Ejecutivo, la empresa beneficiaria deberá suscribir con PROCOMER un Contrato de Operaciones. En caso de que la empresa no se presente a firmar el Contrato de Operaciones, y no justifique razonablemente esta situación, PROCOMER procederá a confeccionar un Acuerdo Ejecutivo que dejará sin efecto el que le otorgó el Régimen.

Para el inicio de operaciones productivas al amparo del Régimen, la empresa deberá haber sido autorizada por la Dirección General de Aduanas como auxiliar de la función pública aduanera, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

12.—Las directrices que para la promoción, administración y supervisión del Régimen emita PROCOMER, serán de acatamiento obligatorio para los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente tengan relación con ellos o con la citada Promotora.

13.—El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza las demás acciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N° 7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.

14.—La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar de la función pública aduanera.

15.—De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. La empresa beneficiaria deberá estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, al momento de iniciar operaciones productivas al amparo del Régimen.

16.—La empresa beneficiaria deberá inscribirse ante la Dirección General de Tributación como contribuyente, previo a iniciar operaciones (fase pre-operativa), siendo que no podrá aplicar los beneficios al amparo del Régimen, si no ha cumplido con la inscripción indicada.

17.—Rige a partir de su comunicación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—( IN2021566034 ).

N° 099-2021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública; la Ley de Régimen de Zonas Francas número 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica número 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto Ejecutivo número 34739-COMEX-H del 29 de agosto de 2008 y sus reformas, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas,

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 303-2015 de fecha 07 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre de 2015; modificado por el Acuerdo Ejecutivo N° 145-2016 de fecha 28 de abril de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 150 del 05 de agosto de 2016; por el Acuerdo Ejecutivo N° 343-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, publicado en el Alcance Digital N° 33 al Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 14 de febrero de 2018; y por el Acuerdo Ejecutivo N° 155-2018 de fecha 18 de junio de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 176 del 25 de setiembre de 2018; a la empresa Viax Dental Lab S. A., cédula jurídica número 3-101-670198, se le autorizó el traslado a la categoría prevista en el artículo 17 inciso f) de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, siendo que en la actualidad se clasifica como empresa de servicios y como industria procesadora, de conformidad con lo dispuesto con los incisos c) y f) del artículo 17 de dicha Ley.

II.—Que mediante documentos presentados los días 26 de agosto, 06 de octubre, 04 de noviembre, 01 y 04 de diciembre de 2020, en la Dirección de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Viax Dental Lab S. A., cédula jurídica número 3-101-670198, solicitó la disminución del nivel de empleo y del nivel de inversión, aduciendo en síntesis, que la compañía efectuó una transacción mediante la cual venderá gran parte de sus activos, a una empresa que está tramitando el ingreso al Régimen de Zonas Francas, por lo que a raíz de dicha transacción su operación se verá reducida.

III.—Que la instancia interna de la Administración de PROCOMER, con arreglo al Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la citada Promotora en la Sesión N° 177-2006 del 30 de octubre de 2006, conoció la solicitud de la empresa Viax Dental Lab S. A., cédula jurídica número 3-101-670198, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER número 254-2020, acordó recomendar al Poder Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo dispuesto por la Ley N° 7210, sus reformas y su Reglamento.

IV.—Que en relación con las disminuciones de los niveles de empleo e inversión, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante el Oficio DM-911-1 de 26 de setiembre de 2001, señaló lo siguiente:

“(…) No obstante lo anterior, al ser ésta una institución con una misión y vocación clara de servicio a la exportación, sin dejar de lado claro está, su función de supervisión y control, PROCOMER no puede dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial.

Es así como también debemos considerar que en muchas ocasiones las empresas beneficiarias del régimen o bien su casa matriz se ven enfrentadas a graves problemas en la comercialización de sus bienes, a crisis financieras internas inclusive problemas de índole macroeconómicos en sus países y hasta a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias todas que las podrían obligar a disponer cambios inmediatos en sus políticas de mercado.

Ha sido el afán del Ministerio atender y tratar de ayudar a solventar de la forma más objetiva posible estas situaciones, no sólo teniendo en consideración la posición de las empresas, sino el resguardo sobre todo de intereses de orden general, al valorar el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa. (…)”.

V.—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto,

ACUERDAN:

1º—Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 303-2015 de fecha 07 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre de 2015 y sus reformas, para que en el futuro la cláusula sexta se lea de la siguiente manera:

“6. La beneficiaria se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 05 trabajadores, a partir de la notificación del Acuerdo Ejecutivo. Asimismo, se obliga a mantener una inversión de al menos US$200,000.00 (doscientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a partir de la notificación a partir de la notificación del Acuerdo Ejecutivo. Además, la beneficiaria tiene la obligación de cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN), en los términos y condiciones dispuestos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Este porcentaje será determinado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa y conforme con la información suministrada en el Informe anual de operaciones correspondiente, debiendo computarse al menos un período fiscal completo para su cálculo.

PROCOMER vigilará el cumplimiento del nivel de inversión antes indicado, de conformidad con los criterios y parámetros establecidos por el Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas. Tal facultad deberá ser prevista en el respectivo Contrato de Operaciones que suscribirá la beneficiaria, como una obligación a cargo de ésta. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo podrá revocar el Régimen a dicha empresa en caso de que, conforme con aquellos parámetros, la misma no cumpla con el nivel mínimo de inversión anteriormente señalado.”

2º—En todo lo que no ha sido expresamente modificado, se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 303-2015 de fecha 07 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre de 2015 y sus reformas.

3º—Rige a partir de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni.—1 vez.—( IN2021566350 ).