PROYECTOS

PROYECTO DE LEY

LEY DE CREACIÓN DE LA RESERVA

FORESTAL RÍO PACUARE

 Expediente N.° 24.229

 ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las áreas silvestres protegidas (ASP) de Costa Rica se constituyen en atractivos importantes dentro de la oferta turística del país, se reconocen como sitios de esparcimiento, disfrute, aprendizaje, que permiten la observación de flora y fauna, así como de sitios culturales e históricos.  Durante el año 2022, 43 ASP recibieron visitantes, registrando un total de 2 452 209 visitas, de las cuales el 43% (1 047 275) corresponden a no residentes y el 57% a residentes (1 404 934).

La Reserva Forestal Río Pacuare fue creada el 26 de diciembre de 1985 con el fin de proteger los bosques y las cuencas hidrográficas de la Cordillera de Talamanca en la vertiente del Caribe. Esta reserva alberga una riqueza biológica extraordinaria, siendo hogar de una diversidad de especies vegetales y animales.

Los bosques de la Reserva Forestal Río Pacuare desempeñan un papel crucial en la mitigación del cambio climático al actuar como sumideros de carbono.  La preservación de estos bosques ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mantener el equilibrio climático global, contribuyendo así a los esfuerzos mundiales para combatir el calentamiento global y sus impactos devastadores.

Este sitio posee un gran potencial turístico ya que el río Pacuare es considerado uno de los cinco mejores ríos para hacer rafting en el mundo por su belleza natural y espectaculares rápidos, considerado una de las mejores aguas blancas en todo América Central. Incluso en las 2021 y 2022 revistas internacionales como Wanderlust y National Geographic han resaltado el Pacuare como uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

Los altos estándares de calidad han distinguido al rafting nacional desde sus inicios. Tan sólo seis años después de que el deporte en aguas blancas debutara a nivel competitivo en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, se introdujo en Costa Rica el rafting en su modalidad comercial en los ríos Reventazón, Pacuare y Chirripó Pacífico, colocando al país como destino de gran interés para los practicantes de este deporte.

Debido a que la mayor parte del cañón del río no se ha desarrollado, los visitantes pueden observar una densa población de animales que rara vez se observan en otras partes de Costa Rica. Este lugar, que muchos consideran un tesoro natural, no solo es un refugio para una inmensa variedad de vida silvestre, donde podemos encontrar especies de mamíferos en peligro de extinción como la danta o felinos como el puma, manigordo y tigrillo, sino que también desempeña un papel fundamental en la protección de nuestros recursos hídricos y en la lucha contra el cambio climático al actuar como sumideros de carbono.  Así mismo, es la casa ancestral de comunidades indígenas costarricenses.

La deforestación, la contaminación y la explotación desmedida de los recursos naturales amenazan la supervivencia de la Reserva Forestal Río Pacuare y de todas las formas de vida que alberga, así como de las actividades económicas sostenibles que dependen de la sostenibilidad de la zona para emplear a cientos de personas asociadas especialmente a los servicios turísticos.

El área que se busca seguir protegiendo con esta iniciativa tiene un terreno estimado de 13 188 hectáreas. y se encuentra compuesta por los territorios que comprenden parte de las cuencas del río Pacuare, río Madre de Dios y río Matina.

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En el año 2021, una empresa privada propietaria de un terreno en el cual existe interés de explotar roca para la construcción, interpuso una acción de inconstitucionalidad debido a que la Dirección de Geología y Minas denegó una solicitud de concesión.  La empresa interpuso un recurso de apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la denegatoria de la concesión y alegó que el artículo de dicha ley era inconstitucional, por lo que entabló el respectivo proceso ante la Sala IV. Ante esto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, mediante la sentencia 2024-6251, anuló el rango de ley que tenía la Reserva a causa de que este le fue asignada en 1986 mediante el artículo 26 de la Ley de Presupuesto Ordinario de 1986 (Ley 7018) en el cual, la declaratoria fue incluida como norma presupuestaria.

 Cabe destacar, que la Procuraduría General de la República señala la vigencia del decreto 16815-MAG emitido en el 10 de enero de 1986, “Declara Zona Protectora Río Pacuare”, razón por la cual, mientras el mismo se mantenga vigente, no se podrá permitir ningún tipo de explotación que cause un daño o alteración ambiental.

Sin embargo, esta iniciativa de ley nace desde la necesidad de brindar seguridad y protección a la reserva forestal Río Pacuare mediante el rango de ley. Tomando las condiciones vigentes del decreto, así como el artículo anulado mediante la acción y actualizándose a la legislación vigente y reciente.

La protección de esta reserva no solo asegura la preservación de su biodiversidad única, sino que también promueve el desarrollo de un turismo sostenible que beneficia a las comunidades locales y fomenta la conservación ambiental.

Costa Rica tiene una larga tradición de liderazgo en conservación ambiental, siendo reconocida a nivel mundial por su compromiso con la protección de la naturaleza. Preservar la Reserva Forestal Río Pacuare es coherente con esta herencia de responsabilidad ambiental y refleja el compromiso del país con la protección de sus recursos naturales para las generaciones venideras.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE CREACIÓN DE LA RESERVA

FORESTAL RÍO PACUARE

ARTÍCULO 1-    Declaración de la Reserva Forestal Río Pacuare

Declárese reserva forestal el área comprendida en el cantón de Siquirres, provincia de Limón, que cartográficamente se ubica en Las Hojas Bonilla, Matina, Tucurrique y Barbilla del Instituto Geográfico Nacional 1:50.000, enmarcado entre las coordenadas Lambert horizontales 220-229 y verticales 587-600, con el fin de preservar su biodiversidad, belleza paisajística, y los servicios ecosistémicos que brinda a las comunidades locales y al país en general.

ARTÍCULO 2- El área comprendida dentro esta declaratoria inicia en la hoja topográfica Tucurrique 34451, en la confluencia de la quebrada Temible o Alcantarilla con el río Pacuare, coordenadas N217,700- E586,050 (1)*; continúa aguas abajo por la margen occidental del río Pacuare, hasta la confluencia de la quebrada Terciopelo con dicho río, coordenadas N221-, 575-E588,775 (2); en la hoja topográfica Bonilla 3446 Il. Luego sigue aguas arriba por la margen izquierda de la quebrada Terciopelo, hasta la unión con la quebrada San Martín, siguiendo esta última hasta su naciente con las coordenadas N224,275-E587;500 (3).  De aquí continúa en línea recta hasta la naciente de la quebrada Quebradón coordenadas N225,175-E587,175 (4).  De aquí se parte en línea recta hasta la naciente de un afluente 2 el río Siquirres, coordenadas N226,300-E587,650 (5).  Se continúa aguas abajo hasta la confluencia con el río Siquirrítos en las coordenadas N228,375E587,200 (6), luego sigue en línea recta hasta un pequeño cerro localizado en las coordenadas N228,500-E588, OOO (7) para seguir la divisoria de aguas entre el río Siquirritos y la quebrada La Planta, hasta la naciente de esta última, coordenadas N228, OOO-E588,400 (8).  Se sigue en línea recta hasta caer en la quebrada cabros en las coordenadas N228,250-E589,100 (9).  Continúa en línea recta, hasta un pequeño cerro sin nombre en el mapa, sobre la fila en las coordenadas N227, 200E589,350 (10).  Continúa luego por la cima de la fila hasta el sitio Dos Montañas en el río Pacuare, coordenadas N228, 550-E591, SOO (11) en la hoja Matina 3549 m. Continúa luego aguas abajo por la margen oriental del río Pacuare, hasta la confluencia con 18 quebrada intermitente localizada en las coordenadas N229, 700E591,900 (12). Se sigue aguas arriba por la quebrada intermitente hasta las coordenadas N228,775-E593, 400 (13).  De aquí continúa en línea recta hasta un cerro sin nombre en el mapa (14), cuya cota fotogramétríea es de 430 m y es cruzado por el camino que conduce a les Brisas de Pacuarito siguiendo los puntos dados a continuación:

(1*) Número de punto de amarre.

(15)              N228,000- E593,600

(16)              N227,500- E593,600

(17)              N227,300-E593,700

(18)              N227,000.E593,975

(19)              N226,800-E594,000

Hasta llegar a una quebrada intermitente, afluente del río Cimarrones en las coordenadas N225,800-E594,675 (20).  Continúa aguas abajo de dicha quebrada hasta su confluencia con el río Cimarrones (21) para continuar por su cauce hasta la desembocadura de una quebrada en las coordenadas N228,775-E5S6,750 (22).  Sigue luego aguas arriba por dicha quebrada hasta un punto en las coordenadas N227,250-E597,175 (23).  Continúa luego por la cima de una serie de cerros hasta el Cerro Cimarrones (519 msnm), en las coordenadas N 227,075-E598,375. (24).  De aquí sigue por la divisoria de aguas entre el río Hondo y el río Madre de Dios, siguiendo los siguientes puntos:

(25)’ N227,600-E598,7SO

(26) N228,075-E599,250

Hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre en el mapa coordenadas N228,250-E600,160 (27), para continuar hasta la cima del siguiente cerro en las coordenadas N227,975-E601,000 (28), para luego a las cimas de los cerros vecinos, hasta el cerro de cota fotogramétrica 361 msnm, ubicado en las coordenadas N227, 650-E601,700 (29).  A partir de aquí se continúa en línea recta hasta un próximo cerro de 362 msnm, coordenadas N227,525-E602,450 (30). De este punto prosigue en línea recta hasta la naciente de la quebrada Indio N225,450-E601,625 (31), para seguir aguas abajo sobre dicha quebrada hasta su desembocadura en el río Barbilla coordenadas N225,900-E604,9SO (32).  Continúa luego aguas arriba por la margen oriental del río Barbilla hasta la unión de éste con la quebrada Socri, N224,550E604,625 (33).  A partir de este punto se sigue por el límite de la reserva indígena de Chirripó (Cabécar de Barbilla) (según decreto N.° 160059-G, del 3 de diciembre de 1984) siguiendo los puntos dados a continuación:

(34)   N224,150-E603,200

(35)   N223,650-E602,750

(36)   N223,200- E602,600

(37)   N223,150- E602,250

(38)   N222,850-E602,000

(39)   N222,750-E601,250

De este punto se prosigue hasta la confluencia de la quebrada Cañabral con una quebrada sin nombre en las coordenadas N223,025-E601,000 (40). Sigue luego aguas arriba de la quebrada Cañabral hasta el punto N223,125-E600,975 (41) para luego seguir por los siguientes puntos:

(42)   N223,150-E600,600

(43)   N222,800-E600,000

(44)   N222,800-E599,760

(45)   N222,600-E599,450

(46)   N222,875-E598,150

(47)   N22Z,375-E597,625

(48)      N221,800-E597,425 (cerro de cota fotogramétrica

            356 m).

De aquí se prosigue en línea recta hasta la quebrada Barreal o Paxteri coordenadas N221,250-E596,875 (49).  A partir de este punto sigue aguas abajo por la quebrada Barreal o Paxteri, hasta un punto en las coordenadas N221,100-E597,750 (50) continuando luego por el límite de la reserva biológica Barbilla (según decreto N° 13392-A del 26 de febrero de 1982). Sigue en la hoja topográfica Barbilla 3545 IV sobre el río Dantas en coordenadas N220,225-E598,000 (51). A partir de aquí sigue aguas arriba por el mismo hasta la unión con la quebrada Konori en las coordenadas N217,650-E592,925 (52). Continúa por el límite de la reserva Indígena Chirripó (Cabécar de Awari). Prosigue aguas arriba por la quebrada Konori hasta las coordenadas N217,550-E592,450 (53), luego continúa siempre aguas arriba, por una quebrada intermitente sin nombre hasta su naciente en las coordenadas N218,575-E591,825 (54). A partir de este punto continúa por la divisoria de aguas entre el río Pacuare y el río Dantas, pasando por los siguientes puntos:

(55)     N218,525-E591,450

 en la hoja cartográfica Tucurrique 3445 1

(56)     N218,350-E590,975

(57)     N217,775-E590,400

(58)     N217,450-E590,150 

(59)         N217,450-E589,800 (cerro de cota fotogramétrica

            998 m)

(60)     N217,950-E589,600 (naciente occidental de la

            quebrada Nori o Fria)

(61)     N218,550-E589,250

(62)     N219,150-E588,200

(63)     N219,150-E587,450

(64)     N218,475-E586,700 (límite provincias Cartago-

            Limón)

(65)     N217,700-E586,500 (punto de intersección de

            La quebrada Temible o Alcantarilla con una

            quebrada sin nombre).

A partir de aquí sigue aguas abajo sobre la quebrada Temible o Alcantarilla hasta la unión con el río Pacuare en las coordenadas N217, 700-E586, 050, punto de inicio de la presente descripción.

ARTÍCULO 3-          Objetivos de la Reserva Forestal

Los objetivos principales de la Reserva Forestal Río Pacuare son:

a)  Conservar y proteger la biodiversidad tanto terrestre como acuática que alberga en su territorio.

b)  Salvaguardar los ecosistemas ribereños y forestales que proveen servicios ambientales esenciales.

c)  Promover el uso sostenible de los recursos naturales en la zona.

d)  Fomentar la investigación científica y el monitoreo continuo de la biodiversidad y la calidad del agua en el río Pacuare y su cuenca.

ARTÍCULO 4- Los inmuebles -estatales y privados- comprendidos dentro de los linderos señalados en el artículo anterior quedan sometidos obligatoriamente al Régimen Forestal. En consecuencia, toda labor a realizar deberá cumplir con lo establecido en la Ley Forestal, Ley N.° 7575.

ARTÍCULO 5- Dentro de la Reserva Forestal Río Pacuare se establecerán restricciones y regulaciones para actividades que puedan causar daño al ecosistema, tales como la tala de árboles, la caza ilegal, la extracción de recursos naturales sin permisos adecuados, y cualquier otra actividad que pueda comprometer la integridad ambiental del área protegida.

Queda prohibido en los inmuebles -estatales y privados- comprendidos dentro del área de la reserva forestal:

a) Derribar y/o cortar árboles y extraer, recolectar productos y despojos forestales de cualquier especie sin la autorización de la Dirección General Forestal.

b) La caza de animales silvestres.

c) La práctica de quemas.

ARTÍCULO 6- Las reservas nacionales y demás terrenos del Estado afectados por la zona protectora creada por la presente ley, según lo dispone la Ley Forestal, son inalienables y no susceptibles de inscripción en el Registro Público por trámite alguno y la acción reivindicatoria del Estado respecto a ellos es imprescriptible.

ARTÍCULO 7- La administración de esta reserva estará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Energía (SINAC), en colaboración de una comisión integrada por un representante de la Municipalidad de Siquirres, uno del Instituto de Desarrollo Rural, uno del Instituto Costarricense de Electricidad, uno de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, uno del Instituto Costarricense de Turismo y uno de las empresas turísticas que desarrollan sus actividades en el área.  La instalación de esta comisión corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

ARTÍCULO 8- Los participantes en la administración de esta zona protectora destinarán las partidas necesarias en su presupuesto para asegurar el manejo y protección del área.

ARTÍCULO 9- Se establece en 10 hectáreas el área de la parcela mínima productiva. Por lo tanto, no pueden autorizarse segregaciones cuyas parcelas resultantes sean inferiores a esa unidad mínima productiva.

Rige a partir de su publicación.

Manuel Esteban Morales Díaz

Diputado

NOTA:        El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024854333 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 32, DE LA LEY N° 7554

DEL 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS,

DENOMINADA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE

                                                                     Expediente N° 24.230

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El compromiso con la protección del medio ambiente y su relación con el progreso social y económico del ser humano se ha consolidado en la agenda internacional; en este ámbito, Costa Rica ha sido líder mundial en la conversación del ambiente, y a lo largo de su vida democrática ha mostrado un claro compromiso con la protección ambiental, creando un marco legal robusto en esta materia.

Actualmente, Costa Rica ha logrado crear 10 tipos de zonas de conservación desde 1963, donde alrededor del 25,5% de la superficie terrestre del país se encuentra dentro de 149 áreas silvestres protegidas al año 2020.

Figura 1. Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica

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Fuente: SINAC (2023).

Por su parte, en el proceso de incorporación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica adquirió el compromiso de adoptar prácticas y estándares internacionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En este sentido, la OCDE aprobó una hoja de ruta en julio de 2015, delineando los términos, condiciones y procesos para la adhesión del país, en donde se examinan diversos temas para su inclusión, como inversión, sostenibilidad de las finanzas públicas, medio ambiente, gobernabilidad pública y agricultura. Uno de los requisitos específicos sobre los cuales Costa Rica deberá rendir cuentas en el futuro es su gasto en protección ambiental (GPA).

En el 2015, este rubro implicó el destino de 24.968 millones de colones, correspondiente al 0.10% del producto interno bruto (PIB). El 75% de este rubro fue invertido en el dominio de protección de la diversidad biológica y del paisaje, seguido por la protección del medio ambiente, con un 24%, tal y como se muestra en el gráfico N° 1.

Gráfico N° 1. Desglose del gasto en protección ambiental del Gobierno Central (2015).

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Fuente: CEPAL (2018).

Así mismo, Costa Rica ha consolidado una estructura jurídica que evidencia el compromiso con la protección del ambiente, con tribunales especializados en esta materia, así como jurisprudencia y principios jurídicos derivados de la integración de principios ambientales en la Constitución Política de Costa Rica.  Al mismo tiempo, la ratificación de la Agenda 2030 y el compromiso por implementar y cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, reafirma la trayectoria y liderazgo histórico de Costa Rica por alcanzar un desarrollo sostenible real.

En este sentido, en lo que respecta a la preservación de los ecosistemas terrestres y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Costa Rica ha experimentado avances notables en diversas áreas.  Destaca especialmente la consolidación de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, considerada un logro debido a su aporte a la conservación de la biodiversidad, a los servicios eco-sistémicos, y a la población nacional en general. Todo este contexto de gobernanza ambiental ha permitido que Costa Rica proteja alrededor del 6% de la biodiversidad mundial en tan solo 51.100 km2, donde se estima la existencia de alrededor de 500.000 especies.

Sin embargo, la protección no puede ser dogmática en detrimento y lesión del desarrollo humano equilibrado de las comunidades del país. Tal y como se detalla en el voto 2641-96 de la Sala Constitucional, la finalidad primordial al conservar y resguardar los recursos ambientales es promover un progreso positivo y beneficioso para el ser humano.  La calidad del entorno es un elemento esencial para garantizar una buena calidad de vida.

No obstante, es crucial reconocer que el ser humano tiene el derecho de aprovechar el ambiente para su desarrollo personal, y de igual manera está obligado a cuidarlo y conservarlo para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. En otras palabras, existe una relación dialéctica entre el aprovechamiento de los recursos, la sostenibilidad y la protección ambiental, de modo que esta última debe entenderse en su función para asegurar un desarrollo favorable al ser humano.  Esto implica la necesidad de que todas las decisiones sobre gobernanza ambiental deban estar fundamentadas en estudios técnicos y científicos para asegurar que no afecte el desarrollo e intereses del ser humano.

Es a partir de lo anterior que este proyecto responde a la imperativa necesidad de garantizar la preservación y la gestión sostenible de nuestro patrimonio ambiental, en estricto apego a los principios constitucionales y legales que rigen la protección del ambiente en nuestro país.  La creación de áreas protegidas en un tópico que afecta no solo a las familias que habitan cerca del territorio sino a todo el territorio nacional, esto ya que, aunque su declaración debe representar un compromiso con la conservación del medio ambiente, también se debe tener claro el impacto social y económico.

De aquí que sea crucial subrayar que en la actualidad la modificación del destino público de un bien del demanio público, especialmente en lo concerniente a la reducción de área de una zona protegida, debe sujetarse a un acto legislativo.  Esto se sustenta sobre la sólida base del principio de reserva de ley, el cual resguarda la intangibilidad de las áreas protegidas y asegura que cualquier modificación se realice conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

Por su parte la Sala Constitucional indicó, en el Voto N° 14772-2010:

(…) no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley.  Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos N° 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación sólo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo (el resaltado es propio, no original).

De aquí que la cita anterior evidencie que la creación de áreas silvestre protegidas se realizan en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente que establece que para la creación de las mismas es necesario únicamente un decreto ejecutivo; sin embargo, para la desafectación de estas es necesario, según lo estipulado en este mismo cuerpo normativo, una ley especial emanada de la Asamblea Legislativa que cuente con los estudios técnicos que justifiquen las medidas, de aquí que sea necesario homogenizar los procesos.

Cabe señalar que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente se encuentra concordante con el principio de no regresión ambiental, y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, de aquí que se requiera de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:

1-  El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente;

2-  Las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente;

3-  La demostración de cómo la medida que se toma implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Por otro lado, cuando se desarrolla este proceso se deben garantizar las medidas de compensación para la reducción de áreas protegidas que deben cumplir con ciertos requisitos, como establecerse a través de una ley, respaldarse con estudios técnicos y científicos que excluyan posibles daños ambientales, y garantizar la compensación mediante la creación de una nueva área protegida de tamaño equivalente a la suprimida. Es evidente que cualquier normativa que disminuya áreas protegidas sin respaldo de estudios técnicos o sin compensación violenta la Constitución, como se evidencia en los Votos N° 12887-2014, 2773-2014, 201213367 y 2009-1056.

Es a partir de lo anterior, que el presente expediente de ley busca igualar el procedimiento, al establecer una zona protegida mediante acto legislativo, asegurando que cualquier modificación se realice con absoluto respeto a los principios constitucionales y legales que resguardan nuestro invaluable patrimonio ambiental. Con este proyecto, se busca conciliar el desarrollo necesario con la absoluta responsabilidad de preservar nuestro entorno para las generaciones presentes y futuras.

Declarar zonas protectoras es una decisión que puede afectar áreas en todo el territorio nacional, de forma que, aunque el garantizar la preservación del medio ambiente es responsabilidad del Estado, también es de necesidad garantizar el bienestar de las personas que habitan en estos territorios a quienes se le ha condenado a la pobreza.

Es necesario recalcar que la tutela de estas áreas protegidas antes de los años 80 estaba bajo la supervisión de la Dirección Forestal, Servicios de Parques Nacionales y la Dirección de Vida Silvestre dentro del Ministerio de Agricultura por ley especial, institución que en su momento no contaba con las condiciones institucionales ni tecnológicas del presente.

En declaraciones del exministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, ante la Sala Constitucional, por las modificaciones de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo Talamanca, mencionó que, en los años 80 en Costa Rica se creaban áreas silvestres protegidas sin visitar el cantón, las mismas se creaban desde un escritorio en San José tomando un mapa impreciso y sin las visitas de campo.

De igual manera el ex jerarca expuso que cuando existía la Dirección General Forestal, desde ahí se creó esta (Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo Talamanca) y muchas áreas silvestres protegidas, sin hacer visita de campo, sin hacer censos de pobladores, sin información catastral o registral sobre bienes y muebles sobre todo no existía la información técnica y científica.  Esto generó que gran parte de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica se hayan hecho bien y mal, y esta es una de esas áreas que se hizo mal porque, por un lado, no eran bosques primarios, inhabitados, eran fincas de cacao y, por otro lado, ahí había comunidades que tenían cientos de años de vivir ahí.

Por su parte, la Contraloría General de la República respecto a este tema y en el año 2018 expuso que no existe un expediente de las áreas de conservación en donde se indique que se cumplieron los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos vigentes en el momento de su creación y que probablemente la información existió en la Dirección General Forestal.  En razón de lo anterior, se recalcó que actualmente el SINAC no cuenta con ningún expediente físico correspondiente a la creación de las zonas protectoras con fundamento de las leyes 4465, 7174 y 7575.

La falta de documentación en relación a los estudios técnicos realizados al momento de declarar zonas protegidas evidencia la necesidad de que el país tome decisiones basadas en datos y estudios técnicos, por lo que la vía legislativa asegura la adecuada ejecución de estos reglamentos y normas existentes.

Además, garantiza una base legal sólida y perdurable para la protección del área designada. La aprobación legislativa implica un compromiso formal y duradero de la sociedad y sus representantes para salvaguardar este espacio natural, proporcionando una base jurídica robusta que trasciende las fluctuaciones políticas y administrativas.

La creación de una zona protegida mediante ley promueve la transparencia y la participación ciudadana. Al someter este proceso a la deliberación pública y a la aprobación legislativa, se brinda a la sociedad la oportunidad de expresar sus opiniones, preocupaciones y contribuciones, asegurando que la decisión final refleje una visión compartida de la importancia de conservar y proteger nuestro país.

El enfoque legislativo también facilita la integración de expertos en el proceso de toma de decisiones.  La creación de una zona protegida requiere una comprensión profunda de la ecología local, los impactos potenciales de las actividades humanas y las mejores prácticas para la gestión sostenible.  Al involucrar a profesionales calificados y aprovechar estudios técnicos detallados, el proceso legislativo garantiza una toma de decisiones informada y respaldada por la evidencia científica.

Con base en todos los aspectos supra señalados, y convencidos que este proyecto de ley mejorará la base legal de la declaración de zonas protegidas, presento a consideración de las Señoras y Señores Diputados el texto que a continuación se indica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 32, DE LA LEY N° 7554

DEL 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS, DENOMINADA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE

ARTÍCULO ÚNICO-               Refórmese el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y sus reformas, Ley N.º 7554, para que en adelante se lea de la siguiente forma:

Artículo 32-  Clasificación de las áreas silvestres protegidas.

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas a través de estudios técnicos que justifiquen su creación, para ello deberá contar con autorización previa de la Asamblea Legislativa, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:

a)  Reservas forestales.

b)  Zonas protectoras.

c)  Parques nacionales.

d)  Reservas biológicas.

e)  Refugios nacionales de vida silvestre.

f)  Humedales.

g)  Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley.  Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.

Rige a partir de su publicación.

Carlos Andrés Robles Obando

Diputado

NOTA:   El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024854340 ).

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL A LOS ARTÍCULOS 24

Y 27 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL

DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS

Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE

DEPENDENCIA (SINCA), LEY N.° 10192 DEL 28 DE

ABRIL DE 2022 Y SUS REFORMAS Y DEL

ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE

TRABAJO, LEY N.° 2 DEL 27

DE AGOSTO DE 1943 Y

SUS REFORMAS

DECLARACIÓN DEL 5 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL

DE LA PERSONA CUIDADORA DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES Y CON DISCAPACIDAD, CERTIFICACIÓN DE LAS

PERSONAS CUIDADORAS CON GRADO TÉCNICO Y SU

INCLUSIÓN COMO TRABAJADORAS DE LOS

CUIDADOS EN ENTORNOS DOMÉSTICOS

Expediente N.° 24.231

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa de ley pretende impactar positivamente la calidad de vida de las personas adultas mayores y sus familias por medio de la ubicación de capital humano calificado profesionalmente para los cuidados. Para ello, se hace necesario que se visibilice esta figura ocupacional y que, al menos, una vez al año, se tome consciencia de que necesitamos conocimientos para cuidar. Reconocer el cuidado como una actividad productiva y remunerada plantea el desafío de alinear la política social con la realidad económica y social del país, donde persisten desigualdades en las oportunidades y el acceso a recursos materiales, económicos y educativos. Esta alineación podría romper el ciclo de pobreza de las personas cuidadoras, promoviendo el desarrollo integral de cada individuo.

-La atención de la dependencia como una consecuencia del cambio demográfico

El mejoramiento de las condiciones sanitarias, económicas, sociales y educativas en la región ha llevado a un aumento en la esperanza de vida al nacer y a una mejora del bienestar en comparación con épocas anteriores. Este cambio demográfico tendrá un impacto significativo en las economías locales.

En las próximas décadas, se espera un aumento en la proporción de personas adultas mayores tanto a nivel regional como en Costa Rica. Esto resultará en una mayor demanda de servicios relacionados con el cuidado de la salud y dentro de esta la atención a las discapacidades que pueden coincidir con el envejecimiento. Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con mayor envejecimiento, según las proyecciones las Naciones Unidas, se estima que para el 2050, el 31% de la población costarricense será adulta mayor.

Con este aumento en la demanda de cuidados, se espera que las mujeres, principalmente, continúen asumiendo estas responsabilidades de manera no remunerada, lo que podría sobrecargarlas. Si la demanda de cuidados supera lo que el sistema de bienestar costarricense, incluido el trabajo no remunerado, puede proporcionar, podría haber un impacto negativo en el bienestar general de la población. Este fenómeno se ha señalado como la Crisis Global de los Cuidados por la Economía Feminista Latinoamericana.

Este cambio demográfico también afectará la demanda de bienes y servicios en la región, lo que tendrá repercusiones en la estructura del mercado laboral. Es crucial abordar estos desafíos desde una perspectiva intersectorial, centrada en los derechos humanos, la economía de los cuidados y un enfoque sistémico.

Actualmente el 16% de las personas mayores de 65 años en el país necesitan algún tipo de ayuda para realizar sus actividades diarias, como comer, vestirse o bañarse, lo cual equivale a un total de 85 mil personas, número que podría triplicarse al 2050, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Encuesta Nacional sobre Discapacidad realizada en 2018 (ENADIS). Por su parte, informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que la población de adultos mayores será el segmento de mayor crecimiento en los próximos años. Se espera que el tamaño de esta población se triplique en las próximas décadas, llegando a cerca de un millón de personas para el año 2050. Esto sucede en el entorno actual donde las redes familiares, que son la principal fuente de servicios de cuidado, se ven reducidas como consecuencia en el cambio en la composición de las familias, las cuales son más pequeñas y las personas cuidadoras femeninas disminuyen debido a que se cuenta con una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Al mismo tiempo, el acceso a los servicios remunerados es limitada, especialmente para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Es decir, no existe la misma oportunidad para todas las personas adultas mayores de disponer de personas cuidadoras desde su propia familia y tampoco existe universalidad para adquirir servicios de terceros para los cuidados.

Es importante clarificar que las labores de cuidado, son aquellas actividades destinadas a satisfacer las necesidades integrales de una persona, por lo cual también impacta su bienestar. Estas labores pueden incluir cuidados físicos, emocionales, médicos, logísticos y sociales, entre otros aspectos.

Por otra parte, debemos reconocer que existen relación entre las variables dependencia, vejez y cuidados. De este modo, podemos argumentar que la relación intrínseca entre la dependencia, avanzado envejecimiento y las labores de cuidado se refieren a la interdependencia que existe entre estos elementos. La dependencia puede manifestarse de diversas formas, ya sea como dependencia física, emocional, soledad no deseada, económica o social, y puede afectar a personas de todas las edades y condiciones.

La relación entre dependencia y labores de cuidado se da porque, en muchos casos, las personas que son dependientes requieren de cuidados constantes y atención especializada para satisfacer sus necesidades. Esto puede implicar la participación de familiares, amigos, cuidadores profesionales u otras personas cercanas que se encarguen de brindarles el apoyo necesario.

Con relación a la demanda de servicios de cuidados, según el INEC (2023) se espera que la población que demanda servicios de atención a la dependencia continúe en aumento en las próximas décadas, como consecuencia del envejecimiento de la población y dada la prevalencia de enfermedades crónicas. La situación de dependencia es tres veces más evidente entre los adultos mayores que en los adultos más jóvenes. Si se mantiene la tasa de dependencia actual, el porcentaje de personas con dependencia que tienen sesenta años y más aumentará de 46% en 2018 a 62% en 2050. Sin embargo, la tasa de dependencia podría elevarse debido a la creciente prevalencia de padecimientos crónicos.

-Las personas cuidadoras

Las responsabilidades de apoyo hacia personas con discapacidad, dependencia funcional y avanzado envejecimiento recaen con mayor frecuencia en las mujeres y en menor medida en hombres, enfrentando desafíos significativos al desempeñar estas labores. Reconocer estas dificultades es crucial para diseñar políticas y programas que respalden a las personas cuidadoras, fomentando la igualdad de género y la inclusión plena de las personas con discapacidad y personas adultas mayores con dependencia funcional en la sociedad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó el 5 de noviembre de 2014 como el “Día del Cuidador” con el propósito de sensibilizar, concienciar y resaltar la labor, muchas veces silenciosa, de millones de personas que cuidan a otras debido a múltiples razones, destacándose su situación de dependencia, así como para honrar la figura del cuidador. En Costa Rica, diversas organizaciones de la sociedad civil han reconocido esta conmemoración en años recientes de manera no oficial.

En marzo de 2021, Costa Rica se convirtió en el primer país de renta media en Latinoamérica en iniciar el establecimiento de un sistema nacional de cuidados de larga duración (Matus-López y Chaverri-Carvajal, 2021). Este sistema sigue las tendencias principales de los modelos consolidados en la experiencia internacional (Chaverri-Carvajal y Matus-López, 2021). Sin embargo, a pesar de este avance, las personas cuidadoras enfrentan invisibilización, violación a sus derechos laborales y falta de reconocimiento a su labor. Estas dificultades pueden analizarse desde tres perspectivas: género, discapacidad y socioeconómica.

Desde la perspectiva de género, se identifican tres aspectos principales:

1-  Doble carga de trabajo: Las personas cuidadoras asumen tanto la responsabilidad del cuidado de personas a la vez que deben realizar otras tareas tales como ornato y aseo de inmueble, confección de alimentos, cuidado de mascotas, aseo de prendas de vestir y autocuidado. Esta amplia demanda de tareas de cuidados afecta la capacidad de cumplir con calidad y disminuir el margen de error o accidentes, sumado a que su autocuidado es relegado por indisposición de tiempo. Esta ausencia de autocuidado también se impacta de manera negativa por la ausencia de servicios de apoyo tales como espacios de socialización y respiro para cuidadores, lo que aumenta su carga de estrés.

2-  Estereotipos de género: Los estereotipos de género imponen roles predefinidos que afectan desproporcionadamente a las personas cuidadoras en la sociedad. Tradicionalmente, a las mujeres se les asigna el papel de cuidadoras, lo que a menudo restringe sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Por otro lado, para los hombres cuidadores, la responsabilidad de cuido se asocia estrechamente con su orientación sexual y su rol de proveedor, lo que puede limitar su capacidad para participar plenamente en labores de cuidado al reducir el tiempo disponible para dedicarse a estas responsabilidades. Estos estereotipos favorecen que los cuidados se brinden sin la capacitación necesaria para que los cuidados de personas adultas mayores sean de calidad, registrándose mayor asistencia de mujeres que hombres a charlas, talleres y formaciones técnicas (OIFA, 2023).

3-  Desigualdad económica: Las personas cuidadoras deben reducir su participación en el mercado laboral o renunciar a sus empleos, lo que puede llevar a una disminución de sus ingresos y a una mayor vulnerabilidad económica (Calasanti & King, 2007; Fleitas et al., 2023).

Existe desconocimiento ciudadano sobre las tareas que deben cumplir las personas cuidadoras de personas adultas mayores, en los distintos escenarios donde las personas cuidadoras de personas adultas mayores brindan sus servicios. Estas tareas están definidas por el Estándar de cualificación 0921-47-01-1-01, del Marco Nacional de Cualificaciones, por el perfil ocupacional del puesto Asistencia Domiciliar para Ancianos, del Departamento de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por la Reglamento para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento de los hogares de larga estancia para personas adultas mayores. Nº 37165-S. Sin embargo, el desconocimiento en la ciudadanía favorece el subempleo de las personas cuidadoras de personas adultas mayores y con ello la precarización de la contratación, que a su vez impacta negativamente la calidad del servicio de cuidados ofertado.

Desde la perspectiva de la discapacidad, según (Greeff & Nolting, 2013; Wolf & Middleton, 2018; Huete, 2019; Leyva-López et al., 2022) se observan las siguientes consideraciones:

-    Sobrecarga emocional: El acto de cuidar a una persona con discapacidad puede generar emociones abrumadoras como tristeza, ansiedad y estrés.

-    Acceso limitado a servicios de apoyo: Las personas cuidadoras pueden enfrentar dificultades para acceder a servicios como atención médica y terapia, lo que aumenta su carga de trabajo y estrés.

-    Aislamiento social: El cuidado constante puede limitar la participación social de las personas cuidadoras, llevándolas al aislamiento y la pérdida de redes de apoyo.

Por su parte, desde la perspectiva socioeconómica, se destacan los siguientes aspectos:

1-  Impacto en la carrera profesional: El cuidado prestado en el entorno doméstico familiar puede restringir las oportunidades de desarrollo profesional de quienes cuidan, lo que resulta en una disminución de ingresos a largo plazo. No obstante, al obtener una formación técnica como cuidador de personas mayores o con discapacidad, el cuidador se convierte en un profesional capacitado, elevando su estatus a nivel técnico. Esto hace que nuestro país los considere como un valioso activo de capital humano, lo que puede fomentar la llegada de familias y grupos organizados de personas mayores y/o con discapacidad, generando así ingresos en divisas.

2-  Desafíos financieros: Los costos asociados al cuidado pueden afectar la situación financiera de las personas cuidadoras y sus familias, en tanto la persona cuidadora asuma su autocuidado, disponga de espacios de respiro y una red de apoyo para los cuidados. De ahí que sea necesario visibilizar a la persona cuidadora por medio de la celebración de su día.

3-  Desigualdades en el acceso a recursos: Las personas cuidadoras pueden enfrentar dificultades para acceder a recursos como capacitación y apoyo financiero (Martínez-Lacoba et al., 2021; Martínez-López et al., 2023).

En otro orden de ideas, es necesario hacer la distinción entre una persona cuidadora familiar y una persona cuidadora con formación técnica. Una persona cuidadora familiar es aquella que asume la responsabilidad de brindar cuidados y apoyo a un miembro de la familia que enfrenta una enfermedad, discapacidad, dependencia o cualquier otra condición que requiera asistencia continua en su vida diaria. Esta persona puede ser un cónyuge, un hijo, una hija, un hermano, una hermana u otro familiar cercano.

Las personas cuidadoras familiares desempeñan un papel fundamental en el cuidado de sus seres queridos, y sus responsabilidades pueden variar desde ayudar con tareas básicas como la alimentación, el baño y la movilidad, hasta administrar medicamentos, coordinar citas médicas, brindar apoyo emocional y realizar tareas domésticas.

Cuando una persona cuidadora recibe formación técnica para especializarse en la atención de personas adultas mayores con la finalidad de convertir esa función en un empleo formal, se convierte en un cuidador gerontológico, esto es un profesional capacitado para brindar cuidados especializados a personas de edad avanzada, que pueden presentar diversas situaciones, tales como soledad no deseada, enfermedades crónicas, demencia u otras condiciones médicas que requieren atención específica. Estos cuidadores están especialmente formados en el campo de la gerontología, que se enfoca en el estudio del envejecimiento y los aspectos relacionados con la atención y el bienestar de las personas mayores.

Las responsabilidades de un cuidador gerontológico pueden incluir ayudar con las actividades de la vida diaria, como el baño, el vestirse y la alimentación; administrar medicamentos según las indicaciones del médico; proporcionar apoyo emocional y social; ayudar con ejercicios de rehabilitación y movilidad; y mantener un entorno seguro y confortable para la persona adulta mayor.

La persona cuidadora gerontológica también puede apoyar la realización de actividades instrumentales de la vida diaria, donde refuerza la autovalencia de la persona adulta mayor y también puede desempeñarse apoyando las actividades avanzadas de la vida diaria, donde la meta es que la persona mayor se mantenga integrada socialmente y desempeñándose en actividades que tengan sentido, en congruencia con los postulados gerontológicos y el ordenamiento jurídico nacional.

Los cuidadores gerontológicos pueden trabajar en una variedad de entornos, como hogares de ancianos, centros de día, hospitales, residencias asistidas o brindar cuidados directamente en el hogar de la persona adulta mayor. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y proporcionarles el apoyo necesario para vivir de manera independiente y digna durante el mayor tiempo posible.

Los cuidadores gerontológicos responden a las competencias profesionales dictadas por el Estándar Nacional de Cualificaciones, siendo congruentes con el perfil ocupacional de Trabajador Especializado, dentro de las categorías de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.

Marco normativo

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en el artículo 12 indica: “La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía”. Asimismo, esta norma regula una serie de elementos relativos a programas y servicios de cuidados a los que tienen derecho las personas adultas mayores, sus familias y las personas cuidadoras.

Considerando que los avances en atención en salud ágil y oportuna permiten la prolongación de la vida con calidad, se puede afirmar que en muchas situaciones la variable discapacidad se entrelaza con la vejez, por lo cual es menester tener presente la norma marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica mediante la Ley N.° 8661, que se refiere particularmente al deber del Estado de asegurar condiciones para garantizar el respeto al derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, así expresamente indica el inciso b) del artículo 19 de esta Convención, que los Estados deben tomar medidas para asegurar que:

“b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;” (Organización de Naciones Unidas, 2007).

Además, en el inciso c) del artículo 28 amplía la obligación del Estado para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social de las personas con discapacidad y sus familias, indicando que los Estados deben: Expediente N.° 21.962

“c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza, a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados”; (ONU, 2007).

También, en el marco del derecho internacional de las personas trabajadoras el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante la Ley 9608, publicada el 5 de diciembre de 2018, denominado Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, establece responsabilidades para el Estado en materia de cuidados. Este instrumento de reciente adopción fortalece el marco regulador al indicar en el artículo 1:

“El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. (…) Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. (OIT, 2018).

Las personas trabajadoras con responsabilidades familiares pueden entonces ser hijas, hijos, parejas, hermanas o hermanos, personas que por lo general se ven privadas de oportunidades de formación profesional e inserción laboral, en virtud de sus responsabilidades de cuidado, o bien, limitadas en su desarrollo laboral y profesional. En tal sentido, el Convenio le genera a los Estados el deber, en el inciso b), del artículo 5, de “desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar” (2018).

Nuestra Constitución Política establece en el artículo 51 que, al igual que la familia, la madre, el niño y la niña tienen derecho a la protección especial del Estado, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, las cuales son poblaciones históricamente vulneradas por razones de salud, edad y discapacidad y tienen necesidades diversas altamente complejas que pueden generar situación de dependencia en las diferentes etapas de la vida.

Además de lo mencionado, la implementación de políticas, programas y servicios de cuidado y apoyo para poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y dependencia debido a factores como la edad, discapacidad, enfermedades crónicas y degenerativas se basa en los siguientes marcos legales:

-    La Ley Fundamental de Educación de 1957, con varias reformas posteriores, y la creación del Departamento de Educación Especial del MEP en 1972, respaldan las iniciativas relacionadas con la educación especial en todos los niveles del sistema educativo.

-    La Ley N.° 7600, Igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 1996, es una iniciativa legal temprana, que abrió paso a la posterior política.

-    La Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, de 1999, establece el marco legal y crea la institución rectora, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

-    La Ley N.° 8589, Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007.

-    La Ley N.° 8661, Ley de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo. Ratificada por Decreto Ejecutivo N.° 34780, de 29 de setiembre de 2008.

-    La Ley N.° 8718, Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección, Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 17 de febrero de 2009.

-    La Ley N.° 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Reforma del 13 de octubre de 2009.

-    La Directriz N.° 008-P. Directriz general para el aporte de recursos públicos para la conformación y desarrollo de la Red de Cuido de Niños, Niñas y Personas Adultas Mayores, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 168 de 30 de agosto de 2010.

-    La Ley N.° 8924, Modificación de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, N.° 7052, y sus Reformas, vigente a partir del 8 de marzo del 2011.

-    El Decreto N.° 36524-MP-MBSF-PLAN-MTSS-MEP, publicado el 10 de junio de 2011 en el diario oficial La Gaceta dando vida a la Política Nacional en Discapacidad 2011-2030 (Ponadis).

-    El Decreto N.° 36607-MP. Declaratoria de interés público de la conformación y desarrollo de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores de Costa Rica, publicado en el diario oficial La Gaceta N.° 117 de 17 de junio de 2011.

-       La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, Ministerio de Salud.

-    El Decreto Ejecutivo N.º 38036-MP-MBSF Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021.

-    El “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Cepal”. Instrumento jurídico internacional vinculante, 2013.

-    El Plan nacional para la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, esfuerzos compartidos 2014-2024.

-    La Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible, PNUD, enero de 2015.

-    La Ley N.º 9303, de 2015, transformó el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), entidad rectora en materia de discapacidad a la fecha, en Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), que pasa a ser la nueva entidad líder en la materia.

-    La Ley N.º 9379, de 2016, para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad creó el programa que lleva el mismo nombre y que consiste en una prestación económica estatal.

-    La Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana (OMS), 2016.

-    La Política Nacional para la atención a las personas en situación de abandono y situación de calle 2016-2026.

-    La Ley N.° 9394, Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, de 2016 su objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

-    La Ley N.° 9773 de 2019, Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales y Ley general de la persona joven.

-    El Acuerdo N.° DM-JG-1021-2017 para oficializar y declarar de interés público y nacional la Norma nacional de atención a personas adultas con deterioro cognitivo y demencia, 2017.

-    La estrategia nacional para el envejecimiento saludable basado en el curso de vida. 2022-2026.del Ministerio de Salud, 2023.

-   El Decreto 40955-MEP 19 de marzo de 2018, Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense.

-    La Ley N.° 9747 Código Procesal de Familia, del 2019. En este marco resulta fundamental la generación de políticas, programas y servicios que garanticen protección y calidad de vida para poblaciones vulneradas, sujetas de cuidados y apoyos, como es el caso de las personas adultas mayores, las personas adultas con discapacidad, personas que están en situación de abandono en hospitales o comunidades, personas con enfermedades progresivas y/o degenerativas.

-    La Ley N.° 10192 creación del Sistema nacional de cuidados y apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia (SINCA) Con la adopción de la presente iniciativa, Costa Rica podría avanzar significativamente en la inserción laboral, especialmente de las mujeres, en el mercado de trabajo, mejorar la calidad y cobertura de los cuidados a largo plazo, y establecer un cuarto pilar del Estado de bienestar bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas, la familia y la comunidad.

Por las razones anteriormente expuestas sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de las señoras diputadas y los señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL A LOS ARTÍCULOS 24

Y 27 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL

DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS

Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE

DEPENDENCIA (SINCA), LEY N.° 10192 DEL 28 DE

ABRIL DE 2022 Y SUS REFORMAS Y DEL

ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE

TRABAJO, LEY N.° 2 DEL 27

DE AGOSTO DE 1943

Y SUS REFORMAS

DECLARACIÓN DEL 5 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL

DE LA PERSONA CUIDADORA DE LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES Y CON DISCAPACIDAD, CERTIFICACIÓN DE LAS

PERSONAS CUIDADORAS CON GRADO TÉCNICO Y SU

INCLUSIÓN COMO TRABAJADORAS DE LOS

CUIDADOS EN ENTORNOS DOMÉSTICOS

ARTÍCULO 1- Se adiciona un párrafo final a los artículos 24 y 27 de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (SINCA), Ley N.° 10192 del 28 de abril de 2022, que en adelante se leerán así:

Artículo 24- Derechos de las personas cuidadoras

(…)

Se declara el día 5 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Persona Cuidadora” en reconocimiento a su inestimable contribución al bienestar de la sociedad en general y de las personas adultas mayores y con discapacidad en particular.

Artículo 27- Profesionalización de los cuidados

(…)

Será obligatorio para las personas cuidadoras de personas adultas mayores y para las personas cuidadoras de personas con discapacidad con grado técnico, contar con un carné que les habilite como tal, el cual será expedido por el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 2-   Se reforma el artículo 101 del Código de Trabajo Ley N.° 2 del 27 de agosto de 1943, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 101- Las personas trabajadoras domésticas son las que brindan asistencia y bienestar a una familia o persona, en forma remunerada; se dedican, en forma habitual y sistemática, a labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar, residencia o habitación particular, que no generan lucro para las personas empleadoras; también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, cuando así se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida.

Estas personas trabajadoras domésticas podrán asumir labores relativas al cuidado siempre y cuando las labores no requieran de conocimientos técnicos ni formación específica, y se orienten a disminuir la soledad o aislamiento social, acompañar actividades básicas de la vida diaria que se vinculan exclusivamente a la atención de envejecimiento. Las labores ofrecidas se centrarán en la perspectiva del ornato y aseo, acompañamiento general, alimentación, apoyo en ingesta de medicamentos y recordatorios de citas con profesionales de salud.

Las condiciones de trabajo, así como las labores específicas por realizarse, independientemente de la jornada que se establezca, deberán estipularse en un contrato de trabajo, por escrito, de conformidad con los requisitos estipulados en el artículo 24 del presente Código y las leyes conexas.

Rige a partir de su publicación.

Antonio José Ortega Gutiérrez

Andrés Ariel Robles Barrantes         Jonathan Jesús Acuña Soto

Rocio Alfaro Molina                           Sofía Alejandra Guillén Pérez

Diputados y diputadas

NOTA:        El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024854344 ).

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL  ARTÍCULO  124  DE  LA  LEY  N.° 8204,

LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES,  SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,

ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN

DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO

AL TERRORISMO

Expediente N.° 24.233

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Históricamente se han perseguido primordialmente los objetos materiales del delito, es decir, los productos ilícitos como las sustancias psicotrópicas ilegales o drogas, las armas y cualquier otro instrumento inmerso en la comisión de los delitos.  No obstante, el ánimo de lucro de la mayoría de los crímenes había estado en un plano secundario, lo que dejaba indemne el patrimonio criminal, paradigma que se ha venido transformando en los últimos años a través de la instalación de Unidades de Inteligencia Financiera y Oficinas de Cumplimiento en las entidades envueltas en el giro monetario para identificar a tiempo determinados movimientos irregulares que podrían estar ligados a una actividad delictiva.

Esta riqueza antijurídica les permite a las agrupaciones delictivas aprovisionarse con estructuras que formulen estrategias a través de las cuales logren evadir la justicia en procura de su impunidad y a partir de la obtención de esos capitales darle continuidad a sus hechos punibles, puesto que al margen de las ganancias individuales que obtienen principalmente las personas que lideran una organización, a suerte de inversión, también inyectan dinero para garantizar que sus operaciones no se vean interrumpidas.

Ciertamente la agilidad, celeridad y prontitud con la que se detecten esos patrimonios resultará de capital relevancia para que no puedan ser distraídos y, por ende, queden fuera de la aplicación de la ley permitiéndoles a las personas delincuentes la posibilidad de aprovechar las jugosas utilidades que generan con sus actividades delictivas.  Por esa razón es que consideramos necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera traslade, con carácter de obligatoriedad, al Organismo de Investigación Judicial toda operación sospechosa que sea comunicada por las instancias de control de las entidades financieras; lo que hoy en día es facultativo por virtud del artículo 124 de la Ley N.° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

El artículo mencionado, en la actualidad, cita:

Artículo 124- La información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además, podrá ser revelada al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía nacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades administrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia.  Los funcionarios que incumplan esta disposición estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.  (Resaltado es suplido)

En el artículo antes citado, se indica que la información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera podrá ser revelada, entre otros, a los cuerpos de policías nacionales y extranjeros; sin embargo, lo condiciona con la utilización del verbo “podrá” y así, dicha Unidad, bajo su propio criterio, análisis y experticia, posee la discrecionalidad para decidir si lo revela o no a los cuerpos de policía nacionales, lo que indiscutiblemente repercute en el Organismo de Investigación Judicial como ente policial represivo.

A pesar de que la Policía Judicial es promotora de investigaciones de oficio o por decisión propia, el impulso de este cuerpo policial en casos de operaciones sospechosas queda a expensas de una voluntad externa (UIF), que le limita y condiciona a tiempos extendidos que superan los lapsos útiles para reaccionar en determinadas ocasiones.

Es importante indicar que pueden existir casos asociados al delito de legitimación de capitales, donde tratan de utilizar las herramientas del sistema financiero nacional para introducir de forma ilícita el dinero que se obtiene de la comisión de un delito; no obstante, el procedimiento actual es que las Oficialías de Cumplimiento de las instituciones financieras realizan el reporte para que la Unidad de Inteligencia Financiera, así lo analice y emita el criterio pertinente; sin embargo, bajo su criterio y experticia, deciden cuáles casos trasladar o no al Ministerio Público y desconocen si los casos que no son enviados a la Fiscalía se relacionan con algún caso de narcotráfico, pornografía infantil o trata de personas, que se puede mantener en estudio.

En el procedimiento actual y conforme se indicó en el artículo 25 de Ley N.° 8204, las entidades sometidas comunicarían, confidencialmente y de forma inmediata, cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes lo analizan según cada caso en particular; sin embargo, de las comunicaciones que se le realizan a dicha Unidad, se desconoce cuál es su contenido, origen de la operación sospechosa o si tiene relación con alguna investigación que se mantiene en este Organismo, principalmente las que se encuentran ligadas a los delitos de narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas o legitimación de capitales.

Se ha instalado en la corriente nacional una línea discursiva en la que se dice que se ha creado una normativa para permitir el seguimiento de los fondos sospechosos; no obstante, cuánto tiempo puede pasar para que la Policía Judicial se dé cuenta de esta situación.  La norma es clara en la definición de las instituciones y actividades financieras que se encuentran sometidas a controles especiales por parte de las autoridades competentes, pero por qué debe existir un impedimento legal para las investigaciones que realiza la Policía Judicial.

Asimismo, debe mencionarse que la óptica de la Unidad de Inteligencia Financiera y la del Organismo de Investigación Judicial no parten de premisas idénticas, toda vez que la primera de estas tiene un enfoque de identificación preventiva de movimientos anómalos que parte de variables financieras que potencialmente, desde su ámbito de experiencia, terminen siendo declarados como regulares; mientras que en el plano de investigación criminal podrían resultar de interés debido a que en las pesquisas no necesariamente los montos que fluyen son de trascendencia para asociarlos con una actividad delincuencial.

Por las razones esbozadas es que consideramos que la transferencia de información a la Policía Judicial prevista en el artículo 124 de la Ley N.° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo no quede al arbitrio de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que quede contemplada la obligatoriedad de su envío mediante el vocablo “deberá”, para reemplazar el actual “podrá”, que hoy en día se contempla en el numeral de marras. Por todo lo anterior, sometemos a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL  ARTÍCULO  124  DE  LA  LEY  N.° 8204,

LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,

ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN

DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO

AL TERRORISMO

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 124 de la Ley N.° 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 124- La información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además, deberá ser revelada al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial y a los jueces de la República. Asimismo, según la naturaleza de los datos podrá ser transferida a otros cuerpos de policía nacionales y extranjeros, a unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades administrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia. Los funcionarios que incumplan esta disposición estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.

Rige a partir de su publicación.

Gilberto Arnoldo Campos Cruz

Jorge Eduardo Dengo Rosabal	Luis Diego Vargas Rodríguez
Kattia Cambronero Aguiluz	Eliécer Feinzaig Mintz

 

Diputados y diputadas

NOTA:               El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024854436 ).

PROYECTO DE LEY

LEY PARA EFICIENTIZAR EL LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO EN LAS

INVESTIGACIONES PENALES

                                                                    Expediente N° 24.234

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La mora judicial en la persecución criminal puede provocar daños irreparables ya que, transcurrido el tiempo sin plazo, se pueden distraer bienes o capitales, degradar indicios y encubrir las acciones delictivas por medio de actos de simulación que distraigan las pesquisas complejizándolas hasta un punto que, mientras el personal de investigación desbroza las variables, la delincuencia ha conseguido materializar un sinnúmero de acciones lesivas dado el retardo de la justicia.

Con base en esto, la implementación de plazos para resolver diligencias que se promuevan en los ámbitos judiciales consiste en una acción afirmativa para mejorar la administración de justicia penal, ya que la celeridad procedimental representará más y mejores resultados en las indagaciones para reconstruir la verdad jurídico-objetiva sobre lo sucedido y dictar sentencias con elementos de convicción que remuevan toda duda de la palestra.

Una de las actuaciones que se viene identificando en el plano judicial, que presenta índices de rezago, es la resolución de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, información que representa gran utilidad para que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial puedan trazar líneas de investigación y determinar acciones más robustas entre las que se encuentra la rápida localización de patrimonios defraudados o capitales provenientes de otras tipologías de delitos.

En Costa Rica el fuero de protección del cual brota el secreto bancario se localiza contemplado en el artículo 615 del Código de Comercio, en cuyo contenido se menciona que las cuentas corrientes bancarias poseen un carácter que las hace inviolables, con lo cual las instituciones financieras bancos únicamente podrán suministrar información sobre estas a solicitud o con autorización escrita de la persona titular o que exista de por medio una orden de autoridad judicial competente. Para salvaguardar la pureza y la sana consecución de las pesquisas, la primera alternativa contenida en el ordenamiento jurídico costarricense se descarta por antonomasia, toda vez que solicitarle a la persona propietaria de cierto producto financiero que otorgue su aval para obtener los datos provocaría que esta se aperciba y procure ocultar o distraer cualquier patrimonio ilícito que se encuentre depositado en estas o que haya fluido todo con el ánimo de evadir la acción de la justicia.

Así las cosas, la única alternativa será contar con una resolución jurisdiccional que derribe la limitante que existe en defensa de la privacidad que se ha cernido sobre las operaciones económicas de los particulares y así que las instancias de represión del delito puedan examinar los movimientos que se registran y los haberes contenidos en estas. No obstante, la prontitud con la que se alcance dicha información es un vértice de garantía esencial para que esas autoridades tengan a su alcance la posibilidad de inmovilizar capitales ilícitos y reconstruir hechos mediante prueba formal que evidencie cualquier irregularidad en la que haya estado asociada una cuenta o producto financiero.

No debemos dejar de lado que la revolución tecnológica, que como sociedad en pleno siglo XXI estamos experimentando, en donde cada día surgen innovaciones digitales que alcanzan también los servicios de las instituciones financieras que generan una parte importante de los trámites que otrora requerían asistir a una agencia física o sucursal para llevarlos a cabo, en la contemporaneidad ya se pueden realizar de manera remota, en páginas web y aplicaciones instaladas en los teléfonos móviles.

Sin lugar a duda, la tecnología constituye una herramienta de incalculable valor para la humanidad; empero, tampoco se puede negar que existen sectores que aprovechan los desarrollos informáticos para acelerar el encubrimiento de los rastros del delito y a partir de las facilidades electrónicas con que han aprovisionado las instituciones financieras a sus clientes para llevar a cabo las transacciones que requieran, en misma medida, deberán acelerarse las actuaciones judiciales para no quedarse aplazadas por no tomar las decisiones con la celeridad que los nuevos tiempos demandan.

Por todo lo comentado, se presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY PARA EFICIENTIZAR EL LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO EN LAS

INVESTIGACIONES PENALES

ARTÍCULO 1-   Modifíquese el artículo 3 de la Ley N° 7425, de 9 de agosto de 1994 y sus reformas, Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, publicada en La Gaceta N° 171, del 8 de setiembre de 1994, para que en adelante se lea así:

Artículo 3-  Requisitos de la orden de secuestro, registro o examen.

La orden de secuestro, registro o examen deberá efectuarse, so pena de nulidad, mediante auto fundado en el que se individualicen, de ser posible, los documentos sobre los que se ejecutará la medida de registro, secuestro o examen, el nombre de la persona que los tenga en su poder y el lugar donde se encuentran.

De ser secuestrados otros documentos que no se incluyan en la orden, deberán restituirse inmediatamente a quien se le secuestraron, salvo que el juez los estime trascendentales para esa u otra investigación; si así fuera, el juez deberá ampliar la orden para incluirlos y justificar el motivo por el cual se incluyeron.

Cuando la solicitud de secuestro, registro o examen se trate de información bancaria, esta deberá ser resuelta en un plazo de diez días naturales desde que fue presentada la solicitud.

ARTÍCULO 2-   Se reforma el artículo 18 de la Ley 8754, Ley Contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, publicada en La Gaceta 143, Alcance 29, de 24 de julio de 2009. El texto es el siguiente:

Artículo 18- Levantamiento del secreto bancario.

En toda investigación por delincuencia organizada procederá el levantamiento del secreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación.  La orden deberá ser resuelta por el juez, a requerimiento del Ministerio Público, en un plazo de diez días naturales.

Si, con ocasión de los hechos ilícitos contemplados en la presente ley, se inicia una investigación por parte del Ministerio Público o de la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), toda entidad financiera o toda entidad parte de un grupo financiero tendrá la obligación de resguardar toda la información, los documentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial.  En cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban, de las autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente, y finalizan, cuando se notifique, oficialmente, la terminación del proceso, desestimación, archivo, sobreseimiento o sentencia absolutoria firme.

En el caso de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Análisis Financiero del ICD, en el mismo acto de notificación a las entidades financieras o aparte de un grupo financiero sobre la existencia de dicha investigación, la Unidad mencionada deberá poner a conocimiento del Ministerio Público el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco días naturales valore solicitar al juez competente la medida cautelar correspondiente.  Cumplido el plazo señalado, sin que medie orden del juez competente para reiterar la medida cautelar, las entidades financieras levantarán las acciones preventivas adoptadas.

Rige a partir de su publicación.

Gilberto Arnoldo Campos Cruz

Jorge Eduardo Dengo Rosabal	Luis Diego Vargas Rodríguez
Kattia Cambronero Aguiluz	Eliécer Feinzaig Mintz

 

Diputados y diputadas

NOTA:   El expediente legislativo aún no tiene comisión asignada.

1 vez.—Exonerado.—( IN2024854483 ).

DECRETOS

N° 44355-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18), y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3°, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando:

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo, cédula de persona jurídica número 3-002-178640, inició plazo el 5 de diciembre de 1994 y se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional al tomo 421, asiento 17351.

III.—Que los fines que persigue la asociación, según sus estatutos son: “(…) Primero: Información y divulgación a la comunidad sobre el Síndrome de Espectro del Autismo. Segundo: Información y orientación a padres de familia y demás miembros del núcleo familiar en el manejo y educación de la persona con autismo. Tercero: Informar e impartir charlas a profesionales, estudiantes del área de salud y otros, sobre el diagnóstico, atención y educación de la persona con Autismo. Cuarto: Orientar a todas aquellas personas que, aun no perteneciendo a la Asociación, soliciten consejo sobre el diagnóstico, atención y educación de la persona con Autismo. Quinto: Lograr el desarrollo integral humano y la integración de este grupo de la población a la educación, recreación y vida laboral por diferentes medios (...) A. Interceder ante los entes estatales para el mejoramiento de la educación adecuada y oportuna a las necesidades de la persona con autismo. B. Establecer nexos con personas y organismos locales o foráneos, estatales o privados que redunden en una mejoría de los recursos existentes en el país para este grupo... E. Promover cualquier otro tipo de actividades que considere conveniente para la realización de sus fines. F. La Asociación de Padres y Amigos de personas con autismo atenderá población de todo el país, de todos los estratos sociales y económicos, apoyará y brindará servicios, de acuerdo con los recursos existentes, especialmente a población en pobreza y extrema pobreza (…)”.

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto,

Decretan:

DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA

LA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PADRES

Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO

Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado, la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo, cédula de persona jurídica número 3-002-178640.

Artículo 2º—Es deber de la asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos, protección al medio ambiente o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto a la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5º—Una vez publicado este Decreto, los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diez días del mes de octubre del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600087490.—Solicitud N° 004-2024.—( D44355 - IN2024854422 ).

N° 44358-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 08 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001 y artículo 135 de la Ley General de la Administración Pública.

Considerando

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que las siguientes asociaciones fueron declaradas de utilidad pública:

◦    Asociación Cultural de Quepos y Manuel Antonio, cédula jurídica 3-002-430599, declarada de utilidad pública mediante el Decreto Ejecutivo N° 35927-J de fecha 05 de abril del 2010.

◦    Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia “Celín Vílchez Argüello”, cédula jurídica N° 3-002-087618, declarada de utilidad pública mediante el Decreto Ejecutivo N° 34650-J de fecha 16 de junio del 2008.

◦    Asociación Centro de Capacitación para el Desarrollo, cédula jurídica NC 3-002051162, declarada de utilidad pública mediante el Decreto Ejecutivo N° 14693-J de fecha 15 de julio de 1983.

◦    Asociación Pro-Biblioteca Pública de Nicoya Felipe Díaz Vidaurre, cédula jurídica N° 3-002-446318, declarada de utilidad pública mediante el Decreto Ejecutivo N° 35629-J de fecha 24 de agosto del 2009.

III.—Que el artículo 32 a la Ley de Asociaciones, establece: “(…) En cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Paz, revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido. Este Ministerio llevará los controles de las asociaciones declaradas de utilidad pública y les exigirá informes anuales.” Asimismo, el ordinal 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, agrega: “(...) La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante resolución razonada, previa audiencia a la Asociación por el término de diez días hábiles.”

IV.—Que, al tratarse el presente asunto de actos diversos, pero de la misma naturaleza y por economía presupuestaria, se emite un único acto para dejar sin efecto la declaratoria de utilidad pública de las asociaciones señaladas en el Considerando segundo.

V.—Que, de acuerdo con el Sistema de Certificaciones e Informes Digitales, Índice de Personas Jurídicas del Registro Nacional de Costa Rica, la Asociación Cultural de Quepos y Manuel Antonio, la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia “Celín Vílchez Argüello» y la Asociación Centro de Capacitación para el Desarrollo, se encuentran en causal de extinción. Asimismo, la Asociación Pro-Biblioteca Pública de Nicoya Felipe Díaz Vidaurre, se encuentra disuelta, por lo que, se procede a derogar la declaratoria de utilidad pública otorgada.

Decretan

DEROGAR LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

DE LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES

Artículo 1º—Derogar el Decreto Ejecutivo N° 35927-J de fecha 05 de abril del 2010, mediante el cual fue declarada de utilidad pública la Asociación Cultural de Quepos y Manuel Antonio, cédula jurídica número 3-002-430599.

Artículo 2º—Derogar el Decreto Ejecutivo N° 34650-J de fecha 16 de junio del 2008, mediante el cual fue declarada de utilidad pública la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia “Celín Vílchez Argüello», cédula jurídica número 3-002-087618.

Artículo 3º—Derogar el Decreto Ejecutivo N° 14693-J de fecha 15 de julio de 1983, mediante el cual fue declarada de utilidad pública la Asociación Centro de Capacitación para el Desarrollo, cédula jurídica número 3-002-051162.

Artículo 4º—Derogar el Decreto Ejecutivo N° 35629-J de fecha 24 de agosto del 2009, mediante el cual fue declarada de utilidad pública la Asociación Pro-Biblioteca Pública de Nicoya Felipe Díaz Vidaurre, cédula jurídica número 3-002-446318.

Artículo 5º—Una vez publicado este Decreto Ejecutivo, deberá comunicarse al Registro de Asociaciones del Registro Nacional para su respectiva anotación.

Artículo 6º—Deberá la administración notificar el presente acto a la Dirección Nacional de Tributación del Ministerio de Hacienda, a efecto de que se proceda conforme su competencia.

Artículo 7º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día quince de noviembre del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz.—1 vez.—O.C. N° 4600087490.—Solicitud N° 005-2024.—( D44358 - IN2024854426 ).

N°44396-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando:

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones NO 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central, cédula de persona jurídica número 3-002-749997, se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional desde el 28 de noviembre del 2017, tomo 2017, asiento 580721.

III.—Que los fines que persigue la asociación, según sus estatutos son: “(…) actuar como un movimiento cívico crítico, educador y divulgador de las funciones de la administración del Estado, y sus fines se enfatizaran en estimular y fomentar: A) Asociar a personas de la sociedad civil con intereses comunes en aras de desarrollo económico, político, social y cultural del ámbito del Pacífico Central. B) Estimular promover en la sociedad civil una mayor participación en los procesos políticos nacionales mejorando la democracia; C) Promover y apoyar los proyectos concordantes con nuestras política y propuestas, D) Promover iniciativas de la participación ciudadana en el Gobierno, incluyendo manifestaciones populares, simposios, conferencias o reuniones de cualquier tipo, E) Servir nexo entre los afilados y el Gobierno local del Pacifico Central; F) Hacerse representar debidamente ante los poderes públicos y ante los funcionarios de elección popular, para promoción de sus actividades; G) Intervenir a favor de sus asociados cuando se compruebe que las actividades licitas que estas desarrollan están siendo amenazadas o interferidas en cual forma, por acciones indebidas o contrarias a la ley; H) Establecer y mantener relaciones con cámaras, asociaciones y/o empresas nacionales y extranjeras, para beneficio de sus asociados y para el mejor logro de sus fines; I) Desempeñar cualquier función que de acuerdo con su naturaleza y condición pueda o deba ejercer en beneficio de la economía local. Para alcanzar los fines estipulados la asociación no omitirá esfuerzo alguno que este a su alcance y empleará todos sus recursos que pueda tener a su disposición.(…)”.

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto,

Decretan

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA ASOCIACIÓN CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO SOSTENIBLE DEL PACÍFICO CENTRAL

Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacifico Central, cédula de persona jurídica número 3002-749997.

Artículo 2º—Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos, protección al medio ambiente o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto a la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5º—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el quince de febrero del dos mil  veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.— O. C. N° 4600087490.—Solicitud N° 007-2024.—( D44396 - IN2024854435 ).

N° 44397-MJP

EL PRESDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando:

1º—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus  reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Amigos del Río Torres, cédula de persona jurídica número 3-002-684122, se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional desde el día 9 de julio del 2014, tomo dos mil catorce, asiento cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro.

III.—Que los fines que persigue la Asociación, según sus estatutos son: “(…) Promover iniciativas de recuperación y protección de la microcuenca del Río Torres y sus riberas, así como apoyar la investigación ambiental, social, económica, científica y cultural, enfocada en la conservación del Río. Dichas iniciativas incluyen, entre otros, la recuperación, limpieza y protección del río y sus alrededores, así como, la preservación del corredor biológico Interurbano del Río Torres, a través del mapeo y contención de las fuentes de contaminación que afectan el río. La Asociación velará por educar y concientizar a la población sobre la situación actual del Río Torres, con el fin de generar cambios en el estilo de vida de los pobladores que impacten directamente en la sanación del río, en beneficio de las generaciones presentes y futuras (...) aprovechar de manera responsable y sostenible el recurso ecosistemático del Río Torres. La Asociación inculcará valores que incluyen el respeto por la naturaleza, la sostenibilidad socioambiental, la restauración y preservación del medio ambiente, la inclusión de diversos sectores de la sociedad, el fomento del arte, la cultura y la educación entre otros. Asimismo, la Asociación podrá promover el desarrollo de emprendimientos que contribuyan a la recuperación y sostenibilidad socioambiental de la microcuenca, que fomenten la visita a museos, centro de conferencias, galerías de arte, anfiteatros, cafés y otros centros recreativos en sus alrededores (...)”

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL RÍO TORRES

Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Asociación Amigos del Río Torres, cédula de persona jurídica número 3-002-684122.

Artículo 2º—Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos, protección al medio ambiente o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto a la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5º—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el doce de febrero del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600087490.—Solicitud N° 008-2024.—( D44397 - IN2024854439 ).

N° 44406-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como 10 establecido en el artículo 3, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando:

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chirripó, cédula jurídica número 3-002-566224, se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional desde el día 02 de marzo del 2009, bajo el tomo 576 y el asiento 48846.

III.—Que los fines que persigue la Asociación, según sus estatutos son: “(...) A) El desarrollo y la unión de las comunidades de Chirripó Pacífico en pro del desarrollo, fortalecimiento y promoción de rural comunitario dentro de los lineamientos sostenibles de la zona, B) El planeamiento integral de las actividades comerciales y turísticas de la zona, C) Fomentar el crecimiento económico y social con la creación de fuentes de empleo que promuevan una baja en la incidencia de los índices de criminalidad, D) Crear un plan local de gestión ambiental para la reforestación con especies nativas de áreas de protección de nacientes, ríos y quebradas, E) promover con el gobierno central la descentralización de órganos relevantes a los fines de esta asociación para así lograr celeridad en las gestiones que se tramiten en estas entidades, F) Coordinar con las entidades municipales para el desarrollo de planes y regulaciones óptimos para todos los sectores representados en esta asociación. G) Incentivar el espíritu de unión, participación y cooperación entre sus asociados. H) Cooperar con las entidades democráticas, oficiales o particulares, nacionales e internacionales, relacionadas con los fines de la Asociación. I) llevar un esparcimiento sano a sus asociados. J) Estimular la dignificación profesional y humana de los Asociados y vecinos en general. K) Coordinar, preparar y dirigir cursos, conferencias y cualquier otra actividad que permita mantener informado a los asociados sobre los problemas y actividades nacionales e internacionales. L) Fomentar el diálogo, la unión, la armonía y la cooperación entre los afiliados y entre estos y los patronos. M) Integrar una fuerza unida que represente y defienda los intereses de sus afiliados, procurando un mejoramiento constante de los asociados en el sentido de lograr más y mejores beneficios e incentivos. N) Tomar iniciativas y tener activa participación en la promulgación de leyes que se relacionen con la actividad de la Asociación y mediante las cuales se persigue el mejoramiento de la misma y de sus asociados. O) Estimular el distraimiento, capacitación y aprendizaje de todo el personal que en una u otra forma esté involucrado en las actividades de la Asociación, así como para el de todos sus asociados. Para tal efecto se preparan programas que se coordinaran conjuntamente con el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Aprendizaje y empresas hoteleras, así como con otras entidades que se juzguen convenientes. P) Difundir las actividades de los Asociados con el fin de estimular las mismas y mantener a sus miembros informados de los asuntos y actividades de su interés. Q) Cualquier otro fin que señalen los Estatutos. (...).

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA

ASOCIACIÓN CÁMARA DE DESARROLLADORES

DE TURISMO RURAL COMUNITARIO CHIRRIPÓ,

Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Asociación Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chirripó, cédula jurídica número 3-002-566224,

Artículo 2º—Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto a la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Artículo 5º—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.

Artículo 6.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los nueve días de febrero del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES, Presidente de la República.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600087490.—Solicitud N° 009-2024.—( D44406 - IN2024854449 ).

N° 44407-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 08 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001 y artículo 135 de la Ley General de la Administración Pública.

Considerando

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 08 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Unión de Hogarcitos, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro, se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público el veintiuno de setiembre del dos mil cinco, al tomo 1, asiento 21. Asimismo, dicha entidad fue declarada de utilidad pública mediante el Decreto Ejecutivo N° 15830-P del tres de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

III.—Que el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones establece: “…En cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Paz, revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido. (…)”. Asimismo, el ordinal 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, agrega: “(…) La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante resolución razonada…”

IV.—Que la Asociación Unión de Hogarcitos, cédula jurídica número tres-cero cero dos cero cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro, por medio de su representante legal la señora Sonia María Calderón Cordero, portadora de la cédula de identidad tres-cero trescientos setenta y seis-cero seiscientos cuarenta y dos, incumplió con la presentación del informe anual de labores correspondiente al año 2022 y tampoco presentó elementos de valor que permitan acreditar dicho incumplimiento. Por tanto;

Decretan

DEROGAR LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

DE LA ASOCIACIÓN UNIÓN DE HOGARCITOS

Artículo 1º—Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo N° 15830-P del tres de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante el cual se declaró de utilidad pública para los intereses del Estado a la Asociación Unión de Hogarcitos, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro.

Artículo 2º—Una vez publicado este decreto, deberá comunicarse al Registro de Asociaciones del Registro Nacional para su respectiva anotación.

Artículo 3º—La administración notificará el presente acto al Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación y al Registro Nacional de la Propiedad, a efecto de que proceda conforme su competencia.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O.C. N° 4600087490.—Solicitud N° 010-2024.—( D44407 - IN2024854452 ).

N° 44416-MJP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939 y los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en La Gaceta N° 96 del 21 de mayo del 2001, así como lo establecido en el artículo 3, inciso ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta N° 7092 y en los artículos 103 y 104 de Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755.

Considerando:

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de utilidad pública a las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación Cámara de Comercio y Afines del Cantón de Pococí, cédula jurídica número 3-002-762596 se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público Nacional desde el día 03 de julio del 2018, bajo el tomo 2018 y el asiento 159100.

III.—Que los fines que persigue la Asociación, según sus estatutos son: “(…) A) Velar por todos los derechos e intereses de sus asociados, B) Fomentar la cultura general de sus miembros, capacitándolos para el mejor desempeño de sus funciones intelectuales, profesionales y sociales, C) desarrollar programas de capacitación técnica, organizacional, gerencial, administrativa para mejorar el desarrollo y crecimiento del gremio y asociados. D) Crear programas de previsión social, cultural, independientemente o en colaboración con aquellas instituciones de carácter social que tiendan al estudio y mejoramiento de los intereses económicos y sociales de sus miembros afiliados, E) promover la unión de empresarios y gremios vinculantes al comercio en la promoción de sus servicios, F) Lograr la relación y acercamiento con las instituciones estatales que puedan ayudar al desarrollo de los sectores comercial, turístico de servicios, G) promocionar el intercambio de experiencias con otras organizaciones similares sean nacionales o extranjeras, H) promover el buen uso de los recursos naturales desarrollando proyectos ecológicos en apoyo al medio ambiente, y promover la identidad cultural de la región. 1) desarrollar proyectos de embellecimiento escénico que mejoren la imagen de la región, J) desarrollar alianzas y convenios con instituciones relacionadas que persigan objetivos comunes a la asociación, K) promover y apoyar proyectos de mejora a la infraestructura vial para que se mejore el acceso a los sitios de interés de nuestro sector comercial y productivo especialmente en la región Caribe. L) Promover el desarrollo económico y social de todos los asociados. M) Promover y velar por el progreso económico, social y cultural de la región y en especial de nuestros asociados, N) Defender los principios de libertad de empresa y democracia consagrados en la constitución política y, en el marco de dichos principios salvaguardar y fortalecer los legítimos intereses del comercio y la libre empresa, O) Intervenir ante los entes públicos y privados para gestionar y apoyar las iniciativas que sean sometidas POI’ nuestros asociados. P) Promover las ferias agroindustriales, comerciales y culturales en conjunto con otras instituciones, comités e instituciones para promoción y beneficio de los asociados y la región en general, Q) Dar a conocer, por los medios pertinentes, los productos y servicios de los asociados. R) Participar e intermediar ante la Administración Pública en las peticiones legítimas hechas por nuestros asociados. (   )”

IV.—Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo del Estado costarricense. Por tanto,

Decretan:

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA

LA ASOCIACIÓN CÁMARA DE COMERCIO

Y AFINES DEL CANTÓN DE POCOCÍ

Artículo 1º—Declárese de utilidad pública para los intereses del Estado la Asociación Cámara de Comercio y Afines del Cantón de Pococí, cédula jurídica número 3-002762596.

Artículo 2º—Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe de gestión ante el Ministerio de Justicia y Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.

Artículo 3º—Los ingresos y el patrimonio de la asociación que se destinen en su totalidad y en forma exclusiva para fines públicos o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, se encontrarán exonerados del impuesto sobre la renta, por el contrario, aquella parte que no tenga este destino, o quede repartido de alguna manera entre sus asociados, estará sujeto  la imposición de este impuesto.

Artículo 4º—Le corresponde a la Administración Tributaria controlar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la asociación, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Código de Normas  Procedimientos Tributarios.

Artículo 5º—Una vez publicado este decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción. 

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, A los veintinueve días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerarld Campos Valverde.—1 vez.—O.C. Nº 4600087490.—Solicitud Nº 011-2024.—( D44416 - IN2024854453 ).

N° 44367-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 50, 140 incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política de la República de Costa Rica; 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28, párrafo 2), inciso b) de la Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; artículos 17, 83 y 86 de la Ley N° 7554 del 04 de octubre del 1995, Ley Orgánica del Ambiente; artículo 7° inciso 18) de la Ley N° 7788 del 30 de abril de 1998, Ley de Biodiversidad; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, N° 8220 de 4 de marzo de 2002 y sus reformas.

Considerando:

I.—Que la Constitución Política en el artículo 50 establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de las riquezas, así como garantizar y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

II.—Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental es, entre otros, armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.

III.—Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, establece en su artículo 17 que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental y su aprobación previa, como requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental determinará vía reglamento, cuáles actividades, obras o proyectos requieren una Evaluación de Impacto Ambiental.

IV.—Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, en su artículo 86 dispone que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) deberá responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente orientado hacia el desarrollo sostenible.

V.—Que el artículo 7 de la Ley de Biodiversidad define la Evaluación de Impacto Ambiental como un procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental.

VI.—Que desde el punto de vista técnico-legal, se ha promulgado el Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 21 de diciembre el 2022, “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” que considera la evolución y trasformaciones en cuanto a los procesos de evaluación de impacto ambiental que se han determinado a nivel mundial y del país, donde existen nuevas variables ambientales a contemplar dentro de los procesos de EIA, hacia políticas basadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con nueva tecnología disponible, estableciéndose requisitos de carácter técnico y legal, propios y específicos de los procesos de EIA, delimitando las competencias institucionales, y concordantes al momento que se aplica la EIA para la formalización de una actividad, obra o proyecto en Costa Rica, generando seguridad técnica- jurídica y disminución de plazos de revisión en total apego a la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

VII.—Que en cumplimiento de lo que ordenó en su oportunidad el anterior Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, se promulgaron los siguientes Decretos Ejecutivos; Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte II, Decreto N° 32712-MINAE; Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte IV Decreto Ejecutivo N° 32966-MINAE.

VIII.—Que en cumplimiento de la Ley N° 8220, es necesario establecer requisitos claros y específicos, que aportan valor al proceso de EIA, para cada uno de los instrumentos de evaluación ambiental, D1+DJCA, D1+PPGA y EsIA y adelgazar el contenido de los mismos, sin desmejorar el proceso de EIA y sin caer en regresión ambiental, siendo que en la nueva reglamentación general que se promulgó en el Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” que entró en vigencia a partir del 20 de agosto del 2023, se anexan, integran y promulgan las normas y manuales técnicos necesarios y adecuados a la nueva norma, de manera que en un solo instrumento se incluye toda la información técnica para la realización del proceso de EIA, lo que hace necesario derogar la normativa enlistada en el considerando anterior.

IX.—Que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC y sus reformas, se determinó que la presente propuesta no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir, situación por la que no se procedió con el trámite de control previo. Por tanto,

Decretan:

DEROGATORIA DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS

N° 32712-MINAE DEL 19 DE JULIO DEL 2005, PUBLICADO

EN EL ALCANCE N° 43 DE LA GACETA N° 223 DEL 18

DE NOVIEMBRE DEL 2005 Y N° 32966-MINAE DEL

20 DE FEBRERO DEL 2006, PUBLICADO EN

LA GACETA N° 85 DEL 04 DE MAYO

DEL 2006

Artículo 1º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 32712-MINAE del 19 de julio del 2005, publicado en el Alcance N° 43 de La Gaceta N° 223 del 18 de noviembre del 2005, denominado Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte II.

Artículo 2º—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 32966-MINAE, del 20 de febrero del 2006, publicado en La Gaceta N° 85 del 04 de mayo del 2006 denominado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte IV.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Ambiente y Energía a. í., Ronny Rodríguez Chaves.— 1 vez.—O. C. N° 4600087068.—Solicitud N° 001-2024-SET.—( D44367 - IN2024854371 ).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 427-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 inciso l) de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, Ley N° 10427, publicada en La Gaceta N° 229 del 11 de diciembre del 2023, Alcance 245.

Considerando:

Único. - Que de forma física en documento de invitación de la PNUD el Sr. Presidente otorga visto buenos para el viaje a Ciudad de Panamá del Sr. Gerald Campos Valverde. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz, con cédula de identidad número 1-0781-0528, para que participe en la II Semana de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana, la cual se llevará a cabo del 23 al 25 de enero del 2024, siendo las horas y las fechas de viaje de las 09:35 horas del 22 de enero del 2024 y las 23:05 horas del 25 de enero del 2024, ambas fechas inclusive.

Artículo 2º—Los gastos por concepto del tiquete aéreo de ida y regreso y transporte dentro de ciudad de Panamá, así como los viáticos, entiéndase alimentación, hospedaje y gastos menores serán asumidos por el PNUD a través del proyecto Infosegura.

Artículo 3º—La suscripción de la respectiva póliza de seguro viajero, será cubierta por los organizadores del evento.

Artículo 4º—El señor Gerald Campos Valverde devengará el 100% de su salario durante el tiempo en que rija este acuerdo.

Artículo 5º—En tanto dure la ausencia del señor Ministro de Justicia y Paz, se nombrará al señor Exleine Sánchez Torres, como ministro a.í. del Ministerio de Justicia y Paz, cédula de identidad número 3-0336-0472 de las 09:35 horas del 22 de enero del 2024 y las 23:05 horas del 25 de enero del 2024, ambas fechas inclusive.

Artículo 6º—Rige a partir de las 09:35 horas del 22 de enero del 2024 y las 23:05 horas del 25 de enero del 2024, ambas fechas inclusive.

Dado en la Presidencia de la República, el día dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O.C. N° 4600087490.—Solicitud N° 001-2024.—( IN2024854404 ).

N° 429-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

ACUERDA

Artículo 1º—Autorizar al señor Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz, con cédula de identidad número 1-0781-0528, para que disfrute de sus vacaciones legales los días del 01 al 05 de febrero de 2024, Io anterior según dictamen de la Procuraduría General de la República N° C475-2006 del 28 de noviembre del 2006 que dispone en lo conducente que, «C...] a no dudarlo, tanto los ministros como viceministros tienen derecho a las vacaciones anuales remuneradas al tenor del mencionado numeral 59 constitucional [...]« y artículos 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 7 literal d) del Pacto Intemacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.

Artículo 2º—En tanto dure la ausencia del señor ministro de Justicia y Paz, se nombrará a la Sra. Erika Madriz Chinchilla como ministra a. í. del Ministerio de Justicia y Paz, cédula de identidad número 1-0862-0585, del 01 al 05 de febrero de 2024.

Artículo 3º—Rige del 01 al 05 de febrero de 2024.

Dado en la Presidencia de la República, el día dieciséis de enero del dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O.C. N° 46000887490.—Solicitud N° 002-2024.—( IN2024854417 ).

459-P

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 139 inciso l) de la Constitución Política, 47 inciso 3° de la Ley N° 6227 denominada Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978, así como lo dispuesto en la Ley N° 10427 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024”, publicada en La Gaceta N° 229 de fecha 11 diciembre de 2023, Alcance Digital N° 245, el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, reformado mediante Resolución R-DC-00102-2022 de 4 de octubre de 2022, publicada en La Gaceta N° 206 del 28 de octubre de 2022 y la Directriz 023-P del 03 de agosto de 2023, publicado en La Gaceta N° 154 del 24 de agosto de 2023.

Considerando:

1º—Que, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América, del 21 al 24 de abril de 2024, se llevará a cabo el “Foro de Liderazgo Ministerial de Harvard 2024”, auspiciado por la Universidad de Harvard.

2º—Que mediante oficio sin número de fecha 25 de enero de 2024, los señores Julio Frenk, Luisa Diogo y Jakaya Kikwete, en su orden Director del Consejo Asesor del Programa de Liderazgo Ministerial de Harvard, Vicepresidente del Consejo Asesor del Programa de Liderazgo Ministerial de Harvard y Miembro del Consejo  Asesor del Programa de Liderazgo Ministerial de Harvard, respectivamente, remitieron invitación al señor Nogui Acosta Jaén en su condición de Ministro de Hacienda, a fin de que  participe en el evento citado, en el tanto se analizarán nuevos enfoques relacionados con su liderazgo en el gobierno y la administración económica, incluido cómo abordar con mayor eficiencia importantes desafíos como espacio fiscal limitado, restricciones al crecimiento económico, inflación descontrolada y aumento en el nivel de insatisfacción de los  ciudadanos.

3º—Que mediante oficio MH-DM-OF-0162-2024 de fecha 13 de febrero de 2024, se solicitó la aprobación de este Despacho para que el señor Acosta Jaén, en calidad de Ministro de Hacienda, participe de ese evento, autorización que fue otorgada mediante correo electrónico de fecha 04 de marzo de 2024, dada la relevancia de su asistencia al mismo.

4º—Que, en caso de que dicho servidor requiera accesar los servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda por motivos laborales; debe realizar el trámite necesario ante la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación,  mediante la herramienta MS EnLínea, en la dirección https://mesadeserviciostic.hacienda.go.cr/enlínea/usuario/ o desde TEAMS con el operador Virtual Aranda Virtual Agent, según los procedimientos que al efecto dispone dicha Dirección. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Autorizar al señor Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda, portador de la cédula de identidad número 1-703-787, para que viaje a Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América y participe en el “Foro de Liderazgo Ministerial de Harvard 2024”, auspiciado por la Universidad de Harvard, del 21 al 24 de abril de 2024.

Artículo 2º—Los gastos del señor Acosta Jaén por concepto de tiquetes aéreos, hospedaje y alimentación serán financiados por el Programa de Liderazgo Ministerial de Harvard. El costo del seguro de viaje será liquidado por el Ministerio de Hacienda, disponiendo para tal efecto la Subpartida 1.06.01 “Seguros”, correspondiente a la actividad presupuestaria 13200-04 “Actividades Centrales, Apoyo Administrativo y de Gestión”, por el monto de $150.00 ciento cincuenta dólares). Cualquier otra eventual erogación que se presente producto de la participación en dicha actividad y que no sea cubierta por esa organización, será asumida por el participante.

Artículo 3º—Nombrar como Ministro a.i. del Ministerio de Hacienda al señor Luis Antonio Molina Chacón, portador de la cédula de identidad número 2-703-382, Viceministro de Egresos, a partir de las 00:00 horas del 20 de abril de 2024 hasta las 23:59 horas del 25 de abril de 2024.

Artículo 4º—El señor Acosta Jaén deberá rendir un informe de la actividad descrita dentro de los ocho (08) días posteriores a su regreso, de conformidad con las directrices emitidas.

Artículo 5º—El presente acuerdo rige a partir de las 00:00 horas del 20 de abril de 2024 hasta las 23:59 horas del 25 de abril de 2024.

Dado en la Presidencia de la República a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—1 vez.—O.C. N° 4600085143.—Solicitud N° 005-2024.—( IN2024854427 ).

N° 033-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 y 146 de la Constitución Política y el artículo 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.

Considerando:

Único.—Que mediante Acuerdo 001-MP, con rige del 8 de mayo de 2022, el señor Presidente de la República y la Ministra de la Presidencia, nombran a la señora Hellen Morales Serrano, cédula de identidad N° 304030739, como Directora General de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia y Jefatura de los programas presupuestarios 20102100-Administración Superior y 20203400-Administración Superior.

ACUERDA:

Artículo 1º—Que en caso de ausencia temporal de la señora Hellen Morales Serrano, Directora General de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia, se nombra como Jefatura de los programas 20102100-Administración Superior y 20203400-Administración Superior, a la señora Claudia Alejandra Parra Villalobos, cédula de identidad N° 115890280, funcionaria del Ministerio de la Presidencia.

Artículo 2º—Rige a partir del 12 de abril de 2024.

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del mes de abril de dos mil veinticuatro.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana.—1 vez.—O. C. N° 082202400010.—Solicitud N° 502775.—( IN2024857879 ).

N° 034-MP

LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, párrafo 1 y párrafo 2 inciso a), 89, 90, 91 y 92, 168 y 187 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, del 2 de mayo de 1978, el artículo 131 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N° 9986, del 27 de mayo del 2021.

Considerando:

1º—Que mediante Acuerdo N° 001-P, del 8 de mayo del 2022, publicado en el Alcance Digital N° 91 del Diario Oficial La Gaceta N° 85, del 10 de mayo de 2022, la señora Natalia Díaz Quintana, cédula de identidad N° 1-1226-0846, es nombrada como Ministra de la Presidencia.

2º—Que el artículo 7° del Decreto Ejecutivo N° 44027 del 14 de marzo de 2023, “Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios de Gobierno”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 94, Alcance N° 97 del 29 de mayo del 2023, en cumplimiento con lo estipulado por la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131, del 18 de septiembre del 2001, establece las funciones generales de las Proveedurías Institucionales en todos los Ministerios de Gobierno, así como su funcionamiento y organización.

3º—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 30596-H-MP del 27 de junio del 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 145, del 30 de julio del 2002 y sus reformas, se crea la Proveeduría Institucional del Ministerio de la Presidencia.

4º—Que mediante Acuerdo N° 011-MP del 15 de junio del 2022, publicado en el Alcance N° 131 del Diario Oficial La Gaceta N° 119, del 27 de junio de 2022, la señora Natalia Díaz Quintana, en su condición de Ministra de la Presidencia, acuerda realizar la delegación de firma de ciertos actos administrativos.

5º—Que la Asamblea Legislativa promulgó la Ley General de Contratación Pública, Ley N° 9986, del 27 de mayo del 2021, la cual define un nuevo marco normativo de contratación pública.

6º—Que la delegación de firmas es el medio idóneo para no provocar atrasos innecesarios que van en detrimento de la eficiencia y celeridad que debe regir en la actividad administrativa.

7º—Que el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, señala que cuando haya duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio en un acto administrativo, deberá estarse a la consecuencia que permita la conservación del acto, incluso ponderando bajo esta línea de análisis, la satisfacción de interés público.

8º—Que el artículo 187 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, determina que el acto relativamente nulo por vicio y forma, en el contenido o en la competencia, podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección y que esta convalidación tendrá efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado.

9º—Que el día 16 de enero de 2024, la señora Elena María Vargas Sandoval, cédula de identidad N° 107300527, funcionaria del Ministerio de la Presidencia asumió de forma interina el puesto de Proveedora Institucional.

10.—Que en aplicación de los numerales 168 y 187 de la Ley General de la Administración Pública, resulta necesario modificar parcialmente los acuerdos de delegación de firma efectuados por la Ministra de la Presidencia, N° 011-MP publicado en el Alcance Digital N° 131 del Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 27 de junio de 2022, Acuerdo N° 025-MP publicado en el Alcance Digital N° 280 del Diario Oficial La Gaceta N° 244 del jueves 22 de diciembre de 2022 y el Acuerdo N° 030-MP publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 160 del 01 de setiembre de 2023, para que las modificaciones que se dirán surtan efectos retroactivos desde el día 16 de enero de 2024, en razón del cambio acaecido en la jefatura de la Proveeduría Institucional. Por tanto,

ACUERDA:

Artículo 1º—Modifíquese, en lo conducente, el artículo 7° del Acuerdo N° 011-MP publicado en el Alcance Digital N° 131 del Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 27 de junio de 2022, para que en adelante se lea:

“Artículo 7º—Delegar la firma de la señora Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia, en la señora Elena María Vargas Sandoval, portadora de la cédula de identidad N° 107300527, Proveedora Institucional a. í. del Ministerio de la Presidencia y Presidencia de la República, o quién ocupe su puesto (...)”

En todo lo demás, se mantiene incólume el artículo 7° del Acuerdo N° 011-MP publicado en el Alcance Digital N° 131 del Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 27 de junio de 2022.

Artículo 2º—Modifíquese, en lo conducente, el artículo 10 del Acuerdo N° 011-MP, publicado en el Alcance Digital N° 131 del Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 27 de junio de 2022, adicionado por el Acuerdo N° 025-MP publicado en el Alcance Digital N° 280 del Diario Oficial La Gaceta N° 244 del jueves 22 de diciembre de 2022 y modificado por el Acuerdo N° 030-MP publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 160 del 01 de setiembre de 2023, para que en adelante se lea:

Artículo 10.—Se delega la firma de la señora Natalia Díaz Quintana, cédula de identidad N° 1-1226-0846, Ministra de la Presidencia, en la señora Elena María Vargas Sandoval, portadora de la cédula de identidad N° 107300527, Proveedora Institucional a. í. del Ministerio de la Presidencia y de la Presidencia de la República, o quién ocupe su puesto, para que en adelante suscriba los siguientes actos administrativos (...)”

En todo lo demás, se mantiene incólume el artículo 10 del Acuerdo N° 011-MP, publicado en el Alcance Digital N° 131 del Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 27 de junio de 2022, adicionado por el Acuerdo N° 025-MP publicado en el Alcance Digital N° 280 del Diario Oficial La Gaceta N° 244 del jueves 22 de diciembre de 2022 y modificado por el Acuerdo N° 030-MP publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 160 del 01 de setiembre de 2023.

Artículo 3º—Los actos administrativos suscritos por Elena María Vargas Sandoval, cédula de identidad N° 107300527, como Proveedora Institucional a. í. de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia, a partir del 16 de enero del 2024, se tienen por convalidados de conformidad con el artículo 187 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 4º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en San José, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia.—1 vez.—O.C. N° 082202400010.—Solicitud N° 503012.—( IN2024858173 ).

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

N° AMJP-0137-09-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo N° 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

ACUERDAN:

Artículo 1º—Nombrar al señor Daniel Andrés Chacón Soto, cédula identidad número 11384-0610, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación La Casa de la Esquina, cédula jurídica N° 3-006-789566, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día siete de setiembre del dos mil veintitrés.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.—1 vez.—O. C. N° 4600087490.—Solicitud N° 003-2024.—( IN2024854418 ).

Nº AMJP-0168-10-2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N° 5338 del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y tres y el Decreto Ejecutivo Nº 36363-JP del cinco de noviembre del dos mil diez.

Considerando

Único: Que de conformidad con el acuerdo N° 116-P de fecha 07 de octubre del 2022, publicado en el Alcance N° 218 en La Gaceta N° 194 de fecha 12 de octubre del 2022, modificado por el acuerdo N° 181-P de fecha 23 de enero del 2023, publicado en La Gaceta N° 24 de 9 de febrero de 2023, reformado por el acuerdo N° 351-P de 20 de setiembre del 2023, publicado en La Gaceta N° 185 Alcance N° 196 de 9 de octubre de 2023, se delegó la firma del señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en el señor Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos y de Enlace Institucional del Ministerio de la Presidencia, en aquellas resoluciones y acuerdos bajo la competencia del Poder Ejecutivo, señalados en el artículo 1 del acuerdo de cita.

ACUERDAN:

 Artículo 1º—Nombrar a la señora Ailene de los Ángeles Gutiérrez López, cédula de identidad número 1-1424-0419, como representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Cosechas de Esperanza, cédula jurídica Nº 3-006-846230, inscrita en la Sección de Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Una vez publicado este acuerdo los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante la Sección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para su inscripción.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, el día diecinueve de octubre del dos mil veintitrés.

Jorge Rodríguez Bogle por/ Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República.—Gerald Campos Valverde, Ministro de Justicia y Paz.—1 vez.—O.C. N° 4600087490.—Solicitud N° 500899.—( IN2024854463 ).