MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

El Departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste hace del conocimiento público que el área que solicita en concesión la sociedad Villa Sonqui S.A., cédula jurídica 3-101-175778 con domicilio en San José, Sabana Oeste; con base en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 6043 del 02 marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo N°7841-1P del 16 de diciembre de 1997, sobre un terreno localizado en Playa Papaturro, distrito La Cruz, cantón La Cruz, provincia de Guanacaste. Mide: tres mil ciento sesenta y cinco metros cuadrados, (3165 m²) según plano catastrado 5-2157740-2019 que abarca las fincas 5-831-Z-000, 5-781-Z-000 y 5-834-Z-000. Sus linderos son: norte, calle pública; sur, Zona Restringida de Zona Marítimo Terrestre; este, calle pública; oeste, Zona Restringida de Zona Marítimo Terrestre. El uso solicitado es Residencial Recreativa y Turística. Esto debido a que en La Gaceta N° Se advierte que la presente publicación no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de que el área, uso y frente queden sujetos a las disposiciones del plan regulador aprobado para la zona. Esto debido a que La Gaceta N° 222 del 29 de noviembre del 2018 se consignó un área de 3129 m². Se conceden 30 días hábiles, contados a partir de esta publicación para oír oposiciones por los 36 m² de diferencia, las cuales deberán ser presentadas en la Municipalidad de La Cruz en papel sellado y con los timbres correspondientes, dichos documentos con original y copia, además deberá identificarse debidamente el opositor.

La Cruz, 22 de setiembre del 2020.—Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Coordinadora de Zona Marítimo Terrestre.—1 vez.—( IN2021527384 ).

AVISOS

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Yo, Edwin Alonso López Paniagua, cédula N° 1-1007-0775, en mi calidad de presidente y representante legal de la Asociación de Profesionales del Instituto Nacional de Aprendizaje, cédula jurídica número 3-002-66566, solicito la presente Fe de Erratas al edicto de solicitud de reposición de libros de la Asociación de Profesionales del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado el 23 de noviembre del 2020, en La Gaceta 278. Que la solicitud de reposición de los libros: son los de Asamblea General N° 4, Órgano Directivo N° 6 y Registro de Asociados N° 2, por extravío de los anteriores y no como por error se indicó.—San José, 26 de enero del 2021.—Edwin Alonso López Paniagua.—1 vez.—( IN2021526790 ).

LEYES

N° 9442

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE

TURRIALBA PARA QUE DONE UN TERRENO

DE SU PROPIEDAD ALA ASOCIACIÓN

ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO

POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE SANTA CRUZ DE

TURRIALBA

ARTÍCULO 1.- Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba, cedula jurídica tres-cero uno cuatro-cero cuatro dos cero-ocho ocho (3-014-0420-88), para que done a la Asociación Administradora del Acueducto Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Turrialba, con cedula de persona jurídica tres-cero cero dos-dos cinco siete cuatro ocho uno (3-002-257481), el terreno de su propiedad inscrito en el Registro Nacional, partido de Cartago, bajo el sistema de folio real matrícula número uno uno cero cuatro nueve nueve-cero cero cero (110499-000), ubicado en la provincia de Cartago, cantón de Turrialba, distrito cuarto, Santa Cruz, el cual limita al norte con calle pública; al sur, con Desarrollo Santa Cruz Ltda.; al este, con Soley Umaña Hermanos S.R.L. y, al oeste, con Soley Umaña Hermanos S.R.L. Mide: trescientos cinco metros con doce decímetros cuadrados (305,12 m²), de conformidad con el piano catastrado número C-cero cinco cinco seis cero seis cero-uno nueve ocho cuatro (C- 0556060-1984).

La donación se hace libre de anotaciones y soportando los gravámenes o las afectaciones que indica el Registro.

ARTÍCULO 2.- El terreno será utilizado para la construcción de las oficinas de la Asociación Administradora del Acueducto Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Turrialba. Para este efecto, la asociación podrá edificar las obras de infraestructura necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. En caso de que la asociación donataria llegue a disolverse o el inmueble se destine a otro uso no autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de pleno derecho a ser propiedad de la Municipalidad de Turrialba.

ARTÍCULO 3.- Se autoriza a la Notaría del Estado para que formalice todos los tramites de esta donación, mediante la elaboración de la escritura correspondiente, la cual estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además, queda facultada expresamente la Notaria del Estado para que actualice y corrija la naturaleza, la situación, la medida, los linderos y cualquier error, diferencia u omisión relacionados con los datos del inmueble a donar, así como cualquier otro dato registral o notarial que sea necesario para la debida inscripción del documento en el Registro Nacional.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Jose Alberto Alfaro Jimenez

PRESIDENTE A.Í.

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora              Marta Arabela Arauz Mora

PRIMER SECRETARIO                 SEGUNDA SECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

Ejecútese y publíquese.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Gobernación y Policía, Gustavo Mata Vega.—1 vez.—( L9442 - IN2021526822 ).

PROYECTOS

LEY PARA REFORMAR EL ARTICULO 5 DE LA LEY

N° 8454, LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES

Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DEL 30 DE

AGOSTO DEL 2005 Y EL ARTICULO 183

DE LA LEY 7732, LEY REGULADORA

DEL MERCADO DE VALORES

DEL 17 DE DICIEMBRE

DE 1997

Expediente N° 22.394

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto del 2005, se ha permitido tanto en la actividad pública como en la privada las relaciones comerciales basadas en instrumentos tecnológicos.

Las relaciones comerciales y hasta las gestiones de los diferentes poderes de la República se han ido fortaleciendo en materia tecnológica, ejemplo de esto es la implementación del Proyecto de Gobierno Digital, los servicios de banca en línea, la digitalización de los expedientes judiciales y el trámite de expedientes electrónicos, realización de audiencias judiciales virtuales, audiencias legislativas virtuales, así como el desarrollo constante de nuevas herramientas tecnológicas de las distintas áreas del quehacer humano. De igual forma algunos Bancos del Sistema Bancario Nacional se han transformado digitalmente para brindar un mejor servicio a sus clientes adaptándose a sus necesidades.

Dicha experiencia digital se ha visto acentuada y ha tomado una nueva dimensión a partir de la pandemia provocada por el COVID-19, situación que ha generado disposiciones gubernamentales como el cierre de fronteras, distanciamiento social, afectación en los horarios de oficinas bancarias, así como la reducción del aforo de dichas oficinas y el cierre temporal de las mismas.

Lo anteriormente expuesto ha generado un aumento exponencial en el uso de las diferentes alternativas tecnológicas y canales digitales que el Sistema Bancario Nacional ha puesto a disposición de sus clientes y usuarios. Dentro de estos servicios se pueden citar las plataformas de Internet Banking, Correo Electrónico, SINPE MOVIL, Firma Digital como método de autenticación, expedientes electrónicos, así como la suscripción de contratos en formato electrónico.

Por su parte, la pandemia causada por el COVID-19 ha hecho que los mercados tengan que reinventarse, promoviendo el servicio al cliente de manera virtual y potenciando los esquemas tecnológicos indicados en los párrafos anteriores.

No obstante, lo cierto del caso es que actualmente existen normas de rango legal que todavía impiden que los clientes y usuarios de los servicios bancarios realicen una serie de actos, que la misma pandemia ha puesto en evidencia y que se facilitan a través de los canales tecnológicos.

Un claro ejemplo de lo anterior se pone de manifiesto a la hora de designar beneficiarios en los servicios prestados por las entidades financieras. El artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, tutela un tipo de disposiciones de última voluntad, como lo es la designación de beneficiarios en caso de muerte, así lo señala el artículo mencionado:

“Artículo 183- Beneficiarios. El titular podrá designar beneficiarios en caso de muerte. Cuando esta ocurra, los beneficiarios, con solo comprobar el fallecimiento del titular, asumirán de pleno derecho y sin necesidad de trámites judiciales o administrativos su propiedad. Requerirá únicamente su identificación y, si fueran menores, la de sus representantes.

Podrán nombrarse beneficiarios:

a) En las cuentas corrientes y de ahorros, así como en los certificados de depósito y valores nominativos e individuales de los clientes, en entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

b) En las cuentas de custodia de valores y de efectivo de los clientes, en entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

c) En las participaciones emitidas por los fondos de inversión sujetos a la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

d) En todos aquellos valores emitidos, de forma física, correspondientes a emisiones autorizadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval). En este caso, la designación del beneficiario cesará de forma inmediata, cuando por instrucción del titular el valor sea ofrecido en cualquier transacción que implique cambio de titularidad.

Si las cuentas de custodia o los valores a que se refiere el presente artículo han sido dados en garantía a un tercero, los beneficiarios podrán hacer efectivo su derecho hasta que se haya procedido con su liberación”.

Dicha posibilidad ha sido utilizada ampliamente en el Sistema Bancario Nacional, toda vez que, al designar beneficiarios sobre los bienes y servicios descritos en la norma anterior, en caso de fallecimiento del titular estos salen del haber sucesorio del fallecido, de modo que no le resultan aplicables las reglas de la sucesión y del proceso sucesorio, lo cual facilita el traslado de propiedad mortis causa de las cuentas y valores afectados por esa designación, al operar de pleno derecho con la sola acreditación del deceso, así como de la identificación del beneficiario.

A pesar de la importancia de la posibilidad de designar beneficiarios, actualmente las disposiciones de última voluntad se encuentran excluidas de la posibilidad de consignarse en documentos electrónicos. En ese sentido, la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que puntualmente para el caso el artículo 5 párrafo segundo señala en lo que a este asunto atañe:

“Artículo 5:

(…)

No se podrán consignar en documentos electrónicos:

(…)

b) Las disposiciones por causa de muerte.

(…)”

Sobre este particular y, analizado el Expediente Legislativo que dio origen a la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y, ante la ausencia de una discusión legislativa específica sobre este tema, y a efecto de entender esa decisión, se estima necesario valorar las circunstancias del momento ante la expectativa, e incluso, dudas sobre la seguridad que podía generar el uso de la tecnología, y su aplicación específica en el caso de los documentos electrónicos y el uso de la firma digital. Ante ese escenario, puede resultar entendible las precauciones que tomó el legislador en el año 2005 respecto a la importancia que revisten las disposiciones de última voluntad de una persona, especialmente en cuanto a los testamentos; sin embargo, lo cierto del caso es que, en la actualidad, luego de más de quince años de aplicación de la ley, evidenciada su efectividad, comprobada la seguridad que la misma brinda, y ante el avanzado uso de la tecnología en el tráfico y las costumbres mercantiles, se impone la necesidad de analizar nuevamente dicha situación, en tanto que no tiene sentido imponer una limitante a las disposiciones de última voluntad en sentido genérico, cuando existe una especie dentro del género que conforman dichas disposiciones, como lo es la designación de beneficiarios, la cual se desenvuelve en un ambiente comercial cada vez más imbuido en la realidad tecnológica actual, de modo que, impedir la designación de beneficiarios por medio de la utilización del documento electrónico o la firma digital, significa un obstáculo para la actividad bancaria, desde todo punto de vista innecesario y, una limitante a los esfuerzos realizados por el mercado financiero para adaptarse a las necesidades de sus usuarios y clientes.

De esta manera, podría mantenerse la limitación de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos respecto de las disposiciones de última voluntad entendida ésta como los testamentos o legados, pero carece de sentido práctico imponerlas a la designación de beneficiarios para los casos expresamente estipulados en el artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.

De lo contrario persistiría la situación actual, en la cual se puede contratar mediante documento electrónico o firma digital, un título valor desmaterializado, suscribir un contrato de cuenta corriente o de ahorros, cuentas de custodia, contratos de ahorro a plazo, participaciones en fondos de inversión o títulos de emisiones autorizadas por SUGEVAL, pero no resulta posible designar los beneficiarios de dichos servicios, lo cual no resulta útil, práctico ni congruente con la transformación tecnológica que actualmente están viviendo las entidades financieras.

En tanto que un documento digital o uno con firma digital cuenten con los parámetros de seguridad y autenticidad descritos en la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, no existe razón técnica o legal para privar de la equivalencia funcional que establece el artículo 3 de dicha Ley, a una designación de beneficiarios realizada de manera electrónica.

Una vez aclarada la problemática anterior, adicionalmente se debe tener en cuenta que actualmente se encuentran excluidos del artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, es decir, de la posibilidad de designar beneficiarios, una serie de servicios bancarios a los cuales les resultaría sumamente útil contar con dicha posibilidad, como lo son puntualmente el servicio de cajitas de seguridad, la renovación automática de certificados de inversión desmaterializados y los contratos de ahorro a plazo que no se constituyen en certificados de inversión; servicios financieros que forman parte de la actividad ordinaria de los bancos según los artículos 58 y 116 inciso 1) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Actualmente no encontramos una justificación de índole técnica o legal para excluir dichos servicios bancarios de los indicados en el artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.

Mediante el presente Proyecto de ley se pretende reformar el inciso b) del segundo párrafo del artículo 5 de ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de manera que se entienda excluida de las excepciones a las disposiciones de última voluntad, las establecidas en el artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores. Asimismo, se pretende modificar el artículo 183 de la Ley 7732, estableciendo que la designación de beneficiarios se puede realizar en formato físico o digital, de manera que se contemple dentro de la posibilidad de designar beneficiarios, a las cajitas de seguridad, los contratos de ahorro a plazo, las renovaciones automáticas de certificados de inversión desmaterializados y los valores emitidos en formato electrónico autorizados por SUGEVAL.

Con dichas reformas se persigue como objetivo dotar a los usuarios de los servicios financieros que se describen el artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de mecanismos tecnológicos que se ajusten a sus necesidades actuales y que mejoren la experiencia digital del cliente, evitándoles incurrir en gastos, tiempos de traslado a las oficinas de las instituciones financieras y que promuevan la debida y responsable utilización de los canales tecnológicos puestos a su disposición, así como el distanciamiento social que promueve el gobierno costarricense en una época de pandemia que parece lejos de terminar.

De conformidad con todo lo aquí expuesto, se somete a consideración de las señoras Diputadas y los señores Diputados el siguiente proyecto de Ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

LEY PARA REFORMAR EL ARTICULO 5 DE LA LEY

N° 8454, LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES

Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DEL 30 DE

AGOSTO DEL 2005 Y EL ARTICULO 183

DE LA LEY 7732, LEY REGULADORA

DEL MERCADO DE VALORES

DEL 17 DE DICIEMBRE

DE 1997

ARTÍCULO 1- Refórmese el inciso b) del segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto de 2005, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 5- En particular y excepciones.

En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es válida para lo siguiente:

(…)

No se podrán consignar en documentos electrónicos:

a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte consustancial.

b) Las disposiciones por causa de muerte, con excepción de lo establecido en el artículo 183 de la Ley Reguladora de Mercados de Valores, Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 17 de diciembre de 1997.

(…)

ARTÍCULO 2- Refórmese el segundo párrafo y los incisos a) y d) del artículo 183 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 17 de diciembre de 1997, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 183- Beneficiarios.

El titular podrá designar beneficiarios en caso de muerte. Cuando esta ocurra, los beneficiarios, con solo comprobar el fallecimiento del titular, asumirán de pleno derecho y sin necesidad de trámites judiciales o administrativos su propiedad. Requerirá únicamente su identificación y, si fueran menores, la de sus representantes.

Podrán nombrarse beneficiarios en formato físico o digital:

a) En las cuentas corrientes y de ahorros, así como en los certificados de depósito, valores nominativos e individuales de los clientes, contratos de ahorro a plazo y en las cajitas de seguridad, en entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). En el caso de que se haya acordado con la entidad financiera la renovación automática de certificados de inversión desmaterializados, la designación de beneficiarios se mantendrá vigente para todos los certificados derivados de las renovaciones automáticas, salvo que el titular cambie tal designación

b) En las cuentas de custodia de valores y de efectivo de los clientes, en entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

c) En las participaciones emitidas por los fondos de inversión sujetos a la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

d) En todos aquellos valores emitidos, de forma física y digital, correspondientes a emisiones autorizadas por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). En este caso, la designación del beneficiario cesará de forma inmediata, cuando por instrucción del titular el valor sea ofrecido en cualquier transacción que implique cambio de titularidad.

Si las cuentas de custodia o los valores a que se refiere el presente artículo han sido dados en garantía a un tercero, los beneficiarios podrán hacer efectivo su derecho hasta que se haya procedido con su liberación.

Rige a partir de su publicación.

Pablo Heriberto Abarca Mora           María Inés Solís Quirós

Rodolfo Rodrigo Peña Flores            Aracelly Salas Eduarte

Óscar Mauricio Cascante Cascante              Erwen Yanan Masís Castro

NOTA:   Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021526737 ).

LEY SOBRE EDUCACIÓN EN EL HOGAR

Expediente N° 22.396

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La organización y el perfeccionamiento de la educación ciudadana, desde los niveles más básicos hasta las instancias académicas más elevadas, ha sido una meta nacional prácticamente desde la fundación de la República. Desde los esfuerzos realizados en la materia por titanes del siglo 19 como José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, Julián Volio, Eusebio Figueroa, Valeriano Fernández Ferraz y Mauro Fernández Acuña, arrancó una gesta de construcción y sistematización donde, al lado de la gestión pública, siempre hubo espacio y estímulo para la colaboración privada.

El ánimo de los próceres, legisladores y constituyentes que se sucedieron a través de largas décadas en nuestro país, fue indudablemente el de promover la alfabetización y el desarrollo de conocimientos técnicos y académicos en la niñez y juventud costarricenses, tanto mediante la acción directa del Estado como a través de instituciones privadas, e incluso en el seno del hogar. Así, la Constitución de 1949 plasmó en su artículo 80 el principio de que la iniciativa privada en materia educativa merecería estímulo del Estado.

El paradigma presencial masivo, adoptado desde la Revolución Industrial en Europa y América, e incorporado plenamente en nuestro país desde la gran reforma educativa de Mauro Fernández, ha sido desde entonces el formato favorito para la instrucción e implementación de los sistemas educativos. Sin embargo, nunca se han pasado por alto sus limitaciones, ni se ha pretendido plantear—ni desde el punto de vista pedagógico ni desde el jurídico—que sea el único paradigma posible o satisfactorio. Además, los exponenciales adelantos tecnológicos y el surgimiento de nuevos retos (de los cuales la situación originada por el COVID-19 no ha sido sino el más reciente), han dotado a la educación de innumerables posibilidades que cabe aprovechar de la mejor forma.

El modelo educativo presencial, al ser incompatible con el llamado oficial al distanciamiento físico con motivo de la pandemia, dejó al descubierto limitaciones y oportunidades de mejora, y debió dar paso a otro tipo de enfoques para mantener el desarrollo del año educativo. Sin embargo, también demostró la necesidad de retomar—ahora con las grandes ventajas que aporta la tecnología—otros sistemas de educación más flexibles, no sujetos a la asistencia a centros oficiales, y capaces por consiguiente de adaptarse a cierres y cuarentenas reiterativos, así como a otras circunstancias que suelen surgir con más frecuencia en nuestro país.

Esta opción es “Escuela en Casa” o “Educación en el Hogar” (también conocido por el anglicismo homeschooling), que es legal y funciona ampliamente en más de 30 países del mundo, como por ejemplo Dinamarca, Irlanda, Estados Unidos, Rusia, Portugal, Francia, Noruega o Polonia, con diferentes esquemas normativos1^[1].

Esta modalidad es coherente y está enmarcada con objetivo primordial de nuestra nación en este campo, cual es garantizar el derecho de los alumnos y las alumnas en edad escolar a la educación, sin que la continuidad del proceso sufra interrupciones o quede truncada a causa de situaciones como la crisis sanitaria del COVID-19, eventos climáticos, entre otros. No se puede omitir, además, que ha quedado más que demostrada la existencia de herramientas tecnológicas apropiadas para desarrollar y concretar esta aspiración.

Paralelo a este fenómeno, debe destacarse la profunda preocupación mostrada por madres y padres de familia, que buscan asumir esta responsabilidad desde sus hogares, en atención a sus obligaciones tanto naturales como legales. La participación franca y abierta en el proceso educativo seguido por sus hijos e hijas (personas menores de edad a su cargo) en curso académico, no sólo es su deseo, sino su derecho.

Lo anterior expone la necesidad de dotar de un marco legal que permita a madres, padres, tutores/as y representantes legales, la participación activa en el proceso educativo de sus hijos, hijas, pupilos o representados. Un sistema apropiado y oportuno para asumir la responsabilidad de proveer  en el hogar el proceso educativo ajustado a la situación, bajo el amparo del Ministerio de Educación Pública, ente rector en la materia.

El objetivo fundamental de este proyecto es establecer con claridad el marco normativo bajo el cual se puede desarrollar esta actividad educativa y ofrecer tanto a las madres y padres como al propio Estado, la posibilidad de desplegar, de forma libre, sostenible y voluntaria, una modalidad reconocida plenamente en otras partes del mundo, que en todo caso, se han visto obligados a implementar actualmente, y que en realidad nunca ha estado prohibida, pero si carente de marco regulatorio de carácter legal.

La educación en casa de las personas menores de edad, permite un mayor vínculo socio-afectivo con sus padres, a la vez que equilibra los intereses de los menores respecto a sus gustos, habilidades y condiciones naturales. Se potencializa las experiencias en áreas de creatividad, motivación, iniciativa, liderazgo; entre otros.

Lo anterior aunado a las mejores razones de seguridad, salud, atención especial conforme el desarrollo del núcleo familiar, transmisión segura de valores, creencias y cultura.

Se requiere un sistema de educación en el hogar, con carácter optativo, que permita a las personas menores de edad el desarrollo académico, junto con el ámbito socio-afectivo; por el cual la socialización se genera en un ambiente con otros miembros de la sociedad que tienen el mayor interés en su desarrollo integral por ser sus familiares cercanos.

La socialización que requiere un ser humano implica la relación que debe aprender a establecer con personas de diferentes edades. Ello se potencializa cuando en lugar de pasar solo con sus pares, logra mantener el proceso educativo en su hogar. Compartir la experiencia de aprendizaje cognitivo, junto con el afectivo y social, es una de las grandes virtudes de la educación en el hogar.

Esa consciencia estuvo presente desde las grandes reformas educativas que marcaron la pauta en nuestro país, y por consiguiente hubo a través de nuestra historia un reconocimiento expreso e implícito al derecho de los padres de escoger la Educación en el Hogar como modalidad para la formación de sus hijos. Este derecho no sólo está plasmado en nuestra Constitución y en la Ley N.º 181 (conocida como Código de Educación), en los artículos del 259 al 261 (los cuales no están derogados), sino además en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, donde se expresó una preocupación por preservar a la niñez frente al afán de estatizar a ultranza los procesos educativos, observada en regímenes ideológicos totalitarios como el fascismo, el nazismo y el estalinismo.

Véase, por ejemplo, el artículo 26 inciso 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indicando que “los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Claramente, el titular de este derecho no es el Estado, sino los padres. Los Estados, por el contrario, son los obligados a garantizar este derecho, proveyendo opciones allí donde no las haya, pero sin imponer un sistema exclusivo y excluyente, ni apelando a artimañas burocráticas para restringir o vaciar de contenido dicha libertad de elección. Es claro que no hay tal libertad si no se dispone de opciones y la Educación en el Hogar debe por consiguiente ser una opción.

En el mismo sentido, los artículos 10 inciso 1, y 13 incisos 3 y 4, todos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 1966, comprometen a los Estados parte—entre ellos Costa Rica—a respetar esta libertad cuando son elegidas otras opciones que no son las escuelas creadas por las autoridades públicas, siempre que se satisfagan normas mínimas que el Estado prescriba o que apruebe en materia de enseñanza (las cuales, se sobreentiende, no deben ser tales que hagan nugatorio el contenido de este derecho). Además de respetar que las convicciones espirituales o morales que reciban los hijos o pupilos, sean conforme a las convicciones de sus padres y tutores. Otro tanto dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, firmado el 22 de noviembre de 1969, en su artículo 12 inciso 4, complementado por lo dispuesto en la Convención Internacional de Derechos del Niño, a través de su artículo 3.

En suma, en cuanto a normativa supra legal, se tiene que el derecho de la persona menor de edad a la educación está íntimamente ligado al derecho de los padres, tutores o representantes legales, de escoger la educación que les parezca apropiada según sus convicciones. Ambos derechos, claro está, deben comprenderse ligados desde que así se observó en su origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estas normas, al igual que la norma constitucional del artículo 80 al que antes se hizo referencia, genera la correcta interpretación de permitir a los padres, tutores o representantes legales que (en ejercicio de su derecho de elegir la educación de sus hijos, pupilos o representados) puedan optar por la iniciativa privada de Educación en el Hogar, como quedó establecida en el Código de Educación desde 1944 (norma que vino a reiterar legislación previamente existente en la materia). Es claro que estas normas—que no se encuentran derogadas, de forma tácita ni expresa, como alguien pudiera especular sin tomar en cuenta la imposibilidad jurídica de introducir restricciones ulteriores a derechos ya reconocidos—no sólo ofrecen a los padres de familia una posibilidad amplísima de adaptarse por sí mismos al delicado entorno socioeconómico, político, cultural y sanitario que hoy enfrentan nuestro país y el mundo entero, sino también ofrece al Estado la posibilidad de cumplir con el mandato constitucional de estimular la iniciativa privada en materia educativa, y atender de forma preventiva circunstancias a futuro que vuelvan a obstaculizar la labor de las instituciones educativas oficiales. A la vez genera la garantía para los menores de edad de mantener su proceso educativo sin interrupción. Consideramos que resulta apropiado que se ejerza establecer un sistema que asegure el cumplimiento del objetivo de desarrollo de las personas menores de edad, en realización del proceso educativo como objetivo.

Es urgente establecer lineamientos legales para el ejercicio de la Educación en el Hogar. Debe asegurarse el desarrollo integral de las personas menores de edad (específicamente el derecho a la educación), en resguardo del derecho de los padres en la elección del sistema educativo más apropiado según las condiciones y convicciones familiares.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley denominado “Ley Sobre la Educación en el Hogar”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY SOBRE EDUCACIÓN EN EL HOGAR

ARTÍCULO 1-|Objeto

La presente ley regula la educación escolar, tanto en primero y segundo ciclos de educación general básica como en secundaria, que se imparta y reciba fuera de las instituciones educativas oficiales.

ARTÍCULO 2|Definiciones

En la presente ley, deberá entenderse el significado de los siguientes conceptos aquí previstos:

-    Marco Integral de Educación en el Hogar (MIEH): La educación que se imparte en el ámbito del hogar propio o de terceros. Comprende no solo la formación académica en contenidos obligatorios que la autoridad de aplicación indique, sino también el desarrollo y formación psicofísico y espiritual del individuo como persona, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de cada alumno, brindado la posibilidad de una educación personalizada.

-    Alumno en condición de libre: Los alumnos que no están inscritos en ninguna institución escolar, que están en condiciones de solicitar rendir sus exámenes en mesas especiales y ser evaluados por profesores designados por la autoridad de aplicación, a efectos de acreditar poseer los conocimientos suficientes para la promoción del grado dentro del mismo escalafón establecido por la autoridad de aplicación para los alumnos institucionalizados.

-    Alumnos matriculados: Los alumnos que se encuentren inscritos y asistan a instituciones educativas públicas y privadas, laicas o religiosas, técnicas o especializadas.

-    Desmatriculación escolar: El procedimiento mediante el cual los padres, tutores o representantes legales, gestionan para retirar de la institución educativa oficial a un menor de edad a su cargo, o en el momento en que un estudiante mayor de edad lo determina por sí mismo; para pasar en ambos casos a formar parte de Marco Integral de Educación en el Hogar (MIEH).

ARTÍCULO 3- Sujetos

Todas las personas que no hayan culminado sus estudios escolares podrán optar, por sí o por medio de sus padres, tutores o representantes legales para el caso de menores de edad o incapaces, por la desmatriculación escolar y el consecuente acogimiento al MIEH.

ARTÍCULO 4-          Inscripción

Los alumnos que opten por adherirse al MIEH deberán inscribirse anualmente en el registro que la autoridad de aplicación crea para tal fin. Cuando los alumnos sean menores de edad, la inscripción será responsabilidad de sus padres, tutores o representantes legales. Los alumnos inscritos al MIEH no podrán ser matriculados en ninguna institución oficial mientras se mantengan en esa condición. La condición puede ser revocada en el momento que se acredite mediante proceso administrativo; la falta de cumplimiento de la formación a que se encuentran inscritos.

ARTÍCULO 5-          Evaluación

Los alumnos registrados en el MIEH deberán prepararse para rendir, bajo la modalidad de libres, los exámenes que cumplan con el contenido escolar que, para cada curso, indique la autoridad de aplicación en los mismos términos que los estudiantes institucionalizados.

ARTÍCULO 6-          Inscripción para la evaluación

Previo al examen y a efecto de quedar habilitados para rendirlo bajo la modalidad de libre, los alumnos, además de inscritos en el MIEH, deberán inscribirse en la institución que hubiesen elegido para tal fin. La autoridad de aplicación deberá reglamentar el procedimiento administrativo correspondiente al sistema de evaluación a los alumnos registrados en el MIEH.

ARTÍCULO 7-          Establecimiento

La autoridad de aplicación deberá elaborar una lista con los establecimientos oficiales habilitados en todo el territorio nacional en los que los alumnos registrados en el MIEH deberán inscribirse para rendir sus exámenes libres.

ARTÍCULO 8-          Deber de convocar

La autoridad de aplicación debe garantizar que existan al menos tres (3) convocatorias al año para que los alumnos registrados en el MIEH puedan rendir sus exámenes libres. Las tres (3) convocatorias anuales deberán realizarse en los meses de febrero, julio y diciembre, respectivamente.

ARTÍCULO 9.-         Aprobación

Ningún alumno podrá rendir un examen libre correspondiente a un curso sin haber aprobado el correspondiente al curso anterior correlativo.

ARTÍCULO 10-        Máximo de exámenes

Los alumnos podrán rendir en una misma convocatoria un máximo de tres (3) exámenes, no pudiendo rendir más de una vez el mismo examen en la misma convocatoria.

ARTÍCULO 11-        Calificación

El sistema y modo de calificación de los exámenes rendidos de manera libre será el mismo que la autoridad de aplicación haya utilizado para la evaluación y corrección de exámenes de alumnos escolarizados.

ARTÍCULO 12-        Constancia de aprobación

Con la aprobación de cada examen libre, la autoridad de aplicación extenderá al alumno, o a sus padres, tutores o representantes legales, la correspondiente constancia que acredite dicha circunstancia. En la constancia de aprobación se deberá consignar que el examen se rindió de manera libre.

ARTÍCULO 13-        Plazo

Los resultados de los exámenes corregidos deberán ser puestos a disposición de los alumnos, sus padres, tutores o representantes legales, dentro de un plazo que no supere diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha del examen.

ARTÍCULO 14-        Correcciones

Las correcciones efectuadas por los docentes, deberán indicar cada uno de los puntos en los cuales el alumno no haya cumplido total o parcialmente con la consigna requerida.

ARTÍCULO 15-        Impugnación

La calificación aplicada a los exámenes podrá ser revisada e impugnada a pedido del alumno o de sus padres, tutores o representantes legales, en caso de alumnos sujetos a ellos.

ARTÍCULO 16-        Equivalencia

La promoción de un grado o nivel siguiente inmediato superior, para los alumnos inscritos en el registro de alumnos del MIEH, se regirá de la misma manera que lo dispuesto por la autoridad de aplicación para el régimen de alumnos escolarizados.

ARTÍCULO 17-        Reglamentación

La autoridad de aplicación deberá reglamentar el procedimiento administrativo correspondiente al proceso de revisión e impugnación de calificación de los exámenes.

ARTÍCULO 18-        Publicidad de los contenidos

La autoridad de aplicación deberá poner a disposición de los interesados los contenidos oficiales correspondientes a cada año escolar, tanto de escuela primaria como de secundaria, y se entregarán gratuitamente donde la autoridad de aplicación indique, así como serán publicadas en el sitio web oficial; respecto a las cuales se hará la evaluación por examen libre.

ARTÍCULO 19-        Periodicidad

Los alumnos inscritos en el MIEH deberán rendir al menos un examen libre cada doce (12) meses consecutivos.

ARTÍCULO 20-        Incumplimiento

En el supuesto de incumplimiento del artículo anterior, la autoridad de aplicación estará facultada para llevar a cabo el procedimiento administrativo respectivo para determinar el grado de conocimiento del alumno o la ordenanza de matriculación en institución escolar oficial.

ARTÍCULO 21-        Inspección

Las inspecciones del procedimiento administrativo indicado en el artículo anterior, será llevada a cabo por profesionales especializados en educación y pedagogía, a fin de que evalúen los métodos de educación aplicados en el entorno familiar del alumno.

ARTÍCULO 22-        Informe

Los inspectores deberán presentar a la autoridad de aplicación, un informe detallado de la inspección realizada, la que deberá reglamentarse para conceder a los padres, tutores o representantes legales, el derecho de defensa correspondiente antes del dictado del acto final de matriculación.

ARTÍCULO 23-        Designación

Designase como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación Pública en las regionales establecidas en el territorio nacional.

Rige a partir de su publicación.

Ivonne Acuña Cabrera

Diputada

NOTA:        Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021526738 ).

LEY PARA DARLE CARÁCTER DE TÍTULO

EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA

Y CONSTITUIRLA EN VALOR NEGOCIABLE

ARTÍCULO 1-          Refórmase el artículo 460 de la Ley N.° 3284, Código de Comercio de Costa Rica, de 30 de abril de 1964 y sus reformas, para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 460-             La factura comercial y la factura de servicios, emitidas por medios electrónicos, en representación gráfica o impresa, tendrán carácter de título ejecutivo por la suma en descubierto si es aceptada por el deudor, y podrán ser transmitidas válidamente por endoso, siéndole aplicables las reglas del endoso de títulos valores especialmente el artículo 705 de este Código.

Se tendrá por válida la aceptación de la factura, si está firmada por el comprador, su mandatario o por su encargado debidamente autorizado. También será válida la aceptación de la factura mediante comprobantes electrónicos, mensajes de confirmación o cualquier otra señal equivalente que emita o envíe el deudor, suscritos mediante firma digital o firma digital certificada.

La suma que se consigne en la factura se presume cierta y las firmas se tendrán por auténticas. Asimismo, tendrán la eficacia jurídica y fuerza probatoria, los comprobantes electrónicos, mensajes de confirmación o cualquier otra señal equivalente que emita o envíe el deudor como manifestación de aceptación de la factura.

ARTÍCULO 2-          Refórmase el artículo 460 Bis de la Ley N.° 3284, Código de Comercio de Costa Rica, de 30 de abril de 1964 y sus reformas, para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 460 bis-      Toda factura comercial o de servicio, emitida por medios electrónicos y debidamente aceptada conforme al procedimiento establecido por la Dirección General de Tributación para ese propósito, podrá ser anotada en cuenta por su titular ante una central de valores autorizada, en cuyo caso se tendrá como valor individual para todos los efectos legales.

La anotación en cuenta de la factura electrónica en la central de valores le otorgará al emisor o al tenedor legítimo de la factura electrónica el derecho de circulación y de negociación de este valor en los mercados secundarios de valores que se organicen al efecto.

Para efectos de anotación en cuenta de las facturas, el emisor o el tenedor legítimo podrá solicitar la anotación en cuenta de la correspondiente factura ante una central de valores, remitiendo la documentación electrónica representativa de la factura y la identificación y contacto del respectivo pagador. La central de valores procederá, como condición previa a la anotación en cuenta, a la confirmación de la aceptación de la factura con el pagador. Se tendrá́ por válida la confirmación de la aceptación de la factura, si se realiza por el pagador a la central de valores mediante comprobantes electrónicos, mensajes de confirmación o cualquier otra señal equivalente que emita o envíe el deudor suscritos mediante firma digital o firma digital certificada.

El pagador tendrá un plazo de tres días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud de confirmación de la factura para aceptarla, o bien para rechazarla por cualquiera de las siguientes situaciones: por impugnar cualquier información consignada en ésta, por no haberse dado la recepción definitiva de los bienes o servicios que se consignan en ésta, por existir cualquier reclamo con respecto de los bienes o servicios adquiridos, o por rechazar la pretensión de cobro de la suma consignada en ella por considerarla infundada, excesiva o temeraria. La falta de respuesta del pagador dentro del plazo a que se refiere este párrafo se entenderá como confirmación de la aceptación de la factura. En caso de existir algún reclamo posterior a la anotación en cuenta por causa de vicios ocultos o defecto del bien o servicio, el pagador puede oponer las excepciones personales que correspondan únicamente contra el emisor de la factura, sin tener derecho a retener respecto a terceros el monto pendiente de pago, ni a demorar el pago según la fecha o fechas señaladas en la factura. La aceptación de una factura por parte del pagador ante una central de valores no impide el cobro de multas o sanciones ante incumplimientos contractuales por parte del proveedor, ya sea por entregas defectuosas o tardías de los bienes o servicios.

Cuando se trate de la administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos, actuando como pagador de una factura comercial o de servicio, debidamente anotada en cuenta por su titular ante una central de valores autorizada, para que proceda el pago a un tercero, quien se hizo titular de la misma en el mercado de valores, éste, y no el emisor de la factura, debe estar al día con las contribuciones a la seguridad social, conforme al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943.

Una vez realizada la anotación en cuenta de la factura la central de valores procederá a la recepción, confirmación, custodia y anotación en cuenta de la factura electrónica como valor, el cambio de titularidad en los registros de la central de valores, producto de la negociación del instrumento, se tendrá como equivalente del endoso. A partir de la anotación en cuenta no podrá aplicarse notas de crédito o modificaciones a la factura sin el consentimiento del nuevo titular. El cambio de titularidad registrado por una central de valores equivaldrá al traspaso posesorio de la factura.

Las centrales de valores podrán emitir constancias de titularidad, de monto y de situación aceptación de las facturas. Asimismo, podrán desarrollar las facilidades correspondientes para registrar los cambios de titularidad de las facturas electrónicas correspondientes a las negociaciones que se realicen sobre estos instrumentos en el mercado secundario de valores que se organice al efecto.

Los sistemas de anotación en cuenta de facturas se regirán por lo establecido en la Ley Reguladora del Mercado de Valores para efectos del registro y anotación en cuenta de valores de oferta pública, asimismo, por vía reglamentaria las centrales de valores establecerán los procedimientos para la ejecución del proceso de anotación en cuenta. Bastará la autorización para operar como central de valores otorgado por la Superintendencia General de Valores, conforme a la ley, para que una entidad de este tipo pueda desarrollar el servicio de anotación en cuenta.

Rige a partir de su publicación.

Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón

Presidente

1 vez.—Exonerado.—( IN2021526741 ).

LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO

VERDE EN COSTA RICA

Expediente N.° 22.392

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La coyuntura que enfrentamos como país nos demanda la elaboración de política pública capaz de contrarrestar la compleja situación de la economía nacional.

Datos alarmantes en el nivel de desempleo en el 22%; un déficit fiscal del 8,34% del PIB al cierre de diciembre del 2020 y una baja inversión pública y privada, demanda asegurar la conservación del Estado de derecho y una economía de libre mercado característica de Costa Rica, para consolidar la imagen de referente global en conciencia ambiental que aporta a nuestra marca país.

Aunado a lo anterior, existe una tendencia global muy clara a la descarbonización de las economías de los países considerados avanzados, Costa Rica, como país comprometido a esa descarbonización, puede y debe crear una economía de mercado basada, y en torno, en las energías renovables y limpias.

El hidrógeno, el elemento más numeroso del universo, sirve como un eficaz vector de energía limpia, logrando reemplazar en diversas áreas importantes de la economía nacional la energía generada con combustibles fósiles contaminantes. Países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea ya han establecido sus respectivas bases legales y financieras para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde. Este auge global es el trampolín ideal para que Costa Rica aproveche sus vastos recursos energéticos renovables y limpios, para crear su propia economía de hidrógeno verde.

El hidrógeno verde es el nombre que se le da al hidrógeno que ha sido generado con fuentes de energía limpias y renovables, como la energía solar, la energía eólica o la energía generada por una planta hidroeléctrica, entre otras. Se puede utilizar como vector energético y como materia prima para la fabricación de productos como alcoholes, combustibles sintéticos, fertilizantes, etcétera.

Existen diferentes formas para producir el hidrógeno, entre estas, por medio del electrólisis del agua, un proceso en el que mediante la aplicación de energía eléctrica al agua (H2O), se separan las moléculas de oxígeno e hidrógeno. La captura y almacenamiento del hidrógeno y del oxígeno puro, un subproducto del proceso de electrólisis, no genera ningún tipo de emisión contaminante, pudiéndose almacenar ambos como gases o en forma líquida. A raíz de este proceso limpio, se le conoce a este hidrógeno producido con electrolizadores alimentados de electricidad renovable, como “verde” y es gracias a esa cualidad que dicho vector cobra una gran relevancia en la lucha contra el cambio climático.

Es por ello que toma una vital importancia para Costa Rica en el cumplimiento de las metas de descarbonización, ya que la electricidad producida en el país se da sin la intermediación de combustibles fósiles y de fuentes renovables y completamente amigables con el medio ambiente.

El presente proyecto busca formas para promover el desarrollo económico del país mediante la consolidación de una industria que se encuentra en pleno auge global, con potencial de llegar a convertirse en una de las principales industrias a nivel mundial. Solo en Europa se calcula que la inversión en hidrógeno para el año 2050 será de USD11 trillones de dólares, sin contar con los subsidios calculados en USD150 billones de dólares. Sin considerar estas inversiones a largo plazo, actualmente existen cerca de USD90 billones de dólares en inversiones para la producción de hidrógeno (de las tres categorías, verde (electrólisis), azul (producido con gas natural) y gris (producido con petróleo). Para el año 2020, el total de toneladas producidas llegó a aproximadamente 71 millones de toneladas, las proyecciones para el 2030 establecen como potencial demanda cerca de 160 millones de toneladas, considerando el giro que están tomando las empresas hacia una economía descarbonizada donde el hidrógeno verde es la columna vertebral.

De esta manera, vemos que se ofrece al país la oportunidad de generar espacios de innovación, potenciar el crecimiento y el empleo local, así como crear nuevas empresas de impacto social y ambiental, sacando provecho de la oportunidad única para desarrollar una industria competitiva de hidrógeno verde que a partir de electricidad producida con recursos limpios y renovables de bajo costo permitirá producir un vector energético de uso local y de potencial exportación regional, impulsando una economía sustentable y limpia en torno a esta actividad. Y más allá del hidrógeno como vector energético están los usos que se le pueden dar al hidrógeno en las industrias metalúrgicas, químicas, petroquímicas, que en sí forman sectores de demanda para la producción del hidrógeno, ya sea en el país, o en mercados de exportación. Sabemos que una economía circular con energía renovable es el camino, ya que históricamente, en Costa Rica no se ha logrado sacar provecho de las riquezas minerales con las que cuenta el país, no se ha logrado producir combustibles fósiles y nos hemos visto obligados a importar esta energía. El surgimiento del hidrógeno verde a nivel global nos permite impulsar una descarbonización profunda en Costa Rica, meta que ha sido planteada en el pasado y aprovechar para ayudar a la reactivación económica, por medio de inversión extranjera directa e inversión nacional, generando creación de empleos directos e indirectos.

Además de ayudar a limpiar diversos ambientes y sectores de nuestra economía, nos permitirá exportar productos creados con energía cero emisiones, diferenciándose como exportaciones limpias frente a los usuarios finales. La estrategia que se tiene que utilizar es el trabajo colaborativo entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Esta puede ser y será una pieza esencial de nuestro plan de carbono neutralidad y de nuestro compromiso para desarrollarnos de manera sostenible.

Como respuesta a los argumentos anteriores y la situación actual se plantea el siguiente proyecto de ley, el cual propone eliminar barreras y brindar los incentivos necesarios para desarrollar la industria del hidrógeno verde en el país, así también como las herramientas financieras de diferentes tipos como créditos en condiciones blandas, bonos verdes y cualquier otro instrumento que se ajuste de la mejor manera, para desarrollar la industria del hidrógeno verde en el país.

En razón de todo lo anterior, teniendo en cuenta la coyuntura económica que vive Costa Rica, es que se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley: LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO

VERDE EN COSTA RICA

ARTÍCULO 1- De la declaratoria de utilidad pública

Se declara de utilidad pública la investigación, producción industrial y consumo industrial de hidrógeno verde. Se entiende como “industrial” en el presente artículo, y para todos los efectos de la presente ley, la inversión, la importación de equipos y tecnología, el desarrollo, la implementación, la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización del consumo del hidrógeno verde.

ARTÍCULO 2- Del objeto de la presente ley

La presente ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de una economía de hidrógeno verde. La actividad económica del hidrógeno verde deberá ser fuente de generación de empleos para apalancar la economía verde, creación de emprendimientos y generar encadenamientos productivos. Las inversiones y el desarrollo de la producción y consumo industrial del hidrógeno verde serán fomentados por medio de incentivos fiscales que contiene la presente ley.

Entiéndase por hidrógeno verde el hidrógeno producido en Costa Rica por electrólisis del agua a partir de electricidad proveniente de fuentes renovables, mediante un proceso que no emite dióxido de carbono y transforma el agua en moléculas de gases de hidrógeno y oxígeno.

ARTÍCULO 3- Rectoría

La rectoría de la actividad industrial del hidrógeno verde estará a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía.

ARTÍCULO 4- Beneficiarios

Los beneficiarios serán las personas físicas y/o jurídicas que se incorporen y/o participen en el desarrollo, inversión, producción, almacenamiento, distribución y comercialización del hidrógeno verde como su actividad económica, siempre que cuente con los permisos ambientales correspondientes.

ARTÍCULO 5- Plazo de los incentivos

Los incentivos fiscales serán aplicados a las personas físicas y jurídicas que describe el artículo cuatro de la presente ley por un periodo de veinte años a partir del inicio de la actividad comercial que corresponda.

ARTÍCULO 6- Beneficios e incentivos

Se otorga los siguientes beneficios como incentivo para el desarrollo de la economía de hidrógeno verde durante el plazo otorgado en esta ley:

a) No pago de todo tributo y derecho consular, sobre la importación de maquinaria, equipos, accesorios y repuestos, incluidos electrolizadores, compresores, sistemas de almacenamiento, dispensadores, celdas de combustible, vehículos de todo tamaño y peso y todos los equipos necesarios para el desarrollo de todas las actividades que contemplen la inversión, el desarrollo, la producción, el almacenamiento, el transporte, la comercialización y el consumo industrial del hidrógeno verde. Se aplica este beneficio, aparte de lo incluido anteriormente, a la siguiente lista, sin esta ser esta exclusiva:

1. Vehículos particulares.

2. Vehículos de carga de cualquier tonelaje.

3. Autobuses y cualquier tipo de vehículo para transporte colectivo de pasajeros.

4. Locomotoras.

5. Equipo y maquinaria agrícola.

6. Equipo y maquinaria de construcción.

7. Equipo y maquinaria Industrial.

8. Hornos.

9. Calderas.

10. Camiones recolectores de basura.

11. Generadores eléctricos estacionarios.

12. Todo tipo y tamaño de lanchas y barcos.

13. Aeronaves.

b) No pago todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas y los ingresos o las ventas, a las empresas que se dediquen a la producción, almacenamiento, distribución y comercialización del hidrógeno verde.

c) No pago de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución que se aplique a la importación y/o compra local de los artículos para el funcionamiento y/o instalación de empresas nuevas o de aquellas que, al estar establecidas, se incorporen a la industria del hidrógeno verde que promueve la presente ley, así como para la construcción, ampliación o remodelación de infraestructura para dedicarse a la producción del hidrógeno verde.

d) La banca pública podrá brindar las disposiciones que considere necesarias para apoyar el financiamiento de los proyectos de hidrógeno verde.

ARTÍCULO 7- Gobiernos locales

Se autoriza a los gobiernos locales a brindar e implementar las facilidades necesarias para el otorgamiento de permisos o autorizaciones para el fomento y desarrollo de la actividad e industria de hidrógeno verde en su territorio. En cooperación con la presente política de fomento a la industria de hidrogeno verde en el país, podrán autorizar el no pago de tasas y cánones a las personas físicas o jurídicas que incorporen la actividad en su territorio, por el tiempo que consideren pertinente.

ARTÍCULO 8- Facilidades migratorias

La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará visas y demás permisos migratorios a las personas extranjeras que ingresen a territorio nacional para el desarrollo o ejecución de los proyectos sujetos a esta ley.

ARTÍCULO 9- Permiso ambiental

Debido a la utilidad pública que revisten los proyectos de producción de hidrógeno verde y que requieren una viabilidad ambiental, esta se dará de forma expedita, contando así con una priorización en la revisión y se llamará D4. El trámite a seguir será el que dictamine el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía de acuerdo con la categorización de la actividad, obra o proyecto. Una vez identificado el tipo de evaluación ambiental a realizar, se deberá indicar dentro del nombre del proyecto, en el formulario correspondiente que se trata de un proyecto con prioridad (D4), de tal forma que el sistema de ingreso del expediente pueda priorizar el trámite. Independiente de lo anterior, el estudio de impacto ambiental o permiso que requiera el proyecto deberá ser aprobado en un máximo de noventa días calendario.

ARTÍCULO 10- Autorización para el aprovechamiento industrial del hidrógeno

Autorícese el uso del hidrógeno verde para la libre producción de alcoholes y sus derivados, hidrocarburos sintéticos, fertilizantes, no quedando esos productos sujetos a las limitaciones que existen para esos productos cuando vienen de otras fuentes.

ARTÍCULO 11- Autorización para la generación eléctrica para la producción de hidrógeno verde

Autorícese a todos los prestadores de servicio público en etapa de generación que cuenten con una concesión vigente para que puedan vender o destinar su producción, total o parcial, para la producción de hidrógeno verde.

ARTÍCULO 12- Sobre las tarifas eléctricas y el trasiego de electricidad para incentivar la producción de hidrógeno verde

Al ser la producción del hidrógeno verde un proceso electro intensivo, donde por eficiencia puede convenir que el sitio donde se genera la electricidad y el sitio donde se produce el hidrógeno estén en ubicaciones distintas, se autoriza el autoconsumo de electricidad en sitios distantes, donde la electricidad deberá ser trasegada por las redes de distribución y/o transmisión.

Asimismo, para incentivar la economía del hidrógeno verde:

a) La Aresep fijará una tarifa especial para la electricidad que se destine a la producción de hidrógeno, la cual deberá ser estable en el mediano plazo, para dar seguridad jurídica a las inversiones.

b) La Aresep fijará tarifas de peajes de trasiego de electricidad en redes de distribución y transmisión para la producción de hidrógeno verde bajo el principio del costo marginal, para facilitar los casos donde las plantas de producción de hidrógeno pueden contar con su propia capacidad de generación eléctrica.

c) El Minae, como ente rector del sector eléctrico nacional, girará instrucciones sobre el crecimiento futuro de la red de transmisión nacional, de tal forma que ésta pueda incorporar la nueva capacidad de generación que se requerirá para estimular la economía del hidrógeno verde.

ARTÍCULO 13- Reglamento

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 6 meses para reglamentar la presente ley, a partir de la fecha de su publicación, bajo pena de no poder rechazar los proyectos de la industria de hidrógeno verde que se presenten bajo esta ley.

TRANSITORIO I-

Autorícese a las plantas de generación eléctrica que a la fecha de la publicación de esta ley cuenten con una concesión de servicio público en etapa de generación y/o una concesión de fuerza hidráulica para que puedan destinar total o parcialmente su electricidad para la producción de hidrógeno verde.

Rige a partir de su publicación.

Erwen Yanan Masis Castro

Diputado

NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021526747 ).

REFORMA DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA Nº 7410,

DE 26 DE MAYO DE 1994, PARA EL ORDENAMIENTO

DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

AÉREA COMO CUERPO POLICIAL ADSCRITO

AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Expediente N° 22.397

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestra Constitución Política en los artículos 12 y 140 inciso 16 establece que en Costa Rica existirán las fuerzas de policía que se requieran para la vigilancia y la conservación del orden público.

En concordancia con lo estipulado en nuestra Carta Magna, el artículo 6 de la Ley General de Policía, N.º 7410, de 26 de mayo de 1994, enumera cuáles son las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública nacional. Señala la norma, lo siguiente:

Son fuerzas de policía, encargadas de la seguridad pública, las siguientes: La guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la Policía encargada de control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía de Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria y las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.

De igual forma, la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública en el artículo 1 dispone, en relación con las fuerzas de policía, lo siguiente:

ARTICULO 1º.- El Ministerio de Seguridad Pública tiene por función preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el fortalecimiento del principio de la legalidad conforme se especifica en el artículo 3º de esta ley, mediante el respeto y acatamiento generales de la Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y el orden público en el país.

La jurisdicción del Ministerio se extiende a todo el territorio nacional, aguas territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República, conforme a la Constitución Política, a los tratados vigentes y a los principios de Derecho Internacional.

Queda en evidencia, a partir de lo anterior, que nuestro ordenamiento jurídico contempla la necesidad de contar con fuerzas policiales que resguarden no solo nuestros mares y tierras, sino también nuestro espacio aéreo. En la práctica esta tarea la tiene la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea.

Si bien, la Ley General de Policía hace referencias a esta importante Dirección, solo lo hace para determinar unas cuantas cosas de carácter administrativo, sin nombrarla dentro de su artículo de cuerpos policiales y mucho menos establecer sus competencias y atribuciones.

El Servicio de Vigilancia Aérea tiene por misión brindar apoyo aéreo en acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, en misiones humanitarias, traslados de funcionarios, otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros

Dentro de sus funciones el Servicio de Vigilancia Aérea se encuentran:

Garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo, el territorio nacional, mar territorial y jurisdiccional y la seguridad de los aeropuertos internacionales, mediante operativa y patrullajes.

Brindar transporte dentro y fuera del país en casos calificados de excepción, a los (las) servidores (as) públicos en el ejercicio de sus funciones y a los (las) habitantes en caso de emergencia.

Brindar mantenimiento y reparación a las aeronaves encargadas de la vigilancia y seguridad del espacio aéreo, el territorio nacional, mar territorial y jurisdiccional.

Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia.

Como ya se mencionó anteriormente, nada de esto se encuentra estipulado en la Ley General de Policía. Aunque en la práctica, el Servicio de Vigilancia Aérea cumple estas funciones y es un elemento clave en el resguardo de nuestro espacio aéreo y en la lucha contra el crimen organizado, el hecho de no contar con un resguardo normativo dificulta su labor, además de significar trámites innecesarios a la hora de realizar gestiones administrativas y de presupuesto.

Es por lo anterior que se plantea el siguiente proyecto de ley, que incorpora la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea con sus competencias, atribuciones, subordinación y estructura organizacional a Ley General de Policía, Nº 7410, de 26 de mayo de 1994.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA Nº 7410,

DE 26 DE MAYO DE 1994, PARA EL ORDENAMIENTO

DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

AÉREA COMO CUERPO POLICIAL ADSCRITO

AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 6 de la Ley General de Policía, N° 7410, de 26 de mayo de 1994. El texto dirá:

Artículo 6- Cuerpos. Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública son las siguientes: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley.

ARTÍCULO 2- Adiciónese al capítulo II del título II de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, la sección XI, a la que le corresponderán los artículos 39, 40, 41 y 42; consecuentemente, se corre la numeración de los capítulos y artículos subsiguientes. El texto dirá:

SECCIÓN XI

Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea

Artículo 39- Competencia

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública garantizará el orden público en materia de seguridad de la aviación civil internacional, vigilará y resguardará el espacio aéreo costarricense. De conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos.

Artículo 40- Atribuciones

Son atribuciones de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea:

a)  Garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo del territorio nacional, mar territorial, zona económica exclusiva y la seguridad de los aeropuertos internacionales, mediante actividades operativas y patrullajes.

b)  Coordinar, cooperar y participar activamente, con los operativos que realicen los demás cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, conforme las atribuciones generales de las fuerzas de policía indicadas en las leyes y reglamentos.

c)  Brindar transporte aéreo dentro y fuera del país, en casos calificados de excepción, a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a los habitantes de la República en casos de emergencia y por razones humanitarias.

d)  Promover convenios de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y las Instituciones del Estado.

f)  Coordinar y cooperar con las instituciones vinculadas en la atención de emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, aeronaves y embarcaciones extraviadas, entre otros.

g)  Brindar mantenimiento y reparación a las aeronaves utilizadas por la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea para realizar sus atribuciones y competencias.

h)  Vigilar, con uso de los sistemas y tecnologías existentes, el espacio aéreo costarricense.

i)   Brindar vigilancia y seguridad dentro de las instalaciones y perímetro de los aeropuertos nacionales e internacionales, bases aéreas, aeronaves, equipo y armamento, instalaciones, terrenos y edificios adyacentes, cuyo acceso esté o no controlado o restringido.

j)   Prestar colaboración según sus competencias y atribuciones, a las diferentes autoridades que laboran en las terminales aéreas.

k)  Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional y su espacio aéreo, así como el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado.

m) Aquellas otras que se deriven del ordenamiento jurídico, de conformidad con su competencia

Artículo- 41- Subordinación

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea contará con un director general y estará subordinada, en grado inmediato, al ministro(a) de Seguridad Pública.

Artículo 42 - Estructura organizacional.

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea tendrá definida su estructura vía reglamento.

Rige a partir de su publicación.

Zoila Rosa Volio Pacheco

Diputada

11 de febrero de 2021

NOTA:        El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2021526948 ).

DECRETOS

N° 42699-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

En uso de las atribuciones que les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 y el artículo 146 de la Constitución Política, los artículos 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la Ley 6227, del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, y la Ley N° 8488, del 22 de noviembre de 2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Considerando:

I.—Que la Ley N° 8488 constituye un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el que se integran todas las instituciones públicas y se procura la participación del sector privado y de la sociedad civil organizada, bajo la rectoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en adelante CNE, el cual se articula a través de la implementación de una Política Nacional de Gestión de Riesgo, mediante la interacción de instrumentos, programas y recursos que se convierten en actividades ordinarias y extraordinarias tendentes a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases.

II.—Que en cumplimiento del artículo 55 de la Ley N° 8488, mediante Decreto Ejecutivo N° 34361-MP del 21 de noviembre de 2007 se emitió el Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, publicado en La Gaceta N° 52 del 13 de marzo de 2008.

III.—Que se requiere actualizar la norma reglamentaria con el fin de mejorar aspectos atinentes a los procesos de reconstrucción de la infraestructura afectada por las emergencias nacionales declaradas al tenor de lo establecido en la Ley Nacional de Emergencias y prevención del Riesgo N° 8488.

IV.—Que la Junta Directiva de la CNE mediante acuerdo N° 017-02-2020, de la sesión ordinaria N° 02-02-2020 del 05 de febrero 2020, ha aprobado una propuesta de redacción para los artículos 32, 33, 34 y 35 del Decreto Ejecutivo N° 34361-MP del 21 de noviembre de 2007, Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y recomienda al Poder Ejecutivo su promulgación. Por tanto,

Decretan:

REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL

DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL RIESGO,

DECRETO EJECUTIVO N° 34361-MP, DEL

21 DE NOVIEMBRE DEL 2007

Artículo 1°—Reformas. Refórmese los artículos 32, 33, 34 y 35 del Decreto Ejecutivo N° 34361-MP del 21 de noviembre de 2007, publicado en La Gaceta N° 52 del 13 de marzo de 2008, denominado “Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:

“Artículo 32.—Plazo de las Instituciones para Entregar el Reporte Oficial de Daños y Pérdidas. Las instituciones cuentan con un plazo máximo de dos meses a partir de la declaratoria de emergencia mediante decreto ejecutivo para entregar un reporte oficial de los daños y las pérdidas con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir y comprobarse, en forma inequívoca, una relación de causa - efecto en este informe entre la emergencia declarada y el daño reportado, que tenga su base en el inventario de obras previo al evento. Con los informes presentados y la demás documentación que la CNE acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. El plazo máximo de dos meses que tienen las instituciones para entregar un reporte oficial de los daños y pérdidas con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse, no excluye la posibilidad de que, en el transcurso de los siguientes seis meses a la aprobación del Plan General de la Emergencia, se incorporen otros daños que no fueron contemplados en el citado Plan. Esta información emergente deberá estar respaldada por la institución ante la CNE, con un estudio técnico que demuestre que guarda relación directa con el hecho generador de la emergencia”.

“Artículo 33.—Nombramiento de Unidades Ejecutoras. Se define como Unidades Ejecutoras a los entes nombrados mediante acuerdo de la Junta Directiva de la CNE, para la ejecución de uno o varios planes de inversión aprobados por este órgano colegiado, necesarios para la atención de una emergencia declarada. Podrá ser nombrada como Unidad Ejecutora cualquier institución pública que sea competente en la materia, a condición de que cuenten con una adecuada organización administrativa que garantice el debido cumplimiento de las metas propuestas, la óptima satisfacción de las necesidades y el adecuado control en el manejo y uso de los recursos disponibles, caso contrario, la Junta Directiva podrá nombrar a la CNE como unidad ejecutora o bien, sustituir la Unidad Ejecutora por otra institución pública competente o contratar los servicios necesarios para la ejecución debida de las obras. Con el propósito de cumplir de la mejor manera con el fin público propuesto, la Junta Directiva de la CNE, podrá de manera unilateral y de acuerdo a los intereses institucionales, sustituir cualquier unidad ejecutora que haya sido nombrada. Para tales efectos, la Junta Directiva de la CNE dictará el reglamento que norme y regule el funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.”

“Artículo 34.—Integración. Cada Unidad Ejecutora deberá designar funcionarios que la representen, los cuales serán responsables de coordinar con las unidades administrativas correspondientes en la CNE, la presentación de documentos, trámites de pagos, solicitudes de compras, presentación del plan de inversión, la descripción técnica de manera cualitativa y cuantitativa del proyecto, inspecciones de proyectos, informes de avances, trámite de órdenes de modificación, finiquitos, para la valoración de la CNE; cuyos nombres, números de identificación y registros de firmas, deberán ser remitidos a la CNE”.

“Artículo 35.—Dependencia. Todas las Unidades Ejecutoras nombradas dependerán directamente de la CNE. La Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE será la unidad encargada del control y fiscalización de las funciones asignadas a las mismas en el proceso de ejecución de las obras de reconstrucción y en el monitoreo y evaluación de la resiliencia según sea determinado en el Reglamento correspondiente.”

Artículo 2°—De la vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciséis días del mes de setiembre del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez.—1 vez.—O. C. N° 19310.—Solicitud N° 245470.—( D42699 - IN2021526742 ).

Nº 42615-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE AMBIENTE Y ENERGÍA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978; artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del 04 de octubre de 1995; artículo 13 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084 del 24 de agosto de 1977; artículos 13 y 18 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero 1996; artículos 58 y 59 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 abril de 1998 y los artículos 71 y 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE del 11 de marzo de 2008.

Considerando:

I.—Que el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, dispone que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre y Áreas Silvestres Protegidas.

II.—Que el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, establece que “(...) las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. (...) Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe someterse (...)”

III.—Que el Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE, en su artículo 70 inciso d), define dentro de las categorías de manejo de Áreas Silvestres Protegidas, a las Reservas Bilógicas como “Áreas geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce, o una combinación de estos y especies de interés particular para la conservación. Sus fines principales serán la conservación y la protección de la biodiversidad, así como la investigación”.

IV.—Que la Zona Protectora en Coto Brus fue creada mediante Ley N° 6638 del 09 de septiembre de 1981, con un área de 10.000 hectáreas y mediante el Decreto Ejecutivo N° 13325-A del 04 de febrero de 1982, dicha zona protectora pasa a formar parte integral de la zona protectora comprendida en el artículo 1 de ese decreto, ampliándose a 19.602 hectáreas y denominada Zona Protectora colindante Parque Internacional La Amistad.

V.—Que la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-006-88 del 14 de enero de 1988, establece que por su inmediación al Parque Internacional La Amistad: Costa Rica-Panamá (o Parque Nacional de la Cordillera de Talamanca), y el nombre con que se le denomina en el Mapa de Áreas Administradas por la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (set. 1987), la zona protectora Las Tablas, es la creada mediante ley N° 6638 del 9 de setiembre de 1981, con superficie de diez mil hectáreas ampliada a 19.602 hectáreas por Decreto Ejecutivo N° 13325-A del 4 de febrero de 1982, la cual se localiza exactamente entre dicho Parque (costado Sureste, al que brinda mayor protección), y la frontera panameño-costarricense.

VI.—Que mediante escritura número cuarenta y nueve, del tomo seis del Protocolo del Notario del Estado, Jonathan Bonilla Córdoba, se recibe de la Fundación de Parques Nacionales al Estado, la donación del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, Matrícula veinticinco mil quinientos catorce-cero cero cero, plano catastrado, P-un millón quinientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y uno-dos mil doce, finca con una medida de cincuenta y un millones doscientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y siete metros cuadrados (51.256.897,00 m² o 5125ha 6897,00 m²) y que se encuentra dentro de la Zona Protectora Las Tablas.

VII.—Que debido a la importancia biológica y ecológica de la zona, se han realizado estudios técnicos en la Zona Protectora Las Tablas y específicamente en el inmueble plano P-1594551-2012, determinando que es un sitio inalterado, que contiene ecosistemas, rasgos y especies de flora y fauna extremadamente vulnerables, en la cual los procesos ecológicos deben seguir su curso natural con un mínimo de interferencia humana, de ahí la importancia que se cambie la categoría de manejo al área contenida en dicho plano, para declararla como Reserva Biológica.

VIII.—Que en el área que se declarará la Reserva Biológica se encuentran representadas tres zonas de vida: Bosque muy húmedo premontano, Bosque muy húmedo montano bajo y Bosque pluvial montano y alberga ecosistemas y una biodiversidad de alto interés científico y de conservación, esto representa un atractivo para fomentar la investigación tanto dentro de la nueva área protegida como en los terrenos aledaños, lo que permitiría impulsar investigaciones con diferentes niveles de presión que generen experiencias en manejo activo y adaptativo.

IX.—Que en esta zona existen especies que se encuentran en peligro de extinción como la danta (Tapirus bairdii), que es el mamífero silvestre más grande de Centroamérica; se encuentran presentes las 6 especies de felinos silvestres del país, ocelote (Leopardus pardalis), caucel (Leopardus wiedii), tigrillo (Leopardus tigrinus), jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) y aves indicadoras de bosques conservados como el quetzal (Pharomachrus mocinno) y el pájaro campana (Procnias tricarunculata).

X.—Que la Reserva Biológica formará parte de un bloque de terrenos con cobertura boscosa, Patrimonio Natural del Estado que tiene diferentes categorías de manejo y forman parte del Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca - Parque Internacional de La Amistad, zona núcleo de la Reserva de Biosfera La Amistad y Sitio Ramsar Turberas de Talamanca.

XI.—La creación de una Reserva Biológica permitiría ampliar la conectividad e integridad ecológicas de las demás áreas silvestres protegidas que le rodean “garantizando la conservación y el valor excepcional del Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de la Cordillera de Talamanca - Parque Internacional de La Amistad” y que al tener la categoría de Reserva Biológica funcionaría como un laboratorio para investigación y la generación de conocimiento científico en un sitio que presenta características de conservación prístinas.

XII.—Que en la zona existen actores claves que impulsan la preservación de la Zona Protectora Las Tablas como un sitio relevante para protección e investigación de la biodiversidad. Esto representa una fortaleza para los procesos de conservación, gestión y control de la nueva área silvestre protegida.

XIII.—Que debido al bajo impacto antrópico permitido bajo esta categoría de protección, no se requeriría de una inversión elevada en infraestructura y servicios para visitantes.

XIV.—Que de previo a la emisión del presente decreto ejecutivo, se cumplieron los requisitos dispuestos en los numerales 71 y 72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE, según consta en el expediente respectivo.

XV.—Que el cambio de categoría de una porción de la Zona Protectora Las Tablas a Reserva Biológica, es una respuesta orientada al cumplimiento de las metas y compromisos del país en conservación de la biodiversidad y los ecosistemas más representativos, así como parte del cumplimiento de la meta voluntaria para alcanzar la carbono neutralidad para el período 2020-2021.

XVI.—Que el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, provincia de Puntarenas, matrícula de Folio Real número veinticinco mil quinientos catorce-cero cero cero, plano catastrado, P-1594551-2012, es atravesada en el sector sur por una servidumbre del acueducto de Coto Brus.

XVII.—Que al inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de Folio Real número veinticinco mil quinientos catorce-cero cero cero, plano catastrado, P-1594551-2012, se le segregan dos polígonos correspondientes al área que es atravesada en el sector sur, por una servidumbre del acueducto de Coto Brus.

XVIII.—Que de conformidad con el numeral 59 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 y al artículo 12 inciso d) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo N° 34433-MINAE, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), en Sesión Ordinaria N° 0062020 celebrada el día 08 de junio de 2020, mediante Acuerdo N° 05, aprobó la recomendación de cambiarle categoría a Reserva Biológica del Bicentenario de la República - Pájaro Campana y que se continúe el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley de Biodiversidad N° 7788, Decreto Ejecutivo N°34433-MINAE. Por tanto,

Decretan:

CAMBIO DE LA CATEGORÍA DE MANEJO

A UNA SECCIÓN DE LA ZONA PROTECTORA

LAS TABLAS, A LA DE RESERVA BIOLÓGICA

DEL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA-

PÁJARO CAMPANA

Artículo 1º—Cámbiese la categoría de manejo a una sección de la Zona Protectora Las Tablas- creada mediante Ley N° 6638 del 09 de septiembre de 1981, con un área de 10.000 hectáreas y mediante el Decreto Ejecutivo N° 13325-A del 04 de febrero de 1982, ampliada a 19.602 hectáreas- por la de Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana, delimitada según el plano catastrado número P-1594551-2012, ubicado en la hoja cartográfica del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50.000 Pittier y Unión, con un área de 5.075ha 1236,00 m² (cinco mil setenta y cinco hectáreas con mil dos cientos treinta y seis metros cuadrados).

Artículo 2º—Para efectos de resguardar el actual acueducto de Coto Brus que atraviesa el sector sur de la propiedad delimitada según el plano catastrado número P-1594551-2012 y que será parte de la Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana, se excluye de dicha propiedad un total de 50ha 5664,00 m², (cincuenta hectáreas cinco mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados) distribuidos en 2 polígonos de 48ha1.526,00m² (cuarenta y ocho hectáreas mil quinientos veintiséis metros cuadrados) y 2ha 4.138,00 m², (dos hectáreas cuatro mil ciento treinta y ocho metros cuadrados) demarcados por las siguientes coordenadas en CRTM:

Polígono 1
Vértice	Este	Norte
1	634879,486	989300,139
2	634885,917	989306,843
3	634899,293	989314,363
4	634951,343	989321,689
5	635008,958	989326,871
6	635059,843	989345,1
7	635097,433	989361,238
8	635112,766	989365,762
9	635142,483	989380,136
10	635209,806	989399,277
11	635227,182	989402,092
12	635260,261	989415,315
13	635291,504	989422,888
14	635307,361	989422,086
15	635349,124	989414,146
16	635354,614	989411,781
17	635383,198	989408,266
Polígono 1
Vértice	Este	Norte
18	635405,72	989412,695
19	635425,336	989423,104
20	635458,989	989456,431
21	635465,578	989466,561
22	635477,426	989476,888
23	635492,274	989485,484
24	635510,935	989493,505
25	635521,342	989496,189
26	635562,861	989492,239
27	635584,594	989484,361
28	635590,037	989480,214
29	635612,58	989449,888
30	635622,97	989430,249
31	635625,902	989410,075
32	635626,948	989370,701
33	635631,971	989355,949
34	635645,302	989338,829
35	635667,829	989316,212
36	635673,318	989312,428
37	635846,765	989249,293
38	635929,203	989213,345
39	635988,51	989190,884
40	636003,008	989190,938
41	636058,451	989209,106
42	636071,733	989222,735
43	636120,672	989293,873
44	636139,037	989307,994
45	636146,975	989308,426
46	636257,436	989278,918
47	636277,058	989275,912
48	636308,915	989279,846
49	636329,416	989278,291
50	636352,161	989268,746
51	636389,941	989297,817
52	636436,825	989327,479
53	636484,295	989355,057
54	636500,424	989358,968
55	636511,117	989358,335
56	636544,281	989363,781
57	636561,641	989364,936
58	636574,94	989362,447
59	636590,095	989354,113
60	636632,898	989317,766
61	636651,42	989288,946
62	636659,289	989270,564
63	636670,146	989219,997
64	636677,905	989202,877
65	636687,682	989187,502
66	636712,771	989160,12
67	636722,178	989147,498
68	636732,734	989138,811
69	636746,665	989130,971
70	636791,805	989121,029
71	636817,167	989123,273
72	636835,818	989121,287
73	636856,136	989107,503
74	636887,031	989079,49
75	636899,044	989070,484
76	636908,218	989066,034
77	636932,952	989047,57
78	636986,631	989017,753
79	635657,114	989017,75
Polígono 2
1	637588,968	989017,77
2	637903,361	989017,799
3	637904,074	989039,706
4	637900,115	989065,388
5	637895,519	989077,173
6	637878,884	989110,127
7	637867,295	989128,231
8	637859,605	989136,897
9	637845,289	989144,095
10	637831,623	989147,989
11	637797,466	989147,643
12	637779,627	989140,798
13	637754,194	989126,473
14	637715,174	989098,213
15	637697,511	989082,543
16	637686,231	989074,986
17	637660,08	989041,683
18	637630,188	989023,147
19	637597,758	989020,004
20	637588,968	989017,77

 

Ambos polígonos estarán fuera de la categoría de Reserva Biológica y seguirán formando parte de la Zona Protectora Las Tablas. Para este caso en particular deberá tomarse en consideración lo regulado en la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, N° 9590 y su Reglamento.

Artículo 3º—Redefínase la Zona Protectora Las Tablas, que quedará constituida por el área restante y que no está contemplada por la Reserva Biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana, con un área de 14.526ha 8764,00 m² (catorce mil quinientas veinte seis hectáreas con ocho mil setecientos sesenta y cuatro metros cuadrados).

Artículo 4º—La administración y protección de la Reserva Biológica del Bicentenario de la República - Pájaro Campana, corresponderá al Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente al Área de Conservación La Amistad Pacífico.

Artículo 5º—El Área de Conservación La Amistad Pacífico, podrá coordinar con las instituciones públicas y privadas de la zona, organizaciones no gubernamentales de la región, los productores y productoras y el sector empresarial; para sumar esfuerzos que garanticen las conectividades y la viabilidad ecológica de las poblaciones y ecosistemas objeto de protección de la Reserva Biológica del Bicentenario de la República - Pájaro Campana.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo.—1 vez.—O.C. N° DFC-002.—Solicitud N° 249543.—( D42615 - IN2021526824 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 592-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución Política; en el artículo 47 inciso 3) de la Ley N° 6227 - Ley General de la Administración Pública del 02 de mayo de 1978.

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo N° 305-P, publicado en La Gaceta N° 132 de fecha 15 de julio del 2019, se nombró a la señora Guiselle Cruz Maduro, cédula de identidad número 1-0578-0670, como Ministra de Educación Pública.

2º—Que de acuerdo con lo indicado en los dictámenes de la Procuraduría General de la República números C-038-2005 del 28 de enero del 2005 y C-475-2006 de fecha 02 de noviembre del 2006, los Ministros así como los Viceministros, tienen derecho a vacaciones anuales remuneradas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política.

3º—Que la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, ha solicitado al señor Presidente de la República vacaciones a partir de las 00:00 horas del lunes 01 de febrero del 2021 hasta las 23:59 horas del lunes 01 de febrero del 2021.

4º—Que la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, solicita al señor Presidente de la República, se nombre en su ausencia a la señora Melania Brenes Monge, cédula de identidad número 3-0378-0510, Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública como Ministra a. í. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar a la señora Guiselle Cruz Maduro, cédula de identidad número 1-0578-0670, Ministra de Educación Pública, vacaciones a partir de las 00:00 horas del lunes 01 de febrero del 2021 hasta las 23:59 horas del lunes 01 de febrero del 2021.

Artículo 2º—Durante la ausencia por vacaciones de la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, se nombra a la señora Melania Brenes Monge, cédula de identidad número 3-378-510, Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública, como Ministra a. í. de esa Cartera, a partir de las 00:00 horas del lunes 01 de febrero del 2021 hasta las 23:59 horas del lunes 01 de febrero del 2021.

Artículo 3º—Rige a partir de las 00:00 horas del lunes 01 de febrero del 2021 hasta las 23:59 horas del lunes 01 de febrero del 2021.

Dado en la Presidencia de la República, el día veintiséis de enero del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. N° 4600040561.—Solicitud N° 249945.—( IN2021526912 ).

N° 596-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política; en el artículo 47, inciso 3) de la Ley N° 6227-Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978.

Considerando:

I.—Que mediante Acuerdo N° 305-P, publicado en La Gaceta N° 132 de fecha 15 de julio de 2019, se nombró a la señora Guiselle Cruz Maduro, cédula de identidad N° 1-0578-0670, como Ministra de Educación Pública.

II.—Que la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, ha sido incapacitada a partir de las 00:00 horas del martes 02 de febrero de 2021 y hasta las 23:59 horas del viernes 05 de febrero de 2021 con boleta N°A00270321000329.

III.—Que en su ausencia por incapacidad médica de la señora Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública, solicita al señor Presidente de la República, se nombre a la señora Melania Brenes Monge, cédula de identidad N° 3-0378-0510, Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública como Ministra a. í. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1°—Nombrar a la señora Melania Brenes Monge, cédula de identidad número 3-0378-0510, Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública como Ministra a.í. a partir de las 00:00 horas del martes 02 de febrero de 2021 y hasta las 23:59 horas del viernes 05 de febrero de 2021.

Artículo 2°—Rige a partir de las 00:00 horas del 02 de febrero de 2021 y hasta las 23:59 horas del 05 de febrero 2021.

Dado en la Presidencia de la República, el día dos de febrero del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. N° 4600040561.—Solicitud N° 249946.—( IN2021526913 ).

Nº 573-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 139, inciso 1) de la Constitución Política.

Considerando:

Único: Que el señor Marcelo Prieto Jiménez, cédula de identidad número 2-0283-0288, presentó su renuncia al cargo de Ministro de la Presidencia, a partir del veintidós de diciembre de dos mil veinte.

ACUERDA:

Artículo 1º—Remover como Ministra de Trabajo y Seguridad Social a la señora Carmen Geannina Dinarte Romero, cédula de identidad número 1-1151-0925.

Artículo 2º—Nombrar como Ministra de la Presidencia a la señora Carmen Geannina Dinarte Romero, cédula de identidad número 1-1151-0925.

Artículo 3º—Rige a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

Dado en San José, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA.—1 vez.—O. C. Nº 4600046516.—Solicitud Nº 250009.—(IN2021526925 ).

CONSEJO DE GOBIERNO

Nº 001

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica: Que el Consejo de Gobierno, según consta en el artículo quinto del acta de la sesión ordinaria número ciento treinta y nueve, celebrada el quince de diciembre del dos mil veinte, tomó el siguiente acuerdo que en lo conducente dice: Artículo Quinto: Acuerdo: 1- Nombrar a la señora Alicia Borja Rodríguez, cédula de identidad 2 0370 0902, como miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), a partir del 15 de diciembre de 2020 y por el resto del periodo legal correspondiente, hasta el 31 de mayo de 2026. 2- Nombrar a la señora Rosibel Víquez Abarca, cédula de identidad 1 0650 0392, como miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a partir del 15 de diciembre de 2020 y por el resto del periodo legal correspondiente, hasta el 31 de mayo de 2026.

Acuerdo declarado firme por unanimidad.

Carlos Elizondo Vargas, Secretario.—1 vez.—O. C. Nº 115358.—Solicitud Nº 249956.—( IN2021526825 ).

Nº 006

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo treinta y tres de la Ley General de la Administración Pública, comunica: Que el Consejo de Gobierno, según consta en el artículo quinto del acta de la sesión ordinaria número ciento cuarenta y dos, celebrada el doce de enero del dos mil veintiuno, tomó el siguiente acuerdo que en lo conducente dice: Artículo Quinto: Acuerdo: 1-Nombrar al señor Erick Solano Coto, cedula de identidad 1 1135 0461, Doctor en Derecho Administrativo como Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a partir del 20 de enero de 2021 y por el periodo legal correspondiente hasta el 08 de mayo de 2022.

Acuerdo firme por unanimidad.

Carlos Elizondo Vargas, Secretario.—1 vez.—O. C. Nº 115358.—Solicitud Nº 249962.—( IN2021526856 ).

EDICTOS

MINISTERIO DE HACIENDA

DM-0095-2021

REGISTRO DE PATENTE DE CORREDOR JURADO

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Se hace saber que la señora Stephanie Picado Chang, mayor, soltera, de profesión abogada, notaria y comerciante, cédula de identidad número uno-mil trescientos-doscientos cincuenta y cuatro, vecina de San José, Desamparados, San Antonio, Plazoleta, contiguo al Banco de Costa Rica, sobre calle principal, ha formulado ante este Despacho solicitud para obtener la Patente de Corredor Jurado.

Se insta a cualquier persona que tenga motivos para oponerse al otorgamiento de la Patente respectiva, para que comparezca a la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda (sita 5° piso del edificio central, avenida segunda, antiguo Banco Anglo) dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la primera publicación de este aviso, para que formule las objeciones que tenga y ofrezca las pruebas del caso.

San José, 5 de febrero de 2021.—Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda.—( IN2021526507 ).